Comunicaciones
De la Junta, con integrantes de comisiones del GPPRD
De la Secretaría de Gobernación, con respuesta a punto de acuerdo e informe
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al SAT y al SAE
Del Congreso del Estado de Morelos, relativa al PEF 2013
De la Cámara de Senadores, con acuerdos y solicitudes relativos al PEF 2013
Protesta como diputada de la ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez
Agenda política
Comentarios por la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama
Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, Nueva Alianza
Aída Fabiola Valencia Ramírez, Movimiento Ciudadano
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT
Martha Lucía Mícher Camarena, PRD
Flor de María Pedraza Aguilera, PAN
Alma Marina Vitela Rodríguez, PRI
Minuto de silencio por el fallecimiento del ex diputado Efraín González Morfín
Iniciativas de diputadas y de diputados
Luis Alberto Villarreal García, PAN
Gabriela Medrano Galindo, PVEM
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
Francisco Javier Fernández Clamont, PRI
Ricardo Villarreal García, PAN
María del Rocío Corona Nakamura, PRI
Ramón Antonio Sampayo Ortiz, PAN
Proposiciones de diputadas y de diputados
César Lorenzini Rangel, PAN, relativa a los ductos de Pemex
Comunicado de la Junta, con fe de erratas sobre integración de comisiones
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Efeméride
Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico
Mario Alberto Dávila Delgado, PAN
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A las 11 horas con 6 minutos es que le pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:07 horas): Y por lo tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada también el acta de la sesión anterior, proceda la Secretaría conforme a Reglamento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política. Y en cuanto nuestros amigos representantes de los medios cumplan con una entrevista, les rogamos pasar a ocupar el lugar que con toda atención les hemos asignado. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente
Por instrucciones del diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el resolutivo cuarto del Acuerdo por el que se integran 54 comisiones ordinarias de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se ratifica la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aprobado por el pleno el día 16 de octubre del año en curso, me permito remitir a usted los nombres de los integrantes de las comisiones ordinarias pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La lista completa de esta representación de los compañeros y amigos del Partido de la Revolución Democrática está publicada en un alcance que se está repartiendo en estos momentos; está también a su disposición en las pantallas de sus curules. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Secretaría de Gobernación. Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2012 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que informa que en el mes de septiembre de 2012 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente dieron destino a mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Del Congreso del Estado de Morelos con el que se remiten acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se asignen recursos a la obra en proceso de encauzamiento de la Barranca Salada, municipio de Puente de Ixtla y para la infraestructura educativa en el estado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores dos acuerdos y tres proposiciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por lo que se solicita que en Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos a diversos rubros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, diputada federal electa en el cuarto distrito electoral del estado de Baja California.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir su protesta de ley para entrar en funciones, a doña María Guadalupe Velázquez Díaz, de Guanajuato; a doña María del Carmen López Segura; a María Fernanda Schroeder; a Lourdes Eulalia Quiñones; a Andrés de la Rosa; a Marcelo Garza; a David Pérez Tejada; a Zuleyma Huidobro; a Loretta Ortiz Ahlf; a María Sanjuana Cerda y por si fuera poco, a su eminencia don Fernando Castro Trenti.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
Se pide a los diputados ponerse de pie, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es también un honor que nos acompañe doña Malú Mícher, en la comisión de cortesía.
Ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Virginia Victoria Martínez Gutiérrez: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Enhorabuena diputada, bienvenida.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Se han registrado para referirse al tema varias diputadas y tiene el uso de la palabra la primera de ellas, doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza. Tiene usted el uso de la voz.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el cáncer representa un gran sufrimiento para los pacientes y sus seres queridos, una enorme carga para la sociedad, pero sobre todo una reducción en la esperanza de vida de quien lo padece.
Muchos de nosotros en este recinto, o bien hemos luchado contra el cáncer o tenemos amigos o familiares que luchan cada día contra esta terrible enfermedad. A pesar de todos nuestros esfuerzos y los avances médicos, el cáncer sigue ocasionando cada año la muerte de millones de personas en el mundo y en miles de ciudadanos de nuestra nación, y desafortunadamente no se detiene.
El cáncer de mama es un desafío clave, esta enfermedad representa el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 84 millones de personas morirán a causa de esta enfermedad entre los años de 2005 a 2015.
En México constituye un importante problema para la salud pública, ya que a partir de 2006 el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 30 a 54 años, y se ubica como la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las mujeres. Esta situación encarna un gran desafío para todos los que estamos comprometidos en hacer algo para aliviar el sufrimiento ocasionado por el cáncer de mama.
Las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales de la salud; los cuidadores; la comunidad científica; los políticos y la industria en las últimas dos décadas han hecho progresos, pero aún hay mucho que hacer.
Las cifras oficiales indican que el 90.8 de los casos de cáncer de mama han sido diagnosticados en etapa tardía o no clasificables, lo que se relaciona de manera directa con una evolución clínica menos favorable.
Por ello, es primordial que desarrollemos, entre otras cosas, un plan nacional e integral que contribuya a la reducción de la incidencia del cáncer, en el que establezcamos sinergias, que complementemos esfuerzos para lograr dicho plan nacional.
Las asociaciones médicas e institutos de investigación deben ser proveídos de un marco regulatorio que les permita compartir conocimiento y difundir buenas prácticas para prevenir este terrible flagelo, en el que incluyen componentes de una vida saludable y la detección del cáncer.
Tanto en la asistencia sanitaria como en la investigación y la información, en el que se considere una adecuada organización de los servicios de salud y exista coordinación ordenada en los diferentes niveles de atención, así como un reforzamiento del diagnóstico temprano, a través de la capacitación de personal de salud de primero y segundo niveles en la organización de servicios especializados, dedicados al diagnóstico oportuno de la enfermedad.
Es necesario que para lograr una reducción importante en las consecuencias de esta fatal enfermedad en México, enfoquemos las acciones y los recursos hacia los mecanismos de prevención, de este modo las personas podrán evitar ciertos tipos de cáncer, contar con mayor herramientas para tener opciones más saludables con respecto a sus vidas.
Esto es exactamente lo que sí podemos hacer aquí en el Congreso, compañeras y compañeros diputados, impulsar que a través de nuestro Sistema Nacional de Salud se informe a los ciudadanos sobre lo que pueden hacer por sí mismos para ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer, pero sobre todo al llevar a cabo un comportamiento y conductas más saludables.
Requerimos con urgencia un Programa Nacional de Detección de Cáncer de Mama que cumpla con los estándares internacionales. La prevención es importante. La prevención funciona y por esta razón es por la que debemos de invertir más en la promoción de una buena salud, así como comprometer más recursos en el tratamiento de la enfermedad.
Pero la prevención no es el final de la historia, el cáncer afecta a las más saludables también. El cáncer de mama afecta a cientos de mujeres que nunca han fumado ni abusado del alcohol y que no tenían problemas de salud.
Por último, compañeras y compañeros diputados, les reitero que el grupo parlamentario se compromete a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vencer el padecimiento del cáncer de mama e invitamos a todas las fuerzas políticas para que a través de sus organizaciones e instituciones, en los planos nacional, regional y local impulsen esta conciencia sobre la prevención para erradicar este mal que padecen tantas mujeres en nuestra nación. Muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. El toque de campana era básicamente para pedirle a la asamblea un poco de atención a tan importante peroración.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. ¿Está la diputada? Adelante.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, y ésta, como otras conmemoraciones, tiene como objetivo principal hacer conciencia entre la población sobre las consecuencias que tiene esta enfermedad, de carácter prevenible.
Y al mismo tiempo, de convocar a los gobiernos a hacer políticas públicas eficaces para la prevención y atención de la enfermedad en etapas tempranas.
La conmemoración de esta fecha es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con la detección temprana del cáncer de mama. Es una oportunidad que permite que el mensaje de salud salga a la calle y llegue al conjunto de la ciudadanía: mujeres, hombres, niños y jóvenes. Instituciones, organizaciones y gobierno, pues su prevención y atención es una tarea de todas y todos.
Pues a pesar de los esfuerzos realizados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y su incidencia está aumentando, principalmente en los países en desarrollo, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se identifica que este aumento en la incidencia está relacionado con la falta de información y los impedimentos para acceder a servicios de salud, una situación que en nuestro país sufren las mujeres, pues al no formar parte de la economía formal muchas de ellas carecen de servicios de salud y algunos –como el Seguro Popular– hasta hace poco la incorporaron en su esquema de atención.
En México el cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad en la población femenina en edad reproductiva, por neoplasias malignas mueren al año más de 3 mil 500 mujeres. Y mientras en 1990 se presentaban 6 mil nuevos casos se proyecta que para el 2020 tendrá un incremento cercano a los 16 mil casos nuevos al año.
En razón de ello es necesario que las políticas públicas y presupuestos dirigidos a prevenir y atender la enfermedad sean considerados de carácter urgente y prioritario e involucrar en la solución a las mujeres, sus familias y la sociedad en general.
Se debe poner hincapié en las medidas preventivas, pues se tiene que más del 70 por ciento de mujeres diagnosticadas están en una etapa avanzada de la enfermedad, lo que dificulta su tratamiento y posibilidades de sobrevivencia.
Es importante resaltar que uno de los obstáculos principales para la detección oportuna recae en el estigma y cultura machista que enfrenta la población femenina en México, lo que le impide acudir a tiempo a un servicio de salud.
Así pues, las medidas para la prevención y atención del cáncer de mama deben ser vistas desde un enfoque multidisciplinario y no solamente desde el sector salud, pues debe incluir un importante programa educativo y de información científica que erradiquen de nuestra cultura tabúes y estigmas con respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Se requiere de una respuesta articulada que incluya la educación, la creación de conciencia, la participación de especialistas y sociedad civil organizada; políticas públicas coordinadas entre diferentes dependencias, en los diferentes órdenes de gobierno con la finalidad de garantizar mayor cobertura, acceso y aceptación tanto del tratamiento como de la detección temprana.
A nombre del Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a esta Cámara de Diputados a que tomemos la responsabilidad que nos corresponde a fin de garantizar los recursos suficientes que vayan dirigidos a una política prioritaria que prevenga y atienda la salud de las mujeres, en especial de enfermedades como el cáncer de mama, por el riesgo que ésta representa para la vida de miles de mujeres al año en México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Ya está doña Magdalena del Socorro Núñez Monreal lista? Tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos. La escucharemos con una gran atención.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en el marco del Día Internacional de combate al Cáncer de Mama, desde el Grupo Parlamentario del PT nos pronunciamos porque en este ejercicio de 2013 el Ejecutivo federal envíe partidas suficientes o etiquetadas para el combate a este mal que agobia a las mexicanas.
Este pasado 19 de octubre en la celebración del Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama en México, como en otras regiones del mundo, el esfuerzo para combatir este terrible mal debe de ser prioridad, pero lo es aún más importante el prevenir la detección oportuna de esta terrible enfermedad.
Es lamentable tener que decir que la esperanza de vida para las mujeres que padecen este tipo de cáncer es de 51 años; es decir, 21 años menos comparados con las mujeres que no lo padecen. La atención de esta enfermedad debe de estar encaminada a garantizar un mejor nivel de vida para las mujeres.
Por ello, las acciones de prevención y tratamiento para quienes lo sufren deben reflejarse en mejores técnicas de detección y de investigación para erradicar este mal y para aplicar terapias menos invasivas, entre otras.
Como legisladoras tenemos la obligación de fortalecer los esquemas públicos de salud para mejorar su tratamiento y prevención, pero también en las áreas de educación debemos pugnar por incorporar mecanismos educativos que hagan posible el conocimiento de este mal desde temprana edad.
Compañeras diputadas, es pertinente recordar que cada 30 minutos en alguna región del mundo se da a conocer un caso más de cáncer de mama; pero por si fuera poco, debemos tomar en cuenta que dentro de los principales factores de riesgo de contraer este cáncer incluye una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad o una edad avanzada en el momento del primer parto, o aquellas mujeres que nunca han dado a luz.
Nuestro país no es una excepción si consideramos que se presentan 27.2 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública. En este sentido, si consideramos que hay 12 millones de personas actualmente o de mujeres adultas mayores, la cantidad de riesgo de contraer esta enfermedad es alta.
Por lo anterior, debemos hacer los máximos esfuerzos para resarcir este mal. Garantizar nuestro presupuesto para su lucha y garantizar el ingreso a políticas públicas para todas las mujeres en nuestro país. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada, aparte secretaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo tema.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hablar de cáncer es hablar de una lucha constante, una lucha ruda que no acepta diferencia alguna y que incluye a un amplio grupo de enfermedades, las cuales pueden afectar cualquier parte del organismo mutilando rápidamente las células sanas.
El cáncer se extiende invadiendo partes sanas adyacentes del cuerpo. A este proceso se le conoce como metástasis, siendo ésta la principal causa de muerte por cáncer.
La Organización Mundial de la Salud le adjudica al cáncer la principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7.3 millones de defunciones, mismas que representan aproximadamente un 13 por ciento del total de las ocurridas a nivel global durante el 2011.
Como dato importante debemos notar que más del 70 por ciento de estas defunciones se registraron en países de ingresos bajos y medianos.
La tendencia no nos permite ser complacientes, ya que prevé un aumento constante en el número de defunciones en todo el mundo. Para el 2030 se espera que éstos superen los 13 millones.
Dentro de esta terrible enfermedad que es el cáncer, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de todo el mundo. Su incidencia va en aumento debido a causas difíciles de controlar como lo son: una mayor esperanza de vida y el aumento de la urbanización, entre otros factores.
En nuestro país este tipo de cáncer constituye desde el 2006 la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años en adelante.
El aumento progresivo de casos en México ha llegado a considerar al cáncer de mama, como un importante problema de salud pública que debe de ser atacado.
Durante la última década la tasa de mortalidad por cáncer mamario aumentó casi un 11 por ciento. El incremento real en el número de defunciones fue de 56 por ciento.
Este cáncer es una amenaza devastadora, principalmente para la mujer y sus familias. Sin embargo no debemos olvidar que lo es también para la viabilidad de los sistemas de salud y para la sociedad en su conjunto. Nadie está exento.
De acuerdo al INEGI y a la Secretaría de Salud, del 2009 al 2011 la mortalidad por cáncer de mama en México se incrementó, al pasar de 11 a 17 decesos respectivamente, por cada 100 mil mujeres.
Una de las razones es que el 70 por ciento de los casos de cáncer mamario se detectaron en etapas tardías.
En este mismo sentido, Pablo Kuri, subsecretario de Salud señaló que se han equipado 572 unidades médicas con mastógrafos, lo que significó 1 millón 300 mil análisis al año.
Lamentablemente, la cobertura para la detección no fue suficiente por no contar con personal capacitado para realizar la lectura correcta de estas imágenes. Pero hay también buena noticia y la buena noticia es que la mayoría de las muertes por cáncer de mama pudieran evitarse.
En los Estados Unidos la tasa de sobrevivencia a cinco años es del 98 por ciento cuando la enfermedad es localizada en las etapas tempranas. En nuestro país, un estudio de la Secretaría de Salud reveló que hasta dos terceras partes de las muertes en mujeres menores a 65 años se pudieron haber evitado con la detección temprana, así como la aplicación de los tratamientos médicos sugeridos para tales casos.
Por todo lo anterior, nuestra fracción parlamentaria considera necesarias las siguientes acciones: primera, un programa permanente para la detección masiva del cáncer de mama y, segunda, la capacitación de personal especializado para la lectura de las mastografías en unidades médicas.
En el marco mundial del Mes Contra el Cáncer de Mama necesitamos crear conciencia en todas las mujeres para la detección temprana de este terrible mal lo cual, como hemos dicho, se traducirá en una mayor posibilidad de erradicar este padecimiento. Sabemos que contamos con ustedes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora nos disponemos a escuchar nada menos –y además con un enorme gusto– a doña Martha Lucía Mícher Camarena. Tiene usted el uso de la voz.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros: antes de iniciar mi intervención quiero agradecer a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados por el acto solidario que, a través del diputado González Morfín, del diputado Murillo Karam, de la diputada Aleida Alavez y del diputado Francisco Arroyo Vieyra, tuvieron para que, de manera disciplinada y respetuosa, pudiéramos tomar la tribuna para manifestarnos en contra de políticas que no ven a las mujeres y a favor de un presupuesto por la salud y la vida de las mujeres. Muchas gracias, mesa Directiva.
Por otra parte, quiero decirles que el cáncer –si bien ya lo han dicho mis compañeras– es la segunda causa de muerte y por procesos tumorales de mujeres mayores de 25 años. Pero no quiero hablar ya tanto de estadísticas, sino de algo que desconocemos hombres y mujeres y que creo que es importante decírselos porque, a través de la experiencia que tuvimos en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, donde nació este programa de detección oportuna del cáncer, en 2005, que ha sido el programa reconocido incluso por la Secretaría de Salud federal como uno de los más avanzados, e igualmente en Latinoamérica.
El cáncer de mama, así como el agua se mide en litros, el cáncer de mama se mide en BI-RADS, del cero al cinco. Si cualquiera de nosotras al hacernos este estudio –que por cierto no es nada agradable– saliera con clasificación de BI-RAD cero, significa que es un estudio inconcluso y que hay que complementar los estudios.
Si saliera con BI-RAD I, quiere decir que la paciente está limpia, que no hay ninguna lesión, que está benigna. Lo mismo si sale BI-RAD II, éste es también una fibrosis por ahí, sobre todo para quienes hemos amamantado a hijos y a hijas, y es benigna.
Pero si sale clasificación III, ahí tenemos que ver, que puede ser probablemente benigno y hay que hacerse un estudio semestral. Pero lamentablemente si tiene clasificación IV, tiene una probabilidad de 75 por ciento de cáncer maligno. Y si tiene clasificación V, tendrá un 95 por ciento de clasificación maligna, y eso a nadie nos lo enseñan. Eso nadie lo sabe ni hombres ni mujeres, más que personal médico.
Por eso necesitamos, compañeras y compañeros, que en esta Cámara asignemos mayor presupuesto. El éxito del Programa de Detección Oportuna de Cáncer del Gobierno de la Ciudad fue un éxito por esto, porque fuimos por las mujeres. Así es que vamos por ellas, a los mercados, a las comunidades, a las tienditas, ahí donde las mujeres están vendiendo unas tortillas en el mercado, hay que ir por ellas para que se hagan su examen.
Si cualquiera de ustedes tiene antecedentes, mujeres, de sus hermanas, de sus madres, que han tenido cáncer de mama, tienen que hacerse el estudio todavía mucho más jóvenes. La norma oficial quería mandar la obligatoriedad del Estado hasta los 50 años, y logramos mantenerla en los 40 años. Así es que necesitamos comprometernos todas y todos con un presupuesto ¿para qué? Para prótesis, para brasieres, para estudios complementarios, para el tema del linfedema, las mujeres que se someten a tratamientos se le ponen los brazos muy, muy hinchados y necesitan saber que no deben cargar nada con ése brazo.
Si te quitan el ganglio que se llama, el ganglio –ya se me olvidó- el tema de este ganglio, chihuahua, es el tema más importante. Se llama –chirrión, ya no hablo de corridito– pero lo que tengo que decir es el ganglio más importante. Si te quitan este ganglio lamentablemente tendrás un problema de circulación, por eso necesitamos asignar mucho presupuesto, educar a nuestras niñas, educar a nuestros niños y educar a nuestras mujeres, porque más vale un apachurrón, que estar en el panteón. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Aquí ni el diputado González Morfín ni yo nos acordamos de cómo se llama el ganglio, tampoco. Le ofrecemos ir a estudiarlo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Flor de María Pedraza Aguilera, del PAN. Si se acuerda, nos los dice.
La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Compañeras y compañeros diputados. Cuántas veces hemos escuchado frases como: la mamografía es impostergable, sólo en personas de alto riego. Si no hay molestias, no son necesarios los exámenes; o bien, no existe el remedio para el cáncer.
Contrariamente a lo que se cree, la primera forma de enfrentar un cáncer es a través de un diagnóstico temprano, por ello es importante tomar en cuenta que el que no se presenten molestias no significa que se deba prescindir de los exámenes como la mamografía, que es un examen dirigido a personas sanas y que persigue que lo sigan siendo.
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial el cáncer de mama afecta a 16 por ciento de la población femenina, de hecho, de acuerdo a su reporte cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo.
Desde 2006 esta enfermedad representa la primera causa de muerte por tumor maligno en las mujeres mexicanas, así, aproximadamente cada año más de 13 mil de ellas son diagnosticadas con cáncer de mama y un poco más de 5 mil mueren por esta causa. No obstante, el cáncer de mama no es una enfermedad propia de las mujeres; los hombres también la padecen. En 2009, por ejemplo, 14 de 100 hombres de entre 60 y 64 años tenían cáncer de mama.
Es interesante observar a través de las estadísticas del INEGI, que el dato de morbilidad hospitalaria por este padecimiento entre la población masculina menor de 30 años y de 60 años presentan en cada grupo los porcentajes más altos.
Hoy tenemos la oportunidad de insistir a todas y todos, que esta enfermedad, si se detecta a tiempo es curable. De hecho se calcula que el cáncer de mama tiene un índice de curación del 97 por ciento si se detecta en etapas tempranas. El diagnóstico temprano permite una supervivencia de 10 años en el 90 por ciento de los casos, y sólo 2 por ciento cuando su diagnóstico se realiza en fase tardía.
Tristemente, según lo refiere la Secretaría de Salud, el 90 por ciento de los casos en nuestro país se detecta cuando el cáncer de mama ya es muy avanzado. Según el Instituto Nacional de Cancerología de México, de las 35 mujeres que son diagnosticadas cada día, 32 ya tienen tumores en estados avanzados, lo que aumenta el riesgo de mortalidad.
Por otra parte, aunque el cáncer de mama en los hombres sea poco común la falta de promoción y de conciencia de la enfermedad impide que identifiquen que están en riesgo, sobre todo si hay antecedentes en sus familias, lo que dificulta un diagnóstico temprano, razón por la cual generalmente se detecta en estadios avanzados.
El compromiso frente a ello es impostergable, por ello, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es nuestro deber como legisladores impulsar acciones concretas afines a la idea de que la principal estrategia para atender este problema es la prevención a través de la autoexploración mamaria y la mastografía.
Los esfuerzos legislativos y de política pública sin duda deben estar encaminados hacia ello, la sociedad por supuesto debe tener un papel activo e importante. Tomemos conciencia de que el cáncer de mama es un problema prioritario de salud por su magnitud, uno que sin duda debe llamar nuestra atención por su tendencia ascendente y los enormes costos emocionales, sociales y económicos en las familias mexicanas.
Compañeras y compañeros, las mujeres y los hombres de la fracción de Acción Nacional estamos convencidos de que las y los mexicanos debemos asumir el reto de que ni una sola familia más se desintegre a causa del fallecimiento de un miembro de su familia por habérsele detectado tardíamente cáncer de mama, que ni una sola mujer más tenga que pasar por la fase de duelo a causa de la amputación de una parte de su cuerpo.
Debemos lograr que cada mujer y cada hombre de este país, se convenza de que aplicar las medidas preventivas es protegerse. Que al cuidar de su salud se procurará seguridad y respeto a sí mismo, a su familia y a su país.
Por ello, las invito y los invito a que conformemos un frente común, para garantizar que toda persona en este país tenga acceso a las acciones preventivas de detección temprana, tratamiento adecuado y rehabilitación del cáncer de mama. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Y quiero informar a la asamblea que después de sesudas búsquedas, llegamos a la conclusión de que el ganglio se llama Centinela. Es el ganglio centinela. Servida, Malú.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, tiene el uso de la voz doña Alma Marina Vitela Rodríguez, del PRI, hasta por cinco minutos, para que hable del ganglio centinela.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor diputado presidente. Señoras y señores legisladores. El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
El objetivo. Crear conciencia en las mujeres para que se realicen periódica y oportunamente los estudios preventivos correspondientes, ya que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Este día es también un recordatorio para los gobiernos de todas las naciones, para que impulsen políticas y programas públicos eficientes.
De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se detecta cáncer de mama en alguna mujer. En México, aproximadamente 13 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y 5 mil mueren cada año por esta causa, siendo la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina de 25 años y más.
En nuestro país, el cáncer de mama constituye un problema de salud pública que no es menor, por lo que el abordaje institucional que se debe instrumentar debe de ser transversal.
Definir una agenda que abarque estrategias diversas resulta prioritario para combatir efectivamente este mal, que tiene sus raíces más profunda en la parte cultural de la prevención, que permea no sólo entre las mujeres, sino también a nivel familiar e institucional.
En suma, es menester establecer políticas y programas públicos de largo alcance, capaces de superar la coyuntura, los cuales logren establecer un círculo virtuoso entre información y atención.
En el Grupo Parlamentario del PRI asumimos el reto que tenemos frente a nosotros. Estamos convencidos que el primer objetivo debe de ser que todas las mujeres del país reciban información suficiente y de calidad, que les permita tomar conciencia de la importancia de acudir oportunamente y periódicamente a revisión médica.
En segundo lugar. Estamos ciertos de la necesidad de posibilitar el acceso a los servicios médicos en sus tres fases. En cada rincón del país deben existir programas que faciliten a las mujeres a recibir la atención adecuada, para lo cual se requiere de la participación y coordinación de la federación, los estados, municipios, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
Sellemos hoy el compromiso para que las y los integrantes de esta Cámara representemos con estatura las causas de las mujeres. Comprometámonos a realizar las adecuaciones legislativas y presupuestales necesarias, a beneficio de quienes representan a más del 50 por ciento de la población.
El cáncer, compañeras y compañeros legisladores, no sólo destruye la salud de las mujeres, destruye a familias completas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra el diputado Luis Alberto Villarreal, por favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. El pasado domingo, 21 de octubre de 2012, falleció a los 83 años uno de los ideólogos, humanistas más importantes de la historia contemporánea de México. Diputado federal en 1967, candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional en 1970 y presidente nacional del Comité Ejecutivo de Acción Nacional en 1975, don Efraín González Morfín.
Quisiera pedir a la Presidencia un minuto de silencio en su memoria y quisiera terminar citando una frase de nuestro entrañable dirigente, don Efraín González Luna: Antes de la política debe existir lo pro-político, es decir, el conjunto de actividades y de instituciones que no son ni gobierno ni partidos. Desde luego, en lo pro-político sobresale, en primer término, la persona, que no es producto del gobierno.
Descanse en paz, Efraín González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La Mesa Directiva hace suya la propuesta del diputado Villarreal e invito a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias. Descanse en paz, Efraín González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: En el apartado de iniciativas tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Alberto Villarreal García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Alberto Villarreal García: Diputadas y diputados, señoras y señores, en el Partido Acción Nacional tenemos un fuerte compromiso con la cultura de la legalidad, misma que permite que una sociedad se rija bajo leyes e instituciones creadas en forma democrática, que protejan los derechos de todas las personas y que la ley se aplique a todos por igual.
Desde hace décadas, tanto en el terreno académico como en el debate nacional, se discute la necesidad de dotar de autonomía al Ministerio Público bajo el contexto de lograr un Estado democrático de pleno derecho.
El gran jurista mexicano, Luis Cabrera, desde la década de los 30 señaló que uno de los problemas de nuestra Carta Magna es que se otorgue al Ministerio Público un doble papel, primero, por ser representante de la sociedad y, segundo, por ser nombrado y responder jerárquicamente al Poder Ejecutivo.
Cito textual: Es algo que quizá en el futuro se corrija constitucionalmente separando estas funciones, que tienen que ser necesariamente antagónicas. Al pasar de los años se ha hecho evidente la necesidad de consolidar una reforma del Estado mexicano que atienda las exigencias de justicia de la sociedad.
Nuestro proceso penal requiere de las modificaciones necesarias para transitar de un sistema acusatorio que responda a la reforma integral, publicada el 18 de junio de 2008, aquélla que amplió los derechos en el proceso penal y dotó de mayores medios al Estado para combatir al crimen organizado.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara propone esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación, cambiando su denominación a fiscalía general de la república.
Ha sido una máxima del Partido Acción Nacional que la persecución de la justicia no puede estar sujeta a consideraciones de índole político. Por ello, el objetivo de esta iniciativa es crear la fiscalía de la federación como un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuesto, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta institución realizará, a través del Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y, por lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten su responsabilidad, defender los derechos de las víctimas y de los ofendidos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta, expedita y completa.
Con ello lograremos que el Ministerio Público deje de ser un representante del Poder Ejecutivo y se convierta verdaderamente en un representante de la sociedad mexicana, que responda exclusivamente al mandato de la ley. Asimismo se cumplirá con varios de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio como la igualdad de las partes, el respeto y la vigencia de los derechos humanos.
Para logra la imparcialidad y la autonomía de la fiscalía general de la federación es necesario que el nombramiento sea propuesto por el Poder Ejecutivo, pero que recaiga y sea dispuesto por un poder del Estado plural, como el Senado de la República, a través de la votación de la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes.
La reforma que proponemos en Acción Nacional, parafraseando al doctor Jorge Carpizo, implica que este tema deje de ser tratado como un asunto de reforma de fachada bajo el cual los gobiernos obtienen prestigio, pero no resultados.
En Acción Nacional defendemos que las instituciones no pueden ser utilizadas para fines personales o de grupo, sino que deben atender al bien común de todos los ciudadanos. Por ello estimamos que solo con instituciones fuertes y autónomas, ya en la federación o ya en los estados de la República se abonará a que las decisiones en materia de procuración de justicia y representación social sean independientes de cualquier poder del estado. —Termino, presidente.
El Partido Acción Nacional en esta Honorable Cámara de Diputados, desde el primero de septiembre asumió la función de ser la fuerza modernizadora y transformadora que México necesita.
No permitiremos reformas de forma que no atiendan el fondo de los problemas. No permitiremos que nos pidan menos de lo que México y su gente necesitan. La propuesta que hoy presento a nombre de mi grupo parlamentario ante esta soberanía atiende el fondo de dos de los problemas centrales de nuestro país: el acceso a la justicia y la utilización del sistema de procuración de justicia con fines políticos. México ya cambió y no puede regresar al viejo régimen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Quiero a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados, a un grupo de alumnos de preparatoria, del Colegio Sara María Basave, del estado de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También saludo a un grupo de invitados del DIF, del municipio de Tultitlán, estado de México que están hoy aquí invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa...
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Es que no veía en dónde estaba sentada. Voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra la diputada Lorenia Valles Sampedro, por favor.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (desde la curul): Gracias, presidente. Para proponer un minuto de silencio por los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuelita Solís Contreras, ambos dirigentes del Barzón, Chihuahua y activistas por el retiro de la minera canadiense en Benito Juárez, ocurrido el día de ayer, 22 de octubre por la mañana, en el municipio de Namiquipa, Chihuahua.
Y por supuesto, para exigir justicia, que se vaya al fondo del asunto y se deslinden responsabilidades.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia hace suya la petición de la diputada Lorenia Valles. Ruego a todos los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado José González Morfín: Descansen en paz.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.
El diputado Salvador Ortiz García: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Rememorar el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, significa conmemorar el ejercicio primigenio del Poder Constituyente para la fundación del Estado mexicano.
Permite reflexionar a profundidad el origen de nuestra nacionalidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Es además el recuento de la acción heroica realizada por don José María Morelos y Pavón, que un 22 de octubre de 1814 hizo posible que en Apatzingán se promulgara la Constitución que formalmente marca el inicio de la nación soberana y libre que hoy tenemos.
Su origen se localiza en el Movimiento Insurgente de 1810 en esa necesidad de dar un orden y sentido la lucha que se desarrollaba para lograr la independencia de lo que entonces era la Nueva España.
Morelos, que era el caudillo más destacado en la lucha contra los realistas, puso en marcha la idea de formar un Congreso al que asistirían los representantes de las provincias en calidad de diputados y, con ello, evitar la desorganización y el aislamiento de los grupos insurgentes.
La población escogida para la instalación del Congreso, fue Chilpancingo en el actual estado de guerrero.
Los trabajos del Congreso iniciaron en septiembre de 1813; el 6 de noviembre se redactó la primera declaración de independencia, del reino de España y ese mismo mes Morelos se declaró Siervo de la nación e incitó a los demás insurgentes a lograr el triunfo del Congreso Nacional.
Estos son los antecedentes que establecieron las bases del constitucionalismo mexicano, pues sirvió de ejercicio legislativo para comprender por qué los insurgentes optaron por seguir el sistema representativo, la división de poderes y la soberanía y de esta manera quedó asentado el deseo de desterrar para siempre el absolutismo y preservar la independencia y la libertad.
Para poder darle el valor legal que se requería, el texto constitucional debía seguir dos pasos fundamentales:
El primero que fuera firmado por los diputados reunidos en la sesión. El segundo, la sanción y aprobación por el supremo gobierno. Por lo que el día 22 de octubre de 1814, se sancionó y aprobó con el nombre oficial de “decreto constitucional para la libertad de la América mexicana”.
La Constitución se dividió en dos partes. En la primera se establecieron los fundamentos de la soberanía que residía en el pueblo y eran los habitantes los que la sostenían al momento de elegir a sus representantes al Congreso, ya que con ellos, con el apoyo popular, la garantizarían.
Además se extendía en la denominación de “ciudadano” a todos los gobernados. La impartición de justicia se volvió justa, la educación se consideró requisito indispensable para el desarrollo de la nación; se estableció la libertad de imprenta, el derecho de adquirir y disponer de propiedades; se instauró la división del poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La segunda parte se refería a la forma de gobierno; se asentó la división política de las provincias que fueran incluidas para la formación de la nueva nación, se establecieron los mecanismos electorales para elegir a los diputados, se establecieron las funciones y las atribuciones del supremo congreso que como Poder Legislativo debía promulgar y sancionar las leyes.
Estableció el supremo gobierno, los períodos de ejercicio y la alternancia que debían tener sus individuos; los períodos de elección, los cargos, la obligación de publicar las leyes y la organización del ejército y de los empleados de la administración pública, la aplicación de la justicia era responsabilidad del supremo tribunal y se basaba en preceptos muy claros.
La ley debe de ser igual para todos. Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe de ser acusado, preso o detenido algún ciudadano; que todo ciudadano se resulte inocente mientras no se declare culpable; ninguno puede ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable.
La Constitución de Apatzingán fue el medio legal por el cual los americanos plasmaron sus ideales, sus aspiraciones de carácter social como era la ciudadanía; reclamaron sus derechos políticos, promovieron la justicia y la igualdad ante la ley y al terminar ya con el sistema de castas y la abolición de la esclavitud, determinaron el derecho a poseer una propiedad y además mantenían presente que el ejercicio de la soberanía tenía como base el pueblo.
Declarar el año 2014 como el año del bicentenario del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, no debe quedar en una simple conmemoración, debe acompañarse de un cúmulo de actividades que proporcionen a la sociedad actual su origen.
Desde la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión se debe de impulsar la concreción de mecanismos que permitan a los mexicanos conocer y sentir las motivaciones de nuestros héroes, de nuestros héroes de independencia y su pensamiento que han servido de base para nuestra actual soberanía nacional.
Con estos antecedentes y consideraciones me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que declara el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el año 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Por su atención muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal.
La diputada Eva Diego Cruz: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: las artesanías son tan antiguas como la humanidad. Es la actividad que se encuentra ligada a nuestra cosmovisión, nuestra cultura e identidad como pueblos y comunidades.
En la actividad artesanal la producción se caracteriza por el predominio de la mano de obra y la creatividad personal que imprime a cada objeto características culturales, folclóricas o utilitarias determinadas de una región. Es decir, las artesanías representan la memoria colectiva que la comunidad transmite de generación en generación, por lo que es indispensable que sean consideradas como patrimonio cultural de México y protegidas, inclusive las realizadas por nuestros paisanos migrantes.
En México el principal motor para el desarrollo de la actividad artesanal es su diversidad cultural y étnica, hecho que ha permitido la producción de todas las ramas de esta actividad en nuestro territorio. No obstante, la situación de los artesanos es una paradoja pues, a pesar de la gran riqueza cultural que representan las artesanías para el país, muchos artesanos viven en pobreza extrema, ya que durante décadas las políticas de atención al sector artesanal han correspondido a criterios relacionados con la marginación y la pobreza extrema y no a reconocer la importancia de la actividad artesanal como tal.
La actividad artesanal debe ser vista como una alternativa capaz de reducir la pobreza y lograr la estabilidad económica en zonas rurales e indígenas del país, cuyos índices de desocupación y subempleo son significativos.
Claro ejemplo que la actividad artesanal es sinónimo de progreso son algunos países industrializados que han otorgado especial importancia a esta actividad como Italia, en donde el 24 por ciento de las empresas son artesanales. En este país, los empleados del sector artesanal representan el 20 por ciento de los trabajadores del sector privado. Se calcula que unos 100 mil son trabajadores artesanales que elaboran productos de alta calidad. Las exportaciones de productos artesanales italianos, sin contar las ventas a los turistas, representan el 17 por ciento del importe total del producto interno bruto.
En México, durante el tercer trimestre del año 2011, más de un millón 800 mil personas mayores de 15 años se emplearon en alguna actividad artesanal. Sin embargo, de éstos, un millón 290 mil artesanos se vieron en la necesidad de buscar otro empleo para satisfacer sus necesidades.
El objeto de la presente iniciativa que hoy presento, es el desarrollo, la protección y la promoción de la actividad artesanal en todas sus modalidades y expresiones, creando conciencia en la población sobre la importancia económica, la importancia social y la importancia cultural, convirtiendo la actividad en motor de desarrollo para las comunidades y fuentes de empleo.
El accionar el sector artesanal como fuente de desarrollo permitirá el arraigo en las comunidades, en especial del medio rural, evitando la migración y la desintegración familiar.
Es momento que el Estado asuma la obligación de promover y facilitar la actividad artesanal a través de los diferentes sectores y niveles de gobierno, estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada y la producción. Además de garantizar el acceso a los mercados internos y el acceso a los mercados externos.
El mercado de artesanías está determinado por diferentes factores estructurales; sin embargo, el más importante es el turismo, ahí la importancia de desarrollar políticas integrales con este sector, como la promoción del turismo a través de las artesanías, adquiriendo vital importancia reconocer a las artesanías como recurso turístico, e incorporarla en las normativas relativas al turismo.
Es la posibilidad de que el turismo ofrezca a los visitantes el patrimonio cultural auténtico emanado de nuestras artesanías.
Actualmente la ausencia de investigaciones y estudios territoriales que caractericen este tipo de economía y el desconocimiento de las relaciones funcionales que gesta esta actividad, no ha permitido su óptimo desarrollo. Es evidente que los estudios nacionales, regionales y locales son indispensables para ofrecer herramientas que permitan la eficiente aplicación de políticas de desarrollo de la actividad e integrar y beneficiar a todos los actores sociales que intervienen en esta cadena productiva.
La ley que presento a esta soberanía y que se denomina la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal, busca que se establezcan mecanismos para la protección de la creatividad del artesano a través de las diferentes formas de protección de la propiedad intelectual, siendo de total relevancia frente a la producción de objetos similares realizados por países como China.
Es momento de reconocer, en México, la actividad artesanal, por lo que también propongo a esta, la más alta tribuna del país, que se instituya el 14 de marzo de cada año, como “Día Nacional del Artesano”, ya que fue en esa fecha, el 14 de marzo del presente año cuando artesanos, académicos, organizaciones no gubernamentales y diputados de la LXI Legislatura realizaron la declaración al Foro las Artesanías en México, situación actual y retos, precisamente en esta Cámara.
La presente ley propone la creación de tres órganos importantes para el sector artesanal:
Primero, los Consejos Estatales de las Artesanías, cuyo objeto es asegurar una atención apropiada al desarrollo artesanal, pero principalmente el garantizar la participación de los gremios o asociaciones locales de artesanos en la elaboración de los planes y programas dirigidos al sector.
Segundo, el Registro Nacional de Artesanos constituirá un instrumento base para la ejecución de los programas estratégicos dirigidos a la actividad, ya que en él se podrán identificar a las personas físicas y a las personas morales que se dediquen esta actividad, y
Tercero, la Dirección Nacional de Artesanías como un ente que dependerá de la Secretaría de Economía, pero que contará con la autonomía necesaria para el desarrollo de sus atribuciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea por la cual se expide la Ley del Artesano, el Fomento y Desarrollo de la Actividad Artesanal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
Se turna la iniciativa a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Dígame, diputado.
El diputado José Humberto Vega Vázquez (desde la curul): Señor presidente, si por favor le pregunta a la diputada me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿está usted de acuerdo en que el diputado suscriba su iniciativa? Le ruego que aquí en la Secretaría pueda suscribir la iniciativa, diputado. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados entre nuevos competidores, como China, Grecia, Turquía y la Federación Rusa, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultura.
Por tal motivo, se estima que el impulso a la diversificación de la oferta turística nacional nos colocaría en un escenario favorable. El patrimonio cultural es un referente para las identidades de nuestros pueblos y es tan diverso como nuestras culturas.
En este sentido, se cuenta con la gran oportunidad de posicionarse en el ámbito internacional como una de las potencias del llamado turismo cultural, por lo cual en la presente propuesta se plantea incorporar a la Ley General de Turismo el concepto de turismo cultural, así como conferir al gobierno federal a que en coordinación con las entidades federativas y los municipios impulse su promoción nacional e internacional.
El turismo representa una actividad económica, cuyas divisas resultan ser significativas para algunas naciones. Para México es un sector que aporta importantes ingresos, ya que nos hemos logrado colocar en el escenario internacional como una de las principales naciones con flujo turístico por la oferta diversificada que tenemos.
El sector turístico es considerado factor prioritario del desarrollo nacional, ya que si es bien enfocado representa una enorme productividad y generación de empleos y además, en los últimos años el turismo ha crecido a tasas elevadas, incluso, superando a las principales ramas económicas.
El turismo no se distribuye en el espacio de forma homogénea o aleatoria. Por el contrario, su localización es de carácter regional y corresponde a factores relacionados con el entorno geográfico, el clima, el patrimonio asociado y la capacidad de acceso e interconexión.
Entre los sitios turísticos de una región determinada, particularmente nuestro país se divide en cuatro regiones, en las cuales se agrupa a las entidades federativas con características geográficas, económicas, sociales y turísticas similares, con elementos comunes que permitan realizar análisis puntuales para diseñar políticas para el desarrollo, promoción y comercialización del turismo relacionado con la cultura.
En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración federal actual, el turismo es considerado pieza fundamental para el desarrollo del país. Este documento rector de planeación menciona que el objetivo estratégico a perseguir es, que México continúe siendo líder a nivel mundial en actividad turística, para lo cual el gobierno pretende aumentar en un 35 por ciento el número de visitantes internacionales al año.
En este sentido, es importante destacar que en el programa Sectorial de Turismo 2007-2012 se afirma que las tendencias mundiales plantean una mayor división de los mercados, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas formas de turismo, como pueden ser las relacionadas con la naturaleza y la cultura.
En nuestro país, estudios como el Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural en México, demuestran que casi 70 millones de turistas realizan actividades relacionadas con la cultura en México. Así también, los viajes de los turistas motivados especialmente por la cultura, suelen ser más largos que aquellos realizados por los turistas con interés ocasional.
Para llevar a cabo una incursión cultural se necesita una inversión del turista, quien manifiesta mayor interés por el conocer e involucrarse en la vida del lugar visitado, lo cual exige más tiempo que un viaje panorámico. Entre más ajena es la cultura visitada, más curiosidad provoca en los turistas.
La principal actividad realizada por este tipo de turistas son las relacionadas con el patrimonio tangible, muy populares entre los turistas motivados especialmente por la cultura, ya que representa el 48 por ciento del total de actividades practicadas por el turismo nacional y el 63 por ciento de los internacionales.
Este panorama potencial de diversificación cultural hace que la perspectiva mundial del turismo sea favorable para México, dadas las características de su patrimonio cultural y natural de infraestructura existente, las vinculaciones comerciales y de inversión con los principales mercados, emisores de turismo, así como la existencia de un mercado turístico doméstico amplio y en expansión.
Conviene recalcar que por su importancia para las economías de las entidades federativas, el turismo recobra mayor importancia como un factor de desarrollo y motor de crecimiento, lo cual nos hace pensar en las actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente y que pueden ser un área de oportunidad, considerando que México es uno de los países con mayor pluralidad y patrimonios culturales, donde encontraremos bienes de diversos órdenes, los cuales ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico.
El patrimonio cultural de nuestro país es un referente nacional y tenemos una enorme diversidad de tradiciones arraigadas, las cuales sirven como importante atractivo para el turismo nacional e internacional.
En las últimas dos décadas se ha diversificado la oferta turística en el ámbito internacional en México, en particular ha realizado esfuerzos importantes por implementar el turismo cultural.
El Centro de Estudios Superiores en Turismo estima que el gasto por viaje de la demanda turística, relacionada con la cultura, es mayor al relacionado con el turismo convencional.
Cabe señalar que en nuestro país el turismo cultural representa el 5.5 por ciento de los viajeros nacionales y el 3 por ciento de los internacionales, poniendo a la cultura –termino, presidente- en el sexto lugar, en cuanto a la motivación principal para el turismo doméstico, y en el cuarto para el turismo internacional.
Siglos de historia, una vasta producción artística, una gastronomía más que extensa, un patrimonio natural sorprendente nos dan la pauta para la generación de productos de turismo cultural sólido y sustentable.
Por ello, propongo reformar la Ley de Turismo, a fin de promover una oferta diversificada e impulsar el turismo que tenga como objeto el conocimiento de nuestra extensa cultura nacional. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Turismo para dictamen.
Le damos la más cordial de las bienvenidas a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Derecho, concretamente, que están aquí invitados por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También saludamos a un grupo de síndicos y regidores del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, que están aquí presentes en la sesión, invitados por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría. Bienvenidos todos a la Cámara.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, un país sin derecho a la información será siempre una nación con gobiernos corruptos y opacos.
La iniciativa que hoy presento pretende modificar dos artículos de la Ley Orgánica del Congreso. El artículo 45 y el 97. Y es que se trata, apropósito de la instalación de las comisiones –quizás por eso vea semivacía la sala del pleno– estoy planteando la eliminación de una restricción en materia de información que se solicitan vía la Presidencia de la Cámara o vía la Presidencia de las comisiones.
Con esta modificación se obliga a las autoridades a la entrega oportuna de información útil y veraz, y se establece un antídoto contra los desvíos de poder. Y ahí pues la necesidad de esta iniciativa que hoy les presento.
No desconozco ni estoy alejado de que este ejercicio del derecho a la información y a la transparencia tiene ciertos límites; y los tiene en razón de la preservación de otros derechos fundamentales como el derecho a la seguridad para salvaguardar los secretaros industriales, financieros, científicos o tecnológicos, y así evitar riesgos en el sistema financiero bancario o que no se comprometan derechos o intereses legítimos de terceros, pero también que no se comprometa la seguridad nacional.
Por eso, a pesar de que estoy convencido de que hay necesidad de reservar algunos temas no se justifica la presencia de esta reserva en estos dos artículos a los que me estoy refiriendo. En estos dos artículos se señala que podrán acceder a la información las comisiones legislativas, siempre y cuando no estén reservados estos datos por las autoridades.
El trato que les dan a los particulares es el mismo que se le otorga a las comisiones cuando se trata de entes cuya naturaleza jurídica es totalmente distinta. Esta restricción no debería existir para las comisiones legislativas que solicitan información a autoridades de la administración pública federal, y por eso estoy tratando de plantearle a la asamblea y a las comisiones dictaminadoras su eliminación.
Quiero comentarles, ciudadanos legisladores, diputadas, que este elemental derecho del Poder Legislativo simple y sencillamente constata y confirma que el Poder Legislativo o las asambleas legislativas sirven de contrapeso y sirven de control a los excesos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero también de control y fiscalización tal y como establece la Constitución. Por eso no puede haber restricción para la información solicitada por parte de las comisiones dictaminadoras y de investigación que dispone la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Más aun estudiando algunos países del mundo en esta materia, acudiendo al derecho comparado, quiero expresarles que en la mayor parte de países del mundo no existe esta restricción y los comités y comisiones tienen el derecho en todo momento de solicitar la información que requieran a la autoridad con sanciones incluso de investigación del funcionario que no accede o el funcionario que no responde a la información requerida.
Brasil, Chile, países europeos pueden disponer de este canal de información, del derecho a la información elemental en todo momento sin restricciones y sin información reservada. Por esa razón siendo el órgano de control el legislativo, no existe ninguna justificación para que en la ley tenga el mismo tratamiento como si se tratara de particulares, porque nosotros no ejercemos ninguna función como particulares, sino ejercemos una función como un poder público constituido que es el Poder Legislativo.
Por esa razón esto abona al derecho a la información y por eso estoy planteando se modifiquen los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadano presidente, me gustaría pedirle y solicitarle en forma amable, que pudiera trasladar o plasmar íntegra la iniciativa que en ella se contienen algunos elementos de derecho comparado en el mundo para demostrar que lo que estamos solicitando es simplemente modernizar nuestro marco legislativo y mejorar el derecho a la información y a la transparencia. Por la atención de todos, los pocos que están en esta semivacía sala, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Monreal, y se hará como lo solicita; la iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Telesecundaria 350, Leona Vicario, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente; con la venia de la Cámara. Para seguir en la tesitura de la transparencia –no tengo reloj ahora, pero bueno–. El diputado Manlio Fabio Beltrones, el diputado Alberto Villarreal García, el diputado Ricardo Monreal, el diputado Arturo Escobar, la diputada Lucila Garfias y, por supuesto, mi coordinador, el diputado Alberto Anaya e inclusive la de la voz, la característica que tenemos todos nosotros es que somos diputados plurinominales.
Saco esto a colación porque la iniciativa que vengo a presentar el día de hoy, es un análisis serio –hoy real– de la figura de representación proporcional y no uno superfluo como el que se ha presentado anteriormente en esta Cámara.
Para ello, si tienen la generosidad de que me permita yo leer dos iniciativas que se presentaron ya con anterioridad en este pleno.
La primera, la de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega del PRI, que pretende cortar 100 diputados plurinominales; y la segunda del diputado Niño de Rivera del PAN, que pretende desaparecer la figura de la representación proporcional.
La primera, si me permiten referenciar un poco la exposición de motivos de la diputada Patricia Elena Retamoza, que me parece la más interesante, por no decir graciosa, hace énfasis y cito a la diputada en su exposición de motivos: a la dificultad para la construcción de mayorías en México que se deriva de un sistema de representación política que buscando la pluralidad dificulta la gobernabilidad y genera altos costos y desprestigio ante los ciudadanos”. Y repito, “y desprestigio ante los ciudadanos”.
El diputado Niño de Rivera es un poco más violento con su coordinador, aparentemente con los coordinadores de casi todas las fracciones parlamentaria diciendo que “es público y notorio el ambiente de desencanto y desconfianza que existe hacia el sistema de partidos y en general a las instituciones representativas y de gobierno del país y que dicho ambiente debe de ser el principal referente a la acción parlamentaria de esta Legislatura, tomando la responsabilidad de modificar aquello que los ciudadanos consideran inaceptable, en este caso aparentemente, a su coordinador, inaugurando un nuevo capítulo en la vida pública”.
¿Por qué? Porque uno de los principales agravios de la sociedad mexicana, son los excesos, el dispendio y el alto costo de las instituciones de nuestra democracia representativa y que México está cansado de la impunidad, no solamente de los delincuentes, sino también de algunas personas de la vida pública que han manchado la dignidad de la investidura representativa de la responsabilidad gubernamental del servicio público.
Aparentemente solamente los diputados de RP han manchado a la investidura y entre ellos los diputados que ya mencioné en esta tribuna y que les vuelvo a recordar: Manlio Fabio Beltrones, Luis Alberto Villarreal García, Ricardo Monreal, Arturo Escobar, Lucila Garfias y Alberto Anaya.
Ahora seamos serios en el análisis de la representación proporcional. La teoría política, seria, dice que la representación proporcional permite que los sistemas no sean cooptados por los poderes fácticos del dinero, del crimen e inclusive de las cúpulas de partidos.
Lipset dice que uno de los requisitos de los requisitos de la democracia no solamente en este país, sino en el mundo, debe de ser la representación proporcional.
Y Pippa Norris dice que “para el avance de la democracia es necesaria la representatividad especialmente de las mujeres en las Cámaras”, como ésta.
Dado el poco tiempo que tengo para dar término a la lectura de mi iniciativa, me preguntaría cuál es la verdadera finalidad de la propuesta no solamente de estos diputados, sino del candidato a presidente, ahora virtual ganador, para acabar con la figura de la representación proporcional.
Les diría, un retroceso democrático, pues con este tipo de acciones, se busca eliminar la representación de las minorías para regresar al autoritarismo y algunos sueñas al bipartidismo, en este caso el Partido Acción Nacional.
Si verdaderamente nos interesa eliminar gastos superfluos e injustificables, debemos hacer un análisis serio donde fomentemos la aplicación de los principios de austeridad y gasto responsable de los recursos públicos; debemos transparentar los gastos de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, señores diputados.
Así verdaderamente podremos llevar a cabo acciones de fondo. Si buscamos la disminución de gasto haremos a esta Cámara más eficiente, con la misma representación que ahora tiene.
No podemos con un argumento económico dar un argumento político para dar traste a la democracia y a la representatividad de este país.
Simplemente los dejaría con algunos números, para terminar, señor presidente. Esta Cámara de Diputados tiene aproximadamente, según su página de Internet, un presupuesto de 5 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil 534 millones de pesos se van a gasto corriente, no especificando para qué: materiales, suministros, servicios generales, etcétera.
Termino, señor presidente. Los diputados, con nuestras dietas y prerrogativas, representamos 900 millones de este presupuesto, solamente 900 millones, y los gastos generales de las casi seis mil plazas que hay en esta Cámara de Diputados representan dos mil 832 millones de pesos al año. Es decir, esta es una Cámara de Diputados obesa que sirve solamente a los intereses de una mayoría aplastante.
Con esto concluyo, se lo prometo, señor presidente. Entonces el problema está en la pluralidad...
El Presidente diputado José González Morfín: Se ha agotado su tiempo, diputada. Le pido que concluya con su intervención.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Voy a terminar, señor presidente. El problema no está en la pluralidad y en la representación de mujeres, jóvenes y etnias, sino en lo obeso y en el gasto oscuro y la falta de transparencia de esta Cámara de Diputados.
Es por eso que esta iniciativa que pido se incluya completa en el Diario de los Debates pide la transparencia y la austeridad en el gasto de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, inclusive por los silbidos, señores diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Se insertará íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Sánchez Romero para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Educación, iniciativa que está suscrita por distintos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Carlos Sánchez Romero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: pongo a su consideración la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación para garantizar condiciones dignas a los planteles de educación pública, suscrita por la diputada. Josefina García Hernández y por su servidor en nuestro carácter de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Considero que el hecho de que esta LXII Legislatura coincida con el inicio de un período presidencial representa un incentivo para construir acuerdos e impulsar los cambios que México demanda.
En la medida que seamos capaces de construir una auténtica agenda legislativa estaremos abonando por la gobernabilidad democrática y la estabilidad que México requiere y que espera para crecer y avanzar.
Es por eso que proponemos esta iniciativa que busca fortalecer y recuperar el rumbo de nuestro sistema educativo dotándolo de equidad, justicia social y operatividad.
La educación es sin lugar a dudas el motor fundamental de la transformación que México requiere y un tema que deberemos revisar e impulsar para dotar de mejores oportunidades a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.
Esta iniciativa obedece fundamentalmente a fortalecer el sistema educativo nacional incorporando al municipio con recursos y facultades que le permitan participar de manera proactiva en materia de infraestructura y equipamiento educativo mediante un fondo específico que facilite al nivel de gobierno más cercano a la gente a atender las necesidades y requerimientos más sensibles en esta materia.
Por otro lado es innegable que existen aún muchos temas que resolver en materia educativa. Actualmente la Ley General de Educación no da atribuciones específicas al gobierno federal ni a los estados y municipios, específicamente en las escuelas rurales e indígenas, para que cuenten con condiciones dignas para el personal docente y los alumnos.
Lo anterior lo sustento en las declaraciones que realizó el pasado 13 de septiembre de 2012 Rosalinda Morales Garza, titular de la Dirección General Indígena de la SEP. Señaló que hay 23 mil escuelas indígenas de las cuales 10 mil son primarias, 10 mil pre-escolares y 3 mil pertenecen a educación inicial; 30 por ciento del total de las escuelas presenta alguna carencia; es decir, cerca de 7 mil escuelas atienden a niños indígenas que carecen de techo, ventanas, puertas, sanitarios, aulas de medios, canchas y hasta de una edificación propia, por lo que muchas de ellas se ubican en lugares prestados lamentablemente.
Por eso resulta apremiante incorporar a las comunidades y poblaciones indígenas y de mayor marginación a un sistema educativo más justo y equitativo debido a que un pueblo educado tiene siempre mejores oportunidades de desarrollo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, es necesario impulsar esta iniciativa orientada a atenuar y reducir las enormes desigualdades que se presentan en materia educativa en nuestro país.
A través de la creación de un fondo específico etiquetado para fortalecer en infraestructura y equipamiento escolar a nuestros municipios, mediante un modelo de federalismo participativo en donde los tres niveles de gobierno de manera corresponsable y coordinada colaboren para fortalecer la educación en México. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Marcos Aguilar Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que viene también suscrita por diputados integrantes del PAN.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, señor presidente. Se habla en México de muchas reformas estructurales que, sin duda alguna, son necesarias para transformar a nuestro país; sin embargo, en materia de reformas para enfrentar uno de los problemas más importantes que tenemos, el de la corrupción, poco se ha hecho en México.
Hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha presentado un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución mexicana para enfrentar la problemática que hoy existe en México, particularmente me refiero al antecedente que existe en nuestro país en el año 1982, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid envió una reforma a la Constitución mexicana, al Congreso de la Unión, para modificar el apartado relativo al sistema de responsabilidades de los servidores públicos; los artículos 108 al 114 de la Constitución mexicana. Ahí se plasmaron cuatro tipos de responsabilidades; la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política.
De igual manera, se propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta reforma se estableció la creación de un nuevo órgano de la administración pública centralizada; la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Esta Contraloría fue un organismo que de nacimiento estableció dos atribuciones que no eran compatibles; la función de auditar y la función de fincar responsabilidades administrativas.
Estas dos funciones evitan que se practique con toda claridad la autonomía para dictar fallos y resoluciones, al depender del mismo gobernante. Este órgano es juez y parte en la práctica de auditorías y en el fincamiento de responsabilidades de servidores públicos, una deficiencia que se ha acarreado a nivel nacional desde su origen.
Hoy, el Partido Acción Nacional tiene claramente identificado lo que tienen todos los mexicanos; el sistema que existe en México en materia de responsabilidades no funciona. Planteamos una propuesta que va al fondo de esta problemática y que establece en primer término la igualdad entre ciudadanos y servidores públicos, independientemente de la responsabilidad que le haya sido asignada a cada uno de ellos. Es decir, sea éste un responsable de la administración pública o un representante popular.
Proponemos la eliminación de la figura del fuero constitucional, por ser ésta ya una figura obsoleta en México, por ser una figura que lamentablemente, con la mala actuación de muchos representantes populares, ha sido desviada y ya no cubre con lo que originalmente fue planteado.
En consecuencia, proponemos la eliminación de la declaración de procedencia, que es justamente la autorización que otorga la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, para ejercer la acción penal ante un Ministerio Público.
Proponemos –y éste es un tema de fondo que naturalmente atenta contra quienes hoy me escuchan- la eliminación de la figura de juicio político, una figura que revela naturalmente que esta institución no ha sido formada o no ha sido creada en su ámbito formal, más que para un aspecto legislativo y no jurisdiccional.
Hoy tenemos claridad que desde 1917 a la fecha en este país no se ha impuesto ninguna sanción por el concepto de juicio político. Esto no funciona y es una simulación para los mexicanos.
Proponemos en su lugar, la creación de un Tribunal Federal de Rendición de Cuentas que permita conocer de dos responsabilidades, la administrativa y la política. Esto significaría, que todos los órganos internos de control de la administración pública federal, del Poder Judicial, del Poder Legislativos y de los organismos constitucionales autónomos, sean sujetos a este nuevo régimen bajo el mando del Tribunal Federal de Rendición de Cuentas.
De igual forma, planteamos que este tribunal conozca de las responsabilidades para que se acabe con la simulación y que cuando un representante popular incurra en una responsabilidad sea justamente este nuevo organismo constitucional autónomo, que no dependa de ninguno de los órganos el que sancione ejemplarmente a los malos servidores públicos de este país.
Este mismo modelo lo planteamos para los 32 estados de la república, con el único objetivo de plantear una propuesta seria que nos garantice en México una transformación al sistema de responsabilidades, que por muchos años ha sido desatendido. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor presidente. En 1997, en uno de sus mejores momentos, esta Cámara de Diputados creó los fondos sociales del Ramo 33 del presupuesto federal, como el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, conocidos como los fondos de combate a la pobreza. Incluyó en dichos fondos, a las 32 entidades federativas.
Un año después, sin embargo, en 1998, como castigo por el rechazo al Fobaproa, el rescate bancario con recursos públicos, el DF fue excluido de los fondos sociales.
En el año 2000, en un acuerdo logrado en el marco de la alternancia recién ocurrida se recuperó para el DF, el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Sin embargo, hasta la fecha, el Distrito Federal sigue excluido del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el argumento para mantener dicha exclusión es francamente ridículo a estas alturas. Se dice que el DF no es un estado ni tiene municipios y que la Ley de Coordinación Fiscal señala que el fondo es para estados y municipios.
Es el mismo argumento que se esgrimió para excluir al Distrito Federal del Fondo de Fortalecimiento Municipal y del cual, sin embargo, ya forma parte hoy en día como hemos señalado.
De hecho, el DF ha sido sometido a una ofensiva, a un acoso, a un cerco financiero desde hace 15 años. En 1998 es excluido de los fondos sociales federales. Ese mismo año, le es negado el techo de financiamiento.
En el año 2004 se intenta una reforma constitucional para quitarle al DF 9 mil millones de pesos. En el año 2005 se niega al Distrito Federal su techo de financiamiento. Más tarde se cambia la fórmula de asignación de las participaciones federales para disminuir los recursos asignados al Distrito Federal.
En este caso, proponemos a través de esta iniciativa que se restituya al Distrito Federal el Fondo de aportaciones a la infraestructura social con las mismas reglas de asignación que se utilizan para el resto de las entidades federativas.
De tal forma y en ese caso, el DF deberá recibir cerca de mil millones de pesos por dicho fondo para el Ejercicio Fiscal del año 2013.
En los hechos, el DF ha dejado de recibir, en pesos de hoy, más de 10 mil millones de pesos para el combate a la pobreza, para la construcción de infraestructura social en estos años.
Demandamos que cese el cerco financiero a la ciudad de México. Demandamos que se incluya al DF en los fondos sociales federales. Demandamos que se fortalezca la lucha que lleva a cabo el gobierno de la ciudad, por la equidad, contra la desigualdad y contra la pobreza. El DF, no olvidemos, es también la capital de la República y de todos los mexicanos.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Se adhieren a esta iniciativa los diputados y diputadas José Ángel Ávila Pérez, Manuel Huerta, Alejandro Carbajal, Malú Mícher, Gerardo Villanueva, Guillermo Sánchez, Alfonso Durazo, Socorro Ceseñas y Silvano Blanco. Es cuanto, señor presidente y gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado, se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Tiene la palabra, por 5 minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 99 Bis a la Ley Aduanera.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en mi calidad de diputado de esta LXII Legislatura y como parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento ante esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 99 Bis a la Ley Aduanera.
La contaminación atmosférica generada por los autos que son importados representa en nuestro país un enorme riesgo para la salud y daños al medio ambiente.
Estudios de muestreo en la frontera norte del país han evidenciado que casi el 80 por ciento de los vehículos que circulan en los estados fronterizos fueron adquiridos o comprados originalmente en los Estados Unidos o Canadá, y años después fueron importados definitivamente a nuestro país.
En virtud de la gran cantidad de autos importados que circulan dentro de nuestro país, y que en su mayoría tienen más de 10 años de antigüedad, planteo adicionar la Ley Aduanera para que se pida como requisito indispensable la verificación vehicular a quienes pretendan realizar la importación definitiva de autos a nuestro país.
En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI algunos grupos aún ponen en duda la existencia del cambio climático y sus efectos en los sistemas climático y humano. Sin embargo, el conocimiento científico ha arrojado evidencia que permite afirmar que este fenómeno es real.
Con la publicación del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se demostró que existe un alto grado de certidumbre sobre la relación directa entre las actividades humanas que se llevaron a cabo a partir del año 1750, y el incremento de la temperatura global.
De hecho, en el periodo comprendido entre 1906 y 2005 la temperatura global se incrementó en un 0.74 grados centígrados. Más aún, de acuerdo con datos de ese Grupo Intergubernamental, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado constantemente desde la época preindustrial y durante los últimos años de 1995 al 2005, ésta se incrementó anualmente en 1.9 partes por millón. Esta tendencia continúa, prueba de ello es que la concentración atmosférica total de CO2 en 2005 fue de 378 partes por millón, mientras que en julio de 2012 había alcanzado las 394.49 partes por millón.
De continuar así los expertos prevén un aumento de la temperatura mayor a los 2 grados centígrados, además de una serie de cambios en el sistema climático y también a nivel ecosistémico.
Lo anterior pone en severo riesgo el desarrollo de los países y el bienestar de sus poblaciones, al revertir los logros alcanzados en la última década en materia de infraestructura estratégica, servicios básicos urbanos y rurales, inversión agropecuaria y silvícola, protección civil, entre otros.
Entre otros factores, la ubicación geográfica, la desigualdad social, la insuficiencia de infraestructura, de capacidades técnicas y humanas hacen de México un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. En un escenario de incremento de la temperatura de 2 grados centígrados se prevé que nuestro país experimente impactos de índole ambiental, social y económica estrechamente vinculados.
La problemática de las emisiones contaminantes se debe atender íntegramente mediante mecanismos que permitan su mitigación. Resulta preocupante que la implementación de tratados como el de Libre Comercio tengan impactos adversos en la dinámica nacional y el medio ambiente, es por ello que planteo ante esta tribuna una regulación específica de carácter ambiental para los vehículos importados definitivamente al país a consecuencia del Tratado de Libre Comercio.
De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de automóviles usados que sean originarios de Estados Unidos de América o Canadá, cuyo año o modelo sea de más de 10 años anteriores al de la importación.
La apertura definitiva de estos autos a las importaciones trae consigo cambios significativos en la flota vehicular nacional, primordialmente en los estados de la zona norte del país. Esta modificación en la flota hace imperante que nuestro país efectué acciones que permitan un control del flujo de autos tratando de minimizar los impactos ambientales por las emisiones que provocan y el correspondiente riesgo a la salud que esto conlleva.
Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de enero a agosto de 2012 la importación de autos usados fue de 278 mil unidades, la que equivalió al 44.9% del total de las ventas de vehículos nuevos, lamentablemente la mayoría de los autos importados nunca o casi nunca han estado sujetos a regulación de emisiones y al ingresar al país el problema de agrava ya que solo algunas entidades federativas tienen regulada la verificación vehicular, a la cual no en todos los casos están sujetos los autos importados.
Por ello se propone la reforma a la Ley Aduanera, cuerpo normativo donde se encuentra detallado el proceso de importaciones definitivas a territorio nacional a fin de regular definitivamente el tránsito de estos vehículos en nuestro país para quedar como dice:
Artículo 99 Bis. Las personas físicas que pretendan efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados de conformidad a las disposiciones aplicables en relación al cumplimiento de lo establecido en el Apéndice 300-A-2, párrafo 24 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las demás que de ello deriven, deberán obtener la verificación que acredite que no rebasan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes, misma que tendrá que realizarse de manera periódica cada seis meses.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad para el Desarrollo del estado de Puebla, Campus, Xicotepec, que están aquí invitados por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También le damos la más cordial bienvenida, a un grupo de maestros y alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas, del estado de Puebla, que se encuentran aquí invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud.
El diputado Francisco Javier Fernández Clamont: Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi lectura en esta iniciativa de ley quisiera, desde esta máxima tribuna, felicitar a todos los médicos del país, que hoy 23 de octubre es el Día del Médico; de la gran labor que hacen en todo el país. También felicitar a nuestros compañeros, amigos, médicos diputados y colegas que desde aquí vamos a trabajar por México.
Someto a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV, del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud en el tenor de incluir la vacuna de varicela en la Cartilla Nacional de Vacunación.
Quiero preguntarles aquí a los compañeros que están presentes, compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿quién no ha tenido alguna vez contacto con la varicela de manera propia o con sus hijos o con familiares cercanos?
Algunas veces la manifestación más benigna puede ser fiebre, lesiones en la piel, comezón y que se ausente de la escuela o del trabajo. Pero también hay manifestaciones malignas que pueden llevar a complicaciones severas y a la defunción a menores de edad o a adultos. El virus de la varicela es un virus herpes, varicela zoster.
En la República mexicana en el periodo de 1990 a 2007, la varicela se ha presentado de forma cíclica alcanzando sus mayores incidencias en la población de cuatro a seis años de edad.
De acuerdo con un informe de la Semana 38 de 2012 del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, se han registrado en la República mexicana un total de 109 mil 688 casos de varicela. Las entidades que presentan un alto rango son el estado de México con 21 mil 919 casos; en Jalisco con 16 mil 801 casos; y en el Distrito Federal un total de 16 mil 100 casos.
La varicela es una de las infecciones que ha tenido un comportamiento constante en la población infantil y adolescente. Se observa que por arriba del 90 por ciento ha tenido una curación de manera benigna, pero de acuerdo al registro de la Dirección General de Información de Salud, las defunciones por varicela se presentaron en mayor importancia en la edad de uno a cuatro y de cinco a catorce años, falleciendo por alguna complicación de esta enfermedad.
Quiero decirles que la varicela se presenta con mayor frecuencia en grupos en donde hay grandes concentraciones humanas, se presenta en sujetos sensibles que asisten a guarderías, a escuelas, hospitales.
La infección se adquiere por un contacto directo; el virus penetra a través de las vías respiratorias, el período de incubación puede ser de 14 a 16 días y los límites entre 10 y 23 días. Puede tener complicaciones muy severas en la piel, en el sistema nervioso central, en el oído, en los pulmones.
Afortunadamente hoy se cuenta ya con la vacuna y se administra en el sector privado y gracias a la vacuna es posible proteger a los hijos contra varicela, ya que ofrece un rango de eficacia muy alto, evitando así que se presente durante la infancia y en la edad adulta, época de la vida donde las manifestaciones pueden ser todavía más severas.
La mayoría de las personas que reciben la vacuna contra la varicela, no la van a tener o si se les presenta puede ser de menor intensidad. La vacuna de la varicela es muy efectiva para proteger al niño sano frente a la infección y reducir la gravedad de la enfermedad en caso de contraerla, hasta en un 70 y 90 por ciento.
¿Cuáles son los objetivos en la disminución, en la aplicación de la vacuna de la varicela? Es disminuir las complicaciones de esa enfermedad, disminuir la ausencia escolar y laboral y sobre todo, proteger a los adultos de esa enfermedad.
Por lo tanto presento esta iniciativa en donde se reforma el artículo 134 en su fracción IV en donde dice que “la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realizarán acciones de vigilancia epidemiológica de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
Fracción IV. “Difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, varicela, poliomielitis, rubéola y parasititis infecciones”.
Y el artículo 144: “las vacunaciones contra la tos ferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, sarampión y varicela, así como otras enfermedades transmisibles en el futuro estimará la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará a los sectores de la población que deben de ser vacunados y las condiciones en que deberá suministrarse la vacuna conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud”.
Someto a la Comisión de Salud, que se turne esta iniciativa para el beneficio de toda la niñez y los adultos y que se pueda prevenir la enfermedad varicela. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Villarreal García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Ricardo Villarreal García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el día de hoy comparezco ante ustedes para presentar una iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer procesos de evaluación de control y de confianza a diversos servidores públicos del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales de los estados.
A través de los años el crimen organizado, cimentado durante el viejo régimen, fue evolucionando e incrementando su poder económico y operativo, convirtiéndose en un cáncer que se propaga y contamina todo lo que queda a su alcance.
De esta manera, las bandas delictivas fueron penetrando a las distintas instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de impartición de justicia. Así, el crimen organizado se fue apoderando de nuestras instituciones, poniendo en jaque el debido funcionamiento de las policías, los ministerios públicos y los tribunales de justicia.
Lo anterior derivó en que cada criminal o grupo delincuencial encontraba aliados en todas las instancias del Estado mexicano, en especial en aquéllas que por razón de su competencia tienen mayores atribuciones en la investigación y enjuiciamiento de los delitos. Todo esto generó una situación de violencia insostenible que ha vulnerado la libertad de muchas familias mexicanas en varias regiones del país.
Ante tal situación, el presidente Felipe Calderón, desde el inicio de su administración, decidió emprender una lucha frontal sin precedentes contra la delincuencia organizada. Dicha lucha ha tenido grandes avances; desafortunadamente debido a lo corroído de nuestras instituciones, los avances no han sido los suficientes.
Fue el mismo presidente Calderón quien, como uno de los mecanismos para lograr limpiar las corporaciones involucradas en la seguridad pública y en la procuración de justicia, promovió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la obligación para que dichas corporaciones, tanto en el ámbito local como en el federal, evalúen a su personal mediante controles de confianza.
En tal virtud, hoy existen mecanismos que permiten realizar evaluaciones permanentes de control y de confianza a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de la procuración de justicia, tanto en los ámbitos federal como estatales y municipales que incluyen exámenes médicos, toxicológicos, sicológicos, poligráficos y socioeconómicos.
Dichas evaluaciones ya han tenido resultados muy relevantes en el combate al crimen organizado. Gracias a ellas se ha iniciado la mayor depuración de las corporaciones policiales y de procuración de justicia en la historia de nuestro país.
Prueba de ello es que en el presente gobierno ha habido un gran número de funcionarios cesados y sujetos a procesos penales. Hemos llegado incluso a procesar penalmente a subprocuradores y delegados federales por estar coludidos con la delincuencia organizada.
No obstante lo anterior, nos hemos quedado cortos. De poco sirve depurar las corporaciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia si los miembros del Poder Judicial federal y de los tribunales superiores de justicia de los estados no están obligados a llevar a cabo este tipo de medidas.
Esta situación requiere tomar medidas urgentes, toda vez que es evidente que los impartidores de justicia también pueden ser corrompidos por los delincuentes.
Es imposible pensar que la delincuencia organizada sólo ha penetrado el Poder Ejecutivo, cuando las decisiones que se toman en el Poder Judicial son trascendentales para la operación de los grupos delictivos.
Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo decisiones absurdas de miembros del Poder Judicial tienen como consecuencia la liberación de los delincuentes, delincuentes que tantos recursos materiales y humanos le cuestan al Estado mexicano; lo que es peor, delincuentes que una vez liberados vuelven inmediatamente a las actividades ilícitas que desempeñaban.
Un claro ejemplo de lo anterior fueron los lamentables hechos sucedidos en 5 de octubre pasado en la ciudad Acuña, Coahuila, donde un delincuente de nombre Roberto Sifuentes Cadena, alias “El Shaggy”, quien había sido liberado por el Juez Séptimo de Distrito con cede en Jalisco, apenas un par de meses atrás, asesinó cobardemente a José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de dicho estado, y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Es por esas razones que convoco a las diversas fuerzas políticas que integran esta Cámara, aprobar de manera urgente la presente iniciativa, toda vez que la presente debe de formar parte integral de la lucha contra la delincuencia organizada.
Compañeros, la paz y la seguridad de las familias mexicanas no pueden esperar más. Compañeros y compañeras legisladores, obliguemos a que los funcionarios públicos de los poderes judiciales estatales y del Poder Judicial Federal nos acrediten que no tienen nexos con la delincuencia organizada, tal y como ya lo hicimos con las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia. Sigamos esta lucha incansable por recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias, pero hagámoslos seguros de que todos los miembros del Estado mexicano estamos del lado de los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o. y 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, diputado presidente. En primer lugar quiero agradecer a nuestro diputado presidente de la Comisión de Educación, al diputado Jorge de la Vega, y a todas las compañeras y compañeros que suscriben esta iniciativa. Es un tema relevante que seguramente también está en la agenda legislativa de otros grupos parlamentarios.
Es un tema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el nivel medio superior y fundamentalmente que tiene que ver con los jóvenes de este país.
Ya la legislatura pasada logró un avance muy importante respecto a que quede consignada la obligatoriedad de este nivel educativo. Ahora nosotros, compañeros y compañeras tenemos un trabajo muy importante, ¿cómo logramos que esto que ya quedó en la Constitución, ahora en la Ley General de Educación, tenga la consistencia y además tenga las condiciones para llevarse a cabo?
Compañeras y compañeros, esta iniciativa pretende consagrar legalmente un sistema de estímulos económicos para coadyuvar a que todos los jóvenes y demás estudiantes que cursan la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades a nivel nacional, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.
Esto permitirá, compañeras y compañeros, entonces coadyuvar al cumplimiento en letra del espíritu de la reforma constitucional que estableció el carácter obligatorio del bachillerato. De nada servirá que tenga este carácter obligatorio si no generamos condiciones a un grupo de jóvenes que tiene una gran potencialidad, pero que al mismo tiempo tiene una gran vulnerabilidad.
Como ustedes saben, la juventud mexicana abarca en nuestro país a más de 35 millones de jóvenes, es una de las máximas riquezas del país. De acuerdo a datos oficiales, en México hay cerca de cuatro millones de alumnos que cursan este nivel educativo, sin embargo, la deserción es uno de los principales retos que enfrenta este nivel educativo. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, así como la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, la falta de recursos económicos está claro que es uno de los principales factores que inciden en ella.
Adicionalmente, existe un problema de equidad en este nivel, ya que sólo el 3.5 por ciento de la población entre 15 y 18 años con menores ingresos cursa la educación media superior, mientras que el porcentaje de los que están situados en el nivel más alto es del 100 por ciento.
No cabe duda que uno de los compromisos más sentidos es el hacer efectivo el derecho a la educación en todos sus grados, pero no sólo con más planteles, con más profesores y currículas; se requiere que estos jóvenes tengan oportunidades, pero además evitemos el asunto de la deserción del abandono escolar.
Quiero decirles, compañeras y compañeros, que no partimos de cero, ya hay experiencias en este país. El caso de la Secretaría de Educación Pública, quien ha ejecutado diversos programas bimestrales para que estos jóvenes reciban un monto de 500 pesos por beneficiario, con el objetivo de atacar dichos índices. Sin embargo, la cobertura de dicho programa sólo ha alcanzado el 15 por ciento de la matrícula escolar a nivel nacional.
También en la Ciudad de México, en los últimos años se ha impulsado una de las políticas y programas quizás más exitosos emprendidos para combatir el rezago en la educación media superior, a través del fideicomiso Educación Garantizada y de su programa Prepa Sí.
En este orden de ideas, queremos proponer una adición a la Ley General de Educación para establecer el derecho de todo joven que en el país curse la educación media superior en escuelas públicas, a recibir un apoyo económico mensual a cargo del gobierno federal, mínimamente por el equivalente al 40 por ciento, en promedio son 25 pesos del salario mínimo general vigente.
Esta propuesta –ya se hizo una corrida financiera– implicaría 17 mil 270 millones de pesos del gasto público federal, equivalente a un cuarto del presupuesto total asignado a la función de educación media superior. Es ésta, pues, la propuesta que de manera muy concreta estamos haciendo, que se reflejaría en los siguientes artículos.
Artículo único. Se propone reformar los artículos 3o y 4o, y se adicionan tres párrafos a la fracción VIII del artículo 33, todos de la Ley General de Educación, en los siguientes términos.
Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa, establecida en la presente ley.
Artículo 4o. Todos los habitantes del país deberán cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las siguientes actividades:
VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. –Termino, diputado presidente.
Las personas que cursen la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, y siempre que residan en el país, tendrán derecho de recibir a cargo del Estado, por tres años escolares, un estímulo mensual, equivalente hasta 10 meses anualmente por un monto mínimo equivalente al 40 por ciento del salario mínimo general vigente.
Los estudiantes beneficiados con estos estímulos deberán cumplir en reciprocidad con actividades en bien de la comunidad.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, señor diputado presidente. Esta ley es para todas las mamás jefas de familia, independientemente de su estado civil en el que se encuentren.
En México, de acuerdo al censo de población y vivienda del Inegi, 25 de cada 100 hogares mexicanos tienen como principal sustento a la mujer. Es decir, son jefas de familia cerca de 7 millones de mujeres mexicanas. De esta población, el 59 por ciento son asalariadas y el 41 por ciento trabajan por su cuenta.
En ese rincón de abandono institucional viven o sobreviven miles de familias, donde las mujeres deben dividirse para ser proveedor y hacer pie de casa para sus hijos. Es la madre de familia la que suele hacerse responsable de una doble carga, que es muy difícil de sobrellevar.
Enfrentan solas las responsabilidades que implican sacar adelante a la familia. En este bregar por la vida, muchas de ellas sufren con toda crudeza no sólo el hecho de ser marginadas, sino ser discriminadas por su situación socioeconómica y su condición de madres solas.
Ante la falta de ingresos económicos, los menores de edad se ven obligados a abandonar la escuela para ponerse a trabajar en lo que sea. Prueba de ello es que en el país casi 4 millones de niñas y niños de entre 5 y 15 años de edad están en las calles, expuestos a caer en las drogas o en la delincuencia, tratando de ganar algunas monedas para ayudar al gasto familiar.
Los números no mienten, son fríos, de vez en cuando crueles pero no se equivocan. Nos permiten anticipar el futuro porque marcan tendencias sobre una situación en particular.
Tenemos una deuda con todas estas mujeres que contra viento y marea desafían toda clase de obstáculos, luchan por sus hijos con lo que tienen y como pueden, en condiciones verdaderamente paupérrimas. En este ejercicio legislativo se pretende traer su voz para que su realidad sea, primero conocida, después comprendida y finalmente, atendida.
Son mujeres que viven al día, la comida de su mesa depende de su trabajo diario. Son mujeres que no tienen derecho a enfermarse, mucho menos a morir. Viven en estrés constante. Llegan a su casa preocupadas, cansadas pero orgullosas del deber cumplido. Su presencia, su trabajo y sus cuidados, aunque precarios, básicos e insuficientes, son la única esperanza de vida para sus hijos, que no tienen a nadie más quien vea por ellos.
Tenemos que proponer las instituciones legales y administrativas que, cuando menos, alivien la situación de estas mujeres y sus hijos, que no tienen la fuerza de opinión pública para hacerse escuchar por ellas mismas. Una legislación compensatoria. Una norma social y humanitaria que significará aligerarles un poco la carga.
Las madres jefas de familia tienen un 70 por ciento más de riesgo de morir prematuramente en comparación con las que tienen pareja. Además, son en mayor medida las que tienen un nivel de educación más bajo y están empleadas en trabajos manuales de baja remuneración.
Estas mujeres suman, restan y calculan todo el día la mejor fórmula para cumplir con el papel de madre y de trabajadora. Muchas veces se ven en la necesidad de optar por trabajos con menores ingresos que les permitan asegurar un ingreso mensual estable o que les permita pasar más tiempo con sus hijos.
Son madres mexicanas que merecen ser tomadas en cuenta por la sociedad a la que pertenecen. Ése es un problema social que existe y que no se puede tapar el sol con un dedo. Forman parte de una estadística que nadie quiere ver. Con su abandono, la sociedad estará firmando una sentencia que condenará a sus hijos a una vida de marginación, enfermedad y violencia. Estos niños, de madres de jefas de familia, algún día serán el futuro de México. En sus ojos, en su mirada está en parte el porvenir de nuestro país. Dicen que cuesta caro meter dinero público en su apoyo, les aseguro que cuesta más ignorarlos que apoyarlos.
Presento esta iniciativa de Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias a nombre de las mujeres que necesitan apoyo para ellas y sus hijos, que están solas y se sienten solas, que en nada les dice tener un gobierno de instituciones y leyes que respetar.
Sabemos que la pobreza supera el recurso, los dineros de los que dispone el Estado son limitados, por lo que estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica y que la ayuda se distribuya hasta que sus hijos alcancen una edad de 18 años.
En nuestro país es muy difícil ser mujer. Ser mujer cabeza de familia es doblemente difícil. Ser mujer cabeza de familia desempleada es tres veces más difícil; pero ser mujer cabeza de familia desempleada en medio de una severa crisis económica es verdaderamente terrible.
Mientras no volteemos la mirada hacia esas mujeres pobres, mientras no sepamos cómo viven y subsisten, las políticas de género quedan simplemente en el discurso. Ya no se puede ser indiferente, las madres jefas de familia han sido marginadas por la sociedad, no han tenido el respaldo debido conforme a su situación, que es diferente a la de una pareja. Y esta ley entra en su auxilio, obliga a que se le proporcionen apoyos para que no tengan tantas dificultades.
Este ordenamiento exigirá de las finanzas públicas un extraordinario esfuerzo de austeridad, a fin de dejar un guardadito para lidiar un poco la carga de las madres jefas de familia a cambio de que ellas se aseguren de llevar a sus hijos e hijas a la escuela y hagan el mayor de sus esfuerzos para que se mantengan como alumnos regulares. Que quede claro, no son los derechos de los adultos los que se pretenden proteger, sino el de las niñas y los niños que viven en el precario amparo de su madre sola.
En los derechos de esta ley se busca preferentemente que las madres jefas de familia y sus hijos tengan la atención médica y psicológica gratuita, derecho a educación básica, a becas y programas educativos, a los programas de asistencia social, gozar de acceso a oportunidades de trabajo y a programas de capacitación, para que puedan tener un ingreso económico propio.
Proponemos crear un Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia como un órgano honorífico y cuyo objetivo sea la elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos e hijas.
Las mujeres tienen menores salarios que los hombres, pese a que realizan los mismos trabajos. Según el INEGI los trabajadores hombres ganan en promedio 2.5 salarios mínimos, en contraste las trabajadoras mujeres perciben en promedio 1.9 salarios mínimos lo cual denota que existe la idea de que las mujeres valen menos que los hombres.
Debemos apostarle a la aplicación de programas a favor de las mujeres. He aprendido que la política es servicio, el gobierno se debe ejercer para beneficio de la gente. Los invito a que den su apoyo a este proyecto, es un ordenamiento de profundo sentido social y de aplicación práctica en beneficio de las madres jefes de familia que reclaman de su gobierno la atención que merecen.
Logremos la solidaridad y comprensión para sacar adelante un instrumento que abra la puerta al apoyo económico, educativo y social, a las mujeres que tienen la dicha de ser madres, pero cargan con la pesada losa de la marginación social. Por su atención, muchas gracias.
Ruego, señor diputado presidente, se transcriba íntegramente el contenido de dicha iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así ser hará, la iniciativa quedará insertada íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Le damos la más cordial bienvenida un grupo de alumnos de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, que están aquí presenciando la sesión, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También saludamos a la licenciada Martha Silvia Soto Amador, directora general del Instituto Municipal del Deporte, de Ensenada, Baja California, que está aquí invitada por los diputados David Pérez Tejada Padilla y Gilberto Antonio Hirata Chico. Bienvenida.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; y 108 del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz: Le pido inserte el texto íntegro de la iniciativa al Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz: Compañeros diputados y diputadas, me presento ante esta alta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones legales para considerar a la figura de signos externos de riqueza, como un elemento que ayudara a combatir el fraude fiscal, pero más el de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
La fracción IV del artículo 31 de nuestra Norma Fundamenta, establece como una obligación de los ciudadanos mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, del estado o del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Con esta iniciativa podemos reforzar la prevención, vigilancia y sanción de aquellos actos contrarios a la normatividad fiscal que pueda comprobar la comisión de actividades delictivas, revisando el marco legal que rige las infracciones y los delitos fiscales cuando éstos son cometidos por servidores públicos, como consecuencia de actos de corrupción derivados de su función.
La figura de signos externos de riqueza está constituida por todos aquellos bienes muebles o inmuebles que usa y disfruta una persona, cuyo valor excede a los ingresos que declara percibir. Derivado de ello, las autoridades fiscales pueden realizar acciones de control que permitan verificar la existencia de ingresos que no hayan sido declarados y, en el caso de los servidores públicos, además, bienes que omitan en su declaración patrimonial que obligatoriamente tienen que presentar en la instancia correspondiente de gobierno.
De esta manera, a efecto de contribuir en la vertiente de prevención del fraude fiscal, se propone reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria para establecer la obligación de que ésta elabore y haga público de manera anual un programa de mejora continua que establezca metas específicas para recabar información sobre actividades de los contribuyentes que ponga en relieve ingresos no declarados o signos externos que no corresponden con lo declarado.
En esta iniciativa se propone establecer en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que cuando existan signos externos de riqueza o datos que aporten indicios claros y suficientes que el patrimonio de un servidor público es superior a los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, la secretaría deberá iniciar investigaciones y auditorias con el auxilio del citado órgano tributario para verificar la evolución del patrimonio del servidor público, citándolo para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Para tal efecto la secretaría podrá realizar investigaciones con el auxilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes muebles o inmuebles del servidor público implicado o de los que disfrute, cuya propiedad sea atribuida a un pariente consanguíneo o testaferro cuya principal fuente de riqueza provenga de actividades relacionadas con el citado servidor público o de recursos que no puede acreditar su origen lícito.
Por último, se pretende reforzar el marco aplicable del fraude fiscal proponiendo en el Código Fiscal de la Federación como una causal más para que sea grave la defraudación fiscal, el acto de manifestar datos falsos respecto a los ingresos obtenidos cuando esto sea determinado por sus signos externos de riqueza. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a Comisiones Unidas de Transparencia y Anti Corrupción y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día y de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Julio César Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex y a diversas dependencias de la administración pública federal a emprender y a eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos.
El diputado Julio César Lorenzini Rangel: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. “Causa pánico ordeña de gas, en Hidalgo”. Es la nota del periódico Reforma del día de hoy. Y es que en recientes años hemos observado un fenómeno que ha ido en aumento y que afecta a todos los mexicanos: derrames y fugas de hidrocarburos que ocurren en instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, y que cusan daños humanos, materiales, económicos, ecológicos.
Estos derrames y fugas son causados principalmente por dos problemas: por un lado la falta de mantenimiento en la red nacional de ductos, es decir, es válvulas, pozos, ductos, oleoductos, poliductos, oleogasoductos de Pemex, y, por otro, la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas que sirven para el robo de hidrocarburos.
De acuerdo al último reporte oficial visible en la página de Pemex, se han identificado y clausurado un total de 824 tomas clandestinas. En el año 2012 Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito, pues al mes de julio se contabilizaron 114 tomas clandestinas en esa entidad. Le siguieron Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León.
En el mismo sitio electrónico se informa que el robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos, y al cierre de junio del 2012 el volumen estimado del combustible sustraído ilícitamente a través de tomas clandestinas ascendió a un millón 841 mil 478 barriles, siendo 18 por ciento más que el calculado el año pasado.
Como se aprecia, a pesar del esfuerzo de esta paraestatal y de otras dependencias encargadas de la seguridad, no ha sido suficiente, ya que incluso esta situación, como se aprecia, ha ido en aumento. Lo anterior representa pérdidas económicas millonarias para todos los mexicanos.
Cada vez que roban combustible no sólo están cometiendo un delito, también están poniendo en peligro la seguridad nacional al generar un mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex. Ejemplos de esto hay muchos.
Estos acontecimientos generan daños económicos a la paraestatal y a todos los mexicanos al ser Pemex propiedad de los mexicanos. La pérdida de esos hidrocarburos significa pérdida de recursos económicos, al no poder llegar estos combustibles al destino para el cual habitualmente son utilizados.
Cuando existen derrames o fugas, se impacta también negativamente el medio ambiente, deteriorándolo en perjuicio de generaciones presentes y futuras, ya que se pone en riesgo el desarrollo sustentable contemplado por la Organización de las Naciones Unidas en el programa 21 o Agenda 21 que instituye lineamientos para la conducción responsable de las naciones hacia un mejor futuro: calidad de vida y cuidado de los recursos naturales de nuestro planeta. Es decir, debemos propiciar la satisfacción de necesidades presentes sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras.
Ahora bien, estos derrames y fugas de hidrocarburos provocados por tomas clandestinas o por falta de mantenimiento han ocasionado también pérdidas humanas y daños materiales, lo que es aún más grave. Ejemplos de derrames que presentan este tipo de daños o pérdidas son: 19 de diciembre de 2010, explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla. Protección Civil Nacional lamentó las pérdidas humanas y materiales que se presentaron en al menos tres kilómetros a la redonda, donde también hubo daños ecológicos. También hubo pérdida económica, ya que Pemex tuvo que cubrir los gastos de limpieza, indemnizaciones correspondientes a los afectados y construcción de viviendas.
Otro ejemplo es el derrame de petróleo ocurrido hace un año en el municipio de Coatzacoalcos, en la zona conocida como El Polvorín, derivada también de otra toma clandestina, donde hubo daños en dos hectáreas, dañando cultivos, árboles, pero además el frente frío, sus vientos y lluvias del frente frío número 23 ocasionaron que el líquido y que el combustible derramado llegara hasta el Río Coatzacoalcos, lo que afectó a más de mil pescadores y, por supuesto, también, que ocasionó que se dañaran pérdidas y especies que están en esa zona.
Veintidós de octubre, el día de ayer, fuga en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, ocasionada también por otra fuga, otra toma clandestina. La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad u objetivo proteger la integridad física de las personas que viven aledaños a la Red Nacional de Ductos para evitar desastres ecológicos, proteger el patrimonio de todos los mexicanos, así como evitar gastos y pérdidas millonarias haciendo las inversiones necesarias en seguridad y mantenimiento.
En mérito de lo anteriormente expuesto, y además por el impacto humano, social, ecológico, material y económico, le solicito compañeras y compañeros diputados, aprobar esta proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, de la siguiente manera –y con esto concluyo, presidente.
Por tratarse un asunto específico de interés nacional se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal, que destinen labores de inteligencia, más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la Red Nacional de Ductos, principalmente en las zonas que se presenta mayoritariamente este ilícito.
Es cuanto, señor presidente, y solicite se plasme íntegro el contenido de este documento en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado. Insertamos el documento íntegro en el Diario de los Debates.
Y ahora para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del resolutivo del presente punto de acuerdo en el que se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal prevenir el robo de hidrocarburos a través de la red nacional de ductos. Para ello se solicita que estas dependencias utilicen de manera eficiente la tecnología para mejorar y emplear la supervisión y vigilancia de las instalaciones.
Consideramos de urgente u obvia resolución este punto, ya que la extracción ilícita de combustibles, según cifras de Pemex, deja pérdidas superiores a los 3 mil 500 millones de dólares anuales a la hacienda pública.
La Secretaría de Seguridad Pública federal señaló en 2011, que fueron presentadas ante el Ministerio Público federal 268 denuncias relativas al robo de combustible, en tanto Pemex presentó 887 denuncias por tomas clandestinas. Eso nos refleja el grave problema al que nos estamos enfrentando. Consideramos que las autoridades competentes deben de actuar con rapidez y contundencia, usando los medios legales que estén a su alcance.
Desde el 3 de marzo de 2011 la Cámara de Diputados reformó los códigos Penal y Federal; de Procedimiento Penal, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar con hasta 18 años de cárcel por este delito.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que se debe de atender con urgencia y eficacia este problema, planteando por parte de la paraestatal y de las autoridades correspondientes una estrategia de combate y erradicación de este delito.
De igual forma, consideramos que las labores de inteligencia para vigilar y supervisar las redes de ductos nacionales, requieren de los recursos presupuestales necesarios para lograr este propósito, por lo que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza pugnará para que en el próximo Presupuesto de Egresos se establezcan los recursos necesarios para apoyar la lucha contra el robo de hidrocarburos en el país.
Compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que es nuestro deber velar por los derechos de los ciudadanos, eso incluye el cuidado de los recursos de una empresa de Estado, como es Pemex. Debemos de exigir al Ejecutivo federal que cumpla con esta obligación y nosotros actuar en el Presupuesto para atender con urgencia este gravísimo problema que tenemos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por tres minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Nuevamente muchas gracias, presidente. Con el permiso de la asamblea. Como todos nosotros sabemos, sin lugar a dudas el robo de combustible de las redes de distribución de Pemex es un grave problema, como ya se ha dicho en esta tribuna, que afecta no solamente a la empresa, sino a la economía, sino a la economía de todo el país, pero que además también pone en riesgo la seguridad de los mexicanos que viven alrededor de las redes de distribución de la empresa.
Sin embargo, sería absurdo pensar que las afectaciones a las redes de distribución de Pemex se hacen con cincel y martillo. Claramente se hacen éstas con un mínimo de tecnología que les permite romper la tubería, extraer el producto, con lo que se genera una pérdida patrimonial al Estado, como ya lo ha dicho el iniciador.
Esta actividad ilícita, sin embargo, compañeros diputados, ya está tipificada como delito, tanto en el Código Penal Federal como en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sí, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De manera complementaria, la tipificación como delito en el Código correspondiente, es ésta considerada como un delito grave. Es pertinente tomar en cuenta y decir que el día de mañana estas reformas y su entrada en vigor cumplirían un año de haber sido aprobadas.
En consecuencia resulta conveniente que esta soberanía se plantee no solamente el análisis sobre la aplicación real de dichas reformas, sino cómo se ha atacado o no, o se ha contribuido con estas reformas a evitar el robo del combustible.
Coincidimos con el autor de la proposición, que es impostergable la necesidad de que Pemex invierta más en el mantenimiento de la Red Nacional de Ductos. Sin embargo, no podemos soslayar que desafortunadamente el régimen fiscal que tiene el organismo descentralizado más importante del país, le impide contar con los recursos suficientes para hacerlo.
En el PT coincidimos con la necesidad de que diferentes dependencias se coordinen para la supervisión de redes de distribución de Pemex, pero no solamente eso. Es necesario que los técnicos que supervisan la red de distribución y los aparatos que detectan la baja presión del producto en cuanto a la detección, informen inmediatamente a la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones pertinentes.
Reiteramos, el Poder Legislativo ya hizo lo propio. Estamos esperando a ver qué hace la Procuraduría General de la República, que le corresponde investigar estos delitos. Y sobre todo, estamos esperando que el organismo haga una reinversión y un énfasis en el mantenimiento de los ductos.
Terminaría diciendo que por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del PT apoya en los términos la proposición del iniciador, pero que también esperamos que en materia energética vayamos más allá a estar poniendo curitas y vayamos al fondo del asunto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. En las últimas administraciones el robo de hidrocarburos se ha multiplicado exponencialmente como resultado creciente de la delincuencia organizada, asociada con la rampante corrupción e impunidad. Es toda una industria delictiva.
Del 2008 al 2011 Pemex erogó alrededor de 105 millones de dólares en un sistema de seguridad para vigilar la red nacional de ductos y 244 millones 905 mil pesos en servicios de patrullaje.
Aún así, en 2011 la paraestatal reportó un crecimiento de esta actividad delictiva del 38 por ciento. Estas tendencias se han venido manteniendo año con año. Ha sido de tal magnitud este problema que desde el Congreso se ha tratado de desactivar con reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El robo de combustibles, mediante la llamada ordeña de ductos, lleva implícita no solo la comisión de delitos graves que dañan el patrimonio estatal sino también un grave riesgo ambiental y la afectación directa a las comunidades circundantes.
Ayer ya daban cuenta aquí del caso de Tepeji del Río, en Hidalgo. En consecuencia, resulta completamente pertinente hacer un llamado a Pemex, el gabinete de seguridad y a la Secretaría de Energía para que se destine mayor atención, recursos y también infraestructura en labores de inteligencia con tecnología y con recursos humanos para ampliar esta supervisión y así prevenir este robo que ha ido incrementándose exponencialmente.
Sin embargo, falta también exigir la responsabilidad directa de Pemex en este asunto, pues no debemos olvidar que la paraestatal ha destinado cientos de millones de pesos en esta implementación de sistemas de seguridad. Y por otro lado, ha echado mano de servicios de empresas trasnacionales de seguridad privada, mediante la utilización de mercenarios. Por esta razón, Pemex no está exento de esta responsabilidad.
Así, debemos frenar la ordeña a Pemex, pero no solo las tomas clandestinas en los ductos sino también la ordeña a esta empresa estratégica, vía la corrupción que lacera, símbolo del despilfarro y el saqueo de la dirección de Pemex y del sindicato.
Por eso es fundamental la transparencia. Por eso es fundamental la democracia sindical. Por eso es fundamental fortalecer a Pemex y no privatizarla y esto empieza por asegurar el uso adecuado de toda su infraestructura.
Por todas estas razones votaremos a favor de este punto planteado como de urgente u obvia resolución. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino. Doña Purificación, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, en la curul.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Simplemente mencionar que acabamos de recibir un documento con una invitación, o más bien un emplazamiento, a los coordinadores de las bancadas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado por el Movimiento 132, para que expliquen cómo fueron integradas la Comisión de Radio y Televisión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como la de Comunicaciones; y que considero que deberíamos de alguna manera considerarlo, puesto que están citando para mañana miércoles 24 de octubre a las 14:00 horas para que hagan esta explicación al Movimiento 132 y a la ciudadanía.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues ya se enteraron por su voz del contenido de éste tan importante curso, y esperaremos su contestación. Tiene el uso de la palabra don Enrique Aubry de Castro Palomino, el atleta de la palabra.
El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nuestro país es privilegiado por sus recursos petroleros, la explotación de hidrocarburos representa una importante fuente de ingresos, exactamente el 34.9 por ciento.
Según estadísticas del sector energético al mes de abril de 2012 la producción del petróleo crudo en México promedió 2 millones 541 mil barriles diarios, no obstante la red de ductos de Pemex es presa de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, y debemos estar ciertos. Del total le siguieron Sinaloa con 90 tomas clandestinas, Tamaulipas con 83, Sonora y Nuevo León con 62.
Tan sólo durante el primer semestre del año se identificaron y clausuraron un total de 824 tomas clandestinas; de ese total 687 tomas se encontraron herméticas, mientras que las 137 restantes se presentaron de manera no hermética.
Compañeros legisladores, como podrán observar el problema no es menor. Sin lugar a dudas la venta de hidrocarburos en el mercado ilegal representa una fuente importante de ingresos a los cárteles de droga en México.
Por ello, como grupo parlamentario, nos manifestamos a favor del presente exhorto al gobierno federal, ya que al fortalecer las acciones en contra del robo de hidrocarburos no sólo se previene el riesgo, sino afectaciones al ambiente y se está atacando de manera directa el crimen organizado, evidentemente el flujo de recursos hacia otros grupos delincuenciales.
Los invito, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a trabajar de la mano y en conjunto. En este Congreso hemos aprobado leyes sobre este tema, pero evidentemente no han sido suficientes. Hay que entrarle de lleno, hay que investigar quiénes están detrás de todo esto, pésele a quien le pese.
Los invito de manera en conjunto a no dejar este tema en el olvido, a darle un seguimiento constante para poder caminar sobre los temas de nuestro país. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como ha sido señalado ya el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero, diputado federal Julio César Lorenzini Rangel, cada día son más frecuentes los siniestros ocurridos en las instalaciones de Pemex, lo cual de ninguna manera es justificable, aun y cuando se trate de una industria de muy alto riesgo.
En efecto, el que una industria sea de alto riesgo no implica que necesariamente deba suceder y habitualmente deban suceder estas tragedias como las enumeradas ya por diversos compañeros diputados. En tal sentido, Pemex, así como en toda la sociedad mexicana, se debe privilegiar la cultura de la prevención y no de la reacción, debido a que es mucho más costoso paga daños y perjuicios ocasionados por estas tragedias, comparados con los inherentes a la implementación de un riguroso y detallado programa de actividades de inspección y vigilancia de su infraestructura.
Dicho programa de actividades de investigación y de mantenimiento debe de darle importancia a la red de ductos de Pemex, ya que ésta es la parte medular y estratégica del transporte de hidrocarburos en nuestro país al otorgarle ventajas para reducir los costos de traslado de gasolina comparados con otros medios.
En el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se establece que la comisión tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos de hidrógeno que se encuentren en mantos, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.
Por tanto, es obligación de la Secretaría de Energía hacer cumplir que esta ley y exigir a Pemex que cumpla con la responsabilidad social, económica y ecológica que tiene. Por lo ya expuesto´, mi fracción parlamentaria votaremos a favor de este punto de acuerdo presentado por el diputado federal Julio César Lorenzini, y también exhortamos a diversas dependencias y entidades involucradas en el presente asunto relativo para combatir las tomas clandestinas.
Aunado a esto es importante que se aproveche esta oportunidad para exhortar a Pemex para que revise y modifique adecuadamente su programa de mantenimiento preventivo, así como la ejecución del mismo.
En virtud de lo anterior se solicita que se incluya en este presente punto de acuerdo un exhorto a Pemex para que revise y modifique adecuadamente su programa de mantenimiento preventivo, así como para la ejecución de un sistema integral de prevención que reduzca el riesgo de estas contingencias. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Verónica Sada Pérez, del Partido Acción Nacional, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Sada Pérez: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Los incidentes en el sistema de distribución de hidrocarburos de Pemex, son un tema de urgente atención y de suma gravedad en este país y deben ser por ello atendidos con urgencia por esta Cámara.
En los últimos días hemos observado que se repiten accidentes graves que afectan de manera directa la vida de los mexicanos. Estos accidentes se ven realizados por personas del crimen organizado. Las malas instalaciones en que se encuentran los ductos de Pemex también afectan la situación de esos accidentes.
Acción Nacional reconoce que las autoridades de Petróleos Mexicanos ha diseñado y ejecutado proyectos y acciones dentro de una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito del robo de hidrocarburos; sin embargo, es necesario desarrollar con mayor intensidad y precisión estrategias de protección civil para tener pleno control en los centros de trabajo y, sobre todo, en la red de ductos de Petróleos Mexicanos.
Por lo anterior, se les pide su respaldo al punto de acuerdo recién presentado por el diputado Lorenzini. Los hechos señalados no sólo representan un serio quebranto al patrimonio nacional, sino que también ponen en peligro la seguridad de decenas de familias que viven cerca de las instalaciones y de los ductos de Petróleos Mexicanos.
La situación resulta todavía más alarmante si advertimos que sólo respecto al robo de combustibles, existen tomas clandestinas en el 99 por ciento de la red de ductos de hidrocarburos.
Los derrames, ya sea por tomas clandestinas o por falta de mantenimiento, ocasionan muerte de los trabajadores, provocando lesiones, perdida de matrimonio. Esto constituye justamente el dolor humano que debemos de evitar, que no se produciría si se tomaran las acciones preventivas y de vigilancia que ameritan las instalaciones de este tipo.
Como ejemplo de estos desastres y tragedias podemos citar algunos casos recientes: en el 2010 la explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla; la fuga de petróleo crudo en la zona conocida como El Polvorín, en Veracruz, el 31 de diciembre de 2011; el desalojo provocado por la fuga de gas este pasado viernes 19 de octubre en Zapotlanejo, Jalisco; finalmente, el incidente del día de ayer lunes 22 de octubre en Tepeji del Río, estado de Hidalgo, en donde a causa de una toma clandestina se originó una fuga de gas LP.
Esta es la tercera toma clandestina descubierta en el mismo gasoducto en este mismo mes de octubre, en el mismo lugar, causando pánico en la población.
Como podemos advertir, el problema que estamos abordando es de gran magnitud y tiene graves consecuencias. Es un peligro latente y de grandes dimensiones para miles de familiar y una pérdida financiera de muchos miles de millones de pesos para el país.
Señoras legisladoras, señores legisladores, les pido aprobar el presente punto de acuerdo porque es responsabilidad nuestra y del Estado mexicano brindar la seguridad necesaria a la población. Y cuidar las finanzas públicas de México.
Basta que cientos de familias tengan que sufrir accidentes que ponen en riesgo sus vidas y su patrimonio; basta de accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos motivados por una falta de control de nuestras autoridades.
Es momento de que esta Cámara de Diputados demuestre que vela por los intereses de la nación y la seguridad de miles de familias. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don José Antonio Rojo García de Alba, hidalguense y diputado federal, tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos que bien alcanzan para decir cosas trascendentes.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba: Con su permiso, diputado presidente. Debo abundar más en la importancia del exhorto que estamos tratando. Traigo a esta tribuna los hechos del día de ayer que causaron horas de angustia, miedo y zozobra en Tepeji del Río y que pudieron ser de magnitudes enormes por su alcance y nivel de explosividad; todo esto por una fuga de gas, lo que originó que parte importante del municipio quedara inmovilizada y otra en gran medida evacuada, incluyendo seis escuelas, con ellas el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tres grandes empresas que se dedican a la rama textil.
Se estima que 40 mil vehículos quedaron varados, pues la súper carretera México-Querétaro quedó con el incidente, con poca visibilidad por la nube de gas. De ese tamaño fueron las cosas ayer.
En el lugar de los hechos se encuentra la pipa que extraía gas, presumiblemente propiedad de una empresa, por lo que la PGR debe investigar a profundidad estos hechos que se suman a varios ocurridos en el país en meses recientes. Y habrá que decir que este producto llega obviamente a la venta al público.
Para un servidor es de la mayor importancia tratar este tema en esta tribuna, ya que ése es el distrito por el que competí y gané. Por él pasan cientos de kilómetros de tuberías de Pemex a la refinería Miguel Hidalgo y pasarán también los que conectarán a la nueva refinería Bicentenario en el mismo distrito; esto en los municipios de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia, estado de Hidalgo.
Es importante destacar que no hay víctimas mortales de los hechos, pues los cuerpos de seguridad, protección civil y Pemex actuaron con agilidad, comandados por el ejército mexicano.
La red nacional de ductos de Pemex forma parte esencial de la llamada infraestructura crítica nacional y por ello su integridad física y creciente fenómeno de robo y derrame de hidrocarburos son una preocupación constante por parte del Grupo Parlamentario del PRI.
Ciertamente Pemex ha hecho un esfuerzo loable por prevenir la proliferación de estos incidentes criminales, como se documenta en los considerandos de esta proposición. Sin embargo, resulta ser a todas luces insuficiente y su acción desconectada de la estrategia de seguridad que encabezan las dependencias federales de seguridad pública.
Por ello nuestro grupo parlamentario se manifiesta plenamente a favor de este punto de acuerdo y de que en una acción extraordinaria y mediata las dependencias federales enumeradas en la proposición que comentamos se sumen a un esfuerzo coordinado y urgente para abatir los ilícitos mencionados para que de manera sistemática y perdurable esté garantizada la seguridad industrial, supervisión y vigilancia de la red nacional de ductos de Pemex, así como la integridad del patrimonio nacional. Hasta aquí mi intervención, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobado por mayoría, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea: el siguiente punto del orden del día está a cargo de don Silvano Aureoles Conejo, apreciable coordinador del grupo parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de ese estado de Michoacán.
Esta presidencia está consciente de que es un punto que puede de alguna u otra manera concitar algunas pasiones en el debate parlamentario. Esta presidencia será por demás tolerante, respetuosa de las expresiones y espero que en base al artículo 8 del Reglamento tengamos la reciprocidad que todos nos merecemos. Adelante, señor diputado coordinador.
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, presidente. Honorable asamblea. Compañeras, compañeros diputadas, diputados: en lo que va de mes de octubre hemos sido testigos de una serie de acontecimientos en los que se han visto involucrados estudiantes de las escuelas normales rurales del estado de Michoacán, quienes en desacuerdo con la llamada “reforma curricular” han venido protestando de manera pública con acciones que sin duda incomodan a algunos sectores de la sociedad.
Sin embargo, en nuestra consideración, la falta de atención a sus inconformidades permitió que dichos desencuentros entraran en fase de conflicto y generaran crisis, y escalara a niveles no deseados, en lugar de una salida construida sobre la base del consenso o del diálogo para el acuerdo con las partes involucradas, las autoridades han señalado la supuesta intransigencia para justificar el uso de la fuerza.
Es demasiado fácil simplificar la raíz del problema a la negativa de los estudiantes a que se incluya en sus programas de estudio el aprendizaje obligatorio del idioma inglés y del uso de las computadoras. Es claro que la diferencia de criterios tiene muchos más que esos antecedentes y se debe a una combinación de factores que van más allá, y que sin duda durante los días transcurridos desde que el asunto llamó la atención a la opinión pública a través de los medios de comunicación, este tema debió haberse tratado de otra manera.
Este problema tiene que ver, compañeras, compañeros, con una tendencia que hemos visto en los años recientes de construir y generar una política pública que va disminuyendo y restando capacidad a estos esquemas de educación que ayudan a jóvenes de diversas regiones marginadas, en nuestro caso, de nuestra entidad, Michoacán, que de otra manera difícilmente podrían tener acceso a la educación y a superarse y a salir de la condición de marginación y pobreza en la que se encuentran.
Por eso, en la implementación de políticas públicas en materia educativa, al uniformar los criterios de programas y acciones de gobierno, sin considerar la pluralidad de las regiones en el país, y en respuesta a la necesidad de satisfacer los requerimientos de modelos construidos frecuentemente desde los centros o del centro del país, y con el único criterio de las burocracias administrativas que construyen y elaboran este tipo de programas.
No se pueden contravenir los principios básicos de la justicia, al tratar igual a los desiguales, porque en cualquier momento se revientan las cuerdas de las que penden los equilibrios en la sociedad. Por ello urge que se abandone esa tentación permanente desde las esferas de poder, de tratar de imponer a otros su visión de la realidad y del mundo, a quienes reclaman en el uso legítimo de un derecho, la defensa del pensamiento crítico y reflexivo, a quienes se oponen a la mecanización de los sistemas educativos por supuesto que hay que escucharlos y desde luego que atender sus legítimas demandas.
La irrupción de las fuerzas policiales de los ámbitos estatal y federal la madrugada del lunes 15 de octubre, en las instalaciones de la Escuela Normal de Tiripetío, Michoacán, así como de otras partes del estado, se pudo haber evitado con un esfuerzo mayor no sólo del gobierno del estado, sino también del resto de las instancias involucradas, particularmente del gobierno federal, que como todos sabemos el diseño y la definición de las políticas públicas en esta materia es de competencia federal, y sin duda que con esto pudimos haber dado una extraordinaria oportunidad de poner mayor atención y ofrecer una solución a tiempo, al problema que hoy nos ocupa.
Por ello demandamos, es urgente que se considere y se incluya ampliar el abanico de soluciones potenciales y ensanchar la vía y el horizonte del diálogo, así, no debemos de optar por el uso de la fuerza, porque la fuerza y el uso de la violencia genera más violencia.
Debo decirles con todo el convencimiento que no creo que el uso de la fuerza sea la vía para la solución de los conflictos, porque en todo caso hay un principio que todos conocemos; la violencia genera más violencia y por eso debemos decir no a la violencia, venga de donde venga, y por eso la importancia de que privilegiemos el diálogo como herramienta principal para la superación de los conflictos.
Nada se gana con culpar a la izquierda o que haya alguna mano atrás meciendo la cuna, porque solamente se queda en el ámbito de repartir culpas. Por eso hoy tenemos una realidad con la que no podemos estar de acuerdo, así reitero que es conveniente desechar categóricamente los saldos que hoy tenemos en esta materia; no saludamos, no estamos de acuerdo con que se reprima a los estudiantes con el uso de la fuerza, pero tampoco vamos a aplaudir el hecho de que haya policías, elementos de la policía maltratados y en grave estado de salud.
Por ello, queridas compañeras, compañeros, reitero la necesidad de que juntos podamos construir una salida al conflicto, y ésa solamente la vamos a construir por la vía del diálogo y el entendimiento.
En el PRD tenemos claro que la sociedad demanda mejores condiciones de convivencia para el desarrollo, que es inadmisible la comisión de hechos que agravien los bienes jurídicos, materiales y personales, como es inadmisible la violación de los derechos fundamentales de los jóvenes estudiantes en centros educativos que han significado por muchos años la salvaguarda de formas de pensamiento que se niegan a morir y que comparte un amplio sector de la población, que se han visto por diversas razones marginados del desarrollo.
Queremos dejar claro que tampoco estamos de acuerdo que con estos hechos hayan resultado lesionados elementos de la policía, que se altere el libre tránsito de las personas ni que se hayan dañado vehículos y bienes de propiedad pública, pero también de propiedad privada.
Estamos a favor de que los jóvenes estudiantes de las normales de Michoacán, como en todos los centros educativos del país, puedan cursar sus estudios en condiciones dignas. Que se privilegie la capacidad y su deseo de transformar y de transformarse para bien suyo, para bien de su tierra, para bien de nuestro estado y para bien de nuestro país, pues en la inmensa mayoría de ellos no tendrían ninguna otra oportunidad de superarse por las condiciones difíciles del entorno y las condiciones sociales en las que viven.
Por esto, desde la izquierda planteamos, que debemos defender con todo a la educación pública como una herencia de los movimientos sociales y de la Revolución Mexicana. Como representantes populares estamos obligados por ello a facilitar el entendimiento entre las partes.
Así, ciudadanas diputadas, diputados, es que con este ánimo constructivo y en la necesidad de encontrar la solución más adecuada a este conflicto, proponemos que se apruebe en esta soberanía, en esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.
Les ruego a los compañeros que sean tolerantes, pueden pedir la palabra y expresar lo que deseen con respecto al tema. Le ruego, diputado, su tolerancia y su comprensión.
El punto que estoy proponiendo a consideración del pleno es el siguiente:
Primero. Que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados, para dar continuidad al diálogo y la concertación entre los alumnos de las escuelas normales de Michoacán, las secretarías de Educación Pública del gobierno federal y del gobierno el estado de Michoacán.
Segundo. El grupo plural de trabajo será formado por ocho miembros integrado por dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y uno por cada uno del resto de los grupos parlamentarios: uno de Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Nueva Alianza.
Tercero. El Grupo de trabajo deberá emplear el diálogo, la mediación y la conciliación como los medios esenciales para lograr su encomienda.
Cuarto. Se exhorta al secretario de Educación Pública del gobierno federal, para que dicte las medidas procedentes y con ánimo de concordia, para que se resuelva la problemática que afronta la comunidad de las escuelas normales rurales del estado de Michoacán.
Quinto. El grupo de trabajo deberá contar con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política, dicho grupo tendrá una vigencia hasta la conclusión de su objetivo y deberá presentar al pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión de su objetivo, un informe en el que especifiquen las actividades desarrolladas y los acuerdos alcanzados.
Muchas gracias por su atención. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, diputado proponente. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don Angelino Caamal, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza expresa su coincidencia con el presente punto de acuerdo y votaremos a favor de la propuesta para crear un grupo de trabajo plural con la representación de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados, a objeto de coadyuvar en el diálogo y conciliación entre el gobierno de Michoacán y los estudiantes normalistas.
Consideramos que el diálogo directo y franco es la mejor solución cuando se trata de una demanda justa, como es la revisión de la entrada en vigor de una reforma al plan de estudios de las normales.
Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia contra estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades. Es decir, contra cualquiera de los involucrados en el sistema educativo. En ninguna circunstancia avalamos la represión.
Asimismo, impulsamos la exigencia del Estado de derecho en todos los ámbitos. Expresamos nuestro acuerdo de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para resolver los problemas de las escuelas normales de todo el país y particularmente del estado de Michoacán, en un marco de concordia y con apego estricto al derecho.
Nuestro voto a favor es por establecer el camino del diálogo y los acuerdos como soluciones de fondo a este conflicto. Porque las acciones y decisiones unilaterales nunca han sido medio para hacer viables las reformas que México necesita.
En Nueva Alianza estamos convencidos que la reforma que requiere el sistema de escuelas normales tiene que llevarse a cabo con la participación efectiva de todos los actores involucrados. Es decir, me refiero a los estudiantes, maestros, autoridades, quienes tienen que aportar algo, seguramente, a través de la reflexión y el debate sobre este tema tan sensible y tan importante para nuestro país.
Las escuelas normales han tenido la misión de formar a los maestros con gran vocación de servicio y amor a nuestro país. Al inicio de este siglo XXI y en la sociedad del conocimiento que hoy vivimos exigen un nuevo modelo educativo, por lo que debe reestructurarse y reorientarse, pero hacia un sistema de alta especialización docente. Las escuelas normales rurales deben rescatar su origen.
Si bien es necesario incorporar las nuevas tecnologías y una segunda lengua, como el inglés, debe igualmente preservarse las lenguas originales. Desde esta tribuna, como parte de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, debo dejar en claro que para que las reformas sean efectivas –y en específico de la que estamos tratando– se requiere –y es una obligación del Estado– que pueda disponerse de lo necesario en infraestructura, equipamiento, capacitación y otros elementos técnicos, laborales y jurídicos que permitan mejorar la educación y lograr los niveles de calidad y equidad que México requiere. –Me permite concluir, señor presidente.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, resulta imprescindible respetar el normalismo como parte del Sistema Educativo Nacional de la educación pública. Lo debemos de rescatar, pero como un sistema de profesión de Estado y que todo intento de reforma –que quede claro, de estas escuelas normales y las que sean necesarias– debe ser necesariamente resultado de acuerdos, de consensos, en el que participen todos los actores involucrados.
Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo en los términos presentados por el proponente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Angelino Caamal. Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde esta tribuna rechazamos enérgicamente el maltrato a la violación de los derechos humanos en contra de los estudiantes normalistas y de sus familiares en conflicto entre el gobierno federal y el movimiento estudiantil en el estado de Michoacán.
Las agresiones cometidas en contra de los estudiantes son una burla por parte del gobierno federal y estatal, al dar la negativa para sentarse a discutir una posible solución. En esta ocasión quiero hacer pública la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acerca de los graves acontecimientos sucedidos en el estado de Michoacán con relación al conflicto en las escuelas normales.
El estado de Michoacán vive momentos de incertidumbre e inestabilidad política, todo ello se refleja en la constante inconformidad generada en todo su territorio, en todos los sectores más apremiantes de la población; campesinos, trabajadores y estudiantes exigen su derecho a ser escuchados y no ser reprimidos; pero ahora se suman a los reclamos los padres de familia de los estudiantes y la ciudadanía en general.
Es necesario pedir la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos para que vigile que no sigan transgrediendo las garantías individuales y su integridad física de cada estudiante y padres de familia. También es imprescindible conformar un grupo de legisladores federales que puedan dar el seguimiento al problema y coadyuvar a la solución de dicho conflicto.
En este sentido exhortamos a que esta Honorable Cámara de Diputados actúe con vocación política, democracia y se construya en coadyuvante entre partes para lograr un acuerdo que solucione el conflicto planteado. Por supuesto que la solución pasa necesariamente por la inmediata libertad de los estudiantes detenidos.
La condición de negación radica en los consensos y acuerdos plasmados para dar solución a las demandas de los estudiantes, así los temas que atienden las causas que tienen en una situación de zozobra a los actuales modelos educativos de las normales rurales, debemos ser atendidos de forma inmediata y bajo el diálogo.
Una forma curricular y un modelo educativo por competencias son uno de los principales temas de los cuales se muestra la inconformidad de los alumnos, el fortalecimiento al sistema de formación de docentes es un tema en el que así están de acuerdo y exigen ser escuchados.
Finalmente queremos decir que las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos en contra de cualquier tipo de represión contra los alumnos normalistas de Michoacán, que pugnamos por el diálogo y la solución del conflicto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Ahora tiene el uso de la palabra y la escucharemos con una enorme atención, a doña Luisa María Alcalde Luján, con todo y sus fotos, hasta por tres minutos.
Nada más le rogaría con toda atención y gentileza nada más respeto al Escudo Nacional y de ahí en más tiene usted derecho de mostrarlo.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Pido a los compañeros del Canal del Congreso que puedan ampliar el cuadro para que se puedan ver las imágenes que aquí presentamos.
Como ustedes saben, el pasado 15 de octubre el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ordenó el desalojo de los normalistas rurales de Cherán, Tripetío y Arteaga, en un acto que medió violencia, represión, detenciones ilegales y autoritarismo.
De las 176 personas detenidas, hasta el momento han sido liberadas 127. A otras 41 más se les otorgó libertad bajo caución después de pagar una fianza de 15 mil pesos. Ocho continúan detenidas en el Cereso Francisco J. Mújica.
Quienes participaron en las protestas y en los eventos de represión del 15 de octubre, hoy presentes 10 compañeros de ellos aquí en la Cámara de Diputados, a quienes no se les permitió el acceso, relatan cómo fueron perseguidos y tratados con brutalidad. Fueron maltratados, golpeados y recluidos por varias horas antes de que se les permitiera entrar en contacto con sus familias.
Aquí presento algunas imágenes y extractos de testimonios recabados ese día. A pesar de sustentar sus actos opresores bajo la premisa de restablecer la paz y la tranquilidad, el gobierno de Fausto Vallejo rechazó la salida del diálogo pacífico y tranquilo, lo cual quedó demostrado cuando su secretario de gobierno, Jesús Reina, interrumpió las negociaciones de manera abrupta el 15 de octubre, amenazando a los normalistas con terminar sus manifestaciones sin siquiera analizar la posibilidad de encontrar una salida pacífica al conflicto, la cual, por supuesto, debería favorecer a ambas partes.
El conflicto generado en las normales rurales de Michoacán a partir de la imposición de la reforma curricular, ha escalado a un nivel que solamente el desgobierno y el autoritarismo podrían provocar.
La incapacidad del gobernador para negociar una salida consensuada o por lo menos discutirla, demuestra el desinterés del Ejecutivo por mantener la paz y sobre todo por reconocer el respeto a la diversidad cultural y usos y costumbres que en este país, sobre todo en Michoacán son tan trascendentes como parte de la identidad histórica nacional y el sistema de protección de los derechos humanos y no discriminación.
El gobernador Vallejo ha llevado a los manifestantes al borde de la desesperación al no escuchar sus legítimas preocupaciones con respecto a la reforma curricular, calificándolos como delincuentes, criminalizándolos y persiguiéndolos al muy puro estilo de las viejas prácticas autoritarias y represoras del país.
En más de una ocasión han sido implementadas en contra de estudiantes y en más de una ocasión también se ha probado con el tiempo, que fueron un grave error.
La sociedad michoacana que por supuesto también contempla a la población indígena y rural, demanda una salida pacífica. El asunto se le está saliendo de las manos al gobernador Vallejo que ante la crisis ignora las oportunidades de solución ordenada y demuestra su verdadera cara ante quienes disienten, violando además los derechos humanos y las garantías de debido proceso de los hasta hoy detenidos.
Es por todo lo anterior que suscribimos y apoyamos el punto de acuerdo del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Silvano Aureoles, esperando que se agilicen las investigaciones necesarias y se dé por fin solución pacífica al conflicto michoacano. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Nada más no se le olviden sus fotos, doña Luisa María; muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra don Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, presidente. Fijaré la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y en primer lugar es de total respaldo a la actuación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.
Mi intervención tiene como finalidad hacer un llamado a la prudencia, en donde todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en este Congreso asumamos con responsabilidad, el problema acontecido y los posibles cauces en los cuales pudiera derivar el asunto de los normalistas.
En este sentido conviene delimitar fronteras y asignar responsabilidades, por ello lo digo fuerte y claro: todos aquellos que verdaderamente están involucrados con los problemas del país y de Michoacán lo saben. El inconveniente es por la resaca de 10 años de malos gobiernos en los que se aceptó el chantaje y la manipulación, y eso lo saben bien los compañeros del PRD.
En este contexto es evidente que los gobiernos responsables deben actuar siempre con miras al cumplimiento de las leyes y a la restauración del orden público, el cual tiene entre sus elementos la educación y por ende su no interrupción.
Señores, seamos objetivos y críticos. Las leyes no se negocian, deben aplicarse y solamente atemperarse en condiciones excepcionales, circunstancias completamente ausentes en este caso.
Al respecto la pregunta es clara: ¿se debe dejar el orden social al interés de un grupo exclusivo de la sociedad? Si esto es así el avizoramiento es claro: se crea anarquía, lo cual, como lo demostró la historia, es indeseable.
En este sentido somos conscientes. Debemos, como ya lo expresamos, trabajar todas las fuerzas políticas de este país para arribar a la mejor de las soluciones dejando en claro que el conflicto en cuestión no es un problema local, sino un problema de la federación en el territorio de Michoacán.
La educación, si bien es una materia coincidente, también es cierto que sus directrices emergen a través de la Ley General de Educación, la cual es federal. Además, es conveniente hacer memoria y reconocer que todo lo hoy acontecido se gestó a partir de la llamada reforma curricular proveniente de la Secretaría de Educación Pública federal.
Como puede apreciarse, no es sencillo delinear las responsabilidades y lo que a simple vista parece un hecho incontrovertible. A la hora de hacer un análisis profundo se arroja la conclusión de que la responsabilidad es compar6tida.
No debemos olvidar que la mayoría de los delitos que se han cometido en Michoacán como la toma de casetas y carreteras corresponde al fuero federal. Del mismo modo, el problema de fondo con el magisterio demanda la intervención del gobierno federal para la revisión de las escuelas normalistas y los marcos que las rigen.
Recordemos que la intervención de la entidad federativa michoacana jamás mostró un signo de ingobernabilidad y se dio porque existieron daños a terceros. Como todos sabemos, es obligación de cualquier gobierno evitar a toda costa que se lesione a la ciudadanía. Además hacemos votos exhortando al secretario de Educación Pública federal para revisar el tema de las escuelas normales en todo el país, ya que lo importante es darle solución al problema de fondo y no sólo hacer labores paliativas.
No hay democracia si no hay respeto a la ley. No hay convivencia política sin apego al estado de derecho. Y coincidimos afortunadamente en mucho con las fracciones que han subido a esta tribuna. Pero en lo que no coincidimos es que dicen que hubo falta de atención por parte del gobernador Fausto Vallejo, y está comprobado con minutas que siempre hubo la disposición al diálogo, pero que la condición era que soltaran los camiones porque una cosa es dialogar con estudiantes y otra cosa es dialogar con pseudoestudiantes.
Por eso estamos a favor de este punto, pero jamás vamos a permitir que se sigan levantando cortinas de humo porque lo que pretenden las fracciones del PRD es llamar la atención de ese boquete financiero que dejaron en Michoacán. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don José Luis Esquivel Zalpa, del PRD, tiene usted el uso de la voz.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el conflicto en torno a los actos de violencia desplegados en contra de normalistas en el estado de Michoacán inició semanas después de que por instrucciones del gobierno federal el 21 de agosto del año en curso, entrara en vigor la reforma curricular propuesta por las autoridades escolares.
Alumnos de las normales de Michoacán solicitaron al gobierno estatal postergar esta reforma un año para poder preparar las condiciones para captar las nuevas disposiciones, e incluso se pudiera redactar una propuesta regional toda vez que a juicio de los normalistas, y que coincidimos, la reforma propuesta por las autoridades no toma en cuenta la particularidades de las escuelas de la entidad.
Es importante que hagamos conciencia respecto al hecho de que en algunos comunidades rurales del estado no se habla ni siquiera el español, por lo que resulta inviable tener el inglés como segunda lengua sin antes, como lo han propuesto los normalistas, se incorpore una currícula a la enseñanza de alguna lengua regional en el marco de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política.
Ante esta legítima petición y propuesta de los estudiantes el pasado lunes 15 del presente mes, el gobierno federal y estatal instruyeron a las fuerzas policíacas a su mando, para reprimir y someter a los estudiantes de las escuelas normales rurales indígenas la tenencia de Tiripetío y los municipios de Arteaga y Cherán.
No sólo nulificando el diálogo, sino actuando con abuso de autoridad, yendo en contra de lo argumentado por el propio gobernador de Michoacán, cuando literalmente ordenó -cito- “restablecer la paz y la tranquilidad” –termina la cita.
Ante estos hechos, nosotros decimos: no gobernador, la violencia jamás es un antídoto y menos si es para reprimir las manifestaciones derivadas de un conflicto social. Por esa razón es que nuestro grupo parlamentario exige que se actúe con apego al marco legal privilegiando en todo momento el diálogo, la concertación y garantizando la libre expresión de las ideas.
Si bien, no en todo lo que han hecho los muchachos normalistas de Michoacán estamos de acuerdo, y de ninguna manera respaldamos manifestaciones que perjudiquen a los ciudadanos afectando bienes de dominio particular y público; tampoco estamos de acuerdo en que se extralimiten las acciones y las actuaciones del aparato gubernamental y federal.
Nosotros somos respetuosos y promotores del orden social y los derechos humanos. Nos sumamos al esfuerzo de lograr la paz y la tranquilidad de los michoacanos. Por tanto, en consenso se apoya la creación de un grupo de trabajo plural como lo han propuesto los diputados Silvano Aureoles, Verónica García, Roberto López, para restablecer el diálogo con los alumnos de las escuelas normales de Michoacán.
Asimismo, se exhorta a las autoridades competentes para que de manera pronta y expedita realicen las diligencias ministeriales procedentes, con la finalidad de acreditar a los responsables de los abusos cometidos y en su caso sean separados del gobierno estatal los funcionarios que sean requeridos por las autoridades, a fin de facilitar las indagatorias y el fincamiento de las responsabilidades civiles y penales que a juicio de las mismas correspondan. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional. ¿Con qué objeto, diputado? Lo escucho.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Por alusiones, pediría la palabra por alusiones, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que el debate está pactado, luego entonces no le puedo dar el uso de la voz. Le ruego sea usted tan generoso y tan gentil de leer el 113. Se lo ruego.
Veremos la manera de que nos expresemos todos, pero ahorita permítame que doña Martha Berenice Álvarez Tovar haga uso de la voz.
La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, los acontecimientos suscitados durante los últimos días con motivo de la toma de las instalaciones académicas por parte de normalistas en el estado de Michoacán, y las acciones tomadas por el gobierno estatal, son de gran importancia y merecen ser abordadas con cuidado y respeto y objetividad.
Acción Nacional quiere hacer un conjunto de reflexiones importantes en torno al punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRD. De inicio, nos parece que hay una inconsistencia jurídica en la presentación del punto de acuerdo, ya que de acuerdo al Reglamento de esta Cámara de Diputados solamente es posible crear un grupo de trabajo plural cuando se especifica la comisión legislativa en la que esta instancia se conformará. Una alternativa que podemos tomar es la referida a crear una comisión especial para el diálogo y la concertación entre los normalistas y el gobierno del estado de Michoacán.
Desde nuestro punto de vista, éste es el camino señalado en el artículo 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Con respecto a la propuesta de la creación de un instrumento de intervención de diputadas y diputados de esta legislatura para contribuir a encontrar una solución por medio del diálogo y la concertación, a la situación política que guarda el conflicto con grupos de normalistas, Acción Nacional desea precisar que hemos sostenido durante décadas que el único camino para la construcción de la democracia plena es el diálogo permanente, la tolerancia, la reflexión, el consenso y el acuerdo político.
Las escuelas no son propiedad de ningún grupo en particular y sí son propiedad de las comunidades, de la sociedad, de las familias que con grandes esfuerzos y sacrificios mantienen a hijos e hijas estudiando, porque quieren un futuro mejor para ellos y para el país.
Desde nuestro punto de vista, los grupos estudiantiles altamente politizados toman el camino de la pelea política y asumen métodos como la toma de edificios escolares, la apropiación de vehículos oficiales y la protesta pública, que en otras ocasiones les han permitido desembocar en arreglos. Estos métodos y acciones deben ser desterrados de la vida política universitaria y de la vida política nacional.
En este sentido, la creación de una comisión especial en esta legislatura, debe ser el aval del Estado de derecho. No podemos permitir la expropiación de las instalaciones académicas bajo ningún tipo de presión ni podemos avalar la violación de los derechos humanos de la población.
Esta Cámara de Diputados debe de reivindicar el diálogo, el apego a las leyes, la cultura cívica y democrática, la defensa de los derechos humanos.
Desde la perspectiva de Acción Nacional, esta comisión legislativa debe insistir en la importancia de la reforma educativa, en la importancia de desarrollarla para beneficio directo de las comunidades. Una reforma educativa diseñada durante años y que contempla el desarrollo académico de los profesores y alumnos como eje central.
Al exponer nuestro voto a favor de esta comisión especial, también manifestamos nuestro desacuerdo con el punto número dos. Proponemos que esta comisión debe estar compuesta por un número igual de legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos. Muchas gracias, por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Don Eligio Cuitláhuac González Farias, del PRI, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, la realidad social no puede ser interpretada en términos de buenos y malos, como lastimosamente algunos diputados, que sin conocer Michoacán, han querido explicar lo que pasa en la entidad así.
En una autoridad que reprime y un grupo social que de manera justa lucha por sus derechos, así no se puede interpretar la realidad y así difícilmente se puede abonar a la construcción del diálogo y de los acuerdos.
En democracia, el ejercicio de las libertades debe ser pleno y siempre, siempre apegado al marco de la ley, y el límite de nuestras libertades es la libertad y el derecho de otros. Y lo que hizo el gobernador de Vallejo es restaurar el Estado de derecho ante la toma de carreteras, el bloqueo al libre tránsito de los ciudadanos, la toma de las casetas y, por supuesto, el incendio que hubo de vehículos públicos y particulares.
Por eso, lamentamos estas expresiones. El Grupo Parlamentario del PRI no las comparte y lo que sí compartimos y celebramos es la convicción expresada aquí por las diversas fuerzas parlamentarias, por los principales actores políticos para que se privilegie el diálogo, la civilidad, el consenso y la paz en el estado de Michoacán, convicción que compartimos plenamente y que hemos esgrimido en diversos momentos y bajo diferentes circunstancias.
Por ello, nos sumamos al beneplácito de la proposición para que esta Cámara, en el ámbito de su competencia haga lo conducente por coadyuvar a la construcción del diálogo y los entendimientos necesarios que redunden en el beneficio de los michoacanos.
Es claro que habiéndose manifestado en el nivel local las difíciles contradicciones de la problemática federal, en un contexto de quebranto de las finanzas públicas estatales y de una inseguridad creciente y lacerante, compete a la Secretaría de Educación Pública federal dictar las acciones procedentes, con el ánimo de resolver el problema suscitado en las escuelas normales de la entidad.
Por ello, es válido y pertinente el exhorto a la dependencia federal responsable de dictar e instrumentar la política educativa de la nación, para que en el marco de sus atribuciones y con la coordinación y colaboración de los diferentes poderes y niveles de gobierno se restablezca el orden, cuanto antes, y se otorgue certeza y seguridad a las familias michoacanas.
En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la disposición solidaria del gobierno del estado de Michoacán para restablecer el Estado de derecho. Reconocemos la libertad de expresión de todos los grupos sociales, sobre todo si dicha libertad ha de posibilitar que los asuntos públicos se resuelvan de manera transparente y pacífica.
Hoy esta Cámara, compañeros diputados, está llamada a ser nuevamente un factor clave en la vida institucional de este país. Libre de todo cálculo político, compañeros diputados, esta representación nacional está obligada a atender de manera urgente la demanda de los mexicanos para promover la concordia, la paz y la unión.
Por ello, consideramos oportuna la conformación de este grupo legislativo que abone al diálogo entre los normalistas y el gobierno de la República, observando, en todo momento, el respeto al pacto federal y a la soberanía del estado de Michoacán. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia ha recibido dos peticiones para hablar. Del diputado del PRD que se dice aludido por su compañero diputado del PRD y de don Ricardo Monreal Ávila, que desde hace un buen rato me está pidiendo el uso de la voz.
Esta Presidencia, en ánimo de la concordia, otorgará el uso de la voz a don Ricardo Monreal y luego al señor diputado. Inmediatamente después, existan o no alusiones o rectificación de hechos, para que nadie se llame robado, vamos a pedirle a la Secretaría que pregunte si el asunto está suficientemente discutido. Tiene usted el uso de la voz, don Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Presidente, reconozco su actitud en este importante debate, que a veces no llega a ser sino un monólogo. Lo que sucede en Michoacán, ciudadanos legisladores, no debe de subestimarse. Lo que sucede en Michoacán es particularmente grave y es delicado, porque todo el país reconocemos a Michoacán como un estado de profundas raíces sociales.
Siempre vimos a Michoacán, y lo hemos visto, como un estado en donde han protagonizado luchas históricas, por eso lo que pasa en Michoacán nos afecta al país. Y por eso me alegra que este debate hoy no se rehúya y se dé aquí en la representación del pueblo de México.
Y es una mezcla peligrosa que está sucediendo en Michoacán entre reclamos sociales justos con imposiciones de un proyecto económico y educativo neoliberal, agravado por un problema de violencia generalizada e incluso presencia profunda e inédita del crimen organizado.
La educación en México, señores y señoras, ha sufrido profundos embates. Está perdiéndose la batalla por la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad de la educación; está ocurriendo en la práctica un profundo desmantelamiento de la educación pública.
No es casual lo que sucede con las normales de Michoacán, es otro embate de un proyecto educativo privatizador y mercantilista que ha avanzado con la complicidad de los gobiernos y el silencio cobarde de los representantes. La resistencia que han protagonizado estos jóvenes estudiantes de las tres normales para nosotros es ejemplar, y la represión que han sufrido por ningún motivo se justifica.
Estamos pidiendo –y lo hago de manera reflexiva, incluyendo a los compañeros del PRI– que esta comisión –que nosotros estamos de acuerdo en que se constituya– su primer tarea sea la liberalización de los jóvenes. No pueden estar sujetos a proceso penal los jóvenes estudiantes de estas normales, deben liberarse a los jóvenes.
Lo que sucede en Michoacán, ciudadanos legisladores, nos atañe a todos; a los de Michoacán, pero también a los de Zacatecas o a los del estado de México o a los de Durango. Por eso ahora quiero expresar de manera contundente: estamos de acuerdo con la comisión plural que se propone. Es más, ésta debe de integrarse ahora mismo y convocar al principal responsable del desmantelamiento de la educación; el gobierno federal al gobierno estatal y a los jóvenes en una mesa de diálogo, hoy mismo.
No permitamos que siga avanzando la violencia y la actitud de represión; ya ven. ¿Qué ganan con chiflar? ¿Qué ganan? Ya hubiera terminado. ¿Para qué chiflan? ¿Qué no pueden mantenerse aunque sea unas fracciones de segundo en la tranquilidad y en la paciencia? ¿Cuál es su problema? Chiveros y pandilleros.
Nosotros estamos de acuerdo con esta comisión y queremos que de inmediato se ponga a trabajar. Apoyamos a los jóvenes y nos mostramos solidarios con los jóvenes estudiantes de las normales de Michoacán.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente, le pido la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado. ¿Puede hacerlo desde su curul? Ándele, desde su curul, muchas gracias. Sonido, por favor. Don Roberto.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Paso...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, don Roberto López Suárez.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Muchas gracias, por darme el uso de la palabra, aunque sea acá abajo; por lo menos puedo decir que me dio la palabra.
Es preocupante que los diputados del Verde y del PRI no tomen en cuenta algunas cosas que han pasado en este conflicto. Primero, que no es el primer conflicto que se tiene en el estado de Michoacán con este gobernador. Hace unos meses las casas de estudiantes tuvieron un conflicto y que se hizo la represión. Se han hecho movilizaciones de diferentes organizaciones sociales y ¿qué pasa? La represión. Y hoy se quiere manejar un discurso falso en el sentido de que los estudiantes están en contra de una reforma que implica que aprendan inglés y computación.
Mi compañero de bancada creo que lo dijo muy claramente, el problema aquí es que no se toma en cuenta las condiciones sociales de los estudiantes y que se utiliza la represión que bien la diputada hoy nos vino a exponer unas fotografías, que son unas cuantas de las que salieron en los medios de comunicación.
No es que tengan hoy a ocho estudiantes detenidos; tienen a otros 49 que fueron liberados bajo fianza y que están en proceso legal y que además el secretario de gobierno comenta —de Michoacán— que cuando sea necesario los van a llamar a comparecer para ver si se les fincan otras responsabilidades. Si hay un problema político y un grave conflicto que no ha sido atendido por parte del gobierno estatal.
Este punto de acuerdo que se presenta hoy tiene como parte fundamental dos cosas.
Uno. La libertad de ocho presos políticos, –hay que decirlo con todas sus palabras aunque no les guste a algunos– y que se dé una salida al conflicto con el diálogo.
La instalación de la mesa de diálogo, que llamaría en este caso la Cámara de Diputados a través de esta comisión, y tendría la finalidad precisamente de resolver los problemas que dieron origen al conflicto, que es la petición de los estudiantes de que por lo menos se discuta con ellos y se acuerden –no es que estén en contra- los términos de las modificaciones en este caso de los programas que se quieren implementar en estas normales.
Terminaría diciendo dos cosas, diputadas y diputados.
Uno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales e incluso Amnistía Internacional han tomado cartas en el asunto. Esperemos para ver qué dicen; y si hay responsabilidades por parte de funcionarios y elementos policíacos, que se proceda legalmente.
Dos. Que el conflicto va a continuar el tanto el gobernador esté cerrado a que el diálogo sea el mecanismo para solucionar el conflicto.
Yo llamo a que efectivamente votemos a favor de este punto de acuerdo y de que seamos sensibles de que hay muchos conflictos en el país que no se solucionan así.
Termino diciéndoles que en el Distrito Federal hay un movimiento estudiantil en la UACM y el gobierno del Distrito Federal está mediando en el conflicto. Aprendan a hacer política, no a utilizar la fuerza contra los estudiantes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada Flora Ayala Robles Linares, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se condena el brutal asesinato del joven José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos. Tiene usted el uso de la voz, doña Flor.
La diputada Flor Ayala Robles Linares: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Como es del conocimiento público, el día 12 de octubre en curso, un agente estadounidense de la patrulla fronteriza disparó desde su lado americano, en contra del joven mexicano José Antonio Rodríguez, de 16 años de edad, causándole la muerte inmediata, del lado de la frontera mexicana.
El pretexto para tan desproporcionada y brutal reacción fue porque el muchacho tiraba piedras a los migras desde territorio nacional en Nogales, Sonora.
En su informe oficial la patrulla fronteriza del sector de Tucson, Arizona, dio como justificación que sus agentes actuaron contra presuntos contrabandistas de narcóticos, además que uno de los supuestos sospechosos comenzó a agredir a los agentes con piedras. Esa es la increíble versión de las autoridades del otro lado de la frontera.
Del lado mexicano testigos presenciales de los hechos afirman que el adolescente sí arrojó piedras a los agentes norteamericanos pero que ninguna estuvo ni siquiera cerca de llegar a lastimarlos.
¿Es equiparable responder con balas a piedras? Y más cuando el menor recibió ocho tiros en la espalda de los 14 que desenfundó la patrulla fronteriza; ocho.
¿No son hombres entrenados para actuar bajo control y no excederse en el ejercicio de la fuerza máxime cuando se trata de un menor? ¿Qué pasa por la cabeza de supuestos agentes de la ley para transgredirla de esa manera en contra de los mexicanos?
¿Saben que pienso? Que son unos cobardes; juegan con nuestras vidas y somos su entrenamiento de tiro al banco.
¿Cómo podría el jovencito golpear con las piedras a uno de los agentes de migración si en ese sector de Nogales la valla fronteriza además de ser alta está sobre un risco? Muy por el contrario esa barda que ellos han puesto, les ofrece protección y ventajas, para eso la pusieron, para impedir el paso ilegal de nuestros connacionales y facilitar la vigilancia; muy en su derecho.
Lo que no es correcto es que ese cerco sea un escudo para disparar contra mexicanos que están en su país y no en suelo estadounidense.
Lo grave y preocupante es que no es la primera vez que ocurren esas agresiones. Situaciones semejantes ocurrieron el 9 de julio y el 6 de septiembre de este año; del 2010 a la fecha han muerto 18 mexicanos a manos de la patrulla fronteriza.
El caso más conocido, porque existen videos, es el de Guillermo Arévalo Pedraza, que se encontraba en la rivera mexicana del río Bravo, Tamaulipas y dispararon agentes del lado de Estados Unidos que iban en una lancha de la patrulla fronteriza.
Hay que recordar que en junio del 2010 otro jovencito de 14 años, Sergio Adrián Hernández fue asesinado por un agente de la patrulla fronteriza en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y E Paso, Texas. Le dio exactamente en la frente, en medio de sus ojos.
En esa ocasión la justificación de los agentes fronterizos norteamericanos fue también que repelieron un ataque con piedras.
¿Qué pasaría si un joven americano tirara piedras a nuestro país y un agente federal mexicano lo matara a tiros? ¿Se han puesto a pensar?
Pero además de todo eso, además de tan tiranas acciones la Secretaría de Relaciones Exteriores actúa pasiva y perniciosamente ante estas situaciones. No conforme con la alta violencia que existe en nuestras fronteras, ahora resulta que nos tenemos que cuidar de las balas en casa y fuera de ella.
Ya no queremos discursos de nuestras autoridades donde hablen de la indignación, de lo que estamos investigando, de vamos a colaborar. Queremos que nos defiendan con valentía, con convicción y con un alto sentido de justicia.
No podemos permitir que por lo recurrente de esas agresiones sean vistas como algo natural. Eso es algo inadmisible desde cualquier punto de vista. Es por eso que solicito a esta asamblea su voto favorable para la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
1. Se condena el brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos.
2. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que dé seguimiento puntual a las investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y en su caso auxilie por la vía consular a los familiares de la víctima.
3. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice las investigaciones sobre el homicidio de José Antonio Rodríguez y mantenga informada a la ciudadanía del avance y desarrollo.
4. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto que se constituya, en el marco de la implementación de la declaración conjunta México-Estados Unidos sobre prevención de la violencia en la región fronteriza, emitida el 15 de diciembre del 2010, una comisión bilateral integrada por representantes tanto del gobierno mexicano como del estadounidense para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera de ambos países y acuerdos que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos, el trato humanitario a migrantes y en mecanismos de colaboración que garanticen a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y a sus familiares el oportuno y eficaz acceso a la justicia.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho, doña Flor. En términos del 100, pregunte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán, por tres minutos.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro compatriota José Antonio Rodríguez, joven de 16 años, a manos de un agente estadounidense de la patrulla fronteriza. El motivo, arrojar piedras a los agentes desde el lado mexicano en Nogales, Sonora.
Hechos y circunstancias que han sido narrados, que han sido referenciados por la legisladora proponente del punto de acuerdo, Flor Ayala. Desde esta máxima tribuna exigimos al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que realice un seguimiento puntual de las investigaciones para que el responsable de este asesinato sea juzgado.
Exigimos se preste apoyo consular a la familia de la víctima para que se emprendan las acciones legales que otorguen justicia y reparación del daño causado.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la creación de una comisión bilateral con la capacidad política y diplomática para hacer cumplir el derecho internacional y los acuerdos entre ambos países.
Comisión que norme criterios básicos para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre ambos países. Comisión que elimine cualquier atisbo de violencia por parte de agentes fronterizos. Comisión que garantice el trato humanitario a migrantes y que fije de manera clara y contundente los mecanismos mediante los cuales se garantice a las víctimas de abusos de autoridad fronterizas y sus familiares en lo oportuno y eficaz acceso a la justicia.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no podemos ser omisos en cuanto a exhortar a la Procuraduría General de la República para que cumpla con su responsabilidad de manera eficaz y expedita en las investigaciones sobre este homicidio.
¿Hasta cuándo tendremos que exigir en esta tribuna lo que es una obligación del gobierno mexicano, salvaguardar la integridad de sus conciudadanos en territorio nacional?
¿En qué momento el Ejecutivo federal atenderá con la inmediatez debida todos estos asuntos? ¿Hasta cuándo nuestra frontera norte se seguirá tiñendo de la sangre de nuestros compatriotas agredidos por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos?
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza esperamos que este punto de acuerdo exprese un reclamo contundente de justicia y destitución del daño para los deudos de José Antonio Rodríguez, que devengan, que sea un llamado, un alto al clima de violencia que se ha generado en la frontera entre México y Estados Unidos. No podemos permitir que los asesinatos de Guillermo Arévalo Pedraza, Sergio Adame Hernández, José Antonio Rodríguez queden impunes.
Coincidimos con la proponente en su reclamo al responsable del Ejecutivo mexicano por su pasividad, ya que es el responsable de la política exterior y por ende de proteger a las y a los mexicanos en su integridad física y en sus derechos humanos.
¿Cuántos mexicanos necesitan morir para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República utilicen todos los medios diplomáticos y jurídicos para que esos crímenes no queden impunes?
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos de acuerdo con este pronunciamiento de urgente u obvia resolución y, en consecuencia, votaremos a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT, hasta por tres minutos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, lamentamos el asesinato de José Antonio Rodríguez, quien murió abatido por elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el pasado 12 de octubre. El artero asesinato del joven José Antonio Rodríguez es una muestra más de la discriminación, racismo y xenofobia de las autoridades norteamericanas, en violación no solamente del derecho a la vida de los mexicanos, sino también de sus derechos fundamentales.
Nos sumamos al punto de acuerdo, exhortando, más que exhortando, exigiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie las acciones procedentes a nivel internacional. Son muchos los casos en que han muerto precisamente mexicanos en manos de la Patrulla Fronteriza de nuestro socio comercial, con quien tenemos celebrado un tratado de libre comercio donde pueden transitar libremente las mercancías y se protegen adecuadamente, pero los mexicanos no, no vale la pena proteger su vida.
Deberían de iniciarse acciones de seguimiento de que se dé acceso, se garantice acceso a la justicia a los familiares, a las víctimas de este crimen artero, y en caso de no resultar garantizado este derecho de acceso a la justicia, iniciar juicio ante la Corte Internacional de Justicia, en ejercicio de la acción de protección diplomática por violación, precisamente de los derechos fundamentales de un nacional mexicano.
También llamamos desde esta tribuna a las organizaciones no gubernamentales y también a las clínicas de derechos humanos, para que presenten una reclamación, una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por precisamente el asesinato de este joven.
Sin Fronteras, el Agustín Pro, Amnistía Internacional, ojalá y escuchen este llamado, acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores no se siente obligada a ello.
Por todo lo anterior nos sumamos los diputados del PT a este punto de acuerdo de urgente resolución. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez tiene el uso de la voz.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes tengan todas y todos, compañeros diputados. Una vez más el uso letal de la fuerza cruzó la frontera norte de nuestro país la noche del miércoles 10 de octubre, cuando se pusieron a la par piedras contra balas. El asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, residente de Nogales, Sonora, a manos de la Patrulla Fronteriza, es un ejemplo más de la brutal xenofobia en la que viven nuestros connacionales en la frontera con Estados Unidos, haciendo de esta situación un problema bilateral que sólo parece agravarse con los años.
Al parecer fue una lluvia de balas las que recibió el joven de tan sólo 16 años, que por hacer caso omiso a la orden de no arrojar piedras del otro lado de la frontera, se llevó dos balas en la cabeza y cuatro en el tórax. Debido a la proporción de las balas no está clara la afirmación de que un solo agente abrió fuego contra el menor.
El patrón de abusos por parte de la Patrulla Fronteriza a los derechos humanos, se ha ido incrementando año con año. En el 2008 se registraron de manera similar 5 asesinatos, en el 2009 se incrementaron a 12, en 2011 se presentaron 17 y hasta el día de hoy del presente año van 15.
La situación de los migrantes se ha vuelto el encabezado recurrente de los medios de comunicación, no sólo porque muchos de nuestros compatriotas protagonizan el papel de víctimas con nuestros vecinos del norte, sino también porque somos los villanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos en la frontera sur del territorio nacional.
Los abusos y las violaciones a los derechos a migrantes que transitan por nuestro país, han desencadenado situaciones desafortunadas y condiciones precarias para nuestros visitantes temporales.
A lo largo de los mil 149 kilómetros de frontera sur que compartimos con Guatemala y Belice, se estima que anualmente cruzan 1.9 millones de extranjeros, de los cuales 83 por ciento son entradas legales y el otro 17 por ciento entradas irregulares.
Tenemos presente que el trato que se les da a los migrantes indocumentados está lejano a la dignidad y respeto que nuestra propia ley señala, como si éstos fueran seres humanos de segunda clase, donde una falta administrativa puede significar un trato de delincuente.
Un ejemplo de lo anterior sucede en el municipio de Tenosique, Tabasco, que comparte frontera con la república de Guatemala y contabiliza el paso regular del 14 por ciento del total de migrantes en tránsito, donde los campamentos de extranjeros indocumentados son perseguidos por militares y policías, y el uso de la violencia, la extorsión, incluso el secuestro, son los métodos para el desalojo de estos grupos, según reportan organizaciones de defensa de derechos humanos desde agosto del año pasado.
Otro ejemplo lamentable es el caso de la bestia o como otros lo han bautizado El tren de la muerte, que cruza en su lomo de sur a norte a cientos de migrantes que se arriesgan a ser robados, violados, secuestrados y hasta asesinados, con evidencias claras que muchas acciones de agresión son por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración.
Otra agravante de esta situación, es la penetración de la delincuencia organizada que exige una cuota para poder continuar el trayecto como una especie de derecho de piso. Estos traficantes condicionan y amenazan a otros migrantes, para que secuestren, recluten y transporten, con el fin de ejercer la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas.
Movimiento Ciudadano condena la discriminación, los abusos y las violaciones que se cometen hacia los derechos humanos -termino, señor presidente-, que sólo lastiman las relaciones con nuestras naciones vecinas; y nos inclinamos a encontrar soluciones inmediatas para que dentro de nuestras fronteras como fuera, el trato digno y el respeto imperen para todos los individuos por igual, por encima de la xenofobia y las atrocidades que atentan a la vida misma.
Si condenamos la agresión y el asesinato de José Antonio, también debemos de condenar las agresiones en Michoacán. No más violencia estructural. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. En el país vecino del norte radicaban hasta el 2011, según el Centro de Estados Unidos, 31.7 millones de personas de origen mexicano, colocándonos como la población de latinos más grande en Estados Unidos, pero lamentablemente, también son los más perseguidos y acosados por las autoridades migratorias solo por su origen nacional.
Las autoridades migratorias de los Estados Unidos siguen haciendo gala de su abuso de poder y cada vez se ensañan más con nuestros compatriotas radicados en aquel país. Un claro ejemplo de esta terrible violencia es que el caso del pequeño José Antonio Elena Rodríguez, de tan solo 16 años, quien murió de ocho impactos de bala en la espalda, presumiblemente por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, situación que nos obliga a exigir un accionar más contundente y decidido por parte del gobierno federal.
José Antonio fue brutalmente baleado por un oficial fronterizo, supuestamente por haber amenazado con piedras a los agentes, como si ello fuera motivo para sentenciar a alguien a muerte. Y esto fue lo que hizo de manera fulminante el agente migratorio estadounidense.
Lo anterior evidencia que se trata de la tercer persona que muere en circunstancias similares, desde julio pasado, por disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que en todos estos casos han sostenido que repelieron los ataques con piedras lanzadas por las víctimas.
Les pregunto, ¿pasaría lo mismo si un agente del Grupo Beta o de la Policía Federal Preventiva baleara a un joven adolescente estadounidense por lanzarle piedras?
Nos queda claro que hemos expresado de manera reiterada el uso desproporcional de la fuerza letal de parte de la frontera norteamericana para con nuestros connacionales. Y es por ello que no solo debemos demandar que se realicen exhaustivas investigaciones sino también una postura diplomática estricta y exigir que cesen estos tratos abusivos y crueles en contra de nuestros compatriotas mexicanos.
Las violaciones y actitudes xenofóbicas requieren que todos nos unamos en una sola voz y reclamemos respeto a los derechos de todos los migrantes y habitantes de la zona fronteriza, otorgándoles un trato digno y seguro.
En razón de lo aquí expresado nos unimos a la presente propuesta de nuestra amiga y compañera Flor Ayala, en donde se condena el brutal asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, ocurrido en Nogales, Sonora. Y rechazamos el injustificado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses, exhortando así a las autoridades mexicanas competentes a que emitan una enérgica postura y protesta por estos hechos tan lamentables. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don David. Don Alejandro Carbajal González, del PRD.
El diputado Alejandro Carbajal González: Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática emitirá un voto a favor en estos temas, en los cuales no podemos soslayar y dejarlos de lado.
Sin embargo vamos a acompañar una serie de reflexiones, porque –para estar en sintonía con lo que hoy se está discutiendo en la Cámara de Senadores, en donde se defendió por los grupos mayoritarios un concepto de productividad– voy a preguntarles, compañeras diputadas y compañeros diputados, si estamos siendo productivos, si estamos actuando con contundencia, si estamos siendo eficaces. La productividad implica resultados.
Nos abocamos a hacer un análisis de los connacionales que han sido ejecutados en territorio mexicano, y nos encontramos con connacionales ejecutados en las mismas condiciones y circunstancias desde el 2007, en el cual Francisco Javier Domínguez fue ejecutado a tiros en territorio nacional, José Alejandro Ortiz murió baleado en el 2007 también, Adrian Hernández Güereca murió a golpes en territorio nacional, José Alfredo Yáñez murió a tiros en el 2011, Juan Pablo Pérez Santillán también en el 2012, y ahora nos encontramos también con Guillermo Arévalo Pedraza, y el último y más reciente hecho lamentable de José Antonio Rodríguez, homicidios que no podemos calificar de otra manera, asesinatos.
Y la pregunta es, compañeras diputadas y compañeros diputados: ¿Estamos siendo productivos solamente haciendo proposiciones de exhortos a las autoridades que hoy en día tiene la responsabilidad primordial de salvaguardar la vida de todas las mexicanas y todos los mexicanos? No es de sorprender, si tenemos más de 60 mil muertos a lo largo y ancho del país, que no les importen siete más.
Desde el 2007 debería haber existido un pronunciamiento enérgico por parte del Ejecutivo federal, y no lo ha realizado; está más preocupado por cabildear e ir dar cátedra al vecino país del norte, dicho por el mismo, no vaya a importunar a los estadounidenses y no le den cobijo. Justamente ése es el tema que tenemos que condenar.
De verdad nosotros lo que estamos buscando es que seamos categóricos, ya no podemos estar actuando de manera unilateral en el cual solicitemos. No renunciemos a las facultades que nos consagra la Constitución ni mucho menos saludamos la responsabilidad que tenemos.
Somos un poder más de la república, estamos actuando hacia el Ejecutivo de manera sumisa, exhortándole a que nos dé un informe. No podemos ni debemos actuar en esa dinámica.
Sé que no es la instancia en la cual solicitaremos, una vez que se instalen las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, la comparecencia de las funcionarias de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambas son funcionarias hasta el último día de noviembre. No caigamos en ese círculo vicioso en el cual ellos refieren que ya se van y los que lleguen en la próxima administración refieran que van llegando; asumamos nuestra responsabilidad.
Es por ello que les invito, porque estamos de par a par, a que les citemos antes de que se vaya la actual secretaria de Relaciones Exteriores —termino, diputado presidente— y la procuradora General de la República, que nos informe de manera precisa cuáles son los avances, porque desde el 2007 a la fecha estamos nosotros convalidando esos homicidios.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no va a solicitar un minuto de silencio, por el contrario, vamos a solicitar que al unísono demandemos justicia y respeto para nuestros connacionales; ni una muerte más en nuestra frontera norte. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del PAN, tiene el uso de la voz.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señor presidente. Honorables diputadas y diputados, presento posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con respecto por el que se condena el brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos de América.
Concordamos en que, como lo establece el texto en el décimo tercer párrafo, la extrema violencia con que reaccionan los agentes estadounidenses en contra de jovencitos mexicanos no es nueva. Por tal motivo resulta imperativo que las autoridades competentes, tanto mexicanas como estadounidenses, realicen una investigación oportuna y transparente hasta sus últimas consecuencias.
Como lo estableció nuestro compañero y un servidor, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los Poderes y fuerzas políticas del país.
Bajo tal entendimiento, nos adherimos a la condena del brutal asesinato de José Antonio Rodríguez, así como el injustificado y desproporcionado uso de fuerza por parte de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera entre México y Estados Unidos de América.
Apoyamos que se encuentren contemplados dentro del texto los casos más recientes de muertes de mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, ya que se pone de manifiesto la importancia que cada uno se merece a efecto de atender de manera puntual y precisa estos acontecimientos.
Concordamos plenamente en que resulta inadmisible la muerte de mexicanos por agentes de la Patrulla Fronteriza, y más aún cuando se trata de muertes en territorio nacional.
Por lo tanto, apoyamos la creación de una comisión bilateral integrada por representantes, tanto del gobierno mexicano como estadounidense para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre ambos países y acuerdos que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos en trato humanitario a migrantes y en mecanismos de colaboración que garanticen a las víctimas de abusos de autoridades fronterizas y sus familiares, el oportuno y eficaz acceso a la justicia.
En el décimo sexto párrafo se establece que no puede haber pasividad del gobierno federal ante estos casos. Cabe recordar que el gobierno federal ha expresado enérgicamente su rechazo a estos cobardes asesinatos.
Como prueba de ello basta recordar las declaraciones del pasado 10 de septiembre por parte del Presidente Felipe Calderón, en donde expresó que son varios los mexicanos que han perdido su vida de esta manera y, desde luego, que no aceptaremos el uso de armas de poder letal que utilicen en actos preventivos o inhibitorios de las migrantes hacia Estados Unidos.
Que este tipo de consecuencias son inaceptables para México y exigimos castigo a los culpables. Concluyo la sentencia.
Por su parte, y como se encuentra establecido en el punto de acuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en donde condenaba este ataque por parte de la Patrulla Fronteriza. Asimismo, la embajada de México en Estados Unidos, emitió el siguiente comunicado:
El gobierno de México tiene conocimiento de un incidente registrado la madrugada entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. La información preliminar disponible en este momento genera nuevamente serias dudas sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que el gobierno y la sociedad mexicana condenan y deploran enérgicamente.
Cabe mencionar que las autoridades de la Procuraduría General de la Justicia de Sonora afirmaron que se está trabajando en coordinación con las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, en tanto el área de comunicación de la Patrulla Fronteriza del sector de Tucson dice que el caso será investigado por el Buró Federal de Investigaciones, lo que pone de manifiesto que se avanza con determinación para detener los abusos de la Border Patrol contra nuestros compatriotas, tal como lo establece el mismo párrafo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado proponente.
Esta Presidencia saluda con todo afecto a don Pablo Rodríguez Avelar, presidente municipal de Villa Hidalgo, a don Juan Manuel González Jiménez, presidente municipal de Teocaltix, a José de Jesús Tovar Gómez, de Ojuelos, Jalisco y a don José Soto González, para que no se haga muchas esperanzas, que es suplente del señor diputado José Noel Pérez. Sean ustedes bienvenidos. Tiene el uso de la voz Fernanda Schroeder, hasta por tres minutos.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo: Con su permiso, señor presidente. Consideramos que el punto de acuerdo presentado por nuestra compañera y amiga diputada Flor Ayala, merece la aprobación de esta asamblea, pues el caso que lo motiva tiene especial relevancia, se trata de la muerte de un menor de edad, compatriota nuestro que fue víctima del uso desmedido de la fuerza y una inexplicable violencia de parte de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense en el estado de Arizona.
No podemos permitir que un hecho como éste pase desapercibido y apenas propicie una reacción tibia de nuestras autoridades.
Creemos en la buena vecindad y estamos ciertos que la convivencia de nuestros connacionales con los vecinos del norte se ha dado en un marco de respeto y de intercambio muy intenso, no sólo en mercancías y de cruces fronterizos, sino en el florecimiento de una cultura común que no debe desvirtuarse con actos de barbarie como el que vimos en Nogales.
Como bien lo explicó la diputada Ayala, no es la primera vez que ocurren actos de esta naturaleza de parte de autoridades del país vecino.
Tenemos que buscar la manera de poner un alto en el uso desmedido de la fuerza y de franca violencia homicida contra nuestros compatriotas.
Ya ha habido protestas, notas diplomáticas, investigaciones, que prometen esclarecer hechos como el ocurrido el 12 de octubre contra el joven José Antonio Rodríguez, pero el caso es que esos sucesos lamentables se repiten con una lamentable frecuencia.
Hoy la familia de José Antonio vive un luto con un sentimiento de impotencia ante la violencia criminal de que fue víctima, por haber lanzado unas piedras contra los agentes norteamericanos.
La comunidad de Nogales comparte ese sentimiento y lo más triste es que no se sienten protegidos por la acción decidida de su gobierno.
Por eso consideramos que es hora de que se pongan en práctica los instrumentos de la diplomacia y la cooperación para que en ese marco se busquen soluciones a estos actos de violencia injustificada, proveniente de los agentes de migración de aquel lado de la frontera.
La disposición que existe de parte del gobierno de los Estados Unidos para coadyuvar a la lucha contra la violencia y el crimen en la frontera que compartimos, debe incluir también la abolición de la violencia de parte de los agentes en contra de los ciudadanos mexicanos y la reparación del daño causado a víctimas inocentes.
Consideramos que es el camino a seguir de parte de las autoridades mexicanas; por eso proponemos el voto a favor del punto de acuerdo propuesto por nuestra compañera diputada Flor Ayala. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tanto nuestro amigo que va a hablar sobre los médicos piensa su declinación, proceda la Secretaría a dar cuenta con la comunicación que remite la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito remitir a usted una fe de erratas del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran 54 comisiones ordinarias de la LXII Legislatura y se ratifica la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 16 de octubre de este año y aprobado en esa misma fecha por el pleno de la Cámara de Diputados.
La fe de erratas consiste en que el anexo del registro de la directiva e integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aparece la diputada María del Rosario Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como presidenta, debiendo aparecer la diputada Lourdes Adriana López Moreno.
En el anexo del registro de la directiva e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aparece la diputada María del Rosario Fátima Pariente Gavito López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como integrante, no debiendo aparecer en esta comisión.
Lo anterior para que, de encontrarlo ajustado a derecho, se sirva ordenar la publicación de estas correcciones.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que expresamente se pidan para la próxima sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Siempre declinó nuestro amigo médico? Pues hable usted, pues; luego hablaremos sobre los abogados, sobre los arquitectos y sobre los agrónomos, pero tiene usted el uso de la voz. Tres minutos con todo rigor.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. El 23 de octubre de 1833 se inauguró el establecimiento de ciencias médicas, uno de los seis colegios de enseñanza superior en los que se dividiría la Dirección de Instrucción Pública, órgano creado por Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México.
Fue en honor de aquel ilustre médico y político mexicano que en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República realizada en Cuernavaca en 1937, se ratificó que el Día del Médico Mexicano se conmemorara cada 23 de octubre.
Hoy, 179 años después de la inauguración del Establecimiento de Ciencias Médicas, los médicos son un pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestra historia.
Resulta incuestionable que los médicos mexicanos se esfuerzan día tras día por materializar los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y no maleficencia en su práctica profesional.
De acuerdo con el Inegi, existen poco más de 295 mil médicos en el país, el 83 por ciento de los cuales son económicamente activos, el resto no ejerce la profesión. De los médicos no económicamente activos, 7 de cada 10 son mujeres.
Es importante resaltar que el 66 por ciento de los médicos que ejercen la profesión en el país tienen grado de licenciatura, y el 34 por ciento han cursado especialidad, maestría o doctorado. En cuanto al área de trabajo, el 44.8 por ciento trabajan en servicios de salud privados y el 55.2 por ciento lo hacen en los servicios de salud públicos.
Hoy, el médico mexicano es un profesional altamente calificado, se entrega a una de las labores más nobles a las que puede dedicarse la persona que son: a restaurar la salud y a salvar sus vidas.
Por ello, los legisladores de Acción Nacional invitamos a los demás integrantes de esta Cámara de Diputados a comprometer nuestra labor legislativa para promover mejores condiciones laborales y profesionales para los médicos.
Es necesario que todos los médicos tengan acceso a cursar una especialidad médica, su profesionalización y la mejora de sus condiciones laborales, significa la posibilidad de materializar el derecho a la protección de la salud para todos los mexicanos en el futuro.
Felicidades a los médicos hoy en este día. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (16:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 25 de octubre de 2012, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30. Muchas gracias.
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