Comunicaciones
De la Mesa Directiva, relativa a asuntos de la LXI Legislatura
De la Junta, sobre la integración de grupo plural de trabajo para escuelas normales rurales
Del diputado Francisco Coronato Rodríguez, con retiro de proposición con punto de acuerdo
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Cámara de Senadores, con minuta y proposiciones
De la Coordinación del GPPRI, con integración de diputado a su grupo
Iniciativas de diputadas y de diputados
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, PRI
Carlos Alberto García González, PAN
Roberto Carlos Reyes Gámiz, PRD
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
José Angelino Caamal Mena, Nueva Alianza
Elizabeth Vargas Martín del Campo, PAN
Carla Alicia Padilla Ramos, PVEM
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
Erick Marte Rivera Villanueva, PAN
Víctor Manuel Bautista López, PRD
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, PAN
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que responda las preguntas parlamentarias
Relativo a cambios en comisiones
Proposiciones de diputadas y de diputados
Ricardo Astudillo Suárez, PVEM, relativa al robo de combustible en Pemex
Óscar Bautista Villegas, PRI, relativa a los cupos de importación de frijol
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano, relativa a recursos ahorrados por trabajadores de CFE
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Efeméride
Con motivo del 24 de octubre, Día de la Organización de las Naciones Unidas
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Siendo las 11 horas con 11 minutos es que le pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:11 horas): Y por tanto se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Doña Purificación Carpinteyro, ¿con qué objeto?
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, estoy revisando precisamente el orden del día y veo que lamentablemente mi punto de acuerdo no está turnado o no está incluido como un punto de urgente u obvia resolución, cuando se trata precisamente de la instalación de una de las comisiones, que es la Comisión de Radio y Televisión, que está programada para las 4 de la tarde.
Si efectivamente este punto no se toca el día de hoy se invalida. Es decir, está siendo a final de cuentas un hecho consumado, que se turne a comisión...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada. Fíjese que efectivamente su punto de acuerdo aparece en la página 8 del orden del día.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Pero por qué ya no me dejaron hablar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No, de ninguna manera, la escuchamos. Está usted ronca pero se escucha y se entiende muy bien. Denle voz, por favor, a doña Purificación. Sonido.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Efectivamente, presidente, está aquí para que se turne a comisión. Es decir, lo que estoy pidiendo es que no se instale la comisión puesto que el presidente se encuentra impedido en términos del Capítulo IV de la Constitución, que habla de las responsabilidades de los servidores públicos.
El presidente de la comisión hoy por hoy, representa los intereses de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión; hoy es precisamente miembro del Consejo Nacional de Radio y Televisión, como consejero suplente de Javier Tejado Dondé, principal ejecutivo, uno de los principales ejecutivos de Grupo Televisa. Permitir que él se instale como presidente, significa una violación a los servidores públicos.
Pediría que, precisamente este punto, se tratara como un punto de urgente u obvia resolución y que fuera votado por el pleno porque al final de cuentas como diputados lo que juramos fue cumplir y hacer cumplir la Constitución.
No podemos permitir una violación tan flagrante, y con todo el aprecio que le tengo al diputado Federico González Luna, lo último que quisiera es exponerlo al juicio político o a las sanciones administrativas, inclusive la destitución.
Es por ello que quisiera tener la oportunidad de que este punto que está turnándose a comisión sea de facto; haga que esto ya sea un hecho consumado, en vez de que sea votado por este pleno, haciendo responsables a todos y cada uno de los diputados de esa violación constitucional de la que serán responsables.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien, diputada. Permítame un segundo. Su dicho ha quedado en conocimiento de toda la asamblea con todos sus argumentos y hasta sus aprecios. Pero esta Presidencia no puede sino lo que la ley y el Reglamento le faculta.
Y el artículo 59 me dice claramente que las proposiciones en el apartado de la dispensa de trámite las califica y me las manda la Junta de Coordinación. Yo con estos argumentos que usted da; pues hombre, le recomiendo hable con los integrantes de la Junta, de tal suerte de que podamos proceder de otra manera.
Continúe la Secretaría.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Purificación. A ver, denle voz a doña Purificación.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): El pleno es soberano y está por encima de la Junta de Coordinación...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pero no del Reglamento.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): ...y por tanto el pleno tendría la posibilidad de votar si es que ése es un punto de obvia y urgente resolución. Así ya ha sucedido, como lo solicitó en algún momento el diputado Durazo. Pido que sea el pleno el que determine si ése es un punto de obvia y urgente resolución.
La Junta de Coordinación es apenas una delegación que le hacemos el pleno a nuestros coordinadores. Nuestros coordinadores no son nuestros jefes. Nosotros al final de cuentas, el pleno, somos cada uno de nosotros, los que tenemos el poder de votar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El diputado José Antonio León Mendívil (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Antonio León Mendívil (desde la curul): Gracias, presidente. Solicito se integre como un punto de acuerdo relativo a la decisión de Cofemer de aprobar la siembra de 2 millones de hectáreas de maíz transgénico en varios estados de la República.
Solicito, con base en el artículo 59, numeral 3, se incluya como punto de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted la posibilidad de registrarlo a partir de hoy antes de las 20:00 horas, de tal suerte de que se vea la posibilidad de que venga en la Junta de mañana.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Escajeda. Sonido al diputado Escajeda
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Me parece que todos conocemos de los procedimientos para registrar puntos de acuerdo. Yo le pediría -de urgente u obvia resolución o de turno a comisión-, le pediría por favor diera curso a la sesión si es tan amable.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul). Presidente, pedirle la conveniencia de considerar la propuesta de la diputada Carpinteyro, de tal manera que sea el pleno el que califique el carácter de urgente y obvia resolución de su propuesta. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Javier Orihuela, con qué objeto. Don Fernando Belaunzarán, perdón.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Simplemente, señor presidente, decir que no se trata de un asunto personal. Nosotros tenemos respeto por cada uno de nuestros compañeros diputados, les debemos respeto y les tenemos consideración.
Es un asunto institucional de primera importancia. Si es posible que cometamos la falta de hacer una violación grave a la Constitución y al capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, me parece que sería una terrible omisión que no lo discutiéramos, que al menos no se aclarara el punto porque finalmente, si hay conflicto de intereses y eso viola una ley fundamental para nosotros, la verdad es que estaríamos incurriendo en una falta.
La idea sería cómo la evitamos. Está bien, vamos a buscar un cabildeo con los coordinadores, pero el asunto es importante y ojalá haya sensibilidad para que no estemos cayendo por omisión en una falta que me parecería grave.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señores diputados, esta presidencia les ruega su comprensión porque no vamos a hacer de este capítulo del orden del día un asunto de discusión de lo que precisamente ustedes están tratando de que se incorpore o no al orden del día. Yo estaría haciendo las consultas y permítanme continuar con la sesión.
Diputada Purificación, ya le di dos veces la palabra y al diputado Orihuela se la estoy dando en este momento y le ruego lo escuche con atención, con la misma que él la escuchó a usted. Por favor, diputado Orihuela.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): En el mismo sentido quiero apreciar que se tome en cuenta esta situación, pero también decirles que reiteradamente he estado planteando la necesidad de que sea tomado en cuenta como un punto de obvia y urgente resolución por esta plenaria el que se refiere al asunto del problema agrario en los límites Oaxaca-Chiapas. Un asunto de gravedad que requiero que en esta revisión sea tomada en cuenta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, le reitero lo mismo, háblelo con su coordinador. Le ruego a la Secretaría continuar con el desahogo de la sesión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con la minuta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Estamos demostrando el oficio político única y exclusivamente por el respeto al Reglamento. La diputada Purificación Carpinteyro nos hace una petición que se deriva de la votación a comisiones, que fue precisamente autorizada por unanimidad por este pleno.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Juan Bueno Torio, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Para hacer una moción en este turno que acaba usted de dar, señor presidente, de la iniciativa o de la minuta que viene del Senado en torno a la Ley Federal del Trabajo, si me permite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos turnando en mérito del inciso f del artículo 23, pero aparte, en tanto el señor presidente del Senado nos la envía en términos del E del 72, estamos cumpliendo con nuestra obligación primigenia de turnarla a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desde su curul, con mucho gusto.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Gracias, presidente. Estamos enfrente de un hecho inédito, estamos recibiendo minuta derivada de una iniciativa preferente del Presidente de la República. La Constitución que aprobamos en el Congreso de la Unión nos obliga a hacer este dictamen dentro de los siguientes 60 días al día 1 de septiembre, que fue cuando la presentó el presidente.
Es muy clara la Constitución en su texto del artículo 71, donde le da los tiempos iguales a ambas Cámaras para hacer la dictaminación. Ese plazo termina mañana, señor presidente. Yo le quiero solicitar de la manera más atenta que se pueda esta minuta discutir en sus términos el día de mañana, en el pleno de la Cámara de Diputados, en virtud de que lo que estará a discusión son únicamente ocho artículos.
El hecho de pasar a la Comisión, tendría que convocarnos la Comisión, sería para mañana y en esa circunstancia estaríamos violando como Congreso de la Unión lo que nos manda la Constitución en el artículo 71. Consideramos que será pertinente cumplir con la Constitución, así lo juramos, es nuestro compromiso y concluir con esta iniciativa preferente el día de mañana.
Hay tiempo, tenemos ocho artículos solamente que estarán a discusión, y consideramos que éste se puede desahogar mañana mismo dentro del plazo de los 60 días. Esto, presidente, en virtud de que como dice la propia Constitución en su artículo 71, si este asunto no se dictamina dentro de los 60 días tendrá que discutirse la iniciativa del presidente Calderón, en sus términos, en la siguiente sesión después de los 60 días.
Entonces estamos ante una circunstancia de que debemos aprovechar que prácticamente, de 400 artículos que ya se trabajaron, se discutieron y se aprobaron, podemos discutir mañana los ocho que faltan y sacar una ley, de lo contrario tendríamos que votar en sus términos la iniciativa del presidente Calderón en la siguiente sesión después del día 31 de octubre. Gracias por su atención, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias por sus dichos, don Juan Bueno Torio.
Mire usted, en esta Mesa Directiva fuimos especialmente cuidadosos en observar el trámite del señor presidente del Senado de la República, que nos envía la minuta en mérito de la fracción E del artículo 72 de la Constitución, y nunca hubo una mención al artículo 71. Esto por un lado.
Por otro. Esta Presidencia no puede sino turnar el asunto a comisión. Y las valoraciones políticas respecto a la premura o no, o al límite de la propia iniciativa preferente en cuanto a términos temporales, las harán los órganos de gobierno y la propia Comisión del Trabajo, a quien le turnamos de inmediato el asunto en cuestión. Continúe la Secretaría.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Diputado Zárate, con qué objeto? Permítame un segundo. Es que el diputado Zarate está tan ansioso desde hace rato. Por favor, permítame un segundo.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Presidente, le agradezco que canalice mi ansiedad.
En segundo lugar. Quisiera, como usted lo está exponiendo en cumplimiento al Reglamento estricto, que en términos de lo dispuesto por el artículo 114, numeral 1, punto cuatro, una ilustración al pleno y esa ilustración consiste en la lectura del artículo 143 del propio Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se obsequia la petición del diputado.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame antes, por favor. ¿Diputado Juan Bueno, con qué objeto?
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente, no es ninguna apreciación política la mía. Le solicito pida a la Secretaría le dé lectura, por favor, al segundo párrafo del inciso cuarto del artículo 71 que inicia con el mandato el día de la apertura de cada periodo ordinario, por favor, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Todo mundo conocemos los términos del artículo 71, sólo que el presidente del Senado fue muy explícito y nos la manda en términos de leer el 72 y además, qué le diré, hasta nos lo replica.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Diputado Gutiérrez de la Garza, con qué objeto?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputado presidente. El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, yo creo que le hubiera ido mejor si su moción hubiera sido política, porque desde el punto de vista técnico compartimos, no solo la decisión de la Mesa Directiva en cuanto al turno o a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sino en esta ocasión nos toca coincidir, inclusive, le confieso que en mi vida parlamentaria no pensé que iba a ser así, con Ernesto Cordero, en cuanto a que el artículo 72, inciso E de nuestra Constitución es el que hace referencia, inclusive, como usted lo señala, lo cita con una falta de cortesía política, textualmente esta Cámara de Diputados.
Lo que procede es turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como atinadamente la Mesa Directiva lo está instruyendo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya procedió, así lo obsequiamos, diputado Belaunzarán, el artículo al que nos hace referencia habla de que el presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto del pleno, pero también lo está, y usted lo sabe, al Reglamento, a la Ley y a la propia Constitución.
Luego entonces, se harán las valoraciones necesarias para que el deseo de la diputada Carpinteyro llegue al pleno en su momento.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Presidente, puedo hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Zárate, puede usted hacerlo. Sonido.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Me parece correcta su interpretación, presidente, sin embargo, aquí no cabe interpretación porque no hay ni vaguedad ni es poco clara la ley. El Reglamento interno establece claramente que el presidente en sus resoluciones, como usted lo señaló, deberá estar subordinado al voto del pleno.
En el caso específico, la única y exclusiva petición que se hace es que se aplique el Reglamento de manera literal.
Hubo una petición por parte de la diputada Carpinteyro, para someter a discusión o someter a decisión del pleno una petición. Yo quisiera que bajo ese principio nosotros lo pudiéramos atender, ya que está conduciendo de manera correcta la sesión y por tanto, yo quisiera que se velara, por encima de todo, la literalidad de la ley en esta petición.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal caso, lo que haremos será someter esta consideración en el momento procesal oportuno, en el capítulo adecuado.
En virtud de que se encuentra publicado en la...
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdón? ¿Sí? Don Juan, perdón. Es que no tengo vista tan panorámica; pero yo lo escucho con un enorme gusto y atención.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Por eso aquí mis compañeros me ayudan a llamar su atención, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo lograron, señor.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Qué bueno. Presidente, quien me antecedió refiriéndose al presidente del Senado mencionó el artículo 72. La realidad del artículo 72 es para dictaminar todas las iniciativas, pero en el 71 está expresamente cómo se le da turno a la iniciativa preferente.
Por eso, presidente, le pedimos que leamos el párrafo correspondiente para identificar cómo es la iniciativa preferente la que tiene que resolverse dentro de 60 días; únicamente las iniciativas preferentes. Usted sabe muy bien a qué me refiero.
Por tanto, si mañana no tenemos dictaminada esa iniciativa como lo marca el artículo 71 de la Constitución –y no es una apreciación política, lo reitero– necesitaríamos como primer asunto a tratar en la siguiente sesión la reforma laboral que mandó el presidente como iniciativa preferente. Ésa es mi observación, presidente. Le suplico, para claridad de todos, que se lea precisamente el párrafo correspondiente que le mencioné.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo conocemos todos.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Martí Batres, ¿con qué objeto? Diputado Martí Batres.
Lo vamos a ordenar, pero permitamos que el diputado Martí Batres, que es tan diputado como ustedes, haga uso de la palabra.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): Gracias, señor presidente. Obviamente ése es un tema muy relevante y, por tanto, ha ameritado la atención de todos los grupos parlamentarios. En nuestro caso, en su momento hicimos hincapié en que era necesaria la ley reglamentaria para reglamentar la llamada iniciativa preferente, tal como lo señalaba el segundo transitorio constitucional de esa reforma.
Sin embargo, no se hizo tal ley reglamentaria; por tanto, no se pudo reglamentar el supuesto que ahora tenemos. Es decir, ¿qué pasaría en caso de que la Cámara revisora edificara la minuta enviada por la Cámara de origen?
Por tanto, la llamada iniciativa preferente en efecto se ha convertido ya en una iniciativa ordinaria, puesto que ha sido discutida tanto en el lapso correspondiente por la Cámara de Diputados y por el lapso correspondiente durante la Cámara de Senadores.
El turno a la comisión es correcto, y no obstante ello obviamente hay diversas posturas de los grupos parlamentarios. Nos parece muy bien que se avancen en temas de democracia y transparencia sindical, pero nos parece muy mal que se insista a la flexibilidad laboral.
Y, por tanto, creo que esta Cámara de Diputados debería retomar muchas otras iniciativas sobre el tema de reforma laboral, donde está el tema del Seguro de Desempleo, el tema del salario mínimo, el tema de la justicia laboral, y otras, para elaborar una verdadera reforma laboral que necesita este país. Esa discusión la daremos en la Comisión de Trabajo. Gracias.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Únicamente para subrayar, de parte de Movimiento Ciudadano, que este problema que se está presentando nosotros lo advertimos en su tiempo al no haber reglamentación a la iniciativa preferente que marca el artículo 71. Esta precipitación por querer sacar a toda costa y sin consensos suficientes una ley es el resultado de lo que está pasando.
Por eso en su momento votamos en contra de la reforma laboral, por eso en su momento presentamos una moción suspensiva, por eso en su momento tratamos de que prosperara la controversia constitucional, y por eso todavía algunos diputados estamos recurriendo el procedimiento por la vía de amparo.
Lo hacemos para que quede constancia, que lo dijimos en su oportunidad, y ya lo que resuelvan en su oportunidad será motivo de debate y de discusión. Seguiremos defendiendo a los trabajadores de México.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Héctor Gutiérrez, ¿con qué objeto?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, de igual modo, para ilustrar a la asamblea. Creo que sería muy prudente que esta Presidencia ordenase la lectura del oficio con el que el presidente de la Cámara de Senadores remite la minuta de mérito. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo ordenaré en su momento, en el entendido de que el trámite está dado.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Juan Bueno.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente, le quiero solicitar que –dado es un asunto muy importante y que debemos sacar esta reforma laboral, en estos 60 días porque así lo manda la Constitución– pregunte usted a la asamblea si se dispensa el trámite del turno y entramos a discutir de una vez hoy, en este momento, la reforma laboral. Queremos ver si hay voluntad política de los grupos de sacar adelante este tema.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estoy impedido porque estaríamos violando la propia Constitución.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Héctor Gutiérrez, ¿con qué objeto?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, para una solicitud de esa naturaleza, y los compañeros de Acción Nacional lo saben, requiere primero de una solicitud en la Junta de Coordinación Política.
Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política en ningún momento hizo referencia a este asunto, salvo más allá de declaraciones mediáticas, entonces es simple que esta Presidencia de la Mesa Directiva está actuando conforme a nuestra normatividad y obviamente conforme a la propia Constitución.
Lo que proponen los compañeros de Acción Nacional llegaría a ser una violación adicional a lo que se pretende realizar. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, han quedado de manifiesto las posturas de distintos grupos parlamentarios y esta Presidencia les ha escuchado con respeto y con consideración. No tenemos un principio de publicidad y un acuerdo previo de la Junta, de tal suerte de someter a consideración del pleno una urgente u obvia resolución.
Por otro lado nos queda, sí, la duda –que seguramente se colmará en los próximos días– de tener una reglamentaria de esta fracción del artículo 71 constitucional, como ustedes lo verán listado en el apartado de iniciativas dentro de unos momentos.
Hasta ahora lo único que tenemos es la manifestación de voluntad de ambas Cámaras que nos deriva –y lo subrayo–, por la petición del señor presidente del Senado, petición expresa del señor presidente del Senado, de darle el trámite de ley del 72.
Luego entonces esta Presidencia ratifica el turno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Continúe la Secretaría.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Anaya, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. Para dejar muy claro un asunto respecto a lo que ha comentado el diputado Gutiérrez de la Garza.
Primero. Acción Nacional reitera que de acuerdo al 71 de la Constitución, el trámite, no la iniciativa, el trámite no pierde carácter de preferente.
Segundo. Se ha solicitado ya formalmente a la Junta de Coordinación Política, a diferencia de lo que se ha mencionado, que la minuta sea votada en sus términos aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues esperaremos la comunicación correspondiente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta. Dejo la conducción de la Mesa en manos de su titular.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones de esta Mesa Directiva.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que con motivo de las reformas al artículo 39, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizó una revisión de los asuntos de la LXI Legislatura pendientes en comisiones y, en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74 del Reglamento de la Cámara de Diputados modifica el turno de las siguientes iniciativas:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes de la Ley de Migración, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 4 de julio de 2012. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 88, 89, 96 y 97; y la fracción II del artículo 100 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza el 11 de julio de 2012. Se turna a la Comisión de Deporte para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 84 Bis a la Ley General de Población, presentada por el diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 18 de julio de 2012. Se turna a la Comisión de Población para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercero, recorriéndose los subsecuentes de la fracción III del artículo 17; y se reforma la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, presentada por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 25 de julio de 2012. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, presentada por la diputada Lucila del Carmen Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 1º de agosto de 2012. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada por el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 1º de agosto de 2012. Se turna a la Comisión de Competitividad para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 22 de agosto de 2012. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Crea el Centro Público de Atención Veterinaria, presentada por la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 22 de agosto de 2012. Se turna a Comisión de Ganadería para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, presentada por la diputado Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 4 de octubre de 2012. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comuníquense y actualícense los registros parlamentarios.
Permítame un segundo la secretaría. Diputado Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para que quede asentada en el Diario de los Debates mi posición. Me queda claro que la decisión de turnar las observaciones que hizo el Senado a la llamada reforma laboral, a la Ley Federal del Trabajo , no se debe a un asunto de celo por la ley o por la legalidad del Congreso ni por cuidar las formas, etcétera.
La verdad, lo que está ahí y está a la vista de todos –no sé a quién queremos engañar– es que a un sector no le gusta lo que se acordó en el Senado como observaciones. Es la intención, me parece, ilegítima, porque no es legítima, y aquí estamos para defender los derechos de la sociedad, no para defender intereses que la verdad la sociedad mexicana repudia.
Lamento mucho que se haya tomado esa decisión porque el ponerle hielo, etcétera, a una iniciativa así, con la atención que tiene la opinión pública, no cumplimos nuestra labor como diputados y lamento que estemos, como Cámara, defendiendo ese tipo de privilegios que me parecen inaceptables. Es mi posición y quisiera que quedara en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Hágase como lo solicita el diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Junta de Coordinación Política por el que informa la integración del grupo de trabajo plural de diputadas y diputados para dar continuidad al diálogo y a la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado de Michoacán.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado, comuníquese.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio del diputado Francisco Coronato Rodríguez, por el que solicita sea retirada de los registros de la Junta de Coordinación Política la proposición con punto de acuerdo relativa a las agresiones en contra de periodistas, y de la creación de una comisión especial para defensa de la libertad de expresión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Retírese de la Junta de Coordinación Política, y actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación dos contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el tercer informe trimestral del 2012 sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y los recursos disponibles.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibió de la Cámara de Senadores solicitud de la junta directiva de la Comisión de Gobernación, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Cámara de Senadores, proposiciones con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen e incremente recursos a diversos rubros.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Estimado diputado presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento la incorporación al Grupo Parlamentario del PRI, del ciudadano diputado Miguel Sámano Peralta.
Adjunto a la presente la solicitud respectiva, para los efectos a que haya lugar.
Reciba un afectuoso saludo. Atentamente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado y comuníquese.
Agradecemos a los presidentes municipales y autoridades del estado de Chiapas su visita a este salón, invitados por el diputado Pedro Gómez Gómez.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor presidente. De previo y especial pronunciamiento le pido se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en Diario de los Debates, de tal suerte de no aburrirlos con detalles.
Miren ustedes, creo que nunca antes una iniciativa ha llegado con tal nivel de oportunidad, que no oportunismo. Y miren ustedes, es que de lo que tratamos es de normar precisamente el artículo 71 de la Constitución en materia de iniciativa preferente.
A raíz de que en un paquete de reforma política el Congreso de la Unión impide que el presidente de la república ejercite lo que se llamaba el veto de bolsillo, hubo también que, para darle mayor fluidez a la comunicación entre poderes, darle la posibilidad al jefe del Ejecutivo de presentar dos, hasta dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo legislativo.
Sucede que la ley tiene un proceso dinámico que se prueba una vez que entra en ejercicio. En esta ocasión el señor presidente de la república envía dos iniciativas preferentes; una al Senado de la República, otra a Cámara de Diputados, cuando inclusive –y ustedes lo recordarán- no teníamos ni siquiera instaladas las comisiones.
Esta iniciativa pretende que nuestra Ley Orgánica recoja los escenarios de tal suerte que no existan las dudas que entre otros tiene mi querido amigo, el señor diputado don Juan Bueno Torio.
Qué estamos proponiendo. La iniciativa preferente empieza a correr una vez que el Presidente de la Cámara turna a comisión, los 30 días. Efectivamente, la Cámara de origen tendrá 30 días para dictaminar y votar, si no, el señor Presidente de la Cámara tendrá la obligación de recabar de la comisión correspondiente y someterla directamente al pleno cameral.
Ésta se va a la Cámara revisora, en donde tendrá igual suerte. Tendrán otros 30 días, y si en ambas Cámaras hay acuerdo, ésta se va al Diario Oficial de la Federación, para su publicación. Pero vamos a suponer, como en estos dos casos de las dos iniciativas preferentes que tenemos en la actualidad, hay correcciones por parte de las Cámaras revisoras, según el trámite que bien dictó el señor presidente del Senado, como ya lo comentamos hace un momento, del E del 72.
Nosotros hicimos lo propio, también nos basamos en el E del 72 para la iniciativa preferente que nos llegó del Senado de la República. Bueno, para que no haya duda, en lo que los parlamentarios conocemos como la vuelta y media, vamos a darle a la Cámara, que tiene que volver a recabar las observaciones de su revisora, otros 30 días con una característica fundamental: estamos obligados al trabajo en conferencia.
Luego entonces, en este supuesto de normar nuestra ley y posteriormente nuestro Reglamento, no olvidemos que la iniciativa preferente tiene el monopolio del presidente de la república. Nadie más puede presentar iniciativa preferente, por lo tanto, inclusive sería discutible un agregado sin una iniciativa correspondiente, porque en tratándose de iniciativas preferentes no podríamos dictaminar otras materias u otras iniciativas que estuviesen en el cajón del sastre de las comisiones correspondientes.
Ojalá y que tengamos nosotros el apoyo de ustedes y de nuestras Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, porque estaríamos colmando la laguna legal a la que bien hacía referencia nuestro muy buen amigo don Martí Batres.
Hoy estamos presentando esta iniciativa, conscientes de que hay un vacío legal, y conscientes de que la iniciativa preferente se agota en este momento una vez que ambas Cámaras, en un lapso de 60 días, han dictaminado y han votado. Con esta adición estaríamos obligados, en la actualidad, a tener conferencia entre las comisiones de ambas Cámaras, de tal suerte de llegar a los arreglos necesarios, de lograr el consenso y de que la iniciativa preferente funcione o no.
Porque finalmente la iniciativa preferente o en la iniciativa preferente no estamos obligados necesariamente a aprobarla. Es a que las Cámaras se pronuncien en cuanto a un asunto reglamentario, que no constitucional, que al jefe del Ejecutivo le convenga para el bien y para la mejoría de los asuntos del Estado mexicano.
Culmino mi intervención, enviándole un abrazo solidario a un amigo que personalmente quiero mucho y que sabe que desde esta tribuna está verdaderamente apreciado por todos sus compañeros, a don Miguel Alonso Raya.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Arroyo. Sonido en la curul del diputado Martí Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para pedirle a los diputados del PRI, que la próxima nos hagan caso desde el principio, a tiempo. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
Saludamos a nombre de la Mesa Directiva a un grupo de invitados del municipio de Tultitlán, estado de México, que están aquí acompañando al diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 76 Ter a la Ley de Amparo.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito diputado federal, Carlos Alberto García González, vengo a exponer los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 Ter a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de acuerdo a lo siguiente:
Durante los últimos años resulta indiscutible que nuestro país ha adquirido una cultura de protección y atención hacia los derechos humanos de todos los individuos. No obstante lo anterior, México al ser un país que no tiene resueltos sus problemas de orden político, económico y social, lamentablemente siguen existiendo violaciones a los derechos humanos, en particular, aquellas que tienen relación con las minorías étnicas y los grupos vulnerables.
De ahí que encontramos, desde el punto de vista jurídico, derechos humanos que no se encuentran garantizados ni jurídicamente protegidos. En esta sociedad en la que aun se cuenta con serios problemas de marginación, pobreza, desempleo y falta de educación, el juicio de amparo juega un papel importantísimo, ya que restituye en parte lo que nuestra Constitución garantiza como derecho.
Sin embargo, queda rezagado, en la medida que la supremacía de un Poder Ejecutivo sobre un Poder Judicial y un Poder Legislativo determina las líneas políticas-económicas del sistema social en el que vive nuestro México.
En ese entorno y en esas circunstancias se vuelven, si no constantes, sí parte del sistema que no permite avanzar como un verdadero Estado de derecho al restringir libertades que impiden que surta efectos de forma plena la institución del juicio de amparo, así como cualquier otra institución que tenga por objeto la reivindicación, el respeto y la preservación de un derecho.
Un claro ejemplo de estas irregularidades lo representa la sistemática violación de los derechos humanos que realiza el Ministerio Público federal o local, en contra de las personas sujetas a alguna indagatoria a través de la transgresión de las garantías individuales de debido proceso, consagradas en la Constitución, que en todo momento deben ser respetadas por las autoridades de cualquier orden de gobierno.
Esta situación, puede ser combatida mediante el juicio de amparo para efectos de la restitución de la garantía individual violada. Sin embargo, no pueden pasar por desapercibidos los derechos humanos como tal.
Es decir, se encuentran vulnerados también los derechos humanos, por lo que surge la necesidad de que los organismos encargados de la protección de los derechos humanos inicien los procedimientos que determina la violación o no de dichos derechos, al tenor de las recomendaciones emitidas.
Un ejemplo más lo representan los juicios del orden familiar cuando se le impide injustificadamente a alguno de los padres la convivencia con sus hijos, situación que violenta el principio del interés supremo del artículo 4o constitucional al no respetarse su derecho de convivencia con los padres, lo que contribuiría a un inadecuado desarrollo integral de la niña o del niño.
En consecuencia, se considera que con la reforma propuesta se actuaría en estrecha concordancia con la tendencia actual de aquellos estados de derecho con vocación democrática, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Por tanto, se pretende preveer que las autoridades judiciales que conozcan del juicio de amparo al advertir una violación manifiesta de los derechos humanos, deberá el tribunal de amparo comunicarlo al organismo encargado de la protección de los derechos humanos correspondiente para que se inicie el procedimiento que las leyes respectivas determinen.
En mérito de lo expuesto, es que el suscrito someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 76 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 76 Ter. En cualquier caso y etapa dentro de la tramitación del juicio que el órgano judicial de amparo advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta y recurrente a sus derechos humanos, deberá hacer de inmediato del conocimiento el expediente del que se trate a los organismos autónomos de protección de los derechos humanos, federales o locales, según corresponda, con objeto de que inicie el procedimiento que las leyes respectivas determinen.
Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 99 Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Diputadas y diputados, el propósito de la presente reforma es poder contar con un tribunal de la transparencia; un tribunal que dependa del Poder Judicial de la Federación que goce de autonomía plena y facultades absolutas.
Desde hace 10 años en nuestro país el tema de la transparencia ha sido uno de los ejes sustantivos de transformación democrática en la vida de la república. En tal virtud, los ciudadanos han, a través de este mecanismo, logrado ejercer plenos derechos, asumir y solicitar absolutos deberes de parte de las distintas instancias de gobierno.
La presente iniciativa que pretendo sea discutida y analizada en esta Cámara de Diputados representa el análisis de alguno de los más importantes especialistas de nuestro país en la materia, misma que sustenta las modificaciones constitucionales que presentamos hoy ante este pleno, con la intención de hacer una modificación de fondo al ejercicio de la transparencia y el acceso a la información pública.
En diversas ocasiones se ha cuestionado al IFAI tanto por sus resoluciones como por los mecanismos que emplea, e incluso por tener la tarea de emitir resoluciones jurídicas sin tener la naturaleza específica para ello. Cuestionar a la institución sólo sirve si es para hacer un análisis de fondo, que nos permita dotarla de las herramientas necesarias para ejercer su importante labor.
Por ello, diputadas y diputados, crear el tribunal de la transparencia como resultado de una reforma constitucional, que ahora proponemos, implicará avanzar en los dos aspectos más importantes de estos derechos: dotar claramente de los elementos fundamentales al organismo encargado de su ejercicio, que son la especialización y la imparcialidad, así como darle absoluto carácter jurídico que respalde sus resoluciones.
La importante reforma constitucional que aquí se presenta es compartida hoy en una discusión que se está dando en el Senado, con proyectos de decreto que tienen que ver con fundamentos y alcances, que en esta iniciativa planteo, pero que tienen mayor distancia al conferirle un carácter de tribunal constitucional de la transparencia.
Por ello, quiero proponer que las Comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso trabajen en conferencia como lo permite la Ley Orgánica, y ha sido práctica parlamentaria con el objeto de facilitar el proceso de dictaminación en esta materia tan relevante y alcanzar los consensos para aprobarla.
Finalmente, diputadas y diputados, en unos días más quien rendirá protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ha planteado el tema de la transparencia como uno de los ejes fundamentales de su quehacer gubernamental.
Hagamos realidad esta pretensión, no nos limitemos a reformas cosméticas, vayamos a un cambio de fondo, y tengamos en este país un tribunal por la transparencia con todas las facultades y todos los poderes que merecen la transparencia y el acceso a la información.
Atentamente solicito a la Presidencia que esta iniciativa se turne para opinión a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y además se integre al Diario de los Debates el texto completo de la iniciativa que en este momento presento y que ha sido respaldada por un conjunto de diputadas y diputados de esta honorable Cámara de Diputados. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se inserta por supuesto la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transparencia y Anticorrupción, para su opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 419 de la Ley General de Salud.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Honorable asamblea; con su permiso, señor presidente. La salud de un pueblo debe ser una de las prioridades de todo gobierno, ya que en esta condición indispensable para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social.
Es así que el Estado debe de asegurar en todo el ser humano el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total, sin obstáculos o requisitos burocráticos. Sin embargo, la realidad nos enfrenta con un sector salud en desabasto permanente por falta de recursos financieros, para satisfacer la creciente demanda de medicamentos.
Esta situación se agrava ante el incremento considerable de los costos asociados al deterioro de salud, en especial aquéllos que tienen que ver con los precios de las medicinas e insumos para la salud, los cuales en el país han aumentado muy por encima del promedio en Latinoamérica.
Los precios de los medicamentos han sido motivo de controversia entre todos los agentes que intervienen en la operación de los sistemas de salud así como para los pacientes.
Esta inquietud en buena medida se debe a las fallas del mercado farmacéutico y a la falta de un sistema de salud integrado en México. La falta de integración del sector salud es uno de los factores que eleva el gasto en medicamentos en proporción al gasto en salud, pues sólo en las instituciones del sector público se prescribe medicamentos genéricos de acuerdo con el cuadro básico y el catálogo de medicamentos que contiene una lista de fármacos de probada eficacia terapéutica, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Lo contrario ocurre en el segmento privado del mercado de medicamentos. El patrón de prescripción en este sector se orienta por los esquemas de promoción y ventas en los que se privilegia el uso de productos novedosos con marca comercial a precios elevados.
De acuerdo a un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana para el Instituto Nacional de Salud Pública, en la industria farmacéutica es común encontrar precios diferentes para la misma sustancia activa para el mismo producto y entre productos de marca y genéricos. Estos patrones se repiten tanto en el plano local como en el internacional.
El mismo estudio comenta que ante esta dispersión de precios, en países de ingresos elevados se tiene una intervención estatal directa en el mercado de medicamentos a través de regulaciones y controles, lo cual no ocurre en naciones de ingresos bajos.
El control de precios en Europa abarca desde el costo de la manufactura hasta precios de referencia con base nacional e internacional, así como límites a la tasa de ganancia. En México el sector público continúa sin establecer una adecuada regulación de precios. Hasta ahora, las dependencias públicas del sector salud no están obligadas por ley a realizar las compras de medicamentos en forma directa y exclusiva con los productores, de tal forma que se puedan minimizar los costos del gobierno a partir de la obtención de un mejor precio.
Las compras públicas de medicamentos se realizan a través de intermediarios farmacéuticos, sujetándose así a un mercado irregular que no ofrece ventajas por volumen de compra que realiza el sector público, lo cual evidentemente implica un precio mucho más elevado y que existan clínicas del sector salud en distintos estados o incluso en uno mismo que adquieren el mismo medicamento a precios muy distintos.
Esto se debe también a que no existe un sistema centralizado de compras que permita al gobierno abatir costos. Si el gobierno no puede bajar el precio de los medicamentos, al menos debería de implementar todas aquellas medidas que permitan que el sector salud público tenga acceso a medicamentos baratos.
Es por ello que nos permitimos presentar ante esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar la Ley General de Salud con el ánimo de contribuir a la implementación de medidas que permitan mayores ahorros a nuestro gobierno.
Por tal motivo proponemos que por ley las dependencias y entidades de la administración pública del sector salud, tanto federal como local, deban realizar la compra de los insumos y medicamentos directamente y de esta manera exclusiva con los productores, salvo en contingencia o situación que requiera suministro urgente.
El establecer la obligación de que se compren los medicamentos directamente a los productores evidentemente implica la obtención de menores precios y se limita la posibilidad de generar corrupción en la compra al recurrir a intermediarios que tienen una gran variable de precios.
De acuerdo con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, los procedimientos de adquisición de medicamentos influyen directamente en la disponibilidad y en el precio de los mismos. De igual manera, dicha entidad menciona que los listados de medicinas financiables y las prácticas de prescripción determinan en mucho la disponibilidad de genéricos intercambiables y suscitan entre los productores un intenso cabildeo para la inclusión de sus medicamentos innovadores en estos listados.
La regulación que se propone obedece a la preocupación del gobierno federal ante la gran diferencial que se ha observado en los precios a los que distintas entidades federativas adquieren los medicamentos que se brindan a la aprobación mediante el Sistema Nacional de Salud y particularmente los que ofrecen a través del Seguro Popular.
Además, esta problemática ha sido ya reconocida por el gobierno, de tal forma que se emitió el anteproyecto denominado Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al catálogo universal de servicios de salud por parte de las entidades federativas, con recursos del Sistema de Protección Social en la Salud, el cual fue enviado a la Cofemer el día 18 de diciembre de 2008 por parte de la Secretaría de Salud.
Es por estas razones que en el Partido Verde creemos firmemente que debemos seguir trabajando para que el sistema de salud tenga una oferta de medicamentos adecuada y una cobertura total respecto a los afiliados que pagan sus cuotas de seguridad social y que por ello merecen obtener medicinas gratuitamente. Ésta es la discusión de fondo. Por su atención muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y 17 de la Ley de la Policía Federal.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.
Como bien saben ustedes, uno de los derechos más sagrados que tenemos los seres humanos sin duda es aquellos que nos reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la denominación de la seguridad pública que consagra en su artículo 21, en el cual convergen las instituciones de la prevención, procuración, administración de justicia y reinserción social.
A través este derecho fundamental se protege desde el derecho primigenio como es al de la vida misma, la de nuestros seres queridos, de nuestros bienes y propiedades. Para ello el Estado mexicano bajo sus instituciones tiene la obligación constitucional, legal y moral de protegerlos y tutelarlos sin excepción alguna.
Lo cual a todas luces no es así, predominando la ineficacia en dichos servicios. La eufemísticamente llamada “lucha contra el narcotráfico” ha pretendido ser justificada en aras de la bandera de la seguridad, no obstante que hasta el momento ha provocado el efecto contrario; se ha erosionado el tejido social y se ha violentado el estado de derecho.
La contratación de nuevos elementos, así como la evaluación para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como la Policía Federal, ha sido una medida prioritaria para el gobierno. Sin embargo, los procedimientos de evaluación de control de confianza tanto para el ingreso como para la permanencia de estos elementos, no han sido idóneos.
Hay una necesidad impostergable de revisar a conciencia la manera de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza que se aplican en las instituciones gubernamentales. Para ello se ha tratado bajo las pruebas de evaluación determinar que los elementos reúnan el perfil de toda institución de seguridad pública a través de cinco exámenes, el psicológico, físico, toxicológico, de entorno social y del polígrafo con los resultados hasta ahora obtenidos.
Miles de verdaderos servidores públicos por no haber acreditado el polígrafo, se ven ahora sin su fuente de empleo y de servicio, e incluso boletinados a nivel nacional, y por el contrario, verdaderos hampones siguen delinquiendo amparados en un cargo público.
Quienes aplican el polígrafo en México son algunas veces profesionales de la salud, pero en su mayor parte son técnicos sin grado universitario que intentan determinar en un ambiente intimidatorio y adverso a los intereses del examinado, que tan diferentes resultan sus reacciones fisiológicas cuando se le preguntan ciertas preguntas neutrales en comparación con la reacción ante preguntas comprometedoras.
La única certeza científica que se obtiene derivada del uso del polígrafo es que arroja datos sobre el grado de reacción psico-fisiológica de los individuos, las cuales son cardiaca, galvánica de la piel y neumológica.
Al poner énfasis en la practicidad con que deben desarrollarse las evaluaciones de control de confianza a los cuerpos policiacos de nuestro país, se ignoran las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, que descalifican completamente el uso de pruebas poco confiables o carentes de rigor científico en la evaluación.
Por todo lo anterior, la iniciativa de reforma a los artículos 22, 25 y 27 de las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal, respectivamente, tienen como finalidad el provocar que las evaluaciones y controles de confianza se basen en normas técnicas que garanticen la cientificidad y objetividad de los procesos apegados a los derechos humanos, y del respeto a la dignidad de los mismos.
Señor presidente, le solicito que esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará.
La iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena... perdón. Adelante, diputado. Sonido por favor, porque no se escucha.
El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero (desde la curul) Con todo respeto, solicitarle al diputado Francisco Coronato Rodríguez me permita adherirme a la iniciativa que acaba de presentar.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto. Creo que ahí está el diputado Coronato. No tiene inconveniente y se toma nota que queda también suscrita por usted la iniciativa, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Caamal Mena presentará una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 5º y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y 7º de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Adelante, diputado.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es oportuno reflexionar sobre la capacidad de la lectura para generar el pensamiento. Ello implica que en buena medida las personas están conformadas por lo que leen. En la lectura se refleja la historia, los sentimientos y la visión del mundo de los seres humanos, la cultura toda, toda, de nuestros pueblos se filtra a través de ella.
Como han expuesto analistas y estudiosos, una de las labores que es necesario llevar a cabo para remediar esta situación es explorar potenciar fórmulas y experiencias que transformen a la tecnología mediática en puente educativo para los grupos humanos.
Es cierto, al analizar lo dicho por algunos expertos, que en ocasiones nuestros niños ven la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y escribir, pero también es cierto que las redes digitales y los medios no sólo han contribuido a incrementar la calidad de la enseñanza, sino que se ha verificado que los avances tecnológicos, la creciente conectividad y la complementariedad de la radio, televisión y telefonía, así como la transmisión de todo tipo de señales, voz, video, datos por satélite, por cable y con dispositivos inalámbricos, permite mejorar y ampliar la capacidad de los medios para favorecer el impulso de la cultura.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza creemos que México necesita que la lectura sea considerada como parte de la industria cultural, para aprovechar creativamente esta herramienta flexible y extraordinariamente rica en las posibilidades de comunicación y de expresión.
Para nosotros es imprescindible asumir un papel estratégico en el perfeccionamiento de los códigos de ética de todas las ramas y especialidades vinculadas con la educación. Seguiremos impulsando, por eso, las acciones y programas destinados a mejorar los contenidos de los medios, y sobre todo, fomentar los hábitos de lectura.
En Nueva Alianza tenemos el propósito de dar prioridad, en concertación con las empresas, los profesionales y las instituciones de educación, a que se optimicen las emisiones radiofónicas y televisivas, para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, todos, para ellos.
Sabemos que en este campo hay mucho por hacer para promover mensajes que reúnan entretenimiento, estímulos a la inteligencia y valores éticos y estéticos. Es por ello, que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 5 y el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión; el artículo 7 de la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:
Se reforma la fracción III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, a través del fomento de los hábitos, prácticas y consumo culturales, la lectura y la preservación de las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores nacionales de nuestro país.
De la misma ley, el artículo 59, para quedar como sigue: las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos de fomento de los hábitos, prácticas y consumo cultural de lectura de orientación social.
El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Asimismo, se reforma el artículo 7 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue: las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos, que corresponden al Estado, en los medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que estos esfuerzos deben abordarse de forma articulada, desde una perspectiva integral, a través de un esfuerzo perseverante, con el fin de obtener más educación y más televisión con calidad para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto. Muchas gracias y solicito a la Presidencia que esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. La iniciativa quedará inserta, íntegra en el Diario de los Debates y se turna a Comisiones Unidas de Radio y Televisión y de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Terán Juárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para presentar ante esta soberanía una iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de sustituir el vocablo sustentable por sostenible, a partir de tres consideraciones, a mi juicio, fundamentales.
La primera de ellas consiste en adecuar la ley fundamental y en consecuencia, la legislación secundaria con los instrumentos internacionales de los que México es parte, como son el resto de las legislaciones en el mundo, particularmente las de América Latina.
Al respecto es menester destacar que en la mayoría de los países latinoamericanos el término empleado es el de desarrollo sostenible, el cual fue aceptado en la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas de junio de 1992.
Y la última, celebrada en junio de este año, denominada Río más 20, en donde de nueva cuenta el término empleado y aceptado por todos los pactantes de la conferencia fue de desarrollo sostenible.
Complementariamente, es de señalar que en el contexto internacional todos los documentos emitidos y difundidos por la Organización de las Naciones Unidas, relativo a los temas ecológicos, económicos y de desarrollo humano utilizan la terminología sostenible y ya no se menciona más, desde hace algunos años, la palabra sustentable.
En el caso concreto de América Latina, de los 20 países que conforman, en 17 se utiliza el término sostenible y solamente en Argentina, Chile y México queda pendiente esta adecuación.
En segundo lugar, la modificación propuesta responde a la idea de congruencia y de defensa de nuestro idioma, pues la alocución, desarrollo sustentable, es un anglicismo que proviene de un concepto que, por sí solo no tiene ninguna traducción literaria.
En tercer lugar, es importante que ambos conceptos se han utilizado como sinónimos, sin puntualizar en la diferencia que existe entre ambos.
De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible es mucho más amplio en tanto que se considera en una nación no sólo los recursos naturales y los elementos medioambientales para mantener o sostener el equilibrio, sino que, paralelamente, se incorpora a elementos sociales y económicos.
En otras palabras, desarrollo sostenible se entiende como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras.
Por su parte, el desarrollo sustentable es en este sentido menos ambicioso, pues se trata de un tipo de desarrollo que se preocupa solo por el uso responsable de los recursos naturales, preservándolos y promoviendo que debido a la explotación irracional se afecten a las generaciones futuras.
Derivado de lo anterior, se entiende que la sostenibilidad valora el desarrollo humano, el capital ecológico, combinados con el modelo de desarrollo económico integral y multidimensional.
Finalmente, es importante hacer mención que aunque la reforma propuesta consiste en modificar una palabra, no es un asunto menor; ya que las naciones como México, que ha optado por tomar como eje fundamental de su política el desarrollo humano y la utilización rentable, responsable y consciente de los recursos naturales, requiere dar respuesta a su actividad gubernamental. Pero, sobre todo, requiere que el concepto sea socializado entre los ciudadanos y sus organizaciones para una mejor toma de conciencia.
A medida en que el concepto sea comprendido en toda su dimensión, de manera responsable y organizada podremos, como nación, alcanzar las metas que nos hemos trazado; tanto en lo local, regional, como en el ámbito nacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de líderes sociales de la región de La Cañada, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, que se encuentran aquí invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También le damos la más cordial a nuestra sesión y a la Cámara a un grupo de estudiantes del Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Puebla, que están hoy aquí invitados por la diputada María del Rocío Olmedo. Bienvenidos a la Cámara.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, presento la iniciativa con proyecto de decreto con respecto a la deducibilidad al 100 por ciento en los consumos realizados en el sector restaurantero.
En principio, es necesario señalar que el sector restaurantero es pilar fundamental de la economía mexicana. Solamente en 2011 contribuyó con 2.5 por ciento del total del PIB, destacando el Distrito Federal y tres entidades más.
En generación de empleos durante el segundo trimestre de este año el sector absorbió el 11 por ciento del personal ocupado del sector terciario. Esto significa más de 3.3 millones de empleos, de los cuales 30.2 son generados por el sector turismo.
Desde el 2010 estas cifras representan una tendencia, el sector restaurantero generó 2.9 millones de empleos formales que establecieron un record de 380 mil empleos adicionales en poco menos de dos años. En el 2010, gracias a este sector, se pudieron contabilizar 392 mil 242 establecimiento, la cantidad superó la cifra del año anterior.
Es de estimar que uno de cada 10 establecimientos en el rubro de preparación de alimentos y bebidas pertenece al sector. La industria restaurantera contribuye el segundo ramo generador de empleos, es el caso actual de que cuatro de cada 10 empleos en el sector turismo son aportados por las empresas restauranteras.
La nobleza de este ramo empresarial destacó, a pesar de las crisis económicas mundiales y las contingencias sanitarias que se presentaron en el país creo que hasta ahora es insuficiente el respaldo que recibe.
Nos proponemos a hacer deducible al 100 por ciento el consumo en restaurantes a partir, como se establece en la legislación actual, de que los pagos se realicen con tarjetas de crédito, de débito o monederos electrónico. El uso de los distintos plásticos representa el 33 por ciento de los consumos, de aquí que la Canirac estima que con esta medida fiscal la demanda se incremente en más del 20 por ciento. Por supuesto, la derrama económica se traducirá en más empleo.
En el ámbito de la fiscalización las medidas actuales reducen de manera importante la evasión, pero además el incremento en las ventas estimadas superaría los 40 mil millones de pesos anuales adicionales a los ingresos actuales. Serían 240 mil nuevos empleos directos que se generarían con esa deducibilidad.
Le dinámica generada implicaría que la facturación de 16 mil millones de pesos conlleve un IVA por 2 mil 500 millones de pesos y un ISR estimado en 4 mil 400 millones de pesos. Se agrega esta cantidad superior a los 7 mil millones de pesos en el ámbito de compras a proveedores, generados por todo el clúster restaurantero.
En Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, Suiza y Australia esta deducibilidad en comento se aplica también al 100 por ciento; es decir, se trata de competitividad internacional.
Se argumenta en contra, señoras y señores legisladores, que las deducciones del 12.5 por ciento representan un impacto al erario público federal de 969 millones de pesos, además de los 1 mil 22 millones de pesos en 2013.
Al aplicarse la medida se producirá una recaudación y ésta es una cifra muy relevante de más de 1 mil 900 millones de pesos, a los que será necesario agregar la recaudación del ISR que se elevaría mil 250 millones de pesos; es decir, más de 800 millones de pesos para el ejercicio 2013.
La iniciativa contiene diversas bondades: dinamiza el sector restaurantero, impulsa la generación de nuevos empleos formales, facilita los planes de expansión, fortalece los índices actuales de recaudación, y finalmente, fortalece este pilar fundamental de la economía nacional.
Pero quiero decirles que hay un elemento muy singular de trascendencia, con esta iniciativa fortalecemos al sector que emplea a mujeres en el 55 por ciento de su planta laboral. El dato es relevante, porque de estas mujeres mexicanas el 80 por ciento son madres solteras y jefas de familia.
Necesitamos un México competitivo y atractivo a la inversión. Requerimos de incentivos que faciliten la generación de nuevos empleos en la formalidad. Es urgente fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y sustentable que promueve el gobierno federal.
Por estas razones, señoras y señores legisladores, al aprobar la iniciativa que presentamos, al mismo tiempo ratificamos nuestro compromiso con un México más competitivo, más justo y más humano. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 302, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor presidente. El objeto de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3, del artículo 302, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, es impedir que se destruyan las boletas electorales en un plazo menor a 12 años después de una elección presidencial y para establecer que se reserven como información pública; para establecer que sean información pública con acceso a la ciudadanía.
El propósito de esa propuesta es que las boletas electorales sean un material accesible a la ciudadanía. Tiene que ver con la historia que hemos vivido. Se trata de garantizar que los ciudadanos puedan conocer directamente las actas y boletas electorales durante el lapso señalado.
Nuestra historia nos obliga a hacer un planteamiento de esta naturaleza, pues en los últimos 24 años los mexicanos hemos padecido tres grandes fraudes electorales en las elecciones presidenciales. En la elección de 1988; en la elección de 2006 y en la elección de 2012.
La oscuridad, tanto en el cómputo como en la disposición de la información electoral, ha jugado un papel fundamental para hacer posibles dichos fraudes.
En la elección de 1988, como sabemos, se guardó el material electoral debajo de esta Cámara de Diputados. Ahí se mantuvo hasta que en 1992, por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari, se promovió la quema de los paquetes electorales de 1988 y se defendió en esta misma tribuna por Diego Fernández de Cevallos, dicha quema de paquetes electorales.
Esta quema de paquetes electorales fue muy significativa, pues se trataba de ocultar la evidencia de lo que realmente ocurrió en las elecciones de 1988, en las cuales –hemos señalado– no triunfó el licenciado Carlos Salinas de Gortari, sino el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Años después, en la elección del 2006, ocurrió un proceso parecido. Nunca se tuvo certeza del cómputo electoral realizado por el Instituto Federal Electoral, ya que no tuvo una secuencia lógica y no se permitió el conteo voto por voto y casilla por casilla que exigía la gente y que hubiera podido transparentar la elección y obviamente resolver el conflicto político, que se trasladó a lo largo de todo el sexenio.
Hemos señalado desde entonces que las pruebas de las diferencias entre las actas electorales de instalación y de escrutinio señalan una diferencia de votos de hasta un millón y medio. Incluso el investigador José Antonio Crespo señaló esta misma evidencia al documentar en un libro que en efecto las actas mostraban una diferencia de inconsistencias de un millón y medio de votos.
Por eso nosotros señalamos, y lo hemos dicho a lo largo de estos años y lo reiteramos hoy, que las elecciones del 2006 no fueron ganadas por Felipe Calderón Hinojosa, sino por el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
En la elección de 2012 tampoco se tuvo certeza del conteo de casillas y sólo fue aprobado el recuento de menos de la mitad de casillas solicitadas por el Movimiento Progresista, principal impugnador del proceso electoral.
No obstante ello, recientemente las autoridades electorales han promovido la trituración nuevamente de los paquetes electorales, en este caso de los paquetes electorales del 2006 e incluso, de una vez, de los paquetes electorales del 2012.
Esto es muy grave porque ocurre precisamente cuando estamos hablando de democracia y de transparencia en muchos ámbitos de la sociedad, y las boletas electorales y la documentación relativa al escrutinio y cómputo de las elecciones presidenciales, en congruencia con esa transparencia, deben mantenerse disponibles por lo menos mientras subsisten dudas de la elección y obviamente en tanto se encuentran impugnados los procesos electorales ante alguna instancia jurisdiccional.
Vale la pena señalar en ese sentido que los procedimientos internacionales llevan años para desahogarse, como el que se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente aún en trámite respecto a la elección presidencial del 2006. Eso quiere decir que aún no concluye el proceso de revisión de las elecciones presidenciales del 2006 en un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya se pretende destruir las boletas electorales.
Concluyo, señor presidente. Ahora que se habla mucho de transparencia electoral, ahora que se habla mucho de transparencia pública, ahora que se habla, incluso, mucho de transparencia en los sindicatos con la cual estamos de acuerdo, nos parece fundamental que haya congruencia y que también haya transparencia electoral.
Si las actas electorales son un instrumento que es visible para la ciudadanía, las boletas electorales lo deben ser también. Por tanto, recuerdo que ya la revista Proceso había solicitado como información accesible a la ciudadanía, el conjunto de las boletas electorales de la elección del 2006, lo cual se rechazó, pues se reservó dicha información. ¿Cómo puede estar reservada la información que corresponde a una elección presidencial?
Por tanto, proponemos...
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya, diputado, ha rebasado por mucho su tiempo.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Por tanto proponemos que se reforme el numeral 2 y se adicione el numeral 3 del artículo 302 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para que una vez concluido el proceso electoral, la documentación señalada quede a disposición de lo que determine el Consejo General del Instituto con el fin de resguardarla durante...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le ruego por favor concluir con su intervención. Está absolutamente rebasado el tiempo permitido.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Gracias, señor presidente... durante los 12 años siguientes. Dicha documentación estará disponible para cualquier consulta de transparencia y acceso a la información pública y no podrá ser reservada bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Saludamos al presidente municipal de Quitupán, Jalisco, Iraldo Contreras, que está aquí invitado por la diputada Angélica Magaña. Bienvenido a la Cámara de Diputados. También saludamos a un grupo de ciudadanos de la comunidad indígena náhuatl de Tuxpan, Jalisco, que están aquí invitados por la diputada Margarita Licea González. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, dígame. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para adherirnos y suscribir la iniciativa presentada por el diputado Martí Batres de reforma al artículo 302 del Código Federal de Procedimientos Electorales.
El Presidente diputado José González Morfín: Si el diputado Martí Batres no tiene inconveniente, con mucho gusto recogemos su adhesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. Compañeros, déjenme decirles, sin el ánimo de alarmarlos, que según estudios de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro mexicanos necesitará atención de salud mental en algún momento de su vida, y sin embargo, en muchos países sólo se invierten los servicios de salud mental, el 2 por ciento del total de los recursos destinados al sector de la salud.
El gasto mundial promedio en salud mental a escala mundial sigue siendo inferior a los tres dólares por habitante en los países de ingresos bajos. El gasto anual puede llegar a ser de sólo 25 centavos de dólar por habitante, según el Atlas de Salud Mental 2011, publicado por la misma Organización Mundial de la Salud.
Hoy en día casi el 70 por ciento de los gastos para la salud mental se destinan a las instituciones psiquiátricas, si los países gastaran más en el nivel de atención inicial podrían detectar y atender tempranamente los problemas en los pacientes, y con esto disminuir la necesidad de proporcionar una atención mucho más costosa en los hospitales.
Es sabido que factores orgánicos, neurológicos, ambientales y relacionales pueden influir en el desarrollo emocional de las personas, provocando trastornos psico-patológicos definidos. Aproximadamente el 15 por ciento de la población mexicana padece un trastorno mental, según dato que se desprende del Neuro congress 2011, el más reciente congreso de neurología celebrado a principios de junio en la Ciudad de México.
Los trastornos mentales representan actualmente un problema para la productividad del país, debido a que las personas afectadas por estos males se ven imposibilitadas para desempeñar una actividad laboral o reducen significativamente su capacidad y disposición para realizarla.
Es por lo anterior que necesitamos concientizarnos sobre la importancia de la detección temprana de enfermedades mentales en las personas, con el fin de reducir el deterioro provocado por cualquier trastorno, que eviten en la medida de lo posible crisis o reinserción en la sociedad a usuarios que no reciben tratamiento oportuno o que lo reciben tardíamente.
Al respecto, nuestra Ley General de Salud en su capítulo séptimo, que habla sobre la salud mental, menciona el carácter prioritario de la prevención en los trastornos mentales y del comportamiento. Sin embargo, es igualmente importante la detección y el tratamiento oportuno dentro de esta ley, ya que las personas con cualquier trastorno mental pueden experimentar varias alteraciones del comportamiento que constituyen signos de alerta, mismos que serán indicativos de una evaluación inicial.
El riesgo de sufrir enfermedades mentales se incrementa en ciertos grupos, entre otros aquellos que viven en pobreza extrema; los desempleados; las víctimas de violencia; los migrantes y refugiados; los indígenas; las mujeres, hombres y niños y ancianos maltratados o abandonados; personas con discapacidad, quienes padecen enfermedades crónicas. Algunas personas se encuentran en riesgo de padecer este tipo de alteraciones por predisposición genética.
Los problemas de la salud mental afectan a la sociedad en su totalidad, por lo que representan un desafío para su desarrollo. Como ya lo hemos mencionado, si bien los trastornos mentales afectan a personas de cualquier edad, raza, religión o situación económica, existen factores biológicos o psicosociales que pueden desencadenar la aparición de los mismos.
Dichos factores psicosociales pueden estar relacionados con la historia personal y particularmente con las experiencias tempranas en la vida, que hacen más vulnerables a los individuos a sufrir enfermedades mentales. Al mismo tiempo es posible identificar elementos que influyen de manera favorable en la salud mental de los individuos.
En México es innegable la presencia de enfermedades de salud mental y ello hace necesario encaminar o fortalecer las políticas de salud en beneficio de la salud mental de la población.
Es por ello, que necesitamos establecer diagnósticos oportunos de detección de estos problemas. Y es por todo lo anterior que esta iniciativa va encaminada a incluir los términos detección y tratamientos en los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud, ya que en estos artículos sólo se contempla la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. No pretendía espantarnos, pero creo que lo logró. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 309 Bis y 225 del Código Penal Federal, y abroga la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente. Compañeros diputados. En términos del artículo 76, fracción I, del Reglamento, como estamos planteando la abrogación de una ley corresponderían 10 minutos, sin embargo, no vamos a agotar tanto tiempo.
Presentamos una iniciativa de reforma al Código Penal, para incorporar un artículo, el artículo 309 Bis, derogar la fracción II del artículo 225 del propio Código, y estamos planteando abrogar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo hacemos en uso de la facultad que tenemos en el artículo 71 constitucional. Al ser éste un tema importante, consideramos que es de utilizarse lo que dispone el artículo 76 fracción I del Reglamento.
Quiero reflexionar, en primer término, que en esta sesión ha quedado claro que asistimos a las exequias del preferenteo. Así como hay mayoriteo, hay preferenteo, que es un mecanismo autoritario para legislar al vapor y en forma impositiva. Este mecanismo ha quedado claro que no es la vía y esperaremos, en su oportunidad, la discusión de la reforma laboral.
Con relación a la iniciativa de mérito, la planteamos para hacer congruentes con lo que dispone el artículo 1 de la Constitución, que señala que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos.
La tortura es una realidad creciente y preocupante en nuestro país y ocupa el mayor porcentaje de las violaciones a los derechos humanos. El reciente informe de amnistía internacional señala que han aumentado considerablemente los casos de tortura en el presente sexenio de Felipe Calderón.
Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos. Estas denuncias tienden a ser cada vez más generalizadas y los responsables disfrutan de casi total impunidad. Y es claro que impunidad llama a mayor impunidad.
Las torturas comprenden diferentes métodos que sería ocioso repetir, pero evidentemente que cada vez son más sofisticadas y tienen como finalidad, no solamente quebrantar la voluntad, humillar y alterar la dignidad de la persona humana, sino también tienen el objetivo de causar un daño también a sus familiares o seres queridos.
La organización Todos los derechos para todas y todos, señala que este aumento de la tortura ha ido creciendo en las mujeres y estas torturas van desde hostigamiento sexual, violaciones, humillaciones, amenazas de violencia o violación a miembros de la familia, así como las amenazas de pérdida de la custodia de los hijos.
En nuestra legislación, no obstante la gravedad de este tema, consideramos que es una legislación insuficiente, que es una legislación poco clara y que es una legislación que no ataja este problema de la impunidad.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, no incluye la motivación de toda forma de discriminación. En el ámbito más general de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que la defina como todo acto realizado intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se queda corta, y por otra parte, en el Código Penal solamente hay una referencia al delito de tortura, haciendo alusión en el título de abusos de autoridad y delitos que cometan los servidores públicos.
En tal virtud, estamos proponiendo tipificar en forma específica, en el Código Penal Federal, establecer el tipo penal de tortura. Estamos planteando agravar las sanciones. Estamos también, no solamente dejándolo a los servidores públicos sino cualquier acto o cualquier persona que cometa estos ilícitos y estamos planteando también la inhabilitación total de aquellos servidores públicos que auspicien, toleren o fomenten o sean parte de este delito aberrante.
Ésta es la reforma, compañeras y compañeros diputados, que estamos planteando. Nos parece que no es un tema del siglo XIX, de la Inquisición o de aquellos mecanismos de tortura sino es un caso presente y cada vez mayor en el pueblo de México.
Por eso, planteamos que esta reforma sea acordada de conformidad en las comisiones relativas de Justicia y de Derechos Humanos y que haya este tipo penal para inhibir la impunidad, que cobijados en el combate a la delincuencia han ido agravando estas penas y estos sufrimientos para muchos compatriotas.
Es cuanto, señor presidente, y no terminamos de hacer uso del tiempo que por Reglamento nos corresponde. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos don Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4-B, de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por don Héctor Gutiérrez de la Garza. También a personas de Ciudad Netzahualcóyotl, invitadas por Juana Bonilla. Y de la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo, del estado de Yucatán, invitados por Mauricio Rivero. De Cuautitlán, Izcalli, amigos de la diputada Alejandra Morán Vela. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene usted el uso de la voz, diputado Valanci Buzali.
El diputado Simón Valanci Buzali: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los trabajos relacionados con la extracción y procesamiento del petróleo y del gas natural en nuestro país no siempre reflejan mejores condiciones de vida para quienes viven en las poblaciones donde esto se realiza.
Por el contrario, impacta negativamente a otras actividades productivas porque se deteriora el medio ambiente, erosionan los suelos, disminuye la calidad del agua, emiten gases contaminantes y dañan la biodiversidad al modificar el ecosistema terrestre y marino. De eso ya se ha dicho bastante y se trata de beneficiarlos en este tiempo.
Concierne a Pemex, a las dependencias involucradas en los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en general coordinar los esfuerzos para evaluar, atender y remediar las afectaciones originadas por la industria petrolera.
Si bien el país ha obtenido algunos de los beneficios provenientes de la extracción y procesamiento de hidrocarburos, en realidad son pocos los efectos y el impacto positivo que se perciben en la sociedad, en aquellas zonas donde se ha desarrollado la industria. Esto a pesar de que las contribuciones obtenidas mediante la petrolera nacional representan más de un tercio de los ingresos fiscales el país.
Con el ánimo de revertir estos resultados, se incluyó dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante las reformas al sistema fiscal mexicano, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
Sus recursos se distribuyen mediante una fórmula elaborada en función del volumen de extracción, siendo 50 por ciento por crudo y 50 por ciento por gas natural. Sin embargo, las diarias y cada vez mayores actividades extractivas, como es la perforación de nuevos pozos de gas y crudo, hacen que actualmente no corresponda la relación de porcentajes de esas actividades en el conjunto de las tareas, existiendo el riesgo de que, además del importe del fondo, disminuya año con año debido al cambio en el régimen fiscal de Pemex, pues el derecho ordinario sobre hidrocarburos que lo fondea llegará a 71.5 por ciento en 2014.
El fondo no considera como criterio compensatorio el desarrollo de nuevos pozos puestos en reserva, ni los costos sociales y económicos que generan otras actividades de Pemex. Hay que hacer un ejercicio de correspondencia.
En la actualidad alrededor del 90 por ciento de los recursos de las entidades federativas provienen de los recursos federales, lo cual pone de manifiesto los grandes beneficios del sistema de coordinación fiscal vigente para todos los estados.
En ese orden de ideas, incrementar el porcentaje de conformación del fondo de extracción del 01.6 por ciento al 1 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario pagado por Pemex Explotación y Producción, como lo plantea la iniciativa, resulta económicamente viable, ya que generaría un mayor equilibrio presupuestario en las entidades petroleras afectadas.
Con el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, la caída en la plataforma de producción y los precios experimentados en las últimas fechas se ha traducido en menores ingresos destinados para el Fexhi, y por consiguiente para los efectos que ocasiona la extracción en las regiones de explotación.
Si queremos que estas participaciones tengan un auténtico carácter compensatorio se necesita aumentar los beneficios del Fexhi, a efecto de que sean utilizados para resarcir los daños a la infraestructura física, municipal o regional, los costos sociales y económicos, así como enmendar el deterioro del medio ambiente y la contaminación asociados a la explotación.
Por eso se propone con esta iniciativa aumentar el porcentaje del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos en un 1 por ciento, con el fin de subsanar la caída de los ingresos de los estados petroleros, particularmente los del sureste, que son realmente los productores.
Esta medida permitirá mayores inversiones en infraestructura, carretera, de salud y de educación, así como la generación de empleos en beneficio de miles de familias de las regiones de explotación. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene, hasta por cinco minutos, el uso de la voz el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva: Primeramente déjenme platicarles que hace muchos años fui víctima de un secuestro que me llevó a perder la voz durante mucho tiempo, y hoy vengo haciendo un esfuerzo extraordinario. Y ese esfuerzo no lo quiero desaprovechar, por el contrario, vengo aquí con el valor de presentar una iniciativa de ley, que tiene que ver en materia de seguridad.
Permítanme comenzar con preguntarle a muchos compañeros que están aquí presentes, que seguramente que muchos de ustedes saben que estamos viviendo un momento de seguridad muy difícil para nuestro país y que tenemos casos muy difíciles; tanto por el lado del PRI, con el asunto del señor Moreira, con el asunto de su hijo; con el asunto de nuestra compañera que fue candidata a jefa de Gobierno, me refiero a la señora Wallace; con el asunto del periodista Sicilia. Si nosotros analizamos otros asuntos, nos daremos cuenta que en todos estos crímenes tenemos vinculados a policías o ex policías.
Por eso, de eso se trata esta iniciativa que hoy vengo a presentar y viene de un tema de manera profunda que ha tenido el mayor de los esfuerzos de todos los niveles de gobierno. Se trata de una propuesta en materia de seguridad que ha sido reflexionada con muchas familias que han sido víctimas del crimen organizado.
Por eso quiero dedicar esta iniciativa a las familias que han pasado por una situación similar; a esas familias que les ha cambiado la vida porque han vivido un atentado, un asesinato o un secuestro.
Por eso los medios de comunicación son testigos de esto que estamos viviendo y son testigos de las estadísticas donde podemos corroborar que por lo menos en siete de cada 10 crímenes, existe por lo menos un integrante que fue policía o que pertenece a la actual policía.
Si bien la Ley de Seguridad Pública cuenta con un Registro Nacional de Policías y que se encuentra en un nivel muy avanzado, también se tienen en este sistema nuevo los exámenes de control y confianza. Lo que no se tiene hasta el momento, compañeras y compañeros, lo que no se tiene hasta el momento -y que es de urgente necesidad- es precisamente un padrón de policías que se han retirado o de personal que se ha separado de los cuerpos de seguridad. Es decir, que ante la evidencia de que algunos de los que trabajaron para algún cuerpo de seguridad van a parar a las filas del crimen organizado, resulta muy necesario que implementemos una nueva medida legal que nos permita, tanto a la sociedad como a los gobiernos entrantes, tener ubicados a quienes, a partir de su nuevo estatus laboral, tendrán nuevas labores y con la observación permanente mediante la cual se pueda frenar o disminuir la tentación de engordar las filas del crimen organizado.
Tenemos que dotarnos de nuevas herramientas para hacer más eficiente el control de los elementos que causan baja, dice el artículo 123, El artículo 122 se refiere a estímulos, reconocimientos y sanciones.
Con esta circunstancia que estamos viviendo, lo que estoy proponiendo es que además a las fracciones II y III les podamos adicionar una fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar con la siguiente redacción, agregando facultades a esta dependencia para que pueda vigilar la situación del servidor público durante los siguientes cinco años posteriores a su separación del cargo, debiéndose actualizar anualmente.
Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, pongo en sus manos esta propuesta con la convicción de que en ella quedará impresa las virtudes de esta Cámara de Diputados.
En esta iniciativa quiero recurrir a la valentía de los perredistas, quiero recurrir a la sabiduría de los priistas, quiero recurrir a la innovación del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, obviamente del Partido de Movimiento Ciudadano. Y, por supuesto, quiero recurrir al humanismo y a la solidaridad de mis compañeros, el Partido Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia le reconoce su esfuerzo. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen. El diputado Jesús Oviedo se quiere adherir y quienes se quieran adherir, la iniciativa está a su disposición.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Bautista López, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, acudo en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución General de la República y el Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión me otorgan, en mi condición de integrante de este Poder legislativo, para someter a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, solicitándole, diputado presidente, que su texto se inserte en el Diario de los Debates.
Los municipios son el orden de gobierno más próximo a las demandas de la ciudadanía, dotados de atribuciones y facultades, cuyo cumplimiento requiere de una fortaleza financiera, administrativa y de recursos humanos, que en su mayoría no cuentan, lo que provoca que muchos de los problemas que enfrentan no sean atendidos y algunos de ellos se agraven.
La obligación que tienen para ejecutar una gestión integral de residuos sólidos urbanos, esto es, la recolección, traslado, tratamiento y disposición final se realiza resolviendo los problemas inmediatos y postergando los principios de sustentabilidad y protección al ambiente.
De acuerdo con datos difundidos en el sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales, en nuestro país operan 238 rellenos sanitarios y mil 645 tiraderos a cielo abierto. Si consideramos que existen 2 mil 400 municipios, los espacios para la disposición final deben recibir la basura de más de una municipalidad, además sólo el 11 por ciento del total de las 86 mil 357 toneladas de residuos sólidos que diariamente se recolectan en el país corresponden a un sistema de separación, y 76 mil 985 toneladas se recogen sin ninguna debida selección.
No está por demás señalar que la alternancia en los gobiernos de los municipios ha provocado en más de una ocasión, que los sistemas de clasificación en la recolección de residuos que se incorporan en algunas administraciones municipales, no se conserven en los siguientes periodos de gobierno, lo que provoca que infraestructura como plantas de separación, vehículos con contenedores diferentes y maquinaria para tal efecto, sean mal utilizados.
La propuesta que se somete a su consideración pretende advertir que la integración integral y de fondo a este problema requiere de políticas de Estado, con visiones regionales y metropolitanas de largo plazo, sistemáticas, con recursos económicos suficientes que aprovechen el uso de la tecnología de punta y la incorporación de procedimientos amables con el medio ambiente, por lo que se considera oportuno proponer las siguientes reformas y adiciones, con la finalidad de establecer un modelo de responsabilidades complementarias para que sean los gobiernos estatales quienes brinden los servicios de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, para que a partir de las facultades legales que les son propias determinen los criterios y características que los municipios deberán observar en la prestación de los servicios de limpia, recolección y traslado de residuos, fortaleciendo la expedición de normas técnicas estatales, algunas de las cuales se adicionan a la Norma Oficial Mexicana 083 Semarnat 2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, pero cuya aplicación es nula o de muy bajo cumplimiento.
Alcanzar dichos estándares en la prestación del servicio público efectivamente exigirá más responsabilidad de las autoridades municipales, pero dicha obligación es, a todas luces, indispensable para preservar el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano que debe pasar de la declaración formal del texto constitucional, a una realidad objetiva y alcanzable con acciones diarias y verdaderas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
Corrijo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es materia constitucional, y por lo que se refiere a lo demás, a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pudiendo opinar ésta en la dictaminación de lo constitucional.
Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Texcoco, invitados por el señor diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean ustedes muy bienvenidos.
Y saludo con mucho afecto al señor gobernador de Baja California, a don José Guadalupe Osuna Millán, ex parlamentario compañero y amigo. No le digo Lupillo, para no faltarle al respeto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio. ¿Está el diputado proponente del PAN, don Juan Manuel Gastélum Buenrostro? Ah, pues adelante. Estoy a sus apreciables órdenes. Tiene usted el uso de la voz.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Con su venia, señor presidente. Solicitando anticipadamente sea inscrito en el Diario de Debates la iniciativa a presentar. Saludo también al señor gobernador de mi estado Baja California. Señores legisladores.
Nuestro Código de Comercio data desde el siglo antepasado, consecuentemente muchos de sus artículos caen en el desuso, son obsoletos, no tiene aplicación, y aquellos que son aplicables de alguna manera inciden en un no aceleramiento de nuestra economía.
Todos ustedes saben que la primera notificación, la primera notificación es toral en todo procedimiento judicial. Actualmente el Código de Comercio establece que esa primera notificación, cuando se desconoce el domicilio de quien habrá de ser emplazado a juicio, el comerciante, dice claramente nuestra ley: deberá ser publicada –reitero– esa primera publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en un periódico de gran circulación nacional.
Pero ustedes saben cuándo se va a enterar ese comerciante a ser emplazado a juicio, de la existencia de una demanda o de la búsqueda de su persona, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Jamás.
El Diario Oficial de la Federación no es un documento el cual es de uso común para todos al cual recurrimos para consulta. El Diario Oficial de la Federación, pues ustedes saben que contiene, entre otras, los trabajos que aquí en esta Cámara se realizan.
¿Cuál es la intención de esta reforma? Precisamente que ese posible individuo a demandar o comerciante se entere a cabalidad de la existencia de la posible demanda en su contra o cuando menos de esa búsqueda.
En resumidas cuentas, nosotros tenemos que nuestra pretensión, nuestra iniciativa radica esencialmente en que se modifique, se reforme el Código de Comercio en su artículo 1070, para quedar a la letra en el siguiente término o en los siguientes términos.
Artículo 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia, de la entidad federativa donde se ventile el juicio o del Distrito Federal, en que el comerciante debe ser demandado.
¿Qué pretendemos con esto? Salvaguardar el artículo constitucional que nos establece y nos protege que no podremos ser oídos ni vencidos en juicio si no hemos sido cabalmente notificados.
Es por ello que les solicito, a reserva de hacer las discusiones correspondientes en la comisión a la que se turne, les solicito su apoyo a esta iniciativa, principalmente para no dejar en estado de indefensión a nadie, para salvaguardar nuestra garantía constitucional de ser oído y vencido en juicio. Muchas gracias por su atención, tengan ustedes muy buenas tardes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, doña Beatriz Juárez Piña, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Útiles Escolares, Zapatos y Uniformes Gratuitos para las Niñas y los Niños de los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Con su permiso, compañeros diputadas y diputados, de conformidad con el artículo 3o constitucional, la educación es un derecho humano fundamental que tiene todo ser humano y es una responsabilidad prioritaria del Estado de impartir educación gratuita y de calidad a todas las y los mexicanos.
La educación, como sabemos, es el principal instrumento para el desarrollo del individuo y gracias a ella conseguimos la información y capacitación necesaria para participar en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos activos.
Es también la vía principal para crear una sociedad más igualitaria, para fortalecer la competencia democrática y garantizar el respeto a las libertades individuales y el crecimiento de la cohesión social.
Es por ello que la educación es un asunto de justicia social y una poderosa palanca para el desarrollo nacional. La educación es la mejor política social, el factor determinante de equidad y de ascenso personal y colectivo. La equidad es decisiva en una política educativa y la inclusión es no solo un signo de equidad, es también una expresión de calidad de la educación.
Por consecuencia, no solo debemos garantizar la educación gratuita y de calidad sino que debemos hacer de la educación nuestra prioridad y apostar por su extensión y desarrollo.
Pero para que haya calidad en la educación y equidad debemos atender las necesidades básicas de nuestras niñas y niños, dotándoles de útiles escolares, calzado y uniformes gratuitos para que tengan la oportunidad de estudiar sin la preocupación de sus padres, que no tienen los recursos necesarios para garantizar los mínimos requerimientos para su asistencia a clases.
Si bien es cierto que actualmente el Estado tiene el programa de Libros de Textos Gratuitos en Educación Básica y Secundaria, también es cierto que este programa no proporciona todas las herramientas necesarias para apoyar el proceso educativo, por lo que como parte de la gratuidad de la educación pública básica que imparte el Estado, en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, todas las niñas y niños de nuestro país que se encuentren estudiando en escuelas públicas deben recibir, de forma gratuita, un paquete básico de útiles escolares, zapatos y uniformes, con el propósito de apoyar a las familias en situación de desventaja económica, lo cual ayudará a evitar la deserción de los educandos y a fomentar y garantizar la continuidad en los estudios de las niñas, los niños y los adolescentes.
Cabe señalar que en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, ratificado por México en 1996, se establece en el artículo 13, numeral 1, que toda persona tiene derecho a la educación. De igual manera señala en el numeral 3 que los Estados parte en el presente Protocolo reconocen con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación lo siguiente: a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible para todos gratuitamente. b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso en la enseñanza secundaria técnica y profesional debe ser generalizada y hacerse asequible para todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, con la implementación progresiva de la enseñanza gratuita.
Asimismo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 12, tercer párrafo, se establece que el derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Aún más, en la Convención de los Derechos del Niño, suscrita en 1990 por nuestro país, en su artículo 28 refiere un marco amplio en diversas garantías efectivas hacia las y los niños en materia educativa, al establecer, en el numeral 1, que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente, en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán, particularmente: a) implementar la enseñanza primaria y obligatoria y gratuita para todos. b) Fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional. Hacer que todos los niños dispongan de ella y tener acceso a ella y adoptar medidas apropiadas, tales como la implementación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. En su inciso e) se menciona el adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a clases y reducir las tasas de deserción escolar.
En la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000, en su artículo 7 establece que corresponde a las autoridades o instancias federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección del ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos.
De igual manera y sin perjuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen, y en general, a todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.
Así también se menciona que el gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.
En consecuencia es necesario hacer de la educación gratuita una realidad en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, siendo parte de esa gratuidad la entrega de útiles escolares, zapatos y uniformes. Con esta acción se busca abatir la deserción escolar y desde luego alcanzar la igualdad de oportunidades, y con esto reducir las brechas de desigualdad social.
Para cumplir con esta responsabilidad cívica es necesaria la asignación de recursos presupuestales para este rubro en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2013, para incorporar recursos a la Secretaría de Educación Pública, y por este conducto la niñas y los niños inscritos en las escuelas pública reciban al inicio de cada año escolar junto con los libros de texto gratuitos útiles escolares, de conformidad con la lista oficial aprobada por la Secretaría, así como de uniformes y zapatos.
Estamos conscientes de que existen dificultades económicas y sociales, pero debemos hacer todos los esfuerzos financieros posibles para encontrar el difícil equilibrio entre lo urgente, que es salir de la crisis económica, y lo verdaderamente importante, que es salir con una ley que garantice a las niñas y a los niños los elementos necesarios para su educación.
De ahí que el presente decreto proponga el otorgamiento de útiles escolares, calzado y uniformes gratuitos a las niñas y los niños que se encuentren estudiando en escuelas públicas de todo el país.
Agradezco de antemano a todos mis compañeros diputados y compañeras diputadas que se han adherido y me acompañan en este esfuerzo. Y solicito además a la Presidencia que la presente iniciativa con proyecto de decreto de ley se inserte íntegramente el Diario de los Debates y sea inscrita también en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez, Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Don Omar Borboa desea adherirse, y creo que la diputada no tendrá inconveniente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría continuar con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que responda las preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados.
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que responda a la brevedad, las preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno. No habiendo...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Mejía, ya lo extrañábamos, pase usted. Con un enorme gusto le damos el uso de la voz, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, para respaldar este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque nos parece un hecho reprobable a todas luces que desde el 11 de octubre se remitió por parte de esta Cámara de Diputados, las preguntas parlamentarias que formulamos los distintos grupos de legisladores al titular del Poder Ejecutivo, en consonancia con lo que dispone la Constitución Política de la República.
Sin embargo ha transcurrido ya el plazo de 15 días naturales que marca la Constitución y el titular del Poder Ejecutivo federal no respondió y no cumplió a lo que mandata la Constitución. Esto es muy grave, porque si bien el formato del Informe Presidencial se ha modificado, eso no significa que puedan hacer caso omiso a esta soberanía y responder lo que nosotros en su oportunidad le preguntamos.
Entre otras preguntas, que directamente informara cuál es el número de muertos que ha habido en su sexenio, producto de la llamada Batalla contra el narcotráfico; y también el tema de los beneficiarios de los programas sociales; y un sin fin de preguntas que enmarcadas en esta potestad que tiene la Cámara de Diputados queremos saber de parte del Ejecutivo, porque el VI Informe nos parece omiso, nos parece que no atiende estos temas.
Nosotros no podemos dejar de generar esta exhortación y dar cuenta en esta tribuna de la Cámara de Diputados de este hecho que nos parece muy grave, que no se puede dejar pasar por cortesía política, porque entraña una falta de respeto al Poder Legislativo.
Seguramente a raíz de esta exhortación vendrá ya la respuesta, pero no se puede dejar de hacer notar que hubo una omisión, que no se cumplió en tiempo y que tuvo que provenir un extrañamiento para que se diera cumplimiento a lo que establece la Constitución.
Por esas razones apoyamos en su oportunidad, lo que se discutió en la Junta de Coordinación Política y aquí en el pleno que es la máxima instancia de esta Cámara, respaldamos ese acuerdo para que apruebe de conformidad. Es cuanto.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Amalia García Medina, tiene usted el uso de la voz. ¿Quiere desde su curul? Sí, con mucho gusto. Sonido en la curul de Amalia.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Solamente, señor presidente, para insistir en que la rendición de cuentas, la información, la transparencia, tienen que ser parte de un régimen político que garantiza que entre los poderes existe una relación de respeto.
La pregunta parlamentaria es un instrumento precisamente para informar, pero además está hecha de tal manera que fortalece la calidad democrática de la nación. Es por eso que ante las preguntas que se han formulado al jefe del Ejecutivo, lo que requerimos es que el pleno de esta Cámara solicite al presidente de la República y a los secretarios de su despacho que den respuesta puntual que sea pronta.
Es un derecho que además tiene que ejercerse y queremos que se cumpla pronto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse este exhorto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con otra comunicación de la Junta de Coordinación Política que tiene que ver con cambio de comisiones. Como es muy amplio, los ajustes son muy amplios, solamente al oficio en virtud de que lo tienen en sus pantallas.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Junta de Coordinación Política cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias pertenecientes a los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules.
En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En otro apartado del orden del día y de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el señor diputado don Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex para que, en coordinación con las instancias competentes, se fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: hago uso de esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para decir un claro y rotundo ya basta, sí, ya basta al robo de combustibles y de gasoductos en nuestro país, basta a esta violencia ambiental que estamos sufriendo.
Hay que ser muy claros en este tema. Si alguien roba es porque alguien compra y seguramente alguien lo consume. Pero las tomas clandestinas son más que eso, son una afrenta contra la seguridad nacional de nuestro país.
Los datos, compañeras y compañeros, que solamente la semana pasada estudiamos y dimos a conocer en lo que tiene que ver con el robo de combustible, se aproximan a los dos millones de barriles, afectando principalmente a los estados del norte, y al día de hoy es más preocupante porque sigue incrementándose el robo ahora a todo lo que tiene que ver con la extracción del gas licuado tanto a los ductos de Pemex como a los ductos de la iniciativa privada.
Lo que se vivió la semana pasada en la carretera Querétaro-México, que es el estado al que un servidor representa, originó por supuesto un caos no solamente en la zona; originó un caos aguas arriba en todo lo que tiene que ver con el Bajío, llegando hasta el estado de Jalisco, teniendo que haber sido desalojados pobladores y haber tenido que habilitar albergues emergentes para poder salvaguardar la seguridad e integridad de miles de niños que allí estuvieron.
Asimismo, toda la gente que quedó parada en dicha autopista, que es una de las más transitadas de Latinoamérica, pero que también se ha convertido en una de las más peligrosas de nuestro país.
Parecería que nos hemos convertido en un país solamente de clausurar, de sancionar, pero se nos ha olvidado investigar.
¿Qué ha sucedido con las investigaciones de los robos que se llevan a cabo todos los días a lo largo y ancho de nuestro país? ¿Qué ha sucedido con el mantenimiento puntual de los ductos dentro del Plan Nacional de Ductos que tienen aproximadamente entre 40 y 50 años y que la vida útil de los mismos, solamente les garantiza 30 años?
No podemos ser presos en nuestro propio país. No podemos vivir en la incertidumbre, en un mapa de riesgo en donde una industria, una escuela, una colonia que esté cerca de un ducto, se esté corriendo con el peligro de una catástrofe inimaginable.
Antes era un privilegio por la derrama económica que existía, el vivir cerca de uno de estos ductos. El día de hoy es completamente un riesgo y es preocupante que no tomemos cartas en el asunto.
El punto de acuerdo consiste en exhortar a las autoridades e instituciones competentes para que se refuerce todo lo que tiene que ver con la supervisión de dichos ductos, pero también tiene que ver con exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía para que en coordinación, también, con la iniciativa privada que tienen ductos y transportan este material a lo largo y ancho de nuestro país, tengan una vigilancia permanente y que exista también redundancia y fortalezcamos la infraestructura.
Compañeras y compañeros, este punto de acuerdo no solamente es la voz del Grupo Parlamentario del Partido Verde, es la voz de miles de mexicanos que se quedaron parados en las autopistas, de padres de familia que se preocuparon por la seguridad de sus hijos y, por supuesto, de un país que dice: ya basta a la energía más importante que tenemos en nuestro país y que es el corazón de todos los mexicanos, energía del corazón que está siendo robada, perdida y apabullada por el crimen organizado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. En términos del 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Alberto Benavides Castañeda, del PT. ¿Está? Ándele.
El diputado Julio César Lorenzini Rangel (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado? Permítame un segundo, diputado. Don Julio Lorenzini.
El diputado Julio César Lorenzini Rangel (desde la curul): Presidente, estamos totalmente de acuerdo con esta proposición que está presentando nuestro compañero diputado Ricardo, solamente hacer una precisión, presidente y compañeras y compañeros diputados.
Se ha aprobado ya aquí por todos nosotros la semana pasada, una proposición con punto de acuerdo que tiene similitud, de tal manera que parece que se podrían confundir ambas proposiciones. Por tal motivo yo le solicito respetuosamente al diputado preopinante o proponente que nos mencione cuáles son las diferencias que hay entre esta proposición y la presentada por su servidor la semana pasada aquí en el pleno, misma que fue aprobada por todos los diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, el preopinante y el proponente tiene derecho a presentar una proposición con punto de acuerdo, y será el pleno quien califique, diputado.
Adelante, diputado orador.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el robo de combustible en nuestro país representa una pérdida de poco más de 5 mil millones de pesos, cifra que como referencia representa el doble del presupuesto aplicado para acciones de vivienda en 2012.
La delincuencia organizada ya ha encontrado la forma de sacar ventaja a la débil infraestructura que Pemex posee en sus líneas alimentadoras y de distribución a lo largo y ancho del país.
Los casos recientes de ataques criminales son una muestra de la crisis de seguridad que vive Pemex. Una de las facilidades con las que encuentran los atracadores es que más del 40 por ciento de los ductos que transportan petróleo, gas y petrolíferos, tienen más de 40 años de antigüedad.
Debemos ser claros y aceptar que la paraestatal ha quedado rebasada por las prácticas delictivas de muchos, y lo peor de todo esto es que cada vez se presentan más problemas, ya sea por cuestiones de seguridad, falta de capacitación o negligencia.
Compañeras y compañeros legisladores, en el último año, de acuerdo a datos oficiales, la incidencia de este delito se ha incrementado más en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, donde se concentra el 70 por ciento de las ordeñas de combustibles en las tuberías de Pemex. Y es precisamente en estas entidades en donde la presencia del crimen organizado es más evidente y en donde se presentan mayores niveles de corrupción estatal. Con esto se constata lo que ha planteado el Partido del Trabajo respecto a que las organizaciones criminales operan de manera integral y se originan debido a las precariedades en el empleo y en servicios básicos que sufre la población, atenuando la actual crisis social y económica que estamos viviendo.
Las adecuaciones legales para evitar este ilícito van desde el incremento apenas hasta de 10 años de prisión para quien sea el responsable de poseer una cantidad igual o superior a los mil litros de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. A pesar de esto los robos se siguen cometiendo, incluso de manera creciente.
Compañeras y compañeros, debemos de recordar que el pasado martes se discutió en este mismo recinto legislativo el tema del robo de combustible y se manifestó la preocupación para terminar con este mal. De no encontrar pronta respuesta, la crisis por la que está pasando Pemex puede agravarse y tener mayores consecuencias.
En este sentido, estamos convencidos que no existe más camino que el de fijar una postura concreta e incrementar recursos económicos, materiales y humanos, con el fin de evitar que se propaguen los robos y la inseguridad.
Las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PT asumiremos nuestro compromiso de defender a toda costa este posicionamiento y de igual manera buscaremos los mejores caminos para proponer y dar una pronta solución a este importante asunto. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz. De Arandas, Jalisco, tiene usted el uso de la voz.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En las últimas administraciones el robo de hidrocarburos se ha multiplicado exponencialmente, como resultado de la creciente influencia de los grupos de la delincuencia organizada, asociada con la rampante corrupción e impunidad.
De 2008 a 2011, Pemex erogó alrededor de 105 millones de dólares en un sistema de seguridad para vigilar la Red Nacional de Ductos, y 244 millones 905 mil pesos en servicios de patrullaje. Aún así en 2011, la Paraestatal reportó un incremento en el robo de hidrocarburos del 38 por ciento.
Estas tendencias funestas se han mantenido en este 2012 y se estima que el volumen de hurtos asciende a más de millón y medio de barriles por semestre. Por ello, la Paraestatal ha estimado pérdidas por miles de millones de pesos por concepto de ordeña a los ductos.
Ha sido de tal magnitud el problema, que desde la dimensión legislativa se ha tratado de inhibir dicha conducta antisocial. Así, recientemente se introdujeron reformas al Código Penal Federal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para incluir la conducta típica descrita en la fracción IV del artículo 368 del Código Penal Federal, dentro del catálogo de delitos, contemplados en el artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
A su vez, se hizo la especificación correspondiente en el Código Penal sustantivo, para que las penas a que se refiere el citado artículo 368 Quáter se aumentaran hasta en un 50 por ciento, en atención a la actualidad del sujeto activo, que sea trabajador al servicio del Estado o servidor público.
Con todos los intentos de Pemex por identificar y clausurar las tomas clandestinas en poliductos y en oleoductos han sido insuficientes, situación totalmente preocupante, tomando en cuenta que el robo de combustible, mediante la ordeña de ductos, lleva consigo no solo la comisión de delitos graves que lesionan el patrimonio estatal sino que también ponen en riesgo el medio ambiente y la afectación directa a la salud de las comunidades circundantes.
En consecuencia, resulta completamente pertinente hacer un llamado al gabinete de seguridad y a la Secretaría de Energía para que destinen mayores labores de inteligencia, más tecnología, más recursos económicos y humanos para ampliar la supervisión y vigilancia y eficientar las labores de prevención de robo de hidrocarburos.
Es por eso, concluyo, señor presidente, que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución expuesto por el diputado Ricardo Astudillo Suárez.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado de Arandas. Tiene el uso de la voz don Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México. No está don Arturo Escobar, vamos a publicar íntegramente su tan importante intervención.
Doña Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del PRD, tiene el uso de la voz.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, diputados, público en general, medios de comunicación. Es lamentable que nuestro recinto se vea casi vacío el día de hoy, a esta hora.
El posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática es a favor del presente punto de acuerdo por algunos razonamientos. Pemex no solo es la principal empresa paraestatal de nuestro país y la que más recursos económicos genera a las finanzas públicas, sino que además es la empresa que a lo largo de los años ha sido la más saqueada.
Aunque nuestro voto sea a favor, hoy el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hará esta reflexión. El pasado martes 18 de septiembre se registró lo que podría considerarse una de las peores tragedias relacionadas con Pemex, nos referimos a lo ocurrido en el centro receptor de gas en la paraestatal, en Reynosa, Tamaulipas.
A poco más de un mes, el 22 de octubre, hubo otro lamentable suceso, el de Tepejí del Río, Hidalgo.
Derivado de estos hechos, la Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación para poder determinar las responsabilidades, acciones y omisiones que pudieron haber propiciado en estos lamentables acontecimientos para que esto haya ocurrido.
Sin embargo, pensando en que estos hechos pudieran tratarse de un accidente, como todo parece indicar, las conclusiones de la PGR no redundarán en fincar responsabilidad a persona alguna, pues al determinar que se trató de un accidente no existirá una responsabilidad o conducta penal clara y objetiva.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD externa su solidaridad a las familias de todos los trabajadores fallecidos y con aquellos que se encuentran lesionados. Además, esperamos la pronta e íntegra recuperación de las familias evacuadas en Hidalgo, a quienes abrimos el espacio de esta Cámara de Diputados para poder conocer las condiciones que enfrentan en este momento y para hacer llegar sus peticiones directamente a las autoridades competentes.
Si bien es cierto que necesitamos mayor vigilancia para reducir el robo de combustible, es necesario resaltar algunos aspectos que consideramos que la paraestatal tiene que clarificar ante afectados y a la sociedad mexicana en general sobre estos lamentables hechos, como son las circunstancias en las que sucedieron los hechos, aclarar e informar sobre las condiciones de seguridad, higiene, protección civil y prevención de riesgos que se presentan en todas y cada una de las instalaciones y plantas de Pemex en todo el país.
Es indispensable conocer el estado que guarda la infraestructura de la paraestatal y el mantenimiento que se le da a la misma, así como los montos destinados para su mantenimiento, actualización o renovación.
Exigimos también a la Secretaría de Energía y a Pemex que expliquen los sistemas de subcontratación de empresas prestadoras de servicios al interior de las instalaciones de los centros de trabajo. Que expliquen y clarifiquen sobre las condiciones de prestación de éstas, los alcances y responsabilidades de los mismos, las condiciones de seguridad social y seguridad humana con la que prestan dichos servicios.
Al tratarse de un centro receptor de gas, es importante que las autoridades también expliquen a detalle las condiciones que guarda el gaseoducto que suministra ese energético al centro receptor. Además, se presenta el informe público de las condiciones y riesgos.
Por lo anterior, solicitamos a comparecer ante el Legislativo al director de Petróleos Mexicanos, licenciado Juan José Suárez Coppel, y al secretario de Energía, licenciado Jordy Hernán Herrera Flores. Sabemos que hoy ha sido aceptada la petición y que, además, aunque no es lo ideal, lo traerán ante las comisiones.
Esperamos que sea pronta la fecha. No podemos seguir pidiendo, compañeros del Verde, solo apoyo y manifestando quejas por pérdidas en Pemex, sin propiciar y sin priorizar primero la garantía de la vida y beneficios en las pérdidas de las vidas de los trabajadores y los seguros a sus familias. Primero vamos por los seres humanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del PAN, tiene el uso de la voz.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: Con su venia, señor presidente, compañero diputado Arroyo. El Grupo Parlamentario del PAN, compañeras diputadas y compañeros diputados, celebra por supuesto que el grave problema del robo de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos sea un tema abordado de manera reiterada y sistemática por esta Cámara de Diputados.
Como bien anota mi compañero diputado, Ricardo Astudillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en su punto de acuerdo, dice: A penas el pasado martes discutimos en eta tribuna un exhorto a diversas dependencias de gobierno para que la vigilancia y mantenimiento de la Red Nacional de Ductos de Pemex contara con mucha mayor vigilancia, con mayores recursos humanos y financieros, y se aplicara por supuesto tecnología de punta.
Lo que sucede es que en el punto de acuerdo presentado hace apenas una semana por nuestro compañero diputado del Partido Acción Nacional, Julio César Lorenzini, se expuso con claridad que –de acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 31– la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex es una facultad que ejerce en coordinación tanto con la Secretaría de Energía como con la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y, por supuesto, la Policía Federal.
Y, en este sentido, así fue que se aprobó por unanimidad por esta soberanía el punto de acuerdo –repito– presentado hace apenas una semana.
En el Grupo Parlamentario del PAN no tenemos inconveniente en abordar estos temas. Insisto, apenas el martes pasado se hizo a propuesta nuestra y votamos un punto de acuerdo en el mismo sentido al que hoy nos presenta nuestro compañero y amigo diputado Ricardo Astudillo.
Quisiera precisar, si me permiten, algunos aspectos respecto a este segundo punto de acuerdo. Con excepción del gas natural, el transporte de productos de petróleo crudo, sus productos refinados y los petroquímicos básicos, hasta su venta de primera mano se realizan exclusivamente por Pemex. En este caso la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía solamente vigilan la aplicación de las disposiciones legales en la materia.
Así creemos que la propuesta de que –y cito textualmente el punto de acuerdo presentado el día de hoy– la Secretaría de Energía participe conjuntamente con empresas de la iniciativa privada, que cuenten con ductos para la transportación de gas en la vigilancia de estos, debe ser argumentada con mucha mayor precisión, particularmente en tres puntos:
El primero, en lo referente hacia el marco normativo actual, faculta y permite que la Secretaría de Energía realice estas funciones. El segundo, de cuántos kilómetros de ductos estamos hablando y, en tercer lugar, qué cantidad de recursos se necesita para esta tarea.
Concluyo comentando, presidente, que es muy importante dejar claro que ni Pemex ni la Secretaría de Energía realizan labores de combate al delito. Y no está de más recordar que la Red de Ductos de Pemex tiene una enrome extensión, cuenta con más de 65 mil kilómetros de longitud. Así de grande es la empresa y por supuesto así de grande también debe ser la inversión de recursos que se requieren para mantenimiento y vigilancia.
Por las razones aquí expuestas, compañeros, presidente, el Partido Acción Nacional hace un respetuoso llamado e invitación a esta Cámara de Diputados para que este segundo punto de acuerdo presentado el día de hoy sea argumentado con mucha mayor precisión en una próxima ocasión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia saludo y recibe con un gran afecto a Mark Watton, funcionario público del gobierno estatal de California, y a José López, Presidente del Consejo del Agua de San Diego, California, invitados por el diputado Bonilla, a la instalación de la Comisión de la Frontera Norte. Sean ustedes bienvenidos a esta casa de la representación popular del pueblo de México.
Tiene el uso de la voz, don Noé Hernández González, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Noé Hernández González: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, en la sesión pasada aprobamos un punto de acuerdo por el que más allá de colores y partidos coincidimos en la importancia de prevenir y sancionar la comisión de aquellos ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos.
La fuga de gas acaecida en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, misma que provocó la movilización y evacuación de gran parte del municipio, así como la afectación a miles de conductores que quedaron varados por horas en la carretera México-Querétaro, sitúan nuevamente el tema de la extracción ilícita de combustibles en la agenda legislativa del día de hoy.
La referida actividad ilícita es un fenómeno que continúa creciendo y constituye una fuente adicional de recursos para el crimen organizado y una muestra de ello es que a lo largo de los últimos meses hemos visto multiplicarse las denuncias, incidentes y pérdidas humanas derivadas de tales hechos criminales.
Las fugas ocasionadas por la delincuencia, no solo representan un atentado en contra de la economía nacional y el medio ambiente, sino que colocan en una situación de peligro a miles de habitantes de las zonas colindantes y a transeúntes desafortunados.
En el caso de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo a pesar de la gravedad de las afectaciones, afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar; sin embargo, no podemos confiar al azar o a la suerte el destino a la vida de familias mexicanas, ni mucho menos arriesgar la salud de la población; por el contrario, se debe garantizar el adecuado mantenimiento de los ductos y coordinar tales esfuerzos con las estrategias desarrolladas en materia de seguridad pública.
Por ello en el Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos plenamente a favor del punto de acuerdo planteado, en el sentido de que las dependencias federales enumeradas se sumen a un esfuerzo coordinado y urgente para reducir el robo de combustibles en el Sistema Nacional de Gasoductos y Poliductos, así como a favor de realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Energía para trabajar de manera conjunta con las empresas privadas evitando el robo de todo tipo de combustibles.
Asimismo, solicitamos que se exhorte también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de facilitar los recursos para el mantenimiento y supervisión de los ductos de Pemex. Insistimos que el gobierno federal debe de participar en el control sobre la infraestructura y traslado de estos recursos.
Finalmente, no queremos dejar pasar la oportunidad para solicitar a la Mesa Directiva que se incluya en la presente proposición un resolutivo por el que se exprese un reconocimiento a los elementos de Protección Civil, a la Policía, a Cruz Roja, al Ejército Mexicano y al personal de Petróleos Mexicanos, que resolvieron atinadamente la contingencia presentada en el municipio antes citado.
Por la seguridad de los mexicanos y por un medio ambiente adecuado para las generaciones futuras, no más tomas clandestinas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos reglamentarios, tiene el uso de la voz don Óscar Bautista Villegas, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa realice las acciones necesarias a efecto de detener la importación del cupo asignado de frijol y se promueva el consumo interno de este grano. También está suscrito por muchos diputados de su propio partido político.
El diputado Óscar Bautista Villegas: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea: hace unos días un grupo de diputados y diputadas propusimos un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa, con el objeto de que cancele de manera inmediata la importación de frijol del cupo asignado y se promueva la comercialización y consumo interno de este grano.
Quiero comentar que después de dos años de sequía recurrente, se tiene estimada una producción estimada de más de 650 mil toneladas de frijol y con esto se tiene cubierto el abasto nacional doméstico.
Los estados de Guanajuato, Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua y San Luis Potosí producen el 80 por ciento de esta leguminosa. Con ello nace la necesidad de impulsar este punto de acuerdo.
Con la siembra de frijol se generan aproximadamente más de cuatro millones de empleos directos e indirectos; también representa la segunda actividad agrícola más significativa de este país. Quienes se dedican a la producción de frijol son productores rurales que habitan en comunidades de muy alta y alta marginación.
Por ello hago énfasis en esta tribuna, ya que como producto básico estratégico, el tema de frijol debe de ser visto como una perspectiva multidimensional, pues no solamente involucra a la producción, el consumo, el mercado y la importación; también impacta de manera determinante en la seguridad alimentaria de todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados: hoy es necesario detener una acción emprendida por el gobierno federal para poder importar más de 138 mil toneladas de frijol, atentando contra la producción, la comercialización y la distribución de los campesinos mexicanos, vulnerando la soberanía alimentaria de nuestro país.
Con esto está en riesgo no sólo la estabilidad económica, de por sí precaria de los productores rurales, sino también la supervivencia de sus propias familias y de sus propias comunidades.
Hoy los invito a que juntos nuevamente defendamos a los productores del campo, a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes que nos dan de comer y quienes han confiado en todos nosotros, por lo que les pido su apoyo para que se proceda a la aprobación de este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución y que las autoridades competentes procedan a la cancelación inmediata de los cupos de importación de frijol en nuestro país.
Por el bien de México, por el bien de los productores rurales de México, les pido su apoyo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En los términos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia tiene el uso de la tribuna la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, accedo a ésta, la más alta tribuna de la nación, con el objeto de posicionar a nuestro grupo parlamentario con respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para detener la importación del cupo asignado del frijol y promover el consumo interno que el Grupo Parlamentario del PRI, por conducto del diputado Óscar Bautista Villegas presentó.
Desde nuestro punto de vista, la intención de la proposición es loable y digna de tomarse en consideración, ya que significa hacerse eco de un acuerdo aprobado por la colegisladora el 16 de octubre del presente año, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a suspender de inmediato el cupo asignado para la importación de frijol.
Sin embargo, en el Partido del Trabajo nos preguntamos: ¿si nos hacemos eco de una proposición de la colegisladora aprobada hace 15 días, qué efectos esperamos que desde esta Cámara produzca en el Ejecutivo? ¿Si a estas alturas ya les habrá respondido a los senadores? ¿Qué hizo la colegisladora, ya que la política internacional es su materia exclusiva para prever con tiempo la firma de estos acuerdos con otras naciones en detrimento del campo nacional? ¿Quién ganó con la autorización para importar más de 175 mil toneladas de frijol? Evidentemente las grandes trasnacionales productoras de alimentos en detrimento del desarrollo económico y humano de nuestros campesinos.
¿Acaso el Senado procuró intervenir en el asunto que nos ocupa ponderando el interés nacional por el de grupos de poder?
En el Partido del Trabajo hemos sido responsables con el asunto de la soberanía alimentaria al apoyar la aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional en el 2005, ley que pretende garantizar los mecanismos que permitan que las mexicanas y los mexicanos tengan acceso a los alimentos que sus familias requieren en condiciones saludables y nutritivas y que al mismo tiempo se promueve el desarrollo integral de los productores de alimentos nacionales.
Hago un respetuoso exhorto a la colegisladora a que retome el asunto de la soberanía y seguridad agroalimentaria y realice los trabajos parlamentarios necesarios para que se produzca el dictamen que le permita ver la luz a esta norma que se necesita en todo el territorio nacional.
Exigimos que esta minuta salga de la congeladora ya, vaya pues mi llamado a que pasemos de las lamentaciones de omisiones a acciones legislativas que enfrenten con la ley los problemas de la nación.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por mi conducto expresa su voluntad política para poner en la agenda de prioridades legislativas la reforma integral que garantice el derecho constitucional a la alimentación. Se expresa a favor de la discusión conjunta con la legisladora, de las leyes que protejan nuestro campo nacional, que den ventajas competitivas a nuestros productores, que reviertan el hambre de las mujeres y los hombres que producen nuestros alimentos; que dignifiquen la vida de las y los campesinos, de los pueblos indígenas; que independicen a nuestra nación del yugo de las trasnacionales de alimentos.
Exigimos a la próxima administración federal a que presente a esta Cámara, como iniciativa preferente, una estrategia nacional para garantizar la soberanía alimentaria. Le exigimos no más firmas de acuerdos a espaldas del pueblo que perjudique el desarrollo económico de nuestros productores. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Perdón, diputado, el diputado Juan Luis Martínez, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el gobierno mexicano debe de atender de manera urgente las necesidades de los productores de frijol. En los años 60 México no importaba este importante y básico producto, sino todo lo contrario; lo exportaba, aunque a partir de los años 80 empezó a importar este básico producto.
En México el frijol es un cultivo estratégico, ocupa el segundo lugar en su superficie a nivel nacional, con un promedio de 1.85 millones de hectáreas. Su producción es de 1.31 millones de toneladas anuales, con un valor aproximado de 7.5 mil millones de pesos, según datos oficiales de la Sagarpa. Además existen 570 mil productores, lo que genera un total de 382 mil empleos de manera permanente.
Entre 1980 y 2005 el índice de precios de insumos para la producción de frijol creció a una tasa promedio anual de 30.44 por ciento, mientras que la del índice de precios de frijol al productor decreció a 2.1 por ciento.
Tenemos la fortuna que en este país en cualquier época del año se puede sembrar este básico producto, además de que esta legumbre es de ciclos cortos y en un término no mayor de 100 días ya se puede cosechar.
Los principales estados productores de este producto básico son el estado de Chihuahua, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato, que el año pasado produjeron más de 583 mil toneladas de frijol.
Lamentablemente el productor mexicano siempre sale perdiendo, el frijol se lo compran muy barato los intermediarios y lo revenden mucho más caro, donde existe la figura del intermediarismo.
Hace falta que los gobiernos estatales y federales apoyen con mejor tecnología al productor para tener un producto de calidad, sin impurezas, para que sea competitivo frente a la producción internacional.
México es de los países que más compra en el mercado internacional y su principal abastecedor es Estados Unidos. Los productores se encuentran en serios problemas por los costosos y en deterioro de precios reales del producto.
No puede ser que puedan más las presiones del exterior y se permita el acceso de este intercambio comercial que amenaza con un problema social que perjudica gravemente a la economía de los mexicanos.
Nuevamente se observa cómo la firma de tratados internacionales, lejos de favorecer nuestras condiciones económicas, perjudican -como siempre- a los más necesitados. El campo una vez más ha quedado vulnerable ante la entrada de disposiciones comerciales tal como ha pasado sistemáticamente con el Tratado de Libre Comercio, en las que México en lugar de proteger a los sectores que merecen verdaderamente la atención, los vende a cambio de beneficios a países extranjeros.
Ya basta de privilegiar a productores extranjeros escudándose en el supuesto compromiso que tiene el país como el comercio internacional. En Movimiento Ciudadano creemos que el principal compromiso debe ser con la economía nacional, con la sanidad del país y con el beneficio de nuestra sociedad.
Se debe frenar la importación de frijol, acordar una estrategia para comercializarlo y asignar precios justos tanto para consumidores como productores, así favorecemos las ventas de nuestros millones de campesinos mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Desde el inicio de la presente legislatura se han presentado en esta tribuna, la más alta de la nación, diversos puntos de acuerdo donde se ha exhortado al Ejecutivo federal y a las dependencias del sector agropecuario a que apliquen acciones en beneficio de mujeres y hombres del campo.
Una vez más tengo la oportunidad de hacer uso de esta tribuna hoy, para apoyar el punto de acuerdo en donde se solicita de manera inmediata la suspensión de la importación de frijol que la Secretaría de Economía y la Sagarpa han autorizado. Y por el contrario, se promueva al consumo interno de esta leguminosa producida en México.
En sesiones anteriores ya hemos respaldado otros puntos de acuerdo en materia agroalimentaria, relativos a evitar las importaciones de otros productos como el del maíz, el de la papa fresca, provenientes principalmente de Estados Unidos de Norteamérica.
Asimismo, se exhortó que se defenderá la no aplicación de arancel al tomate, principalmente el producto de Sinaloa y de otros estados. También se apoyó el punto de acuerdo sobre el pago a los productores afectados de la zafra 2011-2012 del ingenio Nuevo San Francisco.
Sin embargo, hemos observado que en los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, presentados por diferentes fracciones parlamentarias, no se ha obtenido el impacto y los resultados esperados, por lo que propongo la creación de una comisión especial responsable de dar seguimiento y formación sobre el cumplimiento de logros de estos puntos de acuerdo que hemos presentado en esta tribuna sobre el tema de las importaciones.
Desde luego, el Partido Verde Ecologista de México y como integrante del mismo, apoyamos una vez más este punto de acuerdo con el objeto de suspender las importaciones de esta leguminosa, derivado de que se inicia en fechas próximas la cosecha de frijol y se estima que habrá una producción de 600 mil toneladas en una superficie de un millón 700 mil hectáreas.
De no suspender la producción de frijol se verá afectada la producción nacional, principalmente de los estados de San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Chiapas. Y como consecuencia, la economía de este sector.
El frijol es un cultivo que corresponde a la canasta básica, con un consumo per cápita de 11 kilogramos y que genera un empleo por el orden de 70 millones de jornales agrícolas, con una derrama económica, por el valor de su producción, equivalente a 12 mil millones de pesos.
Por todo lo anterior expuesto estaremos a la vanguardia y a la defensa de nuestro sector y de nuestros productores. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida, a la Cámara de Diputados, a un grupo de estudiantes y maestros de la Universidad Latina de América, de Morelia, Michoacán. De la licenciatura en contabilidad, que están aquí invitados por el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También aprovecho para saludar y dar la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de estudiantes y maestros del Instituto Zitacuarense de la Juventud, del estado de Michoacán, que están aquí invitados por la diputada María del Carmen Martínez Santillán. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Han sido recurrentes las denuncias que desde esta tribuna han hecho en relación a actos y omisiones del gobierno federal que atentan contra la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y, como consecuencia, contra el derecho constitucional a la alimentación.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha insistido en la necesidad de poner en marcha una estrategia de desarrollo rural que, al proteger a los pequeños y medianos productores rurales, se protege también la soberanía y seguridad alimentaria; porque justamente estos productores son los que generan en su mayoría los productos básicos estratégicos.
En esta ocasión se trata del frijol, un alimento esencial de la dieta promedio del mexicano, que como forma parte de los productos básicos y estratégicos a los que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ordena se les proteja impulsando su producción, particularmente en las zonas de alta y muy alta marginalidad.
El punto de acuerdo sobre el que hoy reflexionamos señala que mediante diversas disposiciones del Ejecutivo sustentadas entre otras razones por la sequía, han quedado autorizadas para importarse 150 mil toneladas de frijol durante el periodo de enero a diciembre de este año.
Se menciona, asimismo, que al corte de septiembre se habían importado 80 mil toneladas. De tal manera que 70 mil se importarían entre septiembre y diciembre, lo que impactaría negativamente en la producción nacional del ciclo otoño-invierno, afectando drásticamente los precios y, como consecuencia, los ingresos de nuestros productores.
De acuerdo a las cifras del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera de la Sagarpa, México tiene una producción del orden de 1 millón 150 mil toneladas. Con ello se cubre el consumo humano de 900 mil toneladas. De semilla para siembra, 80 mil toneladas y mermas del orden de 160 mil toneladas.
De acuerdo a las estimaciones de la Sagarpa, para 2012 se tendrá una producción del orden de un millón de toneladas, más las 80 mil que ya se importaron, más la existencia inicial que, aunque no se reporta, cuando menos fue del orden de 100 mil toneladas, tenemos que habrá una disponibilidad de 1 millón 180 mil toneladas.
Con el razonamiento anterior y con base en las cifras oficiales de la Sagarpa se deduce que, efectivamente, no es necesario importar más frijol, cuando menos en lo que queda de 2012.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, haberles mostrado las cifras oficiales tiene el propósito de reiterar que el gobierno federal no solamente no hace planeación agrícola, sino que no protege a nuestros pequeños y medianos productores.
Asimismo, reiteramos que es oportuno hacerlo, que es indispensable construir una reserva nacional estratégica de alimentos, que permita que las importaciones de los granos básicos sean la excepción y no la norma, por lo que el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática apoyaremos este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. También saludamos con mucho gusto aquí al presidente municipal de Hueyapan, Mariano Romero Patoni, está aquí invitado por la diputada Josefina García Hernández. Bienvenido a la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Aurora Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Buenas tardes a todos. Con su venia, presidente. Para Acción Nacional el campo es materia de mayor prioridad, por ello daremos siempre puntual seguimiento para velar por los intereses de las mexicanas y de los mexicanos que participan y viven de este sector, que incide en lo más importante de un pueblo, su alimentación.
Es preciso señalar en esta oportunidad que México ocupa el 5o. lugar mundial como productor de frijol, con una producción promedio anual de 1.1 millones de toneladas en el periodo 2000-2011; y el tercer lugar como consumidor, con un consumo prácticamente del mismo volumen de toneladas.
A manera de antecedente recordemos que, como consecuencia del alza en los precios internacionales de los alimentos, la caída en la superficie cosechada y producida en Estados Unidos y una menor oferta nacional de frijol debido a las contingencias climáticas en nuestro país, se ha provocado que la producción nacional decrezca de 1.15 a 0.57 millones de toneladas en la segunda mitad de 2011 y parte de 2012, y con ello el precio se incrementara a marzo de 2012 hasta en 54 por ciento. En el contexto internacional los precios del frijol también se incrementaron en promedio 31.3 por ciento para la variedad pinto y 17.8 por ciento para el frijol negro a diciembre de 2011.
Considerar estos factores es necesario para entender la acción del gobierno federal para ampliar el cupo de importación, el cual tuvo como objetivo principal garantizar el abasto suficiente al pueblo de México de este alimento básico y ejercer un contrapeso al alza en los precios nacionales de la leguminosa.
Es importante resaltar que de enero a septiembre de 2012 se han importado vía cupo 29 mil toneladas de frijol, previéndose que en el último trimestre del año se importen 10 mil toneladas más. Es decir, se estima se utilice el 26 por ciento del volumen autorizado por dicho mecanismo de importación.
En Acción Nacional reconocemos la política del gobierno federal para impulsar la producción nacional de frijol con apoyos relacionados a este cultivo, tales como Procampo, el Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol, ése sí era el Promaf, o el Sistema Producto, entre otros.
En tal contexto, los diputados del PAN nos pronunciamos a favor de continuar fortaleciendo las acciones que permitan a los productores mexicanos, la comercialización justa de sus cosechas y cuidar desde el gobierno la economía familiar, garantizando a la población el abasto suficiente, oportuno y a precios accesibles del frijol.
Dicho lo cual, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita a la Secretaría de Economía revise y, en todo caso de ser pertinente, reduzca el plazo de vigencia del cupo de importación de frijol a México y a la Sagarpa continúe fortaleciendo acciones para garantizar a los productores siempre mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas. Por su atención, muchas gracias. Permiso, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Vengo en nombre de la fracción parlamentaria del PRI, por supuesto a respaldar el punto de acuerdo que ha propuesto el diputado Óscar Bautista. Es darle seguimiento a una lucha que desde hace más de un mes los diputados cenecistas del PRI iniciamos, con un punto de acuerdo por cierto apoyado por todas las fracciones parlamentarias de esta Legislatura.
Pero qué triste es hacer un recuento a más de un mes y concluir que la irresponsabilidad de los funcionarios del gobierno federal, a pesar de que este tema ha provocado reuniones de gobernadores de los estados productores, reuniones de los sistemas producto, reuniones de productores, no hemos podido lograr en más de un mes que el programa de comercialización al que aspirábamos pudiera anunciarse, y sea aprobado también en la Cámara de Senadores por unanimidad.
Por eso, qué increíble que un tema tan importante para la soberanía alimentaria de este país no haya llamado la atención de las autoridades federales. Alguien decía aquí en esta tribuna, puntos de acuerdo se aprueban, pero pareciera que existen oídos sordos para no atender los exhortos y los llamados de este Poder Legislativo.
Algo pasa en este país. Algo pasa porque no hay un verdadero contrapeso de Poderes. Algo pasa porque mucho más allá de que sean puntos de acuerdo, como el que hoy se discute para evitar la importación del frijol, ha habido decretos como aquél de la sequía al que el Ejecutivo ha hecho, por cierto, caso omiso.
Ya no sabemos en qué tono decirlo. No sabemos en qué lenguaje expresarlo. Pero lo cierto es que el calvario que viven los productores de este país todos los días y ahorita, los tiene metidos en la incertidumbre de qué va a pasar con el precio del frijol.
Por eso, estimados compañeros y compañeras, qué bueno que podamos apoyar por unanimidad este tan importante punto de acuerdo. Pero tenemos que reflexionar y tenemos que hacer cosas más trascendentes para que la opinión, los exhortos y los decretos de esta Cámara de Diputados, puedan tener el impacto en el Poder Ejecutivo para que se puedan convertir en beneficios para nuestra gente.
¿Qué les digo? ¿Qué les pido? La fracción parlamentaria del PRI lo hará; votará en favor de este punto de acuerdo, pero ojalá aquéllos que tienen hoy la responsabilidad de llevar a cabo acciones para nuestros productores, ojalá se sometan al juicio de los productores, de la opinión pública y al juicio de la historia. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con los recursos ahorrados por 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas: se pone a consideración de este pleno como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución el siguiente:
Estamos planteando que se pueda generar un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Energía, a su titular, y al director de la Comisión Federal de Electricidad. Lo fundamos en la siguiente exposición de motivos.
El pasivo histórico que tiene el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad con 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al fondo mutualista del SUTERM durante el período laboral comprendido entre 1950 a 1990, es decir, 40 años, se estima en la cantidad de 638 mil millones de pesos.
El 25 de abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el SUTERM pactaron la sustitución de este fondo mutualista por un seguro colectivo obrero en la cláusula XXVI del convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo correspondiente al bienio 1990-1992. En ese entonces se firmó, con la firma del secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farel Cubillas.
Las cantidades aportadas por los trabajadores durante 40 años se actualizaron a través del histórico de tasas de interés emitidas por el Banco de México, tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito.
La falta de transparencia e información por parte del gobierno federal ha generado que los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad tengan que acudir a todas las instancias posibles para saber qué pasó con sus ahorros, cuál fue el destino de estos recursos del fondo mutualista y cuál es la realidad de lo que han logrado juntar producto de su trabajo.
Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.
Primero: Se exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad para que expliquen a detalle el destino que se dio a los 630 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de vida laboral en el período comprendido de 1950 a 1990.
Segundo. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del SUTERM, a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Es cuanto, y pedimos el respaldo y la solidaridad de esta asamblea. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se considera de urgente resolución. Y en consecuencia, en los términos del registro que tengo, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas que todos aquellos trabajadores que aportan de sus propios recursos para constituir fondos de diverso tipo al paso del tiempo enfrentan problemas de diversa índole para recuperar el producto de su ahorro.
Así ha ocurrido, por desgracia, con los trabajadores que laboraron en los Estados Unidos conocidos como braceros, a quien durante muchos años se les escamoteo el regreso de su dinero y ahora tienen que conformarse con una exigua compensación de alrededor de 40 mil pesos.
Es el mismo caso que enfrentan ahora los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes aportaron recursos para constituir un fondo mutualista entre los años de 1950 a 1990. Esto es durante 40 años.
En abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana pactaron la sustitución del Fondo Mutualista por un seguro colectivo obrero. Desafortunadamente para los trabajadores no se sabe qué ha pasado con esos recursos económicos, ni el sindicato ni la empresa dan cuenta de ello.
Este es un tema que nos debe alertar, habida cuenta de que los recursos económicos tienen un origen en la aportación individual y voluntaria de cada trabajador, no son propiedad del sindicato y muchos menos de la empresa. En la reciente discusión de la iniciativa de reformas a la Ley laboral enviada por el Ejecutivo, el gran tema que no se quiso tocar en esta soberanía por parte de la mayoría fue precisamente el tema de la transparencia, en el correcto ejercicio de las cuotas que los trabajadores aportan su sindicato.
Temas como el que nos ocupa no se tratarían en esta soberanía si al interior de todos los sindicatos existentes en el país la transparencia y la rendición de cuentas fueran práctica cotidiana en los sindicatos, antes al contrario, priva la opacidad y la cerrazón a entregar información a los trabajadores.
Compañeras y compañeros legisladores, es importante que todos apoyemos esta proposición que contiene la justa demanda de los trabajadores electricistas, para que les sea reintegrado algo que es de su propiedad, su dinero. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos las dos peticiones que se contienen en la proposición que discutimos, para que a los 8 mil 600 accionantes que ejercieron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se les proporcione el pago y devolución de sus recursos.
Estamos a muy bien tiempo de evitar la constitución de otro fondo para pagar algo que otros se robaron, como en el caso de los trabajadores migrantes. Exijamos que se reintegre a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el producto de su ahorro. Por estas consideraciones votaremos a favor de la proposición que se nos presenta. Es cuanto.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros.
Las paraestatales más importantes de nuestro país se caracterizan por tolerar en su seno no sólo los actos de corrupción más alarmantes o escandalosos de los que dan cuenta con frecuencia los medios de comunicación, sino también por permitir abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos de los trabajadores, como los que hoy aquí se presentan, se ha presentado en esta tribuna.
Por lo que va el caso que nos ocupa, una serie de funcionarios corruptos que han estado al mando de CFE no sólo han perpetrado una serie de atracos al patrimonio de todos los mexicanos, sino que han sido cómplices para esquilmar a su propia planta de trabajadores.
La CFE incurrió abiertamente en responsabilidad al firmar el convenio en el que se eliminó el Fondo Mutualista del SUTERM y se sustituyó por un seguro colectivo obrero.
Fue cómplice de esta corruptela el propio SUTERM al participar en el engaño de los trabajadores. Tal atraco fue cobijado con el pretexto de la firma del contrato colectivo de trabajo 1990-92, firma que nunca se hizo del conocimiento de los trabajadores a pesar de que la cláusula 76 del propio contrato colectivo de trabajo especifica que la CFE colocará los tableros que sean necesarios en las partes más visibles de todos los centros de trabajo, así como utilizará otras modalidades de comunicación para que todos los trabajadores estén debidamente enterados de su contenido.
De hecho, los trabajadores de CFE no lograron comprobar la chicana de que fueron objeto, sino hasta que después de años de ir contra viento y marea encontraron la quiescencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que por su conducto facilitó la copia certificada del convenio por el que se eliminó el Fondo Mutualista.
Dicha paraestatal, debe explicar a esta soberanía las instrucciones que tuvo para firmar ese acuerdo que significó la desaparición de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, algunos lo estiman en la escandalosa cifra de 638 mil millones de pesos que se los reclaman legítimamente los trabajadores defraudados.
Desde esta instancia hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, para que no posterguemos la defensa de los derechos laborales. El sector de los trabajadores ha sido víctima una y otra vez de violaciones sistemáticas a sus derechos más elementales, recordemos el caso de los ex braceros, de los trabajadores del ISSSTE, de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, de los trabajadores recientemente pensionados, de los cuentahabientes del Infonavit, y qué decir de los mineros de Cananea que tienen años en una lucha, ya histórica, por la defensa de sus derechos.
Por lo anterior, para Movimiento Ciudadano resulta totalmente procedente apoyar el punto de acuerdo que nos ocupa y convocamos al resto de las fuerzas políticas a hacer lo propio para sacarlo adelante. Gracias, por su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el uso de la palabra, la diputada María del Rosario de Fátima Pariente.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas. Varios han sido ya los exhortos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el Senado de la República como en esta Cámara de Diputados en la legislatura pasada y ahora en ésta, para que aclaren el curso que se le dio al ahorro del Fondo Mutualista del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad lograron, a lo largo de 40 años, y que actualizados al día de hoy asciende a la cantidad de 638 mil millones. De estos ahorros no se sabe absolutamente nada. Y peor aun, los involucrados en esta situación no manifiestan postura alguna respecto a dar solución al conflicto.
Resulta inconcebible que las autoridades involucradas en este fraude no le den solución a los 96 mil trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que reclaman, y con justo derecho, la suma correspondiente a sus ahorros de 40 años, trabajados entre 1950 y 1990.
Es indignante que a pesar de que los tribunales han fallado a favor de los trabajadores, este veredicto no se ha cumplido. Exigimos a las autoridades correspondientes se hagan responsables de impartir justicia laboral, aplicándose la ley y cumplimentándose las instancias dictadas.
Es por ello que nos sumamos al exhorto, a las autoridades señaladas en esta proposición para que expliquen a detalle el destino que se dio a los 638 mil millones de pesos, producto del ahorro de estos 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de vida laboral.
Asimismo, nuestro grupo parlamentario, el Verde Ecologista de México, apoyó el exhorto al titular del Ejecutivo para que instruya a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, al de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista de SUTERM, a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No podemos permitir que se repita un caso como el de los braceros mexicanos que recibieron el pago de su dinero después de 70 años de espera a que les llegara la justicia. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, mi intervención a favor del punto de acuerdo tiene que ver en primer término con la propia aprobación que el 24 de julio del año en curso realizara la Comisión Permanente de ambas Cámaras sobre este particular.
En el dictamen aprobado el 24 de julio se resaltó que la Tercera Comisión de la Permanente compartió la preocupación y los planteamientos de los promoventes, de acuerdo a la obligación de las autoridades del trabajo de vigilar el cumplimiento de las normas laborales, así como la presentación que requirió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y del director de la CFE, para proporcionar un informe detallado que esclarezca la imputación relativa a la desaparición de los 638 mil millones de pesos.
En segundo término, el pronunciamiento a favor del punto de acuerdo por parte del Grupo Parlamentario del PRD tiene que ver con la justicia social y el respeto de los derechos laborales en las relaciones entre trabajadores y patrones, por los que históricamente hemos luchado y lo seguiremos haciendo.
Es, por tanto, evidente la urgencia que existe al pago de las aportaciones del Fondo Mutualista, integrado en el Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, que durante 40 años les fue descontado por nómina a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y que el 25 de abril de 1999 la CFE y el Sindicato sustituyeron por el seguro colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, sin que se les devolvieran sus aportaciones.
De conformidad con el laudo emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la CFE y el Sindicato están obligados al pago de las prestaciones demandadas por 8 mil 600 trabajadores, de los 96 mil que aportaron o les descontaron su dinero.
Por tal motivo, consideramos que debe exhortarse a las autoridades involucradas a dar cumplimiento del laudo y los derechos en el tutelado; pero no a discreción. Que, en todo caso y como única alternativa viable, se embarguen y rematen bienes de la Comisión Federal y del sindicato, como autoridades directamente responsables. Que no se le caigan al pueblo otra vez los latrocinios a que son sometidos los trabajadores.
Existen muchos antecedentes de deudas que por los malos manejos del gobierno terminaron en deudas públicas. Así tenemos, por citar algunos, al Fobaproa y el caso de los ex braceros, sin que se haya castigado a los responsables.
Nadie sabe, nadie supo adónde quedó el dinero. Algunos hasta a los difuntos les van a echar la culpa, pero lo que conocemos todos es el robo que ha sufrido el pueblo de México, nuestro querido México.
Por esta razón no permitiremos que, una vez más, se traslade el costo de ese tipo de fraudes a la ciudadanía. Apoyamos la aprobación de este punto de acuerdo y exigimos al Ejecutivo federal que remita de manera urgente el informe solicitado desde el mes de julio a la Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y Comisión Federal de Electricidad. –Termino, presidente.
Compañeros y compañeras, se trata de un laudo a favor de 8 mil 600 trabajadores que demandaron legítimamente el pago que les corresponde. Sin embargo, no olvidemos que fueron 96 mil trabajadores los que realizaron sus aportaciones durante 40 años, y por ello también deben quedar a salvo los derechos de las familias a las que les corresponde recibir ese ahorro y que están siendo vulneradas por la Comisión Federal de Electricidad y por el Sindicato Único de Trabajadores Electricista de la República Mexicana.
Queda claro de nueva cuenta que la transparencia y rendición de cuentas son temas pendientes por resolver, y un gran reto para esta legislatura, por lo que espero estemos a la altura de las circunstancias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Rafael Alejandro Micalco.
El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez: Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa. Sin duda el presente punto de acuerdo es de gran relevancia para los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron, al fondo mutualista del Sindicato Único de Trabajadores, la cantidad de 638 mil millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido entre 1950 a 1990.
Estamos hablando de una cantidad exorbitante, 638 mil millones, por lo que coincidimos en exigencia para que se les explique a los trabajadores de dicho sindicato e informe a detalle el destino que se dio a estos recursos.
Asimismo, se expone en el punto de acuerdo en comento que el 25 de abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el sindicato en cuestión pactaron la sustitución de este fondo mutualista por un seguro colectivo obrero en la clausula vigésima sexta del convenio que celebraron para la firma del contrato colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, con el aval del entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Arsenio Farell Cubillas.
En este sentido, retoma especial relevancia lo aprobado el martes en la Cámara de Senadores en relación a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los sindicatos. Debemos aprobar dichos cambios aquí en la Cámara de Diputados, esperamos que a la brevedad posible, en próximos días.
Por lo anterior, es importante precisar que de conformidad con el artículo 359 de la Ley Federal de Trabajo los sindicatos tienen el derecho de organizar libremente la administración y actividades de la asociación, asimismo de acuerdo a la ley, del artículo 373, que dispone que la única persona ante quien debe rendir cuentas de la administración del patrimonio sindical es a la asamblea del sindicato cada seis meses, requisito que no es obligatorio al día de hoy.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 133, fracción V, queda prohibido a los patrones intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato en correlación con la cláusula 40 del contrato colectivo del trabajo que dispone: Los trabajadores de confianza están especialmente obligados a cumplir las disposiciones de este contrato y a no inmiscuirse en el régimen interno del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas.
En Acción Nacional, consideramos que el presente punto de acuerdo no es procedente en los términos que se está estableciendo, porque no debemos exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, ni a la Secretaría de Economía, ni a la del Trabajo, sino este exhorto lo debemos dirigir al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana para que le rindan cuentas a sus agremiados; claro, respetando su autonomía sindical.
En el Partido Acción Nacional estamos conscientes que debemos legislar para solucionar la problemática que aqueja a los trabajadores. En Acción Nacional estamos con los trabajadores. Es por tanto, que tomemos como referencia esta situación para aprobar los cambios realizados en la Cámara de Senadores a la reforma laboral, que en su momento haremos de la defensa de dichos cambios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Marco Antonio Barba Mariscal, en el uso de la palabra.
El diputado Marco Antonio Barba Mariscal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, creemos en un régimen democrático y por ello estamos comprometidos con el cumplimiento de lo previsto en la Constitución y las leyes que de ella se derivan.
Estamos convencidos de la necesidad de mantener nuestro estado de derecho, pasándonos para ello en un orden legal que garantice la seguridad y la certeza legal en las prerrogativas y patrimonio de las personas, promoviendo así el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita.
Creemos en la necesidad de contar con un Estado fuerte y eficaz, que incentive y promueva el respeto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores. Estimamos que nuestra democracia será imperfecta si no se cumple a cabalidad con los postulados previstos en nuestra Carta Magna.
Sería impensable un estado de derecho, si no se acata lo resuelto en las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales. No podremos hablar de respeto a los derechos de los trabajadores si sus prerrogativas no se observan puntualmente. Sin embargo, el respeto a las prerrogativas y derechos laborales mencionados no se deben de llevar a cabo al margen de la ley, de manera congruente y en búsqueda de un beneficio para los trabajadores, pero sin causar un menoscabo grave a nuestras instituciones.
El equilibrio logrado entre ambos principios garantiza al Estado un buen funcionamiento que los organismos públicos descentralizados en beneficio a los mexicanos, toda vez que se garantiza con ello la adecuada prestación de los servicios públicos, objetivo que se busca en el ejercicio de la administración pública, en este caso federal.
Las resoluciones que emitan las instancias creadas para la administración de justicia deben ser responsables y buscar en todo momento que la impartición de la justicia se lleve a cabo sin distingo alguno respetando en todo momento los principios generales del derecho.
Todo lo anterior se menciona porque el tema que nos trae aquí es la presunta falta de pago de un adeudo que tendría la Comisión Federal de Electricidad con un grupo de trabajadores quienes habrían aportado recursos a un fondo mutualista durante el periodo comprendido entre 1950 y 1990, el cual habría sido sustituido por un seguro colectivo obrero hace dos décadas.
Si como se ha señalado, existen sentencias emitidas por tribunales colegiados en materia de trabajo, lo conducente sería conocer el contenido de tales fallos, así como de los incidentes de ejecución que de ella se deriven para así estudiar sus alcances y entonces apegarnos a la verdad legal, siendo así los resolutivos judiciales la medida ideal para la resolución de los problemas aquí planteados.
Derivado de lo anterior, los legisladores priistas votaremos a favor del presente punto de acuerdo, toda vez que coincidimos en que el cumplimiento de la sentencia es una cuestión de orden pública e interés social lo cual no obsta para requerir, tanto el del diputado promovente como de las autoridades involucradas, toda aquella información que sea útil para precisar el verdadero alcance de los fallos a que se hace referencia en la proposición que ocupa nuestra atención en este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el turno de proposiciones, en términos del artículo 100 del Reglamento, serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que pida la Secretaría se registren para la próxima sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 24 de octubre, Día de la Organización de las Naciones Unidas. Para ese efecto tenemos registrada a la diputada Cristina Ruiz Sandoval, quien tiene el uso de la palabra.
La diputada Cristina Ruíz Sandoval: Con su venia, señor presidente. Hay acontecimientos en la historia de la humanidad que nos han permitido transitar hacia un estado con mayores libertades y garantías, pero también con las más altas responsabilidades.
En 1945 el mundo de esa época necesitaba respuestas en donde la paz fuera una realidad tangible para todos y no un mero sueño de inalcanzables dimensiones. Las guerras mundiales habían heredado no sólo una sociedad lastimada y separada, sino un miedo profundo en donde la certeza de la paz no estaba clara y se confundía con una ausencia de guerra, lo cual no garantizaba el respeto y la convivencia armónica de los pueblos y naciones.
En ese marco, al finalizar la Segunda Guerra Mundial 51 países, en los que se encuentra México, firman la Carta de las Naciones Unidas que entró en vigor el 24 de octubre de 1945, fundándose así la Organización de las Naciones Unidas.
México ha acompañado este proceso con especial responsabilidad dando cuenta de ello hechos que van desde la firma de la Carta hasta acontecimientos de la mayor relevancia como el impulso para prohibir el uso de armas nucleares en América Latina a través del Tratado de Tlatelolco en 1967, que le valió al representante mexicano Alfonso García Robles el Premio Nobel de la Paz en 1982. Desde la máxima tribuna de la nación rendimos hoy un homenaje a todos los mexicanos notables, diplomáticos y políticos, mujeres y hombres que han dejado profunda huella con su valor y compromiso para poner a México en lo más alto del escenario internacional.
Los temas que en la actualidad definen el eje toral de la mayor organización mundial establecen la visión de un mundo que está transitando por el siglo XXI con la necesidad de seguir defendiendo la vocación por la paz, pero también con la responsabilidad de involucrarse de lleno en acciones de la más alta relevancia como el cambio climático, las migraciones, el manejo sustentable del agua, el combate al narcotráfico, la trata de personas, la seguridad internacional, el tráfico de armas, la igualdad y los derechos humanos, entre otros.
El presidente de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, en ocasión de este aniversario 2012 expresó lo siguiente: “Estamos atravesando un período de profunda inestabilidad, transición y transformación. La inseguridad, la desigualdad, la intolerancia se están extendiendo. Todo ello está poniendo a prueba a las instituciones nacionales y mundiales. Cuando hay tanto en juego, las Naciones Unidas han de estar a la altura en todo el abanico de sus actividades: la paz, el desarrollo, los derechos humanos, el estado de derecho, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes del mundo”.
Señoras y señores diputados: hoy es un momento para honrar a la ONU, pero también para asumir nuestra responsabilidad con la historia y con las naciones que aún siguen creyendo que México debe volver a ser un pilar que sostenga e impulse a esta organización de países. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (15:32 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 31 de octubre de 2012 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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