Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 12 de octubre de 2010

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

Dictámenes con puntos de acuerdo en sentido negativo

De la Procuraduría General de la República

Toma de protesta de diputado

Del diputado Armando Jesús Báez Pinal

Oficios de la Cámara de Senadores

Oficios de la Secretaría de Gobernación

De la Asamblea Legislativa del DF

Del Congreso del estado de Baja California

Del gobierno del estado de México

Del Congreso del estado de México

Agenda política

Comentarios sobre declaraciones en perjuicio de diversos actores políticos

Dictámenes de primera lectura

Dictámenes a discusión

Que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución

Que adiciona la fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 25 transitorio de la Ley del Seguro Social

De proposiciones con puntos de acuerdo

Dictámenes negativos de iniciativas

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Iniciativas de diputadas y diputados

Recibidas y turnadas a comisión

Mario Alberto di Costanzo Armenta, PT

Héctor Velasco Monroy, PRI

Juan Carlos Natale López, PVEM

Eduardo Mendoza Arellano, PRD

Justino Eugenio Arriaga Rojas, PAN

Guillermo Cueva Sada, PVEM

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT

María de la Paz Quiñones Cornejo

José León Perea, PRI

Marcos Pérez Esquer, PAN

Víctor Manuel Báez Ceja, PRD

Susana Hurtado Vallejo, PRI

Fernando Morales Martínez, PRI

Ovidio Cortazar Ramos, PAN

Jesús Gerardo Cortez Mendoza, PAN

Proposiciones y excitativas enviadas a comisión

Cierre de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados y señoras diputadas.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 288 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:38 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior y pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados...

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (Desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, secretario. Sonido en la curul de la diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Es específico, señor presidente, quiero plantear que se han estado violando los acuerdos para las comparecencias y que en específico quiero impugnar el acuerdo relacionado  con la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, dado que a los del Partido del Trabajo no se nos permitirá, de acuerdo a lo que señalaron en el documento, en la última ronda intervenir y que tampoco se preguntará al final si está desahogado el objeto de la comparecencia.

Le pediría a usted, como presidente, que exhorte a la comisión para que se cumpla con lo que acordó este pleno.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En esos términos exhorto a la Junta de Coordinación Política a entrevistarse con los representantes del Partido del Trabajo a fin de informar a esta presidencia los términos del acuerdo de la comparecencia del director de Pemex.

Continúe la secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura. Proceda la secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Procédase con las comunicaciones.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Honorable asamblea. Esta presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones.

Ciencia y Tecnología

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a los gobiernos del estado de Guerrero y del municipio de Chilpancingo a realizar las gestiones necesarias para rehabilitar y la reapertura del centro infantil de recreación Ciencia y Cultura, así como el espacio denominado Vagón de la Ciencia en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las instancias correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, considere al estado de Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales.

Derechos Humanos

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al pleno de la LXI Legislatura que formule un atento llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investiguen la situación de la señora Irma Crescencia Díaz Gómez, recluida en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora.

Energía

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar, mediante Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre los avances de la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos de América.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía, mediante Petróleos Mexicanos, un informe sobre las acciones de la paraestatal para combatir el robo de combustibles.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión Reguladora de Energía declare zona geográfica  de distribución de gas natural a los municipios de Cuernavaca, Yautepec, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Ciudad Ayala, Yecapixtla y Cuautla, y se exhorta a las Comisiones de Energía y de Presupuesto para que, a través de la Comisión Federal de Electricidad se instale una planta de generación de energía eléctrica alimentada por gas natural en Yautepec, Morelos.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía para que promueva modificaciones al contrato de interconexión de energía solar de pequeña escala.

Pesca

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe a esta soberanía respecto a las medidas que tomará con motivo del embargo del camarón silvestre mexicano anunciado por el gobierno de Estados Unidos de América.

Recursos Hidráulicos

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a efecto de que en acato de los derechos federales de 1995 y 1997, así como de los acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el Río Verde para construir la infraestructura hidráulica que permita dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir con los compromisos con otras entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores diputados, el pasado lunes 11 de octubre de 2010, mediante oficio PGRSIEDO/UEIDCS/CGB/10738/2010, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, solicitó a la Cámara de Diputados, la declaración de procedencia contra el diputado Julio César Godoy Toscano, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con fundamento en la ley señalada, el escrito presentado ha sido ratificado y, en consecuencia, turnado por la Secretaría General, ese mismo día a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Víctor Roberto Silva Chacón, diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a las siguientes diputadas y diputados: Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Maurilio Ochoa Millán, Luis Carlos Campos Villegas, Laura Viviana Agúndiz Pérez y Norma Leticia Orozco Torres.

Adelante, señor diputado.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciudadano Víctor Roberto Silva Chacón, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

El ciudadano Víctor Roberto Sílva Chacón: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido, señor diputado.

Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Diputado Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.

Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 20, fracción e); del artículo 109, fracción g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 54, 58 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente el retiro del proceso legislativo de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, presentada en mi nombre y turnada a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Justicia, respectivamente.

La iniciativa fue presentada el 27 de abril y modifica a la Ley Federal del Derecho de Autor a saber:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor para regular la protección de los derechos autorales a través de los derechos proveídos por Internet.

Mi motivación de retirar dicha iniciativa responde a las siguientes inquietudes de los ciudadanos y diversas opiniones vertidas en medios de comunicación, así como de las ideas y planteamientos expresados por compañeros legisladores, integrantes de diferentes partidos políticos.

La retiro para su estudio, análisis y enriquecimiento, la voz responsable que debemos hacer todos los legisladores que planteamos iniciativas y proyectos escuchando a la ciudadanía y a las opiniones especializadas en las vertientes y temas de legislación.

Sin otro particular, de momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tiene por retirada la iniciativa y se descarga de los asuntos turnados a las Comisiones Unidas de Justicia y Cultura.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría con los oficios de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados asigne a la Secretaría de Educación Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para los Programas de Atención Educativa a la Diversidad Lingüística y Cultural, de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, así como para las acciones de fortalecimiento de la educación indígena.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México, e informa que la ciudadana Liliana Castillejos Morales ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación; y por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se recibieron oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los que transcriben acuerdos aprobados por  los que se solicita que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011 no se reduzcan los recursos para el Fondo Metropolitano, Ramo 23;y para dotar de recursos dignos al Subsector Cultural.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Otro oficio que se recibió del Congreso del estado de Baja California, en el que se transcribe acuerdo aprobado por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011 se asignen recursos suficientes para el Programa de Habilidades Digitales y Tecnológicas, promovidos por la Secretaría de Educación Pública.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario Diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se recibió oficio del gobierno del estado de México con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la seguridad física y la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, respecto a los riesgos del trabajo en los campos agrícolas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Congreso del estado de México, en el que se transcribe acuerdo aprobado, por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen recursos suficientes para el programa Habilidades Digitales y Tecnológicas, promovido por la SEP.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente apartado del orden del día es el anticipo de la agenda política

En relación a distintas declaraciones realizadas en perjuicio de diversos actores políticos.

Están inscritos para este tema de la agenda política los diputados Fernando Fernández Noroña, Víctor Castro Cosío y Pablo Rodríguez Regordosa, en la primera ronda.

En la segunda ronda están inscritos los diputados Mario Alberto Di Costanzo Armenta y Manuel de Jesús Clouthier Carrillo.

En una tercera ronda el diputado Jaime Cárdenas Gracia y la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

De no haberse agotado el tiempo previsto para esta discusión se abrirá una nueva ronda de oradores, de lo contrario preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido al concluir ella.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 10 minutos, siendo el promovente del punto.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Le pido un segundo antes de que empiece a correr mi tiempo, diputado presidente, porque quiero ver que este tiliche funcione.

(Coloca audio pregrabado en los micrófonos)

Voz de Brozo: “... otra vez a la cada vez más disminuida clase media, que ya es de este tamaño.

“Ojalá y que los señores diputables tengan más y más imaginación, para sacar las finanzas de este país de tremendo bache en que lo han metido las políticas públicas tan chafas de los que nos han gobernado, tanto azules como tricolores, el que quieras.

“A propósito, me viene a la cabeza esto que les meto así, que proviene de un especialista que ni por asomo se pueda pensar que sea de la oposición o que le tiene mala voluntad al presidente...”.

Voz de Felipe Calderón Hinojosa. “Mi política tiene un solo objetivo; crear empleados bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor, y para eso voy a hacer cuatro cosas.

“Primero. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago.

“Segundo. Voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos.

“Tercero. Voy a invertir mejor tu dinero, y

“Cuarto. Voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio.

“Por lo primero, voy a bajar la tasa del impuesto sobre la renta, porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. Eso nos permitirá tener más inversión y más empleo, que es lo que busco, y pagar impuestos sería más sencillo que nunca. Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie.

“Segundo. Voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos ni cajas misteriosas; tú vas a saber a dónde se ve, quién lo gasta, cómo se gasta hasta el último centavo que pagues de impuestos.

“Tercero. Voy a invertir mejor lo que tenemos. Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas; voy a invertir en escuelas y en universidades de calidad para tus hijos. Voy a invertir en salud no sólo para seguir con el Seguro Popular, sino voy por un seguro médico para todos, porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médico, sin medicinas y sin tratamiento y voy a empezar con todos los niños que nazcan cuando yo sea presidente de la república.

“Cuarto. Voy a emplear también el dinero precisamente en las comunidades indígenas, en los caminos que hacen falta; en el agua potable. Voy a invertir el dinero en la seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad.

“Cuarto punto, decía yo. Voy a garantizar la estabilidad económica, ¿para qué?, para cuidar tu patrimonio. Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan bajando las tasas de interés y tú puedas adquirir una casa, para que puedas renovar tu cocina; para que puedas verdaderamente adquirir un auto. Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México y haya más empleo.

“En síntesis, mi política fiscal será bajar impuestos para quienes producen, para que haya más inversión, más empleo y para que vivamos mejor”.

Como pueden observar, compañeros diputados, compañeras diputadas, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa es un mentiroso. Esto lo dijo el 25 de abril de 2006, en el marco de la campaña a la Presidencia de la República. Usó dos mentiras para tratar de llegar a la Presidencia de la República; éstas que escucharon o que iban a bajar el gas y la gasolina, o que iba a desaparecer la tenencia, o que iba a construir la refinería o que iba a ser el presidente del empleo, ¿se acuerdan?, ése era su lema central, éste que ha generado más desempleo que nadie, y la otra mentira fue su campaña de odio en contra de Andrés Manuel López Obrador. Trajo a Antonio Solá, del Partido Popular Español, a hacer esta campaña que por primera vez se dio en México de polarización. Fue él el que sembró el odio; fue él el que polarizó al país.

Fue él el que metió el miedo en la gente invitándola a que no votara por Andrés Manuel porque iba a endeudar al país, porque lo iba a quebrar, porque iba a generar el desempleo. Todas las cosas que Calderón ha hecho, son las que dijo que Andrés Manuel iba a generar desde la presidencia de la república. El mayor endeudamiento, el desempleo, el hambre, la desesperanza que hay en este momento en el país.

Y no le alcanzó. Se tuvo que robar la presidencia de la república porque a pesar de su campaña de miedo no pudo ganar. Tuvo que hacer las maniobras. Ahí está el libro de Luis Carlos Ugalde, que he compartido con ustedes insistentemente; y ahí está desde hace cuatro años ensangrentando al país y poniendo patas arriba a nuestra nación rompiendo el marco constitucional.

Pues no le ha sido suficiente. A pesar de que nos robaron la presidencia y a pesar de que lo reconozcan o no, se le debe en buena medida la estabilidad social del país a Andrés Manuel López Obrador, gracias a que decidió la vía pacífica y mantener la resistencia al gobierno usurpador.

La semana pasada Calderón, a pregunta expresa de Salvador Camarena, vuelve a insistir que Andrés Manuel es un peligro para México. Me parece una persona con muchos atributos y muchos defectos, como cualquiera, pero el mayor defecto es que le hizo un daño terrible a México con su campaña de rencor y de odio antes y después de las elecciones.

Como yo les dicho, a Calderón hay que leerlo al revés. Cuando dice que va a detener al Chapo es que no lo va a detener. Esto hay que leerlo al revés también: quien sembró el odio y la polarización fue Calderón.

Pero además es irresponsable de parte de Calderón, que sabiendo que es un régimen presidencialista el que vivimos, utilice nada menos que todo el aparato del Estado para irse en contra de un ciudadano y para volver a atacar a un líder opositor que ha hecho una oposición firme, digna, consecuente, consistente. Y que, insisto, se le debe en buena medida la paz y la estabilidad que hay en el país.

Que Calderón haya salido a hacer esta declaración quiere decir varias cosas, tiene varias lecturas.

Primero. Sigue preocupado con Andrés Manuel y que sabe que le podemos volver a ganar en el 2012 la presidencia. Pero va más lejos, quiere decir que se va a meter en el proceso electoral del 2012 y que va a atacar por igual a Andrés Manuel y al candidato que saque el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República.

Ya todo indica que la cúpula del PRD se va ir aliada con el PAN a las candidaturas presidenciales, previa antesala en el estado de México. Así es que ahí se olvidan del robo de la presidencia, se olvidan de los agravios, se olvidan de todo lo que ha sucedido, de como se ha empobrecido al país; pero va a haber dos candidatos a vencer, el del PRI y Andrés Manuel López Obrador, ésos somos los que vamos a disputar la Presidencia de la República y Calderón tiene que ser obligado a no meterse en el proceso electoral y tiene que ser obligado a respetar el marco legal y constitucional existente en el país.

Sobre nosotros, sobre el Partido del Trabajo siguen los agravios. No les basta la campaña de odio que han hecho sistemática en contra nuestra, el ataque permanente a Andrés Manuel, la descalificación, el acoso que hay, sino ahora además nuestros anuncios han sido retirados de los medios masivos de comunicación.

A qué le tienen miedo, si tenemos y estamos haciendo nuestra tarea política totalmente acosados, perseguidos, vilipendiados, con una estigmatización permanente, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación es el enorme poder que tenemos abajo con la gente y que saben que estamos construyendo un poderosísimo movimiento popular para poner de pie un país que está de cabeza. Pero con todo y ese movimiento popular seguiremos exigiendo el respeto a la frágil legalidad existente en el país.

Seguimos exigiéndole a Calderón, de entrada, que regrese lo que se robó: la Presidencia de la República. Pero lo menos que puede hacer, mientras la tenga en su poder, es respetar el marco constitucional existente.

No debe, bajo ninguna circunstancia, atacar a un opositor. Bajo ninguna, a un ciudadano. El peso del Estado está detrás de las declaraciones irresponsables de Calderón. El odio, el rencor, otra vez volver a la campaña de polarización que tanto daño le ha hecho al país.

Así es que es el problema es un problema mayor. Es un problema muy serio y me parece que esta soberanía no debe mandarle un exhorto a Calderón diciéndole que no se meta, debe mandarle una exigencia a Calderón, de que debe de respetar el marco constitucional, que debe de respetar a los liderazgos de oposición de este país, que debe ser absolutamente respetuoso de la tarea política que todo mundo viene realizando y que no tiene ningún derecho a descalificar a ningún ciudadano y mucho menos a sembrar el odio, mucho menos la polarización, mucho menos la insidia; que está jugando con fuego, que está actuando de manera canalla, como ha sido su comportamiento sistemático y permanente desde que llegó a la presidencia de la república.

No se lo vamos a tolerar, no vamos a permitir que Calderón siga atropellando el derecho de  la gente, mandando a trabajadores a la calle, violentando el marco constitucional, violando derechos y  garantías constitucionales y atacando al líder opositor más importante que hay en el país.

Se van a ver con nosotros las caras cada vez que estén haciendo ese tipo de cosas. No vamos a tolerar uno solo de esos abusos y de esos atropellos. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, por el Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros, quisiera iniciar esta intervención dedicándole al señor Calderón una frase que creo surge de amplios sectores de la sociedad: No se entrometa, señor Calderón, en la vida interna de los partidos políticos de este país. No se entrometa, señor Calderón, en la vida interna de las organizaciones opositoras y dedíquese con mayor responsabilidad, a la tarea que dijo asumir de manera controvertida, por decir lo menos, en esta Cámara de las diputadas y los diputados.

Hoy su campaña política que encabeza ya desde hoy para impulsar al PAN, es similar a la campaña militar para garantizarle seguridad al pueblo de México, una campaña fallida, sostenida equivocadamente en una estrategia reprobada por amplios sectores de la sociedad.

Los resultaos, señor Calderón, de su política equivocada están a la vista y nosotros hemos sostenido una y otra vez, que no es a través de la descalificación de sus opositores como este país va a crecer. Que no es, señor Calderón, descalificando a quien ha defendido la soberanía nacional, que no es descalificando a un líder que ha tenido ejemplo de verticalidad y que su único pecado es no haber transado con el poder político de este país. Un líder opositor que, digan lo que digan, le ha dado la oportunidad al país, por la vía pacífica, de mantener el equilibrio político que hoy existe.

Una toma de una calle en este país generó esa campaña de odio y de descalificación que usted tiene, señor Calderón, contra López Obrador, siendo un opositor, donde  millones de mexicanas y mexicanos tenemos la certeza de que ganó la presidencia de manera limpia, de manera clara y contundente y que hoy enfrenta de nuevo esta campaña que nos parece, señor Calderón, equivocada totalmente, así como ha sido equivocada la lucha en contra de la pobreza. Hoy hay más mexicanos y mexicanas que viven en peores condiciones en este país.

El desempleo ha crecido y su política de trabajo y de empleo ha carecido de sustento. Y no lo decimos los opositores a su régimen, lo ve la sociedad, lo siente la gente en este país. Los indígenas olvidados, los más pobres olvidados y usted entrando en un callejón solamente para beneficiar a su partido de una manera grosera en contra de un opositor.

No pedimos más, compañeras y compañeros diputados, no pedimos más de lo que tenemos que exigir: respeto, que no se inmiscuya en los asuntos políticos de los partidos opositores. No es, Calderón, como vamos a lograr que este país avance a través de este tipo de descalificaciones.

Se ha dedicado a bañar en sangre al país. Qué política más absurda de miedo la que vive la mayoría de la sociedad. Ahora, ahora es cuando la sociedad tiene miedo a esa política. Se levanta y no sabe qué va a acontecer, no solamente para garantizar su seguridad, alimentación, educación  de calidad, salud. No se entrometa, señor Calderón.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, las declaraciones vertidas por Felipe Calderón son por demás inmorales, como inmoral es su Presidencia, y como inmorales han sido todos lo que desde aquí han apoyado sus barbaridades.

Es absolutamente evidente que el país está muy por debajo de los niveles de bienestar de los que tenía aun antes de que llegara el usurpador.

Es obvio que durante su gestión se han generado más de 11 millones de pobres. La concentración de la riqueza se ha acentuado; basta como muestra que entre 2009 y 2010 a pesar de que la economía mexicana cayó, Carlos Slim prácticamente duplicó su riqueza; Germán Larrea, el único que poco avanzó fue el señor Azcárraga, y por eso ahora le regalan una licitación.

No hay un solo indicador que muestre que el país está mejor. Ése es el tema y el fondo del asunto. Cómo puede decir un personaje tan negro para la historia de México como Felipe Calderón, que Andrés Manuel López Obrador es un peligro, cuando las evidencias lo condenan ya no solamente como un usurpador, sino como alguien que ha venido destruyendo al país y ha venido denigrando a la política.

Lo más lamentable es que mientras esto sucede ustedes están en sus curules sentados platicando. Están ya pensando qué acuerdos van a hacer para no bajar el IVA, como se perfila claramente. Están pensando cómo seguir siendo corresponsables de esta tragedia nacional y cómo minimizar las declaraciones de este usurpador que lo único que pretende es sembrar el odio y las divisiones entre los mexicanos.

Me parece lamentable que aun y con todos sus antecedentes Felipe Calderón tenga la poca moral como para hacer ese tipo de señalamientos.

¿Ustedes creen que el país va a poder retomar el rumbo de crecimiento con este tipo de declaraciones, con esta situación, mandando a sus secretarios de despacho a mentir, como ayer lo hizo el secretario de Sedesol, y como antier lo hizo el secretario de Hacienda, o Juan Molinar Horcasitas, que saliendo de una comparecencia fue a entregar un par de concesiones?

Ahí está el verdadero peligro para México. Ellos son los que están entregando el patrimonio nacional. Ellos son los que han permitido que 30 grandes empresas le deban al fisco en este momento 130 mil millones de pesos.

El último reporte del Banco Mundial, presentado el jueves pasado, habla que las personas de ingresos más bajos durante el año pasado perdieron el 18 por ciento de su poder adquisitivo. Ése es el verdadero peligro para México. Ése es el billete de 20 que no iba a comprar nada; se acuerdan de los comerciales, se acuerdan de la casa que se destruía. Yo les preguntaría a los millones de deudores que han perdido sus casas. Eso es, y no los advirtió, y todavía tiene la desfachatez de venir a señalar que Andrés Manuel es un peligro para México.

Qué equivocados están. Pero lo más lamentable, compañeros, es que ustedes están siendo corresponsables de todo esto. Ustedes están siendo corresponsables de la tragedia de este país al no querer prestar atención y al subirse aquí a plantear puntos de acuerdo demagógicos cuando no han querido ejercer las facultades de un Poder Legislativo.

Qué lástima, compañeros, y qué lástima aquellos que creyeron en el usurpador, Felipe Calderón. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, por el Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Sobre este tema quisiera leer la respuesta que dio el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, ante las palabras soberbias, intolerantes y groseras del que se dice presidente de la República, Felipe Calderón.

El licenciado Andrés Manuel López Obrador dio la siguiente respuesta: Respecto a las expresiones hechas por Felipe Calderón, quiero puntualizar lo siguiente: número uno, con absoluta seriedad y bajo protesta de seguir actuando con honestidad y congruencia, sostengo que si no nos hubieran robado la Presidencia en el 2006, no sería Brasil el ejemplo a seguir de desarrollo y buen gobierno, sino sería nuestro querido México; es decir, si se hubiese respetado el voto ciudadano, en nuestro país habría crecimiento económico, empleo, bienestar, tranquilidad y seguridad pública.

El licenciado López Obrador en el segundo punto expresa lo siguiente: Como desgraciadamente se impuso a la mala el grupo de potentados que no piensa en el país ni le importa el destino del pueblo, se continuó con la corrupción, con la política de pillaje, y hoy estamos padeciendo las consecuencias y atravesado por una de las peores crisis de nuestra historia.

No hay crecimiento económico, no hay empleos, y lo peor, inmersos en una profunda crisis de miedo, de inseguridad, de violencia, que afecta a todos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

En el tercer punto el licenciado Andrés Manuel López Obrador afirma lo siguiente: es muy lamentable que Felipe Calderón, quien fue impuesto por la funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedir perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar y a los que ahora Calderón llama fanáticos, y quienes en uso de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución siguen expresando su decisión y trabajando para transformar a México por la vía pacífica hasta derrotar en buena lid a la oligarquía y establecer una auténtica democracia que permita que las riquezas de México se distribuyan con justicia y se utilicen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población.

El licenciado López Obrador plantea en el cuarto punto lo siguiente: por lo que respecta a la frase acuñada por los publicistas Dick Morris, de Estados Unidos y Antonio Solá, de España, que yo era un peligro para México, reitero que dicha frase fue eficaz para manipular e infundir miedo en algunos sectores, porque la mafia del poder controla a la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y en particular a Televisa, que se encargan de repetir mentiras para tratar de convertirlas en verdad, como se hacía en la época de Adolfo Hitler.

En otras palabras, en una sociedad democrática, con medios de comunicación no sometidos a grupos de intereses creados, dicha frase no tendría ninguna relevancia, tan es así, que luego del fraude electoral de 2006, en Estados Unidos el mismo publicista Morris, asesor de John McCain, candidato a la presidencia del Partido Republicano, aplicó la misma frase, diciendo Obama era un peligro para Estados Unidos, y allá, por haber mayor pluralidad en el manejo de los medios de comunicación, no tuvo ningún efecto.

Además, esa frase no refleja la realidad de nuestro país y es del todo burda y ofensiva al grado de que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón, como nunca lo he hecho. Repitiendo que Calderón es un peligro para México. A pesar de que han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su responsabilidad e ineptitud.

Finalmente, el licenciado López Obrador en el punto 5 manifiesta: vamos a continuar la lucha hasta lograr un verdadero cambio, para eso contamos con el apoyo de millones de mexicanos y estamos convocando a mujeres y hombres de buena voluntad, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores y a los que pertenecen a todas las clases sociales.

Por mi parte, puedo decir con toda sinceridad que yo no odio, porque considero que sólo con amor, hablando con la...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya usted, señor diputado.

El diputado Ramón Jiménez López: ... verdad, luchando por el prójimo y haciendo el bien a los demás se puede ser feliz.

Pero también mantengo una inquebrantable fe en la causa que defendemos y estoy convencido de que el cambio vendrá y no lo va a impedir ni la magia del poder ni Salinas ni Televisa ni Peña Nieto ni el PRI ni el PAN ni sus voceros ni los eternos sembradores de veneno y sus políticos paleros.

Finalmente...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya usted, señor diputado.

El diputado Ramón Jiménez López: ... concluyo, señor presidente. Finalmente, dice, estoy seguro, lo he pensado mucho, lo he reflexionado y he recogido el sentimiento de los mexicanos en todas las regiones del país. Por eso sostengo que más temprano que tarde habrá un despertar ciudadano y el pueblo tomará conciencia de que es más fuerte y más poderoso que sus opresores.

Ésos son mis principios y ésa es mi convicción, afirma el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Para la tercera ronda están inscritos los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Leticia Quezada Contreras. Al concluir esta ronda preguntaré si se encuentra suficientemente discutido, toda vez que únicamente hay inscritos oradores en un sentido.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, voy a hablar de tres cosas en este debate. Voy a hablar de la Constitución, voy a hablar de la concepción democrática del poder público; y voy a hablar y relacionar este tema con el retiro de los spots que ordenó el Tribunal Electoral en donde Andrés Manuel López Obrador exponía el proyecto alternativo de nación.

Respecto a la Constitución, yo nada más le llamaría –en esta ocasión, muy respetuosa– a Felipe Calderón la atención sobre el contenido del artículo 41, apartado C, de la ley fundamental, que dice que en la propaganda política o electoral que difundan partidos, que difundan líderes políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos o a las personas.

Y le recuerdo también que cuando tomó protesta en esta Cámara de Diputados, de esa forma tan álgida y tan inadecuada, el artículo 128 de la Constitución, uno de los artículos base o fundamento para la toma de protesta, indica que cualquier servidor público al tomar protesta del cargo debe de hacer cumplir y comprometerse a cumplir lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Yo solamente le quiero decir a Felipe Calderón que cumpla con la Constitución que prometió cumplir y hacer cumplir y las leyes que de ella emanen y que no está cumpliendo con ello, con este tipo de expresiones denigratorias.

También quiero decirle que respecto a una concepción democrática del poder, la base o el fundamento de una concepción democrática del poder, no es aquella que postuló, que ideó el teórico del nazismo Carl Schmitt, que habla del amigo-enemigo; en la lógica democrática la base de la conducción política y de las relaciones políticas en democracia –si es que nuestro país es una democracia, que muchas veces lo pongo en duda–, debe ser el respeto al adversario y el entender que en un país democrático, en una sociedad democrática, existen puntos de vista plurales y todos ellos merecen el respeto y todos ellos deben ser evaluados por los ciudadanos y los ciudadanos deben escoger cuál es el proyecto que más les convence.

Esto me lleva a la tercera cuestión: el retiro anticonstitucional, contrario a los derechos humanos, que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial, por 4 votos contra 3, de los spots del Partido del Trabajo, en donde de manera libre, ejerciendo sus derechos políticos, ejerciendo la libertad de expresión, ejerciendo su derecho a la participación política, Andrés Manuel López Obrador, sin llamar al voto, sin ser candidato, sin ser precandidato, sin ser aspirante a una candidatura presidencial, simplemente enumeraba 10 puntos para transformar la vida política de este país.

¿Qué hizo anticonstitucionalmente el Tribunal Electoral? Dictó una medida cautelar indebidamente, sin conceder garantía de audiencia, pero no sólo eso, sin acreditar con ningún elemento objetivo, con ningún elemento palpable, que se estaba causando daño a un proceso electoral. Simplemente eso no puede acreditarse, porque no ha empezado el proceso electoral del 2012.

Esta decisión del Tribunal Electoral ordenando el retiro de estos spots del Partido del Trabajo, en donde un ciudadano expone, con pleno respeto a la libertad de expresión, una plataforma política más las declaraciones de Felipe Calderón, violatorias de la Constitución, auguran un clima inaceptable para el proceso electoral del 2012.

La respuesta de nosotros debe ser, si queremos que prevalezca en México la lógica de Carl Schmitt, de amigo-enemigo, o si queremos que prevalezca en nuestro país una lógica democrática basada en el respeto a las ideas y a las propuestas de los adversarios. Por su atención, muchas gracias compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado, y como no veo en el recinto a la diputada Quezada, que es la que sigue en el turno, tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Al término de su intervención preguntaremos si está suficientemente discutido. Diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. No es superfluo redundar en lo dicho por quien ejerce ilegítimamente la Presidencia de la República. Conviene colocarlo en su contexto histórico, político y psicológico, por no decir en su realidad clínica.

El triunfo de una ciudadanía activa es trucado por un gobierno irresponsable y torpe. Los análisis que se han hecho sobre la declaración de Calderón llevan a pensar que fue un dislate, como dislate fue el “comes y te vas” de Vicente Fox, “el yo para qué”, del mismo personaje y el “haiga como haiga sido”, del actual detentador del Ejecutivo, y esta perla de la declaración, “que votaron por él los ciudadanos que llevan  a sus hijos a la escuela, y que quieren vivir en paz y en tranquilidad”. ¿Con qué autoridad puede hablar de tranquilidad en el país, quien ha hecho de la seguridad pública un baño inútil de sangre que carcome incluso la soberanía nacional?

Un proceso electoral está marcado por una serie de hechos y actos jurídicos previos a la jornada, que pueden determinar la nulidad. Se está repitiendo la  historia del desafuero, con inmenso peligro para la estabilidad del país. Hay un proceso de putrefacción del sistema político, del cual se hace cómplice errático, torpe por no decir cantinflesco, Felipe Calderón.

De esta ceremonia, de este debate, yo retengo el silencio del Partido Acción Nacional.

Como nadie sabe cuál fue la intención de Calderón, si favorecer a sus adversarios; si inmiscuirse en la vida política de la izquierda; si difamar a un precandidato presidencial –cuyos partidarios aumentan día con día–, el PAN permanece en el silencio.

A mí me gustaría escuchar de un partido que participó activamente en el proceso de la transición democrática y que fue el primer beneficiario de la alternancia en el Poder Ejecutivo –que luego dilapidó en la corrupción y en la violación del orden constitucional–, que defina su posición respecto de esta intromisión indebida de Calderón en la vida política del país. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. En términos del artículo 114, han transcurrido seis oradores en un mismo sentido, por lo que le pregunto a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mi enorme disculpa a la diputada Leticia Quezada, se considera suficientemente discutido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura.

Dos de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México; y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul.

De la Comisión de Reforma Agraria con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de la Función Pública con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De las Comisiones Unidas de Transportes y de Comunicaciones con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Participación Ciudadana, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En virtud de que han sido todos publicados en la Gaceta Parlamentaria, le solicito a la Secretaría consulte en votación económica si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan de primera lectura.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me pide la palabra la diputada Reynoso desde su curul, ¿con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada Reynoso.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Diputado, en un tema que aunque no esté en el orden del día parecería importante resaltar en esta Cámara de Diputados los sucesos en China, lo que representa el Premio Nobel de la Paz y la Violación a los Derechos Humanos, que además igual que suceden en este país como ha sucedido en Cuba con Oswaldo Payá, como ha sucedido en Venezuela con los estudiantes, como ha sucedido en muchos otros países. Y nada más el reconocimiento de la Cámara de Diputados al Premio Nobel de la Paz y que incluso ahora tienen también presa a la esposa de Liu Xiaobo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sólo que, diputada, para hacer semejante reconocimiento tendríamos que presentar un punto de acuerdo que la Cámara discutiera y votara. Sin embargo, se consignan en el acta sus expresiones.

Quedan de primera lectura los dictámenes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del día es la discusión del dictamen con proyecto que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia está a discusión en lo general. Y por la Comisión de Puntos Constitucionales para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior tiene la palabra el diputado Reginaldo Rivera de la Torre. Tiene la palabra, señor diputado, hasta por 5 minutos.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, México atraviesa en estos momentos por tres problemas severos: una crisis económica sin fin, la falta de empleos dignos para gran parte de la población, una guerra indescifrable en la que nadie sabe quién está ganando.

Afortunadamente la Cámara de Diputados es el espacio idóneo para discutir estos y otros graves problemas nacionales que afectan a las familias mexicanas, especialmente a los niños como la parte más vulnerable de la población.

La realidad social nos muestra que niñas y niños mexicanos enfrentan complejos fenómenos relacionados con la explotación sexual y comercial, abandono, maltrato físico y emocional, entre otros.

Por ello ha llegado el tiempo de instaurar medidas legales que protejan los derechos de los menores.

Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990. En ella el Estado mexicano asumió la obligación permanente de armonizar su derecho interno con dicho instrumento internacional.

Tal vez los derechos de los niños y las niñas y adolescentes mexicanos, aún se encuentran limitados. Resulta indispensable que todos los órganos de gobierno ajusten sus actos para respetar y cumplir tales derechos.

La Declaración de los Derechos del Niño, ha sostenido que el menor requiere de cuidados y asistencia especial; así lo expresa su artículo 3o., numeral uno, que a la letra dice: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, a su consideración primordial, será que atiendan el interés superior de la infancia”.

De tal precepto salta a la vista el principio de interés superior del niño, principio que se entiende como un conjunto de acciones y procesos pendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, precepto que también se refiere a las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Bajo este tenor la Comisión de Puntos Constitucionales considera procedente la reforma al artículo 4o., de nuestra Carta Magna, con el propósito de abonar al camino y a la armonización legislativa a favor de los derechos de la infancia mexicana.

Esta comisión considera que la expresión relativa a la obligación de los padres de velar por el interés superior de los menores, debe de quedar plasmada en el artículo 4o., constitucional.

Dicho precepto es una garantía constitucional cuya naturaleza jurídica la hace oponible al Estado, es decir, el obligado a cumplirla es el Estado mismo.

Por lo que toca a la reforma al artículo 73 constitucional, en cuanto a establecer como facultad del Congreso de la Unión la de legislar en esta materia, la comisión dictaminadora considera pertinente tal reforma, claro, siempre y cuando se establezca la concurrencia en la materia para las entidades federativas y el Distrito Federal, para que puedan legislar en el ámbito de su competencia, otorgando la debida participación a los municipios.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto.

Artículo 4, párrafos sexto y séptimo. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y los niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios.

Artículo 73 constitucional. Son facultades del Congreso: fracción XXIX: expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de niñas, niños, adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte.

Compañeras diputadas y diputados: este dictamen fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales por unanimidad de votos de todas las fracciones parlamentarias. Es por ello que respetuosamente les solicito aprobemos la iniciativa del interés superior de la infancia porque nuestras nuevas generaciones de niños y niñas no nos pueden esperar sin que se reconozcan sus derechos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Diputado, con qué objeto.

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): Para preguntarle al señor diputado si me permite adherirme a su propuesta, ya que es muy parecida a la que hemos enviado hace unos días, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado está fundamentando un dictamen, pero entiendo que no tendrá inconveniente en asumir que usted comparte sus mismas ideas.

Diputado Cárdenas, está usted inscrito. Muchas gracias, diputado Gómez, muchas gracias, diputado Cárdenas.

Vamos a saludar a los invitados del diputado Salvador Caro Cabrera que son líderes sociales de los distritos XI federal   y XII del estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, estimados amigos.

Asimismo saludamos a integrantes de la Fundación Roberto Plan Inchausti, invitados por el diputado Luis Felipe Eguía Pérez.

También nos han visitado alumnos del Colegio de Bachilleres de la comunidad de Xuchitlán, municipio de San Salvador, Hidalgo, invitados por la diputada Paula Hernández Olmos. Invitados por el diputado Martín Vázquez tuvimos a diversos ciudadanos de Ecatepec, estado de México.

Saludamos con mucho gusto a invitados de todos los diputados de Nayarit, a diputados locales y presidentes municipales de esta entidad federativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.

Se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruir el cierre del sistema.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto todavía el tablero de asistencia, diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Aclarar que no es voto, sino registro de asistencia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor registrar al diputado Benítez Treviño. Sonido en la curul del diputado Benítez.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): La secretaria está preguntando si falta algún diputado por emitir su voto; y es registro de asistencia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es correcto. No estamos registrando ninguna votación; estamos registrando asistencia.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Sí, asistencia. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 446 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Trámite que se ha completado; por tanto se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Edith Anaya Mota, por el Partido de la Revolución Democrática. A sus órdenes, doña Claudia Edith, tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Va la diputada de Durango, Yolanda.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón. Estamos registrando en este momento los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Le correspondería en primer término a la diputada Anaya Mota y después a la diputada Yolanda de la Torre; pero si ellas no tienen ningún inconveniente lo haríamos en sentido inverso. Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Una flor escasa en el jardín de la vida es la gratitud. Por eso quiero iniciar reconociendo a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales por la sensibilidad que han tenido para ponerse de acuerdo en estas cosas que son importantes y trascendentes para los niños y las niñas de este país.

A don Juventino Castro y Castro, no sólo es usted un referente para los estudiantes y estudiosos del derecho; ha sido un gran representante de la Suprema Corte de Justicia y hoy es un digno legislador. A don Juventino mi gratitud. Muchas gracias.

A mi querido amigo y compañero don Emilio Chuayffet, por su acompañamiento, orientación, por el compromiso que tiene con la infancia, muchísimas gracias. Pero también a todos los integrantes de la comisión, quiero agradecerles en el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, y además a usted, diputado, agradecerle su interés para que esto pase de manera rápida y eficiente. Muchas gracias, diputado.

A Reginaldo Rivera de la Torre, a Norberto Sánchez Nazario, a Jaime Cárdenas Gracia y a Guillermo Cueva Sada, en ustedes, de verdad, mi más profunda gratitud hacia su sensibilidad a aprobar este dictamen. De verdad, que hoy siento una profunda emoción. Hoy, después de un año, siento que he hecho algo como legisladora y eso no tengo con qué agradecérselos.

El artículo 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño se estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener una consideración primordial que se atenderá siempre el interés superior de la infancia.

Nuestro texto constitucional ha avanzado sustantivamente en una visión garantista, con respecto de los derechos de la niñez mexicana. Sin embargo, el principio de interés superior de la niñez no había quedado explícitamente plasmado en nuestra Carta Magna incumpliendo, con ello, los acuerdos asociados a la Convención de los Derechos del Niño.

Con la reforma propuesta, México cumplirá cabalmente con sus responsabilidades asumidas ante la comunidad internacional, pero lo más importante, es que daría un paso adelante en la protección de los derechos de uno de los grupos de mayor circunstancia de vulnerabilidad social.

La aprobación de esta reforma permitirá, además, fortalecer las capacidades del Estado mexicano, para revertir las oprobiosas condiciones de desigualdad, pobreza, marginación, vulnerabilidad e inseguridad que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en este país.

Con esta reforma explícitamente el Estado y sus instituciones protegerán siempre primero a los niños y no habrá argumento posible para postergar el diseño de políticas públicas, programas y acciones dirigidos a la plena garantía de los derechos de las niñas y de los niños.

Compañeras y compañeros diputados, quiero reconocer aquí el trabajo de dos diputadas que también presentaron iniciativas para modificar el artículo 73 de la Constitución y agregar una fracción y que ello es de la mayor trascendencia, porque en la concurrencia con los estados del Congreso de la Unión, podremos como diputados y diputadas avanzar y generar un piso mínimo, básico, de derechos a los niños que con la concurrencia de los estados, lo que determine el Congreso de la Unión cuando en materia de legislación de niños se trate, no podremos ir un paso atrás, pero todos los pasos adelante que quieran las legislaturas de los estados será importante.

Tenemos la gran oportunidad de generar un piso mínimo de derechos para cumplir los derechos y garantizárselos a los niños. Por eso quiero reconocer a la diputada Augusta Valentina su participación para que hoy lleguemos a esta profunda reforma y reconocer, también, a la diputada María de Jesús Aguirre, también su gran participación para que hoy podamos ofrecerle esto a las niñas y a los niños.

Me siento muy orgullosa, y les voy a decir sólo unos aspectos de por qué es importante que aprobemos esta reforma:

En 2006, siete de cada 100 niños nacidos vivos en México pesaban menos de 2.5 kilogramos; en 2007 había más de 3.1 millones de niños de 17 años privados de su derecho a la educación.

En México, más de 3.5 millones de niños jornaleros agrícolas están sin ejercer su derecho a la educación y a la salud. Un millón y medio de niños en este país no tienen acta de nacimiento, lo que significa que están en la nada jurídica.

De 20 a 45 mil niños...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, le vamos a dar un minuto para concluir...

La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Termino, señor presidente, gracias. De 20 mil a 45 mil niños son susceptibles de robo. Los niños de nuestro país son altamente violentados, por eso les pido su voto a favor porque hoy vamos a dar un paso importante. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias distinguida diputada. Escucharemos ahora la intervención de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, por el Partido de la Revolución Democrática. Les recuerdo a los señores diputados que estamos en la discusión en lo general, para la que se han inscrito la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, don Jaime Cárdenas Gracia, Gerardo del Mazo Morales y para hablar en pro del dictamen, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, después de cuya intervención preguntaremos si está suficientemente discutido.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Gracias. Con su permiso, ciudadano presidente. Quien suscribe, la diputada federal Claudia Edith Anaya Mota y los integrantes a nombre, más bien, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente reserva, por un cambio que tiene que ver más con cuestión de redacción.

Hemos expresado nuestra voluntad a favor de que nuestra Carta Magna adicione a las garantías individuales el principio del interés superior de la niñez. Tenemos la convicción de que el pacto contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se suman las aspiraciones de todos y todas las mexicanas, contenga  este principio que desde 1989 nuestro país admitió incluir en su legislación al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

La redacción que proponemos es congruente con la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que ésta antepone la responsabilidad del Estado mexicano en su compromiso adquirido hace 20 años.

Al aceptar las obligaciones de la Convención mediante la ratificación o la adhesión, los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y a asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsabilidades de este compromiso ante la comunidad internacional.

Los estados parte de la Convención están obligados a estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.

Nuestra reserva no es en contra del proyecto de decreto ni para denostar la propuesta aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside mi compañero de bancada y muy respetado don Juventivo Castro y Castro.

Nuestra propuesta es para fortalecer el marco jurídico en materia de la infancia y adolescencia nacional, por lo que proponemos que el artículo 4 del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que contiene proyecto de decreto por el cual se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4 y se adicionan otras fracciones para que quede como sigue:

El Estado dispondrá de todos los medios a su alcance a fin de garantizar la aplicación del principio del interés superior de la niñez, en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de sus políticas públicas.

Los niños, las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios.

Sería ésa la propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, de cambio de redacción, pero sobre todo respetando el trabajo que han realizado todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para que los niños y las niñas de México tengan sus derechos salvaguardados en nuestra Carga Magna. Sería cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada.

Nos podrá informar la comisión si es de aceptarse la propuesta que ha hecho la diputada y seguiremos con el trámite normal.

Tiene la palabra la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández para posicionar en lo general por el Partido de Acción Nacional.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

El día de hoy se ponen a su consideración dos importantes reformas a nuestra Constitución, reformas que no quedarán sólo en el papel, sino que cambiarán la vida de millones de infantes en nuestro país.

Niñas y niños que están en estos momentos en sus casas, en la escuela o en la calle y que esperan que sus representantes, lejos de protagonizar disputas, a veces estériles, o de dejar correr largas sesiones donde los acuerdos no llegan, escuchen su voz débil, llegada desde abajo, pero potente en razones.

Niñas y niños que hoy tienen hambre; no van a la escuela, no tienen un padre, no juegan, no ríen, sufren de violencia, abuso o maltrato, o son explotados o tienen que trabajar.

El Partido Acción Nacional nació hace 71 años, por el reclamo ciudadano de los derechos fundamentales, derechos que no sólo son prerrogativa de los adultos, sino de la infancia, que es nuestro futuro.

Hoy, la reforma al 4o constitucional para incorporar el concepto del interés superior de la infancia y el artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión para legislar en la materia, representan, sin duda alguna, el avance más importante en nuestra legislación en el tema de la infancia.

Aún cuando nuestro país ha firmado tratados internacionales, que lo obligan a armonizar las leyes mexicanas y en efecto, existe la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y nuestro país cuenta también con instituciones dedicadas a la protección de la infancia, sin las reformas constitucionales que hoy se proponen a esta asamblea, esta ley no es más que un catálogo de buenos deseos, porque no obstante la existencia de los ordenamientos antes señalados y de las instituciones precisadas, es necesaria la reforma constitucional, ya que no contemplan sanciones a su inobservancia.

Es por ello que la presente reforma constitucional no sólo se coloca como un avance a la regulación de los derechos de los niños, sino que estaría cumpliendo con lo preceptuado en los diversos documentos jurídicos de carácter externo, a los cuales no podemos substraernos.

Aunado a esto, la reforma al artículo 4o constitucional produciría como efecto la liberación de dicho principio del interés superior de la infancia, para que sea oponible a cualquier autoridad y en cualquier materia, ya sea administrativo o jurisdiccional mediante la verdadera garantía, que es el juicio de amparo.

Con ello se dará pauta al reconocimiento de diversos derechos que son inherentes, como el derecho a la identidad, a tener un nombre, a la adecuada salud y nutrición, a la educación, a vivir en un medio ambiente sano, a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso y maltrato, al libre desarrollo de su personalidad, a no ser explotado y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que la Constitución les otorga.

Por lo que toca a la reforma al artículo 73 constitucional, sería facultad del Congreso de la Unión legislar en esta materia, otorgando una concurrencia de materia para que las entidades federativas y el Distrito Federal puedan legislar en el ámbito de su competencia, con la participación de los municipios. Ello en atención a una correcta distribución de facultades.

Pese al gran abanico de temas en los cuales el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes, el tema de los derechos de la infancia sigue siendo uno de los que menos trabajo legislativo ha procesado, aun y cuando las niñas y los niños merecen una preocupación extrema por las condiciones de abandono en las que muchas veces se encuentran, incluso desde el momento de nacer.

Para el caso de los hijos e hijas no reconocidos por su padre, como consecuencia directa de haber nacido fuera del matrimonio, según la legislación vigente, la insuficiencia alimentaria no es la única pérdida que sufre el niño, en espera de una resolución judicial o de un acto de la voluntad paterna, sino que además el abandono o la ausencia de estímulos provocan la pérdida del potencial de desarrollo. Es decir, no sólo se trata de desnutrición sino que el desentendimiento de un padre constituye un elemento que contribuye a colocar al infante en una situación de exclusión social que conduce al empobrecimiento evolutivo.

Los alimentos, al igual que la filiación, conforman entre otros, derechos reconocidos a la infancia, mismos que se encuentran plasmados en instrumentos jurídicos nacionales, así como el instrumento de carácter internacional vinculantes por el Estado mexicano.

Con relación a los derechos de filiación y alimentación, es necesario recalcar la gama de responsabilidades que se entrelazan  para su cumplimiento, sin embargo, la legislación civil en el tema de alimentos, reconocimiento de la paternidad y en general de los derechos civiles, al ser un tema reservado a los estados abre la posibilidad de que existan tantas maneras de regular esta rama del derecho como legislaciones estatales existen, complicando en muchos de los casos trámites que se realizan con respecto al derecho familiar.

Es por eso que la inclusión de estos temas al artículo 73 constitucional tiene una gran importancia, pues abrirá la puerta legislativa para que puedan ser aprobadas la Ley en materia de Paternidad Responsable, Alimentos y Adopción, entre otros, con el único y objetivo principal de reconocer la exigibilidad de los derechos de la infancia.

Compañeras y compañeros diputados, a nombre de mi partido, el Partido Acción Nacional, les pido el voto a favor de estas importantes reformas en nuestra Carta Magna. Hagamos del día de hoy el día en que demostremos a nuestras hijas, a nuestros hijos, que no hay nada más importante para nosotros que su bienestar y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para  heredar  a México la infancia fuerte, bien alimentada, segura y protegida que lo hará más grande, más próspero y más feliz. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Díaz de Rivera Hernández. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en esta iniciativa jugaron un papel, y en este dictamen también las compañeras diputadas, la compañera Yolanda Torre, la compañera Claudia Edith Anaya, la compañera Díaz de Rivera entre otras diputadas muy destacadas de esta Cámara, jugaron un papel fundamental insistiéndonos en la Comisión de Puntos Constitucionales a favor del dictamen de  un buen número de iniciativas que se habían presentado en esta Cámara.

También quiero destacar desde luego, la participación de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Todas ellas trabajaron insistentemente con nosotros para aprobar este dictamen. Por eso me da mucho gusto, éste es de los dictámenes que nos unen a todos, es una causa desde luego extraordinaria, es la causa del presente y es la causa del futuro.

Yo quisiera simplemente decir que la parte medular..., hay dos partes medulares en esta reforma desde el punto de vista jurídico. La primera es la introducción del principio constitucional del interés superior de la niñez. Este principio, como decía hace un momento la diputada Días de Rivera, va a servir para informar, para orientar no solamente al legislador cuando se aprueben las leyes secundarias, sino a la administración pública para definir políticas públicas que salvaguarden este interés superior de la niñez; y, desde luego, en materia jurisdiccional, para que todos los jueces de cualquier área o ámbito del derecho se orienten por el principio del interés a salvaguardar el principio del interés superior de la niñez.

Pero yo agregaría de manera respetuosa lo que aquí se ha dicho, que no solamente respecto a los tres poderes públicos, sino que aun en los órganos constitucionales autónomos o en cualquier entidad de interés público de este país, está obligado a salvaguardar y a mirar por el interés superior de la niñez.

Esta reforma tiene ese mérito. Esta reforma consagra un principio jurídico que, como sabemos los diputados y las diputadas, es una norma de carácter abierto. Es decir, como dice un teórico del derecho, Robert Alexi, es un mandato de optimización. Es una norma que estamos obligados a realizar en la mayor medida posible a maximizar este principio para favorecer a la niñez y a los jóvenes de nuestro país.

El otro asunto muy importante de esta reforma tiene que ver con que se modifica el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso expida una Ley General, es decir una ley en donde tendrán competencias la federación, los estados y los municipios.

Aquí los legisladores debemos ser muy celosos y salvaguardar el Estado federal –el federalismo– como no lo hicimos. No quiero recordar otro debate pasado de la semana anterior, cuando la ley que se aprobó, Reglamentaria de la Fracción XXI del 73, no salvaguardó el federalismo.

Aquí tenemos que repartir en la ley secundaria de manera muy conveniente las competencias de la federación, de los estados y de los municipios. Es otro mérito de este dictamen.

El tercer mérito, que yo diría es el mérito garantista, la idea es que nos convoca esta reforma constitucional a que aprobemos la legislación secundaria, la ley general que he mencionado, para garantizar plenamente en la mayor medida posible los derechos de las niñas, de los niños, de las jóvenes y de los jóvenes de este país.

Yo simplemente quiero decir –sé que esto puede ser anticlimático pero me atrevo a decirlo– que la redacción que propone la diputada Claudia Edith Anaya, me parece una redacción más garantista. Ojalá que cuando se vote en lo particular la reserva que ella hizo, vayamos con la reserva de la diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Pero en lo general, mi grupo parlamentario está totalmente a favor de este dictamen y reconocemos sobre todo la labor de las compañeras legisladoras y desde luego el trabajo de los legisladores como don Juventino Castro, que apoyó desde un principio este dictamen sin ningún tipo de obstáculo o de reserva al mismo. Pero en el voto, en la reserva, yo estaría de acuerdo con la propuesta garantista que nos hace nuestra compañera Claudia Edith Anaya Mota. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales.

El diputado Gerardo del Mazo Morales: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la diversidad de los rezagos y retos emergentes que las niñas, niños y adolescentes mexicanos enfrentan en esferas como la salud, educación y protección integral, hacen necesaria la obligación del Estado de analizar y evaluar las políticas públicas de protección hasta hoy implementadas, con el fin de hacer un diagnóstico y visualizar los desafíos que tenemos por delante.

La discusión de este dictamen por el que se obliga al Estado mexicano que en todas las decisiones y actuaciones que tome se cumpla con el principio del interés superior de la niñez y por medio del cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en las que se determinen las obligaciones expresas de los tres órdenes de gobierno.

Es un avance legislativo innegable a propósito del 20 aniversario del inicio de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país. México ratificó este instrumento internacional en septiembre de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño, y asumió su compromiso vinculante que lo obliga a adoptar, entre otras, las medidas legislativas necesarias para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos.

A dos décadas del inicio de este camino y a pesar de los avances, las instituciones del Estado mexicano tienen aún grandes pendientes e importantes oportunidades para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, de los casi 40 millones de niñas y niños mexicanos que aún padecen rezagos derivados primordialmente de la pobreza y enfrentan al mismo tiempo problemas emergentes vinculados a la salud, educación y seguridad.

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza compartimos el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que cualquier violación de derechos humanos resulte especialmente grave cuando se trata de un niño.

Por ello la atención, el cuidado y la educación, revisten una importancia crucial, ya que ellos y ellas son quienes determinan el futuro desarrollo económico y social del país.

Estamos en un panorama en el que la promoción de los derechos y la prevención de riesgos y situaciones de peligro son la única apuesta posible para asegurar que la niñez tenga acceso a una adecuada calidad de vida.

No basta con señalar de manera retórica, que hemos cambiado nuestra visión. La revolución de la protección integral de la niñez, como sujetos de derechos, tiene que vivirse efectivamente en las sociedades, en las instituciones, en nosotros y en los propios niños y niñas.

Por ello el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, como promovente de esta reforma, apoya este dictamen en sus términos con el fin de seguir garantizando el pleno ejercicio de sus derechos, así como el máximo desarrollo de su potencial humano y social. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, señor presidente; diputadas y diputados, quiero comentarles que en el Congreso de la Unión efectivamente sí hay temas en los que los diputados federales nos ponemos de acuerdo y éste es uno de ellos.

En el Partido Verde temas como éste, consideramos que son superiores a los del interés nacional; son prioritarios para el desarrollo del país y para la evolución y consolidación de las próximas generaciones.

En el Partido Verde siempre nos hemos preocupado por fomentar la protección y el cuidado de los niños, por fomentar su desarrollo, por fomentar su educación y su cultura, así como la de los jóvenes.

El Partido Verde es un partido prominentemente integrado por jóvenes que pensamos como ellos y actuamos como tales.

Nosotros, aparte de lo mencionado, siempre hemos impulsado iniciativas de temas de juventud, de educación, como los bonos educativos de inglés y computación que sin duda generan una aportación a la cultura y a la educación de los jóvenes de nuestro país.

Hemos aportado temas en la seguridad de los jóvenes y niños como endurecer las penas a los delincuentes y asesinos.

En el partido verde siempre velamos principalmente por nuestra causa, por la cual estamos aquí primordialmente, que es la ecología y el medio ambiente, y hemos hecho propuestas como que la materia de ecología y medio ambiente y equidad y género sean impartidas desde el kínder.

Esas son las propuestas que el partido verde ha hecho para el desarrollo y consolidación de la cultura de los jóvenes y los niños.

En el partido verde sí aportamos, en el partido verde sí apoyamos y sí estamos de acuerdo para fortalecer, siempre y cuando sea viable, como en esta ocasión, a los niños y jóvenes de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. La última intervención en esta discusión en lo general le corresponde a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado para hablar en pro del dictamen.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: hoy el Poder Legislativo otorga un gran reconocimiento a la niñez mexicana y hoy también en esta Cámara de Diputados tenemos visitantes distinguidos. Yo observo desde aquí niños y niñas que nos visitan y que nos da mucho gusto que estén hoy aquí siendo testigos de la aprobación de este dictamen en estas diferentes iniciativas que se han presentado en legislaturas desde la LVIII, LIX, LX y LXI.

Muchas compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios han hecho del tema de la niñez su bandera, su trabajo. Han participado de manera importante en diferentes comisiones donde hemos aprobado algunos temas que están relacionados con la niñez.

Este dictamen es una acción fundamental en aras de velar por el cumplimiento y ampliación de los derechos que tutelan el interés superior de la infancia, hecho que sin duda marca un precedente en nuestra legislación.

Los derechos de la infancia han tenido para el actuar internacional de México un lugar destacado que conlleva obligaciones claras y precisas de armonizar la legislación interna del país en consonancia con los compromisos internacionales que México ha asumido en esta actitud cada vez más comprometida y participativa en el tema.

Instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño de 1989, son  un claro ejemplo del desarrollo del derecho internacional y de la concepción de los derechos humanos, de la cual nuestro país ha sido su firme promotor.

Sin embargo, tenemos que reconocer que aún hacen falta acciones que garanticen su cumplimiento. Un claro ejemplo de ello lo encontramos cuando el Comité de los Derechos del Niño, órgano de vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha presentado diversas recomendaciones al Estado mexicano con relación al lento avance de la plena garantía y observancia de los derechos de la infancia contenidos en la convención.

Incluso vale la pena retomar las recomendaciones emitidas por el Comité con motivo del Segundo Informe mexicano, del 10 de noviembre de 1999, en las cuales se exhorta a nuestro país a emprender una reforma legislativa para introducir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los principios de no discriminación y de interés superior de la infancia, lo cual nos marca una primera pauta para adicionar el artículo 73 para otorgar al Poder Legislativo federal facultades expresas en la materia; asimismo, al artículo 4o. constitucional.

Esta reforma nos permite cumplir con lo establecido en la convención, sobre todo cuando estipula en su artículo 4o. que los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicha convención.

La legislación, y sobre todo la Constitución, deben tener todos los elementos posibles para proteger al 38 por ciento de la población. Ese 38 por ciento, compañeros y compañeras diputadas, son nuestros niños y nuestras niñas. Darles a ellos su libertad, su integridad, su educación, su salud, su desarrollo, su patrimonio, su situación familiar y muchos otros temas en que debemos nosotros de velar.

Esta legislatura realmente se ha distinguido por sacar adelante los temas de la niñez. Puntos de acuerdo que se han presentado y que se han aprobado incluso por la Junta de Coordinación Política, y que hoy tenemos gracias a la aprobación de la Junta de Coordinación Política y de este pleno, tenemos una Comisión Especial de la Niñez.

Hoy también en esta Cámara hemos aprobado el proteger a las niñas y a los niños que están ahí, en esos centros de readaptación social en donde se encuentran internas sus madres. Muchos otros han sido los temas que nos han unido en esta legislatura en torno a la niñez.

Hoy los invito a que aprobemos este dictamen y agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales por haber aprobado en esa comisión todas estas iniciativas que estaban desde el 2002 ahí esperando ser tomadas en cuenta, esperando ser aprobadas por los diputados y las diputadas.

Seguirá el proceso legislativo, pero nosotros tenemos el firme compromiso de seguir trabajando a favor de nuestras niñas y de nuestros niños mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada.

Como ya lo ha dicho la diputada Aguirre, les damos la más cordial bienvenida a los alumnos de primaria, secundaria y al personal docente de la escuela particular Superación, del estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín. Muchas gracias amigos por acompañarnos hoy.

También están con nosotros alumnos de la Universidad Stanford, de Cuautla, Morelos, de la Facultad de Derecho, invitados por el diputado Jesús Giles Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.

Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentra por lo tanto suficientemente discutido y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo 4o. reserva que ha hecho la diputada Claudia Edith Anaya Mota. Se pide, por tanto, a la Secretaría, abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto, háganlo, está abierto el tablero electrónico.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Vamos a proceder a cerrar el tablero electrónico. Ciérrese el tablero electrónico. De viva voz:

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón (desde la curul): A favor.

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente tenemos 393 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, los artículos no impugnados. Fue aprobado por mayoría calificada, perdón.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular el artículo 4o.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática. Pasa, en lugar de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, la diputada Teresa Incháustegui.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Buenas tardes, compañeras y compañeros.

Para proponer la adición en el sexto párrafo de la iniciativa en donde se señala que el Estado dispondrá de todos los medios a su alcance para garantizar la aplicación del principio del interés superior de la niñez en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas.

Nuestra propuesta es adicionar en el sexto párrafo las siguientes líneas: este principio –el interés superior de la infancia– deberá guiar el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

La razón de esta adición es reforzar el garantismo, que ya se está planteando en el artículo 6o., pero desde una perspectiva instrumental de políticas públicas, porque lo que nos ocurre, con mucha frecuencia, compañeras y compañeros, es que las política y los recursos que se destinan a diferentes rubros generalmente no se evalúan y, por lo tanto, la mayor parte de los recursos no atienden efectivamente los problemas que hay que atender.

En este caso, de esta manera, pensamos, se refuerza ese garantismo de manera que siempre sea evaluada la política y siempre se esté cuidando que el diseño efectivamente corresponda al principio de interés superior de la infancia.

Ésa es en realidad una adición que fortalece el principio pero desde una perspectiva instrumental. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Teresa Incháustegui.

Solicito a la asamblea un minuto de tolerancia, toda vez que estamos analizando la propuesta de la compañera diputada Teresa Incháustegui.

Se encuentran en este recinto estudiantes del Conalep, de El Oro, estado de México, invitados por el diputado Emilio Chuayffet Chemor. Les damos la más cordial bienvenida.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Incháustegui.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En todo caso, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno  Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta presentada por la diputada Incháustegui.

Diputadas y diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aceptada la propuesta. Consulte la Secretaría  a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 4o.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 4o.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 4o.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto, diputado Benítez Treviño? Sonido a la curul del diputado Benítez Treviño, por favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Para precisar, señor presidente, que hay una confusión en la asamblea. ¿La diputada Inchaustegui presentó su propuesta por escrito, como establece la ley? Y que la lean por favor.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, ya le dio lectura. La presentó por escrito y le dio lectura. Pero instruimos a la Secretaría para que nuevamente le dé lectura, por favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Benítez Treviño, por favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): En consecuencia, señor presidente, le pedimos cinco minutos para consensuarlo con las bancadas.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada (13:55): Se acepta la propuesta del diputado Benítez Treviño y se declara un receso de cinco minutos.

(Receso)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (13:58 horas): Se reanuda la sesión.

Pido a la Secretaría se sirva dar lectura nuevamente a la proposición aceptada por la asamblea, sobre el artículo 4o. reservado.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los  niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus  necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Se adiciona: este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Correcto, señor secretario. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo 4o. del proyecto de decreto reservado en los términos de la proposición leída por la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo 4o.

(Votación)

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Sigue abierto el sistema electrónico. Se va a proceder a cerrar el tablero electrónico. Adelante, diputados está abierto todavía el sistema. Está abierto el sistema electrónico, señores diputados. ¿Falta algún diputada o diputada por emitir su voto? Ciérrese el tablero electrónico. Diputado Víctor Roberto Silva Chacón. De viva voz.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Godoy Toscazo (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): A favor.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde la curul): A favor.

La diputada Daniela Nadal Riquelme (desde la curul): A favor.

El diputado Fermín Montes Cavazos (desde la curul): A favor.

El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (desde la curul): A favor.

El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Gastón Luken Garza (desde la curul): A favor.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (desde la curul): A favor.

El diputado César Mancillas Amador (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Aysa Bernat (desde la curul): A favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Lauro Rojas San Román (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 376 votos a favor, cero en contra y una abstención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado el artículo 4o. reservado por 376 votos. Aprobado por mayoría calificada.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

Diputado Fernández Noroña, con qué objeto.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quisiera sólo hacerle una petición, diputado presidente, que quede constancia, antes de que entremos a este punto, que otra vez el día de hoy no vino el diputado César Nava, que sigue cobrando. No sé si está de luna de miel o qué pasa, pero que quede claro que está ausente otra vez de la sesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la secretaría.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, por la comisión, para fundamentar el dictamen.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Con su venia, señor presidente. En efecto, como lo ha dicho nuestro compañero diputado Juan Carlos Natale López, en esta Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, también surgen elementos que estamos dictaminando y en los cuales coincidimos todos los partidos políticos.

En la Comisión de Justicia, que preside el diputado don Humberto Benítez Treviño, me han encomendado posicionar un tema que nos parece de la mayor importancia. El juicio de amparo nació a mediados del siglo XIX como un mecanismo de defensa de los ciudadanos en contra de la violación de garantías individuales por parte de la autoridad.

No obstante, con frecuencia esta protección se hace nugatoria toda vez que por las condiciones socioculturales o económicas del que pide justicia por esta vía, carece de los elementos para plantear adecuadamente la defensa de sus garantías y de sus derechos consagrados en la Constitución.

Nuestra Constitución se caracteriza por su importante contenido social reflejo de las exigencias que dieron origen a la Revolución Mexicana. Por ello, el Constituyente del 17 contempló la posibilidad de que existieran excepciones al principio de estricto derecho que rige el juicio de amparo, según el cual éste debe seguirse únicamente por los conceptos de violación o agravios expresados por el quejoso en su demanda.

De este modo se incluyó en el artículo 107 constitucional la figura procesal de la suplencia de la queja; institución proteccionista por la que el juzgador se ve obligado a examinar de oficio cuestiones no propuestas por el quejoso que pudieran ser potencialmente violatorias de sus garantías constitucionales.

Dicha institución se ve reflejada en el 76 Bis de la Ley de Amparo que señala los casos en que el juez se encuentra obligado a suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios en aras de proteger y tutelar a aquellos grupos sociales que se encuentran en una posición de vulnerabilidad, como ocurre actualmente en los ámbitos agrario, laboral o penal.

Sin embargo, además de los casos ahí señalados existen sectores de la población que requieren de la tutela efectiva de ley a fin de asegurar la adecuada defensa de sus garantías individuales.

Como bien lo señalaron los proponentes, uno de los grupos sociales mayormente afectados por la insuficiencia de recursos es el de las personas adultas mayores que pretenden jubilarse o se han jubilado, puesto que el importe de las pensiones que perciben es insuficiente para asegurarles una honrosa subsistencia; mucho menos lo será para contratar una adecuada defensa jurídica.

Así pues, se presenta ante esta soberanía, señores diputados, dictamen por el cual se propone adicionar una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo a fin de estipular que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de la demanda, así como de los agravios en esta materia.

En materia de seguridad social para los beneficiarios de los derechohabientes y los pensionados con el objeto de atenuar el efecto negativo que finalmente se ha propiciado por la carencia de recursos y, por ende, el que no cuenten con un debido asesoramiento en el planteamiento de una demanda en esta materia.

A través de esta reforma entonces, se estaría obligando al juzgador a suplir la deficiencia que adviertan, en su momento, en los conceptos de violación o agravios en favor de los beneficiarios de la seguridad social.

Es entonces, una muestra más del principio de solidaridad que caracteriza a nuestro sistema jurídico y es una muestra inequívoca del compromiso social que todos los señores diputados, de todos los partidos políticos aquí representados han demostrado, al haber votado este dictamen de la Comisión de Justicia que preside el diputado Humberto Benítez Treviño, la misma, y han votado todos de manera unánime el hecho de que se adicione y modifique el artículo 76 Bis, adicionándole la fracción VII, para que tengamos una tutela más efectiva en el ámbito de la protección a las personas más necesitadas de este país y que han dado por toda su vida un gran trabajo y que forman parte de la seguridad social y que debemos tutelarlos a través del voto que en unos momentos más habremos de depositar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Quienes falten de emitir su voto, está abierto el sistema. Vamos a cerrarlo. Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): A favor

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón (desde la curul): A favor

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): A favor

El diputado Gregorio Hurtado Leija (desde la curul): A favor

El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): A favor

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán (desde la curul): A favor.

El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Aarón Irízar López (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez (desde la curul): Rubén Arellano Rodríguez. A favor.

La diputada María Esther Terán Velázquez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación son 362 a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 362 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 25 transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Uriel López Paredes, por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso.

El dictamen que hoy vamos a votar busca dar certidumbre jurídica y no deja al libre albedrío de los funcionarios en turno, el monto de las pensiones de cientos de miles de ex trabajadores y trabajadores de nuestro país.

El propósito de la iniciativa es restablecer el equilibrio entre lo que se cotiza y lo que se recibe como pensión, equilibrio roto por una laguna en la redacción del artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social de 1995 y una interpretación literal del artículo 33 de la Ley de 1973, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El dictamen reforma al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, estableciendo el equilibrio entre el tope de la aportación obrero-patronal y el pago máximo de las pensiones, calculándose su cuantía con el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, con un límite superior de 25 veces el salario mínimo.

El sistema pensionario consagrado en la Ley del Seguro Social de 1973, era un sistema de reparto constituido por una bolsa general, a la cual contribuían con sus aportaciones patrones, trabajadores y el gobierno. Con ella se constituían reservas para el pago de las pensiones de los trabajadores que accedían a ese derecho.

La contribución tripartita para los seguros del régimen obligatorio estaba basado en un porcentaje del salario base de cotización de cada trabajador afiliado al IMSS, con un tope máximo de 10 salarios mínimos, límite que también operaba para la obtención de beneficios; es decir, servía para fijar el máximo de las cuantías de las pensiones, con la finalidad de evitar que un trabajador al jubilarse o pensionarse con un salario alto, tuviera que ser subsidiado o con las contribuciones de la gran mayoría que aportaban con un salario bajo.

La Ley del Seguro Social vigente, con un sistema pensionario basado en cuentas individuales, en su artículo Vigésimo Quinto Transitorio señala que al inicio de su vigencia el máximo de aportación obrero-patronal sería la cantidad equivalente a 15 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal, límite que se acrecentaría en un salario mínimo cada año, subsecuente, hasta llegar en el año 2007 a los 25 salarios mínimos del Distrito Federal.

La ley abrogada, si bien establecía claramente en su artículo 33 que el máximo para el salario base de cotización era la cantidad equivalente a 10 salarios mínimos, no hacía ninguna referencia a un tope máximo en la cuantía de las pensiones, ya que este estaba establecido en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social.

Desde 1997, en algunos casos el Instituto Mexicano del Seguro Social calculó la cuantía de la pensión con el promedio de las últimas 250 semanas de haber cotizado, aún cuando éste fuera superior al límite de 10 salarios mínimos mencionados en el artículo 33 de la ley abrogada.

En otros casos, el IMSS negó tal derecho para algunos trabajadores. Los afectados por esta determinación recurrieron a la justicia laboral, logrando que las juntas de Conciliación y Arbitraje les dieran la razón, mientras que la justicia federal les negó tal derecho.

Esta contradicción basada en la ambigüedad y en las lagunas de la ley es lo que subyace a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy nos proponemos esclarecer. Para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, en esta iniciativa se restablece el equilibrio en las disposiciones de ley para, al cambiar el sistema pensionario que dejó incongruencias y lagunas que han vulnerado los derechos de muchos trabajadores y ha afectado también a ellos, es que se tenga una pensión que permita una vida digna de la vida laboral.

En consecuencia, se propone que la redacción del adicionado párrafo III sea como sigue:

Ese mismo límite en veces el salario mínimo, será el límite superior de las cuantías de las pensiones de aquellos asegurados inscritos con anterior a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como de sus beneficiarios que, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, opten por acogerse a los beneficios de la ley que se deroga.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Esta Presidencia informa que se ha inscrito para la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, el diputado Raúl Cuadra García, del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra.

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la bancada de Acción Nacional coincide con la situación de grave, de preocupante inseguridad jurídica que tienen los trabajadores inscritos al Seguro Social. La jurisprudencia que se emitió para resolver la controversia de tesis preocupaba una grave preocupación para los miles de asegurados con derecho a pensiones.

Nuestra bancada coincide que esta reforma al artículo 25 transitorio de la ley da una certeza jurídica plena a los trabajadores, de gozar con las pensiones a que tienen derecho. Nosotros como fracción estamos por el derecho de los trabajadores a mejores prestaciones, por el derecho de los trabajadores a gozar de una pensión digna y justa después de tantos años de trabajo.

Por ese motivo, mi fracción, Acción Nacional, va a votar a favor la propuesta de adición de un párrafo al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Cuadra. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, para hablar en pro.

El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su venia, señor presidente. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para hacer un reconocimiento sincero, amplio, a todas las fracciones parlamentarias porque he visto pocas ocasiones como ésta en que, por unanimidad, respaldaron esta propuesta.

La verdad es que se generó un escenario de incertidumbre muy importante para los trabajadores, porque después de venir cotizando para que las pensiones pudieran darse con un tope hasta de 25 salarios mínimos, graciosamente nos querían modificar esa situación y toparla con pensiones de sólo hasta 10 salarios mínimos.

La reacción que se generó en el país fue de tal magnitud que el Seguro Social tuvo que pensar seriamente en mantener esta posición. Pero lo que a mi juicio resultó determinante fue la decisión y la posición de la Cámara de Diputados.

Esta propuesta deja a salvo cualquier otra interpretación, porque si bien ya fue un avance que el Seguro Social –como no era vinculante en la decisión– haya señalado que se guiaría por los criterios que venía aplicando anteriormente, fácilmente podía cambiar por el solo hecho de que cambiaran al director; porque cambiara algún funcionario del gobierno que decidiera modificar esta política, volveríamos a entrar en este conflicto.

Aplicar con este criterio ahora la ley, me parece que deja a salvo el derecho de los trabajadores. Me parece que vale la pena felicitar a este Congreso, a todas las fracciones parlamentarias por la sensibilidad que tuvieron para apoyar esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Muchas Gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema de votación. Adelante, diputado, está abierto el sistema de votación. Sigue abierto el sistema de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado Víctor Roberto Silva Chacón, de viva voz.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Lepe Lepe (desde la curul): A favor.

El diputado José Oscar Aguilar González (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): A favor.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Diputado presidente, se emitieron 354 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos, el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autorice que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se le dé lectura a los encabezados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se autoriza. En consecuencia, proceda la secretaría a dar lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Puntos de acuerdo de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación establecer horarios para programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de los niños.

Puntos de acuerdo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Economía por los que se exhorta a la Profeco implementar acciones que permitan evitar la publicidad engañosa y cobros indebidos de los prestadores de servicios de telefonía celular y fija y en su caso se apliquen las sanciones conducentes cuando se incumpla lo acordado.

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rendir un informe sobre los mecanismos de control en los que se basan las autoridades para regular la calidad del servicio que prestan a los usuarios las aerolíneas en nuestro país.

Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agilice la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas y tome las medidas necesarias para evitar subejercicios del gasto.

Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre la vigilancia, funcionamiento y operación de los servicios que prestan las aerolíneas comerciales en México.

De la Comisión de Derechos Humanos por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Marina, al Ejecutivo del estado de Morelos y al secretario de Seguridad Pública de esa entidad respetar en sus funciones y acciones operativas de lucha contra la delincuencia organizada las garantías individuales y derechos humanos de los morelenses.

De la Comisión de Economía por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, tomando en cuenta las bases de datos de la Agencia General de Aduanas y del Inegi identifiquen empresas que tengan un perfil de operación riesgoso y prevengan que las sujetas al régimen de importación temporal dejen de cumplir con sus obligaciones patronales.

De la Comisión de Economía por el que se exhorta a las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal para que en el marco de sus festividades y compromisos sociales del bicentenario y en adelante se consuman vinos y bebidas de origen mexicano.

De la Comisión de Economía por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal declare al platillo típico de los chiles en nogada como “chiles en nogada, platillo bicentenario del estado de Puebla”.

De la Comisión de Economía por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Economía, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica del municipio de Cananea, Sonora.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos curriculares del sistema de educación básica y del bachillerato para promover la educación ambiental.

De la Comisión de Energía por el que se exhorta al Ejecutivo federal agilizar la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos situada en Tapachula, Chiapas.

De la Comisión de Energía, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía promueva la elaboración y firme los convenios y acuerdos de coordinación previstos en el artículo 8 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se le solicita al gobierno de Matamoros, Tamaulipas, implementar las acciones y medidas que garanticen el debido cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se solicita a la Semarnat realizar el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida a la zona de Omiltemi, conocida como Parque Ecológico Estatal Guerrero.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se solicita a la Semarnat realizar el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida a la Isla de Petatán, ubicada en el municipio de Cojumatlán de Regules, Michoacán.

De la Comisión de Pesca, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa, la Conapesca evalúe la posibilidad de expedir permisos de pesca comercial de atún a los pescadores ribereños del país.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Conagua, a rendir un informe sobre las acciones específicas a realizar para atender el problema de la reducción de la disponibilidad del agua en Baja California.

De la Comisión de Seguridad Pública, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida.

De la Comisión de Turismo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir Jalpan de Serra, Querétaro, en el Programa de Pueblos Mágicos.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, del Partido del Trabajo, para hablar en pro sobre las aerolíneas.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente.

Yo le agradezco que me haya dejado subir a hablar en pro. Quiero hacer la precisión porque me advirtieron que si hablaba en contra no me dejaban subir, entonces vamos a hablar en pro.

Se me hace ridículo y absurdo que a un secretario de Estado que pesan sobre de él denuncias de asesinato, de negligencia, de corrupción como es Juan Molinar Horcasitas, esta Cámara, el día de hoy le esté haciendo un exhorto para que entregue información.

Es realmente denigrante que a un seudofuncionario público que tiene más de dos denuncias de juicio político, que tiene una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que ha acabado con el trabajo, con el empleo de 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación, que protege a la familia Azcárraga, que es causante de la muerte de 49 niños, esta Cámara de Diputados lo esté exhortando a que le dé información. Bueno, qué clase de legisladores somos que a un delincuente le estamos pidiendo que haga las cosas por favor.  Me parece esto denigrante para el Poder Legislativo.

¿Cómo podemos creer que una persona que le vino a mentir a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diciendo que no iba a entregar unas licitaciones y las entregó saliendo de la comparecencia, nosotros lo exhortamos a? ¿Cómo es posible que prefiramos exhortar a y en esta Cámara todavía no se pueda constituir la Comisión del Seguimiento del caso de Mexicana? Ya nos parecemos al diputado Pocoroba, que faltan 8 días para aprobar la Ley de Ingresos y está platicando en lugar de citar a la Comisión de Hacienda. Me parece denigrante esto.

Me parece absurdo que, además, quieran limitar la participación de los legisladores a estar a favor de un punto de acuerdo, porque si es en contra no. ¿Qué quieren callar, que el tipo Horcasitas es un delincuente, es un matón, es un sicario? Pero eso sí, aquí le pedimos de favor las cosas.

Bueno, por favor respétense a ustedes mismos. Yo sé que los panistas hoy no tienen ganas de discutir porque no les hemos tocado a sus santitos. Pero por favor, señores, recapaciten. No es posible que andemos con estas cosas a estas alturas, el país se está cayendo, 8 mil gentes están perdiendo su empleo y aquí estamos exhortando a que nos informe a este delincuente que sigue protegiendo a Gastón Azcárraga y que no está haciendo nada por mantener la fuente de empleo de miles de trabajadores. Le ha hecho un daño al país, a la actividad turística, a padres de familias...

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Permítame usted, señor diputado. Permítame, diputado. Sonido a la curul del diputado Pérez Cuevas, por favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Era para que quedara en constancia. Pero es una pregunta, si el diputado sabe que este pleno autorizó la creación de ese grupo de trabajo, que inclusive ya tuvo una primera reunión y, hasta donde sé, creo que participó el propio diputado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, diputado. El orador no ha autorizado su pregunta todavía.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Es que todavía no hago la pregunta, diputado. Le estoy diciendo que la voy a formular.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ah, no estaba en eso. Adelante. Primero necesitamos saber si el orador acepta su pregunta. Orador, señor diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado Pérez Cuevas?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Hace un rato no aceptaron el debate de Andrés Manuel López Obrador, por qué le voy a aceptar una pregunta a este señor. No la acepto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ya le respondió, diputado. Continúe el orador.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Por eso se me hace que es redundante y es absurdo querer pasar estos puntos de acuerdo para taparle un ojo al macho.

El hecho es que este tipo hizo que degradaran la calificación aeroportuaria del país, quebró una línea aérea, no hizo nada.  Dañó a la actividad turística y seguimos pidiéndole las cosas de favor.

Y después de oírme, voy a cambiar el sentido de mi voto. Yo voto en contra de este punto de acuerdo, y le solicito a la Presidencia nos deje subir a los legisladores para expresar lo que tenemos que expresar. A mí nadie me condiciona a votar a favor o a votar en contra para subir a expresarme de una tribuna.

Vayámonos poniendo de acuerdo presidente, si tanto les urge váyanse y déjennos trabajar, pero no estén coartando la libertad de los legisladores para exponer las cosas que lastiman a la nación en esta tribuna. Muchas gracias.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Emilio Serrano, ¿con qué objeto?

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si me permite subir a tribuna, por hechos, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano, para rectificar hechos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Pérez Cuevas, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Para dejar asentado que la Junta de Coordinación Política en tiempo y forma creó, por mandato de este pleno, el grupo de trabajo plural para analizar los temas de Mexicana, el cual ha tenido ya una sesión, según refieren, los diputados participantes. Para efecto de que quede constancia en actas, presidente

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Queda constancia, diputado. Adelante diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado presidente. Nada más para reafirmar lo que manifiesta el diputado Mario Di Costanzo, Juan Molinar Horcasitas es un delincuente.

Hay una denuncia penal en contra de él, que su servidor presentó en la Procuraduría General de la República, por el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y ahora resulta que con fecha 11 de octubre primero la PGR me dice que no encontraban a Molinar Horcasitas, y ahora con esta fecha, 11 de octubre, me dicen que no pueden llevar el caso en el Distrito Federal, que se regresa a Sonora.

Es totalmente ilegal lo que está haciendo la Procuraduría General de la República está violando la ley, están protegiendo, son cómplices de Juan Molinar Horcasitas.

No es posible que a un tipo tan irresponsable, tan inepto, efectivamente, le estemos pidiendo por favor que haga bien las cosas.

Las autopistas del país, que son carísimas, están hechas una porquería y siguen cobrando. El caso de Mexicana de Aviación es culpa de Juan Molinar Horcasitas.

Es de interés nacional que una de las principales líneas aéreas esté sin servicio. Dos líneas, que eran las únicas que competían a nivel internacional con otras de su nivel, ahora resulta que solamente una funciona, y esto permite que se encarezcan los precios de las tarifas aéreas; y las líneas pequeñas también están haciendo su agosto, ponen los precios que quieran y están súper saturadas. Todo esto es por culpa de Juan Molinar Horcasitas.

Y yo creo que en lugar de mandarle un exhorto, deberíamos de exigir de inmediato la renuncia de Juan Molinar Horcasitas y debemos de hacerle juicio político para que se le meta a la cárcel. Es lo que el señor se merece. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Pérez Cuevas para rectificar hechos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señores diputados.

Respetar siempre los argumentos, coincidamos o no, yo creo que es una característica del debate parlamentario. Aceptar los debates que se consideren en el ámbito de lo que convenga debatir siempre es necesario en el debate parlamentario.

Hoy vengo hasta esta tribuna porque advierto que después de haber logrado con una votación unánime reformas tan trascendentales como la que se dio al artículo 73, que hace un rato aprobamos, que tiene que ver con cumplir el principio superior de la niñez, reforma al artículo 73 constitucional, que da cuenta que la Cámara de Diputados logra acuerdos, que da cuenta que la Cámara de Diputados sabe ponerse de acuerdo, que da cuenta que podemos llegar a un tema tan trascendente que tiene que ver con derechos fundamentales, tanto de la niñez como derechos protegidos en instrumentos internacionales.

Hace unos días aprobamos la Ley de Combate al Secuestro y uso esta tribuna para que, en un debate que tiene que ver con otros temas, que son legítimos de los propios oradores que aquí suban y que cada quien aplicará el tiempo que considere necesario, para poder argumentar, lo que quiero es y por eso decidí subir a rectificar hechos y no referirme a esos temas que se han presentado, porque quiero pedir a la Presidencia y a esta...

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, ¿puedo hacerle una pregunta al orador?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Pérez Cuevas, el diputado Emilio Serrano desea hacerle una pregunta, ¿acepta usted?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con todo gusto. Sí acepto las preguntas que vengan, presidente.

El Presidente diputado J. Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente.

Una pregunta, diputado. Hemos visto que en muchos temas Acción Nacional acepta acuerdos y acepta votaciones positivas; una pregunta es, ¿estarían ustedes de acuerdo en que juntos, todas las fracciones, pidiéramos la renuncia, que se la merece, Juan Molinar Horcasitas, por inepto, por mal funcionario, que inclusive desprestigia la imagen de Acción Nacional?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Concluida la pregunta respondo que Acción Nacional toma el debate en serio y toma las propuestas que tengan que ver con la transformación de este país, con los temas que faltan en materia de derechos humanos, con los temas que faltan en materia de amparo, con los temas que faltan de las reformas estructurales que queremos. A esos temas sí le entramos.

Por eso estoy en esta tribuna, para pedirle al presidente, como decía hace un momento y a la propia Cámara, que no dejemos pasar dos temas de relevancia trascendental para la vida nacional, como el que aprobamos en su momento sobre la Ley de Combate al Secuestro.

Nada más pero nada menos, un tema trascendente, que por mucho tiempo se persiguió, que analizó más de 20 iniciativas.

Lo vengo a decir hasta esta tribuna, porque el tema pasa como si hubiera sido un tema más. Por eso he venido a decir que no permitiremos que se ponga al mismo nivel de otros temas que se dan en el debate parlamentario...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Pérez Cuevas, perdón por interrumpir, pero el diputado Mario Di Costanzo, desea hacer una pregunta.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: No, presidente, no aceptaré más preguntas, porque lo que quiero aquí es reivindicar hechos, que la Cámara de Diputados ha demostrado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdón, diputado. A ver, diputado Mario di Costanzo, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Como siempre, me escucha mal. Estoy pidiendo para rectificación de hechos. No vale la pena preguntarle a este diputado, no va a contestar.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No le escuché mal, sino que no tenía sonido la curul. Pero dígame usted, ¿es todo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para rectificación de hechos.

Para rectificación de hechos desea hacer uso de la palabra, muy bien. En su momento.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Muchas gracias, presidente. Queda ratificado que mi aprecio y mi respeto para el diputado Di Costanzo, como es para los 500 legisladores que integramos este pleno. Digo 500, porque empiezo por el respeto a mí mismo y después, el respeto a mis compañeros legisladores.

No puedo dejar pasar esta circunstancia, cuando pareciera que hablamos de un tema distinto; el tema es que en el debate de lo que ya ha sido aprobado, que es trascendental en estos dos puntos que he mencionado, pasa como si la Cámara de Diputados no  hubiera hecho nada, y por eso quiero pedirle, diputado presidente, que se logre la mayor publicidad, que se busque difundir ante la ciudadanía estos dos hechos, tanto la Ley de Combate al Secuestro como la reforma al 73 constitucional, que son temas trascendentales.

Nos faltan mucho más, pero esto demuestra que  a pesar de los debates álgidos, esto demuestra que a pesar de defender con vehemencia los postulados, las posturas, la forma de ver las cosas de cada una de las bancadas, a pesar de ello en esta Cámara de Diputados podemos ponernos de acuerdo, y eso, señor presidente, es lo que le quiero pedir que quede asentado y que se tomen las medidas pertinentes para darle la publicidad a estos hechos que a veces ante la sociedad pasan como si no hubiéramos hecho el trabajo respectivo, que  no es menos en este caso de la reforma al 73 constitucional, son más de 13 iniciativas las que se han analizado, es un trabajo enorme en comisiones y dado que la imagen de la Cámara de Diputados y los diputados no es la mejor, es por eso que en este momento he decidido pasar a pedirle a la Presidencia dé difusión del trabajo que de alguna manera retoma lo que corresponde a los legisladores en materia legislativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Di Costanzo para rectificación de hechos. Después se ha inscrito el diputado Emilio Serrano. Después de estos dos oradores, esta Presidencia... el diputado Agustín Guerrero.

Después de haber hecho uso de la palabra estos tres oradores consultaremos a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema. Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo  Armenta: Gracias, presidente. Yo creo que el hecho de que 8 mil trabajadores no tengan empleo es un tema relevante para el país, es un tema digno de discutirse en esta tribuna. El hecho de que la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México esté vacía por lo que hizo este señor Horcasitas, es un tema de relevancia para este país.

Yo creo que los desacatos que cometió al Poder Judicial, Juan Molinar Horcasitas, es un tema relevante para este país. No nos estemos adornando cuando hay acuerdos en cosas obvias, lo importante es llegar a acuerdos en estas cosas, en que no estemos cubriendo delincuentes, delincuentes que andan además haciendo labores de funcionarios públicos.

Es un tema relevante para este país que sepamos desde hoy si el PRI y el PAN ya se pusieron de acuerdo para no bajar el IVA, y por eso el presidente de la Comisión de Hacienda no quiere convocar. Nunca antes en la historia de esta Cámara de Diputados, a 8 días de aprobar una Ley de Ingresos la Comisión de Hacienda no había sesionado. Es una vergüenza. Y nunca antes –yo creo- en la historia –quitando a Francisco Gil Díaz- había habido funcionarios tan corruptos, tan ineptos, tan delincuentes como Juan Molinar Horcasitas. Esto es lo que debería de estar explicando.

Por eso mil 500 trabajadores de plataforma en el Aeropuerto están descansando hoy. Por sus negligencias, por sus corruptelas, por su falta de supervisión. Eso es lo que deberíamos de estar revisando y no exhortando.

¿Por qué salió esta discusión? Porque nuevamente utilizamos este documentito del exhorto para hacerle creer a la gente que estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué no estamos aquí discutiendo ya el asunto del juicio político a Molinar Horcasitas; a Mony de Swann y a éstos consejeros de la Cofetel, que votaron ilegítimamente una licitación que es una asignación directa a la empresa de la cual son jefes, desgraciadamente, de muchos legisladores?

Esa es la vergüenza. Cómo actuamos a conveniencia y cómo queremos tapar el sol con un dedo cuando este país se está cayendo.

Los acuerdos son nuestra obligación. Hay acuerdos muy obvios; lo que importa, lo que la gente quiere saber es qué vamos a hacer en estos grandes temas. Qué vamos a hacer con el precio de la gasolina. ¿También eso ya lo acordó el diputado Pocoroba en su comisión y por eso no convoca?

¿Acaso ya cedieron el asunto del IVA? Porque aquí subieron con fotografías y con cartelones a decir que el IVA iba a bajar y que no se iban a mover. ¿Entonces por qué no convoca? Porque no quieren que dictaminemos el tema de las pensiones, el tema de los impuestos a los jubilados.

¿Les da miedo? Se supone que ya hay acuerdo. Ese es un acuerdo que no se quiere sacar.  Ese es un acuerdo que ya debería de estar votado, diputado Pérez Cuevas, si tanto habla de los acuerdos.

Deberíamos de estar sacando el acuerdo para meter a la cárcel a Horcasitas, porque reitero: es un delincuente, es un sicario. Nos ha costado hasta ahorita siete mil 500 millones de pesos y la vida de 49 niños. Yo les preguntaría: ¿cuánto más vamos a dejar que este funcionario esté haciendo daño al patrimonio público; daño a los mexicanos? Mientras vamos a estarle haciendo exhortos. No, no podemos permitir eso. Nosotros no lo vamos a permitir y se los vamos a recordar cada vez que sea necesario.

Y si quiere hablar de acuerdos, diputado Pérez Cuevas, yo le invito a que le pregunte al diputado Pocoroba si no está ya firmado el dictamen que incrementa los salarios mínimos exentos para los miles de pensionados que no tienen ni en que caerse muertos. Ése es un tema relevante y no lo quieren subir.

Suben los acuerdos a su conveniencia y cuando les conviene. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, a usted diputado. En el mismo sentido tiene la palabra el diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Gracias, diputado presidente. Con su venia. Creí que iba a haber debate con el diputado Pérez Cuevas, pero ya no está. Y le digo, con todo respeto, a él que difiero de su posición al decir que esos temas no son importantes. Claro que sí. Son trascendentales.

Y se los digo a los diputados, a las diputadas de Acción Nacional, decentes, que tienen sentimientos, que tienen dignidad, que sí hay que entrarle a estos temas, porque —repito— la actuación de Juan Molinar Horcasitas, así como de Javier Lozano, secretarios de Estado, miembros del Gabinete de este gobierno, desprestigian con su actuación grandemente a Acción Nacional.

De por sí tenemos un desprestigio los diputados y las diputadas. Si les preguntamos a la gente qué opinan de nosotros nos dicen que no servimos para nada, que no resolvemos nada. Y lo que quiere ver la gente en nuestra actuación es que con nuestro trabajo cambiemos las cosas, cambiemos la forma de vida principalmente de los que menos tienen.

Yo le pregunto al diputado Pérez Cuevas: ¿49 vidas que se perdieron, de inocentes, en una tragedia en la guardería ABC no es importante? ¿80 niños que quedaron marcados para toda su vida por la misma tragedia no es importante? ¿El estancamiento del desarrollo del país no es importante? ¿El desempleo, la inseguridad, las matanzas? En nuestras manos está el cambio, por qué no lo hacemos.

Nos hace falta que se tenga más prestigio en la Cámara de Diputados. Que sea más congruente y contundente su trabajo. Hace falta un peso específico del Poder Legislativo y que no nos pasemos nada más en exhortos.

¿Qué, la Cámara de Diputados no puede hacer para que se vayan a la calle los que le hacen daño al país? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestro trabajo? ¿Dónde está nuestra imagen como diputados? Exactamente, ¿cuál trabajo? ¿Cuál imagen tenemos, diputado?

Yo le invito a que suba y hagamos un debate de eso que está diciendo, que corrija lo mal hecho. No estamos pidiendo que hagan cosas extraordinarias, que simple y sencillamente cumplan con su deber, que para eso les pagan...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor, diputado, al tema y no están permitidos los diálogos, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con mucho gusto, diputado, creí que se iba a debatir pero no veo la voluntad para hacer ese debate.

Pero sí es tema el que los malos funcionarios, que para eso les pagan, para eso los nombran, para eso aceptan una responsabilidad y que no cumplen, a la calle, tienen la facultad de cambiarlos, cámbienlos; le hacen daño a su imagen, diputado. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. En el mismo sentido tiene la palabra el diputado  Agustín Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo: Con su permiso, diputado presidente. Se está proponiendo en este punto de acuerdo, que esta Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe sobre las medidas a tomar en materia de la aeronáutica comercial, las tarifas a aplicar por parte de la Secretaría de Hacienda y las medidas de verificación del funcionamiento y operación de la aviación comercial.

Es decir, preguntarle a Juan Molinar Horcasitas cuál es la situación que guarda la aeronáutica de nuestro país, cuando se han dedicado a permitir que la industria aeronáutica mexicana esté literalmente en la calle.

Sostiene Molinar Horcasitas que éste es el sexenio de la infraestructura. No, no, éste no es el sexenio de la infraestructura, éste es, desde la óptica de Comunicaciones y Transportes debe de ser el sexenio del desastre de la industria aeronáutica.

Se han declarado en quiebra: Mexicana, la más reciente; Aerocalifornia, Aviacsa, Aerolíneas Azteca, Alma y una compañía que al final hizo honor a su nombre A Volar.

Es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha dedicado a reventar a las empresas de este sector y se le pide que informe en este punto de acuerdo, cuál es la situación que guarda el sector.

Evidentemente no se podría votar a favor un punto de acuerdo como éste, sería una burla. Todos sabemos la situación que tiene la industria aeronáutica.

Pero no sólo eso. Juan Molinar Horcasitas, el pasado 10 de agosto, en la comparecencia que tuvo en la Comisión Permanente, anunció y se comprometió a que en dos meses nuestro país podría recuperar la reclasificación de nivel 1 en materia de seguridad aeronáutica, una vez que por omisión en las responsabilidades de su secretaría habíamos sido desclasificados o estábamos desclasificados en el nivel 2, lo cual significa un costo para este sector cercano a los dos mil 500 millones de pesos.

Juan Molinar reconoció en la tribuna que él era el responsable de esa degradación y se comprometió a que en dos meses se iba a resolver el problema. Estuvo hace dos semanas en la glosa del informe y en ese momento le quedaban 20 días para poder resolver este asunto. Ya guardó silencio.

El día de ayer se cumplieron los dos meses que Molinar Horcasitas se comprometió como plazo para recuperar el nivel uno en materia de seguridad y verificación de la aeronáutica mexicana.

Y no cumplió y no va a cumplir; no va a cumplir porque las preocupaciones de él no son el servicio público. Él es un empleado de los poderes fácticos de este país. Él está ahí para hacerles favores a las grandes telefónicas y a las televisiones, no para representar el interés de las empresas, de los trabajadores del sector de comunicaciones y transportes.

Por eso yo convoco a los diputados presentes a votar en contra de este punto; es perder el tiempo pedirle a Molinar Horcasitas que nos diga cuál es la situación que tiene el sector aeronáutico cuando ya tronaron todas las empresas, cuando ya solamente queda Aeroméxico, cuando tiene parada la terminal uno, que ya lo sabemos todos.

Nosotros no deberíamos de exhortarle a que nos informe lo que ya sabemos. Nosotros deberíamos de pedirle que renuncie. Si tuviera un poco de vergüenza eso es lo que tiene que hacer después de que ha reventado el sector aeronáutico en nuestro país.

Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, les pido que en particular este punto lo votemos en contra por dignidad de nosotros. No podemos pedirle a alguien que se ha dedicado a reventar la industria aeronáutica que nos venga a informar en qué situación la tiene. Muchas gracias, diputados.

El Presidente diputado  Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Informo a la asamblea que se encuentran en este recinto de visita empresarios de Irapuato, Guanajuato, invitados por el diputado Sixto A. Zetina Soto. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Ignacio Rubí Salazar para rectificación de hechos.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Muchas gracias, señor presidente. Acudo a esta tribuna en mi condición de presidente de esta Comisión Plural que se constituyó para la atención del problema que enfrenta Mexicana de Aviación.

Debo decirles que lo que pretendo hacer a través de esta participación es aclarar precisamente lo que ha implicado la evolución formal de la atención de este problema por parte, en particular de la Cámara de Diputados.

Ustedes recordarán hace siete semanas, aproximadamente, en el seno de la Comisión Permanente se acordó llevar a cabo la creación de una Comisión Plural integrada por diputados y por senadores que tuviese por objeto analizar y, en su momento, expresar opinión y alternativas de solución con las que el Poder Legislativo pudiese contribuir a la solución del problema citado.

Con base en lo anterior y previo a que se llevara a cabo la creación formal de dicha comisión, tuvimos la solicitud de representantes de diferentes grupos parlamentarios para poder atender a las dirigencias de los tres sindicatos involucrados en este problema; me refiero al sindicato de pilotos, de sobrecargos y de personal de tierra. En esta reunión participamos representantes del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional.

Posteriormente y derivado de esta primera reunión sostuvimos una primera plática también con dirigentes de estos tres sindicatos y con el secretario de Comunicaciones y Transportes, a efecto de...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Un momento, diputado. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Si me permite una pregunta el diputado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Señor diputado Rubí Salazar, ¿le permite una pregunta al diputado Mario di Costanzo?

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Por supuesto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Diputado, quisiera saber en qué fecha hizo llegar el comunicado o la invitación de esa reunión a mi oficina.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: No escuché. No entendí la pregunta, perdón.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Quisiera saber en qué fecha me hizo llegar la invitación, como miembro de esa comisión, a mi oficina. Yo lo único que sabía de usted es que protegió a Horcasitas en la comparecencia, pero no tenía otro comunicado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: ¿Puedo contestar?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Si me permite terminar...

(... El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: ¿Puedo contestar?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Si me permite terminar la relación de los hechos, le quedará claro lo que estoy diciendo, diputado Di Costanzo, y posteriormente si su duda permanece, sin ningún problema se la trataré de aclarar.

Decía que antes de la formalización de la creación de esta comisión por parte de la Cámara de Diputados, sostuvimos una reunión con representantes de los diferentes grupos parlamentarios a los que hice mención hace un momento.

Le quiero decir, particularmente al diputado que solicitó esta aclaración, que en esta reunión por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asistió el diputado Porfirio Muñoz Ledo y lo puede consultar con él. El diputado Di Costanzo todavía no formaba parte de esta comisión, puesto que formalmente no había sido constituida.

Posteriormente, se llevó a cabo la creación de la comisión de referencia por parte, precisamente de la Cámara de Diputados, y su servidor, incluso hace semana y media...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, me permite.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí, como no.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Hernández Juárez desea...

El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): No.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿No?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Di Costanzo. ¿Con qué objeto, diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Con dos preguntas.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Dos preguntas desea hacerle el diputado Di Costanzo, diputado Rubí Salazar.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: No tengo inconveniente que sean dos o más preguntas, las que quiera formular el diputado Di Costanzo. Le sugiero amable y atentamente que me deje terminar para que tenga claro el panorama de la evolución de este asunto y posteriormente estaré atento a las preguntas que usted desee formularme, y por supuesto en la medida de mis posibilidades le trataré de dar respuesta.

Si usted me permite, señor presidente, continuaré.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado orador.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Hace semana y media insistí en este pleno, y particularmente solicité a la Mesa Directiva, se pudiese enviar un exhorto al Senado, a efecto de que en cumplimiento de dicho acuerdo de la Comisión Permanente se nombraran a los senadores integrantes de la comisión de referencia, situación que les debo decir que acaba de concretarse hace poco más de 3 horas, el mismo día de hoy el Senado dio cumplimiento –repito– a este acuerdo.

Nombrando como integrantes de esta comisión, por parte del Senado:

Al senador José Julián Sacramento, del Grupo Parlamentario del PAN

A la senadora Amira Griselda Gómez Tueme, del Grupo Parlamentario del PRI

A la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del PRD

Al senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista

Al senador Luis Madonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia

Al senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Al senador Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI.

Debo decirles que, hace poco menos de 3 horas, ya sostuve una conversación telefónica con el senador José Julián Sacramento, precisamente para reunirnos el día de mañana a efecto de integrar una agenda de trabajo, considerando que hemos elaborado un diagnóstico amplio y que hemos mantenido comunicación permanentemente con las dirigencias de los tres sindicatos a los que hice mención hace unos momentos.

¿Cuál es el propósito? Efectivamente, integrar como debe de ser, como está planteado en ese acuerdo de la Comisión Permanente, esta Comisión, y a la brevedad presentar al pleno alguna propuesta puntual y concreta que permita atender este delicado problema por el que atraviesa la empresa Mexicana de aviación, pero en particular y sobre todo, los trabajadores que laboran en ella.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Ha concluido, señor diputado?

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí. No sé si desea hacerme alguna pregunta el diputado Di Costanzo, porque le solicité amable y atentamente me permitiera terminar esta relación de la evolución de la creación y funcionamiento de la comisión...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pero ha terminado su tiempo de intervención, señor diputado.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, ya no le voy a preguntar. Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Antes que usted solicitara el uso de la palabra, la solicitó el diputado Hernández Juárez. Sonido a la curul del diputado Hernández Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): Quisiera ver si me permiten para rectificación de hechos tener una participación.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Como se había anunciado antes de que participaran los tres últimos oradores, consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el tema. Proceda la secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Quienes estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputada y los diputados que estén por las afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: De la Comisión de Desarrollo Rural, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículo 3 y 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

De la Comisión de Economía por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro y Mediana Empresa, y de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

De la Comisión de Economía por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX Ter, al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Energía por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía del Campo.

De la Comisión de Salud por los que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose las subsecuentes del artículo 134, y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 134 y reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud por los que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Turismo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan la Ley Federal de Turismo.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Energía y de Economía por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de no haberse registrado oradores, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los dictámenes presentados por las comisiones con puntos de acuerdo negativos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriores reservados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Por lo que se refiere al último dictamen, devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Dé cuenta de ella, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: De la Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo Vigésimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, me permito solicitarle tenga a bien consultar al pleno puedan realizarse las modificaciones en el orden del día de hoy, a efecto de incluir los siguientes asuntos:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para crear en el país ludotecas especializadas en atención psicológica para niñas y niños que han sido víctimas del delito o de la violencia.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, destinen recursos de los bienes incautados al crimen organizado para crear en el país centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas, que permitan brindar terapias grupales a las víctimas u ofendidos del delito.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea un grupo de trabajo plural que dé seguimiento a la problemática, así como la aplicación de recursos y programas en atención a la región de desastres ocasionados por las lluvias en los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posponga la aplicación de los límites contenidos en las reglas para las operaciones en efectivo, con dólares de los Estados Unidos de América.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implemente a la brevedad una evaluación del grado de accesibilidad para personas con discapacidad en todas las oficinas y dependencias gubernamentales del país.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, prohíban el uso en todos los planteles educativos del país de nivel primaria y secundaria de útiles escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o solventes de cualquier tipo.

De la Junta de Coordinación Política, relativo a los trabajadores de la planta fundidora de Esqueda, en el estado de Sonora.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para crear un fondo de indemnización para víctimas relacionadas con operativos o acciones del gobierno federal contra la delincuencia, con los bienes y dineros incautados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Firman integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Jaime Cárdenas, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, mi vicecoordinador, el diputado Ibarra Pedroza nos había indicado que también se iban a incluir en estos puntos de la Junta de Coordinación Política, uno relacionado con un exhorto a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos  Humanos y al Poder Judicial, para resolver y revisar el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez, que se encuentra procesado y detenido injustamente en un penal del estado de Querétaro, por dar ayuda humanitaria, dar agua a un grupo de migrantes centroamericanos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos enterados de que están procediendo al parecer a recabar las firmas correspondientes. Le ofrezco informarle antes de que terminen las iniciativas.

Diputado Fernández, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Recordarle también, diputado presidente, que llevo varias sesiones insistiendo en que la Junta de Coordinación Política vote si considera o no este pleno un interlocutor válido a Lozano. Tampoco vendrá el viernes a la comparecencia que estaba programada y yo no quiero que se resuelva por la vía de los hechos.

Si el pleno decide que sí es interlocutor válido, con su pan se lo coma, pero que lo decida el pleno y que la Junta de Coordinación Política presente su resolutivo, positivo o negativo, al pleno para que se vote, porque no quiero lo que suceda lo mismo que con Molinar Horcasitas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se trata de una proposición que presentó en fechas anteriores el diputado Fernández Noroña, por lo que solicito a Servicios Parlamentarios envíe un recordatorio a la Junta de Coordinación Política del tratamiento que requiere este asunto en el pleno.

Con lo que respecta al punto de acuerdo, le solicito la información y en un momento más de la proporcionaremos a la asamblea.

Continúe la Secretaría para preguntar si se acepta modificar el orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Por lo consiguiente dé lectura a los resolutivos de los puntos de acuerdo, que son los mismos que usted ya leyó. Yo creo que estaríamos en condiciones de preguntarle a la asamblea si se obvia su lectura y pasamos directamente a su votación.

El Secretario diputado Balfre Varas Cortez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura de los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si son de aprobarse los puntos de acuerdo presentados por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados. Se comunican.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de iniciativas.

Esta Presidencia recibió del diputado Sergio Lobato García, del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Igualmente de la diputada Nancy González Ulloa, del PAN; presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 228 y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Del diputado Juan Carlos Natale López, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

De la diputada María Guadalupe García Almanza, de Convergencia, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Del diputado Diego Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Bis-1 de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la diputada Laura Arizmendi Campos, de Convergencia, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.

Del diputado don Pedro Jiménez León, de Convergencia, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 247 del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. El día de hoy vengo a presentar una iniciativa que podría ayudar a resolver todas las discusiones que hemos tenido recientemente.

La iniciativa busca determinar y tipificar como un delito con pena de cuatro a ocho años de prisión al funcionario público que mienta ante una comisión legislativa, en términos de lo estipulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es una iniciativa muy importante, porque como hemos visto, durante las últimas semanas se han dado diversas comparecencias y el común denominador es que los integrantes del gabinete vienen a decirnos lo que se les dé la gana, sin castigo alguno.

El caso máximo fue nuevamente –lo cito- el de Juan Molinar Horcasitas, quien, a pesar de haberle dicho a la comisión que no entregaría las concesiones a la empresa llamada Televisa. Saliendo de aquí las fue directamente a entregar. Si esta modificación existiera, Juan Molinar Horcasistas ya estaría bajo algún procedimiento penal.

Es importante que apoyemos esta iniciativa, porque es una manera de fortalecer la rendición de cuentas en este país.

Voy a tomarme unos minutos, porque hace rato no me dejaron hacerlo, para corregirle algunos dichos del responsable de la Comisión del Seguimiento de Mexicana de Aviación y presidente de la Comisión de Comunicaciones.

Es falso. Esos acuerdos son acuerdos en lo obscurito. Desde la Comisión Permanente ya estaba establecida esta comisión, ya estaban los integrantes. Y cito, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se reunión con los sindicatos en carácter de integrante de la Comisión de Trabajo. No venga a mentir. Ya se dedicó a proteger a Molinar Horcasitas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, estamos en el capítulo de presentación de iniciativas. No va a admitir la Mesa un debate si usted hace mención por el vocativo o señala a algún diputado. Le suplico constreñirse al tema del capítulo que nos ocupa.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Bueno, siguiéndome al tema del capítulo que nos ocupa, es precisamente esto. Que se tipifique como delito al que al ser interrogado por algún legislador en el marco de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faltare a la verdad o proporcione datos inexactos en sus respuestas o informes presentados.

Esto de existir ya tendría en la cárcel cuando menos a medio Gabinete y yo creo que es un acto de elemental transparencia y rendición de cuentas, que cuanto antes podamos aprobar esta iniciativa. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Doblemente agradecido, diputado, por su atención y la gentileza de prestarle atención a la Mesa. Se turna a la Comisión de Justicia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Héctor Velasco Monroy, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Aguas Nacionales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy: Gracias, señor presidente. Con su permiso. Por razones de economía voy a emitir la lectura del texto de la presentación de esta iniciativa, solicitándole que sea inscrita en el Diario de los Debates en forma íntegra.

Sólo quisiera hacer dos o tres comentarios al respecto, para análisis de la honorable asamblea. Esta iniciativa lo que pretende es que la acuacultura de este país tenga más certidumbre jurídica.

Queremos que el capítulo cuarto del uso del agua que se tiene, la acuacultura en este país, pueda cambiar para que sea incorporado al uso agrícola. ¿Qué es lo que está hoy pasando con los acuacultores de nuestro país? Que están sometidos a un régimen del uso del agua que hace que ellos tengan que hacerlo por la forma ilícita, pues las cuotas que tienen que pagar por el uso del vital líquido son comparadas al uso que se tiene para los servicios públicos.

Los baños públicos tienen un mejor régimen que los acuicultores de este país para el uso del vital líquido.

Baste señalar que ya el 12 por ciento de la producción de pesca de esta nación, se genera aguas adentro, es decir, en estados sin litorales; son más de 880 millones de pesos los que genera la pesca de estados sin litoral, como es el estado de México, como es el estado de Puebla, como es el estado de Guanajuato y el estado de Hidalgo.

Por ello estamos haciendo un llamamiento muy cordial a los diputados de esta Legislatura para que modifiquemos el estatus legal del uso del agua que tienen los acuicultores, que pueden ser la solución de la pesca en este país.

El cambio climático está sometiendo a los estados con litoral, a una producción de pesca cada vez menor. Si logramos fortalecer la pesca de los estados sin litoral, modificando esta ley, estaremos ayudando a la soberanía alimentaria de esta nación, que de por si ya la tenemos severamente dañada.

Si el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en esta nación están siendo importados, no podemos aspirar a que un día también tengamos que importar truchas o charales, que son alimento de la nación y pueden ser producidos en los estados sin litoral.

Por sus atentas reflexiones que generen al respecto, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario diputado, muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Pesca y de Recursos Hidráulicos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale...

El diputado Rolando Bojorquez Gutiérrez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, dígame.

El diputado Rolando Bojorquez Gutiérrez (desde la curul): Pregunte al diputado si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le preguntan, diputado.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy: Sí, con gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado está anuente, muchas gracias.

El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores: entre las atribuciones que el constituyente de 1917 estableció para la figura del presidente de la república, se encuentra lo concerniente a las observaciones o veto, que es una facultad del jefe de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso envía para su promulgación como parte de la política de contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Este derecho se fundamenta en el inciso c) del artículo 72 constitucional. Formalmente se ha asumido que el presidente de la república sólo puede hacer observaciones a las leyes o decretos que hayan sido emitidos por ambas cámaras; por tanto se asume de manera implícita en el inciso j) del citado fundamento legal que no tiene la facultad de realizar observaciones o vetar ciertos asuntos como las  resoluciones de cada una de las cámaras en uso de sus facultades exclusivas o de la Comisión Permanente o en uso de las facultades del Congreso reunido en asamblea única.

De facto esta atribución del presidente se convirtió en un parte aguas para la práctica de políticas dictatoriales que desvirtuaron el sentido real de las observaciones, como se concibió por los legisladores del Constituyente de 1917, ya que la idea de establecer en la Constitución el mecanismo de las observaciones estriba en la finalidad de mejorar el espíritu del decreto.

El caso más incierto sobre la facultad del presidente para observar un decreto del Legislativo fue el referente a la aprobación del presupuesto de egresos en el año 2005. No obstante la negativa del Ejecutivo por aceptar nuestro mandato soberano respecto al decreto que modificaba ciertas partidas presupuestales, tuvo la osadía de promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aludiendo invasión de competencias.

Después de cinco largos meses, el máximo tribunal del país falló a favor del Ejecutivo federal en el sentido de otorgarle plena validez al presupuesto como un acto administrativo y no como una norma general; además, también validó  la facultad del Ejecutivo federal para ejercer un veto parcial, a pesar de que dicha facultad no existe explícitamente en la Constitución.

Es necesario destacar que en este caso concreto, en estricta aplicación de la regla general, el decreto del presupuesto de egresos, como un acto emanado de la Cámara de Diputados, de ningún modo debe ser vetado porque éste se compone del resultado de un acto legislativo que se desprende del ejercicio de una facultad exclusiva que establece de manera implícita el artículo 74, fracción IV, de la Constitución general de la república.

Por otro lado, una vez concluida la etapa jurisdiccional que dirimió dicho conflicto de competencias por el presupuesto, se determinó la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de los artículos 74, 75, 126, 127 de la Constitución.

Sin embargo, dicha ley hasta ahora no le atribuye ni limita al Ejecutivo federal en cuanto a la posibilidad de hacer observaciones al presupuesto, una vez aprobado por la Cámara de Diputados.

Por tanto, la presente iniciativa tiene el propósito de limitar explícitamente una de las facultades que de facto detenta el presidente de la República en materia económica, ya que si bien en el pasado el Ejecutivo federal ha hecho observaciones al presupuesto, esto ha sido de manera inconstitucional y violando a la norma ya que nunca ha tenido la facultad de hacer observaciones al presupuesto.

De otro modo continuaremos siendo testigos de cómo la anarquía, el autoritarismo y la complacencia de caprichos o de intereses partidarios con miras a objetivos electorales sean la base de criterios en contra de la norma suprema y de la voluntad popular para ejercer un presupuesto público equilibrado, eficaz, democrático y federalista.

-Con esto termino, señor presidente. Por ello y por lo expuesto y fundado es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso J del artículo 72, con el propósito de que el Ejecutivo de la Unión no pueda hacer observaciones al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía, en uso de sus facultades exclusivas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Juan Carlos Natale López: E invito a todas y todos mis compañeros diputados a que se sumen a esta propuesta para no seguir permitiendo el atropello del Poder Ejecutivo al Legislativo que nosotros conformamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su venia, diputado presidente. Muchas gracias, maestro Portillo, por compartir esta trinchera.

El juicio de garantías o juicio de amparo ideado por el jurista yucateco Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá en 1840 tuvo como principal objetivo el dar al gobernado un medio de defensa real frente a las conductas abusivas o arbitrarias de cualquier autoridad.

Sin embargo, hoy podemos ver que dicho procedimiento jurisdiccional de protección ciudadana ha cambiado de manera tan radical por cuanto a su enfoque y objetivo inicial que el juicio de amparo se ha convertido en el juicio de desamparo hacia el ciudadano que lo solicita pues los juzgadores federales buscan de manera reiterada y contundente sanear y enderezar cualquier conducta violatoria de garantías de aquellas autoridades que las violentan, lo cual ha provocado el aumento y reiterado incumplimiento de la Constitución por parte de algunas autoridades en contra y en perjuicio de los gobernados, quienes por principio, confían en una absoluta e imparcial impartición de justicia, aunque en la actualidad no se cumple en su totalidad.

Así pues, podemos establecer que ese incumplimiento y violación reiterada de garantías constitucionales por parte de algunas autoridades, se debe fundamentalmente al hecho de sentirse amparadas y protegidas por el máximo tribunal del Estado mexicano, y que ante cualquier violación que cometan en perjuicio del gobernado, saldrán bien librados por cuestiones políticas, a veces más que jurídicas.

En tal virtud, es necesario devolverle al gobernado, a través del juicio de amparo, la protección constitucional que verdaderamente requiere y que los responsables, en su calidad de autoridades, actúen apegados a la ley y no con la actual confianza y displicencia con la que ahora se conducen al momento de emitir sus actos de autoridad y violar las garantías individuales de los gobernados, ya que el saberse protegidos por el máximo tribunal mexicano, quien de manera constante, aunque no absoluta, emite sus resoluciones en perjuicio de los gobernados, provocan que diversas autoridades tomen para realizar sus atribuciones, como idea fundamental.

Debo señalar la definición de autoridad que señala que son: aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza que disponen.

De ahí que esas autoridades que actúan en contra del gobernado, violando de manera cotidiana y por costumbre las garantías individuales, se amparan ante el hecho de estar revestidas de poder y protegidas, en muchos de los casos, por los tribunales federales.

Así las cosas, no es a capricho la necesidad de la presente propuesta que hoy traigo a esta tribuna. Quisiera dar algunos datos de amparos directos negados durante 2008.

Por ejemplo: en el estado de México se niega arriba del 50 por ciento, en Sinaloa más del 57 por ciento, en Chiapas más del 50 por ciento, en Nayarit más del 56 por ciento, en Aguascalientes por encima del 60 por ciento.

Al hacer las cifras comparativas con 2005-2008, nos encontramos que en cuanto amparos concedidos en el Distrito Federal sólo se otorgan el 35 por ciento, en el estado de México solamente el 26 por ciento, en Michoacán de Ocampo en este concentrado sólo el 25 por ciento y así sería interminable los números que podríamos dar para demostrar lo que aquí estoy asentando.


Es por eso que hoy presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el artículo 107, fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sólo por ilustrar algunas cosas, la iniciativa busca ampliar el término para la interposición de la demanda. Contempla casos en los que ya se trate de las acciones colectivas que hemos trabajado en esta Legislatura.

También, desde luego, abre la posibilidad para admitir pruebas nuevas cuando éstas no hubieran sido presentadas a una autoridad. Se busca en los hechos combatir el manual del perfecto chicanero que a veces mal ocupan...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano: ...las autoridades para dejar en la indefensión jurídica a la ciudadanía.

Concluyo, diputado presidente, respetuosamente, acompaña a las reformas del 17, como ya lo decía, obliga a la autoridad a actuar, según el principio de justicia pronta y expedita, otorgando al ofendido razón si la autoridad no acata en tiempo, y no emite los autos correspondientes.

Por esto y por muchas otras razones que ustedes van a encontrar, si le echan una hojeada, se van a dar cuenta que es una iniciativa que vale la pena.

Primero en comisiones y después en este pleno, espero contar con el favor de su apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Se ruega a los señores oradores sean tan amables de ceñirse al tiempo estricto de las iniciativas. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se otorga la palabra al diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su venia, señor presidente. México ha sido declarado como el segundo país más riesgoso para los periodistas por varias organizaciones internacionales, y al llevar al fuero federal los delitos que se cometen contra la libertad de expresión, ha sido una meta del gremio periodístico durante más de 20 años.

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.

Que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Amnistía Internacional, el Comité para Protección de los Periodistas, todos ellos instrumentos internacionales de que nuestro país forma parte integrante.

En los últimos años, gran parte de las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión la constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por eso se propone cuando los delitos trasciendan ese ámbito de las entidades federativas o tengan efectos a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los procesos correspondientes evitando queden impunes.

La federación, a través de la investigación efectiva e imparcial de las denuncias, asumiendo directamente la facultad de conocer estos delitos, garantizaría con esta iniciativa la libertad de expresión.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al Poder Legislativo de la Unión cuáles son los delitos y faltas contra la federación y fija las sanciones que por ellos deben imponerse.

Sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente; es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.

Aquí quiero hacer un reconocimiento al trabajo iniciado el 18 de febrero de este año por parte de mi compañera diputada María Yolanda Valencia, con la instalación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a los periodistas y medios de comunicación, que oportunamente preside, y a todos sus integrantes, ya que estoy seguro serán piedra angular para darle viabilidad y fuerza a que la presente iniciativa sea aprobada en las comisiones correspondientes.

Es por eso que se pretende con esta iniciativa de ley crear un mecanismo de excepción por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, con el objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.

Por todo lo anterior es que teniendo en consideración que la Constitución General faculta a este Congreso, a esta Cámara de Diputados para establecer los delitos y faltas contra la federación, así como fijar las sanciones que por ella debe imponerse, se propone reformar el párrafo segundo, de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución, y facultar así a las autoridades federales para conocer los delitos que atenten contra los derechos humanos y la libertad de expresión.

Por las razones expuestas, presidente y Cámara, por conducto de esta soberanía someto a consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa:

Artículo único. Que reforma el segundo párrafo, de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. Fracción XXI. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se relacionen contra violaciones a la libertad de expresión.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto es un logro para todas las diputadas y los diputados de esta Legislatura. Exhorto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a que se sumen a esta iniciativa, a debatirla y enriquecerla en la comisión correspondiente, en la Comisión de Puntos Constitucionales, para trabajarla en este sentido.

Solicito, en este sentido, no solamente a la Comisión Especial que preside mi compañera Yolanda, sino a todos los diputados integrantes de otras fracciones parlamentarias, para discutirla y para enriquecerla en este sentido. Muchas gracias.

Es todo, señor presidente.

Solicito que pueda ser insertada íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, señor diputado.

La diputada María Yolanda Valencia Vales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Desde su lugar. Sonido a la diputada María Yolanda Valencia Vales

La diputada María Yolanda Valencia Vales (desde la curul): Sí, señor presidente. Quiero preguntarle al diputado proponente, si así lo permite, me gustaría suscribirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Señor diputado?

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con mucho gusto, diputada. También a todos los diputados que así lo deseen, están en todo el derecho de hacerlo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A su disposición en la Secretaría, para las adiciones respectivas.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, para presentar reforma al artículo 225 de la Ley General de Salud, a nombre propio y del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Guillermo Cueva Sada: Con su permiso, diputado presidente. Ilustres compañeros y compañeras que siguen aquí en el pleno. Hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa a nombre propio y del diputado Carlos Ezeta Salcedo.

Hace un par de años, conocí a una señora de la tercera edad que tomó medicamentos equivocados, por lo cual tuvo que estar varios días en el hospital.

Por eso, tomar medicamentos equivocados o caducados puede provocar la muerte.

En nuestro país el 2 por ciento de la población presenta alguna discapacidad, ya sea física o mental, y quienes no pueden ver representan la tercera parte de la población, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y del Inegi. A estas personas se les ha identificado como invidentes o débiles visuales y son considerados grupos vulnerables.

La deficiencia visual constituye una limitación que frena el desarrollo individual, profesional, psicológico y emocional de quien la padece.

En un mundo ideal los invidentes demuestran día con día su perfecta integración a la sociedad; sin embargo, esta aseveración es incorrecta, en nuestra sociedad hay un profundo desconocimiento de los problemas que diariamente enfrentan quienes tienen esta deficiencia, como cruzar una calle, transportarse de un lugar a otro; estudiar y en momentos de enfermedad tomar sus medicamentos.

El Estado está obligado a atender los requerimientos de estos grupos con necesidades especiales, por ello propongo reformar el artículo 225 de la Ley General de Salud, con el fin de facilitar a este grupo la identificación de medicamentos describiendo a través del sistema Braille el  nombre del medicamento, la fecha de caducidad y la dosis, datos que resultan importantes para su identificación y consumo de las medicinas, que hasta el día de hoy no son de carácter obligatorio para sus comercializadores.

En México existen laboratorios que de forma voluntaria imprimen en sus cajas sólo el nombre de medicamentos con el sistema descrito, lo cual es buena medida pero incompleta, ya que el nombre no define todos los datos importantes como la caducidad y la dosis, por tanto no cubre las necesidades de este sector  de la sociedad para identificar sus medicamentos.

Compañeras y compañeros, nosotros podemos ver, y a pesar de eso no estamos exentos del  peligro a nuestra salud por el consumo de medicamentos equivocados. Respondamos a una necesidad social que sufren día a día los invidentes o débiles visuales, pero hagámoslo con acciones concretas. Recordemos que tomar medicamentos equivocados o caducados puede provocar la muerte. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cueva, muchas gracias. Se turna a la Comisión de Salud.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Presidente, muy buenas tardes.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa es una iniciativa muy sentida dentro de nuestro movimiento social, y consideramos que hay razones constitucionales y políticas para sostenerla. Se trata de legitimar democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El actual sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, como todos sabemos, exclusivamente pasa por la terna que propone el Ejecutivo federal al Senado de la República, y éste aprueba los nombramientos por mayoría calificada de dos terceras partes.

En los hechos, las últimas designaciones de ministros de la Suprema Corte desde que se dio la alternancia del poder en México y la alternancia presidencial, ha implicado un reparto de los cargos de ministros entre abogados afines al Partido Acción Nacional y abogados afines al Partido Revolucionario Institucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, día con día gana presencia en la vida constitucional, en la vida económica y social del país. Es el árbitro de todas las disputas nacionales. Tiene facultades, como dice la teoría constitucional, de legislador negativo. Es decir, puede declarar inválidas, puede declarar inconstitucionales leyes.

La pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo un poder que sus miembros no han sido elegidos democráticamente puede anular, puede invalidar leyes del Congreso de la Unión que han sido, sus representantes, elegidos democráticamente? Hay una incongruencia constitucional.

Y esta incongruencia constitucional solamente se puede resolver volviendo al espíritu de la Constitución de 1857, cuyo artículo 92 establecía que los ministros de la Suprema Corte tenían que elegirse democráticamente con el método de elección democrática que existía en esa época, que era la elección indirecta.

Lo que nosotros aquí estamos proponiendo es la plena legitimidad democrática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que sus ministros sean elegidos por el voto de los ciudadanos. Que desde luego los candidatos a ministros de la Suprema Corte no hagan campaña, no sean postulados por partidos políticos. No reciban financiamiento público ni privado.

Los candidatos, el único derecho que tendrán –los candidatos a ministros-, será usar tiempos del Estado para presentar sus propuestas, sus programas de trabajo y ser elegidos en cada proceso electoral por los ciudadanos de la república.

De esto trata esta iniciativa, de darle legitimidad democrática a un poder público que tiene la facultad de derogar, de anular leyes contrarias a la Constitución cuyos miembros, cuyos titulares no son elegidos democráticamente.

Estamos proponiendo esta reforma no solamente para los ministros de la Suprema Corte, sino también para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de la sala superior; y de las salas regionales, también sean elegidos democráticamente por los ciudadanos en cada proceso electoral.

Es muy importante que el Poder Judicial en México, que es el único poder por donde no ha pasado la transición a la democracia, tenga legitimidad democrática y sus miembros ya no respondan al reparto de cuotas de poder entre los partidos mayoritarios.

La Corte desgraciadamente en muchas de sus sentencias suele estar a favor de los intereses de los poderes fácticos, suele estar a favor de los grandes intereses económicos, pero no está a favor de los intereses generales.

Es una Corte que no tiene pluralidad jurídica en su seno. Es una Corte conservadora, con excepción de algunos ministros de la Suprema Corte, podemos decir con toda claridad que en ella existen hasta ministros que representan intereses, no es porque yo esté y no acepte y no sea tolerante con esas expresiones, pero hay por lo menos en la Suprema Corte tres ministros que representan los intereses del Opus Dei.

Bueno, así como hay intereses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que representan los intereses del Opus Dei, debería haber posiciones jurídicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que representaran la diversidad democrática de este país.

Ministros de la Corte progresistas, ministros de la Corte liberales, ministros de la Corte de izquierda, ministros de la Corte centristas, ministros de la Corte conservadora. Que no sea una Corte como actualmente está compuesta, únicamente por ministros conservadores, una Corte que respalda sistemáticamente el statu quo de este país y una Corte que no entiende que el derecho, que la interpretación de la Constitución es también para transformar la realidad económica, política y social de México.

Por la importancia del tema, señor presidente de la Mesa Directiva, le solicito muy atentamente que esta iniciativa conste íntegra, se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se instruye, señor diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Banco Nacional de Datos sobre Menores Robados, Extraviados o Desaparecidos, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Diputado presidente. Compañeros diputados, presentes. “Señas particulares: una cicatriz en la ceja derecha, un lunar muy pequeño de lado derecho de la mejilla. Tocaron a la puerta, la abuela abrió y dos mujeres sacaron a la niña con violencia”. Esto fue un 30 de septiembre de 2005.

El peor dolor que pueda sufrir un ser humano es la de perder un hijo. Cuando un hijo es secuestrado, robado o se extravió, la vida nunca vuelve a ser igual, rompe con la estabilidad de la familia, en particular de los padres, viviendo éstos en permanente estado de angustia.

La sustracción de los menores tiene como finalidad, en el caso de bebés recién nacidos y hasta los seis años de edad, la venta de éstos niños a parejas que no pueden concebir; de 6 a 10 años de edad, la sustracción se lleva a cabo para explotarlos, obligándolos a pedir limosna, realizar trabajos domésticos o utilizarlos para la venta de diversas mercancías.

De los 10 a los 17 años de edad, los menores son prostituidos u obligados a participar en trabajos de pornografía.

En México no existe un banco nacional de datos sobre menores robados, extraviados o desaparecidos, por lo que no hay cifras oficiales, únicamente se habla de una estimación de 500 mil menores desaparecidos en los últimos años.

Se debe de tomar en cuenta que en Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá, las demandas de adopción han rebasado la capacidad de otorgamiento.

La UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas, estiman que por cada adopción legal que se realiza, tres más ocurren de manera ilegal.

Es extremadamente necesaria la creación de este banco de datos, para que la Fiscalía Especial de Tráfico de Menores adscrita a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, continúe de manera más eficiente, la investigación de casos de niños robados y desaparecidos y así se pueda conocer el tráfico de menores fuera del territorio nacional.

Sumando esta acción a la de tipificar el tráfico de menores como delito de fuero federal, ya que para el fuero común el delito es castigado al máximo con tres años de prisión, razón que alimenta la explotación laboral y sexual.

Es urgente la creación de este banco y así poder realizar el cruce de datos entre las diversas entidades y oficinas del DIF, ya que el gobierno cuenta sólo con una cifra global.

Además se debe contemplar el apoyo psicológico para los familiares de los niños robados, desaparecidos, sustraídos o secuestrados, porque los efectos son devastadores.

No hay la posibilidad de una verdadera solución si antes no existe la prevención, educación  y cultura para lograr el mayor cuidado y respeto a los niños.

La educación no sólo debe de ser para las familias, sino para los propios niños en sus escuelas y para ello se recomienda padre o tutor que desde el nacimiento del infante se tengan identificadas las huellas, su tipo de sangre y rasgos físicos y que el niño tenga conocimiento del valor que tiene como ser humano y todos aquellos datos que sirvan para su identificación.

Cabe mencionar que en ningún momento se menosprecia la participación de las asociaciones civiles, las cuales como luchadoras sociales han efectuado acciones inmediatas cuando reciben el llamado de un padre por la desaparición de un infante. De ahí que nazca la necesidad de una visión legislativa. Agradezco en este momento a la Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos por su valiosa aportación de la información.

Jurídicamente existen los instrumentos nacionales para garantizar los derechos humanos de la niñez. Mejor ejemplo no puede haber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en su artículo 4, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como los ascendientes, tutores y custodios, que tienen el deber de preservar estos derechos, para lo cual el Estado deberá de proveer lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos y deberá también otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de estos derechos.

Por último también es necesaria la reforma del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debiendo dotar de facultades a los jueces a nivel federal, de tal manera que el delito sea concurrente y pueda ser atacado en ambas instancias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Banco Nacional de Datos sobre Menores Robados, Extraviados o Desaparecidos y se reforman diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por economía parlamentaria solicito se publique íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado José León Perea para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José León Perea: Con su permiso, señor presidente. Los que suscriben, diputados José Luis Marcos, León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brown, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez, diputados federales por el estado de Sonora de la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hacen la siguiente exposición de motivos.

El alto costo en las tarifas residenciales de energía eléctrica afecta gravemente la calidad de vida de las familias que habitan en las zonas más calurosas del país, particularmente a quienes perciben menores ingresos.

Del año 2000 a la fecha en México se han duplicado las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial, en tanto que las aplicables a los sectores comercial y residencial se aumentaron en más de un 70 por ciento en dicho periodo.

Así, de una revisión preliminar a los archivos de ambas Cámaras del Congreso de la Unión pueden encontrarse más de 100 puntos de acuerdo presentados durante la presente y pasada legislaturas, mediante los cuales se exhorta al Ejecutivo federal a reducir las tarifas de energía eléctrica de tal forma que no afecten la competitividad de las regiones ni la economía familiar, particularmente en las regiones más calurosas del país.

Sin embargo, al tratarse sólo de llamamientos al gobierno federal ha quedado en la voluntad de sus funcionarios el atender o no de conformidad con estos acuerdos legislativos.

Por tal motivo es que la presente iniciativa pretende poner fin a la discrecionalidad de las autoridades federales en la determinación de las tarifas eléctricas, sobre todo tratándose de las aplicables a hogares de zonas con altas temperaturas durante el verano.

Lo anterior debido a que en estas latitudes el consumo de energía eléctrica se incrementa considerablemente de mayo a octubre derivado del uso de aires acondicionados y demás aparatos para refrescar el ambiente en los hogares, para evitar deshidrataciones y demás trastornos derivados de las temperaturas elevadas.

Situación que es pasada por alto por el gobierno federal en la determinación de tarifas de uso doméstico pues los criterios que utiliza para tal efecto se sustentan en el principio de que a mayor consumo mayor capacidad de pago, lo cual no aplica en las regiones cálidas de México en donde el incremento en el consumo en el verano resulta más que una necesidad, un lujo.

Las familias con ingresos de hasta un salario mínimo mensual en la región norte del país destinan más del 50 por ciento de su ingreso en el pago del recibo de la luz en el verano al consumir una gran cantidad de kilowatts.

Ahora bien, pudiera argumentarse que debido a lo señalado anteriormente el gobierno federal ha establecido tarifas especiales para las localidades más cálidas del país, como es el caso de las tarifas 1E y 1F, que operan en regiones cuyas temperaturas promedio en el verano son de 31 y 32 grados, respectivamente.

Una de las principales limitantes es que en el esquema actual se exige un promedio de temperatura en tres de los cinco años anteriores, durante los cuales en al menos dos meses consecutivos de los seis meses más calurosos debió rebasarse el umbral de la temperatura promedio requerida.

La exigencia de temperaturas promedio es en sí misma injusta pues no considera que existen localidades en los estados del norte, sólo por mencionar algunos de ellos, en donde durante los seis meses con más altas temperaturas se presentan temperaturas que van desde el 0 a 49 grados centígrados, mismas que al tener que promediarse se vuelve imposible que un número mayor de municipios puedan incorporarse a las tarifas más bajas como es la 1E y la 1F.

Por otro lado, no existen tarifas especiales para localidades que superen los 34 grados centígrados en promedio durante dos o más meses en el verano, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en los estados ya mencionados pues la tarifa más baja que existe es la 1F, aplica a los municipios que presentan temperaturas de 33 grados en adelante, sin contar que en los puertos tenemos la sensación térmica que eleva más esta temperatura.

Es preciso señalar que en los estados arriba señalados se presentan temperaturas máximas de hasta 49 grados centígrados en el verano, motivo por el cual es necesario el uso de aires acondicionados y aparatos de ventilación durante varios meses al año, por lo que es evidente que el alto consumo de energía en estas regiones, no resulta de costumbres o actitudes de derroche de energía o de consumo irresponsable o lujoso de electricidad; es una necesidad.

En este contexto es que propongo reformar y adicionar el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer, desde la ley, los criterios que deberán observar las autoridades hacendaria federal, en la determinación de las tarifas para uso exclusivamente doméstico en las localidades que presentan temperaturas extremadamente altas durante el verano.

Así, se plantea modificar el primer párrafo del artículo y ley en cita, para introducir como principios básicos para la determinación de tarifas, el del fomento a la competitividad del país y sus regiones.

De igual forma se reforma el segundo párrafo al cual se le agregan cinco incisos para establecer los criterios específicos que deberán seguir las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, para la fijación de las tarifas eléctricas en localidades con clima cálido extremo.

En primer criterio es el de los umbrales de temperatura que hacen que una localidad se considere como de clima extremo y que, por ende, reciba los beneficios de tarifas reducidas y, en su caso, subsidiadas.  Se propone pasar de tres a dos años el periodo de medición de la temperatura, así como eliminar el requisito de consecutividad de los meses con temperaturas elevadas durante el verano, de tal forma que un mayor número de municipios tengan acceso a tarifas más bajas.

Como segundo criterio, se fija el patrón que deberá seguir la autoridad hacendaria para la distinción de las tarifas, tomándose el modelo seguido actualmente de un grado por tarifa, pero eliminando el límite actual de 33 grados que aplica a la tarifa más baja que es la 1F.

Ya ha sido rebasado y varios municipios del área desértica del noroeste de México, de igual forma, se prohíben los incrementos a la tarifa, más allá de la inflación estimada para el ejercicio fiscal correspondiente.

El tercer criterio tiene el objeto de equilibrar cada tarifa de acuerdo a los niveles de consumo, a efecto de que el precio por kilowatt más bajo, así como el mayor subsidio, se otorgue a quienes se encuentren dentro del parámetro más bajo de consumo.

Como cuarto criterio se propone un parámetro justo para la determinación del límite de alto consumo para cada tarifa, de tal forma que la autoridad no pueda moverlo discrecionalmente, sino siempre de acuerdo a las variaciones que haya presentado la temperatura promedio de un año para otro.

El quinto criterio aplicaría exclusivamente a las localidades consideradas como de alta y muy alta marginación, ubicadas en zonas calurosas, a las cuales se añadiría un subsidio...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Luis Marcos León Perea:... adicional que reduzca el porcentaje que destinan las familias de menores ingresos al pago del servicio de energía eléctrica para uso doméstico.

Y por último, en respuesta al válido reclamo de los gobiernos de las entidades federativas, en donde las temperaturas son marcadamente elevadas y que por tanto deben destinar porcentajes importantes de su presupuesto educativo y de salud para el pago del servicio de energía eléctrica en escuelas y hospitales públicos, a las cuales no sólo se les aplica una tarifa comercial, como si se tratase de instituciones con fines de lucro, es que se plantea adicionar un último párrafo al artículo 31 de la Ley...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado José Luis Marcos León Perea: ... del Servicio Público de Energía Eléctrica    –concluyo- para que a estas instituciones públicas se les cobre la tarifa doméstica que corresponda a la región en la que se encuentren instaladas.

Con lo anterior estaríamos promoviendo un cambio radical en la forma de determinar las tarifas de energía eléctrica en México, pasando de un objetivo eminentemente recaudatorio a uno de beneficio social.

Y esto es lo menos que merecen los mexicanos en momentos en que la crisis económica, los altos impuestos y la falta de empleos dignos, afectan la calidad de vida de las familias y, por lo tanto, la competitividad de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

El diputado José Luis Marcos León Perea: Solicito se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se insertará.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, si es tan amable de preguntarle al diputado León Perea si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Emilio Serrano le pregunta, diputado José León Perea, ¿si acepta usted su adhesión a su iniciativa?

El diputado José Luis Marcos León Perea: Con gusto, con mucho agrado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con gusto y con agrado. Muchas gracias, señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Marcos Pérez Esquer, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa del diputado León Perea se turna a la Comisión de Energía.

El diputado Marcos Pérez Esquer: Con su venia, diputado presidente. La iniciativa que hoy estamos proponiendo busca, en esencia, robustecer el derecho ciudadano de acceder a la información pública, homologando la normatividad para que todos los órdenes de gobierno y todos los poderes y entes autónomos del Estado mexicano, se ciñan a una misma ley.

Para esto, es menester hacer previamente una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Hoy por hoy, compañeros diputados, no obstante los avances que han venido dándose en nuestro país, en materia de transparencia, desde la expedición de la propia ley federal de transparencia hace 8 años, pasando para la expedición de su Reglamento hace 7 años, por la consecuente creación del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, las reformas para la protección de los datos personales, etcétera, lo cierto es que todo este proceso, todo este esfuerzo para transparentar al gobierno, sólo ha tenido verdadero calado en el Poder Ejecutivo federal.

Los otros Poderes de la Unión, incluida esta Cámara de Diputados, los entes constitucionalmente autónomos y los órdenes de gobierno estatal y municipal, no se han transparentado aún o, al menos, no lo han hecho en el mismo grado en el que lo ha hecho ya el Ejecutivo federal.

Dicho de otro modo, estos otros Poderes de la Unión y sobre todo los órdenes de gobierno estatal y municipal se han quedado a la zaga; absolutamente rezagados respecto del Ejecutivo federal en materia de transparencia y rendición de cuentas.

No obstante la reforma constitucional de 2007 al artículo 6o., por la que se obligó a las entidades federativas a emitir leyes estatales de transparencia que cumplieran al menos con ciertos requisitos básicos para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública, la experiencia revela que lamentablemente el objeto de esa reforma no ha rendido los frutos que se esperaba.

Hay estados que a más de 3 años de aquella reforma no han ajustado sus leyes estatales de transparencia para hacerlas acordes a la Constitución, peor aún, hay entidades federativas que hicieron modificaciones a esas leyes, pero que tales modificaciones en realidad se convirtieron en contrarreformas, en claras regresiones en materia de transparencia.

En muchos estados de la república ha habido avances, cierto, pero en otros más siguen existiendo prácticas que no se corresponden con el espíritu democrático de la transparencia y de una efectiva rendición de cuentas.

Debemos reconocerlo. Aquella reforma constitucional hecha con la mejor de las intenciones, no está cumpliendo con su cometido.

Por otra parte, y toda vez que el actual esquema segmenta la normatividad en los tres órdenes de gobierno, en la práctica esto se constituye en un serio obstáculo para el ciudadano que debe apegarse a distintos cuerpos normativos dependiendo de la instancia gubernamental de la que requiera información.

El sólo hecho de que el ciudadano tenga que ajustarse a distintas reglamentaciones, según a quién le esté solicitando información, complica seriamente el ejercicio de ese derecho de acceder a la información pública.

Como ustedes saben, compañeros legisladores, más del 90 por ciento de las solicitudes de información que hacen los ciudadanos tienen que ver con el ejercicio del gasto público.

De ello me surge la siguiente reflexión: si ya este Congreso de la Unión emitió una Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a todos los poderes y entes autónomos y a todos los órdenes de gobierno a apegarse a las mismas reglas para procesar su información financiera y llevar su contabilidad, por qué razón no homologamos también las reglas para que los ciudadanos puedan acceder a esa información. Así las cosas.

La iniciativa contempla reformar los artículos 6o. y 73 de la Constitución para ordenar la emisión de una ley general que regule el tema por igual para todos los poderes y entes autónomos, así como los órdenes federal, estatal y municipal, y para cualesquiera otra instancia que maneje recursos públicos como son los partidos políticos y eventualmente los sindicatos. Muchas gracias, compañeros.

Solicito a la Presidencia se pueda insertar íntegramente el proyecto de decreto en el Diario de los Debates. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se hará y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Víctor Báez Ceja.

Le comunico a la asamblea que posteriormente tenemos proposiciones que se posponen y llegaremos hasta la propuesta de... escucharemos a dos oradores más antes de decretar el final de la asamblea.

Diputado Luken, desde su curul.

El diputado Gastón Luken Garza (desde la curul): Gracias, presidente. Si me permite el proponente, el diputado Marcos Pérez Esquer, adherirme a su propuesta.

El diputado Marcos Pérez Esquer (desde la curul): Con todo gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Pérez Esquer, afirma. Muchas gracias. Adelante, diputado Báez.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes una iniciativa que ofrece muchas bondades a los municipios de nuestro país. Como ustedes saben, en nuestro sistema constitucional, el municipio es considerado como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.

Sin embargo, este arreglo institucional ha ubicado al municipio en una situación de franca desventaja. A pesar de que se dice que los municipios administrarán libremente su hacienda pública, lo cierto es que ésta depende de los recursos que establezcan en su beneficio las legislaciones locales y los que se transfieren desde la federación.

Muchos de los que estamos aquí en algún momento tuvimos la oportunidad de ser funcionarios municipales y constatamos en nuestra propia experiencia la insuficiencia de recursos para atender las necesidades prioritarias del municipio.

Nuestra propuesta busca ofrecer alternativas a la precariedad de las finanzas municipales, aprovechando las lagunas que existen en el esquema de potestades tributarias del municipio.

Es el caso, por ejemplo, del cobro de los servicios que tienen a su cargo, o bien la existencia de exenciones abusivas que favorecen a los otros dos órdenes de gobierno y que son aprovechadas, inclusive, por algunos particulares, ya que en la Primera Convención Nacional Hacendaria los expertos coincidieron en apuntar que es indispensable aprovechar mejor las fuentes locales, particularmente el impuesto predial y los ingresos por servicios municipales, para fortalecer las finanzas locales.

Es un tema de la mayor relevancia, porque en la actualidad los ingresos propios de los municipios alcanzan únicamente el 10 por ciento de sus ingresos totales, el resto proviene de transferencias estatales y federales.

Por ello, proponemos que los municipios cobren el derecho de alumbrado público. Cabe recordar que desde la reforma constitucional de 1983, en materia municipal, el alumbrado público se incluyó como uno de los servicios que tienen a su cargo los municipios.

Esto ya ha sido propuesto anteriormente y forma parte de las agendas de asociaciones municipales, que se ha manifestado en el mismo sentido; sin embargo, no han sido tomadas en cuenta y se han dejado en el rezago legislativo.

Las segunda propuesta es que se fortalezca la hacienda municipal en materia del predial, que hoy por hoy constituyen uno de los ingresos propios de los municipios; sin embargo, la recaudación es muy baja, en parte debido a que los bienes del dominio público, de la federación y del estado están exentos de ese impuesto.

Por eso proponemos que se eliminen las exenciones, que la Constitución aún reconoce en el párrafo segundo del inciso C de la fracción IV en su artículo 115, con respecto al cobro de contribuciones sobre los bienes del dominio público, de la federación, de los estados y municipios.

Que sean utilizados ya sea por entidades paraestatales o por particulares, independientemente de que se utilicen o no para fines administrativos o tengan propósitos distintos a las de su objeto público.

En nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que ambas propuestas contribuirán de manera significativa a fortalecer las fuentes de recursos municipales, toda vez que es totalmente injusto que se sigan preservando dichas excepciones.

El PRD se pronuncia por un verdadero federalismo democrático y un municipalismo renovado, que tenga un peso específico real en las decisiones nacionales y en desarrollo de las comunidades. Que los gobiernos locales cuenten con una verdadera autonomía hacendaria que haga posible la verdadera autonomía política de nuestros municipios.

Les pido su apoyo a los diputados de los otros partidos para impulsar esta iniciativa, que no es sino una corrección elemental en nuestro esquema federal. No la dejemos en la congeladora.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, espero su apoyo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La iniciativa del diputado Jaime Fernando  Cárdenas Gracia aceptó que fuera leída hasta el día de mañana. Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del PRI, enrocando su proposición con la del diputado Luis Videgaray Caso.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al término de la diputada Susana Hurtado Vallejo preguntaré a la asamblea si se concede el uso de la palabra a dos diputados más que son los últimos en presentar iniciativas para el día de hoy. Pregunto de una vez a la asamblea si están de acuerdo en que escuchemos a los oradores que faltan.

Gracias por el gesto. Realmente deberíamos recompensar la paciencia de los señores legisladores. Muchas gracias.

Tiene la palabra la diputada Hurtado.

La diputada Susana Hurtado Vallejo: Con su venia, diputado presidente.

Con su venia, diputados y diputadas que hoy están aquí presentes. La que suscribe diputada Susana Hurtado  Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que me confiere los artículos 71, fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55 fracción II; 56; 63 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración  del pleno de esta soberanía,  iniciativa para reformar los artículos 11 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar la alimentación y nutrición sana que evite el sobrepeso y la obesidad de la población infantil, al tenor del siguiente:

La obesidad y el sobrepeso en escolares y adolescentes han aumentado de manera acelerada en la última década en nuestro país. Preocupa ya a muchas naciones del mundo debido a que este problema de salud pública representa fuertes gastos económicos, para poder atender a la población mexicana que padece esta enfermedad.

El hecho de que haya cada vez más niños con sobrepeso en nuestro país debe ser preocupante para los padres, pues cuando los menores lleguen a la adultez podrían adquirir padecimientos difíciles de curar, por lo que es urgente cambiar su estilo de vida y hábitos alimenticios.

En el artículo 3o de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas y de los Niños y Adolescentes se establece que el fin central de ésta es la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Que tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Asimismo, en esta ley se determina como uno de los ejes centrales el cuidado de las garantías constitucionales.

Entre los principios establecidos en la Constitución se tiene que los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; además de señalar que los ascendientes, tutores o custodios tienen el deber de preservar estos derechos.

Por tal motivo, el propósito de reformar diversas disposiciones de la ley que se comenta es con el fin de establecer en esta misma Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes los señalamientos a la responsabilidad que tienen los actores que se indican en la ley para evitar el consumo de los alimentos con un alto contenido de calorías, grasas, sodio y carbohidratos, que generalmente de nulo o escaso valor nutricional, así como poco saludables, los cuales por su naturaleza contribuyen a fomentar el sobrepeso, la obesidad, entre otros males de salud pública que afectan y encarecen los sistemas de salud pública y privada de la nación.

Tanto la obesidad como el sobrepeso de los menores se pueden prevenir con la ayuda de los padres que deben de estar al pendiente de las conductas de sus hijos y que pueden cambiar sus hábitos estratégicamente para que los niños no sientan un cambio brusco.

Para la Secretaría de Salud el problema de la obesidad es uno de los mayores retos para este siglo, ya que se estima que afecta a casi 70 por ciento de la población nacional, porcentaje que considera a la población infantil y a los adolescentes, lo que conlleva a que el Estado tenga que elevar sus costos para la atención y las graves consecuencias de esta enfermad, al destinar el equivalente a medio punto del PIB, es decir alrededor de 60 mil millones de pesos anuales, cifra que representa el nueve por ciento del gasto en salud, lo que justifica cambiar esta tendencia de salud pública.

La obesidad y el sobrepeso deben ser reconocidos como una enfermedad en un principio desde el seno de las propias familias, dado que ante la ignorancia y la creencia popular de que un niño gordito es un niño saludable, se propician los malos hábitos alimenticios.

Finalmente, frente a este complejo y delicado problema de salud pública, la propuesta va orientada en el sentido de ampliar las facultades de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, de los Niños y Adolescentes, para combatir la enfermedad de sobrepeso y la obesidad infantil, fomentando a través de la educación buenos hábitos alimenticios en los niños y en los adolescentes; además de promover en las escuelas el consumo de alimentos en cualquiera de sus presentaciones con un buen contenido nutricional bajos en calorías, grasas, azúcares simples y sal.

El decreto por el que se adiciona este inciso b) es el artículo 11, del capítulo II, que son las obligaciones de ascendientes, tutores y custodios; y se forma el inciso d), e), f) del artículo 28 del capítulo VIII.

La modificación es el artículo 11, que es coordinarse con las autoridades educativas y sanitarias y con las asociaciones de padres de familia de los centros de educación pública...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada Susana Hurtado Vallejo: ... para evitar el consumo de alimentos chatarra en las escuelas, a efecto de prevenir el sobrepeso, la obesidad, así como la desnutrición.

Es por ello que les pido, compañeros diputados, que me apoyen para que se hagan las adecuaciones a esta ley, la Ley de Protección de los Niños y las Niñas y los Adolescentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La iniciativa del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del PRD, se pospone.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Fernando Morales Martínez...

El diputado José Luis Marcos León Perea (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado León Perea.

El diputado José Luis Marcos León Perea (desde la curul): Quiero preguntarle a la diputada si permite que nos adhiramos a su iniciativa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Joann Novoa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger (desde la curul): Para el mismo efecto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para el mismo efecto. Si acepta la diputada que se adhieran a su iniciativa los diputados León Perea y Novoa Mossberger.

La diputada Susana Hurtado Vallejo: Acepto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta la diputada.

Adelante, diputado Morales.

El diputado Fernando Morales Martínez: Gracias, señor presidente. Con su permiso. Actualmente el mundo vive un proceso de cambio perfectamente visible. Las circunstancias ahora son distintas. Existe una condición de cambio climático que ha logrado alterar fuertemente el clima en nuestro país.

La ocurrencia de fenómenos naturales en la República Mexicana presentan desde hace tiempo un rigor, fuerza, casi inédita, trayendo consigo numerosas situaciones de emergencia y de desastre que han provocado daños y afectaciones y que han tenido efectos y consecuencias históricas en el ejercicio del gasto.

Ha resultado evidente que cuando no existan mecanismos financieros y una visión congruente en materia de desastres, la disciplina presupuestal queda en segundo lugar cuando existe la urgencia de salvar vidas y reconstruir comunidades enteras y en casos extraordinarios ciudades y estados.

Como se están presentando las cosas nos hacen suponer que los periodos de retorno en algunos casos volverán. Esto quiere decir, por ejemplo, que las inundaciones en el caso de Tabasco se están volviendo a dar este año nuevamente y no solamente en Tabasco, sino también de nuestros hermanos de Veracruz y de Oaxaca.

Una primera conclusión sería, que la incertidumbre que provoca el comportamiento climático, sumado a la fuerza doble destructiva, exhibida que todos conocemos, nos está dando una amenaza: la seguridad de los mexicanos y la gobernabilidad del Estado.

La propuesta de reforma de ley que estamos haciendo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es con el propósito que tiene, en primer lugar, de postular desde el ámbito financiero, enfocar la protección civil a una nueva visión de lo que debe de ser la gestión gubernamental e integral de los riesgos.

En segundo, contribuir a la cohesión y soporte de la suma de fuerzas en los distintos órdenes de gobierno y de los sectores en torno a las prioridades de la protección civil.

En tercero, el que sienta las bases para fortalecerla financiera y operativamente los esfuerzos dirigidos para lograr un presupuesto y un ejercicio del gasto sin alteración de programas y rubros y al mismo tiempo dar atención debida a las situaciones que se presenten.

Esto quiere decir, amigas, amigos diputados, que ya no debe de ser permisible un presupuesto sin el previo análisis de los riesgos de desastres que prevalecen en el país.

Proponemos entonces diversas reformas a la Ley Federal de Presupuesto, a fin de lograr de una vez por todas que la inversión en una nueva infraestructura y en la reconstrucción de la afectada, se aplique de manera inteligente y que logremos reducir y mitigar los riesgos de desastres, que logremos erradicar la construcción social de riesgos y que de manera preventiva y previsora los recursos públicos se apliquen.

La nueva visión que sostiene esta propuesta es la gestión integral del riesgo; la anticipación permite gastar menos y salvaguardar más eficazmente la vida y las posiciones de las personas.

La acción preventiva sostiene que en un argumento económico inobjetable, las acciones preventivas se anticipan a los desastres económicos y se genera un ahorro indiscutible.

Sería un error seguir pretendiendo que tiene mucho provecho realizar una gran inversión para reconstruir miles de casas y viviendas, por los efectos de un desastre, cuando la prevención nos permitiría, con una buena visión, gastar cinco o siete veces menos.

En suma, a la hora en que hay que tomar decisiones de gobierno, sobre todo aquellas decisiones que afectan a las personas, a las familias, a las ciudades y a las comunidades rurales de nuestro amplio tejido social, hay que considerar que de cara al futuro ya no deben ser permisibles los ejercicios de planeación, presupuestación y programación sobre los objetivos y metas del gobierno federal, sin haber valorado antes el amplio inventario de riesgos y peligros que rodean a nuestro vasto territorio nacional y todos los estudios y análisis necesarios para evitar la construcción de riesgos.

Como legisladores debemos continuar adecuando el marco jurídico que atañe el gasto público, revisando  el ámbito y el alcance que tiene el gasto en infraestructura.

No sigamos malgastando el recurso de los mexicanos en la reconstrucción; invirtamos en la prevención de los desastres; dejemos de ser un país reactivo y pasemos a ser un país preventivo, la sociedad nos lo demanda no es solamente un discurso político de donde muchos quieren sacar de ellos beneficios.

Trabajemos por los hermanos tabasqueños, oaxaqueños y todos los que están en desgracia, como los hermanos de Veracruz y esperemos que a nuestros estados no les lleguen a pasar esos desastres. Muchas gracias.

El Presidente diputado  Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado  Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Ovidio Cortazar Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ovidio Cortazar Ramos: Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladoras y legisladores: la presente iniciativa versa sobre uno de los temas más importantes en la actualidad, que son la regulación de las instituciones, personas físicas y sociedades mercantiles que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, generalmente conocidas como casas de empeño.

Sin duda el servicio de empeño representa un papel muy importante al financiar a la población que no tiene acceso a servicios financieros formales y al otorgar liquidez pronta a los que requieren recursos de forma inmediata.

En México existen prestamistas prendarios del sector formal constituidos como instituciones de asistencia privada, sin fines de lucro, que operan legalmente. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a proliferar distintos establecimientos de empeño como negocios meramente lucrativos, al margen del sistema financiero, cuyos servicios de basan en operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, con fines de lucro y especulación comercial.

Las casas de empeño actualmente no están sujetas a un régimen de regulación uniforme, no se encuentran reguladas por la autoridad financiera ni son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por consiguiente, en caso de suscitarse una controversia, los usuarios no podrán presentar una reclamación ante la Condusef.

Cabe destacar que las casas de empeño que operan bajo la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada están sujetas a la regulación local del Código Civil y las leyes de instituciones de asistencia privada, mientras que las constituidas como sociedades mercantiles son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Hoy por hoy, con fundamento en los resultados definitivos de los censos económicos 2009 llevados a cabo por el Inegi existen más de seis mil montepíos y casas de empelo, los cuales tienen un total de ingresos de suministro y bienes de 12 mil millones de pesos, que es el monto que obtuvo la unidad económica por todas aquellas actividades de producción de bienes y servicios. Incluye el valor de los bienes y servicios transferidos a otras unidades económicas valorados a precio de venta más todas las erogaciones o impuestos cobrados al comprador, y una producción bruta total de 12 mil millones 556 mil pesos.

Destacamos que los sistemas financieros están constituidos por las instituciones financieras legalmente reconocidas; sin embargo, para la mayor parte de la población existen dos sistemas financieros: el formal y el informal. El primero de ellos suele estar casi siempre fuera de su alcance; el segundo, en el cual se efectúa la mayor parte de su actividad financiera, se desarrolla en un ámbito comúnmente sin supervisión en su constitución, organización, funcionamiento y extinción, porque no en pocas ocasiones desaparecen de un día a otro, y además, en caso de disolución, su patrimonio lo conserva el propietario o los socios accionistas.

La realidad es que las casas de empeño se han multiplicado año con año y éstas no son más que, en muchos casos, agiotistas disfrazados de instituciones de asistencia privada. De conformidad con la naturaleza de sus actividades, las casas de empeño pueden ser consideradas, como parte del sistema financiero, como una actividad auxiliar del crédito.

Además, en este tema resulta imprescindible establecer en las reformas que se efectuarán a la legislación secundaria, la transparencia con la que debían operar para evitar que los usuarios de los servicios de empeño vean vulnerados sus derechos al no disponer de información clara y precisa.

Si bien es cierto que algunas de las entidades federativas han realizado esfuerzos legislativos para crear un marco jurídico, o en otros casos, inexistente, así como encontrarse sujetas a la regulación mercantil, las casas de empeño prácticamente operan sin regulación ni supervisión, generándose el escenario ideal para que operen con prácticas lesivas para la sociedad pues actúan únicamente con el objetivo de multiplicar sus ganancias en detrimento de las personas.

La necesidad apremiante de una regulación uniforme, compañeros diputados, precisa, por una parte, que el Congreso legisle en la materia, por lo cual se propone:

Reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Concluya usted, señor diputado.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos: Reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las casas de empeño.

Presidente, le solicito que se inserte íntegramente al Diario de los Debates la iniciativa que hoy presento. Es cuanto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tal como lo solicita el diputado Ovidio Cortázar Ramos, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Dígame usted, diputado.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (desde la curul): Preguntarle diputado, si me puedo adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Ovidio Cortázar, le preguntan si acepta la adhesión.

El diputado Ovidio ha aceptado. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría el documento para su adhesión.

Se pospone la intervención de la diputada Diva Hadamira Gastélum.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los que aún quedan, que ya no está inclusive el que siempre pone énfasis en eso; pero bueno.

El objeto de la presente iniciativa es establecer en la ley lo siguiente:

Que todos los vehículos que circulen por caminos y vías federales tengan la obligación de contar con un seguro de daños a terceros y, en su caso, el régimen de sanciones a quienes incumplan con ello.

El establecimiento de un fondo de contingencia para cubrir lesiones o muerte que se ocasionen a víctimas por la conducción de vehículos desconocidos.

Lamentablemente, muchos hemos sufrido como conductores, acompañantes o peatones un percance con motivo de un vehículo, que van desde los más leves, que a veces se resuelven con una disculpa entre los involucrados, hasta aquellas tragedias que implican lesiones temporales y permanentes, así como la pérdida de vidas humanas, sin contar con los daños en el patrimonio vehicular, lo que se magnifica con la falta de recursos para poder enfrentar las consecuencias del accidente.

Contar con un seguro vehicular otorga la tranquilidad y certeza de que, de algún modo, la responsabilidad para enfrentar los hechos se verá compensada por la actuación de la institución de seguros, y dicha confianza aplica para todos los implicados en el hecho.

Sería redundante justificar los beneficios o bondades de contar con un seguro vehicular que al menos responda por los daños a terceros, máxime que la institución de los seguros ha comprobado su utilidad para las actividades del hombre, cuando generan riesgos o existen riesgos en las actividades que realiza.

Asimismo, existen en derecho comparado figuras similares en todo el mundo, que aseguran que la actividad de conducir un vehículo cubre los riesgos por dicha actividad, y resulta obligatorio contar con él mismo, ya que los beneficios potenciales son mayores al costo o prima que se paga por el seguro, y se debe considerar que al aumentar la mutualidad, es decir, sujetos o riesgos asegurados, el costo de la prima tiende a bajar ante la demanda y oferta generalizada que se garantiza con la obligatoriedad.

Entrando en materia debemos mencionar que la propuesta sólo a caminos y puentes federales, ya que el tránsito vehicular es una materia que corresponde al ámbito local. En consecuencia, no existe competencia del Congreso federal para legislar en forma amplia en la materia, salvo lo que corresponde al tránsito en vías federales y autotransporte federal, que sería el ámbito de aplicación que pretende la iniciativa.

Cabe señalar que han existido antecedentes legislativos sobre la materia, destacando un proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular, del senador Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Así como otro proyecto de decreto que reforma y adiciona diferentes disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de los senadores Enrique Jackson Ramírez y Mariano González Zarur, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Mismas que persiguen el mismo fin que esta iniciativa se propone.

Esta propuesta considera que el establecimiento de la obligatoriedad de contar con un seguro vehicular debe estimar la posibilidad y capacidad económica del poseedor o propietario de un vehículo para contratar dicho seguro, por lo que se ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establezca las reglas necesarias y suficientes para garantizar el acceso y la disponibilidad económica para su contratación, en condiciones competitivas.

De lo que antecede, estimamos justifica material y jurídicamente la emisión de la presente iniciativa con proyecto de decreto

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para implementar un seguro vehicular obligatorio a cargo de su servidor Jesús Gerardo Cortez Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Es cuanto, diputado presidente. Solicito se inserte completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias diputado Jesús Gerardo Cortez. Túrnese a la Comisión de Transportes y tal como lo solicita el diputado Gerardo Cortez,  insértese el texto íntegro  de su intervención en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En el capítulo de proposiciones del orden del día de esta sesión, se encuentran registradas 17 con punto de acuerdo para sólo turno a comisión. Por economía procesal insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió solicitud de excitativa de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Junta de Coordinación Política. De conformidad con lo establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Junta de Coordinación Política para que emita el dictamen correspondiente.

Se recibió solicitud de excitativa  de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada (17:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 13 de octubre de 2010, a las 11:00 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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