Comunicaciones
Dos de la Junta, con cambios en comisiones
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
Del gobierno del estado de Guanajuato, con respuesta a punto de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con proposiciones sobre el PEF 2013
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre el SAT
De los Congresos de los estados de Baja California, Durango, México y Puebla, relativas al PEF 2013
De la Cámara de Senadores, con minutas
Dictámenes a discusión
Agenda política
Iniciativas de diputadas y de diputados
María Sanjuana Cerda Franco, Nueva Alianza
Mario Alberto Dávila Delgado, PAN
Heriberto Manuel Galindo Quiñones, PRI
Carlos Alberto García González, PAN
Martha Leticia Sosa Govea, PAN
María del Carmen Martínez Santillán, PT
María del Rocío Corona Nakamura, PRI
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
Alfa Eliana González Magallanes, PRD
Gabriela Medrano Galindo, PVEM
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sírvase la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 344 diputadas y diputados. Por lo anterior, hay quórum.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:23 horas): Gracias, secretaria. En consecuencia se abre la sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría, si se dispensa la lectura del orden del día.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente mayoría.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica...
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame, sí hay quien haga uso de la palabra. Dígame, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): En relación al orden del día quiero hacer uso de la palabra, que está a consideración de este pleno.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Lo aprobamos antes, pero haga la consideración.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, compañeros diputadas y diputados, es sobre el orden del día que se somete a consideración de este pleno.
Nosotros planteamos que se agende como un punto de urgente y obvia resolución que modifique el orden del día, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que suspenda el estado de sitio inconstitucional que estamos viviendo en los alrededores de la Cámara de Diputados y también en su interior.
El punto de acuerdo es para pedir al Ejecutivo federal y a las autoridades competentes, que cesen el cerco y la vigilancia sobre domicilios, calles y trabajos. Es evidente que esta medida viola los artículos 9o. que es el derecho a la manifestación; el artículo 11 constitucional que es la libertad de tránsito; el artículo 16 que establece que nadie puede ser molestado en su persona, en sus posesiones, salvo por una orden judicial; y desde luego, el artículo 29 que habla que no podrán suspenderse las garantías individuales.
Esta situación que estamos viviendo en las inmediaciones de la Cámara, es una situación sin precedentes y no solamente es un grave atentado a este Poder Legislativo, sino, sobre todo, a los vecinos de San Lázaro, de un perímetro muy amplio; a los trabajadores, empezando por los de esta Cámara; a los comerciantes, a la gente que tiene su negocio y que ha visto pérdidas económicas y una afectación a su dignidad personal de transitar.
Ayer también un distinguido comunicador de las redes, Robles Maloof, fue también golpeado aquí cerca y eso no puede seguir. Ayer nosotros planteamos este punto en la Junta de Coordinación Política, pero hemos visto que lejos de prosperar la situación sigue avanzando y nosotros queremos que el pleno se pronuncie y pide que cese este cerco que está viviendo.
Los muros son la expresión del autoritarismo, reflejan el miedo de los autócratas a las manifestaciones del pueblo, y el muro de San Lázaro no puede seguir todavía. Ayer decía usted, señor presidente de la Mesa Directiva, que usted no lo pidió, al menos eso reflejan declaraciones en diferentes medios, decían que a usted le parecía excesivo.
Queremos que informe qué está pasando y que en todo caso que se pida y se emita un exhorto para que se levante este cerco. En consecuencia, pedimos que se agende en el orden del día y que haya un pronunciamiento de la Cámara de Diputados sobre el particular. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Gracias, presidente. Ayer, en la Junta de Coordinación Política, nosotros solicitamos de manera formal que usted como presidente de la Cámara informara a este órgano de gobierno de la misma y de ser posible al pleno, cuál había sido el criterio para la solicitud del establecimiento de este cerco policiaco al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por un lado estamos en espera de esa información, hemos conocido por los medios que usted se ha deslindado de ello, que ha dicho que usted es responsable del interior de la Cámara, no del exterior.
Pero como representante legal de esta Cámara reitero mi solicitud, nuestra solicitud de que se nos informen los criterios para ello. Si no fue una solicitud del presidente de la Cámara, pues entonces que el presidente de la Cámara solicite a las instancias que correspondan se informe al respecto, porque eso sí lo podemos hacer.
Porque no solamente se afecta el acceso de diputadas y diputados o de trabajadoras, trabajadores al recinto o al Palacio Legislativo sino que el daño principal es a los ciudadanos que habitan las colonias aledañas.
Estamos hablando de más de 60 mil vecinos que expresan su inconformidad porque tienen afectados comercios, el libre tránsito, por supuesto, que es un derecho constitucional. Pero la dificultad para accesar a sus domicilios, si no traen una identificación como la credencial de elector no pueden accesar a su domicilio y creo que eso es muy grave.
La pregunta es, para qué generamos un problema. Porque los vecinos y los ciudadanos no dicen, es el Estado Mayor el que cercó la Cámara o es la Policía Federal. Dicen, miren los diputados el cerco que tienen. Pareciera ser que las diputadas y los diputados tenemos miedo, tenemos temor y por eso estamos pidiendo este cerco alrededor del Palacio.
Entonces, en consecuencia, nos sumamos a la petición que hace el compañero Ricardo y, si nos lo permiten, entregaríamos un texto de redacción para este exhorto al Ejecutivo federal para que retiren ese cerco excesivo, estas medidas excesivas. Está cerrada la estación del Metro, está cerrada la estación del Metrobús, etcétera.
No es necesario. Entendemos las razones de que haya medidas de seguridad, pero ni en otro momento, en tiempos de mayor tensión y crispación fue necesaria esta medida excesiva. Por tanto, pedimos su comprensión.
Es un asunto de voluntad y no nos hace daño que esta Cámara apruebe un exhorto al Ejecutivo federal para que estas medidas extremas, este cerco a las calles, este bloqueo a las calles sea retirado y se permita el libre tránsito de los ciudadanos. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Buenos días, señores diputados. En la sesión pasada dejábamos saber a la Presidencia que había personal con perros, evidentemente persiguiendo algo. Decíamos que inclusive algunos compañeros trabajadores y algunos ciudadanos nos habían alertado que estaban haciendo investigaciones sobre algunos diputados.
Presumíamos que ya había una instrucción de la Presidencia de la Cámara para que, en coordinación con el Estado Mayor empezar lo que días después, horas después se hizo público para todos los ciudadanos en el país, que fue este cerco a la Cámara de Diputados, que contrasta con la idea que algunos tenemos de que esta es la casa del pueblo.
Ayer para entrar aquí había que cruzar alrededor de 18 barreras custodiadas por personal de la policía, del Ejército, y sabrá Dios de quién más.
El día de hoy hemos visto en los medios que cuando menos hubo sensibilidad por su parte en declarar que era excesivo y fuera de tiempo lo que estaba sucediendo, es por eso que la fracción del Partido del Trabajo estamos desde el jueves junto con Movimiento Ciudadano, con el Partido de Movimiento Ciudadano, pidiendo que esto se discuta y que se emita el exhorto, que hoy queda más claro que nunca, que esta Cámara de Diputados lo tiene que hacer.
Ustedes son responsables no tan sólo de la seguridad de los diputados, sino de que los ciudadanos en general no se violente la Constitución como ocurrió en las últimas 24 horas.
Quiero culminar diciendo que nosotros nos hemos pronunciado ahora y siempre por la no violencia, que somos personas pacíficas y que queremos que en esta Cámara esto no lo violenten los que están tomando estas decisiones. Hemos llamado a la atención de que las medidas que parecen de halcones no avancen en esta Cámara de Diputados.
Creemos muy oportuno que esta Cámara emita ese exhorto y que la fracción de los otros partidos, en los que usted milita, el PRI y el PAN, vean esta voluntad y saquemos un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Un momentito, por favor. Éste es un asunto en el que la Presidencia ya actuó. Les debo el informe. Y eso es lo que voy a hacer en este momento, porque creo que eso puede clarificar las cosas.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Presidente, una pregunta.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Si me permite le informo y después todas las preguntas que usted quiera. En consecuencia, si prefieren que sea antes tengo que sujetarme al orden del día y en consecuencia tendría que ponerlo a votación. No quiero. Quiero darles una explicación, y me parece que es muy oportuno que se las dé.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputado. No oigo, no me lo quiere decir por el micrófono.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputado. No oigo, no me lo quiere decir por el micrófono.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, una observación muy importante. Aquí estamos marcando una propuesta de Movimiento Ciudadano en la página 32, en donde pedimos que se toque este asunto de los puntos de acuerdo.
Pero en especial me llama mucho la atención, que nos acaban de informar que el día de mañana no vamos a poder entrar a nuestras oficinas a laborar, debido a la seguridad que va a imponer el estado de seguridad presidencial. Sin embargo...—si me permite.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Si me permiten, les informo para que no haya especulaciones, diputado.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Permítame terminar, presidente. Le quiero pedir que haga una reflexión sobre la seguridad que tiene el mismo Congreso, que siempre ha sido suficiente y que ha dado buenos resultados. Es una falta de respeto para nuestro equipo de seguridad, que nuestra gente sea desalojada –los mismos de seguridad– y que los de fuera vengan a dar la seguridad, los de la Presidencia vengan a dar la seguridad dentro de nuestras oficinas; esto no es posible.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A ver, señores diputados, el día de ayer esta Presidencia no solo se enteró, vivió un bloqueo en las calles, que ante los medios y públicamente anuncié que nos parecía un exceso. Inmediatamente no espere a que hubiera un punto de acuerdo, porque tengo la facultad para hacerlo, me comuniqué con las autoridades para solicitarles que se restringiera el exceso que se estaba dando para efectos de seguridad.
La gestión resultó exitosa...
El diputado Ricardo Mejía Berdejas (desde la curul): Siguen las fallas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Me deja hablar. En el sentido de que como ustedes pudieron verlo el día de hoy, como los pudimos ver todos, se eliminaron todos los bloqueos que había para el acceso a la calle.
Dije ayer también, que es responsabilidad de esta Presidencia, el custodio y la seguridad interior de la Cámara.
Les puedo informar que adentro de la Cámara está funcionando nuestro equipo de seguridad y nada más, no hay ningún otro en este momento. Si hay necesidad pediré auxilio de la fuerza pública como me autoriza la ley para hacerlo, solo en caso de que haya necesidad, y lo pediré para una razón simple y sencilla. Tengo la obligación de velar por la seguridad de los diputados, de los invitados, de los trabajadores y del público que entra a esta casa.
No hay en la Cámara ningunos perros que no sean de la Cámara y que vigilan que no haya explosivos y que no haya ninguna cuestión que pudiera poner el riesgo su seguridad, diputado. No se preocupe que estoy al pendiente y seguiré estando al pendiente. No habrá ningún exceso y no habrá medidas de seguridad hasta en tanto esté el tiempo necesario para tomar las que se han tomado de costumbre; generalmente y como de costumbre.
Ahora, si ustedes me permiten, pondría yo a consideración de todos los diputados el planteamiento que me hacen de modificar el orden del día y lo quiero poner a consideración del pleno.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A sus órdenes, diputado, dígame.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Gracias, presidente. He leído sus declaraciones, presidente y he escuchado su explicación en este momento.
El día de hoy al trasladarme al Palacio Legislativo por la Avenida Fray Servando, nos encontramos la barricada; pedimos el acceso, la gente de tránsito dijo que no podíamos accesar por esa parte. Nos desviaron y muy amablemente se acercó otro joven que se identificó como personal de Cámara.
Si esta Presidencia no ha dispuesto de ese bloqueo, ¿qué hace, señor presidente, el personal de Cámara allá de aquél lado, más allá de avenida Congreso de la Unión?
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Lo que usted señaló, diputado, ayudándole a acceder.
Tenga la seguridad, diputado, que el día de mañana estaré al pendiente de que puedan acceder con tranquilidad usted y todos; además también los trabajadores de la Cámara –además-. Tenga la certeza.
Voy a poner a consideración el planteamiento que me hacen los diputados en el sentido de incluir en el orden del día un punto de acuerdo para referirse al tema. Sírvase la Secretaría preguntar al pleno si aceptarían modificar el orden del día para agregar este punto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pregunta a la asamblea en votación económica si está de acuerdo en que se pueda modificar el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, secretaria. Continúe por favor con la aprobación del acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, secretaria.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe por favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Palacio Legislativo, México D. F., a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comisión de Trabajo y Previsión Social: Baja, diputado Heberto Neblina Vega, integrante. Alta, diputado Alfredo Zamora García, integrante.
Comisión de la Defensa Nacional. Baja, diputado Alfredo Zamora García, integrante. Alta, diputado Heberto Neblina Vega, integrante.
Movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, baja Competitividad, integrante. Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, baja Transparencia y Anticorrupción, integrante.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Atentamente, diputado Luis Alberto Villarreal García.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que se modifica la integración de la Comisión de Investigación para la Revisión y Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados...
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Sobre este punto?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Antes de someterla a votación, quisiera hacer uso de la palabra para razonar mi voto en favor.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Desde luego, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras.
He solicitado el uso de la palabra para razonar mi voto en favor de estos movimientos que se registran en las comisiones legislativas, es un derecho de cada grupo parlamentario asignar, reasignar, mover o describir uno u otro puesto dentro de las comisiones, pero también quise hacer uso de la palabra porque se está dando paso a un hecho histórico.
Los diputados, de conformidad con el 93 constitucional, han integrado una comisión de investigación en materia de movimientos financieros. Se le ha denominado Condusef, pero en el fondo la gente popularmente la conoce como la Comisión de Investigación Monex, y por esa razón quise razonar mi voto, alegrándome que finalmente hoy se dé paso a la instalación de esa comisión, que nosotros hemos sostenido y sostenemos que es la punta del iceberg de la corrupción, del manejo indebido de recursos públicos en la campaña, de una triangulación financiera ilegal y que probablemente exista dentro de esta triangulación financiera ilegal dinero proveniente de actividades ilícitas.
La comisión de investigación tendrá a su cargo toda esta investigación. Yo estoy seguro que habrá resultados rápido en esta materia, porque incluso el juicio está sub júdice. Hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado mexicano, por violación a la Constitución y por la denegación de justicia.
Quiero, presidente, decirle que lamento mucho que el PRI, el PAN y sus adláteres se hayan negado a firmar, a aceptar o a aprobar este punto de acuerdo anterior del cese a este estado de sitio. Es vergonzoso, es indignante que se suspenda toda actividad.
Prácticamente estamos en un estado de facto, una suspensión de garantías de facto de acuerdo con el 29 constitucional, pero también debo de reconocer su actitud desde ayer, presidente, en donde usted afirmó que no había solicitado el uso de la fuerza pública ni tampoco de estar ocupando o invadiendo las áreas aledañas. Y en efecto, es su obligación porque es la principal facultad, velar por los integrantes de esta Cámara y velar por la seguridad del personal de esta Cámara, pero resulta que a partir de mañana no podrán ingresar, incluso ni sus asesores ni el personal de Cámara.
Se ha anunciado que a partir del jueves no tendrá acceso nadie a entrar en su casa. ¿No les parece a ustedes un despropósito que no puedas ingresar a tu casa? Por eso, presidente, ojalá y usted siga haciendo uso de sus buenos oficios para poder eliminar esta suspensión de garantías de facto que está operando en San Lázaro y sus inmediaciones.
Si el gobierno quiere suspender las garantías, que venga a plantearnos la suspensión de garantías.
Por esa razón, presidente, agradezco su tolerancia y también agradezco los gritos de aquellos inconformes con la gente, de aquellos que se indignan porque protestamos contra este estado de sitio que vive la Cámara. Que lamentable, que en lugar de defender a las personas, se conviertan en meros lambiscones del estado de cosas.
Qué lástima que usted grite, señorita, porque cuando usted habla, siempre la escucho con respeto...
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Voy a suplicar a los diputados y al orador, guarden respeto.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...si tiene algo qué hablar, venga a hablarlo a la tribuna. Atrévanse a hablar en la tribuna, a debatirlo. Debatan. No griten en el anonimato, porque en sus distritos deben de sentirse muy triste de que lo único que hacen es gritar, chiflar, pero no son capaces de venir a defender sus puntos de vistas en esta tribuna.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le informo, diputado, que el día de mañana podrán entrar a la Cámara todos los diputados y todos los trabajadores, porque no lo ha prohibido nadie ni existe ningún estado de sitio en la Cámara.
El día jueves empezaremos a tomar medidas de seguridad, como se han tomado siempre, para garantizar la seguridad de ustedes y de los invitados, para darle final al informe en este tema.
Están abiertas todas las estaciones del metro y lo estarán mañana también.
El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputado.
El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Señor presidente, primero, en el tema de esta comisión de investigación, que efectivamente el artículo 93 constitucional es un derecho que nos da la minoría de poderla conformar a pesar de las resistencias del PRI, de manera fundamental, es un avance, por supuesto que sí, pero tampoco somos ilusos.
Sabemos que los alcances de esta comisión van a ser muy limitados. Por un lado, por la información que van a tener que obtener de algunas instituciones públicas o privadas y que difícilmente se las van a otorgar en una forma correcta.
Y por otro lado, por la propia conformación de la comisión. Sabemos, efectivamente, que el PRI y sus aliados tienen mayoría y lograron tener mayoría en esa comisión y lógicamente que no van a permitir que esa comisión investigue de una forma adecuada y dé los resultados esperados, que el propio país lo requiere.
Y por otro lado, presidente, efectivamente, inquieta mucho cómo este nuevo gobierno toma actitudes que lastiman y ofenden a la ciudadanía. Si bien es cierto, que en el DF la gran mayoría de la gente no vota por el PRI, pero deberían de ser más sensibles, y esperemos que en los hechos se traduzca en que se reduzca esta situación de estado sitio y de molestia que tienen los vecinos del lugar y todos los diputados y el personal de esta Cámara.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputada.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, señor presidente. Lamentamos las y los diputados de izquierda que no haya sido modificado el orden del día, obviamente reconocemos lo que usted ha manifestado y que estará muy atento para resguardar esta Cámara de Diputados y de Diputadas, a partir del jueves.
Quiero informarle, no sé si a usted le hayan dicho, desde este momento ya hay personal del Ejército, con barretas dentro de esta Cámara. Nuestra insistencia tiene justificación y está reportada; señor presidente, sé que puede escuchar también a varias personas a la vez. Tenemos la justificación, entendemos por qué no quieren debatir, no hay argumentos de cómo contrarrestar lo que hemos estado denunciando, el regreso autoritario y represivo del Estado mexicano con el próximo que será impuesto.
Cómo van a argumentar este regreso. No tienen palabras, hay muestras evidentes, es un cerco totalmente insultante. No solamente hacia la Cámara sino hacia la ciudadanía, como ya se expresó.
Sé que tiene usted la habilidad para leer y escuchar, y vuelvo a insistir, desde ahorita, este momento, ya hay personal del Ejército dentro de la Cámara con barretas y eso no es correcto y no puede permitirse. Lamentamos que no atiendan este reclamo del exhorto que tiene que hacer la Cámara. Lamentamos que no quieran entrar al debate.
Sabemos, cómo van a decir que no es cierto que regresará un Estado autoritario y represivo. Que no es cierto que obviamente quieren acallar las voces de la ciudadanía y que quieren seguir aplastando, como lo han hecho todos estos días, alrededor de este recinto. Señor diputado presidente, está el Ejército dentro.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Diputada, si fuera usted tan amable de acompañar al encargado de seguridad de la Cámara y me enseña dónde están, yo voy a sacarlos. Continúe, por favor, la Secretaría.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): No aceptaré su burla. Es su obligación mandar a sacarlos.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Diputada, primer punto, de ninguna manera me burlo, no lo he hecho nunca y no lo haría con usted de ninguna manera, le tengo un gran respeto y lo sigo manteniendo. Simplemente, no puedo sacar a quien no veo y si usted vio alguno, sea tan amable de mostrármelo y yo me encargo personalmente de ir a sacarlo. No es burla. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Déjeme nada más pasar al tema. Adelante, secretario.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahorita le doy la voz.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, solamente una pregunta, si el día jueves no vamos a tener acceso, jueves y viernes, y va a estar aquí el Ejército, ¿qué garantía tenemos de que nuestras oficinas no van a ser cateadas?
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Compañero, el día jueves usted puede entrar a esta oficina y el viernes y el sábado y yo voy a estar al pendiente de que pueda hacerlo. Adelante, la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación solicitudes de permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas e informa de los que han dejado de prestar servicios.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite los siguientes informes.
Primero. El avance del programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Segundo. Informe trimestral 2012, respecto a la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado José González Morfín: También a la Comisión de Energía, para conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Tercero. Trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Cuarto. Sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondiente al quinto bimestre del año 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Quinto. Los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las comisiones correspondientes.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Gobierno del estado de Guanajuato con el que se remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores cuatro proposiciones con punto de acuerdo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen mayores recursos a diversos ramos.
El Presidente diputado José González Morfín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que durante el mes de octubre de 2012 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron oficios de los Congresos de los estados de Baja California, Durango, México y Puebla, con los que remiten acuerdos para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se amplíen, asignen y distribuyan mayores recursos a diversos ramos.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite minutas con proyecto de decreto que:
Reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Dos, que conceden permisos a ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones en diversos grados que otorgan gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen los criterios para delegaciones permanentes y asambleas parlamentarias internacionales. En razón de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria y en sus pantallas, se puede consultar.
Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones...
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, ciudadana secretaria de la Mesa. Como está a consideración el acuerdo de la Junta, tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para referirse al mismo.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, resulta frecuente que los puntos de acuerdo, las comunicaciones o actos de autoridad de esta Cámara que se someten a la aprobación del pleno pasan de manera precipitada, apresurada, como si urgiera; sin discusión.
La Secretaría de la Cámara, por indicaciones del presidente, tiene que darle el trámite primero de estar a discusión el punto que se está tratando. Pero normalmente no sucede así, lo pasan directamente a la votación y se elimina un paso procedimental importante que es someter a la consideración del pleno si se está o no está de acuerdo, y hay un procedimiento en donde hay quienes miembros de la asamblea pueden estar en acuerdo o en desacuerdo. Pero ahora frente a esta situación de premura, de precipitación se elimina esta etapa procedimental, y éste es un tema, presidente, clave.
Por cierto, tengo derecho a cinco minutos, porque estoy votando y estoy argumentando en contra, y siempre me dan tres minutos; de acuerdo con el Reglamento tengo derecho a cinco minutos para poder razonar mi voto y votar en contra.
Siempre nos disminuye el tiempo. Siempre la premura. Siempre la prisa. No hay la oportunidad de argumentar, debatir, razonar, ni siquiera saber de lo que se está votando. Éste es un tema fundamental. Lo que el presidente de la Cámara está sometiendo a la consideración de ustedes es nada menos que todos los compromisos de carácter internacional que tiene la Cámara en el mundo, cuáles son los criterios de representación internacional de la Cámara y pasa sin discusión, señores.
Al menos pónganle un poquito de meditación y de criterio. De verdad alguien sabe estos criterios de representación internacional de la Cámara de Diputados en el mundo.
Incluso haría un análisis más profundo frente a la crítica y frente al país que está en un deterioro económico permanente y frente a un precipicio financiero. Lo que deberíamos revisar es que si es conveniente que la Cámara asista a todos estos foros internacionales, cuanto le representa a la Cámara en gastos, en viáticos y en boletos de avión a asistir a estos organismos internacionales, porque en estricto derecho aunque no hemos renunciado a ser vigilantes de la política exterior mexicana, le corresponde al Senado ser vigilante y autorizar la política exterior del país. Es un tema de fondo.
¿Cuánto costará al año al país los viajes internacionales de representación parlamentaria de la Cámara de Diputados? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Son necesarios? ¿Es conveniente seguir pagando cuotas de inscripción a organismos multilaterales o internacionales? ¿Tienen alguna utilidad?
Hoy nosotros hemos declinado un compromiso internacional a Senegal porque querían enviarnos antes del primero de diciembre a Senegal declinamos ir a Senegal, porque es más importante lo que está pasando en el país. Es más importante estar discutiendo sobre este bloqueo criminal, la suspensión de garantías, que andar fuera del país viajando con dinero del erario. Ése es el tema de fondo, que yo los invito y que deberíamos debatir con profundidad.
He escuchado ahora voces del PAN, de individuos, de personas que respeto, que fueron compañeros del Senado, que son críticas y son racionales. Y he escuchado también voces del PRI. ¿Por qué nos negamos a hacer un análisis serio si esa es nuestra obligación constitucional?
Por eso me opongo a que se estén dando estos trámites al vapor sin discusión ni debate, simple y sencillamente con premura y falta de respeto. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Efectivamente, yo omití ponerlo a discusión; reconozco mi error. Lo hice en razón de que el acuerdo que tengo aquí en mis manos viene firmado por todas las bancadas, pero reconozco que debió de haber sido puesto a discusión. Lo lamento y ya se lo expresé al diputado Monreal. No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero dar la bienvenida y saludar a un grupo de ciudadanos del Municipio de Monclova, Coahuila que se encuentran hoy aquí invitados por el diputado Mario Dávila. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de 12 dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.
En virtud de que todos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, están a discusión en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara, se pregunta si se reserva alguno en lo particular.
En virtud de que no hay ninguno reservado, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se les recuerda a las diputadas y diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación, una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (desde la curul): A favor.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Samuel Gurrión Matías (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 409 en pro; cero en contra, 14 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados en lo general y en lo particular por 409 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario; para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas en nuestro país. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la admisión a la ONU del Estado Palestino.
Informo a la asamblea que se han registrado para participar en agenda política el diputado Luis Antonio González Roldán, la diputada Magdalena Núñez Monreal, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, el diputado José Antonio León, el diputado Glafiro Salinas y el diputado Raymundo King de la Rosa.
En consecuencia tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México, fiel a su larga tradición internacionalista, debe conducirse en materia internacional según los principios de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza; el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la operación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional, en fin, acatando el artículo 89, fracción X de nuestra Constitución General de la República.
Estos principios de la política exterior mexicana deben de ser la piedra angular para definir cualquier asunto en el escenario internacional, preservar la autodeterminación de los pueblos bajo cualquier circunstancia.
A pesar del terrible conflicto que se presenta en los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, Palestina ha logrado el reconocimiento de diferentes instancias internacionales. Desde la Guerra de los Seis Días, en 1967 la ocupación del territorio palestino por parte de Israel ha sido un problema latente en la agenda internacional en la zona.
A diferencia de los conflictos comunes por las definiciones de las fronteras, el conflicto Israel-Palestina es un capítulo inconcluso de la Primera Guerra Mundial, que tras la disolución del imperio otomano y los acuerdos de la Sociedad de las Naciones han impedido el surgimiento y reconocimiento de un Estado palestino libre, independiente y soberano.
Como consecuencia de la construcción de un muro en territorio palestino en el año 2002 por parte del gobierno de Israel, y a propuesta de la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión sobre las consecuencias jurídicas de dicho acto. En ella, estableció que Israel había violado las normas e instrumentos internacionales al construir ese muro.
Las violaciones más graves detectadas fueron el confinamiento territorial; el traslado de civiles israelíes a territorio ocupado; la destrucción y requisa de propiedades; la obstrucción a la libertad de circulación y el deterioro socio-económico de la población palestina.
En virtud de lo anterior, consideramos que la solicitud de Palestina para ser considerado un Estado observador no miembro de la Organización de las Naciones Unidas podría contribuir al entendimiento y alcanzar acuerdos de paz en el Medio Oriente, azotado por la violencia bélica, y con ello reanudar las pláticas de paz suspendidas desde hace dos años con Israel.
Al aceptar esta propuesta, a la cual se han adherido al menos 134 miembros, Estados miembros, Palestina sería un miembro con voz pero sin voto en la Asamblea General, pero podría presentar propuestas, participar en los trabajos de la Organización y atender todas las asambleas del Consejo General.
Como parte de la comunidad internacional y miembro de las Naciones Unidas, estamos convencidos que la paz en el Medio Oriente debe basarse en el multilateralismo, el diálogo y la diplomacia. Consideramos que los beneficios que pueden resultar de aceptar a Palestina como Estado observador no miembro de la ONU son mucho mayores para la resolución pacífica de conflictos, que el rechazar dicha solicitud. Por ello, la política exterior mexicana deberá favorecer en todo momento las acciones que conlleven a la pacificación en la región.
Resulta imperioso señalar que la población civil, los jóvenes, niños y mujeres son los más afectados de un conflicto que se ha preservado a través de décadas. Una resolución como la que se presentará en próximas fechas en la Asamblea General de las Naciones Unidas debe de ser aceptada, si aporta una solución permanente y duradera a favor de los ciudadanos de ambos lados de las fronteras. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna por cinco minutos, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, ocupo esta tribuna para posicionar a mi Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con relación a la postura de México en la Organización de las Naciones Unidas, con respecto a la solicitud de Palestina para ser admitida como Estado observador en dicho organismo internacional.
Mi grupo parlamentario expresa su beneplácito por el reciente cese al fuego que se decretó en el conflicto y hace votos porque la diplomacia internacional aproveche esta nueva oportunidad para preservar la vida y la seguridad de millones de inocentes inmiscuidos involuntariamente en el conflicto.
Este jueves se votará en la ONU si conceden o no a Palestina el Estatuto de Estado observador, lo que equivale a un reconocimiento político del Estado palestino. El año pasado, Estados Unidos, aliado de Israel, ejecutó su derecho al veto.
La Asamblea General de la ONU está constituida por 193 Estados; los palestinos estiman que pueden contar con unos 115 votos, principalmente de países árabes, africanos, hispanoamericanos y asiáticos, y que esperan unos 22 votos en contra, Estados Unidos a la cabeza, así como 56 abstenciones. Palestina pretende, con la resolución, obtener el estatus de Estado observador, no miembro, en la ONU.
De acuerdo con especialistas, el reconocimiento mutuo, el establecimiento de fronteras seguras, los derechos de agua, el terrorismo palestino, el control de Jerusalén, los asentamientos israelíes, la libertad del movimiento palestino y la legalidad en materia de refugiados, son problemas que han sido tratados en infinidad de reuniones, pero sin obtener resultados positivos.
Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PT coincide con el proyecto de resolución de la ONU, en el sentido de que se pronuncia por un arreglo pacífico en Medio Oriente que ponga fin a la ocupación iniciada en 1967 y que realice la idea de dos estados. Un estado palestino independiente, soberano, democrático, contiguo y viable, que viva a lado de Israel en paz y seguridad, sobre la base de las fronteras de antes de 1967.
Lo anterior es congruente con la tradición en política exterior del Estado mexicano, versa nuestra Carta Magna, y cito: En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
El Partido del Trabajo se pronuncia porque esta Cámara haga un llamado al representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas a que se apegue al mandato constitucional y a que ponga al principio de la lucha por la paz y la seguridad internacionales y vote a favor de que el Estado palestino sea admitido como el Estado observador en ese organismo internacional. Un voto de abstención es un voto por la continuidad de la guerra en esa parte de nuestro mundo.
Miembros de esta honorable asamblea, en nuestro grupo parlamentario condenamos el uso excesivo, cruel e inhumano de alta tecnología militar en contra del pueblo palestino a lo largo de 40 años del conflicto.
También, en el Partido del Trabajo no coincidimos en métodos alejados de la legalidad y de la paz para alcanzar las demandas, por muy justas que éstas sean. Desde el Partido del Trabajo, en esta Cámara, convocamos a la próxima administración federal a que asuma una postura digna en el concierto mundial y le hacemos un llamado a que por medio de una política exterior de Estado coadyuve a que palestinos e israelíes logren un acuerdo que les alcance para una vecindad de paz y prosperidad.
Lo prolongado del conflicto palestino-israelí habla de la capacidad que tenemos la humanidad para hacernos entender y entender las razones de los demás. La capacidad que han demostrado es de poco alcance e influencia.
Hoy, la situación en Palestina e Israel es una derrota de la diplomacia mundial en la búsqueda de la paz constructiva, duradera, progresista y hermanada. El Partido del Trabajo se pronuncia por una pronta solución pacífica del conflicto y reitera su llamado al representante de México ante la ONU que contribuya con su voto al reconocimiento del Estado palestino y con ello, a negociaciones de alto nivel que estrechen las manos de palestinos e israelíes en el territorio en disputa. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, saludo con afecto a nuestro alcalde de Movimiento Ciudadano por Acapulco, el licenciado Luis Walton, bienvenido, reciba un caluroso saludo y muy afectuoso, un abrazo.
El pueblo palestino ha sufrido un trato injusto y desproporcionado, el horizonte político y diplomático de Palestina se ha visto opacado en numerosas ocasiones por Israel. Desde 1947, cuando la recién creada Organización de las Naciones Unidas nombra el Comité Especial para Palestina, compuesto por 11 países de mayoría occidental, para intentar resolver el conflicto, se dictamina a cargo de la asamblea general la aprobación de la Resolución 181.
Esta Resolución estableció la fragmentación y las nuevas fronteras para la convivencia entre un Estado árabe y uno judío dentro de un territorio que históricamente ha sido disputado por cuestiones religiosas. La llamada Tierra Santa es sagrada, tanto para cristianos como para judíos y musulmanes. Es un territorio de encrucijada religiosa.
En 1948 Israel se convirtió en nuevo Estado-nación con el apoyo de los aliados, convirtiéndose en el país satélite por excelencia. A inconformidad y la manera injusta ante los ojos árabes, se desata la primera guerra árabe-israelí por parte de los países miembros de la Liga Árabe, quienes se hicieron presentes con la invasión del recién creado Estado de Israel.
A partir de entonces se ha manifestado un sentimiento de rechazo por parte de la comunidad internacional y una indiferencia del mundo ante el conflicto. Si bien el pueblo palestino está fragmentado a lo largo y ancho del territorio, no significa que a su falta de reconocimiento internacional carezca de una identidad nacional.
La dura situación y la sangre vertida por el pueblo a lo largo de tantos años de conflicto armado les ha ganado simpatizantes fuera del mundo árabe. En septiembre de 2011 Mahmud Abbas, Presidente de Palestina, presentó una iniciativa ante la asamblea general, donde finalmente pudiera votarse la adhesión de Palestina como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas; acto condenado y criticado arduamente por parte de Israel, al abogar que el sólo reconocimiento por parte de la organización intergubernamental provocaría la violación de los acuerdos de paz y laceraría las negociaciones alcanzadas hasta entonces.
En octubre del año pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclamó a Palestina como Estado miembro de pleno de derecho. Esta comisión contó con un respaldo de 107 países a favor, 14 en contra y 52 abstenciones. Frente a ese reconocimiento cabe recalcar la amenaza por parte de Estados Unidos para abandonar la organización.
De ser aprobada esa última iniciativa, Palestina pudiera asumir nuevos roles en las diversas instituciones que son dependientes de las Naciones Unidas. Los palestinos suponen que cuentan con un apoyo amplio para que su propuesta salga adelante.
Israel se opone abierta y frontalmente, una vez más, a esta iniciativa, quienes lo consideran un paso unilateral y que el Estado palestino sólo puede ser digno de reconocimiento tras un proceso de negociación.
Es cuestión de simple supervivencia, pero no podemos ignorar la historia ni los principios del derecho internacional y, sobre todo, los fundamentos por los que la Organización de las Naciones Unidas existe: cooperación, paz y seguridad internacional.
Debemos quitar los muros allá y, sobre todo, en la frontera de México con Estados Unidos. Frontera, refugiados y medidas de paz se encuentran en juego sobre la mesa. Más que un vacío de poder, podría peligrar una vez más la estabilidad de la región.
Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano creemos que México debe asumir un papel más proactivo dentro de las relaciones internacionales y conjugar los ingresos nacionales con responsabilidad global.
Respaldamos el reconocimiento de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas, y expresamos nuestro apoyo para la continua construcción de negociaciones de paz para el único beneficio de ambos pueblos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, tiene usted el uso de la voz; de León, Guanajuato, para más señas.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero compartir con ustedes la relevancia de definirnos en este tema, la transparencia que tememos tener en controversias de tanto impacto mundial.
¿Por qué? Porque es lo que nos permite llegar en las mejores condiciones a negociar Tratados de Libre Comercio, de transparencia de tecnología, de intercambio académico, en general de ser bienvenido en las actividades internacionales, a diferencia –si recuerdan– de hace un par de sexenios cuando se quiso adelantar los tiempos en nuestra relación con Cuba y la actividad no encontró eco entre la ciudadanía. Ésa es la importancia de definirnos en este tema.
Israel y Palestina, ya nunca más. Dos pueblos, ambos con derechos y obligaciones. Dos liderazgos históricos, Golda Meir y Yasser Arafat. Dos grandes culturas pero con dos grandes retos: vivir y convivir. Palestina, el hogar histórico de ambos. Israel, un sueño y derecho logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Palestina, una realidad que no se puede obviar.
Amos pueblos tienen derecho a vivir y a convivir, dentro de ambos hay quienes niegan sin embargo el derecho de existir del otro pueblo hermano. Y, sí, pueblos hermanos, aunque muchos en el mundo creen que son diferentes, opuestos, y hasta enemigos. Las raíces históricas de ambos están dentro de esos 22 mil kilómetros cuadrados.
México es un país de paz, hemos seguido la noble enseñanza de Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero ambos pueblos, Israel y Palestina, los israelís, los judíos y Palestina, tienen derecho a existir, Palestina a ser reconocido. ¿Por qué? Porque cuando se reconocen ambos derechos nace la paz.
Han estado cerca de lograrlo a lo largo de 50 años, como cuando en 1994 se aceptó la denominación Autoridad Nacional Palestina. Pero la naturaleza humana, la debilidad humana, los grupos extremistas de ambos pueblos, las creencias fundamentalistas de grupos dentro de ambos pueblos han ganado a la cordura.
¿Y la comunidad internacional, qué? México no puede hacerse a un lado ante el reclamo de ambos pueblos, hay comunidades enteras tanto de origen judío como árabe residiendo en nuestro país, y aportan inmensamente a nuestra vida.
Quisiéramos optar por la prudencia, pero el compromiso con la paz mundial a través del sistema de Naciones Unidas nos obliga a tomar una posición como país. Queremos ayudar en la paz en esta región tan lastimada donde israelíes y palestinos conviven en las mismas calles, caminan en los mismos mercados, pero siempre en el límite de la dolorosa resignación de vivir en permanente alerta y aún así vivir. Es su tierra y ninguno de los dos se irá, es la tierra de ambos.
La prudencia, sin embargo, nos da luz en esta situación. Ambos pueblos tienen derecho a existir y convivir. Se debe regresar a las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días en 1967, sus liderazgos históricos han buscado la coexistencia, el Estado de Israel ciertamente recurrió a ampliar su frontera respondiendo a acciones palestinas; es cierto, pero la comunidad internacional tardó años en ayudar a cicatrizar las heridas, solo Jimmy Carter, Bill Clinton lograron avances.
Nuestra posición, insisto, ambos pueblos tienen derecho a vivir y a convivir. Israel tiene derecho a que su existencia sea reconocida por los países árabes y respetada, y Palestina tiene derecho a ser reconocido también por el sistema de naciones. Es necesario que este jueves el sistema de Naciones Unidas tenga la capacidad y valentía de decir ya nunca más ignoraremos el derecho de uno y otro a vivir y dejar vivir en paz. Será hasta que este noble sentimiento sea cierto en el corazón y claro en la mente de ambas partes, incluso para los grupos radicales que se podrá conciliar a negociar los términos y coordenadas geográficas de sus fronteras, donde ambas partes ganen sin sentirse alienados, rebajados o amenazados.
Solo así podremos los países del mundo ayudarles a negociar fronteras. Nuestro apoyo, nuestra posición será ése; escucharlos y apoyar los puntos de consenso a los que ellos lleguen. Abrimos de hecho nuestro país como grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, incluso extendemos la invitación a ser anfitriones, si así lo desearan ellos de ser anfitriones de sus pláticas.
Ése es el único posicionamiento al que los mexicanos podemos llegar, determinar las coordenadas geográficas de sus estados, de sus países, de sus grupos, corresponden a ambos. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, solo se determinan por la intención y la garantía de paz. Es todo, señor presidente, paisano.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Rosa Elba.
Esta Presidencia saluda con un enorme afecto a los alumnos de la Universidad Bicentenario, del municipio de Acambay, estado de México, invitados por don Miguel Sámano Peralta. Sean ustedes bienvenidos. Don José Antonio León Mendivil, tiene usted el uso de la voz.
El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU adoptó en su resolución 181 el Plan de Partición de Palestina, mediante el cual se acordó crear dos estados: el estado de Israel que ocuparía el 56 por ciento del territorio, y el estado Palestino el cual se quedaría en el 42 por ciento del territorio y el 1 por ciento restante correspondería a la ciudad de Jerusalén, la cual gozaría un estatuto especial administrado por las mismas Naciones Unidas.
El 15 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel, pero hasta esa fecha, 63 años después de la partición, el Estado de Palestina aún no se ha podido crear debido a la ocupación militar israelí de todo su territorio.
Palestina resulta ser el tema más antiguo en la agenda de las Naciones Unidas que no ha sido resuelto y por lo cual ha emitido miles de resoluciones que condenan al Estado israelí por ocupar militarmente ese territorio y por expropiar tierra, establecer más de 180colonias militares en los territorios palestinos ocupados.
Ningún Estado del mundo ha aprobado la expropiación de los territorios palestinos para la creación de los asentamientos israelíes, ya que a la luz del derecho internacional las expropiaciones de territorios por parte de una potencia militar ocupante son totalmente ilegales.
Después de 63 años de espera y de sortear largas maniobras israelíes para evitar la creación de su Estado, la autoridad nacional palestina ha tomado la histórica decisión de solicitar a la asamblea general su ingreso a las Naciones Unidas como Estado observador no miembro; similar al Estatuto que goza El Vaticano en el seno de esa organización multilateral.
Con ello los palestinos pretenden lograr que se les reconozca como Estado libre, independiente y soberano con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967 aunque sólo sea como un Estado observador, lo cual les permitirá ingresar a los distintos órganos y agencias que conforman el sistema de las Naciones Unidas, así como adherirse a todos los tratados y convenciones internacionales que les permita defender y proteger sus inalienables derechos nacionales.
En días pasados el Estado de Israel, mediante una operación militar aérea y selectiva asesinó a Ahmed Yabari, jefe militar palestino de la Organización de Hamás, lo cual desató inmediatamente acciones de respuesta palestinas acelerando la confrontación israelí-Palestina, lo cual fue escalando en magnitud.
Diversos analistas sostienen que la acción militar israelí sólo constituye una burda maniobra de Tel Aviv para distraer la atención de la histórica petición que presentara la autoridad nacional palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, y de la intermediación del gobierno egipcio de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, se logró establecer un cese al fuego que esperamos continúe para contribuir a una paz en la región.
Quiero señalar que todos los países de América Latina ya han reconocido plenamente al Estado Palestino libre, independiente y soberano con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967 y sólo tres países de América Latina no lo han hecho. Nos referimos a Costa Rica, Colombia y México.
Resulta verdaderamente lamentable que nuestro país hasta el momento se haya negado a reconocer, como toda Latinoamérica, al Estado palestino, a pesar de que durante estos 63 años ha suscrito casi todas las resoluciones que reconocen los inalienables derechos nacionales palestinos y que el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece, como uno de los principios rectores de nuestra política exterior, la autodeterminación de los pueblos.
Reconocer como Estado libre, independiente y soberano, al Estado palestino, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos anteriores a la ocupación israelí de 1967, constituye un acto totalmente congruente con nuestra política exterior.
Lograr que nuestra representación permanente vote a favor del ingreso del Estado palestino como miembro observador de las Naciones Unidas sin duda contribuirá a lograr un acto pleno de justicia internacional a favor del hermano pueblo palestino.
Quiero recordar también que el 29 de noviembre de cada año, a partir de la Resolución 181 de las Naciones Unidas, se determinó que cada 29 de noviembre se establecería una conmemoración de solidaridad con el pueblo palestino, con su lucha y a favor de todas sus peticiones.
Yo espero que la decisión del gobierno mexicano sea votar a favor para que, en esta próxima asamblea de las Naciones Unidas pueda ser considerado como Estado observador, no miembro el Estado palestino. Muchas gracias, señor Presidente, gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don José Antonio León Mendívil. Lo escuchamos con una enorme atención.
Esta Presidencia saluda a los señores presidentes municipales del distrito III, Jalisco, invitados por la diputada Cecilia González. Sean ustedes muy bienvenidos y les deseamos, como a todos, que tengan éxito en sus gestiones. Tiene el uso de la voz don Glafiro Salinas Mendiola, del PAN.
El diputado Glafiro Salinas Mendiola: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras legisladoras: la paz internacional es la convivencia en libertad, en la justicia, en la verdad y en la cooperación para bien de todas las naciones.
En Acción Nacional no estamos en contra de la existencia del Estado palestino libre, independiente y soberano. Estamos a favor de que palestinos e israelíes vean el día que puedan convivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Tal lo expresó la canciller Patricia Espinosa Cantellano el día 25 de julio de 2011, ante la representante de la autoridad palestina en México, embajadora Randa Al Nabulsi.
En México hemos apoyado y apoyaremos todos aquellos esfuerzos internacionales que estén enfocados a encontrar una solución integral en el conflicto palestino israelí, que favorezca a ambas partes y que esté cimentada en los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
En este tenor consideramos de fundamental importancia que se reanuden las conversaciones de paz entre Palestina e Israel para que posteriormente puedan tener mejores condiciones para alcanzar ese futuro deseado por tantos millones de personas en el mundo, el día que sea ese sueño hecho realidad, la paz entre la nación Palestina y la nación de Israel.
Consideramos que México debe mantener su posición de evaluar los elementos presentados por ambas naciones y privilegiar la paz por encima de todas las posturas por legítimas o viables que puedan parecer, ya que le corresponde a ambos estados recuperar las negociaciones para la paz y alcanzar acuerdos mutuos que les beneficien a los dos países.
No podemos promover ninguna acción que viole nuestros principios de política exterior referentes a la igualdad jurídica de los estados, la libre autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de la controversias y la búsqueda de la paz y, sobre todo, la seguridad internacional, así como tampoco debemos de favorecer ninguna postura que pueda poner en riesgo cualquier medida que pueda entorpecer cualquier establecimiento de paz en la región, afectando indirectamente a millones de personas que viven en las zonas de conflicto.
Es por ello que México debe de observar la evolución de los acontecimientos en el Medio Oriente previo a una posible votación sobre la admisión del Estado palestino como miembro de la Organización de las Naciones Unidas.
Cabe recordar que uno de los temas prioritarios para México en el LXVII Periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue el referente al conflicto de Israel-Palestino en donde México consideró que israelíes y palestinos deben de adoptar medidas concretas para reanudar las conversaciones y alcanzar una paz duradera que resuelva los puntos de conflicto.
Compañeros y compañeras legisladores, para Acción Nacional la política exterior de México debe servir a la causa de la democracia auténtica y de la paz verdadera, rechazar cualquier falso pacifismo y ayudar a la organización y fortalecimiento de las instituciones que hagan posible la paz y la justicia internacional.
Así, nuestro país debe de permanecer atento a las iniciativas que para este fin se presenten por parte de las autoridades palestinas y apegarse a los principios de política exterior, buscando siempre contribuir a la lucha por la paz y la seguridad internacional. En Acción Nacional estamos a favor de que Palestina sea un Estado soberano, independiente y libre y sobre todo que viva dentro de sus fronteras seguras, conviviendo en la paz con Israel. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Glafiro. Raymundo King, de Quintana Roo, del PRI, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Raymundo King de la Rosa: Gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente.
Los acontecimientos recientes en la Franja de Gaza que causaron un gran sufrimiento a la población inocente, sobre todo mujeres y niños, nos hacen sentir y unir la voz para saludar el armisticio que condujo el cese al fuego en esa región, y también a hacer votos porque ése sea el camino a seguir para conseguir una paz permanente y seguridad que merecen los pueblos de Israel y Palestina por igual.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que se puede conseguir mucho, si como país seguimos los principios que han guiado históricamente nuestra política exterior y que requieren ser retomados cuanto antes: solución pacífica de los conflictos, no intervención; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica en los Estados; la cooperación internacional y sobre todo el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
Deseamos que los israelíes y los palestinos logren alcanzar una paz duradera en la región, que garantice la existencia de dos Estados que convivan con seguridad, en paz y con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Que haya seguridad para el Estado de Israel, pero también lleve el restablecimiento del Estado palestino soberano, que sea viable política y económicamente.
Lo urgente es conseguir que no se repitan los sucesos de violencia que causan un sufrimiento terrible en la población civil. Es necesario que pueda llegar a esas personas que sufren, ayuda humanitaria.
A lo largo de los años el Estado mexicano ha sido consistente junto con decenas de miembros de la comunidad internacional, en su deseo de lograr la paz en la región. Esperamos que México contribuya a todas aquellas iniciativas que traigan aparejada la solución del conflicto entre Israel y Palestina y que permita a la población de esa región acceder a los beneficios del desarrollo para esta misma región.
Durante las últimas semanas vimos con profunda preocupación y dolor, el desarrollo de la operación Pilar Defensivo en la Franja de Gaza, una escalada bélica que ocasionó no sólo daños materiales cuantiosos, sino centenares de víctimas civiles a las dos partes en conflicto.
Refrendamos nuestro deseo de que en lo futuro el apego al derecho internacional, como norma de las relaciones internacionales, y el deber de los Estados a apegarse a él, así como el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas sean los criterios orientadores para cualquier proceso de negociación que se lleve a cabo en la región. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Raymundo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del muy apreciable diputado don José González Morfín, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, muy buenas tardes. Las condiciones materiales que guardan las escuelas constituyen un factor fundamental para garantizar el pleno ejercicio del derecho de la educación.
Cuando no existen escuelas dignas y funcionales, es muy complicado alcanzar niveles de calidad aceptables y los alumnos se colocan en una situación de desventaja respecto a quienes la suerte o el privilegio de estudiar en buenos planteles educativos.
Es lamentable que en México, el 20 por ciento de las escuelas de educación básica, de las 226 mil 734 que están registradas en el ciclo escolar 2010-2011, se encuentren registradas en estado malo, muy malo o pésimo, de acuerdo con el diagnóstico educativo de la República Mexicana, elaborado por la Secretaría de Educación Pública.
Esto significa que más de 33 mil planteles no cumplen con los requisitos mínimos para que los alumnos reciban educación. El resto de las escuelas también presenta carencias, pues en 70 mil de ellas falta el agua y en 44 mil no hay energía eléctrica, además, el 44 por ciento de los planteles escolares se encuentra en un proceso acelerado de deterioro y casi la mitad tienen más de 20 años de antigüedad.
Los daños que esto ocasiona a la educación son muy obvios. Diversos estudios, en particular uno realizado por la Auditoría Superior de la Federación, demuestra que las escuelas que presentan condiciones físicas malas o muy malas, el nivel de aprovechamiento de los alumnos es menor respecto a sus compañeros que estudian en planteles que han recibido mejoras o mantenimiento permanente.
Como se puede observar, las escuelas en malas condiciones no sólo afectan la calidad de la educación, sino que pone en entre dicho la equidad que debe existir en el acceso a los servicios educativos.
Esta situación refleja que la educación no se ha asumido como una prioridad, indispensable para impulsar el desarrollo nacional. En Nueva Alianza no estamos conformes con esta situación, al igual que todos ustedes, pues para nosotros la educación debe ser una prioridad nacional.
Por ello, presentamos esta iniciativa, con el fin de que la infraestructura física educativa del país cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, en consonancia con el espíritu del artículo 3o constitucional.
Sin embargo, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física-Educativa, que es la instancia encargada de verificar que los planteles escolares cumplan los requisitos antes mencionados, no cuenta con instrumentos y controles claros, debidamente establecidos en la ley para cumplir cabalmente esta función.
En concreto, es necesario establecer una instancia y un mecanismo específico, para que dicho instituto pueda certificar responsablemente la construcción, remodelación, mantenimiento o rehabilitación de los planteles educativos donde estudian nuestros niños.
En función de lo anterior, proponemos reformas y adiciones a la Ley General de Infraestructura Física-Educativa, con el objeto de que se instituya un Comité Nacional de Certificación de la Infraestructura Física-Educativa.
Este Comité deberá estar integrado por el director del instituto en mención, quien lo presidirá, así como por especialistas y representantes de los consejos escolares de participación social, de tal forma que converjan diversas ópticas en el proceso de otorgar la certificación correspondiente a las obras de construcción, mejora o rehabilitación de la estructura física educativa.
Con estas reformas buscamos evitar que se habiliten escuelas con baños que se descomponen en un mes. Pisos que se levantan al poco tiempo de instalarse. Techos que se gotean a la menor llovizna. Paredes que se cuartean y lo más grave, edificios en riesgo de colapsarse por no haber verificado adecuadamente su proceso de construcción.
Finalmente, establecemos en la iniciativa que las entidades federativas realicen las adecuaciones necesarias a su legislación, a fin de que incorporen las disposiciones antes mencionadas.
De este modo, Nueva Alianza hace una aportación indispensable para mejorar la educación en México y esperamos que nuestra propuesta cuente con el valioso apoyo de todos ustedes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No, encantado Sanjuanita. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Dávila Delgado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343 A de la Ley Federal del Trabajo y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero resaltar que la presente iniciativa también la suscriben los diputados José Guillermo Anaya Llamas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, la diputada Esther Quintana Salinas, el de la voz y todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
El pasado 4 de septiembre, el presidente, titular del Ejecutivo federal envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social una iniciativa con carácter de preferente, para que se revisaran algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
En el contenido de tan importantes reformas destaca la incorporación de un nuevo capítulo al título sexto de la Ley del Trabajo, para regular los trabajos que se realizan en las minas.
Se destaca, además, la importancia de considerar en las minas de carbón los accidentes que han ocurrido, sobre todo en los últimos años y que han cobrado la vida de numerosos trabajadores. Por eso es indispensable hacer estas regulaciones.
En ese sentido también destaca la prohibición expresa de los pocitos o pozos de carbón o tiros verticales, porque aquí es donde se han presentado el mayor número de accidentes y son los que presentan mayor riesgo.
Se han presentado casos históricos. Por ejemplo, en 1969, en Barroterán. Coahuila, fallecieron 153 mineros en la explosión de una mina. Además, recientemente el caso de la mina de Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros en Nueva Rosita, Coahuila.
Durante los años de 2006 a 2011 ha habido 124 muertes relacionadas con las explosiones y los accidentes en las minas de carbón, según la Comisión de Derechos Humanos.
La minería del carbón en México principalmente se produce hasta un 90 por ciento en el estado de Coahuila, en las cuencas de Sabinas y la de Río Escondido. Es importante mencionar que durante la discusión y el análisis de esta iniciativa en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, también se aprobó la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 343-A, donde se establecen las disposiciones con respecto al trabajo en las minas de carbón y en los tiros verticales.
No obstante que este dictamen fue aprobado en esta Cámara, ese párrafo no se incluyó y por eso en la minuta que se envió al Senado no se discutió este tema tan importante. Es importante que no queden en el olvido todos los accidentes que han sucedido en Coahuila y en otros lados, y que se tome en cuenta este segundo párrafo relativo a la existencia en los tiros verticales de carbón en las minas, llamados pocitos también.
Es por todo lo anterior que someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes. En este caso la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados.
Asimismo, queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, extendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obra, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores.
Solicito a la Presidencia que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y como dice el clásico, es mucho. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Está en el salón de sesiones don Heriberto Galindo?
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, tiene usted el uso de la voz, don Heriberto Galindo, de Sinaloa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para solicitar su atención y su apoyo para que aprobemos una iniciativa en homenaje al insigne mexicano Eduardo Neri Reynoso y a la propia Cámara de Diputados por tratarse de la máxima presea que otorga este órgano legislativo.
Hace 43 años, el 2 de diciembre de 1969, la Cámara de Diputados aprobó un decreto para establecer la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, para honrar y reconocer al licenciado Eduardo Neri Reynoso, quien siendo diputado federal a la XXVI Legislatura, desde la tribuna más alta de la nación, enjuició al usurpador Victoriano Huerta por la desaparición del senador chiapaneco Belisario Domínguez.
Con un extraordinario valor civil el diputado Neri Reynoso, originario del estado de Guerrero, pronunció un discurso para exhortar a sus compañeros diputados a oponerse al usurpador del Poder Ejecutivo, y así defender la dignidad del Congreso mexicano.
La respuesta de Victoriano Huerta fue aplastante, disolvió el Congreso, encarceló al diputado Eduardo Neri y a otros 82 legisladores de 1913. Más tarde, el valeroso y honrado abogado guerrerense fungió como procurador de la República, alado del presidente Álvaro Obregón.
La propuesta que hoy formulo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es para que la medalla al mérito cívico Eduardo Neri Reynoso y Legisladores de 1913 sea a partir de la aprobación con la que usted nos honre una presea anual en lugar de otorgarse cada tres años, como viene ocurriendo hasta la fecha, habida cuenta de que existen ciudadanas y ciudadanos mexicanos que merecen un reconocimiento anual de parte de esta Cámara de Diputados.
Para ello tenemos que modificar el decreto que crea la medalla y reformar el Reglamento que regula su otorgamiento, esos dos aspectos se contemplan en el proyecto de decreto que pongo a su consideración y que entregaré a la Secretaría de esta Cámara.
A continuación enumero otros aspectos históricos de la vida del gran guerrerense Eduardo Neri, quien fue integrante del bloque renovador de la XXVI Legislatura, quien participó en el movimiento maderista de la Revolución Mexicana y que, como integrante del Partido Liberal Constitucionalista, propuso la candidatura del general Álvaro Obregón a la Presidencia de la República.
En síntesis, la actuación del diputado Eduardo Neri Reynoso fue sobresaliente en todos los órdenes, porque aun a riesgo de su propia vida enfrentó al dictador Victoriano Huerta y ello significó la defensa de la dignidad de este órgano legislativo, de sus miembros y por ello simboliza el más alto y elevado mérito cívico.
Compañeras y compañeros legisladores, les solicito su voto a favor de esta propuesta que engrandece aún más la figura de un gran legislador y de la Cámara de Diputados. Nos sentimos orgullosos de honrar a un mexicano, valeroso y de bien, y nos sentiremos orgullosos de honrar y de otorgar la Medalla Eduardo Neri Reynoso, a los mexicanos que se distingan por su labor al servicio de la patria y de la humanidad.
Proyecto de decreto
Artículo primero. Se expide decreto por el que se instituye la entrega anual de la Medalla al Mérito Cívico, Eduardo Neri Reynoso y Legisladores de 1913; y se abroga el decreto por el que se creó la Medalla en mayo de 1969, decreto por el se instituye la entrega anual y esta Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción ldel artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos, lo decretará con la aprobación de ustedes.
Será la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias la que procederá sobre este particular.
Por su atención agradezco su voto, su respaldo y de antemano el reconocimiento que juntos haremos de Eduardo Neri Reynoso y del honor de la Cámara de Diputados para otorgar esta presea a los mexicanos y a las mexicanas que se distingan por el servicio a la patria y a la humanidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Don Manuel Añorve y don Fernando Belaunzarán, ínclitos y grandes amigos diputados, quieren adherirse y a don Alfonso Durazo, también ínclito y también muy buen amigo –y no es ironía, al contrario–, lo digo con todo respeto y cariño.
Y quienes se quieran adherir más: don Miguel Agustín Alonso Raya, entonces le vamos a pedir a Apoyo Parlamentario que nos haga favor de pasar la iniciativa si es que don Heriberto Galindo no se opone.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): Claro que no me opongo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues nada menos no se opone. Y don Manlio Fabio Beltrones Rivera también; el diputado Salgado, guerrerense. Bueno, va a Apoyo Parlamentario para que nos haga favor de firmar la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el señor diputado don Carlos Alberto García González, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Carlos Alberto García González: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito diputado federal Carlos Alberto García González, vengo a exponer los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal; y la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En nuestro país la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la administración pública federal, toda vez que otorgan certidumbre y legitimidad a las actividades que desarrolla el personal que ocupa algún puesto en el gobierno en todos sus niveles.
Cabe mencionar que nuestro país no contaba con una norma específica que permitiera la regulación de la transparencia por lo que los ciudadanos no tenían mecanismos ni herramientas para saber cuál era el estado real de la gestión de los servidores públicos, motivo por el cual se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Con la creación de este marco normativo se permitió accionar los mecanismos necesarios para garantizar que el Estado pudiera darnos a todos acceso a la información pública.
En la actualidad, como ustedes saben, diversos estados de nuestro país tienen enormes deudas por préstamos que solicitaron años atrás, principalmente a la banca comercial y, sin embargo, el pago de las mismas es cuestionable.
Es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los estados y el Distrito Federal informen al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales correspondientes al Ramo 33. Sin embargo, no especifica qué información deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley la que establece las reglas en que se repartirán los recursos, debe contener las bases mínimas que detallen su ejecución con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación. La primera, la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su aplicación.
Por lo expuesto y a fin de que se disponga de un sistema de información más eficaz y oportuno que permita conocer el estado del ejercicio del gasto de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal en turno, se presentan las modificaciones a las leyes referidas para que dicha información se haga llegar, además de a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también a la Auditoría Superior de la Federación. Con esto, durante cada año se conocerán los resultados y el impacto que el gasto público del Ramo 33 tiene en los estados y municipios y no hasta que se realice, como ustedes saben, la revisión de la cuenta pública.
En mérito de lo expuesto es que el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea lo siguiente: primero, se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 48 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Voy a citar lo más importante. En el artículo 48 se prevé que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales, además de ser enviados al Ejecutivo, también sean enviados a esta soberanía, a través de la Auditoría Superior de la Federación, y que en dichos informes se incluya un apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales. En dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido.
En la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal se contempla que por lo que hace a la ejecución de los recursos, la Auditoría Superior de la Federación de esta honorable Cámara de Diputados realizará la verificación que corresponde en términos del título tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y, segundo, respecto a las reformas propuestas en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se prevé que las entidades federativas envíen tanto al Ejecutivo como a la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto a los recursos federales que le están siendo transferidos tanto a los estados como a los municipios, y esto lo deberán de hacer a más tardar a los 20 días posteriores a la terminación de cada trimestre de cada ejercicio fiscal.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, y no fue mucho.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No; sí, sí fue, cómo no. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Martha Leticia Sosa Govea, de Colima, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o., 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la felicitamos por su cumpleaños del domingo; 30, si no me equivoco.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, presidente por su amabilidad y el recordatorio.
Honorable asamblea, la Constitución mexicana de 1917 dispuso que esta composición bicameral del Poder Legislativo quedaría estipulada en el artículo 50, en el que establece que se deposita éste en un Congreso General dividido en una Cámara de Diputados y otra de Senadores y que hoy en día establece el Título Segundo, Capítulo I, De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno de nuestra Carta Suprema, y menciona que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Este Congreso de la Unión está compuesto por integrantes de la Nación, electos por la ciudadanía y que de acuerdo a los términos que establece la Constitución, esta Cámara de Diputados es electa cada tres años y la de Senadores cada seis, y que para ser representantes deben de cumplirse criterios, requisitos que esta misma ley suprema estipula.
De tal manera, que estos representantes de la nación conocidos como “legisladores”, deben de proponer, estudiar, discutir, votar, aprobar, rechazar iniciativas de ley. De igual manera tienen la facultad de supervisar y controlar los órganos de la administración pública federal, particularmente en el control presupuestal de la cuenta pública y de la política exterior.
Las facultades de legisladores ya mencionadas son realmente importantes para la estabilidad nacional. No olvidemos que la palabra legislar proviene del latín legislato-legisroris, usado como un adjetivo que denomina o califica, el que forma o prepara las leyes, el que aprueba, promulga y da fuerza a tales preceptos legales.
En este sentido, la naturaleza que encierra el legislador es el de “hacedor de leyes”, y éstas se han inventado para el bien de los ciudadanos y para la conservación de las ciudades, por lo que se debe de legislar lo justo y lo recto para que el derecho sea positivo. Por tanto, el legislador debe ser perceptivo, abierto a los cambios que la sociedad demanda y empático para atender dichas necesidades y poderlas plasmar en leyes.
Desde su raíz histórica, la acepción de legislador se entiende como un oficio que comunica lo que la ciudadanía demanda y que en la lato sensu es entendido como representante de terceros, pues al ser un representante de la nación debe de hacer frente a la confianza que la ciudadanía le ha otorgado para dicho encargo, mismo que fue a través del sufragio y por ende su principal función debe ser cumplida, pues no sería justo que el legislador tomara posesión y se olvidara de las promesas y planteamientos que hizo en campaña para quienes votaron por él o por ella, independientemente del partido que representa.
Es de mencionar que los reglamentos, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, prevén mecanismos para atender actividades de orientación informativa, conocimiento y atención de las peticiones que formulan las ciudadanas, los organismos o las organizaciones, en el que sabemos que los escritos ingresan por la Oficialía Mayor de Partes o por las áreas específicas para atender esas peticiones. Sin embargo, deja de lado el estrecho acercamiento con el legislador, convirtiendo esa petición en un trámite que no garantiza que realmente sea atendido por estos legisladores, o peor aún, no garantiza que se le dé la atención debida.
Es por ello, legisladores, compañeras y compañeros, que hemos considerado necesario cambios para la modernización del sistema democrático acordes a la reforma política reciente, y por ello en estos desafíos que se generan a las Cámaras consideramos importante en el despertar de la conciencia colectiva, que se reforme la Constitución Política para que los legisladores federales, además de legislar procuremos un acercamiento más amplio, pues el valor de la participación ciudadana ha fortalecido la demanda de mayores espacios de acercamiento.
Necesitamos crear mecanismos de evaluación del desempeño y activar una democracia más participativa, pero sobre todo consolidar la dualidad del legislador como gestor social y por ello proponemos modificar el artículo 8º, el 51 y el 56, para que se exprese claramente esa obligación de los legisladores y estreche más la relación con la ciudadanía.
Le pido, presidente, en obvio del tiempo se inserte íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa, y solicito muy atentamente que la valoren y la reflexionen para poder tener el apoyo de ustedes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Ricalde Magaña se quiere adherir a su iniciativa, diputada Sosa. Sí se puede y le van a pasar a firma la iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada María de Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la movilidad de las personas, los bienes animales junto con los cambios en los sistemas agrícolas y el clima, también son causa del surgimiento de enfermedades tanto para los seres humanos como para la flora y la fauna de nuestro ecosistema.
En este sentido, el debilitamiento de muchos servicios de sanidad agropecuarios ha provocado que en los países desarrollados y en vías de desarrollo sufran brotes de enfermedades. Es necesario decir que muchos de estos casos no logran ser detectados a tiempo por las autoridades veterinarias, lo que en definitiva provoca una pronta propagación y en ocasiones sin contención.
En México, Sagarpa se ha encargado de prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y plagas que se han presentado en las actividades agropecuarias. Sin embargo, cuando se tiene que controlar o erradicar algún riesgo, es necesario destruir o sacrificar los productos agropecuarios o el propio ganado, por ejemplo. En esa situación, los dueños o productores agropecuarios representan una fuerte oposición, debido a las pérdidas económicas que presenta al deshacerse de sus cosechas o animales.
Lo anterior tiene mucho sentido, pues se trata de tomar una drástica decisión sobre el patrimonio familiar de muchos motivos, por el cual la población dedicada a las actividades agropecuarias no permite que la Sagarpa lleve a cabo las medidas necesarias para el control y la erradicación de las enfermedades o plagas.
Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que el objeto de la presente iniciativa que estamos proponiendo va en el sentido de definir, establecer y contemplar los riesgos de toda y cada una de las actividades agropecuarias.
De igual manera, se contempla la creación de un fondo para riesgos agropecuarios, con la finalidad de que al presentarse un riesgo para esto se pueda controlar y erradicar. Ello, atendiendo a la urgencia del riesgo, y sobre todo, se apoye de una manera adecuada y eficiente a los afectados, pagando hasta el 85 por ciento del valor de los productos a destruir.
Asimismo, en la presente iniciativa se contempla que el Fondo de Riesgo Agropecuario se constituirá mediante un fideicomiso, estableciéndose sus fines y formas en que los estados ascenderán a los mismos.
Finalmente, es pertinente también reconocer que los resultados actuales en esta materia sólo han derivado en pérdidas innecesarias de la producción y una dificultad cada vez mayor para realizar campañas eficaces de lucha contra las enfermedades y erradicación de las mismas.
Estas tendencias indican que la advertencia oportuna es uno de los eslabones más débiles de los sistemas de vigilancia de las enfermedades en el ámbito nacional, regional e internacional.
Solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara, que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por diez minutos, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y la Juventud.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre del diputado Noel Pérez de Alba y una servidora, iniciativa de Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud.
Reconozco el esfuerzo legislativo que precedió para atender este asunto que es de interés nacional. Basta recordar que la obesidad y sobrepeso son un problema grave de salud pública y debemos ser perseverantes y no escatimar en la atención a las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos.
No basta con preguntarnos qué México queremos heredar a nuestros hijos si no nos cuestionamos qué hijos queremos heredar a nuestro México.
No podemos permitir que México siga siendo primer lugar mundial con obesidad y sobrepeso, donde anualmente mueren más de 70 mil personas por diabetes, motivada por malos hábitos alimentarios y un estilo sedentario de vida.
No concibo un México donde más del 30 por ciento de su población infantil, entre 6 meses y 6 años tenga sobrepeso y el 31 por ciento de sus adolescentes entre 12 y 19 años, obesidad.
No concibo un México donde 4 de cada 10 niños son obesos a los 10 años y el 70 por ciento de ellos lo seguirán siendo de adultos.
No concibo un México con una sociedad de pensamiento industrial que ve a la infancia y adolescencia como consumidores potenciales y que ve la pérdida de sus valores históricos, ante el voraz progreso modernista, basado en una economía deshumanizada que no ve personas con rostro.
El espíritu de esta ley es el interés nacional de la prevención y control de los trastornos alimentarios con la investigación de sus agentes causales, diagnóstico y tratamiento de enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación y las medidas tendentes a evitar su propagación.
Estamos frente a un grave problema que no se puede soslayar, recordemos que la salud o la enfermedad entran por la boca y no olvidemos que somos lo que comemos.
De ahí la importancia del cuidado de la alimentación en nuestra niñez y sus hábitos dentro y fuera de la escuela. Por ello, esta ley establece, entre otras cosas, considerar a la obesidad y al sobrepeso como enfermedades crónicas.
Fomentar y promover el consumo de agua potable simple e incentivar el consumo diario dentro de una dieta sana y balanceada. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas a través de un etiquetado útil, verídico y fidedigno, al momento de comprar lo que comemos o lo que se promociona para nuestro consumo.
Promover la prevención y control de los trastornos en la conducta alimentaria de nuestra niñez y adolescencia es fundamental.
Establecer un programa nacional para la prevención, control y erradicación de los trastornos en la conducta alimentaria como instancia de la Secretaría de Salud que coordinará las acciones y políticas públicas con la finalidad de disminuir las enfermedades y mortalidad de este grave problema.
Ésta es una ley noble que nos invita a cuidar a nuestro organismo y que privilegia el derecho a decidir qué comprar y qué comer, pero que cuida que lo que se ofrece a la población infantil para su consumo sea lo adecuado y que lo que se promocione sea lo correcto.
Es un esfuerzo para que en cada estado exista, cuando menos, un centro gratuito de atención integral a trastornos en la conducta alimentaria, incluyente y con la voluntad de mejorar las condiciones de desarrollo y vida de la población.
Un instrumento de corresponsabilidad para tomar las medidas necesarias sobre la comercialización, disponibilidad de alimentos saludables, bajo esquemas nutricionales y de alimentación balanceada dentro de los planteles educativos, y que prohíbe en los centros escolares distribuir, comercializar, publicitar o fomentar e inducir el consumo de alimentos chatarra.
Vamos por un programa de instalación de bebederos de agua potable con filtros en todas las escuelas de educación básica, con la finalidad de incentivar el consumo de agua potable en lugar de bebidas azucaradas industrializadas y que de manera interinstitucional con la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades educativas apruebe y publique un listado de productos permitidos, que deberá observarse de manera obligatoria en las escuelas del país.
Que den seguimiento de la talla, peso y circunferencia abdominal de la población escolar en educación básica, informando oportunamente al padre de familia o tutor de los alumnos que presenten prevalencia de sobrepeso y obesidad, para su conocimiento, atención, orientación y prevención.
Ésta es una ley que busca la certificación de escuelas saludables, que se otorgará a los planteles que apliquen los programas alimenticios y deportivos que incidan en un mejor control de peso de los educandos y que invita a la Secretaría de Salud la posibilidad de incluir los procedimientos, diagnósticos terapéuticos, de intervención clínica hospitalaria y quirúrgicos que se utilicen para curar la obesidad mórbida dentro del catálogo universal de servicios de la salud, del sistema de protección social de salud denominado Seguro Popular.
Se propone el acceso libre y gratuito a niñas, niños y adolescentes a unidades deportivas, canchas gimnasios u otros espacios públicos para incentivar la práctica del deporte o la recreación y a los espacios públicos de actividades artísticas, culturales y recreativas como museos, teatros y centros culturales para contrarrestar el sedentarismo como estilo de vida.
Que la Secretaría de Educación Pública promueva las clases de educación física a nivel básico, ilustrando a los alumnos sobre los alumnos de erradicar conductas de inactividad física o falta de ejercicio en su jornada diaria.
En este dispositivo legal se prohíbe la venta de refrescos de más de medio litro por porción en restaurantes, establecimientos de comida rápida, cines, teatros, parques recreativos y máquinas expendedoras, así como el relleno sin límite del vaso por el mismo costo, mejor conocido como refill.
Se prohíbe la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no cuenten con la certificación de la Secretaría de Salud y el aval de un médico y de un nutriólogo.
Elimina todas las formas de discriminación y exclusión de los menores por el hecho de tener obesidad o sobrepeso y estipula que en la etiqueta y publicidad de alimentos con elevado contenido calórico y pobres de nutrientes esenciales deberá contener la leyenda: El consumo excesivo de este producto es causa de obesidad. Y señalar si contiene niveles altos en azúcar, altos en grasas, altos en sodio, según sea el caso.
Ésta es una acción legislativa por la salud, y mientras tengamos los índices de obesidad que nos destacan mundialmente por nuestra mala nutrición, el derecho a la salud será una quimera, un discurso y no una realidad a la que aspiramos.
Es una acción legislativa que trasciende motivaciones partidistas y se coloca en el centro del interés nacional por una niñez y juventud sana. La obesidad mina el potencial desarrollo de la gente que la padece. No es cosa de juego, es una enfermedad mortal que acecha a nuestra población.
Ésta es una iniciativa perfectible, que con la participación de todos la vamos a enriquecer para darle al país una ley que verdaderamente incline la balanza a favor de la solución a un grave problema nacional. Señor diputado, presidente, riego se transcriba íntegramente el contenido de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Con mucho gusto la iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Salud para su dictamen; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Juárez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias. Para felicitar a la proponente de esta iniciativa y preguntarle si tendría algún inconveniente de que su servidora pudiera suscribirla junto con ella.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Claro que sí.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Entonces se toma nota y dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que pueda ser suscrita por quienes así lo desean.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Larrazábal Betrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Alejandro Larrazábal Betrón: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Alejandro Larrazábal Betrón: Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los principales retos cuando se aborda la problemática hacendaria municipal es la debilidad financiera que lo caracteriza, debido a la escasa capacidad recaudatoria, producto de factores como la alta y lo complicado de la centralización del sistema fiscal mexicano, sustentado en el modelo de coordinación fiscal vigente.
El efecto de su aplicación que deriva en el desmantelamiento de su estructura administrativa tributaria y principalmente a la falta pago del impuesto predial por parte de las delegaciones de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, estatal y de las entidades paraestatales y descentralizadas del gobierno federal y del estado, convirtiéndose esto en un tema complejo, recurrente y de impacto negativo en cada ejercicio fiscal.
La mayoría de los 2 mil 440 presidentes municipales en nuestro país, y estoy seguro que aquí en el Congreso hay muchos diputados que han tenido y que han estado en cargos como presidentes municipales, coinciden que la falta de pago del impuesto predial por parte de las entidades paraestatales, organismos descentralizados de carácter federal o estatal es uno de los mayores conflictos que enfrentan año con año y que la mayoría de los casos, las dependencias u organismos morosos se escudan bajo el argumento que la Constitución lo exime de dicho pago.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación de impuesto predial en México representa sólo el 0.23 por ciento del producto interno bruto, porcentaje notablemente inferior al registrado por países miembros del organismo que en promedio recaudan 1.5 por ciento e incluso por debajo de lo registrado en países de desarrollo económico similares a México como Brasil y Chile.
El día de se hoy presenta una iniciativa de ley para que los municipios puedan recaudar el impuesto predial de las dependencias federales y estatales que actualmente no lo pagan.
Por un lado la federación cobra a los municipios el impuesto al valor gregado, el Impuesto Sobre la Renta y, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el gobierno del estado cobra a los municipios el impuesto sobre nóminas y la tenencia de los vehículos oficiales. Pero por otro lado, el municipio, el único impuesto que cobra el municipio que es el impuesto predial, actualmente está exento en los inmuebles de dependencias federales y estatales.
Compañeros y compañeras, debo quedar claro que en México la fuente de financiamiento más importante para los gobiernos municipales es el impuesto predial, ante este panorama es urgente que desde este Poder Legislativo se replantee un nuevo modelo de federalismo propio del siglo XX, que dé impulso a los municipios a partir del fortalecimiento de sus finanzas públicas.
Por lo anterior, convencido que la descentralización hacendaria como esquema de distribución de cargas tributarias y de las facultades recaudatorias, fortalecerá el presupuesto anual de cada uno de los 2 mil 440 municipios de este país.
Pongo a consideración de esta honorable soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que tratándose de contribuciones establecidas por los estados sobre la propiedad inmobiliaria y de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios, únicamente queden exentos de pago del impuesto predial los bienes de dominio público de la federación, de los estados y municipios destinados estrictamente al cumplimiento de su objeto público, señalados en la ley de la materia. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Jiménez, por favor.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel (desde la curul): Señor presidente, pido que se amplíe el turno para que también se canalice esta iniciativa a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
El Presidente diputado José González Morfín: Sólo que es una reforma constitucional y esas son dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales incluso para facilitar su trámite, diputada. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Enrique Flores.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente, también promueve una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que sí compete a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo. Aunque sea que se turne para opinión; y de igual forma a la Comisión recién creada de Desarrollo Municipal, también para opinión. No para dictaminarse, sino simplemente como para opinión se pediría la ampliación del turno, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Si es para opinión esta Presidencia no tiene inconveniente. No está aquí la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, ésa tendría que ir directa a Hacienda. Pero es la reforma sólo al 115 de la Constitución, que se turne también para opinión a las Comisiones del Federalismo y de Desarrollo Municipal. Sonido en la curul del diputado Orihuela.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Para felicitar al compañero diputados que acaba de plantear esta iniciativa y, si no tiene inconveniente, para adherirnos a esta iniciativa que mantiene a los municipios precisamente sin recursos económicos y los bienes muebles e inmuebles de la federación, los estados, así como los bienes de Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, ojalá también fueran parte de ese impuesto predial que deben recabar los ayuntamientos. Si no hay inconveniente nos adherimos, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Le preguntaría al diputado Larrazábal si no tiene inconveniente para que pueda ser suscrita por otros diputados que así lo deseen. No tiene inconveniente. Dejamos en manos de la Secretaría la iniciativa para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros diputados: la iniciativa que se propone ante esta soberanía adiciona una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consiste en elevar a rango constitucional el acceso a internet como un derecho fundamental que deben tener, en principio, todos aquellos estudiantes que se encuentran en un proceso de formación escolarizada en escuelas públicas en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior que imparte el Estado para que posteriormente sigamos luchando para que este derecho se haga extensivo a la población en su conjunto.
Sería un gran avance y apoyo para los estudiantes que el Estado coadyuve con mayores herramientas, como sería el proporcionarles internet en todos los centros educativos públicos, de forma gratuita, ya que esto permitirá mayor interés en el conocimiento y una mayor calidad educativa.
A nadie escapa el valor que tiene el internet dentro de un sistema global de comunicaciones, puesto que ha comenzado a ser reconocido en el mundo dentro de la categoría de los derechos humanos denominados de la cuarta generación y ha cobrado especial relevancia por la relación que tiene con los derechos fundamentales, tales como la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, que a su vez contiene el derecho de difundir su libre pensamiento e ideas.
Es también una herramienta especial para difundir y garantizar la democracia e impulsar el desarrollo económico y social de cualquier país del mundo. De ahí la importancia de que esta tecnología sea accesible y asequible al total de la población del país.
Cabe señalar que el pasado 1º de junio de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a internet como un derecho humano fundamental por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, así como el medio por el cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Además, consideró también que debería ser un derecho universal accesible para cualquier individuo y exhortó a los gobiernos a facilitar su acceso.
Desde el derecho internacional debe notarse que el acceso al internet ya tiene el estatus de derecho humano fundamental en países como Finlandia, Estonia, Francia, Grecia y Costa Rica, países que se han acogido a este artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, teniendo como referencia las posibilidades comunicativas del internet.
México no puede ni debe de ser la excepción. Nuestro país también debe de buscar que el internet sea un derecho fundamental para que quede plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su importancia en cuanto a la libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de desarrollo de la personalidad y de conciencia.
Antes el reto era tener una computadora o un teléfono celular. Ahora el reto es contar con Internet porque se ha convertido en una herramienta imprescindible para el conocimiento, más que una posibilidad de comunicación, es una necesidad debido a la globalización comunicativa que hoy se vive.
A diferencia de otros medios de comunicación, la accesibilidad a internet permite que cualquier persona en el mundo pueda difundir sus ideas y aún más la información que considere relevante para sí y para los demás. Sin embargo, al no tener acceso a esta tecnología, se enfrentan a situaciones de desigualdad frente a quienes sí tienen la capacidad económica de contar con el servicio.
Por ello, al ser un derecho fundamental abriría el espectro de igualdad a los sectores más pobres del país y proveería de nuevas herramientas tecnológicas a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales.
Discutir y, en su caso, aprobar la presente iniciativa representa una verdadera prueba de pluralismo democrático, así como el reconocimiento del derecho fundamental que debe de tener toda persona, especialmente las niñas, los niños y los adolescentes.
Por tal motivo, es necesario que las y los legisladores atendamos y dotemos a las y los estudiantes del país de un instrumento que contribuya a garantizar el derecho libre al Internet para que puedan integrarse con mayores competencias a la sociedad de la información.
En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Artículo único. Se adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Fracción IX. El Estado garantizará a todo estudiante de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior el derecho al acceso a Internet gratuitamente, a fin de que puedan mejorar la calidad educativa y la accesibilidad a la información.
Es cuanto, y solicito sea inscrita de manera íntegra al Diario de los Debates, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, con mucho gusto, diputada. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a su atenta consideración la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional, su fracción IV, inciso C, párrafo segundo.
Esta iniciativa tiene dos propósitos principales: por un lado, el de incrementar la recaudación de ingresos propios en los municipios. Por el otro, el ir disminuyendo la dependencia de los gobiernos locales de las transferencias de recursos federales, con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas municipales y los ayuntamientos puedan cumplir de mejor manera con sus obligaciones constitucionales.
Esta iniciativa tiene que ver con algo de todos conocido, las dificultades financieras que enfrentan la gran mayoría de los municipios en el país, dificultades que se han venido agravando de manera alarmante.
Hoy tenemos municipios que con muchas dificultades proporcionan los servicios públicos municipales, municipios que incluso en ocasiones no tienen para pagar la nómina de sus empleados, y la verdad debemos voltear los ojos hacia los gobiernos locales por lo que representan para sus gobernados, la instancia más cercana a la ciudadanía y por lo tanto a los que más les exigen, por ello consideramos que debemos replantear este esquema de distribución de recursos, este federalismo fiscal que ya es obsoleto en muchas de sus partes, para poder darle viabilidad y sobre todo viabilidad a los municipios y eficacia a nuestro régimen federal.
Eso por una razón fundamental, compañeras y compañeros, porque buena parte de los grandes problemas de este país pasan por los gobiernos locales. La solución a muchos de los problemas nacionales tienen que ver con la participación activa de los gobiernos locales, porque imagínense ustedes cómo los municipios pueden contribuir a resolver los problemas de seguridad pública, si hay muchos de ellos que no tienen ni para pagar los sueldos de los policías. Cómo contribuyen los municipios a mejorar la calidad de la educación, si a duras penas tienen recursos para proporcionar los servicios públicos.
Cómo motivamos la participación ciudadana, si muchos de estos ciudadanos ven a los gobiernos locales como incapaces e ineficientes, y finalmente también, cómo enfrentamos los nuevos y grandes retos y desafíos que nos plantea la realidad actual, si no se tienen los recursos necesarios, los recursos suficientes para hacerles frente.
El esquema que estamos planteando nosotros es en el sentido de llevar a cabo esta modificación del artículo 115, para aprovechar al máximo las potestades tributarias de los municipios.
Si bien es cierto que el artículo 115 habla del municipio libre, que es la base de la división territorial y la organización política y administrativa de los estados; si bien es cierto que el artículo 115 en su fracción IV habla de que los municipios administrarán libremente su hacienda y también en el inciso c), en el párrafo segundo, que las leyes federales no limitarán el establecimiento de contribuciones en propiedad inmobiliaria y la prestación de servicios públicos, también lo es que habla en ese artículo 115 constitucional de que no habrá exenciones.
Eso lo dice en una parte, sin embargo, en la segunda parte de este párrafo segundo del inciso c), ahí viene la exención, habla de que estarán exentos sólo aquellos bienes de dominio público de la Federación, estado o municipios –dice–, salvo aquellos utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
La presente iniciativa de reforma tiene que ver con eliminar esa frase precisamente, donde dice: Utilizados por entidades paraestatales o por particulares. Eliminando esta frase se permitirá que los municipios cobren el impuesto predial a aquellas dependencias federales y estatales que utilicen estos bienes para fines administrativos o propósitos distintos de su objeto público, con una excepción, salvo aquellos bienes que están sujetos al régimen de dominio público. Es decir, no estamos planteando que se cobre el predial a las escuelas, a los hospitales, a los parques, a las carreteras, es decir, a aquellos bienes de uso común. No.
Lo que se pretende es que se cobre el predial a dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, cuando sean utilizados estos bienes para fines administrativos o propósitos distintos de su objeto. Con esto vamos a fortalecer las finanzas municipales, con esto le vamos a dar viabilidad a los municipios.
Porque yo termino mi intervención preguntando: ¿qué pasa cuando un ayuntamiento no le paga los recibos de luz a la Comisión Federal? ¿Qué es lo que pasa cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no aportamos las cuotas? O, ¿la Secretaría de Hacienda, que no les pagamos los impuestos, los municipios? Pues fácil, algunos se cobran a lo chino y otros cortan el servicio.
Aquí la idea, finalmente, es encontrar este camino, subir al debate un tema que tiene que ver –insisto– con la viabilidad institucional de los municipios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Luis Olvera Correa, por favor.
El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): Sí, diputado presidente, preguntarle al diputado proponente poder suscribir la iniciativa que está presentando, si no tiene inconveniente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No tiene inconveniente. Le pido que pueda pasar a la Secretaría a suscribir la iniciativa, al igual que algunos otros diputados que así lo desearan. Y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Desarrollo Municipal, para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Someto a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones:
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a nuestra propia naturaleza que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica, siendo uno de ellos, sin duda, el derecho reconocido en el artículo 5o. de la propia Carta Magna, relativo a la libertad de trabajo, esto es, a la profesión, oficio o trabajo lícito que nos permita el obtener, además, el recurso económico necesario para vivir con dignidad, conjuntamente con nuestros seres queridos.
Sin embargo, derivado de la aplicación del sistema penal mexicano, miembros de nuestra sociedad en forma institucional y social, dichos derechos fundamentales se les ve violentados por el estigma de las llamadas cartas de antecedentes penales.
En México, aquellos que son condenados por la comisión de un delito que amerite pena privativa de la libertad son sometidos a un tratamiento institucional en alguno de los cientos de centros penitenciarios que existen y dicho tratamiento tiene la finalidad de lograr la reinserción social del individuo, concepto que según la Organización de las Naciones Unidas es el proceso por el cual las personas en rehabilitación o rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos.
Congruentemente con lo anterior, el segundo párrafo del artículo 18 de la propia Carta Magna contempla algunas premisas al respecto. Por lo anterior, uno pensaría que sólo deben ser encerradas las personas cuyo delito esté plenamente comprobado y que una vez que tengan el carácter de compurgadas no volverán a transgredir las leyes.
Sin embargo, hoy en día muchos de los internos de los sobrepoblados centros penitenciarios están pagando condenas respecto de delitos que no cometieron, violentándose su derecho fundamental al principio de presunción de inocencia.
En otros casos, las penas de prisión son excesivas a consecuencia de las deficiencias en la defensa de los inculpados, además existen muchos casos en que los internos tienen que tolerar ser sometidos a prisión preventiva por no tener los recursos para pagar una fianza.
La Organización de las Naciones Unidas, hace más de 20 años, tomó la iniciativa de proponer a los Estados nuevos mecanismos para que el individuo que ha cometido algún delito menor no sea necesariamente apartado de la sociedad. Sin embargo, qué pasa en México cuando las personas que fueron sentenciadas a una pena privativa de la libertad compurgan su sentencia en su totalidad o son favorecidas con un beneficio como el de la pre liberación, además de sufrir el flagelo de un sistema penitenciario que en la práctica no procura la reinserción social de los individuos, que no persigue satisfactoriamente su reinserción y que por el contrario, alimenta el estigma de la otredad, la exclusión y la inmolación propia de sistemas retrógradas meramente punitivos, los que han compurgador una pena privativa de la libertad tienen que arrastrar el pesado lastre de los llamados antecedentes penales.
Existe una marcada discriminación en contra de quienes pisaron la cárcel, hayan estado pocos o muchos años, siendo culpables o no. La carta de antecedentes penales o carta de policía es muestra de ello. Este documento es requerido obligatoriamente en múltiples fuentes de trabajo para efectos de acceder al mercado laboral.
Por increíble que parezca, la discriminación, la marginación y la exclusión con la que se estigmatiza a los que compurgaron una pena de prisión, no solo se manifiestan en la esfera de los particulares sino incluso en la esfera gubernamental en los tres órdenes de gobierno. Las áreas o dependencias encargadas de la contratación de personal ponen especial énfasis en la ausencia de antecedentes penales para ofrecer una oportunidad de trabajo.
El Estado mexicano está obligado a respetar a estar personas, a respetar estas premisas establecidas en la Carta Magna y en disposiciones internacionales, como la propia Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Económicos y Sociales y el Convenio sobre la Discriminación de la Conferencia General de la OIT.
Derivado de lo anterior, la propuesta que se somete a su consideración en esta iniciativa con proyecto de decreto es en reformar el último párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna, con objeto de reforzar la prohibición de prácticas discriminatorias en atención a los antecedentes penales de las personas.
Por ello, se pretende adicionar la no exigencia de los antecedentes penales en el texto constitucional de referencia como parte de los motivos específicos por lo que se prohíbe tajantemente la discriminación en el Estado mexicano e institucional, ayudando con ello al propósito final de eliminar el estigma del que son objeto los compurgados al momento de que querer insertarse en el mercado laboral, formal y, al mismo tiempo, a la sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidente. Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscribieron esta iniciativa, particularmente a los diputados que forman parte de la Comisión de Reglamentos.
Actualmente la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión tiene bases constitucionales vigentes fundamentalmente en el artículo 78 de nuestro máximo ordenamiento.
La Comisión Permanente también tiene bases legales vigentes en los 14 artículos que conforman el título cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero sus bases reglamentarias en muchos sentidos son obsoletas, ya que parten del viejo ordenamiento del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 1934.
Esta iniciativa contiene el proyecto para expedir un nuevo Reglamento específico para la Comisión Permanente, que armoniza con los marcos normativos vigentes del propio Congreso de la Unión, organizando y dinamizando los trabajos de este importante órgano de representación que se integra en los recesos de los periodos ordinarios de las Cámaras de Diputados y Senadores.
La Comisión Permanente ha jugado un papel muy importante y ha sido protagonista en muchos momentos cruciales de nuestra historia. Fue ésta la que acompañó al presidente Juárez en su gobierno itinerante en los duros años de la intervención francesa, fue la Comisión Permanente la que nombró a Emilio Portes Gil presidente provisional de la República tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón.
La Comisión Permanente es un órgano que se ha distinguido también por ratificar a los funcionarios del cuerpo diplomático mexicano, a varios integrantes de los órganos autónomos y de los órganos reguladores del Estado, y también se ha convertido en un foro de debate político nacional dinámico y muy interesante.
El proyecto de Reglamento para la Comisión Permanente que ponemos a consideración de esta soberanía está construido a partir de la recuperación de varios proyectos que se han trabajado en las Cámaras del Congreso en las últimas legislaturas, y por tanto tiene muchos elementos que han aportado las bancadas del PRD y de los demás grupos parlamentarios, tanto de diputados y diputadas como de senadores y senadoras.
Este proyecto en particular también recupera trabajos de investigación desarrollados por los equipos técnicos de amplia experiencia legislativa, y que fueron parte importante del trabajo técnico que permitió sacar adelante los nuevos Reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
El proyecto que aquí presentamos pretende armonizar con el resto de los marcos normativos vigentes del propio Congreso de la Unión al de la Comisión Permanente. Es convicción del PRD y de sus grupos parlamentarios impulsar este Proyecto de Reglamento, incorporando el lenguaje de género al mismo, reconociendo y honrando la presencia de hombres y mujeres, legisladores y legisladoras, que encarnan la representación nacional y el pacto federal e integran las Cámaras del Congreso de la Unión.
Nuestro grupo parlamentario hizo una tarea tenaz, que al final resultó exitosa, en incorporar el lenguaje de género en el Reglamento de la Cámara de Diputados hoy vigente.
En las últimas cuatro Legislaturas cuando menos, la Comisión Permanente se ha regido por una serie de acuerdos parlamentarios, basados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, y en el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General aún vigente para la Comisión Permanente y para el Congreso General, y en los últimos dos años también se ha regido de manera supletoria con los nuevos Reglamentos de las Cámaras del Congreso de la Unión.
La instauración de estos acuerdos parlamentarios se tradujo en una conducción mucho más ágil y viva que la que ofrecía el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a las dos Cámaras del Congreso y a la propia Comisión Permanente, en la época previa a la aparición de los nuevos Reglamentos de ambas Cámaras.
De hecho el llamado Reglamentillo, que fue un nombre coloquial que se le daba a estos acuerdos parlamentarios para el funcionamiento de la Comisión Permanente, fijó criterios para acotar el rezago legislativo de las sesiones de la Comisión Permanente, estableciendo la descarga total de los asuntos agendados en el orden del día de sesión a sesión; establecer la última hora de la sesión para el debate político en la agenda política y establecer la prelación y priorización en la proposiciones con punto de acuerdo propuestas por los grupos parlamentarios.
Estos acuerdos parlamentarios cuidaron mucho el tiempo de exposición de las iniciativas, pero también privilegiaron el debate político en la agenda política y el debate en relación a los dictámenes que emiten las comisiones de trabajo sobre las proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas en las comisiones de trabajo.
Sin la menor duda, la pluralidad del Congreso mexicano del siglo XXI, fue reflejando de manera más vívida el debate y la agilidad del trámite parlamentario en la Comisión Permanente, gracias a estos acuerdos parlamentarios y la constante búsqueda de acuerdos y al espacio instrumentado para el debate político.
En cambio, en las Cámaras del Congreso, sí era evidente que el viejo Reglamento no estaba previsto para una era de pluralidad política y el aumento en la producción legislativa, de los propios legisladores hicieron que las Cámaras empezaran a acumular un rezago impresionante en el orden del día de las sesiones.
Justamente este gran cúmulo de asuntos hacía que el tiempo para el debate fuera muy escaso y cuando se daba este debate normalmente ya estaba desfasado respecto a los sucesos impuestos por la realidad.
Todo este rezago legislativo en el pleno, en comisiones y en el propio espacio del debate político, constituía la llamada congeladora legislativa. Todo ello ocasionaba que cuando un legislador presentaba una proposición con punto de acuerdo y la leía tres meses después en tribuna, debido al rezago, perdía su vigencia, con oportunidad y muchas veces su sentido político.
En la Comisión Permanente se instalaron prácticas novedosas que incluso superaron el alcance de lo suscrito en los acuerdos parlamentarios, como lo fue el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno a las declaratorias de reformas constitucionales, reivindicando el momento cumbre de uno de los procedimientos legislativos más complejos y más significativos, que es justamente, la etapa culminante del Constituyente Permanente.
Es de destacar que estos acuerdos parlamentarios que se han venido construyendo desde hace mucho para agilizar y dinamizar las sesiones de la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión Permanente, por las razones que ya hemos comentado, fueron precursores de la modernización de los Reglamentos de las Cámaras tanto de Diputados como de Senadores.
Es muy importante dejar asentado en la memoria legislativa que estos elementos nutrieron muchos de los contenidos de los nuevos Reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Ahora la tarea y el reto es inverso, las Cámaras ya tienen sus Reglamentos y la Comisión Permanente no puede seguir rigiéndose por los acuerdos parlamentarios, puesto que es esta importante, histórica e interesante institución del Congreso merece tener su propio Reglamento, que le dé certeza jurídica y procedimental a todo el trámite legislativo de los asuntos que ahí se tratan y resuelven, y que siga siendo el ámbito del acuerdo político y del debate parlamentario por excelencia, como en muchas ocasiones lo ha sido, durante los recesos de las Cámaras del Congreso de la Unión, por el bien de la democracia y de la república.
Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
Asimismo solicito a esta Presidencia sea inscrita de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, así se hará. Se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. La violencia de género es uno de los fenómenos sociales más extendidos y a la vez más silenciados.
El maltrato a las mujeres es el crimen más oculto por su difícil investigación, al quedar relegado al espacio privado. Sus dimensiones culturales, políticas y personales nos conducen a abordarla desde sus consecuencias y afectos dentro de una sociedad que desvaloriza a las mujeres y legitima la violencia como medio de relación humana.
Esta iniciativa tiene el objeto de fortalecer a las mujeres indígenas por medio del conocimiento y del reconocimiento de sus derechos humanos; de saber que no están solas y que pueden cambiar situaciones que las lastiman y las excluyen.
Por ello, y derivado del instrumento internacional, Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, nos pareció importante integrar a esta ley el apartado que realizan sobre las mujeres en las zonas rurales.
Las comunidades rurales dependen de la agricultura y de actividades relacionadas con ésta como la ganadería y la agroindustria. Un gran porcentaje de la población total está representada por mujeres del área rural, las cuales, fuera del trabajo doméstico, participan activamente en tareas agrícolas pecuarias, realizando casi todo el ciclo de producción.
La mujer rural está incorporada en los procesos de producción junto a los de reproducción, sin contar en la mayoría de los casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el hogar, además de otras tareas.
Los problemas de salud en la mujer rural se centran en el aspecto reproductivo y se agudizan por la desnutrición, el exceso de trabajo físico y la carga emocional por las precarias condiciones de servicios que incrementan su jornada y provocan enfermedades infectocontagiosas que traen consigo la mortandad infantil, lo que agudiza la presión sobre la mujer, que tiene bajo su cuidado a la familia enferma y el maltrato físico por la violencia intrafamiliar que enfrenta en numerosas ocasiones.
Ante la necesidad de llevar recursos a la familia, la mujer rural ha desarrollado diversas tareas económicas. Existe una fuerte tendencia a tratar de vincular labores domésticas con actividades remunerativas que ayuden en la economía familiar como tejidos, confección de prendas de vestir, elaboración de accesorios para el hogar y se ha incrementado el trabajo de maquila casera y el aprovechamiento de esta mano de obra con un manejo de las relaciones laborales entre mujeres y empleadores que están al margen de la ley, con lo que no se comprometen prestaciones que las beneficien tales como el contrato, el Seguro Social o las primas vacacionales.
Estas mujeres tienen el potencial para participar en el desarrollo social y económico de sus comunidades y regiones. Pero la atención y el apoyo que reciben para lograrlo son insuficientes. La mujer rural demanda capacitación, participar en las decisiones de una sociedad, desarrollar actividades económicas que le generen ingreso y mejor nivel de vida para su familia.
Demanda servicios e infraestructura para su pueblo y para descargar las pesadas jornadas de trabajo doméstico y así progresar en su desarrollo personal e integrarse y participar en la dignificación de la calidad de vida del sector rural.
Las mujeres indígenas están luchando por los derechos colectivos de sus comunidades, al mismo tiempo que se manifiestan en rechazo de los aspectos de las costumbres que atentan contra su dignidad en donde entra la violencia de género, la imposición de matrimonios y su marginación del gobierno comunitario, entre otros.
Si bien es cierto que hemos logrado avances legislativos y esfuerzos por capacitar al personal encargado de la justicia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia, también es cierto que estos esfuerzos poco se reflejan en la atención cotidiana hacia la población rural y especialmente hacia las mujeres indígenas.
Al respecto y con el objeto de erradicar esta práctica violatoria de los derechos humanos de las mujeres y que sigue siendo común en nuestro país, nos vemos en la necesidad de presentar esta iniciática encaminada a reformar y a adicionar algunos artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que de esta manera la comunidad femenina y en especial la comunidad femenina rural, se desenvuelva en un ambiente de progreso y dignidad, así como para que la sociedad mexicana reconozca y aplique los derechos de las mujeres.
Así pues, en esta propuesta agregamos una adición al artículo 4o., en relación a los derechos humanos de las mujeres en referencia a los principios rectores que deberán ser observados en la elaboración de las políticas federales y locales.
La mujer es el grupo excluido más grande del mundo, padece de toda clase de marginación, y a pesar de las mejoras obtenidas en las legislaciones, no ha sido posible conseguir las mismas oportunidades que los hombres, es por ello que consideramos necesario adicionar en la lista de definiciones del artículo 5 del mencionado ordenamiento, en la fracción XIII, la definición de “discriminación de la mujer”.
Y por último, pretendemos adicionar en el título II el capítulo III Bis, donde se hace referencia a la violencia en la comunidad rural, y se propone adoptar medidas para evitar la discriminación en zonas con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres respetando en todo momento –termino presidente- sus derechos a seguridad social, acceso a atención médica, educación, igualdad en oportunidades económicas, obtención de créditos y préstamos agrícolas, así como a tener condiciones de vida adecuadas en sectores como vivienda, electricidad, agua y transporte.
El apoyo que nos toca brindar como legisladoras y legisladores, es generar las condiciones óptimas para que las mujeres tengan más y mejores oportunidades educativas y laborales, con el único y claro objetivo de disminuir esta terrible discriminación hacia nuestras hermanas indígenas. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Deberían de aprovechar su capacidad silbatina para presentar iniciativas. Miren, Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Me alegra que usted presida. Voy a presentar a esta asamblea mermada, me temo que no hay quórum, pero vamos a presentarla porque es muy importante. Es una iniciativa con proyecto de decreto sobre deuda de los estados.
Estoy planteando una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal porque en los últimos años las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado en la última década 200 o hasta 900 por ciento.
Al observar dichas tendencias de crecimiento resulta innegable que la falta de monitoreo y leyes efectivas, pero también la subordinación de los Poderes Legislativos locales, judiciales, a cacicazgos gubernamentales y una presidencia débil han dado como resultado una libertad absoluta e impune a las entidades federativas, para endeudarse sin tener ningún límite.
Este problema resulta gravísimo, ya que de no tomar acciones en el caso, que incluye fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, se corre el riesgo de poner en jaque a la estabilidad macroeconómica de todo el país y puede desembocar en una crisis financiera.
De hecho algunas entidades federativas ya están en un precipicio financiero, están en un hoyo financiero. Debería preocuparnos a todos, porque ahora a propósito de las próximas discusiones sobre el Presupuesto y la Ley de Ingresos tendremos las peticiones de gobernadores y presidentes municipales, que están al borde de la quiebra o que están simple y sencillamente en estados de emergencia con quiebras de las finanzas públicas.
Por esa razón nosotros estamos planteando modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que le solicitaría al presidente pueda ordenar se plasme íntegra la exposición de motivos de esta iniciativa, porque nuestros argumentos son contundentes. Movimiento Ciudadano busca con esta iniciativa de ley, romper con una viciada correlación existente entre la deuda pública local y la inversión destinada a intereses particulares.
Es por esto que con el fin de transparentar los estados de deuda de entidades y municipios, se exige con esta iniciativa la rendición de cuentas periódica de las obligaciones contraídas, las cuales deben incluir montos reales, intereses, condiciones de contratación y la notificación de la Secretaría de Hacienda sobre los préstamos a corto plazo contraídos con la banca comercial, que ustedes saben que los créditos de corto plazo normalmente no son inscritos en la Secretaría de Hacienda como deuda, porque se contratan por varios meses y hasta un año, de acuerdo con las legislaciones locales.
Pero además, lo que estamos planteando es que el saldo local debe sumar estos pasivos de corto plazo en el estado financiero, debido a que implica restricciones presupuestales, entre ellos los famosos PPS, que se componen con servicios de largo plazo financiados a través del gobierno con particulares.
Y lo que estamos planteando también es agregar en la rendición de cuentas los déficit actuariales correspondientes a sistemas de pensiones locales, a instituciones estatales de educación superior, ya que, según las principales calificadoras, representan importantes componentes del impacto en la solvencia y la capacidad de pago de las entidades que solicitan préstamos.
Y también en la misma iniciativa estamos planteando que se castiguen, que se sancionen a todos aquellos funcionarios que no respeten estos lineamientos fundamentales. Se están generando grandes sectores de impunidad, y los estados y municipios están generándose grandes problemas de quiebras técnicas financieras y están resultando incapaces para prestar los servicios públicos fundamentales a los que tienen derecho los ciudadanos y a los que están obligados prestar el gobierno municipal o estatal.
Es una exposición de motivos interesante, me gustaría que la leyeran los que tengan oportunidad, pero también, presidente, me gustaría que esta iniciativa fuera discutida con rapidez, para efecto de que en el momento de presentar y aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, pudiéramos dictaminarla.
Por su atención, presidente, a usted y a todos los legisladores y legisladoras, muchas gracias. Reitero, es una asamblea mermada. Muchas gracias, por indicarme el tiempo.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir sonido en la curul del diputado Larrazabal, por favor.
El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón (desde la curul): Sí, diputado, pedirle al diputado Monreal si nos podemos adherir a su propuesta, pero también pedir, si es posible, que sea turnada a la Comisión de Federalismo.
El Presidente diputado José González Morfín: Es una iniciativa fiscal que tiene que ser dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, yo no tendría inconveniente en que la Comisión de Federalismo la tuviera para opinión, pero si no, no se va a dictaminar.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Me parece que está bien, además tengo una buena opinión de sus integrantes, así es de que yo estaría de acuerdo con la opinión técnica.
El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Entonces, si no tiene inconveniente también quedará suscrita la iniciativa por el diputado Larrazabal. Y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Federalismo, para opinión. Quienes quieran adherirse a la iniciativa.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, a ver, sonido en la curul del diputado Enrique Flores.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul ): Sí, para preguntarle al diputado Monreal, si es correcto que plantea reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entonces también pediría, en ese sentido, para la Comisión de Federalismo pero para dictamen, señor presidente, en Comisiones Unidas con la de Puntos Constitucionales, me parece que es la que turnó.
El Presidente diputado José González Morfín: No. Ésa va a la Comisión de Hacienda para dictamen, diputado.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Entonces, pediría que fuera también para dictamen en Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y para opinión a la de Desarrollo Municipal, si la directiva no tiene inconveniente y el diputado tampoco.
El Presidente diputado José González Morfín: Es para que no se dictamine, pero bueno. Yo digo que es para opinión a la Comisión de Federalismo, para que quede en una sola comisión y los plazos de dictamen puedan surtir efecto, si no, no se va a dictaminar, pero bueno.
Entonces, queda turnada así. Para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y para opinión a la Comisión de Federalismo.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Cecilia González Gómez: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas, desde esta tribuna me dirijo a ustedes para alzar, de nueva cuenta, la voz a favor de nuestro campo y de sus productores. Mexicanas y mexicanos que trabajan día a día por producir nuestros alimentos, por alimentar a México. Mexicanas y mexicanos que requieren que la voz de sus necesidades haga eco en cada uno de nosotros y resuene en las paredes de este recinto.
Compañeros y compañeras diputadas, nuestro campo se encuentra hoy en una situación de amenaza ante el cambio climático, fenómenos sociales y ahora, como una nueva cuenta importantísima a atender ante fenómenos biológicos.
Amenazas que por separado o en su conjunto, sin la debida atención y sin los recursos públicos necesarios derivan en graves daños en la economía de los productores agropecuarios y repercuten en los bolsillos de todos los consumidores.
Es por ello que estoy aquí ante ustedes, para traer esta iniciativa que beneficiará a los sectores agrícolas y a los sectores pecuarios en esta importante tarea de tantos millones de mexicanos que dedican a ello su vida.
Cuando nos referimos al campo, generalmente parcializamos o tenemos la idea que es todo aquello que se produce vía la agricultura. Cuando nos referimos al campo olvidamos muchas veces que también éste encierra la parte del sector pecuario de la producción de alimentos que alimentan a nuestro pueblo mexicano. Y en este sector se encierra la ganadería, la porcicultura, la avicultura, la piscicultura, entre otros.
Esta propuesta que reformará dos artículos de leyes federales distintas, en caso de su aprobación, consistiría, la primera de ellas es sobre el artículo 129 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que el gobierno federal cree un fondo que sirva para atender las afectaciones a los productores por contingencias sanitarias agropecuarias, fondo que no existe, que se requiere con urgencia y que se sumaría al ya regulado por el mismo numeral para atender contingencias de tipo climatológico.
Por lo que la redacción del texto del artículo 129 señalaría lo siguiente: el gobierno federal con la participación de las dependencias que considere necesarias, el presidente de la república creará un fondo administrado y operado con criterios de equidad social para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas, y otro para atender a los productores afectados por contingencias sanitarias agropecuarias.
Con base en los recursos de dichos fondos y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas se apoyará a los productores afectados, a fin de atender los efectos negativos de las contingencias climatológicas o sanitarias de tipo agropecuario y reincorporarlos a la actividad productiva. También hay que decir el cómo.
El segundo artículo que se modifica o se intenta modificar y se solicita es el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al que se propone añadir una fracción de numeral 22, recorriendo la numeración actual para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, esté facultada para participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el apoyo a los productores afectados en los casos de contingencias naturales o sanitarias, agropecuarias, así como evaluar sus resultados.
No podemos perder de vista que igual de importante es proteger al sector agropecuario de los efectos generados por el cambio climático, como de las amenazas surgidas por los agentes biológicos de índole sanitario.
Un claro ejemplo lo sufrimos, lo tuvimos en Jalisco cuando el 20 de junio de este año los productores de huevo a nivel nacional tuvieron que sacrificar a más de 23 millones de aves.
En esta ocasión tocó a los productores avícolas, bien podrían ser los productores porcícolas, los productores ganaderos o los productores de cualquier tipo del ramo agropecuario.
Este fenómeno representó un duro reto, pero más reto es a esta producción, a este lugar que conocemos como el campo, donde vive más de una tercera parte. Es gente que está en pobreza y que se siente sola ante este tipo de eventualidades, por lo que las propuestas de estas dos reformas al artículo 129 de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las considero trascendentes.
Un pueblo que no cuida, que no protege lo que consume es un pueblo dependiente. Hay proyecciones de que si la tendencia de esta amenaza en el campo continúa, para 2030 México estará importando más de 80 por ciento de lo que consume.
Esto es grave, diputadas y diputados, por lo que confío que con la entrada del ciudadano Enrique Peña Nieto y la ayuda de los Congresos tendremos aliados para proteger de esta decadencia que amenaza al pueblo, a los productores de lo que México se nutre y consume.
Señor presidente, solicito que se inserte íntegro el presente discurso en el Diario de los Debates. Por lo escuchado, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Todo lo dicho por usted se registra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Gobernación para su dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Secundaria de la Zona Escolar S11, de Chalco, invitados por Juan Manuel Carbajal Hernández. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, nuestra muy apreciable y respetada compañera doña Aleida Alavez Ruiz, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Muchas gracias. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió hace tan sólo cuatro días las observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, en donde da cuenta de la presencia de esta práctica violatoria de los derechos humanos en distintas partes de nuestro país.
Pero en especial destaca la utilización de la figura del arraigo penal como un instrumento ineficaz en términos de persecución del delito y que además permite la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos.
En dicho informe, el Comité contra la Tortura señala textualmente: El Comité observa con preocupación que, a pesar de lo recomendado en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008.
A este respecto el Comité expresa su preocupación por los informes que documentan denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.
El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura.
A la luz del párrafo dos del artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica tanto a nivel federal como a nivel estatal.
Elevado a rango constitucional en el 2008 el arraigo ha sido una herramienta legal que permite y facilita la violación de los derechos humanos, pues violenta flagrantemente el derecho de presunción de inocencia, de debido proceso legal, de dignidad y honra, de libre tránsito y sobre todo de integridad personal asumida como una prisión preventiva sin ningún control legal, y sobre lo cual no procede siquiera el amparo.
El arraigo se constituye como una herramienta legal para cometer actos ilegales. El uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y bajo el escrutinio del Ministerio Público se les impongan tratos crueles, degradantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas, con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas.
Nuestro país no puede mantener en la legislación y frente a la comunidad internacional una figura cautelar que facilita la violación de los derechos humanos y que constituye una herramienta para violar el debido proceso legal.
El arraigo como medio para cometer actos de tortura debe desaparecer de nuestro sistema legal iniciando por el propio texto constitucional.
Diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de México presentaron en marzo del año 2011, un Informe sobre el impacto en México de la figura del arraigo penal en los derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos donde destacaron que:
Conforme a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) facilitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), entre enero de 2008 y mayo de 2010 tan sólo el 20.24% de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, indicador que revela la baja eficacia de esta medida.
La anterior cifra demuestra estadísticamente que la figura del arraigo tampoco resulta ser una herramienta efectiva para combatir la delincuencia y si puede convertirse, y de hecho se ha convertido, en la puerta para la violación de los derechos humanos.
Aunado a la ineficacia que representa esta medida debemos observar que diversas instancias internacionales protectoras de los derechos humanos, además del ya citado comité contra la tortura han recomendado a México el regular e incluso desaparecer esta figura del marco jurídico nacional.
El 22 de marzo de 2010, en el marco del quinto examen periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité instó al Estado mexicano, en relación al arraigo a lo siguiente:
El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada. El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos.
En virtud de que esta figura ha demostrado estadísticamente su ineficacia y de que su utilización abusiva ha abierto una puerta para la violación de los derechos humanos y particularmente para la comisión de actos de tortura, se propone la derogación de esta figura del texto constitucional para impulsar con ello, que el Ministerio Público haga una debida y efectiva investigación previa a la acusación o imputación de cargos contra cualquier persona respetando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al libre tránsito, al debido proceso legal, a la integridad personal y a la dignidad y honra.
La labor de investigación del Ministerio Público no puede estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos, la eliminación de este párrafo del texto constitucional permitirá en el marco del nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, fortalecer las tareas científicas y periciales de investigación criminal, asegurando con ello el mejoramiento de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Solicito, presidente, se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates para mejor conocimiento de este pleno de lo que implicaría la desaparición de esta figura en nuestro texto constitucional. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Simón Valanci Buzali, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
En tanto saludamos al señor licenciado don Adrián Rubalcava, delegado de Cuajimalpa, invitado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sea usted bienvenido.
No está el diputado Valanci, entonces túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría con una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Integración de la Comisión de Investigación para la revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional de la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).
Diputado Roberto López Suárez, del PRD, presidente.
Diputado Gilberto Antonio Hirata Chico, del PRI, integrante.
Diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del PRI, integrante.
Diputado José Sergio Manzur Quiroga, del PRI, integrante.
Diputado Fernando Charleston Hernández, del PRI, integrante.
Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del PRI, integrante.
Diputado Ricardo Anaya Cortés, del PAN, integrante.
Diputado Damián Zepeda Vidales, del PAN, integrante
Diputada Julisa Mejía Guardado, del PRD, integrante.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Verde Ecologista, integrante.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, integrante.
Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, integrante.
Diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, integrante.
En votación económica se pregunta si se aprueba...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación, don Ricardo. A ver, tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, que quiere perorar al respecto. Hablar.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Es para razonar el voto a favor de la integración de esta comisión y como integrante propuesto por mi grupo parlamentario, hacer un llamado a quienes habremos de conformar esta comisión para que actuemos con toda responsabilidad atendiendo al mandato del artículo 903 de nuestra Constitución, que nos da facultades para investigar a detalle y presentar un informe a esta Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de la Condusef, pero a través de ella lo que queremos es llegar al fondo sobre temas del proceso electoral pasado.
Evidentemente nos interesa conocer a fondo el tema de Monex, el tema de Soriana, el fraude también con una transferencia del ex secretario de Finanzas del gobierno del estado de México, de Scotia Bank, donde estuvo involucrado Luis Videgaray Caso; nos interesa llegar al fondo.
Por ahí otros compañeros de otros partidos han dicho que también les interesa revisar temas de la Coalición Movimiento Progresista. Evidentemente que a nosotros nos parece bien porque el que nada debe nada teme y nosotros actuamos con toda responsabilidad en el marco de la ley.
Por eso no vamos a actuar como tapadera y queremos que tampoco el PRI, el Verde y el Panal actúen como tapadera de nadie. Que se llegue al fondo en el caso Monex, que se actúe en lo que el Instituto Federal Electoral no ha querido actuar, en lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no quiso revisar exhaustivamente, como era su facultad.
Por eso queremos que esta comisión actúe con toda libertad. No recibir consigna, sobre todo quienes tienen mayoría, para actuar como una tapadera del ex candidato presidencial Enrique Peña Nieto y sus coordinadores de campaña. Vamos a llegar al fondo y vamos a informar a este pleno.
Saludamos que finalmente, después de una ardua batalla, haya habido voluntad de todos para constituir esta comisión. Pero no queremos que quede solamente en una fachada, sino que queremos que se vaya al fondo y que los mexicanos conozcan la verdad. Por eso vamos a votar a favor. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba su integración.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Las proposiciones de urgente u obvia resolución listadas para hoy tendrán un lugar de privilegio en el orden del día de la sesión de mañana.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (15:01): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 28 de noviembre del 2012, a las 11 y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.
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