Comunicaciones
Retiro de iniciativas de diputados
De la Secretaría de Gobernación, con respuestas a puntos de acuerdo
Del diputado Carol Antonio Altamirano, relativo a iniciativas en materia de empréstitos
De la Cámara de Senadores, con punto de acuerdo y minuta
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de un dictamen
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Con modificación de la denominación de la comisión especial relativa a ciudades patrimonio
Dictámenes a discusión
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y los señores diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se le informa a la Presidencia que existen registrados previamente 435 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:36 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron los siguientes oficios:
Del diputado Ricardo Monreal Ávila, por el que solicita el retiro de los registros de la Comisión de Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º y adiciona los artículos 2 Bis y 4 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada el 7 de febrero de 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Hay una más. La del diputado Carlos de Jesús Alejandro.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Del diputado Carlos de Jesús Alejandro, por el que solicita el retiro de los registros de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Asuntos Indígenas, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 13 de febrero de 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, los que encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondientes a su primer receso.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a los promoventes para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió oficio del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, relativo a iniciativas en materia de empréstitos.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 contemple una partida especial para la ampliación, los servicios y el mantenimiento del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, presentada por Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que adiciona un inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.
Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Colegas legisladores, el Estado mexicano desde hace varios años se ha colocado a la vanguardia en el reconocimiento de la preminencia de los derechos de las personas por encima de cualquier ente, órgano o institución, producto de un renovador estilo de pensamiento orientado e influenciado sin duda por las tendencias provenientes de las experiencias del derecho procesal y del derecho penal nacional e internacional.
Acreditada está ya en nuestra Constitución, la decisión de los mexicanos de tener en primer lugar de nuestras prioridades a los derechos humanos de los mexicanos. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito previstos en los artículos 17 y 20 de la Constitución General de la República constituye la prueba palpable de esa evolución de las tendencias normativas referentes a estos derechos de las víctimas y ofendidos especialmente en lo que se refiere a la reparación del daño; sin embargo el reconocimiento de estos derechos solo a nivel constitucional pudiese quedar en una declaración, de la primera importancia, pero en una declaración.
Por eso es que este día el proyecto que se pone a la consideración de ustedes es de la más alta trascendencia para la República y, en especial, no solo para las organizaciones de la sociedad que han impulsado esta ley, sino para todos los miembros de nuestro pueblo mexicano.
Bajo este marco garantista, los derechos de las víctimas previstos en la Constitución deben complementarse en estricta congruencia en esta Ley Reglamentaria en la que de manera efectiva se otorgue el respeto y la aceptación a los derechos de las víctimas.
Los notables avances que incorpora esta ley los encontramos en varios aspectos, se emplea una noción amplia de víctima a la quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.
La noción se construye en la ley desde dos semblantes. En uno, artículo 4o, se considera como víctima a todo aquél que haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos ya sea en la forma directa a su persona o de manera indirecta.
En otro semblante, encontramos la noción de daño, artículo 6, con lo cual se da en consideración de la lesión corporal, moral o material; la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima. En la ley se incorpora la noción de reparación integral.
En dicha ley se crea el Sistema Nacional de Atención de Víctimas. Es decir, la reforma que ahora se pretende que se refiere a la Ley de Víctimas que hace unos meses publicara el Ejecutivo federal con toda sensibilidad política, es una reforma que pretende vindicar los derechos de miles y miles de ciudadanos mexicanos que lo requieren.
Es una consonancia la que hoy ponemos los miembros de esta Cámara al aprobar esta minuta con un sentimiento –tenemos que decirlo- que agobia en este momento a la sociedad.
Saludamos pues, compañeras y compañeros, este proyecto puesto a la consideración de ustedes esta mañana. Les solicitamos su voto aprobatorio y les pedimos que al ponerlo en vigencia demos al Estado mexicano los instrumentos suficientes para esta vindicación a las víctimas de atentados contra sus derechos humanos o producto de delitos; esperando –lo decimos con respeto como lo hicimos en la Constitución- que en unos años esta ley se vea sin materia porque no haya más víctimas que atienda la propia norma que pondremos en vigencia. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, Nueva Alianza, desde su conformación como instituto político al servicio de los ciudadanos mexicanos, ha puesto de manifiesto en su actuación cotidiana y legislativa su firme convicción por el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Con esta misma irrenunciable convicción hemos hecho patente la importancia que reviste la importancia la atención prioritaria de las víctimas de los delitos o de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en nuestro país.
Bajo un enfoque integral de justicia restaurativa comparable a las mejores prácticas de derecho internacional, hemos sido reiterativos de lo anterior porque conocemos y somos solidarios ante la dolorosa situación por la que, lamentablemente, atraviesan las personas que caen en manos de la delincuencia o, peor aún, cuando se ven violentados sus derechos fundamentales.
Sus angustiosas narraciones y su búsqueda de ayuda no hacen más que recordarnos el largo camino que deben recorrer para reclamar y encontrar justicia, así como la necesidad de reparar el daño causado por estos delitos o violaciones.
También sabemos que en muchas ocasiones, tal vez más de las que se supondría, no se obtiene un resultado favorable, quedando la persona doblemente victimizada. Por ello el clamor social de exigir justicia por y para todas las víctimas que ha generado la pasada estrategia de seguridad en contra del crimen organizado resultó en la necesidad de crear un ordenamiento jurídico, eficiente, pertinente, eficaz y con niveles de responsabilidad claramente establecidos.
Lo que se demanda es muy claro y necesario, es que por medio de este instrumento se promueva, se haga respetar, se proteja, garantice y permita el ejercicio efectivo de las víctimas de los delitos o de violaciones a sus derechos humanos y también a resarcir en la medida de lo posible el daño ocasionado.
Las diversas afectaciones a los derechos de las víctimas, derechos consagrados tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales de derechos humanos han obligado al Congreso de la Unión a diseñar una legislación idónea que fortalezca el ejercicio de sus derechos fundamentales y responda, con la debida celeridad, a sus necesidades y reclamos.
En este sentido, el Estado mexicano dio un paso muy importante al publicar en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del año en curso la Ley General de Víctimas, como resultado de la voluntad por parte del Ejecutivo federal para que entrara en vigor dicha ley, al encontrarse pendiente de publicarse en función de la controversia constitucional interpuesta por la administración pasada.
En Nueva Alianza estamos conscientes y resaltamos la importancia que ha revestido la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas. Consideramos que representa un instrumento jurídico esencial para cumplir y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, esa norma contenía diversas inconsistencias que la hacían, en los hechos, inoperable e ineficaz.
Como toda legislación, esta ley es perfectible, susceptible de ser mejorada y optimizada para tener un marco jurídico adecuado que cumpla con los objetivos establecidos y se adapte a las nuevas necesidades sociales.
En este sentido, el dictamen de la minuta que se discute contiene elementos de gran relevancia para la operatividad y eficacia de esta ley tales como la definición clara del concepto de víctima, las adecuaciones a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, los claros mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas o la simplificación de los mecanismos de registro.
También debemos resaltar la estructura operativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el establecimiento de una asesoría jurídica federal de atención a víctimas, medidas que en conjunto tienen como eje de actuación la debida atención a quien ha padecido o fue víctima del delito.
Asimismo se modifica el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral como órgano elemental para garantizar la reparación del daño, definiendo con certeza el mecanismo para la obtención de los recursos con los que podrá allegarse, especificando los montos y las hipótesis concretas, así como su armonización con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y el procedimiento para extraer los recursos del fondo.
Compañeras y compañeros legisladores: la ciudadanía nos exige la atención urgente de este tema y nosotros, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votaremos a favor de este dictamen, sumándonos a los esfuerzos que sean necesarios para actuar en favor de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: La elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está. Valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que tolera su ausencia; eso, eso es el duelo.
El duelo que hoy con esta Ley de Víctimas tratamos de cubrir, es el de 88 mil 361 muertos y 120 mil víctimas de secuestro, extorsión y homicidio doloso.
Compañeros diputados, antes de iniciar esta intervención, queremos dar un reconocimiento a los movimientos de organizaciones civiles como el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, que fueron la génesis de esta iniciativa, que después de haber sido víctimas del delito, fueron revictimizados por el Estado y atacados por el entonces presidente Calderón, en una negación del Estado de la victimización que ya habían sufrido y en una negación de sacar esta ley de víctimas y de aprobarla.
Estamos, como ya se ha dicho, no solamente vindicando a las víctimas del delito, sino vindicando al Estado mexicano. Estamos dando respuesta a una emergencia nacional, estamos dando respuesta a una de las atribuciones más importantes del Estado mexicano, que es la protección de los derechos humanos de las personas, protegiendo no solamente el derecho de las víctimas indirectas a no olvidar, sino el derecho de los mexicanos y de México a no olvidar, porque fíjense ustedes que yo todavía recuerdo aquella frase bastante desafortunada, de Vicente Fox, que solía decir en relación a las muertas de Juárez; son solamente cerca de 300 o 400 muertas. Completamente desinformado el entonces presidente, hacía pensar que 300 o 400 mujeres muertas en Juárez por odio de género, no importaba.
El derecho a la memoria, el derecho a reconocer que vivimos una crisis humanitaria por una guerra a la que Calderón nos llevó y que nunca quiso aceptar, y que ha dado estas cifras oficiales pero no sabemos qué cifras reales, es el reconocimiento al duelo de los mexicanos porque no es una pérdida solamente de una familia, sino es una pérdida de todo el país.
El objetivo de esta Ley no solamente es el de no revictimizar a quien ya ha sido víctima, valga la redundancia; el objetivo de esta Ley es el de no olvidar el trato que se le ha dado a los mexicanos que han sido víctimas del delito y víctimas del Estado.
Los puntos relevantes de la minuta, y seré breve porque evidentemente se hablará mucho al respecto, pero queremos dejarlo en la tribuna y decir por qué el PT no solamente va a votar a favor con esta urgencia que se le ha dado a la Ley de Víctimas o porque sea una Ley garantistas, sino porque es una respuesta a la injusticia que se ha cumplido con todos estos ciudadanos mexicanos, porque estamos en contra de la revictimización.
Los puntos relevantes de la minuta son que define los conceptos de víctima potencial; víctima directa; víctima indirecta y el hecho victimizante. Aclara que sólo cuando exista una sentencia firme que declare al quejoso como víctima se podrá acceder al Sistema Nacional de Víctimas, para recibir los apoyos a los que tiene derecho. Crea la garantía de no repetición. Obliga a estados y municipios, lo cual es muy importante, a ofrecer asesoría jurídica a víctimas. Precisa la conformación del Fondo Nacional de Víctimas, protege a los defensores de derechos humanos y precisa los mecanismos para la protección inmediata del Estado.
Compañeros diputados, permítanme cerrar diciendo que ésta definitivamente no es una ley perfecta. Como ustedes lo vieron en la sesión anterior, tuvimos que solicitar algunas correcciones de estilo de la minuta del Senado.
Habemos, inclusive, quienes pensamos que puede tener complicaciones en la operatividad y en la aplicabilidad, pero es esta Ley de Víctimas el resultado del esfuerzo de muchas personas que han trabajado, no solamente en esta ley, sino en dar garantía y en dar satisfacción a quienes ya han sido víctimas y en quienes han sufrido ya la pérdida de un ser querido.
Nosotros diríamos que estaremos atentos a aplicabilidad de esta ley y estaremos atentos también a que el Ejecutivo no revictimice a quien ya ha sufrido para presentar las iniciativas que así lo requieran. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. A pesar de las múltiples controversias surgidas durante largo proceso social, político y jurídico que significó la publicación de la Ley General de Víctimas, el hecho rotundo y concluyente es que en este momento ya forma parte del cuerpo normativo de la nación.
La Ley General de Víctimas, es una institución jurídica del Estado mexicano y para eso no hay regreso posible. Existen razonamientos y contextos para explicar lógicamente el origen de la Ley General de Víctimas, pero todos ellos resultan insustanciales y hasta carentes de sentido ante una realidad dura incontestable.
Durante los últimos seis años, más de 120 mexicanos se han desplazado de sus lugares de origen, tratando de escapar de la violencia. Aproximadamente 93 mil han sido ejecutados, poco más de 25 mil se estiman desaparecidos y algunos estudiosos aventuran un incremento mayor al 500 por ciento en los índices de tortura.
La descomposición social en nuestro México es extensa e indudable. La violencia que nos envuelve y la impunidad que la alienta no constituyen una ilusión intangible, es una realidad por demás cruenta y cotidiana.
Desde su publicación, incluso antes de ella, la Ley de Víctimas ha sido motivo de discusión. Sus limitaciones e insuficiencias han sido expresadas por expertos y analistas que señalan su carácter oscuro y contradictorio, en algunas de sus partes. Incluso, contrapuesto con nuestro sistema de procuración y administración de justicia.
No obstante y más allá de los claroscuros del proceso social y legislativo que le dio origen, la mayoría está de acuerdo que la Ley de Víctimas incorpora al sistema jurídico mexicano los más modernos conceptos y principios de defensa y respeto a los derechos humanos.
La ley implantó importantes innovaciones a los derechos de las víctimas, sobresaliendo el acceso a la justicia restaurativa, con el propósito de que los agraviados tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición.
De igual forma, la ley estableció mecanismos e instancias institucionales para que prácticamente todos los órdenes y niveles de gobierno participen en la atención de las víctimas, no solo en su despliegue operativo por la comisión de un delito o la violación de los derechos humanos, sino también en la conformación de recursos asignables en su auxilio.
En pocas palabras, la Ley General de Víctimas constituye el instrumento jurídico más importante para restituir y reintegrar a las víctimas sin mayores sobresaltos a la normalidad de la vida cotidiana, quebrantada por el abuso y la violencia.
Una Ley General de Víctimas es un acto legislativo que debe reconocerse pero no celebrarse. No debe celebrarse porque es un acto que emana de años de dolor y de olvido, de violencia y de indiferencia que han azotado a nuestro país con la fuerza descomunal que solo la marginación y el desamparo de millones de personas podrían haber provocado.
No debe celebrarse porque se creó sobre la desdicha de más de 80 mil familias, y aunque estamos, por supuesto, de acuerdo y a favor de su aprobación lamentamos que tenga que existir. Lamentamos que se hayan destrozado cientos de miles de corazones de familiares, de hermanas, de hijos, de madres y padres. Nos lamentamos profundamente por los miles de jóvenes y adolescentes que de un día a otro se enteraron que ahora iban a ser ellos los encargados de sus familias porque sus padres faltarían.
Lamentamos que tantos y tantas hayan tenido que cambiar los libros por las herramientas, las carreras profesionales por los oficios y la juventud por el dolo. Nos lamentamos por los hombres y mujeres policías y militares que cargan sobre sus conciencias en el cumplimiento de sus obtusas órdenes las muertes de miles de mexicanos. Es por ello que no podemos celebrar la ley, porque sabemos que seguirá habiendo víctimas y que a las víctimas existentes lo que se les ha quitado jamás se los podremos regresar.
Sin embargo, aun así apoyamos enérgicamente las modificaciones, porque sobre la incalculable desgracia que ha caído sobre las familias de las víctimas aun se puede construir un futuro y sobre las comunidades azotadas por la violencia aun se puede reconstruir el tejido social.
Consideramos que esta ley es un paso necesario para lograrlo y que quizá a través de ella se pueda mandar un mensaje a la sociedad, que le diga que no somos indiferentes al dolor y que entendemos que sus víctimas son las víctimas de todos nosotros.
La ley que ahora votaremos revela un carácter social. La amplitud de las definiciones de víctimas, acotación de los sujetos de reparación del daño, responsabilidades claras para funcionarios y unidades de la administración pública y un ajuste que da viabilidad presupuestal a este instrumento jurídico.
Sabemos que se consensuó con los movimientos sociales, con la finalidad de que las víctimas y familiares fuesen protagonistas en la elaboración de las modificaciones y en un nuevo proceso legislativo se dio causa a un ordenamiento que ofrece una alternativa social y económica de reparación integral del daño, aunado a la reconstrucción del tejido social.
Por razones como las anteriores, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor, sin embargo reiteramos, tener una Ley de Víctimas es reflejo de la existencia de un Estado victimario e incapaz, que no ha logrado contener el alud de violencia mediante vías no beligerantes, como lo podrían ser una política social integral, salud, empleo, educación, vivienda y cultura.
Votamos a favor con nuestras condolencias a las víctimas y nuestro compromiso para que desde esta instancia hacer todo lo posible por resarcir el daño que el Estado les ha causado, y sobre todo para prevenir el aumento de la violencia en el país.
Que se aplique irrestrictamente la ley será el primer paso para recomponer el camino. De buena fe esperamos que así sea, pero si se presenta el caso contrario también estaremos vigilantes. Hagamos de cada legislador un defensor de los derechos humanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Y aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 de la UNAM, que están hoy aquí invitados por la diputada Aleida Alavez. Bienvenidos a la sesión.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano presidente. Deseo llamar la atención a ustedes. La dinámica legislativa luego nos quita atención para ponerla en otros rubros.
Pero digo que deseo llamar la atención a ustedes porque es en realidad esta reforma a la Ley General de Víctimas, también al Código Federal de Procedimientos Penales, una herramienta de la mayor importancia. De la mayor importancia para generar un derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos, pero sobre todo al peor de los delitos –denme licencia de decirlo así–, a la maldita impunidad.
El objeto del Estado, sino el más importante, la razón del Estado es garantizarle tranquilidad y paz a sus gobernados. Primero, y sólo primero, su vida y sus libertades. No menos importante, pero también es su deber, sus bienes, su patrimonio, su propiedad.
Esta ley que ahora se reforma, estimados colegas, debe verse como una reivindicación social, como una reivindicación política de los lastimados por la falta de reconocimiento y de aplicación de un principio que es el de autoridad.
Esta ley había sido, por la Legislatura inmediata pasada, aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y fue cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo que tenía o se le marcaba con una tilde de inconstitucionalidad.
El gobierno de la república desde el Ejecutivo federal asumió desistir de la controversia o de la acción y proceder a proponer una serie de reformas, recogiendo –insisto– el planteamiento desde la sociedad.
Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista va a votar a favor y expresa no solamente ese reconocimiento político a la demanda social a través de organizaciones, a través de grupos sociales, que han trascendido al terreno de lo legislativo para lograr esta reforma.
Nosotros también queremos y lo debemos hacer, a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, a su Presidencia, al diputado Fidel Pacheco por la conducción y sus propósitos de darle vida a esta reforma que no solamente aborda la reparación del daño en el concepto patrimonial que ya lo abordan las leyes penales mexicanas, es decir, el Código Penal Federal o los Códigos Penales de los estados y sus leyes de procedimientos.
Es, ante todo, el reconocimiento del Estado a la dignidad de la persona humana. Es, ante todo, el reconocimiento de que el daño no se repara materialmente, o que el daño es cuantificable y se queda a mano cuando se da dinero. Es la reparación del daño en lo moral. Es la reparación del daño en su integralidad. Es la reparación sobre todo poniendo por delante la dignidad y el deber del Estado de darle condiciones de armonía a sus gobernados. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen.
La culminación de este proceso de discusión, de análisis, en que el Poder Legislativo ha acompañado los esfuerzos de activistas por la paz y los derechos humanos, solo puede causarnos beneplácito por el proyecto de dictamen positivo a esta minuta.
Ésta es una señal de reconocimiento de aquella realidad negada por años para decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, a cuyos familiares se les ha negado el derecho a conocer la verdad y a recibir medidas de reparación por los efectos de la omisión o la acción del Estado.
Esta reforma que hoy nos ocupa es producto del diálogo entre sociedad civil y poderes públicos, del trabajo colectivo y del esfuerzo por un marco legal que respete los derechos humanos.
Queremos externar un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y desde luego al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a cientos de familiares de las víctimas de la violencia.
No podemos omitir que la Ley General de Víctimas tuvo un tránsito muy difícil. Desde un procedimiento parlamentario irregular hasta enfrentar la controversia constitucional de Felipe Calderón, quien satanizó esta ley para ocultar el saldo de su gobierno: Miles de personas asesinadas, desaparecidas, huérfanas, por su política de guerra al narcotráfico.
Este paquete de ajustes tiene el fin de hacer más efectiva la aplicación de la Ley General de Víctimas. Significa avanzar hacia los mecanismos de reparación integral de acuerdo al mandato constitucional y a los lineamientos de instancias internacionales.
El orden jurídico nacional apenas está dando una respuesta concreta a familiares de víctimas que durante más de cuatro décadas han buscado la verdad y la justicia, como los movimientos surgidos ante la represión en la guerra sucia.
Con esta reforma se hace posible comenzar el cumplimiento de fondo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México. Las medidas de reparación implican no sólo una indemnización económica sino la restitución de derechos como educación, trabajo o salud y la intervención del Estado para evitar que los derechos de las personas sean vulnerados.
El Legislativo tiene la tarea de dar un atento seguimiento al desarrollo en la práctica de esta ley. Sin una estrecha colaboración y vigilancia será imposible dirigirnos al objetivo de la no repetición.
Con las adecuaciones se avanzará hacia la constitución de un Registro Nacional de Víctimas, que permitirá a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos contar con una vía específica de atención. Decenas de miles de víctimas no pueden permanecer invisibles ni desatendidas. El Estado ni siquiera ha emprendido la búsqueda de ellas.
En el marco que provee el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ofrecemos nuestro compromiso para trabajar porque las víctimas cuenten con los recursos necesarios disponibles para que el Estado repare las violaciones a sus derechos, por lo que deben aprobarse montos presupuestarios suficientes para cumplir con el mandato de la ley.
Queremos destacar que con la definición de víctimas potenciales se armoniza este instrumento con la legislación para la protección de periodistas y personas defensoras, a fin de que el daño no se extienda a estos sectores que velan por los derechos de las personas y la libertad de expresión.
Estas modificaciones hacen más operativa la estructura administrativa que genera la ley al mejorar la distribución de competencias de instituciones y de recursos de autoridades de los tres niveles de gobierno.
En el Sistema Nacional de Víctimas se compacta e integra representaciones de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades y las dependencias federales que son necesarias, además de la representación de las propias víctimas.
Uno de los más grandes pendientes en la historia de este país adquiere una nueva forma de solución, pues se contempla la declaración de ausencia por desaparición a fin de que los familiares de personas desaparecidas puedan tener acceso a los beneficios de la ley.
Desde luego que el fundamento legal está plenamente esclarecido, pues la facultad explícita para legislar en materia de víctimas se circunscribe a diversos ordenamientos y disposiciones sobre derechos humanos, comenzando con el principio pro persona, el transitorio que ordena una ley de reparación integral del daño, y el artículo 17 de la Constitución, que permite mecanismos de solución alternativa de controversias y reparación del daño en el ámbito penal.
Para terminar, queremos decir que vamos a votar a favor de este dictamen; pero tenemos enfrente y pronto, como legisladores, la tarea de discutir sobre la figura de arraigo. Hay que eliminar la figura de arraigo para contribuir a disminuir el problema de las detenciones arbitrarias en nuestro país y, por tanto, la generación de nuevas víctimas en México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, el ejercicio de la autoridad tiene por fin la realización del bien común que intrínsecamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo, el respeto y la protección a la dignidad de cada una de las mexicanas y los mexicanos. Es uno de los pilares que debe guiar las acciones de todo gobierno.
Es por ello que hoy estamos fortaleciendo el sistema jurídico de protección a las víctimas del delito. Esta ley tiene como objeto garantizar sus derechos humanos, en especial el derecho de atención, de protección, de restitución del daño y todos los demás consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de que México es parte.
Ante la relevante importancia del tema es que nuestro grupo parlamentario se ha pronunciado por un marco legal que considere la existencia de organismos encargados de la protección de las víctimas y que, además, especifique las obligaciones de todas las autoridades, dependiendo de su ámbito de competencia.
Sabemos que toda legislación es perfectible, por ello consideramos que las reformas que se realizan a la reciente expedida Ley de Víctimas solventan algunas de las deficiencias que en su momento se hicieron notar.
Además, destacamos la necesidad de contar con un marco jurídico integral que complemente la protección de las víctimas del delito. De ahí la necesidad de aprobar lo antes posible el Código Federal de Procedimientos Penales.
Debemos continuar llevando acciones que permitan, además de atender a las víctimas, erradicar la violencia que genera la comisión de delitos; desde acciones preventivas hasta la aplicación de la ley sin impunidad, exigiendo a los gobiernos locales que atiendan efectivamente el problema de la inseguridad pública y persigan de manera contundente a las organizaciones delictivas que operan en sus estados y municipios.
Es obligación de los tres órdenes de gobierno poner alto a la impunidad con que opera la delincuencia organizada. Sólo con un combate eficaz al crimen organizado lograremos proteger la integridad de las personas y devolveremos la tranquilidad a la sociedad.
Los legisladores del Partido Acción Nacional tenemos muy claro que un juicio expedito, una pena proporcional al daño causado y el cumplimiento de una sentencia de quien ha visto afectados sus derechos son la mejor retribución que una víctima puede tener, y no solamente ella, sino toda la sociedad, pues cuando se comete un delito, los ofendidos somos todos porque se ha violentado el estado de derecho.
Por ello hacemos propio el dolor de las víctimas del delito y de sus familias. Reconocemos el esfuerzo de la sociedad organizada que ha dado una gran lucha por reivindicar los derechos de las víctimas, aunque cabe resaltar que ni ésta ni ninguna otra ley que pretenda proteger a las víctimas del delito será suficiente si antes no contamos con jueces que cumplan la ley en beneficio de las víctimas, con funcionarios públicos y ministerios públicos con espíritu de servicio, con humanidad, con conocimiento de la ley, con sentido de justicia que les permita cumplirla a cabalidad. Es lo mínimo que esperan los ciudadanos de sus autoridades.
Por ello nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. “Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada”. Fragmento del poema del desaparecido poeta Mario Benedetti.
Hoy los diputados del PRI tenemos claro que no existe motivo de celebración, sino la ocasión de saldar una deuda pendiente con la sociedad mexicana, sin más obstáculos y postergaciones.
No podemos cerrar los ojos a una realidad que nos muestra el incremento desproporcionado que se dio en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Datos de organismos internacionales y las propias cifras oficiales hablan de personas asesinadas, desapariciones forzadas y una impunidad que desgastó al límite a nuestras instituciones.
Esta nueva ley es resultado del reclamo legítimo de justicia por parte de la sociedad civil organizada, a quienes el PRI expresa su reconocimiento concretado gracias a la sensibilidad de este gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y secundado aquí por los distintos actores políticos que si bien podemos diferir en la forma estoy segura que coincidimos en el fondo.
Coincidimos en la urgencia de restañar en lo posible las profundas heridas causadas en corregir lo necesario para el combate a la delincuencia organizada, que no dañe más nuestro tejido social, dejándole cicatrices imborrables, hartazgo, miedo y dolor.
Lo importante es que no haya víctimas de delito y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado. Lo urgente es que exista atención y protección especializada para las familias que han perdido a sus seres queridos y para quienes han sobrevivido al horror.
Que el Estado asuma su responsabilidad, pero sobre todo, que exista la conciencia de que estos hechos no puedan ser recurrentes.
Esta ley busca brindar la garantía, asesoría y representación jurídica necesaria a la víctima. Su reconocimiento como tal a quien acredite haber sido sujeto de daño físico, psicológico, emocional o económico derivado de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, de sus familiares o dependientes, y la protección y medidas cautelares de seguridad, en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.
Ofrece a las víctimas la oportunidad de seguir su caso y coadyuvar en las investigaciones que lleven a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, sin sufrir trastrocamiento a la estabilidad económica de su hogar y su familia.
Garantiza el acceso a servicios de salud y emergencia médica, comprendiendo hospitalización, cirugías, medicamentos y material médico-quirúrgico, aparatos de movilidad como prótesis, servicios de interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas y esquemas de rehabilitación tanto física como mental.
Todo ello, representa para la sociedad mexicana que las víctimas indirectas de delitos cuenten hoy con un estado que reconoce sus obligaciones con ellos, y un gobierno que las asume a cabalidad por medio de la creación de un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que se conformará por recursos asignados en el Presupuesto de Egresos y los provenientes de bienes decomisados, fianzas, multas, sanciones y donaciones que cubrirá el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, el pago de los salarios o percepciones correspondiente cuando por las lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión.
El pago de gastos comprobables, de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que ocasiona el trasladarse al lugar del reconocimiento del cuerpo de la víctima directa, del juicio, de su tratamiento médico y de los gastos funerarios en caso de homicidio.
Lo anterior, reforzado mediante una cooperación institucional que involucra a los tres niveles de gobierno a través de un sistema nacional de atención a las víctimas, y un Registro Nacional de Víctimas.
Debemos reconocer que es quehacer de todos trabajar para ir adecuando nuestro sistema de procuración de justicia y seguridad pública, de tal manera que el esfuerzo institucional se traduzca en medidas efectivas para que no existan acciones por parte del Estado que violen los derechos humanos, al tiempo que se resarce en lo posible el daño causado a las víctimas indirectas de estos delitos. El Grupo Parlamentario del PRI apoyará su implementación y funcionamiento que simboliza una ventana de esperanza y un cambio hacia la paz duradera y sostenible para todos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Han solicitado y se les concede el uso de la voz para hablar a favor, el diputado Fernando Belaunzarán y la diputada Loretta Ortiz. En ese orden, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Belaunzarán para hablar a favor del dictamen.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Me tocó ver hace aproximadamente un año aquí en esta Cámara de Diputados, precisamente cuando se votó a favor la Ley de Víctimas, ya venía consensuada del Senado. Fue por votación unánime de los diputados. Luego, como todos sabemos, hubo un proceso en donde no se publicó, finalmente se decidió hacerle observaciones, etcétera, y me parece que el gran mensaje aquí fue cómo el mismo movimiento que había impulsado esta legislación, se pudo poner de acuerdo para una vez publicado hacer las modificaciones que la hicieran viable.
Toda ley es perfectible, se ha dicho y se ha hablado hasta el cansancio, y seguramente ésta la podremos ir mejorando en el camino, pero es fundamental la enseñanza de cómo con la sociedad civil se puede llegar a construir acuerdos y mejorar las cosas.
Ahora bien, éste no es un tema cualquiera, la sociedad mexicana fue desgarrada, ha sido desgarrada de una manera dramática. Sean 60 mil, 70 mil, 80 mil muertos, es una tragedia nacional, se habla de 26 mil desaparecidos o como se le quiere llamar eufemísticamente, extraviados. Los daños han sido muy duros, han sido fatales y si me permiten decir que es lo mejor que ha traído esto, la gran enseñanza de este movimiento, es que si las cifras son espeluznantes, si hablar de 70 u 80, decenas de miles nos pueden poner la carne de gallina, es todavía más cuando vemos que no son números, que son personas, que son familias, que son comunidades, que son grupos que la sociedad mexicana ha pagado un precio altísimo.
Algo decía la Comisión, de que tenemos nuestra ancestral migración a Estados Unidos de desposeídos, de personas que no tienen recursos y van buscando una mejor vida a Estados Unidos, eso lo hemos tenido desde hace mucho, pero ahora tenemos una migración de despavoridos, de personas pudientes del norte de la república que han fundado colonias muy grandes al sur de Estados Unidos o en otros estados de Estados Unidos, huyendo del miedo.
Éste, el tener un reconocimiento, el darles su lugar, el verlos como personas a las víctimas, el reconocimiento social a ellas es un gran avance. El que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad haya construido algo desde el dolor y encontrarles y con este rostro a cada víctima hacernos reflexionar, es también algo fundamental el hecho de tener memoria, y por eso yo desde aquí avalo la decisión de ellos de que la Estela de Luz se convierta en Estela de Memorial para las Víctimas por todos estos años, me parece crucial. Hay que tener memoria para recordar lo que ha sucedido y eso también es un valor.
Pero hay un hecho fundamental que me gustaría ponerlo aquí como un tema a discusión, las víctimas, el problema de las víctimas es el último punto de la cadena. Esto es, los que han pagado por esta violencia desbordada y esta violencia desbordada tiene causas y una de ellas o una de las cosas que está es el paradigma hegemónico, yo diría, globalmente hegemónico, para enfrentar, por ejemplo, al narcotráfico.
Cuál es el paradigma, este paradigma prohibicionista, y nada más ahorita con la Ley de Víctimas estamos en la última cadena, la última consecuencia, pero atacar las causas es también discutir el paradigma, cómo combatir mejor al crimen, cómo combatir de manera más eficiente al narcotráfico.
No se trata de perdonar, porque todos estamos de acuerdo que con toda la fuerza del Estado se tiene que combatir a los criminales, a las organizaciones, al narcotráfico. Ésa no es la discusión.
La discusión es la estrategia. Y una estrategia prohibicionista que ha generado 70 mil muertos y ha generado 26 mil desaparecidos, no es la estrategia correcta. Discutamos cuál es el nuevo paradigma para enfrentar estos flagelos.
Estamos resolviendo las causas, estamos atendiendo las consecuencias con la Ley de Víctimas, vamos también a atender las causas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, para hablar a favor.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Ley General de Víctimas, desde la perspectiva del Partido del Trabajo y estas adecuaciones que se están haciendo, realizando y que estamos a favor, es un esfuerzo perfectible.
Debemos de considerar que el concepto de víctima no surgió a raíz, precisamente, de todo lo que se ha relatado con anterioridad de los desaparecidos, las ejecuciones sumarias, los torturados. Es un concepto que viene del contexto internacional y que precisamente, acorde con la reforma al 1o. constitucional del 2011, ya hacía falta una Ley General de Víctimas, que precisamente pensara en las personas y no en intereses del Estado, en determinadas situaciones.
El concepto de víctimas plasmado en la Ley General, es muchísimo más amplio del que se ha relatado por mis compañeros. Va más allá, porque no son los ejecutados nada más, los ejecutados, los desaparecidos, los desplazados. Son también víctimas los que desaparecieron en la guerra sucia, los del 68, aquellos a los cuales no se les escuchó, precisamente, cuando se creó la fiscalía para los crímenes del pasado y que no se han atendido estas desapariciones.
Son víctimas también aquellos que sufren violaciones a los derechos humanos, no nada más los desaparecidos o ejecutados. También aquellos que no son atendidos, no se les da acceso a la justicia y que las instancias judiciales, sean las locales o federales, hacen oídos sordos.
Son víctimas también de los derechos humanos aquellos que padecen el arraigo. Son víctimas también los defensores de derechos humanos que quieren atender, precisamente, a estas víctimas y llevar sus denuncias o quejas a las instancias internas e internacionales.
Entonces, en un esfuerzo posterior valdría la pena y ése es el reclamo de los organismos no gubernamentales, volver a redondear la definición de víctima.
Por otro lado también, las compensaciones, ya se había mencionado con anterioridad, no es nada más una cuestión de pagar una indemnización. No se le paga a las víctimas de aquellos desaparecidos o ejecutados, la vida de un familiar suyo, sea su esposo, su hijo o esposa, no se indemniza y no se compensa el dolor y el daño moral que se realiza contra estas personas que han sido desaparecidas.
Las muertas de Juárez también son víctimas y si ahorita les dicen a los familiares, te damos una indemnización, con eso no se repara el daño. La reparación del daño debe ir más allá. Es una reparación del daño moral, es una reparación con una indemnización por todo el daño psicológico y de otra naturaleza, no solamente psicológico sino físico, que reciben los familiares de las víctimas. Es precisamente por la vida humana que se pierde.
En esto tiene una gran experiencia tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la misma Comisión Interamericana, la reparación del daño debería verse por ajustarse en la ley a los estándares internacionales para también ser acordes con lo instrumentos internacionales que ha firmado México y en esto es central el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de San José de Costa Rica, instrumentos que México ratificó desde 1981 y que es la fecha y la hora que todavía no les damos cabal cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que no hay artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en l particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
La diputada Minerva Castillo Rodríguez (desde la curul): A favor.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.
El diputado Alfredo Maldonado Hernández (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente se emitieron 448 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 448 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz la presidenta de la comisión, la diputada Amalia García Medina.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ésta es una sesión verdaderamente relevante, diría que tiene una connotación especial porque se acaba de aprobar una norma, una decisión que tiene que ver con la protección a las víctimas, que sufren no solamente ellas, sino sus propias familias, y que significan una herida abierta en el país.
El tema sustancia, el meollo del asunto de lo que aquí se acaba de aprobar es la protección a los derechos humanos. Y, en el caso de los migrantes, de las migrantes, si algo tiene qué hacer nuestro país, sus instituciones, los hombres y las mujeres, es garantizar precisamente los derechos humanos de las y los migrantes y de sus familias, no es un asunto menor; porque los migrantes sufren en muchas ocasiones violaciones a sus derechos humanos a manos de grupos criminales; sufren violaciones a sus derechos humanos porque en nuestro país, aunque nos cuesta reconocerlo, existe discriminación y hay quienes discriminan, maltratan, humillan y ponen en riesgo la vida de los migrantes.
También es fundamental señalar, que en muchas ocasiones hemos tenido denuncias y conocemos en medios de comunicación testimonios verdaderamente graves sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes por la acción, por la omisión o por el contubernio de servidores públicos, de las autoridades que deberían estar encargadas y responsabilizadas de garantizar esos derechos humanos.
De tal manera que estas reformas que hoy se presentan a la Ley de Migración tienen como eje central o como corazón esencial, la protección a los derechos, todos los derechos de todas y de todos los migrantes que arriben a nuestro país.
Éste es además un planteamiento que ha sido discutido ampliamente en la comisión y quiero decir que el análisis se hizo con una gran responsabilidad y con gran profesionalismo. Son varios los artículos que han sido aprobados para su modificación en la Comisión de Asuntos Migratorios y que solicitamos que sean respaldados por este pleno.
El artículo 20 que sería reformado pone en el centro que se garanticen medidas para que sean atendidos los derechos humanos de los migrantes. Nos parece pertinente que la ley, negro sobre blanco, diga claramente y que hable de la protección a los derechos humanos de los migrantes.
Pero hay más, señala también que deben garantizarse medidas de seguridad en las zonas por donde transitan los migrantes y que se han convertido en zonas de riesgo. Conocemos claramente cómo a la hora en que los migrantes llegan a nuestro país, principalmente de Centroamérica, en muchas ocasiones han señalado que es aquí en donde viven, el verdadero infierno, una situación insoportable, con mayor riesgo en muchos casos que al cruzar nuestra frontera para ir hacia los Estados Unidos de América.
De tal manera que la Ley de Migración en su artículo 20 modificado, establece que será con la promoción y la participación de las autoridades, especialmente de la Procuraduría General de la República, que se tomarán medidas y acciones que garanticen la seguridad de los migrantes en tránsito por zonas consideradas de riesgo.
Conocemos lo que sucede, no solamente violaciones a sus derechos, sino incluso la pérdida de la vida y la muerte. Lo hemos visto en casos tan brutales y son una herida abierta en nuestro país, como el de San Fernando en Tamaulipas. Pero sucede desde que cruzan la frontera sur y conocemos esto que se llama La bestia con el tren por el que ellos transitan por nuestro país.
Adicionalmente, y resulta fundamental en esta reforma al artículo 25, que se señale que es fundamental, esencial que haya un personal especializado, capacitado, formado, que tenga las condiciones para atender a los migrantes y que lo haga con el máximo conocimiento y calidad.
Es por eso que se habla de que deben garantizarse los requisitos de calidad en el ingreso, en la promoción y en la permanencia. Pero al mismo tiempo consideramos que esto no es suficiente y lo que encontramos es que no existen protocolos que establezcan claramente paso por paso cómo atender a los migrantes.
Lo que en esta reforma se está planteando –yo quiero poner el acento en ello– es que se establezca la obligación de la creación de protocolos de trato a los migrantes. No es lo mismo atender a una mujer embarazada migrante; o a un niño, a una niña; a un adulto mayor; a una persona con una enfermedad terminal que es migrante y que llega a nuestro país que tratar a adultos que de diversa naturaleza son los migrantes y por eso los protocolos tienen que establecer con toda claridad el trato hacia los migrantes dependiendo de su condición, de sus necesidades y de sus características.
Nos parece pertinente que México cuente ya en la ley secundaria, pero que la Ley de Migración establezca, además claramente, la obligación de protocolos; y que luego en el reglamento se señale cuáles son estos protocolos.
En el artículo 69 que está a discusión se establece también la pertinencia de que las autoridades informen a los migrantes sobre todos sus derechos y sus garantías, tanto en la legislación mexicana como establecidos en los tratados y convenios internacionales. De la misma manera no sólo la información de ello, sino también la notificación a los consulados de la presencia de estos migrantes, que es un derecho de ellos, excepto en los casos en que se trate de personas que están solicitando asilo o que se trate de aquéllos que solicitan refugio en nuestro país.
En estas reformas que se proponen se establece también un régimen de responsabilidades de servidores públicos –el que ya existe–, pero que facilite la denuncia o la queja de los y las migrantes cuando sean lastimados en sus derechos.
Finalmente en la parte sustancial del artículo 107, yo quiero enfatizar que aquí se establece también la posibilidad de que aquellos migrantes que estén indocumentados en nuestro país conozcan las leyes, las normas que establecen la posibilidad de que regularicen su situación migratoria, tal como lo estamos demandando en Estados Unidos; y, por supuesto, que los migrantes en las estaciones migratorias puedan tener asistencia médica, sicológica y jurídica.
La Ley de Salud en nuestro país establece el derecho de que cualquier persona, sea o no mexicano, con documentos o no, pueda tener asistencia médica. Pero si no tienen ese conocimiento y si no hay las condiciones en las estaciones migratorias para atenderlos o para canalizarlos a esa asistencia médica, psicológica y jurídica, sería imposible.
Por supuesto, también se establece en esta reforma la pertinencia de que estén separados los hombres y las mujeres en las estaciones migratorias; que se evite el hacinamiento; que se garanticen condiciones dignas de alimentación; que se garanticen espacios que permitan que los migrantes y las migrantes estén en condiciones en las que sus derechos humanos estén garantizados.
De tal manera que, compañeras y compañeros, estas reformas que, insisto, tienen como corazón y meollo la protección de todos los derechos --los derechos humanos, por supuesto como base de todo ello-- de los migrantes y las migrantes que crucen por nuestro país sean una muestra de que México se compromete en los hechos con todos aquellos que están en el territorio nacional para garantizarles sus derechos, empezando por el de la seguridad.
Estoy segura, como lo estamos en la Comisión de Asuntos Migratorios, que esta propuesta que se les hace de modificación a la Ley de Migración será respaldada, espero, por unanimidad.
Por su atención, compañeras y compañeros, pero sobre todo por su respaldo a los derechos de los migrantes y las migrantes, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza.
Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes, los mejores promedios de la preparatoria Natalio Vázquez Pallares, del Cebetis 84 y del Conalep de la Piedad, Michoacán. Están aquí invitados por la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Bienvenidos a la sesión.
También a un grupo de presidentes municipales y funcionarios del estado de Sonora que nos acompañan hoy aquí, invitados por el diputado Faustino Félix Chávez. Bienvenidos todos a esta sesión. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Honorable asamblea, la vulnerabilidad y marginación de las y los migrantes en tránsito por territorio mexicano significan que la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y garantía de los derechos fundamentales rara vez existen en la práctica.
Tan solo en un periodo de 5 meses, por ejemplo, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que 9 mil 758 migrantes fueron víctimas de secuestro en México. Para atender la dimensión del problema la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostuvo que en ese lapso mil 600 migrantes fueron secuestrados cada mes.
Las condiciones de pobreza, marginación, desempleo y falta de oportunidades en su país de origen son algunas de las constantes que orillan a miles de migrantes, principalmente centroamericanos, a salir de sus países en busca de un futuro más próspero. Sin embargo, el cúmulo de problemas al cual se enfrentan se agudiza en el momento en el que transitan por nuestro país con rumbo hacia Estados Unidos.
Los delitos de trata de personas, violaciones y diversas vejaciones en contra de sus derechos humanos son parte de las desdichas que día a día viven miles de migrantes en su suplicio por caminos, vías, trenes y estaciones migratorias dentro del territorio nacional.
En virtud de la dimensión y características que el fenómeno migratorio ha adquirido y de las implicaciones que éste tiene para el desarrollo de nuestro país, se requiere de una nueva visión y de un cambio de las formas en las que hemos venido asumiendo este grave problema.
Por ello, el compromiso inmediato radica en fortalecer y garantizar la participación efectiva de la Procuraduría General de la República, mejorar los protocolos que debe seguir el personal de migración, así como facilitar y agilizar los mecanismos para que los migrantes en tránsito por México puedan levantar su denuncia ante cualquier caso de abuso, sea por parte de bandas delictivas o de las mismas autoridades.
En este sentido el dictamen en comento que reforma distintos artículos de la Ley de Migración es prudente y oportuno, ya que nos compromete a redoblar esfuerzos para salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las y los migrantes que continuamente transitan por el territorio de nuestra nación.
Como un ejercicio de congruencia de lo que por años hemos añorado: una reforma migratoria que dignifique y otorgue certidumbre a nuestros paisanos que residen en Estados Unidos, el Estado mexicano debe garantizar que los migrantes en tránsito y residentes en México sean tratados, ante cualquier circunstancia, con apego a la legalidad y con pleno respeto a sus derechos humanos.
En el contexto global México ha ratificado la mayoría de los instrumentos y tratados internacionales que lo obligan y comprometen a respetar de manera inquebrantable los derechos fundamentales. No obstante, se requiere un trabajo de armonización permanente entre los textos internacionales y la legislación federal y local. De otro modo, estaríamos devaluando el valor humano y jurídico inherente a cada tratado suscrito por el Estado mexicano.
En este sentido, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincidimos con el dictamen elaborado por las y los compañeros integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios en razón de que atiende las recomendaciones de los organismos garantes y vigilantes del respeto de los derechos humanos. Por ello votaremos a favor del presente dictamen.
Compañeras y compañeros diputados: el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está comprometido a combatir y mitigar el abuso contra migrantes mediante la aplicación efectiva de la ley. Nunca más podemos mostrar indiferencia, apatía, mucho menos olvido ante los miles de relatos de migrantes víctimas de violación, abuso y extorsión. Nunca más podemos permitir que aquellos migrantes en tránsito por nuestro país vivan en la oscuridad, con la carga física y moral que representa ser víctima de trata, humillación o cualquier vejación que atente contra su integridad y dignidad.
Por su atención muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo.
Saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Plantel El Oro, que están hoy aquí invitados por el diputado José Rangel Espinosa. Bienvenidos a la sesión.
También, si me permite la diputada, saludamos y le damos la bienvenida a un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que están aquí invitados por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y por el diputado Ignacio Samperio. Bienvenidos todos a la sesión.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.
Durante muchos años México ha criticado de manera sistemática al gobierno de los Estados Unidos de América por el trato que se da a los migrantes mexicanos, cuya calidad migratoria es regular o irregular en aquél país, y en la misma medida en nuestro territorio se realizan las mismas conductas o peores en perjuicio de migrantes irregulares, principalmente de origen centro y sudamericano.
Esta situación nos pone, como dice el refrán, como candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, habida cuenta de que somos muy buenos para criticar, el trato violatorio de derechos humanos que se da a nuestros connacionales en Estados Unidos, y aquí replicamos las mismas conductas.
Por desgracia para los migrantes que entran por la frontera sur de nuestro territorio, no se sabe qué es peor, la autoridad migratoria, las policías estatales o municipales, las organizaciones delictivas o el tren conocido como “La bestia”.
Desafortunadamente los migrantes que ingresan por la frontera sur, son víctimas de todo tipo de conductas vejatorias de su dignidad humana, son asaltados, cuando se les detiene, son recluidos en sitios insalubres y los pocos recursos económicos que traen, se les quitan. Y como su estancia aquí es irregular, se les niega el más elemental derecho a presentar denuncias o quejas ante estas situaciones.
Así como la autoridad es omisa o cómplice ante estas vejaciones, debemos reconocer que miles de mexicanos a lo largo de la ruta que cruzan los migrantes, les apoyan con lo que está a su alcance, agua y alimentos principalmente. A estas personas y a organizaciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo les expresa su reconocimiento y solidaridad.
Debemos todos evitar que en perjuicio de los migrantes se den situaciones que constituyen una vergüenza nacional como la ocurrida en San Fernando, Tamaulipas. El dictamen que discutimos y votaremos, propone brindar a los migrantes seguridad jurídica en su tránsito por nuestro país.
Para tal efecto se reforma la fracción I del artículo 20 para establecer en la instrumentación de la política migratoria la garantía de aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes, lo cual conlleva a reconocerles el derecho de acceso a la justicia, el tratarlos con la dignidad que se merecen, que no sean objeto de tortura, el que se les garantice su derecho a la libertad y otros derechos fundamentales, esto en plena concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia.
Además, en la fracción III de este artículo 20, se establece la obligación de la autoridad administrativa en materia migratoria de promover, junto con la Procuraduría General de la República, medidas que garanticen la seguridad de los migrantes en zonas de alto riesgo.
Por otro lado, se adiciona un tercer párrafo al artículo 25, con el propósito de establecer la obligación de los servidores públicos que tienen contacto con los migrantes, de sujetar su conducta a un protocolo que habrá de establecerse en el Reglamento de la ley, y cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad humana, a la dignidad de los migrantes.
En el artículo 69, se prevé informar a los migrantes respecto a las responsabilidades administrativas en que pueden incurrir las autoridades a efecto de facilitarles la presentación de quejas o denuncias.
Y, por último, el artículo 107, que alude a las estaciones migratorias, se agregan una serie de garantías a favor de los migrantes irregulares. Sobre este punto en particular, es perfectible la Ley de Migración en el sentido de que estas estaciones migratorias deberían de garantizar, sobre todo para los niños no acompañados, niños o niñas que sean precisamente atendidos por el DIF y que no permanezcan ni un segundo ni un minuto en la estación migratoria.
También debería de establecerse la estancia mínima o el período mínimo, reducirlo todavía aún más, en la estación migratoria de los migrantes irregulares, atendiendo al derecho a la libertad que tienen y a que no, estrictamente no cometen ningún delito, el único delito que se les atribuye es precisamente el tener una estancia irregular en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la frontera norte es la de mayor extensión en todo el país, al contar con una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales. Sin duda alguna las características geográficas de ésta la han convertido en una de las principales rutas de tránsito y destino hacia Estados Unidos para cientos de migrantes.
Según datos del Instituto Nacional de Migración, en las últimas dos décadas México ha sido el territorio más importante de paso para diversos flujos migratorios que utilizan nuestro país para dar entrada de manera irregular a Estados Unidos, pues del total de los alojados en las estaciones migratorias un porcentaje entre el 92 y 95 son nacionales colombianos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses.
Debido a su condición de indocumentados, los migrantes que viajan a través del territorio nacional históricamente han sido víctimas de abusos tanto por grupos criminales como por las autoridades mexicanas, pero es muy cierto que la situación ha empeorado en años recientes, particularmente debido al aumento de la presencia y el poder de la delincuencia organizada en regiones que son atravesadas por las rutas migrantes.
A pesar del crudo panorama sobre la crisis humanitaria que enfrentan los migrantes en tránsito por nuestro país, el gobierno mexicano no ha actuado oportunamente para proteger a esta población vulnerable e investigar a los responsables de estos abusos, incluyendo a sus propios agentes migratorios y policiacos.
La indiferencia del gobierno mexicano para atender los múltiples abusos que sufren los migrantes que transitan por México resulta parte de un doble discurso o moral, pues con todo ímpetu condena los hechos violatorios de los derechos humanos de los miles de connacionales que día con día buscan cruzar la frontera norte en busca de una mejor vida, pero se muestran insensibles ante los abusos que las personas de distinta nacionalidad a la nuestra sufren en nuestro territorio.
Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, en un intento por erradicar las violaciones a los derechos humanos que sufren miles de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica en su intento por llegar a Estados Unidos, es que presentamos la iniciativa con proyecto de decreto que busca modificar diversas disposiciones de la Ley de Migración con objeto de garantizar la plena protección de la integridad física y emocional de un grupo con alto índice de vulnerabilidad, la cual es objeto del dictamen que hoy se discute.
Celebramos y reconocemos la empatía de los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios al dictaminar esta iniciativa, particularmente de su presidente, el compañero diputado Eloy Cantú Segovia, la cual aborda un tema de trascendental importancia y afirmamos que sin esa sensibilidad no se puede legislar.
Los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando como hasta ahora, refrendando nuestro compromiso con la sociedad, en conciencia y en congruencia, empujando la implementación y diseño de estrategias, que de manera integral den respuesta a cada una de las demandas sociales, tal y como lo hacemos hoy, a través de esta iniciativa de ley con la que se busca prevenir y combatir las violaciones de las que son víctimas los migrantes que transitan el territorio mexicano, con intención de llegar al otro lado, es decir, a Estados Unidos.
No podemos respetar nuestros derechos humanos, compañeras y compañeros legisladores, si no respetamos los de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Por todo lo anterior expuesto, los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, en conciencia y en congruencia, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Toca el turno ahora a la diputada Judit Magdalena Guerrero López, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con venia, diputado presidente. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y su servidora, en particular, coincide con la presidenta de la Comisión de Migración, en la trascendencia que tiene la reforma a los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, porque como es bien sabido, México es actualmente, por sus características socioeconómicas y su ubicación geográfica, un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, tanto nacionales como extranjero.
Nuestro país ocupa un lugar preponderante en el mapa mundial de las migraciones. Históricamente, desde finales del primer tercio del siglo XX, se registra año con año una importante migración, cuyos patrones se han modificado de manera radical.
Inicialmente, el fenómeno involucraba a varones adultos y a algunas entidades de la república. En la actualidad la emigración implica y afecta por igual a niñas y niños, jóvenes y adultos, así como a todas las entidades del país, entre las que destaca Zacatecas, entidad a la que represento en esta legislatura.
La emigración ha generado una profunda herida y una grieta social entre los que se quedan y los que se van, propiciando una evidente descomposición del tejido social, que es necesario detener.
Adicionalmente a ello, México ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos a los desafíos de una creciente migración irregular de tránsito por nuestro territorio, con destino final hacia Estados Unidos, principalmente proveniente de los países de Centroamérica.
Este fenómeno se ha incrementado de manera exponencial durante las dos décadas pasadas, debido a que este periodo tuviera un lugar en los países que se sitúan al sur de nuestra frontera, procesos políticos, económicos y sociales, que han agravado las condiciones de vida de la región, lo cual ha dado como resultado un éxodo masivo de las personas que huyen de la pobreza, el hambre y la violencia que prevalece en esos lugares de origen.
Al igual que los migrantes mexicanos, los centroamericanos que deciden salir de su comunidad, también van en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. No obstante, que cruzar de manera ilegal la frontera entre nuestro país y los Estados Unidos, supone un riesgo cada vez mayor a causa del endurecimiento de las políticas migratorias norteamericanas por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
La cantidad de migrantes de origen centroamericano que transita por nuestro territorio con el objetivo de llegar a los Estados Unidos alcanza un promedio de 150 mil personas por año, la mayoría de las cuales terminan siendo retenidas y regresadas a su país de origen por las autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses.
A la cifra anterior se suma también un creciente número de migrantes de las más diversas nacionalidades que caen en las redes de las mafias de traficantes de personas que les ofrecen hacerlos llegar a territorio norteamericano, a cambio de determinadas cantidades de dinero, las cuales oscilan entre los 3 mil y 15 mil dólares.
El mayor riesgo al que se enfrentan los migrantes que transitan por nuestro país en su camino hacia los Estados Unidos es, sin lugar a duda, el crimen organizado. Desgraciadamente, miles de migrantes ya han sido víctimas de delitos como robo, extorsión, tráfico de personas, incluso, secuestros, violaciones y asesinatos.
Como puede verse, a pesar de que en 2011 se creó la Ley de Migración con el objetivo de garantizar el espeto irrestricto y la protección de los derechos humanos de los migrantes para atender de manera integral esta problemática, aun falta mucho por hacer.
Zacatecas es un estado binacional que registra altas tasas de migración, con un flujo promedio anual de 30 mil zacatecanos que viajan al país del norte. Se estima que en la actualidad, en territorio norteamericano vive cantidad similar de zacatecanos a los que radican en su estado de origen, cifra que, según datos del Inegi, asciende a un millón 500 mil personas.
En esta era global, lo que nosotros demandamos es un trato digno para los migrantes y un respeto profundo al ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.
Evitemos que los migrantes se conviertan en los esclavos de la actual era de la globalización, en excluidos y marginados sin derechos ni garantías jurídicas.
Por todos estos motivos y razones que ya hemos expuesto aquí, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del decreto que reforma y adiciona la Ley de Migración, el cual tiene por objeto brindar un trato más digno a las personas en calidad de migrantes en nuestro país, al tiempo de proteger de manera efectiva sus derechos fundamentales. Gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le damos la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos del instituto María Fe de Alvarado, de la delegación Iztacalco, del Distrito Federal. Están aquí invitados por la diputada Margarita Saldaña. Bienvenidos a la sesión.
Tiene el uso de la voz el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Marino Miranda Salgado: Compañeras y compañeros diputados, el mes de junio del pasado 2011 fue una fecha histórica para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país.
A través de la reforma constitucional al artículo 1 de nuestra Carta Magna se le brindó la más alta jerarquía y reconocimiento a los derechos humanos consagrados en ella y en los distintos instrumentos internacionales que han sido signados y ratificados por nuestro país.
A partir de esa fecha son innumerables los retos que enfrenta nuestro marco legal y nuestro sistema de justicia para hacer vigentes dichas modificaciones y llevarlas a la práctica.
Un caso particular y emblemático que ha pugnado y esperado desde hace ya varias décadas por contar con garantías que les permitan hacer exigibles sus derechos humanos más básicos, en nuestra región es el de los migrantes, que cruzan –por nuestro país– como indocumentados.
Diversas voces provenientes de los propios migrantes, como las de diversas organizaciones civiles, han señalado y denunciado la serie de vejaciones de las que son objeto este sector, que lo convierte en uno de los grupos sociales más vulnerables, condición que se acentúa si el migrante es mujer o infante.
Y es que nuestro país se encuentra en un punto estratégico dentro de la geografía migratoria mundial, ya que por su ubicación s una nación de origen, tránsito y destino de migrantes que comparte una de las fronteras más grandes del mundo, con una de las principales potencias económicas global.
En este sentido, de acuerdo a la Organización Internacional para la Migración, cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, y en el trayecto sufren con frecuencia vejaciones, maltrato, persecución, discriminación o abusos, y el cual de acuerdo con Amnistía Internacional constituye uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Esta situación es por demás irónica, incongruente, discriminatoria e insoslayable.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es por todos conocido que los migrantes centroamericanos son víctimas de delitos por parte de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, pero también de las propias autoridades migratorias o de cualquier otro orden, que en coadyuvancia o autoría llevan a cabo vejaciones en no pocas ocasiones, superan en atrocidad aquellas que nuestros connacionales sufren del otro lado de nuestra frontera, cuya defensa hemos asumido de manera férrea.
Esta situación se ha agudizado durante los últimos años en el marco de la lucha que la anterior administración denominó la guerra contra el narcotráfico, debido a la propia acción policiaca, como aquellas derivadas de las acciones de la delincuencia organizada que requieren de colaboradores que ingresen a sus filas.
Por ello a nuestro país le corresponde ser garante de los derechos que exige para sus connacionales del otro lado de la frontera, máxime cuando posee un discurso y un marco constitucional prograrantista, que ya es hora que se vea reflejado en los hechos.
En este contexto, compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se encuentra a discusión –y que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor– plantea diversas disposiciones dentro de la Ley de Migración, tendientes a ser visibles, concretas y específicas las normas relativas al respeto, protección a los derechos humanos de los migrantes.
Específicamente circunscribir la política migratoria a la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes. Llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo. Hacer del conocimiento de estos el régimen de responsabilidad de los servidores públicos para facilitar la queja o denuncia, una vez que han sido presentados. Asegurarles el contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las estaciones migratorias, constituyen acciones que representan un mínimo para garantizar la protección de este sector tan altamente vulnerable.
Éstas desde luego que son algunas de las reformas que requiere la Ley de Migración, pero desde luego que hacen falta otras más para garantizar que los derechos humanos de todos los que están o transitan o son mexicanos estén debidamente respetados. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, el diputado Raúl Gómez Ramírez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
Le damos la más cordial de las bienvenidas, a un grupo de estudiantes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad Autónoma de Nayarit; y de la Preparatoria, número 10, también de Bahía de Banderas. Invitados por la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. Bienvenidos a la sesión y bienvenidas.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Señoras y señores legisladores. La migración ha sido desde hace mucho tiempo la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una vida mejor y de superar la adversidad. Decisión que no resulta sencillo en el entendido que implica no solo una separación del individuo de su país de origen, sino muchas veces hasta de su propia familia.
Una vez en territorio extranjero los migrantes se enfrentan a una serie de peligros; por un lado, ante la delincuencia organizada, al ser potencial víctima de la trata de personas; y por el otro, ante las autoridades del país receptor al correr el riesgo de ser criminalizados por el simple hecho de buscar realizar un trabajo que le permita mejorar la calidad de la vida de sus familias.
En México se vive una problemática, ya que por un lado se maneja un discurso en donde se invoca el contenido de los instrumentos internacionales que supuestamente garantizan el respeto de los derechos humanos de los migrantes; y por otro lado, se violentan sus derechos por parte de las autoridades migratorias o por grupos ciudadanos, situación que entorpece el respeto que deseamos obtener para nuestros connacionales en el exterior.
Por lo tanto, coincidimos con la iniciativa en que actualmente se maneja un doble discurso en este tema, que por lo tanto demanda una situación inmediata y ésta solo se puede dar a través del desarrollo de un marco normativo, eficiente, que evite la saturación del funcionario.
Se deben establecer mecanismos jurídicos que permitan el respeto a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, ya que entre otras cosas, solo a través de la congruencia establecida en nuestro marco jurídico podemos ganar calidad moral para exigir con mayor firmeza un trato digno de los mexicanos. No se debe perder de vista que los migrantes se encuentran en situación irregular en nuestro país. Representan un sector de alta vulnerabilidad y es nuestra responsabilidad como legisladores vigilar siempre y en todo momento la salvaguarda de los derechos humanos de todas aquellas personas que se encuentren en territorio nacional, si deseamos realmente garantizar un ambiente de seguridad para los migrantes en nuestro territorio, ya que éste después se pueda ver reflejado en beneficio de nuestros connacionales en el extranjero.
Debemos garantizar el establecimiento de un orden jurídico eficiente, por lo tanto apoyamos la resolución de la Comisión de Asuntos Migratorios en el sentido de que esta iniciativa de reforma debe aprobarse con las modificaciones establecidas en el dictamen, ya que como lo establece el texto, la Ley de Migración contempla los requisitos al considerar no sólo para el ingreso sino también para la promoción y la permanencia, y remita el reglamento respectivo.
Asimismo, el ámbito de acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores es actuar allende nuestras fronteras. Se considera que resulta adecuado y congruente en el espíritu de la iniciativa que se dictamina, incluir la reforma de la fracción V del artículo 197, el aviso, además, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al consulado del país de la persona de que se trate.
Asimismo, los servidores públicos encargados deben de actuar siempre y, en todo momento, apegados estrictamente a la legalidad, ya que a través del correcto ejercicio de sus funciones se garantiza el respeto a los derechos humanos y, en consecuencia, el desarrollo del estado de derecho de nuestro país.
Señoras y señores legisladores, para Acción Nacional la única manera para garantizar un trato digno a nuestros migrantes por parte de los países receptores en los que se encuentran es a través de la congruencia entre lo establecido en el marco jurídico nacional y el ejercicio del mismo por parte de las autoridades migratorias.
En este entendido, necesitamos contar con el armónico legal establecido en los instrumentos internacionales con nuestro ordenamiento jurídico a través de las disposiciones legales que eviten la sobresaturación de las funciones por parte de la secretaría de Estado y entorpezcan el desarrollo legal.
Compañeras y compañeros, me da mucha pena que el día de ayer en el foro de Desarrollo económico 2013-2018 celebrado en la ciudad de León, Guanajuato, con pena vi que nuestros migrantes no fueron incluidos en dicho tema. Recordemos –termino, señor presidente- que los migrantes no somos delincuentes. Somos ciudadanos que contribuimos con la economía de nuestros países. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Everardo Nava Gómez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del dictamen que aquí nos ocupa, toda vez que al ser éste un país clave para el tránsito, destino y retorno de miles de migrantes y al no tener papeles que les permita su legal estancia, se exponen a cruzar nuestras fronteras de forma ilegal. Asimismo, diariamente mexicanos intentan cruzar la frontera norte, arriesgándose a ser detenidos o incluso llegar a perder la vida.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración señalan que un promedio de 401 mil personas cruzan nuestro país cada año. Señalan que las autoridades migratorias detuvieron a 85 mil 100 migrantes en 2012, 22 por ciento superior a 2011, cuando las autoridades arrestaron a 66 mil 583, entre los cuales se encuentran hombres, mujeres y niños.
Es frecuente que en el transcurso de su recorrido sean agredidos tanto por grupos delincuenciales, así como por las mismas autoridades migratorias, por lo que es más que necesario encaminarnos en la búsqueda de su protección.
En las 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales que existen en México se tiene un gran trabajo por hacer, ya que con frecuencia existen quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes y esto es algo que se tiene que cambiar.
Actualmente el Estado mexicano asume que el tema de la migración es un asunto que no se puede dejar pasar y por tal motivo los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos encaminados a buscar mejoras que pongan a nuestro país en un ámbito de igualdad y respeto para todas las personas.
Las reformas que en este momento discutimos son adecuadas y orientadas a buscar un mejor trato y respeto de los derechos de los migrantes que diariamente ingresan a nuestro territorio.
Por ello, damos nuestro voto a favor de que se incluya en la ley la obligación a cargo del Instituto Nacional de Migración para promover conjuntamente con la Procuraduría General de la República la adecuada implementación de programas, medidas y acciones encaminadas a la seguridad de los migrantes, principalmente al transitar en zonas que son consideradas de alto riesgo.
De igual forma, consideramos apropiada la implementación de un protocolo para el trato de los migrantes por parte de los servidores públicos, a fin de que sean respetados sus derechos fundamentales.
También nos parece afortunado que se establezca que deberá garantizarse el contacto de los migrantes con el consulado de su país y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar que sus derechos no sean quebrantados y mantener sobre todo su seguridad.
Esto sin duda es un gran avance para mantener a nuestro país como un promotor de los derechos humanos, así como la defensa y protección de los migrantes que diariamente cruzan nuestro territorio en busca de una mejor vida. De ahí nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Al no haber artículos reservados, le ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Érick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): Corrijo mi voto, es a favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: El diputado Erick Marte corrige el sentido de su voto a favor. Son 447 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continuamos con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Se solicita a la Secretaría dé lectura a los mismos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la denominación de la Comisión Especial que Atiende los Asuntos Relacionados con las Ciudades Patrimonio de la Nación Reconocidas por la Unesco para quedar como Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Firman: diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y diputada María Sanjuana Franco Cerda, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Primero. Se crea la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad.
Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estimen necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone que la presidencia de la Comisión de Investigación para la revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros, Condusef, sea rotatoria.
Acuerdo
Primero. La presidencia de la Comisión de Investigación para la revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros será rotativa entre todos los grupos parlamentarios. La vigencia de cada presidencia será de tres meses.
Segundo. Se designa presidente de la comisión para el siguiente período al diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno.
Dado en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de abril de 2013.
Firman: diputado Luis Alberto Villarreal García; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera; diputado Arturo Escobar y Vega, y diputada María Sanjuana Franco Cerda.
Es cuanto, presidente.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, a la curul de la diputada Julisa Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Gracias, diputada. Mi nombre es Julisa Mejía Guardado.
Para manifestar mi inconformidad con este acuerdo y solicitar se abra una ronda de discusiones; se someta a discusión este acuerdo de la Junta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se queda a consideración, diputada.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Solicitaba primero acá el diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Ciudadana presidenta, para saber bajo qué artículo vamos a debatir esto, porque esto, desde nuestro punto de vista, no es un dictamen. Si se está presentando como un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, solicito la palabra para hablar en contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Claro diputado. Es sobre el artículo 106 del Reglamento. ¿En qué sentido sería su participación, diputado Huerta?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sobre el 113.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, pero ¿en qué sentido sería su participación?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): En contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El diputado Roberto López, sonido, por favor.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidenta, en virtud de que no está publicado el acuerdo, quisiera me ayudara con dos cosas: una, que nos informara el procedimiento que siguió para tomar este acuerdo de la Junta de Coordinación. Y, segundo, para que me anotara en contra, si es que se discute en el pleno de esta Cámara, dado que va a ser expuesto a consideración del pleno.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Fue un acuerdo de la Junta y por eso se dio lectura, porque no se encontraba en sus pantallas.
El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El diputado Fernando Charleston.
El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Gracias, presidenta. También para que me anote para dar mi posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, y pues obviamente para dar transparencia en un tema que ya la Junta de Coordinación Política votó en unanimidad. A favor, por favor.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El diputado Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. En primer lugar, para manifestar mi rechazo a este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En segundo lugar, de manera muy respetuosa decirle que lo está usted fundamentando en el 106 del Reglamento, pero el 106 del Reglamento se refiere a las proposiciones con punto de acurdo y no es algo que enmarque en lo que usted está aquí proponiendo a través de la Junta de Coordinación Política.
En tercer lugar, decirle que no es un acuerdo por unanimidad de la Junta de Coordinación Política, como ha dicho quien me antecedió en el uso de la palabra, y en cuarto lugar pedirle que me haga el favor de inscribirme como orador en contra, si así lo considera la asamblea que se abra a discusión. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Sonido por favor, a la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para que me inscriba, presidenta, también para fijar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿En qué sentido, diputado?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): En contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, en la curul del diputado Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidenta, solamente para confirmar que usted está en lo correcto en la aplicación del 106 y decirle, presidenta, que es importante que volvamos también a recordar el sustento jurídico de la Junta de Coordinación Política, y que este acuerdo de la Junta fue por mayoría y es válido legalmente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Sonido, por favor, a la curul del diputado Trinidad Morales.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Dos aclaraciones, compañera presidenta.
Primero, no fue votado en la Junta de Coordinación por unanimidad, el PAN y el PRD no votaron ni tampoco Movimiento Ciudadano.
Segundo, el 106 se refiere a dictámenes, éste no es un dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Añorve. Sonido, por favor.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Con todo respeto para quien hizo uso de la voz. En la Junta de Coordinación Política se ha votado y se vota por unanimidad o por mayoría. Este punto de acuerdo fue votado por mayoría.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. Sonido a la curul del diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Para solicitarle una moción de ilustración y como algunos diputados aquí se sienten intérpretes del Reglamento, yo quisiera que se leyera el 106, el 113 y si quiere hasta el 104, para ver cómo vamos a dar este debate.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Esta Presidencia tiene la facultad para organizar el debate y yo creo que damos paso al mismo. Gracias.
A la orden, diputado Huerta. Sonido, por favor, a la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Ciudadana presidenta, qué bueno, nada más suplicarle que sea sin violar la ley, porque luego hemos visto cómo organizan los debates violentando el Reglamento Interno y a veces hasta la propia Constitución.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Es conforme se anotaron.
Diputada Mejía, Julisa Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Diputada, presidenta, nada más para confirmar si me anotó en contra para el debate, por favor.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, diputada, está anotada en primer término, inclusive tiene el uso de la voz en estos momentos, adelante.
La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputada presidenta. Los casos Cassez y Monex, son dos montajes de una misma ópera bufa, la partidización de la justicia mexicana. Son también la contracara de una tragedia inocultable, la creciente descomposición y putrefacción del sistema mexicano de justicia.
Según la Real Academia Española, la esencia de un montaje es ocultar la realidad o ver aquello que sólo aparentemente corresponde a la verdad. La realidad es que detrás del montaje jurídico con el que se resolvieron ambos casos, hay todo un entramado político que pretende ocultar, ignorar o desaparecer de la escena pública.
“Peña Nieto votó por mí, represento a Peña Nieto”, son la carta de presentación del diputado José Rangel Espinosa. Sin pena, sin pudor, sin vergüenza y sin autocrítica pretenden ahora aceptar un golpe más a la justicia y a la legalidad en el país.
Tanta transparencia que pregona el priista mayor y su partido y ahora en una actitud autoritaria como en los viejos tiempos, ordena a su bancada quitar de la presidencia de la Comisión de Investigación a quien les ha resultado incomodo y no han podido maicear, como comúnmente se dice.
Mañana dirán a los medios que sólo cumplían órdenes, y lo más desgraciado del asunto es que esa excusa es verdadera. Es verdad que sólo cumple órdenes, porque por la cabeza no les pasa siquiera la idea de cualquier acción alternativa que difiera aunque sea en una coma lo que el gran jefe les mandata.
No son militantes de un partido ni defensores de una causa, sino solamente zombis al servicio de un puño autócrata. No se trata de una acción autónoma, de un poder independiente ni por razones que les son propias y salidas de su propio examen del caso, sino que valiéndose de la Junta de Coordinación Política dictan tal medida, demostrando el repugnante servilismo del viejo PRI. El autoritario, el represor, el defraudador de más de 70 años.
Desde luego que es imposible celebrar estas decisiones, pero también es imposible no verlas como una demostración más del estado de postración, de subordinación al Ejecutivo. De degradación y envilecimiento de una política a los antojos de un virrey.
En los pocos meses que esta comisión ha funcionado fueron citados a reuniones de trabajo el titular de la Condusef, Mario di Costanzo, el director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, Alfredo Cristalinas.
Y las siguientes preguntas quedan sin respuesta aun. ¿De qué tamaño deberá ser una empresa para justificar en tan poco tiempo la erogación de 91 millones de pesos que hizo Efra y los 50 millones que gastó Inizzio?
Esta justificación que sin existencia real ni empleados visibles, estas dos presuntas comercializadoras gasten tanto dinero, en tres meses dos comercializadoras fantasmas gastaron 141 millones de pesos, ¿para cuántos trabajadores? ¿En dónde están sus empleados? ¿Existen estas dos empresas en el Registro Público de la Propiedad? ¿Se trata, a caso, de cubrir con un manto de aparente responsabilidad y otorgar medalla al mérito a la deshonestidad, la corrupción...
Término, presidente. ¿La corrupción y la compra de votos de un mandatario, que a todas luces está en contra del pueblo y al servicio de los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, se trata solamente de esconder la basura debajo –perdón– del tapete? Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dijéramos que a favor. Tiene usted el uso de la voz. Igual se la vamos a conceder. Honorable asamblea, estamos discutiendo este acuerdo de la Junta de Coordinación Política que tiene en su contenido un punto de acuerdo, por eso lo estamos normando por el 106. El 106 es muy claro, es uno en contra y uno a favor y preguntar.
Sin embargo, esta Presidencia, con las facultades que la Ley y el Reglamento le otorga va a dar la palabra a quienes ya la solicitaron en contra, pero también si hay oradores a favor estaremos atentos. Adelante, señor diputado.
El diputado José Rangel Espinosa: Gracias, diputado presidente. Efectivamente, soy representante en este Congreso, primero, de los priístas de mi distrito. De los priístas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto, porque él vota en el distrito que yo represento, en Atlacomulco.
También represento a todos los ciudadanos del distrito, desde el momento en que recibí mi constancia de mayoría. Y también represento a toda la población del país desde el momento en que tomé protesta en este recinto.
Compañeros diputados, yo también soy rebelde, pero con causas. Yo también soy revolucionario, pero institucional. No en contra de las instituciones. Mi imparcialidad no está a prueba, más bien está aprobada, acreditada...
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado. Tengo la obligación de preguntarle, al diputado Reyes Gámiz, con qué objeto.
El diputado José Rangel Espinosa: Cuando termine, señor diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego, por favor, diputado Reyes Gámez, que espere a que termine el diputado.
El diputado José Rangel Espinosa: Decía pues que mi imparcialidad está aprobada, creo que por eso estoy aquí. Me guío por razones, no por corazonadas. Y hay diversos testimonios, no son sólo expresiones u ocurrencias.
Están los testimonios de los regidores de izquierda en los dos ayuntamientos que he presidido. En la LIX Legislatura, de la que formé parte, también da testimonio el diputado del PRD por Zitácuaro, cuando juntos hicimos causa común y obtuvimos recursos para el desarrollo de la zona de la mariposa monarca. Esto lo sabe también nuestro compañero Silvano Aureoles.
En el Congreso del estado también hay testimonio...
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado. Tengo la obligación de preguntarle, al diputado Silvano Aureoles, con qué objeto.
El diputado José Rangel Espinosa: Al final.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No le puedo adivinar a don Silvano Aureoles, tengo la obligación de escucharlo.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Sencillo, presidente, solamente que me considere por alusión del compañero en el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No hay moción sobre moción, pero veremos cómo podemos darle el uso de la voz. Adelante.
El diputado José Rangel Espinosa: Decía que también hay testimonio en el Congreso del estado cuando la diputada del PRD, Juanita Bonilla, el diputado del PRD, Domitilo Posadas, otros diputados, y un servidor trabajamos juntos para crear un municipio en la zona de más alta marginación del estado de México.
También hay testimonio de mi imparcialidad en el Instituto Federal Electoral, cuando fui secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia, y me tocó hacer causas comunes con Jesús Zambrano. También ahí hay testimonio de nuestros amigos Lozano Gracia y José Luis Luege, mis compañeros de causa para hacer la credencial para votar con fotografía.
Entonces, creo que éste no es argumento, compañera, con todo respeto. Si se pretende impugnar esto habría que pensar en otros argumentos. Y, señor presidente, también en base al Reglamento pediría que me diera tiempo para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le otorgué el uso de la voz para alusiones personales, y no procede la moción sobre moción. Le ruego me disculpe, su tiempo se ha agotado.
El diputado José Rangel Espinosa: Bien. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Va a escuchar usted al diputado Reyes Gámiz?
El diputado José Rangel Espinosa: A ver, sí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Motivo de la intervención que nos acaba de recetar quien ocupa la tribuna queda clara la falta de argumentos y de quienes integran el nuevo PRI que tanto aluden.
Por eso es que a mi modo de ver toma una determinación y votó en este sentido en el tema del caso Monex, de no ir a fondo, de no ir a esclarecer, de por la salud de la República transparentar lo que indebidamente pudo haber existido.
Yo concluyo haciéndole la siguiente pregunta, diputado: Si sus argumentos son tan contundentes como portar una onerosa charola en un vehículo o haber sido detenido con un arma de fuego exclusiva del uso del Ejército sin permiso, la verdad creo que lo mejor que convendría para este Congreso es que guardara silencio y solo votara por la línea que ya le otorgaron.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, señor diputado, tiene usted derecho.
El diputado José Rangel Espinosa: Muchas gracias. Primero quiero aclarar que no me puse de acuerdo con el diputado para que me diera la posibilidad de explicar dos asuntos, que aunque son menores, ustedes merecen el saber qué hay atrás de esto.
Primero, el asunto de la charola; yo pensé que se iba a referir al charolazo, que es uno de los temas que vamos a investigar en la Condusef. Pero en el caso de la charola, miren, decía que es un asunto menor porque cometí el error, lo acepto, ofrezco disculpas, les pido que las acepten. El asunto del error es haber prestado mi cajón de estacionamiento para que ahí estuviera y ya lo acredité con documentos, aquí a ustedes, lo acredité con López Doriga, con Rocha y con algunos periodistas que se interesaron del tema. El error fue prestar mi cajón para que se ubicara ahí un vehículo que no es de mi propiedad y al que le quisieron poner de adorno una placa de la Cámara, porque como no circula, se les hizo fácil. Insisto, es un error, sé que los errores también se pagan. Ya pagué el costo, el desgaste que esto implicó, bueno creo que es el costo.
En el caso del otro tema, el que yo portara un arma de fuego. Efectivamente, recién iniciada la LVIX Legislatura de la que formé parte, se me detuvo porque portaba un arma de fuego en el vehículo en el que me trasladaba. Quiero decirles que esto fue a escasos metros de un lienzo charro al que yo había acudido a participar en una competencia y tengo, tenemos la posibilidad quienes practicamos este deporte, tenemos la posibilidad quienes practicamos este deporte de poder usar para ciertas ceremonias por el protocolo, un arma de fuego para el traje de charro. El error fue transportarlo en mi vehículo y no en el vehículo donde viajan los caballos, se depositan los trajes, los arreos y todo como establece la circular del Ejército. Pero finalmente también pagué el costo. El costo fue comparecer ante el Ministerio Público, estar más o menos seis horas en su oficina hasta que el asunto se aclaró y no trascendió.
Pero finalmente aunque es un asunto menor, también quiero explicarlo para que todos lo sepan. Muchas gracias.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Yo al diputado, igual que a los otros 499, le tengo respeto al diputado Rangel. No es un asunto personal.
Me preocupa mucho la credibilidad de la Cámara de Diputados, porque si nos propusimos investigar, díganme qué piensa –al diputado, si es que tiene que ser una pregunta– que va a reaccionar la opinión pública, si sabe que quien va a investigar o quien va a presidir la comisión que va a investigar el posible uso de una campaña paralela en la campaña de Enrique Peña Nieto, es de su propio partido y no sólo eso, sino del mismo Atlacomulco.
Un diputado del PRI de Atlacomulco va a presidir la comisión que se supone va a investigar un posible financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿creen que eso tiene credibilidad? ¿No estamos dañando la credibilidad de la Cámara de Diputados? ¿No es contra la lógica y el sentido común?
No es nada contra el diputado Rangel, lo respeto igual que a los otros 499. Es defender la credibilidad de la Cámara de Diputados porque no se puede investigar a sí mismo –de alguna– que ese sería el mensaje que estaríamos dando.
Yo llamo a que haya una rectificación a la Junta de Coordinación Política. Si se busca, que sea un diputado de oposición quien la presida. Creo que eso le daría credibilidad, porque de lo contrario vamos a ser, me parece, el hazmerreír y va a parecer que es sepultar a la comisión de facto. Ese sería el mensaje que daríamos.
Mi preocupación, y si quieren como reflexión, qué garantía podemos tener de que se va a investigar y llegar al fondo, como es el compromiso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, permítame un segundo.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Estamos gastando recursos públicos en que haya una investigación y no podemos hacernos patos. Ése es el punto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. A ver, diputado Belaunzarán, no se trata de que nos hagamos patos nadie aquí.
Quiero decirles que no procede la moción sobre moción. Lo escuchamos por el respeto y la consideración que le tenemos. Creo que el tiempo del señor diputado Rangel en tribuna ha concluido. Le apreciamos mucho su participación, no hay pregunta. Sus argumentos han quedado ya en el Diario de los Debates. Muchas gracias, diputado Rangel. Fernando Charleston tiene la palabra para hablar a favor.
El diputado Fernando Charleston Hernández: Gracias, diputado.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul). Presidente, mi alusión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Silvano, ¿también es moción sobre moción? Si nos permiten un segundo, con ánimo de que las distintas corrientes se expresen, vamos a otorgarle el uso de la voz a don Silvano Aureoles.
Don Fernando Charleston, le ruego me permita un segundo. No le digo que lo dejo como caballo en el arrancadero, porque ya ve que tuve consecuencias en una ocasión anterior.
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Primero, reiterar nuestro respeto al diputado Rangel. Con absoluto respeto y aprecio y además a un diputado vecino de mi distrito, pero decirles que son dos cosas distintas.
Siempre podemos coincidir cuando haya acciones que vayan en beneficio común o en beneficio de una causa concreta. Seguramente las aportaciones que en su momento hizo el diputado que me antecedió en la palabra, para la región de su estado, y que eso confluya con un interés de una región que comparten Michoacán y el estado de México, que bueno y cada vez que lo podamos hacer hay que hacerlo.
Pero me regreso al tema que nos ocupa, porque se me hace una actitud incorrecta, compañeras y compañeros. Dijimos hasta el cansancio en la Junta de Coordinación Política que el procedimiento era incorrecto porque hay que precisar que para que este tema viniera al pleno se ganó con una mayoría por el voto ponderado. Pero el procedimiento es incorrecto, no debió haberse atropellado el procedimiento para resolver el tema de la comisión llamada Monex o como le quieran decir aquí.
Lo pertinente era que se hubiese convocado a quien presidía la comisión a que entregara un informe, que concluyera el trabajo iniciado y, una vez hecho eso, se procediera a revisar lo siguiente. Pero lo que pasó en la Junta y lo que se está haciendo con la comisión y su presidente es un atropello innecesario, porque lo único que queremos es que haya transparencia y claridad.
Ustedes saben bien, compañeras y compañeros, que el asunto de 2012 no está claro. Hay muchas dudas sobre la forma en que se desarrolló el proceso y la forma en que se triangularon recursos para favorecer a un candidato y a un partido o partidos políticos en la contienda.
Esa motivación, esa razón o esa ruta nos ayuda a todas y todos. Esta Cámara tiene que pronunciarse por la claridad, la transparencia. ¿Cuál es el problema? Que esa comisión investigue y aclare si hubo hechos indebidos en el proceso electoral del pasado julio de 2012.
¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué dar en los hechos un golpe de Estado, remover al presidente de la comisión investigadora y designar a un diputado que merece todo nuestro respeto, pero que es del mismo partido? Es, entonces, ser juez y parte; es jugar las dos tareas. Por un lado, ser parte del conflicto; por el otro lado, es quien va a presidir la comisión, quien va a investigar el caso.
¿No se les hace que es incorrecto? ¿No se les hace que es una incongruencia? Llamo aquí a mis amigas y a mis amigos del PRI y a quienes apoyan y apoyaron esta propuesta en la Junta de Coordinación Política, a la sensatez, a la responsabilidad y a rectificar lo que se hizo en la Junta. No le ayuda a nadie, empezando por quienes debiesen ser los principales interesados en que el asunto quedara plenamente claro.
¿A qué le tenemos miedo, compañeras y compañeros? ¿Cuál es la razón de atropellar los procedimientos, no esperar los tiempos a que concluyeran para que el presidente de la comisión especial entregara el informe, concluyeran los trabajos? Y, si es el caso, pues un acuerdo de la comisión para rotar la Presidencia, pero no así, atropellando el procedimiento, imponiendo una mayoría y luego traerlo al pleno en un franco desaseo del proceso parlamentario.
Por eso el llamado, primero, a que no digamos cosas que no son; segundo, a que rectifiquemos el proceso; tercero, yo creo que el Partido Revolucionario Institucional debiese ser la fracción más interesada en que este asunto quedara plenamente transparente, claro y, de una vez por todas, se sepa la verdad.
La ruta que hoy se está planteado solo siembra más dudas, genera confusión y genera desencuentros que fácilmente podrían superarse. Presidente, muchas gracias por su tolerancia y por su atención.
El diputado José Rangel Espinosa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No hay moción sobre moción, diputado.
El diputado José Rangel Espinosa (desde la curul): Para alusiones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ni para alusiones. Si quiere usted hablar, inscríbase a favor en otro turno. Don Fernando Charleston Hernández, tiene usted el uso de la voz. Le ruego me disculpe, pero la aplicación del Reglamento me obliga.
El diputado Fernando Charleston Hernández: Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea: vengo el día de hoy aquí a nombre de mi Grupo Parlamentario del PRI para dejar en claro muchos temas que se han tocado el día de hoy sobre este asunto, un asunto que, como bien dice el diputado Silvano, genera confusión, desinformación, muchas veces con dolo, muchas veces con esa intención.
Lo que hace precisamente es desinformar a una ciudadanía que está ávida, porque los que estamos aquí, le respondemos y le tenemos que responder al pueblo, para alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en muchos temas que son necesarios para nuestro país.
Tengo desde hace ya muchos años muchos amigos en la izquierda, amigos con los que he podido compartir proyectos de nación, proyectos no solamente dentro del gobierno federal, sino también en los gobiernos estatales en los que he tenido la oportunidad de trabajar.
Sin embargo, también he conocido muchas personas de la izquierda, que afortunadamente no son tantos, que hacen de la empresa de la negativa, de la empresa de la desinformación y de la empresa del no una empresa que ya no genera dividendos, que está en números rojos desde hace muchos años.
Hay que aclarar que los acuerdos que hizo la Junta de Coordinación Política fueron porque la presidencia de esa comisión fuera rotativa y así es como se lleva a cabo, rotativamente, para que también la presida algún diputado del PAN, algún diputado del Verde, algún diputado de los que integramos esa comisión de investigación.
No es esa comisión para investigar los gastos de campaña de algún partido en especial, sino para todos los partidos en específico. Entonces, es necesario que esa comisión sea rotativa para que se tenga la oportunidad de llevar a cabo un trabajo como el que bien hizo el actual presidente de la comisión.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul) Deseo hacerle una pregunta al orador.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Huerta, el orador no quiere que lo interrumpamos. Usted tendrá la posibilidad de venir después a la tribuna. Le ruego un poco de cordura. ¿Acepta usted una pregunta?
El diputado Fernando Charleston Hernández: Por supuesto que no, señor presidente, por respeto a los diputados.
Quiero decirle aquí a la ciudadanía que ningún diputado de mi partido y creo que tampoco de los partidos de derecha, de los partidos de izquierda, tienen otro jefe que no sea el pueblo mexicano, que no sea quien nos depositó la confianza de su voto.
En el PRI estamos comprometidos a darle respuesta y transparencia a ése y a otros temas y aquí estamos precisamente para diluir los temas que ocupan la agenda nacional y que le preocupan al pueblo de México.
Decía un filósofo francés que hay nombres cuya conducta es una mentira, hombres y mujeres, cuya conducta es una mentira continua. Conductas que cuando vienen aquí a querer desinformar al pueblo mexicano sobre un tema, salen a brote y salen a relucir.
En el PRI estamos a favor de la transparencia, por eso votamos todos a favor de esta creación de la Comisión de Investigación de Condusef, como es su nombre, como es su real nombre, y estamos a favor porque haya rotación de sus presidentes, por eso el día de hoy ese acuerdo que llevó a cabo la junta lo vamos a votar a favor.
Y parafraseando a amigos grandes de la izquierda, con los cuales también he tenido oportunidad de compartir responsabilidades en años anteriores, decían que cuando las oportunidades no se rotan la democracia se simula. No simulemos la democracia, hagamos rotativas las oportunidades, y hagamos claro que si algo está perfectamente transparente en México, es que tenemos un presidente legítimo, que se llama Enrique Peña Nieto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Huerta, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Los que han antecedido en la palabra, nada más nos queda claro que, como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas.
El acuerdo político está por encima de la ley. En un Estado de derecho la aplicación de la ley no establece distingo alguno. La colusión y la complicidad en la investigación sesgada y parcial de recursos ilícitos en las campañas del PRI, fue la tónica del IFE en el proceso electoral del 2012. Omisiones y negligencia marcaron la función investigadora que tiene a partir de los procedimientos especiales sancionadores.
De igual forma en la función de fiscalización se condujo en forma parcial y con criterios diferenciadores en los alcances de la revisión de los informes de campaña y regularidad que ha quedado evidenciada en forma pública en los traspiés dados en la integración de dictámenes de los gastos de campaña de los ciudadanos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
La omisión, la dilación y el encubrimiento, son prácticas del IFE. Muestra de ello es la resolución que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un reciente expediente en el cual el C. Miguel Ángel Osorio Chong, apela a la resolución del Consejo General del IFE que declaró fundado el procedimiento especial sancionador por la difusión de propaganda gubernamental, violando el artículo 134 constitucional cuando era gobernador del estado de Hidalgo.
La resolución que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal se sustenta básicamente y lo transcribo: al haber excedido el plazo de un año para resolver la denuncia presentada el 11 de marzo de 2011 como consecuencia de una prolongada, injustificada inacción procesal y la realización de diligencias innecesarias y desproporcionadas, es indudable que en el caso ha caducado la facultad del Consejo General del IFE para sancionar a Miguel Ángel Osorio Chong en el procedimiento especial sancionador que dio origen a la resolución. En tal virtud, lo procedente es revocar tal resolución.
Dice el dicho, que la imaginación trabaja más en tiempo de crisis. Por ello, las formas para eludir la ley y evadir la responsabilidad del transgresor son inagotables, puesto que en nuestro sistema jurídico siempre hay una salida para evadir la ley.
En el caso de Monex y de la comisión que este pleno creó para investigar los gastos de campaña en el proceso electoral del 2012, se ha buscado y se busca cómo limitar su acción investigadora; se busca como dilatar el desarrollo de sus atribuciones, se justifica lo injustificable.
A la fecha ha sido imposible acceder a la información que en expedientes tiene la Unidad de Fiscalización aduciendo el estatus de los dictámenes de dicha entidad fiscalizadora.
Las funciones institucionales cuando son ejercidas por servidores públicos, carente de una mínima ética personal y profesional, sirve para correr la cortina que encubre la corrupción que medra su credibilidad.
En esta estrategia se coloca el cambio que hoy se propone a la Comisión Especial conocida como Caso Monex, se sustituye a su presidente quitándole a la minoría el derecho de presidir la Comisión creada para investigar al partido mayoritario, al partido de gobierno, el PRI. Quieren encubrir, es decir, la iglesia en manos de Lutero.
Debe la mayoría y sus aliados dejar de buscar cómo inhibir cualquier actividad que dé luz a la opacidad de la actuación de las autoridades electorales y financieras involucradas en el financiamiento ilegal de la campaña presidencial del PRI en 2012, por ello mi voto y el del Partido del Trabajo estará en contra de esta estrategia de engaño y encubrimiento. El tiempo dará cuenta de ello y se acreditará la ilegalidad de la Presidencia en turno.
Yo sólo quiero concluir diciéndole a los compañeros del PRD que respetamos sus posiciones e ideas al respecto, pero les planteamos que mantengamos la lucha –culmino señor presidente- para continuar en esta Comisión dando voz a los ciudadanos para acabar con un régimen de opresión e impunidad que pretende el Partido Revolucionario Institucional, y no menos grave –y con eso sí termino– por lo que oímos en las declaraciones de radio del todavía ahorita presidente de esta Comisión, que proceda conforme a derecho penal por una denuncia por cohecho que algún legislador usted denunció que está presentando, lo correcto sería, tanto que ya no hay fuero, a ver si es cierto que se investiga a través de una denuncia penal.
Lo mismo debería de hacer la Presidencia de la Cámara cuando tome nota de estos asuntos, al mismo tiempo que estaremos presentando junto con el diputado Durazo, una iniciativa para un comité de ético que acabe con estos actos de corrupción que se han denunciado ante la opinión pública.
Es cuanto y estamos solidarios con los compañeros exigiéndole al PRI que actué el presidente de esta Cámara, si se corroboran en esta tribuna las denuncias de cohecho que algunos diputados han hecho sobre otros diputados. Es todo y ése es el voto del PT y de un servidor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Antonio González Roldán, tiene usted el uso de la voz, a favor.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, la verdad es que es muy difícil sustraerse a este tema. Hago uso de esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario, y es la ratificación de lo que ya en la Junta de Coordinación Política mi coordinadora votó y asentó.
Vamos por una Comisión de investigación porque, por su propia característica amerita la pluralidad en el ejercicio y acción de todas las facultades que tiene encomendadas. Por eso votaremos nosotros a favor de esta modificación, que todos los partidos políticos tengan el ejercicio de la presencia de una Comisión de investigación justamente para evitar sesgos partidistas.
Desde esta tribuna se escucha el primer sesgo. Se menciona dirigida a un solo asunto de los que conoce el IFE. El objeto es muy sencillo, la denominación es muy clara. Relaciona a la Condusef como institución del Estado mexicano y las acciones que ha emprendido con relación al proceso electoral 2012 y llama a ser también cuestionado a los procedimientos de investigación que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral está realizando.
No es sólo un asunto, son más de 37 asuntos y la pregunta sería aquí, para rendir un informe, ¿de los 37 asuntos a cuántos nos hemos abocado? Ésos son los temas de fondo y eso es a lo que se tiene que entrar, para hacer efectivo justamente el mandato que la Junta de Coordinación Política le dio a esta comisión en el ejercicio de sus trabajos.
Reitero la pluralidad. Llama la atención la falta de respeto a los integrantes de los demás partidos políticos. Tenemos voz y somos escuchados, tenemos el legítimo derecho de hacer valer todas nuestras opiniones al interior de la comisión.
Por qué oponerse a una rotación donde todos los partidos políticos participaremos, por qué oponernos a una rotación donde seremos escuchados, pero lo que es más importante, donde podremos poner nuestras alternativas.
Faltan a la verdad y es una falta de respeto a los que integramos esa comisión, que nos señalen como integrantes parciales...
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Me permite un segundo, diputado González Roldán, tengo la obligación de preguntarle al diputado Alfonso Durazo, con qué objeto.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Si me permite una pregunta muy breve, por cierto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Le permite una pregunta?
El diputado Luis Antonio González Roldán: Sí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, con mucho gusto, y afortunadamente breve, dice.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): ¿Cuál es la ventaja para el desarrollo de los trabajos de la comisión, que la primera rotación caiga precisamente en manos de un diputado del PRI?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, diputado, por favor y esto no cuenta en su tiempo.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo le contestaría, y perdóneme porque no es muy ortodoxo, con una pregunta, ¿cuál es la desventaja? ¿Está usted representado en la comisión? Si existe posibilidad de poder acotar y hacer valer su voz al interior de la comisión, no importa el partido político que la encabece en la presidencia rotativa de tres meses, creo que ése es el tema de fondo. Es un procedimiento de investigación que debe de ser lo más imparcial, para poder dar el resultado para el cual fue encomendada esa comisión.
Continuaría, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el trabajo legislativo no puede ser de filias y fobia, de porque encabezo o no encabezo. Demos cauce a la comisión de investigación respetuosamente de la norma que nos hemos dado.
Revisemos bien si tenemos que llamar a particulares, si este Congreso tiene facultades para llamar a particulares para dilucidar, veamos todos los asuntos por su mérito. Más de 37 investigaciones que el Instituto Federal Electoral está desarrollando y en algunas que ya ha dictado resolución. Ése es el tema que nos convoca el día de hoy. Veamos, pues, en estricto apego a la legalidad el desarrollo de esta comisión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Homero Niño de Rivera, del PAN, va a hablar en contra.
Esta Presidencia informa que después de esta intervención en contra viene una intervención del Verde a favor y tendremos la obligación de preguntarle a la asamblea si el tema está suficientemente discutido. En caso positivo, hay otros tres oradores registrados. Adelante.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: Gracias, presidente. Yo les quiero recordar, compañeras y compañeros diputados, que esta comisión, aunque por negativa del PRI no se llamó la comisión Monex, es conocida aquí y afuera como la comisión Monex.
Es una denuncia que hizo el Partido Acción Nacional en la campaña presidencial y aquí insistimos los partidos de oposición para crear esta comisión.
El espíritu de esta legislatura para aprobar esta comisión fue, ni más ni menos que investigar esta denuncia del PAN en campaña, sobre el desvío o el supuesto desvío de recursos de la campaña del PRI.
En verdad, lo que les estamos pidiendo es un razonamiento político no jurídico, porque suben y suben a hablar a favor de que si se votó o no la rotatividad, de que si lo aprobó la Junta de Coordinación. No es ése el debate, compañeros del PRI. La solicitud que les hacemos es que sean más sensibles. Es absurdo lo que están intentando aprobar aquí. Cómo se lo vamos a ir a explicar a la gente en un rato más.
Por estas razones y por estas actitudes es que los diputados salimos tan mal evaluados. No nos metan en este embrollo. Qué les cuesta cambiar el nombre y punto. Su insistencia en no hacerlo, por supuesto que nos deja muchas dudas.
Yo les pido que hagan una reflexión profunda, algunos lo toman a risa, pero lo increíble de este tema es que el diputado Rangel, al que yo no conozco, y por supuesto, como decía el compañero Belaunzarán, no tengo nada en contra de él, el diputado Rangel acaba de subir aquí a decir, efectivamente, compañeros, cometí un error hace un par de meses.
Cómo nos atrevemos a poner al compañero que cometió un error con lo de la charola, en una comisión que habla de transparencia, es en verdad ridículo.
Por favor, diputados del PRI, hagan esa reflexión serena, no nos metan en esto. Diputado Rangel, le pido un poquito de seriedad, porque veo que se ríe cada vez que suben a hablar de usted. Esto es muy serio. No tenemos nada en contra de usted. Es un diputado del PRI, del mismo estado y de la misma zona de la persona a la que se va a investigar. Es verdaderamente absurdo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, tiene el uso de la voz Ricardo Astudillo, del Partido Verde, en función de que ha habla a favor.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidente. Hemos escuchado muy respetuosamente a todos los compañeros que han estado aquí en la tribuna. Y bueno, para nosotros, solamente queremos ser muy puntuales en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el tema de la palabra respeto.
Hemos escuchado aquí que hay que respetar los diversos puntos de vista que se puedan tener respecto a este tema, pero también tenemos que respetar a esta comisión investigadora, a la titularidad de la misma, al acuerdo que se dio en la propia Junta, en donde muchos de los vicecoordinadores y coordinadores estuvimos ahí en el tema tan importante, que no solamente se refiere al caso de Monex, como lo han llamado aquí. Estamos hablando de 37 asuntos, los cuales, por supuesto esta comisión tiene que ser la partícipe y tiene que ser la que nos dé la seguridad y certeza, no solamente a los 500 compañeros que estamos el día de hoy aquí, sino a todos los ciudadanos que hoy están buscando y esperando una respuesta a muchas de las cuestiones que ahí quedaron.
Nos parece también, del punto de vista de nuestro grupo, que nos estamos adelantando a los tiempos. Hoy, quien va a conducir esta comisión ni siquiera empieza todavía a ejecutar sus trabajos y ya lo estamos cuestionando, y ya le estamos preguntando, y ya estamos dudando de su capacidad, que me parece que no deberíamos hacerlo. Y no deberíamos nunca –como diputados, como compañeros, como asambleístas– quitarnos ese derecho de poder participar y aportar no solamente a esta asamblea, sino a nuestro país.
Nos parece también importante el manifestar que el estar enfrente de esta comisión no tiene que ser para utilizarla como un golpeteo político, tiene que ser para investigar. Tiene que ser realmente el primer paso y mecanismo para poder llegar, si se diera el caso, a las sanciones correspondientes y no estar pensando en que ésta será una posición solamente para manifestar las diferencia ideológicas.
Me parece que el cuestionar estaríamos restando autoridad a esta asamblea y, por supuesto, a todas las fuerzas políticas, porque precisamente para eso es la Junta, para sacar acuerdos a los 500 diputados que tienen en sus manos a sus coordinadores y vicecoordinadores el poder manifestar su voz y el poder sacar los acuerdos correspondientes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Mejía, permítame un segundo. Esta Presidencia debió preguntar a la asamblea hace seis oradores si el tema estaba suficientemente discutido. Han venido ocho oradores. Podemos pedir la palabra todos, pero el artículo 106 es muy claro.
Le ruego a la asamblea su consideración para que obsequien que el diputado Roberto López Suárez, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Ricardo Mejía hagan uso de la palabra, pero tengo la obligación de que la Secretaría consulte. Consulte la Secretaría a la asamblea.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia seguramente comparte con la Secretaría la duda, y por tanto beneficiamos a los oradores. Tiene el uso de la voz don Roberto López Suárez.
Esta Presidencia informa también que una vez que los tres oradores restantes hagan uso de la voz pasaremos a la votación.
El diputado Roberto López Suárez: Gracias, señor presidente. Quisiera centrar la discusión, más allá de lo que pasó en el 2012, en lo que está pasando en este Congreso. Entregar la Presidencia de una comisión de investigación al PRI para investigar al PRI, como lo dijo nuestro compañero diputado del PAN, es incongruente. La sociedad no espera eso.
En octubre pasado 132 diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT hicimos una solicitud para que se creara una comisión de investigación para el caso Monex. Después de ponerle muchas trabas, la Junta de Coordinación acordó crear una comisión para que investigara el caso Monex y otros casos más relacionados con las campañas 2012 para presidente de la República y se le puso comisión Condusef, para acotarla lo más que se pudiera.
Ante esto nosotros decimos: No fue una concesión del PRI a la minoría. No fue una concesión del PRI, fue un derecho constitucional. Y ante esto, el PRI una y otra vez en la comisión se negó a que la investigación avanzara; solamente pudimos citar a dos funcionarios, al titular de la Condusef y al titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, y quedaron muchas dudas.
Se planteó una larga lista de posibles personas que citáramos: el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, los consejeros del IFE, incluso el PRI como estrategia nos planteó en algún momento: Quieren citar a más funcionarios por el caso Monex, vamos a citar a gente vinculada con Andrés Manuel. Creían que nos íbamos a espantar, que nos iban a intimidar; y aceptamos. Incluso en la última votación se pretendió citar a Octavio Romero Oropeza, cercano a Andrés Manuel y nosotros al presidente del IFE, y la mayoría del PRI junto con sus aliados votaron en contra. Se pretendió mandar un oficio para saber cómo la Unidad de Fiscalización del IFE había dado vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y se votó en contra.
Y ahora nos vienen a decir que se tiene que hacer una investigación donde un diputado del partido que va a ser investigado va a presidir la comisión. Cuánta incongruencia se tiene.
Pero además, yo les quisiera recordar, que ha habido 17 comisiones de investigación en este Congreso. Se ha citado a funcionarios. Se ha citado a personas en lo individual. Es mentira quien diga que no se ha citado. Recordemos el caso de Construcciones Prácticas que presidió la diputada Malu Micher. Recordemos el caso Conasupo, o el caso de Telmex, son casos donde se han citado a diferentes personajes y a ciudadanos en lo particular.
La remoción de un presidente de oposición de esta comisión rompe el equilibrio del Parlamento. Esto no sucede en ningún lugar del mundo. No es posible que quien va a ser investigad —repito— encabece una comisión de investigación. Desde el principio no nos negamos a que se hiciera rotativo y lo decimos claramente, y aquí lo digo en tribuna: No es un asunto personal. Estamos en la mejor disposición; que si la puede presidir el PAN, la presida; que la presida cualquier otro diputado del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT. Tiene que ser la oposición como un asunto de equilibrio en este Congreso, en esta Cámara de Diputados.
Nosotros, el Grupo Parlamentario del PRD queremos decir —por último, presidente— tres cosas: Uno, durante cinco meses se me trató de convencer de dejar la comisión, no para que se hiciera rotativa, sino para que la presidiera un diputado del PRI, son cosas muy distintas. Se llegó al absurdo de preguntarme, ¿qué era lo que yo quería? Y mi respuesta fue una y otra vez que continúe la investigación.
Lo planteó claramente el diputado Manzur: Si quieres algo, te podemos ofrecer crearte una comisión especial para que promuevas tu imagen. Para crear estas comisiones especiales se necesitan recursos y te los podemos inyectar en la comisión sin ningún problema. Perdón, se equivocaron. No estamos vendiéndonos. Los principios no se venden, que les quede claro.
Ante esto, los diputados del Grupo Parlamentario del PRD señalamos: De concretarse esta arbitrariedad y esta incongruencia nos retiraremos de la comisión, porque no seremos cómplices de una simulación. Que les quede claro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted, diputado. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El debate que hoy tenemos va más allá de estas paredes del recinto legislativo.
La opinión pública tiene que saber que estamos debatiendo un albazo que se pretende dar en la presidencia de lo que se denomina Comisión de Investigación para la revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), pero que coloquialmente todos conocemos como la comisión Monex.
Una comisión que en su inicio estaba siendo presidida por el diputado Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática y que hoy se pretende imponer al diputado José Rangel, del Partido Revolucionario Institucional.
Hoy nos argumentan que se trata de que la presidencia sea rotativa. Pero la opinión pública tiene que saber que esta comisión se constituyó por un acuerdo el 20 de noviembre de 2012 y en aquel momento, en ninguno de los tres puntos que señala el acuerdo, se dice que vaya a ser una presidencia rotativa.
Se dice que se constituye para investigar paralelamente a lo que está haciendo el Instituto Federal Electoral. Se dice que la Junta de Coordinación Política acordará a los integrantes que en ese momento constituirán la comisión y se dice cuáles son los grupos parlamentarios que integrarán la comisión. Nunca se habló de presidencia rotativa.
Estamos a casi cinco meses de que se constituyó la comisión y ahora se les ocurre hacerla rotativa. Y no solamente se les ocurre hacerla rotativa, se les ocurre que la presidencia vaya hacia un diputado del Partido Revolucionario Institucional, hacia un diputado Atlacomulco, hacia un diputado que ha dicho públicamente que Enrique Peña Nieto votó por él.
¿Qué nos quiere decir en esa frase? ¿Que es tiempo de devolverle el favor a Enrique Peña Nieto, protegiéndolo en las investigaciones que se den al interior de la comisión Monex?
Yo quisiera llamar respetuosamente a las diputadas y los diputados del PRI. Este tipo de actitudes no contribuye a su imagen pública. No contribuye a la transparencia. Están comportándose como el PRI de siempre, con el albazo, con el oscurantismo, con la imposición a ultranza de quienes van a defender la opacidad y no la transparencia.
Que el pueblo de México sepa que en el PRD no estamos aferrados a la Presidencia de la Comisión. Lo acaba de decir Roberto López Suárez, estamos abiertos a que a la Presidencia vaya otro grupo parlamentario, pero que en esa rotativa Presidencia vaya también la credibilidad, la fortaleza de la comisión. Que vaya hacia el Partido Acción Nacional, que vaya hacia el Partido del Trabajo, que vaya a Movimiento Ciudadano, que vaya en aras de que haya claridad, no que haya mayor opacidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado proponente.
Don Ricardo Mejía Berdeja cierra la lista de oradores. Esta Presidencia inmediatamente después abrirá el tablero electrónico para evitar la duda que ya nos surgió hace un momento.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Es evidente que hay una decisión política al más alto nivel a efecto de que se sepulte esta comisión o que se le mate de inanición.
Esta comisión ha tenido que enfrentar un verdadero calvario para poder constituirse y es una situación que a todas luces denota la gran preocupación, porque es claro que el tema de las irregularidades financieras de la campaña presidencial, el tema de las tarjetas de prepago de Monex y todas las irregularidades que se vivieron en julio de 2012 es una asignatura pendiente que al gobierno federal le urge terminar de enterrar.
Nosotros no vamos a abonar a que esta comisión termine porque tiene todavía muchas funciones que cumplir. Se instituyó en base al 93 constitucional y tuvieron que venir dos solicitudes para que pudiera finalmente crearse.
Después le crean el nombre de Conducef. Finalmente nosotros aceptamos porque, aunque la Monex se vista de Conducef, Monex se queda. El pueblo ya la bautizó, es la Comisión Monex y es una comisión de investigación que tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias.
Como aquí lo han dicho otros compañeros legisladores, no estuvimos en contra de la rotación en la Presidencia, pero nos parece que el PRI debería excusarse de presidir esta comisión.
Yo preguntaría: si no ha sido imparcial el Instituto Federal Electoral para este caso, si no ha sido imparcial el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para este caso, habría de ser imparcial el diputado federal que representa el distrito de Atlacomulco y que hace ostentación de su relación con Enrique Peña Nieto.
Evidentemente, aquí pareciera que quieren cambiarle ahora el nombre de Monex a la Comisión Atlacomulco, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a insistir para que se hagan todas las pesquisas porque hasta ahora se ha obstruido el trabajo de la comisión.
El diputado Roberto López Suárez trabajó con institucionalidad, al margen de su posición política, y siempre se le bloquearon los citatorios y las reuniones que quiso realizar. No se permitió que compareciera Leonardo Valdez, porque la mayoría del PRI y sus aliados lo impidieron; no se permitió que compareciera también, a propuesta primero del PRI y luego la votó en contra, Octavio Romero Oropeza.
Y después, solamente para una solicitud de información para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, Alberto Bazbaz, que le dio vista el IFE sobre el tema Monex, tampoco quisieron que se le preguntara por oficio. Les dijimos que no le íbamos a preguntar de Paulette, le íbamos a preguntar de la investigación que el señor tenía que estar realizando.
Por todas estas razones, creemos que el PRI debe excusarse de presidir esta comisión. No negamos el carácter rotatorio de la misma y que quede en tres meses, como lo plantea la Junta de Coordinación Política. Pero ni le hace bien a la Cámara ni le hace bien a la democracia y pensaríamos que tampoco le hace bien al PRI presidir esta comisión, a menos que quieran servir de tapadera de estas investigaciones.
Por eso exhortamos a que haya una reconsideración y que la rotación corresponda a un diputado diferente del PRI. Es cuanto y pedimos que se cambie en ese sentido. La comisión Monex va a seguir trabajando aunque el PRI no lo quiera.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación sobre este punto de acuerdo que viene de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo de la junta.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 230, cero abstenciones, en contra 233.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Rechazado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración, solicitada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país
Baja: diputado Jhonatan Jardines Fraire, integrante
Alta: diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, secretario
Comisión: Asuntos Frontera Norte
Baja: diputado Marcelo Garza Ruvalcaba, integrante
Es cuanto, presidenta.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado, comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Olvera Correa, para fundamentar el dictamen, por la comisión.
El diputado Luis Olvera Correa: Con su permiso, diputada presidenta. El dictamen con proyecto de decreto que el día de hoy se somete a la consideración de esta soberanía, reforma la fracción VI y adiciona una fracción IX al artículo 6o de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
El objeto central de la propuesta deriva de la necesidad de reconocer y fortalecer dentro del ordenamiento jurídico la participación de las diversas clases de sociedades cooperativas contempladas por la ley, como elementos clave para el desarrollo económico nacional.
Asumiendo que el impulso que se imprima desde el Estado a estas personas jurídicas de naturaleza mercantil sin lugar a dudas privilegiará el desarrollo sostenible de las comunidades en donde han sido creadas, fortaleciendo también la economía popular y regional.
Las modificaciones contenidas en el dictamen atienden principalmente a las siguientes motivaciones.
Primero. Mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población, considerando el impacto que han tenido en la economía global las actividades desarrolladas por las sociedades cooperativas mediante la producción, distribución y consumo de diversos bienes mixtos. Es decir, de ciertos y posibles objetos derivados de la naturaleza y de la actividad creadora del ser humano, de acuerdo con diversas estadísticas elaboradas por organismos nacionales e internacionales, destacando y considerando la elaborada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la FAO, que es la organización para la Alimentación y la Agricultura , en donde se indica que las sociedades cooperativas existentes en todos los sectores de la economía proporcionan a nivel mundial más de 100 millones de empleos, lo que constituye un 20 por ciento más de los generados por los grandes consorcios y corporativos multinacionales reconocidos por los ordenamientos jurídicos vigentes como sociedades mercantiles.
Bajo este orden de ideas es preciso señalar desde la ley la importancia de las sociedades cooperativas, a efecto de considerarlas dentro de la agenda prioritaria como mecanismos eficientes que pueden ser potencializados para elevar la calidad de vida de la población y consolidar la economía familiar.
Segundo. Desde esta óptica es que considero prioritario dotar de certeza y seguridad al cooperativismo mexicano al ordenar expresamente desde la ley el carácter sostenible de estas figuras. Es decir, dotar de sostenibilidad a las cooperativas implica garantizar a las generaciones futuras que los recursos materiales, naturales e intangibles, estarán debidamente salvaguardados.
En este sentido, las reformas propuestas parten del reconocimiento cabal del significado e importancia del cooperativismo en la conformación del tejido social, no sólo como herramientas idóneas para estimular la economía, sino como elementos clave que permiten la permanencia y consolidación de las culturas regionales al tiempo que constituyen importantes asideros para sus integrantes.
Por su historia, trayectoria e importancia en diferentes núcleos poblacionales y sectores productivos, la reactivación de las sociedades cooperativas mexicanas bajo criterios modernos y competitivos, podrán contribuir a combatir la pobreza extrema, el hambre, la marginación, así como a disminuir los niveles de migración.
Finalmente, es preciso señalar que la actualización y el perfeccionamiento de la Ley General de Sociedades Cooperativas responde a las exigencias de la realidad actual, y sobre todo a la necesidad de regular desde la ley importantes figuras, que por sus características de origen, están llamadas a ser un pilar fundamental para la economía popular, en aras de lograr el desarrollo y el equilibrio que reduzca la brecha de la desigualdad.
Por lo antes expuesto y fundando, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora, determinamos conveniente realizar las modificaciones planteadas en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, mismo que el día de hoy sometemos a la consideración de esta soberanía. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar posturas por los grupos parlamentarios, tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidenta. Para nadie es un secreto que las condiciones económicas en México representan, para la mayoría de familias, un reto diario en su vivir.
El salario mínimo apenas sirve para subsistir, ubicándose en un promedio de 63 pesos con 7 centavos al día, aunado a esto, en el país el sector informal genera 2 millones 8 mil empleos, debido a la insuficiencia de oferta laboral, esto da como resultado que en México existan, según datos del Coneval, 52 millones de pobres, lo cual representa el 46.2 por ciento de la población total.
Sumado a esto, el gobierno enfrentará a corto plazo condiciones estructurales poco favorables. El crecimiento estimado del producto interno bruto para este año es aproximadamente 3.5 por ciento, lo cual permitirá crear en el mejor de los escenarios 600 mil empleos, número muy por debajo de la demanda nacional.
Los últimos datos de inflación revelan que ésta se aceleró a 4.25 por ciento a tasa anual durante el mes de marzo, la cifra más alta desde octubre del año 2012. Asimismo, podemos esperar, según declaración de la Organización de las Naciones Unidas, para la agricultura y la alimentación, un incremento en los precios de los alimentos como consecuencia de una economía mundial inestable, con posibles recesiones.
Con base en esa información, resulta claro que cualquier mecanismo que busque impulsar la economía mexicana, no sólo es deseable, sino urgente e impostergable.
El párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica en el país, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La sociedad cooperativa surge como una persona moral, de naturaleza mercantil, que tiene como objetivos el decrecimiento de la pobreza, la generación de empleos y la creación de mecanismos de integración social a nivel mundial.
Tal es la importancia de esta figura, que en el año 2012 fue considerado como el Año Internacional de las Cooperativas, teniendo como propósitos la creación de mayor conciencia, la promoción del crecimiento y el establecimiento de políticas adecuadas.
Como resultado de esta campaña podemos argumentar que en el caso de México, las sociedades cooperativas han generado 100 millones de empleos y representan el 20 por ciento de la oferta laboral en la economía de mercado.
El dictamen que nos compete el día de hoy propone incluir dentro del funcionamiento de las sociedades cooperativas, el fortalecimiento del movimiento cooperativo nacional, cuya extensión comprende tanto al sistema cooperativo como a los organismos que libremente se agrupan.
Asimismo, busca que estas personas morales cooperen bajo un esquema de desarrollo sostenible, entendido como el proceso que satisface necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
En Movimiento Ciudadano consideramos que si bien el dictamen representa un primer avance para contribuir al desarrollo económico del país resulta aun insuficiente.
Estamos convencidos de que el crecimiento de México no radica tan solo en políticas de generación de recursos sino en políticas redistributivas que ayuden a mitigar la desigualdad lacerante que permea en la sociedad mexicana.
Solo a través de esos instrumentos podemos observar un impacto verdadero en las condiciones económicas que enfrentan día a día millones de mexicanos.
Ante la falta de atención que sufre una comunidad que desde hace 15 días no tiene agua por falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad, solicito, aprovechando esta tribuna, que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, ordene cambiar el transformador en el pueblo hermano indígena de Papantla de Olarte, Veracruz. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Queremos saludar la presencia de integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano en el Exterior, invitados por el diputado Luis Alberto Villarreal, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Bienvenidos.
Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, la crisis financiera internacional que se inició en el 2008 ha generado a nivel mundial, como es en los Estados Unidos, en Europa y en nuestro propio país, la pérdida de miles de empleos. Y con ello, la pérdida del poder adquisitivo de muchos individuos, de miles de personas, de millones de personas.
Los efectos negativos de esta crisis generalizada han traído aparejado que muchos países volteen la mirada hacia nuevas formas de organización y de producción, poniéndose en boga la creación y fomento de empresas cooperativas y autogestionarias, no solo como opción para paliar en cierta medida las severas consecuencias que ha generado la crisis económica sino como un mecanismo coadyuvante en la generación de empleos y bienestar para amplios sectores de la sociedad.
Una cooperativa es una asociación de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades individuales y colectivas, sumando su capital y esfuerzo en un proyecto común para llevar a cabo alguna actividad económica de producción, o bien, de consumo. Dicho proyecto es controlado de manera democrática y los rendimientos que se obtienen de estas formas de organización son repartidos entre todos sus asociados.
El espíritu de las cooperativas es compartir el progreso social y económico para elevar el nivel de vida de los trabajadores y el de sus familias. Las cooperativas están inspiradas en una visión humanista de la economía, están basas en valores como la ayuda mutua, la igualdad, la equidad, la solidaridad y la democracia, así como en la honestidad, trasparencia, vocación de servicio y responsabilidad social.
En nuestro país, en los últimos tiempos, ha ido en aumento el número de personas que se organizan para tratar de mejorar su nivel de vida y conformar con esa finalidad organizaciones sociales, asociaciones civiles y sociedades como las cooperativas.
Desde su aparición en México en el siglo XVIII han tenido una gran importancia económica, puesto que gracias a ellas sus socios han podido satisfacer sus necesidades, y además éstas se han constituido como un factor de desarrollo social y de entorno en el que se establecen.
La incursión del movimiento cooperativista en nuestro país –materializado ya sea con empresas cooperativistas de gran envergadura o bien formas incipientes de participación social o familiar– ha brindado a muchas personas posibilidades de autoempleo, educación, acceso a productos de consumo a precios bajos, así como la posibilidad de acceder a préstamos con intereses menores a las que imponen las diversas instituciones de crédito.
La economía social y solidaria, sobre cuya base funciona el cooperativismo, contiene una propuesta de cambio en la relación del hombre con sus semejantes y con su entorno productivo. Y si bien ha probado su eficacia su práctica continúa encontrando obstáculos para su desarrollo, principalmente a causa de que se le considera como un modelo que desafía las formas tradicionales de producción y distribución de bienes de servicio y crédito.
No obstante lo anterior, el papel que juegan las cooperativas ha logrado objetivos en la reducción de la pobreza, la generación de empleo productivos, el fomento de la integración social en el mundo y el desarrollo sostenible de las comunidades, que ha sido reconocido –como ya lo decía el compañero que me antecedió– por la Organización de las Naciones Unidas, declarando el año 2012 como el Año Internacional del Cooperativismo.
En ese sentido Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresó que, con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles, y su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente decreto, que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas, a fin de fortalecer el sistema cooperativo nacional y que con ello se logre –a través del autoempleo, a través de la organización social y de la participación de las comunidades más pobres en la producción del país– mejores condiciones de vida para los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, por el Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señora presidenta. Diputadas y diputados, a finales de diciembre del año pasado, nuestro compañero diputado Luis Olvera, de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social presentó una iniciativa con el propósito de fortalecer el marco normativo de fomento a las cooperativas de nuestro país.
Sin duda, las cooperativas son una forma asociativa que ha cobrado una importante y creciente importancia en el mundo, al grado de que diferentes instancias multinacionales, como se ha dicho aquí, la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran que las cooperativas son una forma de organización social que pueden hacer una gran contribución a la generación de empleos y de la riqueza.
Cabe destacar que a escala mundial, importantes estudios coinciden en señalar que la solución a la pobreza y al hambre pasa por el fortalecimiento de las actividades productivas de las organizaciones sociales.
Ésa misma preocupación es la que nos mueve a los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, que consideramos necesario fortalecer cada vez más la legislación en materia de cooperativas. Por eso votaremos a favor de este dictamen en torno a la iniciativa de nuestro compañero Luis Olvera, que incluye cambios en la redacción de la Ley General de Sociedades Cooperativas que favorece la creación de organizaciones regionales de cooperativas y orienta sus beneficios hacia las comunidades donde se encuentran.
Es importante también destacar, la coincidencia de todos los integrantes de la comisión, en el sentido de aprobar las propuestas que contribuyan a fortalecer a esta figura asociativa, porque no nos queda duda que está llamado a ocupar un papel cada vez más relevante en la economía de nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La realidad económica por la que atraviesan una gran parte de las familias mexicanas, el rezago social y la problemática que enfrentan las diferentes regiones del país, nos obligan a impulsar nuevos mecanismos que permitan reactivar la economía social; aunque en términos generales las cifras macroeconómicas se reportan en promedio estables, la economía popular que se relaciona directamente con los bolsillos de los ciudadanos, atraviesa por momentos muy difíciles. Baste recordar los últimos reportes de pobreza y pobreza extrema. Según el propio Coneval, 22 millones de mexicanos están por debajo de la línea de bienestar mínimo y ocho de cada 10 padecen algún tipo de pobreza.
Bajo el anterior orden de ideas, el dictamen que aquí nos ocupa y desde luego la iniciativa del diputado proponente, revisten no sólo fundamental importancia sino que además resultan oportunos.
Como acertadamente se ha señalado la relevancia de las sociedades cooperativas es evidente sobre todo si consideramos la multiplicidad de actividades desarrolladas por las mismas en las diferentes ramas de la economía y cuyo impacto global se ha reflejado en los últimos decenios en una importante generación de empleos, así como el fortalecimiento de la planta productiva nacional y el desarrollo de las comunidades.
Por ejemplo, para atender el campo mexicano, la concentración, la reunificación de la tierra para conformar unidades de explotación rentable, es una necesidad económica ineludible que tendrá que atenderse tarde o temprano y la vía cooperativa debe considerarse para este propósito.
De ahí que es menester fomentar el cooperativismo como una actividad necesaria para el desarrollo económico del país, toda vez que el contexto actual resulta adecuado para que el Estado mexicano impulse y fomente esta figura económica, jurídica y social relevante y necesaria para que la población acceda a nuevas y mejores oportunidades.
Bajo el anterior orden de ideas y con base en los instrumentos internacionales suscritos por México, así como las propuestas y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas que a través de su Asamblea General determinó el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas bajo el tema Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, es prioritario:
Primero. Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas compuestas de personas e instituciones para abordar sus necesidades económicas mutuas, además de lograr una plena participación económica y social, así como establecer políticas públicas y adecuar el marco jurídico para fortalecer la economía solidaria y se posibilite el desarrollo del cooperativismo mexicano de manera competitiva, sostenible, transparente y eficiente.
En tal virtud y, toda vez que el dictamen sujeto a votación coincide con tales propuestas y favorece el desarrollo sostenible de las comunidades donde se encuentran asentadas las cooperativas, es que nuestro voto será a favor. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 429 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 36, 37 Bis y 37 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra la diputada Lourdes Adriana López Moreno.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señora presidenta. Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, después de hacer un análisis exhaustivo, tenemos a bien dictaminar en sentido positivo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión consideramos que el tema de desarrollo sustentable ha venido discutiéndose profusamente en las últimas dos décadas a nivel nacional e internacional.
Participando en el debate, reiteramos nuestra coincidencia con la colegisladora en el reconocimiento de que tanto el desarrollo de los procesos industriales como el consumo de los productos que generan tienen impactos importantes sobre el medio ambiente; impactos que para ser contrarrestados han requerido de la aplicación de una variada política ambiental que comprende desde luego diversos tipos de instrumentos, incluso los económicos.
El avance hacia la sustentabilidad ambiental es un gran desafío para el bienestar de las sociedades. Ello requiere, entre otras medidas, la formulación de leyes y políticas ambientales con objetivos realistas, la ampliación de la infraestructura ambiental y la mejor integración de las preocupaciones ambientales en las decisiones económicas y sociales.
En este dictamen que invitamos a votar a favor se demuestra que la transición hacia la sustentabilidad ambiental de la industria necesita la identificación de productos y servicios que tengan un impacto reducido en el ambiente y que incentiven y promuevan una afectación ambiental cada vez menor. Más aún, queda claro que la buena reputación social y ambiental de una empresa puede resultarle útil a ella misma como un activo de materia de competitividad.
Asimismo, en el proyecto legislativo que nos ocupa la visión y el conocimiento del problema representa el impacto que en mayor o menor medida generan sobre el ambiente las actividades industriales y el consumo de los productos que elaboran, así como la necesidad de encontrar los instrumentos adecuados de política ambiental que promuevan la identificación de productos y servicios que tengan un impacto reducido en el ambiente.
El proyecto original ha sido debidamente tratado y si bien se modificó la ubicación de incorporación de las disposiciones en el texto legal, es evidente que serán las secretarías de Medio Ambiente y Economía las que promuevan la identificación de los productos y servicios menos dañinos, a través de los instrumentos que se consideren idóneos, entre los cuales seguramente aparecerá la etiqueta ecológica, desde luego regulada en normas oficiales mexicana y con los criterios mínimos que emita el gobierno federal.
Honorable asamblea: el movimiento ambiental ha sido uno de los movimientos sociales más importantes en la historia reciente. Durante los años 90 la preocupación por el medio ambiente se incrementó en el mundo debido tanto a los consumidores como a las empresas, que se percataron de que sus hábitos de consumo y su desempeño pueden tener un efecto directo en la conservación o degradación de la naturaleza y el medio ambiente.
La experiencia mexicana en la aplicación de políticas ambientales es relativamente reciente y todavía limitada; no obstante, los logros alcanzados y el desarrollo industrial siguen generando preocupantes niveles de contaminación y de deterioro de los recursos naturales.
Por ello, los diputados federales de esta comisión estimamos que la etiqueta ambiental debe informar al consumidor de productos o servicios sobre sus principales características ambientales y que éstos puedan mostrarse en dicha etiqueta, sobre todo cuando se confiere a un grupo amplio de productos y servicios, donde se espera que esta información en las ecoetiquetas contribuya al entendimiento de la problemática ambiental industrial, especialmente al centrarse en asuntos particulares y promover la identificación de los parámetros y criterios ambientales de los productos, bienes e insumos con menor impacto ambiental.
Es importante decirles que en virtud de que el texto promueve la coordinación e identificación de los productos, bienes insumos y servicios con menor impacto ambiental basándose en parámetros y criterios ambientales a lo largo de su ciclo de vida mediante un distintivo o certificado cuyo uso sea voluntario, es que consideramos importante, tanto para las empresas como para los consumidores, tener la información de cuando un producto sea amigable con el medio ambiente, cuando un producto tenga un esquema sustentable en su ejercicio de producción y con ello seguramente los consumidores tendrán la oportunidad de decidir aplicarse al consumo de los productos que tienen en su proceso un menor impacto al medio ambiente y con ello beneficiamos la decisión de los consumidores y desde luego favorecemos impulsando la promoción y el conocimiento al público en general de aquellas empresas que son sustentables en su proceso en general de trabajo y de producción industrial. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, para fijar postura por su grupo parlamentario, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. En México la aplicación de políticas ambientales es realmente reciente y todavía limitada. El avance hacia la sustentabilidad ambiental es un gran desafío para bienestar de las sociedades, y ello requiere, entre otras medidas, la formulación de leyes y políticas ambientales con objetivos realistas, la ampliación de la infraestructura ambiental y la mejora integral de las preocupaciones sobre el tema en las decisiones económicas y sociales.
En este dictamen se demuestra que la transición hacia la sustentabilidad ambiental de la industria necesita la identificación de productos y servicios que tengan un impacto reducido en el ambiente y que incentiven y promuevan una afectación ambiental cada vez menor.
El ámbito industrial sigue generando preocupantes niveles de contaminación y de deterioro de los recursos naturales. Por ello, la proposición de establecer una etiqueta ambiental que informe al consumidor de productos o servicios de los posibles efectos ambientales que puede ocasionar su elaboración.
Se espera que contribuya al entendimiento de la problemática ambiental industrial, específicamente al centrarse en asuntos particulares y promover la identificación de los parámetros y criterios ambientales de los productos, bienes e insumos con menor impacto ambiental.
El dictamen del artículo 36, 37 Bis y 37 Ter, menciona que serán las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Economía las que promuevan la identificación de los productos y servicios menos dañinos a través de los instrumentos que se consideren idóneos para este caso, y entre los cuales seguramente aparecerá la etiqueta ecológica, desde luego regulados en normas oficiales mexicanas y con los criterios mínimos que emita el gobierno federal.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en que entre más medidas para mejorar el medio ambiente se tengan, será mejor, por lo que votaremos a favor del dictamen, pero consideramos que estas medidas se deben acompañar de otras que desincentiven las emisiones que arrojan las empresas o los contaminantes que se desechan en los ríos y las presas. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar postura de su partido.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el objeto primordial de la minuta en discusión es otorgar facultades a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Secretaría de Economía promuevan la identificación de productos, bienes, insumos y servicios que tengan un impacto reducido al medio ambiente, mediante un distintivo o certificado cuyo uso será voluntario. Es lo que coloquialmente se denomina el etiquetado ambiental.
Existen experiencias amplias y bien desarrolladas sobre etiquetado ambiental, por ejemplo en la Unión Europea, pero también en el país se ha comenzado a trabajar al respecto en otros enfoques, por ejemplo existe una Ley de Productos Orgánicos y su reglamento, con lo que los productos de las actividades agropecuarias se pueden etiquetar llevando las expresiones ecológico, biológico y las denominaciones con prefijo bio y eco para fines de comercio nacional e internacional.
La Semarnat como autoridad está acreditando tanto a nivel central como en la Conagua y Conafor, diferentes formas de otorgar productos de manera voluntaria que pueden reducir los efectos ambientales adversos, así como los correspondientes logotipos, es decir etiquetas ambientales. Igualmente se proponen diversas formas y sanción al mal uso de las mencionadas certificaciones.
La norma mexicana NMXAA 120 SCFI 2006 establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad, de calidad de playas, señala expresamente que la evaluación de la conformidad de dicha norma se realizará por las personas acreditadas y aprobadas por la Semarnat.
De la misma forma existe el sello de grado ecológico, que es el reconocimiento otorgado por parte de la Comisión Nacional del Agua a productos, sistemas y procesos que destaquen en el ahorro y uso eficiente del agua. Conagua lo otorga a través de las organizaciones certificadas, acreditados y aprobados, a los interesados para que la ostenten en sus productos.
Se señala que el mal uso de este logotipo del sello grado ecológico sin autorización de Conagua y del organismo de certificación, será sancionado en términos de las disposiciones aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial y demás legislación aplicable.
Existe también la norma mexicana NMXAA 143 SCFI 2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques, en dicha norma se genera sello bosque sustentable, que es el logotipo propiedad de la Secretaría, que el tenedor de un certificado de manejo sustentable de los bosques puede usar en su producto para promoción comercial conforme al manual de uso.
En caso de que esta persona utilice sin derecho el sello de bosque sustentable por no estar debidamente certificado por un tercero acreditado o que continúe utilizando el mismo cuente con una suspensión o cancelación de la Semarnat, como dueña del sello bosque sustentable, deberá iniciar un procedimiento judicial correspondiente en contra del presunto infractor, es decir en los hechos ya se está haciendo etiquetado ambiental, pero se requiere fortalecer y definir claramente desde el punto de vista legal el camino a seguir en esta materia.
Esta reforma va a propiciar y fortalecer el círculo virtuoso donde todos van a ganar, productos, consumidores y por supuesto el ambiente en especial.
Estamos ciertos que muchos consumidores mexicanos están demandando productos amigables con el ambiente, por ello esta reforma va a contribuir a que los consumidores mexicanos puedan de manera informada lograr elegir entre los diversos productos que existen en el mercado, o a los más amigables con el ambiente.
Aunque en la reforma no existe un plazo para lograr las normas oficiales mexicanas que definirán los parámetros y criterios ambientales para lograr el etiquetado ambiental esperamos se desarrollen en el menor tiempo posible, además consideramos que tanto los representantes de las empresas como las organizaciones no gubernamentales, medioambientales y las organizaciones de consumidores, entre otros actores de la sociedad mexicana, deben desempeñar un papel importante y participar activamente en el desarrollo y establecimiento de las citadas normas oficiales mexicanas.
Lo anterior es de gran importancia, ya que el consumidor deberá confiar y aceptar el sistema de certificación de la etiqueta ambiental. Por todo lo anterior daremos nuestro voto a favor de este dictamen de la minuta por el que se reforma y adiciona los artículos 36, 37 Bis, 37 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacer compatibles los esfuerzos para elevar los niveles de desarrollo humano, junto con la aplicación de políticas ambientales sustentables, requiere la conformación de un marco jurídico ambiental que propicie el uso y aprovechamiento racional y responsable de los recursos naturales. Que garantice la protección de las especies y la biodiversidad durante los procesos productivos.
Igualmente significativo resulta para esta fracción parlamentaria, insistir en el impulso de iniciativas que armonicen el progreso económico con la preservación de la naturaleza, ya que esto promueve el desarrollo humano sustentable, con el que todos los mexicanos podemos progresar, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.
Bajo estas premisas que nos distinguen y que están contenidas en este dictamen, es que nos congratula apoyar la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 36, 37 Bis y 37 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Además, compañeras y compañeros diputados, cabe recordar que este dictamen que estamos discutiendo nace de una iniciativa de Acción Nacional que se presentó en la pasada legislatura, donde el promotor manifestó una visión profunda, con un conocimiento claro de lo que significa atender las externalidades ambientales derivadas de los patrones insustentables de producción y consumo en nuestro país.
A partir de esto, surge la necesidad de encontrar novedosos instrumentos de política ambiental que promuevan la identificación de productos y servicios amigables y que tengan un impacto reducido con el ambiente, lo que incentivará una cultura productiva y de consumo, cuya afectación ambiental cada vez sea menor.
Es por esto que coincidimos con el dictamen, ya que estamos convencidos de que las externalidades negativas en el medio ambiente y en los recursos naturales que se continúan generando en los procesos industriales de consumo en México y en todo el mundo, es muy importante impulsar instrumentos de política ambiental que los minimice. Como es el caso de la etiqueta ecológica ambiental, que es la esencia de esta iniciativa.
Nuestro grupo parlamentario reconoce el trabajo y a aportación de la colegisladora al resaltar en la minuta que hoy discutimos, el valor de la iniciativa, que consiste en establecer en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mecanismos que reconozcan un producto que durante su proceso de fabricación, comercialización y vida posterior al uso, es respetuoso y amigable con el medio ambiente. No solamente es cuando lo estamos usando, sino que sea un producto que cuando se esté fabricando también sea amigable con el medio ambiente y después, cuando lo desechemos, también sea amigable con el medio ambiente. Aspecto que el Ejecutivo federal deberá promover y difundir a través de normas oficiales que de manera clara y precisa informen a los consumidores.
Apoyamos también el dictamen porque estamos seguros que la etiqueta ambiental promueve la armonía entre el progreso económico con la preservación de la naturaleza. Por lo que apostamos a que resulte un medio eficaz que podrá sensibilizar al consumidor al informarle de las principales ventajas a favor del medio ambiente en los productos o servicios que adquiera. Esto, sin duda, revivirá la cultura de la corresponsabilidad de los ciudadanos con la protección al medio ambiente y el desarrollo humano sustentable.
Lo que cada uno de nosotros hagamos a favor del medio ambiente irá marcando a este país pero también a todo el mundo y es propiciar esta corresponsabilidad entre todos los mexicanos.
Una iniciativa como ésta también tiene como objetivo darle un valor justo a nuestro capital natural. En México tenemos el 12 por ciento de la biodiversidad mundial. Ése es nuestro capital, ¿cómo vamos a luchar para conservarlo?
Es por ello que es importante reconocer que los procesos de producción y consumo no solo deben considerar a los recursos naturales como insumos o como materias primas sino tienen que ser responsables con sus impactos a los ecosistemas, es decir, ser responsables de las externalidades que generan.
Finalmente, Acción Nacional dará pleno seguimiento a que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía aceleren su trabajo para la conformación de normas oficiales sencillas pero eficaces, en las que se establezcan parámetros y criterios ambientales novedosos que ayuden a identificar productos, bienes, insumos y servicios que sean armoniosos con la naturaleza, lo que sin duda promoverá un mayor equilibrio entre la economía y el medio ambiente, pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos. Por estas consideraciones mi grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 36, 37 Bis y 37 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, o sea, el dictamen en su conjunto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 438 a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 438 voto el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 36, 37 Bis y 37 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (16:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 17 de abril a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto apartar de las 9:30 horas.
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