Comunicaciones
Del Congreso del Estado de Guerrero, relativa al PEF 2013
De la Secretaría de Gobernación, con respuesta relativa al ILCE
Del Instituto Nacional de Migración, con informe sobre programas
De la Cámara de Senadores, con proposiciones relativas al PEF 2013
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre participaciones a las entidades
Del Congreso del Estado de Querétaro, con iniciativa
De la Cámara de Senadores, con iniciativa sobre la Ley del IEPS
Iniciativas de diputadas y de diputados
Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del PVEM
José Alberto Benavides Castañeda, PT
Fernando Belaunzarán Méndez, PRD
José Arturo Salinas Garza, PAN
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, PRI
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, PRI
Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano
Sonia Rincón Chanona, Nueva Alianza
María Teresa Jiménez Esquivel, PAN
Acuerdo de la Junta, de rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres
Proposiciones de diputadas y de diputados
Jesús Antonio Valdés Palazuelos, PRI, relativa a evitar la importación de papa
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, PT, relativa al operativo Rápido y furioso
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Minuto de silencio por el fallecimiento de Felipe de Jesús Vicencio Álvarez
Efeméride por el Día de la Mujer Rural
Acuerdo de la Junta, por el que se integran las comisiones ordinarias
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 257 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:11 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto diputada María del Carmen Martínez Santillán? Sonido.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): De hacer un pronunciamiento, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿En dónde? ¿A qué hora?
La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): Con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso en relación con el artículo 6, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted se me conceda el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Mire usted, estamos ahorita en trámite parlamentario, lo que puede hacer es inscribir conforme al propio Reglamento su pronunciamiento y le daremos el uso de la voz con un enorme gusto.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): Entonces quisiera que se anexara mi pronunciamiento, por favor, al acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
Se informa a la asamblea que todos los turnos a comisiones se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo hasta en tanto se integren las mismas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, con el que remite acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se autorice una partida presupuestal para la creación y ejecución del programa federal de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la actualización de las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio del Instituto Nacional de Migración, con el que remite la información de carácter público que contienen los programas de protección a migrantes, correspondientes al tercer trimestre, así como el acumulado al tercer trimestre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Cámara de Senadores, un acuerdo aprobado y cinco proposiciones que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, por los que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos a diversos rubros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de septiembre de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2011.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: El Congreso del Estado de Querétaro, remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XV del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: La Cámara de Senadores, remite iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Honorable asamblea, les rogamos con toda atención a nuestros amigos representantes de los medios de comunicación, pasen a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su alta labor informativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Minera.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su venia, señor presidente. La gran riqueza de yacimientos minerales con que cuenta nuestro país nos ubica como uno de los de mayor potencial en la explotación de estos recursos. Las actividades de producción minera representan un importante atractivo para las empresas extranjeras.
Cabe destacar que en 2011 la inversión realizada en este sector alcanzó un monto de 5 mil millones de dólares, lo que representó un incremento del 50.8 por ciento respecto al año anterior.
Gran parte de esta inversión es foránea y según reportes de la Secretaría de Economía, del total de las empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 71 por ciento tiene sus oficinas centrales en Canadá.
La política nacional, en los últimos años, ha estado enfocada de manera importante a promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país. Tan solo en 2011 se expidieron 2022 títulos de concesión y asignación minera que ampararon una superficie de 4.4 millones de hectáreas, con lo cual se alcanzó un saldo acumulado de 27 mil 22 títulos de concesión y asignación minera, por una superficie total de 29.9 millones de hectáreas.
No obstante, la importante contribución de la minería a la economía nacional y el desarrollo de la misma traen consigo impactos ambientales y sociales en las comunidades asentadas en las zonas aledañas a las áreas explotadas.
Algunos ejemplos de estos impactos son: afectaciones en las viviendas y en el patrimonio natural cercano a la mina. Alteraciones al proceso productivo de agricultores y ganadores. Desplazamiento de los habitantes de las zonas que viven cercanos al área de explotación.
Devastación forestal y vegetal, en ocasiones de forma irreversible. Consumo de importantes volúmenes de agua y problemas de salud en los vecinos, quizás el más importante de todos.
Como se ha expuesto, parte importante del territorio nacional se encuentra concesionado o asignado para aprovechamiento minero. Los mexicanos tenemos la obligación de asegurar que el desarrollo de todo sector económico o industrial del país sea integral y sustentable, como lo señala y lo mandata nuestra Constitución en su artículo 25.
A pesar de contarse con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual mandata que las actividades de extracción o explotación minera deben estar sujetas a la evaluación del impacto ambiental, es muy probable que actualmente las empresas obtengan primero la asignación o concesión por parte de la Secretaría de Economía y después se preocupen por cumplir los requerimientos de impacto ambiental.
Por este motivo, y con el objeto de fortalecer el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental, propongo la presente reforma a la Ley Minera en su artículo 10, que la modificación enuncie: Previo al otorgamiento de concesiones o asignaciones mineras los interesados en las mismas cuenten de manera obligatoria con una autorización en materia de impacto ambiental.
Con ello se da un paso en la salvaguarda de la sustentabilidad de esta actividad y se fortalecerá el carácter preventivo de la evaluación de dicho impacto. La prevención de los impactos ambientales y la salvaguarda de los derechos de la sociedad mexicana a tener mejores condiciones de vida deben de ponderarse antes de emitir cualquier resolución sobre la explotación de los recursos de la nación, por ello proponemos dar pasos firmes hacia la sustentabilidad mediante reformas como ésta.
No queremos más impactos negativos, ni en lo social ni en lo ambiental asociado con la explotación minera. La aprobación de esta reforma privilegiará el correcto actuar de la utilidad, contribuirá a la salud de la ciudadanía y al cuidado del medio ambiente, así como a dar certeza a las empresas que pretenden invertir en nuestro país en este importante sector. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Bárbara. Túrnese a la Comisión de Economía para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene le uso de la voz hasta por cinco minutos el señor diputado José Alberto Benavides Castañeda, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México, como en cualquier parte del mundo la productividad de una persona va ligada a su nivel de educación y de capacitación, si bien parte de estas herramientas pueden ser adquiridas de manera empírica es necesario que las personas reciban conocimientos, que les den la oportunidad de acceder a mejores opciones de empleo, y para el caso de las personas que ya formen parte del mercado laboral, se acelere el proceso de formación y así contribuyan por un periodo más largo de su vida a la producción total de un país. Sin duda, el proveer la educación y la capacitación es una responsabilidad que tienen los gobiernos cuyo fin debe ser mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Invertir en el desarrollo de las personas es sin duda la mejor inversión que pueda hacer un país, ya que los flujos destinados como apoyos tienen un retorno para cada uno de los beneficiarios y de esa manera adquieren la capacidad de depender económicamente de sí, mismos debido al aumento de su productividad y con ello una esperada mejora en sus percepciones salariales.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que gran parte de la población en nuestro país carece de oportunidades que mejoren su calidad de vida, los apoyos que son insuficientes e inoportunos en muchos de los casos no solucionan el verdadero problema que tenemos los mexicanos.
Actualmente los programas de ayuda solo existen para justificar un gasto que disfrace las estadísticas que presentan el gobierno federal y gran parte de los gobiernos locales. Los pocos apoyos que existen no han ayudado a la mayoría a salir de la pobreza, esto debido a que el efecto umbral de la pobreza establece que la acumulación de capacidades solo se vuelve útil cuando se alcanza un nivel mínimo.
En este sentido una de las responsabilidades del gobierno es incrementar las capacidades de las personas lo suficiente como para cruzar dicho umbral; si la ayuda del gobierno es lo bastante importante y se prolonga lo suficiente enfocando estas ayudas a mejorar sus capacidades técnicas, se logrará un incremento en las habilidades de la población cubriendo lo necesario para elevar las rentas de las familias por encima del nivel de subsistencia.
Sin el avance en formación y capacitación, las familias vulnerables sólo suben los primeros escalones para después retroceder en las generaciones inmediatas, haciendo que los apoyos otorgados no resuelvan el problema estructural. Por ello la necesidad de enfocar las leyes al desarrollo en la capacitación y la formación como una prioridad de la asistencia social.
En México la característica principal de los programas sociales ha sido su perfil eminentemente centralista, paternalista y, sobre todo, asistencialista sin corresponsabilidad real alguna para la población beneficiaria y con poca o nula participación de las comunidades o las poblaciones favorecidas.
El problema en México ha sido, además de la ejecución de los programas, la excesiva discrecionalidad en la identificación, selección y requisitos para los usuarios, sujetos todo ello a reglamentos que debe elaborar el Ejecutivo y no a normas plasmadas en el cuerpo legal que les da origen, aunado a la falta de rigor en un enfoque serio de incremento a las capacidades, tanto educativas como profesionales.
Compañeras y compañeros diputados, la situación actual del país nos obliga a poner especial énfasis en los programas de bienestar social eficaz, ya que las políticas correctas se convierten en inversiones inteligentes en un mundo que navega por una profunda crisis. Por ello se ha vuelto vital diseñar e implementar sistemas de protección social efectivos y de corresponsabilidad que ayuden a las familias vulnerables, al mismo tiempo en que maximizan sus esfuerzos para salir de su situación de pobreza.
Lo que se plantea en la presente iniciativa es principalmente la inclusión en la Ley General de Desarrollo Social de la capacitación y la formación en desarrollo humano y profesional, como ejes fundamentales de la política de desarrollo social y de esta manera fomentar el incremento de la productividad de los beneficiarios para que puedan acceder a mejores oportunidades laborales. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado proponente. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados. Dice el poeta uruguayo Eduardo Galiano que el hombre teme aquello que ignora. Y por ello muchas veces somos ignoradas las mujeres.
Hace 59 años México inició un largo camino para dejar de ignorar a la mitad de su población y alcanzó una de las conquistas fundamentales en materia democrática del siglo XX: el derecho al voto femenino en los procesos electorales federales.
El 17 de octubre del 53 señaló un parte-aguas pero también en el arduo valladar de la igualdad entre mexicanas y mexicanos. Hoy, al amparo de este recinto que encarna la unidad y la dignidad de la República, vengo a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, de las mujeres de todo el país, de los pueblos originarios de nuestro México, para alzar la voz por esta mitad de la población mexicana que ha sido marginada por los partidos políticos y coaliciones electorales en sus candidaturas al Senado y a esta misma soberanía.
Vengo a proponer una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 y deroga el numeral 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de dar jerarquía de ley a una acción afirmativa que concede el derecho de las mujeres a ocupar al menos el 40 por ciento del total de las candidaturas a diputados y a senadores, de manera que dicha disposición obligue a los partidos políticos o coaliciones a integrar al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios y suplementes de un mismo género para evitar el fenómeno conocido como las Juanitas.
El cumplimiento de la cuota de género encuentra sustento en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales como partes integrantes de nuestro sistema de constitucionalidad que protegen la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para el acceso a las candidaturas a cargos de elección popular.
El mecanismo que contempla el artículo referido es conocido como una acción afirmativa o de discriminación inversa porque establece medidas dirigidas a favorecer a uno de los géneros que se encuentra subrepresentado en los órganos de representación política. Tal es el contenido de esta iniciativa que hoy presento a consideración de esta soberanía.
Estoy convencida, compañeras y compañeros, que el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, de las minorías, contribuye sólidamente al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.
Es una iniciativa que busca romper los muros de la discriminación y de la injusticia que aún existen en muchos rincones de nuestro país mediante una acción afirmativa a favor de las mujeres.
Hace 59 años se inició el camino por el que hoy avanzamos. Sigamos caminando juntos y juntas, ampliando las veredas de la democracia, consolidando la igualdad de género y desterrando para siempre la práctica nociva de la simulación para hacer realidad la legalidad, el orden, la justicia, la igualdad para todas y para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Y es mucho, diputada Cruz. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos don José Arturo Salinas Garza, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
¿Está don José Arturo Salinas? Pregunto, ¿está don José Arturo Salinas Garza? En principio se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, don Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Vengo a tribuna a proponer que sindicatos, partidos y grupos parlamentarios sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Si hay un problema estructural en nuestro país que atraviesa transversalmente a la nación tanto en el sector público como el privado, es la prevalencia e incluso, preeminencia de zonas de privilegio en donde personas y grupos tienen ventajas indebidas y juegan con cartas marcadas.
En cada tema, sector, área que se trate, siempre aparece este mismo problema. No hay costumbre de competir con equidad y nadie acepta a renunciar a su primacía, aunque con ello se constituya como obstáculo del desarrollo económico y político de México.
No pocos acostumbran indignarse del privilegio ajeno, pero defienden con uñas y dientes el privilegio propio. Claman por equidad cuando tienen el terreno en contra, pero no permiten nivelarlo cuando es al revés. Ahora sí que hágase la voluntad de Dios en el monopolio de mi compadre.
Tenemos, como legisladores, la responsabilidad y el compromiso de atacar todos esos privilegios, y para hacerlo con autoridad moral debemos también combatir aquellos que benefician a los partidos políticos.
De alguna manera en eso hemos avanzado con la reforma política, con las candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, consulta popular que ya haremos las reformas secundarias, pero es a todas luces insuficiente.
Requerimos de una ley de partidos para que se garantice que estos sean verdaderos instrumentos de la sociedad para transformarse, para transformar a la sociedad al país; de eso ya nos ocuparemos, pero hoy quiero proponerles que seamos como partidos y como legisladores, ejemplo de transparencia y rendición de cuentas y que en consonancia se establezcan con claridad las obligaciones de partidos y grupos parlamentarios en materia de transparencia. En esto no debiera haber discusión alguna, la cosa pública debe ser eso, pública y no encuentro ninguna razón para que alguien se oponga, al menos en el debate de las ideas. Por eso me quiero centrar en el punto controvertido, los sindicatos deben o no ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia.
Ayer declaró Enrique Peña Nieto que estaba de acuerdo con la transparencia sindical siempre que se respete su autonomía. Si es así, entonces espero que los diputados del PRI respalden esta propuesta porque la transparencia, al igual que la democracia por cierto, de ninguna manera atenta contra el derecho a organizarse y decidir libremente.
Tan es así que ya son sujetos obligados de la Ley de Transparencia el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nadie se le ocurrió decir que eso, de que sean sujetos de transparencia, atenta contra la autonomía de estos organismos tan importantes. Además, los organismos son organizaciones fundamentales del país, pues defienden derechos constitucionales trascendentes como los que tienen que ver con el trabajo, que es un derecho humano, y la misma Constitución les da reconocimiento.
Por eso, no se puede decir que lo que ocurre en su interior es un asunto entre particulares, eso es una aberración. Entre otras cosas también, porque su influencia en la vida pública es innegable, tan es así que pueden apoyar y apoyan –y están en su derecho– a candidatos en las elecciones, y hay senadores, legisladores y gobernantes en el país que lo son gracias a su calidad de dirigentes sindicales. Bueno, hay hasta un sindicato que tiene un partido político.
Hay sindicatos que reciben fuertes sumas de recursos públicos, sumas millonarias y es derecho de los contribuyentes conocer su uso, como también es el derecho de los trabajadores conocer el destino de su cuota. Ambos derechos son actualmente escamoteados.
Por eso aspiro a convencer de la necesidad y pertinencia de que sean sujetos de la Ley de Transparencia y luego, como espero que regrese la iniciativa de reforma laboral, a que en su interior haya voto libre, directo y secreto para elegir a sus dirigentes.
Hago un llamado especial al PRI, Peña Nieto ha insistido en que no representan al pasado, pero no hay nada más arcaico que el viejo corporativismo sindical. Es una oportunidad para que demuestren con hechos que no son restauradores del viejo régimen y también es una oportunidad para los líderes sindicales, para que adquieran prestigio social, para que se les quite el mote de charros y quede establecido que son representantes legítimos de los trabajadores y que sus cargos y bienes no son resultado del manejo opaco y discrecional del dinero y de las prebendas. A eso aspiro convencerlos, por supuesto aquí en el pleno pero también en la comisión. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Fernando. Túrnese a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Me anuncian que don José Arturo Salinas Garza estaba ocupado en un trámite sumario y personalísimo, pero que ya está en el salón y le doy el uso de la voz para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; de la Ley General de Sociedades Mercantiles; de la Ley de Sociedades de Inversión; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Derechos y por si fuera poco, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con el permiso de la Presidencia. Diputado presidente, le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.
Compañeros legisladores, la presente iniciativa comprende las mejores prácticas internacionales, así como los lineamientos y experiencia en materia mercantil y comercial formulada por el Banco Mundial, reconociendo que la simplificación administrativa impulsa la competitividad de las empresas al permitir que se realice todo tipo de actividad comercial de manera más rápida, eficiente y a bajo costo.
Asimismo, estas reformas constituyen mejores prácticas y cambios significativos en materia de garantías mobiliarias que fortalecerán este sistema, y en virtud de lo cual los bienes muebles serán aceptados más ampliamente como garantías, reforzando así la reforma llevada a cabo en 2009.
En consecuencia, y atendiendo la facultad que tiene esta Cámara de Diputados de legislar en materia mercantil, se pone a consideración el presente paquete de reformas que tiene como objeto principal los siguientes seis apartados.
1. Implementación de las mejores prácticas internacionales para impulsar la competitividad y la productividad, mediante la modernización y simplificación administrativa de las disposiciones mercantiles.
Respecto a las diversas publicaciones que las sociedades mercantiles tienen que realizar, el Banco Mundial ha señalado que es más efectivo realizar publicaciones electrónicas, en vez de utilizar publicaciones en papel o físicas, ya que de esta manera se permite tener información disponible y actualizada en cualquier portal a través de Internet.
El Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, establecen que los comerciantes están obligados a realizar publicaciones de su calidad mercantil, convocatorias de sus asambleas y de sus estados financieros, las cuales además de innecesarias para el ejercicio de la actividad comercial, repercuten en altos costos para el comerciante, ya que dentro de una publicación en un periodo local puede costar entre 5 y 20 mil pesos, dependiendo el medio de comunicación.
La presente iniciativa propone eliminar algunas publicaciones y presenta la viabilidad de crear un boletín electrónico gratuito en el que sea obligatorio hacer las publicaciones que establece la ley para los comerciantes, otorgando mayor certidumbre y sin costo alguno para los accionistas y comerciantes.
2. Eliminación de costos de trámites y cargas económicas para incentivar la creación de nuevos negocios.
Actualmente las empresas únicamente pueden realizar los actos previstos en su escritura constitutiva, y por tanto, para llevar a cabo alguna actividad distinta a las contempladas en su objeto social, es necesario reformar los estatutos.
La presente iniciativa adiciona el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para señalar que las sociedades mercantiles, podrían realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, pero se adicionan por ministerio de ley todas aquellas actividades de naturaleza mercantil que requieran para su cumplimiento.
Por otro lado, la presente iniciativa propone modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de actualizar algunos artículos en los que se hace referencia únicamente a notarios, siendo que dichas facultades pueden ser realizadas también por corredores públicos.
3. Modernización de los órganos de la administración y vigilancia de las sociedades.
El régimen de responsabilidades, vigente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, requiere modernizarse, a fin de que los administradores sean responsables de los daños y perjuicios ocasionados por el motivo de sus actos, hechos u omisiones generados con motivo de su cargo a favor de la sociedad.
Asimismo, se propone legislar como alternativa al comisario la figura del comité, integrado por miembros del Consejo de Administración que ejerzan las funciones de auditoría. Éste régimen deberá contar con un auditor externo independiente, a fin de garantizar la imparcialidad y el profesionalismo.
4. Modernización de los registros públicos para que operen a bajo costo y que sean de fácil consulta.
En el año 2000 se introdujo una reforma al Código de Comercio, con el fin de que el Registro Público de Comercio estuviera coordinado por la autoridad federal y funcionara a través de un programa informático, por virtud del cual se homologaran los requisitos, plazos y fases de todo el país.
Esta iniciativa propone la centralización del Registro Público de Comercio, operado por un programa informático que permita la consulta en una sola base de datos, sin la necesidad de acudir a cada oficina registral. Lo anterior, convertiría al Registro Público de Comercio en un registro federal digital y con una sola base de datos central y con agilidad y eficiencia que se requiere en el tráfico mercantil.
5. Fortalecer al sistema de garantías mobiliarias con normas claras y sencillas.
Actualmente el Código de Comercio no señala qué es una garantía mobiliaria ni cuáles de ellas son inscribibles en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.
A fin de dar una mayor certeza jurídica, se propone que se especifique en el Código de Comercio la clasificación de garantías mobiliarias, misma que comprenderán la prenda sin transmisión de posesión, así como la prenda en los créditos refaccionarios y de habilitación o avío.
Asimismo, se propone que se aclare y enfatice que se deben inscribir las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan sobre bienes muebles, incluyendo los embargos, para que todo comerciante pueda conocer los gravámenes que afectan un bien mueble.
Asimismo, se propone que el Registro Único de Garantías Mobiliarias cuente con un procedimiento ágil y expedito para solicitar la cancelación de una garantía indebidamente inscrita, así como para reclamar daños y perjuicios.
6. Perfeccionamiento en los procedimientos crediticios. La presente iniciativa busca eliminar los obstáculos que actualmente encuentran las instituciones financieras y que repercuten en el otorgamiento de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo anterior, se propone adicionar el artículo del Código de Comercio, para señalar expresamente que todos los juicios mercantiles se reconozcan como prueba los mensajes de datos y se les otorgue valor probatorio pleno.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted, señor iniciante. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: También del PAN, el diputado Andrés de la Rosa Anaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Con su permiso, presidente. Vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo del aparado A de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una iniciativa, compañeras y compañeros legisladores, que tiene que ver con algo fundamental, que esa el de restituir a los ciudadanos su derecho a expresarse en los procesos electorales, su derecho a opinar en los procesos electorales.
Es importante que le restituyamos a los ciudadanos ese derecho de libertad de expresión, ese derecho de manifestarse. Derecho que fue eliminado en la reforma electoral de 2007. A eso vengo a esta tribuna, a darles a los ciudadanos ese derecho importantísimo que debe prevalecer en cada proceso electoral para que sigamos evolucionado en nuestra vida democrática como país.
El objeto de este proyecto legislativo es permitir que cualquier ciudadano pueda expresarse libremente, en radio y televisión, bajo una opinión libre y respetuosa sobre el proceso electoral.
Sobre el particular, hay que referir que con motivo de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se reformó el artículo 41 constitucional en cuanto a la materia de acceso a la radio y televisión por los partidos políticos nacionales y el establecimiento del Instituto Federal Electoral como órgano rector en la materia.
Tal reforma constitucional respondió a la compensación política que el sistema jurídico mexicano otorgaba a las fuerzas políticas perdedoras de la elección de 2006, ya que uno de los argumentos esenciales en contra de dicha elección fue la falta de equidad en la contratación de espacios en radio y televisión.
Cabe señalar que, desde la entrada en vigor de este nuevo régimen legal y constitucional, ha sido criticado por diversos sectores sociales, quienes consideran que al margen de la equidad que se busca en la competencia electoral se ve coartada la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, cuestión que por supuesto estaría lejos de contribuir al fortalecimiento de la vida democrática del país, por lo que se hace necesario una revisión y reformulación de dicho esquema legal para revisar fundamentalmente una mejor armonización de derechos.
Sirva de paso exponer que, derivado de dicha reforma constitucional, se han expedido entre otras normas jurídicas el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la norma de carácter secundario, y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.
Asimismo el proyecto pretende abrir mayores canales de expresión por parte de los ciudadanos, para lograr un verdadero proceso de comunicación entre los electores con sus representantes.
Otra limitante es que la contratación de tiempos en radio y televisión no podrá ser con el objeto de hacer propaganda ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, a fin de que el ejercicio de tal potestad no vaya implicar una inequidad electoral.
Por otra parte, igualmente, con nuestra propuesta no se perturba el contenido del artículo 41 constitucional, en lo relativo a que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, lo cual se traduce en una restricción a los partidos políticos para que por sí mismos o a través de terceros contraten espacios en radio y televisión para difundir sus mensajes político-electorales, por lo que seguirá siendo autoridad en la materia el órgano electoral.
Por tanto, con esta propuesta, creemos que bajo un principio de progresividad y maximización de los derechos humanos promovemos con la iniciativa una mayor libertad de expresión, así como el derecho a la información de los ciudadanos que quieren manifestarse y conocer de lo que sucede en el ámbito electoral.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo del apartado A, de la fracción III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en la parte conducente lo siguiente:
Cualquier ciudadano podrá expresar libremente su opinión en radio y televisión sobre el proceso electoral de que se trate, incluso contratando para tal efecto espacio en dichos medios de comunicación, sujeto a la restricciones previstas en el apartado C del presente artículo, sin que pueda realizar proselitismo electoral a favor de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Pido, presidente, que el texto íntegro de la presente iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a los alumnos del Centro Escolar Acuautla, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México; y a la Telesecundaria Adolfo López Mateos, invitados por don César Reynaldo Navarro de Alba y por doña Irazema González Martínez Olivares. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes, a la casa de la representación del pueblo de México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, don Humberto Gutiérrez de la Garza, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Deseo hacer mención, diputado presidente, solicito respetuosamente que esta iniciativa siga el trámite conforme al artículo 82 de nuestro Reglamento, a fin de que en su momento se someta a consideración de esta asamblea, si está de acuerdo que sea de urgente u obvia resolución para en el momento adecuado proceder a su votación y, en su caso, envío a la Cámara de Senadores para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.
Esta iniciativa que se presenta es con la intención de modificar el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Busca ese 39, en el numeral 2, darle una mayor flexibilidad al trabajo propio de esta Cámara de Diputados, para lo cual se modifica su texto con la finalidad que la Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Las comisiones ordinarias serán; es decir, mediante este ejercicio se pretende flexibilizar muy similar a lo que la propia Cámara de Senadores en este momento tiene en cuanto a la propia integración de comisiones.
Ya entrando a cada una de las comisiones ordinarias a que se hace mención dentro de este texto es que se propone la constitución de una nueva comisión, que sería la Comisión de Desarrollo Municipal y la modificación de denominación de dos comisiones, la de Participación Ciudadana para denominarse ahora de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y a su vez la de Función Pública que buscaría ahora una nueva denominación que sería Transparencia y Anticorrupción; a su vez se solicita en el transitorio correspondiente que el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Hago mención que en el evento de que sea aprobada por esta Cámara de Diputados la iniciativa que en este momento estamos presentando, la integración para efecto de las Comisiones ordinarias, tanto de Participación Ciudadana como de Función Pública en el acuerdo que presente la Junta de Coordinación Política –más tarde-, implicará intrínsecamente que en el momento en que esta minuta sea aprobada por el Senado de la República, se cambiarán las denominaciones correspondientes, tanto de Función Pública como de Participación Ciudadana, conforme a la propuesta que se presenta; y en su momento la integración de esta nueva Comisión, que sería la de Desarrollo Municipal, implicaría se constituya la comisión ordinaria número 56.
En virtud de lo antes mencionado, diputado presidente, es que le solicito ponga a consideración de esta asamblea si tienen a bien aceptar que esta iniciativa tenga el carácter de urgente u obvia resolución. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado iniciante. Pregunte la Secretaría a la asamblea en términos reglamentarios, específicamente el 2 del 82, si se considera de urgente u obvia resolución y se somete a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego a la Secretaría registre la abstención del Grupo de Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia somete a la consideración del pleno la presente iniciativa. El diputado don Ricardo Monreal Ávila nos hizo llegar un posicionamiento que se inserta íntegramente al Diario de los Debates. Tiene el uso de la voz el diputado Camarillo, en contra.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, presidente. He venido el día de hoy a plantear lo que me parece que es obvio para muchos de los que estamos aquí presentes. Creo que el Congreso mexicano no puede dejar pasar la oportunidad de aprender lecciones.
Este momento de presentar una iniciativa y que vaya de urgente y obvia resolución, obedece simple y sencillamente a un solo motivo, uno nada más: cómo se acomodan los intereses de un grupo parlamentario que ejercer una actitud totalitaria. Me refiero al grupo parlamentario del PRI. Así de sencillo. Quieren arreglar las cuotas entre los grupos parlamentarios inventándose nuevas comisiones, poniéndole nombre y apellido a las presidencias, para servir a sus intereses.
La división, las sumas y las restas, compañeros del PRI, no les dieron, por eso necesitan inventarse nuevas comisiones. Esa no es una actitud moderna que plantea el PRI como un spot desgastado que han utilizado en los últimos tiempos. Claro que no les dan las cuentas.
Me pregunto y les dejo esa pregunta a mis compañeros diputados del PRI: ¿verdaderamente creen ustedes que en esa actitud totalitaria de pretendido avasallamiento de los otros grupos parlamentarios pueden construir las mayorías y las motivaciones para las grandes transformaciones que requiere este país? Creo que no.
Me pregunto cómo le van a hacer con esta actitud facciosa y totalitaria para que reformas tan importantes como la energética puedan tener las respuestas que se necesitan aquí en esta Cámara de los Diputados.
No, señores; no, compañeros; no vengan a inventar aquí lo que la legalidad no les da. Es vergonzoso y es vergonzosa la propuesta que están haciendo aquí para que les den las cuentas. No puede ser posible, compañeros y compañeras, que sea éste el método de reparticiones. Me parece que el Congreso mexicano no se lo merece. Ya cuando discutamos las reformas de fondo, ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a ver. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ha dicho, diputado Camarillo. Diputado Carlos Angulo, ¿tenía alguna pregunta? No hay ninguna pregunta.
Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en un solo acto en virtud de que no he tenido ninguna reserva en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 388 votos en pro, 3 en contra y 30 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos el proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente. De acuerdo con el último Censo de Población 2010, en México habitamos más de 36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años.
A pesar de que conformamos más de la cuarta parte de la población total del país, la legislación nacional no nos considera sujetos plenos de derecho, sino como un grupo que sólo requiere programas de asistencia social. En un contexto de agresión cotidiana, de violencia y crimen, el 53 por ciento de la población joven no tiene actividad laboral o educativa que permita desarrollar su potencial.
Las adicciones y actividades delictivas de alto impacto para la sociedad son ahora la opción para millones de jóvenes en condiciones de rezago social, económico y cultural. La visión que predomina cuando se trata de atender nuestras necesidades y demandas es limitada y de corto plazo, sin reconocer la importancia de construir políticas públicas permanentes de largo alcance que correspondan a nuestro desarrollo integral.
El Instituto Mexicano de la Juventud tiene como función principal la orientación de la política nacional en materia de juventud y, sin embargo, la ley vigente no considera en ninguna parte de su articulado el seguimiento adecuado para la protección de nuestros derechos humanos y garantías individuales.
Es claro que sin estos dos principios básicos y en un contexto cotidiano de violencia, exclusión y escasez de oportunidades, la tarea del Instituto es limitada. Es por ello que propongo reformar el artículo 3o., fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral mediante la protección de nuestros derechos humanos y garantías individuales en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad como lo establece nuestra Constitución.
Otra de las atribuciones fundamentales del Instituto es la de elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre educación sexual y salud reproductiva, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género y apoyo a jóvenes en situación de exclusión, tarea que hasta el momento se hace sin la participación del Instituto Nacional de las Mujeres como institución rectora en la promoción y fomento de la igualdad de nuestras oportunidades y trato entre los géneros.
El ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social, quizá por tal motivo la tarea del Instituto Mexicano de la Juventud ha dejado mucho que desear. La perspectiva de género está prácticamente ausente de sus proyectos, acciones y supuestos de resultados.
No existe información clara y organizada sobre los principales problemas que aquejan exclusivamente a las mujeres jóvenes. Nos identifican como un grupo homogéneo sin necesidades ni características diferentes. Por lo contrario, la identidad joven debe ser atendida desde la transversalidad de género en condiciones de igualdad, respetando nuestras diferencias.
Tener un hijo a temprana edad tiene demasiadas implicaciones, desde la deserción escolar hasta la reproducción de círculos de violencia y condiciones de pobreza, sin dejar de mencionar las repercusiones que tiene para el desarrollo físico, psicológico y social de los adolescentes.
Actualmente, los hijos de madres adolescentes entre 12 y 19 años, son más de 300 mil cada año. Del total de las mujeres con 19 años de edad, una de cada cuatro cuentan con al menos un hijo.
La Junta Directiva del Instituto se integra actualmente por nueve secretarías de Estado y la Dirección General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es evidente que hace falta la perspectiva de género, que se haga visible a las mujeres jóvenes y que se implementen políticas públicas incluyentes, que nos permiten enfrentar la vida en igualdad de condiciones.
Por eso, propongo reformar el artículo 8, fracción I, adicionando el inciso k) de la Ley en comento, para incluir en su Junta Directiva al Instituto Nacional de las Mujeres como parte activa y decisiva en la definición de las políticas nacionales en materia de juventud. Es cuanto, presidente. Por favor solicito que el texto íntegro de la iniciativa se incluya en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputada. Muchas gracias. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Honorable asamblea, seguramente para ninguno de ustedes es ajeno que la imagen de los legisladores al día de hoy está tan devaluada ante los ciudadanos, que es uno de los sectores peor calificados en confianza por parte de ellos. También estoy segura que muchos de ustedes, como la de la voz, no es ajena a las fuertes críticas que recibimos de parte de diversos sectores en los diferentes ámbitos en donde nos desarrollamos.
Lamentablemente, los motivos por los que somos juzgados de esa manera no siempre son imputables al trabajo de la mayoría de esta honorable asamblea, o incluso se derivan de momentos coyunturales en donde los ciudadanos sólo conocen del debate de algún tema que nos confronta a la hora de las participaciones en la tribuna.
Trabajar para lograr rescatar la confianza de los ciudadanos no es un asunto sencillo, pero desde mi punto de vista no debemos perder la oportunidad de hacer lo que esté a nuestro alcance, ahora que afortunadamente este Congreso cuenta con legisladores de gran experiencia, que se han distinguido por impulsar diversas reformas estructurales para garantizar mayor participación y derechos políticos de los y las ciudadanas, entre ellas la reforma política del año pasado.
Me refiero en especial a todos y cada uno de nuestros líderes de fracciones, no importa la tendencia política a la que pertenecen, tampoco importan sus formas de expresar sus ideas; todos ellos son personajes que han acumulado una gran experiencia legislativa.
Esta consideración me ha hecho aspirar a que nuestra legislatura puede ser una de las más productivas, eficientes y eficaces en los últimos 20 años, logrando con ello no sólo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino reivindicar la importancia del Poder Legislativo dentro del contexto de la división de poderes, establecida en nuestra Carta Magna.
Es por ello que al día de hoy y a nombre de mis compañeros de la fracción del Verde Ecologista de México, me presento a esta soberanía para proponer que se modifiquen los artículos 65 y 66 constitucionales, en lo referente a los periodos del trabajo parlamentario, con base en dos grandes periodos.
El primero sería, del 1 de agosto al 15 de septiembre, y el segundo, del 1 de enero al 15 de junio. Habría sólo dos recesos, el primero para vacaciones decembrinas y el segundo durante el periodo electoral, con el fin de que las contiendas políticas tanto federal como locales, no interfieran en el trabajo parlamentario.
La justificación para pedir su generoso apoyo se sustenta en un análisis comparativo sobre el trabajo legislativo, tanto a nivel mundial como a nivel de los Congresos estatales, dando por resultado que, nosotros no sesionamos con la frecuencia de otras naciones que ven el trabajo de sus órganos legislativos como una actividad permanente.
Por ejemplo, Costa Rica, Brasil o Italia sesionan más de 50 veces al año, el Reino Unido 145 y Estados Unidos 127, mientras que nosotros solamente nos reunimos a discutir en el pleno los asuntos más trascendentales de nuestro país, 54 veces al año.
Asimismo, la mayoría de las legislaturas locales cuentan con dos periodos de sesiones, los compañeros que vienen de congresistas locales lo saben. Salvo Jalisco y Michoacán que tienen uno, y Baja California, Guanajuato, Guerrero, Puebla y Yucatán que tienen tres. El promedio de días que sesionan está entre los 214 días.
La asamblea legislativa es el segundo órgano legislativo que menos tiempo se reúne, pero aún así, se reúne 150 días. La única legislatura local que sesiona menos es la de Tabasco con 148 y el siguiente estado que sesiona menos sería Campeche con 162.
Además, la mayoría de las constituciones locales contemplan que las comisiones de sus legislaturas deben operar incluso durante los recesos. Por ejemplo, la fracción IV del artículo 108 Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, establece que las comisiones deben reunirse al menos dos veces al mes.
Cabe mencionar que, aunque esta propuesta plantea el trabajo de tiempo completo, porque consideramos que un órgano legislativo que se reúne en fechas muy limitadas es débil, tampoco pensamos que uno que sesiona la mayor parte del año es necesariamente fuerte, por lo que el trabajo permanente no implicaría por sí mismo un desempeño más eficaz, cualitativo o cuantitativamente hablando, toda vez que el trabajo importante de este honorable Congreso no se lleva a cabo en el pleno, sino al interior de cada comisión.
Lo que en realidad permitiría esta propuesta, es la ampliación de los tiempos para sesionar en una mejor planeación de trabajos legislativos, por una parte, entre las dos cámaras, y por otra, con el Poder Ejecutivo, lo que implicaría un trabajo constante a lo largo del año, sin sujetar la agenda a recesos o a la facultad de veto que podría tener un grupo parlamentario para tratar asuntos de importancia.
Además, se podrían calendarizar días para que sesione el pleno o las comisiones en función de los temas a discutir y no a criterios fijos, pudiendo aumentar o disminuir, según la carga de trabajo, como lo hacen otros parlamentos del mundo, como por ejemplo, el europeo, que dedica una semana al mes para trabajo plenario, dos para comisiones y la otra para acuerdos dentro del grupo parlamentario y otras actividades, como viajes al país al que los miembros pertenecen. Ya concluyo, presidente.
El resto de los días podrán usarse para las actividades de los legisladores en sus distritos. Finalmente, con esta propuesta se pretende que cada una de las cámaras organice su calendarización de trabajo de la manera que mejor le convenga, a fin de atender el trabajo parlamentario encomendado tanto en el pleno como en las comisiones. Es tanto, presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos que se encuentran aquí, del Cecytem, Tezoyuca, estado de México, invitados por la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, legisladoras, en efecto, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se deroga un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, este artículo es el 61. ¿En qué consiste?
Primero, como ustedes saben, las instituciones de crédito, de banca y crédito en México, son las que reciben mayores utilidades frente al resto del mundo. En México existe la mayor cantidad de comisiones y cobros a los usuarios por parte de estas instituciones financieras.
En nuestra nación se paga más por el uso de tarjetas de crédito, por los servicios prestados y otorgados por la Banca, pero además, se paga más en intereses por los créditos y por intereses moratorios, cargas y un sinfín de comisiones que cobran estas instituciones financieras.
Las instituciones financieras, casi todas extranjeras, que radican en México, son las que cobran más en el mundo, incluyendo de donde son sede, de donde son originarias las instituciones que adquirieron en México estas instituciones de banca y crédito.
El artículo 61 establece actualmente la manera de cómo incautar –fíjense bien, diputados y diputadas, porque es un tema muy importante de justicia social. Este artículo permite incautar –fíjense la expresión, incautar– los ahorros de los cuentahabientes que han logrado depositar a lo largo de su vida en un banco determinada cantidad, pero que en los tres años –en tres años– no tiene movimiento su cuenta.
Estos cuentahabientes, usuarios de la banca, que pueden depositar durante 20 años una cantidad, resulta que desde el 2005 –si mal no recuerdo, 2006– si a los tres años esta cuenta no tiene movimiento se va a un fondo, se le incauta al usuario y después se va a una institución de beneficencia pública.
Pero no sucede así con los grandes ahorradores, solamente con los pequeños ahorradores de hasta 300 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, que son aproximadamente 20 mil pesos. Es decir, el que tiene 20 mil pesos es al que le incautan la cuenta, pero el que tiene más de 20 mil pesos a él sí le permiten notificaciones, nombramiento de sucesores, de beneficiarios, y otro tipo de beneficios que otorga la institución.
Por eso planteo que, partiendo del principio de igualdad y de equidad en la justicia, no puede haber iguales y desiguales para un solo propósito, y estoy planteando que se derogue el artículo 61 para que no les priven a estos pequeños ahorradores su cuenta.
Les quiero decir que ya hay casos injustos; que la gente tiene 20 mil pesos, llega a los tres años, y le dicen: no, tú cuenta ya no existe porque fue concentrada en un fondo y a los tres años se va a ir a una institución. ¿No les parece a ustedes injusto que suceda esto?
Y en cambio a los que tienen millones de pesos, o encima de los millones de pesos, no son molestados, solamente a la gente de más escasos recursos, por eso planteo que se derogue el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por la atención muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, Tratados de Teoloyucan de 1914.
El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, hace 98 años termino el baño de sangre de una lucha armada que costó la vida de miles de hombres y mujeres, pero que sentaron las bases del México moderno, las armas sucumbieron ante la gran necesidad de acuerdos que servirían a la patria, a esto se refieren los Tratados de Teoloyucan: el interés de un país por encima de intereses particulares, algo que nunca se había visto en nuestro país y menos en el mundo entero.
La Decena Trágica que culminó con el asesinato cobarde del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, por órdenes del general Victoriano Huerta provocó la ira en todo el país, el entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza proclamó El Plan de Guadalupe, en el cual desconocía al gobierno de Huerta y formalizó el Ejército Constitucionalista. El general Álvaro Obregón fue designado jefe del Ejército del Noroeste, el del noreste al mando del general Pablo González, el general Francisco Villa sería el jefe de la División del Norte, las fuerzas del centro estarían al mando de Pánfilo Natera y finalmente se uniría el Ejército Libertador del Sur con Emiliano Zapata.
La frágil situación de los golpistas y la amenaza inminente de una derrota definitiva en la Ciudad de México provocó una invasión militar de Estados Unidos de América con buques de guerra anclados en el puerto de Veracruz. Como siempre los estadounidenses aprovechaban la debilidad del gobierno para intervenir en favor de sus intereses; sostenían la tesis de que los marines intervendrían para salvaguardar las propiedades y la integridad física de sus connacionales, pues eran de todos conocidos los actos de rapiña y muerte que dejaban a su paso los revolucionarios.
Finalmente Victoriano Huerta viendo perdida la lucha renunció a la Presidencia el 15 de julio de 1914 y la dejó en manos de Francisco Sebastián Carbajal quien también renunció a la Presidencia, pero con otro motivo, era la única forma de lograr un acuerdo en favor del país.
Así el 13 de agosto de4 1914 a la orilla de un camino polvoriento de Teoloyucan, estado de México, sin protocolos, ni foto oficial, sobre la salpicadera de un automóvil, los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco en representación del Ejército Constitucionalista y el general Gustavo Salas, representante del Ejército Federal, así como el vicealmirante Othón Pompeyo Blanco firmaron los tratados cuya relevancia es inédita; el Ejército Constitucionalista acordó ocupar la Ciudad de México en paz y respetando la integridad y los bienes de sus habitantes, esto eliminó de inmediato el gran problema y la amenaza de la intervención de Estados Unidos de América.
Este acuerdo plasmado en los Tratados de Teoloyucan le dio origen al artículo 16 de la Constitución Política que hoy nos rige y que sostiene: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Así el 15 de agosto de 1914, 6 mil hombres del Ejército Constitucionalista entraron a la Ciudad de México sin disparar una sola bala, sin que hubiera una sola baja; el Ejército Federal fue disuelto en toda la nación. Esta fecha marca el fin de la lucha armada como tal.
El nacimiento de instituciones que hoy nos dan identidad como uno al que celebro por su patriotismo, su entrega, su lealtad, como el Ejército Mexicano que nace del Ejército Constitucionalista.
Yo los convoco hoy a todos ustedes para evitar que sigamos siendo verdugos de nuestra propia riqueza, porque si hay un país que tiene una riqueza cultural e histórica es éste. Yo he tenido la oportunidad de viajar por mi trabajo y conocer otros países. Ninguno es mejor que México. Aquí solamente falta ponernos de acuerdo y que haya unidad. Esto, es un pedazo de México, los Tratados de Teoloyucan.
¿Por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué nadie hace mención a un tratado de unidad importante? Estoy aquí como mexicano, porque al final del día, cuando todos regresamos a nuestras casas y vemos a nuestros hijos, queremos que sean mexicanos importantes, orgullosos de su historia; ganadores, triunfadores. Sin embargo, nuestra historia la hacemos pedazos.
Como dato anecdótico, habemos aquí dos diputados oriundos de Teoloyucan. Saludo con mucho gusto y afecto a Juan Carlos Uribe, diputado del PAN y oriundo también de Teoloyucan y que sé que por lo menos ya tengo un aliado –Juan Carlos- en este tema. Te agradezco muchísimo; y a todos ustedes, que no dejemos perder la historia. Es la que nos da identidad, la que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos.
México es grande por la historia, por ustedes. Cuando voy a mi casa y veo a mis hijos así lo veo. El día que nos quitemos las playeras –con todo respeto-, que ustedes se quiten las azules, las verdes, nosotros las rojas; las amarillas, las naranja y las rojas del PT, cuando nos las quitemos, señoras y señores, aquí dice México y nunca hay que olvidarlo, porque por eso estamos aquí para defender al país. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
Saludo y les doy la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados a los alumnos de la Universidad Liceo de Fray Pedro de Gante del estado de México, que están aquí invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También saludo a los estudiantes de la Universidad Iberomexicana del estado de Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado Víctor Velasco Orozco. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, compañeras y compañeros; con su permiso, señor presidente.
Es de todos sabido que el bienestar social es una de las más grandes responsabilidades del Estado. El tema de la justicia social es una obligación primordial para cualquier gobierno.
Alemania es un país considerado como pionero en materia de justicia social a nivel mundial, gracias al canciller Otto Von Bismarck, mismo que instituyó uno de los principales sistemas en materia de seguridad social, basado en las aportaciones de los trabajadores y patrones.
México no se quedó atrás en este rubro. A principios del siglo XX la seguridad social se estipuló en el artículo 123 de la Carta Magna y de igual modo, como sucedió en Alemania, se limitó a la población que contara con un empleo formal, para tener acceso a un crédito para la obtención de una vivienda y demás prestaciones que debe de tener el trabajador.
Esta iniciativa que propone nuestra fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, va enfocada única y exclusivamente al tema que tiene que ver con los créditos que otorga el Infonavit para la adquisición de una vivienda en cualquiera de sus modalidades.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado a), fracción XII, establece que: “toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales viviendas”.
Con base en lo anterior, deben resaltarse dos cuestiones fundamentales: Primera. La Carta Magna pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores deben ser “baratos y suficientes”.
Segunda. Que el organismos que se establezca a partir de la expedición de la ley que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, deben tener carácter de utilidad social.
Ambos preceptos no cumplen con el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que a la letra dice:
“El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose el pago mensual en la proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal”.
“Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4 por ciento anual sobre el saldo insoluto, sabiendo que los créditos se otorgarán a un plazo de 30 años”.
¿En qué argumentos sustentamos nuestra aseveración de que el artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tal y como está redactado hace imposible que se cumpla con lo estipulado por la Carta Magna?
En razón de que la vivienda se adquirirá con lo que perciben los trabajadores con su salario, sin que dicha aportación sea superior al 15 o al 20 por ciento mensual para justificarse como un crédito barato que se les otorgue por parte del Infonavit, por lo que para la adquisición de una vivienda debe tenerse una tasa de interés muy inferior a la que otorgan las empresas crediticias dedicadas a este negocio.
Sólo así el trabajador podrá pagarlo y liquidarlo sin que exceda su capacidad de pago o bien sin que dicho crédito llegue a exceder el valor de la vivienda que se adquiera.
Por esta razón, señoras y señores legisladores, Movimiento Ciudadano señala contundentemente que el Infonavit debe otorgar créditos baratos, pues no es una sociedad mercantil que persigue fines de lucro. Su objetivo es ser un ente de interés social y como tal se debe limitar a administrar los recursos del fondo que aportan los patrones y los trabajadores para la vivienda. No lucrar con los mismos.
El artículo 44, al permitir que el Infonavit cobre intereses sobre los saldos insolutos y también que actualice el saldo de los créditos, no permite que el trabajador logre liquidar el crédito de su vivienda, pues cada año que pasa se le incrementa la deuda contraída. De esa manera el saldo nunca disminuirá y no podrá liquidar en el plazo establecido.
Lo anterior explica que el Infonavit establece un doble mecanismo de cobro de interés que permite no sólo mantener el valor del dinero prestado, sino obtener una ganancia adicional a través del incremento de los saldos y la diferencia que se cobra de los intereses originalmente pactados y los que se obtienen por el incremento del saldo, contrario a la esencia para la que fue creado el Infonavit.
Otro elemento contundente para derogar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la situación económica precaria y problemática por la que atraviesa nuestro país. Sabemos de la escasez del empleo y sabemos que los que tienen empleo tienen un salario mal remunerado, donde el trabajador no podrá solventar el pago de su vivienda si difícilmente logra llevar a casa lo indispensable para su sobrevivencia alimentaria.
Es una vergüenza que esta institución —termino, señor presidente— Infonavit se haya convertido en una empresa inmobiliaria, una empresa financiera, un negocio que lastime, sangre y lacere siempre a los más pobres, a nuestros hermanos trabajadores que mantienen la planta productiva que ha hecho crecer a muchos empresarios mexicanos.
Someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Vivienda para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil. La iniciativa viene suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza asumimos un compromiso responsable con la ciudadanía, por lo que proponemos iniciativas de ley que conlleve a mejorar y facilitar la aplicación de la justicia.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene el propósito de brindar certeza jurídica a los usuarios del transporte aéreo, cuando en el uso de los servicios que prestan las compañías de aviación, sufren un daño en su persona o su familia.
El poder económico que tienen los operadores en algunas ocasiones es usado para deslindarse de la obligación de cubrir los daños causados a los viajantes cuando, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro tribunal constitucional, el pago debe atender a una indemnización justa e integral.
En un estado de derecho el sistema jurídico debe ser congruente entre la Norma Suprema y las disposiciones jurídicas secundarias. Al respecto, el juez constitucional se pronunció a declarar la inconstitucionalidad del artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, porque establece un límite a las indemnizaciones que tienen derecho los pasajeros que sufren daños.
De lo anterior se desprende la importancia del presente proyecto de ley porque corresponde a nosotros, como legisladores, promover y aplicar las enmiendas legales necesarias a fin de contar con un orden jurídico armónico, evitando en todo momento el conflicto de leyes que al final del camino generan confusión a los aplicadores del derecho.
Conviene mencionar que nuestro país ha signado dos tratados internacionales en materia de transporte aéreo, ambos coinciden y reafirman la responsabilidad del operador en caso de muerte, herida o cualquier lesión corporal sufrida por los viajeros.
Cuando el accidente se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de las operaciones de embarque y desembarque, asimismo establece que en todo caso el transportista tiene la carga de la prueba en caso de litigio o desavenencia.
Dar certeza jurídica a los usuarios del transporte aéreo, es un asunto toral en la protección de sus derechos humanos, más aún cuando nuestro país es un destino turístico importante a nivel mundial.
De acuerdo con datos otorgados por la Organización Mundial de Turismo, México es el segundo país más visitado del continente, al recibir 46 por ciento más turistas que Canadá, o 32 por ciento más visitantes que los recibidos conjuntamente por Argentina, Brasil y República Dominicana.
El turismo dejó una derrama económica de 6 mil 632 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2011. Los datos citados revelan la importancia que representa el sector turístico para México y por tanto, la necesidad de reformar el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, para que dotemos de seguridad y certeza jurídica a los usuarios de las líneas aéreas en el caso de sufrir un daño o accidente en su persona o de su familia.
La iniciativa que se expone encuentra mayor viabilidad, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las aerolíneas nacionales tienen la obligación de indemnizar de manera integral y justa a las víctimas de accidentes ocurridos en sus aeronaves. Además precisó que el monto debe fijarse en forma individualizada, atendiendo la naturaleza del daño causado y las posibilidades de rehabilitación, el grado de invalidez de la víctima en su entorno económico y el pago de los medicamentos.
Ese órgano jurisdiccional determinó que la limitación y responsabilidad establecida en el precepto mencionado, en caso de accidentes aéreos que causen daños a pasajeros viola los derechos humanos previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales.
Lo anterior –termino señor presidente– lo anterior se considera así porque limita la responsabilidad del transportista sin perseguir una finalidad constitucionalmente válida, debido a que hace prevalecer la protección del patrimonio de la industria sobre la salud, integridad física y psíquica de los pasajeros, así como sobre su derecho a recibir una indemnización justa para poder llevar una vida digna.
Atendiendo a la necesidad de reformar el artículo 62 de la Ley Civil, para garantizar los derechos de las y los pasajeros del transporte aéreo, solicito su apoyo para esta iniciativa.
Es cuanto, señor presidente, solicitando que la iniciativa íntegra se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará, la iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Transportes para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ossiel Omar Niaves López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 y adiciona un artículo 46 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa viene suscrita también por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ossiel Omar Niaves López: Con su venia, señor presidente. Saludo desde esta tribuna a los habitantes de Atotonilco el Alto y Ocotlán, Jalisco, a las mujeres del campo y a las mujeres indígenas.
En el marco internacional de la mujer rural, celebrado el día de ayer, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez y un servidor, presentamos a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que pretende extender el manto protector de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a las mujeres rurales.
En la ley mencionada se establecen cinco tipos de violencia propinadas a la mujer: la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Asimismo, se establece como una modalidad de la violencia en la que se presenta en la comunidad, la cual se define como los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
En los últimos años el rol de la mujer del campo ha transitado hacia otros horizontes, originados en gran medida por fenómenos sociales y económicos que han determinado nuevas relaciones de la mujer y la sociedad. Entre estos fenómenos encontramos la migración del hombre hacia otros países, hacia otras ciudades. Los hombres agudizan muchas veces la pobreza en el campo y la ocupación de espacios en la vida pública.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en muchos países los estereotipos de género y de discriminación niegan a la mujer rural un acceso equitativo, el control sobre la tierra y otros recursos productivos, oportunidades de empleo y de actividades generadas a través de sus ingresos, acceso a la educación, a la atención de la salud y oportunidades de participación en la vida, entre otras.
El caso de México, la discriminación hacia la mujer que habita en zonas rurales es todavía muy acentuada, de hecho la CEDAW ha formulado recomendaciones al Estado mexicano para que instrumente medidas tendientes al fortalecimiento de los derechos de las mujeres rurales, reconociendo que desempeñan un papel fundamental en la economía, en el hogar y en las comunidades.
En lo que respecta a los derechos de propiedad y ejidales de las mujeres, estos últimos considerandos de orden público y de interés social. El derecho de las mujeres respecto de la tierra está todavía muy limitado.
Por ejemplo, podemos hablar de falta de recursos económicos o de conocimiento para la defensa de sus derechos o los actores socioeconómicos pueden ejercer presión sobre las mujeres para que renuncien a sus derechos sobre la tierra a favor de sus parientes varones.
También, en lo concerniente al espacio ocupado por las mujeres en órganos de representación ejidales, vemos con tristeza que el apoderamiento de la mujer en el campo es todavía muy bajo, debido a que sólo representan el 4 por ciento de su representación en los ejidos.
Así pues, debido a que las condiciones sociales son distintas a las de hace 20 años, cuando entró en vigor la Ley Agraria y que no obstante, la visión de este ordenamiento contempló la participación de la mujer en la vida agrícola, hoy es justo, compañeras legisladoras, que fortalezcamos los derechos, se fomente su participación en la comunidad y se combata la discriminación que subsiste en los ejidos y en las comunidades agrarias.
Por ello, se propone que la Secretaría de la Reforma Agraria forme parte del sistema de prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Que esta dependencia federal impulse acciones que aseguren la igualdad de acceso a mujeres y hombres en las actividades del campo. Así como diseñar, con la visión transversal, la política integral con perspectivas de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del campo e indígenas.
Compañeras y compañeros legisladores, se trata de impulsar y proteger los derechos de las mujeres del campo y las indígenas. Tenemos el compromiso político, social y ético de seguir fomentando su desarrollo, y como decía el Benemérito de las Américas: “formar a las mujeres con todas las recomendaciones en su elevada misión, es formar gérmenes de regeneración y de mejoramiento social”. Jamás debemos descuidar este principio: elevando siempre a la mujer nos elevamos nosotros mismos.
En la legislatura pasada se reformó la ley para proteger a la mujer obrera. En esta Legislatura, les pido a los compañeros legisladores, debemos dar igual protección a la mujer rural de la discriminación y la violencia. Es cuanto, señor presidente y solicito que se integre el texto completo en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, así se hará. Se turna a la Comisión de Equidad y Género para dictamen y pido que se abra el sonido de la diputada Verónica Juárez, por favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Sí, gracias. Para felicitar al proponente y adherirnos a su iniciativa la diputada Karen Quiroga, la diputada Malú Mícher y su servidora, Verónica Juárez.
El Presidente diputado José González Morfín: Si el diputado Niaves no tiene inconveniente, le pido a la Secretaría que tome nota de las adhesiones.
El diputado Ossiel Omar Niaves López: Con todo gusto, señoras diputadas.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Lo dejamos abierto en la Secretaría, para que quienes deseen suscribir la iniciativa puedan pasar a hacerlo en este mismo momento, aquí está ya la iniciativa en cuestión. Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
Al respecto es preciso señalar que en México se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún trastorno mental, sin embargo sólo 2.5 por ciento d los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.
Aunado a dichas cifras tenemos que los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales, por lo que la magnitud de la carga en la familia es difícil de justipreciar y por eso es frecuentemente ignorada.
A pesar de los costos de la salud y sociales las personas afectadas por estos trastornos mentales son víctimas de violaciones de los derechos humanos, estima y discriminación dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas.
Es sabido que muchas instituciones psiquiátricas practican una atención inadecuada, degradante y hasta dañina, violando así los derechos de las personas con discapacidad mental. Las condiciones de higiene y de vivienda pueden llegar a ser subhumanas.
Por ejemplo, existe evidencia de ciertos casos de pacientes que han sido atados a troncos alejados de su comunidad durante largos periodos de tiempo y sin alimentos, vivienda o ropa adecuada.
No distan de ser raros las hospitalizaciones y los tratamientos que no cuentan con el consentimiento del paciente. Los aspectos legales y éticos, vinculados con ambos, son soslayados. Y evaluaciones independientes respecto a la capacidad del paciente son omitidas.
Esto significa que las personas pueden ser encerradas por extensos periodos, a veces de por vida, a pesar de contar con la capacidad de decidir su destino y poder vivir en la comunidad.
Cabe mencionar que nuestra Ley General de Salud faculta a los profesionales de la salud a tomar las decisiones respecto al tipo de tratamiento sin necesidad del consentimiento informado, siempre y cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente.
Por ello, en Acción Nacional, preocupados ante tan complicado panorama consideramos que se requiere impulsar acciones legislativas a efecto de proteger la dignidad humana de las personas con discapacidad mental.
En este sentido, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presento ante ustedes este proyecto de iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social que tienen particularmente las siguientes virtudes: otorgar el derecho a favor de enfermos mentales de que un familiar, tutor, representante legal o persona de su confianza puedan decidir acerca de su tratamiento e internamiento; además, otorgar certeza jurídica y protección plena en salud del paciente.
Se propone que en ausencia de los representantes del enfermo mental y cuando éste no pueda tomar la decisión, el tratamiento idóneo sea decidido por el médico, especialista o el Comité de Bioética de la institución exclusivamente.
Se establece el derecho de los pacientes a recibir atención óptima y en calidad idónea en materia de salud mental y recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso de los profesionales, técnicos y auxiliares.
Se dispone que los menores de edad tengan derecho a que, en el caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, se procure su atención y tratamiento en el entorno de una familia, de conformidad con las normas oficiales mexicanas.
Por otra parte resulta imperante evitar la reiteración de casos como Casitas del Sur en el que menores de edad han desaparecido y se sospecha de una red de trata de menores. Por ello una virtud de la presente iniciativa es establecer que el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia DIF tenga facultad para apoyar a la Secretaría de Salud en las funciones de vigilancia de la aplicación de la ley y de los establecimientos de asistencia social.
Además se propone como una atribución de la Secretaría de Salud y del DIF elaborar y actualizar un registro nacional de menor sujeto de asistencia social, garantizando la evidencia y la trazabilidad en la ubicación de aquellos que se encuentran internados en instituciones de asistencia social.
En ese sentido, compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a apoyar esta propuesta, toda vez que en Acción Nacional estamos convencidos de que debemos impulsar todas aquellas acciones tendientes a respetar los derechos de los menores y las personas con discapacidad mental; además de generar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de su derecho a la protección de la salud. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El diputado Jesús Morales Flores: Señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores que nos honran con su presencia, con las facultades que me conceden la Constitución General de la República y el Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que modifica la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de conformidad con la siguiente
Exposición de motivos
La Constitución General de la República reconoce como derechos humanos el derecho a la privacidad, la legalidad y la seguridad jurídica. Derechos que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia vigente violenta, al reglamentar el manejo y difusión de información personal y crediticia de los ciudadanos sin que éstos otorguen su consentimiento para que las entidades financieras, las empresas comerciales y las Sofomes otorguen dicha información a la sociedad crediticia.
El artículo 16 constitucional determina en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley.
En este sentido, llama la atención la redacción actual de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la cual es omisa por lo que hace al consentimiento u oposición de titular de la información que manejan dichas sociedades, lo que provoca que las entidades financieras y las casas comerciales, así como las Sofomes puedan otorgar información y que el derecho a la autodeterminación de la información de los ciudadanos sea totalmente ineficaz.
De ahí la necesidad de proponer -mediante la presente iniciativa- el establecer un requisito para las entidades financieras, las empresas comerciales y las Sofomes el contar con la autorización de los ciudadanos para otorgar sus datos personales y de historial a las sociedades de información crediticia.
Por otra parte, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que la Secretaría de Hacienda es la responsable de otorgar la autorización correspondiente a quien pretenda organizarse en una sociedad de información crediticia.
Sin embargo no hace del conocimiento del público en general a quién está otorgada esa autorización por lo que los ciudadanos desconocen cuántas personas al amparo de la ley vigente manejan sus datos al habérselos proporcionado las entidades financieras o casas comerciales.
Por esta razón propongo establecer como una obligación para la Secretaría de Hacienda, el contar con un directorio y dar publicidad al mismo.
Es pertinente también proponer el establecimiento, con toda precisión en la ley, que las claves que se ocupen no deben de ser contrarias a las disposiciones de la ley y que deben redactarse de forma tal que reflejen efectivamente la situación real del ciudadano siempre y cuando y como se ha señalado, éste haya otorgado su autorización para que cuenten con su información.
La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia no prevé algún medio para inconformarse con lo regulado en la misma, lo que la hace contraria a la Constitución federal al privar al ciudadano de su derecho de audiencia que no es privativo de una autoridad o poder en específico, por el contrario, encierra la obligación del Estado de asegurar que se hará respetar esta garantía con independencia de la forma que adopte el Estado para cumplir con sus funciones.
De ahí que el Poder Legislativo tiene la obligación de observar que en las leyes que emita se establezca un mecanismo para que los ciudadanos sean escuchados y se les permita la defensa de sus derechos. De no hacerlo, habría un poder por encima de los otros dos, incluso, por encima de la Constitución.
Por lo anterior propongo adicionar un artículo en el que se prevea la oportunidad de inconformarse con el manejo de la información personal y del historial crediticio e incluso con cualquier otra actividad que encuentre su fundamento en la ley que nos ocupa, para garantizar al gobernado el efectivo ejercicio del derecho de audiencia.
Compañeras y compañeros, debemos sin duda alguna reconocer la utilidad de la figura de las sociedades de información crediticia en el mercado y de la ley que las regula, ya que su existencia evite el otorgamiento de créditos de forma indiscriminada.
Sin embargo es preciso que la redacción de la misma sea acorde con los derechos humanos de los ciudadanos para lograr de esa forma su respeto absoluto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a una proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política; solamente a los puntos resolutivos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Único. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a toda forma de violencia ejercida contra las mujeres en el espacio público y en el espacio privado; respaldo a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia; responsabilidad de ampliar y promover el respeto del marco jurídico nacional e internacional con los más altos estándares de derechos humanos; compromiso de contribuir a la creación de una ciudadanía más igualitaria y democrática y a fortalecer el tejido asociativo; decisión de consolidar y seguir desarrollando las políticas públicas transversales dirigidas específicamente a incorporar la perspectiva de género en todos los productos legislativos y de política pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de octubre de 2012. Firman todos los coordinadores.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, compañera secretaria. Esta Presidencia obsequia la petición de quien promovió este punto de acuerdo en la Junta de Coordinación Política para que la proposición original motivo de este acuerdo se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos para presentar un punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno mexicano para que, a través de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía, eviten la importación de papa fresca a territorio nacional. Éste es el primero de los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución aprobados por la Junta de Coordinación Política.
El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos: Con su venia, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados: los que suscriben diputado Rubén Benjamín Félix Hays, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y diputado, su servidor, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente exposición de motivos.
La papa es uno de los productos con más tradición en nuestro continente, originaria de Sudamérica. Se considera que fue cultivada por primera vez hace dos mil años. Según datos de la Revista Latinoamericana de la Papa, México tiene un consumo anual promedio de papa de 12 kilogramos por habitantes, el más bajo en América Latina y mucho menor que el consumo promedio en Europa, que es de 86 kilos por persona.
Es tal vez el crecimiento de la población el factor principal que explicará el incremento de la producción que se ha observado en las décadas recientes y en menor medida el cambio en los patrones del consumo con la inclusión de mayores cantidades de papa en la dieta mexicana.
Actualmente la producción promedio nacional de papa es de un millón 500 mil toneladas, las cuales son totalmente para consumo nacional; nada se exporta pues todos los mercados tienen al producto en cuarentena.
En México, el cultivo de la semilla reviste una gran importancia por su valor nutritivo y por tratarse de una fuente generadora de empleos. El cultivo de la papa resulta importante también porque demanda una gran cantidad de jornales durante la siembra, en la cosecha, en la comercialización y las demás actividades directas e indirectas relacionadas con esta producción.
Desde que se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los productores de papa han trabajando el tema con especial interés, debido al peligro que representa la introducción de problemas sanitarios en importaciones de semilla y en contrabando de papa comercial.
A fin de proteger a nuestro país de problemas de importancia cuarentenaria, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, establecieron exitosamente un marco regulatorio fitosanitario a través de protocolos, planes de trabajo y normas, y defensa de problemas fitosanitarios. Lo anterior no sólo brindó certidumbre al sector, sino que también permitió implementar medidas al interior para salvaguardar la fitosanidad.
Siguiendo esta lógica, el Senasica elaboró un Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de tubérculo de papa a México, como sustento técnico científico para la actualización de plagas cuarentenarias asociadas al tubérculo de la papa y las medidas de mitigación de riesgo para su importación a México, y lo ha compartido con el Servicio de Inspección de la Inocuidad de Animales y Plantas de los Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés), con la finalidad de mantener un nivel adecuado de protección fitosanitaria.
Derivado de esta protección que brinda certeza y seguridad jurídica a los productores, se firmó el Protocolo para la exportación de papa fresca de los Estados Unidos a México en 2002-2003, donde claramente se especifica que los embarques de papa norteamericanos deben ser inspeccionados y certificados por personal oficial del APHIS, para evitar plagas, entre otras consideraciones de salud pública.
En resumen, el citado protocolo señala que los Estados Unidos sólo pueden mandar papa fresca sana a México, y bajo los más estrictos controles de calidad, situación que nuestros vecinos del norte no han cumplido a cabalidad y debemos evitar que dichas omisiones, dolosas o incidentales, se presenten de nuevo.
En México, la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, la Conpapa, en los últimos 10 años, Estados Unidos incumplió al mandar más de mil embarques con plagas cuarentenarias que México rechazó, pero que en 2011 siguió esta práctica, atendiendo a presiones de senadores y congresistas norteamericanos para impedir el paso de papa fresca a Estados Unidos.
Desde principios de 2012, dichos legisladores pretenden actualizar el acuerdo de 2002, donde se facilitaría introducir papa de Estados Unidos a México, pero nuestro país no podría exportar papa a aquel país. Ante esa absurda situación, la Conpapa ha señalado que muy pocos países del mundo comercializan con papa fresca, pues es un alimento que lleva ciertas impurezas en su cuerpo, que pone en riesgo no sólo el cultivo nacional sino a otras especies.
Como resultado de las presiones políticas de Estados Unidos que hemos señalado, México fue condicionado para la entrada al Acuerdo de Asociación Transpacífica al entregar unilateralmente el acceso de la papa procedente de Estados Unidos.
A principios del presente año, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, firmó un acuerdo con la Conpapa para detener la importación de papa fresca que se efectuaba exclusivamente para la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, mismo que tampoco se ha cumplido ya que como hemos visto, el Ejecutivo federal publicó en la página de Internet de Sagarpa el supuesto envío de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, del proyecto de acuerdo por el que se establecen las medidas de mitigación de riesgos para la importación del tubérculo de papa en los Estados Unidos Mexicanos, así como el análisis de riesgo que sustenta dicha propuesta y la manifestación de impacto regulatorio.
Para Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional tenemos presente que de concretarse esta situación se presentará un grave riesgo de salud pública para México, ya que nuestras fronteras pueden ser contaminadas al introducir papa fresca, por lo que es necesario proteger los mercados tanto por la vía arancelaria como por la vía fitosanitaria.
Es por ello que exhortamos este punto de acuerdo, como punto único.
Se exhorta al gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía, a evitar la importación de papa fresca a territorio nacional. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado proponente.
Pregunte la Secretaría a la asamblea en términos del 100, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la palabra don Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, por tres minutos.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza les solicito votemos con carácter de urgente u obvia resolución la proposición que nos ocupa.
Derivado de varios informes que señalan que mil embarques de papa han arribado a nuestro país, con infecciones en la tierra, el Senado de la República ha citado comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, para que expliquen por qué han permitido la importación de tubérculo en esas condiciones.
Las y los diputados debemos hacer lo propio con dichos funcionarios, ya que pareciera que no les queda claro que estas plagas pueden afectar el cultivo y la producción de amplios sectores productivos del campo mexicano.
Debemos de exhortar enfáticamente al gobierno federal a que cumpla el acuerdo suscrito por el secretario de Economía en la reciente reunión con los representantes de la Confederación Nacional de Productores de Papa, la Sagarpa y el Consejo Nacional Agropecuario, en el cual se estableció que el Estado mexicano no negociará la fitosanidad ni cederá a presiones políticas de ningún tipo.
La Confederación Nacional de Productores de Papa ha comprobado en diversos foros que en los últimos 10 años Estados Unidos incumplió el acuerdo comercial suscrito con nuestro país, al mandar miles de embarques con plagas cuarentenarias, que México originalmente rechazó. Además, en el 2011 repitió esta práctica y atendiendo a presiones de congresistas norteamericanos impidió el paso de papa fresca mexicana a Estados Unidos.
Compañeros, compañeras, el fondo del problema es que desde principios de este año, legisladores y grupos de interés estadounidenses pretenden actualizar un acuerdo de 2002, donde se facilitaría la introducción de papa de Estados Unidos a nuestro país, sin permitir que nuestros productores nacionales hagan lo propio hacia la Unión Americana.
Consideramos que el gobierno mexicano no puede ceder a las presiones de los congresistas estadounidenses para la introducción de papa fresca al territorio nacional. Compartimos con los productores nacionales la enorme preocupación de que se violente una veda fitosanitaria, ya que la introducción de la papa estadounidense fresca puede contaminar nuestros suelos y hortalizas, no sólo del tubérculo que nos ocupa, sino del chile, jitomate, pepino y otras legumbres.
Compañeras y compañeros diputados, ante la posibilidad de la apertura irresponsable del mercado nacional, el daño potencial para la economía mexicana sería desastroso, derivado de un brote de plagas cuarentenarias asociadas al tubérculo de la papa.
Algunos cálculos hablan de que las pérdidas económicas serían alrededor de mil 300 millones de pesos y considerando la afectación a otros cultivos, las pérdidas podrían alcanzar más de 13 mil millones de pesos.
Concluyo, señor presidente. Ni un paso más en la protección fitosanitaria de México, unámonos a las voces de los productores mexicanos. Estamos ante un serio problema de salud pública, con posibles repercusiones de largo plazo. Hagámoslo por la seguridad alimentaria, la armonía social y el futuro sustentable de nuestro México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, tiene el uso de la voz, por tres minutos.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo de obvia o urgente resolución que se somete a la consideración del pleno de esta soberanía, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de Sagarpa y de Economía, para que se evite la importación de papa fresca de los Estados Unidos de Norteamérica es apoyado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, porque representa la defensa de los productores de un insumo agrícola mexicano.
El tema tiene una doble vertiente en que queda de manifiesto que el vecino del norte actúa con una doble motivación que a todas luces es ventajosa a sus intereses, como acostumbra tratar a sus socios comerciales.
Por una parte, México ya no podrá exportar ni una papa a Estados Unidos y por la otra, los estadounidenses podrán importar a nuestro país ese producto sin pagar aranceles o alguna tarifa compensatoria a partir del primer minuto del 2013.
Existe el antecedente de que el 1 de marzo de este año se celebró una reunión en la que participaron representantes de Conpapa, del Consejo Nacional Agropecuario, de Sagarpa y el titular de Economía y la Subsecretaría del ramo en la que se llegaron a los siguientes acuerdos: el gobierno federal no negociará la fitosanidad ni cederá a presiones políticas ni a intercambio de sectores. La Subsecretaría estará atenta para continuar con el acercamiento con la Conpapa y Sagarpa.
Sin embargo, la Conpapa señala que las presiones son de Walmart y Monsanto, la trasnacional que impulsa al maíz transgénico y que el titular de economía, Bruno Ferrari, firmó un acuerdo a espaldas de los productores mexicanos, en el que se prevé el cierre de la frontera estadounidense a la papa mexicana y la total apertura de nuestra frontera a la papa del norte.
Nada más injusto que esa política comercial de los vecinos, lo ancho para ellos, lo angosto para nosotros. Prohijado por Ferrari, que más parece funcionario de los Estados Unidos que de México.
Esto no es nuevo, porque ese tipo de política es la misma que en otros productos agropecuarios mexicanos se ha presentado en el pasado reciente, como el tomate, el huevo en un entorno no aclarado en su totalidad y el pollo.
En el caso que nos ocupa, la afectación a los agricultores mexicanos de 22 entidades con 70 mil familias que viven de la plantación está representada por el impacto a las 55 mil hectáreas cultivadas, con un valor de producción de 11 mil 622 millones de pesos y 6 millones 900 mil jornales por año, cuyas cifras se verán reducidas sensiblemente.
Una de las objeciones consiste en que sistemáticamente los Estados Unidos han violado la NOM 012FITO1995, que establecía una cuarentena para la papa proveniente de dicho país, que perjudicaría además a otros cultivos como el tomate, la berenjena, el chile y el tabaco.
Los productores nacionales exigen el respeto a las normas fitosanitarias, al margen de arreglos populares de los gobiernos involucrados.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con el punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado orador. Don Alfonso Durazo Montaño tiene el uso de la palabra por tres minutos.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias. Señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, un tema que podría sonar atípico en esta Cámara, pero de una gran relevancia, les doy dos o tres datos.
La papa se cultiva en 23 estados de la república y en una superficie de 55 mil hectáreas, su producción aporta a la economía mexicana más de 9 mil millones de pesos, se estima que existen 8 mil 700 agricultores que dependen de su siembra y aproximadamente 70 mil familias dependen de ella.
Consecuentemente estamos hablando de un tema de gran relevancia para la economía nacional; pero estos datos, estos pocos datos hablan de la sensibilidad con la que se debe abordar el tema.
Hasta el momento nuestro país ha mantenido un acuerdo que permite importar de Estados Unidos papa fresca en un radio de 25 kilómetros en la franja fronteriza, sin embargo ahora se pretende que el país vecino pueda abastecer a todas las entidades del país. Ello sería gravísimo, con esa medida no sólo se afectarían a miles de agricultores y familias, sino que se pone en riesgo también la sanidad del país, ya que existen 23 virus que se transmiten por medio de este tubérculo.
Esta medida dañaría tanto a la agricultura como al consumo nacional e implicaría efectos negativos para casi todos los estados del país, principalmente Sonora y Sinaloa, e incurriríamos en pérdidas valuadas en 450 millones de dólares en los primeros tres años.
Nuevamente se observa como la firma de tratados internacionales, lejos de favorecer nuestras condiciones económicas, perjudican a los más necesitados. El campo una vez más queda vulnerable ante la entrada de disposiciones comerciales, tal y como pasó con el Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, el subsecretario de Economía expone en su defensa que los productores de papa del país tan sólo tratan de mantener prácticas monopólicas, que favorecen a pocos en detrimento de todos los mexicanos, olvidando lamentablemente que la iniciativa de importación de papa surgió en la zona agrícola de Idaho, en Estados Unidos, y se trata de un monopolio que favorece, ahí sí, a un puñado de extranjeros.
Debemos decir, desde esta tribuna, que ya basta de privilegiar a productores extranjeros, escudándose en el supuesto compromiso que tiene el país con el comercio internacional. En Movimiento Ciudadano señalamos que el principal compromiso debe ser con la economía mexicana, con la sanidad del país y con el beneficio de nuestra sociedad. Consecuentemente el Grupo Parlamentario votará a favor de este punto de acuerdo que pretende evitar la importación de papa fresca a territorio nacional y con ello evitar un perjuicio a la economía de miles de agricultores nacionales. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Alfonso. El diputado Héctor Narcia Álvarez del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, como una llamada de teléfono.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es muy común que en los acuerdos de Tratado de Libre Comercio pactados en nuestro país y Estados Unidos de América se privilegien políticas que benefician a éste último, ya sea de productos alimenticios que los mexicanos exportamos o cuando se da la importación.
Sabemos los mexicanos que la producción alimenticia que este país exporta a México se caracteriza por ser de mala calidad, poniendo en riesgo la salud pública de nuestra gente, así como la situación fitosanitaria y por ende la economía de nuestro sector.
Sucedió en el pasado –década de los primeros descubrimientos de la importación de maíz transgénico, así como la importación de productos básicos como es el frijol– en contraparte, sabemos perfectamente que cuando Estados Unidos de América le conviene aplica medidas drásticas pretextando plagas o enfermedades en los productos nuestros o bien autorizando fuertes fracciones arancelarias que ponen en desventaja nuestra exportación como ha sido en el caso del atún, del aguacate y últimamente del tomate, entre otros productos.
Hoy día aparece la amenaza de la importación de la papa fresca, a todo el interior del territorio nacional, soslayando la NOM-012-FITO-1996. En México 23 estados producen papa, siendo los principales: Sinaloa, Sonora, Chihuahua, estado de México, Guanajuato y Nuevo León. Es una superficie de 70 mil hectáreas con una producción nacional de 1 millón y medio de toneladas y con un consumo per cápita de 15 kilogramos, ocupa a 70 mil familias y genera 7 millones de jornaleros.
Por lo anterior es necesario apoyar a los productores de papa y salvaguardar la producción de esta preciada hortaliza, para conservar nuestra soberanía alimentaria y económica. Para ello es necesario impulsar acciones como:
Uno. Aplicar una cuota compensatoria a la frontera norte similar a la del resto del país, conjuntamente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dos. Vigilar conjuntamente productores, gobierno y las aduanas.
Tres. Que con papa como sector en aduanas, obtenga información de importaciones en la ventanilla única o glosa del SAT. Revisar el 100 por ciento de papas y derivados en aduanas. Que sólo haya dos aduanas de entrada.
Por todo lo anterior, es imprescindible diseñar políticas públicas que apoyen con financiamiento, con tecnología, con capacitación, con asistencia técnica, mecanización, entre otros, a los productores de este cultivo tan importante que es la papa. Con ello se aumenta la productividad y competitividad logrando la autosuficiencia alimentaria de este producto y de otros que son parte de la principal alimentación de los mexicanos.
Como integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, nos sumamos a respaldar y apoyar este punto de acuerdo donde se exhorta al gobierno mexicano para que a través de la Sagarpa y la Secretaría de Economía se envíe la importación de papa fresca, por lo que es de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Catalino Duarte Ortuño, del PRD, tiene el uso de la voz por tres minutos.
Esta Presidencia recuerda –en términos reglamentarios– que las peticiones de adición tiene que venir del propio grupo proponente por escrito y firmadas por su coordinador o por quien éste delegue.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia de mis compañeros legisladores, legisladoras. De entrada, la fracción del PRD en esta Cámara, está a favor del exhorto en el sentido de que deben respetarse y cumplirse las reglas sanitarias que están establecidas ya en las diferentes disposiciones. Nos parece correcto pero el asunto va más allá.
El PRD desde un principio, precisamente por esas consecuencias, no estuvo de acuerdo en la firma del tratado de libre comercio, por cuanto hace exclusivamente a los productos de la canasta básica.
La visión nuestra es que en el apartado que tiene que ver con los productos de la canasta básica, que están establecidos en el tratado de libre comercio, debe revisarse, debe analizarse por el gobierno mexicano.
Esa es la razón por la cual el campo mexicano cada vez está más descapitalizado. Necesitamos cambiar la política económica de este país. Eso es lo que requieren los productores, no sólo de la papa, sino del tomate, del maíz. Vean bien, amigos legisladores, legisladoras.
Cómo es posible que México tenga la capacidad y las condiciones para producir maíz. Los mexicanos somos los que consumimos más tortillas y estamos trayendo acá de otro continente, maíz.
Por eso la fracción del PRD está a favor de que debe revisarse, amigas y amigos, el tratado de libre comercio, por cuanto hace al rubro de los productos de la canasta básica.
¿Cómo va a crecer el campo? ¿Cómo van a ser empresarios importantes? ¿Cómo los productores de maíz, de frijol, de arroz, van a ser competitivos si estamos apoyando políticas económicas para comprar de afuera? No, esa no es la visión nuestra.
Por eso apoyamos el exhorto, apoyamos la postura por cuanto hace a la papa, pero debemos iniciar un análisis serio de ese tratado. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Gerardo Peña Avilés, del PAN, tiene el uso de la voz.
El diputado Gerardo Peña Avilés: Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente.
En México se producen muy buenas papas. México es autosuficiente en la producción de papas. En México se está introduciendo papa fresca, sembrada en Estados Unidos, que está contaminada. Urge aplicar en su totalidad la normatividad fitosanitaria.
Actualmente la sanidad animal y vegetal es un elemento fundamental para producir alimentos de calidad, destinados a la población, además de que esto permite a los productores acceder a mercados más exigentes. Es por ello que el nivel sanitario con el que cuenta México hoy en día constituye un baluarte para el sector agroalimentario.
La política gubernamental enfocada a la protección de recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria económica le han permitido a nuestro país aprovechar las oportunidades que brinda el comercio internacional de bienes de origen vegetal y animal. Con base en las acciones sanitarias impulsadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa por sus iniciales, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, de 2007 a 2011 las exportaciones agroalimentarias mexicanas pasaron de 15 mil 300 millones de dólares a 22 mil millones de dólares para dichos años.
Sin duda un legado de este gobierno es justamente la importancia que se le ha dado para lograr mayores niveles de sanidad como un factor de competitividad de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca nacionales.
La existencia de acuerdos comerciales de los que México forma parte no significa que las importaciones producto de los mismos estén exentos de cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias del marco jurídico regulatorio vigente en la materia y, el caso de la pala no es la excepción.
Queda claro que el gobierno federal, como principal promotor de la política sanitaria en el marco de los tratados comerciales, cuidará el derecho de México a fijar un nivel adecuado de protección que permita salvaguardar la sanidad vegetal en nuestro país, así como la salud humana, animal y vegetal contra los riesgos generados y la diseminación de plagas y enfermedades.
En razón de lo anterior estamos a favor de que el gobierno federal, a través de la Sagarpa, implemente las acciones necesarias para la mitigación de riesgo en la importación de papa a México y que por medio de la Secretaría de Economía dé puntual vigencia y que el comercio internacional esté apegado a esto en beneficio de la población nacional de nuestro sector agroalimentario.
En otras palabras, en la franja fronteriza de México con Estados Unidos hay papa fresca producida en Estados Unidos. Si estuviste en la frontera y pisaste alguna papa, límpiate los zapatos y lava las llantas de tu carro. Esa papa está contaminando todo el territorio nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Gerardo. Don Héctor García García tiene el uso de la voz finalmente. Inmediatamente después votamos.
El diputado Héctor García García: Con su permiso, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional hago uso de esta tribuna para llamar la atención de nuestros compañeros diputados de la deuda que tenemos con el campo mexicano.
Ya basta de que los campesinos, como los productores de la papa, que se han esforzado por tecnificar, por ser buenos productores, por ser buenos mexicanos, ahora reciban un golpe con la importación de este producto.
Ya basta de que a los campesinos y a los productores, a nosotros nos consta, en Nuevo León, el esfuerzo que han hecho los humildes campesinos para hacerse ahora humildes empresarios, pero empresarios al fin y sacar a su familia adelante.
Hoy, con esta embestida nueva al campo, están atacando la soberanía nacional, pero debemos recordar que de suceder, afectarán a miles de familias humildes que se han esforzado, insisto, por sacar adelante a su familia.
El Revolucionario Institucional claro que apoya este exhorto porque sería criminal un nuevo golpe al campo, a sus productores y a sus campesinos. Por ello nos sumamos, independientemente de los argumentos que han vertido técnicos, los anteriores grupos legislativos, llamo la atención, sobre todo, para que pensemos en estos humildes hombres del campo cuyo apoyo necesitan de los grupos parlamentarios para que esto no suceda.
Y claro, una llamada de atención a las autoridades, que de un plumazo pretenden simplemente importar papa, sin importarles la salud de los mexicanos y sobre todo la economía de los campesinos.
Es cuanto, diputado presidente, e insisto, el Grupo Parlamentario, el Revolucionario Institucional se suma al presente exhorto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se impulsen acciones legales para atender a las víctimas de crímenes en lo que se han empleado armas del operativo Rápido y Furioso y exijan la reparación del daño al gobierno de Estados Unidos de América.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados y diputadas, el punto de acuerdo que se pone a consideración de esta asamblea retoma el tema del operativo Rápido y Furioso que se abordó en una sesión pasada y en la cual se propuso la modificación del acuerdo presentado por nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez, misma que no fue considerada por la omisión de la lectura en los términos en que se acordó por la proponente dicha modificación, espero que estas prácticas de Servicios Parlamentarios que sirven a los intereses de las fracciones parlamentarias dominantes sea corregida porque son servidores públicos al servicio de todos los diputados y diputadas.
Al tema, con el objeto de vincular al Ejecutivo federal la nueva propuesta que se presenta, pone de nueva cuenta a consideración de esta asamblea el tema del operativo Rápido y Furioso con el objeto de contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos víctimas de la delincuencia que adquirió armas del fallido operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.
La presentación de esta proposición se sustenta en particular en el artículo 20 constitucional, que determina que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, como lo dispone el apartado C de este mismo artículo, en donde se establecen los derechos de las víctimas, entre los que cabe destacar la reparación del daño, para lo cual obliga al Ministerio Público a solicitar la reparación del mismo.
Aunado a ello, en el ámbito internacional el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales que determinan que todo incumplimiento o violación de un deber jurídico internacional, imputable a un Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional, genera una obligación el hecho ilícito cometido a cargo del Estado infractor.
Señores y señoras legisladores, la omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad, eso ya lo hemos dicho en esta tribuna, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que impulsó la anterior legislatura nos obliga a una actuación congruente en nuestra tarea de legisladores, con los principios contenidos en nuestra Constitución, y aquí ya también hablamos del artículo 1º de la Constitución, donde el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En el reciente Sexto Informe de Gobierno que presentó Calderón, en el tema de política interior se da cuenta del combate al crimen organizado y de los resultados del esfuerzo nacional en materia de aseguramiento de drogas, vehículos, armas y personas detenidas del 7 al 12, cifras actualizadas por la PGR como resultado de los trabajos del trabajo del Grupo Interinstitucional del gobierno federal.
La omisión del gobierno federal para dar cuenta de las armas incautadas que reporta en el Sexto Informe de Gobierno, con las armas que ilegalmente entraron al país del operativo Rápido y Furioso, no sólo manifiesta en el mejor de los casos ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el operativo Rápido y Furioso, la pasividad de las dependencias de seguridad y opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, expresan indicios de complicidad al ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, violando con ello las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y reparación del daño.
No se puede obviar e ignorar la difusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales, de la información relacionada con el rastreo e identificación de armas de este operativo, con las víctimas y sus familiares, en crímenes perfectamente identificados por la PGR; la Sedena; la Semar; la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, todos titulares del Ejecutivo federal. Ello, sin atender la información de los medios de comunicación que señala el conocimiento de dicho operativo por parte de la PGR.
Por ello es exigible, para la garantía plena de los derechos de las víctimas, determinar la responsabilidad y la reparación del daño por parte del gobierno de los Estados Unidos, responsable de la implementación del multicitado operativo Rápido y Furioso.
Atendiendo a todo lo anterior y en base a los reglamentos de la Constitución Política y del Reglamento del Poder Ejecutivo federal y la Ley Orgánica de la PGR, proponemos un punto de acuerdo para que sea aprobado de obvia o urgente resolución, que tiene dos párrafos.
El primero dice: se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en términos del párrafo tercero, del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y a sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso.
Y segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los titulares de la PGR, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Relaciones Exteriores, proporcione a la población mexicana, con la máxima postura posible, los detalles de las acciones e investigaciones que se realicen para determinar la responsabilidad de funcionarios mexicanos y del gobierno norteamericano, y exigir la reparación de daños de las víctimas, de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y Furioso.
Quiero concluir, si me permite la Presidencia, en aras a lograr la aprobación, porque los grupos parlamentarios mayoritarios nos lo han solicitado, tendrán ellos sus razones y las explicarán en esta tribuna, porque yo ya he planteado el punto y sé concluir los acuerdos, que en aras de que se apruebe de mayoría este punto de acuerdo y sobre todo porque las víctimas sean resarcidas en el daño, retirar, a nombre de la fracción de mi partido, el segundo párrafo de este punto de acuerdo; pero dejo en claro que como diputado federal, estoy convencido que ese segundo párrafo es correcto y que seguiremos luchando porque el gobierno mexicano se ponga los pantalones y actúe en la defensa de los intereses de este país ante los interés extranjeros. Es todo, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte en términos del 100 si se considera de urgente u obvia resolución, en la inteligencia de que el diputado Huerta Ladrón de Guevara ha retirado el segundo de los resolutivos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas. Tiene el uso de la voz Angelino Caamal, de Nueva Alianza. Repito, en la inteligencia de que sólo subsiste el primero de los resolutivos. Por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.
El combate contra las drogas sólo es eficaz si se realizan esfuerzos con una visión regional, ya que este fenómeno trasciende fronteras convirtiéndose en una amenaza global.
La expansión territorial, el cúmulo de recursos financieros y el grado de violencia ejercido por los grupos delincuenciales hacen imperativa la colaboración de los países involucrados para poder contrarrestar sus efectos en la seguridad nacional y pública.
Sin embargo, no podemos permitir que se lleven a cabo operativos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos mexicanos y la paz social. Ninguna acción contra la delincuencia organizada, por más urgente y necesaria que sea está por encima de la ley, menos cuando ello implica afectación directa a la ciudadanía.
El respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad en la estrategia de la seguridad nacional y su violación debe ser motivo para que se investigue, se sancione y se repare el daño causado.
Desde esta tribuna el Partido Nueva Alianza reprueba categóricamente que se ponga en riesgo la soberanía nacional, al permitir por negligencia o complicidad la entrada ilegal a nuestro territorio de armas para las bandas del crimen organizado, armas que han sido instrumento letal, que han cegado la vida a miles de mujeres, hombres, jóvenes, incluso infantes en esta cruel guerra contra el narcotráfico.
Consideramos urgente que se restituya el daño a las familias de las víctimas que fueron atacadas con estas armas introducidas a través de este operativo. Por ello exigimos a las autoridades correspondientes de los tres ámbitos de gobierno se realicen las investigaciones que permitan identificar las armas homicidas. Asimismo, garantizar que las autoridades mexicanas tengan el control de los operativos que se realizan de manera conjunta en el territorio nacional.
El fracaso de este operativo muestra, además de la violación del derecho internacional, la ineficacia de la relación bilateral que terminó proporcionando mayor cantidad de armamento a los grupos de la delincuencia organizada.
Por las víctimas de esta estrategia fallida, la flagrante violación a los derechos fundamentales de las y los mexicanos y la impunidad que impera en este caso, nosotros, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza votamos a favor de este punto de acuerdo en los términos ya establecidos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, el operativo Rápido y furioso, más allá de la cuestión de las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos y porque no se tiene la información, no se sabe si se celebraron acuerdos interinstitucionales no tratados, secretos para ambos países, oculta –más que oculta, deja trasver– que hay problemas con derechos fundamentales, sobre todo de las víctimas de este operativo.
Insisto en que más allá de la indemnización que se le puede dar a las víctimas está su derecho a la verdad, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a que no quede precisamente en la obscuridad y en la impunidad el saber quiénes son responsables de la comisión de los ilícitos que todo este operativo ha traído a traslucir.
Por lo anterior, a pesar de que ya se acordó un resolutivo, sería deseable que en un futuro sí se pudiera precisamente hacer una investigación para hacer efectivo el derecho a las víctimas y acceso a la justicia, y derecho a la verdad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. La estrategia de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, mediante el operativo Rápido y Furioso, que tuvo por objeto central inundar intencionadamente las organizaciones criminales de nuestro país con miles de armas, se tradujo en una serie de resultados verdaderamente catastróficos, exhibió una actitud sistemática por parte de nuestro vecino del norte, que vulnera flagrantemente el principio de libre determinación de los pueblos y concretamente nuestra endeble soberanía.
El operativo Rápido y Furioso, como muchos otros, fue completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos.
El tráfico ilegal de armas sin los controles legales e institucionales tuvo repercusiones serias en la relación bilateral. Este hecho ha sido fuente de tensiones entre ambos países y ha derivado en un problema con dimensiones políticas importantes, por lo menos al otro lado de nuestra frontera.
El operativo en comento puso de manifiesto que, en materia de seguridad, la relación bilateral no ha sido exclusivamente de carácter cooperativo y no se ha ajustado a los estándares de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, establece las mejores prácticas en contra del crimen organizado, ni la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, firmada por 30 de los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos.
En este sentido ha quedado patente cómo se ha desestimado combatir el fenómeno delincuencial y de tráfico ilegal de armas, mediante la adopción de medidas más radicales para atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales.
Por si no fuera poco lo anterior, también quedó manifiesta la actitud totalmente inexplicable e irresponsable del gobierno mexicano, que no sólo ha adoptado las acciones pertinentes para esclarecer todos los pormenores en torno a este tipo de actos injerencistas y sancionar a todos los responsables, sino que a diferencia de nuestro vecino del norte se ha inclinado por el tortuguismo, la proclividad, a la impunidad y la falta de transparencia, situación aún más inexplicable si tomamos en cuenta que la propia PGR ha enviado a las oficinas de la ATF, a un representante, Carlos Fernando Luque Ordoñez, precisamente en los tiempos en que se dio la operación Rápido y Furioso, así parece increíble que México haya manifestado el desconocimiento de estas acciones y que haya optado por el ostracismo.
Finalmente los efectos materiales o concretos de esta estrategia seguida por la agencia norteamericana fueron totalmente catastróficos, lejos de combatir la criminalidad organizada solo consiguieron empoderarla y potenciarla; asimismo el saldo en vidas humanas ha sido de manera muy lamentable, por ello es que en esta instancia se está haciendo énfasis en la reparación del daño de las víctimas.
Por todo lo anterior se ha planteado de manera recurrente ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión que se solicite la comparecencia de todo el gabinete de seguridad, que el gobierno nos dé cuentas, investigue hasta sus últimas consecuencias y sancione a los responsables, que se redefina la fallida estrategia de seguridad y q que el gobierno se haga responsable de reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de este tipo de operativos siniestros.
No obstante la presente administración ha sido totalmente omisa en responder a los múltiples llamados que le hace la sociedad vía puntos de acuerdos, por lo que habría que acompañar tales demandas con el trabajo específico de los legisladores a través de la creación de comisiones especiales o de investigación.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, don Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la fracción del Partido Verde expresa su solidaridad con el dolor que enluta a decenas de miles de familias mexicanas por la pérdida de la vida de un ser querido con motivo de la lucha contra la delincuencia organizada. Son ellas, estas familias y sus víctimas los primeros que tenemos en la mente cuando cumplimos nuestra función política.
Condenamos enérgicamente y repudiamos en forma categórica el programa que a espaldas del pueblo de Estados Unidos de América han conducido miembros de su gobierno con el objeto de construir en nuestro país un laboratorio, un terreno de experimentación bajo el nombre de Rápido y Furioso para que en la identificación de los caminos del crimen se dote de armas a la delincuencia para matarse entre sí, para combatir a las fuerzas del Estado o para atentar contra la vida de los ciudadanos. No concebimos la perversidad y la inmoralidad de la idea, mucho menos la vergüenza de mantenerlo en el sigilo.
El ejercicio de cualquier liderazgo mundial y la conservación del prestigio para ostentarlo, no pueden comprenderse sino cuando se forjan sobre bases apegadas a la ética y a la moral.
Rápido y furioso atenta contra los principios más elementales del derecho internacional y evidencia una política inhumana que se viene haciendo sentir a lo largo de la frontera. El programa constituye un franco retroceso en la construcción de confianza mutua en la relación de dos gobiernos vecinos.
El poderío bélico y económico se ha ubicado en la jerarquía de sus prioridades por encima de los derechos humanos. Una decisión inconcebible en nuestros tiempos.
Reprobamos de manera absoluta la conducción del problema por parte del gobierno mexicano; la reacción diplomática ha sido totalmente insuficiente con relación a la magnitud del agravio que ha sufrido nuestro pueblo. La opacidad en la revelación de información generada resulta inexplicable y hasta cierto punto ofensiva.
Más allá del exhorto a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, demandamos y exigimos del Poder Ejecutivo que cumpla con el deber que la Constitución y las leyes le imponen de salvaguardar la soberanía nacional comenzando por el mantenimiento de la seguridad territorial a través de nuestros puertos y fronteras. El hostigamiento aduanal del que somos presas en los aeropuertos, no es una muestra fiable de que las autoridades competentes estén haciendo lo necesario para proteger los intereses de los mexicanos.
Sería imposible que se termine con la ola de violencia que mantiene a los mexicanos en la zozobra si por el abandono de la responsabilidad legal se sigue permitiendo el ingreso impune de drogas, armamento y criminales, insumos esenciales del fenómeno que ansiamos erradicar. El descuido que ha cobrado la vida de mexicanos, arroja una responsabilidad histórica que debemos subrayar.
Compartimos plenamente la intención que consigna el primer punto resolutivo del proyecto de acuerdo que se ha presentado ante la asamblea por parte del Partido del Trabajo.
Debe exhortarse al Ejecutivo para que cumpla el mandato inequívoco del artículo 1o. constitucional. Que se investigue, que se finquen responsabilidades y que se sancione a los responsables que han tenido que ver con la instrumentación de Rápido y furioso.
Expresamos nuestro reconocimiento al diputado por haber suprimido de su punto de acuerdo el segundo resolutivo. Desde luego que tratándose del fincamiento de responsabilidades patrimoniales no podemos soslayar el hecho de que hay otros elementos jurídicos que se tienen que cumplir, los cuales pudieran ser dudosos en el caso concreto.
Por lo mismo, apoyaremos la firma del punto de acuerdo exclusivamente con el primer punto resolutivo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Aleida Alavez, del PRD, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. El presente punto de acuerdo es coincidente con el presentado el pasado 4 de octubre en esta misma tribuna en la exigencia al gobierno federal de brindar toda la información relacionada con el operativo Rápido y furioso en nuestro país, por lo que sigue siendo un reclamo social que lamentablemente no ha sido escuchado por el Ejecutivo federal.
El fin de semana pasado escuchamos cómo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR declaraba que han solicitado información a las autoridades estadounidenses sobre este operativo, afirmando que no les han mandado nada porque en ese país continúan las investigaciones que ha dado como resultado 14 funcionarios federales destituidos y sancionados y que el procurador general estuviera a punto de ser sometido a juicio político.
Efectivamente, las investigaciones siguen en Estados Unidos y como parte de los resultados de éstas sabemos que un promedio de 2 mil armas se introdujeron a territorio nacional para armar a los cárteles de la droga, la operación para ingresarlas, la ruta que algunas de ellas siguieron, los funcionarios que participaron y ahora más recientemente en qué casos se están usando como la lamentable masacre de Salvárcar que costó la vida a 16 personas.
También sabemos que le perdieron el rastro a unas mil 400 armas; que al menos 200 mexicanos han muerto a causa de ellas y que sólo han logrado decomisar 710, entre ellas apenas dos rifles AK-47.
Sin embargo por parte de nuestro gobierno no sabemos nada; ninguna información que nos permita saber la verdad de ese operativo y sus alcances.
El 4 de octubre una diputada del PAN se acercó a esta tribuna para entregarme una carpeta con supuesta información relacionada con este operativo, lo cual sin lugar a dudas resultaba un despropósito pues la información que como mexicanas y como mexicanos merecemos, no está contenida en una carpeta engargolada.
La información que requerimos se compone de informes, explicaciones, detalles, investigaciones y sanciones ofrecidas de cara a la ciudadanía y de frente a la sociedad, en donde instancias como la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública asuman su responsabilidad clara y expresamente.
El presumible combate a la delincuencia no existe. El presidente Calderón como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de los distintos funcionarios que integran su gabinete, ha sabido y sabe que la lucha y los más de 50 mil muertos que existen, se deben al fracaso del operativo Rápido y furioso y no al combate del narcotráfico ni a la guerra entre ellos.
Es decir, se trata de recuperar el armamento que ingresó no a oscuras como se pretende establecer, sino al grave problema que le está causando a los mexicanos por las múltiples muertes e inseguridad.
El efecto del operativo Rápido y furioso se desarrolló entre mediados de 2009 y 2010, permitiendo el ingreso de estas armas, más de 2 mil 500, violando, como ya se dijo aquí en la tribuna, flagrantemente nuestra soberanía nacional y el acuerdo denominado Iniciativa Mérida, cuya intención era combatir a la delincuencia y no darle armas para que se defendiera en el combate.
Por lo tanto nosotros proponemos y seguimos insistiendo en enarbolar este punto de acuerdo pero lamentablemente parece que tendremos que rebautizar el operativo de Rápido y furioso a lento y calmoso, pues es la forma en la que están actuando nuestras autoridades. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, ciudadana diputada. Don Marcos Aguilar Vega, del PAN, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de la presidencia. Me refiero al punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta asamblea y partiendo de dos puntos de vista en torno a las consideraciones establecidas en el mismo. En el primero de los rubros, en cuanto a la forma y en el segundo de ellos en cuanto al contenido.
En el primero, en la forma, identificamos plenamente inconsistencias que revelan el desconocimiento jurídico en cuanto a atribuciones se refiere asignadas a diversas secretarías del Poder Ejecutivo. Mentiras, incongruencias, argumentos que no compartimos, falta de técnica legislativa que confunde los alcances del punto propuesto y la claridad sobre su contenido.
Hemos tenido comunicación con el diputado proponente con el ánimo de privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias en este tema y reconocemos su voluntad política para retirar el segundo punto resolutivo que originalmente fue integrado en el punto de acuerdo.
En cuanto al contenido, la semana pasada en esta tribuna tuvimos ocasión de aprobar un punto de acuerdo referente a este grave tema del trasiego de armas en la llamada operación Rápido y Furioso. En esa ocasión nuestro grupo parlamentario, por medio de nuestra compañera diputada Adriana González, aclaró perfectamente nuestra posición y señaló nítidamente los procesos indagatorios abiertos tanto en nuestro país como en los Estados Unidos de Norteamérica.
Nos llama la atención que en un tema que requiere toda nuestra seriedad, sensibilidad, responsabilidad y respeto se vuelva a insistir en temas ya superados. Nos referimos específicamente a lo que de manera irresponsable se ha estado difundiendo como omisión del gobierno mexicano en sus tareas. Definitivamente o se está hablando con desconocimiento de la información o se está actuando de mala fe.
Hemos manifestado en múltiples ocasiones que el tema del operativo Rápido y Furioso no sólo irritó la relación entre Estados Unidos y México, sino que además ha significado la muerte de mexicanos inocentes a manos de la delincuencia organizada.
Hemos reprochado estas conductas que sin duda alguna requieren que las dependencias gubernamentales mexicanas responsables en la materia exijan información, así como los avances en la investigación a nuestro vecino país del norte.
Debemos recordar una vez más que el presidente Felipe Calderón Hinojosa manifestó desde hace más de un año su total rechazo a esta operación de la cual el gobierno mexicano no tenía información alguna al respecto, solamente como muestra recordemos que en el mes de septiembre de 2011, en un encuentro con la comunidad mexicana asentada en Los Ángeles, el Ejecutivo federal se refirió al programa Rápido y Furioso puesto en marcha por las autoridades estadounidenses y que consideró que se trató de un error garrafal, y calificó –se abre la cita- “ahora sí que los rápidos fueron ellos y los furiosos nosotros, porque la verdad es que se quedaron con el santo y la limosna” –se cierra la cita- expresó el titular del Poder Ejecutivo federal.
Nos interesa insistir en que la canciller Patricia Espinosa, durante su última comparecencia en el Senado de la República el pasado 13 de septiembre del presente año afirmó que el gobierno mexicano no acepta ni tolera ni lo hará bajo ninguna circunstancia, el trasiego controlado de armas a Estados Unidos.
Rechazamos que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de México de omisión y sería un descuido grave confundir el tema de la cooperación internacional establecido entre ambos países con el de la complicidad.
Cabe recordar que en Estados Unidos han sido implementadas medidas disciplinarias contra 14 funcionarios del Departamento para el control del alcohol, tabaco y armas de fuego, vinculados directamente con el operativo.
Por tanto, se pone de manifiesto que existe corresponsabilidad por parte de ambos gobiernos para no dejar impune este atropello a la seguridad nacional.
En Acción Nacional votaremos a favor del punto de acuerdo porque creemos firmemente que los derechos humanos deben ser respetados en nuestro país y que el acceso a la información no tiene cortapisas. Así también estamos convencidos que los familiares de las víctimas deben de contar con el respaldo total del gobierno en el régimen de democracia plena en que actualmente gozamos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el primer resolutivo, en virtud de que el segundo ha sido retirado. Entiendo que declinó don Eloy Cantú. Por favor pregunte la Secretaría a la asamblea.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el primer resolutivo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el primer resolutivo, comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida la Secretaría se registren para la próxima sesión.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lucía Pérez Camarena, ¿con qué objeto? Sonido.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Presidente, muy respetuosamente quiero solicitar a esta Honorable Cámara de Diputados que hagamos un minuto de silencio en memoria de Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, quien falleciera el viernes pasado. Él fue legislador en la LVIII Legislatura, senador; hijo de don Abel Vicencio Tovar y Evita Álvarez y quisiera hacer esta petición.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fue compañero nuestro en la LVII Legislatura y fue senador en la LVIII y LIX. Concedido.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias. Descanse en paz.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la señora diputada doña Petra Barrera Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para referirse a la efeméride con motivo del 15 de octubre, Día de la Mujer Rural. Doña Petrita pase usted, por favor. Una mujer muy apreciable.
Esta Presidencia recuerda a la asamblea que estamos en espera de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, referente a la integración de comisiones. Luego entonces, les rogamos a los legisladores estar atentos. Vamos a ver esta efeméride y de ser necesario declararemos un receso lo más corto posible, de tal suerte de estar en disposición de manifestar voluntad para la aprobación del acuerdo. Tiene usted el uso de la voz, Petrita.
La diputada Petra Barrera Barrera: Señor presidente, solicito muy atentamente se incorpore mi discurso íntegro al Diario de los Debates. Asimismo, le ruego a usted haga lo mismo con el Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, especialmente de mis compañeras diputadas Nelly del Carmen Vargas; Zuleyma Huidobro González; Aida Fabiola Valencia Ramírez; Merilyn Gómez Pozos; Luisa María Alcalde Luján y Martha Beatriz Córdova Fernández.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará.
La diputada Petra Barrera Barrera: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su voluntad y convicción a favor de las causas de las mujeres, particularmente de aquellas que menos tienen.
El Día de la Mujer Rural fue establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136 el 8 de diciembre de 2007, al reconocer la función y contribución diversa de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Ha sido ampliamente reconocido que las mujeres rurales en todo el mundo desempeñaban un papel fundamental para la economía de sus países, para potenciar al sector, participando activamente en la producción de cultivos, en el cuidado del ganado; proporcionando alimentos, agua y combustible para sus familias. Asimismo, participando en actividades no agrícolas, ampliando medios de subsistencia, además de llevar a cabo funciones vitales en el hogar, en el cuidado de menores de edad, adultos mayores y enfermos.
Al igual que en el resto del mundo, en México la mayoría de las personas pobres son mujeres pertenecientes al campo, mujeres que llevan a cuestas una ardua tarea, sin que existan las oportunidades suficientes que les permitan vislumbrar una mejor calidad de vida, mujeres que presentan los niveles más altos de desnutrición, mortalidad y violencia.
Víctimas de una triple discriminación debido a su pobreza, a su origen y a su condición de género. Las mujeres rurales no han podido gozar de todos los beneficios del desarrollo de la segunda década del siglo XXI, de ahí que este día sea un momento propicio para ir más allá de la reflexión.
Es momento de poner en el centro de las agendas estratégicas de todas las fuerzas políticas el tema, para borrarlo con una visión de Estado que permita a las mujeres rurales de México ascender a una mejor calidad de vida.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI deja claro su manifiesto compromiso a favor del campo mexicano, de las mujeres rurales de todas las edades. Estamos convencidos que modificar su realidad significa realizar, desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, una serie de acciones afirmativas que le permitan vivir una vida más humana.
Por lo anterior, proponemos trabajar sobre cinco ejes prioritarios a favor de las mujeres y niñas rurales.
1. Seguridad alimentaria.
2. Instrucción y capacitación.
3. Facilidad para acceder a los recursos de los diferentes programas sociales y créditos financieros.
4. Reducción de la mortalidad materna y de las muertes por cáncer de mama y cervicouterino.
5. Impulsar una cultura incluyente y no discriminatoria, que les permita gozar de todos sus derechos y prerrogativas.
Nos comprometemos a trabajar con responsabilidad para construir un nuevo entorno social, cultural, económico y jurídico, que permita a las mujeres rurales acceder a la tierra, ser dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas, contar con seguridad social, asistir a las aulas, ser sujetas de créditos bancarios, acceder al desarrollo e incorporarse plenamente a un mundo que hasta hoy les ha sido ajeno. En suma, apoderarse de su presente y su futuro. La mujer rural es raíz y riqueza cultural de México. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alcaldes electos del estado de Jalisco que se encuentran aquí, invitados por nuestros compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín (14:40 horas): En espera de poder dar entrada al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se conformarán las comisiones ordinarias para esta Legislatura, se declara un receso hasta las 4:00 de la tarde. La sesión se reanudará a las 4:00 de la tarde.
(Receso)
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (21:08 horas): Se reanuda la sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en el monitor de sus curules.
Para abreviar voy a leerles el resolutivo del acuerdo.
Acuerdo
Primero. Se constituyen e integran las 54 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura y se ratifica la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social tal y como está en el Anexo 1 de este acuerdo.
Segundo. Las comisiones ordinarias a que se refiere el párrafo que antecede, su número de integrantes tanto de la totalidad de cada comisión como de la totalidad de integrantes de su directiva será la que se menciona en el Anexo 2 del presente acuerdo y éste es el que aparece en sus pantallas.
Cuarto. Los integrantes de las comisiones ordinarias pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática serán propuestos por la Junta de Coordinación Política al pleno de la Cámara de Diputados dentro del término a que se refiere el artículo 146, numeral 1, del Reglamento de esta Cámara.
Quinto. Por lo que se refiere a las comisiones de Participación Ciudadana y de la Función Pública quedarán constituidas desde esta fecha, sin embargo, su denominación y en su caso, atribuciones, se modificarán en la fecha en que su nueva denominación entre en vigor una vez concluido el proceso legislativo correspondiente.
A su vez, se acuerda que la Comisión de Desarrollo Municipal, cuya constitución se inicia con la modificación legislativa aprobada por esta Honorable Cámara de Diputados con esta fecha y que conformará la comisión ordinaria número 56, será presidida por un integrante propuesto por el grupo parlamentario que corresponda.
Sexto. Comuníquese a la Mesa Directiva. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.
Para este acuerdo tengo inscrito a un orador, que es el diputado Camarillo, a quien se le concede el uso de la palabra.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, presidente, en atención del tiempo y de la paciencia que han mostrado todos los compañeros aquí presentes voy a ser muy breve. Y también porque no quiero repetir lo que vine a decir hace un rato aquí a la tribuna.
Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar que el ejercicio que hemos visto en los últimos días, de esta honorable asamblea, para la repartición de las comisiones como si lo que fuera, fuera una repartición de un botín, es algo que no nos puede ni nos debe enorgullecer. Por el contrario, creo que es necesaria una profunda reflexión de cuáles deben ser los mecanismos y cuáles deben ser los métodos para que finalmente la integración de las comisiones de un órgano colegiado como éste no obedezcan, de ninguna manera a las reparticiones de cuotas, como si lo que viniéramos a hacer aquí los legisladores es ponernos en la posición de quien, aunque no sepa nada de la comisión, siempre y cuando tenga las prerrogativas que me da ser presidente de una comisión, las tenga.
Me parece que el acuerdo que se va a votar y que seguramente se va a aprobar nos debe llamar a la reflexión sino es que a la vergüenza a todos nosotros. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. En virtud de que no hay más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se han agotado los puntos en cartera.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (21:13): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 18 de octubre de 2012 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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