Comunicaciones
Reincorporación del diputado Joel González Díaz
De la Secretaría de Gobernación, con informe sobre Capufe
De la Secretaría de Gobernación, con solicitud para prestar servicios
Contestaciones de diversas autoridades a puntos de acuerdo
De particular, con solicitud para prestar servicios en sede diplomática
Solicitud de licencia del diputado Juan Carlos López Fernández
Dictámenes
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, por el que se cita a comparecer al secretario de la Función Pública
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
María de Lourdes Reynoso Femat, PAN
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT
Diana Patricia González Soto, PRI
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, PRD
Acuerdo de la Junta, por el que se crean tres secretarías en comisiones
Herón Agustín Escobar García, PT
Rafael Rodríguez González, PRI
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, PAN
José Ricardo López Pescador, PRI
Turno a las iniciativas y proposiciones no presentadas en tribuna
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 255 diputados. Por tanto, hay quórum, señora presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (10:24 horas): Se abre la sesión.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Señor diputado Cárdenas Gracia, ¿es sobre el orden del día.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí señora presidenta, porque queremos comentarle que ayer nos reunimos en la Comisión de Seguridad Pública y hemos insistido, ante el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, para que comparezca ante este pleno o ante la comisión el secretario de Seguridad Pública de la federación, García Luna, a fin de que nos exponga el estado en el que se encuentran las cárceles del país, los centros penitenciarios, porque continuamente observamos que hay problemas en los centros penitenciarios, tanto federales como locales.
Entonces, para insistir que en el próximo orden del día –y ojalá que la Junta de Coordinación Política proponga de manera formal– la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, para que nos exponga ante este pleno un análisis muy detallado del proyecto de construcción de nuevas cárceles en el en el país y también del estado y las condiciones en que se encuentran esos centros penitenciarios. Gracias, presidenta, por la oportunidad de exponer este punto de vista.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Se toma nota de su intervención señor diputado. Y hasta en tanto la Junta de Coordinación Política no nos haga llegar la propuesta no podremos someter al pleno su petición. Sí, diputado Navarrete Prida.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Sí, presidenta, quería comentar lo siguiente: En dos ocasiones el señor presidente de la Mesa Directiva ha hecho alusión a exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar cuentas públicas –él habla de cinco dictámenes.
Dado que lo ha hecho ante este pleno, me permito darle a conocer al pleno mismo los oficios que le he enviado donde le explico con claridad –seguramente él no lo conoce– que se publicó en Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución el 7 de mayo de 2008 en la cual señala que las cuentas públicas anteriores a 2008 las debía de dictaminar la Legislatura pasada. Es una disposición transitoria constitucional.
Las cuentas posteriores a 2008 las tendríamos que dictaminar en esta soberanía. Ya está dictaminada la de 2007 y afortunadamente ya se publicó. La de 2008 la estaremos presentando en próximos días, lo mismo que la 2009; y la de 2010, apenas se están solventando observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
De tal manera que ese exhorto y esa preocupación que él tiene está completamente cubierta. Quiero dejarlo muy puntualmente porque quizá se utiliza como un discurso para no abordar los temas que estamos planteando en el pleno, pero es una disposición constitucional que no tiene que ver con esta Legislatura LXI. Sería cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Sí, señor diputado, queda registrada su intervención en la versión estenográfica, ya que este punto no está agendado en el orden del día. Tiene el uso de la palabra el diputado Martín García Avilés.
El diputado Martín García Avilés (desde la curul). Gracias, presidenta. Un comentario en esto que tradicionalmente se ha llamado la hora del aficionado y que sirve para hacer comentarios importantes cuando no se tiene oportunidad de hacerlo en tribuna.
Pedirle un exhorto amigable, presidenta. Hace cosa más de 16 días naturales, al interior de la Comisión de Desarrollo Social acordamos la creación de un grupo plural de diputados integrantes de la misma comisión, a efecto de vigilar que no se desvíen recursos públicos de programas sociales en el presente proceso electoral federal.
Ya los diferentes grupos parlamentarios han mandado su propuesta y nuestro presidente de la comisión no lo ha instalado. El exhorto es amigable. Pedirle sea usted el conducto para exhortarlo y a la brevedad podamos iniciar los trabajos de este grupo plural. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Sí, señor diputado. De igual manera queda registrada su intervención.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Aprobada el acta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Comunicaciones oficiales. Oficio del diputado Joel González Díaz, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 6 de marzo del año en curso.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: De enterado y comuníquese.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el informe sobre el comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, observados durante el ejercicio fiscal 2011.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
Señor diputado Benítez Lucho, ¿con qué objeto su participación?
El diputado Antonio Benítez Lucho: (desde la curul): Respetuosamente, presidenta, que le haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el mes de septiembre presenté un punto de acuerdo para efectos de que la Secretaría de Hacienda nos diga con precisión cuántos recursos hay en el Fondo de Aportaciones para la Restructuración de Pensiones y cuánto ha dispuesto para las instituciones de salud y seguridad social, como son el ISSSTE y es el Seguro Social, y cuánto se ha reestructurado de las pensiones de los estados.
Es el caso que la Auditoría Superior de la Federación reporta que gran parte de este Fondo de Aportaciones para la Restructuración de las Pensiones se está utilizando para el pago de deuda normal en las instituciones. Ése sería el primer tema sobre el que presenté el punto de acuerdo y le ruego de favor, presidenta, se haga el exhorto a la Secretaría de Hacienda.
El otro tema, presidenta, es el siguiente: en la sesión pasada le pedí el señor presidente, y ahora lo hago muy comedidamente a usted, que se enliste, se discuta y se vote el dictamen relacionado con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que tiene que ver con la Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas Eléctricas.
Por favor, presidenta, se lo ruego, porque en este caso reporté, denuncié en la sesión del martes que Comisión Federal está persiguiendo y prefabricándole delitos a inocentes, los detienen y se los traen al Distrito Federal, por tratarse de delitos federales.
El día de ayer detuvieron a la señora Tomasa Palacios Rosas de la comunidad de Zempoala. Su único delito es no pagar el servicio de energía eléctrica. Yo no he visto que la procuradora General de la República ni persiga ni encarcele ni denuncie a los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad.
La propia Auditoría Superior de la Federación dice que las pérdidas en Comisión Federal del 2010 son de 600 mil millones de pesos. No veo que ningún funcionario esté encarcelado, y que de 17.2 por ciento ha sido el aumento a los servidores públicos de primer nivel en Comisión Federal de Electricidad. No he visto que en este caso la procuradora le dé un seguimiento, persiga y encarcele al Chapo; no he visto que le dé seguimiento y encarcele a los delincuentes que se roban hidrocarburos de Pemex. Entonces, cómo es posible, que lo más fácil y encarcelen a ciudadanos humildes, inocentes, que su único delito es no tener dinero para pagar la energía eléctrica. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: En ambos casos, diputados, esperemos que la Junta de Coordinación Política discuta estos temas y haga llegar a la Mesa Directiva la proposición que usted está comentando.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Diputada María Hilaria Domínguez.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Para informar a las diputadas y diputados de esta LXI Legislatura, que celebramos reunión de Comité Técnico del Fideicomiso 2106 de ex Braceros en mi carácter de representante del Poder Legislativo.
Informo a esta soberanía que son 105 mil 552 ex braceros que habrán de pagarse. Se van a publicar tres listas; la lista 40 con 18 mil 996 de un pago de 38 mil ex braceros y la lista 41, 86 mil 536 ex braceros para un pago de 34 mil pesos, y una lista de 20, de enfermos terminales. Informo a esta soberanía que las listas serán publicadas del 5 al 15 de marzo, se va a adelantar; es decir, es muy posible que el lunes se publiquen las listas antes del 15 de marzo.
Por otra parte, el pago pudiese iniciar del 6 al 16 de marzo; es decir, si el lunes se publican las listas significa que el martes 7 estarán entregándose los recursos. Hemos cambiado de fiduciaria, va a ser Bansefi, banco Bansefi. Va a ser la fiduciaria que va a administrar y va a dispersar los recursos de los fondos de los ex braceros mexicanos, los 3 mil 816 millones 200 mil pesos y las entidades que van a pagar ya no es Telecom, deben ser ahora las sucursales del banco comercial Bansefi y las cajas de ahorro de la Red de la Gente, son las instituciones que en ventanilla habrán de pagarle a los ex braceros los 38 mil pesos y los 34 mil pesos.
Muchas gracias por darme la oportunidad de informar a las y los diputados, desde luego que en unos minutos más le entregarán a cada uno de ustedes en su curul la información, el procedimiento y la logística para la entrega de los recursos. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Sí diputada, al pleno, queda debidamente enterado. Vamos a dar por último la palabra al diputado Pedro Ávila para que continúe la Secretaría con el orden del día. Sí, diputado Pedro Ávila.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidenta, he estado yo insistiendo en que se integre una comisión de las distintas fracciones políticas que integramos esta Cámara. Estamos a punto de terminar nuestro período de sesiones en los últimos días de abril y sigue, y sigue, y siguen subiendo los artículos de primera necesidad al pueblo de México.
La gasolina, el gas, ahorita acaban hablar de la energía eléctrica. Allá en Durango ya la energía eléctrica se paga como en las tiendas de raya del Porfirismo, se paga a pausas, le dan oportunidad a las personas, a las gentes que consumen energía eléctrica para que vaya abonando y vaya pagando y nunca salen de la cuenta, nunca salen de la droga.
Entonces es urgente que el Congreso de la Unión intervenga. El gas acaba de aumentar. Estos son puntos torales a los que todos nosotros, todos los diputados venimos a este Congreso de la Unión.
El pueblo nos eligió para que lo defendamos aquí, desde la tribuna más alta de la República. Yo hace unos días hice un punto de acuerdo sobre todo esto, sobre el gas, sobre la energía eléctrica, sobre las gasolinas, sobre el diesel, sobre los artículos de primera necesidad, el pueblo humilde de México, los pobres de México ya no hallan ni qué hacer, porque ya no tienen ni para comprar un kilo de tortillas ni para comer un plato de frijoles, ni para tomar una tasa de café.
Urge, urge que integremos, presidenta –presidenta le pido su atención– una comisión de todas las fracciones políticas y que vayamos con el presidente de la república para pedirle que le dé instrucciones al secretario de Economía y de Energía, que baje estos artículos de primera necesidad.
Yo estoy convencido que el señor presidente es un hombre de buena fe, por esto que les voy a decir, y esto es cierto. Autorizamos 10 mil millones de pesos aquí en la Cámara, él los subió a 34 mil. Los pillos delegados que estén en Durango fueron los que no le han dado corriente política para que el pueblo de México y los pobres más pobres de los pobres se beneficien.
Yo exijo en este momento que se integre una comisión de todos nosotros y que vayamos Palacio Nacional o a Los Pinos, a platicar con Felipe Calderón y a decirle que se bajen los artículos de primera necesidad, porque esto es una cosa peor que la sequía, porque esto afecta a todos los pobres de México que ya no hallan ni qué hacer.
Estamos al borde –y óigase bien aquí en este Congreso de la Unión– al borde de un estallido social, pero no lo entendemos y aquí los diputados hemos agarrado este Congreso como un nido de chirinoleras, como patios de vecindad para estarnos sacando en agenda política que los del PAN, que los del PRD, que los del PRI, y a eso no venimos; venimos aunque les pese a muchas personas, a defender los intereses del pueblo.
El pueblo de México por eso no tiene fe en nosotros, porque nos ve en la televisión y ve todo lo que aquí se hace, todo lo que aquí se insulta, pero nunca defendemos los intereses del pueblo de México.
Yo le pido que se integre esa comisión y que vayamos a Palacio Nacional, y si nadie quiere encabezarla, yo la encabezo para decirle al presidente que baje los artículos de primera necesidad y que cese de esos puestos a los funcionarios pillos que lo traicionan. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Diputado, queda registrada su intervención, que la han escuchado los integrantes de la Junta de Coordinación Política y esperemos pueda ser tratado su tema.
Por último, antes de que la Secretaría continúe, vamos a darle la palabra al diputado Juan José Cuevas.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Yo hace dos años presenté un punto de acuerdo aquí, para que la Auditoría Superior de la Federación tuviera a bien buscar la manera de explicarnos por qué en Puerto Vallarta donde ya se había sanado la deuda que se tenía actualmente no sabemos la deuda que tiene Puerto Vallarta, no nos han explicado el total de lo que debe Puerto Vallarta.
Pasaron tres administraciones del Partido Acción Nacional y la deuda que tenía Puerto Vallarta, la saldaron, la pagaron y ahora nuevamente, con otra administración, se endeudaron, pidieron 450 millones de pesos y hasta ahorita se oye el rumor que son más de mil 800 millones de pesos que va a pagar Puerto Vallarta, y no es justo.
No es justo para la gente de Puerto Vallarta. No es justo que a estas alturas, a cuatro meses de que vaya a haber o cinco meses de que vaya a haber elección, nuevamente en Jalisco, haya municipios que se estén endeudando para buscar hacer obra en los últimos meses que le faltan a una administración, estoy hablando también de la administración de Tomatlán.
Y sí les pido que, por favor, me hagan llegar el total de la deuda que tiene en este momento Puerto Vallarta con los ciudadanos de Puerto Vallarta. Es cuanto, y tengo dos años que presenté este punto de acuerdo. Gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Se toma nota de su intervención, diputado, para que posteriormente se instruya a la comisión a dar respuesta a su solicitud.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Continuamos. Les vamos a pedir a los diputados y diputadas que sigamos con el orden del día, porque es un orden que tiene muchas iniciativas y nos va a llevar mucho tiempo, por lo que le pido a la Secretaría continúe con el orden del día.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México; e informa que un ciudadano ha dejado de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación para dictamen. Por lo que se refiere a la comunicación respecto al ciudadano que deja de prestar servicios, remítase a las comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y Senadores para su conocimiento.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se recibieron dos contestaciones de diversas autoridades a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio.
La Presidenta diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Túrnese al promovente para su conocimiento.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Oficio del C. César Antonio Prieto Palma, por el que solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la embajada de Finlandia.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen, ciudadana secretaria.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura. Presente.
Distinguido señor diputado presidente. En ejercicio del derecho que me otorgan los artículos 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los dispuesto en los numerales 1, 2 y 3, del artículo 13, del referido Reglamento, por este conducto y a partir de esta fecha solicito licencia al cargo de diputado federal, que he ejercido desde el 1 de septiembre de 2009, a efecto de postularme a otro cargo de elección popular.
Ha significado para mí un orgullo formar parte de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en la que más allá de las diferencias ideológicas entre los grupos parlamentarios se han privilegiado los acuerdos que han derivado en avances significativos en la construcción y perfeccionamiento del orden jurídico nacional.
Asimismo, el ejercicio de la presidencia de la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur me permitió impulsar conjuntamente con compañeras diputadas y compañeros diputados de distintos partidos políticos importantes proyectos en beneficio de esa región del territorio nacional.
Igualmente fue para mí un honor haber sido secretario de la Comisión de Función Pública e integrarme tanto en la Comisión Especial sobre Migración como de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, Cocopa, encomiendas legislativas que me otorgaron la posibilidad de contribuir a los esfuerzos que lleva a cabo el Congreso de la Unión en materia de transparencia, respeto a los derechos humanos y preservación de la paz.
Le pido obsequiar el trámite correspondiente a esta solicitud, así como hacerla del conocimiento de todas mis compañeras diputadas y de todos mis compañeros diputados. Agradezco sus atenciones, y le hago llegar un cordial saludo.
Atentamente, Juan Carlos López Fernández.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Juan Carlos López Fernández para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el primer distrito del estado de Chiapas a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyecto de decreto:
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la XXIV al 122, de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 15, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 62, de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 163, de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 100 y adiciona un tercer párrafo al 97, de la Ley General de Salud.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal de Telecomunicaciones; de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, de la Comisión de Justicia. Posteriormente también por las comisiones el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar. Tiene la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Distinguidas diputadas, compañeros diputados. Señor Presidente de la Mesa Directiva. El día de ayer el señor Alejandro Martí acusaba la lentitud de la Cámara de Diputados acerca de este dictamen.
Quiero subrayar que la iniciativa en el Senado de la República se presentó el 15 de marzo del año pasado, que fue turnada a la Cámara de Diputados el 6 de septiembre. Es decir, no tiene un año este asunto, tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Justicia.
La Comisión de Justicia en sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de Comunicaciones y de Seguridad Pública, aprobó en sus términos la minuta que proviene del Senado.
¿De qué se trata esta minuta? De inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios con que cuenta el país.
¿De qué trata esta minuta? De atacar la delincuencia organizada? ¿Los delitos contra la salud? ¿Las extorsiones telefónicas? ¿Las amenazas que se realizan desde el interior de los centros penitenciarios?
¿Sabían ustedes, compañeros legisladores, que tenemos documentado que cada día se realizan 6 mil llamadas desde el interior de los reclusorios para extorsionar telefónicamente?
¿Que aunque está prohibida la utilización de teléfonos móviles, por la corrupción que impera en los centros penitenciarios del país, se siguen realizando seis mil llamadas cada día?
¿Sabían ustedes que solamente el estado de México es el único que ha colocado antenas inhibitorias para evitar el uso de los teléfonos celulares? ¿Sólo en 17 de los 21 centros con que cuenta el estado de México?
¿Sabían ustedes que con esta minuta a la que les pido su voto aprobatorio estamos derogando el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ha sido un fracaso? Estamos inhibiendo la utilización de teléfonos celulares para la comisión de delitos de delincuencia organizada.
Y es que cómo no vamos a tener seis mil llamadas cada día si la reinserción social que apuntó la reforma del 18 de junio del 2008, compañeros, es un fracaso; si no hay centros de educación en el interior de los reclusorios, no hay aulas para talleres y nosotros le agregamos la salud y el deporte, que son los cuatro soportes de la reinserción social.
Antes de la reforma del 18 de junio se hablaba de readaptación social. Dije en su momento que era un fracaso. A partir del 18 de junio, insertamos el concepto de reinserción social; es un fracaso.
Lo más adecuado es readaptar, porque primero se readapta y luego se reinserta y nosotros pasamos por alto la readaptación social y con la reforma constitucional acuñamos el concepto de reinserción social.
Con estos objetivos contenidos en la minuta del Senado, damos un paso extraordinario, porque obligamos al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a colocar en cada centro penitenciario del país, sea federal, sea para menores, sea para mujeres, sea estatal, una antena inhibitoria de las llamadas de teléfonos celulares que siguen produciéndose indebidamente en este país. Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado, si acepta una pregunta del diputado Vidal Llerenas.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Acepto todas, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Vidal Llerenas, tiene usted la palabra.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quisiera aprovechar la discusión sobre este tema para hacer una pregunta que está en el aire de la opinión pública y que me gustaría conocer, de manera respetuosa, su opinión.
Qué ha pasado con la dictaminación de la ley de lavado de dinero, minuta que llegó de la Cámara de Senadores, que entiendo que hubo ya una dictaminación por parte de la Comisión de Hacienda y que a muchos de nosotros nos parece fundamental para combatir el crimen organizado en el país y que entiendo que sigue siendo un dictamen pendiente de la Comisión de Justicia.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Aunque no es el tema, déjeme platicarle, compañero diputado, que acabamos de aprobar en el seno de la Comisión de Justicia la Ley de Trata de Personas, que ya viene al pleno; la Ley de Extinción de Dominio, que ya viene al pleno; la Ley de Justicia para Adolescentes, que ya viene al pleno.
El día de ayer, en la Comisión de Justicia aprobamos la Ley de Ejecución de Sanciones. En lo general aprobamos la Ley de Amparo y como había algunos apuntamientos de barras, colegios, asociaciones, creamos una subcomisión. El 14 de marzo vamos a aprobarla ya en definitiva.
Ayer boletinamos el Código Federal de Procedimientos Penales. También nos pusimos como plazo el 14 de marzo. El siguiente producto, diputado Vidal Llerenas, es la Ley Contra el Lavado de Dinero. No sé si hay algún otro comentario, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No hay ninguna otra pregunta, diputado Benítez Treviño.
Tiene la palabra el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, por parte de la Comisión de Comunicaciones. Para fundamentar el dictamen.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente, señores integrantes de la mesa Directiva. El dictamen que nos ocupa implica reformas, adiciones y derogaciones a cinco ordenamientos: al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la Ley Federal de Prevención y Readaptación Social y a la Ley Federal de Seguridad Pública.
Tiene dos propósitos fundamentalmente: uno, eliminar la figura del Renaut o Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y, por otro lado, tiene por objeto establecer medidas verdaderamente eficaces para contribuir a la inhibición y reducción de la comisión de delitos relacionados con amenaza, secuestro y extorsión, fundamentalmente.
Con el primer propósito quiero subrayar que se termina con un período largo, tortuoso de simulación, de omisión y de burla al pueblo de México. A qué me refiero con lo anterior. Omisión porque desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, nunca cumplieron con lo que se estableció en la reforma original a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a través de la cual se llevó a cabo la creación precisamente del llamado Renaut. Porque como ustedes lo saben, nunca se concibió ni se integró dicho registro como la propia ley precisamente lo establecía, nunca se publicó por parte del Ejecutivo el reglamento que establece dicha reforma para integrar y para operar el Renaut, como tampoco nunca se llevó a cabo la reforma al Código Penal Federal que establecía precisamente ese decreto por el que se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía.
Hoy con esta reforma se están incorporando cuatro disposiciones fundamentales, que vale la pena destacar la principal, la más importante y que constituye sin lugar a dudas una contribución fundamental para combatir la comisión de los delitos antes señalados y con ello, por supuesto, elevar los niveles de seguridad pública de nuestro país: es la obligación de los concesionarios de contribuir a la localización en tiempo real del teléfono móvil de donde se está llevando a cabo una llamada que implique la comisión de alguno de los delitos antes citados.
Una segunda contribución que se realiza a la seguridad pública a través de esta reforma, la constituye el hecho de que los concesionarios están obligados a dar de baja de manera inmediata las líneas telefónicas de aquellos aparatos señalados como robados o como extraviados ante la autoridad competente.
Un tercer elemento lo señalaba el diputado Benítez Treviño hace un momento, que es también fundamental el bloqueo de señales dentro y en el perímetro de los Centros de Prevención y Readaptación Social, con lo cual un factor que actualmente contribuye de manera significativa a la comisión de estos delitos, que es la comunicación por vía de teléfonos celulares, de personas que están recluidas con personas que constituyen bandas que se encuentran fuera de estos Centros de Prevención y Readaptación Social, finalmente también se elimina.
Y una cuarta disposición importantísima que vale la pena resaltar es la obligación también de los concesionarios de incorporar dispositivos en los teléfonos móviles para que los usuarios que se encuentren en una situación de emergencia puedan llevar a cabo llamadas a las autoridades competentes y con ello puedan recibir su auxilio –repito- tratándose en casos de emergencia, en fin.
Quiero solicitar a ustedes su voto favorable, porque estoy convencido que estas reformas verdaderamente van a contribuir a mejorar los niveles de seguridad pública de México y también vamos a concluir con un largo periodo, como lo decía al principio, de simulación, de ambición y de burla al pueblo de México con la existencia del supuesto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Muchas gracias a todos ustedes.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Rubí Salazar, el diputado Sergio Saldaña quisiera hacerle una pregunta, ¿la acepta?
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí, claro que sí.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado.
El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, estaba escuchando con atención y mi pregunta es muy clara. Me podría usted explicar o ampliar ¿a qué se refiere con las omisiones, en concreto?
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí, el 9 de febrero del año 2009 se publicó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, como lo señalaba hace un momento, que establecía obligaciones a diferentes actores involucrados en la prestación del servicio de telefonía móvil.
Por supuesto los concesionarios están involucrados, las autoridades competentes, particularmente dos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel también, aparecen como responsables de llevar a cabo algunas acciones y, por supuesto el propio Poder Legislativo, particularmente de la Cámara, que fue la Cámara de origen –me refiero al Senado- de esta reforma que instrumentó el denominado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Omisiones son el hecho de que la Cofetel publicó extemporáneamente más de tres meses después las disposiciones administrativas que estos artículos transitorios señalaban debía de publicar con oportunidad como condición indispensable para integrar debidamente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Omisión también significa el hecho de que en mayo del 2009 de acuerdo con esta reforma, el Ejecutivo federal debía de publicar el Reglamento a través del cual se debería llevar a cabo la integración y operación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, situación que al día de hoy, el día de hoy, primer día de marzo del 2012, no ha sucedido; es decir, sigue sin haberse publicado este registro.
También omisión por parte del Senado puesto que el promotor de esta iniciativa formalmente se comprometió en el propio dictamen a presentar la reforma al Código Penal relacionada con la comisión de delitos que tienen que ver con la telefonía móvil, situación que en ningún momento sucedió y prueba de ello es de que no existe tal iniciativa.
Burla al pueblo de México también, porque se dijo que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil existía, situación que por supuesto siempre fue una mentira. Nunca se nos tomaron, tal y como lo dice la ley, las huellas dactilares o se comprobó fehacientemente el domicilio de las personas que se registraron teóricamente o supuestamente en un registro, que por cierto debían integrar los concesionarios y permisionarios y que terminó integrando o medio integrando la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población, y en eso mismo constituye la burla al pueblo de México.
Fue un mecanismo que desde su concepción resultaba ridículo el alcance que podía tener, cuestión que se confirma y que hoy afortunadamente terminamos con ello, y hoy también estaremos aprobando medidas verdaderamente eficaces, repito, para contribuir a la disminución de los delitos de extorsión, amenaza, secuestro y delitos contra la salud, que son los que recurrentemente se cometen a través del uso de teléfonos celulares. Muchas gracias, muy amables.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el dictamen en lo general. Se han inscrito para hablar en contra del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Mario Di Costanzo Armenta. Y para hablar a favor del dictamen, el diputado Martín García Avilés, la diputada Nancy González Ulloa y la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días. Primero manifestar que respecto a este dictamen en la Comisión de Seguridad Pública lo voté a favor, pero analizándolo veo que me he equivocado y por eso aquí voy a rectificar la posición que mantuve en la Comisión de Seguridad Pública, porque sí se puede, sí se puede. Estamos en el proceso deliberativo y tengo derecho a manifestar que me he equivocado públicamente ante todos ustedes, y a rectificar el sentido de mi voto.
Por qué voto en contra de este dictamen. Me preocupa muchísimo el tema de los derechos fundamentales. Creo que es un dictamen que está proponiendo reducir la libertad de las personas, de conceder inmensos poderes al Ministerio Público federal y a las autoridades del Ministerio Público, en donde el titular de la Procuraduría General de la República delegue la atribución.
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, la intervención de conversaciones o de líneas telefónicas es una facultad que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, en este dictamen el Poder Judicial no tiene ninguna intervención; será el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias, etcétera, las que intervendrán para establecer los bloqueos o para realizar la localización geográfica, sin facultar al Poder Judicial de la Federación, y estamos hablando de derechos fundamentales.
Cuando existe una limitación a un derecho fundamental, quien tiene que autorizar esta limitación al derecho fundamental en los términos estrictos del artículo 16 de la Constitución tiene que ser el Poder Judicial, y repito, aquí no hay intervención del Poder Judicial supervisando la localización geográfica, el bloqueo de señales o la autorización para dar de baja teléfonos presuntamente robados. No hay intervención del Poder Judicial.
Por otra parte, la propuesta de modificación al Código Federal de Procedimientos Penales, al artículo 133 Quáter, establece el procedimiento para que el Ministerio Público ordene la localización geográfica respectiva y bloquee o inhiba las señales telefónicas, pero nunca establece esta norma que ese tipo de decisiones ministeriales deben de estar fundadas y motivadas.
Brilla por su ausencia, en este dictamen, la obligación correspondiente de la autoridad ministerial o de la autoridad penitenciaria, para fundar y motivar las razones, los motivos, la justificación correspondiente de por qué se están tomando estas decisiones. Creo entonces que hay violaciones constitucionales en este dictamen, que no podemos pasar por alto.
La usencia de la intervención judicial en las autorizaciones correspondientes, por una parte; por otra parte, la ausencia de motivación y fundamentación de las decisiones correspondientes, puede implicar también este dictamen una limitación al derecho de defensa.
Qué pasa, por ejemplo, con los procesados, con los reos que se encuentran en los centros penitenciarios, que desean comunicarse no solamente con sus familiares, sino también con sus abogados.
Cómo se está garantizando, cómo se está maximizando el derecho a la defensa de las personas que se encuentran en un centro penitenciario. Me parece gravísimo que limitemos el derecho de defensa y ordenemos el bloque de señales en los centros penitenciarios, limitando las posibilidades al acceso a la defensa de las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas.
Por todo esto y porque estamos configurando, además, una suerte de big brother en el Estado mexicano. Un big brother en donde la autoridad ministerial o penitenciaria va a bloquear o inhibir señales, en donde va a determinar libremente, sin fundar ni motivar debidamente su decisión, qué señales telefónicas, qué localización geográfica de señales telefónicas se va a realizar en violación a las libertades de los mexicanos.
Por eso no puedo acompañar estos dictámenes y votaré en contra en este pleno, como debí haberlo hecho en la Comisión de Seguridad Pública. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, para hablar a favor, el diputado Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Martín García Avilés: Muchas gracias, presidente. Con su venia. Como bien lo dijo el diputado Benítez Treviño, esta Cámara de Diputados el día de ayer fue aludida en el marco de la celebración de la trigésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aludiendo a la morosidad, al presente dictamen.
El dictamen que hoy está a consideración de nosotros es de suma importancia. Se trata de reformas, como ha quedado claro, a diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Federales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El presente dictamen intenta y pretende, como así lo es y queda claro en la redacción, dotará de instrumentos jurídicos y herramientas tecnológicas para que toda autoridad ministerial o judicial tenga mejores elementos para combatir a la delincuencia organizada, el secuestro, extorsión, amenaza e inhiba el robo y utilización de celulares o radiocomunicadores como instrumentos de crimen.
Este dictamen es un dictamen de comisiones unidas. Cinco meses fueron importantes porque al interior las más diversas opiniones de académicos y experiencias de legisladores y senadores acompañaron el desahogo de las comisiones unidas.
Establece el dictamen, las normas mínimas sobre la readaptación social de los sentenciados, de los procesados o de quienes están cumpliendo una pena en centros federales y centros estatales.
El Instituto Ciudadano de Estudios contra la Criminalidad establece que más del 70 por ciento de extorsiones, secuestros o amenazas en la privación ilegal de la libertad se realizan desde los Cereso. Más del 70 por ciento. El número que da es más de 6 mil y así es.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su último informe refiere que gran número de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del delito provienen de centros de readaptación social o escuelas del crimen, que tienen muchas facilidades para accesar a los teléfonos y radios, y desde ahí causar menoscabo en los derechos humanos, causando daño psicológico y psicosis.
Lo mismo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Inacipe, en estudios serios y ensayos refiere que hay nula readaptación social, y sin embargo, hay un exceso de concesiones a los procesados para practicar, desde ahí, novedosas formas para realizar secuestros, organizar los mismos o bien, orientar las rutas críticas de cómo operarlos, dado que ahí se perfeccionan entre la convivencia de los criminales, las mejores formas para secuestrar.
De las bondades de este dictamen, como ya ha quedado claro, se establecen mecanismos legales que obligan a los permisionarios y concesionarios para colaborar con el Ministerio Público y también con las autoridades judiciales en la localización georeferencial de quienes están cometiendo conductas antisociales y se puedan, en una realidad posible, detectar y detener en flagrancia.
Pretende, desde luego también, inhibir el robo de celulares y la utilización como instrumentos de criminalidad.
Incorpora una tecla de pánico, como existen radios matra, que ya tienen policías ministeriales y agentes federales, para que los usuarios o las víctimas puedan activar y pedir el auxilio.
Y desde luego, también inhibe, prohíbe y da la posibilidad de anular que en los centros federales y estatales pueda el juez de la causa penal que conoce de algún proceso, o bien, a petición del Ministerio Público adscrito al juzgado pedir la nulidad de la transmisión de la señal o radiocomunicación para permitir la detención o aprehensión o, bien, encontrar elementos de prueba supervenientes dada la flagrancia en que están incurriendo presos que estén realizando llamadas telefónicas o entablar comunicación por radio.
Amigas diputadas y amigos diputados, les pido su voto en pro. Soy testigo presencial, vivencial, y lo sé porque me consta, siendo responsable del área de Prevención del Delito y de Derechos Humanos en la Procuraduría de Michoacán.
Esta misma institución recibía desde adentro quejas de maltrato o abuso de otros compañeros presos de los sentenciados, en el fondo sólo era para transmitir psicosis a quienes laborábamos adentro. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Miren, no voy a repetir lo que dijo mi compañero Jaime, voy a citar algunos ejemplos de cómo operaría esta ley.
Bajo el pretexto de cualquier tipo de investigación, relacionada con delitos contra la salud, contra la delincuencia organizada, contra amenazas, puede en cualquier momento la Procuraduría sin mediar ninguna cosa enviar un e-mail –por medio electrónico, dice la ley– para que ubiquen por GPS, para que ubiquen –ahora sí que valga la redundancia– la ubicación geográfica de mi teléfono celular y vengan por mí con toda la discrecionalidad del mundo, como si tuviéramos un procurador que fuera intachable. ¿Cómo es posible?
Esto va a legalizar, por ejemplo, lo que le hicieron al tuittero éste, que tuitteo que se iba a caer un secretario y que fueron por él y lo sacaron de su casa con lujo de violencia. Ya lo hicieron, lo localizaron en su casa por medio de su teléfono celular y llegaron muchas patrullas de judiciales, de granaderos, de agentes y lo sacaron con lujo de violencia.
Fíjense lo que estamos aprobando hoy. Y a agentes y a personajes que dejan de pagar impuestos –que debiera ser considerado delincuencia organizada, porque no lo hace uno solo– entonces ellos no entran.
No le pudieron intervenir el teléfono a Gastón Azcárraga, no obstante que dejó un año de pagar impuestos sin enterar lo que le quitaba a los trabajadores. Eso no es delincuencia organizada, eso no es delito, ahí sí no podemos. Bueno, no podemos ni siquiera girarle una orden de aprehensión a Manuel Borja Chico, porque el juez dice que no procede.
Es verdaderamente absurdo que se esté aprobando una ley así, es verdaderamente absurdo que se le den estos poderes discrecionales al procurador de la República para que cometa cuánta arbitrariedad pueda o quiera cometer, porque nada va a justificar, nada exige que demuestre en base a qué está haciendo esa investigación. Lo peor de todo es que luego agarran a unos, como a este coqueto, y se les escapan del Ministerio Público casi, casi.
Y entonces, ¿de qué sirve localizarlos si gracias a la corrupción estos cuates se vuelven a salir? Me parece que estamos haciendo las cosas mal. Alguien está viendo demasiada televisión. No hemos hecho nada –lo decían anteriormente– contra el lavado de dinero. Ésa sí es una reforma, ésa sí es una reforma que debe de combatir de fondo a la delincuencia organizada, al secuestro, a la extorsión, a la corrupción, porque entonces no pueden legalizar su dinero; pero sí entonces violamos la Constitución para decir que estamos combatiendo a la delincuencia organizada y ponemos en manos del procurador general de la República toda la discrecionalidad del mundo.
Se los estoy diciendo fundamentalmente en el caso de éste famoso de las amenazas. Entonces alguien que por twitter diga cualquier cosa ya puede ser acusado de amenaza y van a ir por él a su casa o van a ubicar su teléfono celular y lo van a subir con lujo de violencia y lo van a llevar quién sabe a dónde.
Me parece que no estamos meditando ni midiendo los alcances de lo que hoy se está aprobando. No estamos poniendo ni siquiera una demostración, una condicionante de en base a qué se está investigando a tal o cual persona, porque se les quiere agarrar en tiempo real. Perdónenme, ¿cómo van a agarrar a alguien que están lanzando una amenaza en tiempo real?, porque se le salió, porque hizo una broma o porque verdaderamente la hizo, pero cuando lleguen ya no es tiempo real.
No inventemos cosas, compañeros. No sigamos siendo la comparsa de las arbitrariedades que se han cometido en nombre de la seguridad pública. No sigamos permitiendo esta violación a los derechos humanos y a los derechos individuales.
Nadie está en contra de perseguir a la delincuencia organizada, pero hagámoslo de manera inteligente y no de manera demagógica. Muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Nancy González Ulloa.
Aprovechamos para saludar a estudiantes del Colegio Pasteur, Asociación Civil, Lázaro Cárdenas de la zona oriente de Tlalnepantla, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada.
La diputada Nancy González Ulloa: Con su venia, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas.
Efectivamente, la creación del Renaut no ha rendido frutos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión.
Diversos estudios demuestran que dichos fenómenos delictivos continúan en aumento y que el uso de teléfonos móviles para cometerlos, sigue siendo común.
La incapacidad del Ranaut, ha sido producto de la idea de que el Registro de Usuarios de Celulares en una gran base de datos nacional, garantizaría la ubicación de los responsables de un delito. Una idea errónea fundada sobre el argumento de que los delincuentes utilizarían aparatos de comunicación móvil registrados a su nombre o a nombre de sus cómplices.
Por eso hoy estamos ante la oportunidad y responsabilidad de generar herramientas eficaces para acabar con el crimen organizado.
Recodemos que este mal social ha logrado adaptarse de forma rápida a los avances tecnológicos, valiéndose de ellos para perpetrar crímenes y sembrar el miedo entre la sociedad mexicana.
Aprobar este dictamen, compañeros, sin duda ayudará a que las autoridades tengan las herramientas para que los delincuentes sean castigados y los ciudadanos puedan gozar de vida y libertad que merecen.
De esta manera la aprobación de estas reformas permitirá lo siguiente: cuando se investiguen delitos relacionados con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, la PGR podrá solicitar por oficio o medios electrónicos a los concesionario o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentre relacionados con los hechos delictivos.
También se impondrá de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días multa, al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea en que estén relacionadas las investigaciones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentará asesoría técnica a las autoridades competentes para la instalación y operación de equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de centros de reinserción social federales o de las entidades federativas.
Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones estarán obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real.
También los concesionarios estarán obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular., de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen.
En caso de que éstos no cumplan con dicha obligación, se les impondrá una sanción con pena, como ya lo dije, de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días multa.
Compañeros y compañeras, estamos en un momento en donde la toma de decisiones debe de ser exacta y pronta. Por eso la aprobación del presente dictamen es uno de los avances más importantes para desvanecer uno de los medios operativos de las bandas delictivas que les permite obtener grandes ganancias a expensas de la seguridad ciudadana.
En Acción Nacional no dudamos en votar a favor de este dictamen, ya que sin duda permitirá avanzar de forma firme y contundente en contra del crimen organizado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, para hablar a favor del dictamen.
Saludamos a los alumnos de quinto grado de primaria del Instituto Andersen, invitados por la diputada Paula Hernández Olmos.
Asimismo, a estudiantes de la escuela primaria número 4 Niger de la delegación Tlalpan, del Distrito Federal, invitados por el diputado Marco Antonio García Ayala.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que nos ocupa el día de hoy es una minuta, como ya lo dijo aquí el presidente de la Comisión de Justicia, que viene del Senado de la república, una minuta que es turnada a tres comisiones: a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Seguridad Pública, y a la Comisión de Comunicaciones.
En ocasiones se nos comenta que cuando una iniciativa o una minuta es turnada a dos o más comisiones es muy difícil que pueda salir. Hoy es una muestra de que eso no es así, no funciona así. Es un dictamen que se vio de manera minuciosa en las comisiones, que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Comunicaciones, y en la Comisión de Seguridad Pública únicamente con una abstención. Por lo tanto, en ninguna de las tres comisiones hubo un voto en contra.
Es por eso que el día de hoy subimos a esta tribuna para poder comentar lo importante de la aprobación de esta minuta que estamos aprobando en sus términos y que en la Cámara de Senadores fue presentada por compañeros senadores de diferentes partidos políticos. Por lo tanto, es un tema con el cual todos debemos coincidir. Es un tema que nos reclama la sociedad, que los ciudadanos están pendientes de lo que se está haciendo en esta Cámara de Diputados.
Estas reformas tienen como propósito fortalecer las herramientas de la autoridad en el combate de delitos en materia de delincuencia organizada, de secuestro, de extorsión o amenazas; este tipo de delitos son en este momento delitos muy graves que padecen los ciudadanos.
Garantiza que todos los establecimientos penitenciarios federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radio comunicación, de transmisión de datos e imagen dentro del perímetro de los mismos.
Éste ha sido un reclamo permanente para que desde nuestras cárceles, desde los centros penitenciarios de este país –tenemos más de 400 centros penitenciarios y cárceles– no se opere ahí a través de estos medios de comunicación.
Creo que esto ayudaría muchísimo para poder controlar el problema tan importante que tenemos en nuestros reclusorios.
El día de ayer aprobamos también en la Comisión de Justicia, que cada semana nos reunimos y que siempre tenemos quórum en esa comisión, aprobamos también reformas importantes para la nueva Ley del Sistema Penitenciario. Y el día de hoy con esta reforma le damos a los ciudadanos y a las ciudadanas mexicanas y mexicanos, les damos de veras la seguridad de que estamos en esta Cámara de Diputados velando por su seguridad. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Nuestro grupo parlamentario votará a favor. Gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputado Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, el dictamen que estaremos votando en unos momentos es muy importante como un instrumento jurídico que permitirá ejercer de alguna manera mayores controles de respeto a la libertad de las personas que están en reclusión, para ejercer también los derechos plenos de las personas que están en reclusión y sobre todo en los 429 reclusorios que están diseminados en el país, desde donde -de acuerdo a estadísticas- salen aproximadamente 6 mil llamadas diarias con fines extorsivos, 6 mil llamadas diarias con fines de llevar a cabo procedimientos de secuestro, procedimientos de amenaza, para llevar a cabo una serie de delitos, y que también en el interior de los propios centros de reclusión se llevan a cabo comunicación entre internos de diferentes centros, con la finalidad de llevar a cabo esquemas de violencia generalizada que muchas veces devienen en motines, que muchas veces generan fugas de personas que están privadas de la libertad por haber cometido delitos.
Definitivamente este dictamen tiene una finalidad muy importante, crear para el sistema de seguridad pública en el contexto nacional, un instrumento eficaz con el apoyo no solamente de la estructura jurídica del país, sino con el apoyo también de la tecnología, en donde se estará planteando que los permisionarios y concesionarios estarían obligados a llevar a cabo los esquemas de localización georreferenciada de los lugares donde salen las llamadas amenazantes a grandes núcleos de la población mexicana.
Entonces estas empresas estarían vinculadas a proporcionar la información de manera inmediata con el fin de evitar delitos o evitar los efectos de muchos delitos que se están cometiendo en el territorio nacional. Por esta razón estoy completamente seguro que disposiciones de esta naturaleza que han sido aprobadas por tres Comisiones de Comunicaciones, de Justicia y de Seguridad en esta Cámara de Diputados, no violentan ninguna disposición constitucional y por supuesto ninguna disposición metaconstitucional.
Por esa razón me queda claro que nosotros como diputados estamos actuando para darle al gobierno federal y para darle a los gobiernos de todas las entidades del país, un instrumento jurídico que permitirá ejercer con mayor eficacia los controles en centros penitenciarios y que permitirá también, por lo mismo, llevar a cabo esquemas de prevención de delitos y de protección a la sociedad civil en general.
Con esta disposición estamos dando una respuesta a tiempo y en forma, de una serie de modificaciones a varias leyes, que nosotros lo hicimos de manera cuidadosa con la finalidad de no crear leyes ornamentales, con la finalidad de no crear solamente leyes decorativas. Queremos crear leyes que estén debidamente pensadas, analizadas y acuciosamente revisadas en el contexto, no solamente de las garantías constitucionales, sino también de los principios universales del derecho y los principios que nosotros hemos adoptado a través de la reforma al primero constitucional.
Por esa razón estimadas diputadas y diputados y, en consecuencia, a quienes me han antecedido en la palabra en favor de este dictamen, apelo, por supuesto al voto generoso de cada una de las diputadas y diputados para que, precisamente, en el llamado no solamente de las autoridades sino de la sociedad civil que el día de ayer también se nos plantea, votemos a favor de esta disposición, que es una disposición que toca tres leyes generales, y es una disposición que va a permear en todo el territorio nacional.
Esa es la razón fundamental por la que el grupo parlamentario del PRI, el grupo parlamentario del PRI reitera su interés de seguir trabajando para que regrese a nuestro país los tiempos de paz y libertad a los que tenemos derechos todos los mexicanos. Y esa es la razón por la que sin distingo de ninguna naturaleza hoy estamos actuando, aprobando normas que ya se han explicado.
Y finalmente quiero felicitar a los integrantes de las tres comisiones por haber logrado por unanimidad votar este dictamen a favor, solicitándoles la benevolencia del apoyo del mismo en el momento en que se lleve a cabo el proceso de votación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Gracias, señor presidente. Quiero abonar a la discusión que en favor de este dictamen se ha venido dando.
Se trata de cinco ordenamientos, como ya mencionó, que se reforman y adicionan con dos propósitos: uno, eliminar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y el segundo propósito es incorporar disposiciones legales a diferentes ordenamientos, a cinco ordenamientos que de manera verdaderamente eficaz contribuyan a incrementar los niveles de seguridad pública del país, y particularmente a través del combate, la inhibición de la comisión de delitos como lo son el secuestro, las amenazas, la extorsión y los delitos contra la salud. Esos ordenamientos son el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley Federal de Readaptación Social; la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Seguridad Pública.
Cuando he escuchado argumentos en contra de este dictamen verdaderamente me inquieto, porque los argumentos que he escuchado denotan el total desconocimiento del contenido precisamente de esta reforma, que sin lugar a dudas verdaderamente convencido estoy, plenamente convencido estoy de que va a contribuir precisamente a atender uno de los aspectos más delicados que estamos padeciendo los mexicanos, y me refiero a estos altos índices delictivos que se registran en el país.
Quiero decirlo y lo digo de la manera más atenta y respetuosa, que decir que no es muy fácil, decir que no con argumentos elaborados, sólidos, ya es un poco más difícil, pero decir que sí y cómo sí se puede parecería ser que no está dentro de la agenda de algunos compañeros diputados. Yo creo que no es la lógica de nuestra actuación en esta Cámara, yo creo que nuestro compromiso con el pueblo de México implica hacer un esfuerzo precisamente para identificar aquellos mecanismos que verdaderamente contribuyan al desarrollo económico y social de México, y no decir que no simplemente porque no.
Ése es exactamente el motivo fundamental por el que he querido subir a la tribuna nuevamente para defender el dictamen. Decimos que sí y también decimos el por qué sí es conveniente esta reforma, no es un asunto ocurrente o caprichoso; tres comisiones han aprobado este dictamen, dos de ellas por unanimidad y en la tercera sólo una abstención indica sin lugar a dudas que el estudio que se realizó de esta reforma no fue a la ligera, no fue superficial y que implica por supuesto compromiso de quienes estamos trabajando en las tres comisiones a las que se les encomendó la revisión y dictaminación del asunto en comento.
Reitero, convencido estoy que esta reforma efectivamente va a contribuir al combate, a la inhibición de los delitos que antes he señalado. Muchas gracias, en su caso, por su voto aprobatorio. Muy amables.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. No se encuentra en el salón, ah, lo va a hacer desde allá. Perdón, Juan Gerardo Flores.
Saludamos a personal docente y a alumnos del CBTIS Esteban Baca Calderón, de Villa Guerrero, estado de México, invitados por el diputado Rubí, precisamente. Tiene usted la palabra, diputado.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor presidente. Simplemente para señalar que a nombre de la bancada del Partido Verde manifestamos nuestro total apoyo al dictamen que hoy se está sometiendo a votación.
Es un dictamen que contiene una serie de modificaciones, en particular por lo que hace a las discusiones que tuvimos en la Comisión de Comunicaciones, a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Hace adecuaciones importantes, que tenemos la esperanza de que sean una mejor solución que la que se propuso en la legislatura pasada, que tenía que ver con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
En ese sentido, el deber de nosotros como diputados es votar a favor de este dictamen, porque propone soluciones que seguramente serán más eficaces que el registro al que me he referido.
La población mexicana no puede seguir estando a la expectativa de que nosotros hagamos los cambios necesarios para que las autoridades tengan a la mano las herramientas que sean eficaces para poder combatir los delitos, sobre todo los delitos del secuestro.
Me parece y estoy convencido que el dictamen que hoy está a consideración, aporta las soluciones que por lo menos van a darle mucho mayor fuerza a la actuación de las autoridades en materia de seguridad pública.
En ese sentido, estamos a favor del dictamen y esperamos que todos en este salón de pleno voten a favor de él, porque sin duda alguna se trata de una gran solución, que en caso de que posteriormente notemos que requiere alguna adecuación, pues seguramente se hará. Pero por hoy, es una solución bastante útil y que seguramente tendrá mucha mayor eficacia que lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, diputado. Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputadas y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido en lo general.
En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Gastón Luken.
El diputado Gastón Luken Garza (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente, por permitirme la siguiente expresión.
Quiero aprovechar la circunstancia para llamar la atención de la Cámara de Diputados sobre dos hechos deplorables sucedidos en Baja California, que atentan contra la dignidad de las personas y contra la libertad de expresión.
Se trata, por un lado, de la golpiza recibida por el reconocido periodista Antonio Heras Sánchez, hace unos días, que también es corresponsal de La Jornada, allá en Baja California. Y a la que pedimos atentamente a las autoridades correspondientes, en este caso, en primera instancia a la autoridad estatal, a la Procuraduría General de Justicia del estado para que sigan la investigación y determinen los responsables en función de las pruebas fehacientes que tienen para ello.
Y en segunda instancia y no menos importante, la amenaza de muerte recibida recientemente al prestigiado semanario Zeta, allá en Tijuana. A su reconocida y premiada coeditora, Adela Navarro, para que en este caso la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto, Derechos Humanos estén atentos a dar las facilidades necesarias, y sobre todo, también encontrar a los responsables de esta amenaza.
Le agradezco mucho su atención y si me permite hablar con usted, posteriormente, para por su conducto solicitar el apoyo también del comisionado de Derechos Humanos a nivel nacional. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, diputado. Terminando la sesión podemos hablar para buscar la cita con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, diputado Pompa.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Presidente, como recordará, el pasado martes participamos desde acá mismo, haciendo alusión a la falta de publicación de las cuentas públicas, cosa que ya quedó resuelta. Quiero agradecer el esfuerzo, el impulso que usted hizo como presidente de la Cámara.
Y obviamente, felicitar a quienes integramos este Poder Legislativo, gracias a la presión que se ejerció desde esta soberanía fue posible que el Ejecutivo, de una vez por todas, terminara con el veto de bolsillo.
Y agradecerles a todos los diputados que se hayan sumado a esa exigencia para darle el respeto, la importancia y se hayan hecho valer las facultades que tiene este Poder Legislativo.
Gracias a ese apoyo decidido, presidente, porque por fin el pueblo de México conocerá de la corrupción, del desvío de un gobierno que es malo, caro y que aparte no sabe gobernar. Muchísimas gracias, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado. La diputada Teresa Reyes.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Diputado presidente, solicitarle qué es lo que va a proceder en relación a un punto de acuerdo que su servidora puso a discusión en diciembre del año 2009, y que fue turnado a la Comisión de Equidad y que tiene que ver con el tema de los feminicidios en el estado de México.
Como todo mundo sabemos, esta situación se ha recrudecido incluso, con una situación que llega a lo escandaloso con la huída, la escapada de un feminicida confeso, de asesino de siete mujeres del estado del estado de México, y que actualmente no queda claro cómo es posible que se haya escapado estando esposado de pies y manos, habiendo ocho videocámaras –que todas no funcionaban–, teniendo tres agentes del Ministerio Público quienes tenía la responsabilidad de resguardarlo.
Entonces, el tema de ese punto de acuerdo desde el 2009 era un exhorto al gobernador, en ese momento Enrique Peña Nieto, y al entonces procurador, el licenciado Bazbaz, para que instrumentaran políticas públicas y de seguridad que resolvieran, que intentaran resolver ya el grave tema de los feminicidios en el Estado de México.
Este punto de acuerdo ha sido vetado durante dos años, mismos durante los cuales han seguido habiendo feminicidios en el Estado de México y se llega a una situación límite, como la que pasó hace una semana cuando fue detenido un hombre que mató a siete mujeres y se les escapa de entre las manos a la Procuraduría del Estado de México.
Entonces, creo que hoy más que nunca vuelve a ser tema ese punto de acuerdo. Y sí quisiera saber si se va a discutir o no se va a discutir. Nuevamente pregunto. Si a esta soberanía o a la mayoría de los que aquí trabajamos no les interesa el tema de los feminicidios en el Estado de México nada más que quede claro, que lo digan, que digan que por proteger a uno o dos funcionarios es preferible dejar que siga la impunidad al grado de muertes y violaciones en contra de las mujeres del Estado de México.
Entonces, diputado presidente, que me diga qué va a proceder: se va a discutir o va a seguir siendo vetado por omisión en esta soberanía el tema, con tal de no lastimar u ofender a alguien o a algunos del Estado de México.
Nada más quiero hacer mención, varias de las madres de estas muchachas violadas y asesinadas por este hombre están exigiendo incluso la destitución inmediata del actual procurador de Justicia, el señor Alfredo Castillo Cervantes. Y me uno a esa exigencia, su renuncia inmediata por la omisión, por la negligencia con la que ha trabajado él y su personal frente a un tema tan doloroso, como es el asesinato, las violaciones y las desapariciones de las mujeres en el Estado de México.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Vamos a pedir un informe a la comisión respectiva de cuál es el trámite que guarda el punto de acuerdo. Siga adelante la Secretaría.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 315 votos en pro, 6 en contra, 7 abstenciones.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 315 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados; y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se recibió comunicación de integrantes de la Junta de Coordinación Política solicitando se posponga el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se obsequia la solicitud.
Efectivamente, quisiera informar al pleno que el día de ayer, miércoles 29 de febrero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, como lo solicitó la honorable Cámara de Diputados, las Cuentas Públicas del Ejecutivo de 2002 y de 2007.
Es ésta la primera ocasión en que se usa la atribución constitucional otorgada en el artículo 72 al Congreso de la Unión para ordenar la publicación de leyes o decretos, cuando el Ejecutivo no haya publicado los decretos en el tiempo que marca la Constitución.
Por lo tanto –creo–, el honorable Congreso de la Unión debe de sentirse satisfecho del ejercicio de esta nueva facultad constitucional que termina con el llamado veto de bolsillo y evita que se violenten las decisiones de esta soberanía.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona al artículo 1391 una fracción VIII, recorriendo la actual VIII para quedar como IX del Código de Comercio.
Tiene la palabra, a nombre de la comisión, para fundamental el dictamen, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con su permiso, señor presidente. El dictamen aprobado por la Comisión de Economía, como se dijo anteriormente, tiene la idea de establecer una fracción VIII al artículo 1391 del Código de Comercio, para que a la letra diga: “Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los laudos arbitrales que la misma emite”.
Es decir, los laudos, los convenios que son emitidos por la Profeco, tendrán fuerza de cosa juzgada, que se van a poder hacer valer en un juicio ejecutivo o en la vía de apremio.
Habría que decir que esto ya está establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y simplemente hay que adecuar el Código de Comercio para que también esto suceda en el Código.
Esto forma parte de un proceso que ha seguido la Comisión de Economía para adecuar el Código de Comercio a las mejores prácticas y que en este caso fortalecer los convenios, fortalecer los acuerdos conciliatorios que tenga la Profeco y así se pueda hacer valer con mayor fuerza la protección al consumidor.
La Profeco es una institución que hemos construido y que aún falta fortalecer para que de verdad podamos garantizar a los consumidores mexicanos su poder en un medio ambiente institucional que se caracteriza por grandes monopolios y por dificultades muy serias en hacer vale la protección al consumidor. Creo que ésta seria una pieza de legislación que contribuiría a ese propósito
Aprovecho la oportunidad también para hacer notar que entiendo que a partir del día de ayer entró en vigor la Ley de Acciones Colectivas, que aprobó está Cámara de Diputados.
Es una ley que vino de una minuta del Senado que representa un avance importante en términos de que por primera vez podrá haber acciones colectivas no solamente por medio, habría que decir, de la Profeco, sino también de otras instituciones del Estado y de personas organizadas en hacer valer sus derechos a consumidores, pero que también es una ley que creo que fue aprobada por esta soberanía con grandes limitantes, porque así venía de la minuta del Senado y que tendríamos que tener un trabajo de evaluar el proceso de esta ley y en las próximas semanas poder ver si de verdad es una pieza de legislación que hace que los consumidores puedan recurrir a estos mecanismos y puedan ser compensados en caso de que las grandes empresas incurran, por ejemplo, en una práctica monopólica ya aprobada por la Profeco o en caso de que la autoridad determine que los derechos de los consumidores de manera individual han sido dañados y que por lo tanto en forma colectiva podemos hacer valer este derecho.
Creo que es importante recordar y creo que es importante que esta soberanía establezca una acción clara para evaluar esta legislación. Muchas gracias.
Creo que el voto a favor contribuiría a fortalecer los derechos de los consumidores en México.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el tema en lo general y en lo particular. Se han inscrito solamente dos oradores: en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo y a favor, el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: cuáles son las razones para oponerme a este dictamen que a primera vista parece aceptable porque favorece los derechos de los consumidores respecto a la posición de los comerciantes o de los proveedores.
La razón tiene que ver con los derechos, sobre todo con el derecho a la defensa, el derecho fundamental al debido proceso. Qué pasa con los títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos, como su nombre lo indica, facilitan la ejecución de lo que consta en ellos y esto implica restricción del debido proceso, implica restricción del derecho de defensa porque directamente se pasa al cumplimiento de lo que establece el título ejecutivo, sin desahogarse, sin ventilarse un procedimiento contradictorio entre partes. En lugar de desahogarse el procedimiento contradictorio entre las partes, se pasa a la etapa procesal referida al cumplimiento de lo que consta en el título ejecutivo.
Por lo tanto, el título ejecutivo implica una limitación al derecho del debido proceso y al derecho de defensa de las partes y al derecho de contar siempre con procedimientos contradictorios, en donde se diluciden derechos o intereses. Ésta es la primera observación que tengo respecto al proyecto.
La segunda observación es que se trata de un título ejecutivo que se propone emane de una autoridad que no cuenta con las garantías de imparcialidad e independencia que tendría por ejemplo un tribunal, un juez. Estamos hablando de un título ejecutivo que emanará de los convenios y de los laudos arbitrales de la Procuraduría Federal del Consumidor que, como todos sabemos, es una institución que forma parte, que está en la órbita del Poder Ejecutivo. No es una autoridad que cuente con la suficiente independencia o imparcialidad como la que tiene por ejemplo un tribunal o un juez.
Por estas razones es que me opongo a este proyecto de dictamen. Si el título ejecutivo surgiera de laudos o de resoluciones de autoridad judicial, sería diferente porque eso por lo menos garantizaría que ante la autoridad judicial se ventiló un procedimiento contradictorio con plenos derechos para las partes, con el pleno cumplimiento del debido proceso.
Pero cuando no tenemos la certeza de que el procedimiento arbitral ante la Procuraduría Federal del Consumidor o el convenio que se celebra ante la Procuraduría Federal del Consumidor deviene de un procedimiento contradictorio en donde se concedieron a las partes plenos derechos de defensa, plenos derechos que garanticen el debido proceso, pues a mí me hace muy cuesta arriba votar a favor de un proyecto de dictamen que emana de autoridades del Poder Ejecutivo, en donde no se garantizan plenamente estos derechos al debido proceso.
Por estas razones es que votaré en contra de este proyecto de dictamen, porque encuentro que no satisfacen plenamente los derechos primero de imparcialidad, independencia, en la autoridad denominada Procuraduría Federal del Consumidor y tampoco se satisfacen plenamente los derechos al debido proceso y al derecho de defensa de las partes. Éstas son las razones que me impelen a votar en contra de este proyecto de dictamen. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra, el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, del Partido Acción Nacional para hablar en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Raúl Gerardo Cuadra García: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Es de reconocerse que lo que ha sucedido durante esta LXI Legislatura en materia mercantil, en la cual se han logrado múltiples consensos para reformar diversas disposiciones en materia mercantil, iniciativas que versan desde la implementación de los juicios orales en la materia, como la promoción de la aplicación del arbitraje, entre muchos otros.
Ahora nos toca el turno de analizar y en su caso aprobar el dictamen que versa sobre la minuta que reforma la fracción VIII y adiciona una IX, al artículo 1391 del Código de Comercio, la cual tiene por objeto incluir expresamente como materia de los juicios ejecutivos mercantiles las controversias que derivan de convenios y lados arbitrales emitidos por la Profeco.
El dictamen que hoy discutimos y espero encuentren, al igual que al interior de la Comisión Economía, el contexto necesario, obedece a la inquietud de diputados y senadores para modernizar y contemporizar las disposiciones en materia mercantil que nos llevan a una legislación novedosa, en la que hemos ido avanzando junto con las diferentes fuerzas políticas aquí representadas.
Considero que estamos en un franco proceso de construcción, de un nuevo marco normativo en materia procesal mercantil, mismo que nos plantea desafíos en el plano práctico de esta rama del derecho, es por ello la relevancia que tiene este dictamen que incorpora tanto los convenios aprobados, como los laudos emitidos por la Profeco en el catálogo de los instrumentos y documentos que traen aparejada la ejecución y que dan lugar al procedimiento ejecutivo mercantil.
Esta propuesta encuentra su justificación en razón de lo que prevé la redacción del artículo 110, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual dispone que los convenios aprobados y los laudos aprobados por la Profeco tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada la ejecución, lo que podía promoverse ante los tribunales competentes en vía ejecutiva mercantil.
En consecuencia, al aprobarse este dictamen podríamos eliminar la discrecionalidad que hasta el momento se había generado en la interpretación del artículo 110 por parte de jueces y magistrados, lo cual sin duda generará mayor certidumbre entre las partes del juicio. Es tanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No habiendo más oradores consulte la Secretaría al pleno si el asunto está suficientemente discutido.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) gracias. Diputadas y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, el resultado de la votación, 306 votos en pro, 3 abstenciones, 5 en contra.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 306 votos, el proyecto de decreto que adiciona al artículo 1391 una fracción VIII, recorriendo la actual VIII para quedar como IX, del Código de Comercio. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX–J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, el diputado Reginaldo Rivera de la Torre, a nombre de la comisión, hasta por 10 minutos.
El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el pasado 22 de febrero del presente año, el rector de la Universidad Autónoma de México, José Narro Robles, declaró: De acuerdo con el Censo de Población más reciente, sólo 57 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años, y 22.7 por ciento entre 20 y 24 años están matriculados en algún nivel de enseñanza.
En una sociedad global, en la que la información y el conocimiento son esenciales para el desarrollo, esto nos coloca muy por debajo de lo deseable, debemos de reconocer que no vamos por buen camino.
Ante la grave situación de los jóvenes en el país, es necesario que se destine un mayor presupuesto a la educación. Está probado que la flexibilización en la relación laboral aumenta la tasa de desempleo, sobre todo de los jóvenes, y se debe de promover el trabajo decente, según el análisis de la Organización Internacional del Trabajo.
En México, el porcentaje de personas empleadas en actividades informales es casi del 30 por ciento de la población ocupada, en donde se concluye que es necesita la reforma fiscal integral que flexibilice el pago de impuestos para promover pequeñas y medianas empresas que beneficien a los jóvenes de este país.
Los jóvenes de México están penetrados por la cultura del narcotráfico y la situación de pobreza en México, que se agudiza con la hambruna que generan las contingencias climáticas, lo cual desde la visión de los analistas genera ejércitos de jóvenes dispuestos a enlistarse en el crimen organizado, por lo que en México se considera ya como un problema cultural que merece la atención del gobierno.
No pasa desapercibido que la Comisión de Puntos Constitucionales, la preocupación de la LXI Legislatura a favor de los jóvenes, para elevar a rango constitucional los siguientes temas: educación media superior obligatoria, interés superior de la niñez, derecho al deporte, derecho a la alimentación. Éstas sí son reformas estructurales para los jóvenes de México, señor presidente de la República. Aquí sí construimos consensos para solucionar los problemas del país y no como usted, con su trillada guerra mediática de reformas estructurales.
Para esta comisión el tema de los derechos de los jóvenes es de relevante importancia, pues en ellos se garantizará el desarrollo de las generaciones venideras que repercutirán en un país mejor.
Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales coinciden en que las acciones a emprender con los jóvenes determinarán nuestra viabilidad como país, son millones de ilusiones, cientos de miles de proyectos no realizados y una herida social de cicatrización complicada.
Por ello, es que resulta imperativo atender la problemática de los jóvenes, con el objetivo de asegurar la realización de sus anhelos, así como lograr que se incorporen a la sociedad en un marco de apoyo familiar.
En suma, en la Comisión de Puntos Constitucionales somos coincidentes con los autores de la iniciativa. Sin embargo, es prudente establecer cuál es la finalidad de la reforma, por lo tanto, expresamos nuestra conformidad en los siguientes puntos:
Reconocer expresamente en la Constitución el derecho de los jóvenes a su desarrollo integral, por lo que se propone adicionar el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución.
Facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el objeto de que el Poder Legislativo expida las leyes necesarias que instrumenten la coordinación entre la federación, estados, municipios y el Distrito Federal, a fin de implementar políticas públicas que beneficien a nuestra juventud.
Señor presidente de la República, estoy cierto que esta reforma será aprobado y cuando la firme y la publique no se le olvide decir que la Cámara de Diputados sí aprueba reformas estructurales a favor de los jóvenes de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se abre la discusión. Se han registrado para fijar postura, el diputado Jaime Cárdenas Gracia por el Partido del Trabajo, el diputado Vidal Llerenas Morales por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Landero Gutiérrez del Partido Acción Nacional, y la diputada Reyna Araceli Tirado Gálvez del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es ésta una de las reformas con la que difícilmente se puede objetar, se puede pelear un legislador, porque tiene por propósito garantizar el desarrollo integral de los derechos de la juventud.
Pero, a pesar de que sea una reforma tan positiva, que aparentemente tiene una finalidad loable, como es la de garantizar el desarrollo de la juventud garantizando los derechos humanos y las garantías individuales de los jóvenes, creo que se trata de una reforma meramente retórica. Es una reforma que va a estar en la letra.
Pero la pregunta es, la pregunta importante es cómo logramos que este tipo de reformas retóricas, simbólicas que se plantean en la Constitución, se hagan realidad. Cómo lograr que la literalidad de la reforma constitucional pase a ser normativa.
Varias veces en esta tribuna he recordado la clasificación de Karl Loewenstein, cuando clasificaba las constituciones en normativas, semánticas y nominales. Y Loewenstein decía que las constituciones propias de la democracia y del Estado de derecho son aquellas en donde la letra de la Constitución coincide con la realidad.
Las demás constituciones, que son bellas palabras establecidas en el texto constitucional o son puramente nominales o son semánticas. Es decir, se trata de constituciones simbólicas, se trata, en pocas palabras, para decirlo con términos adecuados, de pura simulación.
Esta reforma, con el debido respeto de todos ustedes y del texto de la Constitución es esto, es poesía, es literatura, es simulación.
Establece el último párrafo propuesto del artículo 4, que la juventud tendrá derecho a su desarrollo integral, el cual se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos y las garantías individuales. A fin de lograr este objetivo la ley establecerá los instrumentos, apoyos y la concurrencia de la federación, estados, Distrito Federal y municipios.
Pero con qué cara aprobamos esta reforma a la Constitución cuando más de 7 millones de jóvenes, como tantas veces lo hemos discutido en esta tribuna, no tienen acceso a la educación universitaria pública. Cuando millones y millones de jóvenes no tienen acceso al trabajo. Cuando millones y millones de jóvenes en este país no tienen acceso a la salud, a la vivienda, a una alimentación de calidad, cuando millones y millones de jóvenes no tienen acceso al deporte, cuando estamos llenos, en este país, de jóvenes obesos, sin acceso realmente a los derechos económicos, sociales y culturales.
Me pregunto: ¿Para qué queremos este tipo de reformas retóricas, estas reformas literarias, estas reformas poéticas, que no se concretan en los hechos? Mejor trabajemos para que estas realidades a favor de los jóvenes se concreten, se materialicen en los hechos, para que no haya un solo joven sin acceso a la universidad o a la educación preparatoria, para que no haya un solo joven en este país sin acceso al empleo, para que no haya un solo joven en este país sin acceso a la salud o a la vivienda o a la alimentación de calidad y en cantidad suficiente o sin acceso al deporte. Creo que esto es lo que tendríamos que hacer y no estar aprobando reformas retóricas.
Por cierto, quiero decir que la Comisión de Puntos Constitucionales tiene muchas iniciativas pendientes muy importantes para transformar la vida democrática de este país o para hacer exigibles los derechos económicos, sociales y culturales. Y esas reformas están pendientes en la Comisión de Puntos Constitucionales y no se aprueban, porque los grupos parlamentarios mayoritarios no quieren que se aprueben estas reformas.
En su lugar traemos a este pleno reformas retóricas y poéticas, que van a ser fácilmente aprobadas pero que no transforman la realidad económica y política de este país. Por eso me opongo a esta reforma y votaré en contra porque es retórica, es literatura, no es norma constitucional. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez.
El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy en día crecer no es lo que era antes. Los jóvenes en la actualidad se enfrentan a una gran variedad de experiencias en términos de educación, de familia, de empleo, de salud, que difieren considerablemente de una o dos generaciones. Ello se debe a los efectos de la globalización, a los avances tecnológicos y a la extensión del desarrollo económico.
Hoy por hoy hay más gente joven que antes, en la historia de la humanidad, es por eso que es necesario impulsar las acciones a favor de los jóvenes para garantizar sus derechos. Es de suma importancia para esta nación, ya que el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso destacan en nuestros jóvenes el futuro de este país.
El Estado debe atender de forma integral las diversas problemáticas. Las diversas problemáticas de la población joven y velar por los derechos humanos de éstos. Éstos son los que cada uno de los jóvenes deben tener y se tienen que respetar, para lo cual se deben reconocer expresamente en la ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es evidente que las acciones emprendidas y los resultados mostrados no son los adecuados toda vez que las diversas violaciones a estos derechos son ya una problemática latente y que lejos de disminuir, siguen en aumento.
Es importante que México tome una verdadera conciencia ante los jóvenes. Se está hablando de un 33 por ciento de la población total del país. Hoy en día es alarmante que aproximadamente más de siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Ya se han encontrado con las puertas cerradas en diferentes áreas de oportunidad, esto debido a los problemas económicos, sociales y sicológicos.
La falta de oportunidades es una prueba clara de la violación a sus derechos humanos, por lo cual, compañeros diputados y compañeras diputadas, es importante esta reforma que hoy espero poder contar con su voto a este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez: Legisladoras y legisladores. Iniciaré mi intervención reconociendo y agradeciendo el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales por la sensibilidad y la voluntad de los diputados de los diferentes partidos para sacar adelante esta importante reforma en materia de juventud que tanta falta hace para fortalecer el marco jurídico que hasta el día de hoy es inexistente en relación al tema de los jóvenes, de los 36 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años que hay en nuestro país.
Esta reforma fue una iniciativa que salió, fue lanzada, se desprendió, de la Comisión de Juventud y Deporte y también agradezco a los integrantes de esta comisión por su trabajo continuo que lleva ya más de año y medio y que hoy se está cristalizando.
En esta comisión estamos muy conscientes del papel estratégico que juegan los jóvenes no sólo en el desarrollo económico, sino también en el desarrollo social de nuestra nación.
Pero también estamos conscientes del gran rezago social que hay en este grupo y en especial en algunos subgrupos como son el de los trabajadores, el de los jóvenes indígenas.
Pero el tema de juventud no se circunscribe solamente a educación o a empleo, sino justamente se debe velar por un desarrollo integral de la juventud que abarque espacios y a temas como son la cultura, el esparcimiento, la familia y la participación cívica y social en nuestro país, que dan justamente y toman forma en este desarrollo integral que el joven necesita.
En la Comisión de Juventud y Deporte, junto con el centro jurídico de esta Cámara, llevamos a cabo diversos estudios y derivado de esos estudios encontramos que hay una necesidad fundamental de incorporar en la Constitución expresamente el derecho de la juventud a su derecho integral que incluye estos entornos psicológicos, políticos, económicos y que contribuyen en generar desarrollo humano.
Se está incorporando en este artículo 4o., este derecho y al 73, en donde se establece con toda claridad, la facultad de este Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud.
Por eso y aquí quiero ser claro con nuestros amigos del PT a los que invito a sumarse, ni siquiera a abstenerse o a votar en contra, porque si tiene esta reforma una profundidad y un marco muy especial al que los invitamos a sumarse.
Son en primer lugar las modificaciones que ayudan a hacer un marco de política nacional de juventud que todavía en nuestro país no se ha dado.
Son modificaciones que obligan no sólo a la Federación, sino también a estados y municipios, a atender y dar respuesta e impulsar programas a favor de este sector tan importante.
Y además incorporan este tema y dan pie a que se haga la política de Estado en donde no nada más el gobierno participe, sino sean los sectores público, privado, social y por supuesto, los propios jóvenes, quienes se incorporen a esta política que va a ser la que realmente proponga y dé avances a favor de los jóvenes.
Esta reforma representa el cimiento para justamente hacer un diseño transversal que todavía no está consolidado, en donde estén los tres poderes de gobierno y de manera vertical y de manera horizontal, también se incorpore el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.
Se trata de impulsar una reforma que lleve a cabo y dé pie a otras legislaciones jurídicas que nos hacen falta.
Y por ahí le contesto al antecesor que señala con un argumento sofista, que esta reforma es retórica. ¿Para qué va a servir esta reforma? Uno, va a servir para que podamos ya y este Congreso tenga facultades de expedir la Ley de Juventud que hasta el día de hoy, desde la LVIII Legislatura se ha impulsado y no ha pasado, por este carácter jurídico.
En segundo lugar, va a propugnar por diseños y programas más eficaces con esta visión transversal vertical y horizontal que les comentaba.
En tercer lugar, para que tengamos un presupuesto más justo, más equilibrado y lo podamos evaluar. Si ahorita le preguntamos a cualquiera de los gobernadores del país cuánto invierte en los jóvenes, en su estado, o al presidente de la república, no lo van a saber contestar por una razón, porque el presupuesto está disgregado en una multiplicidad de programas. lo que evita justamente que haya un análisis y una evaluación de esos programas.
Eso nos corresponde en este Cámara, etiquetar más presupuesto para jóvenes; nos corresponde también fortalecer el anexo 22, que es el último que está en el presupuesto de egresos de la federación, y en ese anexo, si nosotros consolidamos el presupuesto total que hay para juventud, podremos, en segundo plano, evaluar los programas, pero si no sabemos cuánto se invierte, cuánto necesitan los jóvenes no podremos hacer la política de juventud y mucho menos podremos tener resultados.
Finalmente, con esta reforma fundamental, importante, se podrá exigir, tanto por cualquier persona y en especial por los jóvenes, a las instituciones correspondientes la protección de sus derechos en todos los entornos a que haya materia en el tema de los jóvenes.
Esta reforma llega en un momento crucial no solamente porque tenemos el tan consabido bono demográfico que abarca los 36 millones de jóvenes en nuestro país, porque sería nada más tener una visión utilitarista o mercantilista, sino porque el joven representa el potencial de esperanza para la nación, representa la creatividad y no solamente el futuro, sino el presente. El joven es esperanza presente y realidad el día de hoy, que nos lleva justamente a la necesidad de aprobar esta tan importante reforma.
Compañeras legisladoras, legisladores: como impulsor de esta iniciativa y presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, los invito a que todos los diputados, todos, vayamos juntos por la aprobación de ésta y todas las demás reformas que todavía en este período podemos aprobar, como la Ley de Juventud, y que garanticen oportunidades en la escuela, una educación de calidad, empleo digno, servicios de salud, una vida digna, pero sobre todo también que hagan realidad el futuro de nuestra nación con acciones desde el presente. Por su voto a favor muchas gracias a todos.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Que si orador acepta una pregunta.
El diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez: Sí, adelante, por favor.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias, señor presidente, gracias, diputado. Yo quisiera, en la línea de argumentación que expuso Jaime Cárdenas, preguntarle a usted, como promotor de esta reforma constitucional, si le satisface el que se apruebe esta iniciativa a sabiendas de que va a ser letra muerta ante la realidad que estamos viviendo.
No voy a repetir los comentarios que Jaime expuso en cuanto a la falta de oportunidades, la lacerante realidad que se vive. Qué gana la juventud en los ejidos, en las grandes zonas metropolitanas, los jóvenes que son rechazados de las universidades públicas, que no tienen espacios laborales, que no tienen perspectiva ni horizonte en su vida con que se haga la modificación que aquí se va a votar.
¿Le satisface eso, que sea poesía, como ya se mencionó, que sea letra muerta, que sea una simple expresión retórica?
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Sí, gracias diputado por su pregunta. Bueno, en primer lugar y como lo mencioné también en mi exposición, yo no comparto que sea retórica, pero sí comparto la parte que es una parte y todavía no es suficiente.
Pero le comento; en primer lugar ésta es la primera vez en toda nuestra historia como nación que a nivel jurídico constitucional se reconoce que existe un grupo que es aparte muy numeroso, 36 millones de jóvenes, que el de la juventud. Nunca en ninguna de las Constituciones que ha tenido nuestro país en su vida independiente se reconocía por diversas causas, demográficas, etcétera, el tema y el grupo social de juventud.
Esto es importante, igual que como esta Constitución ya ha reconocido expresamente otros grupos como el de las mujeres o los niños y adolescentes; eso creo que es un avance fundamental desde el punto de vista jurídico. También desde el punto de vista jurídico y señalando los argumentos que nos daba el propio Centro de Estudios Jurídicos de esta Cámara, nos decía que no se puede luego legislar en particular, crear otras leyes particulares para este sector si no estaba expresamente facultada esta asamblea para ello. Y por ello también se modifica el 4o. del 73 para que esta Cámara tenga facultades expresas para sacar y emitir legislación secundaria en materia de jóvenes.
En tercer lugar se establece ahí, y aunque no está así expresamente, pero da cabida y va a dar el impulso a que se haga una verdadera política nacional de juventud que tal vez ahí podríamos tener un punto de encuentro usted y yo en la forma de pensar.
Hace falta todavía consolidar una verdadera política nacional de juventud a favor de los jóvenes que no existe ahorita. Ahorita solamente hay acciones, programas de diversos gobiernos de los tres órdenes, pero que se encuentran desarticulados a los cuales les falta coordinación y cada gobierno estatal, municipal, pues hace su esfuerzo y sin embargo no hay una verdadera política coordinada y justamente este artículo provee las bases, sienta e impulsará el que se lleve a cabo eso.
Y finalmente en los aspectos sociales, de probreza, educación, justamente creo que es lo que esta legislatura debe avanzar más. Muchas veces –yo no digo que ésta– pero sí ha habido algunas otras donde el tema retórico a favor de la juventud se utiliza bastamente. Si nosotros vemos los trend topics –por así llamarlos– de esta Cámara, el de juventud se ubica después de pobreza, después de mujeres, etcétera, dentro de los cinco temas más mencionados cuya retórica a veces no llega a realidades concretas.
A veces también se piensa que el tema de juventud solamente es educación o solamente es empleo; esta reforma también incluye el tema de desarrollo integral para decir: oye, no todos los jóvenes son trabajadores o todos quieren o pueden estudiar; también hay jóvenes artistas o jóvenes en otros medios sociales que justamente necesitan políticas de desarrollo integral. Entonces esos son todo el conjunto de señalamientos, de fundamentación, entre otros, que llevan justamente a que sea importante, relevante -y sí concuerdo con usted-, que éste es un elemento que se necesita, faltan muchos más, pero esto es un paso fundamental, importantísimo y por eso lo invito diputado, a usted y a todos los compañeros de las bancada a que voten a favor. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra la diputada Reyna Araceli Tirado Gálvez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Aprovechamos para saludar a jóvenes del Colegio Oparin, de la colonia San Cristóbal, Centro, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez.
La diputada Reina Araceli Tirado Gálvez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Me he inscrito para hablar a favor de este dictamen porque es un tema en el que tengo varios años trabajando con y para los jóvenes. Valga decir que es una lucha en la que creo, es una convicción personal, y aunque muchas ocasiones hemos escuchado que los jóvenes somos el futuro de México, en la práctica vemos que eso no es así, y miren por qué.
Por más que se diga que existen programas y políticas en materia de juventud, hasta la fecha éstas han sido insuficientes. ¿Cómo podemos explicar que en un país donde la tercera parte de la población son entre los 12 y los 29 años de edad, existan 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, o que solamente y por diversas razones, el 27 por ciento de los jóvenes pueda acceder a cursar una carrera universitaria.
Como lo señala el cuerpo del dictamen, el 50 por ciento de los y las jóvenes no tiene acceso a ningún servicio de salud. Y por otro lado, el 70 por ciento tiene un contacto directo con el alcohol y con las drogas, lo cual lo tenemos como los graves y grandes problemas de nuestro país.
Y ni qué decir que en los centros penitenciarios el 50 por ciento son jóvenes. ¿Qué finalidad buscaron los autores de la iniciativa? Fundamentalmente dos: la primera, reconocer expresamente en la Constitución el derecho de las y los jóvenes a su desarrollo integral estableciendo en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una adición en su último párrafo.
Y en el segundo, facultar expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud en la fracción XXIX-J del artículo 73. Para la comisión dictaminadora los derechos de los jóvenes tienen una importancia central, pues no se puede entender los propósitos de un país sin que se contemple la atención y el impulso de su juventud. Además, nuestro país ha suscrito instrumentos internacionales en el mismo sentido.
Siguiendo el sentido de ello, considero que los proponentes que se basaron en el reconocimiento de los derechos de los y las jóvenes, hacer ése reconocimiento explícito a través de la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud, y la consecuente obligación de los estados, de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos.
Por éstas y muchas razones más, señoras y señores diputados, yo exhorto a que se vote este dictamen a favor, por la enorme importancia que reviste para la juventud mexicana esta propuesta y por el mensaje de aliento que estaríamos mandando esta soberanía a los y la jóvenes de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, diputada. Se ha inscrito para hablar en pro del dictamen, el diputado Adolfo de la Garza Malacara, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Adolfo de la Garza Malacara: Con su permiso, señor presidente. A nombre de mi grupo parlamentario del PRI, vengo a manifestar nuestro voto a favor de este dictamen que eleva a rango constitucional el derecho de los jóvenes a su desarrollo integral como un derecho tutelados al que Estado tendrá que cumplir, responder por políticas públicas que lo garanticen, gobiernos locales y municipales tendrán que concurrir también en este derecho de los jóvenes, uno de los sectores más vulnerables a todo, a circunstancias y eventualidades que los han puesto en situaciones de apremio.
México puede considerarse un país joven por su alta tasa demográfica de jóvenes, según cifras oficiales existen más de 34 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, que representan cerca de la quinta parte de la población total del país.
Una inmensa mayoría, más de 14 millones, son económicamente activos y las condiciones deficientes para propiciar su inserción en los ámbitos educativo y laboral han generado que cerca de entre jóvenes de 16 y 29 años vivan hoy involucrados en el 57 por ciento de los delitos que se cometen en el país.
La mayoría de la población joven forma parte significativa de los intensos flujos migratorios que tenemos, una cuarta parte de los movimientos internos, y aproximadamente un 40 por ciento de los internacionales corresponden a la población entre 15 y 24 años de edad.
Estudios del Consejo Nacional de Población advierten que uno de cada cinco jóvenes tiene problemas para satisfacer sus necesidades de salud y educación. Establece también que estas condiciones de marginación tienden a reproducirse en las siguientes generaciones y que al llegar a la edad productiva la persona carece de oportunidades en el mercado de trabajo, lo que problematiza su desarrollo humano.
De los jóvenes se ha dicho que son el futuro, pero esta percepción pudiera resultar relativa si no se encuadra en la política pública de un Estado que articule programas, servicios y oportunidades, que destine recursos suficientes para un verdadero desarrollo humano en este sector.
Son los jóvenes los que forman parte activa de los procesos de reproducción social, es decir que transformen las condiciones actuales de carencias en las que se han estado formando como individuos y ciudadanos.
La juventud de México tiene derecho a su desarrollo integral, el cual se alcanzará mediante la protección de los derechos humanos y las garantías reconocidas en esta Constitución, como se propone en este dictamen.
En el PRI estamos ciertos que el Estado mexicano debe generar espacios de diálogo y comunicación, de oportunidades para los jóvenes, de socializar la política pública con este sector con el fin de buscar una solución a sus necesidades, proceso en el que impere el derecho a la manifestación de ideas, a la reunión pacífica, a la integridad, para que dé como resultado acciones específicas que incidan en el desarrollo integral de la juventud.
México debe atender los principios y acuerdos del programa de Acción Mundial para Jóvenes, y el programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que suscribió. En los que establece compromisos en los que los estados, para llevar adelante políticas e intervenciones, basadas en los derechos humanos, apunten a mejorar la situación de las y de los jóvenes, además de promover la participación y su contribución a las tareas de desarrollo, además de promover su participación humana y sostenible, donde el acceso a una educación de calidad es un factor clave.
El desarrollo integral de la juventud es un reto pendiente en nuestro país, por lo que el gobierno debe implementar acciones urgentes que permitan a este sector encontrar un verdadero sentido de la vida, mejores condiciones para su formación, mejor preparación técnica y académica, y un mejor desempeño en la vida social.
Al no crear estas oportunidades y criminalizar a la juventud, se desaprovecha su potencial creativo y su energía, y se les condena a vivir en una vida precaria, en condiciones de vulnerabilidad.
Esta reforma que tutela el desarrollo integral de los jóvenes mexicanos es sin duda de gran trascendencia para nuestro país, por eso el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Se ha agotado la lista de oradores. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se encuentra el tema suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido. Informo que el diputado Jaime Cárdenas ha reservado la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional. Por lo tanto, ábrase el sistema electrónico, para votar los artículos no impugnados, hasta por tres minutos, por favor.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 299 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 299 votos en pro. Tiene mayoría calificada.
Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas, para fundamentar su reserva sobre la fracción XXIX-J, del artículo 73 constitucional.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Es una reserva simplemente de técnica legislativa, de técnica constitucional. La propuesta de la comisión dictaminadora, de la Comisión de Puntos dice así: el Congreso tiene facultad, fracción XXIX-J, para legislar en materia de cultura física, juventud y deporte, con objeto de cumplir lo previsto, y continúa.
Nosotros estamos proponiendo, en la resera, que no se intercale la palabra juventud entre cultura física y deporte sino que diga así, la fracción XXIX-J: el Congreso tiene facultad, fracción XXIX-J, para legislar en materia de juventud, cultura física y deporte, y continúa la redacción del precepto.
Es la propuesta, como ustedes pueden observar, es para colocar la palabra juventud antes de cultura física y deporte, porque actualmente la fracción XXIX-J del artículo 73 acompaña cultura física y deporte.
Entonces, si intercalamos, si incorporamos en medio, como propone el dictamen, la palabra juventud, separamos la facultad del Congreso para legislar cultura física y deporte.
Creo que con esta redacción estamos proponiendo una redacción técnicamente y gramaticalmente más correcta, que primero se enuncie o se aluda a la palabra juventud y posteriormente que se aluda a las expresiones cultura física y deporte.
En esto consiste esta reserva, compañeros. No modifica en nada el sentido del dictamen, pero sí precisa la técnica constitucional que debe contar o que debe tener una reforma a la Carta Magna, de esta naturaleza. Por su atención, muchas gracia s compañeros diputados y compañera diputada.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se ha inscrito el diputado Daniel Ávila para hablar en contra de la propuesta hecha por el diputado Jaime Cárdenas. Tiene usted la palabra.
El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente Acosta Naranjo. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. No coincido con la apreciación del diputado que me antecedió en la palabra, creo que son temas independientes cultura física, juventud y deporte.
Pero lo que sí me gustaría recalcar, en esa reforma al artículo 73 constitucional, es que con esta reforma constitucional lo que sigue es darle facultades a este Poder Legislativo de legislar en materia secundaria la Ley de Juventud; que quiero comentarles que, en la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados ya prácticamente está lista la iniciativa para dictaminar la Ley de Juventud a nivel federal.
Y comentarles que no puede ser posible que más de la mitad de los Congresos estatales tengan leyes de juventud y hayan sido aprobadas en los estados leyes de juventud, cuando a nivel nacional todavía no hemos legislado con una ley de juventud a nivel nacional. Creo que ése es el punto más importante.
El punto importante es que esta iniciativa, esta reforma constitucional al artículo 73 se pueda votar a favor para que después la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados pueda sacar la Ley de Juventud a nivel federal. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro de la propuesta de modificación hecha por el diputado Jaime Cárdenas, el diputado Enrique Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias, presidente, por darnos el uso de la voz. Francamente me sorprende el que se objete una propuesta que hizo el legislador Jaime Cárdenas.
En cuanto al contenido nosotros dejamos muy claro cuál es nuestra posición. Desde luego reconocemos los propósitos, los elementos teleológicos que animan a los promoventes de esta reforma, eso está fuera de discusión.
En lo que los legisladores del PT no compartimos es que se piense que simplemente con hacer modificaciones de expresión en la Constitución, en el texto, ya con eso se vaya a modificar la cruda realidad que vive nuestra juventud, carente de horizontes y de oportunidades.
Pero me llama la atención que se objete lo que Jaime Cárdenas en un ortodoxo sentido jurídico legislativo propone, simplemente el vocablo juventud, que es el corazón y el destinatario de esta propuesta, anteceda a lo que tradicionalmente en la práctica es una concatenación filológica cultura física y deporte.
Me llama la atención que lo objeten. Yo creo que Jaime Cárdenas tiene razón, sería más aplicable el que se establezca en esa fracción como él lo señala, para legislar en materia de juventud, cultura física y deporte. Lleva una prelación lógica, elemental, en lugar de que quedara en el concepto juventud entre cultura física y deporte. Por ello yo estoy a favor de la propuesta de Jaime Cárdenas.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea...
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Encinas, ¿a nombre de la comisión? ¿Para hablar en pro? Sonido en la curul del diputado Encinas por favor.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Muy brevemente. Hemos hecho algunas consultas rápidas aquí y a nombre de la comisión no tendríamos inconveniente en una modificación de esa naturaleza. Creo que abona en el espíritu que discutimos en la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: La comisión acepta la propuesta de modificación hecha por el diputado Jaime Cárdenas –de todos modos hay que consultar a la asamblea–. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 73, fracción XXIX-J, presentada por el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se acepta la modificación. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación del artículo, con las modificaciones ya aceptadas.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del artículo 73, fracción XXIX/J.
(Votación)
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a vecinos de la Colonia Benito Juárez, de Netzahualcóyotl, estado de México, invitados por la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas. Sean ustedes bienvenidos.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 269 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se tiene la mayoría constitucional requerida. Aprobado el artículo 73, fracción XXIX-J, por 269 a favor, con la modificación aceptada por la asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o., y reforma la fracción XXIX/J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es, dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 111 Bis y reforma el artículo 114 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de uso de los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 390 Bis a 390 Quintus y reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18 del Código de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por el que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal.
De la Comisión de Salud con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 21 y 171 de la Ley Federal de Sanidad Animal.
De la Comisión de Salud con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 17, 159, 212, 275, 276, 277, 277 Bis, 307 y se reforma el título del capítulo 11 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Salud.
De las Comisiones Unidas de Salud, de Agricultura y Ganadería y de Economía con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Vivienda con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 49 Bis a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De la Comisión de Vivienda con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
De la Comisión de Vivienda con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6 y 8 de la Ley de Vivienda.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en materia de distribución de software especial para personas con discapacidad visual.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 20 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 6 y 14 de la Ley General de Educación en materia de dotación de útiles escolares.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 14 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación en materia de educación y seguridad vial.
De la Comisión de Turismo con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se establece la última semana de febrero de cada año como la semana nacional de turismo.
De la Comisión de Marina con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Salud
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 307 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 90 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 77 bis 9 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 y se adiciona un párrafo al artículo 89 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Comunicaciones
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 12 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: De la Comisión de Recursos Hidráulicos:
Con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
De la Comisión de Seguridad Social:
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 251 de la Ley del Seguro Social.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal.
De la Comisión de Desarrollo Social
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social relativo a la creación de un Sistema Nacional de Comedores Públicos.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Apoyo y el Desarrollo de las Madres Solteras Jefas de Familia.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 5, 7, 8, 11, 19, 21, 27, 33 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 58 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco.
De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De las Comisiones Unidas de Economía y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 281 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 22 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 25, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Privada.
De la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona una fracción XX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
De la Comisión de Salud
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 6, 7, 17, 97, 99, 104 y 106 de la Ley General de Salud.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Salud
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 157 Ter y 157 Quáter, a la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción II y IV al artículo 61 de la Ley General de Salud.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios:
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción III del artículo 37 y reforma el último párrafo del artículo 40 de la Ley de Migración.
Con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 107 de la Ley General de Población.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados los puntos de acuerdo.
Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere a las minutas devuélvanse al Senado para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública, contador público Rafael Morgan Ríos, ante el pleno de la Cámara de Diputados en el marco del análisis del informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación.
Acuerdo
Primero. Se cita a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, al secretario de la Función Pública, contador público Rafael Morgan Ríos, el 7 de marzo de 2012 a las 11:00 horas, con la finalidad de profundizar en el análisis del informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, y conocer las acciones que el Ejecutivo federal ha emprendido respecto de las posibles irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto público.
Segundo. El funcionario compareciente rendirá ante el pleno protesta de decir verdad, como señala el artículo 93 de la Constitución Política.
Tercero. El formato de la comparecencia será el siguiente.
Primero. Intervención del secretario de la Función Pública hasta por 15 minutos.
Segundo. Posicionamiento de los siete grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos cada uno, en orden decreciente.
A continuación se desarrollarán tres rondas de pregunta, respuesta, comentario que se realizarán de la siguiente manera. Primera ronda de intervenciones, a cargo de los siete grupos parlamentarios en orden decreciente. Segunda ronda de intervenciones, a cargo de los siete grupos parlamentarios en orden decreciente. Tercera ronda de intervenciones, a cargo de los siete grupos parlamentarios en orden decreciente.
La mecánica de las rondas de pregunta, respuesta, comentario, será l siguiente. Los legisladores tendrán hasta tres minutos para formular sus preguntas. El titular de la Secretaría de la Función Pública dispondrá de hasta cuatro minutos para responder cada planteamiento de forma inmediata. Los legisladores tendrán hasta dos minutos para formular su comentario.
Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de marzo de 2012. Diputado Armando Ríos Piter y miembros de la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si son de aprobarse las propuestas.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si están a favor de aprobarse. Los que estén a favor levanten la mano (votación). Los que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.
Quisiéramos saludar a un grupo de invitados de la diputada María Joann Novoa, que vienen de los municipios de Zapopan y de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos.
Y de la escuela Gauss Jordan, invitados por el diputado Ricardo Sánchez Guevara, también sean bienvenidos.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Melchor Múzquiz.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió de la diputada Daniela Nadal Riquelme, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Quinto de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió del diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para su dictamen.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió del diputado Pedro Jiménez de León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se recibió de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y expide la Ley Federal de la Pirotecnia.
Saludamos a los alumnos del Instituto Isaac Newton, invitados por la diputada Silvia Pérez Ceballos.
El diputado Héctor Guevara Ramírez: Compañeros diputados, distinguidas legisladoras, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se expide la Ley de la Pirotecnia.
Soy diputado por el distrito VI, del estado de México, que comprende los municipios de Coacalco y Tultepec. Éste último llamado la capital de la pirotecnia. Principal productor y comercializador de fuegos artificiales en el país. Que junto con Almoloya, Amecameca, Ozumba y Zumpango generan una derrama aproximada de mil 200 millones de pesos anuales, dando sustento a más de 40 mil familias en el estado de México, que es el primer productor de la industria pirotécnica, aportando, aproximadamente, el 50 por ciento del total nacional.
Son 14 entidades en las que se ha considerado la fabricación, manejo, desarrollo y perfeccionamiento de la industria pirotécnica.
Ese una actividad que implica riesgos, que debe ser bien regulada, pero sobre todo, que debe ser modernizada.
¿Por qué si existe una importante innovación en sus materiales, productos y comercialización no existe un marco legal específico que regule la pirotecnia mexicana?
¿Por qué no consignar en una ley las políticas públicas y las acciones económicas que ayuden a su crecimiento y a su protección?
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula solamente de manera tangencial y accesoria algunos aspectos. Es claro que las familias pirotécnicas no fabrican armas de fuego ni preparan explosivos. Por ello, es necesario que este Congreso les otorgue una legislación que les brinde reglas claras, específicas y adecuadas que garanticen las medidas de protección y establezca las obligaciones para mejorar su actividad donde se regule la conducta que el Estado mexicano debe tener en la industria pirotécnica para su fortalecimiento.
La ley que propongo consta de 95 artículos, contenida en 8 capítulos. Señala requisitos para el otorgamiento de permisos, almacenamiento, transportación, venta, producción y fabricación de fuegos pirotécnicos.
Adiestramiento y capacitación técnica en materia pirotécnica. Protección civil, registro nacional de artesanos pirotécnicos. Se fortalece la prevención, define las bases para la exportación e importación. Considera sanciones administrativas y punitivas por el mal uso que se haga de estos materiales.
Diputadas y diputados, la industria pirotécnica genera riqueza, riqueza que sustenta a las familias que se dedican a mantener estas tradiciones y esta actividad económica. La riqueza de mujeres y hombres que habrán de heredar a estas generaciones este noble trabajo para subsistir. Requiere que los apoyemos y los respaldemos. Esta actitud enaltecerá el trabajo de este Congreso.
Dar a la familia pirotécnica certeza jurídica y la seguridad que le permita mejorar las condiciones de vida es un compromiso de este Congreso. Seamos capaces de convertir con su voto la seguridad para estas familias que sus aspiraciones se conviertan en una realidad, y esta soberanía tiene su palabra. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Benítez Treviño, por favor.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitarle al diputado proponente, primero felicitarlo y después que me autorice sumarme a esta iniciativa por dos razones, señor presidente, porque la actividad de los juegos pirotécnicos no está regulado
El diputado proponente está proponiendo en la iniciativa una ley federal que regule los permisos para la fabricación, venta y distribución, para crear un registro nacional de productores de juegos pirotécnicos, para regular la importación y exportación. Creo que es de la mayor importancia esta iniciativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Estoy seguro que el diputado Héctor Guevara no tiene inconveniente de su adhesión, así como las demás diputadas y diputados que quieran formularlo.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Emilio Serrano, por favor.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Era hace un momento, pero no es tarde. Efectivamente, como dice el diputado Benítez Treviño, hace falta que se regule la fabricación, el uso de pólvora, porque ha habido muchos accidentes.
En Iztacalco hubo una explosión donde hubo muertos, y apoyado precisamente por la autoridad delegacional, y la consecuencia es que en ese accidente fallecieron algunas personas. Hace falta, y si me permite adherirme a esa iniciativa.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Lo ha autorizado el promovente, así que puede usted realizarlo. Adelante, compañera diputada Reynoso Femat.
La diputada María de Lourdes Reynoso Femat: Con su anuencia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es necesario inculcar en los seres humanos desde pequeños valores que preserven su entorno familiar, promuevan el cuidado de la familia como primera comunidad natural, en donde se solidarice donde las personas desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Dado que es precisamente en este entorno donde los niños aprenden hábitos y adquieren costumbres, que los marcan para siempre, es importante que además de promover la integración familiar como un valor primordial se impulsen programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar a sus hijos mejores herramientas para su sano y digno desarrollo.
De aquí que la presente iniciativa pretenda brindar más y mejores herramientas a los padres de familia para brindar una mejor formación a los ciudadanos del mañana, parte del hecho de que si todas persona tiene derecho a la educación los padres también tienen derecho de ser si no educados al menos informados e incluso formados acerca de la educación familiar como un complemento necesario del derecho que tienen los hijos en tanto personas a ser educados.
Por tanto, en esta iniciativa se pretende impulsar mecanismos que den lugar a una formación adecuada de los padres. El ignorarlo puede acarrear consecuencias que, de no solucionarse a tiempo, pudiesen interferir con el equilibrio saludable de las personas, que a su vez afectará su desarrollo integral.
Es también que a través de esta iniciativa pretendemos establecer que las transmisiones de la radio y la televisión, como parte de su función social, se afirmen en el respeto a los principios de integración y desarrollo de la familia, de tal manera que se consoliden los vínculos familiares a través de transmisiones que tengan una orientación familiar, que sean gratuitas y que éstas sean diarias.
Compañeros y compañeras, es nuestra responsabilidad alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y con profundos valores humanos a través de acciones que fortalezcan la unidad familiar; y, al mismo tiempo, al ser la radio y la televisión complemento educativo de la familia, debemos cuidar sus contenidos y dotarlos de principios en que la integración y el desarrollo de la familia ocupen un lugar importante en la consolidación de los vínculos familiares.
Por lo antes expuesto, solicito se tome en consideración el siguiente decreto. Muchas gracias por su consideración.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la ley de Coordinación Fiscal.
Esta Presidencia saluda a los alumnos del Colegio Blotel del Distrito Federal, invitados de la diputada Sandra Ugalde Basaldua; así como a los estudiantes de postgrado en Derecho de la UNAM, invitados de la diputada Laura Piña Olmedo. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Juan Carlos Regis Adame: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hacemos uso de esta tribuna para presentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la variable NI de la fórmula contenida en el quinto párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por su servidor del Grupo Parlamentario del PRD.
Vamos a intentar de alguna manera en este lapso de tres minutos, resumir en qué consiste esta iniciativa.
Pone a consideración la población total como elemento esencial en los coeficientes de participación, a fin de considerar el ritmo de crecimiento anual del dato de la población que proviene del censo y no de una encuesta para el cálculo del Fondo General de Participaciones.
En lo fundamental, la iniciativa tiene por objeto rescatar el federalismo fiscal; procura que ciertos servicios y bienes públicos estén presentes independientemente de la capacidad de pago de los gobiernos locales.
Por ejemplo, la impartición de justicia, la seguridad pública, la educación básica, la atención a la salud pública, entre otros.
Enfrentar estos problemas no depende sólo de consideraciones económicos, sino de la seguridad y la soberanía nacional.
Para hacer frente a estas necesidades se requieren recursos, los cuales provienen esencialmente tanto de las aportaciones como de las participaciones federales.
En ese sentido hacemos una serie de consideraciones técnicas en torno a la utilización de hacer el cálculo con un dato muestral: el de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación.
De acuerdo a lo que establece el artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece que “se utilizará la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para la entidad”.
En vez de utilizar el dato de dicha encuesta, hemos formulado una serie de planteamientos que permitan razonar sobre la pertinencia de utilizar la información que proviene de los censos nacionales, los cuales permiten evaluar de mejor manera, los cambios estructurales de la población en el tiempo.
El ejercicio demostró mayor consistencia para el cálculo de dichos recursos federales, lo cual beneficia no sólo a los gobiernos de dichas entidades, sino a la población que reside en dichos espacios geográficos.
Finalmente podemos decir que de acuerdo a nuestra propuesta, la diferencia es de 5 mil 180 millones de pesos más para las entidades federativas y en todos los casos la diferencia es mayor respecto al cálculo que se hace con el dato de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación.
Con fundamento legal, por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción I, numeral 1 de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la variable NI de la fórmula contenida en el quinto párrafo del artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo único. Se reforma la variable NI de la fórmula contenida en el quinto párrafo del artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 2o.: El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación”.
Y considera también un transitorio.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión.
En sí es para otorgarle más recursos a este Fondo General de Participaciones a los estados y con esta fórmula estamos recuperando más de cinco mil 180 millones de pesos, donde todos los estados crecen en su participación.
Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Se retira del orden del día la iniciativa del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Amparo, reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En razón de ello, en los términos reglamentarios se le concede el tiempo establecido. Dado que presentará cuatro iniciativas el compañero diputado Jaime Cárdenas, se le conceden 10 minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente, pero voy a ser muy breve, compañeros. Muy amables por su atención. Se trata de cuatro iniciativas sobre distintos temas.
El primero de ellos, que viene yo creo que muy a cuento por los trabajos que está realizando estos días la Comisión de Justicia, tiene que ver con la Ley de Amparo porque en la propuesta, la minuta del Senado de la república que propone una nueva Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, desgraciadamente no se desarrolla con precisión lo referente al amparo colectivo.
Como ustedes saben, la reforma constitucional del año pasado en materia de amparo que se publicó el 6 de junio de 2011 establece, a nivel constitucional, la posibilidad de un amparo colectivo. Pero si uno revisa la minuta del Senado en donde se propone la nueva Ley de Amparo no hay un desarrollo sobre el amparo colectivo.
Me parece fundamental que en nuestra Ley de Amparo o en una futura Ley de Amparo exista una regulación amplia, exhaustiva sobre el amparo colectivo porque el amparo tradicionalmente ha sido una figura de tutela de derechos individuales, pero desgraciadamente no ha tutelado los derechos colectivos.
Aquí ya aprobamos en esta Cámara de Diputados hace algunos meses, si ustedes lo recuerdan, una reforma al artículo 17 de la Constitución para establecer la figura de acciones colectivas y posteriormente aprobamos una reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer y regular la figura de acciones colectivas.
La pregunta es: por qué si existe en el ámbito civil o en el ámbito del derecho de los consumidores la figura de las acciones colectivas, no va a existir también en materia de amparo un amparo colectivo que proteja derechos individuales de incidencia colectiva, que proteja derechos e intereses difusos y que proteja también derechos fundamentales de carácter colectivo. En eso consiste la primera iniciativa que someto a su consideración. Es una propuesta para establecer en la Ley de Amparo un artículo 5 Bis que desarrolla el procedimiento del amparo colectivo.
La siguiente iniciativa es una iniciativa que propone modificar el artículo 100 de nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta reforma tiene que ver con una discusión que hemos tenido en este pleno en distintas ocasiones. Todos ustedes saben que el artículo 100 del Reglamento permite la dispensa de trámites cuando se trata de proposiciones con punto de acuerdo; sin embargo esta dispensa de trámites no solamente se permite en proposiciones con punto de acuerdo, sino también se permite, desgraciadamente y desde mi punto de vista, en contra de lo que establece el Reglamento de la Cámara, en reformas de ley, en minutas de reformas constitucionales y eso me parece indebido.
Por eso estoy proponiendo en esta iniciativa al artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que se prohíba la dispensa de trámites parlamentarios en tratándose de dictámenes que versen sobre iniciativas de reforma de ley o modificaciones constitucionales, así como también respecto a dictámenes sobre minutas que provengan de la colegisladora; es decir, tenemos que reducir, tenemos que limitar la dispensa de trámites y solamente permitirlas para puntos de acuerdo o proposiciones con punto de acuerdo, pero no sobre reformas constitucionales, ni sobre reformas legales.
La tercera iniciativa es una reforma que proponemos al artículo 212 del Cofipe. El artículo 212 del Cofipe regula la figura de los precandidatos. Todos también lo saben, porque esto trascendió en los medios de comunicación a finales de diciembre del año pasado y principios de este año en enero, que hubo una discusión en los órganos electorales de este país, acerca de los derechos que tenía el precandidato único o el precandidato designado, tanto en la coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde, como en la coalición integrada por el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano existen precandidatos únicos.
Para algunas fuerzas políticas, en particular para el Partido Acción Nacional, el precandidato único o el precandidato designado, por ejemplo, no podía participar en reuniones públicas, en mítines públicos. De hecho el Partido Acción Nacional ante la autoridad electoral presentó distintas quejas en contra de precandidatos únicos de otros partidos porque estaban celebrando mítines públicos.
El precandidato de las izquierdas del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, hizo una consulta al Tribunal Electoral sobre lo que podía o no podía hacer el precandidato único; esa consulta fue turnada al Instituto Federal Electoral y a finales del año pasado, el 26 de diciembre, el Consejo General del IFE estableció una serie de cosas de lo que podía ser el precandidato único.
Estableció, por ejemplo, que el precandidato único podía asistir a mítines públicos, en esos mítines públicos podía dirigirse a sus simpatizantes, militantes o al electorado en general. Estableció también el IFE que lo que no podía hacer el precandidato único era solicitar el voto, tampoco podía presentar en los mítines el precandidato único plataforma electoral y, desde luego, en los mítines, el precandidato único no puede denigrar a las instituciones o calumniar a las personas y se le negó a los precandidatos únicos acceder a los tiempos de radio y televisión.
Esta decisión del IFE, del Consejo General de 26 de diciembre de 2011, fue posteriormente recurrida por el Partido Acción Nacional ante el Tribunal Electoral, y en la sentencia SUP-RAP-3/2012, el Tribunal Electoral confirmó y dijo que el precandidato único sí podía hacer todo lo que acabo de decir a aquí. Podía ir a mítines públicos, podía dirigirse al electorado en lo general, no podía presentar plataformas electorales ni llamar al voto ni tampoco tenía derecho de acceso a los tiempos en radio y televisión.
En esta iniciativa, por lo tanto, lo que recojo es el contenido de esta sentencia del Tribunal Electoral para establecer la figura de precandidato único que actualmente no existe en el Cofipe y todo lo que puede realizar el precandidato único en materia electoral.
Finalmente, la cuarta iniciativa que estoy proponiendo a todos ustedes es muy actual, tan actual que el día de ayer el Consejo General del IFE se refirió al tema de los debates. El tema de los debates electorales está previsto en el artículo 70 del Cofipe, pero está previsto de una manera muy deficiente.
Como ustedes saben, la literalidad del artículo 70 solamente establece dos debates entre los candidatos presidenciales. El artículo 70 del Cofipe actualmente no alude a los debates entre candidatos, por ejemplo, a diputados o senadores, solamente se refiere a los debates entre candidatos presidenciales, y además no establece con mucha precisión el Cofipe que el tiempo de los spot puede emplearse para llevar a cabo debates.
En esta iniciativa trato de dar respuesta a todas estas dudas, a todos estos inconvenientes en materia de debates, y estoy proponiendo aquí que por lo menos se celebren seis debates entre los candidatos presidenciales, al menos seis, pudiendo celebrarse más debates.
Estoy proponiendo que se regulen los debates entre candidatos a diputados, a senadores, y estoy proponiendo que el tiempo para los debates, el tiempo de radio y televisión, el tiempo del Estado, se utilice del tiempo de los spot, en lugar de tener spot en la televisión y en la radio, pues lo que proponemos son debates, más debates para que haya intercambio de ideas y de propuestas entre los candidatos a diputados, senadores y candidatos a presidentes de la República.
En esto consisten, compañeros diputados y compañeras diputadas, estas cuatro iniciativas. Ojalá en su momento, tanto en las comisiones como en el pleno, me apoyen para que estas iniciativas modifiquen el orden jurídico nacional. Por su atención, muchas gracias compañeros.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado.
Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen, la que tiene que ver con el decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La que corresponde a la iniciativa enlistada en el número 22, que tiene que ver con la reforma al artículo 100 del Reglamento de la Cámara de diputados, se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La correspondiente al artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, registrada en el número 30, se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Finalmente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, enlistada en el número 27, se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Sonido en la curul del diputado Emilio Serrano, por favor.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sea tan amable de preguntar al ponente si me permite adherir a sus iniciativas, tomando en cuenta que nos falta normar muchas cosas todavía y ser más precisos en regular los gastos de campaña, que muchos de ellos vienen de dos vías; del gobierno y de la mafia, entonces yo creo que hay que precisar más para evitar que esto se siga dando. Si me permite adherir.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Cómo no. Desde luego que sí, presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado.
Tanto al diputado Emilio Serrano como a quienes así lo resuelvan, está de acuerdo el diputado Jaime Cárdenas de que se puedan adherir a su iniciativa, y para ello pueden pasar a la Secretaría correspondiente.
El diputado Reginaldo Rivera de igual manera se quiere adherir. Sonido, por favor.
El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): Diputado presidente. La reforma que hicimos en esta Cámara en materia de amparo, es trascendente, va a modernizar la justicia federal en el país y el hecho de haber reformado aspectos como el interés jurídico por el interés legítimo es trascendente.
La propuesta del diputado Jaime Cárdenas es muy interesante por lo que ve al amparo colectivo, y de igual manera me adhiero si usted lo permite, diputado, a su iniciativa en materia de amparo colectivo.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Aprovechamos para saludar a un grupo de personas provenientes del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados del compañero diputado Rodrigo Reina Liceaga.
De igual forma, a los alumnos de la Universidad Mexiquense de Innovación de Negocios, Metepec, estado de México, invitados del diputado José Luis Velasco Lino, y a los miembros de la Iglesia Nacional Presviteriana de Coyoacán, Distrito Federal, invitados del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, así como a amigos del municipio de Querétaro, invitados por el diputado Reginaldo Rivera de la Torre.
Todos ustedes sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el empleo es un aspecto fundamental para la adecuada readaptación social, el trabajo constituye uno de los principales factores que ayuda a los ex reclusos a ser productivos y desarrollar habilidades para la vida. Sin embargo, es una realidad que a los ex reclusos mexicanos, principalmente los jóvenes se les dificulta su entrada en el ámbito laboral, porque las empresas, sean públicas y privadas, consideran que es un riesgo contratar a alguien que ha sido juzgado por un delito.
En cualquier caso, hay pocos empresarios y dependencias gubernamentales dispuestas a contratar de nuevo a una persona con antecedentes penales. Un ex convicto que no tiene la posibilidad de incorporarse a la vida productiva, tiene una alta probabilidad de que su destino sea nuevamente la cárcel, cuando las oportunidades y alternativas son mínimas o inexistentes.
Es factible que los jóvenes sean susceptibles de integrarse a estructuras del crimen organizado y a la Comisión de Delitos. De acuerdo con el sistema nacional penitenciario, el 30 por ciento de los jóvenes, entre los 18 y 24 años de edad vuelven a cometer un segundo ilícito, siendo el más común el robo por objetos que no sobrepasan los mil pesos.
En este sentido, los principales fallos por los cuales los jóvenes infractores de las cárceles son: robo, las faltas administrativas, atentados contra la vida, integridad y seguridad de las personas, delitos contra la salud, lo cual está asociado al crimen organizado en circunstancias de tráfico y venta de drogas, mismo que van incrementando día a día.
Cifras oficiales nos señalan nos señalan que tenemos a cerca de 120 mil jóvenes en las cárceles del país, que al momento de obtener su libertad necesitarán una oportunidad de empleo.
Hoy desafortunadamente no contamos con políticas públicas para solucionar el problema de exclusión, y la falta de oportunidades que padecen miles de jóvenes cuando logran su readaptación social.
Si bien es cierto, que hay esfuerzos gubernamentales para evitar que los jóvenes ingresen nuevamente en actividades delictivas, aún falta mucho por hacer. Necesitamos no criminalizar a los jóvenes, otorgarles oportunidades de readaptación social a través de fuentes de trabajo dignas y bien remuneradas, pero no cabe duda que mientras no seamos capaces de garantizar el derecho de los jóvenes ex convictos al empleo, estaremos condenando a este sector de la población a la delincuencia organizada y a la muerte.
La presente iniciativa, compañeras y compañeros legisladores, adiciona una fracción X a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y tiene como objetivo principal otorgar facultades al Injuve, a efecto de que impulse, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la iniciativa privada y las organizaciones sin fines de lucro, programas para la reinserción laboral y productiva de los jóvenes ex convictos.
Diputado presidente, le solicito amablemente que el texto íntegro de la iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates, y que mis iniciativas que están agendadas sean reagendadas para la próxima sesión. Compañeras y compañeros diputados, por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Como lo solicita, que se integre el documento completo que ha presentado el diputado Vázquez Aguilar, y se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.
Sonido en la curul del diputado Emilio Serrano y luego del diputado Juan José Cuevas.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para que sea tan amable de preguntarle al ponente y ojalá y pueda tomar en cuenta esta opinión, esta propuesta también.
Sabemos que los centros de readaptación social no tienen nada de readaptación. Ahí se van a perfeccionar para salir con más conocimientos y más experiencia para delinquir.
La propuesta, que ojalá y la tome en cuenta, diputado, es que se cree un seguro de desempleo, principalmente para los primo delincuentes, en este caso los jóvenes, porque todos los que salen de los reclusorios salen marcados.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Diputado Serrano, ¿es para adherirse a la iniciativa? Lo está autorizando, puede usted pasar a la Secretaría.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Que tome en cuenta esta propuesta porque salen marcados y nadie, nadie les da trabajo. Los obligan a delinquir otra vez. Entonces, si me permite adherir a esa propuesta.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con muchísimo gusto diputado, es un honor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: También el diputado Juan José Cuevas solicita adherirse. Tiene la autorización del promovente, pueden pasar a la Secretaría. Muchas gracias, diputado.
Se recibió de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra la compañera diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Aprovechamos para saludar a los invitados del compañero diputado Héctor Guevara Ramírez, de la Universidad ETAC, del municipio de Coacalco. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Diana Patricia González Soto: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados.
Con la responsabilidad y sensibilidad que me dan los años de servicio como maestra presento ante esta soberanía una iniciativa que tiene qué ver con una problemática que me inquieta y es referente a la creciente pérdida de valores en nuestra niñez y juventud.
Observamos con tristeza que la mayor parte de los valores que nos inculcaron nuestros padres y las actitudes se han perdido. Las actitudes hacia el respeto y el deber han desaparecido en un gran porcentaje de nuestras niñas, niños y adolescentes.
La problemática anterior no puede ser atribuible únicamente a la falta de acciones gubernamentales, ya que en los distintos ámbitos del sector público se han impulsado iniciativas con el propósito de reforzar los derechos de los infantes y jóvenes.
Por ejemplo, en el plano legislativo y a través de las comisiones de Grupos Vulnerables, de la Niñez, de la Familia, de Derechos Humanos hemos impulsado una serie de reformas en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño y se han expedido diversas leyes en la materia.
También votamos a favor del establecimiento de la obligatoriedad de la educación media superior y plasmamos el interés superior de la infancia en nuestra Carta Magna.
Sin embargo, a pesar de estos grandes avances, a pesar de que cada vez es mayor el número de derechos tutelados por niñas, niños y adolescentes. A pesar de que cada vez aprobamos mayores recursos para la educación y para los programas, que tienen como objetivo beneficiar a nuestra niñez y juventud, vemos con desaliento que son cada vez más los niños que pierden el respeto a sus padres y a los mayores. Que son cada vez más los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que son cada vez más los alumnos que acosan en las escuelas a sus compañeros. Que son cada vez más los estudiantes que no acreditan las pruebas con las que se les evalúa su desempeño académico, como en el caso de las pruebas PISA y Enlace, y que desgraciadamente un número importante de jóvenes integran las bolsa de trabajo para el narcotráfico.
Así como estos casos podría citarles muchos más, que nos llevan a reflexionar sobre qué es lo que está fallando o qué debemos reforzar, situaciones como las anteriores son muestra clara que no todo marcha bien en nuestro país.
Y aunque es cierto que los adultos, los padres y quienes tenemos a nuestro cargo las instituciones somos corresponsables también lo es que la infancia y la juventud necesitan asumir de manera más comprometida su papel en la construcción de una familia mejor, de una escuela más seguirá y libre de violencia, y en general en la conformación de una mejor sociedad, donde niños y jóvenes asuman de una manera activa la práctica de sus deberes y no se limiten solamente a ser sujetos receptores de derechos.
En este punto, en lo referente a las obligaciones y deberes, considero que es momento de ver lo concerniente al reconocimiento legal de los deberes y las obligaciones de la niñez y juventud, ya que de un tiempo para acá hemos venido haciendo énfasis de que se refuercen en mucho mayor medida sus derechos; y de lo cual quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo, pero también debemos reconocer que hemos tocado muy poco o casi nada lo referente a sus deberes y obligaciones.
Como legisladores y partícipes en la creación del derecho debemos tener presente que su esencia, además de conceder prerrogativas para las personas, también les impone obligaciones en eras de lograr el orden y la convivencia social armónica.
En materia de niñas, niños y adolescentes considero que hemos dejado el lado del reconocimiento y establecimiento de sus deberes y obligaciones como hijos, como estudiantes y como integrantes importantes de la sociedad y de nuestro país.
Por lo antes expuesto presento ante esta soberanía una iniciativa mediante la cual propongo el reforzamiento en dos ordenamientos legales vinculados a la niñez y juventud, como es el caso de la Ley General de Educación y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que se adicionen en las mismas un catálogo de deberes y obligaciones a cargo de nuestros niños y jóvenes para con ellos mismos, para con sus congéneres, para con sus padres, para con la autoridad educativa, y en general con la comunidad y la sociedad, los cuales son acordes a su edad, a sus capacidades, actividades y dentro de los límites de lo que se puede y debe esperar de ellos, sin que los mismos sobrepasen y extralimiten su condición de infantes y jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente a la Mesa Directiva que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates tal como fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Compañeras y compañeros, me queda claro que si educamos a nuestros niños en el presente no habrá necesidad de castigar a los adultos en el futuro. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Como lo solicita intégrese totalmente el texto de la iniciativa presentada por la diputada Diana Patricia González Soto en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Santana.
El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Sí, diputado presidente, nada más, por su conducto, preguntarle a la diputada González Soto si nos permite adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Lo acepta. Así que tanto el diputado Santana como las demás compañeras diputadas y los demás compañeros diputados que soliciten adherirse pueden pasar a la Secretaría para formalizarlo.
Se ha recibido iniciativa de la diputada Laura Viviana Agúndiz Pérez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos generadas por la Violencia.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. La violencia que ahoga a nuestro país es parte de un triunvirato que corona diaria y miserablemente nuestras vidas, primero, por la violencia objetiva de criminales que se han enseñoreado de bastas zonas del país, imponiendo su ley de fuego y asedio a la población.
Segundo. La violencia de instituciones y autoridades sistemáticamente omisas en la procuración e impartición de justicia a las víctimas y que han renunciado prácticamente a perseguir a los delincuentes.
Tercero. La violencia simbólica de un lenguaje de poder que impone a todos un sentido de privación de derechos y libertades, ya que bajo el señuelo de una de una guerra de exterminio –que no osa decir su nombre– se condena a las y los jóvenes a una guerra –los jóvenes pobres-, a la calidad de daños colaterales.
Es decir, víctimas sacrificables, efectos destructivos no considerados en la estrategia que han de perecer, para que la droga no llegue a los sectores, a los hogares de los otros –no pobres- que a juicio de este Poder sí merecen la protección y el derecho a la seguridad.
Son ya incontables los muertos. El barómetro de la Universidad de Heidelberg en Alemania en 2010 calificó a México como el país más violento incluso que Somalia, que Irak, que Afganistán y otros países.
La violencia ha escalado en víctimas y zonas afectadas. En 2006 se registraban 2120 víctimas del llamado crimen organizado y la violencia imperaba en 46 municipios. Para 2011 el número de muertos en diciembre llegaba a 51 mil y se había extendido hasta a 277 municipios del país.
Las cifras oficiales son inciertas no sólo por la rapidez con la que se agregan día a día los fallecidos y las desapariciones, sino porque se han vuelto objeto de manipulación política. Se han multiplicado las categorías de los registros y las tipificaciones a modo.
Hoy tenemos homicidios calificados de ejecuciones; asesinatos tipificados como homicidios por presunta rivalidad delincuencial; agresiones por enfrentamiento; agresiones directas a las Fuerzas Armadas que no existen en los códigos penales y que parten de un supuesto perverso a la luz de los derechos a la justicia y al proceso debido, porque se trata de no investigar los casos, no abrir expedientes y agregar a las víctimas, a las decenas de miles de muertos de esta estrategia fallida.
Pero hay otra serie de víctimas: las hijas, los hijos, de huérfanos, tanto de los que fueron responsables como de los que no se sabe si son o no son responsables de estos delitos. Están los que han sido desplazados de sus lugares de vivienda, los que han perdido familiares, están los que han sido despojados de tierras, de bienes, de propiedades.
El panorama es pues, desolador porque esta guerra ha desnudado las falencias del sistema de seguridad y de justicia en todos los niveles, se ha exhibido la ruptura del cemento social que aglutinó en algún momento de nuestra historia al hombre opulento con el trabajador pobre, como miembros ambos de la misma nación.
También, porque a través de estas decenas de miles de muertos, muchos de ellos probablemente inocentes, hemos observado el precario valor de nuestros derechos como ciudadanos, porque a través de los jóvenes asesinados o reclutados por bandas criminales, hemos visto quebrantada la esperanza de llegar a ser una nación próspera y poderosa.
Éste es un holocausto, éste es nuestro holocausto y está desnudando lo que somos en materia de justicia, en materia de derechos, en materia de ciudadanía. Por eso tenemos que aprender de este holocausto.
Éste es el Fobaproa de este gobierno, ésta es la deuda social que va a heredar quien venga a gobernar.
Por eso estamos planteando esta iniciativa en donde todas las víctimas directas e indirectas, tienen que ser objeto de la responsabilidad del Estado ante los derechos violados y ante los bienes perdidos y ante la esperanza quebrantada de muchas niñas, niños y jóvenes.
En ese sentido la ley establece las víctimas indirectas y directas a aquellas personas que individual o colectivamente a partir del primero de enero del 2007, han sufrido menoscabo en sus derechos o tienen lesiones transitorias o permanentes.
Están también los derechos de las víctimas que engloban aspectos judiciales de acceso a la justicia, de atención psicológica y médica, de asistencia social, de reparación del daño, de reinserción social, de protección y salvaguarda, de su protección y de su integridad.
Está también la disposición para establecer un conjunto de medidas, programas y recursos de orden económico, médico y social, a cargo del Estado para establecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas.
También se especifican las obligaciones de las dependencias federales involucradas en la atención, protección de las víctimas y se establece también un registro nacional de víctimas en donde se incluya no sólo la información de conformidad con las averiguaciones previas que se hayan iniciado, sino también toda la información proporcionada por otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, de Salud, etcétera.
Éste es un instrumento que nos permitirá sanar nuestra heridas, reconocernos en esas fallas y darle a México, a partir del 1 de diciembre de este 2012, un horizonte en donde todos seamos parte de ese México y abracemos a las víctimas para poder seguir adelante y no tener esa llaga en nuestro país. Es cuanto, gracias.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Se ha recibido comunicación de la Junta de Coordinación Política con propuesta de Acuerdo por el que se crea una Secretaría adicional en las comisiones de Defensa Nacional, Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera y Especial de Seguimiento a las Aportaciones de los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros. Le solicito a la Secretaría dé cuenta de la misma.
Entretanto saludamos a los alumnos del sexto semestre de la carrera de Derecho del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés, invitados por el diputado Omar Rodríguez Cisneros. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo
Primero. Se crea una Secretaría en la Comisión de Defensa Nacional, adicional a las ya existentes, que será asignada al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. Se crea una Secretaría en la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera, adicional a las ya existentes, que será asignada al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tercero. Se crea una Secretaría en la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros, adicional a las ya existentes, que será asignada al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Cuarto. Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional harán llegar a la Junta de Coordinación Política la propuesta de asignación de la Secretaría de la comisión que les corresponde, motivo del presente acuerdo, que serán sometidas en su oportunidad a consideración del pleno.
Quinto. Las Secretarías en mención no contarán con recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.
Sexto. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2012.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández. Muchas gracias. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Aprobado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Comuníquese.
El presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Herón Agustín Escobar García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrito por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Herón Agustín Escobar García: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas: en el año del 57, a raíz de la iniciativa encabezada por el insigne artista David Alfaro Siqueiros y el licenciado Hugo B. Margain, director del Impuesto sobre la Renta, con el beneplácito del entonces secretario de Hacienda Antonio Carrillo Flores, establecieron un programa mediante el cual los artistas cubrían el pago de los impuestos federales con obras plásticas.
Este esfuerzo ha permitido, no sin obstáculos, aglutinar y preservar un número muy importante de obras reconocidas de artistas mexicanos y que están en ciernes de serlo.
Las obras de artistas plásticos que han sido recibidas como pago en especie incluyen a personalidades del mundo del arte como: Leonora Carrington, Francisco Toledo, Vicente Rojo, Juan Soriano, Alberto Gironella, Raúl Anguiano, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Rafael Coronel y muchos otros más.
Es preciso destacar que el Programa de Pago con Obra de Artística se abre la posibilidad de que sean presentadas en distintos proyectos de difusión tanto en México como en el extranjero, lo que puede beneficiar para proyectar una mejor imagen de nuestro país.
La posibilidad de poder cubrir los impuestos federales con la propia obra que el artista genera, ha provocado que los artistas puedan gozar de un estímulo de carácter administrativo que facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Es tal la aceptación de esta modalidad que incluso creadores que se auxilian de las nuevas tecnologías para producir arte han aprovechado el beneficio que les permite el pago en especie.
La información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que para finales de 2010, las obras dadas bajo la modalidad “pago en especie” suman más de 6 mil de 703 artistas, siendo así una de las más importantes en el país desde la perspectiva de los acervos públicos en materia del arte.
Es necesario destacar que parte del acervo de esta colección se distribuye entre las entidades federativas y el Distrito Federal, para que puedan enriquecer sus propias colecciones.
La presente iniciativa busca dar mayor certeza jurídica a los creadores y a los artistas al incorporar a la Ley del Impuesto sobre la Renta, las disposiciones relativas al decreto que les otorga la facilidad de cubrir sus impuestos federales con obra.
Los legisladores del Partido del Trabajo consideramos que incorporar la modalidad de pago en especie en la Ley del ISR, en lugar de un decreto, que es facultad discrecional del Ejecutivo federal, podrá fortalecer el impacto positivo de la medida de dar un tratamiento específico en materia tributaria a los artistas y creadores.
Incorporar en la ley disposiciones que actualmente están en una norma de carácter administrativo permitirán al contribuyente tener mayor certeza jurídica y permitirán al legislador planear las modificaciones necesarias para hacer el régimen sencillo y útil para quienes va dirigido.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Como lo solicita insértese íntegramente el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura.
Entre tanto, se retira del orden del día la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud.
El diputado Rafael Rodríguez González: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, uno de los grandes problemas nacionales es que existen acaparadores que se apropian de la riqueza generada por los campesinos que da la sustentabilidad al país. Esta afirmación no por ser actual implica que sea reciente, fue escrita por Andrés Molina Enríquez en 1909, en 200 años de historia de México.
Las demandas en lo que respecta al México rural siguen siendo las mismas. A diferencia de hace 100 años, hoy la miseria campesina se ha vuelto tan común que ya no conmueve enterarse de los problemas que ocurren en las alejadas zonas rurales, muchos menos los campesinos que con los pies descalzos han llegado hasta esta jungla de asfalto a pedir ayuda. No se puede hablar de progreso si éste no llega a todos los rincones del país.
Hay que corregir los errores legislativos de los últimos 200 años, por eso en el PRI sabemos que de poco ayuda pensar que los campesinos son pobrecitos, que necesitan de nuestra ayuda como un pilar fundamental para vivir mejor.
En realidad los productores del campo, como cualquier otro mexicano, buscan condiciones de equidad para ganarse la vida, sobre todo cuando la entrada de México al libre comercio perjudicó a gran parte de los productores agropecuarios, pequeños, que no contaban con acceso al crédito, la tecnología y los sistemas organizativos que sí tenían sus competidores internacionales. En el caso opuesto la agroindustria multiplicó sus ganancias gracias a la ampliación de su cartera de clientes.
Bien dicen que Veracruz, mi estado, es cuatro veces heroico, refiriéndose a las invasiones que desde Veracruz defendimos. Yo corrijo, en Veracruz todos los días hay héroes que trabajan el campo y son los responsables de que en nuestra mesa haya alimentos, son héroes porque pasan la mayor parte del año sembrando y cuidando su cosecha, esperando que puedan comercializar sus productos a un precio justo, que les paguen a tiempo y que no les quieran hacer descuentos de cualquier otro tipo.
Imaginen cobrar el trabajo de todo un año en dos semanas sintiendo el riesgo constante de ser defraudado por los grandes compradores. La única protección que da la ley actualmente son largos juicios que los pequeños productores no pueden pagar y que por lo tanto los coloca en una situación de indefensión práctica.
Según estudios de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de los Productores Mexicanos, el 10 por ciento con menores ingresos es el que menos acceso tiene a créditos seguros y producción por contrato, por lo que su riesgo de perder la inversión es más alto.
Si alguno de estos productores sufre un abuso de parte de su comprador como atraso en el pago, cambio del precio pactado o falta de liquidación, no cuenta con una herramienta legal para reclamar su dinero.
En México no existe una legislación que proteja a los productores de abusos generados por la naturaleza de sus productos. Actualmente existen fondos públicos para financiamiento de la producción, compra de insumos, seguros contra desastres naturales, incluso para promover los productos agropecuarios en el mercado nacional y extranjero, pero no existe un fondo público que proteja las transacciones comerciales de productos perecederos.
Un fondo con estas características servirá para proteger a los pequeños productores de abusos y excesos ocasionados en la diferencia de poder de mercado. El objetivo de la iniciativa que hoy vengo a presentar es crear un marco regulatorio para las transacciones comerciales de productos perecederos, que garantice la equidad de las partes comerciales. Esto se logra mediante la ampliación de facultades a los fideicomisos de FIRA, se propone que estas nuevas facultades sean utilizadas para crear un fideicomiso que garantice que los contratos comerciales de bienes perecederos se lleven a cabo con justicia y equidad, tanto para productores como compradores.
El fideicomiso actuará como colateral ante alguna posible violación al contrato, encargándose de pagar a la parte afectada y cobrar mediante los procesos judiciales necesarios a la parte defraudadora.
Para asegurar el cumplimiento de los contratos de productos perecederos, además del proceso jurídico será necesario generar un sistema de información de productores y compradores de bienes perecederos, para que exista un control único de los agentes del mercado. Cualquier deuda o falta al fideicomiso causaría la imposibilidad de adquirir un nuevo contrato bajo la protección del mismo.
La pertenencia a dicho sistema de información debe ser obligatoria para los actores grandes, de tal manera que todos aquellos que comercien con ellos tengan que entrar en el padrón en consecuencia.
Además, para la resolución de controversias el fideicomiso contará con un panel técnico de validación, que deberá inspeccionar tanto a petición de parte como de manera aleatoria la realización de los contratos en las condiciones pactadas inicialmente.
La nueva facultad de los fideicomisos de FIRA deberá ser útil al menos para cubrir los riesgos que afectan la producción, comercialización y venta final de productos perecederos, principalmente debe evitar que haya cambios en la calidad, el precio o la fecha de pago acordada en el contrato; cambio de la calidad pactada en la transacción.
Actualmente, la agricultura mexicana se posiciona a nivel mundial como la principal exportadora de jitomate, chile, limón, pepino y aguacate, además de estar en los 10 primeros países exportadores de otros 28 productos perecederos.
Durante 2011, las actividades del sector primario representaron un ingreso de 309 mil millones de pesos y la producción agroindustrial un ingreso de 449 mil 221 millones de pesos, generando una participación del PIB nacional del 3.5 y 5, respectivamente.
Amigos diputados, es momento de que todas estas cifras se traduzcan en mejores condiciones de vida para los millones de familias mexicanas que viven en el campo. La iniciativa que hoy presento y que busco que ustedes apoyen, es el primer paso para lograrlo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, amigos.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 y adiciona un artículo 220 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
En nuestra legislación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6o., nos precisa tipos de violencia en contra de las mujeres, tales como la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y cualquiera de otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Esta legislación ha permitido que la violencia en contra de las mujeres sea atendida y sancionada por las autoridades correspondientes, pero, ¿qué sucede cuando una mujer lleva varios años viviendo en un entorno de violencia y las circunstancias la llevan a quitarle la vida a su agresor? El Código Penal Federal, en su artículo 302, indica que se comete el delito de homicidio al que priva de la vida a otro.
Bajo este criterio, la mujer que vive en este entorno de violencia ha sido victimizada por las circunstancias, y conforme lo establece el artículo anterior, pasa a ser victimaria. Es decir, se convierte en una delincuente que ante el delito cometido tendrá que ser sentenciada a una pena hasta de 60 años, como se indica en el supuesto del artículo antes mencionado.
¿Sería justo que una mujer pague una condena tan amplia, cuando lo único que buscó fue sobrevivir a una situación imposible de sobrellevar? Ahora bien, el artículo 310 del mismo código establece una atenuante llamada emoción violenta, que es definida como el cambio en la personalidad de quien comete el hecho, en virtud de un estímulo externo, que altera transitoriamente el comportamiento habitual de esa persona y pidiéndole dominar sus impulsos y lo llevan a obrar irreflexivamente, aunque sí conscientemente.
Esta condición se aplica de manera habitual al acto personal de ira o de arrebato por parte del ofendido en ese momento. Si bien esta condición es una atenuante en la culpabilidad de quien comete el homicidio, es necesario que dicha atenuante sea considerada y pueda suceder por motivos de género.
La presente iniciativa propone la incorporación en el marco del Código Federal de Procedimientos Penales, la creación de la figura jurídica del historial de violencia, que tendría como finalidad brindar al juez, por parte del Ministerio Público, aquella información de todos los actos de violencia que se generaron durante la convivencia familiar por motivos de género, en grado de parentela, no importando la condición civil, a efecto de atenuar las penas previstas en el citado delito.
Lo anterior permitiría que la aplicación de la justicia sea más justa y menos drástica, en especial para aquellas mujeres que en un acto de desesperación lo único que buscaron fue resguardar su vida, y muy seguramente la de sus seres queridos.
Juzgar con perspectiva de género es reconocer que hoy se necesita tratar de manera diferente a los diferentes, y mostrar sensibilidad y conciencia de esta realidad poco conocida.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos al Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo único. Se reforma el artículo 134 y se adiciona el artículo 220 Ter para quedar como sigue.
Artículo 134. En cuanto aparezca en la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea, y en los casos de lesiones y homicidio cometidos por motivos de género presentará el historial de violencia.
Artículo 220 Ter. Cuando existan indicios de que los delitos de lesiones u homicidio se cometieron por motivos de género, el Ministerio Público ordenará un historial de violencia conformado por la existencia de datos que acrediten la ejecución de actos violentos en contra del inculpado, basados en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.
Solicito, señor presidente, se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Se obsequia la solicitud y se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada Susana Hurtado Vallejo: Con su venia, diputado presidente. Compañeros, compañeras diputados y curules presentes que me van a escuchar. No puede ser posible que esté solo el pleno. Están los que de alguna forma cumplen con, ahora sí, su compromiso.
En sesiones pasadas, en este pleno aprobamos una minuta que tiene como propósito el que los profesionales de las salud puedan prescribir medicamentos, ya sean los médicos homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios, esto lo harán en el área de su competencia.
De igual manera se incluye a los licenciados en enfermería, facultando a estos últimos a prescribir medicamentos del cuadro básico. Sin embargo, esta facultad que se pretende otorgar a los profesionales en enfermería, misma iniciativa que cuenta con mi aprobación, de nada valdría sin el reconocimiento expreso de su desarrollo laboral y profesional en las legislaciones correspondientes.
Es un sector que ha venido siendo afectado. Un sector del cual son casi 300 mil enfermeros que no les reconocen su profesionalismo. Enfermeros que de alguna forma son licenciados, son médicos y doctores y siguen ganando como técnicos en enfermería.
Ya que la profesión de enfermería ha enfrentado diversos problemas a través de su evolución, estos se han derivado de una mala práctica laboral y formación académica.
Ante la actual situación los profesionales en enfermería han buscado y aplicado soluciones que en pocas ocasiones han erradicado los conflictos y muchas de las veces han sido sólo paliativos.
En este sentido, México presenta un rezago profesional educativo y laboral. Aun contando con licenciatura y maestría en dicha profesión, ya que países como Venezuela, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, países desarrollados y subdesarrollados, cuentan con un ordenamiento jurídico que regula el ejercicio profesional de enfermería, donde se les otorga el reconocimiento de su desarrollo profesional y laboral.
El ejercicio profesional de la enfermería en México es una de las 10 profesiones mal remuneradas y de escasas oportunidades de desarrollo laboral, porque cada día aparecen escuelas fantasmas donde en menos de tres meses se imparten clases de enfermería sin registro ante la Secretaría de Educación Pública, y mucho menos están apegados a los planes de programas educativos oficiales, poniendo en riesgo la salud de las personas que están...
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Concluya la oradora.
La diputada Susana Hurtado Vallejo: Poniendo en riesgo la salud de las personas que están bajo cuidado de alguien que ejerce la enfermería, ya que no cuenta con los conocimientos básicos y necesarios profesionales.
Si realmente queremos un servicio que garantice un buen cuidado de salud empecemos por darles el reconocimiento profesional que se merecen los profesionistas que ejercen la enfermería.
Es por ello que se decreta, que reforma y adiciona un artículo, el 79 Bis, tres párrafos del artículo 89, y tres párrafos del artículo 469, de la Ley General de Salud, que modifica el nombre del título del capítulo dieciséis, la fracción IV y el artículo 353 A, y se adiciona un artículo Bis de la Ley Federal del Trabajo.
Éste es un tema que de alguna forma necesitaría más tiempo. Sin embargo, compañeros, que están presentes, les pido que su colaboración y su apoyo para que esta iniciativa sea votada a favor, porque es a favor de este sector que de alguna forma nos merece mucho respeto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, para solicitar sumarme a la iniciativa de la diputada.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Puede pasar a la Secretaría a firmarla, diputado Serrano.
El diputado Edgardo Chaire Chavero: Con su venia, señor presidente. El constituyente del 5 de febrero de 1917 estableció el derecho de petición en el artículo 8o. La voz petición denota una solicitud, es considerado como un verdadero derecho democrático que implica el ejercicio de otros derechos públicos, subjetivos consagrados en la Constitución a favor de los habitantes de la república mexicana como una consecuencia inmediata de la exigencia jurídica y social del Estado de derecho.
Por consiguiente, el derecho de petición se encuentra establecido en nuestra Constitución Política vigente en los artículos 8o, 9o, párrafo segundo, y 35, fracción V. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, además que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta.
La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición. El derecho de respuesta se debe considerar como un segundo acto dentro del derecho petitorio, el cual se contempla en el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional.
Consiste en una serie de elementos con la actuación del órgano o servidor público, al conocer y decidir sobre la petición que se les formule y consiste en la obligación de los órganos o servidores públicos, de acordar la petición, que este acuerdo sea por escrito, que se haga reconocer al peticionario en breve término del acuerdo recaído.
La respuesta debe ser congruente. En muchas ocasiones las respuestas de las autoridades constituyen evasivas ambiguas o bien, son carentes de congruencia con lo solicitado, por lo que no se satisface el derecho del gobernado.
Cabe señalar que con ello no se obliga a contestar en sentido favorable, sino que la actuación sea acorde a lo pedido y solicitado.
En cuanto al breve término, el Constituyente de 1916 no incorporó un plazo específico en el artículo 8o. para que la autoridad dé respuesta, por la amplia naturaleza de las peticiones y, por ende, lo difícil que sería para una autoridad tener un tiempo específico para contestar una solicitud que pudiera llevar más tiempo establecido en la Constitución.
Las circunstancias en comparación del Constituyente del 16 son distintas, tomando en cuenta el cambio tecnológico que permite un mayor dinamismo en la administración pública, por lo que es prudente retomar el concepto de breve término por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció y al respecto dice que no puede ser mayor el tiempo de contestación al peticionario, mayor a cuatro meses.
En consecuencia y de acuerdo a la diferencia que existe entre término y plazo, resulta necesario y procedente reformar el artículo 8o. constitucional en su segundo párrafo, a efecto de terminar la ambigüedad que ocasiona el breve término. Por tanto la violación a ese artículo constitucional, por consecuencia daría lugar al juicio de amparo.
La presente propuesta de proyecto es reformar el segundo párrafo del artículo 8o. Con lo siguiente
El acuerdo debe ser congruente con la solicitud pedida. La autoridad tiene la obligación de hacerlo conocer en los plazos que dispongan las leyes de cada materia. En ningún caso excederá cuatro meses, como determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A toda petición deberá recaer un acuerdo. Este acuerdo debe ser congruente con la solicitud pedida y la autoridad tiene la obligación de hacerlo conocer en los plazos que dispongan las leyes en cada materia y en ningún caso excederá de cuatro meses”. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor diputado.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Si el diputado me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado, le solicitan permiso para adherirse a su iniciativa.
El diputado Edgardo Chaire Chavero: Adelante.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Él y todos los diputados que lo quieran hacer, pueden pasar ante la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene por último la palabra el diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Ricardo López Pescador: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la situación excepcional que vive el país, inspira esta propuesta que pretende ser el sustento de una verdadera política de Estado que modifique la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación con tres objetivos centrales.
Uno, hacer viable la independencia de los jueces, otorgando autonomía constitucional al Consejo de la Judicatura.
Dos, separar de manera definitiva y sin excepciones de ninguna índole, las funciones jurisdiccionales de las administrativas y de gobierno, reasignando al consejo las funciones no jurisdiccionales que actualmente retiene la suprema Corte, y
Tres, otorgar al Consejo de la Judicatura Federal, funciones para que administre el estatuto del Ministerio Público.
La iniciativa también propone reformar diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 94, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura Federal asuma las funciones de administración, vigilancia y disciplina en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El artículo 97, para precisar que los juzgadores federales protesten el desempeño de su encargo exclusivamente ante el Consejo de la Judicatura.
El artículo 99, para desaparecer la Comisión Especial de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otorgar sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal.
La iniciativa propone una reforma profunda al artículo 100 de la Constitución con la finalidad de cambiar la naturaleza jurídica del consejo, por el de un organismo público, autónomo, permitiéndole cumplir con sus atribuciones tradicionales y administrar el estatuto del Ministerio Público evitando el posible conflicto de intereses.
Se plantea que el consejo se integre por 11 consejeros, eligiéndose su presidente de entre ellos cada dos años.
El órgano contará con dos secciones: una para atender las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial y la otra, para administrar el estatuto del Ministerio Público.
De los 11 consejeros, seis serán electos por un colegio electoral, conformado exclusivamente por los juzgadores federales, dos designados por el Ejecutivo Federal y tres por el Senado de la República.
Se incorpora un novedoso sistema de elección de los consejeros proveniente del ámbito judicial mediante la elección por listas, prohibiendo la propaganda, campañas o cualquier acto de proselitismo.
Al Colegio Electoral de Juzgadores Federales concurrirán en forma individual los señores ministros, magistrados y jueces de distrito en circunstancias de igualdad para elegir o ser electos consejeros.
Los procedimientos electorales y la conformación de los órganos electorales, incluyendo la comisión encargada de vigilar, declarar resultados y resolver impugnaciones, estarán regulados por la ley.
Finalmente se propone reformar el artículo 102 para otorgar al Consejo de la Judicatura la administración del estatuto del Ministerio Público.
Las propuestas que someto a su consideración, compañeras y compañeros diputados, trastocan de manera radical el modelo institucional del Poder Judicial. Éste es un paso indispensable que debemos dar. La modernización del Poder Judicial es un reclamo social para consolidar nuestro estado de derecho y resulta una medida necesaria que exige nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, señor diputado. Sí, diputado Granados.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente, sólo para pedirle formule al iniciador una pregunta: que si me permite sumarme a esta iniciativa en razón de que la considero interesante no solamente por los conceptos que ha vertido, sino que contiene otros de profundo contenido que siento que van fundamentalmente en el sentido de tanto fortalecer el Consejo de la Judicatura Federal, como evitar ya la intervención de otros entes en la designación de jueces y magistrados, como es el propio presidente de la república y el Senado de la República.
Me parece que es una propuesta interesante y quisiera ver si me permite sumarme a la misma.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Señor diputado?
El diputado José Ricardo López Pescador: Con todo gusto y gracias, diputado Miguel Ángel porque usted es un hombre acucioso, un diputado que siempre está al pendiente de las iniciativas. Con todo gusto acepto que se sume a la misma.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, gracias, diputado. Puede pasar a la Secretaría el diputado y quien desee además sumarse a la iniciativa.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, salvo las que en este momento se solicite de viva voz, ante la Secretaría, el registro para la siguiente sesión, como ya lo ha hecho el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Quien desee lo puede hacer ante la Secretaría.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, los asuntos en cartera se han agotado.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (15:11): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de marzo, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9 horas.
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