La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 325 diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (11:18 horas): En consecuencia, al existir quórum, se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura en virtud de que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Le pido a la Secretaría proceda a poner a discusión el acta.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): El acta señala que solamente tenemos sesiones martes y jueves. Hay una gran cantidad de asuntos pendientes que están formando fila para que este pleno los conozca.
Sería muy importante, señor presidente ?sé que esto no solamente depende de usted sino también de la Junta de Coordinación Política?, que pudiésemos sesionar también los miércoles en lo que resta del período de sesiones por la gran cantidad de asuntos que existen y para que estos asuntos, por el paso del tiempo, no pierdan materia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si me permite, diputado. En virtud de que estamos en la aprobación del acta, una vez que concluya la aprobación correspondiente comentamos el tema que usted señala, si es tan amable. Le pido a la Secretaría proceda a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Señor diputado Cárdenas Gracia, concluya su comentario.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Compañeros diputados. Estamos pidiéndole, muy atentamente, al presidente de la Mesa Directiva, que podamos sesionar los miércoles. Hay una gran cantidad de asuntos, tanto de iniciativas, como de proposiciones con punto de acuerdo que están haciendo fila para que este pleno de la Cámara de Diputados pueda conocerlos.
Muchos de los asuntos a veces llegan retrasados al pleno o pierde en materia, simplemente porque los acontecimientos se suceden en nuestro país a ritmo vertiginoso. Creo que es tarea, tanto suya, como nuestra, responsabilizarnos, corresponsabilizarnos para que vayamos al día en la presentación de iniciativas, de puntos de acuerdo, de excitativas y demás asuntos de los que conoce el pleno de la Cámara de Diputados.
Mientras se da una reforma al Congreso y una reforma al reglamento de esta Cámara, creo que es muy importante que todos los miércoles también este pleno sesione para que pueda desahogar la totalidad de los puntos.
Agradezco su atención, señor presidente, al igual que la atención de mis demás compañeros y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Pofirio Muñoz Ledo (desde la curul): Diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, el diputado Muñoz Ledo para el mismo tema. Denle sonido a la curul del diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Por su gentileza sonora, señor presidente. Señor presidente, he planteado al pleno en un punto de acuerdo la revisión rápida del reglamento y de las prácticas de la Cámara, pero, ¡oh, paradoja!, por ese mismo desorden está haciendo cola desde hace dos semanas.
Quiero hacerle dos sugerencias al hilo de lo que ha expresado el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Desde luego, creo indispensable que haya sesión el miércoles. En lo personal, presidente, le he dicho, me he permitido recordarle que tiene usted otro procedimiento; el reglamento habla de una sesión de cuatro horas, y de una sesión complementaria o una segunda sesión.
Cuando yo tuve el honor de estar en donde usted se encuentra ?y había muchos problemas? hacíamos una sesión vespertina. Ahora estamos trabajando de las 12 a las 3 de la tarde. Cuatro horas o tres horas y media. Podemos trabajar ocho en un día.
Usted tiene las dos soluciones, por su decisión como presidente de la Cámara, consultando al pleno: hacer sesión el miércoles o hacer dos sesiones en un día. La gente no entiende en la calle que nada más trabajemos cuatro horas el martes y cuatro horas el jueves en pleno.
Por último, presidente, quisiera rogarle del modo más respetuoso, que nos convocara a los presidentes de las comisiones en pleno, cuál es su función. La reunión a la que usted convocó hace dos meses fue muy fructífera. Tenemos también atorados ?llame "atascados" en mi último artículo? nuestros proyectos en comisiones.
Con esas dos decisiones: sesionar el miércoles, abrir sesión vespertina y convocarnos a la brevedad a los presidentes de las comisiones, mientras empezar una reforma formal de los procedimientos, creo que podríamos avanzar. Gracias por su atención, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Pablo Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias presidente. En el mismo sentido del diputado Cárdenas y del diputado Muñoz Ledo. Existen dictámenes que ya salieron de las comisiones, que han sido votados en sentido positivo y están parados desde hace más de tres semanas. Creo que es apremiante que sesionemos los miércoles y cumplamos con la tarea legislativa que tenemos. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Con mucho gusto tomamos en consideración sus comentarios. Quiero solamente recordar que la calendarización de sesiones del período fue aprobado por la asamblea.
Con mucho gusto transmitiremos a la Junta de Coordinación Política los temas que en este momento se han puesto a consideración, a efecto de que sean valorados, sobre todo para que la asistencia de las señoras y señores diputados en el pleno esté garantizada, para poder tener el desarrollo de nuestras sesiones y poder coincidir y conciliar con las diversas comisiones que trabajan los miércoles, y que por las tardes están teniendo también sus reuniones de análisis de dictámenes, pueda haber una conciliación y podamos tener lo que se está solicitando.
Con mucho los trasmitiré de manera directa a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría con el orden del día en el capítulo de comunicaciones.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, con mucho gusto, diputado presidente. Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del 485 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, el próximo 28 de febrero a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y las diputadas y diputados que nos designen en el transcurso de la mañana los diversos grupos parlamentarios.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del 181 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, el próximo 2 de marzo a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los señores diputados Roberto Rebollo Rivero, a la diputada María Araceli Vázquez Camacho, al señor diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, para que en representación de la Cámara asistan a las invitaciones.
Continúe la Secretaría con el informe trimestral del grupo plural de trabajo Procesos Jurídicos contra Ex Funcionarios del estado de Michoacán.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio con el que remite el informe trimestral del grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Comunicación de la Mesa Directiva con relación a tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, que remite la Auditoría Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Remítase al promovente. Continúe la Secretaría con los documentos enviados por el licenciado diputado Eviel Pérez Magaña.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Solicitud de licencia por tiempo indefinido del diputado Eviel Pérez Magaña al cargo de diputado federal por el distrito 1 de Oaxaca, a partir del 1 de marzo de 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo de la solicitud presentada por el señor diputado.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eviel Pérez Magaña para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 1 de Oaxaca, a partir del 1 de marzo de 2010.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría con oficio de la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Se recibió oficio de la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón, en la adquisición de bienes inmuebles a su favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Guerrero.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se recibió oficio de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Guerrero, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la implementación de mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la declaratoria de zona de desastre de los estados de Michoacán y México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la declaratoria de zona de desastre al estado de Michoacán.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al apoyo a los municipios afectados en el estado de Querétaro, por las inundaciones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al apoyo a la población afectada del municipio de Tijuana en el estado de Baja California, por las contingencias climatológicas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la hepatitis C.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la declaratoria de emergencia a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, de Baja California.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. Continúe la Secretaría con las minutas.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Continuamos en el orden del día con el capítulo de Iniciativas
Esta Presidencia recibió del diputado Guillermo Cuevas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, que se turna a la Comisión de Justicia.
De igual manera, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora, Andrés Massieu Fernández y Roberto Borge Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Se recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.
La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su permiso, diputado presidente. A través de la historia los seres humanos han desarrollado diversos métodos y técnicas para mantener y procurar la salud, así como para prevenir diversas enfermedades; desde la medicina herbolaria hasta la alópata han contribuido al bienestar de las personas.
Una medicina distinta a la alópata, cuya finalidad es aliviar los dolores del cuerpo, es la quiropráctica. Este método de sanación está basado en la creencia de que la salud depende del flujo de los impulsos nerviosos que transitan por el organismo, siendo la columna vertebral el sostén del cuerpo.
La quiropráctica es una disciplina de la salud que enfatiza el hecho de la capacidad inherente del organismo para alcanzar nuevamente la omeóstasis; esto, a través del sistema nervioso, con objeto de que el individuo funcione adecuadamente.
Dentro del tratamiento quiropráctico no se requiere el consumo de medicamentos ni fármacos, por lo que la hace, en primer lugar, de un acceso más fácil para las personas; y en segundo lugar, no genera dependencia alguna, por lo que la ha posicionado como una de las profesiones con más futuro al ser una medicina alternativa, muy recurrida por la sociedad moderna.
Actualmente diversos países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda cuentan con instituciones de educación superior destinadas a la impartición de la licenciatura de quiropráctica. Además, algunos países de la Unión Europea como Suiza, Dinamarca, Italia, Francia, Bélgica o Noruega han obtenido regulación para el ejercicio de esta profesión.
En México se ha ejercido desde principios del siglo XX, pero poco a poco va ganando más adeptos. En nuestros días, la única institución educativa que imparte la carrera de licenciado en quiropráctica es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec que dio inicio en septiembre de 2001 a sus cursos.
La carrera tiene una duración de cuatro años, más un servicio social y proceso de titulación que incluye la presentación de una tesis, seminario de titulación o tesina.
No obstante estos avances aún falta por consolidar el ejercicio de esta profesión ya que existen profesionistas mexicanos en este ámbito que no son reconocidos por la Secretaría de Salud al no ser exigido el título profesional o certificado de especialización expedido y registrado ante la Dirección General de Profesiones.
Esta laguna en el marco jurídico ha generado que distintos seudoquiroprácticos extranjeros o mexicanos, que no tiene el aval por las instancias correspondientes para ejercer esta profesión, abusen y propicien en algunas ocasiones daños irreparables a los pacientes, fomentando así la charlatanería en este ámbito.
De ser aprobada esta reforma permitiría la intervención de la Secretaría de Salud y de las autoridades educativas en cuanto a la formación de licenciados en quiropráctica y, sobre todo, en el ejercicio legal y adecuado de la profesión.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud
Primero. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue.
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, quiropráctica, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, deontología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables se requiere que los títulos profesionales y certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Gabriela Cuevas Barrón. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sí, diputada.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Presidente, ¿le puede preguntar a la diputada Gabriela Cuevas si me puedo adherir a su iniciativa?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto a la diputada Gabriela Cuevas si está de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa. Está de acuerdo. Cualquier compañera o compañero que desee suscribirla pase a la Secretaría a firmarla.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, ciudadano presidente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde el 3 de mayo de 2009, establece que los estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones que las demás, y se comprometerá a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes legalmente elegidos.
También debemos promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos.
Esta iniciativa tiene, entre otros objetivos, avanzar en el proceso de armonización de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto de decreto tiene por objeto una reforma integral al Cofipe en materia de discapacidad y se centra en varios aspectos. Uno de ellos son las obligaciones de los partidos políticos. Se propone que al menos una de cada 10 candidaturas para personas con discapacidad, titular y suplente, sea para personas con discapacidad.
Es indispensable que los partidos políticos garanticen que los interesados estén dentro del Congreso de la Unión. Por esta razón se propone que haya una fórmula integrada por candidatos con discapacidad en las listas plurinominales.
Registro Federal de Electores. Este proyecto de decreto propone adicionar el indicador de discapacidad en todos los pasos del registro de electores. Esto quiere decir que la credencial de elector del IFE debe enmarcar que se tiene una discapacidad y qué tipo de discapacidad.
La propuesta consiste en que a todas las fases de la credencialización del padrón electoral se les dé seguimiento con el indicador de discapacidad; incluso se propone que, al igual que el cambio de domicilio que se le debe de avisar al IFE, se les avise cuando uno cambia de condición física o adquiere una discapacidad.
Todo este andamiaje jurídico tiene por objetivo final que el indicador de discapacidad se agregue a la credencial de votar con fotografía, lo que permitirá ahorrar recursos en la expedición de credenciales, teniendo en este país una credencial única que nos ayude a recibir los diferentes beneficios de los programas gubernamentales y contribuir al conocimiento del perfil sociodemográfico del sector, así como ubicar dónde se encuentran las personas con discapacidad, cuáles son sus características, dónde viven, qué requieren para ejercer por sí mismos sus derechos políticos electorales cuando se suman al padrón electoral con esta característica.
Contempla también atribuciones a los observadores electorales para que vigilen, desde una posición imparcial, el cumplimiento de todas las disposiciones que contenga el código para facilitar el ejercicio del sufragio a todos y a todas las personas con discapacidad.
Por otra parte, en cuanto al Comité de Radio y Televisión, deben existir recuadros en donde existan intérpretes de señas en todos los spots de los partidos políticos para que las personas sordas puedan entender los contenidos de los mensajes.
El Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE) será el encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en los artículos 38 y 76 de la presente propuesta.
Las atribuciones del presidente de casilla también contemplan que el presidente tome medidas como el derecho de preferencia para grupos vulnerables y para las personas con discapacidad en la emisión del voto, así como que una persona con discapacidad visual pueda estar acompañada por una persona de su confianza para poder votar.
Las casillas para electores con discapacidad con una urna y mamparas adaptadas y el uso de mascarilla con sistema braille.
Si bien esta disposición de manera práctica tiene un antecedente inmediato en el IFE desde 2005, ya que implementó estas mamparas especiales para los demás, es importante además que lo tengamos bien regulado en nuestras legislaciones.
Finalmente, esta disposición contempla una sanción que propone esta iniciativa para el incumplimiento a las disposiciones previstas en el código en materia de igualdad de oportunidades y de equidad para las personas con discapacidad y será mediante una sanción y una amonestación al partido político infractor.
Las personas con discapacidad hemos llegado al Congreso de la Unión y no nos queremos ir. Hemos llegado también a otros cargos de elección y queremos y necesitamos de acciones afirmativas como ésta para continuar en este trayecto de participación política.
Es cuanto, ciudadano presidente. Solicito que se inserte el texto en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 407 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se informa a todas aquellas y aquellos diputados que deseen adherirse a la iniciativa de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, que pueden pasar a la Secretaría para suscribirla.
Se recibió del señor diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Herón Agustín Escobar García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El modelo económico seguido en México ha provocado condiciones de inestabilidad en el mercado laboral que también incide en las jubilaciones y pensiones de los mexicanos y las mexicanas; se ha llegado al extremo de gravar las pensiones.
Las condiciones del mercado laboral son críticas, las plazas de trabajo son pocas, increíblemente una persona adulta que tiene entre 65 y 70 años de edad labora en trabajos que no corresponden a su edad física.
Debido a las enormes contradicciones en nuestra sociedad, muchos mexicanos son víctimas de no contar con un empleo digno, que además, reconozca y valore la experiencia laboral de las personas mayores.
Lo paradójico de esta situación no es que los trabajadores asuman una postura de discriminar de manera arbitraria las ofertas de empleo; por el contrario, no hay ofertas dignas de trabajo y acaban aceptando empleos en condiciones poco favorables.
La Ley del Seguro Social señala que los trabajadores para acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada deberán contar con 60 años y mil 250 semanas de cotizaciones. Para el caso de vejez se requiere tener 65 años cumplidos y el mismo número de semanas cotizadas.
Para el Grupo del Partido del Trabajo es claro que una jubilación digna tiene que incluir un compromiso tripartita entre los trabajadores del Estado y los patrones; situación que se ha visto vulnerada con la aplicación del sistema de cuentas individuales aprobado por el PRI y por el PAN en 1996.
La propuesta que el Partido del Trabajo tiene a esta soberanía tiene que ver con flexibilizar el esquema de jubilación reconociendo el complejo entorno que sufre el mercado laboral. En este esquema, buscamos modificar las semanas de cotización para poderse jubilar, para pasar de mil 250 semanas a mil 40 y el equivalente a 20 años de servicio.
Una situación similar la viven los trabajadores al servicio del Estado agremiados en el ISSSTE, que cuenta con 610 mil 270 pensionados.
Esta nueva Ley del ISSSTE, aprobada por el PRI y el PAN en 2007, estableció nuevos requisitos para tener derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y por vejez. Señala que para tener derecho a gozar una pensión por cesantía en edad avanzada deberá de cumplir 60 años y 25 años de servicio. Para el caso del seguro de vejez 65 años y 25 de cotización.
Los años recientes nos han demostrado que el mercado laboral es altamente inestable. Sólo en 2009 se perdieron 600 mil empleos.
Estamos proponiendo para el caso de los trabajadores del ISSSTE que para cesantía en edad avanzada sea de 60 años y 20 años de servicio, e igualmente para el caso vejez.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados del Partido del Trabajo estamos convencidos que se debe instaurar en la ley mecanismos de protección al trabajador reconociendo las nuevas condiciones de mercado laboral. La situación es muy delicada; las administraciones federales del PAN han estado golpeando de manera sistemática a los movimientos de los trabajadores no alineados al sindicalismo oficial.
Están por cumplirse tres años del conflicto de la minera de Cananea, donde los trabajadores se han mantenido heroicamente en pie de lucha, soportando las presiones de la Minera México y del principal porro gubernamental, Javier Lozano Alarcón, que ahora pretende ser candidato por el PAN a la Presidencia de la República.
Este siniestro personaje ha encabezado las acciones para debilitar al sindicalismo opositor mexicano; prueba de ello es el Sindicato Mexicano del Electricistas; los mineros y trabajadores petroleros del sindicato encabezado por Romero Deschamps.
Hace casi 104 años, la dictadura porfirista masacró en junio de 1906 a los mineros de Cananea. Hoy este gobierno espurio pretende dejarlos sin su fuente de trabajo.
Exigimos una solución justa, apegada a los intereses de los trabajadores mineros de Cananea. La realidad es, compañeras y compañeros, que requerimos encabezar acciones de tipo legislativo y de tipo político, que defiendan las conquistas laborales. Eso es lo que pretendemos con la iniciativa que hoy sometemos a su consideración. A este gobierno no le importa el sindicalismo ni el crimen a los trabajadores.
Nos solidarizamos con las víctimas de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos que cumple un año más de impunidad.
Solicito a la Presidencia incluya de manera íntegra el texto de la iniciativa en el Diario de Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Herón Escobar García. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Previsión Social.
Señoras y señores diputados, se encuentran entre nosotros los alumnos del CBT José María Velasco, del municipio de Temascalsingo, Estado de México, invitados por el diputado Emilio Chuayffet Chemor, quien les envía un afectuoso saludo.
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Laura Felícitas García Dávila, diputada suplente electa en el segundo distrito del estado de Tamaulipas. Se designa una comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Diva Hadamira Gastélum Bajo, José Francisco Rábago Castillo, Paz Gutiérrez Cortina, Juan Carlos Natale López y María del Pilar Torre Canales.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Señores diputados, se les invita a ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadana Laura Felícitas García Dávila, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Laura Felícitas García Dávila: Sí protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hiciere que la nación se lo demande. Muchas gracias. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario del Partod Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, a partir de las reformas en materia electoral aprobadas por el honorable Congreso de la Unión el año 2007, como es de todos conocido, las entidades federativas con elecciones en año en que no se lleva a cabo una elección federal, debieron ajustar sus propias legislaciones a efecto de tener sus jornadas electorales el primer domingo de julio del año que corresponda. Es el caso del año que transcurre, salvo Yucatán, que lo hará en mayo.
Después de un intenso proceso de legislación en las entidades federativas para llevar a cabo las reformas necesarias y luego de un no menos intenso proceso de impugnación a la publicación de las leyes emitidas, algunas de ellas ante el máximo tribunal de autoridad de la nación en la materia ?proceso que por cierto no concluye aún?, 15 entidades de la república han iniciado ya de hecho sus procesos electorales para tener su elección el día 4 de julio de este año. Sin duda que la jornada se avizora intensa y no ajena de complicaciones y problemas. Presagia también una intensa lucha electoral en la que los partidos políticos buscarán, por todos los medios lícitos a su alcance, lograr los triunfos que consideran pueden obtener.
Sin embargo, hay que aceptar que en los últimos años los procesos electorales se han judicializado en extremo llegando, en muchas ocasiones, hasta la última instancia de la autoridad en la materia en el nivel de la nación, para tener en definitiva una resolución.
Si bien es cierto que las autoridades encargadas de los propios procesos en cada entidad federativa deben comprometer su mayor esfuerzo en busca de una contienda imparcial, transparente y con la mayor certidumbre, también es cierto que varias lagunas o contradicciones en determinadas leyes no permiten claridad en la práctica para el ejercicio de una vida democrática, equitativa, para todos los partidos contendientes.
Deseo referirme particularmente a la contradicción, o por decir lo menos, a la falta de definición que existe entre el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se propone reformar y el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En tanto la primera establece que ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones, en la segunda se define muy claramente un periodo de prohibición para hacer manifestaciones de proselitismo político 3 días antes de la jornada electoral. Estos conceptos se replican en todas las legislaciones de las entidades.
De ahí que en Nueva Alianza consideramos que esto amerita una definición y visualizamos que ya se han dado casos en que el propio Tribunal Federal Electoral ha establecido un criterio sancionatorio y de reprobación al hecho.
Por mera causa de cita, el Senado de la República replicó con una contundente respuesta. Abría que dar claridad, a nuestro juicio, a esta contradicción sin perder de vista la superioridad de nuestra Carta Magna.
Pero sí poner al menos en la mesa de la discusión un hecho que puede ocasionar no sólo complejidades y conflictos, sino lo más importante: inequidad en la vida democrática y en la participación de las distintas fuerzas políticas de la república.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 61 de nuestra Carta Magna en los términos que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Para lo cual solicito atentamente a la Presidencia que instruya el trámite que corresponda, al igual que a la intervención de su servidor se le dé trámite en el Diario de los Debates.
Suscriben con su servidor esta iniciativa la diputada Pilar Torre Canales y el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea.
Inmediatamente alcanzada nuestra independencia como nación, el Plan de Iguala reconoce el municipio como forma de organización territorial y la Constitución Política de 1824 la refrenda y otorga a los estados la responsabilidad para legislar en la materia.
Durante la Revolución de 1910, el municipio libre fue muy importante como bandera política. El mismo Venustiano Carranza en 1917 promulgó la Ley del Municipio Libre como base territorial y de organización política de la república. Esta ley fue medular y sustancia para la redacción del artículo 115 de la Constitución de 1917.
Las transformaciones democráticas en los municipios han sido consecuencia de las luchas gestadas por la oposición política y por la sociedad civil. En este sentido vemos que aún no alcanzan a enfrentar los retos de un municipio que ahora está sujeto a nuevas reglas de competencia y pluralidad partidista. Por ello, una nueva reforma en materia municipal no debe concebirse aislada del conjunto de reformas que requiere el régimen del sistema político mexicano.
Es importante no tan sólo nuevas reformas al municipio, sino también estar concebidas en el marco de las reformas del Estado que aún están pendientes para que recupere y actualice los principios democráticos de autonomía, libertad, pluralismo y autosuficiencia.
Por lo anterior, esta propuesta de reforma constitucional para que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, así como los jefes delegacionales del Distrito Federal, duren en su cargo cuatro años, es una de las asignaturas pendientes que requiere el proceso de reforma del Estado; y, al mismo tiempo, es uno de los cambios que el poder municipal necesita, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento y aplicación de las políticas públicas de los gobiernos locales.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Uno. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. ...
I. ?
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos para un periodo inmediato... ?Continúa con la redacción del texto.
Dos. Se reforma el tercer párrafo de la fracción II de la Base Tercera del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 122. ...
C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
Base Primera. ?
Base Segunda. ?
Base Tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal:
De ahí pasa a: Los titulares de los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, durarán en su cargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, según lo determine la ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hoy, 25 de febrero de 2010. Solicito atentamente, diputado presidente, sea insertado en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Ochoa Mejía. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado Salvador Caro Cabrera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Salvador Caro Cabrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, particularmente del grupo de trabajo dedicado, creado, para revisar los subejercicios de recursos federales en la materia, acudo a esta tribuna.
Las reformas del año anterior a la legislación penal en materia de seguridad pública definieron al sistema nacional como eje institucional para atender el tema como una función de Estado.
En esa legislación se presenta la facultad del secretario técnico del sistema para definir los criterios para la distribución de los recursos en la materia destinados a las entidades federativas.
Dentro de esas reformas quedó pendiente la revisión a otras legislaciones, particularmente la de la Ley de Coordinación Fiscal, que en su artículo 44 regula el Fondo de Aportaciones para la Seguridad a los estados y al Distrito Federal.
Los recursos destinados para esta materia en 2008 ascendieron a 5 mil 400 millones de pesos, de los cuales solamente fueron ejercidos el 61.7 por ciento. Para 2009 se presupuestaron 6 mil 225 millones de pesos, y el nivel de subejercicio fue muy similar.
Conscientes de que la seguridad pública es el principal problema reconocido por los mexicanos, los integrantes de la comisión y particularmente los del grupo de trabajo, encontramos ?después de hacer un análisis exhaustivo y una serie de consultas a través del grupo de trabajo creado ex profeso? que existe un problema estructural, un problema de reglas parar que las entidades federativas puedan disponer de estos recursos.
Por lo que proponemos un nuevo esquema que implica la planeación anticipada del gasto por parte de las entidades federativas, y la disposición del secretariado técnico a los acuerdos respecto a las referencias que tenga de la Secretaría de Hacienda sobre disponibilidad de dinero.
También implica la promoción de reglas que promuevan consenso y corresponsabilidad, así como una interacción con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a efecto de abatir el subejercicio.
En lugar de 10 ministraciones que están estipuladas actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal, encontramos que lo adecuado sería un máximo de cuatro, consensuadas por las partes y con la obligación de que los convenios para el ejercicio de los recursos sean firmados en el primer mes del año, todo esto reflejado en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Caro Cabrera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Sandra Méndez Hernández: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados. Su servidora Sandra Méndez Hernández. Hago uso de esta tribuna con el compromiso de representar los intereses de los ciudadanos con esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo conforme a la siguiente
Exposición de motivos
México padece la peor crisis económica y financiera de los últimos 50 años, muestra de ello es el agudo aumento en los índices de tasa de desocupación, el cual no ha disminuido desde el año 2008.
La tasa de desocupación registrada en el mes de agosto de 2009, fue de 6.28 por ciento, reflejando la tasa más alta desde hace 14 años. El abatimiento laboral ha sido progresivo desde el año 2008, cuando la tasa de desocupación era del 4.15 por ciento y ha tenido su mayor impacto en las personas mayores de 35 años.
Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el segundo trimestre del año 2008 existieron un millón 452 mil 821 eventos de pérdida de empleo, de los cuales 605 mil 968 impactaron en personas de más de 35 años de edad. Lo que representa el 41 por ciento del total de eventos de pérdida de empleo para el año 2009. El porcentaje de este rango fue del 40.43 del total de los eventos.
El segmento de personas mayores de 35 años de edad enfrenta no sólo la problemática de la pérdida de empleo, sino también la falta de oportunidades para recuperarlo ante la poca oferta laboral de este país.
La presente iniciativa tiene como finalidad establecer una medida de protección a favor de estas personas, para atender una problemática de discriminación. Aunque jurídicamente no lo restringe, éste sí acontece en el entorno social de manera real en nuestro país.
Podemos observar que la intención o efecto discriminatorio es en dos sentidos: el directo, en el cual al empleado se le despide en razón de su edad, o el indirecto, en el cual el empleador puede ser autor de políticas discriminatorias al requerir determinados perfiles de edad para la ocupación de los puestos.
Es un hecho público y notorio que desde las publicaciones o avisos de empleo se discrimina por razones de edad. Es muy común escuchar las frases de "hasta 35 años", "no más de 35 años", lo que discrimina sin justificación a este segmento poblacional condenando a un gran porcentaje de mujeres y hombres al no encontrar trabajo y a no recuperar su ocupación laboral perdida por la crisis económica.
En nuestro sistema jurídico están vigentes normas que prohíben la discriminación laboral, como lo es el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, donde prohíbe toda discriminación motivada por género y edad, entre otros. Asimismo el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.
Pese a estas disposiciones, la realidad es que en México persiste una práctica de discriminación por razones de edad, la cual se agudiza con la crisis económica y con el alto índice de desempleo, afectando con ello a todos los hombres y mujeres, que pese a que se encuentran activas, en plenitud física y productiva, con gran experiencia, son desocupados y rechazados como trabajadores de forma arbitraria en determinados oficios y ocupaciones.
El Estado mexicano, desde su ingreso como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo en el año de 1931, ha suscrito 78 convenios internacionales con dicho organismo, entre ellos el Convenio 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, obligándose en términos generales a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y las condiciones de trabajo.
Dentro de este segmento poblacional se encuentran madres y padres de familia, así como madres solteras en un número considerable, quienes tienen la necesidad de solventar los gastos cotidianos que representan la educación y manutención de los hijos. Constituyen también el grueso de los usuarios de los productos bursátiles.
Por todo lo expuesto, es necesario que se tutele, desde la norma jurídica, una protección para este segmento poblacional para que estas personas no puedan ser removidas de su empleo por el simple hecho de su edad; asimismo, que no sean relegadas para la obtención de un empleo en la oferta laboral disponible.
El porcentaje propuesto como medida de protección a las prácticas discriminatorias permite a los empleadores contratar personal de diversas edades y no contravienen los derechos de otros empleados, motivos por los cuales la norma propuesta se sujeta a criterios de racionalidad.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones citadas, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
XXIX. Mantener permanentemente en su plantilla laboral, por lo menos un 30 por ciento del personal con una edad de más de 35 años, sin distinción de género.
Señor presidente, le solicito que esta iniciativa con proyecto de decreto se inserte de forma íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna la iniciativa de la diputada Sandra Méndez Hernández a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Dígame, diputado Martín Vázquez.
El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): Sólo para pedirle, señor presidente, que pregunte a la diputada Sandra Méndez si está de acuerdo en que nos sumemos a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si la diputada no tiene inconveniente, lo cual manifiesta, pueden pasar a firmar a la Secretaría las adhesiones a esta iniciativa.
Señoras diputadas y señores diputados, les informo que se encuentran de visita en este recinto estudiantes del Colegio La Paz, de Saltillo, Coahuila, invitados por el diputado Moreira Valdez.
Igualmente se encuentran con nosotros, personas del municipio de Tultilán, Estado de México, invitadas por la diputada Sandra Méndez Hernández, a quienes les enviamos un cordial saludo.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente.
Exposición de Motivos
México vive una gravísima crisis general que incluye el naufragio del Estado en todos los ámbitos: en el económico, político y, aún más grave, la crisis social, humana, que agrede con saña a nuestro pueblo. Así nos encontramos con el hambre que campea por todos los rumbos de nuestro país haciendo estragos, especialmente sobre la vida de los niños, una educación vergonzosa que nos ubica en los últimos lugares de calidad de la enseñanza según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una salud inspirada en la muerte, una seguridad social en pleno desmantelamiento.
Al propio tiempo, enfrentamos el creciente desempleo, el subempleo, el empleo informal, el outsourcing o subcontratación y demás formas de subempleo, de simulación de la relación de trabajo, que rompen con el desarrollo de las familias, el crecimiento económico y la seguridad pública. Pero, además, este crimen social, tan cínico e injusto, se encuentra legalizado por un Estado de derecho cada vez más opresor, inequitativo, corrupto y alejado de la justicia.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son una cruel biografía del absoluto fracaso de un gobierno y un sistema que, en materia social, otorga a nuestro país muchos de los primeros lugares pero del horror a nivel mundial. Si queremos coadyuvar a remediar el estado actual de las cosas, la única manera es comenzar a poner fin a estas injusticias con efectividad y dignidad.
Para tal efecto, entendemos que existe una relación estrecha entre el trabajo digno y el bienestar social. Por tal motivo, el Estado debe garantizar a cada mexicana y mexicano, con derecho al trabajo, un empleo digno, lo cual no debe enfocarse como simple buen deseo, demagogia o como sueño imposible. El Estado debe ser un garante de los derechos sociales de todos los mexicanos.
El empleo es el primer derecho social, ya que de su realidad y estabilidad nacen, de manera directa o indirecta, todos los demás derechos como: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura, etcétera. Esto, independientemente de los valores inmateriales de tipo emocional y psicológico que derivan del trabajo. En este sentido observamos que es absolutamente una agresión de los derechos humanos, la negación del empleo a un mexicano, esto especialmente en perjuicio de los jóvenes.
El Estado debe brindar todos los medios y abrir todos los caminos para dar plena efectividad al derecho humano al trabajo. Por el contrario, negar el trabajo significa poner en situación de franca discriminación, desventaja, al que lo padece.
Esto cobra aún más importancia en las actuales circunstancias que han elevado el desempleo a cifras históricas, basta recordar que al tercer trimestre de 2009, la población desocupada llegó a un total de 2 millones 925 mil 45 personas, que deben sumarse a una población disponible de 5 millones 447 mil 927 y a las 3 millones 41 mil 399 personas que no reciben remuneración alguna. Además de los 3 millones 825 mil 67 de subempleados y más de 12 millones de trabajadores informales. Es decir, una verdadera catástrofe social. Para no hablar de los salarios cada vez más injustos. Basta rememorar las cifras de escándalo sobre los 7 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Perdiendo el país el motor base para arrancar a más altos niveles de riqueza, como lo han hecho otros países.
El empleo es como el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Al faltar, no debe sorprendernos que todo caiga por los suelos: las familias, la armonía social en todos los sentidos y hasta la esperanza.
A este respecto, cabe señalar que el artículo 123 constitucional, Apartado A, en su primer párrafo señala: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley.
Es evidente, por lo antes dicho, lo alejado que está la realidad del mandato constitucional. Esto se debe en parte a la redacción misma de este precepto, que otorga a las personas un derecho al trabajo en abstracto, sin que imponga al Estado de manera directa y concreta la obligación de garantizarlo, debiendo éste asumir su responsabilidad en caso de incumplimiento.
Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa es reformar el primer párrafo del artículo 123, Apartado A, de la Constitución, a efecto de transformar el derecho al trabajo en una obligación prioritaria a cargo del Estado, debiendo garantizar su cumplimiento, o bien, asumir su responsabilidad en caso contrario.
Para lograrlo, el gobierno en sus tres ámbitos de gobierno deberá tomar las medidas jurídicas, económicas, administrativas, en el marco de su poder político, para cumplir su principal atribución y al propio tiempo, el principal derecho de los mexicanos; es decir, el derecho a que se garantice un trabajo digno.
Esto exigirá poner límites al saqueo y corruptelas tanto del sector público como del privado. Cuando esto se concretice con un carácter general, la riqueza económica y humana volverán a florecer en el país a raudales. Estamos, pues, hablando del denominado "pleno empleo".
El derecho al trabajo es el eje de la Constitución, ya que nutre a todos los demás: el derecho a la vida, a la salud, a la democracia, al desarrollo de los menores y sus familias, a la existencia y fortalecimiento de la seguridad social, por citar algunos.
En contraposición a todo lo expuesto, los gobiernos neoliberales han hecho añicos los empleos, con mayor razón si hablamos de empleos dignos; han destrozado la planta productiva, en general la economía nacional destacadamente?
?Un momento, por favor, voy a concluir, señor presidente.
? destacadamente el mercado interno.
Han hecho sangrías constantes del poder adquisitivo de los salarios; han expulsado a millones de mexicanos que buscan una alternativa en países extraños, en una de las peores y más dolorosas diásporas de nuestra historia; han condicionado, cuando no impulsado por acción u omisión, la aplicación del trabajo de muchos mexicanos en bien de los grupos criminales.
Las únicas plazas que están creciendo son al servicio de la criminalidad, que toma como víctima ante todo a los jóvenes, por no hablar de la cínica destrucción masiva de plazas con fines políticos y privatizadores en la industria minera y eléctrica.
Pido al señor presidente, por economía política, que quede inscrito en su totalidad en el Diario de los Debates y sólo menciono la parte final.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y adiciona una fracción XXV Bis al Apartado A del artículo 123 constitucional en los siguientes términos:
Artículo 123?
?Viene el texto, y;
La fracción XXV Bis, dice los siguientes:
XXV Bis. Se crea el consejo nacional del empleo como una instancia de coordinación para garantizar el derecho al empleo, en que participarán el titular del Ejecutivo federal y los secretarios del despacho, los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, las directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 10 representantes, tanto de los trabajadores y como de los patrones.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención y su paciencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El diputado Guillermo Cueva Sada: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, existe un alto índice de violencia de género en México ya que cerca de 47 por ciento de las mujeres encuestadas fueron violentadas a lo largo de su relación como pareja.
Peor aún, según información disponible, 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor incremente la violencia que ejerce sobre ellas, o por falta de recursos económicos propios.
Por consiguiente, creemos que entre las formas más efectivas para garantizar a una mujer una vida libre de violencia se encuentra la denuncia del delito correspondiente. La denuncia daría lugar a terminar con la impunidad, que alienta la continuación de la violencia y refuerza la subordinación a las mujeres.
Por ello, proponemos reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de que, en un marco de coordinación, las entidades federativas en sus respectivas competencias, establezcan lo que sigue:
Uno. Establezcan programas de apoyo económico temporal dirigido a víctimas de violencia familiar, que ayuden a denunciar el delito correspondiente.
Dos. Garanticen la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncien.
Tres. Impulsen reformas para establecer la violencia familiar como delito grave, por afectar un valor fundamental de la sociedad: la familia; y para que el agresor no goce del beneficio de la libertad bajo fianza.
De igual forma, y con el propósito de apoyar a las mujeres para alejarse de relaciones de violencia, propongo en iniciativa diversa reformar el Código Penal Federal para que en el orden federal se establezca como delito grave el de violencia familiar.
Compañeros legisladores, en la mayoría de los casos la carencia de recursos económicos propios impide a las mujeres dejar una relación de violencia. Estamos convencidos de que al establecer en todo el país programas para otorgarles un apoyo económico, por tiempo determinado, podrán alcanzar condiciones mínimas de independencia para subsistir con sus hijos fuera del hogar conyugal, y fomentaremos la denuncia del delito de violencia familiar para acabar con la impunidad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Diputada Aguirre, a sus órdenes.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Gracias, presidente. Para que pregunte al diputado Cueva si acepta que me pueda adherir a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, ¿estaría usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa? Sí está de acuerdo; pueden pasar a la Secretaría a firmar las adhesiones.
El diputado Pedro Vázquez González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, define a la protección civil como el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.
Debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985 surgieron en México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. El gobierno federal decidió establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil, dotándolo de una institución que proporcionara el apoyo técnico a las diferentes estructuras operativas que lo integran.
El informe global de Riesgos de Desastres Naturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que en México existe una relación directa entre los niveles de pobreza y la gobernabilidad en los índices locales que explican, en alguna medida, los riesgos para nuestro país. Señala el informe que la población más desprotegida tarda más en reponerse de los efectos de los desastres naturales no sólo en lo económico, sino también en los factores de desarrollo social.
En este sentido el cambio climático, la explotación irracional del suelo en zonas de alto riesgo, el mal manejo de las cuencas hidrológicas han favorecido las condiciones de alta vulnerabilidad de millones de mexicanos frente a los fenómenos naturales.
Las lluvias cuantiosas que se han dejado sentir en los últimos días han provocado el desbordamiento de ríos, inundaciones en las zonas bajas y la destrucción de carreteras, puentes y caminos, así como también el rompimiento de muros de contención de aguas negras. Pero lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas o sus patrimonios.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que reflexionemos en los últimos acontecimientos en el Estado de México, en el Distrito Federal y en el estado de Michoacán, pues consideramos de extrema urgencia que esta soberanía tome medidas de manera conjunta para así reducir el riesgo ante la presencia de los fenómenos naturales.
Consideramos importante señalar que el argumento administrativo y financiero no sea obstáculo para la implementación de manera permanente de dicha comisión, pues los recursos que se destinen siempre serán insuficientes ante la destrucción de las zonas urbanas y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas.
Por ello, proponemos modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 27, fracción XXIV para integrar al listado de las comisiones ordinarias la Comisión de Prevención y Protección Civil, que nos permitirá crear los mecanismos de coordinación y supervisión que permitan la alerta, preparación y respuesta inmediata ante estas contingencias de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación.
En el marco de lo que establece el artículo 5o de la Ley de Protección Civil, este Poder Legislativo debe de asumir su tarea de legislar no sólo en el ámbito jurídico, sino también en la cuestión de la fiscalización de los recursos que se otorgan a las entidades en lo que se hace la declaración de desastre.
En este sentido, consideramos insuficiente que la responsabilidad de la prevención y protección civil sea únicamente de la Secretaría de Gobernación. Consideramos importante que la Cámara de Diputados asuma este papel y así avancemos en la construcción de instancias que coadyuven a fortalecer la cultura de la prevención y protección civil en el Estado mexicano.
Por ello proponemos modificar el artículo 27, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX, recorriéndose en su orden actual la fracción XXIX, para pasar a ser la fracción XXX y así sucesivamente al numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Prevención y Protección Civil; y se reforma la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Le solicito a usted, señor diputado presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea, así como también desde luego en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención muchísimas gracias. Le entrego a la Secretaría la iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 110 y 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Fayad Meneses: Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy vengo a esta tribuna a proponerles, a través de una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un tema que creo que debe de ser del mayor interés no sólo de ustedes, no sólo de este Congreso, sino de todos los mexicanos.
Hoy reconocemos que la rendición de cuentas está entendida como una responsabilidad que deben tener los gobernantes de dar cuenta, de responder de sus actos, de responder por su gestión pública. La rendición de cuentas es parte fundamental del proceso de democratización de un país, ya que permite crear frenos, crear contrapesos, que aseguren que aquellos que no detentan directamente el poder, pero que sí participan de su formación a través de su voto, puedan en todo momento opinar o disentir de una acción de los gobernantes y en su caso, reconfigurar las dinámicas del poder público.
Hoy por eso proponemos una modificación al esquema de responsabilidad de nuestros servidores públicos.
Tal vez la reforma que recuerde de mayor envergadura en este tema fue la de 1982, cuando se creó el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la responsabilidad de los servidores públicos y se crea también la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como la Secretaría de la Contraloría de la Federación.
Desde entonces se han distinguido, particularmente en los artículos 108 al 114, cuatro tipos de responsabilidad para los servidores públicos de este país: la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.
Si bien es cierto, con dicha reforma y las adecuaciones legales que este Congreso ha venido haciendo en los últimos años, hoy contamos con mecanismos legales para asegurar la responsabilidad de los servidores públicos en todos los niveles de la administración y con ello, se ha fortalecido sin duda el sistema de rendición de cuentas horizontal.
Pero debemos aceptar ?y aquí los invito a todos a reflexionar sobre este tema?, que existe todavía un gran pendiente en esta materia. Por ejemplo, sobre la responsabilidad política, si bien se amplió la posibilidad de ser sujeto de juicio político a todos los altos servidores públicos del Estado, de los 3 Poderes públicos e incluso alcanzó a los gobiernos de las entidades federativas, resulta evidente que sigue estando ausente el tema de la responsabilidad política para el presidente de la república. Con esto, vulnerando el principio de equilibrio y de equidad entre los Poderes.
En las democracias representativas la rendición de cuentas contribuye a la legitimidad del poder público y resulta ya injustificable que el titular del Ejecutivo esté fuera de un esquema constitucional de responsabilidad, sobre todo cuando tiene a su cargo la más alta responsabilidad pública como jefe de Estado y como jefe de gobierno.
Es por ello que vengo a proponerles que ahora sí en este título cuarto, en los artículos mencionados, incorporemos por primera vez en la historia moderna constitucional de México el tema de la revocación del mandato, para que el presidente de la república responda políticamente por sus actos.
Hoy sólo tenemos la posibilidad de votar a favor o en contra, pero a partir de esta propuesta, si ustedes la apoyan, los mexicanos tendrán la posibilidad de votar a favor o en contra, pero que determine, que concluya, una responsabilidad que fue obtenida a través del voto popular antes del plazo constitucional para el que se ha establecido.
Es un tema debatible. Es un tema complejo, pero creo que los mexicanos tenemos derecho a ello. El presidente no es sujeto de juicio político, en los términos que lo tramite esta Cámara, porque sabemos que eso podría producir la ingobernabilidad.
Pero será a través de modernos mecanismos, y de la propuesta que incluyo en estas modificaciones a la Constitución, como finalmente por primera vez los mexicanos tengan la posibilidad de exigir de su presidente la responsabilidad política que debe tener.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, espero que la analicen, la lean y, por favor, emitan su opinión al respecto apoyando. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Jorge Rojo García de Alba (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Rojo.
El diputado Jorge Rojo García de Alba (desde la curul): ¿Me permite el orador hacerle una pregunta?
El diputado Omar Fayad Meneses: Adelante.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Es pregunta o desea adherirse?
El diputado Omar Fayad Meneses: Adelante.
El diputado Jorge Rojo García de Alba (desde la curul): Gracias. No. ¿Me permite el orador adherirme a su iniciativa?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Señor diputado, acepta usted que se adhiera a su iniciativa?
El diputado Omar Fayad Meneses: ¿Qué?, perdón.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña ¿Acepta usted que se adhiera a su iniciativa?
El diputado Omar Fayad Meneses: Sí, por supuesto. Bienvenido, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Todas aquellas y todos aquellos diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente. Gracias.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras y señores?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Una pregunta, es para adherirme.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pues pídamela de allá, señor diputado. Sí, diputado, dígame.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Preguntarle al diputado Fayad si me permite adherirme a su propuesta.
El diputado Omar Fayad Meneses: Sí, claro, por supuesto que sí presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasen todos aquellos que deseen suscribir el documento. Muchas gracias.
Se encuentran en este recinto legislativo alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Alberto Jiménez Merino. Sean ustedes bienvenidos.
Asimismo, tenemos como invitados de Ecatepec, del estado de México, quienes han sido a su vez invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez; así como alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, invitados por la diputada María Teresa Ochoa Mejía; e invitados de la colonia Rancho La Mora, Cuautitlán, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 134 Bis y reforma el artículo 141 de la Ley General de Salud.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea.
La epidemia de la influenza AH1N1 ha sido un gran reto para el sector salud de nuestro país. A pesar de las acciones continúas que se han implementado, la enfermedad sigue presente en México, de modo que actualmente se tienen más de 70 mil casos confirmados y más de mil defunciones.
En el combate a la emergencia sanitaria se han utilizado 238 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Se obtuvieron también donativos internacionales por 209 toneladas de insumos, representando 185 millones de pesos y, además, un conjunto de empresas y particulares han donado 172 toneladas de medicamentos que representan 34 millones de pesos.
En total, el gasto del gobierno para atender la emergencia sanitaria ha sido del orden de los 4 mil 400 millones de pesos adicionales a los recursos ordinarios contemplados en el presupuesto del sector salud.
Como consecuencia de la enfermedad, se calcula que el país perdió 4 mil millones de dólares, representando el 8 por ciento del PIB, como consecuencia de la afectación a diversas actividades económicas.
Es fundamental que una vez superada la emergencia sanitaria se conserven las medidas de prevención y estemos preparados para atender posibles nuevos brotes de influenza y de otras enfermedades infecciosas a través de instrumentos diseñados específicamente para estos fines.
En este sentido, los legisladores del Partido Verde proponemos crear un Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas, puesto que una de las lecciones que nos dejó la epidemia de la influenza es que debemos de estar mejor preparados económicamente para enfrentar este tipo de contingencias.
Consideramos que este fondo no debe de ser un fondo temporal, sino permanente, para lo cual se le debe otorgar certeza jurídica y por ello proponemos incluirlo en la Ley General de Salud.
El fondo será calculado y determinado por la Secretaría de Salud y será independiente del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Se utilizará en caso de decretarse emergencia sanitaria por el brote epidémico de cualquier enfermedad transmisible y los recursos se destinarán a diversas acciones de prevención, atención y control.
Asimismo, los retos y desafíos que presentan las epidemias deben ser atendidos por la comunidad internacional en su conjunto, en el marco de un esfuerzo de cooperación bien definido.
En consecuencia, también proponemos reformar la Ley General de Salud, a efecto de que la cooperación internacional sea incluida como instrumento prioritario para realizar la vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades transmisibles como la influenza. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. Continúe la Secretaría dando lectura a un comunicado de reincorporación de diputado.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Honorable Congreso de la Unión. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que el pasado 20 de diciembre de 2009 solicité una licencia temporal para retirarme de mis funciones hasta el día 30 de abril de 2010, por lo que ahora solicito se me conceda la reinstalación en mis funciones como diputado, a partir del 1 de marzo del presente año y por tanto se dé por concluida la licencia hasta ahora en vigencia.
Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente. Diputado con licencia Julián Francisco Velázquez y Llorente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese. Continuamos con el orden del día en el capítulo correspondiente a proposiciones.
Esta Presidencia recibió de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California Sur, realice las acciones conducentes a efecto de evitar más invasiones de predios en el estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del señor diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República haga las investigaciones pertinentes sobre los hechos ocurridos en el Congreso local de Jalisco. Se turna a la Comisión de Justicia.
Se recibió de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Economía, Turismo, Gobernación, Juventud y Deporte, Educación y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios a que estudien y emitan su opinión en torno a las ventajas que tendría establecer mayores mecanismos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio, para que las instancias pertinentes del gobierno federal puedan fortalecer y promover una política de mayor acercamiento en los ámbitos comerciales, turísticos, sociales, deportivos y educativos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se pospone la proposición del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa.
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes? Me informan que se encuentra fuera del recinto el diputado Juan Pablo Escobar.
Tiene la palabra el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Jalisco y de Nayarit analicen, aprueben y eleven a iniciativa de decreto los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit.
El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. A nivel internacional el turismo representa el 10.4 por ciento del producto interno bruto mundial. En la actualidad arriban a distintos destinos del mundo cerca de 500 millones de turistas internacionales. De esta cifra, México participa con el 2.7 por ciento de estos turistas.
En lo que respecta al estado de Jalisco, en el año 2008 recibió 22.2 millones de visitantes, observando un crecimiento del 2 por ciento respecto del año 2007 y generando una derrama económica de 28 mil 585 millones de pesos, 7.2 por ciento mayor que en el año 2007. Del total de esa derrama económica, Puerto Vallarta participó con el 40.7 por ciento.
En los años 40, Puerto Vallarta, Jalisco tenía una definición urbana y un atractivo particular basado en su cualidad de lejanía y cierto aislamiento. A partir de los años 50, la región misma se transformó en una zona de amplias perspectivas dentro del desarrollo de los estados costeros, posicionando a Puerto Vallarta y Costa Alegre, de Jalisco, que comprende los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta, Zihuatlán, así como la Bahía de Banderas en Nayarit, junto con los municipios de la denominada Ribera de Nayarit, que son Bucerías, Punta Anita, Rincón de Guayabitos y San Blas, como los destinos de sol y playa, más importantes del país.
Derivado de este crecimiento y su vecindad es que en las últimas décadas los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas han considerado necesario el buscar mecanismos que permitan obtener oportunidades en beneficio de ambos municipios.
Para lograr lo anterior, debe partirse de un trabajo coordinado que permita superar y generar soluciones en materia de asentamientos humanos, educación, salud, economía, planeación, implementando un aparato administrativo eficiente, eficaz, que permita dar una mejor calidad de vida a los habitantes de ambos municipios.
Por lo anterior, la solución a los aspectos generados por la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas desempeña un rol estratégico para la región Pacifico Medio, ya que se presenta como una de las áreas de desarrollo económico y turístico más importantes a nivel nacional y, por tanto, forma parte de las acciones prioritarias de las administraciones de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, Nayarit, encabezados por el licenciado Salvador González Resendiz y el contador público Héctor Paniagua Salazar, respectivamente.
Ambos ayuntamientos en fecha reciente aprobaron por unanimidad de sus plenos el punto de acuerdo por el que se propone elevar al honorable Congreso de Jalisco y al honorable Congreso de Nayarit, la iniciativa de decreto en la que se solicita a dichas soberanías que analicen y aprueben los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, Nayarit.
En el corto plazo, con estos convenios se pretende que se definan acciones ordenadas de gestión que permitan, entre otros, elevar la competitividad como destinos turísticos, la planeación del desarrollo urbano y regional sustentable de los municipios conurbados, la ordenación del territorio, y el incremento de servicios urbanos y de equipamiento e infraestructura, el de seguridad pública, la preservación del medio ambiente; todo ello en el marco de las facultades que les otorgan a los municipios el artículo 115, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicional a esto, Puerto Vallarta contempla la realización de obras de inversión prioritarias a través del Fondo Metropolitano, de 49.3 millones de pesos y, además, se presupuestaron 200 millones para la construcción de la carretera federal 200; y 90 millones para el túnel Luis Donaldo Colosio, obras que se sumarán al impulso de esta importante zona turística y del país, y que incluyeron los diputados federales de esta LXI Legislatura en el Presupuesto de Egresos de 2010.
A nivel más amplio, la aprobación de estos convenios de asociación y coordinación, así como la inversión en infraestructura marcaran las pautas de los diversos escenarios en los que se desarrollarán los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y que beneficiarán a Jalisco y Nayarit.
Por lo anterior, es necesario que el honorable Congreso de Jalisco, en su LIX Legislatura, y el honorable Congreso de Nayarit, en su XXIX Legislatura, analicen, aprueben y eleven la iniciativa de decreto, los convenios de coordinación y asociación de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, ya que de ello dependerá el crecimiento y desarrollo de ambos municipios.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorte al honorable Congreso de Jalisco y al honorable Congreso de Nayarit, a analizar, aprobar y elevar la iniciativa de decreto lo antes posible, así como los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, Nayarit. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado Cota.
El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (desde la curul): Solicitar respetuosamente sumarme al punto de acuerdo del diputado Yerena Zambrano.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Yerena, ¿acepta usted la adhesión del diputado Cota?
El diputado Rafael Yerena Zambrano: Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el señor diputado. Todas y todos aquellos legisladores que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría.
Se pospone la participación del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha contra la delincuencia organizada, respeten las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos morelenses.
El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Nuestro país se encuentra inmerso en sucesos que ponen en riesgo la seguridad y las garantías individuales de la ciudadanía. El incremento de las actividades delictivas han creado un clima de inseguridad realmente preocupante, dando como resultado la violación de los derechos humanos, la caída de la actividad turística y la grave afectación de las actividades económicas en el estado de Morelos.
El pasado 11 de diciembre del 2009, en el fraccionamiento Los Limoneros, del poblado de Ahuatepec del municipio de Cuernavaca, tuvo lugar un tiroteo entre militares y narcotraficantes que dio como resultado la muerte de una vecina que pasaba por el lugar.
El mismo diciembre, el día 16, en la colonia La Selva del municipio de Cuernavaca se realizó un operativo a cargó de la Secretaría de Marina, con la finalidad de lograr la captura de Arturo Beltrán Leyva, dando como resultado la muerte de un civil que circulaba por el lugar.
Los ciudadanos del estado de Morelos hemos padecido de retenes montados por parte de militares, Policía Federal Preventiva, Policía estatal y municipal, violando de esta manera el artículo 11 constitucional.
Los morelenses estamos conscientes de las medidas preventivas que diferentes autoridades realizan para preservar la seguridad pública. Lo que no es correcto y viola la integridad y seguridad de los ciudadanos es que en los retenes, los pasajeros son bajados de sus vehículos con lujo de violencia, siendo cateados como si de criminales se tratara,
El que los militares actúen con pasamontañas es ilegal, violatorio de los derechos humanos de la población, ya que ésta no puede denunciar al no estar en posibilidades de identificar a quienes le agreden y, por tanto, no alcanzan justicia.
Asimismo, violando el artículo 16 constitucional, catean con violencia y sin orden judicial domicilios particulares, unidades habitacionales, colonias populares, fraccionamientos, incluso, establecimientos comerciales.
Los militares han tratado de impedir la labor de periodistas que documentan el desarrollo de operativos y detenciones arbitrarias que están cometiendo. También se les ha obstaculizado grabar y fotografiar las acciones, intimidándolos verbal y físicamente para que no lleven a cabo su labor profesional.
La ONU no recomienda el uso del Ejército en labores de seguridad pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, violentando de esta manera el Estado de derecho.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, rindió su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haciendo serios señalamientos a varios gobernadores, entre ellos, al gobernador del estado de Morelos, por ignorar las recomendaciones emitidas a distintas violaciones a los derechos humanos dentro del ejercicio de su administración.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha contra de la delincuencia organizada, respeten las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos morelenses.
Por obviedad de tiempo, señor presidente, le solicito sea integrado todo el texto al Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los consejos de la Judicatura Federal y del Instituto Federal, lleven a cabo las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y magistrados respecto a las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal de los delitos de pornografía infantil agravada, imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Es un punto de urgente u obvia resolución. Es una vergüenza la impartición de justicia en nuestro país. Vengo a esta tribuna a exigir justicia; esa justicia que no sea dilatoria, que no favorezca la impunidad; que no encuentre resquicios legales para dejar en libertad a pederastas, pornógrafos que se esconden bajo alguna sotana para cometer delitos, o que gozan de favores de las interpretaciones judiciales para seguir delinquiendo.
Es indignante. En este país existe impunidad a los ojos de todas y todos; corrupción y negligencia en la impartición de justicia. Quienes cometen delitos deben ser sancionados, más aún si estos delitos son cometidos contra nuestras niñas y niños, que son el sector más vulnerable de la sociedad.
Diputadas y diputados, los delitos referidos fueron cometidos contra menores indefensos, niñas y niños víctimas de depredadores sexuales, de animales, de sujetos que son basura para esta sociedad, que nos causan una indignación profunda, rabia y un coraje.
Señoras y señores, esta basura de la sociedad hoy está a un paso de ser declarados inocentes o puestos en libertad por autoridades judiciales de nuestro país.
Estos hechos tienen un antecedente en una averiguación previa iniciada por los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, que derivó de la detención y arraigo de los probables responsables, entre ellos destaca el nombre de Rafael Muñiz López, por tratarse de un sacerdote de la diócesis de Xalapa, Veracruz.
En su integración, la PGJDF logró acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de dichos sujetos, al recuperar los archivos borrados y eliminados en contra de pornografía infantil en las computadoras del inculpado Rafael Muñiz López.
Con todos estos elementos, se ejerció acción penal en contra de Rafael Muñiz López, señalando como el principal proveedor y distribuidor de la pornografía infantil, alias El lobo siberiano y sus cómplices.
En consecuencia, el juez 44 penal del Distrito Federal dictó auto de formal prisión a Rafael Muñiz, en el que consideró que el bien jurídico tutelado en el caso del delito de pornografía infantil es la moral pública, cuando en realidad es el delito de libre desarrollo de la personalidad psicosexual de la infancia, como lo establece la legislación penal en la capital.
Sin embargo, de forma extraña e irregular, pese a que el delito de pornografía infantil es un delito grave, le dio derecho a fianza, misma que se ha dicho pagó con ayuda del obispo de Xalapa.
A solicitud del sacerdote, el Juez Décimo de Distrito en Materia Penal otorgó la protección de la justicia federal, al igual que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dichos tribunales consideraron que el juez 44 Penal del Distrito Federal no fundó ni motivó debidamente el auto de formal prisión, además de no precisar en qué forma Rafael Muñiz participó en la comisión de los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada.
Diputados y diputadas, fueron más de 20 mil fotografías y videos de pornografía infantil, de niñas y niños, las encontradas en los archivos de este pornógrafo, mismas que intercambió y almacenó. Ya lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al decir que lo detectado en las conductas de este pederasta es ?dicho por el propio presidente, y cito? un acto de resultados pervertidos que nos han indignado a todos.
Incluso en entrevista con Carmen Aristegui, el magistrado indicó que en la conducta de Rafael Muñiz ?cito?: "hay claramente pornografía infantil, con niños de ni siquiera un año; con recién nacidos"; son indescriptibles las fotografías, y comenta: "Nadie resistiría verlas todas en su conjunto".
Lamentablemente hemos tenido conocimiento de que el juez 44 de lo Penal del Distrito Federal, pese a que podría subsanar las deficiencias y dictar un nuevo auto de formal prisión o resolver únicamente sobre el almacenamiento de la pornografía infantil, otra vez de forma extraña optó por resolver que no contó con los elementos necesarios para subsanar las deficiencias señaladas y dictó, desgraciadamente, auto de formal libertad a Rafael Muñiz, mismo que ya fue impugnado por la PGJDF.
Diputados y diputadas, este caso ha evidenciado ?por decir lo menos? la falta de conocimiento y de voluntad de jueces y magistrados para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que todos los días y a cada hora son explotados sexualmente en este país.
Diputadas y diputados, para juzgar y condenar a este pederasta, a los otros delincuentes de su red de pornografía, así como a los otros pederastas, tratantes de personas, abusadores, violadores, homicidas, se necesita voluntad. Trabajar por las y los habitantes del país, por la sociedad. Hacer valer la Ley para la Impartición de Justicia..., voluntad que no han tenido algunas y algunos jueces y magistrados de este país.
Hoy, Rafael Muñiz está en contravención de la ley y con la permisibilidad de las Diócesis de Xalapa, que en un comunicado dijo que "celebra la liberación, y lamenta el desgaste físico, emocional y psicológico de El lobo siberiano".
¿Y qué ocurre con las niñas y los niños; con las víctimas de estos depredadores? Nada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Casi nadie se ocupa de este daño físico, emocional y psicológico. Es evidente que ni a los jueces ni a la Iglesia les importa.
Por todo esto, solicitamos que la Comisión de Justicia pueda crear una Subcomisión de investigación y seguimiento de las actuaciones, determinaciones y sentencias emitidas por jueces del fuero común y federales respecto de los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, en las que se encuentra en calidad de inculpado el señor Rafael Muñiz López y cuatro personas más; y que se pronuncien al respeto.
Que dicha subcomisión exhorte y lleve a cabo las acciones necesarias para el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y determinen si fue o no conforme a derecho el proceder del juez décimo de distrito en materia penal.
Por último, se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a dar puntual seguimiento al actuar de las y los jueces, y a los trabajos de la subcomisión.
Cárcel a pederastas. Cero tolerancia a pederastas en este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se pregunta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente, dos terceras partes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. Está a discusión. En virtud de no existir ninguna compañera legisladora y ningún compañero legislador registrado, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese.
Se recibió del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se turna a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. El propósito de este punto de acuerdo es solicitar la comparecencia de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico.
¿Por qué es necesario que los explique? Ustedes recordarán que en noviembre, de repente, apareció ahí una iniciativa ?que salió de la nada? para exentar del cobro de los derechos a unas personas que fuesen los beneficiarios de una posible licitación ?de la que hablaba el cuerpo de la iniciativa? del espectro radio eléctrico.
El 16 de febrero pasado nos enteramos que dos empresas ?que desde un principio se sabía que iban a ser las beneficiadas? firmaron un acuerdo de compra-venta por el 30 por ciento de una telefónica ?estoy hablando de Televisa y de Nextel? a condición de que estas empresas ganaran tal licitación. En opinión de algunos especialistas, el hecho de que estas empresas ganen esa licitación implicaría que nadie, por lo menos en el mediano plazo, tendrá la capacidad de competir con Televisa en materia de mercados convergentes. Eso, señores, es la creación y el reforzamiento de un monopolio.
Hace un rato vimos cómo un diputado juraba bajo la Constitución. La diputada a Constitución prohíbe la existencia de este tipo de monopolios; y con una mala licitación, con una licitación amañada de estas frecuencias, estaremos fortaleciendo a un monopolio. Monopolio que de hecho ya existe.
En noviembre pasado la Comisión Federal de Competencia le impuso una multa a Televisa por llevar a cabo prácticas monopólicas. Dicha multa ?valga decir? representó apenas el 2 por ciento de sus ingresos en un trimestre. Es decir, pagando en este país se puede seguir violando la ley.
Por eso es de suma importancia, para no violar la Constitución, que venga Juan Molinar Horcasitas a explicar los criterios bajo los cuales están licitando, porque es absurdo que se les perdonen derechos y que por la otra parte, por ejemplo, se le cobre impuestos a los jubilados. Todo esto lo tiene que venir a explicar Juan Molinar Horcasitas. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
Se encuentran entre nosotros, en este recinto, invitados de la CTM de Guadalajara y de Puerto Vallarta, que fueron invitados por el señor diputado Rafael Yerena Zambrano. Sean ustedes bienvenidos.
Asimismo, se encuentran entre nosotros estudiantes y maestros de la Escuela Ignacio López Rayón; y vecinos de la colonia 10 de Abril, invitados por el diputado David Sánchez Guevara. Sean todos bienvenidos a este recinto.
Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía, para que en la Estrategia Nacional de Energía que envía al Congreso para su ratificación considere la propuesta, suscrita por los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Con su permiso, diputado presidente. Solicito, dado que tengo dos puntos de acuerdo seguidos, el 12 y el 13, poder hacer uso de la palabra por 10 minutos, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada. Adelante, por favor.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Muchas gracias. Por ley nosotros somos los responsables de establecer los lineamientos en cuanto a la seguridad energética, porque así nos obliga la Constitución. Debemos defender la renta petrolera y las áreas exclusivas. Por ley estamos llamados a definir la Estrategia Nacional de Energía.
Para llevar a cabo esta tarea parlamentaria es necesario que todos y todas nos conduzcamos con responsabilidad y que nadie se esconda en eufemismos para entregar nuestro patrimonio nacional a las empresas trasnacionales.
El martes pasado el diputado Navarrete Prida expuso ante esta soberanía que las modificaciones hechas a las disposiciones administrativas eliminan los términos de inconstitucionalidad que nosotros habíamos señalado para interponer la controversia constitucional.
Con todo respeto, yo reto al diputado Navarrete Prida a un debate sobre la inconstitucionalidad de estas disposiciones administrativas. Realmente es importante que haya debate.
Si nosotros observamos lo que sucedió la vez anterior, resulta que fuera de toda reglamentación, primero dejaron que habláramos nosotros, los que estábamos en contra, y finalmente, se cerró el debate con la intervención de Navarrete Prida con el cual tenemos que discutir públicamente lo relacionado con estos aspectos que nosotros reiteramos, contienen estas disposiciones y que son inconstitucionales y representan una traición a la patria.
Sin embargo, se detalló mucho en un debate en torno a las monedas conmemorativas del bicentenario, donde quedó claramente detallado que confunden medallas con moneditas milagrosas. Pero al margen de que Navarrete Prida acepte o no acepte este debate, la ley obliga a esta asamblea a determinar la estrategia energética.
Por vez primera, a partir de la reforma energética de 2008, quedó contenido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 33, que durante febrero deberá entregar el Ejecutivo federal su propuesta de estrategia energética con un horizonte a 15 años, misma que se deberá debatir en el Congreso para ratificarse o modificarse.
Ésta es la oportunidad que tenemos de tomar verdaderamente en consideración también los aspectos que contempla la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en cuanto a los criterios que se deben de establecer en esta estrategia nacional de energía, de que por cierto, mañana van a hacer entrega a esta soberanía.
Estos criterios son, en primer lugar, la seguridad energética, la sustentabilidad en la plataforma anual de extracción de nuestros hidrocarburos. Dentro de estos criterios también está la diversificación de los mercados, la incorporación del mayor valor agregado a nuestros productos petroleros, el desarrollo de la planta productiva nacional y la protección al medio ambiente. Estos elementos representan los principios que nosotros, como diputados y diputadas, debemos de seguir por ley, respetando la Constitución y los reglamentos.
Hoy presentamos nuestra propuesta alternativa del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, signada por cada uno de los coordinadores.
Felipe Calderón presentará ?como he señalado? mañana su iniciativa. Por otro lado y en términos de ley, nosotros afirmamos que la seguridad y soberanía energética es un asunto evidentemente estratégico y de seguridad nacional. En cambio la señora Kessel contrata a consultoras extranjeras, como es el caso de McKinsey, para definir los próximos años de política energética en el país. ¡Qué barbaridad!
Nuestra propuesta, en cambio, reconoce que es imprescindible contar con una política a largo plazo que asegure la autosuficiencia y considere de manera integral todos los componentes energéticos tales como son el petróleo, el gas, la energía eléctrica y las fuentes renovables.
Por ello, proponemos establecer como norma el uso de recursos propios y la exportación exclusivamente de los excedentes petroleros.
En sentido opuesto, Kessel contrató a McKinsey, quien aconsejó cambiar el sentido a Pemex para convertirla solamente en una administradora de contratos y dejar de ser una operadora, es decir, impidió que Pemex siguiera explorando y perforando.
Mientras tanto, nuestra estrategia plantea para Pemex la construcción de tres nuevas refinerías no dar contratos a privados en tareas de exploración y producción de crudo. Prohibir la contratación de bloques o áreas de trabajo. Disminuir la dependencia de nuestras finanzas nacionales al petróleo. El uso racional de los hidrocarburos. La integración de Petróleos Mexicanos en una sola entidad y un comité legislativo anticorrupción.
En cambio, Kessel contrató a McKinsey, consultora en 1992 valuó a 18 bancos mexicanos en 13 mil millones de dólares, cifra con la que nueve años después solamente uno de los bancos, Banamex, se vendió en esa misma cantidad. Ya sabemos quiénes fueron los empresarios beneficiarios de estas transacciones. Ya sabemos quién está detrás de McKinsey.
Nuestro proyecto, en cambio, se centra en garantizar la soberanía y la seguridad energética, el acceso universal de la población a la energía, el fortalecimiento de Pemex, de la CFE y la reincorporación de Luz y Fuerza, en fin. Nuestra propuesta es una propuesta con visión nacional, una visión estratégica que busca realmente reconocer al petróleo como palanca de desarrollo.
Por el contrario, la de Calderón se basa en la recomendación de una consultora que ha llevado a nuestro país a realizar los peores negocios a costa de qué: de la pobreza y del desempleo.
Finalmente quiero señalar que corresponde a nosotros, diputados y diputadas, discutir, debatir esta propuesta energética y por lo tanto planteo también que se establezcan normas de procedimiento para el debate, la realización de un foro con la participación de expertos en los ramos, audiencias y comparecencias con representantes del sector energético, con preguntas parlamentarias dirigidas a los funcionarios.
Aún es tiempo de frenar la ambición desmedida de quienes pretenden gobernar en la inestabilidad. Aún es tiempo de frenar la entrega de nuestros recursos naturales. Aún es tiempo de salvar a la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se turnan ambas a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Sergio Octavio Germán Olivares. No se encuentra en el recinto. Se pospone su participación.
Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue los recursos económicos designados a las entidades federativas a través del presupuesto 2010 para la implementación de las políticas públicas.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, ciudadano presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Votamos y aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación, y destinamos los recursos de este país para que se implementaran a la brevedad políticas públicas en nuestros estados y también para darle vida a muchos programas de esta nación que requieren la urgencia con el criterio de que estamos pasando una de las peores crisis económicas que ha vivido nuestro país.
Es práctica común que en los meses de octubre, noviembre, e incluso diciembre, nuestros gobernadores están en la Secretaría de Hacienda pidiéndole de caridad al secretario entregue los recursos que desde el PEF estuvieron destinados para los estados.
También estamos por terminar el mes de febrero y todavía no se publican las reglas de operación de muchos de los fondos a donde mandamos el recurso para la utilización y el ejercicio de los fondos que son necesarios para que en nuestro país estén circulando.
Es lamentable que nuestros gobernadores en uso de su derecho y además, en base a que nosotros en el PEF les destinamos los recursos a nuestros estados para que tuvieran la posibilidad de activar la economía ?que tanto necesitamos en estos momentos reactivar?, no la tengan, porque todavía no se les etiquetan los recursos desde la Secretaría de Hacienda que ya están disponibles desde el PEF, y también los fondos todavía no tienen sus reglas de operación.
Es por eso que quiero pedirle presidente que consulte a la asamblea para que este punto se convierta en un punto de urgente u obvia resolución.
Que le pidamos a la Secretaría de Hacienda, le entregue a la brevedad los recursos que corresponden a los estados designados en el PEF y también que antes de que termine este mes de febrero se publiquen todas las reglas de operación de los fondos a los que mandamos recursos importantes para la reactivación económica. Eso es lo que le pido, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: No, presidente. Le estoy pidiendo que le pregunte a la asamblea si puede ser de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tenía que haberse hecho el trámite correspondiente ante la Junta de Coordinación Política, diputada.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: No. Por eso le estoy pidiendo que en este momento. Lo que pasa es que ese punto está agendado desde hace 3 sesiones, por eso no estaba como urgente u obvia resolución. Pero a propósito que estamos por concluir el mes febrero y apenas entró el punto, estoy pidiéndole que se le considere a la asamblea?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Los procedimientos que tenemos establecidos, con todo respeto, diputada, es que son vistos en la Junta de Coordinación Política?
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Pero se puede preguntar a la asamblea, si la asamblea no está de acuerdo?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Una vez que están ahí, de ahí los atendamos, diputada.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: La asamblea puede estar o no de acuerdo, presidente. También usted?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Fue aprobada el acta del orden del día en los términos como vienen, diputada. Con todo respeto, se lo manifiesto.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Le pido, también con todo respeto, le pregunte a la asamblea, presidente. Es mi derecho y es su obligación preguntar.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tenemos un procedimiento que hemos venido atendiendo desde el 1 de septiembre y continuáremos haciéndolo en la medida en la que continúen siendo las sesiones, para poder resolver los temas que tenemos agendados, diputada.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Muy bien, presidente. Nada más que usted no obedece el Reglamento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se pospone la intervención del diputado Canek Vázquez Góngora, en virtud de que no se encuentra en la sala.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado. ¿Con qué objeto desea usted intervenir?
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Rectificar lo que dijo la diputada. Los estados de la república merecen que la Secretaría de Hacienda mande los fondos que se aprobaron aquí en el PEF y que la Cámara de Diputados en pleno la aprobó y que estos señores lo están regateando, mientras en los estados de la república faltan medicinas en los hospitales, faltan que se sigan haciendo carreteras.
La gente se muere de hambre y aquí nosotros los diputados que debemos velar por los intereses del pueblo salimos con mediocridades de que hay un reglamento y que hay un reglamento.
¿Cuál reglamento? Si los diputados somos la voz del pueblo. Venimos aquí a exigir cosas justas para el pueblo.
La gente de Durango, de Zacatecas, de Coahuila, de todos lados, por culpa del mediocre secretario de Hacienda es que no llegan los fondos a los gobernadores y no hacen las obras que se necesitan.
Exigimos cordura y respeto a los diputados. Que quede fuera esa mediocridad de que hay un reglamento, mientras el pueblo al que representamos se está muriendo de hambre.
Creo que usted ha de ser de los del dedazo, no lo eligieron. Por eso no sabe lo que es ser representante popular.
Exigimos que se le pida al secretario de Hacienda que se liberen esos fondos y se manden a los gobiernos de los estados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le tiene por esas manifestaciones. Continuamos con el procedimiento establecido.
Tiene la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad, el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos: Con su permiso, señor presidente. Le solicito que se inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ejercer con transparencia y equidad el presupuesto aprobado por esta soberanía destinado a la delegación Iztapalapa.
Como representante de una de las delegaciones más castigadas en cuestión de servicios públicos de esta ciudad, sin duda Iztapalapa es un territorio sumamente productivo políticamente para el Gobierno del Distrito Federal. Es por esto que mi cuestionamiento radica en la forma en que se ejerce el presupuesto que se aprueba para la demarcación.
Más de la mitad del presupuesto aprobado para el ejercicio de 2009 no había sido ejercido en septiembre de dicho año. Esto, compañeros, es inadmisible en cualquier administración, más aún cuando nos referimos a una demarcación que es abatida con la escasez de agua, la inseguridad y, sobre todo, la alta marginación y pobreza en el Distrito Federal, siendo ejemplo de la enorme desigualdad que aqueja a nuestra ciudad; por todas estas razones resulta siempre más afectada en caso de desastres naturales, como el que recientemente vivimos.
Según el Gobierno del Distrito Federal, los principales logros durante 2009 en la delegación Iztapalapa fueron:
1. Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas.
2. Conservación y mantenimiento de 18 mercados públicos.
3. Programas de equidad de género, desarrollo y asistencia social.
Compañeros, estoy cumpliendo con mi mandato como representante de la ciudadanía de Iztapalapa, para que se ejerza responsablemente el presupuesto aprobado para la delegación, que asciende a 2 mil 944 millones de pesos.
Para el presente año el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo Fortamun y FAFEF fue de 2 mil 944 millones de pesos, lo que implica un 1.3 por ciento más que el año anterior. El Fondo de Fortalecimiento Municipal para Iztapalapa en 2010 es aproximadamente de 733.082 millones de pesos, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas es de cerca de 451.049 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se estima un ingreso fiscal aproximado de un millón 616 mil 54 millones de pesos.
En este orden de ideas, el presupuesto etiquetado de la delegación se establece de la siguiente manera:
a) Programa Integral de Mejoramiento de Escuelas (PIME): 126 mil 88 millones de pesos.
b) Mejoramiento Urbano y Accesibilidad: 225 mil 76 millones de pesos.
c) Proyectos delegacionales: 201 mil millones de pesos.
Por lo anterior, dado que la delegada manifestó ?durante una mesa de trabajo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? como prioridades la dotación de agua potable, el mejoramiento de la seguridad pública y educación, y solicitó un incremento del presupuesto para protección civil y apoyo a la economía de los habitantes de Iztapalapa; a pesar de que coincidimos en la necesidad imperante de agua potable en esta demarcación, así como un urgente incremento en la seguridad pública, no podemos sino manifestar nuestra suspicacia en el rubro etiquetado como "programas delegacionales" ya que no se especifica cuáles serán esos programas, pudiendo ser utilizados con fines electorales, o ?como parece señalar el ejercicio del año anterior? ser subejercido, siendo una obligación y responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, así como de las delegaciones políticas actuar con transparencia en el ejercicio de los recursos aprobados.
Los habitantes de Iztapalapa están cansados de promesas. Es imperativo que el Gobierno del Distrito Federal se responsabilice y ejerza oportunamente los recursos aprobados para dicha demarcación, y que, además, lo realice con transparencia, ya que está obligado a ello.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad, el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Silvia Esther Pérez Ceballos. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, acepte la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. A nombre del diputado Francisco Hernández Juárez, y adhiriéndome a la propuesta que él hace, planteamos los siguientes aspectos.
Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a la explosión en la mina 8 en Pasta de Conchos.
Consideraciones
Este 19 de febrero se cumplen cuatro años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila. Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno, han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, que prácticamente lo podemos catalogar como un crimen industrial. Los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo, dueños del corporativo industrial Minera México.
A lo largo de estos años, los deudos de los mineros fallecidos han logrado importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hace responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas.
En las legislaturas LIX y LX ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia en la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión, y que el grupo industrial Minera México lo era por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos.
Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Público de la Federación para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencia en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene, y de tutelar la vida de los trabajadores en la mina Pasta de Conchos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008, que el Ministerio Público de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia.
Del mismo expediente se determina que es necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8, que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro. Además, que se hace necesario un peritaje de química forense, a fin de buscar e identificar las sustancias explosivas, para lo cual debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina.
Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR, incluso el agente del Ministerio Público de la federación solicitó al director general de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy respuesta alguna de la citada dirección.
Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado.
El diputado Ramón Jiménez López: Concluyo, señor presidente. Esta impunidad ha permitido que el Grupo Industrial Minera México siga incumpliendo y poniendo en peligro la vida de sus trabajadores, pues mientras no se castigue a los responsables del homicidio industrial ni a los funcionarios que debieran evitarlo, las normas de protección a favor de los trabajadores seguirán siendo letra muerta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez a que, atendiendo al artículo 102, Apartado B de nuestra Carta Magna, acepte la recomendación 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de la dependencia a su cargo durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, y en consecuencia, implemente los puntos recomendatorios con el fin de reabrir la averiguación previa y realice las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad a que haya lugar. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Se pospone la participación del diputado Marco Antonio García Ayala, por no encontrarse en el recinto.
Tiene la palabra la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Nayarit envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del Programa Operativo, coordinado con el municipio de Tepic, Nayarit.
La diputada María Felicitas Parra Becerra: Con su venia, señor presidente. La delincuencia organizada en el país se ha incrementado de manera considerable. Sin embargo, el gobierno federal ha implementado diversos programas de coordinación entre las esferas de gobierno, con la finalidad de abatir la inseguridad relacionada con la delincuencia organizada.
En el estado de Nayarit, en fechas recientes se han registrado ataques arteros de organizaciones delictivas a realizar actividades ilícitas y que tienen presencia en el estado.
Tal es el caso de los hechos suscitados este mes donde hubo un enfrentamiento con armas de fuego y donde como resultado de ello resultaron 5 personas fallecidas y más de 4 heridas. Sucesos que no sólo expusieron la vida de personas de la sociedad civil en dichos enfrentamientos, sino que también fueron afectados en su integridad física y atentaron contra la estabilidad emocional, tranquilidad y paz social de la que presumíamos hace algunos años en nuestra entidad.
Las autoridades municipales, estatales y federales pusieron en marcha el Operativo Coordinado, que tendrá como principal encargo el rondar por las colonias y barrios del estado con patrullas municipales, de la Policía estatal y patrullas militares, tanto en las principales avenidas como en las calles del municipio de Tepic, con la finalidad de inspeccionar y combatir el ya vigente y real problema de la inseguridad que se ha detectado en los últimos días, de lo cual podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ya no se trata sólo de hechos aislados, como ha sido una reiteración de las autoridades encargadas de la seguridad pública estatal, sino de actos reiterados del crimen organizado.
El principal objetivo del Programa Operativo Coordinado no sólo es el de disminuir la comisión de delitos de la delincuencia organizada, sino también en concordancia con una de las premisas del presidente Felipe Calderón de combatir de manera frontal este flagelo que lesiona al pueblo de México, coadyuvar a través de la participación de los operativos en conjunto con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, principalmente realizando patrullajes de carreteras y caminos vecinales para prevenir actos delictivos, fomentar la prevención del delito y disuadir a grupos delictivos, entre otros.
Es por ello que hago uso de esta tribuna para solicitar de manera comedida, urgente e inmediata al gobierno de Nayarit que salvaguarde la seguridad e integridad de la población de Nayarit, a fin de que regrese la tranquilidad y concordia de la que gozábamos y de la que fueron privados los nayaritas con este tipo de acontecimientos violentos.
En mi partido, el de Acción Nacional, estamos comprometidos con la ciudadanía que representamos, en alzar la voz para solicitar los avances que haya sobre este programa. Es por ello que las diputadas y los diputados del PAN venimos ante esta honorable asamblea para solicitar al Poder Ejecutivo de Nayarit que haga uso del poder del Estado y de la representación popular que le confirió la sociedad nayarita, para que cesen estos ataques y enfrentamientos con resultados fatales, mediante acciones conjuntas que tengan como finalidad primordial?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, diputada, por favor.
La diputada María Felicitas Parra Becerra: ... lograr una mayor inspección y vigilancia de las calles. Asimismo, para que rinda un informe de los avances y resultados del Programa Operativo Coordinado. Es menester de este Congreso ser contrapeso no solamente del Ejecutivo federal, sino también de nuestros Ejecutivos estatales, para que nos brinden protección a todos y a nuestras familias con la finalidad de lograr, entre otras cosas, un mayor bienestar para todos. Sin duda alguna, esto logrará como objetivo principal el bienestar común.
La presente proposición tiene como finalidad solicitar al gobernador de Nayarit que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del Programa Operativo Coordinado en Tepic, Nayarit.
Señor presidente, le solicito que la presente se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise y resuelva el caso de Héctor Galindo Gochicoa; y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que efectúe su traslado al Distrito Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Mario di Costanzo, dígame.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, nada más para, en términos del reglamento, pedir verificación de quórum. Ya es una burla esto. En términos del artículo 112 pedir una verificación de quórum. Aquí está por escrito.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame el documento por escrito, diputado.
(Se hace llegar documento)
Continuamos.
Tiene la palabra el diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, A instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y las correspondientes que contrarresten el alza de precios debido al aumento del costo de las gasolinas y del diesel.
El diputado Héctor Pedraza Olguín: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, nuestra Constitución Política, en su artículo 27, fracción X, establece que el Estado debe de promover las condiciones para un desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleos, de generar oportunidades y, sobre todo, de elevar la calidad de vida de los campesinos en el agro mexicano.
Para ello se habrán de fomentar actividades agropecuarias y forestales en el marco del desarrollo nacional haciendo un uso eficiente del suelo, del agua, de la tierra, a través de infraestructura, generando o dotando de insumos, de créditos, de servicios y de capacitación permanente.
Con la finalidad de materializar este espíritu constitucional, en diciembre de 2007 entró en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde busca consolidar este desarrollo agropecuario a través de la planeación, de la organización y que rinda mejores resultados.
Pero con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, en su Capítulo de Granos Básicos de Maíz, que permite el ingreso sin aranceles al país de diferentes granos y productos como el maíz, el frijol, la caña de azúcar y la leche en polvo que vienen de Estados Unidos y de Canadá, difícilmente nuestro campo puede ser competitivo con dichos productos.
Y si a ello le sumamos la falta de tecnología, de subsidios, emigración masiva principalmente de jóvenes hacia los grandes centros urbanos, el bajo presupuesto dirigido al campo, el elevado costo de los insumos, dicha competencia es desleal y esto ha provocado un encarecimiento en los productos y la preferencia de los compradores por productos de menor costo.
En síntesis, todo esto representa un golpe a la economía del campo mexicano y, por ende, en la actividad agropecuaria se ha perdido el interés en los últimos años.
Aunado a lo anterior, los aumentos de los combustibles que vienen dándose en la presente administración desde el inicio del llamado gasolinazo y que han elevado los costos de los combustibles, que es un motor fundamental para propiciar el desarrollo en el sector agropecuario, trajo también consigo el incremento, de manera excesiva, de la canasta básica, pegando fuertemente a la economía, los exiguos bolsillos de los campesinos y sin duda generando una situación de pobreza de muchas dificultades en la zona rural de nuestro país.
De alguna manera, esto contradice el anuncio que profiriera el Ejecutivo federal el año pasado cuando manifestó que a fin de apoyar a las economías mexicanas para enfrentar la crisis iba a estabilizar el precio de los combustibles particularmente el diesel y la gasolina. Lamentablemente?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Héctor Pedraza Olguín: ?este precio ha generado problemas, por lo que pido, muy atentamente, se pueda, como punto de acuerdo único, exhortar al Ejecutivo, a fin de que por conducto de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, instaure medidas para favorecer a los campesinos en el área rural. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Pedraza Olguín. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.
Señores diputados, hemos recibido la solicitud por escrito para verificación de quórum, y en los términos del artículo 27 de los acuerdos relativos al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se ordena la verificación de quórum. Asimismo, se ordena abrir el sistema parlamentario de asistencia de votación y audio automatizado hasta por 10 minutos para tal efecto, en los mismos términos del acuerdo. Mientras transcurre este tiempo continuaremos con el desahogo de la sesión, para poder hacer la verificación correspondiente.
Proceda la Secretaría, en los términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario relativo a las asistencias, le pido a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para la verificación del quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se denuncian las actividades proselitistas, partidistas, del gobernador del estado de Colima.
El diputado Leoncio Morán Sánchez: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados. El pasado lunes 8 de febrero en la Colonia Arboledas del Carmen, del municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, entre la una y las dos de la tarde, el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, puso en marcha la construcción del piso firme número 100, como parte del programa gubernamental estatal Cien Días Cien Pisos.
Esto en un evento público acompañado, entre otras personas, por la alcaldesa de la localidad, el secretario general de gobierno y el secretario de Desarrollo Social. De acuerdo con información proporcionada por testigos asistentes a dicho evento, y lo que muestran diversas fotografías que exhibo ante ustedes en este momento, el ciudadano gobernador Mario Anguiano Moreno portó en todo momento una camisa verde con el logotipo del PRI, violando de esta forma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente en materia electoral que prohíbe el uso de los recursos públicos y programas de gobierno para la promoción de la imagen personal y de los partidos políticos.
El gobernador de Colima incurrió en diversas violaciones a la Constitución y a la ley, ignorando de manera flagrante los principios de imparcialidad y de equidad observables por todo servidor público de cualquier orden de gobierno, haciendo uso indebido de los recursos y programas públicos, con lo cual el acto fue deliberadamente desvirtuado para convertirse en un acto de propaganda partidista.
El gobernador Anguiano está incurriendo en un delito federal al utilizar recursos públicos derivados de un programa de gobierno en beneficio del PRI. Así lo señalan las sanciones del Código Penal Federal en su artículo 407: se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado.
En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno haya quien aproveche su condición pública para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes, cumplir con la ley, con el Estado de derecho, y no andar presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político.
Ostentar el cargo de gobernador de un estado de la república debe representar una alta responsabilidad frente a los gobernados y frente a la nación. Gobernar es servir; no tomar ventaja política del cargo. Gobernar es poner el poder al servicio del bien común, no al servicio de intereses particulares o de intereses mezquinos.
Por lo anterior, presento ante el pleno este punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes, a saber, la Comisión Jurisdiccional de esta soberanía, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Colima y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, a iniciar las acciones correspondientes, dada la probable utilización de recursos públicos para fines de proselitismo político a favor del Partido Revolucionario Institucional, por parte del gobernador constitucional del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de las Secretarías de Hacienda, Economía, y Medio Ambiente con relación a la situación de la industria automotriz.
La diputada Indira Vizcaíno Silva: Con su venia, señor presidente. El sector automotriz generó al menos un millón de empleos directos y aportó divisas al país por 17 mil millones de dólares en 2008; sin embargo, la fabricación de automóviles en México reportó un decrecimiento de 34.9 por ciento entre enero y octubre de 2009 respecto del mismo periodo de 2008.
La crisis que atraviesa la industria automotriz significa una caída de más de 31 por ciento que acumulan las ventas del mercado interno.
La Secretaría de Economía desde hace tres años ha destinado apoyos a la industria automotriz por 4 mil millones de dólares. De dicho monto, 70 por ciento se ha destinado en 2009 para atender el problema de liquidez de las empresas y, además, el Programa para la Preservación del Empleo para la nómina de las empresas, en caso de paros técnicos por la contracción del mercado.
No obstante, para los especialistas, las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno federal para este sector no son contracíclicas pues no impulsan las ventas de autos nuevos en el mercado mexicano.
Recientemente la Secretaría de Economía anunció la ampliación del programa de renovación vehicular; sin embargo, de acuerdo con los especialistas, el programa ha fracasado no sólo porque el apoyo es insuficiente, sino porque además se han chatarrizado sólo 3 mil 680 vehículos de un promedio de 700 al mes, cuando la expectativa es que serían destruidos entre 8 mil y 10 mil vehículos mensualmente.
En este sentido se han planteado algunas propuestas, entre las cuales se encuentran la eliminación de la tenencia de automóviles nuevos, así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa nacional de renovación vehicular.
Desde nuestra apreciación, se pueden impulsar también otros estímulos adicionales a los que solicita el sector para beneficiar con la deducibilidad de autos nuevos a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños productores, cooperativas, universidades, escuelas rurales, organizaciones sociales, campesinas, pesqueras, etcétera.
Una medida para incentivar al sector automotriz y que la Secretaría de Economía pueda impulsar tiene que ver con mejorar las reglas existentes a cubrir por los automóviles usados que ingresan al país.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de acuerdo
Esta soberanía acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que rinda un informe sobre otorgar incentivos al consumidor, impulsar el programa de renovación del parque vehicular, la eliminación de la tenencia de automóviles nuevos, así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos, y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa de renovación del parque vehicular.
Se acuerda solicitar a la Secretaría de Economía que proceda a realizar una investigación del Programa vigente de Renovación del Parque Vehicular, así como alcances, limitaciones y su impacto económico. Del mismo modo que se incluya el costo-beneficio si se consideran las propuestas del sector automotriz. Una vez concluida la investigación que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Tercero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el marco de sus atribuciones, verifique la correcta aplicación de los mecanismos de emisiones y condiciones físico-mecánicas de autos usados para que, en caso de que se encuentren en buenas condiciones, no sean incluidos en el Programa de Chatarrización de Vehículos, por contar con más de 10 años, situación que afecta a las familias que no pueden acceder a la compra de un auto nuevo. Asimismo, se solicita a la Semarnat un informe sobre el seguimiento de la situación en que se encuentran los centros de verificación vehicular del país. Muchas gracias. Le pido que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.
Tiene la palabra?
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Quiero solicitarle a la diputada, si puedo sumarme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Indira Vizcaíno Silva ¿está usted de acuerdo en que se sume el señor diputado y que suscriba su iniciativa?
La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): Sí, claro.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Quienes deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía, del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios mexicanos.
El diputado Óscar García Barrón: Sería criminal conservar la mordaza y el silencio, y no denunciar ante la nación las injusticias hacia los más pobres de nuestra patria, que es México.
Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados. Someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo en el que solicitamos la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex Trabajadores mexicanos y que comparezca ante esta honorable asamblea.
Los ex trabajadores migratorios mexicanos representan el símbolo de la injusticia en su expresión más descarnada. Expresión que, para algunos, pudiera ser temeraria, pero que basta recorrer las ciudades, los ejidos, comunidades y rancherías de nuestro sufrido país y ahí encontraremos la justificación de lo antes dicho.
Los problemas sociales que enfrenta nuestra gente son tan añejos que siguen vigentes, gracias a un gobierno insensible y sin compromiso social. Son tan visibles que la miopía y torpeza gubernamental no les permiten mirar al horizonte.
Don José María Morelos y Pavón, en su obra maestra, Los Sentimientos de la Nación, sabiamente hizo referencia a procurar justicia social y eso debe ser nuestro compromiso como legisladores, representantes de la nación y custodios de los derechos sociales de los mexicanos.
El día 25 de mayo del año 2005, compañeros diputados, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea dicho fideicomiso. Dicha acción generó algarabía y provocó una esperanza de justicia en las familias de los ex braceros mexicanos. Pensaron que en pocos días tendrían en sus manos sus ahorros. Qué equivocados estaban, porque no ha acontecido dicha acción.
El descontento que provoca el abuso y atropello a lo más elemental del ciudadano, que es su dignidad, no se ha hecho esperar. Con la emisión de esta ley parecía que el Estado mexicano reconocía por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos de los ex trabajadores mexicanos que desde hace muchos años venían reclamando.
Somos testigos, como sociedad, compañeros diputados, que los ex braceros en su inmensa mayoría no han recibido sus ahorros como lo mandata la ley, y que el comité técnico del fideicomiso modifica su arbitrio, las reglas de operación, en detrimento de los intereses de los ex trabajadores migratorios. Por estas irregularidades, compañeros diputados, proponemos lo siguiente:
Primero. Exhortar al Comité técnico que administra el fideicomiso de apoyo social a ex trabajadores, a través de su presidente, que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que el pago correspondiente por 38 mil pesos, como lo establecen las reglas de operación, se pague en una sola exhibición.
Dos. Que sobre el período previsto por la ley, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya ?óigase bien? instruya una revisión de situación excepcional para auditar el fideicomiso de apoyo social de los ex trabajadores migratorios.
Y, finalmente, se exhorta al Comité Técnico a que revise las reglas de operación del fideicomiso para dar prioridad a los ex trabajadores migratorios mexicanos que por condición de salud o edad, tengan prioridad como lo mandata la ley.
Compañeros diputados, es por lo anterior que comparto la exigencia que se manifiesta en esta tribuna, y los invito a unirse y solidarizarse para apoyar esta causa justa de los más pobres de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputado García Barrón. Le pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputado Emilio.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, nada más para solicitarle respetuosamente si es tan amable de preguntarle al diputado orador, por considerar justa esa demanda de que les regresen lo que les robaron a los ex braceros, si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted, diputado García Barrón, que pueda sumarse?
El diputado Óscar García Barrón: Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Entonces, está de acuerdo el señor diputado para que todas aquellas compañeras y compañeros que deseen sumarse pasen a suscribir el documento a la Secretaría. Continúe la Secretaría en el cierre del sistema electrónico.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy bien. Pregunto primero si ¿hay algún diputado o diputada que no haya pasado asistencia además de la diputada Daniela Nadal y la diputada Laura Felicitas García, que no tienen todavía el sistema electrónico? Entonces, en el caso de la diputada Daniela Nadal, está pasando lista de asistencia. La diputada Laura Felicitas García, acá está también.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Permítame. Antes, estamos en lo de la lista de asistencia, diputado, un segundo. Si hay algún diputado o diputada adicional que no haya pasado.
El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): Presidente.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A ver, acá, diputado, de viva voz, de una vez diputado. Diputado Martell.
El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): Presente.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Ciérrese el sistema electrónico. Hay registrados 202 diputados y diputadas, diputado presidente. Ahora nada más pídales que no se vayan para que haya quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Hay quórum. Continuamos. Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila. Dígame, diputado.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Pido la palabra, señor presidente, para hechos. Soy de Durango y comparto con el compañero García Barrón la necesidad de que se les pague a los compañeros braceros, y pido se me dé oportunidad como diputado que soy, de hacer uso de la tribuna.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, solamente que son las proposiciones. No es tema de discusión ni está a discusión. Si estuviéramos en una discusión con mucho gusto le concedería el uso de la palabra, diputado; pero estamos en el capítulo de proposiciones y estamos turnando el documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para efecto de su análisis, diputado. Dígame, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, sólo para subrayar que son las 2:34; hay dos temas de la agenda política y aún no entramos a ellos.
Quisiera preguntarle si tanto el PRI, que tenía el tema de Ciudad Juárez, perdón, el PRD, que tenía el tema de Ciudad Juárez, como el PRI, que tiene el tema de los ex funcionarios encarcelados y algunos excarcelados, de Michoacán, han retirado ambos temas de la agenda.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No, diputado. Subieron aquí con nosotros algunos de los coordinadores parlamentarios; nos pidieron que continuáramos hasta las 2:45 atendiendo el tema de proposiciones en razón de desahogar el mayor número de asuntos y de entrar inmediatamente al informe del tema Michoacán, para poder concluir con ese tema la sesión. Así fue hecho el planteamiento, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima.
La diputada Indira Vizcaíno Silva: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. La diputada Hilaria Domínguez solicita la palabra. Para no interrumpirla, diputada, permítame. Diputada, a sus órdenes.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para solicitar que el punto de acuerdo que ha dado lectura nuestro compañero diputado Óscar García Barrón, también lo comparta con la Comisión Especial de Braceros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tomamos nota de lo usted nos solicita y lo veremos en la reunión de la Mesa Directiva para hacer el análisis correspondiente. Con mucho gusto, diputada. Adelante, diputada Indira Vizcaíno.
La diputada Indira Vizcaíno Silva: Muchas gracias. Recientemente, el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, fue acusado de enriquecimiento ilícito. Esto por haberse hecho acreedor, como él mismo lo ha aceptado públicamente, de dos bienes inmuebles de elevado costo durante su desempeño como gobernador. Es pertinente mencionar que la deuda estatal durante el mandato de Silverio Cavazos creció aproximadamente en 800 millones de pesos.
El actual gobernador no ha hecho público en qué se gastaron los mil 200 millones de pesos con que el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos dejó endeudado al gobierno estatal de Colima.
De acuerdo con cifras del gobierno del estado de Colima, hasta el 31 de octubre de 2009 la deuda del estado ascendía a mil 200 millones de pesos; 800 millones a pagar a largo plazo y 400 millones a corto plazo. Sin embargo, al cierre de 2009 se incrementó 76 millones más por deuda adquirida para cubrir compromisos.
Por otra parte, en el proyecto de la playa de La Boquita se llegó al acuerdo de suspender las obras hasta no recibir el estudio de impacto ambiental por parte de la Semarnat. Es en este sentido que se ha exhortado al gobernador a transparentar la historia de corrupción que ensombrece el convenio de compraventa de La Boquita, Manzanillo, para la creación de un megaproyecto turístico.
Por su parte, en la Cuenta Pública de 2006 la Auditoría Superior de la Federación le solicitó al órgano interno del estado de Colima que fincara responsabilidad administrativa sancionadora por infracciones en la transparencia y aplicación de fondos de los recursos correspondientes al ejercicio de 2006, con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.
Es pertinente señalar que ya se recibieron los resultados de la auditoría de 2008, en la cual se menciona que las autoridades del gobierno estatal habrían provocado un daño a la hacienda pública federal por un monto de 82 millones de pesos sólo en los rubros de seguridad pública, salud y obras durante el periodo fiscal que corresponde al ejercicio 2008.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima, del último año de gestión del ex gobernador Silverio Cavazos Cevallos, el cual comprende del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.
Asimismo, de forma respetuosa le solicitamos al Órgano Interno de Control del gobierno del estado de Colima, informe por escrito en un plazo prudente la solventación que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó de las observaciones realizadas a los ejercicios de 2006 y 2007 y el estado que guardan; y que el mismo sea entregado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación sobre los contratos y licitaciones de los recursos federales para el estado de Colima en el periodo citado. Una vez concluido el estudio, que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de la Función Pública de esta soberanía y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
Tercero. Esta soberanía exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Colima para que apoyen la realización de la auditoría, con lo cual se estaría apoyando a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que reciba la entidad.
Asimismo, se exhorta respetuosamente a que el gobernador de Colima considere las opiniones de la Auditoría Superior de la Federación; del Órgano Superior de la Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado; y de la Secretaría de la Función Pública. Y que esta opinión contribuya a dar respuesta a las demandas de la comunidad.
Compañeros diputados, que no nos tiemble la mano al votar por la transparencia. Muchísimas gracias. Solicito se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Vizcaíno Silva. Como lo solicita, se inserta íntegramente en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Morán, dígame.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Preguntarle a la disuada Indira si puedo sumarme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está de acuerdo, diputada?
La diputada Indira Vizcaíno Silva: Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pase, quien desee hacerlo, a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a Conaculta la totalidad de los recursos que fueron aprobados por esta soberanía para el ejercicio fiscal 2009.
El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
De conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 constitucional, corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Diputados el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En ejercicio de esta facultad constitucional, la LX Legislatura aprobó para el año 2009 un presupuesto total de 11 mil 931.34 billones de pesos, de los cuales el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ejerce directamente cuatro mil 991 millones de pesos para que opere en programas estratégicos como el de Financiamiento a las Culturas Municipales y Comunitarias y apoyos a organizaciones y a artistas.
No obstante el mandato Legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por razones que solamente ellos saben por la ineficiencia y opacidad que les caracteriza, de manera unilateral y arbitraria sustrae al Conaculta los ya de por sí insuficientes recursos que fueron aprobados.
Tal es el caso de los más de 300 millones de pesos aproximadamente que el Conaculta no ha recibido del presupuesto aprobado del año anterior. Esta circunstancia es una grave violación a la división de poderes y una inadmisible falta de sensibilidad y compromiso del Poder Ejecutivo federal con el arte y la cultura, ante la cual no podemos ni debemos permanecer al margen en tiempos en que el país se debate en una ola de violencia y criminalidad, en época de profunda desigualdad y pobreza, exclusión social y desempleo, agudizada por la errática y fallida política social, económica y fiscal del gobierno federal.
Se deben de reforzar aquellas acciones que nos conduzcan a recuperar la tranquilidad perdida y avanzar en una mayor justicia social como son el arte y la cultura, porque tenemos la certidumbre que es el mejor antídoto y es donde la paz encuentra asiento y sustento. Que no se confunda el secretario de Hacienda, esta no es una cuestión de números ni de criterios personales. Se trata de mexicanos iguales ante la ley que crean y actúan, cantan y bailan, pintan y escriben, que exigen que se les apoye con los recursos aprobados para tal efecto.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, todo parece indicar que para el presente año fiscal, el titular de rango hacendario procederá a realizar idénticas acciones en contra del Conaculta y, por ende, en contra de los artistas mexicanos. De aquí, desde la más alta tribuna del país, los diputados priistas le decimos al secretario de Hacienda que no vamos a permitir que se siga agraviando a la comunidad artística y cultural con decisiones que rompen el equilibrio de poderes y ponen en riesgo la precaria paz social.
En mérito de lo anterior, someto a consideración de este Poder Legislativo la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, en estricta observancia y respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal, a que de manera pronta y expedita entregue al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la totalidad de los recursos públicos aprobados por la LX Legislatura, para el ejercicio fiscal de 2009 y se abstenga de incurrir en desacato al mandato legislativo aprobado y publicado para el ejercicio fiscal de 2010, con las excepciones previstas en la ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y a los funcionarios que correspondan, informen a esta soberanía la situación jurídica que guardan los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, expulsados de su centro de trabajo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Herón Agustín Escobar García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.
El diputado Herón Agustín Escobar García (desde la curul): Presidente, es nada más para pedirle al diputado que acaba de hacer la propuesta si me permite sumarme a la misma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta el señor diputado?
El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor diputado. Todos aquéllos que quieran suscribirla pueden pasar a la Secretaría para poder adherirse a dicha propuesta.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2010. Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto, concediéndose el trámite de sólo turno a la Junta de Coordinación Política.
Proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, José Tomás Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por el que exhortan a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para que se revisen y modifiquen los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales.
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica por ausencia), diputada Josefina Vázquez Mota, (rubrica) y diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica).
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Casi estoy pensando que es mayoría por la negativa, diputado presidente. Volveré a recabar la votación porque no me quedó claro.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, vuelva a preguntar, secretario, para tener la certeza.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sé contar, lo que pasa es que casi nadie vota, entonces es muy difícil saber si están a favor o en contra.
Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). ? ¿Ven qué diferencia? ? Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Túrnese a la Comisión de Energía.
Continúe la Secretaría con Documentos enviados por la Junta de Coordinación Política
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Primero. Se extiende respetuosamente una excitativa a las comisiones ordinarias de Transporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que de inmediato tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público encuentren los cauces legales que permitan poner en marcha las obras que, en materia de comunicaciones y transportes, beneficiarán a los estados de la república.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar el plazo establecido en el artículo transitorio decimoquinto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, den ingreso y trámite a las solicitudes de registro ya presentadas por los estados a los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a su vez, informen cuántos proyectos han sido validados e ingresados formalmente al proceso de registro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pregunte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado.
Se recibió de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se propone que los diputados integrantes de la Cámara de Diputados donen un día de su dieta para la reconstrucción del patrimonio de las personas afectadas por las inundaciones ocurridas los días 4 y 5 de febrero del año 2010, en la Delegación Venustiano Carranza. Se está turnando a la Junta de Coordinación Política.
Señoras y señores, en virtud de los acuerdos legislativos que tenemos celebrados para el desarrollo de las sesiones, pasamos al siguiente punto que es Agenda Política. Comentarios en relación al informe trimestral de actividades del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Tiene la palabra el señor diputado Rubén Moreira Valdez.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores.
El 19 de febrero los integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, entregó a la Junta de Coordinación Política el primer informe trimestral, el cual fue aproado por todos los integrantes, del que me permito hacer algunos comentarios.
Como es de su conocimiento, el 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 ocurrieron hechos inéditos en el estado de Michoacán: la detención, arraigo y confinamiento de presidentes municipales y funcionarios de los gobiernos estatal y municipales. Un total de 35 servidores presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, fueron puestos a disposición de la justicia por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
El acto fue conocido en el lenguaje coloquial como el Michoacanazo y ocurrió en vísperas del proceso electoral 2009.
El operativo realizado por los elementos de la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano en cumplimiento a diversas órdenes de localización, y la actuación del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de la SIEDO, despertó inquietudes en diversos sectores de la sociedad, por la forma en que fueron ejecutadas esas detenciones y por el perfil de los detenidos.
El supuesto golpe al narcotráfico, que realizaron las fuerzas federales, se convirtió en la causa de especialistas, políticos, defensores de derechos humanos y, por supuesto, de las familias de los inculpados, quienes calificaron los hechos como violatorios de las garantías individuales consagradas en la Constitución y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que emitió recomendación 072 de 2009, conformando violaciones graves en este tema.
Aun más, por primera vez en la historia reciente de México, se integraron tres órganos legislativos para dar seguimiento simultáneo a los referidos acontecimientos: la Comisión Especial en el Congreso de Michoacán, el grupo plural en el Senado y un grupo plural en esta Cámara de Diputados. Éste último en funciones desde el 20 de octubre de 2009, por mandato de la Junta de Coordinación Política y de este pleno es integrado actualmente por los diputados Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza y la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, a quienes reconozco su convicción de lucha a favor de los derechos humanos y su dedicación a la comisión que este pleno les encomendó.
Este grupo plural actúa con pleno respeto a su mandato y en apego a la esfera competencial de los poderes de la Unión.
En tal razón, se presenta el primer informe trimestral de actividades en su ejercicio democrático y de rendición de cuentas.
El grupo plural realizó visitas para obtener las versiones de las personas e instituciones que intervinieron en los hechos mencionados. Solicitó a los juzgadores información sobre la situación jurídica de los inculpados. Externó su opinión acerca de la conveniencia que los detenidos fueran juzgados de manera pronta y expedita. Acudió a los centros de reclusión en los que éstos se encontraban. Exhortó a la autoridad competente para que fueran trasladados a centros de internamiento cercanos a sus domicilios y, finalmente, estuvo presente en Michoacán durante la liberación de 12 de los procesados.
Lo anterior se logró gracias a la valiosa colaboración de los familiares y abogados defensores de los inculpados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Michoacán, el colectivo de organizaciones de derechos humanos del estado de Michoacán, el congreso y el gobierno de aquel estado, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial Federal, la Secretaría de Gobernación y de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con la recomendación en comento, de fecha 30 de octubre de 2009, instancia que atendió oportunamente las quejas de los presuntos responsables, existieron violaciones a los derechos humanos de los inculpados, a las garantías constitucionales de legalidad, defensa adecuada debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República reparar el daño ocasionado a los agraviados, tomar medidas para evitar represalias, iniciar investigaciones administrativas y averiguación previa contra algunos de los servidores públicos involucrados en los hechos, ajustar su actuación a la legislación penal, garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.
Es importante dar seguimiento al cumplimiento de dicha recomendación en todos y cada uno de sus apartados porque se refiere a graves violaciones a los derechos humanos por parte de estas autoridades, en el entendido de que no todas las recomendaciones se aceptaron y que en otros casos la autoridad no dio prueba de su cumplimiento.
En el informe del grupo plural se exhorta a las autoridades de administración e impartición de justicia a que se desahogue el proceso sin dilación y en los términos y plazos que prevé la legislación procesal mexicana.
También se plantea la necesidad de efectuar una minuciosa revisión a las figuras jurídicas del arraigo y el testigo protegido, porque ha quedado demostrada la necesidad de ponderar los alcances y riesgos que esta figura representa para los derechos humanos.
Actualmente, la autoridad que recurre a las figuras mencionadas carece de contrapesos que limiten su actuación y no está obligada a rendir cuentas de los mismos. La ley tampoco prevé sanciones a la autoridad y al testigo protegido que ofrecen un falso testimonio ni define cómo reparar el daño a las personas que han resultado perjudicadas.
Por tal razón, el grupo plural propone se estudien y analicen las figuras referidas y otras que puedan resultar lesivas a los derechos humanos. Este grupo plural reconoce la lucha contra la delincuencia organizada, pero no a costa de la violación de los derechos humanos. Se declara en contra del uso ilegítimo de la fuerza y de que a la sombra de ese combate se restrinja el disfrute y libre ejercicio de las garantías constitucionales.
El grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos los ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, reitera su compromiso con el estado de derecho, la paz y la seguridad de todos los mexicanos.
Por último; y con el debido respeto al Poder Judicial federal, manifestamos el interés de los familiares y de los inculpados para que los procesos judiciales que se llevan a cabo en Nayarit sean turnados a Michoacán, con la finalidad de facilitar una defensa adecuada en aras de los principios de economía procesal y acceso efectivo a la justicia.
Compañeras diputadas y compañeros diputados. Los invitamos a conocer el informe del grupo plural que se entregó a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Además, insistimos que los derechos humanos son el gran tema de nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Presidente, pido adherirme al informe. Insisto en que se esclarezcan los hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Moreira, nada más que es un informe, no es propuesta. Bueno, no tiene inconveniente el señor diputado en que se adhiera usted al informe, no hay problema. Gracias.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Presidente, a los hechos sucedidos en Michoacán no se les ha dado el debido seguimiento, porque todavía quedan situaciones por hacer justicia en ese estado. Queda todavía mucha gente detenida, como en el caso del distrito de Zitácuaro, donde se detuvo también al ex presidente municipal. Es por eso que hoy también quiero levantar la voz para pedir, junto con el diputado Moreira, que esto no se deje de lado. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Diputado Ibarra Pedroza. Tiene el uso de la palabra el diputado Ibarra Pedroza, adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, el caso que nos ha relatado Rubén Moreira es un botón de muestra más del estrepitoso fracaso de la lucha del presidente de facto, Calderón, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Es, además, una prueba irrefutable de cómo esa lucha ha estado acompañada de la ilegalidad y de la violación recurrente a los derechos humanos. Por un afán mediático, Calderón, en los meses aquí ya referidos ?mayo y junio del año pasado? hizo una efectista detención de más de 40 servidores públicos de Michoacán.
Gracias a que esta Cámara integró el grupo plural y que estuvimos representantes de diversos partidos políticos en esa entidad, pudimos ?en las conversaciones que tuvimos con diputados locales de diversos partidos, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con familiares de los detenidos y, por supuesto también con los abogados? pudimos percatarnos de un sinfín de irregularidades e ilegalidades, y para disipar cualquier duda de la gravedad de estos hechos sólo basta referir, literalmente, algunos de los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que acreditó esta vulneración a los michoacanos.
Violaciones de la autoridad a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada, indebidos procesos derivados de los cateos practicados sin orden emitidos por la autoridad competente, y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial del conocimiento, en perjuicio de los agraviados.
?Continúa la recomendación ya citada.
Se incurrió en violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, consistentes en allanamiento de diversos edificios en el estado de Michoacán. Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistentes en dilación en la puesta a disposición de los agraviados ante la autoridad ministerial, atribuibles a la PFP; violaciones a los derechos de presunción de inocencia y otra serie de imputaciones, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y de la PGR.
Éstas son sólo algunas de las aseveraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero este asunto aún no ha concluido. Todavía permanecen ilegal, arbitrariamente detenidos 22 servidores públicos de Michoacán. Por eso es importante que este grupo continúe haciendo el trabajo que esta representación le confirió.
No podemos enmudecer. No podemos ser indiferentes ante estos atracos, estas violaciones a los derechos humanos de parte de la Policía Federal, de parte, también, como lo acredita la recomendación nacional de los derechos humanos, de elementos del Ejército Mexicano, que en el caso de Michoacán, volvieron con toda impunidad, a flagelar los derechos de ciudadanos.
Imagínense ustedes la tragedia que han sufrido las familias de esos servidores públicos, y pese a las recomendaciones de la CNDH a la PGR y a otras autoridades del gobierno federal para que resarzan los daños en diversos sentidos ocasionados a los agraviados, éstos ni siquiera han recibido una disculpa de ninguna instancia de ninguna autoridad federal.
Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que persistir hasta que, quienes están injustamente encarcelados, logren su liberación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Le pido a la Secretaría dé cuenta?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿No pidió la palabra para firmar?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No, le pedí la palabra para intervenir.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted, diputado, con mucho gusto.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Yo también le pido la palabra para participar.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no, diputada.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, es que, como hice una seña así, pensó que era firmar. No, es para intervenir. Le agradezco, diputado presidente.
Miren, compañeros, compañeras, diputados, diputadas. La verdad es que aquí, desde esta tribuna se ejerce con firmeza la crítica, y hay que reconocer también cuando las tareas se llevan a cabo de manera correcta.
Yo quiero felicitar a la comisión que ha hecho esta tarea, que ha presentado este informe, porque siendo una comisión plural, ha ido a la esencia del problema y ha realizado una tarea con seriedad, con responsabilidad, con entrega y que francamente me parece que esta soberanía debemos reconocerles. Ése tipo de trabajo es lo que dignifica la tarea legislativa y es lo que dignifica la tarea plural que tenemos como responsabilidad nosotros encomendada.
Ahora bien, yo no quiero dejar pasar varias cosas. Primero, la irresponsabilidad de los medios de comunicación que frente al conocido michoacanazo juzgaron y sentenciaron, hicieron polvo a los funcionarios michoacanos que fueron detenidos. Los declararon narcotraficantes, los declararon culpables, los agraviaron y, el asunto quedó olvidado.
La irresponsabilidad del gobierno usurpador que con un interés electoral se fue contra los funcionarios de gobiernos perredistas, fundamentalmente, y que le sirvió de nada, porque el PRD arrasó en las elecciones federales en Michoacán.
La saña con que han actuado enviándolos a un penal de alta seguridad, además retirado del lugar de residencia. El hecho de que a la fecha sigan impunes quienes hacen cateos sin orden judicial, detenciones. De lo único que se salvaron las familias y los funcionarios fueron de las ejecuciones extrajudiciales que ya también realiza el Ejército o la PFP o el Ejército disfrazado de PFP.
Me parece que es muy grave que frente a la petición del gobernador Godoy, al gobierno de facto, de que emitieran las disculpan correspondientes, hayan respondido con la prepotencia y la arrogancia de que la PGR hizo mal su trabajo y que por eso fueron liberados, porque ellos consideran que son culpables.
Nada más que da la casualidad que quienes están en el gobierno usurpador no son jueces ?afortunadamente? y, por lo tanto, ellos tienen que apegarse al mandato de las autoridades judiciales que liberaron a los funcionarios que ya se encuentran en esta situación.
Todavía me comentaron diputados federales integrantes de esta Legislatura que fueron a hablar con el asesino de García Luna, y que García Luna los trató con absoluta prepotencia diciendo que no se iban a disculpar porque ellos consideraban que eran culpables los funcionarios que fueron detenidos.
La verdad es que la prepotencia, el abuso, la barbarie con que han venido funcionando éstos del gobierno de facto, es inaceptable. Me parece que esta soberanía también tendrá que plantearse muy pronto, con seriedad, la idea de revisar el funcionamiento de la Policía Federal Preventiva, de exigir que se respete el marco constitucional y devolver al Ejército a los cuarteles.
El Ejército no tiene ninguna facultad para hacer funciones policiacas, pero además no está preparado para ello. No saben tratar con civiles, sólo saben mandar y obedecer y no entienden de ningún razonamiento, de ningún ordenamiento legal de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas.
Es muy preocupante lo que está sucediendo en el país. Michoacán tiene más de 500 quejas por violaciones a derechos humanos contra el Ejército; de ellas, más de 50 por asesinato de civiles en retenes militares. Es muy serio lo que está pasando.
Hace un par de días que estuvo aquí el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que había ?números más, números menos? mil 714 quejas contra el Ejército. La verdad es que no le acabo de creer, porque sólo en Michoacán hay más de 500; Chihuahua encabeza la lista y debe tener muchas más de 500, y no creo que en éstos dos, sólo hay un tercero de quejas del resto del país, donde las violaciones a derechos humanos, los atropellos, las detenciones ilegales, los cateos, las revisiones absolutamente fuera del marco legal, son cada vez más una constante en el país.
Así es que yo sumo mi voz a la felicitación a la comisión. Efectivamente, espero que continúen su trabajo con la seriedad y responsabilidad que han venido realizando y espero que más temprano que tarde esta soberanía dé ya un alto, un ya basta a la militarización del país, a las violaciones a derechos humanos, a las detenciones arbitrarias, porque a la fecha el 72 por ciento de las personas detenidas supuestamente acusadas de vínculos con el narcotráfico, son liberadas y la inmensa mayoría de ellas no son liberadas por cosas de corrupción o venalidad de los jueces, sino porque efectivamente no les han podido acreditar ninguna responsabilidad en los ilícitos que les han señalado. Les agradezco mucho, compañeros diputados, compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dina Herrera.
La diputada María Dina Herrera Soto: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y diputados aquí presentes, hoy vengo a esta tribuna ante ustedes, a decir que no podemos decir que México está en desarrollo, que no podemos tener un país libre, independiente y en el marco del bicentenario, hechos como éste, de los detenidos de Michoacán, ofrecen la justicia que debe prevalecer en nuestro país.
Sabemos que en el estado de Michoacán el gobernador ha sido muy golpeado y que una vez que fueron detenidos, jamás se realizó ninguna investigación sobre los funcionarios que llegaron a una cárcel de alta seguridad, como la del estado de Nayarit.
Hoy, las cosas siguen igual o peor. Tenemos que hacer conciencia de que desde este recinto y desde esta tribuna nuestra obligación es levantar la voz para que la justicia sea una realidad y, sobre todo, que no podemos seguir permitiendo hechos como éste.
Una disculpa no vale, porque ante el daño que se les hizo a las familias de los detenidos no habrá mil palabras, ninguna, ni un millón para resarcir los daños que ya se les hicieron.
Por eso hoy, más allá de los partidos políticos, tenemos que pensar muy seriamente en cómo tenemos que actuar para responder a la gente que está esperando que se le haga justicia y de una manera leal se respete la legalidad que debe prevalecer en nuestro país.
No podemos tampoco permitir acciones o palabras como la del secretario de Gobernación, Gómez Mont, que dijo que estaban libres, pero que no estaban absueltos. Eso no puede ser.
Por eso desde esta tribuna vengo también a sumarme a las voces de los que me antecedieron, para que se haga inmediatamente la investigación pertinente y los hechos se aclaren, y los que están en la cárcel tengan la posibilidad de salir de manera inmediata.
Hoy, si dejamos pasar la oportunidad de legislar realmente de acuerdo con nuestros principios, de acuerdo con los valores, de acuerdo con el marco en el que estamos viviendo; y muy cerca de celebrar el bicentenario, no tendríamos ninguna validez, ninguna razón de ser ni de estar en esta tribuna si no exigimos de manera inmediata, si no sumamos nuestras voces para que se dé la libertad, a la voz de ya, a estos presos que aún siguen padeciendo, cuyas familias están sufriendo más que nunca. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Pasamos al siguiente punto del orden del día que es documentos enviados por la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría que dé cuenta de la comunicación enviada por la Junta de Coordinación.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, presidente.
Se recibió comunicado de la Junta de Coordinación Política, dado en el Palacio Legislativo el 25 de febrero.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitándole que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria e integrados a los expedientes correspondientes, los siguientes movimientos de altas y bajas de los siguientes diputados:
Bajas:
Ana María Rojas Ruiz, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Ana María Rojas Ruiz, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
Angélica Rosario Araujo Lara, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como integrante de la Comisión de Turismo.
Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como secretaria de la Comisión de Vivienda.
Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
Hilda Esthela Flores Escalera, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Hilda Esthela Flores Escalera, baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Fuensanta Patricia Jiménez Case, baja como secretaria de la Comisión del Distrito Federal.
Fuensanta Patricia Jiménez Case, baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
Yulma Rocha Aguilar, baja como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Yulma Rocha Aguilar, baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Juan Carlos Lastiri Quirós, baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
Juan Carlos Lastiri Quirós, baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Juan Carlos Lastiri Quirós, baja como integrante de la Comisión de Transportes.
Rodolfo Torre Cantú, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Rodolfo Torre Cantú, baja como integrante de la Comisión de Salud.
Javier Duarte de Ochoa, baja como integrante de la Comisión de Economía.
Javier Duarte de Ochoa, baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Jorge Herrera Caldera, baja como secretario de la Comisión de Transportes.
Jorge Herrera Caldera, baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
Jorge Herrera Caldera, baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Jesús Everardo Villarreal Salinas, baja como secretario de la Comisión de Energía.
Jesús Everardo Villarreal Salinas, baja como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.
Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de la Función Pública.
Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de Transporte.
Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de Pesca.
Silvio Lagos Galindo, baja como integrante de la Comisión de Justicia.
Felipe Enríquez Hernández, baja como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.
Claudia Ruiz Massieu Salinas, baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
José Óscar Aguilar González, baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Leobardo Soto Martínez, baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.
Claudia Ruiz Massieu Salinas, baja como integrante de la Comisión Especial sobre Cambio Climático.
Altas:
Efraín Ernesto Aguilar Góngora, alta como integrante de la Comisión de Turismo.
Efraín Ernesto Aguilar Góngora, alta como secretario de la Comisión de Vivienda.
Enrique Salomón Rosas Ramírez, alta como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.
Noé Fernando Garza Flores, alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Noé Fernando Garza Flores, alta como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como secretario de la Comisión del Distrito Federal.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como integrante de la Comisión de Justicia.
Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, alta como secretario de la Comisión de Energía.
Malco Ramírez Martínez, alta como integrante de la Comisión de Seguridad Social.
José Óscar Aguilar González, alta, integrante en la Comisión de Desarrollo Social.
Leobardo Soto Martínez, alta como integrante de la Comisión de Transportes.
Silvio Lagos Galindo, alta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Morelos Canseco Gómez, alta, integrante en la Comisión de Puntos de Constitucionales.
Pedro Ávila Nevárez, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y alta como secretario de Comisión de Ciencia y Tecnología; y como integrante de la Comisión de Transportes.
Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión de Género, y como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
Eric Rubio Barthell, integrante de la Comisión Especial de Acceso Digital.
Claudia Ruiz Massieu, alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Mercedes del Carmen Guillén, alta como integrante de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.
Carlos Oznerol Pacheco, integrante de la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México.
Ángel Aguirre, alta como integrante de la Comisión Especial sobre cambio climático.
Sebastián Lerdo de Tejada, alta en la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas.
Laura Felicitas García Dávila, alta como integrante de las Comisiones de Juventud y Deporte, de Equidad y Género, y de Atención a Grupos Vulnerables.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, atentamente diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. En votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada.
Acabemos de recibir un documento del Senado de la República dirigido a los secretarios de la Cámara de Diputados. Para efectos legales correspondientes, remiten a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mario Vázquez Raña, para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Panamá. Por lo tanto, se turna a la Comisión de Gobernación.
Se ha agotado la agenda del orden del día. Le pido a la Secretaría dé lectura al orden de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Orden del día de la próxima sesión. Segundo periodo de sesiones ordinarias, primer año de ejercicio, LXI Legislatura.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (15:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 2 de marzo a las 10 horas, informándoles que está el sistema electrónico abierto a partir de las 8:30 de la mañana.