Comunicaciones
De la Junta, con cambios en comisiones
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con informes
De la Cámara de Senadores, con acuerdo y proposiciones relativos al PEF 2013
Del Congreso del Estado de Guerrero, con acuerdos sobre el PEF 2013
De la Cámara de Senadores, con minutas
Del Congreso del Estado de Jalisco, con iniciativa
Iniciativas de diputadas y de diputados
Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, PAN
Gerardo Villanueva Albarrán, PRD
Bárbara Gabriela Romo Fonseca, PVEM
José Antonio Hurtado Gallegos, Movimiento Ciudadano
José Guillermo Anaya Llamas, PAN
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, PRD
Carla Alicia Padilla Ramos, PVEM
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
Diana Karina Velázquez Ramírez, PRI
Proposiciones de diputadas y de diputados
María del Socorro Ceseñas Chapa, PRD, relativa al SME
Salvador Arellano Guzmán, PRI, relativo al programa Procampo
Víctor Rafael González Manríquez, PAN, relativa al dengue
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Efemérides
Con motivo del 1o. de noviembre, Día Mundial de la Ecología, Lourdes Adriana López Moreno
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: (11:07) Se abre la sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, someta la Secretaría a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se aprueba.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Alta, diputado Tomás Torres Mercado, integrante
Comisión de Asuntos Frontera Norte
Baja, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante
Alta, diputado David Pérez Tejada Padilla, integrante
Comisión de Comunicaciones
Baja, diputado Tomás Torres Mercado, integrante
Comisión del Deporte
Baja: diputado David Pérez Tejada Padilla, integrante
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Atentamente, diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado, comuníquese.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al período enero-junio de 2012.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Transporte, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes correspondientes al tercer trimestre de 2012 para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley General de Deuda Pública y de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Cámara de Senadores un acuerdo y cinco proposiciones que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, por los que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se destinen mayores recursos a diversos rubros.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comisión de Presupuesto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron del Congreso del Estado de Guerrero, dos acuerdos aprobados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se asignen recursos para establecer un Programa General de Becas, para estudiantes indígenas y para el campo guerrerense.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A la Comisión de Presupuesto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minuta con proyecto de decreto que concede permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les otorgan gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 1132 del Código de Comercio.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A la de Economía.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Gabriel Gómez Michel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Abel Octavio Salgado Peña.
El diputado Gabriel Gómez Michel: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, ya lo decía Platón, el más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud.
En este orden de ideas, la iniciativa que sometemos a su consideración el diputado Abel Salgado Peña y un servidor, propone reformas a la Ley General de Educación, con el objetivo de que las autoridades educativas otorguen, a través del gabinete psicopedagógico y nutricionales, a los alumnos, padres de familia y profesorado, todo tipo de orientación y atención que fortalezca y preserve el sistema educativo.
La educación debe de ser el eje rector que nos permita adquirir los conocimientos y las habilidades para enfrentar la competitividad que exige la globalización. La educación, como una política de Estado, no debe estar sujeta a periodos de gobierno, razón por la cual debemos de analizar, discutir y aprobar acciones que nos permiten alcanzar el pleno desarrollo.
Entre los factores que influyen para que el sistema educativo en México no alcancen los resultados recomendados y los estudiantes no concluyan sus estudios, son la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la calidad educativa, la salud, entre otros factores.
Consideramos que la salud es uno de los factores más importantes que se encuentra estrechamente ligado con la educación, en razón de que ésta afecta el buen desarrollo y funcionamiento de las personas.
Al respecto, en México el estado de nutrición de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 de la población señala que cada uno de tres adolescentes de entre 12 y 19 años de edad presenta obesidad, mientras que la desnutrición que también es un rubro muy importante en niños entre 5 y 14 años es de 7.25 de la población en las zonas urbanas y se duplica en las zonas rurales.
Qué hacer para alcanzar una escuela sana, saludable, en la que sus integrantes, profesores, alumnos y padres de familia trabajen de manera conjunta para alcanzar la calidad educativa que requiere nuestro país.
Los gabinetes psicopedagógicos son un grupo de profesionales con una amplia gama de disciplinas que trabajan coordinadamente en apoyo de los alumnos, profesores y familiares, con el fin de favorecer la orientación, la evaluación, la intervención educativa, la solución de problemas en distintos niveles del sistema educativo.
Los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales tendrán como objetivo asesorar a las escuelas principalmente en todas aquellas acciones que permitan fortalecer el proceso de enseñanza, aprendizaje y conducta, mediante la orientación, prevención, atención y diagnóstico de los estudiantes.
Crear espacios de reflexión y orientación para el desarrollo social de los alumnos, maestros y padres de familia. Organizar y realizar jornadas, talleres, seminarios que permitan conocer y encontrar soluciones de los problemas que afectan a la comunidad estudiantil.
Llevar a cabo evaluaciones y valoraciones psicopedagógicas que permitan estudiar, prevenir y corregir las dificultades que puedan presentar los alumnos en los procesos de aprendizaje y realizar campañas y aplicar programas que impulsen el desarrollo integral de los estudiantes a través del ejercicio y de una buena nutrición. Coordinarse con los demás gabinetes para llevar a cabo acciones que reduzcan la desigualdad entre las diferentes escuelas.
Dentro de la problemática que deben resolver los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales serán la deserción escolar, el acoso escolar o bullying, la mala nutrición, el bajo rendimiento. En sí deberán resolver problemas de comportamiento, aprendizaje y nutrición.
Es de todos sabido que México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en niños. Por ello la intervención tanto del psicólogo, nutriólogo, como el licenciado en educación física tendrán un papel muy importante al establecer programas de prevención desde edades muy tempranas, que es la etapa en que los niños y niñas adquieran los hábitos alimenticios, disminuyendo así, a largo plazo, el problema de la mala nutrición en México.
De igual forma, se evitará el bajo rendimiento de los alumnos, en razón de que mediante una buena alimentación y un buen ejercicio físico se buscará un sano desarrollo al cerebro y al aprendizaje, favoreciendo un buen desempeño escolar y una mejor autoestima, disminuyendo las probabilidades de tener ansiedad y depresión. Y finalmente, favorecer el buen crecimiento de los huesos y la musculatura.
Si hacemos una reflexión sencilla, con la formación de los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales estamos previniendo el 60, el 80 por ciento de los problemas de la patología de México.
Dentro de las primeras cinco causas de muerte, cuatro se relacionan con la obesidad, como lo son la hipertensión, la diabetes, el infarto al miocardio y el cáncer. Y hasta un 70 por ciento de las enfermedades de los adultos son psicosomáticos.
Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía reformar el artículo 33, fracción V de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes.
I. a IV. ...
V. Otorgar, a través de Gabinetes Psicopedagógicos y Nutricionales a los alumnos, familiares y profesorado, todo tipo de orientación y atención, que fortalezca y preserve el sistema educativo.
No más embarazos en adolescentes. No más niños tocados por el narcotráfico. No más drogadictos. No más alcohólicos. Tenemos que fortalecer la personalidad de nuestros niños, debemos enseñarles a decir no a las agresiones externas y decir sí a las oportunidades de vida. Muchas gracias por su atención.
Agradeceré a la Mesa Directiva que registre en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que presento en este mismo momento. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para su dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como bien sabemos, Petróleos Mexicanos es la empresa facultada para realizar la conducción central y la dirección estratégica de las actividades de la industria petrolera en los términos que le confiere la Constitución, por tal motivo asume la responsabilidad de abastecer el mercado nacional de productos derivados del petróleo, gas natural y materias primas para la industria petroquímica.
En virtud de ello es Pemex quien en el mercado mexicano se encarga de garantizar el abasto de combustibles automotrices a través de las estaciones de servicio o gasolineras que día a día realizan ininterrumpidamente sus operaciones a lo largo del país, siendo dichas estaciones donde millones de consumidores diariamente encuentran la mayor interacción con la paraestatal y al mismo tiempo donde se encuentran muchos de sus más importantes retos en regulación.
Las gasolineras prestan el servicio de abasto de combustible, en virtud de un contrato de franquicia que les otorga la paraestatal. Sin embargo, la territorialidad en la franquicia no tiene establecida una distancia mínima entre una estación de servicio y otra; es decir, no se encuentran definidas las zonas territoriales de las estaciones de servicio.
Derivado de esta falta de regulación, Pemex ha otorgado y puede seguir otorgando franquicias en zonas donde ya existen una o más estaciones de servicio, afectando la libre competencia económica, pero lo más importante, aumentando significativamente el riesgo de una tragedia por la indebida concentración de establecimientos de esta naturaleza que se encuentran ubicados tan cercanos unos de otros, contraviniendo a todas luces las normas mínimas de protección civil.
Un claro ejemplo del riesgo que esto representa es la tragedia ocurrida en la ciudad de Guadalajara en el 92, en el barrio céntrico de Analco, donde las explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado destruyeron 14 metros de calles. Según cifras oficiales las explosiones provocaron la muerte a 209 personas, dejaron 500 heridos y 15 mil personas quedaron sin hogar. El daño económico estimado fue de entre 700 y mil millones de dólares.
El hecho más reciente, aunque por motivo distinto, ocurrió el martes 18 de septiembre de este año en el estado de Tamaulipas, donde hubo una explosión ocurrida en las instalaciones de una planta de gas de Pemex, provocando el fallecimiento de trabajadores de la paraestatal.
Este hecho a pesar de que no se produjo en una gasolinera, nos demuestra claramente el riesgo latente que representa el manejo de combustibles y es precisamente la minimización de este riesgo lo que esta propuesta de iniciativa pretende.
Esta iniciativa se justifica plenamente, si tomamos en cuenta que según un informe técnico del Sistema Nacional de Protección Civil, el mayor número de accidentes con gasolina ocurren precisamente en las estaciones de servicio.
Según datos del Instituto Nacional de Ecología se determinó que una explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación de proyectiles que pueden causar la muerte o lesiones a los individuos que se encuentran ubicados dentro del radio de afectación, así como daño estructural a las construcciones, colapso de muros, ventanas y estructuras de soporte.
Conforme al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, dentro de los criterios de importancia para el manejo de combustibles se encuentra el que establece las características sobre áreas para usos industriales y ductos, en donde se indican las distancias mínimas para el resguardo del desarrollo urbano. Con respecto a las plantas de recibo o distribución de energéticos, la distancia mínima es de entre 50 y 500 metros.
Partiendo de la necesidad de mitigar los riesgos y en consecuencia los accidentes con las gasolinas, se requiere reformar la ley de forma concreta y específica garantizando la seguridad para la salud pública y para el ambiente, por lo que ante la falta de una normatividad se hace necesario regular que en la celebración de los contratos de franquicia Pemex establezca una distancia mínima entre estaciones de servicio para que se respeten los derechos adquiridos, pero sobre todo para proteger la seguridad de las personas que viven en dicha zona evitando la concentración indebida de instalaciones que por su propia naturaleza representan un riesgo innecesario para la población.
Compañeros diputados, mucho hemos abordado el tema de los combustibles y su relación con la protección civil en este recinto. Partiendo de una genuina preocupación por la seguridad de nuestros conciudadanos, hemos lamentado aquí la recién ocurrida tragedia en Tamaulipas y de igual manera nos hemos pronunciado por detener el saqueo a Pemex y el robo de combustibles.
Se han aprobado aquí diversos puntos de acuerdo y se han alcanzado consensos unánimes en este tema. Con esa misma preocupación y en virtud de los argumentos aquí vertidos, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 14 Bis a la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en el Ramo del petróleo, para establecer que los organismos subsidiarios de Pemex no puedan celebrar los contratos de franquicias cuando la ubicación propuesta para nueva estación se encuentre a una distancia menor a 50 metros de una estación preexistentes, de acuerdo a las normas civiles y de protección a la ciudadanía. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Energía.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Buenos días. Con su venia, diputado presidente. Tal como me comprometí el día de la instalación de la Comisión del Deporte de esta Cámara de Diputados, vengo el día de hoy a proponer un proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en los siguientes elementos:
El párrafo 12 del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es derecho de los mexicanos el acceso a la cultura física y a la práctica del deporte, lo cual implica que de principio cada mexicano puede exigir tales facilidades al mismo nivel que el derecho a la educación pública, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación.
En otras palabras, la práctica del deporte y la cultura física es un derecho humano y social constitucional, inalienable del mexicano.
Lo anterior es justificable por cuanto a la importancia de tales prácticas para el desarrollo integral del ser humano, para prevenir enfermedades, adicciones, para lograr la integración social y la creación de la armonía comunitaria con la cual se pueden evadir conflictos personales y conductas antisociales.
Por estas razones, la educación pública, igualmente inspirada en el artículo 3o. constitucional, contiene un carácter integral cuyos elementos son el laicismo, la visión científica y progresista afín al desarrollo tecnológico, la formación cultural y, claro, la visión de la cultura física y el deporte. Es decir, desde niños nuestros ciudadanos tienen y pueden ejercer el derecho al deporte y el Estado la obligación de garantizarlo.
Precisamente el mismo párrafo 12 del artículo 4o. constitucional otorga la responsabilidad al Estado mexicano para asegurar el cumplimiento de tal derecho social. En el caso del Ejecutivo federal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, de acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte, es la encargada de coordinar e instrumentar los esfuerzos gubernamentales para tal objetivo.
Para ello se vale, según la citada ley, de órganos como el Sistema Nacional del Deporte, Sinade, en el cual intervienen actores nacionales y estatales, organismos públicos y miembros de los sectores privados y sociales, entre otros, que coadyuvan en la tarea deportiva.
Por parte del Poder Legislativo de la Unión, en cada Cámara se han creado Comisiones del Deporte para realizar seguimientos a las labores del Ejecutivo en la materia y para proponer reformas, solicitar presupuestos, realizar investigaciones, entre otras actividades.
No obstante lo anterior, este órgano legislativo debe acercarse más al quehacer deportivo nacional en aras de comprender mejor sus dinámicas y buscar las mejores formas de contribuir en su óptimo desarrollo.
No obstante que quisiera que se integrara el documento tal cual en la versión estenográfica, quiero señalar que en el Distrito Federal, en el año 2011, tuvimos la experiencia exitosa de incorporar a la Asamblea Legislativa al Consejo del Deporte. El Consejo del Deporte del Distrito Federal lo encabeza el jefe de Gobierno y logramos que representantes populares se incorporaran a este órgano colegiado.
Lo que propongo con la adición de la fracción VIII del artículo 10 de esta ley general es que se incorporen senadores y diputados miembros de la Mesa Directiva o integrantes al Sistema Nacional de Deporte de este país.
Yo agradezco mucho a mi presidente de la comisión, Felipe Muñoz quien, de inmediato, al escuchar esta propuesta, se comunicó con el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y por lo pronto, de manera cordial, de manera amable e institucional, se nos va a invitar a los integrantes de ambas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara, al Sistema Nacional del Deporte.
Sin embargo, consideré muy pertinente que, una vez que en la comisión iniciemos la revisión de toda la ley, como lo mandata un transitorio que reformó precisamente y adicionó el párrafo 12 del artículo 4 constitucional, presentar esta iniciativa que permita, a la brevedad, que la Cámara de Diputados tenga voz, tenga voto, tenga participación y sea parte de esa obligatoriedad del Estado mexicano en las responsabilidades que tienen que ver con la promoción y desarrollo del deporte en general.
Muchísimas gracias, Dejo aquí la iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, para presentar iniciativa que reforma los artículos 34 Bis y 75 de la Ley General de Educación.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Frecuentemente observamos casos de deserción escolar de menores de edad embarazadas, situación que presenta una tendencia a la alza.
En este momento existen aproximadamente 9 mil 600 mexicanas entre los 12 y 18 años de edad en riesgo de abandonar la primaria o la secundaria por estar embarazadas o ser madres.
Esa situación es provocada, entre otros factores, por conductas sociales de severa condena hacia las niñas y adolescentes embarazadas o madres, expresiones que adquieren tal magnitud, que acaban por obligarlas a dejar sus estudios, que por lo regular, jamás los retoman.
Las implicaciones que presentan estos casos como la discriminación e inequidad de oportunidades, hacen de este asunto de importancia mayor en un México que exige justicia, educación, tolerancia y equidad de género para cimentar su desarrollo en todos los ámbitos.
La presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley General de Educación para que el embarazo y la maternidad no constituyan un impedimento para cursar la educación básica y sancionen a quienes se nieguen a proporcionarla.
En nuestro país la mujer aún continúa sufriendo casos de discriminación, asumiéndose que la maternidad es la razón de ser de ella, excluyéndose de actividades educativas, económicas, culturales, políticas y muchas otras.
La pobreza, los abusos sexuales cometidos contra infantes y adolescentes y la falta de una correcta educación sexual, elevan la preocupante cifra de casos de menores embarazadas.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la mitad de los adolescentes en América Latina y El Caribe son sexualmente activos y, como consecuencia, entre el 35 y 52 por ciento de las jóvenes tienen embarazos no deseados.
En México anualmente se presentan en menores de 18 años, 400 mil embarazos, es decir, 17 por ciento del total; 14 mil de esas madres abandonan la escuela.
El estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y el Distrito Federal, son las entidades que concentran el mayor número de adolescentes convertidas en madres o en condiciones de embarazos tempranos, sumando más de 3 mil casos.
Según la Organización Mundial de la Salud, las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50 por ciento superior.
Expertos convienen que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el tiempo de recuperación, para preservar su salud y la de sus bebés. Desgraciadamente, cuestiones culturales y económicas evitan frecuentemente que esos cuidados en sus hogares se den, por lo que las instituciones educativas debieran ser también vínculo para proporcionárselos.
Las consecuencias del embarazo no planificado se extienden a la vida escolar de la madre y del padre adolescente, por lo que es obligación del Estado garantizar el derecho a la educación de este muy importante sector de la población.
La situación descrita motiva la presentación de esta iniciativa, con el fin de que la maternidad no constituya impedimento para que niñas y jóvenes tengan acceso al derecho de la educación, sustento de la esperanza de cualquier país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A sus órdenes, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Para adherirme a la iniciativa que acaba de presentar la compañera diputada, por favor.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tome nota la Secretaría.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, buenos días. El tema que sustenta la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía es sin duda alguna prioritaria para la conservación y supervivencia de todos los seres vivos, y forma un rubro sustantivo en la agenda mundial de los gobiernos. Me refiero a la gestión del agua y el manejo de los recursos hídricos, ya que tienen una relación directa con la seguridad nacional y el desarrollo sustentable del territorio.
Debemos estar conscientes que en las últimas décadas el acceso al agua ha sido reducido de manera preocupante, tanto en calidad como en cantidad, provocando efectos negativos en todos los ecosistemas.
A esta situación, que de por sí es crítica, de los recursos hídricos, se suman los daños ambientales derivados del cambio climático, consecuencia del incremento de los desastres naturales. Estos daños los observamos en las recientes sequías, heladas e inundaciones que impactaron a más de 20 estados del país y causaron la pérdida de millones de hectáreas en la producción agrícola; la muerte de miles de cabezas de ganado; la acentuación de la pobreza y la desigualdad en las comunidades rurales, mismas donde la producción agrícola es casi única para la subsistencia.
Es menester señalar que millones de mexicanos carecen de acceso al agua, o en el mejor de los casos recorren grandes distancias para obtenerla, resultando que el sector más pobre de la población es quien paga más por el vital líquido, agudizando con esto los problemas de pobreza y desigualdad social, generando innumerables conflictos sociales con los pueblos originarios y los habitantes de todas las entidades federativas.
En agosto de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, señalando que los ejes principales de este ambicioso programa serían: mejorar la productividad del agua en el sector agrícola; incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua; promover la cultura de su buen uso; prevenir los riesgos derivados de fenómenos naturales y atender sus efectos; evaluar las consecuencias del cambio climático, entre otros muchos más.
Al momento, pocos resultados se observan de este programa, sólo hace falta prestar atención a los problemas que enfrentan los estados y municipios que no logran dar sustentabilidad a los proyectos hídricos o hidráulicos.
Los organismos de cuenca –según información de la propia Conagua– operan con números rojos, las concesiones autorizadas superan la capacidad hídrica del país y no existe la coordinación entre los tres órdenes de gobierno que permitan concretar una política hídrica que dé respuesta a las necesidades locales, y nacional.
Lo anterior, hace urgente la revisión de la política hídrica, partiendo de una visión que integre los problemas económicos, políticos, medioambientales y sociales en el manejo de este recurso.
En Movimiento Ciudadano planteamos que esta revisión contemple, como principios básicos, el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente como un derecho humano; frenar y revertir la sobreexplotación de los mantos acuíferos; atender de manera prioritaria la condición vulnerable de la población más desprotegida o de los estados expuestos a daños por fenómenos meteorológicos; garantizar que el manejo integral de los recursos hidráulicos se sustente en una estrategia real de descentralización como lo establece el artículo 115 constitucional. Estrategias, que resultarían posibles con la participación de los legisladores que integramos el Congreso de la Unión, en el diseño e implementación del Programa Nacional Hídrico.
Compañeras y compañeros legisladores, su servidor les invita respetuosamente a sumarse a esta iniciativa, para garantizar una gestión integral y responsable del agua. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias compañeros.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se concede el uso de la palabra al diputado José Guillermo Anaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor presidente. Vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 constitucional, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.
El combate a la corrupción en el servicio público y la función de gobierno, es un tema que ha sido tratado desde los inicios de nuestra historia como nación independiente. Por ello, debemos garantizar que quienes son funcionarios o servidores públicos cumplan con su cargo observando la ley y ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz.
Ha sido y es una de las exigencias que permanentemente exige la sociedad. Por ello, desde nuestra Constitución se establece que quienes tienen el carácter de servidores públicos están obligados a observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus encargos.
Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece diversos supuestos por los cuales los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad y señalan que pueden imponerse sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones se produzcan beneficios o lucro con ellos.
Aunado a ello, las legislaturas estatales también han legislado en esta materia y se han implementado programas que tienen como objetivo principal combatir y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Sin embargo y pese a todos los esfuerzos implementados vemos con pesar que las prácticas de corrupción siguen realizándose. Los medios de comunicación han dado a conocer diversos casos en los que los servidores públicos se han enriquecido o beneficiado de forma desmedida con recursos públicos o utilizando su empleo.
Hemos sido testigos, también, amigas y amigos, de escandalosos casos de corrupción en los cuales sujetos deshonestos y sin moral alguna llegan, incluso, a solicitar créditos a nombre del gobierno para beneficio personal, como sucedió con el ex secretario de Finanzas o el ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, al parecer también con el conocimiento y consentimiento por parte del gobernador, en aquel entonces, del estado de Coahuila, Humberto Moreira. En donde llegaron al extremo de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios a nombre del propio gobierno del estado de Coahuila y después convertirlos en deuda pública, 37 mil millones de pesos. Utilizando esos cuantiosos recursos en negocios propios que benefician directamente a dichos sujetos, a sus familias ya prestanombres.
En estos últimos meses reiteradamente se han publicado también noticias que dan cuenta de la desviación o ejercicio irregular de recursos públicos en todos los niveles de gobierno. Y aún cuando se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas, o en su caso, lleguen a imponerse sanciones penales, en la gran mayoría de los casos el erario público no ve resarcido el daño o el prejuicio causado en común, que se utilicen los prestanombres o testaferros, que generalmente quedan impunes, gozando del dinero que pagan los contribuyentes para los propósitos.
En el año 2008, como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, se modificó la Constitución realizándose unas reformas más importantes en materia de seguridad pública. Y gracias a ello se ha comenzado a implementar el nuevo proceso penal acusatorio y el Estado tiene mayores herramientas para combatir la delincuencia.
El artículo 22 constitucional fue modificado sustancialmente, y entre otras, se adicionó la posibilidad de que en determinados casos relacionados con delitos señalados en el propio artículo mediante un juicio pueda decretarse la extinción de dominio de bienes utilizados por la delincuencia para cometer los ilícitos.
Esta acción de extinción de dominio permite que, aun y cuando los bienes utilizados por la delincuencia se encuentren registrados a nombre de una tercera persona, dichos bienes se apliquen a favor del Estado, erradicando la impunidad.
La sociedad está cansada de la impunidad que impera, de ver cómo en tres o seis años, personas que fungieron como servidores públicos se enriquecen inexplicablemente y que, en el caso de que hubiere una denuncia y un proceso donde el sujeto que era servidor público es detenido, los recursos desviados nunca son devueltos.
Razón por la cual –señor presidente, le pido un minuto de tolerancia– presento esta iniciativa, propongo reformar la fracción II del artículo 22 constitucional, para establecer que proceda la extinción de dominio en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos cometidos por servidores públicos que causen daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración, a esta Cámara de Diputados, ésta presente iniciativa. Y por cuestiones de tiempo, señor presidente, dejo en esta Secretaría la presente iniciativa con la súplica de que ordene usted sea incorporada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen e inscríbase como lo solicitó el diputado. –Permítanme un segundo. Un segundo, por favor.
Nada más quiero dar la bienvenida a dos grupos: uno de la Universidad Politécnica de Texcoco, estado de México; y otro de adultos mayores del municipio de Chalco, también del estado de México, invitados por los diputados Brasil Alberto Acosta Peña y Juan Manuel Carbajal Hernández, que están en la tribuna. –Ahora sí.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): Sí, presidente. Por su conducto quisiéramos, el diputado Marcelo Torres y un servidor, considerar que los 113 diputados del PAN podamos, junto con el diputado Guillermo Anaya, suscribir la iniciativa que acaba de presentar, si usted nos lo permite.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Instruméntelo en la Secretaría. ¿Los demás ya no, verdad? Era para lo mismo.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene le uso de la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados de esta honorable legislatura, la raza africana compone la tercera raíz del mestizaje en nuestro país con notable presencia en 13 estados de nuestro México, pero sobre todo en las costas de Oaxaca y Guerrero, que es donde se encuentra la mayor concentración de estos pueblos.
Se consideran afromexicanos los hombres y mujeres descendientes de la diáspora africana, que fueron traídos a México en tiempos de la Conquista en calidad de esclavos. Aquellos que se establecieron como grupos cimarrones o libertarios en nuestro territorio y que obtuvieron su libertad mediante su participación activa en la lucha por la independencia del país, asentándose en diversos estados de la República Mexicana.
En el Distrito XI del estado de Oaxaca, al cual represento, al igual que en otras entidades federativas se observan numerosas comunidades de afromexicanos, comunidades que no cuentan con un reconocimiento jurídico específico como el que actualmente tienen los pueblos y las comunidades indígenas, pero que viven en condiciones de pobreza y desigualdad extremas, que ofenden y lastiman a todos los mexicanos y mexicanas.
El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afromexicanos es una necesidad que no puede esperar más y que está más que justificada, ya que tiene su origen en la demanda social de dichas comunidades, quienes buscan su reivindicación en el estado y exigen a éste el cumplimiento de los derechos fundamentales como educación, salud, desarrollo económico, y reconocimiento cultural por parte de los tres niveles de gobierno; además del reconocimiento en el sistema jurídico nacional.
La presente iniciativa busca que los pueblos afromexicanos sean vistos por el Estado y por el orden jurídico; ser contemplados expresa y explícitamente en la historia y en el sistema legal como forjadores de la nación mexicana, porque son pueblos a los que se les ha olvidado y marginado, tanto así que la historia nacional vigente no narra con suficiencia el papel que han desempeñado los pueblos mexicanos en el devenir histórico.
La legislación no reconoce la diferencia cultural de los pueblos negros o afromexicanos y ello limita el ejercicio de sus derechos, principalmente para fortalecer su identidad, generar espacios de difusión que reconstruyan su cultura y en la recopilación y aprovechamiento de sus conocimientos. Además, los excluye de las políticas públicas que les permitirían participar en los procesos de desarrollo económico, político y social del país.
Existe una total ignorancia por parte del Estado mexicano para reconocer y valorar la presencia africana y su aportación a la cultura y a la historia de México, actitud que se ve reflejada en la ausencia de un marco jurídico que reconozca los derechos, la identidad y la diversidad cultural afromexicana.
Esta iniciativa es de suma importancia porque pretende reconocer oficialmente la presencia de afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida de nuestro país, visibilizarlos, y provocar con ello el goce de políticas que combatan, tanto la discriminación racial, como las carencias de instituciones para la promoción eficaz y desarrollo de sus comunidades.
Reconocerlos como parte fundamental e innegable de la nación mexicana al incluir, después de la mención a los pueblos indígenas, el reconocimiento expreso de los pueblos negros o afromexicanos y sus comunidades como sujetos colectivos de derecho en los artículos 2o, 3o. y 4o. de nuestra Carta Magna.
Es ésta la manera de saldar la deuda histórica que la nación tiene con los afromexicanos y hoy, compañeros diputadas y diputados, es el momento de hacerlo aprobando esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada doña Carla Alicia Padilla Ramos.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente, para adherirnos...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada? Se quiere sumar a la...
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Así es, presidente
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada iniciante doña Delfina, se quieren sumar a su iniciativa varios compañeros.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: (desde la curul): Los diputados de Movimiento Ciudadano de Oaxaca, queremos sumarnos a la iniciativa de la diputada Delfina Guzmán.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto. Tendrán que venir a firmarla aquí a Proceso Legislativo.
La diputada Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra doña Carla Alicia Padilla Ramos, del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Aceptamos y quisiéramos que fuera toda la Legislatura quien se sumara a esta iniciativa. Gracias, compañeros de Movimiento Ciudadano.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, ya quedamos; ya no le di a usted la palabra, la tiene doña Carla Alicia Padilla ramos.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente; compañeros, hoy tengo el gusto de subir a esta tribuna a nombre de mi compañero Enrique Aubry, para plantearles una problemática alarmante en materia de salud.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos.
Según la Secretaría de Salud, la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso y segundo en adultos.
Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por ello es que necesitamos darle prioridad a la prevención de la obesidad infantil.
Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
Estas enfermedades son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen cerca de 3 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad; un 44 lo hacen por diabetes; otro 23 por ciento, por cardiopatías sistémicas y entre el 7 y el 14 por ciento provienen de algunos cánceres que son atribuibles al sobrepeso y obesidad.
Tan sólo en México la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónicodegenerativas como son: diabetes mellitus tipo II, enfermedades sistémicas del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas.
México gasta el 7 por ciento de su presupuesto destinado a la salud para atender la obesidad, sobre de bajo de Estados Unidos que invierte el 9 por ciento.
La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad.
Según la Organización Mundial de la Salud, se ha vuelto uno de los peores enemigos del bienestar físico en estos tiempos, cuando el 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad necesaria para mantener su cuerpo en condiciones aceptables.
A pesar de los grandes avances que nuestro país ha experimentado en los últimos años, la desnutrición y la obesidad infantil siguen siendo un problema en México.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, indican que una de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años, presenta sobrepeso y obesidad.
Para los escolares la prevalecia combinada de sobrepeso y obesidad, ascendió a un promedio del 36 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4 millones de escolares conviviendo con este problema.
Esta enfermedad resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, aunque está asociada a factores sociales conductuales, culturales, fisiológicos, metabólicos y genéticos.
Está acompañado por problemas derivados del exceso de peso corporal, entre los que se encuentran dificultades para respirar, ahogo, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo de enfermedad coronaria.
En México, de acuerdo a esta Encuesta Nacional de Nutrición, el sobrepeso y la obesidad se incrementan en el país al alcanzar alrededor del 30 por ciento en los niños y hasta un 70 por ciento en los adultos.
Los niños con obesidad pueden sufrir de hipertensión, colesterol elevado y resistencia a la insulina desde la infancia o pubertad y continúan con el riesgo en la etapa adulta. En varones aumenta el riesgo de arterioesclerosis, infartos al miocardio, accidentes vasculares cerebrales, diabetes, cáncer de colon. Las mujeres en cambio son proclives a padecer artritis degenerativa, aumento de la presión arterial en el embarazo y predisposición de fracturas de cadera.
Es por lo anterior que son necesarias y urgentes las propuestas legislativas que coadyuven a transformar nuestros sistemas educativos de salud y deportivos a fin de que la población tenga mejores hábitos alimenticios, una mayor práctica deportiva y una óptima atención médica para evitar efectivamente los problemas de obesidad.
Por lo anterior, proponemos reformar el artículo 28, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que la enfermedad de la obesidad también sea combatida mediante la promoción de una alimentación adecuada. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Carla Alicia. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el señor diputado don José Francisco Coronato Rodríguez, del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5o., 7o., 8o., 36 y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Como bien saben, todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad en cuanto a que somos personas, seres racionales dotados de valores intrínsecos, sin distinción alguna.
A raíz de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, promulgada el 9 de junio del 2011, se incorporó a nuestra Carta Magna un abanico de derechos contenidos en tratados y convenios internacionales que abarcan a toda la sociedad, pero que particularmente van dirigidos a aquellos grupos y sectores de la población que han visto vulnerados, violentados o retrasados sus derechos en razón de su condición social, género, raza, creencias religiosas o contar con alguna discapacidad.
En consecuencia, la tarea legislativa que procede en una visión garantista del derecho mexicano es iniciar un proceso de armonización entre los derechos contenidos en tratados y convenios internacionales, ratificados por México en materia de derechos humanos y nuestras leyes, para hacer de estos mecanismos específicos para el ejercicio y goce de esos derechos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver si nos permiten un poco de orden en la Mesa Directiva.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: La armonización legislativa implica un proceso minucioso de revisión del contenido tanto en tratados y convenios como de las leyes, a fin de que cada una se adecúe el nuevo marco constitucional. Por tanto, requerirá de importantes esfuerzos para ir incorporando uno a uno los mecanismos legales que permitan garantizarlos.
En ese sentido, el contenido de esta iniciativa es justamente la de contribuir al proceso de armonización en un tema sensible y prioritario, como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.
Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas. Recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales derivado del derecho a la libertad que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11, como en las declaraciones americana de los derechos y deberes del hombre y la universal de los derechos humanos en sus artículos 13 y 8o. respectivamente, las cuales son normas supremas para las y los mexicanos.
Congruentemente con lo anterior, la accesibilidad y desplazamiento son necesarias para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros, ya que todos ellos implican tener movilidad para desplazarse y poder hacer efectivos.
Sólo para dimensionar la gravedad e injusticia de la discriminación existente para quienes conforman el sector social tan vulnerable como es el de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, la Organización de las Naciones Unidas señaló que en el mes de septiembre del año anterior eran más de 7 mil millones de personas en el mundo, de las cuales el 10 por ciento presentan alguna discapacidad. Esto sería que si fuera cierto, 700 millones de personas la representarían; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señaló que son más de mil millones de personas. Lo anterior representaría que en nuestro país tendríamos más de 12 millones de personas con algún tipo de discapacidad.
Es menester destacar que a nivel mundial, como bien se sabe, la pirámide poblacional tiende a invertirse, por lo cual tendremos más personas de la edad de oro, de las cuales un número importante de ellos podrán alcanzar algún tipo de discapacidad en forma natural.
La reforma propuesta a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal tiene como fin generar las adecuaciones físicas y arquitectónicas que permitan la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad, tanto en le transporte público como en las terminales, estableciendo como un requisito para las concesiones contar de esas adecuaciones. También contempla que los trabajadores y los operadores del transporte estén debidamente capacitados para la atención y tratamiento de las personas con discapacidad, rompiendo con las barreras tanto mentales como físicas que hasta el momento existen en contra de las personas con discapacidad.
En suma, compañeras y compañeros diputados, la discapacidad no está en nuestras hermanas y hermanos que la tienen, sino ésta está sin duda en nosotros por la discriminación e injusticia para ellos. Es tiempo de romper con estas barreras respetando, protegiendo y tutelando los derechos de nuestras hermanas y hermanos.
Es cuanto, solicitándole respetuosamente, señor presidente, sea incorporada esta iniciativa completa al Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada doña Diana Karina Velázquez Ramírez, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para emitir una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa –faltaba más- al gobierno del estado de Chihuahua.
Esta Presidencia saluda con afecto a los alumnos de la escuela preparatoria oficial número 94, de Ecatepec, estado de México, y a los alumnos de la Universidad Lasalle, del campus Cuernavaca, invitados por don José Luis Cruz Flores Gómez y por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Diana Karina Velázquez Ramírez: Con su venia, señor presidente, y con la atenta súplica que se inserte íntegramente al Diario de los Debates el contenido total de la presente iniciativa con proyecto de decreto.
La que suscribe integrante del Grupo Parlamentario del PRI por el estado de Chihuahua, pongo a la atenta consideración de las señoras y señores diputados del mismo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy más que nunca, como sociedad necesitamos mirarnos y reconocernos en los grandes hombres que forjaron la patria mexicana. Los convulsionados tiempos que vivimos nos llaman a rescatar la memoria de los acontecimientos que fijaron los derroteros de una nación libre y justa.
En estos momentos tan cruciales de nuestra historia, ciudadanos y gobernantes debemos inspirarnos en la altura de miras y de los valores patrióticos de los héroes que en los momentos más críticos de México dieron muestra de una privilegiada inteligencia, de una profunda sensibilidad, de un valeroso arrojo y sobre todo de una lealtad inquebrantable ante los ideales y a las instituciones democráticas.
El general Francisco Villa gobernante es una de las facetas poco estudiadas por los historiadores especialistas, sin embargo, vale decir que los meses de su gobierno representan por mucho, el tránsito de la violencia a la paz y a la civilidad. Villa lo entendió como nadie, él sabía que el derrocamiento de la dictadura no debería de generar una dictadura peor. Por ello gobernó conciliando intereses, resolviendo problemas antiquísimos; distribuyendo responsabilidades; combatiendo el hambre; combatiendo a la población a pensarse de otro modo como una sociedad que tenía muchos agravios que cobrar y otros tantos compromisos que asumir.
El gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Villa, es una referencia histórica de la indudable actualidad. México vive 100 años después la expresión de una sociedad nacional agraviada por la insensibilidad social de muchos gobernantes. México sufre la violencia criminal y el derramamiento de sangre inocente. México padece, además, la escases de oportunidades para unas nuevas generaciones que irrumpen en las calles y en las plazas de sus voces indignadas.
Las heridas del México contemporáneo son dolorosas y profundas. Sin embargo, el Villa civil y civilista nos muestra por el respeto que en el orden legal, el arreglo conciliado de los problemas y de la unidad nacional en torno de los subjetivos justos y duraderos, en ese marco histórico donde debemos vernos, sabiendo que la violencia no es en una democracia un camino válido para nadie.
Antes bien, la lección de Villa, gobernador de Chihuahua, consiste en trascender las diferencias mediante una nueva civilidad que exalte la cultura de la debilidad, la disminución de la desigualdad social y el combate institucional y legal a los verdaderos enemigos de nuestra patria, que son la delincuencia organizada, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, la injusticia manifiesta, la falta de oportunidades, el hambre, las enfermedades y la exclusión.
En el binomio libertad-justicia, Francisco Villa puso la muestra ejemplar que hoy retomamos en el centenario de su toma de posición como gobernador de Chihuahua. Como en un momento Villa lo advirtió: la libertad sin justicia es una quimera y la justicia sin libertad es una dictadura.
Compañeras y compañeros diputados, con el más grande los respetos solicito a todos ustedes, sin distingo de origen partidista, o posición ideológica, se sumen a esta iniciativa que sólo busca honrar la labor desempeñada de Villa como gobernador y autorizar la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del general Francisco Villa al gobierno del estado de Chihuahua, toda vez que el próximo 8 de diciembre de 2013 se conmemorarán 100 años de que el general Francisco Villa asumió la gubernatura del estado de Chihuahua.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucha doña Diana Karina. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, don Rubén Camarillo Ortega, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sea usted bienvenido, don Rubén.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace unas semanas atrás, en esta misma tribuna, vine a denunciar un hecho que en lo particular me pareció vergonzoso en la dinámica del Congreso mexicano y particularmente de la Cámara de Diputados.
Hace unas semanas aquí vine a decir con todas las letras que el proceso para la conformación de las comisiones, aquí en la Cámara de Diputados, había seguido un proceso que lo menos lo podía calificar de vergonzoso.
Creo que para un legislador hacer una denuncia en un proceso que le compete a los legisladores no es suficiente. Hay que plantear y hay que proponer las alternativas de solución al problema que plantee.
Por eso, es que el día de hoy vengo a presentar una iniciativa que modifica el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso, en su numeral 5, que dice lo siguiente:
A fin de lograr que la integración de las comisiones maximice la productividad de la Cámara y la mejor atención de los asuntos turnados a cada una de ellas, los grupos parlamentarios deberán presentar las propuestas de integración de sus miembros a las diversas comisiones, a la Junta de Coordinación Política, tomando en consideración los siguientes criterios:
Primero. Experiencia legislativa.
Segundo. La formación académica.
Tercero. La trayectoria profesional y
Cuarto. Cualquier otro elemento relevante del candidato que pueda ser tomado en cuenta para su integración a la comisión a la que es propuesta.
La Junta de Coordinación Política con base en las propuestas hechas por los grupos parlamentarios, previa justificación y de acuerdo a los criterios antes mencionados, las presentará al pleno de la Cámara y éstas deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente.
¿Cuál es el fondo de esta propuesta, compañeras y compañeros? Primero, que dejemos muy claro que en la Cámara pretendemos trabajar con eficiencia. Que nunca más en este recinto la repartición de las comisiones sea un reparto de un botín. Que no sea el instrumento político que se utilice para ganar, a través de una Presidencia, emolumentos adicionales para un diputado.
Porque fíjense ustedes, no sé si todos los que son miembros de esta asamblea lo sepan, pero voy a poner algunos datos a su consideración. ¿Sabían ustedes que algunas comisiones que se han conformado aquí tienen presupuestos por encima de los 20 millones de pesos al año? Escúchenlo, 20 millones de pesos. Las más pobrecitas andan por ahí entre los 2 y los 3 millones de pesos.
El dinero, compañeros, que se reparten las comisiones, y particularmente las Presidencias, es un incentivo perverso, es un incentivo perverso para la integración de las comisiones en el Congreso. Pareciera ser que es la manera de premiar a los miembros de una bancada y no necesariamente, y no en todos los casos, que se asignen las presidencias a aquellos que tengan la mayor experiencia o la mayor capacidad en tales o cuales asuntos.
Y reitero, los presidentes de las comisiones, además de estos recursos, fíjense que tienen, adicionalmente, otros 38 mil 990 pesos adicionales para organizar foros. Tienen adicionalmente un chofer, dos secretarias, asesores, unos de ellos ganando 38 mil pesos, otros 25 mil.
Ahí está el por qué se pelean las presidencias de las comisiones. No es otro, ojalá, y no hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos, volteemos a lo que se hace en el Senado de la República, ahí el presupuesto que ejercen los senadores está distribuido entre los 128 senadores en sus oficinas, para sus asesores. Ahí no hay diferencia entre los diputados de a pie y los que son miembros de las burbujas o de las presidencias de las comisiones.
Los senadores de la república ya en este otro órgano legislativo tienen un trato mucho más justo y mucho más igualitario. Allá no hay, como aquí, diputados de a pie y quienes ejercen a través de las Presidencias poder político. Ojalá y esto no se quede solamente en una buena iniciativa y la hagamos efectiva para la próxima legislatura.
Por ciento –y con esto termino, presidente–, es una vergüenza también que un tema tan importante, como es la conformación de las comisiones, se vote a mano alzada, en una votación económica, en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Estoy proponiendo que sea con voto de las dos terceras partes de esta asamblea para que verdaderamente esas comisiones representen el trabajo de los 500 diputados. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoció que el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, exhortando a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y saneamiento.
Así, la anterior resolución plantea en estricto sentido que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna y que a la par es fundamental para materializar otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación y a la salud.
En pocas palabras el acceso al agua y su saneamiento es una condición natural para la realización de estos derechos.
En el caso particular de nuestro país, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo dicta que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.
Bajo este tenor el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su cuarto eje rector la sustentabilidad ambiental como tema fundamental de política pública, ya que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social.
Tal y como se ha señalado anteriormente, el acceso al agua potable y saneamiento, es fundamental para que todas las personas puedan tener una vida digna y próspera, ya que actúa como catalizador indirecto para que las sociedades incrementen sus indicadores de salud pública, educación y reducción de la pobreza, permitiendo incrementar su desarrollo económico y social.
Sin embargo uno de los retos que enfrenta nuestro país para asegurar el abastecimiento de agua, es la creciente concentración de la población en las localidades urbanas, implicando presiones sobre el medio ambiente y las instituciones, ya que según datos de la Comisión Nacional del Agua, casi 8 de cada 10 personas se concentran en las regiones donde se cuenta sólo con el 31 por ciento de la disponibilidad hídrica natural.
Lo anterior señalado se ve reflejado en que la disponibilidad natural media per cápita del agua ha disminuido considerablemente en los últimos 60 años.
Respecto a esto, al año 2010 a nivel nacional, se colectó mediante el sistema de alcantarillado el 89.9 por ciento de las aguas residuales y de las cuales sólo recibió tratamiento el 43.3 por ciento en las 2 mil 186 plantas instaladas.
Se estima que para el presente año esta cobertura se ampliará al 60 por ciento de las aguas residuales colectadas.
En este escenario en donde en el año 2030, según estimaciones de la Comisión Nacional de Población, la población del país se incrementará en 12.3 millones de personas. El principal problema de calidad de agua en todo el país será la falta de infraestructura de tratamiento de las aguas residuales.
El Estado tiene el deber no sólo de reducir las brechas de acceso al agua, también debe atender el saneamiento y tratamiento de las mismas a efecto de garantizar ese derecho universal y una mejor calidad de vida a las próximas generaciones.
Por ello resulta indispensable que en el tema de dotación de agua y su correspondiente tratamiento, sean los gobiernos municipales quienes asuman el compromiso de reducir las brechas de acceso, pero de igual manera contar con los mecanismos ambientales suficientes para reducir los impactos negativos que genera el uso del vital líquido.
Entre los conceptos de uso de los recursos del fondo, encontramos la inversión en tres temas relacionados con el agua: inversión en proyectos de agua potable; inversión en proyectos de alcantarillado; inversión en drenajes y letrinas.
Sin embargo la ley no considera en ningún momento el tratamiento de aguas residuales, rubro importante si pensamos en el ciclo de inversión y cuidado del recurso natural.
El problema podría erradicarse si dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33, inciso a) especificamos como un rubro adicional de inversión el tratamiento y disposición de las aguas residuales.
Es importante señalar que el tema es de suma relevancia para nuestro grupo parlamentario. Por ello, en legislaturas anteriores y partiendo de las demandas fundadas de los presidentes municipales, se ha presentado una serie de iniciativas orientadas a dar solución a la problemática planteada.
Por lo anterior señalado, la presente iniciativa tiene por objeto que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los municipios puedan financiar obras para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, a fin de consolidar la política hídrica de sustentabilidad de nuestro país. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Martí Batres Guadarrama, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, diputado. Compañeras y compañeros legisladores: la legislatura anterior creó la figura de iniciativa preferente como nueva atribución del Poder Ejecutivo federal. De suyo se trata de una suerte de retroceso, de regreso por nuevas vías a la época del presidencialismo legislativo, pues le da primacía al Ejecutivo federal como legislador preferente, por encima de las y los legisladores.
Los más recientes acontecimientos expresan con claridad el desastre que ha significado esta figura. Se ha discutido una propuesta de reforma laboral con la forma de iniciativa preferente, sin la legislación reglamentaria sobre dicha figura que ordena la propia Constitución.
En su momento presentamos propuesta de controversia constitucional por la ausencia de la reglamentación para que fuera la Suprema Corte de Justicia quien resolviera, pero el PRI y el PAN la rechazaron y, sin embargo, ocurrió un supuesto no previsto en el texto constitucional y entonces la bancada del PRI reconoció que faltaba una reglamentación de la iniciativa preferente. Es más, incluso reconoció que la iniciativa del Ejecutivo federal había dejado de ser preferente.
Pero la iniciativa que el PRI propuso para reglamentar la llamada iniciativa preferente es todavía un retroceso peor, pues plantea prácticamente una dictadura del Ejecutivo, pues propone que sean desechadas todas las iniciativas que se presenten sobre el mismo tema sobre el que el Ejecutivo federal envíe una iniciativa preferente.
Esto es inadmisible, esto es prácticamente aniquilar al Congreso de la Unión para que discuta sobre temas menores y los grandes temas sólo se discutan sobre las iniciativas que envíe el Ejecutivo federal.
Pero no ha acabado ahí el problema, ahora el PRI dice que la iniciativa de Calderón sobre reforma laboral ya volvió a ser preferente, como si tuvieran la varita mágica de la preferencia y pudieran decir cuándo sí y cuándo no es preferente.
Por eso es que proponemos que se reglamente con seriedad la llamada iniciativa preferente, salvaguardando los derechos fundamentales de las y los legisladores. Una iniciativa preferente que envíe el Ejecutivo federal, pues debe ser aquella que reúne y represente tal consenso que en efecto se pueda aprobar rápidamente por el Congreso de la Unión, y cuando eso no suceda, será precisamente porque no reúne ese consenso y porque debe tener el trámite de cualquier otra iniciativa, de tal manera que proponemos reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para establecer lo siguiente, entre otros textos, en el artículo 131, lo siguiente.
Deberán acumularse al dictamen de las iniciativas preferentes otras iniciativas que versen sobre el mismo tema con el fin de considerar la pluralidad de propuestas vertidas, de tal forma que cuando se discute un tema –como el de la reforma laboral, en este caso– se tomen en cuenta las propuestas que presentan los grupos parlamentarios –que ahora están completamente excluidas.
Proponemos, también, que si transcurrido el plazo de 30 días naturales conforme a lo establecido en el artículo 130 de esta ley, sin que se haya emitido y aprobado el dictamen correspondiente, las iniciativas preferentes sean consideradas como iniciativas de trámite ordinario.
Y de igual manera, cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto con carácter preferente sea desechada en todo o en parte, o modificada por la Cámara Revisora, ésta al devolverse a la Cámara de Origen acompañada de las observaciones pertinentes, se considerará una iniciativa ordinaria y se seguirá un trámite ordinario para la culminación de su aprobación, modificación o desechamiento. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, por su presentación. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, doña María del Socorro Ceseñas Chapa, para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de que se requiera al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que emita a la brevedad un nuevo laudo al resolutivo y se resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto, suscrita por las diputadas: la propia María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y doña Luisa María Alcalde Luján, de los grupos parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con su permiso, señor presidente.
Las y los suscritos integrantes de esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Manteniéndose dignamente en pie de lucha por el respeto de sus derechos laborales desde 2009, las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas obtuvieron el pasado 13 de septiembre en el ámbito jurídico, la resolución a favor de los trabajadores, el juicio de amparo directo 1337/2010, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, dejando insubsistente el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto de 2010, en el que la autoridad laboral resolvía dadas por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas.
Múltiples han sido las voces en los medios de comunicación que se expresan en el sentido de que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie abultada de ilegalidades por parte del gobierno federal, en contra de los trabajadores del SME, comenzando con el decreto del Ejecutivo federal del 11 de octubre de 2009, por el que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, cesando de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y afectando a 22 mil jubilados, así como la liquidación de más de 27 mil trabajadores que a través de una falaz y embustera estrategia publicitaria gubernamental, presentó la recesión de laboral como ineludible.
Sobresalen anomalías flagrantes y aberrantes, arbitrarias, como el hecho de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro comunicó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el imperativo de dar por terminadas las relaciones individuales y colectiva del trabajo con el SME, bajo el argumento de una supuesta causa de fuerza mayor, lo que equivalía decir que la causa de la extinción no es responsabilidad del patrón, pues el decreto fue ajeno a su competencia.
Al respecto, hay que recalcar que la Junta Federal también es un órgano dependiente del Ejecutivo, la cual emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del SAE. Declaró terminadas las relaciones laborales así como no aceptó que la Comisión Federal de Electricidad pudiera se considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro.
Sobre estas consideraciones el tribunal concede el amparo al sindicato porque le asiste la razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico y no de causas de fuerza mayor.
El tribunal establece que si se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aún cuando el decreto que lo establezca expresamente. Y también, los bienes de la empresa extinta fueron destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica del centro y se siguen empleando para ello.
El amparo del tribunal ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran la reinstalación de los trabajadores, el respeto y su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.
Lo anterior constituye un triunfo de las y los trabajadores en tribunales. Sin embargo, ahora deberán enfrentar de nueva cuenta las prácticas dilatorias y de tortuguismo en la reposición y elaboración de un nuevo laudo que restituya el anterior emitido en agosto de 2010.
Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no sólo de las y los trabajadores y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas de Luz y Fuerza del Centro, la Cámara de la LXII Legislatura hacemos un llamado al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con celeridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea como asunto de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal cumplimiento de su responsabilidad en relación al juicio de amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, el pasado 13 de octubre del presente.
Se requiere al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el laudo de agosto de 2010 y resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.
Dado en el Palacio Legislativo, de esta LXII Legislatura, el día 6 de noviembre.
Aclarando que esta proposición fue solicitada -termino, señor presidente-, desde la semana antepasada. A disposición de todos ustedes y esperando su voto a favor. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la secundaria 118 Ricardo Flores Magón, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada doña Irazema González Olivarez. Sean ustedes bienvenidos.
En términos del 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud tiene el uso de la voz don Angelino Caamal, de Nueva Alianza. Por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de los derechos de los trabajadores y en contra de las acciones que los vulneren.
Consideramos que la reinstalación de los trabajadores es respeto al contrato colectivo de trabajo y el pago de salarios caídos son justos cuando la liquidación de una empresa es por razones económicas y no se justifica por causas de fuerza mayor.
El asunto que hoy nos ocupa, en este punto de acuerdo, es de la mayor relevancia cuando es la propia autoridad quien intenta lesionar a la clase trabajadora. Es cierto que el Ejecutivo federal tiene la facultad de emitir decretos que considere necesarios para tomar una decisión. Lo que no procede es que con argumentos que no compartimos atente contra los derechos adquiridos de las y los trabajadores.
Con la resolución del fallo del Tribunal Colegiado, esta sentencia queda como un precedente en las relaciones del Estado con sus trabajadores, además de la resolución que favorece a los trabajadores, ésta pone en evidencia el problema estructural que existe en la justicia laboral de nuestro país.
En primer lugar, muestra las implicaciones negativas de que las juntas de Conciliación y Arbitraje sigan siendo parte del Ejecutivo, debido a que surge la duda razonable sobre la confiabilidad de sus resoluciones.
En segundo lugar, el rezago y lentitud que caracterizan a las juntas de Conciliación y Arbitraje por el excesivo burocratismo y falta de celeridad, puede llevar a que el laudo que sustituya al emitido el 30 de agosto de 2010 tarde al menos los dos años que ha durado este juicio.
Por lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque la defensa de los derechos laborales es sin cortapisas y está más allá de los colores o afinidades ideológicas.
Hoy más que nunca la defensa de los derechos de los trabajadores requiere del compromiso de las organizaciones sindicales, y a nosotros, como representantes de la sociedad, nos queda muy claro, completamente claro, que no hay ninguna razón de fuerza mayor que pueda vulnerar los derechos adquiridos de la clase trabajadora. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Angelino. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Por tres minutos, don Manuel. Lo escuchamos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el problema generado por el decreto por el cual se extingue la compañía de Luz y Fuerza del Centro muestra una de las constantes del gobierno de Calderón, la falta de sensibilidad para atender los problemas sociales con miras de estadista, atento al bien común de la sociedad.
La percepción de la ineficiencia de la política implementada en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifiesta no sólo por la resistencia en la defensa de sus derechos que han soportado tres años de ignominia política y mediática, también se manifiesta en el alto número de quejas ciudadanas en contra de las tarifas y del servicio que actualmente proporciona la CFE –entre comillas–, “una empresa de clase mundial”, que recientemente colocó una deuda de 13 mil 500 millones de pesos que se suman a los 67 mil 395 millones de pesos que tenía al cierre de julio de este año.
El pasado 10 de octubre el secretario de Gobernación declaró, en forma por demás irresponsable, que Luz y Fuerza del Centro es un asunto concluido para el gobierno de Felipe Calderón, declaración que confirma falta de oficio político, ya que en el ámbito judicial aún no se ha emitido la última palabra.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento tiene en sus manos la resolución del recurso de revisión interpuesto por el gobierno de Calderón, a través del SAE, contra la resolución del juicio de amparo que determina que la CFE sería considerada como patrón sustituto tras la desaparición de la Luz y Fuerza del Centro.
Confiamos en la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión, porque de resolverse en derecho el intento de frenar los derechos de los trabajadores reconocidos en el amparo emitido en el expediente 1337/2010 serán infructuosos.
En el ámbito de la justicia federal el recurso de revisión procede cuando con toda claridad se advierte que en el cuerpo de la sentencia se fijó el alcance de un precepto de la Constitución.
La resolución que se impugna a través del recurso de revisión no versa sobre la interpretación de disposiciones constitucionales, por lo que la suerte de dicho recurso está marcada por su improcedencia en la Segunda Sala de la Corte Suprema.
Apoyamos la iniciativa del punto de acuerdo que nos ocupa, porque viene a posicionar de nueva cuenta la importancia de la defensa de los derechos de los trabajadores a través de los cauces legales, defensa que pesa a los detractores de la ley, puesto que acredita que no tienen razón al actuar falsamente en nombre del Estado y del interés público.
Con una máscara de legalidad han violentado el derecho de los trabajadores que resisten la actuación arbitraria del gobierno federal, quien ha llegado a la represión de la lucha con el procesamiento penal de 10 de los trabajadores.
Considerando que la resolución final al amparo, que reconoce los derechos de los trabajadores del SME, está en la espera de la Suprema Corte de Justicia la ejecución de la sentencia queda en suspenso para la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que es necesario reformular el exhorto, el cual deberá de dirigirse con pleno reconocimiento a su autonomía y actuación en la más amplia defensa y garantía de de los derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que es nuestra máxima autoridad jurisdiccional que resolverá el recurso de revisión interpuesto por el gobierno federal.
Es por ello que he propuesto a las diputadas del PRD y del Movimiento Ciudadano, para que reformulen el punto de acuerdo en los términos siguientes:
Punto de acuerdo. Se exhorta con pleno respeto a la autonomía y autoridad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la salvaguarda de las garantías constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas y resuelva el recurso de revisión interpuesto por el SAE en contra de la resolución del amparo directo 1337/2010, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito.
Quiero decirle al presidente, que en base... –Sí, estoy culminando.
Para abreviar el trabajo al artículo 113, fracción IV, y para que no vaya haber problemas como la otra vez, que ya los diputados promoventes y los coordinadores parlamentarios de los que promovieron este punto han acordado estar de acuerdo en esta modificación para lo que ocurra, y lo dejo en la Secretaría.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De acuerdo. Tiene usted la garantía de que revisaremos y cumpliendo los requisitos lo presentamos a la asamblea.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Luisa María Alcalde Luján, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. El 8 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitió sentencia en el juicio 1337/2010 mediante la cual otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión, al Sindicato Mexicano de Electricistas.
En dicha sentencia se establece que al no haber existido alguna causa de fuerza mayor que justificara la terminación de las relaciones laborales con más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en patrón sustituto de los trabajadores.
El tribunal resolvió además, que a los trabajadores se les debe pagar los salarios vencidos, desde el momento de la ilegal terminación de las relaciones laborales, hasta el momento de la sentencia; jubilar a quienes hayan obtenido ese derecho en el tiempo que duró el juicio y reinstalar al resto de las y los trabajadores a la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, a pesar de estar en juego la estabilidad y subsistencia económica de 16 mil 599 familias mexicanas que dependen de su trabajo y las indemnizaciones que legalmente les corresponden, el servicio de Administración Pública Federal de Bienes ha promovido un recurso de revisión de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un evidente acto que solamente intenta retrasar aún más el cumplimiento de la sentencia, ya que no existe argumento de constitucionalidad que lo justifique en la interpretación del recurso.
Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social no sólo de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas cuyas familias y proyectos de vida fueron truncados y puestos en suspenso, apoyamos el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución propuesto por el Grupo Parlamentario del PRD para que no se pongan más trabas en el camino para la solución de un conflicto que ha sido ya dolorosamente largo.
Las y los trabajadores del SME, con determinación y apoyados por la justicia, han reconquistado su legítimo derecho al trabajo y a la felicidad. No permitamos que por la vía administrativa o judicial se retrase aún más lo que por derecho les corresponde.
Es por ello que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya ha admitido el recurso de revisión a que resuelva lo más pronto posible, confirmando la sentencia del tribunal colegiado para los efectos establecidos en la misma; y, por el otro lado, exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que dé cabal e inmediato cumplimiento a la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo 1337/2010 a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y evitar incurrir en prácticas ilegales tendientes a atrasar el cumplimiento de la sentencia en detrimento de las y los trabajadores electricistas y sus familias.
No permitiremos que esa injusticia se perpetúe impunemente ni un instante más. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, sin duda resulta inocuo expresarles que el presente punto a discusión es espinoso, pues está vinculado con uno de los actos administrativos representativos de la administración ejecutiva terminal: la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro.
Al respecto la bancada a la cual pertenezco, entra a posicionar en esta tribuna, no puede postular premisas intrascendentes, por el contrario, debemos de ser firmes y claros respecto a este fino asunto, el cual repercute en bastantes personas en una cuestión de interés social: la fuente de empleo de los trabajadores afectados.
En este sentido exponemos que los principios del Partido Verde Ecologista de México están a favor de los ideales libertarios del siglo XVIII que fueron plasmados en nuestra Constitución de 1857 y en la Constitución de 1917.
En ambos casos el derecho fundamental de acceso a la justicia a través de tribunales, puestos especializados, es toral para el adecuado desempeño de un orden jurídico, el cual provee seguridad a las personas.
En este tenor reconocemos la independencia de los tribunales federales y asimismo los autentificamos como autoridades en la materia, por lo cual somos reacios defensores de la correspondiente resolución dictada en el amparo 1337 2010, obsequiada por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo.
De idéntico modo aceptamos las argumentaciones vertidas en el último considerando cuando identifica como características de patrón sustituto, a quien se le transfiere sus actividades y utiliza a la misma industria para proveer en este sentido, energía eléctrica de consumo para el servicio público.
Por todo lo manifestado, somos una voz más que exige la emisión, a la brevedad, de la resolución correspondiente que debe de reconocer las consideraciones vertidas por el tribunal colegiado.
No obstante, también alimentamos ideas, dando cuenta de la autonomía de las juntas de conciliación y arbitraje y no como pretende hacerlo ver el autor del punto de acuerdo a discusión en este momento, de una labor maniatada por el Poder Ejecutivo federal, pues las juntas si bien no forman parte del Poder Judicial, sí son órganos materialmente jurisdiccionales integrados por profesionistas probos en su labor.
En consecuencia, mi representada exige el cumplimiento a la resolución dictada por el Poder Judicial.
Para ello, la junta especial número cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje deberá volver a valorar las determinaciones del asunto y con deóntica, pero con autonomía, solucionar la correspondiente con base en nuestro derecho.
Por eso el Partido Verde Ecologista se posiciona a favor de la autonomía de las autoridades jurisdiccionales laborales, a favor del cumplimiento de la resolución dictada por el Poder Judicial. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Tiene el uso de la voz doña Aleida Alavez Ruíz, del PRD, hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. El tratadista Luis Recasens Siches sostiene que los hombres han establecido el derecho motivado no por los valores éticos superiores, sino en virtud de un valor de rango inferior que es el de la seguridad en la vida social, ya que el derecho no ha surgido por virtud del deseo de rendir culto a la justicia, sino para colmar una urgencia de seguridad y certeza en la vida social.
La ausencia de seguridad jurídica repercute directamente sobre el bienestar de toda nación que aspira a un verdadero desarrollo democrático. Es por eso que hoy apoyamos y esperamos que todos los grupos parlamentarios tengan la sensibilidad de reconocer este punto que plantea la diputada Socorro Ceseñas para recuperar la seguridad jurídica a favor de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Convalidar acciones en perjuicio de la clase trabajadora no sólo daña a un gremio en particular; pone freno al desarrollo de un país. Este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución considera que es ineludible que se reconozca a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que implicaría transferir todos los derechos laborales como seguridad, antigüedad, pago de salarios caídos y demás obligaciones patronales.
Compañeras y compañeros diputados, diputadas: un estado de derecho se asienta en el respeto irrestricto de la ley, las instituciones y los derechos de toda persona. Desde esta perspectiva y al haberse pronunciado el Tribunal Colegiado a favor de los trabajadores, en esta resolución debe reconocerse el derecho contra actos arbitrarios de un gobierno autoritario.
Hacemos pues un llamado respetuoso a la sensibilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sin más dilación emitan resolución sobreseyendo el recurso de revisión, pues en el mismo no se plantean cuestiones de constitucionalidad o de interpretación constitucional que le darían la competencia para conocer de este medio de defensa para que, de esta manera, cesen los injustos jurídicos y se evite continuar trasgrediendo y lesionando a los trabajadores y a sus familias que han sido afectadas por un injusto decreto que de un plomazo desapareció a la Cía de Luz y Fuerza y mandó a la calle a 45 mil trabajadores.
Apelamos a la sensibilidad de todas y todos los diputados que integramos esta Cámara en un solo llamado; no dejemos agotar este llamado para que haya justicia y las 45 mil familias tengan certeza jurídica. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Aleida. Tiene el uso de la voz doña Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados: el punto de acuerdo que hoy abordamos es un tema de vital importancia para la vida de nuestro país, porque implica repercusiones en la vida económica, laboral y política.
Es interés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional establecer que la propuesta se estructura bajo consideraciones erróneas y promueve la intromisión del Poder Legislativo en la vida del Poder Judicial, faltando así al respeto entre los poderes de la Federación.
El fallo del Tribunal Colegiado de ninguna manera pone en evidencia, como se dice, una serie abultada de ilegalidades por parte del gobierno federal en contra de los trabajadores, del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El fallo es una muestra de que en nuestro país vive hoy en día un régimen de democracia plena en donde el Poder Judicial no está subordinado al Poder Ejecutivo. Este acontecimiento ejemplifica el vigor en que se encuentran nuestras instituciones encargadas de impartir y administrar justicia.
En cuanto al exhorto a las autoridades responsables que deben dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 1337/2010, relativo a la sentencia de marras, se da dentro del marco de un juicio de amparo seguido ante los tribunales de la Federación, procedimiento judicial que tiene sus reglas y plazos procesales en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo Reglamentaria.
Por lo que consideramos que esta Cámara de Diputados carece de toda legitimación procesal para poder intervenir en dicho juicio de amparo, ya que no es parte quejosa, autoridad responsable o tercero perjudicado ni ministerio público federal, sirviendo de fundamento el artículo 5o. de la propia Ley de Amparo.
Es importante resaltar que el cumplimiento de un fallo protector de la justicia federal como el que refieren, es de orden público y se rige bajo el principio de persecución judicial, por lo que no sólo sería ilegal la participación de la Cámara de Diputados, sino innecesaria, ya que ninguna sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal puede quedar sin cumplirse.
Señoras y señores legisladores, Acción Nacional les hace una atenta invitación a confiar en nuestras instituciones republicanas, a refrendar el respeto entre los poderes de la Federación, a esforzarlos, a defender a toda costa el régimen de democracia plena que hoy en día se vive en México y esperemos la conclusión de las autoridades competentes en este proceso que aún continúa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Finalmente don Fernando Alfredo Maldonado Hernández.
El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, el tema a que se refiere este punto de acuerdo tiene implicaciones a favor de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sin duda alguna, y por eso debemos de actuar con la mayor prudencia y responsabilidad para dejar que la justicia que se busca sea efectiva y que el tema no se convierta en un espectáculo político.
Se sabe que el gobierno federal promoverá un recurso de revisión al amparo directo concedido por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, del Primer Circuito, el cual dejó sin efecto el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 30 de agosto de 2010, por el que se dieron por terminadas las relaciones de trabajo entre dicha empresa y sus trabajadores.
Se trata de un asunto de la mayor importancia, no sólo por lo que significa en el ámbito de la justicia laboral, sino por las implicaciones que esto tiene en la prestación de un servicio público vital para la economía del país, así como en las finanzas del Estado y en el cumplimiento de sus responsabilidades.
En caso de que el máximo tribunal de justicia del país confirme la resolución en comento, ésta tendrá que acatarse en sus términos y quienes no previnieron debidamente en consecuencias, deberán asumir sus responsabilidades. Implicaría un resultado desastroso producto de una decisión mal planteada y peor ejecutada, tomada desde un irreflexivo ejercicio del poder y basada únicamente en la pretensión de que todo acto de autoridad es, por el sólo hecho de serlo, infalible, lo cual sería refutado por la intervención inobjetable de la justicia.
Por eso, es primordial dejar que el Poder Judicial de la Federación y las autoridades implicadas en el asunto actúen sin presiones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos una importante responsabilidad, que debemos dejar que cumpla alejada de todo rejuego político y de todo interés que no sea el de hacer justicia y el de la aplicación de la ley.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tan malo sería afectar los legítimos intereses de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como pretender que no se desahoguen todos los recursos y procedimiento que en un caso como éste proceden, y que aún están pendientes. Permitamos, compañeras y diputadas y diputados, que esos recursos se cumplan, confiemos en las decisiones que el máximo tribunal pueda adoptar en cumplimiento de sus responsabilidades y esperemos a que esas decisiones se hagan del conocimiento de las partes en conflicto.
La Junta Federal tendrá que acatar lo que dicte la Suprema Corte de Justicia sin dilación alguna, en cuanto se agoten todos los recursos pendientes.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción se abstendrá de votar este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura al resolutivo que propone adicionar don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Modificación del punto de acuerdo que presentan los diputados María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz y Luisa María Alcalde Luján, de los grupos parlamentarios PRD y Movimiento Ciudadano.
Se exhorta con pleno respeto a la autonomía y autoridad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la salvaguarda de las garantías constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas y resuelva el recurso de revisión interpuesto por el SAE en contra de la resolución del amparo directo 1337/2010 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputadas y diputados que estén en abstención (votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, tenemos duda en la votación porque tenemos abstenciones, votos en contra y votos a favor. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación, en el entendido de que lo que estamos votando es si se admite a discusión el añadido propuesto por don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se pide a los legisladores hacer uso del sistema electrónico de votación, en virtud de que por las características del debate no aceptaremos emisiones de votos posteriores.
Esta Presidencia informa a los legisladores que posteriormente, de viva voz, no aceptaremos emisión de votos, por tanto...
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se cierra el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 109 en pro, 111 en contra y 167 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
Ahora vamos a preguntarle a la asamblea, vamos a preguntarle a la...
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada Ceseñas?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Quiero votar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia anunció que por las características de la votación y del debate no íbamos a aceptar de viva voz votación. Si usted gusta, lo que podemos hacer es, en esta segunda votación ampliamos el término a 6 minutos. Es la de fondo. Don Ricardo Monreal, lo escucho.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Bueno, presidente, con todo respeto, presidente, le solicitaría en forma atenta que pudiera repetirse la votación. El día de ayer, presidente, en la Junta de Coordinación Política señalamos, todos los grupos parlamentarios, que hay deficiencias con el sistema de votación y solicitamos una auditoría al sistema de votación. Todos en la Junta de Coordinación Política, incluyendo al vicecoordinador del grupo al que usted pertenece, coincidimos. Nada se pierde, presidente, en que se repita la votación. Son cinco minutos más.
Le pediría, en razón de sus facultades, pueda usted, con justicia, simple y sencillamente ordenar que se repita la votación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores, esta Presidencia fue, por demás, precisa en las reglas de la votación. Estamos nosotros, simplemente votando si se acepta a discusión o no el añadido de Manuel Huerta Ladrón de Guevara. No estamos votando todavía de fondo. En este momento vamos a instruir la apertura del sistema electrónico de votación, por 6 minutos, si lo requieren, de tal suerte de votarlo de fondo si se aprueba o no el punto de acuerdo presentado por la diputada Ceseñas, por doña Luisa María, en fin. Ábrase el sistema electrónico de votación por seis minutos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del 144 del Reglamento...
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Silvano Aureoles, ¿con qué objeto?
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente, hay dudas sobre la votación que se acaba de concluir, y hay un número muy importante de diputadas y diputados que no pudieron votar. No hay necesidad, presidente, de que quede duda.
No hay necesidad de que quede duda sobre el resultado de la votación. No importa que sea solamente el agregado. Me sumo a la solicitud que ha hecho el compañero Monreal, de que se repita la votación para evitar tener dudas al respecto. Gracias, presidente.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Raúl Gómez, ¿con qué objeto? El diputado Raúl Gómez ha estado pidiendo la palabra y no lo hemos escuchado, permítanme hacerlo. ¿Con qué objeto?
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente, con todo el debido respeto que se merece, creo que también ya nos merecemos el respeto todos los compañeros diputados y todas las compañeras diputadas, de que día con día quieran hacer lo que quieran los demás grupos de facción. Si usted está diciendo que son cinco minutos, ¿quieren que se abra más? No puede ser posible. Creo que hay que darle respeto a este pleno. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Pues nada más para decirle, señor presidente, que no es cualquier agregado, es una cuestión de fondo, está en el derecho que el Reglamento me permite, lo firmaron los coordinadores parlamentarios de los grupos promoventes, las diputadas promoventes, y con honestidad pues tenemos dudas porque ha habido un manejo no tan transparente, justamente, ya tenemos el antecedente que le comenté a usted.
Y quisiera que tuviera interés en que se transparente esta votación y se permita que se abra por más tiempo, para que los compañeros que no han votado puedan votar. No es cualquier cosa, como usted lo quiere trivializar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará en la segunda votación.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Alberto Villarreal, ¿con qué objeto?
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. La obligación legal y la responsabilidad que tenemos las señoras diputadas y los señores diputados, los martes y los jueves, es estar en este pleno atendiendo las sesiones. Dar más de cinco minutos me parece un abuso, una falta de respeto y me parece innecesario.
Y es absolutamente falso lo que dice el diputado que me antecedió en la palabra, del PRD, que hayamos los coordinadores parlamentarios votado un documento para aprobar o para apoyar su propuesta. Miente categóricamente, no es así. Y nosotros le pedimos que se abra de manera inmediata el sistema electrónico y se vaya a votación y que sea en un plazo no mayor de cinco minutos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico por seis minutos, a efecto de recabar votación nominal sobre los resolutivos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del artículo 144...
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Presidente, presidente, le estoy pidiendo la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítanos votar, diputada, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: ... del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por seis minutos.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Hasta este momento el diputado López Candido del PT, ha reportado que no funciona su biométrico para votar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Una vez cerrado el sistema de votación no aceptaremos, salvo el diputado López Candido que ha avisado que no pudo votar.
Tómele la votación al diputado López Candido, antes de cerrar. Cerrado no podremos tomar votación. El diputado López Candido.
El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cante el resultado, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En pro, 145, en contra 110 y 199 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Anaya.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. Para que conste en acta, presidente, le pido nos informe qué mayoría es la que usted está requiriendo de acuerdo al Reglamento, si mayoría relativa o mayoría absoluta. Y segundo, presidente, si es que en su interpretación las abstenciones se suman a la mayoría, nos informe en qué artículo del Reglamento está usted basando esa interpretación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En el artículo 3, en su fracción XIII, que como buen conocedor usted la entenderá a cabalidad.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí. Es para pedirle que ilustre a un servidor y a la asamblea sobre qué fue lo que se votó, porque hasta donde yo oí, en el caso de la propuesta que dice usted, lo que votó era si se abría la discusión o no. Pero no se ha votado el fondo del asunto que hemos planteado.
Quiero saber en qué sentido, qué fue lo que se votó. No es la primera vez que tenemos alteraciones en las actas y en los acuerdos y en las interpretaciones. Le pido, que informe qué fue lo que votó.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo propuesto de fondo por la diputada Ceseñas, diputado. Está en la Gaceta publicado. Acuda a ella para ver lo que votó. Usted voto a favor, por cierto.
Dejo la conducción en manos expertas de don José González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Sagarpa, para que se entreguen los recursos del Programa Procampo.
El diputado Salvador Arellano Guzmán: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Salvador Arellano Guzmán: Compañeras diputadas y compañeros diputados; amigos todos. Desde ésta, la más alta tribuna del país, saludo con afecto y amistad a todos los agricultores de México, hombres y mujeres; y muy en especial a los agricultores de mi municipio Zapopan, Jalisco.
Con las facultades que me otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes
Consideraciones
A las diputadas y a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y muy en especial a las diputadas y a los diputados de la Confederación Nacional Campesina nos preocupa demasiado la situación precaria que se vive en el campo de México.
En la historia el campo ha sido el sector más castigado, sufrido y golpeado en todos los aspectos.
El trabajo del campo es el más imprevisto y el más arriesgado, compañeros. Desde el momento que siembras, tienes el problema de que se te pegue la siembra y tienes que volver a resembrar; la falta de agua, las sequías, las heladas. Todo eso más lo más importante que sucede en el campo, el precio y la comercialización de nuestros productos.
El campo es un asunto de prioridad nacional que no ha tenido la importancia debida y la voluntad política del gobierno federal, para que México deje de ser un país que importe los granos básicos para la alimentación de los mexicanos.
México tiene playas, tiene valles, tiene bosques; México tiene todo para ser el granero de todos los países en el globo terráqueo.
Hablar del tratado de libre comercio con Norteamérica, no es la panacea ni es la solución a los problemas que tiene el campo.
Les digo a los campesinos de México y a las mujeres: no le tenemos miedo a la competencia. Podemos competir y podemos trabajar de igual manera que los gringos, de igual manera que los de Canadá, pero siempre y cuando nos pongan en un mismo nivel en tecnología, en maquinaría y en apoyo de los gobiernos de cada uno de los países.
Los países de Norteamérica nunca le dan la espalda al productor, siempre le dan la importancia que debe de tener la producción en cada uno de los países.
Por eso sentimos los agricultores de México que no tenemos el apoyo del gobierno federal. Hoy en este momento en toda la república, no se nos ha entregado el apoyo de Procampo, un apoyo que es por ley y que además ya estaba autorizado ese dinero. Ese apoyo debieron de entregarlo a los campesinos en el mes de junio.
En aquel entonces se nos dijo que no podía ser entregado por las elecciones, en el mes de julio. Hoy estamos en noviembre, estamos ya cosechando nuestras parcelas y es tiempo que todavía no llega el apoyo de Procampo.
¿Cómo quiere el gobierno federal que los productores nos arraiguemos en nuestra parcelas si no hay el apoyo necesario para motivar la agricultura en los campos de México? ¿Cómo les podemos decir a nuestros hijos que se arraiguen y que quieran la tierra como la queremos nosotros cuando no es un negocio la producción del campo y no es redituable la misma?
Eso es lo que los campesinos manifestamos; por eso es que queremos a la tierra, por eso es que no abandonamos la producción, pero queremos que el gobierno federal verdaderamente le dé importancia al campo.
El tiempo me está comiendo. Simplemente decirles que nos apoyen, que apoyemos a los productores de México para que en esta iniciativa se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se entreguen los recursos económicos destinados al Procampo del ciclo primavera-verano 2012, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar la entrega de los recursos de Procampo del ciclo primavera-verano del año 2012. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, conforme al artículo 115, pido que se retiren las palabras por ser ofensivas para las mujeres.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Luis María Alcalde.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Compañeros, me parece verdaderamente penoso y ofensivo para todas las mujeres aquí presentes que se planteen ese tipo de cosas en la tribuna. Pedimos e insistimos que se retire eso del Diario de los Debates y ofrecer una disculpa pública a todas las presentes y a todas las mujeres mexicanas. De qué se tratan esos comparativos.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Juárez, por favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): De igual forma, me sumo a las expresiones de las diputadas que me han antecedido en el uso de la palabra. Que sean retiradas las palabras de la comparación que hizo el diputado. Las mujeres somos ciudadanas con plenos derechos y las mujeres sabemos conducirnos y somos ciudadanas auténticas, que sabemos ejercer nuestros derechos.
Por consecuencia, solicitamos que se retire esa comparación que hizo el diputado que hizo uso de la tribuna.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Beatriz Zavala, por favor.
La diputada Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Presidente, para solicitarle nos sume a la petición que se ha hecho al Grupo Parlamentario del PAN en el sentido de que las mujeres no somos comparables al campo porque no estamos solamente para dar productos, como expresó el diputado en tribuna. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Salvador Arellano, por favor.
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Simplemente decirles a mis compañeras –como lo ratifiqué– y a todas las mujeres de México, no lo hice con mala intención. Quiero decirles que si les ofende esas palabras que de una u otra manera puse en comparación, las retiro.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Arellano. Serán retiradas esas expresiones del Diario de los Debates.
Para continuar con la sesión y para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si el asunto planteado se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia tiene el uso de la tribuna por tres minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo porque para nuestro Grupo Parlamentario el campo mexicano es un sector estratégico del desarrollo nacional, y por lo tanto, es necesario cumplir con los programas de apoyo a los productores agropecuarios.
Las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico porque son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña en su esencia la satisfacción de los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población.
Sin embargo, la Sagarpa ha estado impedida para entregar los recursos del Procampo correspondientes al ciclo primavera-verano del 2012 cuyo presupuesto anual aprobado por esa soberanía fue de 17 mil 968 millones de pesos, aun cuando la mayoría de los campesinos, principalmente de los estados del norte del país, enfrentan una crítica situación debido a los estragos que provocó en las cosechas y en la ganadería las intensas sequías.
Ante la desesperación por falta de recursos financieros para iniciar la siembra del ciclo otoño-invierno y cansados de promesas incumplidas de las autoridades productoras del estado de Sinaloa, llevaron a cabo una movilización con toma de las instalaciones de la delegación Sagarpa.
Una de las principales exigencias de los manifestantes por supuesto es el pago de los apoyos del Procampo. Estamos hablando de adeudos que no les han cubierto por la contingencia de las heladas de 2011.
Como en Sinaloa, numerosos productores del resto del país han solicitado la intervención de diputados federales y senadores, buscando el apoyo a la causa que enfrenta el sector campesino. En virtud de lo anterior, los diputados de Nueva Alianza nos solidarizamos con sus demandas y exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lograr a la brevedad la entrega de los recursos destinados al Procampo.
Compañeras y compañeros diputados, sabemos que el problema no se soluciona únicamente con el hecho de que el titular de Sagarpa instruya al titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, denominada Aserca, a que cumpla con la entrega de los apoyos a que tienen derecho todos los beneficiarios del Procampo, el ciclo primavera-verano 2012. La Secretaría de Hacienda tiene más de 15 días sin asignar recurso alguno para el pago de Procampo a nivel nacional.
En virtud de lo anterior, hacemos un atento llamado al titular de la Secretaría de Hacienda, a no demorar la entrega de estos apoyos. Los productores y campesinos mexicanos no pueden esperar más. Estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
En Nueva Alianza consideramos que las autoridades federales deben ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso con los agricultores en espera de la entrega de los recursos para poder promover el desarrollo de su actividad agrícola. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar cordialmente y darle la bienvenida a la Cámara de Diputados, al alcalde de Acapulco, Luis Walton, que se encuentra aquí invitado por nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Bienvenido a la Cámara, alcalde.
También le damos la más cordial bienvenida a un grupo de compañeros del área de desarrollo social del ayuntamiento de Nicolás Romero, que se encuentran aquí invitados por la diputada Angelina Carreño Mijares. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra por tres minutos el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el programa Procampo nació en 1994 para apoyar principalmente a pequeños productores, propietarios de 5 o menos hectáreas de superficie, siendo el 85 por ciento de los beneficios de dicho programa de apoyo. Es una verdad que en general el apoyo al sector agropecuario en este gobierno se ha mediatizado, al grado de que los recursos que esta soberanía determinó se entregaran a los afectados el año pasado y principios del actual, para recompensar en parte las pérdidas sufridas por heladas, sequías e inundaciones, aún es letra muerta.
En este orden de ideas, es la fecha que los fondos de Procampo debió destinar a los pequeños propietarios por las causas antes señaladas por el ciclo primavera-verano, aún no son entregados a los beneficiarios del programa.
Mencionar que los pequeños productores han estado esperando por meses los recursos, sería acudir a un recurso retórico gastado, porque el gobierno sabe muy bien cuáles son sus tareas y obligaciones para con ese sector de la producción nacional y la necesidad que está presente en la economía de ese segmento de la población mexicana.
Por otra parte, si el gobierno tratara de argumentar que no existen fondos para hacer frente a la obligación referida, también estaríamos hablando de un pretexto banal para incumplir con una obligación que está prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ello, resulta indispensable que tanto la Secretaría de Hacienda como Sagarpa se aboquen a la dispersión de los fondos multicitados en este documento.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda el exhorto que compañeros legisladores han presentado a la consideración del pleno de esta soberanía, para solicitar al Ejecutivo federal ordene que de inmediato se hagan las entregas de los apoyos a los beneficiarios del Procampo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna por tres minutos, el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Valle Magaña: Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años el abandono del campo por parte del gobierno federal y las contingencias climatológicas, principalmente la sequía, han agudizado la crisis en el campo mexicano.
La falta de interés por parte del Ejecutivo federal en atender los estragos de la sequía extrema que golpeó a varios estados de nuestro territorio, agudizó el desplome de la producción y abasto de granos básicos de primera necesidad para el consumo de los mexicanos, como son el frijol y el maíz.
Las anquilosadas medidas realizadas por el Ejecutivo federal no han sido suficientes para contener la terrible agonía por la que atraviesa el campo mexicano. Hasta la fecha se tiene reporte de daños en más de 3.2 millones de hectáreas y pérdidas calculadas hasta por 150 mil millones de pesos, así como más de un millón de productores y ganaderos al borde del colapso en 26 estados de la República Mexicana. De continuar con esta lamentable situación se pronostica un aumento constante en la importación de alimentos y un alza en los precios de productos de primera necesidad pondría en jaque la economía popular.
De acuerdo al plan de gran visión para el desarrollo sustentable del sector alimentario mexicano, de la Comisión de Agricultura de esta honorable Cámara de Diputados, el 35 por ciento de la población vive en el campo.
Al rezago en la producción nacional para satisfacer las necesidades alimentarias de la población hay que sumarle los retrasos por parte del Ejecutivo federal en la entrega de recursos en beneficio de los productores rurales.
El gobierno federal no puede darse el lujo de retener recursos. La delicada condición en la que se encuentra el campo no puede esperar. Si bien, los mil 300 pesos que se destinan por hectárea en el ciclo agrícola no son la respuesta suficiente que necesita el sector, sí sirven como un parche austero para amortiguar los estragos que provocaron las intensas sequías en las cosechas y en la ganadería.
Nos parece absurdo que esta honorable Cámara de Diputados le tenga que estar recordando a cada momento al Ejecutivo federal sus compromisos y deberes con la ciudadanía.
En lo que va de esta legislatura, diputados de diferentes grupos parlamentarios han presentado cinco proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, exhortando al Ejecutivo federal tenga a bien considerar la liberación de recursos para los productores más necesitados del país.
Esperamos que este reclamo no se deposite en saco roto, tal y como ha sucedido con la liberación de recursos tendentes a la mejora en la producción de la papa, el frijol y demás productos importantes para los mexicanos.
Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través, concluyo, señor presidente, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación liberen de manera urgente los recursos destinados al Procampo, correspondientes al ciclo primavera-verano 2012, ya que les permitirán a los productores tener la seguridad de adquirir, de manera inmediata, insumos y servicios que requieren para sus cultivos y para la producción de granos, tales como son fertilizantes, herbicidas e insecticidas, además de otros productos e insumos para el sector ganadero. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora, el uso de la tribuna, por 3 minutos, el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Nabor Ochoa López: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una de las grandes deudas históricas de este país, es precisamente la que tenemos con aquellos sectores que viven en la marginación, con aquellos sectores más desprotegidos.
Somos conscientes de que en muchas zonas urbanas del país existen cinturones de miseria, de pobreza extrema. Pero también nos queda claro que donde más se recrudecen los aspectos de pobreza y marginación es precisamente en el sector rural.
En los discursos oficiales escuchamos una y otra vez que el campo mexicano ha sido fundamental para el desarrollo económico del país, que el sector agropecuario es una actividad estratégica y prioritaria para México, pues producen buena parte de los alimentos que consumimos las familias mexicanas.
Pero, ¿qué hemos hecho para revertir la situación crítica que desde hace muchos años viven quienes se dedican a esta noble actividad? Entre las cosas que se han hecho –y que se han hecho bien– es entregar apoyos como el Procampo, que son apoyos importantes, sin embargo debemos reconocer que son todavía insuficientes.
Pero que además, programas como éste, en muchas ocasiones o llegan a destiempo o definitivamente no llegan. Si no llegan, principalmente a aquellos que más lo necesitan, los pequeños productores.
Porque los grandes productores que legítimamente también se benefician de este programa –dentro de los que tenemos funcionarios e incluso secretarios y ex secretarios de Estado, con sus buenas relaciones, con sus equipos de trabajo– siempre reciben a tiempo estos apoyos.
Desafortunadamente nuestro país se ha vuelto una especie de regla de operación no escrita que los recursos de los programas federales no lleguen con oportunidad a los estados y municipios, aún cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación se ha aprobado a más tardar en diciembre.
En este Congreso hay ex presidentes municipales, ex funcionarios de los distintos órganos de gobierno, incluso ex gobernadores, y nos ha tocado oír reclamos de la ciudadanía relacionados precisamente con el retraso de la entrega de los programas federales.
A quién de nosotros, que tuvimos una responsabilidad municipal, no nos cuestionaba la gente diciendo, por qué empezar las obras en plena temporada de lluvia, por ejemplo. Bueno, pues la razón era sencilla, porque los programas de Sedesol, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, por lo general llegan en julio, agosto, septiembre.
Pero donde existen los mayores retrasos –y eso también lo hemos vivido los municipios y en los estados– es en la entrega de recursos federales precisamente destinados al campo. En el caso del campo –y lo digo con mucho conocimiento de causa– en ocasiones entregábamos los apoyos hasta el año siguiente de su ejerció, de su puesta en operación.
Creemos que para ir dando soluciones de fondo a esta triste realidad debemos pasar de los exhortos, de las peticiones, pasar a las sanciones para aquellos funcionarios que no están cumpliendo con su obligación.
Así como se han contemplado en las reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental sanciones para aquellos funcionarios que no hagan la difusión pública de la información presupuestal y financiera.
Valdría la pena también establecer sanciones, para aquellos funcionarios de cualquier orden de gobierno que por negligencia u omisión no entreguen los recursos destinados al campo de manera oportuna. –Termino, señor presidente.
De esta manera, estoy seguro que estaríamos en camino de corregir de fondo esta problemática. Por todo ello manifestamos nuestro respaldo a este exhorto del diputado Salvador Arellano, a fin de que se haga efectiva la entrega de los recursos pendientes del Programa Procampo Ciclo Primavera-Verano 2012. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, señor presidente. El Partido de la Revolución Democrática demanda un Estado social que promueva el bienestar de los mexicanos, que combata las desigualdades y fomente la producción a través de políticas públicas, oportunas y eficientes.
En este sentido hemos apoyado las propuestas orientadas a incrementar los recursos fiscales destinados al apoyo de los productores, a aumentar el consumo y mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Pero de nada sirven los mejores programas, ni el incremento de presupuestos, si estos recursos se les regatean a los beneficiarios, si no se entregan a tiempo o simplemente no se entregan. Es lo que está sucediendo ahora con el Procampo.
Sin embargo, lo verídico es que de todos los estados del país llueven quejas y exigencias de los productores, porque los recursos del ciclo agrícola primavera-verano aún no se entregan. Inclusive reportes extraoficiales difundidos en los medios de comunicación que dan como fuentes de financiamiento de la Sagarpa, indican que apenas se ha entregado un 40 por ciento del total, cuando la misma administración sexenal le queda escasos días de operación.
El Programa Procampo surgió como un mecanismo de transferencia de recursos públicos para apoyar a los productores del campo. Específicamente está orientado a apoyar el ingreso de los productores del campo, la adquisición de insumos en sus prácticas agropecuarias.
Para que los apoyos cumplan su cometido, es claro que deben de entregarse antes de la siembra y previo al periodo de lluvias. Al parecer es una enfermedad endémica de los gobiernos federales el aplazar o, inclusive, en ocasiones simplemente no entregar los recursos autorizados en los presupuestos por esta soberanía.
Por tercer año consecutivo la Sagarpa está tardando la entrega del Procampo, con la suspicacia inevitable y tal vez justificada de los campesinos, de que la institución está jineteando estos recursos, pues no hay una explicación lógica para lo cual no se hayan entregado. Sea o no verdad la suspicacia de los productores, el hecho es que dichos recursos no han bajado al campo y que deben ser entregados de inmediato a los destinatarios del programa.
El campo mexicano está en la peor crisis de su historia, no solo por las políticas neoliberales que lo descapitalizaron, sino también por un gobierno ineficiente, por la tramitología interminable y por la insensibilidad de la burocracia.
Bajo estos considerandos, el Grupo Parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo propuesto. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra por tres minutos el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Con la venia, señor presidente. Para los trabajadores del campo las burocracias, los partidos políticos, los intereses de grupo y su capacidad de respuesta y nulo acuerdo, es algo que no puede ni debe seguir deteniendo la competitividad y la modernización del campo.
Para Acción Nacional y sus gobiernos, especialmente el del Presidente Felipe Calderón, no deja lugar a dudas que el Estado mexicano tiene un gran compromiso con el sector agroalimentario.
Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de impulsar políticas y acciones y programas destinados al medio rural que redunden con el desarrollo del país y con el sector.
A principios de la década pasada se ha venido fomentando el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, el PEC, como instrumento de política pública que aglutina y organiza los programas y componentes destinados al desarrollo rural y que tiene como centro de dicha política el desarrollo integral del ser humano.
Durante el período 2001-2006, a través de este programa especial, se dirigieron más de 1 billón de pesos al medio rural.
Y del 2007 al 2012, una cifra de recursos destinados al sector rural registra un aumento sin precedentes en más del 60 por ciento en términos reales con respecto a la administración anterior, lo que significa más de 1.6 billones de pesos al desarrollo rural.
En este marco el Procampo constituye uno de los apoyos más importantes para los campesinos y sus familias, con un toral de recursos durante estos seis años de más de 88.6 millones de pesos, cubre la superficie de 14 millones de hectáreas que representa el 64 por ciento de toda la tierra cultivable de siembra en este país y que beneficia a una población de 2.7 millones de productores.
Durante esta administración y la pasada, este programa ahora componente, ha sido objeto de mejoras e innovaciones constantes, con el propósito de que las transferencias gubernamentales lleguen a las manos correctas y trabajadores del campo, que lleguen de forma eficaz, de forma transparente, para lo cual se han simplificado las normas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo y se ha hecho un pago anticipado de siembra, la actualización del directorio, la bancarización de los apoyos y el establecimiento de nuevas cuotas en beneficio de los pequeños productores, que ha tenido un desarrollo informático para mejor transparencia y viabilidad en el programa, entre otras mejoras que dan cuenta de la responsabilidad asumida de estos gobiernos con el campo mexicano.
Bajo este escenario el presupuesto asignado con modificaciones para los subsidios del Procampo en el ejercicio fiscal del 2012, que dé un poco más de 14 millones de pesos de enero a septiembre y se tiene un avance del pago del 88.9 respecto a la superficie estimada para 12.9 millones de hectáreas del 89.1 del monto pagado.
En el ciclo primavera-verano del 2012, el indicador arroja un avance del 79 por ciento y una meta del 89 por ciento.
Debido a este adelanto que se dio en el Presupuesto en el pago de los apoyos del componente Procampo, para el ciclo primavera-verano de 19 estados y en una operación normal de 13 estados restantes, no existió disponibilidad presupuestal en los meses julio, agosto y septiembre.
A razón de lo anterior los diputados de Acción Nacional estamos a favor de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informen a esta soberanía sobre los adeudos pendientes de la compensación a nuestros productores mexicanos a fin de resolver esta situación a favor de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la tribuna por tres minutos el diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Sergio Torres Félix: Con su permiso, presidente, con el permiso de todos. Como todos ustedes saben, como todos los productores de México saben, el campo mexicano está sufriendo una severa crisis de productividad. Esta crisis ha sido ocasionada por el incremento del costo de los insumos agropecuarios y la errónea política social del gobierno que termina.
La producción agrícola y ganadera nacional ha padecido el olvido y la falta de sensibilidad del gobierno federal. Sin medir las consecuencias, se ha preferido proteger con subsidio a las importaciones, lo que ha provocado un injusto desplazamiento de los campesinos mexicanos en el mercado.
La política nacional para el campo debe de ser radicalmente reformulada. Es urgente aumentar la producción y la oferta interna. Se tiene que poner un remedio eficaz y eficiente a la precaria situación de los pequeños productores, protegiéndolos de las prácticas monopólicas que los condenan a la marginación.
El maíz, el frijol, el huevo, los cárnicos han sufrido brutales embestidas climáticas y económicas. Por eso no podemos permitir que a este difícil panorama se sume el incumplimiento irresponsable de las obligaciones gubernamentales.
No permitamos que a nuestro campo se le sigan negando condiciones dignas y necesarias de financiamiento y crecimiento. No permitamos que las prácticas especulativas y la intermediación sigan siendo un impedimento para la libre y justa competencia.
No olvidemos que la situación del campo tiene que ver de manera determinante en las personas de menos recursos, ya que éstas destinan más de la mitad de su ingreso en alimentos para así poder comer ellos y sus familias.
Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a sacar al campo del abandono en que se encuentra. Es momento ya de empezar a resolver años de sobreexplotación, de olvido gubernamental, de desabasto y de desorden.
La política social se ha limitado a sobrellevar la pobreza que padece casi la mitad de la población de nuestro país. Es realmente lamentable que las obligaciones ya establecidas del gobierno con los productores no se hayan cumplido. Resulta preocupante que el mismo gobierno sea el primero en vulnerar los acuerdos jurídicos, como ha sido su actitud frente a los beneficiarios del programa Procampo. Como se ve, a todas luces este gobierno ha sido insensible y ha sido incapaz para atender al campo mexicano.
Son 12 años ya de que el campo mexicano está en el olvido. Queremos que el secretario de Hacienda y el titular de la Sagarpa no se vayan sin resolver este problema a favor de los pequeños productores del país.
Por eso exigimos que paguen Procampo antes que dejen su responsabilidad en el gobierno federal. Exigimos que el titular de Hacienda y el titular de Sagarpa cumplan con los pendientes, cumplan con los compromisos y cumplan con sus obligaciones que tienen con el campo mexicano.
Por estas y otras razones, compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI apoya total e incondicionalmente el punto de acuerdo en comento para que se entreguen los apoyos a que tienen derecho todos los beneficiarios del Programa Procampo.
Apoyamos el punto de acuerdo porque no es justo que se les regateen los apoyos mínimos a nuestros pequeños productores.
Apoyamos el punto de acuerdo porque tenemos un compromiso moral con ellos, y en el grupo parlamentario del PRI siempre apoyaremos todas aquellas propuestas que tiendan a favorecer al campo mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Habiendo concluido la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: A continuación y de conformidad con el artículo 76, fracción V del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de diversas entidades federativas que intensifiquen las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico.
El diputado Víctor Rafael González Manríquez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dengue es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por mosquitos del género Aedes. El agente etiológico es el Denguevirus con cuatro serotipos. La infección viral puede producir un cuadro asintomático, cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre clásica de dengue, dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue.
Es considerado como la enfermedad más común transmitida por artrópodos (arbovirosis); de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con miles de muertes en más de 100 países y aproximadamente dos mil millones de personas en riesgo.
Para la difusión manejo e información respecto a este padecimiento en México se cuenta con un Manual en el que se estructura con base en la Norma Oficial Mexicana establece el Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos, de tal manera que en los diferentes capítulos se agrupan los conceptos para cumplir con la vigilancia epidemiológica del dengue, establecidos por la Dirección General Epidemiológica.
Del total nacional de trasmisiones en el presente año se ha concentrado en la región sur-sureste del país, que incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con el 88.1 por ciento, así como casi la totalidad de las defunciones, 94 por ciento, a diferencia de 2011, que en la región representó el 82.69 por ciento de la trasmisión y el 71 por ciento de las defunciones.
Aunque son 25 estados los que reportan la presencia del dengue, existe el riesgo de extenderse al resto del país. Esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública nacional, y considerando que el estado de salud de la población y sus necesidades están a cargo de la Secretaría de Salud del gobierno federal y de las Secretarías o Servicios de Salud de los estados, estas instituciones tienen la obligación de desarrollar las mejores políticas de salud y garantizar la prestación de los servicios sanitarios, haciendo énfasis de la prevención atendiendo con meticulosidad los factores de riesgo y a los determinantes socioeconómicos de la salud, teniendo una aproximación permanente y multidisciplinaria con la población en riesgo, para no tener que lamentar un problema epidemiológico de grandes consecuencias, y sobre todo no tener que lamentar más decesos que lamentablemente recaen en los sectores más desprotegidos de la sociedad.
En el caso de Oaxaca se ha agravado por una tardía respuesta de las autoridades sanitarias correspondientes. En las regiones de la cuenca, valles centrales, la costa y el Istmo de Tehuantepec están en una verdadera contingencia por la presencia del dengue.
Ahora el cambio climático se convierte en un factor determinante que propicia las condiciones idóneas para la presencia del mosquito transmisor del dengue. Esta enfermedad aparece en zonas donde nunca antes se había presentado. Las Secretarías de Salud de la entidad federativa afectadas por este azote han implementado medidas como fumigación, limpieza de zonas de reproducción y visitas a las colonias afectadas, sin embargo la epidemia se sigue extendiendo.
Deben tomarse medidas para instrumentar una campaña a nivel nacional para el combate, que inhiba la propagación de la enfermedad. Se corre el riesgo de que nuevos municipios y regiones repliquen contagios e incluso que la enfermedad se extienda a zonas o regiones en las que nunca se habían registrado brotes previos, pues se estudia la posibilidad de una mutación del mosco trasmisor para aclimatarse en zonas a más de mil 200 metros de altura sobre el nivel del mar, además de que las medidas de control sean tardías y se generen pérdidas humanas, que es la parte más lamentable de esta omisión de la autoridad.
Por las razones expuestas someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición.
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, a intensificar las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y del hemorrágico, a fin de eliminar las tasas de incidencia y la de mortalidad causadas por la misma.
Solicito a la Presidencia que el texto íntegro del punto de acuerdo sea publicado en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará, el texto íntegro de la proposición con punto de acuerdo se inserta íntegro en el Diario de los Debates. Y ahora para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Señoras y señores legisladores, buenas tardes. El punto de acuerdo que se discute en este momento merece todo nuestro apoyo, ya que es necesario que cualquier riesgo epidemiológico sea detenido a tiempo para evitar daños mayores a la salud de los mexicanos y de las mexicanas.
El dengue transmitido por mosquito está registrando uno de los picos más altos en los últimos años, de manera especial en el sureste de la república, donde se concentra casi el 90 por ciento de los casos registrados, aunque en el resto de las entidades federativas comienzan a presentarse con mayor frecuencia casos confirmados de algunas de las variantes del dengue, ya sea el clásico o el hemorrágico.
El propio gobierno federal ha informado y reconocido que existen alertas en 170 municipios del país, donde hay 7 millones de viviendas y 70 mil planteles educativos. Esta realidad es potencialmente peligrosa, ya que puede desencadenar un brote epidemiológico de grandes magnitudes que rebasaría las capacidades del sistema de salud mexicano, generaría enormes daños a la salud de la población y ocasionaría serios perjuicios a la economía.
En este sentido, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica considera que el dengue se puede convertir en el principal factor de preocupación en el sector salud en estos meses de no ser combatido de manera eficaz y oportuna.
Es verdad que no hemos llegado a los niveles del 2010, cuando se registraron 50 mil casos de dengue. Ahora tenemos un registro de 21 mil casos, pero el riesgo de mutación de serotipo es una amenaza latente. Además, los 23 muertos ocasionados por esta enfermedad son razón suficiente para que el Estado actúe de manera enérgica, eficaz e inmediata para hacer frente a la contingencia o emergencia.
Por esas razones, en Nueva Alianza apoyamos plenamente este punto de acuerdo, para que la Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados intensifiquen las acciones de prevención, atención, control y erradicación del dengue clásico y del dengue hemorrágico.
Que no se escatimen esfuerzos ni recursos, que se contemple la necesidad de acelerar las investigaciones y las pruebas para contar con una vacuna contra esta enfermedad.
Que se incluya a la comunidad científica en la búsqueda de soluciones, como es el caso del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que ya diseñó un insecticida biológico que elimine las larvas del mosquito transmisor del dengue.
Este insecticida es un producto altamente específico sobre las víctimas que va a atacar y no se afecta a otros organismos, además de que no contamina el ambiente.
Así como éste, todos los esfuerzos sean bienvenidos y Nueva Alianza apoya plenamente el punto de acuerdo en comento. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por 3 minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Se somete a consideración de este pleno proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para realizar el exhorto correspondiente a las autoridades de salud y sanitarias, para que apliquen las medidas necesarias para contrarrestar el incremento de los casos de dengue clásico y el dengue hemorrágico.
La situación es delicada, ya que en el año 2011 se registraron poco más de 6 mil casos y hasta el mes de octubre de este año se registran más de 21 mil, es decir, se ha triplicado la incidencia.
Los casos se han concentrado en los estados del sureste del país, como son Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
A nivel mundial, este padecimiento afecta a más de 50 millones de personas en 100 países en un año, de los cuales 500 mil en promedio tienen que ser hospitalizados y puestos en cuarentena. Mientras tanto, se alcanza un nivel de mortalidad de 20 mil personas.
Como puede verse éste es un problema de salud que rebasa el aspecto territorial interno, por lo que deben llevarse a cabo acciones coordinadas con otros países para atacar este mal.
La situación se complica por el incremento de los viajes aéreos, por la falta de planificación de desarrollos urbanos. Las dificultades en el abastecimiento de agua y el deterioro de los programas de control del mosco. La carencia de insecticidas con buena relación de costo-efectividad y la falta de educación sanitaria.
Compañeras y compañeros diputados, es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalezcan las medidas de carácter sanitario y de prevención para que este padecimiento se extienda a otras zonas y se corra riesgo de que el mosquito transmisor pueda adaptarse en condiciones climáticas diferentes a las que hay en el sureste del país.
Coincidimos en la preocupación que se señala en el punto de acuerdo, pues esta enfermedad prácticamente se considera como un mal plenamente controlado y en vías de ser erradicado, sin embargo las cosas no suceden así.
Una propuesta efectiva es decir, sin duda, intensificar aplicación de programas sanitarios que eviten la reproducción del mosco y prevengan la propagación del virus. Aunado a dichos programas es de considerar los costos de los insumos que por necesidad tengan que ser distribuidos en la población, pues uno de los principales problemas para aplicar fumigantes de manera constante son los elevados precios de los productos que en definitiva quedan fuera del alcance de la gente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, para los diputados quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queda claro que para controlar este grave problema la educación sanitaria juega un papel importante, pues sólo con medidas preventivas diseñadas desde el seno de la familia y los núcleos sociales los problemas que tanto aquejan de forma común a los pueblos también pueden ser solucionados.
En ese sentido votaremos a favor del presente acuerdo. Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La Organización Mundial de la Salud define al dengue como una infección transmitida por mosquitos que se presentan en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta.
En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo, más del 40 por ciento de la población mundial está en riesgo de contraer el dengue.
Antes de 1970 sólo nueve países habían sufrido epidemias de dengue graves, sin embargo ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de África, Las Américas, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las regiones más gravemente afectadas son: Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen más de 50 millones y 100 millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo. Actualmente México ocupa el segundo lugar en casos de dengue en América; sólo por debajo de Brasil, que es el país más afectado por este virus en la región. Además que, en nuestro territorio, circulan los cuatro serotipos de este virus, lo cual se considera un factor de riesgo para la aparición de casos de dengue hemorrágicos.
La fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue son problemas de salud pública vigentes en México. Se ha trabajado ampliamente en el control de vectores a través de la participación comunitaria, sin embargo al contar con zonas endémicas se sigue presentando un alto número de casos en el país.
Aunque actualmente esta cifra ha bajado es fundamental mantener e impulsar los programas y acciones que limiten el daño a la salud. Tan solo el año pasado aumentaron los casos confirmados de fiebre hemorrágica por dengue, ya que de acuerdo con cifras oficiales durante las primeras semanas de agosto se presentaron 14 mil 150 casos en todo el país; es decir, el 23.6 por ciento más que en 2011.
La transmisión del dengue ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. Esta enfermedad no cuenta con un tratamiento específico para su curación, aunque su detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada, disminuyen la tasa de mortalidad por debajo del 1 por ciento.
Las acciones dirigidas a la prevención de la enfermedad deben ocupar un lugar preponderante en los estados con mayor riesgo, que permitan incrementar los niveles de salud de la población. Es importante tener una emisión preventiva que si bien no va a evitarlas, si ayudara a disminuir su aparición y eventualmente su extensión, severidad y consecuencias.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano apoya las políticas de prevención para todos los estados de la República, con riesgo a la propagación del dengue clásico hemorrágico. Intensificar los cuidados en la atención primaria de salud e implementar programas de prevención primaria reducen la mortalidad, la tasa de enfermedades y los costos asociados a enfermedades crónicas. Muchas gracias, Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputados y diputadas, éste es un tema sumamente complicado, pero para todo México.
En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo, más de 2 mil 500 millones de personas están en riesgo de contraer esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen entre 50 y 100 millones de infecciones por este virus.
El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembras infectadas, tras un periodo de incubación de entre 4 y 10 días. Un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida; personas que son portadoras y multiplicadoras principales del virus, los mosquitos se infectan al picar a estas personas que ya padecieron el dengue.
La relevancia de esta enfermedad se ubica en el contexto de la prevención para evitarlo, en sus formas más severas; es decir, el dengue hemorrágico y el síndrome de choque por dengue, los cuales se pueden convertir, a corto o mediano plazo, en una urgencia epidemiológica cuya magnitud rebasa la capacidad de respuesta de los servicios médicos asistenciales. Subrayé las limitaciones de las estrategias de control emergente y resulté en un incremento en la mortalidad, sobre todo en menores de 15 años de edad.
Al respecto en México, a diferencia del año pasado, al mes de septiembre se habían reportado 4 mil 511 casos vinculados a esta enfermedad.
En este año, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), se ha registrado un total de 20 mil 290 casos de dengue en nuestro país. Eso significa cinco veces más que el año pasado, compañeros.
Un ejemplo de ello es el estado de Nuevo León, que no siendo un clima tropical ya ha registrado casos de dengue y no solamente al sur-sureste, compañeros, ya está en todo México.
En muchas unidades médicas la atención de esta enfermedad es el principal motivo de consulta, pero en algunas el servicio puede llegar a desbordarse por el incremento del caso de dengue.
El dengue puede convertirse en el principal factor de preocupación en el sector salud al cierre de este sexenio, ya que se han registrado 23 muertes en este 2012.
Chiapas es una zona de muy alto riesgo. Se llevan a cabo diversas acciones tales como mayor vigilancia epidemiológica, ampliación del Abate granulado casa por casa, más promoción a la salud como Escuelas sin mosquito, atención de nebulizaciones con mochila, maquinaria pesada y dos avionetas; pero por supuesto utilizando en todos éstos insecticidas biodegradables para conservar el medio ambiente, pero sobre todo, contamos con la participación ciudadana.
Este problema de salud pública vigente en nuestro país tendrá que seguirse trabajando ampliamente en el control de estos vectores a través de la participación ciudadana, sin embargo al contar con zonas endémicas se sigue presentando un alto número de casos y por ello es fundamental mantener y seguir impulsando programas y acciones que limiten el daño a la salud.
Es por todo lo anterior que el Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de este punto de acuerdo, exaltando la imperiosa necesidad de implementar acciones que permitan prevenir la enfermedad, pero sobre todo, brindar la debida atención a las personas que la padecen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Sansores Sastré: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. Compañeros, hablar de enfermedades tropicales va aunado a la pobreza o a la riqueza, son polares.
¿Por qué lo comento? Porque es justamente en los estados tropicales donde se tiene la mayor incidencia de esta enfermedad que es un flagelo mundial convertido hoy en pandemia.
Hablamos de más de 50 millones de ciudadanos que padecen esta enfermedad; pero en México hay zonas tan apartadas y lo digo porque ya tuve la oportunidad de ser jefe sanitarista de más de 22 municipios y tiene mucho que ver con el movimiento migratorio hacia el interior del país y de los estereotipos existentes ya, del dengue hemorrágico.
El posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, se orienta a no tan sólo tener un solo sitio como es la ciudad de Tapachula, de centro de investigación de salud pública, sino que en cada estado de los que hoy estamos involucrados en lo que es esta enfermedad, tengamos un centro de investigación para poder conseguir la vacuna que pueda prevenir.
Recordemos que hoy por máximo que sea el esfuerzo, no hay recurso económico que alcance para prevenir este tipo de enfermedades, enfermedades que sí matan, enfermedades que cuestan más caro atenderse cuando ya está la complicación existente. Por eso la mejor forma de prevenir es la educación.
Y tenemos nosotros un gran compromiso con México. Esta máxima tribuna tiene que pugnar para que en los domicilios donde no permitan el acceso a los promotores de salud, podamos notros ingresar y poder hacer las medidas que van a hacer que sea posible prevenir y abatir esta enfermedad que se ha convertido ya en un lastre, que no hay recurso que alcance para detenerla.
No podemos dejar pasar desapercibido que las enfermedades tropicales tuvieron un instituto que previno en los años 60 y que fue desaparecido.
Cómo olvidar nosotros el trabajo de Rafael Lucio, con la lepra lepramatosa; cómo olvidar el trabajo del doctor Vialli, que estuvo en el ferrocarril del sureste, en la zona de mayor incidencia de la istmania en este país. Cómo podemos no estar fijándonos que hay onchocerca, que hay enfermedad de Chagas, que no precisamente el dengue, sino que todas las enfermedades que son tropicales se pueden llegar a prevenir, y ésa es nuestra obligación porque son flagelo ya de esta humanidad y de nuestros escolares.
Me antecedía la maestra, la diputada Sanjuana, del Panal, y hablaba de los centros escolares. Imagínense ustedes que esta enfermedad es tan mutante que se consideraba sólo de las zonas conurbadas y de los cinturones de miseria. Hoy está en la selva y se reproduce en el agua que se deposita en las plantas.
Hoy está por encima de mil 200 metros de altura, o sea que no tan solo es del trópico, sino que también de las latitudes por encima de los mil 200 metros sobre el nivel del mar y tenemos una franja, la franja mesoamericana, y habemos más de ocho estados de la república que lo estamos padeciendo y que no tenemos el presupuesto suficiente para la educación y para abatirlo.
Se requiere aspersión, se requiere aspersión aérea, se requiere aspersión local y se requiere mucha voluntad y conciencia de clase de todos nosotros para poder servir y servirnos mejor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Marcelina Orta Coronado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dengue es una infección vírica, transmitida por el mosquito.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en las últimas décadas ha aumentado enormemente su incidencia en el mundo. Y de acuerdo con esta organización mundial, que es la máxima autoridad en salud, más de dos mil 500 millones de personas están en riesgo de contraer el dengue. Esto representa más del 40 por ciento de la población mundial.
Al momento no hay tratamiento específico para el dengue clásico ni hemorrágico; solamente dependemos de la atención oportuna y del acceso a la asistencia médica adecuada que pueda proporcionar nuestro sistema nacional de salud.
Sin embargo, es importante mencionar que podría disminuir la tasa de mortalidad por debajo del 1 por ciento. En este momento, para México y para todo el mundo la prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de la lucha antivectorial que incluye la protección personal, medidas constantes de control del vector y control de los químicos.
Compañeros diputados: la lucha contra el dengue involucra a las autoridades sanitarias federales, a las de las entidades federativas, a las de las entidades federativas y a las del Distrito Federal.
Aunque esto ha implementado las medidas indicadas por la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia y el control de la enfermedad, año con año seguimos padeciendo fuentes de brotes de esta misma.
Aunque actualmente no se cuenta con una vacuna, sí hay aproximaciones que permitan abrigar la esperanza de que en pocos años podemos contar con ello. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional los invita, compañeras legisladoras y legisladores, a no perder de vista el tema en la definición del próximo presupuesto a fin de dotar de los recursos necesarios a los gobiernos federales y locales para que se haga frente a esta letal enfermedad.
Asimismo, a esta tribuna me permito sugerir respetuosamente a la Secretaría de Salud que es necesario una planeación respectiva para tomar la prevención presupuestal necesaria para que en los próximos años se apoye a la investigación en la salud, y para que a la brevedad contemos con una vacuna contra el dengue en nuestro sistema nacional de salud.
Compañeros legisladores y legisladoras, con todo respeto los invito a que actuemos, en consecuencia, con la defensa del derecho a la protección de la salud y votemos a favor de esta proposición con punto de acuerdo, a fin de que la población residente y visitante de las zonas endémicas por esta enfermedad reciban la protección de salud a la que todos tienen derecho.
Y no quiero pasar por alto y aprovechar esta tribuna para decir que Yucatán es el número uno en este problema, del problema del dengue desde hace seis años, y que también mi estado, Tamaulipas, está padeciendo este grave problema.
Por eso les pido que se sumen a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente en la lista de oradores corresponde el uso de la tribuna, por tres minutos, al diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor García García: Con su permiso, diputado presidente. Como todos sabemos, el dengue es un problema de salud presente en nuestro país desde hace ya varias décadas. Su evolución podría resumirse en tres grandes fases: su surgimiento en 1941, año que datan los primeros registros y que se sigue una fase decreciente hasta 1963, cuando se logra su erradicación.
La reinfestación a finales de la década de los sesenta y la emergencia como problema de salud pública, caracterizada por especialistas como un fenómeno de contra-transición en la década de los noventa, hace 17 años el doctor José Narro Robles, entonces subsecretario de Servicios de Salud y el doctor Héctor Gómez Dantés, director de Investigación Epidemiológica del estado, en un estudio sobre el dengue en México explicaron claramente la importancia de incluir este padecimiento en la agenda de los temas prioritarios de salud pública, señalaron que debían tomarse en cuenta las posibilidades de que dicho mal pudiera convertirse en una emergencia de primer orden y rebasar la capacidad de respuesta de los servicios médicos.
Es interesante analizar los factores con base a los cuales se advirtieron los riesgos en los 90 y vislumbrar los que hoy significan nuevas amenazas. Entonces los fenómenos demográficos asociados al proceso de industrialización; el crecimiento de las zonas urbanas; el auge de los centros de playa; el desarrollo de puertos industriales; el consiguiente crecimiento de de población en zonas propicias para el desarrollo del vector; la creciente movilidad humana intercontinental, el aumento de focos de infección en el ambiente doméstico por la producción masiva de artículos manufacturados desechables, entre otros, han favorecido el resurgimiento del dengue.
Hasta la segunda quincena de agosto del presente año ya se habían contabilizado 9 mil 300 casos de fiebre por dengue, contra 2 mil en el mismo periodo de 2011. De igual forma, los casos por dengue hemorrágico, que es la forma más grave de la enfermedad, pasó de 500 en 2011 a 4 mil 700 en este año, siendo los estados más afectados Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán, sin embargo entre ellos Nuevo León no escapa al problema.
Hoy, como se ha señalado, a pesar de los esfuerzos realizados para erradicar esta enfermedad, el avance de los cambios en los perfiles demográficos, aún el componente de complejidad que añade el cambio climático perfilan nuevos retos para impedir la ascensión del dengue y los costos en materia de salud para su tratamiento.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional compartimos la preocupación por este asunto y asumimos plenamente la gravedad que reviste. De igual forma nos comprometemos al diálogo y trabajo conjunto para lograr los consensos necesarios en dicha materia.
En este sentido, suscribimos la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado González Manríquez, para que las autoridades refuercen las acciones de prevención, atención, control y erradicación, señalando que a este respecto la participación de la sociedad será un factor fundamental. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Honorable asamblea, en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con ratificación de la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y también con algunos cambios en comisiones.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicarle los movimientos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Baja, diputado Noé Hernández González, como secretario. Alta, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, como secretario.
Baja, diputado Abraham Montes Alvarado, como integrante. Alta, diputado Tomás Torres Mercado, como integrante.
Baja del diputado Alfredo Zamora García, como integrante. Alta del diputado Heberto Neblina Vega, como integrante.
Baja de la diputada Karina Labastida Sotelo, como integrante. Alta de la diputada Karina Labastida Sotelo, secretaria.
Por lo anterior, la integración definitiva a esta fecha de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es la siguiente:
Aceves y del Olmo Carlos Humberto, del Grupo Parlamentario del PRI, presidente.
Alcalde Luján Luisa María, de Movimiento Ciudadano, secretaria.
Batres Guadarrama Martín, del Partido de la Revolución Democrática, secretario.
Caamal Mena José Angelino, de Nueva Alianza, como secretario.
Cruz Ramírez Arturo, del Partido de la Revolución Democrático, secretario.
Del Ángel Acosta Jorge, del Partido Revolucionario Institucional, secretario.
Grajales Palacios Francisco, del Partido Revolucionario Institucional, secretario.
Labastida Sotelo Karina, del Partido Acción Nacional, secretaria.
López Candido Arturo, del Partido del Trabajo, secretario.
Micalco Méndez Rafael Alejandro, del Partido Acción Nacional, secretario.
Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, del Partido Revolucionario Institucional, secretario.
Salgado Delgado Fernando, del Partido Revolucionario Institucional, secretario.
Aldana Prieto Luis Ricardo, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Araujo de la Torre Elsa Patricia, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Barba Mariscal Marco Antonio, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Blanco Deaquino Silvano, del Partido de la Revolución Democrática, integrante.
Botello Montes José Alfredo, del Partido Acción Nacional, integrante.
Bueno Torio Juan, del Partido Acción Nacional, integrante.
Carbajal González Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, integrante.
Ceseñas Chapa María del Socorro, del Partido de la Revolución Democrática, integrante.
Flores Sandoval Patricio, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Gómez Carmona Blanca Estela, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Hernández Burgos Gaudencio, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Martínez Cárdenas Esther Angélica, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Mendoza Curiel María Leticia, del Partido Revolucionario Institucional, integrante.
Neblina Vega Heberto, del Partido Acción Nacional, integrante.
Quintana Salinas Esther, del Partido Acción Nacional, integrante.
Tapia Fonllem Margarita Elena, del Partido de la Revolución Democrática, integrante.
Torres Cofiño Marcelo de Jesús, del Partido Acción Nacional, integrante.
Torres Mercado Tomás, del Partido Verde Ecologista de México, integrante.
Mucho agradeceré que la misma sea publicada en la Gaceta Parlamentaria. Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración. Atentamente, diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Secretaría, consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los cambios y ratificaciones, comuníquense. Faltan tres.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por:
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Comisión Defensa Nacional
Baja, diputado Heberto Neblina Vega, como integrante
Alta, diputado Alfredo Zamora García, como integrante
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Comisión de Puntos Constitucionales
Baja, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, como integrante
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Alta de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, como integrante
Perdón, es una corrección, dice, la Comisión dice Transferencia y Anticorrupción y debe decir Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Y el alta sería de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Atentamente, diputado Luis Alberto Villarreal García.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, de enterado.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración de la Constitución del estado libre y soberano de Guerrero. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 27 de octubre se conmemoró el 163 aniversario de la fundación del estado del cual tengo el honor de provenir y de venir a representar a este recinto: el estado de Guerrero, el único cuyo nombre se eligió en honor a un ex presidente de la nación, el general Vicente Guerrero, por su incansable labor e innegable contribución al logro de nuestra independencia. Uno de los primeros en responder al llamado de independencia y gestar la consolidación de la nación como un estado libre y federalista, y un activo militante de la lucha de la Revolución a favor de la causa campesina y los derechos y la justicia sociales. Creador de una frase que está aquí, en este recinto: “mi patria es primero”.
Los hombres y mujeres de Guerrero, compañeras y compañeros, han sido responsables y partícipes directos de los cambios sociales y políticos de la más alta trascendencia para la consolidación y evolución de nuestra nación como un estado democrático.
Sin embargo, a más de 200 años de la Independencia y más de 150 de su fundación como estado integrante de la nación mexicana, las y los guerrerenses siguen en espera de los frutos de estas victorias, siguen teniendo sed de justicia, igualdad y oportunidades, dignas de desarrollo.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, concretamente el sur de México fue un espacio representativo y decisivo tanto para el levantamiento como para la consumación del movimiento de Independencia, sólo 15 días después de iniciado el movimiento se levantaron en armas los insurgentes en Tepecoacuilco, donde ya funcionaba una junta revolucionaria encabezada por Valerio Trujano.
A la muerte de Morelos, quien apoyado por las bravas huestes sureñas logró integrar un importante contingente con la colaboración de José María Izazaga, de Coahuayutla; de los hermanos Galeana de Técpan y de Juan N. Álvarez, de Atoyac.
El segundo momento más importante de la lucha fue dirigido por el general Vicente Guerrero Saldaña, quien en un espacio de resistencia a cargo de la guerrilla permitió mantener vivo el deseo de la libertad e independencia y recobrar la iniciativa militar en varios frentes, hasta que culminó la patriótica empresa de convertirla en realidad en 1821.
En este contexto, los intentos por conformar el estado sureño fueron diversos. El primero, en 1810, en el que Morelos hizo conocer a sus tropas la intención de erigir una provincia en el sur del país, llamada Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, con territorios de las intendencias de México, Puebla y Valladolid.
El segundo, en 1823, a cargo de los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Pero no fue sino hasta 1848 que se puso a consideración de los estados afectados –México, Puebla y Michoacán– la propuesta de erección de la entidad con los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco.
Los estados de México y Puebla aceptaron ceder el territorio solicitado, pero Michoacán se pronunció en contra, lo que provocó que Tierra Caliente protestara decidiendo pertenecer al estado en gestación, de tal forma que el 25 de febrero de 1849 fue suscrita en Coyuca un acta de adhesión al nuevo estado, mientras que Tlapa y Costa Chica se sublevaron también en apoyo a la formación de la entidad.
Ante esta situación, el presidente José Joaquín de Herrera intervino como mediador y el 15 de mayo de 1849 envió al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero. La Cámara de Diputados recibió esta propuesta y el 20 de octubre del mismo año aprobó el decreto, y seis días después, lo aprobó la Cámara de Senadores.
El 27 de octubre de 1849, en sesión solemne, la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el estado de Guerrero, y Juan Álvarez fue designado, provisionalmente, comandante general. –Termino, señor presidente.
Guerreo ocupa el segundo lugar en porcentaje de población en pobreza extrema y es la primera entidad cuya población presenta mayor número de carencias sociales; es decir, donde la pobreza es más profunda, es asimismo el estado cuyos habitantes viven con los mayores niveles de marginación.
Estos datos reflejan, que la federación no ha sido lo suficientemente solidaria con las contribuciones que nuestro estado ha realizado a la conformación de la nación. Y nos habla, al mismo tiempo, de la urgencia inaplazable de traducir la vulnerabilidad, el atraso y el olvido en que muchos guerrerenses viven, en un presupuesto más justo y equitativo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. A nombre de la Mesa Directiva le damos la más cordial bienvenida a los presidentes municipales del distrito de ciudad Serdán, Puebla, que están aquí invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto es la efeméride con motivo del 1o. de noviembre, Día Mundial de la Ecología. Tiene para ello la palabra, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, la ecología analiza como cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes. Es una ciencia de análisis y síntesis para comprender la compleja trama de retrorrelaciones que existen en un ecosistema, integra conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología.
El pasado 1o. de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ecología, fecha en la cual se resalta la importancia de concienciar a los pueblos sobre los temas ambientales y sociales.
Estamos padeciendo una crisis bajo condiciones de cambio climático, la desertización, el aumento de la temperatura, la erosión de los suelos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y de alimentos, así como la contaminación del aire, suelo y agua.
En México, necesitamos promover de manera urgente una cultura ambiental que nos permita generar conciencia y responsabilidad en todas las personas, a fin de poder darle a las futuras generaciones un mejor planeta. El Día Mundial de la Ecología se debe recordar a diario con el único fin de valorar y cuidar nuestro patrimonio natural.
Una gran biodiversidad es la que se alberga en nuestro país, diversos paisajes compuestos por una gran variedad de especies animales y vegetales. Tenemos el segundo país en tipos de ecosistemas, y el cuarto en riqueza de especies. En México existen unas 500 especies de importancia pesquera, casi 600 especies que se utilizan para la reforestación, unas 4 mil especies con propiedades medicinales registradas y decenas de miles con potencial biotecnológico.
Ocupamos el segundo lugar en el mundo por la riqueza en reptiles con 804 especies, el tercero en mamíferos con 535, el quinto en anfibios con 361, así como el octavo en aves con mil 96 y casi 2 mil 500 especies se encuentran protegidas por la legislación.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que nuestro país tiene alrededor de 70 por ciento de la diversidad biológica conocida en el planeta, y alerta que cada día se pierden hasta 100 especies animales y vegetales en los bosques tropicales.
En el marco del Día Mundial de la Ecología, venimos a esta tribuna a solicitar a todos nuestros compañeros y compañeras legisladores apoyo en la elaboración de normas y leyes que nos permitan implementar acciones contundentes para sostener y restaurar los ecosistemas, luchando desde nuestra trinchera contra los factores que amenazan la biodiversidad como la destrucción, el deterioro y la fragmentación del hábitat a causa de la minería, la agricultura extensiva, la ganadería, la construcción de presas, el desarrollo urbano, carreteras, gaseoductos, oleoductos, entre otros.
Tenemos hoy una enorme responsabilidad desde ésta, que es la máxima tribuna de la nación, de hacer algo por salvar nuestro planeta y con ello salvar a la especie humana. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Saludamos también a los presidentes de Concepción de Buenos Aires y de Teocuitatlán de Corona, del Distrito VII de Jalisco, que se encuentran con nosotros invitados por la diputada Angélica Magaña. Bienvenidos a la Cámara.
El Presidente diputado José González Morfín: (15:29 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de noviembre de 2012 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
---o0o---