Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 18 de octubre de 2012

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación, con respuesta a punto de acuerdo

De la Cámara de Senadores, con proposiciones relativas al PEF 2013 y minuta

Solicitud de licencia de la diputada María Elia Cabañas Aparicio

Agenda política

Comentarios relativos a la celebración del LIX Aniversario del Sufragio Femenino en México

Dora Guadalupe Tlamante Lemus, Nueva Alianza

Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT

Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano

Ruth Zavaleta Salgado, PVEM

Margarita Elena Tapia Fonllem, PRD

Carmen Lucía Pérez Camarena, PAN

Aurora Denisse Ugalde Alegría, PRI

Iniciativas de diputadas y de diputados

Adolfo Bonilla Gómez, PRI

Gerardo Gaudiano Rovirosa, PT

Tomás Torres Mercado, PVEM

María del Carmen Martínez Santillán, PT

Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza

José Alejandro Montano Guzmán, PRI

Raúl Paz Alonzo, PAN

Carol Antonio Altamirano, Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano

María Sanjuana Cerda Franco, Nueva Alianza

Faustino Félix Chávez, PRI

Esther Quintana Salinas, PAN

Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano

Javier López Zavala, PRI

Jorge Francisco Sotomayor Chávez, PAN

Laura Ximena Martel Cantú, PVEM

Acto por el Día Internacional de la Detección Oportuna del Cáncer de Mama

Acuerdo de la Junta, relativo a la Convención del Niño

Proposiciones de diputadas y de diputados

Rosendo Serrano Toledo, PRD, relativa a los parques eólicos

Mauricio Sahui Rivero, PAN, relativa al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, para Yucatán

Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna

Efeméride

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre

Cierre de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:07 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en razón de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y  los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Haga el mismo procedimiento para efectos del acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra...

La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame. Sí, diputada, a sus órdenes.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): Buenos días, señor presidente, en cuanto al orden del día tengo una inconformidad. El martes solicité que se agregará por urgente u obvia resolución un punto de acuerdo sobre el caso de Michoacán, cosa que sí está, pero no está como urgente u obvia resolución, está en el punto número seis, quisiera que se considerara en uno de los dos puntos.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En primer término tengo que decirle que se aprobó ya el orden del día; y en segundo lugar, que si está en la lista no tiene usted problema, en ese momento lo solicita de esa manera y no habrá problema. Su texto ya fue integrado al Diario de los Debates, así lo pidió usted.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán (desde la curul): Presidente.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame darle la palabra a la siguiente diputada y después se lo vuelvo a dar a usted.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente, creo que la petición de la fracción del PT es que este tema de Michoacán se incluya como de urgente u obvia, que fue lo que se planteó en la Junta de Coordinación Política y no fue considerado de esta manera. En un análisis de esta Cámara, de si los abusos que se están cometiendo contra estudiantes en Michoacán, son considerados de urgente u obvia o los vamos a dejar pasar, entonces no tiene ningún sentido la representación política y popular de esta Cámara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame, diputado, déjeme leerle el artículo 59 del Reglamento de la Cámara, que señala que la Mesa Directiva integrará el proyecto de orden del día de las sesiones que dará a conocer al pleno con las propuestas que reciba de la Junta de Coordinación Política y eso es lo que hacemos apegándonos estricta y totalmente al Reglamento. Sí, diputado, adelante. Permítame, diputada.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias. Qué bueno que leyó el presidente el artículo 59, pero yo le pediría que leyera la fracción III del artículo 59.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Lea la Secretaría la fracción III del artículo 59. Es muy sencillo. Señala que tendrán prioridad aquellos asuntos que tengan un interés público. Lo señala, después señaló quién lo tiene que hacer, y quien lo tiene que hacer es la Junta de Coordinación Política, además de que ya está aprobado el orden del día, diputado, y no voy a alterar ese orden. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame la Secretaría. Dígame, diputada.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Únicamente para señalar que ayer en la Junta de Coordinación Política, Movimiento Ciudadano planteó la urgencia de tocar el tema de Michoacán y de los compañeros que siguen presos, para exhortar al diálogo porque será la única forma de solucionar el conflicto, y estamos pidiendo la renuncia del gobernador.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Diputada, déjeme aclararle el asunto con toda precisión: este debate sobre la relación que tiene el artículo 59, se da en la Junta y la Junta nos determina aquí.

La Junta tiene la representatividad prácticamente de cada una de las fracciones parlamentarias y esta Directiva tiene la obligación de sujetarse al Reglamento y de sujetarse a la norma; de otra manera sería un caos el debate. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul):  Señor presidente, hemos visto de manera reiterada que la Junta de Coordinación Política, no sólo aplicando su mayoría a la que tiene derecho, sino abusando de ella, ha calificado como de no urgente resolución una serie de propuestas que evidentemente son de urgente resolución como es el caso de Michoacán.

No tiene sentido diferir este tema como no ha tenido sentido diferir otros, corriendo el gravísimo riesgo de que se compliquen.

Así es de que la petición, señor presidente, es que en primer lugar una definición: no puede estar la Junta de Coordinación Política sobre la decisión del propio pleno; así es de que solicitamos muy amablemente que pudieran someter a la decisión del pleno si un asunto de esta naturaleza, tan grave para el país, puede calificarse como de urgente y obvia resolución. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Secretario, pregúntele al pleno si modificamos la decisión ya tomada de aprobar el orden del día.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ya tiene usted su respuesta, diputado. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame la Secretaría. Sí, diputado, a sus órdenes.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente quiero solicitar que se brinde la atención debida a una petición que representantes y autoridades de una organización social del estado de Guerrero denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en su mayoría indígenas y afromexicanos, que salieron en marcha-caravana desde la ciudad capital de Chilpancingo y se dirigen a esta honorable Cámara de Diputados para ser recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política para efecto de que podamos atender y dar seguimiento a sus demandas relacionadas con la gestión presupuestal sobre obras de infraestructura básica, educativa, salud, proyectos productivos y una agenda legislativa.

Esta petición la formularon de manera oficial mediante oficio, el cual obra en poder de cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Ruego se solicite a la Junta de Coordinación Política  que brinde la atención debida para que a la una, dos de la tarde pueda ser recibida una comisión representativa que estará arribando a esa hora en una caravana-marcha de más de mil integrantes.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ya está hecho, señor diputado. Ya se pidió la representación para atenderlos.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Comunicaciones. De la Secretaría de Gobernación se recibió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la problemática que enfrentan los productores mexicanos de tomate.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase al promovente para su conocimiento.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibieron de la Cámara de Senadores proposiciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos a diversos rubros.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficios de la Cámara de Senadores con los que se remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les otorgan gobiernos extranjeros, y para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Comunicación de la diputada María Elia Cabañas Aparicio.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, fracción II y 13 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el debido respeto acudo ante esa soberanía a efecto de que ponga a consideración del pleno la solicitud de licencia para separarme del cargo de diputada federal a la LXII Legislatura a partir del 22 de octubre del presente año, por tiempo indefinido.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Someta a consideración de la asamblea el punto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Elia Cabañas Aparicio, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el cuarto distrito electoral del estado de Baja California a partir del 22 de octubre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Evidentemente no podríamos rechazar la solicitud de licencia, quisiera saber nada más, si es posible, las razones por las cuales se retira y quién es la persona que lo suple o que la suple.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para su tranquilidad, es mujer.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): No, no es por mi tranquilidad, es un acto de justicia nada más.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Las razones se derivan del fallecimiento en el Congreso local, de alguien de quien era ella suplente.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para servirle, diputada. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado y comuníquese.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es, comentarios relativos a la celebración del LIX Aniversario del sufragio femenino en México.

Para referirse a este tema se han registrado la diputada Dora María Talamante Lemas; Magdalena del Socorro Núñez; Nelly del Carmen Vargas; Ruth Zavaleta; Margarita Tapia; Carmen Lucía Pérez y Aurora Denisse Ugalde.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Dora María Talamante.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido Nueva Alianza, al que tengo el orgullo de pertenecer, ha avanzado con paso firme en el camino de reconocer a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos, incluyendo el derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular, como es evidente en la conformación actual del Congreso de la Unión.

Como puede verificarse, históricamente son numerosas las mujeres de México que desempeñaron un papel importante en la Independencia y en la Revolución y aunque no es reconocida, debe destacar la valiosa participación de la mujer en la construcción de la patria.

A lo largo del siglo XIX, tanto entonces como hoy en el siglo XXI, mientras construimos la sociedad del conocimiento, las mujeres han sido artífices y promotoras del progreso, la educación y la formación de los mexicanos, de la superación individual y de la integración de comunidades de ciudadanos.

Excluidas de la educación formal, de la institución escolar en el siglo XIX, una numerosa pella de mujeres mexicanas aprendió a leer en el hogar y fueron maestras autodidactas de sus hijos y de otros niños y niñas cercanos a la familia; transmitieron valores y construyeron a poner la base de una cultura cívica que dio frutos en ciudadanos amantes del progreso políticos y literatos distinguidos.

Grandes hombres de la historia han reconocido en sus autobiografías que fueron sus madres las que iniciaron en la lectura, las que fomentaron su amor por la literatura y la cultura, las que les enseñaron el camino de la solidaridad y la búsqueda del bien común.

En la actualidad nadie puede negar que la mejor manera de acelerar el desarrollo sostenido de las naciones, es invertir en la educación y formación tanto de las niñas como de los niños, que serán en el futuro formadores de ciudadanas y ciudadanos solidarios y comprometidos con su comunidad.

México necesita corregir muchas situaciones. Una de las principales es la inestabilidad social, producida por el desequilibrio de una democracia sin mujeres. Para ilustrar lo anterior con hechos, echemos un vistazo a las cifras de participación política de la mujer.

Tan sólo en el ámbito federal, 2 de 19 secretarías de Estado son dirigidas por mujeres. Veintinueve de 128 senadurías corresponden a mujeres. Ciento treinta y ocho de 500 diputaciones son para las mujeres.

El escenario de la participación política de las mujeres es aún mucho más adverso al referirse en los ámbitos estatales y municipales.

Resulta incomprensible que en nuestro México se disocien todavía, por leyes y tradiciones, las dos fuerzas fundamentales de toda sociedad: la mujer y el hombre.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en esta LXII Legislatura, no cederá en su desempeño por impulsar la participación política de las mujeres. Mientras nos sea negado un derecho, cualquiera que éste sea, en cualquier porción del país, no habremos cumplido con nuestra misión y con el admirable y definitivo destino que les ha sido asignado a las mujeres en el orden histórico nacional.

Al cumplirse 59 años de haberse reconocido el derecho al voto de la mujer mexicana, reconocimiento que se conquistó a base de tesón y de una larga lucha contra la discriminación y el prejuicio, queda mucho por hacer para que la igualdad de derechos y la oportunidad sea realidad en nuestra patria.

El Partido Nueva Alianza está comprometido con las mujeres mexicanas, por su desarrollo. Es garantía de avanzar en la educación, en el progreso y en el desarrollo de los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, en el marco de este aniversario del voto femenino en México, Nueva Alianza siempre está a la vanguardia y predica con el ejemplo, siendo el único partido que cumplió en tiempo y forma a lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto a la cuota de género en las candidaturas a diputadas y senadoras en el pasado proceso electoral.

En esta hora decisiva hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas de la nación, para que se establezca un verdadero compromiso en el que dejemos de un lado, de una vez por todas, esa simulación en la que ha caído por un momento, para que a través de los consensos fijemos como de nuestras prioridades ineludibles, establecer una mayor inversión para la capacitación política de las mujeres.

Tenemos que impulsar a todas las mujeres para que se interesen en la esfera pública de las distintas corrientes políticas. Fomentemos un México libre de prejuicios, en donde la participación política de las mujeres se cumpla, no solo por ser mandato de ley sino por ser parte intrínseca de una cultura incluyente para todos los mexicanos y las mexicanas por igual. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, la creciente participación de las mujeres en los años 50, producto del México de la postguerra propicia como una necesidad de estabilidad política y social el derecho a las mujeres de decidir e incidir a través del sufragio en elección de los gobernantes en todos los niveles de gobierno.

Es ésta una de las piedras angulares del desarrollo político y social de nosotras las mujeres, y ya significa un parteaguas de la participación sumisa en el hogar a la disputa del poder público en condiciones que con el paso de la historia se vuelve cada vez más equitativa.

Conmemorar el 59 aniversario de este acontecimiento es redescubrir el origen del inicio del empoderamiento de nosotras, ya que de acuerdo con el último censo de población somos –como algunos dirían– el mayor de los grupos vulnerables al representar más del 50 por ciento de la población nacional.

A pesar de lo anterior, la lucha de las mujeres por participar en donde se toman las verdaderas decisiones nacionales es inequitativa, ya que sólo el 36.8 por ciento, es decir, 184 de 500, somos diputadas. Y en el Senado sólo el 33.6 por ciento son compañeras senadoras, es decir 43 de 128. Aunque somos, como ya lo apunté, más de la mitad de la población nacional.

Estamos pues ante una democracia que no termina de consolidarse. Aprovecho esta máxima tribuna de la nación para hacer un respetuoso exhorto a nuestras colegisladoras, a que a la brevedad posible nos aboquemos a la discusión y, si tienen a bien así considerarlo, a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las candidaturas por género.

No más legisladoras Juanitas. Reclamamos respeto a las mujeres que son postuladas para cargos de elección popular y reclamamos a esos dirigentes su falta de visión política y social al usar este vehículo indigno para todos para hacerse de un cargo.

Amplío mi respetuoso exhorto a las senadoras y a los senadores a que honren sus discursos con acciones concretas y dictaminen la reforma en comento. Me atrevo a comprometer la voluntad del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esa Cámara, para proseguir en la ruta del empoderamiento de nosotras las mujeres en un marco de igualdad política.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a diario mujeres y hombres luchamos con igualdad para conquistar la justicia, la dignidad y la igualdad para todas y todos, sin absolutamente ningún distingo.

Hago un llamado a las entidades federativas a que asuman compromisos para que esta celebración no sea solo una efeméride más del calendario cívico y que la cultura y nuestra democracia se nutran de justicia para todas y todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, diputados federales, hace 59 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvimos en la ley el derecho a votar y ser electas; sin embargo muchos años han tenido que pasar para que las mujeres puedan ejercer y gozar ese derecho.

La ciudadanía de las mujeres se ha visto pospuesta a lo largo de estos 59 años, pues aunque las mujeres han asumido su responsabilidad de participar en los procesos electorales votando con responsabilidad, fungiendo como funcionarias de casilla, siendo las principales promotoras en tiempos de campaña, haciendo trabajo de base, sigue siendo un déficit de representación política de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.

Las cuotas de género en las diputaciones federales y a nivel estatal han venido a ser una acción afirmativa que busca revertir esa subrepresentación y desde sus primeros antecedentes en leyes federales en 1996, han venido sorteando los obstáculos y mecanismos de simulación con los que se ha torcido la ley para no darle cumplimiento a la cuota de representación política de las mujeres.

Es hasta la sentencia 12624 del 2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se sentaron las bases para que los partidos cumplieran con la cuota establecida del 40-60 habiendo de cubrirla al menos con el 40 por ciento de mujeres candidatas en fórmulas integradas por mujeres propietarias y suplentes.

A raíz de esta sentencia es que en esta LXII Legislatura hay 184 diputadas y 42 senadoras con sus respectivas mujeres suplentes, que representan más del 38 por ciento en el caso de las primeras y 32 por ciento con respecto al Senado. Sin embargo los avances en esta materia son dispares. A nivel local las cuotas de género siguen enfrentándose a simulaciones y candados que las hacen inviables, y hay Congresos que no llegan ni al 10 por ciento de representación de mujeres.

A nivel Ejecutivo los resultados son peores, pues a nivel de presidencias municipales no hemos llegado a más de cinco por ciento de mujeres alcaldesas, mientras que en toda la historia de la ciudadanía de las mujeres mexicanas, sólo ha habido seis gobernadoras; cuatro de ellas electas y dos fueron designadas para terminar periodos constitucionales al frente del gobierno.

Siempre son contadas las mujeres a las que se les considera como secretarias de Estado y contadas las que en el ámbito privado cuentan con cargos de dirección. Abordar este tema en el Congreso no tiene como objetivo festejar o lamentarse, sino reconocer la responsabilidad que las y los legisladores tenemos para impulsar las medidas legislativas y presupuestales que hagan efectiva la ciudadanía de las mujeres.

No se trata únicamente de cubrir una cuota de mayor cargo político a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar de manera efectiva y en un sentido amplio la igualdad entre mujeres y hombres. 

La representación política de las mujeres es un tema ineludible para consolidar nuestra democracia. En este sentido, la democracia no será tal mientras se impida el ejercicio efectivo del poder político a las mujeres y ello implica apostar a una democracia paritaria.

Hoy, como mujer, me quiero manifestar por la agresión que están teniendo nuestras maestras normalistas en Michoacán. Me quiero manifestar por los tres jóvenes desaparecidos en Michoacán, tres jóvenes de Movimiento Ciudadano y que dentro de ellos hay una mujer muy joven.

Me quiero manifestar ante esta tribuna por la violencia estructural que están teniendo nuestros maestros normalistas desde la estructura de poder del gobierno de Michoacán. No puede ser posible que desde las propias estructuras de gobierno y los propios funcionarios se mofen y se burlen de los maestros normalistas.

No puede ser que desde las propias instituciones estemos violentando a nuestros maestros. Es peligroso que hagamos eso hoy en México. Estamos transitando por una cuerda muy tensa y no hay que dejar de mirar lo que sucede hoy en Michoacán. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Romero.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): Señor presidente, de manera muy respetuosa le pido a usted que nos apeguemos al tema, de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados, al artículo 114, fracción II; al artículo 116, numeral uno. Estamos dispuestos a debatir en el momento que sea necesario, que en Michoacán el señor gobernador restableció el Estado de derecho. Basta de chantajes, basta de impunidad, basta de secuestrar la vida y los bienes de los michoacanos.

El Presidente diputado José González Morfín: Su moción formará parte del Diario de los Debates. Sonido en la curul en la que se encuentra la diputada Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente, hago un llamado respetuoso a esta asamblea porque estamos interrumpiendo, no atendiendo y menospreciando un punto importantísimo que es el aniversario  59 del voto de las mujeres y no permitiremos que se meta otro tema y que ignore el diputado que acaba de pedir que se discuta Michoacán, cuando estamos hablando de nuestros derechos a votar. Le pido, por favor, mayor respeto al diputado.

Haremos en su momento la intervención que él solicita, pero le pido también que se ubique en el momento, en base al artículo 115. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para sumarnos a que se termine la ronda alusiva al 59 aniversario del voto de las mujeres, pero atendiendo la petición del diputado del PRI de hace unos momentos de que se debata con posterioridad el tema de Michoacán como él lo estaba pidiendo. Esa sería la petición que pedimos someta a este pleno.

El Presidente diputado José González Morfín: Fue una moción, no fue una petición; fue una moción de apego al tema en términos del Reglamento, como las otras que se están haciendo y que esta Presidencia hace suya y  vamos a apegarnos al tema. El otro habrá que agendarlo en su momento. Hoy tenemos un orden del día que fue ratificado por la asamblea.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para sus comentarios relativos a la celebración del 59 aniversario del sufragio femenino en México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, sé que este tema es un poco como que no muy importante para muchos, pero para las mujeres que estamos aquí, que somos el 37 por ciento hoy; el octavo país que lo ha logrado, es muy importante decirles lo que les tenemos que pasar a decir a la tribuna.

Ésta es la primera vez que esta Cámara de Diputados tiene un 37 por ciento de integrantes mujeres. Lamentablemente, no fue porque los partidos políticos hayan establecido la cuota de género como obligatoria. Esta presencia la tenemos por una sentencia de género que emitió el tribunal electoral.

Qué bueno que la emitió porque seguramente los legisladores hoy estarán de acuerdo en que es muy valioso tener esta presencia femenina. Lo digo porque quiero hacer también un reconocimiento a los señores coordinadores de todas las fracciones, y digo señores porque solamente son puros hombres. Les quiero hacer un reconocimiento porque, a pesar de ser puros hombres, han dado el 25 por ciento de presidencias de comisión a las mujeres y que además la presidencia más importante de esta Cámara para control del gobierno federal ha sido la de presupuesto y se le quedó a una mujer, a una compañera de nosotros. Muchas gracias a los coordinadores por esa decisión.

En segundo lugar, quiero aclarar que, a pesar de las diferencias que escuchamos hace un rato, la perspectiva de género no es una guerra de sexos, es una lucha de igualdad entre las mujeres y los hombres, es una lucha para que nos reconozcan, para que culturalmente derribemos esas barreras que nos hacen ver como menos que los hombres.

Por eso es tan importante que al día de hoy tengamos un 37 por ciento de presencia las mujeres, porque nos hacemos visibles, porque la gente en general va a ver que en general las mujeres también tenemos capacidad para el quehacer público. Por eso es importante que todas las mujeres estén aquí.

Además, es importante que estén las mujeres porque vamos a luchar por la agenda de otras mujeres, esas mujeres que a pesar de que tengamos 59 años –no son 59 porque desde el 47 los municipios nos hicieron favor de darnos la posibilidad de votar en los municipios para que aprendiéramos a votar–, ya en el 53 nos dieron la oportunidad de votar a nivel federal.

Pero porqué es tan importante que haya tantas mujeres en este Congreso. Es muy importante porque estas mujeres van a luchar por la agenda, pero también  es importante porque vamos a derribar esa cultura machista que impide muchas veces que nos vean como iguales.

Eso es lo que pretendemos con nuestro trabajo; hacer un trabajo de calidad, eficiente eficaz, que vea  la población en general que no solamente las leyes sirven para cambiar la forma de ver el mundo; que también nuestras actitudes en el trabajo público hacen de nuestro quehacer en la Cámara de Diputados y en todo el Poder Legislativo una situación importante para reconocimiento.

Quiero también decirles que lamentablemente, a pesar de que estas mujeres que estamos aquí hemos tenido la oportunidad, quizás la gran mayoría, de votar desde el 53, también es cierto que hay otras mujeres que sufren todavía la triple discriminación, que son nuestras mujeres indígenas. Lamentablemente en muchos de los municipios de algunos estados pobres de nuestro país estas mujeres no pueden ejercer ni siquiera su voto. Pero tienen triple discriminación porque son mujeres, porque son pobres y porque son indígenas.

Por esas mujeres estamos unidas en una agenda común las mujeres que estamos en esta Cámara de Diputados. Tengan por seguro que, además de haber luchado por un presupuesto desde hace dos legislaturas para transversalización de perspectiva de género, vamos a seguir luchando para que la mujer siga teniendo una presencia importante y también tenga ese trato de igualdad que nos hemos merecido siempre y que tiene poco que lo hemos podido concretar.

Compañeras y compañeros diputados: les quiero decir que hay una cita muy hermosa de Michelle Bachelet –que yo soy admiradora de ella– que dice que para que el pájaro pueda volar, necesita de las dos alas. Y también esta Cámara de Diputados para que pueda ser una excelente Cámara de Diputados, necesita de los hombres y las mujeres de esta Cámara para demostrarle a la nación quién es este Congreso de la Unión. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Ciertamente que la celebración del 17 de octubre y con ello el aniversario de la conquista del voto para las mujeres en México, es una fecha que hay que celebrar.

Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras participaron de la lucha durante décadas para que hoy sea realidad que las mujeres formamos este casi 37 por ciento que han señalado las legisladoras.

Podemos subir a esta tribuna una, 5, 10, 20 diputadas a congratularnos de esta fecha y de los logros; sin embargo, lamentablemente siguen existiendo oídos sordos a algunos problemas que nos aquejan. Por lo tanto podemos celebrar, pero también tenemos que atender los problemas que todavía tenemos.

¿Qué quiero decir? Hemos ganado derechos. En los años 20 las mujeres mexicanas salieron a las calles y organizaron el primer congreso feminista. En los años 20 también hubo ejercicio de legislación en algunos estados y se permitió la participación política de las mujeres.

En los años 30 miles de mujeres salieron a las calles en el frente pro derecho de la mujer y le pidieron al presidente Lázaro Cárdenas el otorgamiento del voto o el derecho del voto.

Fue hasta los años 50, siendo nuestro país el penúltimo en América Latina en obtener este derecho, que por fin las mujeres pudimos votar y ser votadas; pero de esto nos congratulamos.

Sin duda, la obtención del voto femenino ha permitido que las mujeres lleguemos a los espacios legislativos a ser magistradas, a ser presidenta de la Cámara de Diputados, a ser candidatas a la presidencia, a ser gobernadoras, senadoras, pero todavía tenemos muchos problemas que resolver.

Anoche, sin ir muy lejos, leía yo una noticia de una joven doctora que en el pueblo El Macho, nada más ni nada menos ese nombre tiene el pueblo, mis compañeros de Nayarit después me explicaron que no es una alusión a discriminación, pero en el pueblo de El Macho, en Tecuala, Nayarit, una joven doctora fue brutalmente violada y golpeada.

Por un lado nos podemos congratular del avance de nuestros derechos, el siglo XXI tendrá que ser el siglo de la paridad, el siglo de la igualdad, el siglo de la igualdad sustantiva. Tenemos todavía mucho qué hacer y necesitamos la construcción de un gran pacto, no solamente entre legisladoras; necesitamos la voluntad política y la colaboración de los legisladores también, para hacer efectivas las leyes que aún requerimos en materia de prevención de violencia; en materia de derechos sexuales y reproductivos; por más derechos sociales, por vivienda para las mujeres que son jefas de hogar.

Necesitamos avanzar codo con codo para hacer real la transversalidad de género en las instituciones públicas. Necesitamos de verdad crear ese pacto en el espacio legislativo para aumentar también los presupuestos para la equidad de género, y necesitamos también que estas leyes y políticas públicas que se puedan instrumentar en nuestro país vayan orientadas a la gran diversidad de mujeres mexicanas. Así nos lo requieren nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras adultas mayores; nuestras mujeres indígenas; nuestras trabajadoras del hogar.

Esta Cámara de Diputados tiene que celebrar este LIX Aniversario del voto para las mujeres mexicanas, refrendando su compromiso con las mujeres en su diversidad.

No quiero terminar sin antes felicitar a nuestras compañeras legisladoras que ayer, como parte de la celebración sostuvieron un partido de futbol amistoso con las periodistas de la fuente, y felicidades a la diputada Tere Mojica por sus dos goles, la diputada Tere Mojica, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna por cinco minutos, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 17 de octubre conmemoramos el LIX Aniversario del otorgamiento del voto a la mujer mexicana. Reconozco a todas las personas que han luchado por los derechos de las mujeres, en especial a las sufragistas, que hicieron posible con su causa que las mexicanas fuéramos consideradas como ciudadanas con todos los derechos.

Esta conmemoración renueva en las y los legisladores de Acción Nacional la oportunidad para insistir en la agenda de género y en la convocatoria a que trabajemos decididamente para hacer realidad la equidad y el goce de los derechos que todas merecemos.

El derecho al voto marcó, sin duda, el inicio de un camino que aún no concluye. Podemos subrayar como una señal positiva, el hecho de que esta Cámara está integrada con un 37 por ciento de diputadas, un avance significativo en el camino a la equidad que debe de traducirse en propuestas concretas para las mujeres que representamos.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que la participación de la mujer avanza de igual manera en los tres órdenes de gobierno. Aún en gobiernos estatales o municipales, inclusive encabezados por alcaldesas, como es el caso de León, Guanajuato, donde la presidenta María Bárbara Botello no ha incluido en cargos de primer nivel a una sola mujer.

Mujeres, quienes hemos logrado acceder a espacios de toma de decisión, estamos obligadas a abrir espacio a otras más. Seamos congruentes y avancemos juntas. Nunca más Juanitas.

Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, que para evitar casos tan penosos como éste, las suplencias en las fórmulas de candidaturas de mujeres en los partidos políticos sean ocupadas por mujeres.

Pertenezco a un partido político que fue quizá el primero en incluir mujeres en sus órganos directivos nacionales y establecer una organización destinada a promover la participación política de las mismas aún antes de que se nos reconociera el derecho a votar y ser votadas. Fecha que hoy conmemoramos.

Estoy orgullosa de militar en el partido que postuló a la primera candidata a gobernadora en la historia de México, que abrió espacios en candidaturas a presidencias municipales desde fines de la década de los 40 del siglo pasado, que tuvo a legisladores visionarios cuya primera iniciativa de reforma política, presentada en 1946, proponía establecer de manera irrestricta el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Quiero reiterar una vez más, que en la lucha cívico-política en nuestro país se tiene una larga lista de mujeres panistas, quienes desde las casillas hasta la tribuna del Congreso han sido fundamentales para conquistar los derechos políticos que hoy disfrutamos.

No olvidemos que a la mujer le fue negada su condición ciudadana durante siglos. En nuestros países latinoamericanos tuvo que esperar hasta a mitad del siglo XX, por lo que hago un llamado al presidente electo, para que en su gobierno atienda de manera puntual los compromisos que el Estado mexicano ha asignado. Le pedimos se comprometa con las mujeres de México.

Las políticas públicas, los presupuestos, las acciones y los grandes avances que se han tenido en la materia, durante la última década, deben ser continuados. Las mexicanas no estamos dispuestas a dar un paso atrás.

Compañeras y compañeros diputados, podremos tener diferencias ideológicas y programáticas, pero sí creo que somos capaces de acordar juntos las reformas que permitan crear condiciones de equidad y respeto a la mujer en nuestro país.

La lucha de las mujeres panistas, al igual que la de ustedes, compañeras, no ha sido fácil, pues a la incomprensión y discriminación que  hoy nos abruman en la realidad social, hay que sumar las distintas adversidades.

La causa de las mujeres panistas forma parte inseparable de la lucha de las mujeres de México y en ella continuaremos hasta alcanzar la equidad, el respeto y la erradicación de los factores de discriminación que menoscaban nuestra dignidad. Nunca más una mujer sin derechos en México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Saludo y doy la bienvenida a un grupo de niños y niñas de la primaria Niños Héroes, de Tezoyuca, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, y bienvenidas.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría: Con su permiso, señor presidente. A nombre de las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional vengo a hablar sobre un hecho pasado, de gran relevancia para el presente y sin duda, para el futuro de nuestra nación.

Hoy celebramos el 59 aniversario de la legalización del sufragio femenino, el poder de las mexicanas a votar y ser votadas.

Con el decreto del día 17 de octubre de 1953 se consumó la ampliación de derechos políticos que marca un hito en la historia de nuestra nación.

Las implicaciones derivadas de tan relevante acto son innumerables y saltan a la vista.  Todas y todos sabemos que más de la mitad de la población del electorado de nuestro país se compone por mujeres. En nuestro Congreso hoy tenemos 184 diputadas y 43 senadoras de la República.

Podemos atestiguar que mujeres de todas las expresiones ideológicas y partidistas encabezan o forman parte de las instituciones del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno.

No siempre fue así. Ha sido un largo camino de lucha y conquistas para la mujer. Las sufragistas y feministas del siglo XX dan cuenta de ello y este camino aún tiene largo trecho por ser transitado.

Ejemplos individuales y colectivos sobran para calibrar que la mujer mexicana luchó con igual valentía y sacrificio en gestas heroicas, que compartió las carencias y vicisitudes de las luchas libertarias, y que nunca se refugió en el pretexto de una supuesta fragilidad para evadir los peligros.

Tampoco le faltó liderazgo y madurez en los momentos críticos de nuestra historia. La mujer sabe estar al lado del hombre, pero sabe también dar un paso adelante cuando se requiere responsabilidad, carácter y valor.

A pesar de la innegable aportación de la mujer a la vida nacional los espacios de participación política le han sido regateados cuando no negados. Hay que recordar que las mujeres somos compañeras solidarias y aportamos al progreso familiar, social y económico de nuestro país.

Gracias a la lucha de innumerables mujeres y hombres valientes la situación de las mujeres ha ido cambiando. Para el PRI este memorable suceso representa un momento paradigmático en la vida democrática de México, explica en gran medida los avances que tuvo nuestra democracia y, sin lugar a dudas, sigue marcando el rumbo de una agenda de inclusión y paridad por consolidar.

Es necesario que mujeres y hombres asumamos responsabilidad en las transformaciones del siglo XXI, una fundamental será impulsar y profundizar en la transversalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano, hacer un pacto conjunto entre hombres y mujeres reconociendo la igualdad, sin dejar de lado nuestras diferencias, donde las palabras formen un lenguaje plenamente compartido.

La inclusión de la mujer es consustancial a la democracia. Es decir, no hay democracia plena cuando el poder es excluyente. Por ello mi partido, el Revolucionario Institucional, seguirá dando muestra cabal en discurso y acto de su compromiso con la construcción de una democracia de género, porque el derecho a votar y ser votado es sólo una expresión muy importante, sí, pero inacabada si no transformamos de facto las condiciones de exclusión en las que viven muchas mujeres mexicanas.

Cuando asumamos que hombre y mujer no somos rivales sin darnos cuenta casi habremos avanzado hacia el progreso, y lo habremos hecho acompañados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Belaunzarán. Dígame, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí, solamente, presidente, para que pudiera quedar asentado en el Diario de los Debates dos cosas: Uno, por supuesto que me congratulo que se haya discutido y que aquí no nos haya pasado desapercibido una fecha tan importante como la conmemoración del 59 Aniversario del Voto Femenino, una conquista democrática de las mujeres y de toda la sociedad en su conjunto que mucho reconozco, respeto, avalo y aplaudo de esta Cámara; un acontecimiento así no nos podía pasar desapercibido.

Pero así como me congratulo –y quiero que así aparezca en el Diario de los Debates– quisiera de alguna manera mostrar mi inconformidad, mi desacuerdo, mi decepción, porque no se haya considerado la discusión del tema de Michoacán. Si en esta Cámara no se discuten los temas importantes, lo que está sacudiendo a la opinión pública, no sé qué estamos haciendo.

Por lo tanto simplemente que quede asentado que quede asentado en el Diario de los Debates mi decepción, porque la Junta de Coordinación Política decidió omitir un tema tan importante para la discusión. Podemos estar a favor, en contra o no, pero en esta tribuna se tienen que discutir estos temas, y mostrar mi decepción por esto y quede así asentado. Le agradezco, señor presidente, su gentileza.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya fue recogida, pero ya la Cámara en su conjunto avaló la decisión de la Junta.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado Bonilla, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo a la presente iniciativa que el día de hoy someto a su consideración:

Uno de los problemas que enfrenta el campo mexicano es, sin duda, el continuo empobrecimiento de la tierra, además de las consabidas y múltiples dificultades que ha de atravesar la sociedad rural para su subsistencia, las consecuencias de comportamientos atípicos del clima agravan las condiciones de su desarrollo.

La desertificación es considerada por la ONU como el problema más grave que vive la humanidad y que afecta al medio ambiente y su desarrollo. Su avance produce sequía y empobrecimiento en todo el mundo, sus efectos más agudos se observan en los países pobres afectando de manera negativa el bienestar humano.

A nivel mundial ha propiciado la proliferación de ecosistemas frágiles propios de las zonas secas, a tal grado que la cuarta parte de nuestro planeta donde habitamos un sexto de la población mundial está formado por tierras áridas.

Según datos del Inegi cerca del 40 por ciento de la superficie en México es desértica o semidesértica y se encuentra en diferentes proporciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y en  mi estado natal, Zacatecas.

He de resaltar que en México se creó, mediante decreto presidencial el 5 de diciembre de 1970, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, sus atribuciones principales son: preservar y rescatar las actividades productivas endémicas de las regiones caracterizadas como zonas áridas; la promoción para la creación y consolidación de organizaciones de productores a nivel regional y sectorial, y la determinación de métodos para explotar, industrializar y comercializar los recursos naturales.

Sus programas fundamentales son la conservación y uso sustentable de suelo y agua, el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, la construcción de pequeñas obras hidráulicas y el proyecto estratégico de desarrollo de las zonas áridas. Aun cuando los buenos propósitos se orientan hacia la consecución de las bases de una forma de vida autosuficiente, sustentable y consecuentemente más digna para los pobladores de los ámbitos secos de nuestro país.

Una cantidad de ejidatarios que fluctúa entre los 12 y los 15 millones que viven en los 100 millones de hectáreas de zonas áridas y semiáridas de México, continúan dependiendo de la parcela o del pequeño estanque, realizando prácticas ancestrales de agricultura y ganadería que resultan anacrónicas y lo que no les permite superar los niveles extremos de pobreza en que subsisten.

Esta situación prevalece a pesar de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 8o, establece que –me permito citar– las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar. Concluyo la cita.

La presente iniciativa, compañeros diputados, tiene como finalidad precisar la incorporación del director general de la Conaza, al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y vincular las funciones administrativas y operativas de dicha comisión a las acciones que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anterior presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 3o., recorriéndose en su orden la fracción VIII actual a la IX y así sucesivamente hasta llegar a la XXXIV y se reforma el párrafo primero del artículo 17, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Compañeros diputados, es necesario abrir mayores oportunidades para los pueblos del semidesierto que han demostrado tener la capacidad de sobrevivir en condiciones totalmente adversas y que cuando han tenido programas de desarrollo han demostrado su amplia capacidad para ejecutarlos.

En el México del siglo XXI, se requiere que su potencial humano eleve las condiciones de vida de sus habitantes al obtener mayor calidad con políticas públicas y con programas de desarrollo regional que contribuyan a eliminar la desigualdad social. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín:  Muchas gracias, diputado Bonilla. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos preparatorianos del Instituto García de Cisneros, de Cholula, Puebla, que están hoy aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela: Con su permiso, ciudadano presidente; compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para compartir con ustedes una iniciativa muy importante para uno de los sectores sociales más vulnerables en nuestro país, y con ello pido que sea insertada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Quiero agradecer a la legisladora Leonor Romero Sevilla, y a los legisladores Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar y Omar Antonio Borboa Becerra, por sumarse  a este trabajo parlamentario.

Pido la atención debida porque voy a hablar de un grupo social, quienes ante todo, merecen nuestro respeto. Me refiero a los adultos mayores, a los hombres y mujeres de años.

Toda civilización originaria, todas aquellas culturas que nos antecedieron a la modernidad, han visto a los ancianos como guías, como maestros; conocedores del sentido de la vida; en principio porque entendían que ellos, los viejos, formaron lo que hoy se tiene.

Los ancianos de nuestro país son la historia viva del México que construyeron para nosotros.

Nuestros adultos mayores se encuentran en una etapa de vida donde las posibilidades de contar con una fuente de ingresos son bajas.

Sin embargo la realidad del adulto mayor en México cambió con el Programa 70 y Más del actual gobierno federal. Este apoyo llegó a dar nuevas esperanzas para millones de beneficiarios y beneficiarias.

La presente iniciativa busca contribuir a solventar en una parte importante las necesidades de nuestros adultos mayores otorgando certeza jurídica y permanencia en la Ley del Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 años, apoyos que se han convertido en un ingreso importante en los hogares mexicanos donde habitan nuestros adultos mayores.

Propongo en esta iniciativa asentar puntualmente preceptos que garanticen a los adultos mayores el disfrute de un ingreso seguro que representa muchas veces la diferencia entre comer o ayunar, entre comprar sus medicamentos o curarse con lo que se pueda o en el peor de los casos no atenderse con oportunidad, provocando así su propia muerte.

Propongo pues adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que se convierta en obligatorio otorgar, por parte del gobierno federal, un apoyo directo a las personas que cuenten con 70 años o más.

Es importante señalar que esta iniciativa contempla también dos temas fundamentales: el respeto a la dignidad de las personas adultas mayores y los medios de transparencia y rendición de cuentas que debe prevalecer en todo ejercicio de gasto público.

Es muy importante señalar que también se detallan en el cuerpo de la iniciativa mecanismos que garantizan el uso exclusivo del programa y la información derivada de ello a fines legales y legítimos en el marco del desarrollo social. Todo padrón de apoyo será público y en toda entrega de recursos resaltará la leyenda de ser un programa ajeno a institución política o candidato alguno, debiendo ser castigado el funcionario que con ello no cumpliera.

Propongo ante esta soberanía que el monto del apoyo directo sea equivalente a la cantidad correspondiente al 50 por ciento del salario mínimo general diario vigente y con ello prácticamente se estaría duplicando el apoyo bimestral que reciben los adultos mayores con el Programa de 70 y Más actualmente. Además, que éste se vaya incrementando en proporción a como se eleve este indicador económico.

Además propongo que el pago del apoyo se efectúe de manera mensual, garantizando así mayor solvencia para los adultos mayores que no cuenten con ningún otro tipo de ingreso.

En corresponsabilidad, los adultos mayores tendrían que cumplir algunos requisitos que son beneficiosos para su salud, por ejemplo, realizarse una evaluación geriátrica al menos una vez al año.

Señoras y señores legisladores: la vida me ha dado la grandiosa oportunidad de trabajar con gente de la tercera edad, de verlos de cerca, de escucharlos y entender sus necesidades. He visto sus rostros cansados, sus manos delgadas y marcadas por el tiempo, sus cabellos blancos y sus ojos vidriosos. Pero entre todo he visto también la esperanza que no desfallece, la firmeza que no se dobla y las ganas de seguir aportándole a nuestra patria.

Allá de donde soy, al norte del pedacito de México que me sirvió de cuna, en la cultura mayo-yoreme tienen un dicho muy oportuno que vale la pena citar: el joven debe aprender del viejo todo; pero antes de todo, primero la bondad porque eso le permitirá enseñar cuando sea viejo.

Hoy es tiempo de voltear a verlos, porque sin pretextos, ellos han construido en su esfuerzo una patria para todos. Les pido de una manera respetuosa tomar en consideración esta propuesta. Ellos no nos regatean su cariño y su consejo, no les condicionemos nuestro apoyo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Raquel Jiménez. Un momentito, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Para solicitar al diputado Castaños Valenzuela que acaba de presentar la iniciativa, poder suscribirme a la misma; sumarme al promovente. Y...

El Presidente diputado José González Morfín: No tiene inconveniente.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias. Y si me lo permite y abusando un poco, agradecer, espero que a nombre de todas las diputadas, si me lo permiten, también el detalle del diputado Fernando Salgado Delgado, por este detalle tan amable y caballeroso que ha tenido con todas las compañeras diputadas el día de hoy.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quienes desean suscribir la iniciativa está en manos de la Secretaría, pueden pasar a hacerlo. Adelante diputado Gaudiano.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: hago uso de la voz para presentar ante ustedes iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de tarifas eléctricas.

La energía eléctrica es una necesidad básica para las familias mexicanas y no es un lujo. La imposición de las tarifas de alto consumo doméstico está fuera de los subsidios que ofrece el gobierno federal, y se aplican a partir de los 251 kilowatts/hora, que representan un pago de al menos 900 pesos mensuales de energía eléctrica.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México la energía eléctrica es como un lujo tanto en hogares como en industrias, ha llegado a costar hasta el 75 por ciento más que en Estados Unidos de Norteamérica.

A pesar de las diferencias marcadas en los ingresos y la calidad de vida, las familias mexicanas llegan a pagar hasta más del doble en sus recibos de luz en comparación de quienes viven en países más desarrollados.

Ante esta realidad, en diversas entidades del país se han organizado resistencias civiles porque consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que consumen, sobre todo en aquellas ciudades donde las elevadas temperaturas hacen de los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración, una necesidad para soportar el intenso calor que se presenta durante casi todo el año.

Ahora bien, con la creación de la Secretaría de Energía, que se motivó en su decreto de 94, fue el de abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Lamentablemente esa facultad hoy en día la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde claramente existe una invasión en facultades que debe ser subsanada legislativamente.

En Tabasco, por citar un ejemplo, existe un conflicto histórico con la Comisión Federal de Electricidad, que involucra a más de 250 mil familias tabasqueñas que han dejado de pagar sus recibos por el monto exorbitante de éstos. Este problema inició en 94, primero como un problema político, una forma de protesta, pero posteriormente ya se convirtió en un problema socio-económico, en donde más de 250 mil familias no pueden pagar las altas tarifas de energía eléctrica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó de pagar a Tabasco el subsidio como parte del acuerdo compensatorio que desde el año 2007 se tuvo con la entidad. La solicitud específica en el caso de Tabasco básicamente ha consistido en que la Secretaría de Hacienda autorice las tarifas 1E y 1F, así como la ampliación del periodo de verano en toda la zona del estado. A diferencia del resto del país, Tabasco después de la temporada de verano continúa manifestando condiciones termométricas muy altas.

El objeto de la propuesta es el siguiente:

Primero. Que la Secretaría de Energía sea la facultada para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, con la participación de las dependencias que correspondan, informando constantemente a la Cámara de Diputados, quien emitirá su respectiva opinión.

Segundo. Se deroga la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en establecer y revisar los precios y tarifas eléctricas.

Tercero. Se otorga participación a la Cámara de Diputados en el proceso de determinación de las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, sin que ello signifique suplantar la labor técnica y financiera.

De manera complementaria –cito- el compromiso que hizo el 25 de junio del presente año el candidato priísta a la Presidencia de la República, quien firmó ante el notario público número 17, el compromiso de construir un proyecto hidrológico que evite inundaciones y el impulso de una reforma energética para que haya tarifas de luz justas para los tabasqueños.

En este momento un tabasqueño, en representación de mis conciudadanos, busco se otorgue certeza de transparencia y observación ciudadana en los costos de las tarifas eléctricas y pugnar porque sean justas y equitativas. Y en ese ánimo buscamos ser congruentes y asumamos juntos el compromiso en este sector tan importante a favor de México y a favor de Tabasco. Es cuanto, señor  presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3º y 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Tomás Torres Mercado: Es necesario, ciudadanos diputados, compañeros, compañeras diputadas, hacer un reconocimiento. La iniciativa que ahora pongo a su consideración, como deben tener todas, hay una fuente en la realidad, y digo es necesario reconocerlo por virtud de que derivó de una comunicación informal con el señor diputado González Morfín, presidente de la Mesa Directiva en funciones, a quien siempre le refrendo mi respeto por su diligencia, además, por su mesura en la conducción, pero además su congruencia política.

Les decía a algunos compañeros que no traigo el texto a mi alcance, por eso le voy a pedir que reproduzca en sus términos, en el Diario de los Debates, el documento que la contiene.

Y buscaba al diputado Marcos Aguilar, que preside la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con el propósito, estimado presidente, de que si es posible la iniciativa que he traído la haga suya la mesa directiva y la Junta Directiva de la comisión respectiva, es decir, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Es muy simple. Se trata de incorporar al artículo 3 y al artículo 93 del Reglamento, la institución de la fe de erratas que reiteradamente se recurre a ella en el procedimiento legislativo, pero que no tiene marco reglamentario ni tiene marco legal.

En días pasados desafortunadamente se generó un desencuentro y una polémica innecesaria al haber dicho que alguien había mutilado una parte del contenido del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. No es el caso.

Simplemente sostengo que no fue así y que hay que desestimar las imputaciones infundadas, pero que en todo caso el Reglamento debe reconocer que en el procedimiento legislativo cuando se modifica algún aspecto gramatical o una incorrespondencia de lo que se haya discutido con relación al texto, es decir, que se modifique la impresión más no la parte sustantiva de la autoría, debe ser recogida en el Reglamento. Por eso, he visto necesario presentar esta iniciativa con la finalidad de que la fe de erratas se describa, pero además se regularice su tratamiento en el procedimiento legislativo.

He señalado que parece irrelevante, pero cuando alguna parte del dictamen no ha sido discutida en las comisiones y votada en las propias comisiones, o presentada por la vía de reserva o de modificación por las comisiones dictaminadoras puede provocar que se violente el procedimiento, y que en todo caso, la construcción contenida en un dictamen se venga abajo por una cuestión de procedimiento.

Ése es el propósito de la iniciativa, yo le voy a pedir al señor presidente de la comisión que he señalado, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y a la propia Mesa Directiva, diputado González Morfín, que además, por digamos, la simplificación para discutirla y votarla, ojalá en la práctica, hablar de fe de erratas sea con ajuste a un marco reglamentario para conducirnos por el camino de ese marco normativo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Llevaré, con mucho gusto, porque comparto su preocupación, el tema a la Mesa Directiva y, por supuesto, será insertada íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el actuar de las autoridades debe constreñirse a la realización de todos aquellos actos que las propias normas jurídicas le permiten, sin trazarlas y sin dejar a libre capricho de gobernantes la realización de determinadas actuaciones, pues de no ser de esa manera, se generaría un estado de incertidumbre jurídica y social. Y es precisamente en esta situación en la que se encuentra la figura jurídica de la extradición dentro del sistema jurídico mexicano.

Aunado a lo anterior se observa que han surgido diversos tratados en materia de extradición y las leyes especializadas en dicha materia. En México, desde el año de 1974 se cuenta con la Ley de Extradición Internacional, misma que ha regulado el procedimiento que deben seguir los Estados recurrentes, a efecto de obtener la extradición de determinada persona.

Si bien es cierto que en el derecho internacional se ha establecido la obligación de otorgar la extradición, si es que existe la correspondiente de trato, menos verdadero resulta el hecho de que cuando se trata de nacionales del Estado requerido, la entrega se torna, efectivamente, queda a juicio del Estado. Pero con la obligación subsidiaria que en el caso no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado que requiere.

En ese sentido, es válido expresar que la extradición en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones. Una de ellas y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida.

Por regla general, la mayoría de los Estados niegan la extradición de sus propios nacionales. Solamente hay siete Estados que se han mostrado dispuestos a acordar la extradición de sus propios nacionales, a saber México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Colombia. Los demás niegan la extradición de sus nacionales e incluso tienen disposiciones constitucionales por las que se prohíbe.

Por lo que, en ese sentido, en nuestro país –tanto la teoría como la práctica– han abordado el tema de la posibilidad de extraditar a un ciudadano mexicano, lo que ha sido incorporado al sistema normativo dentro de la Ley de Extradición Internacional en su artículo 14, al establecer: que ningún mexicano podrá ser entregado a un estado extranjero, sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. Lo que ha permitido la extradición de varios mexicanos a otros países, principalmente a Estados Unidos de América.

De este precepto se advierte que el legislador mexicano estableció una excepción al principio de extradición internacional, tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es que no procede su entrega a un Estado extranjero, pero también instauró la regla específica, el expresar que corresponde al Ejecutivo federal conceder la extradición en casos excepcionales y su juicio.

Debemos comentar que el Ejecutivo federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición de un mexicano a un Estado extranjero, en casos excepcionales debidamente justificados, por tratarse de una excepción a la regla general que encuentra sustento en el principio de reciprocidad internacional, lo que puede caer en el uso arbitrario o caprichoso de la misma, ya que la procedencia de la extradición.

A efecto, de que el Poder Ejecutivo federal cumpla con el principio de seguridad jurídica para con todos los ciudadanos mexicanos, es por ello que proponemos que la presente iniciativa reformar y adicione el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, con la finalidad de sentar las hipótesis jurídicas mediantes las cuales, la extradición de un connacional podrá ser otorgada al país extranjero solicitante.

Lo anterior con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica, a través de la Ley de Extradición Internacional, es por ello que se propone adicionar diez fracciones al artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, en las que se incluyan aquellos delitos considerados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de aquellos delitos que se han considerado graves por la comunidad internacional, y los cuales serán los únicos casos en que la extradición de ciudadanos mexicanos es procedente.

Lo anterior se realiza con el propósito de que los ciudadanos mexicanos tengan la certeza y seguridad de que sólo en las hipótesis planteadas concedan su extradición sin que la misma quede a discrecionalidad del Ejecutivo federal, evitando así conductas arbitrarias y totalitarias que lleven a un estado de incertidumbre jurídica, que es lo que se pretende evitar desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia para su dictamen.

Saludamos a un grupo de alumnos de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, de la licenciatura de derecho, que se encuentran hoy aquí, invitados por el diputado Javier Guevara González. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos a un grupo de invitados del diputado Alejandro Rangel Segovia, que son representantes de empresas de las industrias Metalmecánica, Automotriz y de Autopartes del estado de Guanajuato. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano tiene como parte de su andamiaje jurídico nacional, así como por la celebración de diversos tratados, convenios y disposiciones internacionales, la obligación de promover la participación política de las mujeres.

La reforma constitucional del 11 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, estableció con base en el principio propersona, reconocido en el artículo 1o., la facultad para que todas las personas puedan invocar y apoyarse para la defensa y protección de sus derechos en los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país.

A pesar de lo anterior  y de que en los últimos años se han logrado reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar en alguna medida la presencia de más mujeres en espacios de representación pública, la realidad imperante nos demuestra que estos avances han sido insuficientes.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque estamos seguros de la necesidad inaplazable de cumplir con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, en especial la participación política que es un derecho humano, mismo que debe estar garantizado en la Constitución de manera explícita.

La iniciativa que presentamos propone que los partidos políticos deben promover y garantizar la paridad de género en todos los cargos de elección popular, desde el cargo de Presidente de la República hasta la integración de los ayuntamientos y que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integren garantizando la igualdad de oportunidades y la paridad de género.

En la nación mexicana las mujeres conformamos más de la mitad de la población, en una democracia como la nuestra la paridad en la representación y en la administración del país debe ser una exigencia y esto no solo por una simple razón de género, sino para ser congruentes con la estructura poblacional de la República.

Debemos tener una composición similar a la de la sociedad en que vivimos, en donde las mujeres participemos activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales.

Los argumentos aquí esgrimidos, así como los compromisos internacionales en la materia que mencioné antes, nos indican la enorme necesidad de llevar a cabo estos cambios, así como una completa armonización legislativa en materia de paridad y acciones afirmativas en cuanto a la participación política de las mujeres en cualquier ámbito, pero sobre todo en el estatal y en el local, que es donde tenemos los mayores rezagos.

Compañeras y compañeros legisladores –nosotros lo sabemos-, ser protagonistas en la acción pública, tarea que nos ha encomendado la ciudadanía, nos otorga visibilidad, lo que invita a otras personas a seguir el curso de nuestras acciones, tanto para mujeres como para hombres. Seamos los principales impulsores de sus trayectorias políticas y profesionales. En nuestras manos está el que se establezcan amplias redes de legitimidad y el sustento.

Lo anterior no sólo es una prioridad, es una obligación que tenemos como partidos políticos a inspirar a que las mujeres participen y se interesen en la esfera pública de las distintas corrientes políticas tanto a nivel federal, estatal o municipal.

En nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos seguros que estas adiciones y reformas a nuestra Carta Magna son esenciales para que en los albores de este tercer milenio más pronto que nunca lleguemos a cumplir con el proyecto de nación libre de prejuicios y discriminación que todos anhelamos, en donde la proporcionalidad y la equidad de género realmente se lleven a cabo, en donde las condiciones de igualdad para hombres y mujeres, para competir por puestos de elección popular y participar en la toma de decisiones, sean verdaderamente justas. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos  el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para  presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación, el suscrito diputado José Alejandro Montano Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

México es un país que cuenta con 11 mil kilómetros de costas, de los cuales 8 mil 475 kilómetros corresponden al litoral del pacífico y 3 mil 117 kilómetros al golfo de México y el mar Caribe.

Tenemos 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros; 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos, en donde se desarrolla una actividad pesquera que nos ha posicionado en lugar número 16 a nivel mundial.

En esta agua interiores y marítimas se desarrolla una actividad que se reconoce fundamentalmente para la política alimentaria nacional como es la pesca, que produce más de 1.7 millones de toneladas anuales de productos pesqueros; que es una actividad donde se realiza un gran esfuerzo para el sostén de la industria pesquera de las familias que dependen de ella, así como de sistemas de vida que se hereda de generación en generación.

Son miles los mexicanos que dedicados a la noble actividad pesquera enfrentan una problemática recurrente en el oficio que sustentan.

La aplicación de vedas a la producción pesquera para proteger el desarrollo de especies, sin que se brinde a los pescadores alternativas de empleo temporal que les permita mantener a sus familias.

Si bien el artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad al trabajo, lo cierto es que la población que depende de la pesca cada año enfrenta el dilema de abandonarla temporalmente, generando pobreza entre las familias que dependen de ésta. Los más de 200 mil pescadores, frente a las vedas que cada año se establecen quedan en la indefensión, sin fuentes de trabajo y sin apoyos por parte de la autoridad para poder subsistir.

Siendo una potestad del Estado mexicano el proteger la fauna que crece en las aguas nacionales susceptibles de explotación pesquera a efecto de promover una pesca sustentable, también es su responsabilidad el impacto social de la población que depende de esta actividad.

Tengamos presente que la libertad de trabajo que prescribe la Constitución es una de las garantías que más contribuyen a la realización de la felicidad humana, que el individuo suele desempeñar la actividad que más esté de acuerdo con su idiosincrasia, preparación, habilidad o inclinaciones natas o innatas y que el trabajo constituye el medio por el que el hombre puede conseguir lo que se ha propuesto, como fama, dinero, reconocimiento, además de conseguir sus fines vitales, el medio por el cual adquiere su sustento diario y el de su familia.

La disposición consagrada en el artículo 5 constitucional tiene ciertas limitaciones como que el trabajo a desempeñar sea lícito y no vaya en contra de las buenas costumbres sociales o  las normas del orden público.

Por otra parte, este artículo consagra la igualdad, ya que en sus  términos indica que esta libertad al trabajo se hace extensiva a todo gobernado, sin distinción alguna.

Para José María Lozano el trabajo es el elemento principal que el hombre tiene a su disposición para llegar a los altos fines de su conservación, su desarrollo y su perfeccionamiento, resultado de la combinación de su inteligencia y de su facultad física. Provee sus necesidades y las pone en actitud de desempeñar los principales deberes que tiene para con la sociedad.

Es uno de los primeros derechos y por consiguiente la ley que impide que el trabajo se restrinja, que le imponga condiciones irracionales, viola los derechos de la humanidad.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a ustedes, compañeras y compañeros diputados, el siguiente proyecto de decreto.

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

En el caso de que por causas naturales, sociales o económicas se deteriore el ejercicio de estos derechos, el Estado desarrollará medios alternativos para prover fuentes de trabajo dignos, permanentes o provisionales en tanto se restablezca la situación original. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial.

Transitorio

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2o. En el caso específico de las vedas de la actividad pesquera, el Poder Ejecutivo desarrollará programas especiales de empleo temporal que auxilien a las personas dedicadas a esta actividad a garantizar su ingreso y el de sus familiares. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos el diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Raúl Paz Alonzo: Con su venia, señor presidente. Durante los últimos 20 años México ha estado inmerso en diferentes procesos económicos que no han permitido disminuir de manera constante los niveles de pobreza y desigualdad que dejó el siglo XX.

La crisis financiera que sufrió nuestro país en 1994 incrementó sustancialmente el número de mexicanos en situación de pobreza, interrumpiendo así el magro avance logrado durante el sexenio que le precedió.

Cierto es que a partir de 1998 México comenzó un período de recuperación y crecimiento económico sostenido.

En el 2004 la Ley General de Desarrollo Social crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del Estado, Coneval, cuyas funciones son, entre otras, las de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas.

A diferencia de países como España o Chile, la medición de la pobreza en México no depende el Instituto Nacional de Estadística. El Coneval es una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico para generar información objetiva y útil que contribuye a la mejora de la política de desarrollo social; sin embargo, al ser un organismo público sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, su autonomía es limitada y puede ser sujeta a intereses ajenos a los fines para los cuales fue creado.

Por ello, en Acción Nacional consideramos que es necesario realizar una modificación legal a efecto de fortalecer la autonomía, imparcialidad y objetividad del Coneval.

Diversas voces académicas institucionales e, incluso, desde esta tribuna, en otras legislaturas, han pugnado por estos mismos objetivos, que sin duda le permitirán hacer todavía más eficiente su actuación.

Esta iniciativa recoge todas esas voces en una propuesta integral que busca dotar al Coneval de fortaleza jurídica al convertirlo en un organismo descentralizado no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión y presupuestaria además de establecer y ampliar sus atribuciones, con lo cual se consolida su independencia ante las distintas instancias de la administración pública federal.

Asimismo, consideramos importante con el objeto de fortalecer la operación y dotarlo de certeza jurídica, que sus atribuciones queden establecidas plenamente en la ley, así como dejar claro que la designación del director general, antes secretario ejecutivo, pueda ser objetada por esta soberanía en pro de garantizar que quien vaya a conducir a este organismo y sus tareas cuente con el perfil y las capacidades necesarias para ello.

En una sociedad democrática, el trabajo de instituciones como el Coneval se vuelve esencial para las decisiones públicas. Fortalecer su institucionalidad generada en años de arduo trabajo garantiza la transparencia y la imparcialidad en beneficio de todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, como bien lo afirmaba don Alonso Lujambio; la transparencia es un tema obligatorio de la política y la economía moderna. Dotar de autonomía e independencia al Coneval abonará sustancialmente no sólo en una mayor legitimidad, sino también en una mayor transparencia, lo que significa dar un paso más para construir el México moderno al que todos aspiramos. Es cuanto lo que tengo que decir, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, presento una iniciativa para atender el reclamo de miles de pequeños ahorradores defraudados en las cajas de ahorro. Lo que ha ocurrido y en este momento sigue ocurriendo, es que la gente deposita sus recursos y las remesas que reciben desde el extranjero en las cajas de ahorro, donde se presentan miles de abusos cuando los administradores actúan como vivales y desaparecen de un día para otro, convirtiendo en humo los ahorros de toda una vida.

Ante la falta de sucursales bancarias, las familias buscan alternativas para resguardar su patrimonio, pero eso permite que se abuse de la necesidad, en especial en las zonas con menor nivel educativo y donde no hay conocimiento de los sistemas financieros. Así, muchas familias de Oaxaca, Puebla, Tabasco, Guerrero, Zacatecas y Veracruz que confiaron en las cajas de ahorro, han perdido lo único que tenían.

El marco regulatorio de esta actividad, emitido hace 12 años, ya está rebasado pese a la buena voluntad con que se aprobó en el año 2000, cuando se estableció la Ley del Fipago.

¿Cuáles son los principales problemas? En primer lugar, es injusto mantener el límite temporal que no permite recuperar su patrimonio a las personas defraudadas en las cajas constituidas después del 2003.

Por la falta de control por parte de la federación, existen miles de casos, sin atender, de personas que fueron víctimas de defraudación en fecha posterior al 2002 y a quienes se les niegue el acceso a los recursos del Fipago.

En segundo lugar, el monto de acceso para la recuperación del recurso afectado es inadecuado. Hay casos de 5 mil a 9 mil pesos, pero como el monto básico del Fipago es a partir de 10 mil pesos, esas personas nunca son atendidas y eso es una verdadera injusticia.

En tercer lugar, la operación del Fipago es casi unilateral, ignorando que las demandas sociales no se presentan en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, sino en los gobiernos estatales. Incluso, si se realizan aportaciones por parte de las entidades, la ley no les reconoce el carácter de fideicomitentes ni derecho de voz.

En cuarto lugar, hay discrecionalidad en los criterios para suspender las aportaciones federales y no existe proporción entre la cantidad de las aportaciones que deben hacer la federación y las entidades. El contenido de la iniciativa es el siguiente:

Reforma al artículo al artículo 8 de la Ley del Fipago, para permitir que las personas defraudadas en cajas constituidas después del 2002 sean beneficiadas del Fipago, extendiendo su cobertura al último día de 2011 en beneficio de las familias afectadas.

Reforma al artículo 11 para establecer las cifras de 5 mil pesos como pago básico para que la cobertura incluya a los pequeños ahorradores.

Reforma al artículo 3o., para que los gobiernos que suscriban convenidos tengan voz en el Comité del Fideicomiso.

Reforma al artículo 6o., para reconocer el carácter de fideicomitente a las entidades que en la actualidad realizan aportaciones.

Reforma al artículo 10 para limitar la suspensión de los recursos federales al incumplimiento de las obligaciones de las entidades y establecer que la proporción que debe guardar la aportación federal respecto de la estatal tenga un mínimo de tres por uno.

Debe destacarse que esta propuesta de iniciativas tiene importantes antecedentes y un proceso de construcción de consenso. Así hay que señalar, la iniciativa que presentó en agosto de 2011 el Congreso del estado de Oaxaca ante el Congreso de la Unión, esta determinación fue unánime y tuvo el respaldo del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano.

Los mejores testigos de este acuerdo son los compañeros diputados Martín Vázquez Villanueva, del PRI, entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política; y Eufrosina Cruz Mendoza, diputada del PAN, entonces Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Oaxaca, quienes ahora promueven esta iniciativa con un grupo plural de legisladores federales del PT, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI y del PRD, a quienes les agradezco su apoyo a nombre propio y de la diputada Alliet Bautista Bravo, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Además, el proyecto que hoy presentamos fue discutido y consensuado con las organizaciones de los afectados, como el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, además de procesarlas con las autoridades gubernamentales de la entidad.

Compañeras y compañeros, demos el primer paso en la revisión del marco legal del ahorro popular, actuemos de inmediato ante lo urgente, que es corregir las deficiencias de Fipago que perjudican a los ahorradores que actuaron de buena fe y que les impide recuperar su patrimonio. Termino, señor presidente.

No dejemos, compañeros y compañeras, solas a las familias ante requisitos y plazos ineficientes. Demostremos el sentido social de la actividad legislativa. Logremos que la gente no solo recupere su ahorro sino también la confianza en las instituciones.

En atención al tiempo de todos ustedes no daré lectura al nombre de todos los diputados que suscriben esta iniciativa, y por ello, le solicito a la Presidencia que sea integrada al Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. La iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates. Y si no tiene inconveniente, también con la firma del diputado Ricardo Mejía. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores, quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad para expresar mi reconocimiento, admiración y respeto a la mujer mexicana, en este día en el que conmemoramos el derecho fundamental que les asiste al sufragio.

A nombre de mi compañera diputada Zuleyma Huidobro González, diputado Ricardo Monreal Ávila y de un servidor, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o, fracción V, inciso c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Como bien saben, nuestro sistema jurídico mexicano contempla dos sistemas de protección a los derechos humanos: el jurisdiccional, al cual le corresponde la característica de la coercitividad, esto es, le corresponde el imperium del Estado.

El otro, el no jurisdiccional, que integran los organismos públicos de derechos humanos, los cuales devienen del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuales les corresponde el conocer de toda queja que se deriva de un acto u omisión de un servidor público de los tres órdenes de gobierno. Lo cual significa que ambos sistemas tienen la trascendental función de proteger y tutelar nuestros derechos fundamentales, ambos emanados de la propia Carta Magna, y por ende les corresponde el coordinarse para lograr tan importante objetivo, cada uno por supuesto en el ámbito de sus competencias.

Sin embargo, el artículo 5o, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece en esta fracción lo siguiente: Proporcionar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando lo solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo a investigaciones en curso o la seguridad de personas.

Bajo este argumento, erróneamente la Procuraduría General de la República en forma sistemática niega información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual no solamente violenta estos derechos de las víctimas de estas presuntas violaciones a derechos humanos, ya que esto se deriva de este derecho que –reitero– se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, así como de una serie de tratados internacionales, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Universal de Derechos Humanos, situaciones que de igual manera se replican en los estados, a través de las solicitudes que las comisiones estatales realizan a las Procuradurías de Justicia de cada entidad federativa.

Como todos bien sabemos, el sistema de justicia y su impartición en nuestro país no es el mejor ni el óptimo, como muchos desearíamos, sin embargo la impunidad que tenemos por encima del 95 por ciento es verdaderamente gravísima.

Los centros de reinserción social en México alojan principalmente a personas de escasos recursos, la pregunta es: ¿Qué pasa con esas personas que ingresan a un centro penitenciario? Si tenían un trabajo o un negocio fuera de esta prisión lo pierden; y esto representa un costo de vida y de derechos fundamentales de ellos, de igual manera a las de sus familias.

Resulta por ello indispensable que si la Procuraduría General de Justicia y la Procuraduría General de la República tiene la información que le requiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ésta verifique el curso que haya tomado la indagatoria, es de la mayor importancia y trascendencia que proceda a hacer la entrega correspondiente.

En tal virtud someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa a nombre –reitero– de la diputada Zuleyma Huidobro González, del diputado Ricardo Monreal Ávila y de un servidor, la iniciativa de reforma al artículo 5o, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 5o., fracción V, inciso c): Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando lo solicite en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, señor presidente, le solicito que sea incorporada esta presentación al Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Coronato. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A nombre de la Cámara de Diputados le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros del Cetis Universidad, Campus Tijuana que se encuentran hoy de visita en la Cámara de Diputados, invitados por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos con gusto a un grupo de alumnos de la licenciatura de sociología de la UNAM, que están aquí invitados por la diputada María de las Nieves García Fernández. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También con mucho recibimos a un grupo de alumnos de la Telesecundaria Venustiano Carranza, del municipio de Naucalpan, en el estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa está suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, buenas tardes. En la última década se ha venido discutiendo en México la necesidad de una reforma fiscal integral. Hoy, a través de la presente iniciativa queremos proponer una medida específica, esencial para cualquier transformación del sistema tributario mexicano, me refiero a la necesidad impostergable de que se haga realidad el principio de simplificación tributaria, que le permita al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera ágil, oportuna y con certeza jurídica.

México es un país donde la recaudación es notablemente baja, en comparación con los países de  la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), mientras que nuestro sistema tributario tiene un promedio de recaudación del 9.6 por ciento, en los países más desarrollados la recaudación se eleva a un promedio del 35 por ciento; es decir, los sistemas tributarios de los países de la OCDE recaudan tres veces más que el nuestro.

La recaudación de impuestos en nuestro país enfrenta serios problemas de evasión, elusión y simulación, que repercuten en la baja recaudación que debilita al Estado mexicano. En estas circunstancias el Estado carece de los recursos fiscales necesarios para enfrentar sus obligaciones constitucionales en materia de educación, salud, seguridad social, seguridad pública, entre otras.

En Nueva Alianza consideramos que es absurdo que además de los problemas estructurales de nuestro sistema tributario, existan problemas originados en la confusión y la complejidad de los cálculos y los trámites que deben realizar los contribuyentes para cumplir sus obligaciones fiscales.

Los contribuyentes cumplidos –en cambio-, que son la mayoría y no necesariamente los más grandes, tienen derecho a que el proceso para determinar y pagar sus contribuciones fiscales sea un proceso simplificado ágil y oportuno.

En función de ello presentamos esta iniciativa para reformar el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo que estamos proponiendo en síntesis, es que se considere un derecho fundamental del contribuyente el contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación, tanto en la política como en la legislación y en la gestión tributaria. De este modo, el contribuyente cumplido tendrá cada vez mayor certeza jurídica y se le estimulará a la continuidad del cumplimiento oportuno.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la presente iniciativa que de aprobarse contribuirá a fortalecer las finanzas públicas, pero sobre todo, hará posible que en México se desarrolle una cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta dinámica aportará elementos de certeza y justicia para el ciudadano y necesariamente incrementará los niveles de legitimidad del Estado.

Preciso: es necesario que en las disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión, mismos que deberán establecer muy claramente considerar como derecho del contribuyente, el principio de simplificación en la política, en la legislación y en la gestión tributaria.

Esto dará a nuestro país un régimen tributario más justo, más equitativo, más transparente pero sobre todo, de mayor estímulo al contribuyente que sí cumple y permitirá sentar las bases para una mejor recaudación fiscal de aquellos que hasta el momento se han mantenido al margen de la misma.  Por su atención y comprensión, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Aprovecho también la ocasión para corregir el turno de la iniciativa presentada por el diputado Carlos Antonio Altamirano, por el que propone modificar el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas, que queda turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la de Fomento Cooperativo y Economía Social, para opinión.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Faustino Félix Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos y  de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, también del Código Fiscal de la Federación. Viene firmada también por los diputados: Antonio Astiazarán y Flor Ayala Robles, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Faustino Félix Chávez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, los suscritos diputados del grupo parlamentario del PRI por Sonora, presentamos ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación, lo anterior con el propósito de modificar el mecanismo para la fijación de las tarifas eléctricas en consideración  de la siguiente

Exposición de motivos

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad se abrieron importantes expectativas que perfilaron el desempeño de ésta como una institución de gran trascendencia para el desarrollo del país.

El decreto de 1937 la define como una institución encargada de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basados en principios técnicos y económicos sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales de la población.

Luego, con la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, el entonces Presidente Adolfo López Mateos, presumía que con este acto se consumaba un largo esfuerzo realizado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica.

Posterior a estos decretos se han otorgado al gobierno federal facultades para promover y regular el servicio, entre ellas determinar las tarifas.

Hoy el marco jurídico se aleja de la realidad social al ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultada para determinar las tarifas por consumo de energía eléctrica, donde por la misma naturaleza de la dependencia se establece un criterio recaudatorio, dejando de lado factores igualmente importantes para establecer tarifas justas para la población.

De hecho, es la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, presidida por el secretario de Hacienda, donde se acuerdan las propuestas de ajustes, las cuales, según la ley, deben formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo, sin disponer que deben tomarse en consideración otros factores como el clima o la condición socioeconómica de la población para permitir alcanzar el objetivo histórico de la institución.

El resultado son tarifas altas, lo cual ha generado un conflicto permanente entre la sociedad y la Comisión Federal de Electricidad, mismo que se ve reflejado en constantes manifestaciones de la ciudadanía en estados como Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinalo o Tabasco, sólo por citar algunos.

En gran parte de nuestro país las altas temperaturas se traducen en un alto consumo de energía, lo cual impacta negativamente en el desarrollo de las actividades económicas; incluso, sin estos consumos la salud de los habitantes de estas regiones se ve seriamente amenazada.

Todo esto ha encontrado eco en esta misma soberanía, donde Legislatura tras Legislatura se emiten exhortos a la autoridad federal para que se revise el tabulador de tarifas vigentes, sin encontrar un resultado favorable.

A lo anterior se une la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde los ministros determinaron que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios es de carácter contractual entre empresa y cliente y no se genera una relación entre autoridad y gobernado, lo cual deja al ciudadano en un estado de indefensión ante cualquier irregular o abuso que pudieran presentarse en el cobro que realiza la paraestatal.

Por todo lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo principal reformar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica  para que se considere que las tarifas por el suministro de energía eléctrica queden establecidas en la Ley Federal de Derechos y no en el Código Fiscal de la Federación, consagrando además que éstas deberán ser justas y asequibles para la población.

También propone reformar la Ley Federal de Derechos con el ánimo de establecer de forma precisa que los cobros por concepto del servicio público de energía eléctrica son contribuciones en el rubro de derechos. Asimismo rescata la propuesta que plantea que sea la Comisión Reguladora de Energía quien proponga ajustes o restructuración de las tarifas eléctricas, donde además deberá incorporar consideraciones de carácter socioeconómico y de clima, entre otros, para el cálculo de las tarifas.

Esta iniciativa no descuida la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para transportar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en congruencia con lo que dispone la Constitución, la facultad de ratificar a los comisionados que conformarán la dirección de esta comisión a propuesta del Ejecutivo, los cuales necesariamente deberán destacarse en la ciencia de materia energética.

La iniciativa que hoy presentamos busca de manera integral una adecuación al marco jurídico para permitir establecer tarifas justas para el suministro de energía eléctrica y rescatar el espítitu por el cual se nacionalizó la industria, que es lograr que todos los mexicanos tengamos derecho a acceder y gozar del servicio de electricidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa y solicito amablemente al presidente de la Mesa Directiva se incorpore en forma íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Diputado; el diputado Enrique Reina quiere adherirse a su iniciativa. ¿Tiene usted inconveniente?

El diputado Faustino Félix Chávez (desde la curul): No, adelante.

El Presidente diputado José González Morfín: A todos los diputados que desean suscribirla que pasen a la Secretaría a suscribir la iniciativa, y se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes compañeras diputadas y diputados, el acceso al mercado laboral para las personas de 40 años o más se torna cada vez más complicado; las oportunidades disminuyen, y la discriminación, en consecuencia, se puede percibir claramente.

En nuestro país se han diseñado instrumentos legales o de política pública que apoyan la inclusión laboral de los adultos de 60 años; sin embargo, la discriminación laboral no empieza a partir de esa edad, sino desde los 40.

El mercado laboral se oferta a personas de menor edad, dejando fuera a este numeroso sector de la población que se encuentra en plena madurez física y mental y con el bagaje invaluable de su experiencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, promoviéndose al efecto la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley.

Asimismo, la Carta Magna en su artículo 1o. prohíbe la discriminación por motivos de edad. A nivel de legislación secundaria en nuestro país la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a ésta como toda distinción, exclusión o restricción que basada en la edad, entre otros motivos, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Asimismo, el recién aprobado dictamen de la reforma laboral en esta Cámara de Diputados y en proceso de aprobación por la Cámara de Senadores previó en su artículo 3o. que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de edad.

En la práctica es posible identificar esta problemática a partir de una simple lectura de los periódicos en la sección de la bolsa de trabajo, donde la mayor parte de las ofertas de empleo van dirigidas a personas que oscilan entre los 20 y los 35 años.  A partir de ahí, las ofertas empiezan a decrecer hasta prácticamente cerrarse.

La transición democrática por la que atraviesan los países latinoamericanos está generando cambios en la estructura por edad de la población con consecuencias para el crecimiento económico a largo plazo. Este envejecimiento de la población alerta sobre la necesidad de promover todas aquellas medidas que sean necesarias para que los adultos de 40 años o más no sufran una discriminación laboral.

La crisis económica afecta la inclusión laboral de la población en edad de trabajar y asimismo la situación económica conforme se avanza en edad, es una preocupación que forma parte de las prioridades de los gobiernos, por lo que este tema no ha sido ajeno para otros países del mundo como España; Francia; Argentina; Colombia; Estados Unidos y Uruguay, donde se han promovido diversas acciones de carácter legislativo y de política pública tendientes a proteger laboralmente a este sector de la población.

En la actualidad, las empresas prefieren contratar a personas que se encuentran entre los 20 y los 39 años, sin tener en consideración una serie de beneficios que se obtienen al abrir los espacios laborales a personas de 40 años o más, tales como aprovechar su experiencia y habilidades acumuladas a lo largo de su trayectoria laboral, logrando en consecuencia un aumento en la productividad de la empresa y en el grado de satisfacción del cliente.

Asimismo, se genera una auténtica atmósfera de motivación al personal, a más de que se ennoblece la imagen pública de las empresas al ser incluyentes en su política de contratación.

La iniciativa que presento el día de hoy tiene como objetivo principalísimo promover la inclusión  en el mercado laboral de los adultos de 40 años o más, a través del otorgamiento de un estímulo fiscal del impuesto sobre la renta, a los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales que los empleen.

Nuestro país enfrenta un gran desafío y tiene una deuda con los adultos de 40 años o más, a quienes en los últimos tiempos se les complica incorporarse al mercado laboral, por lo que es urgente que se legisle a su favor.

Con la inclusión del estímulo fiscal del impuesto sobre la renta se permitirá avanzar hacia mejores niveles de bienestar y se contribuirá a fortalecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo.

Al Poder Legislativo le corresponde generar desde su ámbito específico de facultades las condiciones para el empoderamiento económico de su población, del grueso de su población, y es hora de hacerlo.

Solicito respetuosamente, diputado presidente, el que se incluya íntegra en el Diario de Debates la presente iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará. La iniciativa queda inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 74 y 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. La presente iniciativa de reformas a la Constitución que presento y que suscriben los compañeros integrantes de Movimiento Ciudadano, pretende frenar el exceso de endeudamiento que se ha presentado en diversos estados de la república. Estamos planteando reformar el artículo 73 para incorporar una fracción en ese artículo, que establezca la facultad del Congreso de la Unión para establecer leyes que regulen la contratación de empréstitos o créditos en los estados, y estamos planteando en el artículo 74, como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los estados. Se hace un reenvío al artículo 117 constitucional, para que haya congruencia en la Constitución.

En las últimas fechas ha habido diversas iniciativas para impulsar la transparencia, para homologar criterios contables, pero nos parece que para frenar el nocivo endeudamiento que se ha dado en algunos estados hacen falta soluciones mayores.

En algunas entidades se han consolidado auténticas satrapías, es decir, gobiernos despóticos y corruptos que utilizan el presupuesto como si fuera de su propiedad, y para esta medida han recurrido a endeudamientos, que bien calificaríamos de endeudamientos criminales.

Este debilitamiento del presidencialismo ha derivado en un feudalismo extremo que es necesario frenar. Por eso nos damos cuenta hoy de estas satrapías en entidades como Chiapas con Juan Sabines, en Coahuila con los Moreira, en Zacatecas con Miguel Alonso, en Quintana Roo con Borge y el común denominador de estos estados es el excesivo endeudamiento.

Se podrá decir que establecer como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la autorización para que se contraten estos créditos es una medida centralista, pero, señoras y señores, en esos estados no existe división de poderes. Los Congresos locales están sometidos bien por cooptación, contubernio o de intereses creados, de tal suerte que autorizan cualquier crédito que les piden los ejecutivos locales.

De igual manera, los bancos han estado sumados a esta orgía financiera y han estado concediendo créditos de manera indiscriminada, muchas veces de manera fraudulenta, como se demostró en algunos miles de millones de pesos, que se contrataron en Coahuila con documentos falsos y que los bancos y Hacienda estuvieron avalando. Por esa razón, estamos planteando esta reforma a la Constitución. Insisto, a grandes males grandes remedios.

Por otra parte, queremos también llamar la atención, precisamente hablando de satrapías y de gorilatos y de gobiernos autoritarios, otros temas.

Ayer en la Junta de Coordinación, que se ha convertido en una aduana impasable para ciertos temas, se negó la posibilidad de traer a esta tribuna...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le recuerdo que estamos en el periodo de presentación de iniciativas, que en este periodo no se puede ni siquiera hacer preguntas de interpelación.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Estoy hablando de satrapías y de gobiernos autoritarios que es parte de la justificación de esta iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que se apegue al tema, que presente su iniciativa...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: No me coarte, señor presidente, el uso de la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: ...pero no se puede abrir un debate en el apartado de iniciativas, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Estoy razonando mi iniciativa. Y en ese sentido, nosotros llamamos la atención, precisamente hablando de falta de transparencia de créditos faraónicos, de dos temas, el tema de la compra del nuevo avión presidencial por 3 mil millones de pesos que no se quiso tratar en esta tribuna. Y por otro lado, reprobamos la represión y la guerra de odio de Fausto Vallejo en Michoacán. Michoacán es la continuación del modelo Atenco de Peña Nieto.

Nosotros por eso estamos haciendo un llamado a que estos temas se traten, para evitar, precisamente, este llamado de atención de la Mesa Directiva. Nosotros exigimos que haya reconciliación en Michoacán y eso pasa por la renuncia de Fausto Vallejo.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya hice yo la moción, diputado, pero no tengo más alternativas. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Romero. Ábrase, por favor, el sonido en esa curul.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): Respetuosamente le reitero mi petición de que se aplique el Reglamento de la Cámara de Diputados, relativo al artículo 114, fracción II de apego al tema. Y le solicito respetuosamente que la Secretaría de la Mesa Directiva se sirva dar lectura al artículo 114, fracción II y al artículo 116, numeral 1.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría atienda la petición del diputado Romero. Estoy atendiendo una petición, inmediatamente después.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 114, fracción II. Apego al tema. Las mociones podrán ser de apego al tema. La moción de apego al tema es el llamado al orador cuando éste divague, se aparte del tema o refiera asuntos distintos, para que se ciña a la materia que motive la discusión.

El Presidente diputado José González Morfín: Que usted vio que fue exactamente lo que yo hice, diputado Romero. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Señor presidente, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. La Constitución está por encima de cualquier otra norma y por otro lado, insistimos en que esto es parte de la cerrazón. Estos temas se deben ventilar abiertamente. Insistimos en la renuncia de Fausto Vallejo al gobierno de Michoacán.

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a continuar con el orden del día y la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Ernesto Núñez, por favor.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): Presidente, efectivamente usted ya hizo la moción de que se apeguen al tema, pero sí quiero manifestar mi protesta a estas acusaciones temerarias e infundadas, y que además el diputado que habló ni siquiera tiene conocimiento del caso de Michoacán, que se apeguen al tema y que dejen de estar levantando cortinas de humo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Vamos a seguir con la sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Javier López Zavala: Con su permiso, señor presidente. en este sexenio que concluye vimos la falta de sensibilidad, carencia de rumbo y d políticas públicas adecuadas que eleven la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos.

Una de las propuestas del presidente electo, Enrique Peña, es utilizar de manera eficiente los recursos públicos, por ello es que en esta iniciativa abordo el tema de los subejercicios.

Los subejercicios son un problema que aqueja a nuestro gobierno y afecta principalmente a los contribuyentes, es necesario ver por ellos y debe ser sancionado el funcionario público que los origine. Debemos buscar la aplicación eficiente de los recursos, ésa es la asignatura pendiente que necesitamos resolver los legisladores, para proteger la economía de las familias de nuestro país.

El presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados en la legislatura que nos antecedió documentó, con base en los informes trimestrales presentados por la Secretaría de Hacienda, 2011, en la Cámara de Diputados, cifras verdaderamente sorprendentes de subejercicios.

El gobierno federal en seis dependencias presentó la mayor cantidad de subejercicios por un monto superior a los 22 mil 471 millones de pesos. Por ejemplo, Sedesol dejó de ejercer 6 mil 703.50 millones de pesos; Reforma Agraria, 351.50 millones de pesos; y la Sagarpa 721.40 millones de pesos; la SCT 5 mil 600 millones de pesos designados para proyectos de infraestructura económica, carreteras alimentadoras y caminos rurales; la Secretaría de Salud presentó un subejercicio de casi 4 mil millones de pesos en el Programa de Fortalecimiento de las Redes de Servicio de Salud, y de mil 300 millones en el Programa de Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención de salud, y 500 millones en el Programa de Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

La Secretaría de Reforma Agraria y la Sagarpa un subejercicio de recursos por más de mil millones de pesos, a pesar de que el año en comento tuvimos sequías que sufrimos en todo el país, sobre todo en el norte de la república mexicana.

Lo anterior sin contar los recursos que se van a fideicomisos poco transparentes, que son reportados como recursos ejercidos, sin embargo su manejo es discrecional y poco claro.

¿De qué sirve que el Ejecutivo federal solicite al Congreso mayor cantidad de recursos si no los aplica? No es justo que se apriete a la ciudadanía en cada ejercicio presupuestal con más impuestos, si el gobierno no garantiza que serán gastados de manera eficiente.

El tema de fondo es saber a qué nivel se han subejercido estas cantidades millonarias como las que se tienen documentadas en los informes trimestrales que ya he comentado. ¿Será por negligencia de los funcionarios? ¿Por dolo o por mala fe? ¿Por cuestiones política? No lo sé. Sin embargo es necesario que el Poder Legislativo actúe en consecuencia; necesitamos hacer una reforma de fondo tomando en cuenta todas las propuestas que se han vertido en materia de subejercicios.

Esta iniciativa tiene como intención fortalecer el servicio profesional, que los funcionarios públicos federales designados tengan claro conocimiento de las actividades que deben de realizar. Es necesario sancionar a las y a los servidores públicos en su responsabilidad, que no lleven a cabo las labores que les correspondan.

Actualmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es estricta en cuanto a sanciones para los servidores públicos; cuando el servidor público por negligencia, dolo, omisión o mala fe, no realiza las obligaciones expresamente marcadas en el artículo 8o. de la ley citada, no existe una sanción ejemplar, dado que el artículo 13 de la ley en mención divide las faltas administrativas en graves y no graves. Entre las graves no se contempla que no formule y ejecute los programas, los planes y presupuestos correspondientes a la competencia.

Si consideramos expresamente como falta grave el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8o, además de las expresadas en el artículo 13 de la mencionada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lograremos garantizar que quienes ostentan un cargo de designación dentro de la administración pública tendrán la obligación de realizarlo con la mayor probidad posible.

De no tener la capacidad para realizar su trabajo o realizarlo con dolo o mala fe abusando de sus facultades, también serán objeto de las sanciones que se expresan en el artículo 13, las cuales consisten, además de las que marca el Código Penal y las leyes afines al tema, la destitución inmediata de su cargo.

En resumen, esta iniciativa tiene por objeto garantizar que las y los servidores públicos, desde los secretarios de Estado, jefes de departamento, de unidad federales que tengan bajo su cargo la implementación de programas, así como la distribución de recursos, cuenten con la capacidad necesaria para la realización eficiente de su encargo y, en caso de incumplimiento, sean destituidos inmediatamente.

Con la aprobación de esta reforma podremos garantizar el uso eficiente de los recursos, que bajen los índices de subejercicio en el país y sobre todo podremos bajar las cargas fiscales a los contribuyentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Javier. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a ciudadanos del Distrito XIX, de Tlalnepantla de Baz, invitados por la diputada Aurora Denisse Ugalde Ugalde Alegría.

También a alumnos de la Universidad ETAC, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, invitados por nuestro querido amigo don Reinaldo Navarro de Alva.

Y, claro, a los alumnos de la Universidad Libre de Derecho del estado de Puebla, invitados por Frine Soraya Córdova y por un servidor de ustedes, Francisco Arroyo Vieyra. Sean ustedes bienvenidos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1414 Bis-7 del Código de Comercio.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con su venia, presidente. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. El día de hoy subo a tribuna para comentarles lo que está sucediendo con la garantía de audiencia y el registro único de garantías mobiliarias.

Como ustedes saben, la garantía de audiencia es la máxima que debe existir en todo debido proceso. Es la oportunidad –como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia- de que una persona que piensa que se están conculcando sus derechos se pueda defender y hacer alegatos; o, dicho de otra forma, es el derecho a ser oído y vencido en juicio.

Como ustedes saben, en el año 2009 mediante un cambio que hubo en el Código de Comercio, se estableció el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Hace unos días el diputado Salinas –de mi bancada-, presentó una iniciativa para fortalecer esta institución. En ese mismo sentido va la reforma que yo les estoy presentando.

Como ustedes saben, el RUG, Registro Único de Garantías Mobiliarias, lo que busca es inscribir garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier tipo de crédito.

El objetivo es crear certeza y seguridad jurídica respecto de las personas que garantizan cualquier inmueble y respecto de las personas que se verían beneficiadas con esta garantía.

¿Cuál es la problemática actual? La problemática que tenemos es que según como está la legislación actualmente, no se está favoreciendo el derecho de garantía respecto de probables terceros perjudicados.

¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que se le dé vista en el juicio. Y ¿de qué forma? De una manera muy sencilla. Como ustedes saben el RUGM es un registro que se encuentra en línea. Es decir, basta con tener una computadora que tenga Internet para que nosotros podamos buscarlo.

Lo que se está buscando aquí es que cuando uno presenta su demanda, el actor al mismo tiempo anexe una búsqueda que haga respecto del RUGM en su computadora. De esta manera el juez va a poder estar en posibilidad de llamarlo a juicio y si esta persona tiene la intención de manifestar lo que a su derecho convenga, así lo hará.

Como sabemos las ventajas que va a tener esta reforma, es que se le está dando audiencia a quienes antes no la tenían. Con esto se van a evitar probables juicios de amparo y se está reduciendo el trabajo que puedan tener los jueces.

Se abona a la credibilidad del RUGM y por otro lado, como ya se los mencioné es muy sencillo hacer esto, no tiene costo y sí traería grandes beneficios.

Por tal motivo es que yo estoy pidiendo que se incluya un tercer párrafo en el artículo 1414  y 17 con el siguiente texto.

“El actor deberá demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias y establecer en su escrito inicial de demanda, el resultado de la misma.

“Lo anterior a fin de garantizar el derecho  de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso el juez deberá realizar la notificación correspondiente”.

Como ustedes ven es una iniciativa muy sencilla pero que abona mucho para el derecho de audiencia que es un derecho muy anhelado para todos y les pido que en su oportunidad se pueda votar esta iniciativa a favor junto con la que presentó el diputado Salinas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente doña Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde, tiene la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, México es un país con más de 112 millones de habitantes distribuidos a lo largo de un territorio con marcas divergencias regionales en donde persisten desigualdades y graves problemas sociales.

Es de sobra conocido que los recursos federales siempre resultan insuficientes ante las crecientes demandas de la sociedad.

Por ello la definición de en qué y cómo se gastan, son decisiones clave a través de las cuales se establecen y hacen efectivos los principios generales y prioridades de gobierno. En ese sentido el Presupuesto de Egresos de la Federación es uno de los más importantes instrumentos de la política pública.

La moderación en el gasto y la búsqueda de una completa claridad en su ejercicio, adquieren una nueva dimensión y contenido, no como atributo del discurso moderno, sino como verdaderos paradigmas de la acción gubernamental.

Transparencia y austeridad son componentes ampliamente aceptados en el ámbito de la administración pública como dispositivos de control que inhiben el uso indebido del servicio público y favorecen el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Son también elementos de respuesta a la legítima demanda ciudadana de un mejor gobierno que brinde resultados más efectivos y rinda mejores cuentas haciendo más con menos.

En nuestro país los mecanismos para hacer efectivos estos controles no están suficientemente desarrollados en la normativa presupuestal. A partir de 2006, el gobierno federal publica anualmente decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina en el gasto de la administración pública federal.

Asimismo, se han incorporado criterios en los ejercicios presupuestales. Tal fue el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 , en el que se incluyó un capítulo denominado De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública.

Sin embargo, como sabemos, los resultados concretos de las políticas de austeridad son muy discutibles. Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contiene disposiciones generales de austeridad y disciplina presupuestaria dirigidas a los ejecutores del gasto como regla a observar durante su ejercicio, pero no existe un mandato expreso para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren lineamientos de austeridad y transparencia que perfilen el diseño y sujeten el ejercicio de dicho instrumento.

Por lo tanto, es imperativo crear mecanismos que institucionalicen la austeridad y la transparencia como pautas para orientar el diseño, aprobación y ejecución de los recursos públicos.

La iniciativa que hoy presento propone adicionar la fracción V al artículo 16 de la ley, incorporando la obligación de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifiquen los criterios de austeridad y transparencia, señalando las medidas de disciplina y racionalidad a realizar para reducir el gasto, las metas que se pretende alcanzar anualmente y las responsabilidades de los ejecutores del gasto en materia de transparencia.

Con ello, la definición del gasto público incorporará desde su proyección dos de los más importantes atributos de un gobierno democrático, abierto y eficaz, concentrado en la búsqueda de prácticas y modelos administrativos que potencian las capacidades institucionales para dar respuesta a los problemas que México y los mexicanos enfrentamos cotidianamente.

Señores legisladores, iniciativas como la que presento  ante ustedes deben ser discutidas y aprobada en comisiones. Principios fundamentales como la austeridad y la transparencia deben ser criterios rectores medibles en el Presupuesto de Egresos, mismo que deberá contener ajustes contrastables que permitan disponer de mayores recursos para enfrentar los arduos problemas que se viven en nuestro país: el combate a la pobreza, el fomento a la educación, el derecho a la salud y sobre todo para poder elevar el nivel de vida de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, espero que me tengan un poco de indulgencia o que la tengan con esta Presidencia porque con su concurso voy a violar un poco el Reglamento en función de un interés superior.

La diputado Malú Mícher y un grupo de apreciables compañeras nos han anunciado que por un fin muy noble van a tomar la tribuna por un momento. Lo hacen con el concurso de esta presidencia y lo hacen para llamar la atención de la sociedad mexicana en relación con el Día Internacional de la Detección Oportuna del Cáncer de Mama.

Esta Presidencia accede, siempre ha sostenido el criterio de que el derecho parlamentario también es uno que facilita el interés superior que significa que todos nos pongamos de acuerdo, en este caso, para tan noble fin.

Diputada Malú, compañeras -servidas con un enorme cariño-, sólo les encargo que no tapemos el águila nacional para que la violación del Reglamento no sea tan severa.  Son tres minutitos y con un enorme gusto y cariño. Sólo no tapen, por favor, el águila nacional por un asunto de respeto; y además otras compañeras traen un guante rosa y ya verán ustedes qué parte de su cuerpo van a explorar.

Muchas gracias por la salud y la vida de las mujeres. Nuestras compañeras hacen esta manifestación con el concurso y el cariño de todos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura, ya que estamos en este marco de conmemoración de los derechos de la mujer –en este caso de la niña–, dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con el Día Internacional del Niño. El puro resolutivo, apreciable señor secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura para que observen y atiendan en todas sus actividades legislativas el principio del interés superior del niño previsto en la Constitución General de la República y en la Convención de los Derechos del Niño, al momento de elaborar y aprobar los dictámenes que les corresponda.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de octubre de 2012, firmado por los señores coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse, señor secretario, si es tan gentil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado don Rosendo Serrano Toledo, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que detenga los procesos de licitación de contratos para parques eólicos.

El diputado Rosendo Serrano Toledo: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, quiero llamar su atención por un asunto que hoy en día en la región del Istmo de Tehuantepec está desatando conflictos, que desde cualquier punto de vista no deberían suceder, no deberían suceder porque esta situación no fue atendida oportunamente y que hoy, por un descuido de ese tipo y por la falta de regularización, sobre todo en términos jurídicos,  hoy ya es un conflicto.

Estoy hablando de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Yo me acuerdo cuando era chamaco -yo soy originario de allá, de Cuidad Ixtepec-, los vientos a veces de 120, 140 kilómetros por hora, nos poníamos de frente y el viento nos peinaba. No había necesidad del peine. Hoy ese viento es riqueza en mis territorios, donde yo soy originario.

Hoy ese viento vale oro, como dicen nuestros paisanos; hoy ese viento puede sacar, con un buen proyecto, incluso con inversión de la iniciativa privada, que no estamos en desacuerdo de ello; al contrario, bienvenidas sean esas inversiones, hoy podremos desarrollar nuestras comunidades con ese favor de Dios que nos dio en esa región del  Istmo, que es el viento, desarrollando parques eólicos desde el punto de vista comunitario.

En esos parques eólicos se ha dado el estudio de que podrían generar sólo en la región del Istmo de Tehuantepec, más del 10 por ciento de la energía que consume nuestra nación. Por ello quiero llamar la atención para que puedan apoyar este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, para detener a que Comisión Federal de Electricidad, que es la institución que regula esta instalación de parques eólicos, las licitaciones sobre todo en un proyecto que hemos presentado desde la comunidad de Ciudad Ixtepec, del Proyecto Eólico Fase 1, Fase 2. No lleva otra intención.

Por eso, presidente, quisiera ser didáctico y –sé que su conducción es una muy buena– que me permita enseñar cuál es la situación, espero no ponerlo al revés.

Éste es el estudio que se tiene de la ventaja del viento allá en el Istmo de Tehuantepec, de excelencia en su mayor parte del 100 por ciento. Una vez que este estudio lo hizo el Departamento de Energías Renovables de los Estados Unidos, gobiernos anteriores, sin consultar a las comunidades lo dividieron y comenzaron a ofertarlos a las compañías particulares.

¿Y que ha ocasionado este tipo de situación incorrecta? Conflictos en las comunidades y obviamente que ahora ponen en duda y en riesgos estos capitales, de manera innecesaria.

Urge darle un marco jurídico a esto, donde los capitales privados deben ser bien vistos, pero también deben ser bien vistos que las comunidades lleve en esto también sus ventajas y sobre todo, compañeras y compañeros, que también sean muestra y se pueda resarcir a las comunidades para el progreso de ellos mismos. Eso es lo que estamos pidiendo en este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, que nos apoyen.

Lo suscribo y le voy a pedir al presidente, porque no me daría tiempo, con el tiempo es más ya me estoy pasando, que aprobado en la Junta de Coordinación Política lo meta con integridad a la mesa de los debates.

Quisiera leer textualmente nada más el punto de acuerdo, después de esta explicación, que espero haya sido didáctico, fui 12 años maestro y espero que sí me hayan entendido.

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que detengan los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso, Sureste 1, Fase I, Fase II, con números de procedimiento LO-018TOQ054-T11-2012, y con el mismo numeral, nada más con el T12; así como los programados para el futuro próximo, hasta que se hayan adaptado las bases de licitación para facilitar la participación de las propuestas comunitarias.

No quiero ser irreverente con el tiempo, con la paciencia de ustedes, pero de veras, compañeros y compañeras, esto es importante para detener –termino, señor presidente– una situación que no es correcto que se dé en las comunidades del Istmo de Tehuantepec.

Por su atención y con mucho respeto también, vamos a pedir la intervención de las autoridades del gobierno del estado, para que no haya ni un enfrentamiento por algo que podemos solucionar con un marco jurídico. Muchas gracias, y estamos a sus órdenes, para los compañeros y compañeras que necesiten mayor información sobre este tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues más que meterlo vamos a transcribirlo íntegramente en el Diario de Debates. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 100, si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, del PT. ¿Está doña Lilia? No está en el salón de plenos. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Es el mismo caso que antecedió a mi participación. Que vale la pena hacer una reflexión para este punto de acuerdo. Comunidades como la de San Lorenzo Pápalo, en Oaxaca, se encuentran en la extrema pobreza, y que en este mismo estado también están pugnando por la apertura de parques eólicos, de lo cual Movimiento Ciudadano no está en desacuerdo, por el contrario, quiere la energía limpia y renovada.

Sin embargo, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad han sido objeto de los saqueos más desalmados y de los actos de corrupción más emblemáticos y monumentales. Ambas paraestatales han sido diezmadas por prácticas funestas, a manos de las últimas administraciones, como el llamado contratismo.

De manera inconstitucional e ilegal, pero cobijados en la impunidad, los directivos de dichos organismos han celebrado un sinfín de contratos con empresas privadas que disparan exponencialmente los costos de funcionamiento de las paraestatales.

Además, los mecanismos de asignación de tales contratos se han caracterizado por implicar procedimientos turbios y poco transparentes. Son incontables las muestras de malos manejos y corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.

Citar algunos de estos casos, como en el año 2000, el titular de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secodam, antecesora de la Secretaría de la Función Pública, había informado al titular de la Comisión Federal de Electricidad de las irregularidades en doce obras llevadas a cabo por la empresa en ese entonces.

En esos documentos se puntualizaba que se pagaban contratos de subestación y líneas de transmisión que no estaban en operación, empresas fantasma, las copias de las facturas y recibos correspondían a subestaciones que no se encontraban funcionando.

En 2007 la Comisión Federal de Electricidad celebró un contrato con la empresa española Repsol para el suministro de gas por 500 millones de pies cúbicos diarios, el servicio contratado tenía un costo real de 6 mil 26 millones de dólares.

Sin embargo, al Comisión Federal de Electricidad diseñó dicho acuerdo en condiciones totalmente desventajosas y gravosas para el Estado mexicano, ya que por 15 años el servicio de la paraestatal se comprometía a pagarle a la empresa española 21 mil millones de dólares.

Por otro lado, se señaló en su momento que la Comisión Federal de Electricidad había otorgado ilegalmente el contrato, pues el estudio de impacto ambiental necesario para autorizar el proyecto fue hecho con una gran deficiencia y violación a la protección de los manglares.

No obstante lo anterior, en julio de este año, la Comisión Federal de Electricidad dio pie a la regeneración de su contrato con Repsol de compra de gas natural licuado en su terminal de Manzanillo, Colima, luego de que el precio del mercado en los Estados Unidos tuvo una caída muy fuerte.

Es decir, de manera inexplicable la propia Comisión Federal de Electricidad ha dado pie a la posibilidad de retractarse del acuerdo en virtud de la caída de los precios del gas natural en el sur de Texas, porque ya no es negocio para la compañía española.

Como es de todos conocidos, desde principios del año pasado renunció por supuestos motivos de salud quien estuviera a cargo de la Comisión Federal durante 12 años. La administración que encabezó dicho ex director de la paraestatal se caracterizó por solamente impulsar la participación de empresas privadas y generación de energía eléctrica, principalmente para negocios extranjeros, violando la Constitución.

Asimismo, durante su administración se desbordaron emblemáticos casos de corrupción como el de Néstor Félix Moreno, hombre de todas las confianzas del ex director de la Comisión Federal de Electricidad. –Concluyo, señor presidente.

Tenemos que ponerle atención a todos estos casos de corrupción, en donde el dinero en estos contratos se va para el extranjero, para las empresas extranjeras, y no hay control; por tanto, este dinero que se va serviría para atender a todas nuestras comunidades que tienen hambre y necesidades importantes de educación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por tres minutos, por favor, tres minutos o hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como lo hemos manifestado ya en esta tribuna varias veces, el medio ambiente no puede esperar y México tampoco.

El sentido del voto del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México será en contra en esta ocasión, puesto que no podemos dar marcha atrás a los grandes avances que hemos tenido en nuestro país, en lo que respecta al tema del medio ambiente y lo que tiene que ver con las energías renovables.

Hemos avanzado en diferentes instrumentos internacionales, en los cuales nos hemos comprometido a dar un seguimiento puntual a todos estos proyectos. Por supuesto que estamos a favor de que las comunidades y de que la economía regional y municipal se fortalezca con todos estos proyectos, pero nos parece que no es el camino el regresarnos y cancelar lo que ya está hecho. Hay que trabajar; sí, en un marco jurídico desde las comisiones, desde la Comisión de Energía, desde la Comisión de Medio Ambiente y todas aquellas que tienen que ver con estos puntos.

Estamos a favor de que por supuesto se desarrolle la economía regional. Hoy los próximos o ya presidentes municipales van a tener uno de los retos más grandes que enfrenten el poder buscar los mecanismos de apoyo económico para fortalecer la economía regional, es decir, van a tener una creatividad diferente y diversa a la que se ha tenido, buscando el apoyo mediante fideicomisos, empresas paraestatales, organismos internacionales, etcétera.

Nosotros estamos aquí para proponer que hagamos un camino verde, de dos vías: por un lado la energía para el desarrollo económico, y por el otro el tema del medio ambiente para que podamos tener un país vivible, viable y equitativo, mediante la creación de este andamiaje jurídico, el cual nosotros estaremos dispuestos a trabajar de la mano con todos los actores involucrados.

Es por ello que en este caso estamos nosotros en contra de que se cancele el proceso de licitación de lo que ya se inició. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, que ya vino a explicarme por qué no estaba presente a la hora que le tocó.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto? No se exalte, diputado. Le doy la palabra con mucho gusto, diputado Muñoz Soria. ¿Con qué objeto? Creo que tiene que hacer algún trámite ahí con el dedo. –Perdón.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Diputado presidente, solamente para pedirle, si es tan amable en darme el uso de la palabra, porque quería hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que estamos en posturas de grupo y no operan las preguntas, por eso no es posible.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Me parece que el orador no entiende la propuesta, por eso quería hacerle la pregunta. Me extraña que el representante del Partido Verde diga que van en contra. La propuesta no es que se suspenda; la propuesta es que se considere la opinión de los habitantes de esas regiones a propósito de los parques eólicos. No quisiéramos que se den situaciones como la que se da en Michoacán o como la que hay ya en la región con protestas de los habitantes de esas regiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escuchó diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Bueno. A ver, por favor, por favor, le pido respeto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene, diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Usted tiene la costumbre de que cualquier petición de la palabra que uno hace, siempre lo hace en tono de burla. Le pido respeto. Somos pares. El hecho de que usted esté allá arriba, no le da ninguna facultad para estar burlándose de manera permanente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De ninguna manera, diputado, tiene usted mi respeto.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Bueno diputado, nada más le pido respeto. Cerramos el caso, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con mucho afecto a dirigentes municipales y regidores de la CCI del estado de México, invitados por su diputada federal aquí presente. Continúe, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente. Con la venia del pleno. Este punto de acuerdo nos muestra claramente que no todo lo relacionado con energía es Pemex; y aparentemente no todo Pemex está relacionado necesariamente con la producción de energéticos para los mexicanos. Ésa es otra discusión que se dará pronto en este pleno.

Déjenme contarles una historia para poder sustentar el posicionamiento del PT. En el 2009, como ya lo dijo el iniciador –creo que esto vale para los diputados del Verde Ecologista-, la asamblea de los comuneros de Ixtepec, Oaxaca, aprobó el desarrollo –un proyecto– eólico comunitario no para eliminar el existente, sino para que éste nuevo modelo los incluyera e incluyera también que hubiera derrama económica para los comuneros y para los miembros de la comunidad del Istmo.

Este modelo eólico garantiza el control de los pueblos originarios y da a la comunidad un papel central en los proyectos, mientras que el actual sólo ha dejado beneficios a empresas extranjeras y ha dejado también violencia y varios muertos y heridos en los conflictos sociales que se han generado en el Istmo.

Sin embargo esto necesita, como ya se ha comentado también en esta tribuna, un contrato de la Comisión Federal de Electricidad que ha sido negado porque no ha querido ser considerado el proyecto de los comuneros, que es un proyecto que creo que debería de analizarse y además de replicarse en el país. Esto no es una casualidad. Es un doble pecado. ¿Por qué es un doble pecado?

Primero. Porque este proyecto que han presentado los comuneros del Istmo permite la generación en economías comunales de generar nuevas fuentes de energía que dejen derrama económica a sus tierras de origen.

Segundo. Porque una vez que la CFE ha otorgado miles de contratos de este tipo, ahora se los niega a los comuneros sin ningún fundamento real.

Es por eso que lamentamos que ésta haya sido la posición de CFE. Nos unimos al punto de acuerdo y la posición del PT es decir, en el tema de energía no todo es Pemex, también debemos de incluir energías renovables y también debemos de incluir y de considerar economías comunales como este proyecto que se está presentando en el Istmo de Tehuantepec. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD, tiene la palabra.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Gracias, señor presidente. Vengo a dar el posicionamiento de nuestro partido y quiero aclarar algo al diputado del Verde Ecologista y es que no estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra de las formas en las que se están llevando a cabo.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, desde 1991 en el Istmo de Tehuantepec comenzó el proyecto para la generación de energía cinética por efecto de las corrientes de aire, también conocida como energía eólica.

Se realizó la construcción de lo que en sus inicios fue el parque experimental al que se le denominó La Venta I, proyecto que interesó a empresas transnacionales.

Sin embargo el funcionamiento de empresas de generación de energía eólica ha modificado totalmente la forma de vida en el Istmo de Tehuantepec y precipitado un enorme número de conflictos sociales.

El problema que hoy aqueja a los pueblos de la zona del Istmo, no debe pasar desapercibido, ya que no estamos en contra de la generación de energía eólica, sino de las formas en cómo se están llevando a cabo en este proceso.

Entendemos perfectamente la postura digna que han tomado las comunidades de la zona porque no están haciendo otra cosa más que defender sus derechos.

Por tanto condeno totalmente que se coarte la libertad de expresión y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas de la zona.

Debemos de pensar en el desarrollo de nuestro país. Eso es algo muy cierto; pero también debemos tener  presente la seguridad de nuestros pueblos indígenas ya que ellos mantienen la esencia cultural de este país y sin esta gran herencia de México,  no sería uno de los países más hermosos del mundo.

La conservación de sus tradiciones, de su lengua, de su forma de vida, de su territorio, no debe de ser modificada, por el contrario deben ser recuperadas. Derivado de lo anterior he presentado dos puntos de acuerdo reprochando esta violencia y planteando acciones para su solución.

He propuesto que se instituya una comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en la región del Istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental en la zona.

Asimismo también propuse la creación de un grupo de trabajo de seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre del presente año en San Dionisio del Mar, así como en el incremento de la violencia en el Istmo de Tehuantepec.

En los puntos de acuerdo propuestos, manifiesto tajantemente que los hechos violentos que se han producido desde hace varios años, desde la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, no deben de continuar.

No podemos permitir que sigan los pleitos de muerte a muerte entre hermanos de una misma comunidad. Ninguna defunción más, ningún secuestro más, ninguna desaparición, ningún despojo, ningún tipo de violencia y de injusticia puede ser justificado en nombre de la energía limpia.

Por lo expuesto, yo y mi grupo parlamentario estamos a favor del punto de acuerdo presentado por el diputado Rosendo Serrano Toledo, así como nuevas propuestas que busquen mejorar y cambiar la forma en cómo se ha desarrollado la instalación de parques y de generación eólica en nuestra zona.

Debemos de realizar proyectos comunitarios y es un ejemplo de esto lo que se presentó esta mañana en una junta con comuneros y con organizaciones provenientes del Istmo de Tehuantepec.

Debemos priorizar el bienestar de la comunidad y velar porque realmente esto se vea reflejado de manera tangible en los hogares de las personas. Es deber de todo ser honesto. Exhorto a los sectores involucrados a resolver esos conflictos en paz,  sin violencia y sin rencores entre hermanos.

Nuestros pueblos indígenas merecen tener un bienestar social.  Hagamos las cosas como deben de hacerse: dialogando y proponiendo. Estoy segura que si cambiamos el enfoque para la generación de la energía eólica, los proyectos de este tipo serán bienvenidos en el Istmo de Tehuantepec y sobre todo por los pueblos y comunidades indígenas, siempre y cuando se realicen con transparencia,  sin abusos y conforme a la ley. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Víctor Rafael González Manríquez. Diputado Astudillo, con qué objeto.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Solamente, presidente, hacer una moción de orden y un comentario breve, si me lo permite.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en un debate pactado, se lo digo con todo respeto para que no se malentienda. De qué se trataría, diputado.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Solamente para exponer que entendemos perfectamente el punto de acuerdo al que me referí y que la redacción es muy clara en lo que tiene que ver con la detención de los procesos de licitación de contratos de parques eólicos. A eso me refería yo.

Sin embargo, también comentar que ya tuvieron la cortesía política los compañeros Muñoz Soria y el doctor Serrano Toledo y vamos a buscar un punto medio para sacar adelante este resolutivo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta presidencia, siendo respetuosa del dicho de los señores legisladores, es que si bien no ha permitido el uso de la tribuna en función de lo dispuesto por el Reglamento, cuando hay fijación de posición ha permitido que se expresen, de tal suerte que sus consideraciones queden para el Diario de los Debates. Continúe por favor el orador.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: sin duda el punto de acuerdo en comento atiende un asunto sensible para la comunidad de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, ya que se tiene planeado el desarrollo de un parque eólico en dicha región que tiene como antecedente que en el año 2009 se aprobó un ordenamiento territorial que incluye el desarrollo de un proyecto eólico comunitario.

En este sentido es importante precisar que el proyecto de energía eólica se entendió, en una primera instancia, como un proyecto comunitario. Con ese fundamento y en concierto con los considerados del punto de acuerdo en comento, la Comisión Federal de Electricidad inició el proceso de licitación para adjudicar contratos para parques eólicos en esta región a través de la convocatoria denominada “Sureste I, Fase I”, que se planea adjudicar 200 megawatts divididos en varios contratos.

La otra denominada “Sureste I, Fase II” que adjudicará un solo contrato de aproximadamente 100 megawatts y agotará la capacidad de transmisión bajo control de la Comisión Federal de Electricidad disponible en el Istmo.

En este contexto se argumenta que bajo las condiciones que establece la Comisión Federal de Electricidad en el proceso de adjudicación se excluye la posibilidad de que ésta pueda ser a través de un proyecto comunitario.

Retomo parte de la justificación del punto de acuerdo en el sentido de que un modelo eólico comunitario daría a la comunidad de Ixtepec importantes beneficios en materia de desarrollo económico, infraestructura y bienestar, en donde la experiencia internacional es clara al señalar que este tipo de modelos han tenido gran éxito en Dinamarca, Alemania, Suecia, Canadá y Japón, entre otros países donde con base en las políticas adecuadas las comunidades han demostrado ser las promotoras de proyectos eólicos más efectivas, dinámicas y competitivas.

Por lo antes expuesto, es importante revisar el cómo se está llevando a cabo el proceso de la licitación y cuál es la situación en específico del proyecto eólico presentado por la comunidad de Ixtepec.

Es decir, consideramos que antes de solicitar o exhortar a la Comisión Federal de Electricidad el detener los procesos de licitación de contratos para los parques eólicos en curso, Sureste I, Fase I y Fase II, primero debemos solicitar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía, un informe detallado sobre la situación que guarda el proceso de licitación y como ya mencioné, se entregue a esta soberanía toda la información concerniente al proyecto eólico presentado por la comunidad de Ixtepec, y en su caso, se precise la viabilidad o inviabilidad del mismo.

En  Acción Nacional coincidimos que se lleve a cabo dicho proceso por medio de licitaciones, pero al mismo tiempo, estamos conscientes que debemos promover y fomentar el desarrollo de la región de Ixtepec y del Istmo de Tehuantepec, y qué mejor que éste se dé a través de proyectos comunitarios que repercutan en beneficio tangibles para toda la población.

Por lo antes expuesto, coincidimos con el espíritu y alcance del punto de acuerdo, pero consideramos que primero se debe informar a esta soberanía sobre el proceso que guarda la licitación de los proyectos de generación de electricidad por medio de energía eólica, por lo que ponemos a su consideración la siguiente propuesta de resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía entreguen un informe detallado sobre la situación que guardan los procesos de licitación denominados Sureste I, Fase 1 y Fase 2, con números de procedimiento LO018TOQ055-T11-2012, y LO018TOQ054-T12-2012, y asimismo se especifiquen y precisen las circunstancias de viabilidad del proyecto eólico presentado por la comunidad de Ixtepec. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo  Vieyra: Muchas gracias. Señor orador, lamentablemente no puedo someter a la consideración de la asamblea su adición, en función de que tendría que venir de parte del grupo parlamentario que propone.

El diputado Rosendo Serrano Toledo (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, don Rosendo? Desde su curul, don Rosendo. ¿Con qué objeto?

El diputado Rosendo Serrano Toledo (desde la curul): Señor presidente, yo soy el que propuso el acuerdo y no tiene mayor problema, porque lo que está diciendo el compañero de Salina Cruz, mi paisano, es que también se necesita la información referente al punto de acuerdo que yo propuse.

Entonces yo creo que se puede agregar esto, porque es correcto que también tengamos esta soberanía la información del asunto. Entonces no habría ningún problema de mi parte.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Le preguntaremos al enlace del grupo parlamentario del proponente si no tiene objeción. Perdón, de repente nos vemos muy burocráticos, pero la redacción del 113 así está y de lo que se trata es de cumplir con el Reglamento. Le pediríamos al Grupo Parlamentario del PRD nada más que nos dé la anuencia para poder procesarlo y que me lo traigan, por favor, por escrito de tal suerte de someterlo a la consideración de la asamblea. Don Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del PRI, tiene el uso de la voz.

El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, comparto la preocupación del diputado Rosendo Serrano, distinguido oaxaqueño militante del Partido de la  Revolución Democrática, por preservar los derechos e impulsar el desarrollo de las comunidades del estado de Oaxaca.

En el Grupo Parlamentario del PRI y en lo personal, somos los primeros en exigir que en México generemos cada vez mejores condiciones para que las comunidades indígenas se incorporen como actores, al desarrollo social. En este sentido, es loable el planteamiento del diputado Serrano para que las comunidades participen en los procesos de licitación para generar energías limpias y renovables, como son los parques eólicos, sin embargo, la figura cuya utilización se propone sería realizada con base en una institución legal que todavía no existe en nuestro país, es decir, es una modalidad que se llama compañía de interés comunitario, dicha figura jurídica requiere de entidades reguladoras y reglas de operación que son inexistentes en el derecho nacional.

Por ello, no podemos pasar un proyecto eólico, de la trascendencia que éste reviste, en un modelo legal que no es vigente en México. No. Porque quebrantaríamos el estado de derecho.

No podemos hacer ningún exhorto, llámese Comisión Federal de Electricidad o a cualquier otra institución, a que se detengan los procesos de licitación en los que los aspirantes cumplan con los requisitos que prevé la ley. Ése es el razonamiento de fondo, pero además el exhorto sería extemporáneo, ya que la licitación Sureste 1, Fase I, tiene fecha de presentación de propuestas precisamente el día de hoy.

Aún más, quiero decirles que la Comisión de Fomento de la Energía Renovable del Congreso de Oaxaca, un órgano que tuve el honor de presidir, trabaja ya en la preparación de una iniciativa para incentivar el mejor aprovechamiento de los recursos  naturales y de la tierra, por las comunidades y propietarios de espacios susceptibles a su utilización concurrente con la producción eólica de electricidad.

Ahí jugaron un papel importante para la creación de esa comisión reciente, el diputado miembro del Partido de la Revolución Democrática y en ese momento integrante de la Junta de Coordinación Política, con nosotros, el diputado Carol Altamirano, así como la presidenta de la mesa directiva en ese momento del Congreso local la diputada Eufrosina Cruz, de Acción Nacional.

Por eso, lejos de frenar a quienes en este momento cumplen con los requisitos de ley, yo instaría a que en esta Cámara se definen mecanismos que permitan que no sólo los comuneros de Ixtepec, sino cualquier grupo social puedan desarrollar proyectos eólicos en su beneficio.

En suma, compañeras y compañeros diputados, apoyemos a las comunidades, pero no frenemos el desarrollo y mucho menos quebrantemos el estado de derecho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Esta Presidencia no tiene la posibilidad de someter a la consideración del pleno la propuesta que hizo el compañero diputado del PAN, porque no la tenemos, ya está firmada aquí, nada más que... ¿la tienen? No. Bueno.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos tal y como están, en votación económica.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con los títulos reglamentarios correspondientes, tiene el uso de la voz el diputado Mauricio Sahui Rivero, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se liberen los recursos concernientes al programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos, correspondientes al estado de Yucatán. Don Mauricio Sahui tiene usted el uso de la voz. Es del PRI.

El diputado Mauricio Sahui Rivero: Con su permiso, señor presidente. Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sagarpa y de su órgano desconcentrado, Conapesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al programa de Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos, correspondientes al estado de Yucatán.

México es uno de los países con mayor extensión en litorales. De acuerdo con datos recabados por el Inegi nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros a lo largo de la República Mexicana. El estado de Yucatán al día de hoy cuenta con 373 kilómetros de litorales, los cuales representan el 10 por ciento de la línea litoral total del Golfo de México y el Mar Caribe.

Su plataforma continental es de las más amplias en el país, con una superficie de 37 mil 344 kilómetros cuadrados de extensión y su  mar territorial es de 6 mil 792 kilómetros cuadrados.

Sus principales puertos con actividad pesquera se ubican en la zona oriente del estado, Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe y Dzilam González. Zona centro, Puerto Progreso y sus comisarías costeras y la zona oriente-poniente, Sisal y Celestún, contando actualmente con poco más de 15 mil pescadores divididos en grupos de socios cooperativistas, permisionarios y empresarios pesqueros.

Debido a la extensión con la que cuenta Yucatán se ha podido posicionar en la producción de pulpo, camarón, langosta y actualmente del pepino de mar.

Es preciso señalar que la pesca de langosta en los estados de Yucatán y Quintana Roo representa poco más del 25 por ciento de la pesca a nivel nacional. Lo mismo sucede con el pulpo, que en la actualidad arroja volúmenes superiores a las 18 mil toneladas. Dado este gran potencial, nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en volumen de pesca, situándose por arriba de países como Brasil, Canadá y Argentina.

En tal virtud, resulta de todos nosotros conocida la importancia y trascendencia que el sector pesquero significa para miles de familias mexicanas. La mayoría de ellas de escasos recursos y en obvio de oportunidad, el reto y potencial de este sector para la mejora de la calidad de vida en nuestro país.

Es por esta razón que federación, estados y municipios destinan recursos para atender las demandas del sector pesquero, mismos que desafortunadamente han resultado insuficientes para fortalecer la producción y desarrollo de las actividades de este sector.

Entre los programas que han ayudado a sobrellevar esta lamentable situación se encuentra el denominado, sustitución de motores marinos ecológicos, ejercidos directamente por la Conapesca.

Es de señalarse que en el diario Oficial de la Federación se señala específicamente que fue otorgado para la Sagarpa, en su Anexo VII, a este rubro, el monto de 25 millones 635 mil 478 pesos.

En razón de lo anterior diversos pescadores y empresas dedicadas a esta actividad, como lo hicieron en años anteriores, acudieron a las ventanillas que para tal efecto fueron abiertas y presentaron las solicitudes de crédito respectivas con el objeto de hacerse acreedores a los beneficios que este programa otorga.

Al igual que en años anteriores, exactamente en las mismas circunstancias, solicitan la apertura de créditos con las empresas que proporcionan los motores en cuestión, se comprometen a realizar los pagos correspondientes en el entendido de contar con el beneficio que de manera regular habían obtenido en ocasiones anteriores.

No obstante es de sorprendernos que dicha institución hasta la fecha no ha dado respuesta afirmativa relativa al otorgamiento de estos créditos, aludiendo una serie de argumentos sin fundamento en perjuicio de la actividad pesquera; pero más allá, en perjuicio  de miles de familias que dependen de estos recursos para solventar si quehacer cotidiano.

Resulta lamentable que no sean tomadas en cuenta las solicitudes de estos hombres y de estas mujeres de trabajo, que no han hecho otra cosa que ejercer los legítimos derechos que su actividad les otorga.

Los mandatos de esta soberanía son dictados para ser cumplidos a cabalidad, no están sujetos a presupuestos rigoristas de orden administrativo ni a comisiones de índole político. Simple y llanamente se convierte el cumplimiento de estos mandatos en preceptos de derecho y, más allá, en una cuestión de justicia social.

Por lo que, respetuosamente solicitamos a esta asamblea considere como punto de urgente y obvia resolución el tema aquí tratado, a fin de evitar subejercicios presupuestales sin fundamentos y el daño eminente a las miles de familias dedicadas a la industria pesquera en nuestro país, y reciban los recursos a que está obligada la federación a otorgarles. Por lo que, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sagarpa y, al de su órgano desconcentrado, Conapesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso del presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la protección del medio ambiente conlleva en forma esencial el principio de prevención, y con ello también el de desarrollo sustentable.

Para preservar el medio marino es imprescindible controlar las actividades que degradan nuestros océanos, así como vigilar el acceso de los recursos pesqueros.

Estimaciones señalan que la demanda de productos pesqueros se duplicara en el corto y mediano plazo derivado del crecimiento de la población, por ello la mayor preocupación estriba en la contribución de la pesca al desarrollo sustentable; esto es satisfacer las necesidades de la generación actual, sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, una de las prioridades es abatir el deterioro del medio ambiente. En este caso, y como consecuencia de las políticas de desarrollo, estamos  comprometidos con las comunidades pesqueras del país que trabajan en una visión enfocada en extraer los recursos pesqueros en forma responsable, al sustituir los motores convencionales de sus embarcaciones con las establecidas a través del componente denominado substitución de motores marinos ecológicos.

Para Nueva Alianza el sector pesquero, así como su impacto en el desarrollo regional, son sumamente importantes. Por ello es que vamos a favor de este punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Apicultura y Pesca, liberen los recursos presupuestales para este programa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho diputada. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados,  una de las asignaciones más importantes en la agenda de nuestro país es la relativa a la soberanía alimentaria.

No solamente debemos circunscribirla a la parte de la producción agrícola o pecuaria, sino también debemos estar muy atentos y debemos apoyar de manera muy importante a la parte de la producción pesquera. Por eso es este punto de acuerdo por la gran riqueza que tiene nuestro país en sus litorales, riqueza que muchas veces no hemos aprovechado adecuadamente por falta de los apoyos necesarios del gobierno federal; tenemos productos muy importantes que ayudan a la alimentación balanceada de los mexicanos por el grado de calidad y de proteína que tienen todos los productos marítimos.

Por ello, nosotros los del Partido del Trabajo, pues apoyamos, porque sabemos que en el estado de Yucatán, en los 373 kilómetros de litoral hay 8 municipios involucrados y también 15 mil trabajadores que se dedican a la pesca -donde está su sustento diario- y sucede que Sagarpa no les quiere soltar los recursos, no los quiere liberar porque dice que ya no los tiene.

Hay algo importante aquí. Esa decisión está sobrepasando lo que acordó aquí la soberanía. El año pasado ya se etiquetaron los recursos para este punto y sucede que a la fecha hacen caso omiso de poderlos liberar. Eso está dañando sustancialmente esta productividad. Pero no nada más la productividad, sino la parte ecológica. Debemos preservar nuestros recursos naturales y ahora que ya están dispuestos a cambiar los motores, sucede que esos recursos no llegan.

Por eso la fracción del PT apoya firmemente por lo expuesto la propuesta para que se liberen los recursos y exhorta a Sagarpa y a Hacienda, que sin dilación liberen esos recursos inmediatamente. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano. ¿Perdón? La diputada Zuleyma, tiene el uso de la voz, con enorme gusto la recibimos en la tribuna.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. El sexenio de Calderón se ha distinguido en los últimos años por la incontenible ola de violencia sobre el territorio nacional, por la lucha contra el narcotráfico, el desempleo, la opacidad, la impunidad, el nepotismo y la corrupción. A este conglomerado hay que sumarle la falta de transparencia y rendición de cuentas.

La agonizante administración mantuvo inmóviles los recursos de varios proyectos prioritarios para el desarrollo económico del país.

De acuerdo con datos de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, en varias de sus secretarías de Estado el Ejecutivo ha reportado subejercicios en varias de sus secretarías de Estado en todo el sexenio.

El ejercicio presupuestal del gobierno es un tema de enojo para los mexicanos, debido a los mediocres resultados y al elevado subejercicio.

Tan sólo en 2011 arrojó la cifra de 16 mil 123 millones de pesos; pero en la parte de Disposiciones en Fideicomisos se registró la cantidad de 367 540 millones de pesos.

Un ejemplo claro sucedió con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cual mantuvo inmóviles al 90 por ciento de los recursos concentrados en el Fondo Nacional de Infraestructura.

La reasignación de recursos por parte de Calderón a instrumentos importantes para el desarrollo, no pareciera ser prioridad ya que de esta manera se favorece de la existencia de presupuestos paralelos que pueden ser ejercidos  con discrecionalidad o autorizados en el financiamiento de campañas políticas.

Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor del punto de acuerdo a fin de que se liberen los recursos concernientes al programa de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos en el estado de Yucatán, con la intención de que también beneficie a la operación de la flota pesquera menor.

Es importante señalar que todos los temas presentados de urgente y obvia resolución en esta Legislatura respecto a productores como el de la importación de papa, el de arancel al jitomate y hoy al de pescadores, han sido con la intención de favorecer o brindar ayuda a productores de alto nivel, que si bien merecen nuestra atención, resulta importante comenzar a atender los problemas que aquejan a uno de los sectores más importantes y vulnerables y menos apoyados de la sociedad.

Es necesario escuchar y reparar las demandas de aquellos productores que viven del autoconsumo a través de bines como el maíz o el frijol.

Es hora de incluir a este sector social en los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Por último, nos congratulamos por las diputadas que hoy tomaron con el permiso de esta Presidencia, la tribuna. Ojalá  también  y fuera del Reglamento, se pudieran tratar temas de trascendencia nacional como es el caso de la represión por parte del gobierno de Michoacán en contra de jóvenes estudiantes de esa entidad. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, este punto de acuerdo amerita algunos comentarios, reflexiones e incluso propuestas por el tema tan sensible que toca y con el que estamos completamente de acuerdo con el diputado Mauricio Sahui de Yucatán.

Para quienes tenemos la dicha de vivir en un puerto, donde una de sus vocaciones económicas importante es la pesca, nos queda claro que este sector, en las últimas décadas, ha tenido un abandono considerable que se ha traducido no sólo en haberse convertido en una actividad cada vez menos rentable y productiva, sino en años recientes en generar niveles de pobreza para quienes viven de él, principalmente los pescadores ribereños, que son los más afectados.

Ese abandono, esa indiferencia se refleja desde el hecho si ustedes quieren simple pero para mí muy significativo de la ubicación de este sector en la estructura orgánica de la administración pública federal pues creo que muchos de nosotros nos preguntamos qué tiene que ver pesca en la Sagarpa.

Pero además, mientras que para el campo y la ganadería existen programas como el Procampo, el Progan, al sector pesquero se le ha dejado a la deriva, con apoyos mínimos, meros paliativos que no resuelven de fondo los problemas de subsistencia que tienen miles de familias de pescadores.

En algunos casos la problemática del sector es por falta de apoyos directos en equipamiento; en otros, como es el caso de mi municipio, Manzanillo y seguramente otros municipios pesqueros, por el propio desarrollo económico que va reduciendo y eliminando sus áreas de trabajo, además de los períodos de veda y la propia legislación que prohíbe la pesca de ciertas especies.

En el caso particular de Manzanillo, el viacrucis de los pescadores empezó desde la década de los 70 y continúa a la fecha. En los 70, con la construcción en la laguna de Cuyutlán de la termoeléctrica, después el puerto interior en la laguna San Pedrito y en los años recientes la construcción de la regasificadora en el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán, obras por cierto que han provocado severos daños en dicha laguna y por obvias razones han desplazado de estos espacios de pesca a quienes antes ahí trabajaban.

Por todo esto, es necesario retomar lo que los propios pescadores nos demandan en cada campaña política y que ya ha sido planteado por algunos diputados de anteriores legislaturas y otros de la actual Legislatura y que consiste en la necesidad de tener un programa de apoyos directos a los pescadores que les permita vivir con sus familias en mejores condiciones.

Aprovechemos que faltan dos meses para la aprobación del presupuesto de egresos 2013, que por cierto es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados aprobar. Pongámonos a trabajar los interesados en este tema conjuntamente con la Comisión de Pesca. Y si de verdad queremos apoyar a las miles de familias que actualmente mal viven de la pesca, aprobemos los recursos que se requieren para este programa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad de Estudios Avanzados Unea, del estado de Aguascalientes, que están hoy aquí con nosotros, invitados por la diputada María Teresa Jiménez Esquivel. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

También agradecemos mucho la presencia de la Organización Civil de ciudad Nezahualcóyotl, Enlace y Poder Ciudadano, que está aquí invitada por la diputada Joaquina Navarrete Contreras. Bienvenidos todos a la Cámara de diputados.

Tiene la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, una vez más llega a esta tribuna las denuncias de que el gobierno federal manipula el uso de los recursos públicos y no atiende a los legítimos beneficiarios de los programas, a los que esta soberanía autoriza los recursos; ahora se trata de los pescadores de la Península de Yucatán.

Pero aquí todos sabemos que es una práctica constante del gobierno federal y los gobiernos de los estados, regatear los recursos que por ley le corresponden a los productores en sus organizaciones.

Es del conocimiento público la práctica perversa de desviar los dineros etiquetados en los programas públicos prioritarios para el país, para destinarlos al apoyo del compadre, del amigo o del familiar; cuando no, para satisfacer los caprichos del gobernador o de cualquier otro funcionario federal en turno, o peor todavía, destinarlos para la compra de voluntad popular en elecciones como ocurrió apenas el primero de julio pasado en este país.

Esta soberanía le ha aprobado al Ejecutivo federal sumas crecientes en términos reales para financiar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, siendo para el 2012 de más de 305 mil millones de pesos.

Dentro de las prioridades establecidas al Ejecutivo para la asignación del recurso al PEC se encuentra la que define que hay que darle prioridad al impulso a la producción de los denominados productos básicos y estratégicos consignados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, así como de dar atención preferente a los pequeños y medianos productores, particularmente de la alta y muy alta marginalidad.

El pescado es uno de los 11 productos básicos y estratégicos en el consumo de la población mexicana, por lo que el fomento de la actividad pesquera es una obligación insoslayable del Estado mexicano.

Como ya se mencionó aquí, en el PEC se encuentra el Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura en el cual se incluye específicamente el componente denominado sustitución de motores marinos ecológicos con 26 millones de pesos para su ejecución. No hay razón alguna para que el reclamo de los pescadores de Yucatán no sea atendido.

Si tuviéramos un gobierno federal y gobiernos estatales más sensibles de las necesidades del pueblo mexicano, no habría por qué de estos exhortos, puesto que esta soberanía autorizó los recursos suficientes para atender estas demandas conscientes de que el sector pesquero es fundamental para la solución de los problemas de desnutrición amplios segmentos de la población mexicana.

Hace dos días celebramos el Día Mundial de la Alimentación, fecha emblemática que ha servido para reflexionar sobre los temas relevantes asociados al derecho constitucional a la alimentación, entre ellos se ha destacado el problema de la pobreza, el hambre y la desnutrición en alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo.

En México el problema de la pobreza y la desnutrición afecta alrededor de 53 millones de personas. Como puede observarse, el derecho a la alimentación constituye un reto de gran magnitud, razón por la que para satisfacerlo es necesario diseñar y poner en marcha una estrategia de largo plazo de manera planificada, para ir avanzando paulatinamente pero con pasos firmes en su solución.

La soberanía alimentaria a su vez solamente puede lograrse mediante la producción –termino, señor presidente– de alimentos agropecuarios y pesqueros, de otra manera sólo estaría hablando de una soberanía hipotética, por lo que es nuevamente una demanda de los perredistas que el gobierno federal haga llegar los recursos públicos en tiempo y forma a los legítimos beneficiarios, y que no se desvíen hacia propósitos distintos para lo que esta Cámara de Diputados los autorizó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con su permiso, señor presidente.

Por supuesto que vengo en representación de los diputados del Partido Acción Nacional, para manifestarnos a favor de la propuesta de exhorto establecida por el diputado proponente. Por supuesto que estamos a favor los diputados del Partido Acción Nacional, para poner y dar las  herramientas necesarias para que un sector tan importante en el país, como el sector pesquero y tan importante como es en Yucatán, tenga todo el apoyo no solamente de la Federación, sino del estado y de los municipios. Estoy aquí precisamente para señalar que estamos de acuerdo y votaremos  a favor, porque ese sector trabaja y produce y es un sector muy sensible en nuestra nación.

He escuchado con atención comentarios desde el diputado proponente hasta algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, y voy a ser concreto y objetivo para señalar que por supuesto que desde la Federación en la actual administración federal, se han dado apoyos al campo y a la pesca a nivel nacional, pero por supuesto que también a nivel estatal, como es el caso que nos ocupa por la propuesta específica.

Quiero señalar, por ejemplo, nada más del año 2011 y de 2012, se han propuesto y ejercido para 2011, 400 millones de pesos para el campo; 222 millones se ejercieron directamente por la Sagarpa y 178 millones es la aportación federal a una bolsa que se reúne y se ejerce a manera estatal con la participación del Estado.

Quiero decirles que esos 178 millones en el 2011, 132 millones en el 2012 y sus contrapartes, se establecieron y se firmaron los compromisos en el Presupuesto de Egresos de esta Cámara, que se emitieron en el año correspondiente y en el Congreso estatal. Pero la aportación, el pari passo del gobierno estatal de la administración que recién terminó, no fue aportada.

Y nos vamos a más detalle, en el de los motores, en este programa que tanto ayuda a los pescadores para ir con seguridad a pescar y proveer a sus familias. Efectivamente, en todos los años anteriores ha habido la aportación de la federación, pero también ha habido la omisión del estado. 50 por ciento la federación, 25 por ciento el estado y 25 por ciento los pescadores.

Aquí, en Yucatán, en los años anteriores -como bien se dijo- que ha funcionado este programa, el 50 por ciento lo han tenido que dar cada año los pescadores y la federación. Solamente para concluir y marcar diferencias entre lo que es apoyar y realmente estar a favor de los pescadores en México y en Yucatán.

El Informe de Gobierno de la administración que recién concluyó, el Quinto Informe de Gobierno, nos dice en un párrafo muy escueto -en la página 200 por si lo quieren revisar-, que el apoyo hacia los pescadores en el programa estatal a productores en el estado de Yucatán, fue de rehabilitar 17 embarcaciones, se compraron 3 motores y se repararon otros 6. Ésa es la importancia en Yucatán para la administración priista que recién terminó, el tema de los motores y de los pescadores.

Por eso aquí hay que venir con datos objetivos y hablar con la verdad. Votaremos a favor, porque votamos a favor de los pescadores en México y de Yucatán. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Tiene la palabra la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Señor presidente, para que no me corran el tiempo, nada más si me permite unas palabras, no me voy a robar mucho tiempo, lo prometo.

Es más, solamente hacer un reconocimiento y todo mi respeto a las diputadas, mujeres diputadas federales de todos los grupos parlamentarios, que el día de ayer demostraron que las mujeres podemos tomar acuerdos, trabajar en equipo y ser muy valientes. Ayer jugaron fútbol, lo hicieron muy bien, así que mi reconocimiento a todas las mujeres, tanto a periodistas como a las diputadas, un aplauso, que a pesar de todo nos ganaron, pero ahí vamos. Un aplauso para todas ustedes.

Con su permiso, señor presidente. La pesca es una de las actividades que más permite crear empleos, realizar comercio y por lo tanto, generar bienestar económico en el país.

Esta actividad es desempeñada por alrededor de 300 mil pescadores distribuidos: 52 por ciento en el Pacífico, 40 por ciento en el Golfo de México y en el Caribe y 8 por ciento en estados sin litoral.

Sin embargo, este sector cada vez es más vulnerado, cada vez va más a la baja y muestra de ello es que nuestros pescadores carecen de embarcaciones equipadas y cuentan con una infraestructura portuaria deficiente, lo que redunda en detrimento de su productividad y condiciones de vida.

Como consecuencia de lo anterior, el gobierno federal puso en marcha el programa de Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, el cual tiene como uno de sus objetivos incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas acuícolas y pesqueras, a través de apoyos para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública, productiva para beneficio común.

Derivado de esta política pública se desprende el programa estratégico de sustitución de motores marinos ecológicos y cuyo objetivo consiste en eficientar la operación de la flota pesquera menor mediante la sustitución de estos motores y/o de igual manera con sus embarcaciones. El cual va dirigido a las personas físicas o morales que tengan permiso de pesca, que se dediquen a la captura de especies marinas o dulces acuícolas con el firme compromiso de apoyar a este sector, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso, en su Anexo VIII establece que se destinarán a la sustitución de motores marinos ecológicos, 300 millones de pesos.

No obstante lo anterior, las autoridades federales han retenido aquellos recursos destinados al programa de referencia. Lo que significa que los apoyos no están llegando a los productores, como ya se había previsto.

Déjenme nada más comentar, en este momento, al diputado que me antecedió, de Acción Nacional, que si en años pasados no se había dado la aportación por parte del Estado, seguían llegando estos recursos. Luego entonces, eso no es pretexto para que nuestros pescadores padezcan esta falta de recursos.

Y retomo. Señoras y señores diputados, si estos recursos ya fueron aprobados, tienen y deben llegar a los pescadores.

Es por ello que nos unimos, muy comprometidos, al punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de Hacienda, Sagarpa y de su órgano desconcentrado, Conapesca, a fin de que se liberen los recursos destinados a dicho programa, específicamente a la sustitución de motores marinos ecológicos para beneficio de los pescadores.

Nuestros pescadores necesitan estos recursos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que se abra el sonido de la curul en la que se encuentra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, por favor. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. sólo para que no pase por desapercibido; en el momento en que estábamos las diputadas en la tribuna, tuvo a bien leer el acuerdo de la Junta de Coordinación por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias para dictaminar iniciativas dando prioridad al interés superior de la niñez.

Quiero exteriorizar mi reconocimiento a la Junta de Coordinación por esta sensibilidad que ha mostrado, como a esta asamblea; y a las diputadas que, junto con su servidora, con el mismo entusiasmo y compromiso, lo suscribimos.

A la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT; a Loretta Ortiz Ahlf, del PT; a Nelly del Carmen Vargas, de Movimiento Ciudadano; a Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano; María del Rocío Corona Nakamura, del PRI; a Patricia Elena Retamoza Vega, del PRI; a Isabel Gauna Ruíz de León, del PRI; a nuestra compañera Alfa Eliana González, del PRD; y a todos mis compañeros mi reconocimiento -y compañeras-. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ya formará parte del Diario de los Debates.

El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 16 de octubre, celebración del Día Mundial de la Alimentación. Tiene la palabra el diputado Jorge de la Vega Membrillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo: Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados.

Hace un par de días, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre. Día que nos invita a la reflexión. Día que nos invita a dar un repaso sobre este tema que desde luego no es menor. No lo es porque si existe un problema de carácter social vinculado a la alimentación es el problema del hambre, problema connatural a la pobreza. Escuchar cifras que no dejan de ser escalofriantes nos ponen en alerta, nos advierten lo mucho que sobre el tema tiene que realizarse.

Escuchemos algunas de ellas.  Según estimaciones de organismos internacionales, en la actualidad existen más de mil millones de personas en el mundo que padecen hambre. De acuerdo aquí en nuestro México, de acuerdo al INEGI, de 2001 a 2010 fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición, estas cifras –decíamos hace un momento– requieren, exigen una profunda revisión de la política económica y social para construir una economía con equidad y con justicia.

Hace falta mucho por hacer. No conmemoremos este día aplaudiéndole, sino impulsando, profundizando, aquellas iniciativas que ayuden a enfrentar este grave problema que es el hambre. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se han agotado los asuntos del día de hoy, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín (15:26 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 23 de octubre de 2012 a las 11 horas. Se informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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