Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión de instalación. Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido debidamente publicada.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión de instalación, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores y las legisladoras que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega entonces someter a discusión el acta de la sesión de instalación.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, como cada inicio de periodo de receso en esta Comisión Permanente, voy a rogar a la Secretaría dar lectura a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de esta Comisión Permanente.

Entiendo que todo mundo los tiene, que han sido publicados y en tal caso, le rogaría a la Secretaría pregunte a la asamblea si se le dispensa la lectura a los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta si se dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si son de aprobarse.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobadas las reglillas de operación de esta Comisión Permanente para el primer receso del primer año de ejercicio legal.

Honorable asamblea, correspondería en este instante dar lectura y la eventual aprobación de la integración de las comisiones de trabajo. Los grupos parlamentarios no nos han hecho llegar los nombres que en su representación forman parte de las tres comisiones que tienen que funcionar para la dictaminación de los asuntos que tiene que ver con las competencias limitadas, pero competencias al fin, de esta Comisión Permanente.

Estaremos atentos por si en el desarrollo de esta sesión tenemos la numeraria completa someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la integración de comisiones, de tal suerte de que estemos en condiciones de que éstas se instalen y funcionen normalmente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Oficio de la Comisión Federal de Competencia, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica Grupo Aeroméxico SAB de CV.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Competencia de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que la ciudadana Verónica Elizondo Martínez solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se recibieron siete oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les confieren gobiernos extranjeros, puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas, e informa de los que han dejado de prestar servicios.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las solicitudes de permiso túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios remítanse a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Fernando Rodríguez Doval, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Queridos amigos legisladores, es muy sencilla la iniciativa que voy a poner a consideración de ustedes el día de hoy, y posteriormente por supuesto de la comisión dictaminadora correspondiente.

Esta iniciativa consiste básicamente en otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la atribución para presentar iniciativas de ley. Esta iniciativa –quiero recordar– es una iniciativa que ya en su momento presentó el presidente Felipe Calderón, como parte de la reforma política integral que puso a consideración del Congreso en el 2010.

También hay un antecedente de la entonces diputada Violeta del Pilar Lagunes, del PAN, en la LX Legislatura y también en la LX Legislatura el diputado del PRI, Raúl Cervantes Andrade presentó esta misma iniciativa.

¿Por qué otorgar a la Suprema Corte el derecho a presentar iniciativas? De esta manera consideramos que se fortalece lo que ha sido ya en la práctica nuestro máximo tribunal constitucional. Hoy en día el artículo 71 de la Constitución concede el derecho de presentar iniciativas al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y también a los ciudadanos con un número equivalente, por lo menos al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, lo que se conoce como la iniciativa popular.

Sin embargo, la Suprema Corte no tiene este derecho; que si nosotros hacemos un análisis de derecho comparado, de política comparada, veremos que está presente en prácticamente todos los países que tienen un régimen presidencial como el mexicano.

Seguramente porque, además yo sé que en esta Cámara de Diputados y concretamente en esta Comisión Permanente hay muy buenos abogados, algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que si la Suprema Corte de Justicia es el órgano encargado de vigilar la constitucionalidad de las leyes, sea la que tenga también un derecho a presentar iniciativas? Pudiera haber eventualmente un conflicto de intereses o pudiera ser la corte, juez y parte; en efecto, ese riesgo existe.

Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo en esta iniciativa son dos limitaciones concretas a esta posibilidad: la primera es que esta atribución que queremos otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea únicamente en las leyes que son de su competencia; concretamente tres.

Primero, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo, la Ley de Amparo que reglamento los artículos 103 y 107 de la Constitución; y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, que están relacionadas precisamente con las controversias constitucionales.

La segunda limitación que estamos introduciendo es que sea una mayoría de ocho ministros los que estén de acuerdo para presentar esta iniciativa llegado el momento.

De esa manera estamos adicionando simplemente una fracción al artículo 71 de la Constitución, que sería la fracción V, donde diríamos que también tendrían derecho a presentar iniciativas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que esta iniciativa hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de sus miembros respecto a las siguientes leyes.

Repito. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta propia Constitución; y también la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esta Constitución.

Termino, diputado presidente, no sin antes por supuesto, aprovechar para desear a todos los compañeros un muy feliz año nuevo. Gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Compartimos su deseos, señor orador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos don Uriel Flores Aguayo del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con su permiso, diputado presidente. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, público en general.

Presento esta iniciativa de ley que considero de enorme trascendencia, con el objeto de que a los trabajadores adultos mayores que ya han cubierto las cotizaciones exigidas para una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, a cargo del IMSS, al cumplir la edad necesaria al efecto, ya no se les obligue reafiliarse al régimen obligatorio del Seguro Social sino que se les respete su derecho adquirido a la misma.

Esto, tanto se pensionen conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 o en apego a la Ley del Seguro Social vigente a partir de julio de 1997.

Mi propuesta no sólo parte de un sentido de justicia, sino se basa en la tesis de jurisprudencia 21/2011 que por fin les ha dado la razón a los trabajadores.

En forma repetida los adultos mayores que tienen ya cubiertas las semanas cotizadas exigidas por la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, han denunciado ante la opinión pública que el Seguro Social injustamente les niega esta prestación bajo el argumento de que deben reemplearse y cubrir un año más de cotizaciones en el régimen obligatorio del IMSS.

Si para cualquier persona es difícil conseguir un empleo, sobre todo en las actuales circunstancias de prolongada crisis económica, con más razón para los adultos mayores, motivo por el cual estos acaban viéndose imposibilitados de obtener una pensión y pierden las cotizaciones que han realizado con tanto esfuerzo.

Es innecesario dibujar el futuro de desprotección que deberán sufrir estas personas, situación inaceptable que debe impulsarnos como representantes populares a aprobar las reformas necesarias, ya que la negación de una pensión en estos casos es injusta e inconstitucional, desde el momento en que se priva a los trabajadores de un derecho adquirido y se desconoce el mandato del artículo 1o., constitucional en el sentido de interpretar los derechos humanos, incluidos los sociales, en el sentido tutelar más amplio.

La pensión es una garantía social esencial para hacer posible una existencia con un mínimo de dignidad a favor de los adultos mayores en general, a favor de las personas que ven reducida o pierden su capacidad de trabajo, prestación que cada vez se transforma en un privilegio ante el creciente desempleo y la proliferación del empleo precario que padece nuestra sociedad.

La exigencia de la reafiliación de las personas en edad de pensionarse, es más bien una trampa jurídica para excluir del acceso a una pensión al mayor número de personas posibles. Esto porque a la mencionada dificultad para reemplearse el IMSS en una actitud de total arbitrariedad, de oficio da de baja a las personas de avanzada edad que los patrones afilian en el régimen obligatorio, argumentando fraude al Instituto. Paso a leer el artículo en mención:

Artículo 150. Para el otorgamiento de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no serán aplicables los límites sobre conservación de derechos referidos en los dos párrafos anteriores y, en consecuencia, a los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio se les deberá reconocer el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores sin necesidad de cubrir los requisitos previstos en el artículo151 de esta ley.

Igualmente se propone un transitorio que a la letra dice: A los aseguradores, en su caso los beneficiarios que hayan cotizado conforme a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, le será reconocido el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores para efectos de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, sin necesidad de cubrir los requisitos previstos en el artículo 182 de ésta o 151 de la Ley del Seguro Social vigente, según el caso, tanto si optan por pensionarse en apego a la Ley del Seguro Social de 1973, ya citada, o si lo hacen conforme a la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el apreciable compañero don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Compañeros integrantes de esta Comisión Permanente.

La presente iniciativa con proyecto de decreto que presentamos es una propuesta de reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de la República para reformar y adicionar un párrafo a este artículo.

Lo que estamos planteando lisa y llanamente, es incluir un párrafo en este artículo 6o que a la letra diga: “El Estado garantizará el derecho de toda persona al acceso libre y universal a internet para integrarse a la sociedad de la información y el conocimiento y con ello promover su desarrollo individual y el progreso social”.

Fundamos esta propuesta en las siguientes consideraciones: el acceso a internet de manera universal es una demanda de diferentes sectores desde la academia, desde los grupos ciudadanos, porque actualmente en nuestro país el 64 por ciento de los ciudadanos se encuentra en la marginación digital y, no obstante el avance tecnológico del conocimiento que ha habido, sigue habiendo una brecha digital que es importante cerrar.

Necesitamos que toda la sociedad tenga acceso al conocimiento, y desde luego que la carretera de la información en que se ha convertido el internet es un detonante no sólo de crecimiento personal, sino de desarrollo social y progreso colectivo.

Por eso lo estamos planteando, para cerrar esta brecha digital y fortalecer el acceso de toda la población al conocimiento.

Recordaremos que a partir de la llegada de la imprenta como tecnología y el posterior nacimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII, hasta la lucha por las libertades civiles, después de la Revolución Francesa de 1789, la comunicación fue reconocida dentro del campo jurídico como una necesidad social para mejorar los niveles de vida y las nacientes democracias.

El conocimiento, la información y la difusión siempre han estado ligados a los afanes libertarios y democráticos y han sido fuente de progreso social.

Por eso estamos planteando esta iniciativa y nos basamos, entre otras cosas, en las conclusiones que arrojó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que planteó el acceso universal ubicuo, equitativo y accesible a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información como una de las ambiciones y de los objetivos de la sociedad de la información.

Hoy en día existen en el mundo más de 2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales, como facebook o tuiter, y a nivel global el 32 por ciento de la población tiene acceso a Internet.

En nuestro país, según datos de la encuesta de la Asociación Mexicana de Internet, de los 113 millones de personas que hay en el país, 42 millones están unidos a la red, lo que representa el 36 por ciento de la población, y de este porcentaje el 60 por ciento son menores de 35 años, es decir, fundamentalmente los sectores jóvenes están haciendo uso de estas tecnologías, pero sigue habiendo todavía un mercado muy importante de ciudadanos, un número importantísimo, 64 por ciento, que sigue marginado de este conocimiento.

El 1 de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial Frank LaRue leyó el documento donde los representantes de los países consideran al Internet que el Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto.

Esta resolución reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración del progreso hacia el desarrollo en sus distintas formas, y exhorta a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.

Es decir, hay en esta conclusión esta exhortación a los Estados integrantes a promover el Internet como un derecho humano, el acceso a Internet, y también se reconocen sus valores como promotor de la libertad de la democracia y como mecanismo que hace horizontal el conocimiento.

Por todas estas razones, estamos planteando que se reforme el artículo 6o. constitucional, y también porque tiene un soporte de progreso económico.

Según Bostón Group, en 2010 el Internet aportó 324 mil millones de pesos a la economía mexicana, que representa el 2.5 por ciento del producto interno bruto, y esta tendencia seguirá en expansión, y por esas razones consideramos que sería un producto muy importante legislativo de este Congreso de la Unión, de esta legislatura, aprobar una enmienda constitucional que permita, precisamente, instituir este derecho como un derecho humano. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Ricardo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.

Esta Presidencia recibió de don Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, iniciativa que reforma el artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados, misma que se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la propia Cámara de Diputados, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, doña Gabriela Cuevas Barrón, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, ante los acontecimientos suscitados el viernes 14 de diciembre, en la población de Newtown, en Connecticut.

La senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muchas gracias, compañeras y compañeros. El pasado 14 de diciembre, en el poblado de Newtown, Connecticut, en e Estados Unidos de América, de acuerdo con la información que se cuenta a la fecha, un joven que ante la opinión pública ha sido identificado por las autoridades correspondientes con el nombre de Adam Lanza, de solo 20 años de edad, presuntamente, tras matar a su madre ingresó a la escuela Sandy Hook, armado con dos pistolas y un rifle de asalto semiautomático para disparar en contra de alumnos y maestras que intentaron detenerlo.

La muerte de 12 niñas, 8 niños, 7 mujeres, incluyendo a la madre del agresor, fue el saldo de lo ocurrido en esa población norteamericana.

Es difícil expresar cualquier manifestación de duelo ante tan sentidos acontecimientos, sin embargo, el Senado mexicano se solidariza con el pueblo norteamericano y con el gobierno del presidente Barack Obama y envía sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas del artero crimen cometido en contra de lo más sensible que tiene una sociedad, que son sus niños y sus niñas.

Las razones del presunto homicida no se conocen, al menos no son del dominio público. Sin embargo, la pregunta natural que surge en cualquier persona es, ¿qué hacía un joven de 20 años de edad con este tipo de armamento? ¿Cómo tuvo acceso a él? ¿Nadie se dio cuenta que lo tenía hasta que lo usó contra seres humanos indefensos e inocentes?

De acuerdo con el National Center for Injury Prevention and Control, el Centro Nacional para Prevenir y Controlar las Lesiones, dice que unos 3 mil niños y niñas mueren anualmente en Estados Unidos por heridas provocadas por arma de fuego, y si lo vemos desde el punto de vista económico, los datos también son alarmantes. La violencia generada por las armas de fuego provoca cada año 100 mil millones de dólares en pérdidas para aquel país.

Desde esta soberanía es preciso invitar al pueblo y a los órganos legislativos de la vecina nación norteamericana a reflexionar, como seguramente ya lo estarán haciendo en la aparente facilidad con la que casi cualquier joven puede acceder a este tipo de armas.

Manifestar la preocupación de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente por la falta de políticas más precisas para controlar el comercio de armas en territorio estadounidense.

Nuestra preocupación es legítima, debido a que las armas utilizadas por el crimen organizado en este lado de la frontera, utilizadas para acabar con la vida de miles de vidas humanas, son adquiridas de forma legal e ilegal con proveedores norteamericanos.

De acuerdo con Colby Goodman, especialista en política pública internacional y el periodista Michael Marisco, en una investigación para descubrir el origen de las armas usadas por el crimen organizado en México, la mayor parte de las armas capturadas por las autoridades mexicanas, en los últimos tres años, fue comprada en Estados Unidos, y se trata de armas pesadas.

El mismo estudio afirma que de las 75 mil armas confiscadas en ese periodo, aproximadamente el 80 por ciento, es decir, 60 mil armas de fuego, llegaron de Estados Unidos.

Por todo ello, ratificamos nuestra solidaridad y acuerdo con el presidente Barack Obama, cuando expresa que no podemos tolerar más esto. Cuando dice que estas tragedias deben terminar y que para que terminen tenemos que cambiar.

Es cierto que un problema que urge atacar es la facilidad para acceder a las armas, pero otro más importante es aceptar que los valores familiares y sociales son cada vez más laxos y permisivos.

En ambos temas debemos manifestar nuestra profunda consternación, pero sobre todo, nuestra disposición para construir sociedades más justas, respetuosas del Estado de derecho, de la vida humana y garantes del bien común.

Por lo anterior es que propongo a esta soberanía que expresemos nuestro beneplácito por las declaraciones del presidente Barack Obama, en el sentido de usar el poder de su cargo para hacer todo lo que sea posible para prevenir cualquier otro hecho similar.

Los mexicanos esperamos que una regulación más estricta sobre la venta de armas evite que ese tipo de incidentes se repita, y que también contribuya a detener la violencia, que debido al flujo de armas ha cobrado vidas en ambos lados de la frontera.

Dada la urgencia del propio tema, y toda vez que el mismo ha sido firmado por senadoras, senadores, diputados y diputadas, de distintos grupos parlamentarios, quisiera solicitar que sea considerado como un asunto de urgente resolución, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se le preguntará al pleno. Pregunte en términos del viejo y nonagenario Reglamento, al amparo del cual funcionan estos procederes, si es que la asamblea obsequia la urgente u obvia resolución.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración. Don Ricardo Mejía ha pedido el uso de la voz en pro. Está Presidencia les recuerda que, al amparo del viejo Reglamento, sólo son dos en un mismo sentido y que –en caso de haber más solicitudes– esta Presidencia preguntará a la asamblea para el obsequio de la misma.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Como aquí se ha comentado, el pasado 14 de diciembre, 27 personas fueron asesinadas en la Escuela de Newton en el vecino país, y de estos 20 niños. Esta tragedia es verdaderamente lamentable, dantesca, es una tragedia que realmente ha conmocionado a todo el mundo.

Sin embargo, no podemos olvidar que apenas cinco meses antes, en Aurora Colorado, en un cine, 12 personas fueron también asesinadas, en el inicio de una película muy conocida.

Y así podemos irnos remontando, y es un caso periódico en los Estados Unidos que se cometa este tipo de infamias, este tipo de tragedias. Y siempre el argumento es que son producto de algún loco, algún desadaptado; se hacen biografías de todos los antecedentes, estudios clínicos y no pasa de ahí.

Vosotros estamos en pro del punto de acuerdo que propone la senadora Cuevas, pero no podemos sin embargo dejar de hacer algunas reflexiones, porque lo que acontece en el país vecino con este tráfico desmedido de armas que a veces es más fácil adquirir un arma de grueso calibre letal, que sólo sirve para matar personas y no para el deporte de la cacería, es más fácil adquirirla que una medicina sin receta médica.

Es decir, se ha llegado a este nivel de insensatez, a este nivel de proliferación de armas, y es que detrás de ello hay toda una industria armamentista, hay todo un grupo poderoso de cabilderos, de asociaciones y por eso vemos como hay armas regadas, de tal suerte que cada uno de los habitantes de aquél poderoso país tiene cuando menos en promedio un arma, según las estadísticas.

Pero aquí lo grave no solo es lo que pasa en el vecino país y que nos duele porque somos parte de una comunidad mundial, sino lo grave es que este tráfico de armas también invade a nuestro país y aquí cabe recordar esta operación que todavía está por dilucidarse completamente, como es la operación de Rápido y Furioso.

Por eso nosotros a la parte de solidarizarnos con el punto de acuerdo, no podemos dejar de llamar la atención que mientras siga habiendo este tráfico de armas, mientras se siga invadiendo a nuestro país con esta liberalidad que hay en las fronteras para que pasen y pasen miles y cientos de miles de armas, el combate al crimen organizado será simplemente un sueño o un ideal.

Por eso nosotros no podemos, como grupo parlamentario en esta Legislatura, dejar pasar esta oportunidad para hacer esta reflexión para que verdaderamente haya una lucha frontal contra esta industria armamentista. Ya en una columna, el prestigiado periodista Jorge Ramos se dolía de lo que pasaba y era muy escéptico en que pudiera haber un cambio; hacia una reflexión de los intereses creados que hay y traía a colación una reflexión de un representante de aquel país que decía que si aprobaban una reforma de esta envergadura seguramente ninguno de los que la aprobara volvería a ser titular en la próxima legislatura, y todos sabemos que hay reelección indefinida.

Por eso la reflexión de este comunicador iba en el sentido de que difícilmente se tocaría a esta industria tan pesada en términos económicos y en términos políticos. Por eso tenemos desde ésta tribuna, desde el Congreso mexicano que solidarizarnos con el presidente de aquel país, pero al mismo tiempo hacer la crítica de que esta liberalidad, esta industria armamentística está, no solamente destrozando los cimientos de la sociedad norteamericana, sino que está totalmente derruyendo a nuestro país.

Ya basta de simple y sencillamente hacer llamados. Basta ya de que en la lucha contra el narcotráfico simplemente signifique muerte y desolación en el país. Si no paramos el tráfico de armas, no vamos a lograr triunfar en esta batalla.

Por eso aprovechamos este punto de acuerdo para hacer esta reflexión y desde luego que nuestro voto va a ser a favor del punto de acuerdo. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, tiene el uso de la voz en pro, y en términos de lo enajenario cerramos la lista de oradores.

La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el 14 de diciembre sin duda alguna será recordado por el mundo entero como una fecha triste y llena de dolor. Tras darse a conocer este trágico suceso, líderes mundiales expresaron su dolor y solidaridad a quienes sobrevivieron al ataque, a los familiares de las víctimas y desde luego al gobierno del presidente Barack Obama.

Sentimientos que en este momento, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI hacemos propios y dirigimos al pueblo de los Estados Unidos de América, nación con la que nos unen intensos lazos de todo tipo y a la que manifestamos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.

No es éste –y hay que llamar la atención al respecto– el primer hecho de esta naturaleza que se presenta en aquella nación. A lo largo de los últimos años han ocurrido sucesos similares y los resultados lamentablemente también han sido dramáticos.

Estamos seguros de que la sociedad norteamericana encontrará la manera de evitar que tragedias como ésta vuelvan a suscitarse. Una vez más se demuestra que hechos como el ocurrido sirven también para que las personas saquen lo mejor de sí mismas.

Gracias a los relatos de los sobrevivientes nos hemos enterado de la forma en que algunas maestras de la escuela atacada se enfrentaron al atacante y pagaron con su vida el precio de proteger a sus alumnos. Para ellas y para sus seres queridos, también nuestra admiración y nuestro respeto.

Como consecuencia de la tragedia, evidentemente se ha intensificado el debate sobre el control de armas en la nación vecina. Hacemos votos porque los representantes populares del pueblo norteamericano encuentren fórmulas que permitan coexistir las prerrogativas consagradas en su Constitución, con el derecho de las personas a vivir en un ambiente de paz y en un ambiente desde luego de seguridad.

Un buen indicio sobre lo anterior, ha sido la preocupación expresada por el Presidente Obama para encontrar formas que permitan evitar la compra masiva de armas en su país, así como el programa de despistolización iniciado ayer por el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, programa que, por cierto en México, en varias ciudades, en varios estados se ha llevado también a cabo.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI queremos sumarnos a la propuesta que hizo la senadora Gabriela Cuevas no sólo en solidaridad con nuestros vecinos de Estados Unidos, yo diría también con un llamado de atención a la sociedad y a las autoridades mexicanas.

El incremento de la violencia está generalmente relacionado con el uso de armas. Lo ocurrido a mediados de diciembre en nuestro vecino país del norte debe ser un llamado de atención generalizado para lograr un control efectivo en el comercio de armas y su uso también en nuestro país.

Prevenir para no lamentar sucesos como las balas perdidas que en este país también ya han cobrado vidas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí, a ver si se aprueba.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquense. Honorable asamblea, a propuesta de doña Dolores Padierna, esta Presidencia hace una evocación de doña Emma Elena Val de la Mar, que fue una compositora muy apreciable, autora de grandes éxitos, que fueron cantados y popularizados por los artistas más apreciados de este país; las expresiones culturales finalmente, las populares, recogen la voz del pueblo y siéndolo inclusive laicamente. La voz del pueblo que finalmente es la voz de Dios.

Esta mujer apreciable dejó este mundo terrenal y hoy en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la sede de la representación popular de este México nuestro, la recordamos con afecto, con cariño y con consideración. Descanse en paz. Aquí están sus familiares y a ellos les mandamos un abrazo solidario y cariñoso. Muchas gracias por venir aquí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el megaproyecto comercial y de vivienda de origen chino, denominado Dragon Mark, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, suscrito por la diputada Graciela Saldaña Fraire y por el propio don Trinidad Secundino.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente, con su permiso y con el permiso de esta honorable asamblea.

A nombre de la diputada Graciela Saldaña Fraire y el mío propio, agradezco las firmas de diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Verde Ecologista, también las inscripciones de Movimiento Ciudadano y del PT, y en especial a todos nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del PRD. También agradecemos la participación intensa que ha tenido el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, diversos empresarios de Cancún y los medios de comunicación por hacer de este problema tan conocido ya en el país y por supuesto, también controvertido.

La primera pregunta que nos aparece es ¿por qué se están permitiendo, por qué se le está dando un cierto realce a la construcción de este Dragon Mark en Cancún? si no va a generar un solo empleo, si la inversión que se va a desarrollar es meramente comercial y por lo tanto es una inversión que sería sólo en beneficio de extranjeros, con impactos ambientales que en verdad todos los ecologistas, no sólo de la península, sino del país, se han manifestado en contra porque además está en un área protegida porque a final de cuentas, como en muchos casos de concesiones que se han hecho a las minas, sólo lo que van a generar va a ser un gran deterioro ambiental sin ningún empleo, sin ningún beneficio para el país, y la pregunta entonces que se hace es ¿por qué se está permitiendo que este mega centro comercial se pueda instalar en nuestro precioso Cancún?

Sería un tanto ocioso porque, incluso, en cuestiones que han hecho en clave, que han hecho pie de playa en nuestro país como fueron las maquiladoras en los años sesentas y setentas en la frontera norte del país, se exigieron muchos mejores condiciones. No podía, por ejemplo, tener o traer los trabajadores de base. Tenían muchas restricciones para empleados de confianza.

Aquí no. Aquí hasta se van a hacer construcciones. Está un plan de vivienda en dos etapas donde van a traer a todos los extranjeros –en este caso chinos- para que habiten y operen el centro comercial.

Entonces, no sé por qué aquí no se ponen restricciones de ningún tipo ni de carácter ambiental y las licitaciones siguen su curso. Afortunadamente con una denodada negativa del presidente municipal, porque efectivamente no le traerá beneficio ni a Cancún ni a los mexicanos ni al turismo.

Además, todos conocemos las prácticas comerciales que han venido desarrollando estos extranjeros que hoy se pretenden poner en el país. Unas prácticas comerciales que ponen en desventaja a cualquier empresario mexicano, comenzando por el uso de los empleos de la mano de obra donde es sumamente barata y entonces les permite tener precios por demás, por debajo del mercado nacional, y con ello el deterioro de todas las cadenas productivas que se han venido creando en el mismo puerto porque hoy es el principal destino turístico del país, y se han creado alrededor de este turismo un conjunto de cadenas productivas y comerciales que a quien a final de cuentas van a afectar con una práctica desleal comercial, los van a afectar enormemente porque no podrían nuestros empresarios mexicanos, cumpliendo con las normas, no podrían competir con esta situación comercial que hoy tienen los chinos.

Entonces, por todo este conjunto de prácticas, de problemas que nos generaría, los conmino enviar desde esta soberanía una manifestación de apoyo con su voto favorable a aquellos inversionistas que sí cumplen con la ley, y hacia aquellos empresarios que sin coludirse con la autoridad compiten lealmente y general con mucho esfuerzo empleos en Quintana Roo y en todo el país.

Con su voto favorable, estamos también enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a aquellos ciudadanos de Cancún y de Quintana Roo que luchan por conservar los recursos naturales de su región.

Por tanto, y por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo:

Primero. Exhortamos respetuosamente al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a no expedir el permiso de construcción del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart, Cancún y Obras Asociadas, hasta que el mismo cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Benito Juárez.

Segundo. Exhortamos respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo para considerar promover juicio de lesivilidad para revertir las irregularidades del resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental del proyecto construcción y operación del centro comercial Dragon Mark Cancún y obras asociadas.

Tercero. Exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a no procesar solicitud alguna respecto al cambio de uso de suelo y evaluación de impacto ambiental relacionados con el proyecto construcción y operación del centro comercial Dragon Mark Cancún y obras asociadas.

Planteo, compañero presidente, que pudiera ser incluido el texto en el Diario de los Debates y me reciba por favor las firmas de apoyo que ha tenido este punto de acuerdo. A la asamblea le solicito su apoyo para que pueda pasar como punto de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro. Se pide a la secretaría recabar las firmas de apoyo que el señor diputado hace llegar a esta mesa directiva.

En términos del 59, pregunte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato.

El secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Comisión de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente le solicitaría que se repita la votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a repetir la votación. Esta presidencia les recuerda que son dos terceras partes. Para que a todo mundo le quede claro, vamos a utilizar ponerse de pie en cada uno de los dos sentidos, más que levantar la mano. Se está votando la urgente y obvia resolución. Si se considera de urgente resolución es lo que sometería a la consideración de la asamblea en este momento. Por favor repita la votación.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Comisión de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a consideración del pleno y tiene el uso de la voz doña Judith Guerrero, en contra. Luego viene don Juan Carlos Romero Hicks en pro y Silvano Blanco de Aquino, en pro. ¿Doña Judit no viene? Luego entonces, don Juan Carlos Romero Hicks, en pro de la propuesta que presentó don Trinidad Secundino.

El senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos legisladores, la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es a favor del Estado de derecho. Hoy vivimos un mundo que tiene, entre otras, tres constantes: la competencia, la incertidumbre y el cambio.

Y si bien es muy importante promover la fracción de inversiones, el desarrollo sustentable tiene que tener un equilibrio de tres variables, primero la económica, segundo la social, y tercero la correspondiente al medio ambiente.

Esta preocupación manifestada por promoventes basta para que nosotros tengamos solidaridad y hacer un exhorto para verificar, primero, si se han cumplido los requisitos de permisos de uso de suelo y los permisos de carácter municipal; segundo, si la autoridad estatal también ha hecho lo propio; y tercero, para que la autoridad federal, particularmente a partir de la Secretaría de Economía, vea las prácticas comerciales y haga las verificaciones correspondientes, así como también el Instituto Nacional de Migración en lo que competería posteriormente, en su caso, al asunto del estatus migratorio de todos los trabajadores.

Este caso puede verse en un contexto de cualquier otra inversión, no es solamente el caso en particular. Nuestra opinión es que la verificación debe hacerse en todos los casos. Cuentas claras amistades largas. Es todo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues muy bien. Ahora, don Silvano Blanco Deaquino, también en pro.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las senadoras, senadores, diputadas y diputados. En este sentido, queremos decir nosotros, con mucha puntualidad, que es muy recurrente en los estados de la república el hecho que por una serie de situaciones totalmente irregulares se permita que proyectos de este tipo inicien sin tener los permisos correspondientes.

Y bueno, comentarles que no estamos, por supuesto, en contra de la inversión extranjera, pero sí estamos en contra de las situaciones irregulares que se presentan de manera cotidiana en distintos estados de la república, y de manera muy concreta ahí en Quintana Roo.

Este gobernador Roberto Borge Marín se ha preocupado más por tratar de aplastar políticamente a quienes no coinciden con él, y de manera concreta referirme ahí a quien fue electa alcaldesa de Tulúm, a quien la hizo renunciar presionándola para que firmara algún documento y quien sin haber concluido su juicio de procedencia en el Congreso del estado, pues la mandó detener y la tiene en la cárcel.

Es decir, este gobernador, digo, y no es el único caso, está también agrediendo a otras alcaldesas y otros alcaldes en Quintana Roo, simple y sencillamente porque no comulgan con sus ideas políticas y porque tiene una idea errónea de cómo se debe gobernar un estado. Pero debería estarse preocupando, precisamente, por lo negativo que puede tener una inversión de este tipo para el impacto ambiental de su estado, Quintana Roo.

Y les comento esto porque Semarnat, en fecha 19 de diciembre del 2012, contesta de manera oficial que esta dependencia federal no ha otorgado ningún permiso para este proyecto en el estado de Quintana Roo. Y refiere que el único permiso que existe es otorgado por el gobierno del estado.

Es decir, es algo totalmente irregular que una empresa empiece a devastar, empiece a impactar negativamente el medio ambiente en Quintana Roo, que ya de por sí se duele durante muchos años que se ha impactado el medio ambiente, los manglares y todo eso, y bueno, sin tener los permisos correspondientes a nivel municipal y a nivel federal, solamente con el aval del gobierno del estado, esté devastando este proyecto, esa zona en el municipio de Benito Juárez.

Por tanto, aquí hacemos una invitación para que se mantenga el Estado de derecho, para que este proyecto se pare de manera inmediata, hasta que no tenga todos los permisos correspondientes.

Ésa sería la invitación que haríamos nosotros y yo estoy convencido de que todas y todos estamos con el ánimo, efectivamente, que se respete el Estado de derecho en nuestro país y que vamos a votar a favor en este sentido.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Silvano. Doña Judit va a presentar, del Partido Verde Ecologista, doña Judit Guerrero va a presentar una propuesta. Y esta Presidencia le da el uso de la voz. Es por ello que no anuncio si es en pro o en contra. Va a presentar una propuesta.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Efectivamente, señor presidente. Con su venia, señoras y señores legisladores, el Partido Verde será el primero en señalar aquellas violaciones en materia ambiental que pudieran realizarse en el territorio nacional.

Para no prejuzgar, para no fincar en este momento un tema tan determinante, sin la información correspondiente, le solicitamos atentamente que se restituyan los resolutivos por un único y que para ello se turne a la Tercera Comisión de esta Honorable Comisión Permanente, creando un grupo que analice la viabilidad del proyecto. Ésa es nuestra propuesta puntual, señor presidente, que le rogamos ponga a consideración.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene la obligación de someter a la consideración del pleno la propuesta de la diputada, que eventualmente puede permitir que la asamblea se pronuncie en su momento. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se turna a la Tercera Comisión.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea...

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Don Francisco Domínguez, ¿con qué objeto?

El Senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Por hechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdón? Por hechos. Pero estamos votando esto.

El Senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): No había sometido todavía a votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdón? ¿Quiere usted hablar por hechos que se desprenden de la intervención de la diputada Judit? Tiene usted el uso de la voz.

El senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, presidente. Más que esta soberanía pedirle al gobierno del estado y al gobierno municipal si tiene viabilidad este proyecto, como lo expone aquí nuestra compañera diputada, creo que más bien esta soberanía debe pedirle a las autoridades federales, estatales y municipales que nos expliquen si tienen los permisos que cualquier inversionista mexicano u extranjero deba tener y cumplir para generar cualquier inversión.

Y me voy a referir al tipo comercial, tiene que tener un impacto ambiental, tiene que tener un cambio de uso de suelo para dicho centro comercial y tiene que tener un permiso de giro comercial para la creación de esta plaza.

Creo que mientras no nos den o nos informen más bien a esta soberanía si cumple con todos los permisos, si los cumple, habrá que ver quién se los otorgó y de qué forma se otorgaron. Y si no los cumple pues aunque los tuviera no puede hacer ninguna construcción.

Entonces, más bien que nos informen, presidente, para no meter a lo que este país necesita, inversión y empleo, siempre y cuando se salvaguarden los permisos que cualquier inversionista mexicano o extranjero pueda hacer en ese país y en este estado tan bello, que es Quintana Roo. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Así las cosas. Vamos a continuar con la votación que habíamos iniciado. Entonces, se ruega a la Secretaría que pregunte a la asamblea si se turna a la Tercera Comisión como está pidiendo la diputada Judit Guerrero.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se turna a la Tercera Comisión de esta Permanente. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Tercera Comisión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, de MC, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar la educación que imparte el Estado gratuita y que no esté condicionada a pago de cuotas escolares.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presiente. El presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que planteamos tiene por objeto fortalecer mediante un exhorto a la Secretaría de Educación Pública federal y a las Secretarías de Educación Pública en los estados para que se acentúe el mandato constitucional de la gratuidad de la educación que imparte el Estado.

Nosotros hemos venido advirtiendo que a raíz de la reforma educativa que se votó recientemente en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y que fue turnada a los estados de la república para que las legislaturas locales, como parte del Constituyente Permanente, tuviesen a bien aprobarlas o rechazarlas.

Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo al artículo transitorio quinto, en su fracción III, en el inciso A, que nosotros consideramos que al hablar de autonomía de gestión, al hablar de compra de materiales, al hablar de mejorar infraestructura, involucrando para tal efecto a los padres de familia, pues no es otra cosa que abrir la puerta a las cuotas escolares; es decir, bajo este transitorio que nosotros denunciamos, que subrepticiamente en el cuerpo de la reforma ahí perdido estaba este transitorio, pero ustedes saben, y es con ceja popular, que en los detalles se esconde el diablo. Nosotros advertimos de esto y sin embargo fue aprobado en ambas Cámaras.

Nosotros creemos que hay un riesgo latente, no a que se deje de cobrar porque esta práctica inconstitucional se ha venido generalizando en el país, pero al generar una vía constitucional, bien sea por un transitorio, pues este proceso se va a venir acelerando y va a entrar en contradicción con lo que establece el mismo artículo 3o. constitucional, en su fracción IV, que dice que toda educación que imparta el Estado deberá ser gratuita.

Nosotros vemos que ya es una práctica común, que con el pretexto de materiales, mejorar infraestructura, hacer festejos del maestro o de diferente índole se les pasa la charola a los padres de familia, se hace la coperacha para decirlo en términos coloquiales y esto implica una erogación para las de por sí familias mexicanas que viven tiempos difíciles.

Aquí además, de manera totalmente ilegal, se les exhibe públicamente a los padres de familia o alumnos que no cubren e incluso se les niega el acceso a los salones de clases. Esta práctica se ha extendido y nosotros creemos que con este transitorio nada más vamos a estarla legalizando y por eso nosotros estuvimos en contra y estamos en contra.

Hemos denunciado también la contradicción de algunos actores políticos que con la bandera de No a las cuotas escolares hicieron campañas multimillonarias por todo el país haciendo un llamado a que se pararan este pago de cuotas. No es el interés ahorita polemizar; creo que ya ha habido un debate importante ahí con los compañeros del Partido Verde, para decirlo con franqueza; pero lo que nos parece importante es que haya una exhortación de esta Comisión Permanente a estos órganos rectores de la educación pública en el país para que se pare esta práctica ilegal de cobrar cuotas, haciendo nugatorio el derecho constitucional a la gratuidad de la educación.

Por esas razones lo que estamos planteando, como punto de acuerdo, sería un punto de acuerdo único que a la letra diría: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretarías de Educación Pública Federal y estatales a garantizar que la educación que imparta el Estado sea gratuita y no esté condicionado al pago de cuotas escolares. Hasta aquí cerraría el texto del punto de acuerdo, nos parece que si hay voluntad política para consolidar el tema de la gratuidad, porque muchos decían en el debate que dónde veíamos el tema de las cuotas y nosotros sí vemos este riesgo grave.

Nosotros creemos que la Comisión Permanente hará una contribución para frenar esta práctica ilegal que se da en las escuelas de carácter público. Esto es, insisto, para las escuelas de carácter público. Las escuelas privadas tienen su propia normatividad; pero nos parece grave que se niegue a los educandos de educación por este tipo de cuotas.

Concluyo, presidente. Entiendo que la gratuidad de la educación no solamente es los maestros y las aulas, es toda la infraestructura. Es decir, es facilitar la posibilidad de que efectivamente tengan acceso al conocimiento y que o tengan desventajas, porque hemos visto cómo en muchos lugares no hay condiciones para que los alumnos puedan recibir conocimientos. En los lugares calurosos, extremosos, evidentemente no hay ventilación y en los lugares fríos, en el norte del país particularmente, no hay calefacción.

Entonces los mínimos necesarios con infraestructura y materiales, pero no a cargo de los padres de familia. Ésa es nuestra posición. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea, en términos del 59, si se admite como de urgente resolución.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz don Juan Carlos Romero Hicks, porque se inscribe en contra. Luego a favor viene María de las Nieves y Judith Guerrero.

El senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores. La razón por la que no coincidimos es porque están leyendo de manera diferente el texto, tanto del Pacto por México como del artículo quinto transitorio A.

El pacto que firmó el señor presidente de la República con el PAN, el PRI y el PRD, señala lo siguiente

Se fortalecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrente.

El Pacto por México tiene ocho compromisos educativos del número 7 al número 15 y éste es el número noveno. En todos los estudios internacionales educativos que se han hecho, la calidad educativa depende fundamentalmente de cuatro variables.

Primero. Docentes de calidad; y para eso iniciamos la reforma constitucional.

Segundo. El tener un mejor currículum y estructura.

Tercero. Mejoras a escuelas y directores; y

Cuarto. Un mejor mecanismo de evaluación. Y éste es lo que discutimos recientemente en la propia reforma constitucional.

Desde el punto de vista del alcance del Pacto y el artículo quinto transitorio, no es el incremento de las cuotas, y no lo es porque ya hay un principio constitucional de gratuidad de educación básica, porque las cuotas deben de ser voluntarias y la autonomía de gestión corresponde estrictamente a otro sentido, a que la escuela profesionalice los cargos directivos, y eso tiene que ver con algo muy importante de que sea precisamente la recuperación del Estado en la dirección de las escuelas, para que pueda nombrar sus directores y evaluarlos de una manera más directa, sin tanta intervención del sindicato.

En los propios estudios internacionales, cuando hay éxito en el cambio de la calidad, es cuando se centra el trabajo en la escuela y se hace esto como una auténtica comunidad educativa para priorizar, contratar y apoyar a los mejores docentes y a los mejores directores de escuelas. Y los avances rápidos por supuesto que nunca vana exceder la calidad de los docentes y también lo que tenemos que hacer es reforzar la autonomía escolar. Eso significa profesionalizar la formación y asignación de plazas de directores y definir una dirección escolar más eficaz.

Ya en ley reglamentaria veremos detalles. El principio constitucional es muy claro, hay la obligatoriedad, luego entonces, con todo respeto, el contexto de la interpretación de los promoventes es inexacto, no es para promover las cuotas, no es para suplir la responsabilidad del Estado mexicano de tener buenos profesiones, buena infraestructura y buena atención al medio educativo, es para complementar para que tengamos mejores directores que puedan hacer una gestión inmediata con su comunidad para poder tener mejores condiciones. Este es el alcance del quinto transitorio y con todo respeto, no es lo que el promovente está solicitando. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María de las Nieves, tiene usted el uso de la voz.

La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, el diagnostico presentado en la proposición a a discusión es en parte acertado.

La educación pública es un derecho fundamental, es definida en nuestra Constitución como laica, gratuita y obligatoria, es motor de desarrollo y crecimiento de una sociedad y tiene un carácter estratégico para el futuro de nuestro país.

Es insoslayable, la educación en México se ha estancado en políticas ineficaces e indolentes frente a la calidad de la educación y a los rasgos distintivos y característicos de cada región, localidad y plantel educativo, ignorando las necesidades de infraestructura y materiales didácticos requeridos en cada escuela.

El PRI está de acuerdo con el diagnóstico en comento, es innegable. La educación de calidad des una meta a la que se aspira y es necesario replantear la política educativa de gobiernos anteriores.

En razón de lo expuesto es que el presidente Enrique Peña Nieto durante su candidatura estableció como compromisos de campaña alcanzar la escuela digna, que trata de que todos los planteles educativos cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura y en sus instalaciones que le doten de dignidad, sobre todo en las comunidades de más escasos recursos y mayor rezago, y éste como uno de los compromisos que asume el Estado mexicano.

Asimismo, se habló de las escuelas como centro de la transformación educativa tras las recomendaciones de expertos en la materia a México para fortalecer la autonomía de gestión y el financiamiento de las mismas.

Las comunidades educativas deben tener mayor autonomía para que siguiendo estándares nacionales de calidad tengan facultades y recursos para tomar decisiones cotidianas y concretar acciones que tengan gran impacto en el rendimiento educativo de cada uno de los estudiantes.

La gratuidad de la educación con la que el PRI mantiene un irrestricto y permanente compromiso sigue estando considerada por la fracción IV del artículo 3o. constitucional que a la letra establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita y no se contraviene en ningún momento por la reforma educativa. Que quede claro lo que se busca en el Quinto Transitorio, fracción III, inciso a), es involucrar a alumnos, padres y maestros en los procesos de fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas.

Esto significa que deben ser tomados en cuenta para saber qué tipo de organización es la más conveniente, cuáles son las necesidades más apremiantes y cuál es el camino más efectivo para resolverlas.

Estamos de acuerdo en la premisa de que en ningún momento se debe de condicionar la educación ni la permanencia de los estudiantes al pago de cuota alguna, y por lo mismo, vamos con el resolutivo, pero estamos en contra de las consideraciones por dos razones:

Primera, porque estamos seguros que no es necesario reiterar algo ya consagrado por la fracción IV, del artículo 3o. constitucional, y con la cual estamos totalmente de acuerdo.

Y, segundo, la interpretación que se hace del artículo Quinto Transitorio, fracción III, inciso a) es errónea, el objetivo que busca no es la privatización de la educación pública, sino el fortalecimiento de la organización social de la educación, que son las escuelas. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Judith.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde curul): Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo. Don Fernando Rodríguez Doval me está pidiendo para rectificación de hechos. ¿Le parece primera doña Judith y vamos a cerrar con usted? ¿Le parece? Y luego preguntamos si está suficientemente discutido. Doña Judith, tiene el uso de la voz.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Gracias, señor presidente. Con su venia, señoras y señores legisladores, quienes ocupamos por primera vez esta tribuna tenemos la ilusión de que podamos coincidir en aquello que es bueno para México, para los mexicanos, sin necesidad de desvirtuarlo por los intereses político-partidistas.

Celebramos el hecho de pertenecer a esta legislatura en la que hemos logrado identificar un tema que es apremiante para todos los mexicanos, y le hemos podido dar la celeridad que desde luego éste merece, el tema de la reforma educativa. Coincidimos en gran parte con la propuesta presentada por el diputado Ricardo Mejía.

Sin lugar a dudas, como ha sido nuestra postura desde hace varios años, nos encontramos completamente en contra de que el acceso a la educación en nuestro país sea condicionado al pago de cuotas escolares. Tan es así, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el mes de marzo pasado presentó la modificación al Código Penal Federal tipificando como delito el condicionamiento de la prestación de la educación a cambio de alguna cuota, propina o dádiva. De esto se derivó que el Partido Verde en el estado de Zacatecas, la misma iniciativa fue presentada y ya fue aprobada.

Derivado de la pasada reforma educativa y de los señalamientos a la supuesta legalización del cobro de cuotas, queremos desmentir esta visión, desde luego errada con relación a la interpretación al artículo Quinto Transitorio de la reforma al artículo 3o. constitucional. Es falso que en cualquier parte de la redacción de este artículo se hable de las contribuciones que habrán de hacer los padres. Es absolutamente falso que vaya a haber en el futuro el cobro de cuotas para ingresar a las escuelas o para mantenerse en ellas.

Desde luego que a la luz de la fracción IV del artículo 3o constitucional, se mantiene la gratuidad en la impartición escolar.

El artículo cinco transitorio no contiene sino la inclusión de los padres, de los alumnos y de los directivos, lo que derivará en autonomía en la gestión de las escuelas. Es necesario que en el futuro los padres intervengan en la educación de sus hijos y logren, mediante la identificación de sus potencialidades, mejorar su calidad educativa.

La OCDE ha calificado como alianzas sociales eficaces la participación de los padres de familia en los planteles educativos y por ende en la educación de sus hijos. Es falsa, por consiguiente, la interpretación que se le da al vocablo participación, el cual debe entenderse como una intervención o como una coordinación de los padres de familia en las actividades que a ellos les interesan y que tienen que ver con la educación, con la capacitación de sus hijos para el futuro y que no haya de cobrárseles un centavo por la misma.

Nos mantenemos con la gratuidad de la educación y desde luego reprobamos cualquier interpretación del artículo quinto transitorio que con este carácter obtuso insiste en darle calidad de contribución, que desde luego no le corresponde, y en cualquier ejercicio de interpretación jurídica futura que jamás podría tener cabida.

El Partido Verde seguirá trabajando a nivel local y a nivel federal para erradicar el cobro de cuotas que condicionen la educación. 30 años en el servicio educativo nos dan cierta autoridad para hablar de este tema. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Fernando Rodríguez Doval tiene el uso de la voz, en términos del 102, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, diputado presidente. Nada más aclarar que el Partido Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo ya con la aclaración que hace unos minutos dio el senador Juan Carlos Romero en el sentido de que todo este debate que se ha venido manejando en las últimas semanas, en los últimos días a propósito de la aprobación aquí en el Congreso de la Unión a la reforma al artículo 3o constitucional es un debate bastante tramposo, es un debate falso porque realmente no hay ninguna intencionalidad de cobrar cuotas escolares.

La gratuidad de la educación, como ya se ha dicho hasta el cansancio, está garantizada en la Constitución. Una vez que se ha hecho esta aclaración, dado que el resolutivo del punto de acuerdo únicamente enfatiza la necesidad de exhortar a la Secretaría de Educación Pública federal y a las secretarías de educación pública de los estados para hacer un esfuerzo adicional, por si lo podemos llamar de alguna manera, para que esa educación sea gratuita, en ese sentido por supuesto nos sumamos a este punto de acuerdo.

Pero sí queríamos aclarar que ha sido bastante falsa y tramposa esta argumentación que se ha manejado en las últimas semanas. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, el senador Fidel Demédicis.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias. Con su venia, compañero presidente. Compañeros diputados, compañeras y compañeros senadores: en mi calidad de miembro de la Comisión de Educación del Senado de la república y en mi calidad de educador, este tema por supuesto, que ha generado situaciones muy complicadas para la educación pública de México.

Es una realidad concreta que viven en las escuelas públicas del país, en donde el Estado se ha desatendido de erogar las cantidades económicas suficientes para que las escuelas públicas tengan mantenimiento, tengan material didáctico los profesores, tengan las condiciones adecuadas para que puedan operar y obtener la educación de calidad que hemos planteado en la reforma del artículo 3o. constitucional, el cual aprobamos en lo general y el cual en especial el PRD se opone al tema de la autogestión, en los términos planteados.

Y difiero aquí mucho de mi presidente de la Comisión de Educación, el senador Hicks, porque es cierto que se plantea que la autogestión se da ante los gobiernos municipales, estatales y ante el federal, sin embargo, no se puntualiza. No es lo mismo, con todo respeto, que estén los directores mendingando presupuesto, yendo con el gobernador y decirle: oiga, mi escuela se está cayendo. Requiero a que de manera muy puntual se asigne una cantidad concreta para el mantenimiento y la conservación de las escuelas.

Pongo el caso de Morelos. En Morelos aprobamos la Ley en contra de las Cuotas Escolares, en el Congreso local. Y en el presupuesto del estado se asignaron 62 millones de pesos para este rubro concreto, es decir, 190 pesos por cada niño, multiplicado por 320 mil niños que tiene el sistema educativo morelense nos da 62 millones de pesos exclusivamente para el rubro de mantenimiento y compra de material didáctico de las escuelas. Ésas son cuestiones muy concretas y sí se erradican las cuotas escolares desde esa perspectiva.

Mientras en el presupuesto de la federación no se asigne de manera puntual, concreta, un rubro que diga: esta cantidad está etiquetada para corregir los problemas de mantenimiento y de material didáctico en las escuelas. Compañeros, serán buenos deseos. Contribuimos, le entramos con decisión, pero sí es importante que clarifiquemos esta situación, para que el pueblo de México no se confunda.

Allá, en la sociedad están con la ilusión de que el artículo 3o., en especial el transitorio del que se está hablando de la autonomía de gestión, va a venir a resolver el problema de las cuotas escolares, que ya no se van a pedir, y por fin el 3o. constitucional cumplirá con el espíritu que está planteado ahí de la gratuidad de la educación pública en México. Sigue siendo una falacia, con todo respeto.

Y sí es importante que el planteamiento de que se especifique con claridad, va a ayudar mucho y va a ayudar más si la Cámara de Diputados, en el presupuesto del 2014, y ojalá se pudieran hacer reasignaciones en el presupuesto 2013, se diga: para mantenimiento y para material didáctico de las escuelas públicas del país se asigna una cantidad concreta. Lo que sea, pero que ya se vea reflejado en el presupuesto, para que no anden mendingando los directores, los padres de familia y los maestros de México ante los gobernantes. Por su atención, muchas gracias. A favor del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el propio don Fidel Demédicis, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos a dar cumplimiento a los plazos constitucionales y disposiciones normativas aplicables, en la elaboración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para la Entidad.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero presidente. Honorable asamblea, el suscrito senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se conmina a la LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos a dar debido cumplimiento a las disposiciones constitucionales y normativas durante el proceso legislativo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el estado de Morelos. Y en su caso, a corregir las deficiencias y excesos cometidos.

El estado de Morelos se erige el 17 de abril de 1869 mediante el decreto que dictó el presidente Benito Juárez García a partir de una porción geográfica del estado de México, y desde entonces, esta entidad federativa ha sido fiel testigo de épocas de luces y de sombras en sus instituciones.

En la actualidad, la renovación de poderes a partir de los procesos electorales constitucionales, fue concurrentemente en julio, en este año 2012, por el cual a partir del 1 de septiembre se renovó el Poder Legislativo, el 1 de octubre el Poder Ejecutivo y será el 30 de diciembre que se renovarán los 33 ayuntamientos de la entidad.

Ante esta circunstancia los plazos constitucionales locales en materia de la emisión de leyes relativas a los ingresos y presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal obedecen a una ratio legis que permite coordinar las acciones de los diversos actores, a fin de tener instrumentos precisos, con tiempos adecuados para las proyecciones financieras de cada entidad, particularmente, cuando se trata de municipios que inician funciones en su primer año de ejercicio constitucional.

Ante este escenario, cada autoridad constitucional está compelida a generar actividades específicas para que dichas normas sean eficaces y eficientes, con el margen de tiempo y maniobra suficiente para atender la aplicación de su presupuesto, ejercer las actividades a desarrollar y los programas a implementar, incluso, a partir de las prioridades sociales y económicas de cada localidad, atendiendo a la problemática, diversidad y singularidad que vive en específico cada ayuntamiento.

En este sentido, la Constitución del estado de Morelos, en el artículo 32, segundo párrafo, en la parte conducente, establece que cuando el gobernador inicie su encargo entregará una iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del gobierno del estado a más tardar el 15 de noviembre de este año, teniendo la obligación el Congreso del estado de aprobarla a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

En el debido respeto republicano de la sana división de poderes, entendemos que la LII Legislatura del Congreso de Morelos, al sesionar el día 15 de diciembre del 2012 y no culminar su sesión sino hasta el 20 del mismo mes y año y mandar a publicación los decretos hasta el 25 de diciembre, violenta el marco constitucional y normativo institucional, con lo cual afecta de manera irreparable el proceso legislativo de las instituciones encargadas de los trabajos financieros y por supuesto al Estado de derecho, que –por una entidad, como el estado de Morelos– implica lesionar aún más la ya mermada confianza de los gobernados en las instituciones.

Nos extraña y nos preocupa la actuación del Congreso del estado de Morelos, que ha emitido el decreto número 216 por el que aprueba el Presupuesto de Egresos para el gobierno del estado, para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; y que mediante el decreto número 264, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del estado de Morelos, del Código Fiscal para el estado de Morales, y de la Ley de Coordinación Hacendaria del estado, haya aplicado de manera retroactiva disposiciones fiscales a un presupuesto aprobado anteriormente, por el cual se afecta el porcentaje de participaciones a los municipios de este estado.

Es decir, conforme al artículo primero transitorio del decreto que modifica la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Morelos, el Congreso del estado modifica el artículo 6, donde de manera inverosímil baja el monto de participaciones a los municipios a su piso más bajo, del 25 al 20 por ciento, cuando la tendencia es que se incremente ese porcentaje conforme a las posibilidades financieras de cada entidad.

Y ese artículo que hoy se reformó se aplicó en el decreto 216, que aprueba el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, de manera completamente lesiva a los programas sociales de la problemática económica grave que circunda los municipios del estado de Morelos.

Por todo lo anterior expuesto solicitamos de urgente u obvia resolución la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos a dar debido cumplimiento en lo sucesivo a los plazos constitucionales y exposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado de Morelos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte, en términos del 59, señor secretario, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que no hay oradores pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Silvano Blanco Deaquino, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. Como ustedes saben, se dio un intenso debate en la Cámara de Diputados en torno a la reforma laboral, y bueno nosotros queremos señalar que el pasado 30 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, con excepción de los artículos 388 Bis y 390 cuya discusión y aprobación fue diferida en los términos del artículo 72, inciso E de la Constitución.

La inconformidad contra esta reforma laboral comprende amplios sectores de la sociedad, trabajadoras y trabajadores y sus sindicatos, especialistas, organizaciones de abogados, estudiantes, entre otros.

Y bien, el punto de acuerdo que hoy presento tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral de cita, por su carácter violatorio a los derechos humanos laborales, haciendo realidad el papel de la acción inconstitucional como medio fundamental de control constitucional.

La decisión de la Suprema Corte en la materia restablecerá la justicia social, el estado de derecho y el equilibrio entre Poderes como base esencial de la democracia. La competencia en la materia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deviene de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, contra leyes de carácter federal que vulnere los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Al propio tiempo esta reforma reconoce plenamente los derechos laborales en su calidad de derechos humanos. El podrán ejercitar, con que abre el artículo 105 constitucional, para enlistar a los sujetos legitimados para hacer valer las acciones de inconstitucionalidad no refiere un derecho subjetivo, propio de los particulares que según a su arbitrio ejercen o no, sino precisa una facultad referida a diversas autoridades que están obligadas a ejercer cuando se agrede la normatividad constitucional y en el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se desconocen los derechos humanos en este caso laborales.

La reforma laboral viola la Constitución y concretamente los derechos humanos de las y los trabajadores mexicanos; si tomamos en cuenta que se aplicó la vía parlamentaria preferente sin que se hubiera elaborado la reglamentación exigida para su aplicación por el artículo segundo transitorio del decreto de 9 de agosto de 2012.

También se falta a lo previsto en el artículo 71 constitucional, ya que prácticamente todo el contenido de esta reforma implica la modificación de un precepto constitucional como lo es el artículo 123 de nuestra Carta Magna. Siendo que el uso de la vía preferente fue fundamental para que se aprobara la reforma de cita.

Se opone al artículo 1o. constitucional desde el momento en que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión incumplieron su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; rompieron con los principios de universalidad, interdependencia y divisibilidad y progresividad al establecer una legislación eminentemente discriminatoria en agresión de los derechos humanos de los trabajadores, especialmente tratándose del trabajo de las niñas y niños; jóvenes, mujeres, discapacitados, migrantes; trabajadores domésticos y trabajadores del campo.

En el artículo 175 Bis se niega la calidad de trabajo al servicio que presten las niñas y los niños menores de 14 años en los ámbitos del arte, la ciencia, el deporte y cualquier otro talento.

En consecuencia de lo anterior, estos menores no tendrán derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social; sobre todo quedarán fuera de la inspección del trabajo. Es decir, son reducidos a objetos mediante un acuerdo privado entre el solicitante y los padres o quienes ejerzan la patria potestad.

En se sentido, señor presidente, quisiera que se integrara de manera completa este exhorto.

Nosotros consideramos que a final de cuentas si realmente queremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –no nosotros, sino el máximo órgano de justicia de nuestro país- pueda decir si efectivamente esta reforma viola los derechos humanos de los trabajadores, de los niños, de las niñas y que es una obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacerlo. El término vence precisamente el día 30 de diciembre, por eso la urgencia.

Valdría la pena que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, a final de cuentas, determinara si la comisión nacional decide ejercer ese derecho que tiene e interponer ese recurso de inconstitucionalidad, porque esto daría pie a que bueno, fuera un órgano distinto, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinara si se violentaron los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, sí o no.

Por eso, en este ámbito de armonía y tranquilidad que ha privado en esta primera sesión de la Comisión Permanente, yo apelo a esa sensibilidad de todos ustedes. No nos quita nada, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el sentido del cual hacerle este exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda presentar este recurso jurídico. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro y pregunte, en términos del 59, la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión. Se recibió de don Ricardo Monreal, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, mismo que se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

También se recibió del Partido de la Revolución Democrática un punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables tales como la diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad en el país, suscrito por don Trinidad secundado y Antonio Sansores Sastré, mismo que se turna a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, para su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz ya en el último capítulo, en el de Agenda Política, nuestra muy apreciable compañera Dolores Padierna Luna; son dos cosas las que presenta doña Dolores: una, proposición con punto de acuerdo para dar cabal cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, mismo que se turna a la Primera Comisión y ella misma tiene el uso de la voz, pero ya en Agenda Política, para hacer comentarios respecto al llamado de los zapatistas al Estado mexicano. Sólo habla en Agenda Política y tiene el uso de la voz, tiene derecho y esta presidencia se lo concede.

La senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente de la Comisión Permanente, Francisco Arroyo Vieyra, legisladoras, legisladores, como nos enteramos todos a través de los medios de comunicación, el pasado 21 de diciembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó machas en cinco ciudades de Chiapas.

La magnitud de esa movilización es una señala de fuerza, una fuerza que ha crecido desde su irrupción hace ya 18 años; una fuerza que se ha desestimado pero que es reconocida incluso internacionalmente.

Muchas cosas han pasado desde aquel diciembre de 2004 durante el último gobierno del PRI, antes de la alternancia y ésta reaparición en diciembre de 2012, a menos de un mes de haber regresado el PRI al gobierno federal.

El Movimiento Zapatista debe entenderse como el reinicio de su actuación política pública, su reinserción en el debate nacional y una crítica implícita al sistema político mexicano en su conjunto.

Desde que surgió el conflicto en Chiapas, en la Primera Declaración de la Selva, se demandó un ya basta contra la explotación y la pobreza.

A casi dos décadas la situación del sector de la población sigue siendo lamentable. Los indígenas de México continúan siendo los eternos olvidados, los pobres de los pobres; los por siempre marginados del país.

El comunicado del subcomandante Marcos, en el que se pregunta ¿escucharon? Tiene un gran significado. Marcharon en silencio para poder ser escuchados; se cubrieron el rostro para poder ser vistos; marcharon pacíficamente con mucha dignidad y disciplina.

Su comunicado va dirigido a quien corresponda y nos corresponde atender el tema dado que desde un principio se pedía la intervención del Poder Legislativo incluso a instancias de la Cocopa se estableció el diálogo con ese movimiento.

Los diálogos y todas las medidas han fracaso porque la concepción indígena no ha sido entendida ni comprendida por quienes han ostentado el poder. Tal vez ahora pueda escuchase ese fuerte silencio que exige que los pueblos indígenas sean valorados, respetados y atendida su situación.

De acuerdo con el INEGI, uno de cada diez mexicanos es indígena; de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México ocupa el octavo lugar mundial en los países con mayor cantidad de pueblos indígenas.

Según la información publicada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 2011, en un reporte sobre el avance de los objetivos del desarrollo del milenio, en México ocho de cada diez indígenas son pobres. Esta proporción duplica al de la población en general del país donde 5.3 de cada 10 personas padecen la situación de pobreza.

Si nos comparamos con el resto de países que cuentan con población indígena, la situación es también vergonzosa, pues México tiene la segunda proporción más alta de la población indígena en pobreza en el mundo, sólo debajo de la que prevalece en la República Democrática del Congo, país en que 8.5 de cada 10 indígenas son pobres.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, de acuerdo a la última medición de pobreza en el país ha señalado que entre el 2008 y 2010 aumentó la proporción de población indígena en situación de pobreza en 3.4 puntos porcentuales.

Asimismo el Coneval afirma que sigue teniendo niveles de pobreza y cobertura, de servicios básicos muy diferentes a los de la población que no es indígena, lo cual indica discriminación. Es urgente tener una verdadera política de Estado hacia ese sector de la población y, en general, resolver el problema de pobreza que crece día con día.

En resumen, después de casi 20 años la población indígena continúa en las peores condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación, olvido y marginación.

Desde la mesa de negociación en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, donde se firmaron los acuerdos del mismo nombre de esa comunidad para dar paso a la autonomía y libre determinación de las comunidades, hasta las promesas que se hicieron a raíz de la marcha del Color de la Tierra hacia la ciudad de México, todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas.

El EZLN no pide nada, no demanda nada, todo se dijo ya. Quedó escrito incluso, y el Estado mexicano no cumplió con lo pactado. Ese silencio estruendoso no debe ser ignorado, esa dignidad que llena de orgullo es una muestra de que no todo está perdido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. En pleno cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar para restituir los derechos de los pueblos indígenas de México, y atender sus justas demandas en materia de justicia, igualdad y autonomía.

Segundo. Exhortar respetuosamente a las diversas instancias del gobierno federal y estatal para que de manera incluyente y tomando en cuenta las propuestas del propio EZLN, la sociedad civil, recomendaciones de organismos internacionales de expertos, de partidos políticos y otras instituciones, realice un esfuerzo serio, de diálogo y concertación de acuerdos que garanticen a la población indígena del país su justo derecho a una vida digna.

Es cuanto, compañeras, compañeros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, esta Presidencia tiene un problema. Le dimos la palabra a nuestra compañera Dolores Padierna en uso del capítulo de agenda política, pero me presenta puntos de acuerdo.

Esta Presidencia obsequiaría con muchísimo gusto el turno de los puntos de acuerdo, pero ya no habría agenda política. O bien, preguntamos a la asamblea si se admite de urgente u obvia resolución, y entonces abriríamos una ronda de oradores, pero ya no sería de agenda política.

Y yo quisiera preguntarle a doña Dolores Padierna, el trámite que usted me sugiera, lo adoptamos con mucho gusto.

La senadora Dolores Padierna Luna (desde la curul): Punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya no entraríamos en la agenda política.

La senadora Dolores Padierna (desde la curul): por el 58 y el 59.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, en términos del 59, pregunte la secretaría a la asamblea si se admite de urgente resolución.

El diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces le daríamos la palabra a don Manuel Añorve Baños en pro y a don Ricardo Mejía en pro. En términos del 90, preguntaríamos si está suficientemente discutido, y si a la asamblea le parece que no, abriríamos otros dos.

El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente. Por convicción y compromiso democrático, en nuestros grupos parlamentarios del Senado de la república y de la Cámara de Diputados siempre estaremos a favor de la participación política, pacífica y totalmente libre, individual o colectiva de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que, haciendo uso de sus garantías constitucionales, expresen una opinión, se manifiesten por una causa o hagan uso de su derecho de protesta.

Pronto se cumplirán 20 años del levantamiento que sacudió al país y cambió nuestras conciencias en la madrugada del año 1994. Hoy confirmamos que el zapatismo sigue ahí, pero hoy demuestra la autenticidad de su causa con métodos pacíficos.

Es indudable que la causa indígena, como aquí se ha dicho, continúa vigente, pues muchas de las demandas de comunidades y pueblos indígenas no han sido satisfechas. Pero será con expresiones pacíficas y con acuerdos políticos que los mexicanos podremos encontrar la solución a ésos y a muchos otros problemas que aún gravitan en nuestra convivencia, entre ellos los más dañinos son la desigualdad y la pobreza que afecta a millones de mexicanos, entre los que se encuentran nuestros hermanos indígenas como los más pobres.

Sabemos que como sociedad tenemos una deuda histórica aún pendiente con ellos. Sabemos también que cuentan con distintas formas de organización y filiaciones políticas que deben de respetarse, al igual que su idiosincrasia y sus costumbres.

Forman parte de la comunidad democrática nacional que estamos empeñados en consolidar con espacios para cada mexicano, sin exclusiones, y con respeto a la pluralidad de expresiones que la constituyen.

El tema de justicia para los pueblos indígenas no puede estar ausente en cualquier acuerdo político nacional que busque ir a la raíz de la solución de nuestros problemas. Por eso forma parte destacada del Pacto por México, y no podría ser de otra manera; ahí se reconoce que siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena y de ésos, ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema.

De manera destacada, en el capítulo relativo al fortalecimiento de las comunidades indígenas, se subraya que se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios, para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo.

Se marca ahí la necesidad de dar prioridad a la atención de las necesidades de los pueblos indígenas en materia de educación, salud, infraestructura y desarrollo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto habrá de atender, como se ha comprometido.

Existe un acuerdo político que expresa el interés de la sociedad mexicana para cumplir con las aspiraciones de justicia de las comunidades indígenas, entre ellas, la de los zapatistas de Chiapas.

El Congreso también tiene que contribuir y en nuestro grupo parlamentario estamos en la mejor disposición de hacerlo, en el perfeccionamiento de nuestro marco legal en la materia, así lo reclama la sociedad y ése es un compromiso colectivo.

No dar marcha atrás en el sendero de las soluciones democráticas, la manifestación zapatista del 21 de diciembre, confirma que ése es el camino y no hay ningún otro camino. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Manuel. Don Ricardo Mejía en pro. Ah, permítame, perdóneme. Estaba el senador Melgar y ya me lo habían anunciado, por favor. Bueno, adelante, va él, sí. Y luego voy a preguntar a la asamblea que me permita otra ronda de oradores. Usted don Ricardo, adelante, si no así me va, adelante. Es que casi no escuchamos a don Ricardo, entonces vamos a escucharlo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Veo que en esta Comisión Permanente hay más apertura y lo celebramos, de veras, o será quizá el espíritu navideño, pero bueno, en cualquier caso gracias por esta tolerancia, que finalmente es el ejercicio de un derecho que como parlamentarios tenemos, pero nos parece que el punto propuesto por la senadora Dolores Padierna es totalmente atendible.

Qué bueno que se recondujo que fuera como punto de acuerdo y no solamente como agenda política, porque nos parece que hay una deuda histórica con los indígenas del país, y la manifestación silenciosa del pasado 21 de diciembre es un mensaje estruendoso a la vida política del país.

El silencio también es una forma de comunicarse, y sin duda, el silencio de ellos fue muy elocuente, porque pareciera que no pasa nada en el sureste mexicano, que es un tema propio de las hemerotecas o de la nostalgia, pero es un tema vigente.

Sigue habiendo una deuda histórica, siguen habiendo problemas no resueltos, y nosotros como grupo parlamentario hemos sostenido que los temas que implican relevancia para el país, sean de carácter legislativo o sean temas políticos, tienen que pasar por el Congreso mexicano.

Por eso, hemos insistido en que no es necesario firmar ningún pacto para cumplir con nuestra responsabilidad institucional y nuestro compromiso con el país, y por eso, no obstante, que hemos manifestado nuestro rechazo a pactos que hemos llamado propagandísticos, nosotros estamos de acuerdo en que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que se atienda la problemática integral de los indígenas mexicanos.

Nos parece que siguen habiendo temas no resueltos, el tema de Acteal que fue el 22 de diciembre del 97, Acteal, Chiapas, por cierto actores políticos que tuvieron que ver en esa fecha, hoy se han reciclado, como es el caso del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet. Que en esa fecha, ante la gravedad de los hechos de Acteal, pues tuvo que renunciar a la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, bueno, vemos que en el caso de este grave hecho de violencia, que Ernesto Zedillo calificó en aquel momento como un hecho propio de las comunidades, un conflicto intercomunitario, vemos que es un problema que sigue siendo materia de observación por parte de organismos internacionales, y la propia Amnistía Internacional señaló que el Estado mexicano tiene una deuda de justicia con las víctimas y con sus familiares.

Por otra parte, esta marcha silenciosa, por cinco municipios de Chiapas, es un mensaje muy ilustrativo. Nosotros creemos que se debe ir a fondo en todas las medidas que se tomen en cuenta para cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para profundizar en hacer efectivo el artículo 2 constitucional y con todas las reformas que puedan darle fortaleza a estas comunidades, las más pobres del país, las más olvidadas, las que viven no solamente desigualdad económica y social, sino desigualdad política y de salud pública.

Por eso estamos de acuerdo en esta propuesta que hace la compañera Dolores Padierna, pero consideramos que no solamente los grupos indígenas tienen que atenderse en sus demandas, hay grupos urbanos, sindicales, hay grupos de jóvenes que siguen siendo víctimas de violencia de Estado, de violencia irracional y por eso celebramos también que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya tomado la decisión de reformar el artículo 362 del Código Penal para reclasificar el delito, todavía decimonónico, de la alteración a la paz pública y que en la reclasificación puedan, próximamente o estén ya por tomar libertad 14 jóvenes que tuvieron la desgracia de encontrarse en un lugar, en un día violento en la ciudad de México.

Por esa razón vemos que esta decisión tiene que extenderse a todos los grupos políticos y sociales, a los jóvenes, a los sindicatos y a todos aquellos que han sufrido violencia física o violencia social y que son necesarios atender.

Aprovecho para concluir, para agradecer el voto aprobatorio del punto de acuerdo que presentamos. Nos parece que todas las medidas encaminadas a fortalecer la gratuidad de la educación en sentido amplio. Es decir, incluyendo materiales e infraestructura y no en una interpretación restrictiva deben saludarse. Por eso concluyo, dejamos pasar algunas referencias hacia nuestra persona, en un ánimo de concordia y de que finalmente se apruebe este punto de no a las cuotas escolares, que nos parece muy importante para millones de mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Senador Melgar, tiene usted el uso de la voz. Con esto cerramos la lista de oradores y preguntamos si se aprueba.

El senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, todos miembros de esta Comisión Permanente. Con su permiso, señor presidente.

El día de hoy se ha abierto una, llamémosle así, una gran reflexión, un espacio para la reflexión con respecto de esta marcha silenciosa, pacífica y justa de los indígenas, que forman parte del movimiento zapatista.

Y como lo expresó aquí mi compañera senadora Dolores Padierna, de la misma manera mi compañero diputado Ricardo, nosotros creemos que esto sea un gran punto de partida, esta marcha silenciosa, dentro del marco –sí, es un buen augurio dentro del marco–, del Pacto por México, que suscribieron los partidos políticos conjuntamente con el gobierno de la república.

Quiere decir que hay un buen ánimo, que existe disposición y, sobre todo, un firme compromiso, por que en nuestro México haya espacio para la reflexión y haya espacio para las marchas, y todos aquellos pronunciamientos de manera pacífica que se puedan dar.

El pasado 17 de noviembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 29 años de su fundación. Y con este antecedente se llevó a cabo esta movilización muy sobresaliente de movimiento, que conjuntó a 20 mil zapatistas en San Cristóbal de las Casas, 6 mil en Ocosingo y 7 mil en las Margaritas. Los de las bases de apoyo fueron masivas, en total silencio, de manera civilizada y en una total y contundente organización civil de la gente.

El gobierno de Chiapas, el gobierno constitucional de Manuel Velasco, con ánimo democrático confirmó que las marchas de los más de 40 mil indígenas zapatistas que se manifestaron en viernes pasado se llevaron a cabo de manera pacífica y en un marco de respeto a las instituciones del Estado y del país. En su comunicado el gobierno estatal reconoce a las movilizaciones que éstas se desarrollaron de manera civilizada y en orden, con un visible respeto a las instituciones, repito.

También queremos reconocer la disposición mostrada por el gobierno federal para ofrecer tolerancia, respeto y compromiso con una agenda social que favorecerá a Chiapas y a los indígenas del estado y del país, con un ánimo de justicia, equidad y libre expresión.

Por todo lo anterior debo señalar que en el Partido Verde Ecologista de México se respalda cabalmente este tipo de expresiones. Expresiones que le dan a nuestro orden democrático fortaleza que nos da un oxigeno para poder todos transitar de manera pacífica, de manera ordenada y donde todo mundo encuentra un espacio para así hacerlo dentro de nuestro país. Pos su atención, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos planteados por nuestra muy apreciable compañera doña Dolores Padierna.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, tenemos dos comunicados de la Mesa Directiva, uno que tiene que ver con la integración de comisiones, y le ruego a la Secretaría que dé a conocer los nombres que los grupos parlamentarios nos han proveído, de tal suerte de que queden en condiciones de instalarse a la brevedad.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Con su permiso, ciudadano presidente.

Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Presidente. Diputado Fernando Rodríguez Doval, del PAN.

Secretaria, diputada Paulina Alejandra del Moral Vela, del PRI.

Secretaria, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN.

Secretario, senador Mario Delgado Carrillo, del PRD.

Integrantes

Diputado, José Sergio Manzur Quiroga, del PRI.

Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del PRI.

Senador Miguel Romo Medina, del PRI.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI.

Senador Arturo Zamora Jiménez, del PRI.

Senador José María Martínez Martínez, del PAN.

Diputada Gabriela Cuevas Barron, del PAN.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, del PRD.

Diputado Silvano Blanco Deaquino, del PRD.

Senador Luis Armando Melgar Bravo, PVEM.

Diputado Ricardo Cantú Garza, PT.

Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Diputada María de las Nieves García Fernández, del PRI.

Senadora Graciela Ortiz González, del PRI.

Senadora Gabriela Cuevas Barron, del PAN.

Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD.

Diputado Manuel Añorve Baños, del PRI.

Diputado José Sergio Manzur Quiroga, del PRI.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI.

Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del PRI.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, PAN.

Senador Juan Carlos Romero Hicks, PAN.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, PAN.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, PRD.

Diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.

Diputada Judith Magdalena Guerrero López, PVEM.

Diputado Ricardo Cantú Garza, PT.

Tercera Comisión. Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones y Obras Públicas:

Senadora Dolores Padierna Luna, PRD.

Senador Manuel Cavazos Lerma, PRI.

Senador Francisco Domínguez Servién, PAN

Diputado Uriel Flores Aguayo, PRD

Senadora Graciela Ortiz González, PRI

Diputado Abraham Montes Alvarado, PRI.

Diputado Manuel Añorve Baños, PRI.

Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, PRI.

Diputado Jorge Herrera Delgado, PRI.

Diputado Carlos Alberto García González, PAN.

Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, PAN.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, PAN

Senador Mario Martín Delgado Carrillo, PAN

Senador Luis Armando Melgar Bravo, PVEM

Senadora Martha Palafox Gutiérrez, PT y

Diputado Ricardo Monreal Ávila, MC.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Esta Presidencia hace la aclaración de que en el caso de la Segunda y Tercera Comisión los primeros tres de la lista son presidente y secretarios; en el caso de la Segunda y la Tercera Comisión, así está el acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego, por favor, a la Secretaría, dar lectura a un resolutivo para obsequiar la petición del Partido de la Revolución Democrática, de cambiar secretario de la Mesa Directiva. Es propuesta de la Mesa, para votarlo económicamente.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se designa Secretario de la Mesa Directiva.

Acuerdo

Único. Se designa al senador Fidel Demédicis Hidalgo, como Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura en sustitución del diputado Uriel Flores Aguayo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tenemos que aprobarlo, por favor.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se va a proceder a recoger la votación nominal...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, es un acuerdo de la Mesa Directiva y por lo tanto es en votación económica.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se solicita a los presentes manifestar su voto, los que estén a favor (votación). Los que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (13:39 horas). Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 3 de enero de 2013 a las 11 horas.

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