Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativa
Minuto de silencio por el fallecimiento de siete trabajadores
Retiro de iniciativa y de proposición de diputada
De la Secretaría de Gobernación, con informe y respuestas a puntos de acuerdo
Del Congreso del Estado de México, con fe de erratas de dos iniciativas
De la Cámara de Senadores, con acuerdo, minuta e iniciativa
Iniciativas de diputadas y de diputados
Omar Antonio Borboa Becerra, PAN
María del Socorro Ceseñas Chapa, PRD
Ricardo Astudillo Suárez, PVEM
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, PRI
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de cinco dictámenes
Dictámenes a discusión
Discusión en lo general y en lo particular
Votación en la general en lo particular
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Con cambios en comisiones ordinarias, especiales y comités
Diez dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Equidad y Género, fundamentación
Discusión de los dictámenes en conjunto
Votación de los diez dictámenes en conjunto
Tres dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Derechos de la Niñez, fundamentación
Discusión de los dictámenes en conjunto
Votación de los tres dictámenes en conjunto
Turno a comisiones de iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia cuando son las once de la mañana con siete minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 259 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:07 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestar (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva, en relación a modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 141 Bis al Código Penal Federal, presentada por el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
Diputado Durazo, ¿con qué objeto? ¿Quiere usted decir algo, diputado Durazo? Lo escucho. Sonido en la curul del diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, gracias por su atención.
Quisiera solicitar la palabra, pero inmediatamente después de la lectura del oficio de la Comisión de Gobernación. Si me lo permite, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dé lectura al oficio de Gobernación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Comisión de Gobernación, relativo a la información proporcionada por la Procuraduría General de la República relacionada con los posibles hechos delictivos en contra de la vida del diputado Ricardo Monreal Ávila y del senador David Monreal Ávila.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Diputado Durazo, no está a discusión el tema. Esta Presidencia informa a la asamblea que ha hecho toda clase de gestiones a efecto de que el compañero Ricardo Monreal Ávila tenga las seguridades que, como legislador, como ciudadano, como compañero, y si me apuran un poquito como nuestro amigo, debemos de brindarle en ocasión de hechos muy lamentables que está investigando la Procuraduría General de la República. Sin embargo, desde su curul lo escucho, diputado Durazo. Este turno es de enterado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente, por su cortesía. Sólo para expresar mi agradecimiento y el agradecimiento de la fracción a los miembros de la Comisión de Gobernación y a todas las expresiones de solidaridad que ha recibido el diputado Monreal, así como el senador David Monreal.
No voy a argumentar sobre el sinsentido de cualquier atentado, sin embargo debo resaltar la trayectoria política, limpia y comprometida del diputado Monreal, que hace doblemente inexplicable el posible atentado.
Finalmente también, aún y cuando tengo observaciones respecto a todos estos acontecimientos expresar a las autoridades el reconocimiento personal y de la fracción, por el trabajo de inteligencia que han desarrollado. Gracias, presidente, por su tolerancia.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Coincido plenamente con sus dichos y esperemos que la investigación llegue a esclarecer la realidad y la verdad de tan abominable acontecimiento. Don Trinidad Morales, a sus órdenes.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Gracias, compañero presidente. Aunque no basta con pedir minutos de silencio ante la pérdida de vida de trabajadores, creo que esta soberanía es lo mínimo que puede hacer ante la pérdida de siete vidas más y que nos debe llevar a una gran reflexión ante las llamadas medidas de flexibilización laboral que acabamos de aprobar recientemente.
Esto se está traduciendo en un relajamiento completo de las medidas de seguridad e higiene para los trabajadores, cosechando sus familiares solo muertos y vertiendo lágrimas.
En cambio, los patrones, los poderosos, porque casi estas muertes colectivas han sido de empresas muy grandes, solo recogen las ganancias.
Por eso, compañero presidente, solicito se pudiera obsequiar ante esta pérdida de siete vidas, un minuto de silencio por esta soberanía.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Obsequiado. Pongámonos todos de pie.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, por el que solicita que se le retiren de os registros de la Comisión de Juventud, los siguientes asuntos:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada el 14 de marzo de 2013.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales para que los puestos de dirección de todos los espacios gubernamentales, destinados a la atención de los temas referentes a la juventud, sean ocupados por personas menores de 29 años de edad, presentada el 19 de marzo del año en curso.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nohemí Lira Albarrán pueda presentar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México, e informa que el ciudadano Gilberto de Jesús Cardeña Ciau ha dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por lo que hace a lo primero, se tiene por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
Por lo que hace a lo segundo, la solicitud de permiso túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe anual sobre las concesiones otorgadas y autorizadas durante el Ejercicio Fiscal 2012, por la Secretaría de la Función Pública, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron, de diversas autoridades, tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso relativo a la industria azucarera.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el que remite alcance a la contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la carne de pollo y huevos provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Economía y de Ganadería para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron dos oficios del Congreso del Estado de México, con los que remite fe de erratas en relación a las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada el 5 de marzo del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su atención.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y del Código Federal de Procedimientos Penales, enviada el 5 de marzo del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia para su atención.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la Cámara de Senadores acuerdo aprobado por el que exhorta a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos de ambas Cámaras, a dar seguimiento puntual a cualquier atentado en contra de medios de comunicación y periodistas, así como a los actos que pongan en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, para su atención.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva e integrada a la salud, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el señor diputado don Omar Antonio Borboa Becerra, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con su venia, presidente. El que suscribe, presidente Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, del distrito 10, del estado de Jalisco, con cabecera en Zapopan, tierra de amistad, trabajo y respeto, que con el mismo comparezco ante esta tribuna a presentar iniciativa por la cual se hace una modificación al artículo 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de organizar, adecuar y fortalecer las comisiones especiales. Esto debido a que –como todos ustedes saben– en la ley no se estipula ningún momento para aperturarlas, ni para que se pongan en consideración, ni para instalarlas.
La propuesta es que sea a más tardar al finalizar el primer periodo de sesiones, toda vez de que no vuelva a suceder el tiempo superior a éste debido a que existen comisiones especiales de sumo interés para todo el país. El tiempo de la Legislatura es muy corto y con este tipo de inconsistencias no se puede avanzar dentro de estas comisiones.
Por ello en la presente iniciativa propongo establecer expresamente en la ley los plazos para que estas comisiones especiales se instalen, debido a que, después de los acuerdos políticos que se presentan dentro de esta Cámara y sin tener una ley o un ordenamiento en la Ley Orgánica donde genere aperturar las comisiones especiales ni tampoco el tiempo en el cual se deberán de instalar, tendrá que ser de la siguiente manera en este proyecto de decreto:
Artículo único. Se reforma el numeral 1 del artículo 42 y se adiciona un segundo párrafo al mismo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos quedando de la siguiente manera.
Artículo 42. El pleno podrá acordar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio de la Legislatura la constitución de las comisiones especiales cuando se estimen necesarias, para hacerse carga de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará el objetivo, el número de los integrantes que las conforman y el plazo para efectuar las tareas que se le hayan encomendado y deberán ser publicadas a más tardar el siguiente mes del que haya sido acordada su constitución.
Esto lo queremos hacer y lo queremos adecuar para que en el primer periodo de sesiones ordinario, tendremos que estar instaladas las comisiones especiales debido a que pierde el interés de todos los diputados en pertenecer a ellas.
Hoy estamos a siete u ocho sesiones de terminar el segundo periodo y hay comisiones especiales que apenas se acaban de instalar, pero no por el interés de los que las van a presidir, sino por el interés de los grupos parlamentarios de proponer a quienes sean los que van a integrar estas comisiones.
Por tal motivo y por lo que hemos hecho esta propuesta, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales fuera de los plazos establecidos debido a que habrá comisiones especiales que durante la Legislatura se tendrán que formar y que esto no sea parte del suceso para que ya no se puedan formar.
Lo que solicitamos es que así como hay interés en presidir las comisiones ordinarias, también exista para las comisiones especiales, debido a que son de sumo interés para algunos temas en específico. Por tal motivo, compañeros, les solicito:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Todo esto para que los próximos diputados que tengan interés en temas específicos y que pidan o soliciten integrar o de presidir alguna comisión especial, tengan el tiempo suficiente y la certeza de cuándo se podrán formar estas comisiones especiales para que las integren y que puedan trabajar en ellas debido al corto plazo que son las legislaturas y al poco interés que tienen algunos organismos de que éstas se realicen.
Es cuanto, señora presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados; muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona un artículo 158 Bis a la Ley Federal del Trabajo.
El diputado José Arturo López Cándido: Gracias, señora presidenta. Es lamentable reconocer las propuestas que contemplan beneficios laborales no se encuentran incluidas en las leyes de nuestro país, por lo cual es necesarios recordar que la elaboración de nuestro marco jurídico es pertinente y tiende a incorporar los mayores elementos necesarios para una sana relación entre los trabajadores y los patrones.
No obstante el sector de personas con pocas posibilidades de conseguir un empleo formal que le otorgue seguridad social, les reconozca su antigüedad para efectos de jubilación y que reciba el beneficio de las prestaciones sociales, es cada vez mayor y aún no se ha dado solución a ese grave fenómeno social.
Es pertinente recordar que para el cierre del año pasado el Inegi calculaba que la cifra de personas en el sector informal era de unos 29 millones. Por desgracia, los beneficios con los que cuenta este sector son muy graves, ya que no cuenta con ninguna prestación social y es nula al no gozar de un empleo estable.
Ya se ha dicho repetidamente que el tiempo de cotización por algún instituto de seguridad social reconocido por el Estado será aquél que haya acumulado cualquier trabajo, siempre y cuando cubra los requisitos de ley, como son los derechos a que están sujetos los trabajadores al servicio del Estado para recibir una obtención de retiro por edad, tiempo o jubilación, así como los trabajadores que cotizan al IMSS, también bajo las premisas señaladas en la Ley del Seguro Social para dichos efectos.
Ninguna posición legal en la materia, incluyendo la Constitución, reconoce fehacientemente el derecho a toda persona trabajadora para generar la antigüedad en el cargo o función que desempeñe, aun bajo la práctica de algunas actividades laborales por su propia cuenta, ya sea a través de un trabajo formal o informal.
Este tema se debe discutir para proporcionar mayores elementos para que todo trabajador cuente con el mismo derecho al acumular tiempo y experiencia y sea reconocido por el Estado.
El propósito de la iniciativa es llevar a rango constitucional este concepto y subsecuentemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la que participe directamente en la generación de un sistema único que permita recibir las constancias de todas las personas interesadas y que por su propio conducto comuniquen a esta dependencia el siguiente ejercicio de su actividad laboral.
Cabe señalar que en nuestros días existe un número elevado de personas en edad de retiro o jubilación y que se encuentran imposibilitadas para hacerlo en cuanto a un cálculo exacto de los días trabajados y acumulados, para generar sus posiciones correspondientes.
Resulta determinante lograr que la situación laboral que hay detrás de cada una de ellas sea reconocida y se le brinde un trato justo. Nuestro propósito es lograr que el Estado no sólo participe con la correspondiente entrega de pensión o jubilación previamente requerida por cada trabajador, sino que termine y que también reconozca su antigüedad, para que dado el caso, el interesado pueda tramitar su retiro anticipado.
Finalmente, además de un sistema único entre instituciones de gobierno en materia de retiro, se permita cruzar información y garantizar mayor certidumbre para el cálculo de elementos necesarios para tramitar el retiro en el trabajo de cualquier persona de edad y condiciones de hacerlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, y expide la ley general del sistema nacional de vigilancia y supervisión de las instituciones públicas y privadas de asistencia social, en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, define como huérfano al menor de edad que ha perdido a uno o ambos progenitores, cifra que alcanza los 132 millones de menores en el mundo, de los cuales 13 millones se encuentran en total desamparo y sin algún familiar a quien recurrir, por lo que viven en instituciones de asistencia social o en la vía pública.
Fenómenos como las guerras, las enfermedades, el desplazamiento poblacional, el abandono y víctimas colaterales de la delincuencia, son sólo una parte de las causas que contribuyen a que los menores de edad se encuentren desamparados quedando en la indefensión total.
Para su atención, los gobiernos han establecido instituciones públicas y han permitido la instalación de organismos privados en los que se puede atender a los menores de edad en esta situación.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia ha contribuido a la protección de los menores de edad mediante diversos instrumentos que buscan brindar protección jurídica a fin de fomentar políticas públicas acordes con su pleno desarrollo.
Como parte de este compromiso, el cuarto convenio de Ginebra, en 1949, solicitó a sus países miembros la protección civil durante conflictos armados, y muy especialmente a los niños, lo que dio paso a la Declaración de los Derechos del Niño diez años después.
A partir de esto, se han generado 24 documentos relativos a la protección del derecho de los menores de edad. México ha hecho eco de estas preocupaciones, las cuales se han consagrado en el artículo 4o de nuestra Constitución Política y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Actualmente nuestro país cuenta con 81 leyes locales en materia de protección a la niñez y adolescencia, así como de la creación de diversos organismos gubernamentales para dar atención a estos mandatos, labor a la que se ha sumado el sector académico y múltiples organismos de carácter no gubernamental, vigilantes y preocupados por el problema. Se trata entonces de establecer compromisos por hacer prevalecer el interés superior de la niñez y que ningún niño, niña o adolescente sea vulnerado en sus derechos humanos.
Sabemos que hay mucho por realizar, pues en nuestra sociedad cada día se presentan nuevos problemas a los que debemos hacer frente e incluso adelantarnos a aquellos que pueden presentarse, a efecto de propiciar un desarrollo óptimo en pro de estos menores de edad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que para 2010 existían 28 mil 107 menores de edad bajo el cuidado de instituciones de asistencia pública y privada en todo el país, cifra que dista mucho de la realidad imperante.
Sabemos de los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para proporcionar cuidados óptimos a los menores que se encuentran en situación de completa indefensión o de riesgo, sin embargo y lamentablemente, hemos conocido casos de abusos y violaciones a los derechos de la niñez, propiciadas por una legislación que permite la operación descoordinada de estos organismos y que en el pasado han propiciado también delitos en contra de estos menores.
A fin de establecer los lineamientos jurídicos para que la población de estas instituciones reciba los cuidados óptimos, con la presente iniciativa proponemos adicionar la fracción XXIV al artículo 27, recorriéndose las actuales de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de dirigir los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas encargadas de atender a menores de edad en situación de desamparo, con la visión de construir y vigilar la reglamentación adecuada aplicable en estos casos.
Lo anterior, debido a que actualmente no existe instancia gubernamental que supervise y vigile la actuación de las instituciones públicas y privadas de asistencia social que brindan servicios asistenciales o cuidados especiales a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o abandono.
De igual manera, proponemos la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión de las instituciones públicas y privadas de asistencia social, en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes, norma que considera la actualización de las reglas para atender a esta población mediante la construcción de un censo, estados de salud constantemente actualizados y rendición de cuentas oportuna ante la autoridad federal.
Con esta medida el Estado se asegurará que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños desamparados cumplan con las normas establecidas, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
La norma también prevé la suspensión definitiva en aquellas instituciones públicas y privadas que pongan en riesgo o hayan violado los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o afectados, criterio que se fundamenta en el principio de cero tolerancia a quienes atenten contra los grupos sociales más vulnerables. Esta medida evitará que se presenten casos extremos como la sustracción de menores e incluso la posibilidad de actuar rápidamente en la localización de un menor extraviado.
Con la obligación de actualizar constantemente los datos de estos menores y de reportarlos a la autoridad federal, sabremos el paradero de cada uno de estos menores a nivel nacional y hacer efectivo el derecho fundamental de protección a la niñez y juventud.
Compañeras y compañeros diputados, es una realidad la poca atención que hemos dado a los menores, que se encuentran en casas de atención por no contar con familiares e incluso a quienes no pueden estar en compañía de sus familiares por procesos legales.
Desde este grupo parlamentario reiteramos nuestro compromiso inalienable con la niñez mexicana, por lo que con nuestra propuesta pretendemos atender una necesidad, que para muchos es una triste y lamentable realidad.
No existe viabilidad de futuro como nación si no atendemos y protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes, por ello solicito, respetuosamente, su sensibilidad y apoyo para aprobar esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos de la Niñez, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputada Verónica Juárez? Sonido, por favor, a la curul de la diputada Juárez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. En principio, para felicitar a la diputada Lucila Garfias, por la presentación de esta iniciativa. Me parece que efectivamente tenemos una deuda pendiente con las niñas y niños que se encuentran en distintos lugares, tanto de la asistencia pública como de la asistencia privada.
Felicitarla y comprometernos para hacer efectivo el derecho de las niñas y niños que se encuentran en estas circunstancias. Y preguntarle si me permitiría acompañarla para suscribir esta iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Diputada Garfias?
La diputada Lucila Garfías Gutiérrez (desde la curul): Sí.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aquí queda a su disposición, diputada, para su firma, gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Carreño, a sus órdenes.
El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): Presidenta, con el propósito de solicitar, para que si está de acuerdo también, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables pudiera participar, aunque fuera con voz, como opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En virtud de que usted no es el presidente de dicha comisión, si puede mandar, por favor, la solicitud por escrito aquí a la Mesa.
La diputada Adriana Hernández Iñiguez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputada Hernández. Sonido, por favor, a la curul de la diputada.
La diputada Adriana Hernández Iñiguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, solicitar lo que acaba de pedir el compañero, que se turne a nuestra comisión para opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto, diputada. Diputado, su solicitud, a través de la presidenta ya quedó. Se turna para opinión.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, desde hace más de cinco décadas la construcción de carreteras ha sido un factor fundamental en el desarrollo económico, político y cultural de nuestro país, incentivando de esta manera la construcción de infraestructura educativa, hidráulica, agrícola y de salud, permitiendo integrar y comunicar a todas las regiones de la República Mexicana.
En México la red de autopistas se encuentra operada por Caminos y Puentes Federales, Capufe, organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas.
Este organismo opera un total de tres tipos de redes carreteras, las cuales se mencionan a continuación. La primera es la red propia, la cual se refiere a las autopistas de más antigüedad y por tanto, a las más consolidadas en México. La segunda es la red privada, que consiste en las autopistas concesionadas a particulares y/o a los gobiernos estatales.
Y la tercera, el Fonadin, son las autopistas de la red adscrita al entonces fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, por sus siglas, FARAC, hoy llamado, Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin. Las cuales estaban concesionadas a particulares o gobiernos estatales y que después de un quebranto económico pasaron a la administración de dicho fideicomiso creado por el gobierno.
La Ley Federal de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 5 estipula que es jurisdicción federal todo lo relacionado con caminos y puentes, así como que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que pueda desarrollar, entre otras atribuciones, la planeación, formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.
Sin embargo, la construcción de algunas carreteras ha traído aparejada al desarrollo una carga económica a los habitantes y a algunos estados de la República. Ponemos un ejemplo entre los muchos que podríamos citar y es el caso de la carretera federal 45, en su tramo Chihuahua-Ciudad Juárez, perteneciente a la carretera Panamericana, la cual fue modificada para agregar una segunda calzada y mediante ese expediente se obliga a los viajeros a pagar un peaje por una de las principales carreteras federales, sin que exista opción de evitar el pago de la cuota.
Si bien es cierto que la construcción de estas vías de comunicación son importantes para el desarrollo del país –por el hecho de que con ellas se logra una mejora en el traslado de las personas, así como tener un mejor y más rápido desarrollo comercial y turístico– también es cierto que a lo largo y ancho de las carreteras federales, de las cuales se desprenden las autopistas de cuota, operada por los concesionarios particulares y estatales, éstas no han traído en muchas ocasiones un beneficio directo a la economía de las personas que viven en municipios, que cuentan con una caseta de cobro.
Según estudios realizados en otros países, sobre el costo por kilómetros de las cuotas en su infraestructura carretera, revelan que las cuotas aplicadas en las plazas de cobro de México son de las más caras del mundo. Actualmente el precio promedio por kilómetro en el país es de aproximadamente 1.46 pesos.
Sin embargo, en países como Estados Unidos el costo promedio por kilómetro es de apenas 48 centavos, en Chile de sólo 38 centavos, en España el costo es de 1.21 pesos y en Francia de 1.36 pesos, según el último estudio realizado sobre costos de peaje por parte de la Comisión de Transportes de la Cámara de Senadores.
Este estudio señala que nuestro país ocupa el segundo lugar en lo que se refiere a kilómetros de carretera concesionada, con aproximadamente 6 mil kilómetros, sólo por debajo de Argentina, la cual tiene aproximadamente 10 mil kilómetros concesionados, aunque con un costo inferior hasta en 16 veces en comparación con el nuestro.
Como mencioné, la gran mayoría de estas vías atraviesan comunidades donde el ingreso per cápita por día no supera el salario mínimo y muchas de ellas, al ser comunidades pequeñas, no cuentan con lo básico.
Por ello, sus habitantes tienen la necesidad de trasladarse a las grandes ciudades para trabajar y satisfacer necesidades tan vitales como la de salud y la alimentaria, poniendo en grave riesgo la economía de estas familias, que son obligadas a pagar una cuota de peaje, la cual siempre o casi siempre es excesiva.
Como ejemplo tenemos el caso de los habitantes del municipio de Tonalá, Jalisco, en donde la concesionaria instaló varios puntos de cobro para poder ingresar a la red principal, en donde una familia con promedio de cuatro miembros llega a pagar hasta mil 920 pesos mensuales por el simple hecho de ir y venir al lugar donde realiza sus principales actividades.
Esto inclusive ya cobró la detención de una persona, quien en su derecho de manifestar esta inconformidad el año pasado fue detenida por la PGR al ser acusada por la empresa concesionaria de obstruir las vías públicas.
Gracias al apoyo del gobierno municipal de ese lugar salió libre bajo fianza, pero esta acción lo único que genera es inconformidad, impotencia y hasta abandono de sus bienes inmuebles al ser muy caro el tránsito por esta vía, entre otras.
Si bien es cierto que existe un programa de residentes que opera en este punto y en otros 22 puntos del país, esto no garantiza el descuento para todos, ya que existe una comisión que se encarga de determinar quién es beneficiario del programa y quién no.
Por estos motivos, y con esto concluyo, y considerando el esfuerzo económico que los mexicanos y las mexicanas hacen para transitar por las carreteras de la República y a fin de que a todos los habitantes del municipio que cuenten con una plaza de cobro se les realice el 70 por ciento de descuento y esto con el único objetivo de hacer más ligera la carga económica de estas regiones, presentamos por estos motivos esta iniciativa.
Pedimos que quede íntegra, asentada en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara. Por su atención, diputadas, diputados, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenos días. Con su permiso, presidenta. Para presentar iniciativa de ley con proyecto de decreto para adicionar un artículo 388 Bis a la Ley Federal del Trabajo, en general para suprimir los denominados Contratos de Protección.
La historia pone ante nosotros, los primeros y desastrosos resultados de la contrarreforma laboral nacida de la mal llamada Reforma iniciativa preferente: despidos de trabajadores para recontratarlos bajo las nuevas formas flexibilizadoras, incremento del desempleo, aumento del empleo precario, mayor violencia en las empresas contra los trabajadores y de parte de las autoridades contra los sindicatos independientes, bajo la forma de “actos legales” –entre comillas– por citar algunas. Por lo que urge, impulsar los cambios necesarios para rescatar los derechos y la dignidad de la mayoría de los mexicanos.
En materia de relaciones individuales de trabajo, una de las técnicas jurídicas neoliberales más empleadas para el fraude de los derechos de los trabajadores es la subcontratación u outsourcing. Y bien, por su importancia, el equivalente jurídico en el terreno de las relaciones colectivas de trabajo son los denominados Contratos colectivos de protección patronal, instrumento que permite anular los derechos a la sindicalización, la contratación colectiva y la huelga; y, en consecuencia, impide que los derechos colectivos se usen para mejorar las condiciones laborales en bien de la clase trabajadora, incluidas las relativas a la salud y prevención de riesgos de trabajo. Son contratos para la protección de lo patronal y la desprotección total de los trabajadores, anulando en los hechos gran parte de los derechos humanos sociales.
Esta infamia jurídica se ha extendido como peste en el mundo del trabajo, al grado de que representan más del 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo, con enormes ganancias para los integrantes de esta verdadera mafia, que agrede a los trabajadores.
Es evidente que esta maquinación contra los trabajadores no podría existir sin la corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje federal y locales y en general de las autoridades laborales.
Pero el problema va más allá, pues responde a una verdadera política de Estado para mantener bajo control no sólo laboral y económico, sino político, a los que viven de su trabajo.
Evidentemente este estado de cosas acaba revirtiéndose contra sus impulsores, ya que la acumulación monstruosa de la riqueza nacional en unas cuantas manos está construyendo una nueva etapa de capital en manos muertas, que constituye un freno insuperable para acabar con el estancamiento nacional que se da no sólo en el campo económico.
La recuperación de nuestro país pasa necesariamente por el impulso a la sindicalización de los trabajadores y concretamente por la veracidad de tal sindicalización libre y autónoma de manera que se ponga fin a los contratos de protección, permitiendo una justa distribución de la riqueza, mejores niveles en la alimentación, vivienda, vestido, educación, cultura del grueso de la población, tal y como sucedió en el marco del gobierno Cardenista y de la gran depresión iniciada en el año de 1929, por lo que proponemos adición de un segundo párrafo al artículo 386 y un artículo 1004 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
Los colectivos de protección, al celebrarse sin la voluntad real de los trabajadores para afectar sus derechos colectivos de trabajo, implica que estamos en presencia de un contrato viciado de origen incluso en el marco del derecho común, con mayor razón en el ámbito del derecho laboral de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo y la fracción 27 del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Federal, razón por la cual debe conceptuarse que los contratos de protección son nulos de pleno derecho, por lo que éstos no deben ser obstáculo para la celebración de contratos colectivos auténticos debiéndose presumir sin prueba, en contrario, que son contratos fraudulentos cuando durante dos o más años no hayan sido sometidos a revisión; cuando su contenido sea una reproducción de las condiciones de trabajo mínimas previstas en la Ley Federal del Trabajo, entre otras.
En complemento de lo anterior, debe crearse un tipo penal contra los que de esta manera se burlan de manera grotesca de los derechos humanos sociales de los trabajadores que en afectación de su derecho al bienestar, a su dignidad, a su libertad y muchas veces en perjuicio de su salud y vida, lo que debe incluir una fuerte sanción económica para que les sea redituable este sucio negocio.
Se propone adicionar en este artículo 386: Los contratos colectivos de protección patronal son nulos de pleno derecho, conceptuándose como tales y sin admitir prueba en contrario, aquellos contratos que durante dos años consecutivos o más no sean revisados.
Voy a solicitar que se incluya de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y concluyo con lo correspondiente al artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud correspondiente que deberá reunir los siguientes requisitos que se enumeran y son de un total de cinco con los incisos correspondientes:
Mediante el voto decidir sus direcciones; mediante el voto libre, directo y secreto, los trabajadores podrán elegir entre los sindicatos solicitantes a manifestar su oposición a la celebración de contrato colectivo de trabajo.
En el artículo 1004, a la persona que participe en la celebración, registro, administración o cualquier otro acto relativo o un contrato colectivo de protección patronal, se le impondrá prisión de 3 a 20 años y multa de 5 mil a 500 mil veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992.
En los transitorios, el primero, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación, y como segundo, no procederá el ejercicio de la acción penal o el Ministerio Público deberá desistirse de ésta respecto a las personas que sean probables responsables en el delito previsto, y termino, presidenta, en el artículo 104 Bis de esta ley y denuncien o acepten ante las juntas de conciliación y arbitraje federal o locales, según corresponda, la existencia del contrato colectivo de protección patronal y celebren y depositen ante aquellas en sustitución de tal contrato fraudulento un contrato colectivo en apego a derecho. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Astudillo Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 155 Bis, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros legisladores, hemos sido testigos de los grandes avances parlamentarios que hemos tenido sin precedente en nuestra historia reciente en esta Legislatura.
Tiene que ver, por supuesto, en ser parte del pacto fundante del nuevo Estado democrático que nos demanda nuestro país.
Un rumbo que dé certeza, que vislumbremos el pasado y que por supuesto lo aterricemos en el presente. La iniciativa que presento con nuestro coordinador, el diputado Arturo Escobar y Vega, tiene que ver con el tema de atender las necesidades de muchas familias mexicanas que así nos lo han demandado. Me refiero en el tema de medio ambiente; estamos proponiendo adicionar un artículo el 155 Bis a la ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Como hemos visto y dado muestras de esta comisión, en sesiones pasadas, en las cuales se han votado los acuerdos por unanimidad y me parece que en el momento que se analice en dicha comisión, ésta no será la excepción.
Hemos trabajado en lo que tiene que ver con la contaminación del aire, con la contaminación del agua y con la contaminación del suelo.
La siguiente iniciativa que presento tiene que ver con la contaminación acústica. Esta contaminación que si bien es cierto no se acumula en la atmósfera como se puede acumular la contaminación al aire, es una contaminación que se ha probado desde los años 90s cuando el Libro Verde agarró una fuerza prioritaria a nivel mundial, en el que tiene que ver con la salud de los seres humanos, me refiero al tema fisiológico, psicológico y que muchas veces tiene que ver también con la destrucción del tejido social que se vive en nuestras colonias, en los barrios, en las comunidades, en los municipios de nuestro país.
Los puntos a los cuales se refiere este artículo son muy concretos: integrar y mantener un mapa de fuentes emisoras de ruido en las distintas áreas, zonas y regiones del territorio nacional. Formular y aplicar programas en el ámbito municipal y estatal, coordinados para la reducción y contaminación acústica generadas por el ruido de los seres humanos.
Promover también, en coordinación con los estados y el Distrito Federal, el establecimiento de los programas y sistemas de monitoreo de niveles de contaminación acústica o por ruido para que podamos generar un protocolo único en la detección adecuada y en su momento se puedan resarcir los daños que se pudiesen producir a mediano y largo plazos en lo que tiene que ver con la tranquilidad, generar menos molestia en el ámbito vecinal y que podamos buscar llegar a una legislación en lo que tiene que ver con la contaminación acústica. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Luis Alberto Villarreal García y Consuelo Argüelles Loya, de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputada Presidenta. hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma constitucional al artículo 16 de nuestra Constitución, iniciativa que está suscrita por mi coordinador el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Villarreal, por nuestra compañera Sanjuana Cerda, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y por nuestro compañero Arturo Escobar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como por un servidor y la diputada Consuelo Argüelles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La propuesta que sometemos a consideración de la comisión correspondiente, una vez que sea turnada por esta Mesa Directiva, consiste en lo siguiente.
Un tema que para toda la comunidad, para el país, es muy sensible es la figura del arraigo. Podremos analizarlo el propio día de hoy, cuando hay declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde solicita respetuosamente que se analice la figura del arraigo.
Esta propuesta presentada por coordinadores de cuatro grupos parlamentarios lleva como fin, principalmente, matizar y ponerle orden y control a la figura del arraigo. Como es de todos ustedes conocido, nuestra Constitución en su artículo 16 prevé actualmente 40 días para la emisión por parte de la autoridad judicial y decretar un arraigo, mismo que se puede ampliar por un período igual de 40 días. En consecuencia, hay un máximo de 80 días naturales.
Esta propuesta contiene principalmente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos del país. ¿Por qué? Porque no sólo reduce al 50 por ciento los términos del arraigo; es decir, no sólo reduce a la mitad la posibilidad de que la autoridad judicial decrete un arraigo fijando como límite 20 días más; una ampliación de 20 días sólo en los casos de delitos de delincuencia organizada o delitos graves toda vez que hay procedimiento o hay estados del país en los que sigue operando la figura de delito grave dado que no ha iniciado el procedimiento adversarial en su totalidad.
Pero a su vez se fijan requisitos muy puntuales de cuándo debe otorgarse esta figura, y es: existencia de indicios suficientes que vinculen a los inculpados con delitos de delincuencia organizada, que siempre con el establecimiento de la medida se provea de mayores elementos a la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia.
Todo esto eleva el estándar probatorio que la autoridad investigadora debe presentar al juez antes de que decrete la medida correspondiente.
Por otro lado, se señala de manera muy clara la intervención de los organismos protectores de los derechos humanos. Es decir, se eleva a rango constitucional dentro del propio 16, dentro del propio párrafo octavo, que regula la materia del arraigo, que los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, Apartado B de esta Constitución, podrán revisar la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ello.
Esto ya no va a ser a interpretación de la autoridad investigadora o de la autoridad ejecutiva. Es obligación el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la medida conducente.
Y, por otro lado, se incorpora una nueva figura en el artículo 16 constitucional. Como es de todos ustedes conocido, cuando hay la detención de una persona, en los casos de delitos graves o de prisión preventivo oficiosa o de delincuencia organizada, se tienen 48 horas antes de ser consignado a la autoridad judicial. Ese plazo constitucionalmente puede ampliarse por 48 horas más. Es decir, dos días más en los casos de delincuencia organizada.
¿Qué es lo que se propone? Que con autorización de la autoridad judicial, sólo por autorización de la autoridad judicial, ese plazo se puede ampliar de retención por parte del Ministerio Público, tres días, es decir 72 horas. Esto con la finalidad de que la autoridad investigadora tenga la posibilidad de integrar debidamente la averiguación y evite con ello tener que solicitar la medida del arraigo para integrarla adecuadamente sobre todo en aquellos delitos graves y especiales, como es la trata de personas, como son los delitos de pornografía infantil, como son los delitos de índole financiero, en los que se requiere un ejercicio de manera distinta.
Eso es lo que el día de hoy someto a consideración de esta Mesa Directiva para que sea turnada a la Comisión correspondiente, a fin de que a la brevedad tengamos un dictamen a ser visto, analizado, debatido y discutido en esta tribuna del Congreso. Muchísimas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVII Bis, al artículo 8o, y una fracción XV al artículo 20, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 343 A, 343 C, 343 D y 343 E, de la Ley Federal del Trabajo
Con proyecto de decreto que reforma la fracción II, del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 9, 10, 11 y 14, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que ratifica la Estrategia Nacional de Energía.
Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La escucho, diputada Juárez, doña Verónica Juárez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Preguntarle si la iniciativa que ha presentado el diputado de la Garza, a quien acabamos de escuchar podrá ser suscrita, siempre y cuando si así nos lo permite quien lo ha exteriorizado, y si lo podríamos hacer los diputados que estemos de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Me dice el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza que nada le daría más gusto que usted lo acompañe en su iniciativa. Usted y quien desee, aquí la Secretaría pondrá a su disposición el ocurso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Energía, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Energía se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto...
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Sí? Don Juan Bueno Torio.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Solicitándole, como éste es un asunto tan importante para el país y de gran relevancia en la discusión, le solicitaría, que tenga usted a bien, otorgar los posicionamientos en este tema, por parte de los partidos, hasta por diez minutos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Petición obsequiada, señor diputado Bueno Torio.
Tiene el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, el diputado Williams Ochoa Gallegos, chapaneco, por diez minutos, todos.
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Con su anuencia, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted la tiene.
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Señoras legisladoras, señores legisladores, a nombre de la Comisión de Energía me presento ante el pleno de esta soberanía, para dar cuenta del trabajo que hemos desarrollado a fin de examinar y debatir la Estrategia Nacional de Energía 2013-2017, presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal a este cuerpo legislativo.
El dictamen que aprobamos en comisión, considera que esta estrategia otorga plena certeza del programa que el gobierno federal pretende implementar, a fin de reorientar los objetivos y metas con plena claridad de intenciones en la conducción de las políticas públicas en la materia.
Esta visión es un eje rector sobre el que descansa el futuro de las energías del país, que proyecta establecer exactas estrategias que se traducirán en planes concretos cuyo objetivo sea el crecimiento y desarrollo económico para la nación.
Hemos realizado nuestra labor parlamentaria con plena responsabilidad, consciente de que el presente dictamen da sustento a un documento que será de referencia estratégica para la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas del sector de energía, que definirá en gran medida el presente y futuro energético del país.
Reconocemos también el valor de las aportaciones realizadas por los diversos especialistas del sector energético que contribuyeron invaluablemente en el foro organizado por el Consejo Nacional de Energía, pues esta estrategia constituye un instrumento fundamental para el análisis de éste, a partir del cual se coordina y orienta la actuación del sector.
La Estrategia Nacional de Energía no solamente cumple con el mandato establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sino que es consistente con otras disposiciones legales, como la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que cumplirá con la meta estratégica de reducir, en un 30 por ciento, las emisiones del carbono para el año 2020.
El respeto al medio ambiente es un eje transversal de este planteamiento gubernamental, lo cual es un exacto compromiso con nuestro entorno, que se vuelve en observancia indispensable para la responsabilidad con el futuro.
La instalación de las bases de un mejor sector es inaplazable. Por ello, este documento tiene el principal propósito de generar acciones precisas y específicas para modernizar a esta industria que se encuentra apremiante de mejores planes y proyectos.
En particular, la estrategia energética a través de aumentar la tasa de restitución de reservas de hidrocarburos y mantener un nivel de producción que fortalezca, en primer lugar, nuestro desarrollo nacional, el sistema de refinación, procesamiento y generación de combustibles.
Asimismo, requerimos modernizar nuestros sistemas de transporte, almacenamiento, distribución de combustibles, además de nuestros sistemas de transmisión y distribución de electricidad.
De manera paralela, como país debemos dirigirnos hacia el aprovechamiento de fuentes renovables y tecnologías limpias para generar electricidad, de manera que reduzcamos la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria. Es necesario comentar que todo lo anterior estará evaluado por indicadores de medición para determinar los resultados concretos alcanzados periódicamente.
Esta estrategia es también un llamado urgente a la acción ante el reconocimiento de tendencias que no ignoramos, pero que es necesario tener muy presentes en esta discusión, ya que como advierte el documento, durante la última década se ha observado un crecimiento anual promedio del consumo energético final, que resulta superior al observado en el producto interno bruto del país.
En términos generales acusamos un desbalance energético que resulta insostenible a mediano y largo plazo y amenaza el crecimiento económico y la seguridad energética, así como al sustentabilidad del medio ambiente.
Si no se revierten las tendencias actuales de producción y consumo de energía, en las cuales México ya resulta un importador neto de gasolinas, diesel, turbosina, gas natural, gas licuado y petroquímicos para el 2020, el país será estructuralmente deficitario de energía y los ingresos presupuestales del sector público, provenientes del petróleo, que ahora representan un tercio de los ingresos totales podrían disminuir de manera significativa.
Se busca diversificar de manera prioritaria la actual dependencia de una sola fuente de energía, como lo es el petróleo, para blindarnos de impactos derivados de la volatilidad en los precios de los combustibles o riesgos en el suministro de la escasez de los mismos.
En congruencia con esta política de diversificación de las fuentes de abastecimiento energético, una medida que me permito destacar y que se plantea en el capítulo de transición energética, es desarrollar en el corto plazo los recursos de aceite o gas de lutita, el llamado Shale gas, para que funja como el combustible de transición que diversifique la matriz de consumo energético mientras se desarrollan otras tecnologías limpias, con costos más competitivos y por lo cual urge diseñar un modelo de negocio adecuado para la producción de este recurso en el mediano plazo, así como desarrollar el amplio potencial en materia de energías renovables.
Preservar y aprovechar la pluralidad de ideas en nuestro sistema político democrático requiere del diálogo permanente entre los actores políticos para alcanzar acuerdos que nos permitan tener un país con mayor crecimiento, paz y justicia, en el beneficio de la población. Así lo hemos hecho en esta comisión y así lo seguiremos haciendo por el bien del país.
Por esta razón esta comisión acordó incluir en el presente dictamen las observaciones realizadas por distintos legisladores, integrantes de la misma, para que el Ejecutivo federal por conducto del área responsable las precise o aclare y esté en posibilidad de integrarlas en lo procedente en el documento de la siguiente Estrategia Nacional de Energía, que pretende la aprobación del Congreso de la Unión.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, se pone a su consideración esta estrategia. Y solicitamos su aprobación, ya que tiene una visión de largo plazo con una perspectiva moderna y responsable. Sin más miramientos que el beneficio de la nación nos expresamos convencidos de que la transformación y la modernidad deben anidar en las políticas públicas de este sector fundamental de la economía nacional.
Este esfuerzo se inscribirá en definitiva como el referente de las futuras discusiones de lo que serán la modificaciones normativas que se esperan para ser viables todos los planos inscritos en esta estrategia. Se trata de abordar con plena objetividad el presente y futuro energético del país sin causar sobresaltos, pero con un claro sentido de urgencia y de responsabilidad colectiva.
Con este ánimo hemos desarrollado nuestro trabajo de análisis y deliberación de la Comisión de Energía, y aprobado su contenido para presentarlo ante esta soberanía, solicitando su validación por el pleno de la Cámara de Diputados. Está a su consideración. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí está a la consideración del pleno. En virtud de la naturaleza jurídica del documento que tenemos a la vista la discusión será en lo general y en lo particular en un solo acto.
Vamos a darles el uso de la palabra a representantes de los grupos parlamentarios e inmediatamente después van a hablar tres oradores en contra, y se cierra la lista de oradores. Tiene el uso de la voz la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a alumnos y personal docente de la DGETI de San Miguel Mixtepec, Oaxaca, invitados por nuestra muy querida amiga, la diputada doña Eufrosina Cruz Mendoza.
Y a personas de la colonia La Florida, de Ciudad Azteca, del municipio de Ecatepec, estado de México, invitadas por doña Norma Ponce Orozco, también muy apreciable diputada.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, como grupo parlamentario reconocemos que nuestro país demanda el necesario establecimiento de las condiciones de sostenibilidad adecuadas a los tiempos, retos y contextos actuales. Y para ello impulsamos leyes, ordenamientos, políticas públicas, que fomentan en la nación las respuestas a estas demandas, con plena responsabilidad ante los mexicanos, en concordancia con una visión global de un medio ambiente sano y en equilibrio en el uso de sus recursos naturales, renovables y fósiles.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyamos la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 presentada por el Poder Ejecutivo, la cual establece que a partir de un diagnóstico preciso, el futuro energético y ambiental a largo plazo para el país.
Tal vez algunas voces inconformes se alcen hoy demandando acciones concretas y metas específicas, más allá de las establecidas para finales de 2018, 2024 o 2027; sin embargo, el documento sectorial que hoy se somete a la ratificación de esta honorable asamblea es un obligado referente de planeación estratégica y como tal nos brinda un conjunto de políticas públicas, flexibles y ordenadas, con el propósito que el siguiente paso de esta planeación, el obligado programa sectorial, defina en sus propósitos y objetivos las acciones para alcanzar las metas energéticas en el marco referencial que propone.
Esta estrategia ofrece una visión acertada del sector, reconociendo que un escenario inercial convertirá a México en un importador neto de energía para el 2020 y que más allá de definir políticas públicas obsoletas, la atención del presente y futura demanda de energéticos del país deberá abordarse de manera integral bajo criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y ambiental, así como de seguridad energética aportando grandes beneficios en términos de calidad de vida e inclusión social.
Con este encuadre, las directrices estratégicas de política energética nacional reconocen la existencia de una clara correlación entre la actividad económica y la demanda energética, en la cual el crecimiento del PIB nacional en 2011 fue inferior al 4 por ciento y la demanda de energéticos creció en una tasa superior del 6 por ciento, mediante el suministro de agua potable, iluminación eficiente, calefacción, cocción de alimentos, refrigeración, transporte, telecomunicaciones.
La energía tiene como efectos de derivar una mejor educación, salud, seguridad, igualdad de género y sostenibilidad del entorno y del medio ambiente; sin embargo, también se reconoce que aún tenemos un déficit en la atención de este derecho social, pues aun cuando en la cobertura es cercana al 98 por ciento, existen algunas localidades que se encuentran rezagadas en el acceso a la electricidad, principalmente como consecuencia de su dispersión y requieren de este servicio para mejorar su calidad de vida.
Retos como éstos, así como el de mantener la reposición de reservas probadas de petróleo a un rango superior de 100 por ciento, a la necesaria transformación del alcance y funciones de los organismos reguladores son parte fundamental de la estrategia que hoy discutimos.
Con esa flexibilidad que permea el documento, se reconoce que existen aspectos legales de transición energética y de mitigación como las incluidas en las Leyes de Cambio Climático y Energía Renovable, que deberán ser abordadas con suma responsabilidad a efecto de brindar las condiciones de certeza jurídica y de competitividad que demanda el país, en donde la sociedad e inversionistas privados tendrán una activa participación en estas deliberaciones.
La sostenibilidad energética es abordada de manera integral, analizando las condiciones presentes y la prospectiva de desarrollo y uso de energías renovables, con el propósito de que el país pueda transitar los próximos años hacia una matriz energética de bajo carbono en una forma eficiente.
Con ello se promueve el tránsito hacia una economía con una menor huella de carbono cuya electricidad, factor importante de crecimiento, sea generada en un 35 por ciento por el uso de energías limpias para el año 2024.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabe y reconoce, en concordancia con la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, que aún falta mucho por hacer como el resolver importantes ineficiencias en los patrones de consumo, de energía en México y en la política de subsidios generalizados que no contribuyen a la adopción de su uso racional eficiente y ecológico.
Sin embargo, reconocemos la importancia de una visión y metas a largo plazo como las manifiesta esta estrategia y en este sentido votaremos por su ratificación, porque estamos convencidos que un uso responsable y sostenible de la energía contribuye al desarrollo y fortalecimiento económico de los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don José Alberto Benavides Castañeda, del PT.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con la venia de la Presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. En el análisis de la Estrategia Nacional de Energía que aprobó el Senado a propuesta del Ejecutivo deben de tomarse en cuenta varias consideraciones.
La estrategia presentada no contiene un diagnóstico profundo del sector y no define claramente una política para lograr nuestra independencia energética. No se especifican las ineficiencias existentes las cuales son muchas y es necesario identificarlas para que, a partir de esto, se planteen las propuestas que contribuyan al mejor funcionamiento del sector energético.
Lo que más destaca sin duda, de toda la estrategia, es la clara intención de incorporar la inversión privada suplantando a Pemex y CFE para transferir la renta energética de la nación.
En el documento se manifiesta la intención de definir incentivos para facilitar el establecimiento o ampliación de infraestructura energética siempre y cuando el bienestar social y la presencia de externalidades lo justifiquen; pero habría que aclarar para quién irían dirigidas estas externalidades sobre todo qué se entiende por bienestar social, ya que hemos visto en los años recientes por parte de anteriores gobiernos, que existe un concepto muy distorsionado de beneficio social.
Sin duda el PT está a favor de la inclusión social en el sector energético, sierre y cuando estos objetivos centrales se cumplan a través de medidas que respeten la soberanía y la repartición justa y equitativa de los beneficios sociales.
La Estrategia Nacional de Energía incluye descripciones que consideramos se quedan muy cortas y carecen de un detalle técnico que provea una referencia que ayude a ubicar el avance de acuerdo a los objetivos planteados, al mismo tiempo que reduce la responsabilidad del gobierno federal en aspectos clave, delegando esto en algunos casos, a autoridades locales.
En el tema del Sistema de Transporte de Energéticos, la evaluación hecha por el gobierno indica la presencia de signos de obsolescencia, capacidad insuficiente, problemas de integridad física y en general, que se cuenta con pocas rutas de transporte.
Es evidente que los proyectos del sexenio anterior fueron fallidos en este tema y sobre todo carecieron de transparencia.
En lo correspondiente a transporte de energéticos, podemos decir que ésta es un área relativa abierta a la iniciativa privada y no ha demostrado las señales de eficiencia que tanto se espera que sucedan, poniendo en claro que la privatización en sí misma no genera eficiencia ni solución a los problemas del sector.
No se menciona ninguna línea de acción referente a la investigación en tecnologías que hagan más eficiente el consumo. Se menciona la promoción como un eje principal que consideramos no es suficiente.
Es necesaria la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, lo cual se excluye en la estrategia, contradiciendo una casuística natural del progreso.
Es necesario ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas, pero no a través de una participación del sector privado en el suministro de energía, ya que de ser así los intereses del capital estarían siempre por encima del interés social en un sector de la población sumamente vulnerable.
Se destaca en el documento el poder potencial del gas natural y en cómo ha cambiado el sector de hidrocarburos, dirigiéndose cada vez más a este sector y aun así se decide no invertir, decidiendo importarlo de Estados Unidos para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda.
Por otro lado se pretende dar apertura al sector privado para la explotación y que éste sea quien se lleve los beneficios, justificando que no es un sector entable, cuando es evidente que sí lo es, porque si no fuera rentable, simplemente nadie lo produciría.
No llevemos al sector de gas natural a donde se ha llevado el sector de las gasolinas, siendo México actualmente un importador neto, limitando los beneficios obtenidos que se pueden tener de la refinación con producción nacional.
Es indudable la importancia de llevar a cabo proyectos de nuevas refinerías, como se menciona en el documento, tal y como es el caso de la que se pretende construir en Tula. Pemex Refinación ha hablado de las estimaciones acerca del inicio de operaciones, las cuales se prevé que sean para el 2017, lo cual ya es mérito de duda, dado que lo único que se hizo en todo el sexenio anterior fue poner una barda alrededor del terreno.
El PT votará en contra del dictamen a esta minuta porque no respeta la soberanía del país, pretendiendo ofrecer a los ricos y poderosos los recursos naturales de la nación, sustituyendo inversión pública con inversión privada, justificando que la eficiencia se garantiza sólo por el hecho de las incursiones de privados en el sector, cosa que es una rotunda falacia.
Además de todo esto, se incurre en la falta de definición de cómo alcanzar los objetivos generales, mitiga el desarrollo científico y tecnológico y no especifica en los esquemas organizacionales que se pretende imponer, entre otros. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, tiene usted el uso de la voz por diez minutos.
Esta Presidencia anuncia que el debate se va a regir luego de la fijación de los grupos parlamentarios, estrictamente por el Apartado Octavo del artículo 104.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero Presidente, compañeras y compañeros diputados: la estrategia nacional de energía que se presenta para su ratificación expone que del año 2000 al 2011 el consumo de energía del país ha crecido en promedio anual 2.08 por ciento, mientras que la producción de energía primaria ha disminuido 0.3 por ciento al año.
En lo que se refiere al petróleo, después de alcanzar una producción máxima en 2004, ésta ha decaído casi 25 por ciento hasta ubicarse en 2.5 millones de barriles diarios. Como consecuencia de seguir con las tendencias observadas hasta el momento, México se convertirá para el año 2020 en un país estructuralmente deficitario en el ramo energético.
Es por ello que se requiere una estrategia inteligente, nacionalista, productiva y económicamente viable. La estrategia que hoy se presenta resulta insuficiente ante los retos estructurales del sector y ante un futuro cada vez más cercano.
Cómo puede utilizar como parámetro el crecimiento del producto interno bruto cuando el gobierno enfrenta al corto plazo condiciones poco favorables que han desembocado en un crecimiento estimado del 3.5 por ciento, lo que permitirá crear en este año, en el mejor de los casos, 600 mil empleos, muy por debajo de la demanda nacional.
Los casos exitosos de fortalecimiento de la industria del sector en el mundo se basan en empresas públicas manejadas correctamente por el Estado a través de un régimen contable y presupuestal donde la lógica que se sigue es que siempre, cuando la inversión sea rentable, como lo es en este rubro, no se considere como parte del déficit público, porque la inversión en este sector no es un gasto, ya que genera ingresos directos en el futuro inmediato. Con esto se evita el falso dilema entre destinar los ingresos al gasto social o la inversión productiva.
Asimismo, esta estrategia permite el desarrollo eficiente sin la necesidad de caer en esquemas de privatización. Sin embargo esta opción no se contempla en el documento que no quiso venir aquí a discutir el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ¿por qué? Se trata acaso de forzar la participación privada en el capital para buscar después una eventual privatización total, como fue el caso de la banca.
La prueba de esto, compañeras y compañeros diputados, es la omisión en el documento de medidas que busquen el fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas de Petróleos Mexicanos.
Como se observa, se va a continuar disminuyendo el valor de la paraestatal de forma deliberada para posteriormente venderla por partes a precios ridículos.
Por esta razón, de ninguna manera podemos estar a favor de un plan, de una estrategia que representa la avanzada privatizadora del sector energético. Las intenciones privatizadoras del actual gobierno que se ha dedicado a vender por el mundo la industria más importante del país, la esconden retóricamente en conceptos como alianzas estratégicas, asociaciones comerciales, desincorporación, modernización, reestructuración. Trampas semánticas, eufemismos con el cual buscan esconder lo evidente. Una privatización abierta o disfrazada de Petróleos Mexicanos.
Los casos en que se han generado asociaciones privadas han desembocado en fraudes, en satisfacción de intereses particulares en detrimento del interés público. Un caso emblemático, tristemente emblemático es el caso de Mexicana de Lubricantes. Esta empresa, o mejor dicho Pemex cuando tenía esta actividad comercializaba cerca de 300 millones de litros de lubricantes, con un ingreso bruto cercano a 360 millones de dólares. Desde que se dio la asociación con Impulsora Jalisciense, que es el socio privado de Pemex, que tiene el 51 por ciento, durante los 15 años de asociación se han acumulado pérdidas por casi 3 mil 400 millones de dólares.
Además de esto, en forma escandalosa el anterior director de Petróleos Mexicanos, Suárez Coppel, en septiembre del año pasado autorizaron un convenio donde le perdonan a Impulsora Jalisciense una serie de demandas penales, mercantiles, laborales e incluso denuncias penales de administración fraudulenta en contra de su director general y presidente del Consejo de Administración.
Con una ligereza, en un documento que firma el apoderado legal de Petróleos Mexicanos, hacen un borrón y cuenta nueva de todos los desfalcos de Mexicana de Lubricantes, por eso preguntaríamos qué ventajas tiene para el interés público este tipo de asociaciones, que solamente reditúan contubernio, tráfico de influencias y corrupción con el argumento de que se van a traer inversiones privadas.
Si esto de Mexicana de Lubricantes es una parte muy mínima del sector, imagínense ustedes qué negocios hay detrás de la privatización de Petróleos Mexicanos, una privatización que ya empieza a hacerse de manera parcial en asociaciones y en operaciones, como la de Pemex con Mexichem, en el tema de Pajaritos. Por eso este tema no puede verse con superficialidad, por eso nosotros planteábamos que hubiera un debate más amplio, todavía había días, pero finalmente hay prisa por sacarlo.
La Estrategia presentada por el Ejecutivo está planteando también el aumento gradual de tarifas y combustibles, como ya se viene haciendo con los cruentos gasolinazos, esto con el pretexto de disminuir subsidios indiscriminados, como se señala en la Estrategia Nacional de Energía.
Imaginen ustedes, que al aumento mensual de los combustibles, los gasolinazos, se sumen aumentos a las tarifas eléctricas y lo que ya anuncian, de pretender gravar con IVA los alimentos y medicinas.
¿Adónde va a llegar la economía popular? ¿Adónde va a llegar la economía de millones de familias que han venido absorbiendo estos aumentos generalizados? Es inconcebible que la gasolina mexicana cueste más ya que la de Estados Unidos, mientras hay una asimetría en las economías y en los ingresos de la población.
También, no estamos de acuerdo en que no se tome en cuenta en esta estrategia las circunstancias extremas climatológicas que enfrentan millones de mexicanos en entidades del sur y del norte de la república.
Éstas, compañeras y compañeros diputados, son sólo algunas de las razones por las cuales no estaremos de acuerdo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ratificar esta estrategia que hoy se pone a votación a este pleno. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México, la esperamos con un entusiasmo por todos compartido.
La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, el Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de la aprobación de la Estrategia Nacional de Energía.
Estamos convencidos que nuestro país requiere realizar una profunda transformación en materia energética, que le permita estar a la vanguardia, elevar su competitividad y afrontar con éxito los retos que este siglo plantea.
La Estrategia Nacional de Energía es parte integral de un plan de política pública, el cual ha de ser el eje articulador para impulsar la reforma energética que sea motor para el desarrollo de México.
De ahí, que el diseño de la política energética debe atender tanto a los factores macroeconómicos como a las características de la nueva estructura poblacional y a los fenómenos demográficos contemporáneos.
La Estrategia Nacional de Energía debe ser la base para impulsar el desarrollo del sector energético nacional, sin perder de vista la necesidad de satisfacer la demanda básica de todos los hogares mexicanos, principalmente de aquellos que más lo necesitan.
Crecimiento económico e inclusión social es la fórmula que hoy avalamos. La eficiencia del sector energético debe traducirse en una oferta constante de energía a precios accesibles y estables para las familias y la industria mexicana.
Es claro que nuestro país requiere un crecimiento del producto interno bruto del 6 por ciento anual para sostener una economía en desarrollo y el sector energético aporta casi el ocho por ciento de este producto interno bruto.
Por ello resulta urgente expandir las actividades económicas y explotar el potencial de nuevos mercados para la conformación de polos desarrolladores. Enfocarse en estrategias concretas para disminuir la pérdida de energía a lo largo de la cadena productiva, así como ampliar la variedad de fuentes alternativas de energía en condiciones de igualdad y accesibilidad para los consumidores, reducir el impacto ambiental y prever la sostenibilidad de los recursos.
En este sentido, es preciso señalar que en el Partido Verde nos pronunciamos a favor de una política de Estado de largo alcance que garantice la continuidad y la rectoría del Estado en esta materia.
El tema va mucho más allá de la electricidad y los hidrocarburos, coincidimos con la propuesta, ya que la estrategia sienta las bases para conformar la transformación del sector en condiciones de modernidad, eficiencia, transparencia y con una rendición de cuentas absoluta, pero sobre todo, con una profunda orientación social.
En México, 1.6 millones de personas carecen de acceso a la electricidad, de ahí la prioridad de que todas las regiones del país puedan satisfacer sus necesidades energéticas básicas y posibilitar su desarrollo.
Electricidad es igual a mejor educación, seguridad, salud y en general, mejor calidad de vida. Lograr cobertura total en el servicio de energía eléctrica es una condición necesaria para la erradicación de la pobreza extrema.
Seguridad alimentaria y seguridad energética forman un binomio inseparable que permitirá a México ejercer plenamente su soberanía.
Por ello, las distintas fuerzas políticas del país acordamos y buscamos en el Pacto por México que el sector energético se convierte en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico, a través dela atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. El Pacto por México es la posibilidad de anteponer los intereses superiores de la nación a la visión parcial de cada partido político.
México requiere un suministro energético moderno, confiable y seguro, por lo que otorgamos nuestro respaldo a la Estrategia Nacional de Energía, ya que consideramos que incorpora los principios y acciones necesarios para construir el sector energético del siglo XXI. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Luis Ángel Espinosa Cházaro, tiene usted el uso de la voz hasta por diez minutos.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Vengo a presentar la posición del Partido de la Revolución Democrática respecto de la Estrategia Nacional de Energía.
El día de hoy esta Cámara votará la Estrategia Nacional, un documento que debería resultar central, de la mayor importancia para el país y por ende, para el nuevo gobierno de la República.
Esto que nos ha sido enviado es un documento que no cumple ni en un sentido mínimo con lo que la ley establece, denostando, de origen, su intencionalidad. Compuesta de temas energéticos generales e imprecisos, enfocados en una visión de política energética inercial, sin lograr fijar una visión nacional en materia energética a 15 años, que es lo que se supondría debe hacerse. Se desaprovecha entonces la oportunidad de realmente darle un rumbo al sector energético para las próximas décadas.
Dado que en las últimas dos estrategias no fueron aprobadas, el Partido de la Revolución Democrática, estamos conscientes de la necesidad de un documento que marque las líneas de actuación, que den certeza y transparencia sobre los planes en el sector de energía, proporcionando un marco bajo el cual puedan desarrollarse políticas públicas adecuadas.
Sin embrago, no podemos avalar esta propuesta como un documento de visión nacional dada las evidentes carencias que éste presenta. Dicho de otra forma, no estuvimos de acuerdo en la forma y no podemos estar de acuerdo en el fondo.
Se suponía que iba a comparecer –fue un acuerdo en la Comisión de Energía– el secretario del ramo, situación que no sucedió y que nos deja con todas estas dudas. Consideramos que un documento de esta naturaleza e importancia debe explicar claramente metas, estrategias, objetivos y prioridades.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha declarado hace apenas unas horas en su viaje que su proyecto de crecimiento económico para el país es del 5 o 6 por ciento anual, pero esta proyección es totalmente inviable cuando al mismo tiempo hoy estamos analizando aquí en el Congreso la Estrategia Nacional de Energía, con una proyección de crecimiento de la oferta energética que no pasa del 2 por ciento para los años de la administración. Hay una incongruencia incluso numérica.
La estrategia plantea una participación mínima del Estado en el desarrollo del sector. Las líneas de acción para desarrollar los temas estratégicos se fijan como la principal tarea el incentivar y fomentar el capital privado dentro del margen de la ley, presentándose como una única solución ante un escenario inercial de crecimiento nacional que demanda energía, que de otra manera entrará en una situación de déficit a partir del 2020.
Observamos que en distintos de los temas estratégicos, como el uno, el cinco, el siete, el diez, el diecisiete y el dieciocho, se establece con toda claridad que la mejor solución para atender estas problemáticas es la inversión privada. No compartimos esta visión porque si bien la inversión privada pudiera conceptualizarse como una opción no podemos aceptar que el gobierno federal nos proponga como única opción para el desarrollo y para potencializar el sector justamente el tema de la inversión privada.
Y esto nos preocupa ampliamente porque su planteamiento es claro, crear huecos vacíos en la acción pública e invocar el concurso de la inversión privada para que el más fuerte en el mercado se establezca en ambientes de regulados.
Sólo quiero hacer aquí referencia y detenerme un momento en la definición del término privatizar, de la Real Academia Española de la lengua, es: transferir una actividad pública al sector privado. En el 80 por ciento de este documento se propone precisamente eso.
Por otro lado, las líneas de acción son genéricas, imprecisas y ambiguas, lo más preocupante es que no se establecen las acciones por periodos de temporalidad ni establece metas específicas dentro de un margen de 15 años que considera. Además, muchas de las líneas de acción resultan de ejecución obvias, como por ejemplo –cito– obtener información sobre el consumo de energía por sector y subsector. Es decir, si no es establece en este documento, ¿la Secretaría de Energía –nos preguntamos– trabajaría sin dichos datos?
Los temas estratégicos son presentados como prioritarios para el sector cuando muchos de ellos no se traducen en acciones específicas, sino más bien en frases de lugares comunes sin sustento ni base real.
Pongo otro ejemplo, el tema estratégico 17 establece: desarrollar soluciones y productos para nuestros retos. Si esto es una estrategia pues la verdad es preocupante para nosotros que realmente no haya estrategia ni planeación.
Las líneas de acción no cubren de manera suficiente los temas estratégicos, la mayoría de ellas resultan escuetas y solo parecen acciones obvias cuya finalidad no queda claro, tal como –cito– implementación de prácticas que hagan competitivo al sector. ¿Cuáles son estas prácticas? Es lo que debería contener la estrategia.
Según la Estrategia Nacional de Energía, estas líneas de acción se llevarán a cabo mediante instrumentos y políticas públicas definidas por cada una de las entidades; esto no se define en metas vinculatorias a nivel nacional, entendiendo que cada entidad actuará en la medida de sus posibilidades, de sus prioridades, a su mejor entendimiento y recursos, es decir, de manera discrecional.
La Estrategia Nacional de Energía presenta un análisis solamente parcial del sector energético y carece –como ya dije– de estrategias y acciones claras sobre la extracción del petróleo crudo.
El documento, entre otras, no desarrolla el potencial de energías alternativas, son solo un par de renglones insustentables, ni tampoco elabora proyecciones de crecimiento en este último ramo; no está contemplado el tema de la transición energética y por supuesto al no estar contemplado tampoco contempla los cómos.
En los próximos años, ¿cuál es la producción anual de petróleo que se pretende? ¿Saldrá de las cuencas de tierra firme? ¿O de aguas someras en la zona de Campeche? ¿De aguas profundas en la región occidental del Golfo de México? ¿De dónde? No está claro. No se estipula.
Esta soberanía estaría obligada a conocer esa información para poder aprobar las inversiones que se requieren, incluso el propio artículo 33, en su fracción XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece esa obligación a la Secretaría de Energía. No contempla tampoco el fortalecimiento de las paraestatales, lo cual es muy preocupante.
La estrategia no contempla los temas ni líneas relacionadas con el fortalecimiento de las paraestatales como son: Comisión Federal de Electricidad y Pemex, cuando ésta, no debemos olvidar representa un tercio de los ingresos del Estado. No considera tampoco la designación por parte de la Secretaría de Hacienda, de mayores recursos para fortalecer el desarrollo de la infraestructura de las mismas.
La generación en los años recientes se ha ido concentrando en desarrolladores y operadores transnacionales y como parte del estímulo para su crecimiento se pretende que la CFE facilite la incorporación del fluido eléctrico de esas empresas a la red de transmisión con tarifas de porteo y respaldo sumamente bajas y que realice inversiones en líneas de transmisión para que esos operadores puedan establecerse.
Esto dicho de otra manera es, no solo se pretende que la iniciativa privada participe, sino que ni siquiera se hacen los cobros adecuados por la parte que corresponde a las paraestatales.
Aquí paso a un punto que es de suma importancia. No considera revisar la corrupción en las empresas paraestatales como son CFE y Pemex, ni establecer mayores mecanismos de control para evitar fraudes y componendas en detrimento del erario público, como parte de uno de los temas estratégicos necesariamente tendría que haberse planteado el saneamiento interno de las empresas.
Pongo tres ejemplos: el caso de Pemex con Simex, 500 millones de dólares que la empresa está a punto de perder, porque no se ha aclarado qué fueron los actos de corrupción que se prestaron para estos trabajos extraordinarios; el tema del préstamo al sindicato de 500 millones de pesos, que tampoco ha sido aclarado; y el tema de la empresa Mexlub en donde la empresa está quebrada y los altos funcionarios tienen elevados sueldos que ya en la Comisión de Energía hemos estado investigando.
No podemos construir, sobre este territorio impregnado de corrupción, la reforma energética que este país necesita. Y de esto, esta estrategia que hoy se pretende votar, no contempla nada.
No establece una responsabilidad social clara sobre las acciones de generación de energía. Se ha olvidado a los pueblos originales en estos temas de generación de energías alternativas y no han sido consideradas las personas que en esos territorios viven.
Por eso, porque el documento enviado por el presidente de la República al Senado y ahora a esta soberanía no es coherente siquiera con el propio proyecto de crecimiento económico planteado por el gobierno federal porque no ofrece a las mexicanas y a los mexicanos seguridad, accesibilidad y calidad al suministro energético; y porque abre una gran brecha de discrecionalidad que extravía la rectoría del Estado en un tema que la Constitución define como estratégico para la nación, es que el PRD se manifiesta en contra de la ratificación del proyecto de la Estrategia Nacional de Energía enviado por el Ejecutivo Federal.
Debemos más bien seguir reivindicando la importancia de la planeación y, por ende, del mejoramiento de sus instrumentos.
Termino, señor presidente. ¿Quién de los diputados que se ha manifestado a favor de este dictamen podría sostener o defender que este documento realmente es la estrategia que el Estado mexicano necesita? Nos parece que no hay tal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Juan Bueno Torio. ¿Está el diputado Bueno?
El diputado Juan Bueno Torio: Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras diputados. El sector energético es fundamental para lograr un mejor y mayor desarrollo nacional.
Las repercusiones directas que tiene este sector en el bienestar social hace imprescindible que revisemos si la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, enviada por el Ejecutivo, responde y es acorde a las necesidades del sector para satisfacer las necesidades de los mexicanos y para dar mayor eficiencia y competitividad a la energía en el país. Desde nuestro punto de vista la respuesta es no.
La Estrategia Nacional de Energía que está a discusión no la consideramos como un instrumento que defina con suficiencia el eje rector de la política energética para mediano y largo plazo. No está bien sustentada y no contiene objetivos parciales ni mecanismos de medición en el tiempo y, sobre todo, no define las acciones para que los mexicanos tengamos energía con oportunidad, con calidad, con un buen servicio y con el mejor precio, accesible y justo para todos los mexicanos.
La estrategia debe analizar y plantear –como punto de partida– si la operación de la industria paraestatal atiende la necesidad de contar con entidades modernas, pues en la estrategia que hoy discutimos no existen ni acciones ni incentivos que las orienten a una mayor eficiencia y competitividad y sigue orientándose a mantener los monopolios del Estado.
Conviene señalar en primer término la necesidad de que la estrategia se sustente en escenarios del entorno cuantitativo y cualitativo de mayor alcance y precisión; que permita definir en el mercado y la demanda que deberá enfrentar el sector energético en el futuro.
En ese sentido los dos objetivos estratégicos establecidos en el documento como 1 y 2: Apoyo al Crecimiento Económico, e Inclusión Social, son determinantes para que el sector energético impulse el desarrollo nacional.
Sin embargo en la Estrategia no se plantea cuáles son las expectativas de crecimiento de la economía mexicana para que efectivamente se puedan dimensionar de manera clara los requerimientos de los próximos 15 años. Es decir, la Estrategia no establece los intervalos del crecimiento del producto interno bruto de nuestro país.
Tampoco ofrece una visión de conjunto del balance de energía que garantice que habrá equilibro entre la oferta y la demanda de energía y el consumo nacional de los años 2018 al 2027.
¿Por qué la Estrategia no considera al carbón cuando es una fuente importante de energía primaria? Y tampoco plantea las aportaciones relativas actuales y futuras de las fuentes alternas de energía primaria como lo es la nuclear, la geotermia, la hidráulica, la solar, la biomasa, la eólica.
Ese es un aspecto de la Estrategia que requiere de definiciones y de un amplio debate adicional.
El planteamiento esencial es cuáles son las líneas de acción de la Estrategia para asegurar que se reduzca la alta dependencia de la matriz energética de los hidrocarburos. Al no establecer metas cuantitativas precisas, no es posible esperar que las acciones necesarias se desarrollen de manera efectiva ni lograr la diversificación de las fuentes de energía.
En materia de políticas energéticas 1 y 2 planteadas en la Estrategia y en particular en el desarrollo de los temas estratégicos 7 y 9, surgen interrogantes como: ¿por qué la Estrategia plantea que prevalezca la alta dependencia en la importación de las gasolinas a nuestro país?
Dicen que eso estaría en el Plan de Negocios de Pemex, pero realmente el Plan de Negocios de Pemex sólo contempla la construcción de una nueva refinería que estará terminada teóricamente en el 2017 y la ampliación o reconfiguración de Salamanca. Y esto nos seguirá mandando a mantener importaciones superiores al 40 por ciento de las gasolinas, lo cual vulnera la seguridad energética de nuestro país y por lo tanto, la certidumbre de un buen desarrollo económico.
No plantea entonces algún proyecto adicional para aumentar la capacidad de producción o de proceso para que haya más gasolinas en el país, por lo que se acentuará aún más la subordinación a las importaciones.
El shel gas que está señalado en la Estrategia, de alguna manera se sustenta en el tema estratégico 11 Detonar la Petroquímica Nacional, aspecto crucial pero que parece ser un planteamiento débil, ya que la Estrategia no explica cuántos años se requerirán para la exploración, caracterización y desarrollo de estos campos y garantizar el abasto de gas natural y petroquímicos básicos al sector productivo a precios competitivos.
¿Cuenta Pemex en este momento o el país con la capacidad técnica, ambiental, tecnológica y de ejecución para estos proyectos así como su marco regulatorio? La respuesta es no y la estrategia no marca ningún rumbo en este sentido.
Cómo se detonará pues la estrategia en la industria petroquímica nacional si no existe una sinergia entre Petroquímica, Pemex Gas y Refinación para incentivar y vincular las cadenas productivas entre la petroquímica básica y la petroquímica secundaria, que representarían juntas un potencial de gran generación de valor.
Cómo se asegurará el suministro de materias primas para producción de fertilizantes y aromáticos en México, ya que nos dicen que está en el Plan de Negocios de Pemex, pero cómo se logrará detonar la petroquímica cuando las inversiones del Plan de Negocios de Pemex en ninguno de sus escenarios contemplan el crecimiento de las mismas.
No hay respuesta en la estrategia a estas preguntas. Resulta trascendente evaluar cuidadosamente las potencialidades de las fuentes de oferta de energía para no generar expectativas infundadas en la producción esperada en aguas profundas.
En la medida de Política 3, Producción de Petróleo, la estrategia establece como Tema 11 que la producción de petróleo debe ir a la par del desarrollo nacional y en la realidad sólo se estima ahí que será hasta el 2021 cuando se cuente con una producción favorable en aguas profundas. Es decir, no tendrá un efecto favorable en el mediano plazo.
Cuáles serían las acciones para acelerar la evaluación y la explotación del potencial petrolero en aguas profundas. Consideramos que existe entonces poco detalle sobre las líneas de acción a seguir para poder explotar de la mejor forma estos recursos.
Entendemos que es prioritario el desarrollo científico y tecnológico nacional para mejorar la productividad en Chicontepec y en aguas profundas. Sin embargo, la estrategia tampoco contempla la participación del Instituto Mexicano del Petróleo en este proceso.
No existe una estrategia clara para el aprovechamiento de la capacidad de cogeneración con la que cuenta Pemex y tampoco una estrategia clara que incentive el consumo eficiente de energía y, como consecuencia de ello, desconocemos los alcances pues no establece como parámetro la medición del índice de productividad energética en los años por venir.
Dada la importancia de generar energías limpias, lamentamos que la estrategia no considere las acciones a seguir para alcanzar la meta del 35 por ciento de generación en el 2024 y tampoco explica, dado el potencial que se tiene proyectado, la generación de cada una de las distintas fuentes de energía renovable en la matriz energética del país.
Consideramos que la estrategia debe de abordar el tema de la política de subsidios a seguir, ya que es de vital importancia para los ciudadanos conocer específicamente qué plantea hacer el Ejecutivo federal en lo que se refiere a los precios de gasolina y tarifas eléctricas.
La Estrategia Nacional de Energía debe considerar que la viabilidad futura del país depende en buena medida de lo que sucede con el sector energético. Existen muchas otras inconsistencias en el documento, sin embargo reconocemos que al inicio de todo nuevo gobierno faltan elementos y experiencia para que de entrada se elabore una estrategia de esta envergadura.
Ofrecemos, pues, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional seguirá abordando este tema para consolidar una verdadera Estrategia Nacional de Energía, y con ella contribuir mejor al desarrollo de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Juan Bueno Torio. Blanca Villaseñor Gudiño, tiene usted el uso de la voz.
Esta Presidencia saluda a los invitados de la diputada Dora María Talamante Lemas, alumnos de cuarto grado, de la escuela Ford 117.
También a los alumnos de la Escuela Superior de Economía del IPN, invitados por Denisse Ugalde Alegría. Sean ustedes bienvenidos.
Adelante, diputada.
La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votaremos favorablemente el dictamen que aprueba la Estrategia Nacional de Energía del período 2013-2027.
No sólo porque da testimonio del acatamiento del Ejecutivo federal a la obligación de elaborar y presentar este documento para aprobación ante la Soberanía del Congreso de la Unión, sino también porque propone una visión ordenada de los riesgos que enfrentamos, así como la mejor manera de enfrentarlos y de superarlos.
Tal es el sentido de un documento estratégico que fija objetivos y establece la orientación hacia dónde dirigirnos, los riesgos y costos de atenderlos, así como los beneficios a obtener en caso de atender las previsiones y actuar en consecuencia a tiempo en el momento que más nos conviene, anticipando los efectos perniciosos y haciendo de cualquier perspectiva negativa una oportunidad de cambio, de renovación y de modernización de las expectativas.
La Estrategia Nacional de Energía que hoy nos ocupa, aprobada también por nuestros compañeros legisladores en el Senado, se define a partir de dos objetivos estratégicos que alientan el actuar del gobierno federal.
El primero alineado con el crecimiento positivo y de mayor alcance que estamos previendo asumir en el país en los próximos años, y que se refiere a satisfacer con oportunidad, menor costo y mayor calidad la demanda de energéticos para el desarrollo de las actividades productivas.
El segundo, para hacer viable una mayor inclusión social, que se traduzca en energéticos baratos, oportunos y suficientes que hagan tangible el acceso universal a la energía.
Consideramos por ello necesario e indispensable la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados para la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, para que el Estado mexicano cuente con un instrumento de planeación integral y de largo plazo del sector energético, el cual sirva como palanca del desarrollo nacional y sea un mecanismo de inclusión social a partir de los beneficios del consumo de energía a precios competitivos y con calidad y sustentabilidad ambiental.
Como sucede en todo documento estratégico, muchos quisieran que a la visión integral y de conjunto se le agregaran las metas que corresponden a los planes de ejecución anual de las políticas que se implementen a la luz de la Estrategia Nacional. Sin duda, tales indicadores corresponde observarlos en los planes de trabajo correspondientes a las cuatro medidas de política que se proponen, para alcanzar los objetivos estratégicos de mayor crecimiento e inclusión social anteriormente planteados.
La primera medida de política propuesta se refiere a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles y electricidad, de modo que el país se encuentre interconectado y con una red e infraestructura suficiente y eficiente para apoyar el desarrollo de cualquier región.
La segunda medida de políticas se refiere a los mecanismos de refinación, procesamiento y generación de energéticos, en donde se abordan los retos relacionados con la producción de los combustibles que el país demanda, así como la diversificación del parque de generación instalado.
La tercera medida de política es inherente a la producción de petróleo crudo, con el objetivo de mantener una explotación sostenible de los recursos petroleros, a la altura de las necesidades del país y del lugar que ocupa en el mundo.
La cuarta se refiere a la impostergable y muy necesaria transición energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles y aprovechar las nuevas tecnologías que están surgiendo, aprovechando en este momento los beneficios que ofrece el gas natural, del cual tenemos grandes reservas para garantizar la sustentabilidad del sector y transitar hacia energías más limpias.
Cuatro medidas de políticas a implementar que se entrelazan con tres elementos de integración trasversales; la sustentabilidad del sector energía, la eficiencia energética y ambiental compatible con las mejores prácticas disponibles para producción y consumo de energéticos, y el sostenimiento de la seguridad energética que nos permite, como país, sostener un superávit energético conforme a las expectativas de crecimiento económica que le garantice certidumbre a las actividades productivas.
El presente dictamen cumple con las bases establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública a partir de la reforma energética aprobada por esta soberanía en el año 2008, así como los componentes de publicidad, análisis, discusión y evaluación inherentes al proceso parlamentario.
Está en línea, además, con otras disposiciones jurídicas y estratégicas del sector, como es la meta legal de incrementar en por lo menos el 35 por ciento el potencial de energías no fósiles, en el portafolio de fuentes primarias de energía para la generación de electricidad para el año 2024.
En el dictamen se recogen asimismo las opiniones vertidas por especialistas en el foro consultivo organizado por el Consejo Nacional de Energía, consistentes con las opiniones y participaciones de los integrantes de la propia Comisión de Energía. Todo ello a partir de la minuta en sentido positivo que remitiera el Senado de la República, en donde se discutió como Cámara de origen la Estrategia Nacional de Energía en comento.
De aprobarse favorablemente el dictamen por este honorable pleno de la Cámara de Diputados, las instituciones políticas, los sectores productivos y sociales, la academia y los institutos de investigación, así como esta representación popular, habrán de contar con un marco de referencia estratégica para la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas del sector energía.
La estrategia que comentamos, plantea medidas de política en materia de transporte, almacenamiento y distribución, que buscan resolver las alertas críticas que recientemente han afectado al sector productivo debido a las restricciones en el abasto de gas natural.
La necesidad de atender la saturación del 40 por ciento de los poliductos y la confrontación de los rectos del sector eléctrico en cuanto a eficiencia, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de transmisión y distribución de energía, mediante el diseño de redes eléctricas inteligentes.
En materia de refinación, procesamiento y generación de energéticos, la estrategia propone reducir la creciente brecha entre la producción y la demanda interna de combustible, por medio de una revisión profunda de la operación del Sistema Nacional de Refinación, la propuesta de diseñar programas y presupuestos multianuales para la ejecución eficiente de los servicios de mantenimiento programados, el desarrollo de una nueva infraestructura que garantice el suministro de energéticos y el fortalecimiento de una política que incentive la inversión complementaria del sector privado dentro del marco legal vigente.
La estrategia también propone medidas de política pública en materia de producción petrolera, reconociendo el gran potencial petrolero del país, por la existencia de amplios recursos prospectivos y contingentes de hidrocarburos en el subsuelo nacional.
Reconociendo además, que ha concluido la llamada fase sencilla de producción de petróleo, caracterizada por yacimientos de fácil acceso, con altas tasas de producción y que actualmente el 80 por ciento de los campos petróleos se encuentran en estado avanzado de explotación.
Esta situación explica, pero no como destino inexorable, que México haya perdido ventaja en su posición dentro de los países con mayor producción del crudo, al pasar del sexto al noveno lugar del 2004 al 2012, de igual forma que las exportaciones del petróleo crudo han disminuido en poco más de un tercio en la última década.
Con objetividad, también se plantea la oportunidad que actualmente representa el hecho de que México ocupa el cuarto nivel mundial en recursos técnicamente recuperables de gas de lutitas y llama a la elaboración del marco regulatorio que permita su inmediata explotación en el contexto de la llamada revolución energética.
Originada por los descubrimientos y el creciente consumo de éste gas, por ahora con efectos principalmente en el mercado energético y manufacturero de Estados Unidos, a este nuevo mercado este país se puede sumar, dado que contamos también con grandes yacimientos de este novedoso hidrocarburo no convencional, que podría permitirse en muy corto plazo disponer de energía suficiente para la competitividad, mejores precios de electricidad y gas para la competitividad y el beneficio de las economías familiares.
Asimismo, se alude a la importancia de crear el marco regulatorio para el aprovechamiento del potencial de energías renovables de que dispone el país y de lo cual da cuenta el Inventario Nacional de Energías Renovables.
Termino, presidente. Bajo la premisa de que su aprovechamiento será de gran importancia para la diversificación de la matriz energética nacional, la reducción de importaciones de energías fósiles y la transmisión energética hacia fuentes renovables y sustentables, digamos sí a los objetivos estratégicos de crecer con energías menos costosas, más limpias y suficientes y con mayor inclusión social. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Ahora vamos en estricto apego a la fracción VIII del 104, a darle el uso de la palabra a doña Aleida Alavez Ruiz, en contra.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Estrategia Nacional de Energía que hoy se somete al pleno para su aprobación conlleva serias implicaciones que no pueden soslayarse, toda vez que la ruta gubernamental vislumbra una serie de paliativos cuyo destinatario ni es el desarrollo con beneficio social ni la distribución equitativa de la riqueza generada ni el resguardo con enfoque de soberanía sobre todos nuestros recursos energéticos finitos e infinitos. Sino que entre sus líneas se asoman los destinatarios reales, el capital privado.
Desde el Partido de la Revolución Democrática hemos señalado puntual y reiteradamente cuáles son las deficiencias e inconsistencias que presenta esta estrategia y hemos razonado el por qué no la vamos a acompañar.
Como esta tribuna es la caja de resonancia del pueblo y de la República, es menester que la ciudadanía conozca en qué radica nuestra reflexión y evidenciar la afrenta gubernamental que pretende impulsar una privatización secundaria a través de acciones de mayor apertura a la inversión privada con todas sus consecuencias.
En primera instancia, la estructura de la Estrategia es genérica, imprecisa y en muchos casos ambigua, que no visualiza el escenario final que se requiere alcanzar, a pesar de que el objetivo de la Estrategia debe ser el de proporcionar un marco bajo el cual puedan desarrollarse políticas públicas requeridas dentro del sector, con un enfoque a mediano y largo plazo, éstas no se ven reflejadas en el documento.
Se percibe falta de claridad y especificidad de las líneas de acción, puesto que no cubren, de manera suficiente, los temas estratégicos. La mayoría de ellas son escuetas y solo parecen acciones obvias cuya finalidad no queda clara.
Esto implica que no se definen metas vinculatorias a nivel nacional y que traslada la responsabilidad de la evaluación y desempeño de estas líneas de acción a los propios agentes del sector involucrados en su realización.
La Estrategia Nacional de Energía presenta un análisis parcial del sector energético, toda vez que no desarrolla el potencial de energías alternativas y sustentables ni tampoco elabora proyecciones de crecimiento en este último ramo.
En el tema estratégico 15, por ejemplo, que aquí acaban de mencionar y que señalan acciones como identificar y aprovechar el potencial de energías renovables en nuestro país, cuando debería ser una acción prioritaria la potencialización de este tipo de energías y no establecerse como una acción apenas de identificación del potencial de este tipo de energías.
Este instrumento plantea un nuevo esquema de privatización secundaria en el 80 por ciento de las líneas de acción, lo que se acaba de decir aquí en tribuna por parte del PRI, a nombre de la diputada Villaseñor, sobre el transporte, almacenamiento, producción, distribución, en efecto así lo mencionan, pero abriéndolo al sector privado.
Para desarrollar los temas estratégicos se fija como principal acción la apertura al capital privado, supuestamente dentro del margen de la ley, presentándose esta acción de apertura a la inversión privada como la única solución ante un escenario inercial de crecimiento nacional de la demanda de energía.
Observamos, como lo comentó mi compañero Cházaro, que los temas estratégicos uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, diecisiete y dieciocho establecen claramente que la mejor solución para atender esas problemáticas es la inversión privada, sin embargo ésta no puede ser contraria al precepto constitucional ni pretender legislar por la vía del reglamento, como es práctica común de los paladines del neoliberalismo en los últimos 30 años de imposición del modelo económico, que buscan flexibilizar el marco jurídico vigente para permitir la inversión privada en todas las cadenas que constituyen el sector energético tanto en materia de hidrocarburos como en energía eléctrica.
Es decir, mantiene la potestad de los recursos en manos de las mexicanas y de los mexicanos, pero cede todos los procesos que componen el sector energético a los particulares.
En distintas partes de esta estrategia observamos también criterios contradictorios. Por ejemplo, en el tema cuatro se propone ampliar el acceso de energías a las comunidades menos favorecidas a través de subsidios focalizados, mientras que en el tema estratégico 18 se propone contar con la capacidad para cubrir los costos manteniendo capacidad de inversión, previendo un alza en los precios finales de los usuarios de la energía, incluso aquellos menos favorecidos.
Hay una ausencia en temas como el establecimiento de sistemas rigurosos de rendición de cuentas, así como la revisión del tema de corrupción en ambas empresas del sector CCE y Pemex si no establece mayores mecanismos de control para evitar fraudes y componendas en detrimento del erario público.
Como parte de unos de los temas estratégicos necesariamente tendría que haberse planteado el saneamiento interno de ambas empresas, sobre todo cuando el ex diputado federal César Augusto Santiago, del PRI, que encabezó la Comisión Especial para investigar casos de corrupción en la CFE, es ahora abogado general de la paraestatal.
Esta estrategia debe definirse como una herramienta necesaria para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, planes estatales y municipales en materia de energía, no como un documento aislado. Una estrategia que no contiene indicadores, metas, objetivos verificables es una estrategia que no puede evaluarse ni revisarse.
Debería entonces desarrollarse una nueva y distinta Estrategia Nacional de Energía, pues lo contrario estaría avalando un plan vacío y si contenidos reales de políticas públicas concretas.
Compañeras y compañeros, son éstas algunas de las razones del Grupo Parlamentario del PRD para votar en contra de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, porque no podemos permitir que en un documento con estas características sea considerado como una guía para este importante sector hacia los próximos años, y sobre todo, votaremos en contra porque estamos convencidas y convencidos de que es posible fortalecer y desarrollar el sector energético de nuestro país, desde una perspectiva distinta planteada en esta estrategia que debió haberse llamado Estrategia nacional de privatización energética. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia saluda a los invitados de la diputada Cecilia González Gómez, a saber el licenciado Levy González Lozano, presidente del Consejo de Turismo, Altos Sur, Jalisco y el cavaliere, Giancarlo Quequinato, Camarlengo de la Confraternita del Bavarolo. Rovigo-Italia.
A los estudiantes de la Universidad Bicentenario de Villa Victoria. Invitados por la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela. Sean ustedes bienvenidos.
Don Germán Pacheco Díaz, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Germán Pacheco Díaz: Con su venia y su permiso, señor presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas. En Acción Nacional consideramos que la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 es una oportunidad para crear consensos y generar una visión común hacia la cual todos los actores encaucen sus esfuerzos para considerar nuestro sector energético, solo así podremos lograr un sector energético más eficiente, competitivo y seguro.
Al respecto, es importante señalar que durante la Estrategia Nacional de Energía se presentan 22 temas estratégicos para el sector y se plantean tres etapas ser resueltos en los siguientes años: para el 2018, 2024 y 2027.
Asimismo, se precisan dos objetivos estratégicos: el apoyo al crecimiento económico, inclusión social. También plantea tres elementos de integración: sustentabilidad con el objeto de lograr un sector sostenible y diverso de energía, no fósiles; eficiencia energética yamentalmente; seguridad energética para garantizar el abasto de energía. Es importante que cada uno de estos venga acompañado de más información estadística, es decir, de sus metas y proyecciones.
Este documento enviado por la Secretaría de Energía es incompleto debido a que carece de información estadística y metas a alcanzar; específicamente no se tiene claro hacia dónde se dirige el sector energético para el 2027; por lo tanto, no existe certidumbre, ni rumbo en las acciones a seguir por parte del Ejecutivo federal en materia energética. Por lo que podemos señalar que la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 es inconclusa en el alcance de sus metas.
También en la revisión de la Estrategia Nacional de Energía observamos que no se abunda ni se detalla sobre la política a seguir en el conocimiento a los tiempos y montos, lo anterior para el caso específico de los subsidios, las gasolinas y las tarifas eléctricas, como lo mencionaba hace rato el compañero Mejía, de Movimiento Ciudadano.
Asimismo, un tema de mayor relevancia para hacer viable y factible, técnica y económicamente el alcance de la Estrategia Nacional de Energía, es el concerniente al desarrollo científico y tecnológico, mismo que tiene implicaciones en el desarrollo de la energía renovable y los procesos de generación de electricidad en la exploración y explotación de yacimientos e hidrocarburos en su complejidad, con son los de aguas profundas y otros.
Asimismo hace falta detallar y explicar la Estrategia Nacional de Energía; el papel que jugará en el desarrollo el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigación Eléctrica. Otro factor que vemos con especial preocupación es el referente al sistema nacional de refinación, el cual no presenta importantes cambios en el volumen de producción.
Es necesario señalar que para que nuestro país sea autosuficiente en la producción de combustibles, es preciso realizar fuentes de inversión en la construcción y reconfiguración de refinerías. En este tenor encontramos que en la Estrategia Nacional de Energía se menciona poco este importante rubro, por lo tanto, resulta evidente que la Estrategia Nacional de Energía tiene que ser detallada y enviada de nueva cuenta a este Congreso de la Unión.
Dadas estas argumentaciones, consideramos que no podemos aprobar la Estrategia Nacional de Energía enviada por el Ejecutivo federal. Sería una gran irresponsabilidad por parte del Partido Acción Nacional y por el Congreso de la Unión que se apruebe en los términos presentados.
Aquí quiero mencionarles que hace aproximadamente un mes y medio tuvimos una reunión con el subsecretario de Energía, el cual nos presentó esta Estrategia Nacional de Energía –señor presidente, ya termino– y los siete diputados de la bancada del Partido Acción Nacional fuimos muy claros. Le dijimos que esta estrategia se ve muy bonita, de color de rosa, como Alicia en el país de las maravillas, pero queríamos que nos enseñara las metas, proyectos, alcances, sumas, fórmulas de cómo llegaron a esta estrategia, a lo cual él mencionó que eso no estaba a su alcance y que esto lo tenía que decir el secretario de Energía. Por eso le dijimos la bancada del Partido Acción Nacional que lo esperábamos.
Por eso pedimos que viniera a comparecer a esta tribuna, a lo cual al señor hasta la fecha seguimos esperándolo y no ha venido. Es por lo antes expuesto que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional votará en abstención al dictamen de la Comisión de Energía referente a la Estrategia Nacional de Energía. Es todo, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente; con la venia de la asamblea. Vendré aquí a dar el posicionamiento en contra o la explicación de por qué estamos en contra de esta estrategia que hoy se ha traído al pleno.
En esta discusión, compañeros diputados, se ha abusado en exceso de dos palabras –permítanme centrar en eso mi intervención–. La primera, la palabra estrategia; y, la segunda, la palabra modernidad. Ésta, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones en esta tribuna, no es para nada una estrategia. Y para esto –hay que decirlo muy claramente– hay muchas razones.
Primero. No hay un diagnóstico claro del sector. No solamente del sector, no solamente le faltan metas, objetivos, alcances, como ya se ha dicho en esta tribuna, sino tampoco de la situación financiera de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, que son básicos para hacer una Estrategia Nacional de Energía.
Segundo, las líneas estratégicas no tienen acciones específicas, es en realidad una serie de planteamientos no solamente generales, sino que parecen de buena voluntad y a veces hasta completamente absurdos, generales, imprecisos, llenos de lugares comunes, llenos de verbos y acciones obvias como el de fortalecer al sector o implementaremos prácticas que hagan competitivo al sector o se buscará o se generará información, cuando éstas son actividades que claramente deben de generar las paraestatales.
Tercero, no determina una verdadera estrategia de fortalecimiento del sector y las paraestatales porque parte de una premisa falsa y eso hay que decirlo con todas sus letras; parte de la premisa falsa de que el sector energético en este país no es rentable. Y si no es rentable entonces ¿por qué hay tantos privados que quieren invertir en el sector energético en México?
No plantea líneas de acción para la investigación y el desarrollo tecnológico en Pemex. Es decir, estamos matando a la gallina de los huevos de oro que como ya en esta tribuna dijo la representante del Partido Verde Ecologista, representa el 8 por ciento del producto interno bruto.
No se plantea ni siquiera la creación de una sola refinería. Es decir ¿cómo podemos hablar de una Estrategia Nacional de Energía si no estamos hablando de lo que vamos a invertir en la infraestructura de la misma?
Quieren hacernos creer con este plan, compañeros diputados, que la Estrategia Nacional de Energía de este país depende solamente de la inversión extranjera, que se basa básicamente en la importación de productos terminados y que no debemos invertir más que en lo que ya se ha comentado en esta tribuna: en la extracción y la producción de crudo, porque la transformación debemos de dejársela al extranjero.
Cerraría diciendo, compañeros diputados, no hay en este documento una visión para el fortalecimiento de las capacidades del sector y sobre todo de Pemex y de CFE.
Es por eso que en el PT creemos que es un documento equivocado porque no podemos dejar el destino de un sector estructural de este país, en manos no solamente de privados, dejemos eso de lado, sino de extranjeros.
¿Qué va a pasar cuando nuestro sector energético ya no dependa de los mexicanos, sino dependa de los extranjeros? Compañeros diputados ¿qué vamos a hacer?
Y permítame cerrar, señor presidente, diciendo que también se ha abusado de la palabra “modernizar”. Pero aquí hay una cuestión bastante simpática, porque la palabra modernizar en su definición, según la Real Academia, dice que: “es lo que se contrapone a lo clásico”. Y lo clásico en el escenario internacional, compañeros diputados, es precisamente la privatización.
Si en México quisiéramos modernizar al sector energético, no estaríamos proponiendo precisamente su privatización, sino todo lo contrario: modernizar y contraponernos a lo clásico. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a doña Rosalba Guevara Alardín, tesorera de la Asociación de Ayuda Mutua para los Trabajadores Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, invitada por la diputado doña Rosalba de la Cruz Requena, de Tamaulipas.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Presidente, se emitieron 237 votos a favor, 99 abstenciones y 125 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 237 votos el proyecto de decreto que ratifica la estrategia nacional de energía. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dejo la Presidencia en las expertas manos de don José González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Antes de entrar a los dictámenes con punto de acuerdo voy a pedir a la Secretaría dé cuenta con algunos acuerdos de la Junta de Coordinación Política de cambios de integrantes en comisiones.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y comités, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquense.
Ahora le ruego dar cuenta con el acuerdo de la integración de la Junta Directiva de la Comisión Especial.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se define la integración de la Junta Directiva de la Comisión Especial que se ocupa de indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Con qué objeto diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Nada más quisiera que aclararan con precisión sobre los temas de la Junta de Coordinación Política a que hacen referencia. Es ésta la pregunta nada más.
El Presidente diputado José González Morfín: El primero es el de cambios de comisión que está publicado. Se puede consultar en las pantallas.
Ésta es la integración de la Junta Directiva de la Comisión Especial que se ocupará de indagar el funcionamiento de los sorteos.
Continúe la Secretaría. Permítame, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Más precisa la pregunta. ¿Viene en estos comunicados a los que usted hace referencia el tema de la comisión Condusef?
El Presidente diputado José González Morfín: No, no ha llegado, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado, comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implantar medidas urgentes para garantizar el suministro de agua para las actividades agrícolas en los distritos de riego 025 y 026 en el estado de Tamaulipas, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado, comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación libere los recursos correspondientes al Fonden, con la misma oportunidad con que fue realizada la Declaratoria de Emergencia emitida el 26 de marzo del presente, con motivo de los incendios forestales presentados en el estado de San Luis Potosí, el mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados y se discutan en conjunto. Si se autoriza que se discutan en conjunto, solamente le pido, compañero secretario.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, nosotros solicitamos que cada punto de acuerdo remitido por cada comisión, en virtud de que son dictámenes, se discutan uno a uno cada uno de los dictámenes que están listados en el orden del día.
El Presidente diputado José González Morfín: Que lo determine la asamblea. Pero yo le garantizo, diputado Mejía, que los oradores que ustedes han inscrito en cada uno de los dictámenes, hará uso de la palabra. Adelante. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados y se discutan en conjunto.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Voy a pedir entonces a la Secretaría dé lectura a los encabezados de los diez dictámenes de la Comisión de Equidad y Género.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser instrumentados de manera eficiente y equitativa.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.
De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo relativos a lo sucedido en Tacotalpan, Tabasco.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las reglas de operación de los programas contenidos en el Anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de feminicidios.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de feminicidios en la entidad.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.
De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, que coadyuve en la Procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.
De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro, con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad, y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales, a establecer de manera corresponsable Centros de Justicia para Mujeres y para que sean reforzados en aquellas entidades donde ya existen.
De la Comisión de Derechos de la Niñez... perdón.
El Presidente diputado José González Morfín: No, ésos ya no. Los 10.
Están a discusión los puntos de acuerdo de los 10 dictámenes de la Comisión de Equidad y Género. Para fundamentar todos estos dictámenes por la Comisión, tiene el uso de la tribuna la diputada Rosalba de la Cruz Requena.
La diputada Rosalba de la Cruz Requena: Honorable asamblea, hoy se enlistan en el orden del día nueve dictámenes de la Comisión de Equidad y Género en sentido positivo, mismos que serán sometidos a discusión durante la presente sesión, por lo que solicitamos que una vez dispensada la lectura nos permitan argumentar en bloque, para solicitarles su voto a favor de todos y cada uno de ellos.
Es evidente que a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, aún tenemos una larga lista de pendientes.
Entre ellos destaca la obligación de visibilizar la necesidad de las mujeres de diversos sectores de la población y a esos requerimientos que responden los dictámenes de la Comisión de Equidad y Género que hoy se someten a votación.
Cualquiera que sea su condición, las mujeres siguen siendo víctimas de diversas formas de violencia, en sus hogares, en la comunidad, en las escuelas, en los centros de trabajo y en las instituciones, tanto por conocidos como por desconocidos. Seguimos siendo discriminadas para accesar al empleo, a la educación y a mejores condiciones de vida. Seguimos siendo las más pobres entre los pobres.
Las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género, conscientes de esta situación, trabajamos y analizamos a profundidad cada uno de los puntos de acuerdo, llegando a la conclusión de que cada uno de los aprobados presenta un acto de justicia para las mujeres.
Dictaminamos los puntos de acuerdo desde la perspectiva de la armonización legislativa y de acuerdo con el artículo 1o. constitucional que nos obliga a normar nuestro criterio legislativo de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres.
Nuestra labor legislativa debe obedecer a la progresividad de los derechos, su omisión representa una falla grave al compromiso que esta legislatura hemos adquirido con las mujeres.
Las legisladoras y legisladores no debemos representar un impedimento para resolver las necesidades específicas de las mujeres, sino todo lo contrario, nos corresponde facilitar el acceso y ejercicio de sus derechos.
Desde el Congreso, especialmente desde la Comisión de Equidad y Género, nos hemos comprometido a combatir la violencia contra las mujeres, con la visión de género a través de la hechura de reformas, posicionamientos, acciones legislativas y nuevas leyes que signifiquen verdaderos avances legislativos, que se inscriban en el cumplimiento de los compromisos internacionales.
El Estado mexicano, al suscribir y ratificar la CEDAW como parte de la Convención de Belém do Pará, se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas, las de carácter legislativo para modificar, abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres, así como establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia y que incluya, entre otras medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a todos los procedimientos. Son los siguientes dictámenes de punto de acuerdo:
Con punto de acuerdo por lo que se solicita al Ejecutivo federal, que fortalezca los programas e instrumentos de atención para combatir la violencia contra las niñas y las mujeres, a efecto de que ésta puede ser implantada de manera efectiva y equitativa.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.
Con punto de acuerdo relativo a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.
Punto de acuerdo relativo a la revisión de las reglas de operación de los programas contenidos en el Anexo 10, Erogaciones por la igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012.
Con punto de acuerdo con el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su legislación con lo establecido a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal en materia de feminicidios.
Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, medidas a fin de atender el creciente índice de feminicidios en el estado.
Acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en cargos de elección popular.
Acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Querétaro en relación a la ola de secuestros y desapariciones en esa entidad y al congreso local, a realizar trabajos legislativos para tipificar el feminicidio.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputada. Dígame, diputado Camarena.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más pedirle con todo respeto que si puede hacer aplicar el artículo 115 de nuestro Reglamento, para que ponga orden en esta sala. Lamentablemente, se están tratando puntos a discusión muy importantes, de la Comisión de Equidad y Género, y que parece que a ninguno de los diputados les interesa lo que está sucediendo en ello. Le pido con todo respeto que ponga orden en la sala, señor.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Tiene usted toda la razón diputado. Yo pediría a todos los compañeros su colaboración para entrar a la discusión de este paquete de dictámenes, que es muy importante. Y también pido a las autoridades administrativas de la Cámara que nos ayuden liberando los pasillos de gente que no tiene que estar aquí adentro y que nada más está distrayendo el trabajo de los legisladores. Gracias. Continúe, diputada.
La diputada Rosalba de la Cruz Requena: Gracias, señor presidente.
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, a colaborar con la Procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios ocurridos en Tula, Hidalgo.
Compañeros, no olvidemos que la feminidad ya no se limita a la sensibilidad y a la pasividad o a la maternidad, como algunos todavía piensan y creen. La mujer del siglo XXI es creativa e innovadora.
En México las mujeres constituyen más de la mitad de la población y han traspasado la etapa de la reivindicación para ser parte sustancial del desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país.
Por lo anterior, nuevamente, compañeras y compañeros legisladores, les solicitamos votar a favor de estos dictámenes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Están a discusión los puntos de acuerdo.
Para referirse al que tiene que ver con un exhorto al titular de la Sagarpa para incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales, tiene el uso de la voz la diputada Lorena Méndez, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lorena Méndez se va a referir en primer término al dictamen por el que se solicita al Ejecutivo federal fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra niñas y mujeres. Perdón, la equivocación fue mía. Adelante, diputada.
La diputada Lorena Méndez Denis: Muy buenas tardes, presidente de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres.
Según informes publicados por la Organización Mundial de la Salud el 71 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años refirieron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.
La Organización Mundial de la Salud define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.
El dictamen a discusión pretende fortalecer los programas e instrumentos implementados por los tres órdenes de gobierno, a fin de que sean respetados a cabalidad los derechos de la mujer y debido a la falta de mecanismos que hagan cumplir la ley.
Los costos sociales y económicos de este problema son enormes, y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver mermada sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.
Desgraciadamente la normatividad vigente en el país referente a proteger de los abusos cometidos contra el género femenino no ha sido suficiente, es necesario poner en marcha políticas públicas que ayuden a mejorar los mecanismos de protección a sus derechos fundamentales, además de dotar de mayores recursos a las instituciones encargada de velar por los mismos derechos de las mismas.
Es por eso que el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen debido a que es necesario erradicar la violencia contra niñas y mujeres a fin de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, lo cual les permitirá mejorar su calidad de vida. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Ahora sí para referirse al dictamen por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales, tiene el uso de la voz, la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes. Es una lástima que a pesar de la infinidad de tratados internacionales y de preceptos legales que existen dentro de nuestro marco jurídico en torno a la igualdad, a la equidad, a la no discriminación, al derecho a la salud, al agua, a la cultura, al deporte, entre otros; que en la práctica ésta simplemente sea letra muerta y tengamos que recurrir a estos exhortos para que las instituciones obligadas a brindar el abanico de oportunidades recuerden que tienen la tarea de cumplir y hacer cumplir las leyes, tal y como todos los que ocupamos un cargo público, lo prestamos al inicio de nuestra función.
Resulta increíble también, que aun cuando es obligación del Estado velar por la aplicación de los recursos de manera equitativa, éstos sean aplicados de forma sesgada, siendo las zonas rurales las menos favorecidas y de ahí las más afectadas, sean las mujeres del campo a quienes no se les brinda la posibilidad de elevar su nivel de vida y desgraciadamente cuando busca alguna alternativa a su situación, en muchos de los casos se encuentran con la brutal discriminación de misóginos y racistas, como el caso públicamente conocido de un conductor de televisión, por citar un ejemplo.
Por eso que el punto de acuerdo a discusión resulta de suma importancia, debido a que destaca el papel de las mujeres en actividades productivas en las comunidades rurales, posicionándolas como un eje toral de la productividad y el desarrollo de la nación.
Por lo tanto, para los diputados de Movimiento Ciudadano representa una violación flagrante al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la forma inequitativa en la que se destinan los recursos hacia las mujeres; pero sobre todo a las mujeres rurales, siendo que el impulso de las capacidades y habilidades de las mujeres debe establecerse como eje rector en cada una de las políticas y programas del Estado y como una meta para los gobiernos.
Como mexicanos, pero sobre todo como legisladoras y legisladores, tenemos que la obligación de conducirnos en un plano de igualdad, con una visión incluyente y federalista, incidiendo en el desarrollo y bienestar de la sociedad en su totalidad.
Por las razones vertidas, Movimiento Ciudadano, como Grupo Parlamentario, considera impostergable que se incluya y se cumpla de manera tajante con los programas rectores en materia de igualdad de género y la participación de las mujeres y hombres rurales e indígenas en todas las instancias de la administración pública federal.
En consecuencia, apoyamos la propuesta de exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que incremente los apoyos en favor de las mujeres rurales, los cuales les permitan adquirir y producir sus tierras y, por ende, ejerzan ellas y sus familias su derecho a la salud y a la educación como lo marca nuestro máximo ordenamiento jurídico.
Bata ya de utilizar los programas como botín político. Basta ya de utilizar a las mujeres rurales y a los hombres rurales simplemente como la máquina de hacer votos. Basta ya de estar burlándonos de las zonas rurales. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Nelly Vargas, para referirse al dictamen relativo a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados federales. La extrema violencia en contra de las mujeres en Tabasco ha sido uno de los más graves focos rojos para la alarmante descomposición social, principalmente en el municipio de Tacotalpa en los años recientes.
Los crímenes dolosos e impunes y la trata de personas –en el caso específico de esta entidad– son una de las preocupaciones más grandes que deberían estar presentes las autoridades correspondientes de preservar y hacer cumplir los derechos humanos.
Es de verdad indignante que en un periodo de sólo cuatro años –del 2005 al 2009-, se hayan iniciado 124 averiguaciones previas por asesinato en contra de mujeres y que sólo se hayan podido resolver 30.
Es inaceptable que ni las propias autoridades, supuestamente competentes, sepan con exactitud el número de víctimas y desaparecidas, arrebatadas por cobardes sin rostro. Son insensibles las respuestas indolentes ante la falta de eficacia respecto a tales atrocidades.
Los feminicidios en México son un problema que desde principios de 1990 no alcanza un estatus de seria importancia para el gobierno federal, ya que hasta el 2003, es decir desde hace sólo 10 años, se pudo calificar la violencia en contra de la mujer como feminicidio.
Una década entera de formas extremas de maltratos y violentos asesinatos tuvieron que pasar para poder tipificar estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Durante más de una década Ciudad Juárez fue epicentro de los feminicidios en México, acaparando las miradas del ámbito nacional e internacional, debido a la impotencia provocada por la impunidad ante los escabrosos hechos.
Estas lamentables últimas circunstancias en el estado de Tabasco, acentúan la evidencia de que este tipo de violencia de género no es única y exclusiva de Ciudad Juárez, sino que es una realidad latente que persiste en todo el país.
Este fenómeno adquiere una forma continua de violencia sexual, donde prevalecen los actos que atentan la integridad, los motivos, el desequilibrio de poder entre los sexos en las esferas económicas, políticas y sociales.
Sin duda es una situación que hay que erradicar desde a educación en nuestros niños y jóvenes, para así poder cambiar la cultura de violencia de género basada en patrones de masculinidad que predominan históricamente en nuestro país.
Según el Instituto Nacional de las Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas, al menos 34 mil mujeres han sido presuntamente violentadas hasta la muerte en los últimos 25 años.
Cada año en nuestro país mueren por causas violentas alrededor de 5 mil 200 mujeres entre 15 y 49 años, cifras que son verdaderamente preocupantes, más las últimas mujeres asesinadas estas semanas en Chihuahua y en Ciudad Juárez.
Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano condenamos arduamente los feminicidios en el municipio de Tacotalpa y Tabasco y creemos que por la gravedad del delito la Secretaría de Gobernación deberá asignar partida en las indagaciones para instalar de manera inmediata la alerta de género en las indagaciones en el municipio tabasqueño y en el estado de Tabasco.
Estamos convencidos de que las políticas empleadas por los tres órdenes de gobierno para reducir los casos de feminicidios y trata de personas no han sido los correctos.
Es por eso que exhortamos a que se abogue por los adecuados elementos objetivos que permitan una correcta y sistemática admisibilidad de la violencia de género en los códigos penales dentro de todos los niveles.
Por último consideramos que la violencia de género es un tema de suma importancia, el cual sigue nublando al país con hechos detestables y cobardes, por lo que no debemos descansar hasta encontrar las medidas efectivas y eficientes que pongan un final definitivo a estas brutales situaciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez, para referirse al dictamen relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los programas del anexo 10.
Aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Plantel San José del Rincón, que están hoy aquí invitados por el diputado José Rangel Espinosa. Bienvenidos todos y todas a esta sesión de la Cámara de Diputados.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. Revertir la discriminación no es cosa fácil, en primer lugar, porque responde a conductas que se afianzan durante mucho tiempo en la cotidianeidad de la vida diaria y van cobrando fuerza conforme las personas o sociedades las integran en su actuar de forma casi inconsciente.
En segundo lugar, no s fácil revertirla porque justamente esa cotidianeidad afianzada por el tiempo y reforzada por la colectividad, provoca que no sea tan comprensible ni tan clara la necesidad de implantar acciones afirmativas y medidas especiales para destruir una idea que de antaño es discriminatoria.
Es necesario visibilizar claramente cuáles son los aspectos que se deben combatir y contemplar para lograr la igualdad. Es necesario dejar muy claro cómo es que se pretenderá lograr eliminar la discriminación, sobre todo si se trata de un programa de gobierno que además ejercerá recursos públicos.
El Anexo 10 del presupuesto de egresos de la federación efectivamente contempla las erogaciones para la igualdad entre las mujeres y los hombres; sin embargo, coincidimos con las y los promoventes y consideramos que no se hacen visibles las diferencias entre hombres y mujeres en los ámbitos de ejecución de cada programa de los que contempla el mencionado anexo.
Consideramos muy pertinente exhortar a las secretarías de la Función Pública, Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria para que emitan los lineamientos a fin de que todas las reglas de operación de los programas de la administración pública federal consideren el principio de igualdad de género en su elaboración o actualización, porque el combate a la discriminación debe ser un tema transversal; la búsqueda de la igualdad no se satisface de forma residual, no se puede pretender implementar un programa a favor de la igualdad y pensar que se ha hecho ya lo suficiente. Al contrario, el combate a la discriminación no es accesorio, sino debe ser lo principal. A la par que todos los programas de gobierno, debe operar una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y entre todas las personas en general.
Es por ello que apoyaremos el punto de acuerdo que hoy se somete a votación para que las reglas de operación de los programas visibilicen la desigualdad imperante y se actúe en consecuencia. La igualdad entre las personas no podrá ser lograda exclusivamente por la autoridad; es necesaria la participación activa de todas las personas.
Sin embargo, por supuesto que es la autoridad quien debe erigirse como punta de lanza, ya que tiene una obligación con toda la población, además porque administra los recursos de los mexicanos.
Se deben de armonizar y recomponer los programas operativos, manuales de procedimiento y reglas de operación que permitan establecer sinergias con el principio de igualdad.
Coincidimos además especialmente en el dictamen con lo que respecta a que la transversalización de la perspectiva de género conlleva no solamente la incorporación del análisis de género en las estructuras existentes, sino también herramientas que deben tomarse en cuenta e incluirse al interior de las instituciones tanto públicas como privadas.
Las mujeres y los hombres y todas las personas somos iguales y así lo deben reflejar los programas de gobierno.
Compañeras y compañeros, precisamente el día de mañana se cumple un aniversario más de la muerte del general Zapata y el campo, el sector agrario está devastado por las drásticas reglas de operación que nos imponen y es una deuda histórica que se tiene con este importante sector rural, que es el que contribuye a la grandeza del pueblo de México. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Francisco Coronato para referirse al punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados a armonizar su legislación en materia de feminicidios.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la violencia contra las mujeres no puede ser vista de manera aislada. Es un problema social que nos debe involucrar a todas y todos. Ésta ocurre principalmente en la familia, aunque también en el trabajo o escuela, y lo más grave, es que es tolerada y en ocasiones perpetrada por el Estado, mismo que vuelve a victimizar a estas víctimas de este tan deleznable delito.
No se trata de incidentes azarosos sin conexión entre sí, sino de los resultados de las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres que durante años se han sistematizado en nuestra vida diaria, derivado de la falta de una cultura a la igualdad y a la dignidad de todo ser humano.
El caso extremo al que llega esta situación son los feminicidios, los cuales en nuestro país han llegado a niveles alarmantes. En 2007 se realizaban tres homicidios dolosos de mujeres por día. En 2008 la cifra aumentó a cuatro; en 2009 a cinco y actualmente se cometen de cuatro a cinco homicidios contra mujeres cada día.
Los últimos dos años del sexenio anterior dejaron un saldo de 4 mil 112 asesinatos de mujeres y 3 mil 976 desparecidas. Tan solo en Nuevo León en 2012 fueron asesinadas 132 mujeres, creciendo el índice de feminicidios estatal en 698 por ciento.
Asimismo, se tiene una cifra de 500 niñas y jovencitas dentro de 10 y 20 años, desaparecidas; lo cual nos lleva a otro problema intrínsecamente relacionado con el que discutimos, la trata con fines de explotación sexual y laboral.
Tristemente el problema no es exclusivo de un estado. Esta situación tan denigrante sucede en la mayoría de las entidades federativas de la República, por lo que las políticas que combatan dicha acción deben ser apoyadas en todo el territorio nacional.
El aumento de la violencia feminicida está estrechamente relacionado con la negativa de algunos estados a declarar la alerta de género. Chihuahua, Veracruz, el estado de México, Nuevo León, Morelos, Chiapas y Guerrero son los estados con mayor índice de violencia contra mujeres, lo cual significa que se requiere mayor atención de las autoridades, más recursos federales y mejores acciones para erradicar las agresiones contra este sector de la población.
Cada vez son más el número de mujeres asesinadas y son mayores los índices de violencia y exhibición de sus cuerpos, ¿Cuánto tiempo más esperaran los Congresos estatales para emprender acciones legislativas que armonicen su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en el Código Penal Federal en materia de los feminicidios?
En Movimiento Ciudadano, somos conscientes de que estamos ante un grave problema y que es nuestro deber como legisladores terminar con las prácticas atroces que han ocurrido en todas las regiones del país, las cuales están relacionados con la trata de personas, prostitución forzada, violencia familiar y explotación.
Nuestras mujeres merecen un trato digno acordes a lo que son: seres humanos únicos e irrepetibles dotados de dignidad, así como de una mejor atención como consecuencia de las autoridades tanto federales como estatales. No podemos ni debemos perder más tiempo, no podemos permitir que una mujer más sea víctima de la violencia feminicida.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este acuerdo. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores procede pasar a recoger la votación económica para ver si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Grupo Parlamentario del PRI... perdón. ¿Sobre cuál dictamen?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Señor presidente, sobre el dictamen de Tula, Hidalgo.
El Presidente diputado José González Morfín: El de Tula, Hidalgo, perdón. Perdón, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía, para referirse al dictamen que tiene que ver con los feminicidios en Tula, Hidalgo.
El diputado Ricardo García Berdeja: Gracias, presidente. En primer término felicitar a la Comisión de Equidad y Género, y aunque sé que hay premura porque la sesión pueda continuar y terminar, para nosotros es un tema fundamental. Este punto de acuerdo fue propuesto por el diputado Ricardo Monreal y el de la voz y fue dictaminado positivamente por la Comisión.
Para nosotros, lo hemos señalado, el tema de los feminicidios y de la violencia en cualquier manifestación económica, laboral, política o sexual contra las mujeres, es un tema de primer orden en la agenda nacional. Nos parece muy grave que todos los días en diferentes partes del país se sigan presentando homicidios incalificables de mujeres, donde llevan implícitos no solamente una conducta delictiva o antisocial, sino un asunto de odio, un asunto de generar un daño, un sufrimiento, una denigración.
Por eso propusimos que en el caso de los feminicidios que se han presentado en Tula, Hidalgo, como en otras partes del país, aquí se han tratado de otras regiones del país, se exhortara a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad a investigar a fondo, con diligencia profesionalismo, este caso aberrante. De igual manera, a que la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía especializada, tomara cartas en el asunto.
Aquí queremos aprovechar para comentar que las Fiscalías especiales en la Procuraduría General de la República, en particular la que tiene que ver con los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, tienen que mantenerse. Sabemos por ahí que hay una propuesta de reestructuración, pero nos parece que este delito por su impacto social, por su impacto humanitario, tiene que tener la mayor atención del Estado mexicano y de las dependencias de procuración de justicia en el país.
Por esa razón nosotros estamos impulsando este tipo de iniciativas y queremos que esta Cámara siga avanzando también en la penalización y el combate a los delitos de desaparición forzada y trata de personas, que están, sobre todo el último, vinculados a estos hechos delictivos.
Es cuanto. Y felicitamos nuevamente a la comisión respectiva por estos puntos de acuerdo. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. También me está solicitando hacer uso de la voz la diputada Lorenia Valles, para el dictamen que tiene que ver con el estado de Sinaloa y se le concede también el uso de la voz a la diputada Lorenia Valles.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el dictamen con proposición con punto de acuerdo, presentado por la Comisión de Equidad y Género, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, aplicar, en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias, a fin de atender el creciente índice de feminicidios en la entidad.
La violencia en el país no amaina, cerca de 300 mil muertos en los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto nos indican que algo no está bien. A esto se le suma, que en la zona noreste de nuestro país, el riesgo de muerte para las mujeres aumentó en 400 por ciento, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, y supera el 200 por ciento en la región de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.
Las cosas andan muy mal para las mujeres, pues siempre al final resultan víctimas, el objeto olvidado de una sociedad que se niega a reconocernos y visibilizarnos. Que quede claro, existimos. Somos mexicanas y merecemos el pleno respeto a nuestra vida y a nuestras decisiones.
Es sumamente preocupante la situación, pues se estima que de cada diez, siete mujeres en el mundo sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. En la mayoría de los casos, tristemente, dicha violencia se produce a manos de compañeros sentimentales y familiares.
No existen cifras confiables para conocer a ciencia cierta la magnitud de los feminicidios en nuestro país y en muchos de los casos se usan mediciones que no demuestran la verdad por completo, en otros, a veces se manejan las cifras casi en secreto por las autoridades, y por si fuera poco, las entidades federativas no han cumplido con integrar la base de datos sobre este delito.
Sobre trata de personas es muy preocupante, pues según la Comisión de Derechos Humanos, México ocupa el segundo lugar mundial en víctimas de trata, y a decir de la Procuraduría General de Justicia, es el tercer lugar a nivel mundial.
De frente a la nación no podemos esconder la verdad, la mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres no la pasan bien en nuestro país. La pobreza las abruma, y por ende, el mercado de trata en México afecta a miles de niñas y mujeres.
Lamentablemente México lidera la trata de menores en América Latina, además de esto, se les suman los resultados del estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, que arriba citamos ya algunos datos y que retomándolos nos indican que muchas cosas están mal en las estructuras gubernamentales, porque la violencia no baja.
En el caso del centro, sur, occidente y oriente el hogar sigue siendo el ámbito de mayor riesgo de homicidio para las mujeres y han aumentado en el país los ataques con arma de fuego, a golpes y violaciones hacia las mujeres.
A esto hay que abonarle el hecho de que el 12 por ciento de las mujeres que fueron a interponer una denuncia ante las autoridades de procuración de justicia fueron objeto de violencia institucional y sus denuncias fueron ignoradas o menospreciadas.
Las mujeres indígenas reportan haber sido vendidas. Las niñas y las adolescentes violencia, prostitución infantil, acoso y abuso sexual. Y muchas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad. Las desapariciones y levantones de jóvenes mujeres se consideran una práctica cotidiana en muchos lugares de nuestro país, como es el caso de Culiacán, Sinaloa y Nogales, Sonora, entre muchas otras.
En dónde alzar la voz. Cómo exigir que no haya ni una muerta más en ninguna parte de nuestro país, si no es desde esta tribuna, representante de hombres y mujeres por igual. El Grupo Parlamentario del PRD exige, ni una muerta más en nuestro México.
Es por ello que votaremos a favor de este punto de acuerdo y esperemos que todos y cada uno de ustedes lo hagan en ese mismo sentido. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir ahora sí, a la Secretaría, que recoja la votación económica sobre los puntos de acuerdo, con excepción del número nueve, el que está en el lugar número nueve, que el Grupo Parlamentario del PRI ha pedido que se vote por separado.
Entonces, pediría a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo de los dictámenes enlistados del 1 al 8 y el número 10.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo, del número 1 al 8 y el 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Ahora pido a la Secretaría recoger la votación económica relativa al dictamen enlistado en el numeral 9, que se refiere al estado de Querétaro.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto 9.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputada. Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Compañero y compañeras, yo creo que es importante tomar en cuenta que los puntos de acuerdo que aprobó la Comisión de Equidad y Género son puntos de acuerdo para avanzar en el acceso al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Si bien puedo entender la postura del PRI para separar la discusión del tema de Querétaro, yo le quiero pedir al Partido Revolucionario Institucional que lo vean como una oportunidad, estamos coadyuvando para que los gobiernos visibilicen a las mujeres y los probables problemas que están enfrentando las mujeres.
Desde mi punto de vista, menoscaba la autoridad de la Comisión de Equidad y Género, y del trabajo en comisiones, cuando separan un punto de acuerdo de los que hemos aprobado desde el 13 de diciembre.
A mí me parece que, si bien las diputada del PRI no votaron este punto de acuerdo a favor, es importante hacer un exhorto al Partido Revolucionario Institucional, en el buen sentido, porque es una oportunidad para el gobierno de Querétaro el tomar en cuenta este exhorto no como una amenaza, no como un tema contradictorio, sino para avanzar y coadyuvar desde el Legislativo para que avance acciones en contra de la violencia hacia las mujeres.
Por eso hago este exhorto, para que no se vote en contra y, sobre todo, para que toda la Cámara de Diputados manemos una señal positiva a la nación a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
Entiendo el sentido del PRI, pero también tengo la responsabilidad como presidenta de la Comisión de Equidad y Género de hacer este llamado respetuoso y sereno al partido para que el punto de acuerdo de Querétaro sea votado a favor. Machísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Me solicitó también, desde su curul, el uso de la voz el diputado Manuel Añorve y también la diputada Raquel Jiménez, en este orden. Sonido en la curul del diputado Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Declinamos que se separe, y pedimos se vote en su conjunto. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Nada más que ya se votaron los otros nueve. Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido del llamado que hace la diputada presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la diputada Malú Mícher, exhortar a todos los compañeros diputados y a todas las compañeras diputadas a votar este punto de acuerdo a favor.
Éste no es un exhorto en contra de una persona ni de un gobernador, es un llamado a cumplir con la responsabilidad para la cual fue electo y es solidarnos con las mujeres, con las madres de familia, con las hermanas, con las amigas de las personas desaparecidas.
¿Cuánto más tiempo debemos esperar? Hemos esperado del 25 de septiembre al día de hoy, seis meses y medio para poder votar este punto de acuerdo. Hoy hay familias enteras esperando no seis meses, esperando día a día en el sufrimiento de no saber dónde está un familiar.
Convoco a todos, hago un llamado al sentido común y a nuestra responsabilidad social con esas familias para votar este punto de acuerdo a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Me están pidiendo la palabra, pero tomando el sentido de la propuesta que hizo la diputada Malú Mícher, de integralidad de estos dictámenes, y en razón de lo que ha planteado el PRI de que no se le excluya, voy a pedirle a la Secretaría que se voten en conjunto los 10 puntos de acuerdo para que se pueda tener el sentido de la votación de toda la asamblea respecto a los 10 dictámenes en su conjunto.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo de la Comisión de Equidad y Género.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo del numeral 1 al 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los acuerdos. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Me había pedido la palabra la diputada Blanca Jiménez.
La diputada Blanca Jiménez Castillo (desde la curul): Presidente, era en el mismo sentido, no hay objeción alguna.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a pasar ahora a la discusión de los tres dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez. Voy a pedir a la Secretaría lea los encabezados de los tres dictámenes.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de la federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que legislen en la materia.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Para fundamentar los dictámenes por la comisión tiene el uso de la voz, la diputada Beatriz Juárez Piña.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. En principio quiero agradecer la participación comprometida de todas y todos los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, en virtud de que han exteriorizado su compromiso y su esfuerzo para presentar los tres puntos de acuerdo que el día de hoy aquí será enunciado.
En particular, en principio me referiré al punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont, Gerardo Xavier Hernández Tapia, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a organizar, a instalar, el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil.
Este consejo tiene como atribuciones el formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social, en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños.
De conformidad con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011, se fijó un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para que el titular del Ejecutivo federal constituyera el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. El plazo venció el pasado 20 de abril de 2012 sin que hasta la fecha se haya instalado.
Cabe destacar que esta ley surgió en gran medida por el empuje e iniciativa de las madres y padres de familia que desafortunadamente perdieron a sus hijas e hijos y otros niños y niñas que resultaron con heridas permanentes en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, con quien por cierto, todavía tenemos muchos pendientes. Por esa razón, es importante que llamamos a votar en favor este punto de acuerdo.
Por otra parte, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, presentó el punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, para establecer una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; y también este exhorto hacerlo para las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal.
Quiero comentarles que también en la Comisión de los Derechos de la Niñez compartimos que de acuerdo con las publicaciones especializadas en el tema de seguridad para navegar en Internet, existen riesgos cuando los niños, niñas y adolescentes navegan libremente por Internet como son el acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar contenidos de juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol.
Otro riego es la comunicación con personas desconocidas que pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, solicitando información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de familia, etcétera, aumentando el riesgo de ser víctimas de la pederastia o de trata.
Sin embargo, aunque las niñas, niños y adolescentes pudieran ser experimentados en Internet, ignoran y pueden manejar incorrectamente los peligros que su uso implica, puesto que el Internet se ha convertido en el vehículo ideal para transmitir informaciones perjudiciales para las niñas, niños y adolescentes y para la comisión de diversos delitos. Por esta razón, también la Comisión de los Derechos de la Niñez determinó viable la propuesta que nos hizo la proponente, diputada Magdalena Núñez Monreal.
Por último, el dictamen del punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los Congresos de los estados de la federación, así como a la Asamblea Legislativa para que legislen observando y priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
De todos es conocido que a la luz de la reforma constitucional relativa a los derechos humanos publicada el pasado 10 de junio de 2011, la cual entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación y con la que se da un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona, sitúa a México a la par de los países que enfocan su atención y esfuerzos en la protección y defensa de los derechos humanos a través de mecanismos de vanguardia.
Y tal es el caso que vemos la reforma en el artículo 1o., donde viene establecida la convencionalidad; en el artículo 4o. constitucional donde se establece el interés superior de la niñez; y en el artículo 73 donde también tenemos presente la facultad que tiene la Cámara de Diputados para legislar sobre el tema de niños, niñas y adolescentes en los tres órdenes de gobierno.
En ese sentido nos parece relevante que los congresos de las distintas entidades federativas observen el interés superior de la niñez. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sólo para conocimiento de la asamblea, la diputada Juárez Piña fundamentó los tres dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, que serán los últimos que abordaremos el día de hoy.
El Presidente diputado José González Morfín: Y han solicitado y harán uso de la voz, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez... Bueno, primero que nada están a discusión los puntos de acuerdo y para referirse a ellos tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. También tengo anotados al diputado José Antonio Hurtado, al diputado Gerardo Villanueva, y al diputado Juan Ignacio Samperio.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, los dictámenes sobre los puntos de acuerdo que presenta la Comisión de los Derechos de la Niñez, contienen preocupaciones sobre un asunto ineludible, como legisladores y representantes de la nación: el interés superior de la niñez mexicana.
Las preocupaciones tienen relación con asuntos importantes en términos institucionales, legales y de políticas públicas, necesarias para impulsar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Me referiré al exhorto que al Poder Ejecutivo para organizar e instalar el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integrales Infantiles.
La atención, cuidado y desarrollo integral de nuestra niñez debe de estar por encima de cualquier consideración burocrática o administrativa, porque es obligación del Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, así como garantizar de manera plena sus derechos. Así lo marca y lo exige el artículo 4o. constitucional y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, como son: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Más aún cuando la creación de la Ley General de Prestación para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y la organización e instalación del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil que de ella se deriva, ha estado precedida de un lamentable acontecimiento que estremeció a toda la sociedad.
A un año y 10 meses de concluido el proceso de construcción del andamiaje jurídico que ofreciera mediante un instrumento de vanguardia para nuestro país mejores condiciones para la atención de la niñez mexicana, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos indispensable dar conclusión a ese mandato legislativo orientado a ofrecer mejores condiciones de atención a la niñez mexicana y dotar de la necesaria tranquilidad a sus padres o tutores en el sentido de que las instituciones en las que confían el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral cumplan con los requisitos de ley. Su cumplimiento contribuye directamente a la salvaguarda de los derechos de la infancia mexicana.
Es por eso que los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez consideramos perfectamente factible este respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para crear el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil, con lo cual se daría cumplimiento al expreso mandato de creación que a la fecha no se ha atendido.
Dicho consejo tiene las atribuciones de formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil, promover ante las instancias competentes la certificación de competencias laborales para el personal que preste sus servicios en los centros de atención, promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, así como la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados y la generalización, actualización y aplicación de normas oficiales mexicanas que permitan la regulación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral, entre otras.
Es por ello que a tres años de que ocurrió el lamentable hecho de la guardería ABC en Sonora exigimos la instalación cuanto antes de este consejo. Cabe destacar que la ausencia de este organismo ha facilitado que durante el año pasado el 70 por ciento de las más de 100 mil guarderías registradas en el país no cuenten con un seguro de responsabilidad civil profesional, lo que representa un riesgo latente para los menores que tienen que permanecer en estos establecimientos un promedio de 40 horas semanales.
De este tamaño es la gravedad que la negligencia ha provocado. Basta ya de la omisión que se ha tenido. Por lo tanto, invitamos a que votemos a favor de este dictamen a todas ustedes, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para referirse a este mismo dictamen tiene el uso de la voz el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, señor diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenas tardes A partir de los terribles sucesos ocurridos en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se iniciaron trabajos de análisis y desarrollo de un esquema normativo que regule, autorice, supervise, evalúe y en su caso sancione la mala operación de los centros de atención en los que se presta el servicio de guarderías en México.
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil dispone las medidas precautorias que deben seguirse para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños, y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.
Así, como la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones adecuadas de igualdad, de calidad, seguridad y protección, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Sin embargo, y a pesar de ser un avance importante en materia de protección civil, el cumplimiento de la misma no se está llevando conforme a lo establecido, ya que el Ejecutivo federal tiene la facultad de integrar un consejo nacional de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y no se ha hecho.
Con ello se puede interpretar que esta ley sólo fue integrada para salir del paso. Ningún titular del Ejecutivo en la pasada y presente administración ha tenido la intención de integrar dicho consejo, el cual tiene la facultad de conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios y permitir el vínculo entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores público, privado y social.
Es por eso que en la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano nos mostramos a favor del presente dictamen a discusión, debido a la importancia de contar con mecanismos que ayuden a prevenir y proteger a las niñas, niños y adolescentes. Además de obligar a las dependencias, entidades y organismos de seguridad social que prestan los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, a cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, así como a lo dispuesto por esta ley.
Por lo anteriormente expuesto, para la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano es necesario hacer un enérgico exhorto al titular del Ejecutivo para que cumpla a cabalidad la normatividad en materia de protección civil, a fin de evitar alguna otra tragedia como la sucedida y lamentable en años anteriores en Hermosillo, Sonora. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, Diputado. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para referirse al dictamen por el que se exhorta a los Congresos de los estados para que legislen priorizando el interés superior de la infancia.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha realizado un estudio a profundidad sobre el tema de la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes. De este estudio se desprendió la existencia de unos siete millones de niños, niñas y adolescentes, que deambulan en las calles de los distintos países, lo cual está vinculado a distintas formas de violencia, abandono, violencia doméstica que los empuja a huir del hogar y situaciones de explotación económica, entre otras.
A ello se agrega el hecho de que de acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 12.6 millones de los 19.7 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que participan en actividades económicas, es decir prácticamente 2 de cada 3, lo hacen en trabajos no permitidos para su edad o que se consideran dentro de las formas de trabajo infantil que deben ser erradicadas de inmediato y que implican situación de explotación económica con altos niveles de riesgo que enfrentan abuso y maltrato.
Las niñas son uno de los grupos más discriminados por edad y por género, además de volverse invisibles en todas las facetas de sus vidas desde la escuela hasta el trabajo. Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad temprana, y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las mismas. Por el contrario, las que han recibido una educación secundaria tienen hasta seis veces menos probabilidades de casarse en la infancia, lo que hace de la educación una de las mejores estrategias para proteger a las niñas y combatir al matrimonio en la infancia.
Casi un 10 por ciento de la población total de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encuentra en estas situaciones, en clara violación de sus derechos y de lo que al respecto plantean distintos instrumentos jurídicos, en particular la Convención de los Derechos del Niño.
El principio del interés superior del niño y la niña es entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
Por eso, los diputados del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor de este punto de acuerdo. Nos parece que es indispensable que en todos los Congresos de las entidades federativas, incluyendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aborde con mucha seriedad este punto al cual nos obligan no únicamente los convenios, como ya se decía, sino la propia Constitución. Creo que no afecta de ninguna manera el Pacto Federal, siendo la materia de este tema nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente en este paquete de dictámenes, tiene el uso de la voz el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para referirse al dictamen por el que se exhorta a la Segob y a la SEP para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos. Relacionado con el internet, por supuesto.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. El fenómeno del internet nos ha llevado a una nueva etapa de la historia. Como bien explica Manuel Castells, gracias a esta herramienta nos encontramos en la era de información y cualquier tema de nuestro interés se encuentra tan sólo a unos clics de distancia.
Con este instrumento tan poderoso se han obtenido enormes ventajas, la información que antes tardaba días en llegar a nuestras manos ahora se obtiene en segundos. Asimismo, los grandes sesgos que las televisoras utilizaban al hablar de los principales acontecimientos, ahora son enfrentados por las redes sociales y portales electrónicos.
El Internet no tan sólo se limita al ámbito de la comunicación; ha permeado en la evolución económica y en las transformaciones, políticas, sociales y culturales, en el marco de una era caracterizada por la globalización.
Cabe mencionar, que como cualquier invento, no sólo ha traído ventajas positivas a nuestro país, aunado a los beneficios mencionados, ha presentado retos que nos obligan a modernizarnos al mismo ritmo que la tecnología se transforma.
Entre los principales desafíos se encuentran, el establecimiento de mecanismos de seguridad, el impacto en el empleo, la regulación de los nuevos medios de comunicación y la privacidad de los usuarios.
En el caso puntual de nuestro país, de acuerdo con el Inegi, el 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a Internet. Asimismo, el 30 por ciento de hogares mexicanos cuentan con equipo de cómputo en sus domicilios.
Con base en esto, podemos inferir que miles y miles de ciudadanos acceden diariamente a Internet, entre ellos se encuentra un sector que resulta vulnerable debido a la diversificación de información este medio, y son los niños y los jóvenes.
Para esta generación, el acceso al ciberespacio representa una actividad cotidiana con la que prácticamente nacieron y a través de él conviven con sus allegados, realizan tareas y obtienen ratos de entretenimiento, el problema surge al darnos cuenta que no existen los candados suficientes para evitar que los niños accedan a páginas no apropiadas para su edad, en las que pueden encontrarse con pornografía, desórdenes alimenticios, violencia, apuestas y demás situaciones que vulneran su desarrollo.
Como ejemplo de la gravedad del asunto, observamos que nueve de cada diez niños, de edad comprendidas entre los 8 y los 16 años, han visto pornografía en Internet, y en la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas sobre temas que no tuvieron relación con la exploración principal que estaban realizado.
Si en realidad se desea atacar el problema de fondo, se requiere de una visión integral que contemple al gobierno, a los padres de familia, a los niños, a los adolescentes y a la sociedad en general, a fin de cuentas la imposición de candados y restricciones, así como un monitoreo eficaz, no estarán a la altura del propósito si no se solucionan temas que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños y a los jóvenes, como son los conflictos familiares, las drogas, la baja autoestima, el maltrato y la violencia familiar.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que este problema no se debe de abordar como una causa, sino como una consecuencia de los problemas estructurales que afectan a la niñez y a la juventud del país, los cuales sólo se terminarán si trabajamos todos en conjunto. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de abril a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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