Comunicaciones
De la Mesa Directiva, relativa a dictámenes de proposiciones en sentido negativo
De la Junta, con cambios en comisiones y grupos de amistad
Retiro de iniciativa de diputado
De la CNDH, con respuesta a punto de acuerdo
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Cámara de Senadores, con proposición y minutas e iniciativa
Dictámenes
Discusión de los artículo reservados
Acuerdo de la Junta, con modificación del orden del día
Votación del artículo 35, fracción VIII, numeral 4o., párrafos segundo y tercero
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum para sesionar.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:30 horas) Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, mire, presidente, la verdad es que uno entiende las prisas de la sesión. Quiero solicitarle que en la agenda política se introdujera un tema, usted lo podría hacer, que es muy sensible en la ciudad de México, que son las alzas arbitrarias, indebidas que el jefe de gobierno de la ciudad quiere hacerles a los ciudadanos.
Mire, en un año ha bastado para ver quiénes son los traidores a la patria. Ya tenemos los que quieren privatizar la energía eléctrica, pero aquí en concreto es una traición a los ciudadanos del Distrito Federal. No puede ser, no hay razón que justifique el alza al Metro; no se requiere.
Se le dotó a la ciudad de 6 mil millones de pesos más a través del Fondo de Capitalidad; con que bajaran la corrupción con eso bastaría.
Y lo que más nos preocupa también es que Mancera un día dice una cosa y hace otra. Concretamente dice que se van a respetar las protestas por el alza al Metro, pero están reprimiendo a la gente.
Hoy mismo la gente ya está tomando medidas, están diciendo “pues me salto, pues me brinco, pues no pago”. Porque tienen razón. De hecho hoy a las doce está convocado un Salto por la Patria, y tienen razón los intelectuales, los artistas, el pueblo que toma estas medidas.
No creemos que con las medidas que están tomando aquí en la Cámara, como esto de reprimir las marchas, las manifestaciones, empiecen a molestar a la gente, a reprimirla. Es injusto lo que está haciendo este señor y evidentemente es un traidor a los ciudadanos en el Distrito Federal.
Entonces le pediría, si puede agregar en la agenda política este tema el día de hoy, que es de los derechos humanos; no se pueden violar los derechos humanos a los habitantes de la ciudad de México. Por favor le solicito se meta este punto en el orden del día.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Sonido en la Curul de la diputada Roxana Luna Porquillo. Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente y compañeros diputados y diputadas, quiero llamar la atención porque hace unos momentos en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y del Distrito Federal se violentó nuevamente el procedimiento del Reglamento de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Presidente, le pido instruya a la Secretaría dé lectura al artículo 189, numeral 4, del Reglamento, para que pueda hacer mi exposición.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El asunto no está a discusión, diputada. ¿Desea usted agregar algo más? No procede la moción porque el asunto no está a discusión.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Diputado, le estoy pidiendo que lea la diputada el artículo 189, fracción IV.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada, lo que ocurre es que no procede la moción de ilustración al pleno cuando el asunto no está a discusión; no está siquiera listado. No le cierren el sonido.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Le voy a dar lectura al artículo 189, numeral 4, del Reglamento que dice que los diputados y diputadas podrán reservar artículos de un dictamen para su discusión en lo particular. Pero el tiempo máximo de cada intervención no será mayor de cinco minutos, observándose en este caso la regla del numeral anterior.
En este caso no se dio cumplimiento al procedimiento que establece el propio Reglamento de la Cámara de Diputados, dejando clara la violación a los derechos de todos los diputados porque una de las facultades que tienen las comisiones es dictaminar. En este caso no se dictaminó la ley de marchas en el Distrito Federal y lo más seguro es que nuevamente nos encontremos que lo puedan enlistar en el orden del día, como se ha vuelto costumbre.
Lamentamos mucho que en un tema tan trascendente para la democracia de nuestro país se cierre el diálogo y que dos comisiones que tienen la obligación de dictaminar y demostrar la tarea y el cumplimiento de salvaguardar los derechos hoy también a los diputados se nos ha violentado.
Lamentamos y exigimos a los diputados integrantes de estas comisiones puedan reponer el procedimiento que ha sido violentado. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí, diputado, por un acontecimiento muy importante que va a suceder el día de hoy en otras latitudes. Dejaré que mi compañero Roberto López conteste los exabruptos contra el jefe de gobierno que han sido aquí vertidos.
Simplemente que el día de hoy es un día importante en otras latitudes, en Uruguay, porque Uruguay está a unas horas de convertirse en el primer país que regula la marihuana desde la producción hasta el consumo.
Ya en Estados Unidos hay 20 entidades que tienen regulada la marihuana, dos de ellas de manera recreativa o para todo uso. Pero hoy Uruguay será el primer país. Algunos quizá no le den la importancia que tiene.
Quiero decir que el Tratado de Estupefacientes, la prohibición internacional tiene medio siglo, más de medio siglo, desde 1961, es la época en que se construyó el Muro de Berlín, y hoy Uruguay está tirando el primer ladrillo de ese muro. Me parece que es algo que hay que celebrar, y ojalá en México lo veamos como una oportunidad que el mundo esté cambiando, tanto en Estados Unidos, en Uruguay, en otras latitudes, para cambiar este paradigma que ha sido desastroso para el país.
Nadie ha pagado costos tan altos como México en la guerra contra las drogas. Hoy Uruguay da un paso histórico en la dirección correcta que es, cambiar de paradigma. Ojalá tomemos las lecciones. Estoy seguro que la cancillería mexicana será congruente con la historia mexicana, la mejor historia de la diplomacia mexicana y reconocerá el derecho a decidir del estado uruguayo. Es para eso, para que quede en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Así queda asentado en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Roberto López Suárez. Dígame, diputado ¿con qué objeto?
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Solamente reiterar lo que dijo la diputada Roxana Luna, y evidentemente se va a tocar en agenda política, pero quisiera señalar, señor presidente, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y del Distrito Federal, en comisiones unidas violaron un procedimiento, y quisiera pedir a la Junta de Coordinación, como ya lo hice saber al presidente, a Silvano Aureoles, y lo hago saber a usted, presidente de la Mesa Directiva, que por favor cuiden los procedimientos, que hagamos esta observación a las dos presidentas de las Comisiones que acordaron omitir la discusión de las reservas de Comisiones Unidas, violando el artículo 189, numeral 4 y que tenemos derecho los diputados a discutir en las Comisiones antes de dictaminar totalmente cualquier iniciativa de ley, que además esta iniciativa trata de obligar al gobierno de la Ciudad de México exclusivamente a coartar toda libertad de expresión y manifestación política.
De la iniciativa que presentó el diputado fascista Sotomayor ahora es cómplice también el PRI y lo quisiera dejar muy claro, que a pesar de que aprueben esta ley no van a obligar al gobierno de la Ciudad a reprimir.
Por último señalaría –termino con esto, presidente–. Diputado Huerta y también a los diputados del PRI, el jefe de gobierno, el gobierno de la Ciudad hizo una consulta sobre el tema del Metro y hay un resultado de esta consulta. Esperemos que el PRI haga lo mismo en el tema energético.
Creo, y lo digo con toda sinceridad, diputado Huerta, que usted no tiene la calidad moral para criticar al gobierno de la Ciudad, cuando su actuación en particular no ha sido transparente. Sí le quiero decir que de hoy en adelante cada vez que no tenga razón le voy a contestar cada una de sus acusaciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Huerta. Si es para responder alusiones se la doy inmediatamente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Mire, es muy sencillo. En principio se trato de una consulta amañada. Segunda, la gente tiene la razón, Peña y Mancera son la misma chifladera, por lo que no decir lo que dice la gente y ser poco respetuosos.
Yo no voy a defender al PRI, al PRI lo defendió el PRD desde que andan de la mano en el pacto de la traición, el pacto contra México y en particular el que me antecedió en la voz no es capaz de ir a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué piensan de los dos pesos que le aumentan al pasaje.
Esto para los ciudadanos, para muchos significa más de mil pesos mensuales y para muchos más va a significar más de mil pesos por el efecto inflacionario que tiene. Y de que el señor Mancera es un traidor, es un traidor a la plataforma política que se llevó, así como están siendo traidores muchos de los diputados que se fueron a los brazos del PRI. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar. Dígame, ¿con qué objeto?
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Inmediatamente después le pregunto, diputado Raya.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Es para dar continuidad al comentario y a la petición, que creo que es muy clara y lo volveré a hacer, que está haciendo la diputada Roxana Luna, presidente.
En efecto, no está en el orden del día ni a discusión el dictamen que se acaba de atropelladamente aprobar en las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos.
Creo que la petición que debe haber a esta Presidencia es que no pueda usted o no se deba aceptar por esta Presidencia el dictamen que se ha aprobado, como digo, atropelladamente y en contra de todo reglamento para que pueda agendarse en el orden del día.
Ésta no es solamente una petición a la Junta de Coordinación Política sino a esta Presidencia, porque el debate acá va a ser cómo el procedimiento fue negativo y entonces estaremos en esta misma discusión después.
Le pediría, señor presidente, a usted que ha dado muestras de respetar el reglamento, que solicite cuando le llegue el asunto a estas presidencias que se cumpla el reglamento como debe ser. Porque lo único que nos hacen pensar estas iniciativas fascistas que se aprueban fast track es cuánto cuesta la reforma energética y cuánto está pagando el PRI por ella. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Le informo a usted, diputada, y a este pleno que el dictamen de referencia no ha sido aún recibido por la Mesa Directiva. Cuando eso ocurra, haremos el análisis de legalidad que usted solicita.
Sonido en la curul del diputado Miguel Alonso Raya. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, con el objeto de hacer algunas precisiones. Creo que en caso de la Ciudad de México, tanto el PRD y la coalición en su momento que postuló a candidatos como el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, han sido bastantes respetuosos y tolerantes con la diversidad y la pluralidad en el Distrito Federal.
No aceptamos que se le califique de traidor. Miguel Ángel Mancera, como jefe de gobierno, tiene que responder a los ciudadanos en conjunto del Distrito Federal y, desde nuestro punto de vista, lo está haciendo bien.
Si algunos se sienten a gusto y satisfechos en su conciencia insultando, allá ellos. Nosotros no aceptamos sus infundios ni sus calumnias y no consideramos que sea la mejor manera de debatir y de fijar una posición diferente a la que está.
Se ha dicho, el Metro requiere inversión, inversión fuerte. Puede ser cuestionable, criticable lo del asunto del boleto. Ustedes saben perfectamente que el subsidio al Metro, el boleto del Metro cuesta en realidad 10 pesos. Lo que se está aumentando hoy son 2 pesos. Siento que es fuerte, pero también así son las necesidades de seguridad, de reparación de los vagones y de la eficiencia que el Metro debe recuperar para que les sirva no solamente a los habitantes del Distrito Federal sino de toda el área metropolitana.
Por tanto, respetuosamente exhortamos a que los compañeros, y particularmente los que se dicen de izquierda, no estemos denostándonos entre nosotros y cerremos filas y discutamos, en todo caso, internamente, las cuestiones y las diferencias que se tengan. Por su atención, muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): La molestia que se tiene es de ciertos diputados que le llaman a los compañeros fascistas. Si estar en contra de los delincuentes que golpean, incendian policías seguiremos siendo fascistas.
No estamos de acuerdo con este tipo de delincuentes. Y por otra parte. En el punto de San Roberto, de la Policía Judicial, siguen las extorsiones hacia los migrantes. No puede ser posible que la gente que está a cargo de esto no haga nada y sigan extorsionando y sigan robando a los ciudadanos que vienen o van hacia los Estados Unidos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado.
El diputado Víctor Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Víctor Jorrín. Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado Víctor Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación, pues en el estado de Guerrero, especialmente Chilpancingo y Tierra Caliente, nuevamente tenemos los brotes de la delincuencia, secuestros y desaparecidos.
Aparte de esto, se está afectando ya a los productores de maíz porque los están extorsionando y es un grave problema para la producción de Guerrero.
Por eso es muy importante que la Secretaría de Gobernación tome las medidas urgentes para el estado de Guerrero, para controlar la delincuencia. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Por última ocasión le daré el uso de la palabra al diputado Huerta y pasaremos a comunicaciones oficiales. Sonido en la curul del diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, acepto el tono que propone el diputado Raya. De hecho es lo que estoy pidiendo, que se agende en los temas políticos, porque es un tema de verdad muy sensible. Para muchos de aquí esto no les importa, porque ya sabemos cómo viven, pero la gente vive al día y esto le va a pegar muy fuerte.
Y, si en nuestra plataforma política dijimos que no iba a haber aumento de impuestos ni de servicios, pues lo que está ocurriendo es una traición a la gente del Distrito Federal, aquí y en China.
Por lo tanto, el salto patriótico que muchos van a seguir dando, lo que estamos pidiendo, y si son consecuentes, que no se den estos hechos que hoy están en todos los periódicos nacionales de la represión a estos ciudadanos. Y que se agende en el orden del día, en el debate político este tema.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dé cuenta la Secretaría de las comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio de la Mesa Directiva, por el que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo y que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a los cambios de Junta Directiva y de integrantes de Comisiones Ordinarias y Grupos de Amistad que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas. Comuníquense.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, por el que se solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada el 21 de noviembre de 2013, sea retirada de la Comisión de Seguridad Pública. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes asuntos:
Informe Estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondiente al quinto trimestre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Informe sobre los Programas de Comunicación Social, que contiene los programas y campañas desglosados por dependencia y entidad de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a continuar el proceso legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara a nivel nacional el año 2014 como Año del Centenario de la Soberana Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su atención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite expediente de la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Minutas:
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos, presentada por los senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal, y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Como lo acordamos en la sesión anterior, retomaremos la discusión del dictamen que fue en su momento suspendido. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente; señoras y señores legisladores, hago uso de esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, a nombre de Nueva Alianza, para posicionarnos favorablemente en este decreto por el cual se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
En Nueva Alianza convencidos somos en fortalecer nuestro sistema democrático, hacerlo transitar hacia el ideal de un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, situación que necesariamente nos exige la necesaria, la continua y la informada corresponsabilidad ciudadana. Corresponsabilidad en todos los ámbitos del quehacer público del Estado.
Hoy en estas épocas actuales ya no basta el cumplimiento de la formalidad legal a través del ejercicio periódico del sufragio para el cumplimiento de los fines y objetivos sociales fundamentales de nuestra nación.
Ello nos convoca a modernizar nuestra democracia, adicionando y dotando a la ciudadanía de instrumentos de empoderamiento que sean funcionales, que sean vinculatorios en la toma de decisiones.
La soberanía popular radica originaria y esencialmente en el pueblo. El pueblo ordena, el Congreso y el Poder Ejecutivo acatan.
Hacia ese rumbo están encaminadas las reformas constitucionales aprobadas el 9 de agosto del 2012 por el honorable Congreso de la Unión, dando un paso trascendente al establecer el derecho que asiste a todo ciudadano de iniciar leyes y de solicitar la consulta popular.
En Nueva Alianza, acorde a dichas reformas constitucionales, presentamos el pasado mes de marzo una iniciativa orientada a la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en la que subyace el propósito de desarrollar la cultura de participación política de todos y todas las mexicanas y mexicanos, al hacer operativos instrumentos de la denominada democracia directa, como lo es eminentemente la consulta popular.
En tal sentido y celebrando sustantivas coincidencias por medio de las cuales se establecen términos procesales la forma de llevar a cabo dicho mecanismo democrático, estamos ciertos de que con la aprobación de dicha ley dejamos atrás dogmas, dejamos atrás tabús y herrumbrosas herencias que suponían la conducción de lo público sólo desde el ámbito de lo estatal y gubernamental para pasar a una visión en donde las decisiones ciudadanas tengan una destacada, una efectiva y una vinculante decisión y participación.
Con ello, en esta ley se concluye un ciclo en el cual se amplía el catálogo de derechos y obligaciones ciudadanas, así como los mecanismos para que la población se involucre en la vida pública, pues no nos debe ser ajeno que, en materia de ampliación de los mecanismos de la democracia, nuestras formas de decisión se encuentran rezagadas respecto de sistemas democráticos considerados de avanzada.
Es relevante la pertinencia de observar que más de una veintena de entidades federativas tienen establecidos ya mecanismos de democracia directa y en el ámbito federal los mecanismos de participación, expresión y vinculación de los ciudadanos en los asuntos públicos no se encuentran reglamentados en leyes secundarias.
Al aprobar esta ley, más allá de atender el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, estamos abriendo un canal de comunicación directa entre la ciudadanía y sus gobernantes al facultar a los ciudadanos e impulsar, como colectividad, la discusión de temas de trascendencia nacional cuyas decisiones pueden adquirir un carácter vinculatorio en asuntos que afectan su vida cotidiana.
En tal sentido serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, aquellos actos administrativos del Ejecutivo federal y aquéllos que la misma ciudadanía proponga, siempre que sean de trascendencia nacional, cumpliendo con los requisitos que hoy claramente se establecen ya en ley de materia.
Señoras y señores diputados: en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza creemos que la mejor forma de perfeccionar nuestra democracia es fomentando mayor participación ciudadana y esto sólo será posible cuando los ciudadanos dejen de ver los asuntos públicos como cosa de los políticos y se asuman como actores naturales de las decisiones públicas.
Como Grupo Parlamentario Nueva Alianza da su voto a favor a esta nueva Ley Federal de Consulta Popular porque apuesta al futuro de nuestra democracia a fin de que lleguemos a esa forma de vida que señala nuestra Constitución política como un gran ideal. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Luis Antonio González Roldán. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Michoacán, el número 15 de la comunidad de Poturo, municipio de Churumuco, Michoacán, invitados por el diputado Rodimiro Barrera Estrada. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, lo que puntualicé el jueves continúa y yo creo que será práctica de toda la legislatura. Gracias a los que están en el Pacto se vulneran derechos fundamentales y no solamente derechos fundamentales, y también carecemos de un gobierno democrático.
El Congreso ha sido desplazado y con él las reglas del debate parlamentario –vuelvo a repetir- han sido sustituidas por el intercambio de prebendas y favores en el marco del Pacto por México. A diferencia del debate que aquí estamos dando, los entendimientos en el Pacto por México no son públicos, no se registran ni se graban, no se trasmiten en vivo por el Canal del Congreso, no están sujetos a reglamentos conocidos y consultables.
Muestra de ello fue la participación al final de la sesión que tuvimos el jueves, en que se evidenció que había un acuerdo. Quienes participan en el Pacto por México consideran que la política es tarea de intercambiar beneficios mutuamente, se enorgullecen de haber creado la democracia por convenio.
Desgraciadamente esta democracia por convenio nos afecta a los diputados que queremos precisamente representar a nuestros electores y que tenemos un derecho fundamental para representarlos.
En los instrumentos internacionales de derechos humanos es muy claro en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el correlativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el diputado o senador que es elegido para ocupar una curul para la cual fue elegido, no nada más es elegido para cobrar sus honorarios mensuales y recibir los beneficios del Pacto, sino finalmente para representar a sus electores, función que no podemos realizar precisamente por estos acuerdos y que ya se está volviendo una cotidiana práctica de esta legislatura.
No solamente no pasó a comisiones, porque fue un asunto menor y de urgente resolución, la reforma política electoral. Ahorita, en comisiones no se acabaron de discutir las reservas de derechos humanos, y en este momento estamos discutiendo, afortunadamente ya se hicieron revisiones, pero igual, la de Consulta Ciudadana.
Todo de espaldas a la ciudadanía, a los cuales en la sesión que tuvimos de Derechos Humanos, en las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Distrito Federal, no se dejó ingresar a la que se supone que es la Casa del Pueblo, a las organizaciones no gubernamentales.
Ya con las reformas que se hicieron sigue adoleciendo de un gran defecto esta iniciativa de consulta ciudadana. El gran defecto es, y como se dijo hace un momento, los principales actores deberían de ser los ciudadanos, es consulta ciudadana, y en menos ya se cambió la participación ahora del presidente de la república por el IFE, futuro INE, que no es un órgano independiente, que no es un órgano autónomo y que obviamente responde a intereses políticos.
Traigo a colación la elección de 2006 que precisamente el IFE, que debería de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, se negó en relación al ejercicio de este fundamental que es el derecho al voto, precisamente recontar por una diferencia mínima los votos de los ciudadanos que votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de esa negativa presentaron amparos a la Suprema Corte de Justicia con el voto de nada más el presidente de la Suprema Corte en ese entonces, sin el pleno, Mariano Azuela Huitrón, se desecharon los amparos en contra del artículo precisamente 91 constitucional, que autorizaba por violaciones graves dar conocimiento y no sobreseer al amparo que se presentaba.
El Tribunal Federal Electoral, máximo órgano de las elecciones, en ese entonces consideró que los votantes que habíamos votado a favor precisamente de Andrés Manuel López Obrador, no teníamos el derecho de exigir que se recontaran los votos y asegurarnos que la elección fuera a su favor, por la sencilla razón de que no teníamos interés alguno y fueron desechadas.
Entonces las autoridades, dígase IFE, Tribunal Federal Electoral y hasta Suprema Corte de Justicia de la Nación, carecen de independencia y autonomía, y este Congreso también carece de independencia y autonomía gracias al Pacto.
Si se quisiera hacer una efectiva iniciativa de ley que protegiera los derechos de los ciudadanos y que garantizara el derecho a la ciudadanía ciudadana a hacer una consulta, eso debería de ser protegido o amparado con un órgano autónomo independiente y no que se sesionara de todo este proceso de consulta el INE, el futuro INE o el IFE actualmente.
Por esas consideraciones el Partido del Trabajo votará en contra de la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Como ustedes recordarán, este dictamen fue suspendido a las 3 de la mañana la sesión pasada, la Ley de Consulta Popular, porque contenía vicios en el propio dictamen y al parecer acuerdos que se suscribieron en ese instrumento perverso denominado Pacto por México, que no fueron respetados.
Nosotros creemos que esta reforma, que esta Ley de Consulta Popular restringe lo postulado en el artículo 35 constitucional. Pero, además, es una reforma engañosa. Es otra reforma utilizada como moneda de cambio. La nueva redacción que se va a proponer más tarde en su momento procesal no resuelve el problema que planteamos ese día en la madrugada.
Por eso creemos que es una reforma gatopardista, es una reforma de simulación, es una reforma engañabobos; no resuelve el asunto de fondo y voy a decir por qué. En el artículo 41 se va a proponer una nueva redacción, que era la discusión que sosteníamos sobre la intervención del Ejecutivo en la difusión de la consulta popular de acuerdo con los tiempos oficiales que mantenían.
Nosotros estuvimos en contra por esto porque se contenía y se afirmaba como juez y parte el Ejecutivo federal. Hoy, para resolverlo y para lograr el voto de los que estaban en ese momento en contra se establece un artículo, una modificación que no resuelve en el 41.
Se elimina al Presidente de la República en su párrafo tercero, pero el artículo 41 queda como sigue: el instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que han sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y a la televisión a quienes –subrayo–, presentada la petición a través de los tiempos oficiales, les corresponde administrar para sus propios fines.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que van a difundir la consulta de nueva cuenta serán solamente tres entes o el 2 por ciento de los ciudadanos que están en la lista nominal del Ejecutivo federal o del 33 por ciento de la Cámara. El problema sigue subsistiendo porque el Ejecutivo federal tendrá mucha mayor penetración en medios oficiales de sus tiempos oficiales.
¿Qué hubiera sido deseable si hubieran querido resolver este problema? Hubiesen dejado al Instituto Nacional de Elecciones administrar los tiempos oficiales de cada uno de los entes señalados en el artículo 41.
Esta reforma es engañabobos, es lo mismo que contenía anteriormente pero con otro lenguaje. Por eso nosotros no nos dejamos engañar, porque además en este momento están presentando la modificación al 41.
Pero déjenme decirles qué otros errores hay. Lo mismo ocurre en el artículo 28, donde se estipula que cuando la petición provenga de los ciudadanos la Suprema Corte de Justicia resolverá sobre su constitucionalidad.
Si el 2 por ciento de electores inscritos en la lista nominal ha solicitado la consulta, el establecimiento de dicho filtro resulta absurdo e innecesario, ya que la Corte se configura como un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos que ya existen y no tienen como misión prevenir a aquellos que no han sucedido.
Aunado a esto, la ley establece candados en los que se estipula que no podrá ser objeto de consulta popular la materia electoral, los ingresos y los gastos del Estado. Por ejemplo, el tema de los plurinominales, que yo comparto, no podrá ser consultado. El tema de la representación proporcional o de la reelección o de los gastos o del presupuesto, de la corrupción y de los excesos no serán motivo de consulta popular.
Pero además de esto, resulta absurdo el plantear que la petición de la consulta popular solo se podrá realizar a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral federal.
Es decir que el gobierno podrá efectuar los más grandes atropellos en contra de la nación, siempre y cuando se realicen en el primer año, ya que no habrá ningún mecanismo que permita a la gente manifestarse en contra.
También la restricción que propone, que los ciudadanos no podrán suscribir dos o más consultas populares en el mismo proceso. Esto representa un freno absurdo e indignante. De aprobarse lo anterior, obligará a los mexicanos a elegir una sola de las causas para manifestar su opinión, aun cuando existan más temas que los afecten de manera directa.
Nosotros no estamos de acuerdo en que se engañe a la población, en que se engañe a la ciudadanía. Fíjense bien en la propuesta que nos van a presentar en el artículo 41. Voy a dejar para la discusión el artículo 35 constitucional. Pero en el artículo 41 la nueva propuesta que nos propone la comisión dictaminadora es verdaderamente gatopardista, es engaña bobos, no es más que lo mismo, porque finalmente, el Ejecutivo actuará como juez y parte. Los dos otros entes, el 2 por ciento y la Cámara de Diputados con su 33 por ciento, no tendrán, en la práctica, la misma fuerza ni la misma capacidad de difusión de la publicidad de su interés.
Supongamos el ejemplo de la energética o cualquier otra. El Ejecutivo tendrá mucho mayor tiempo para defender su proyecto en contra de los diputados, en su 33 por ciento, concluyo, presidente, y el 2 por ciento de la lista nominal.
Véanla bien. Miren, esta ley tiene ocho días de cocinarse. Se presentó el 4 de diciembre. El día 6 se quería aprobar por la madrugada del 7. Se suspendió la elección. Es la única ley que yo recuerdo en la historia, que de presentarse la iniciativa a la aprobación de la ley duró 48 horas. Ahora son cinco días, pero no está bien meditada, no está bien reflexionada, está al vapor y es producto del Pacto por México. No ha sido deliberada de manera correcta en esta legislatura.
Presidente, le pediría que plasme un documento que el fin de semana preparé, atendiendo al derecho comparado en ninguna parte del mundo existen estos filtros, estos obstáculos a la consulta popular o a consultas ciudadanas en todos los organismos jurídicos nacionales. Presidente, muchas gracias por su atención y su tolerancia. Movimiento Ciudadano votará en contra por la incongruencia de la propuesta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Mónica García de la Fuente: Gracias. Con su permiso, presidente. Esta iniciativa no engaña a nadie. Esta iniciativa empodera a los ciudadanos. El proyecto de dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, por el que expide la Ley Federal de Consulta Popular, es un paso obligado que consolida a la democracia nacional.
Nuestra Carta Magna prevé desde 2012, desde agosto, que la consulta popular es una figura muy importante en la participación de la ciudadanía mexicana, y nos había dejado a nosotros, los legisladores, la expedición de esta ley para que pudiera ser posible su aplicación.
El día de hoy todos los que votaremos a favor de este dictamen por fin estaremos cumpliendo con nuestro mandato, otorgar a los ciudadanos mexicanos una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional.
A través de la Ley Federal de Consulta Popular se expande la esfera de decisión del ciudadano, enriqueciendo la figura del voto libre, secreto y universal hacia la decisión de los grandes temas nacionales.
Su aspiración republicana por excelencia será a través de la participación ciudadana. En esta participación la república se vuelve democrática y la ley se vuelve legítima. En esa participación se construyen los espacios en común que unen sin confundir y distinguen si separar.
Éste es un momento histórico también, finalmente se abre la puerta a los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en los temas de trascendencia nacional. Estoy segura que esta figura será bien aprovechada por los facultados para solicitarla y que tanto la población en general como los órganos de gobierno nos beneficiaremos de su implementación.
La importancia del mecanismo que hoy aprobaremos tiene una implicación en el presente inmediato, a fin de resolver la imperatividad de las necesidades actuales, pero también es un mensaje para las nuevas generaciones. Es verdadera política de Estado y verdadero rumbo en la historia de nuestro país.
La opinión de una nación apunta al presente, pero también compromete al futuro. No sólo debemos celebrar la claridad con que esta ley define cada una de las etapas y los requisitos para formular una consulta popular, sino que debemos reconocer la seguridad jurídica que otorga a tanto los beneficiarios como a los sujetos obligados de esta ley.
Es importante que veamos este instrumento con la responsabilidad que amerita. Es importante que estemos atentos a su implementación para un proceso de mejora permanente, sí, pero en política nada es punto final, sino punto y seguido.
Lo más importante en esta reforma, su verdadera trascendencia, es que empodera al ciudadano mexicano como ninguna otra ley lo había hecho, al convertir el resultado de la consulta popular en un instrumento vinculante para los órganos de gobierno. Así se garantiza que la voluntad popular no quede sólo en papel y obliga al gobierno su implementación, y así se perfecciona nuestra democracia.
En consecuencia, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que es nuestra obligación irrenunciable aprobar leyes que beneficien directamente a la población y dotar a la ciudadanía de la posibilidad de opinar acerca del quehacer del Estado. Esto únicamente puede derivar en la mejora de la acción de éste. Por todo lo anterior, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Amalia García Medina, para fijarla posición del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Estimados compañeros, compañeras. ¿Quién es, qué es el sujeto, el actor, la actora principal en la democracia? Es el pueblo. Es el ciudadano y la ciudadana. Hay que decir de manera muy precisa que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo establece una recomendación a países como México, además para que pasemos de una nación de electores que nombran a sus representantes populares a una democracia de ciudadanas y de ciudadanos que participan activamente en los asuntos y el rumbo del país cotidianamente, no solamente el día en que eligen a quienes van a estar en los órganos de representación popular, sino de manera directa.
Hoy de lo que se trata es precisamente de eso, cuando hablamos de consulta popular, cuando abrimos de un hecho esencial, la soberanía radica en el pueblo. Es la soberanía del pueblo la que debe determinar el rumbo de México. Pero hay que decir también que no se trata, en el caso de esta soberanía de una sola persona o de un grupo de representantes, sino directamente de los ciudadanos y las ciudadanas.
Como en las Cortes de Cádiz, cuando se hizo esa gran reforma esencial que después fue tomada para darle carácter y consistencia a la democracia en nuestro continente: el soberano era el rey, pero todos juntos eran mucho más que el rey, y es ahí precisamente en el ciudadano y la ciudadana en donde radica la soberanía; es mandar obedeciendo o siendo siervo de la nación, como decía Morelos, lo que hoy tenemos el reto y la posibilidad de aprobar.
Porque la consulta popular es precisamente eso, es una participación directa de los hombres y mujeres de nuestro país en los asuntos que les importan. Ya establece el artículo 35 constitucional, que es un derecho de los mexicanos y mexicanas votar en las consultas populares; establece también que esa decisión que se exprese en el voto el día de las elecciones el día de la consulta será vinculatorio si han participado al menos 40 por ciento de quienes estén inscritos en la lista nacional de electores.
¿Qué se requiere para ello? Se requiere una determinación sustancial. Pero, además hay que decirlo, todos los asuntos de trascendencia nacional, excepto los que tienen que ver con la restricción de los derechos humanos, con el cambio del artículo 40 constitucional, con los ingresos, es decir, con el asunto de los impuestos, con la seguridad nacional; todos los demás pueden ser llevados a consulta. El plebiscito y el referéndum son instrumentos que hoy se usan en las democracias.
Hoy lo que estaremos votando es una ley que ordenará la participación en la consulta popular. Tenemos un mandato además y estamos en retraso, porque cuando se aprobó la reforma constitucional en los transitorios se señaló que a más tardar el 10 de agosto de este año debía estar aprobada la ley reglamentaria. ¿Qué estaremos haciendo el día de hoy con esta votación? Cumpliendo con una obligación.
Hay que decir con claridad. Hemos desplegado aquí una iniciativa de diálogo, de debate en la Cámara de Diputados, como es nuestra obligación y nuestra función. Lo que hemos puesto en el centro es la garantía de que los ciudadanos y ciudadanas sin cortapisas participen directamente en los asuntos que les compete y no a través de terceras personas, así sean sus representantes populares, sino de manera directa.
Hoy hacemos un llamado a nuestros compañeros y compañeras legisladores a que esta ley reglamentaria de la consulta popular la podamos aplicar.
Yo termino, señor presidente, subrayando que ha habido un análisis y debate sobre cómo publicitar la consulta popular. Quién es, de acuerdo con la Constitución, la instancia designada para ello. El instituto Electoral, porque en tiempos de campaña es el único que puede otorgar esos espacios en radio y televisión. Es al que le compete.
También hemos señalado de manera fundamentalmente esencial que ese derecho que ya está consagrado en la Constitución, incluso sin la ley reglamentaria, tiene que hacerse válido. Ya se hizo en el pasado con la reforma a la legislación laboral tomando como base que la Constitución es la Ley Suprema de la nación y está por encima de los demás ordenamientos.
De la misma manera hemos propuesto un transitorio que señale que por única ocasión los requisitos relativos a la obtención y al formato para las firmas a que se refiere esta ley, no sean aplicables y que las peticiones de consulta se cumplan.
Yo termino, señor presidente; compañeras y compañeros, señalando que ante temas que dividen a la nación la vía civil, la vía idónea porque permite la participación democrática directa, es la consulta popular; el plebiscito y el referéndum a través de la consulta popular.
Que sea la vía democrática con una democracia de calidad lo que permita que en México se resuelvan los grandes diferendos nacionales y que México se transforme y crezca con calidad democrática. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputados. Vengo a nombre de mi Grupo Parlamentario, Acción Nacional, a hablar a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Esto me lleva a hacer un poco de historia y de memoria. Los primeros registros que hay en el mundo sobre democracia directa y consulta popular datan de Atenas en el año 507 Antes de Cristo, donde usualmente todos los varones que no eran esclavos podían participar en la elección y en la decisión de las leyes, incluso de los cargos de elección popular, que también eran electos por sorteo.
Posteriormente en Roma los ciudadanos realizaban y aprobaban leyes. Esto comenzó más o menos allá del año 449 antes de Cristo y termina con el mandato de Julio César, en el año 44 después de Cristo y según los historiadores esta participación de los ciudadanos tiene mucho que ver con el auge que tuvo el imperio romano.
Pero una consulta popular ¿qué es’ la consulta popular es un mecanismo en el cual participan los ciudadanos mediante una convocatoria en la cual van a hablar o a expresarse de un determinado hecho o acontecimiento que es de vital importancia para la sociedad.
En México tenemos algunos antecedentes también históricos respecto a consulta popular y específicamente se habla del 22 de maro de 1822 con Agustín de Iturbide donde la principal finalidad de esa consulta popular fue precisamente saber si estaban de acuerdo en vivir una monarquía o en una república.
El jueves pasado los integrantes de la Comisión de Gobernación estuvimos discutiendo un proyecto de expedición de esta Nueva ley Federal de Consulta Popular que no deja de ser un logro histórico y un logro histórico una vez más en el que Acción Nacional ha participado.
En el año 2011 Acción Nacional propuso una reforma constitucional en donde se incluyera la consulta popular y hoy finalmente estamos reglamentando este proceso.
Coincido con mis compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra en que es una ley histórica, que es muy importante la expedición y que creo que debemos apoyarla fundamentalmente.
Pero ¿cómo es este proceso de consulta popular? Primero tenemos que definir que la consulta popular puede llevarse a cabo en temas que se consideren de trascendencia nacional.
¿Cuáles son estos temas? Que repercutan en el ámbito nacional, que impacten de manera significativa con la población, que tengan que ver con leyes que pueden expedirse, que tengan evidentemente la proposición de políticas públicas que puedan incidir o no en la población en general.
Una vez que tengamos estos temas ya de trascendencia nacional ¿quién puede participar? Pueden participar el presidente de la república, el 33 por ciento de esta soberanía y algo que es muy importante y es lo que le da la base y sustancia a esta Ley Federal de Consulta Popular, es que los ciudadanos que representen un 2 por ciento del padrón electoral podrán participar exigiendo y pidiendo que se lleve a cabo una consulta popular.
El Congreso de la Unión será el encargado de llevar a cabo esta consulta popular y el IFE, el Instituto Federal Electoral, será el que organizará esta consulta y propondrá las preguntas que pasarán al cuestionario de los ciudadanos.
Cabe aclarar que la Suprema Corte de Justicia va a velar porque la pregunta sea hecha en términos constitucionales y que todo se dé en el marco de la ley.
Y finalmente algo que tiene relevancia con esta consulta popular es que los resultados serán vinculatorios, vinculatorio cuando el 40 por ciento de los ciudadanos hayan participado y se hayan expresado a favor o en contra de un tema.
Y esa vinculación es la que hace hoy que los ciudadanos participen de manera importante en la vida política de México. No quiero pasar por alto dos temas, el primero de ellos es que Acción Nacional estará presentando una reserva a este dictamen, específicamente al artículo 41 de la ley, por considerarlo inconstitucional porque no es posible que se faculte al presidente de la república a participar y a obtener tiempos oficiales de campaña, cuando expresamente el artículo 134 de la Constitución prohíbe que el presidente de la república y los demás funcionarios o servidores públicos participen en tiempos oficiales de campaña.
De una vez quiero comentar que lo que están intentando hacer en el dictamen diverso para reformar el artículo 35 de la Constitución facultando a que el presidente de la república pueda participar en esta consulta popular o en las consultas populares en las campañas y de esta manera intervenir o incidir en los propios procesos electorales nos parece no aceptable.
Acción Nacional de antemano, a menos de que ese dictamen sea modificado, va a votar en contra de esa modificación a la Constitución. Finalmente, comento que este avance que se logra con la expedición de esta Ley Federal de Consulta Popular tiene grandes beneficios para la ciudadanía. Hoy verdaderamente este Congreso y los servidores públicos de México tendremos que hacer lo que el PAN siempre ha hecho: escuchar a los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Leticia Mendoza Curiel: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: vengo a hablar a favor del dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular por parte de mi Grupo Parlamentario el Partido Revolucionario Institucional.
La participación ciudadana en sus múltiples formas constituye un paso firme hacia una modernidad democrática mediante la aprobación del dictamen que se discute. Mejorará las expectativas sobre la eficacia del sistema político mexicano y se enriquecerán las libertades individuales.
En este contexto, la consulta popular se inserta como un ejercicio participativo, cuyo uso permitirá legitimar las decisiones sobre la forma de conducir los destinos de nuestra nación gracias a la opinión informada de la sociedad sobre los asuntos que directamente le atañen.
El uso de esta herramienta de participación política no es nuevo en este país y tiene, entre sus antecedentes, la convocatoria realizada por primera vez el 22 de marzo de 1822 por Agustín de Iturbide para efectos de saber si la gente quería vivir en una monarquía o en una república.
Recientemente, organizaciones sociales y autoridades locales han convocado a la ciudadanía a efecto de tomar en consideración su parecer sobre temas variados, las cuales han tenido como características en común su falta de afectos vinculatorios.
Las consultas a la ciudadanía sobre temas fundamentales son el mecanismo de democracia más utilizado en el mundo; 121 países contienen disposiciones al respecto. Este mecanismo no sólo fortalece la forma de gobierno, además es una oportunidad para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones públicas. Con la aprobación del presente dictamen, México habrá dado un paso importantísimo para adecuarse a los paradigmas que rigen a las democracias más avanzadas.
La Ley Federal de Consulta Popular deberá ser entendida como un medio que permitirá a la ciudadanía incidir en la resolución de los asuntos públicos sin necesidad de conflictos y a través de su participación informada, regulada y promovida desde el Estado.
Gracias a este novedoso instrumento jurídico será posible contar con un procedimiento de consulta popular, transparente, legítimo, apegado a legalidad en todas sus etapas, desde su convocatoria hasta la declaración de resultados, teniendo como garantes de su validez al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la autoridad electoral federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia.
La Consulta Popular versará sobre actos legislativos y administrativos que sean considerados de trascendencia nacional, lo cual será determinado por el Congreso de la Unión.
Asimismo existirá la posibilidad de que la sociedad convoque a dicho instrumento previa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando excluidos de Consulta Popular la restricción de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, la forma de gobierno, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, los asuntos considerados como de seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Asimismo, se establecerán sujetos facultados para solicitar la consulta, requisitos para presentar la solicitud, el procedimiento para la expedición de la convocatoria, los lineamientos para su organización, la difusión, realización, publicación de resultados y los medios para su impugnación.
Compañeras y compañeros legisladores, resulta impostergable dotar a nuestra ciudadanía de los mecanismos de participación que le permitan su participación informada y el correcto ejercicio de sus derechos, ello sólo ocurrirá mediante el reconocimiento y legislación que se realice en torno a ellos. Sólo de esta forma será posible alcanzar un desarrollo común y equitativo en todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Aquí a la Mesa Directiva ha llegado una propuesta de modificaciones de parte de la Comisión. Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a las propuestas de modificación de la Comisión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Propuestas de modificación. En el artículo 12 debe de decir, en el numeral 1, 2, 3 sin modificación, suprimiendo el tercer párrafo. El segundo párrafo de la fracción III, corrijo.
En el artículo 15 se hace el siguiente aumento en la fracción IV, que debe de decir: La clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres OCR, de la credencial para votar con fotografía vigente.
Del artículo 23, la fracción II con la siguiente modificación: anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres OCR, de la credencial para votar con fotografía vigente.
Artículo 33, en la fracción II, que debe de decir: No se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres OCR, de la credencial para votar con fotografía vigente.
Artículo 41, que debe de decir: El Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.
Quinto. Por única ocasión los requisitos relativos al aviso de intención y al formato para la obtención de firmas a los que se refiere esta ley, no serán aplicables a las peticiones de consulta ciudadana que hayan sido presentadas al Congreso de la Unión con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.
Este último transitorio, este Quinto transitorio se adiciona.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte la Secretaría en votación económica, si se aceptan las modificaciones.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se aceptan las modificaciones. Intégrense al dictamen. En consecuencia está a discusión en lo general, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra del dictamen.
Quiero también, que en los términos de lo que ha sido la práctica común y nuestro Reglamento, en este momento quedará cerrado el plazo para presentar reservas. Ya se han presentado 11 reservas para su discusión en lo particular. Perdón, 15 reservas se alcanzaron a presentar. Solamente para conocimiento de la asamblea. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Si el presidente o la Cámara de Diputados quieren hacer la consulta, tienen recursos políticos, administrativos y financieros, esto no preocupa. Preocupa que cuando hay la intención de consultarse algo a los ciudadanos hay mucha obstrucción.
Si acaso cuando consulta el Presidente y el Congreso dudamos que lo vayan a ejercer, porque por el descrédito ya generado por sus mentiras y su sometimiento a los poderes fácticos sin duda los ciudadanos no les van a creer.
Lo que es, insisto, es subrayar como obstaculizan a los ciudadanos para participar en la consulta. Entorpecen y pretenden impedir el ejercicio del derecho a votar en la consulta popular.
Miren, primero, aparte de lo que se ha dicho aquí ya, los ciudadanos que viven en el extranjero solo podrán votar exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de la República, restringe indebidamente el derecho en las elecciones intermedias.
Dos. La Corte de Justicia calificará la solicitud de los ciudadanos para determinar si se trata de temas de transcendencia nacional, cuando la Constitución solo señala que solo resolverá sobre la constitucionalidad de la materia en consulta.
Tres. Los alcances de los temas de trascendencia nacional los reduce a una cuestión genérica, cuantitativa, que repercuten en la mayor parte del territorio nacional y que impacte a una parte significativa de la población.
Cuatro. En forma general se atribuye al Congreso determinar cuando los temas son de trascendencia nacional.
Cinco. Se prohíbe al ciudadano respaldar con su firma a más de una propuesta de consulta popular, es restrictiva de un derecho pleno.
Seis. Se limita al derecho de petición de consulta popular del mes de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura al 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral.
Siete. Las firmas deberán recabarse en hojas foliadas, entregadas por la Mesa Directiva, etcétera, y se propone que se establezcan requisitos adicionales que dificultan las firmas de apoyo o adhesión, como el de cubrir firmas en 17 estados con el 1 por ciento.
Por más que las últimas adecuaciones que le hacen ya está truqueado todo, inclusive por la que pretenden hacer. Está como la del Metro.
Ocho. Tratándose de peticiones de consulta por los legisladores solo se podrá aprobar una cada tres años, mismas que se aprobarán por la mayoría de ambas Cámaras del Congreso, lo cual se procederá a su archivo.
En el supuesto de la mayoría que se aplica a la del Presidente de la República, tendría esto también, pero en el actual sistema político nunca le van a negar a Peña Nieto su derecho a consulta.
Para subsanar omisiones se establece un plazo de tres días naturales, lo que hará imposible subsanar las omisiones.
Diez. La Mesa Directiva solicita al IFE verifique el número de ciudadanos que suscribe en la lista del 2 por ciento de la lista nominal en un plazo de 30 días en el cual desechan errores, estén incompletas, no se acompañe de clave de elector y CURP. Los que hayan suscrito una consulta anterior, un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de firmas.
Y ya lo que dijeron, prohibir la consulta la consulta en radio y televisión para la promoción de consulta popular impulsada por los ciudadanos y dándole chance a los demás órganos de gobierno, utilizar los tiempos de estado. Por más que lo quieran componer aquí, todo va a regulación del IFE, del INE y ya sabemos ahí cómo se las gastan.
Por todo esto, de nueva cuenta presentan una ley casi inviable a la consulta popular e iniciativa de los ciudadanos. Para efecto de evitar el esfuerzo de los ciudadanos en recabar actualmente más del millón 600 mil firmas, deberían modificar parte del procedimiento y establecer procedimientos de adhesión amigables y abiertos a los ciudadanos en los que pueden utilizarse tecnologías de la información para la recolección de firmas, como son las adherentes a través de Internet, correo electrónico, servicio postal, telégrafo. Permitir que las oficinas del IFE funcionaran como centro de recepción de firmas, que podría utilizarse esta información para verificar la autenticidad de firmas de los ciudadanos que suscriben la consulta.
Culmino. Señores, diputados, diputadas, hagamos leyes favorables y amigables a los derechos de los ciudadanos. No legislen para obstruir sus derechos y los que corren a quererse lavar la cara, a presentarse como supuesta oposición, les decimos que recuerden que el PRI los usa y luego los desecha.
Acuérdense el otro día en la madrugada cómo los trataron. Y así los van a seguir tratando. Al tiempo. Acuérdense. El PRI no da, el PRI quita, por eso es mala paga. Así que tengan cuidado con lo que hacen esos de la supuesta oposición.
Sabemos que en el caso del PRD las bases son distintas a sus dirigentes. Y todavía, tal vez algunos, culmino, presidente, algunas excepciones en sus dirigentes. Por eso, con las bases no tenemos problema, pero con los que andan ahí lavándose la cara, hablando aquí del pueblo y de la democracia cuando sabemos quiénes son, sin ninguna consideración estaremos diciendo lo que son. Es cuánto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, para hablar a favor, la diputada Lizbeth Rosas Montero, del PRD.
La diputada Lizbeth Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas. El trabajo que se acaba de realizar en la Comisión de Gobernación para poder sacar este dictamen que sí, y lo digo públicamente, debemos reconocer que debimos haberlo votado desde agosto, aproximadamente, de este año, y que estábamos en falta. Es uno de los temas que para esta legislatura me parece de los más importantes y trascendentales. Puesto que precisamente, el tema de la participación ciudadana y de la promoción de instrumentos de democracia participativa son los temas urgentes que debemos proponer y promover en esta Cámara de Diputados.
Sin lugar a dudas, una demanda histórica de la izquierda ha sido siempre la consulta directa a la ciudadanía. Ya que cada vez, con más frecuencia, los representantes se alejan de sus representados.
Comentarles que en el Grupo Parlamentario del PRD, uno de los principales trabajos legislativos se ha destacado en materia de participación ciudadana y el Distrito Federal es el ejemplo. Hemos sido pioneros en ese tema. Tenemos muchos años de trabajo e investigación al respecto y lo hemos trabajado, no solamente como legisladores sino abriendo la consulta de este tipo de propuestas para agregar y para modificar leyes a través del contacto con los ciudadanos en las calles y de mano a mano.
Y de ninguna manera se permitirá –y hablando de este tema, que en esta semana vamos a tratar– que se intente más una chicanada, argumentando precisamente que estos temas trascendentales se puedan pasar por temas económicos o de impuestos o de ingresos.
Para muestra el galimatías que en breve se habrá de discutir en esta Cámara, producto del trabajo intenso del Senado. Y para nuestros compañeros senadores del PRD nuestro reconocimiento y respeto, sobre el debate que están desarrollando allá sobre la reforma energética.
Es por ello que nace la importancia de tener instrumentos de participación ciudadana que reflejen el interés y la aceptación de la ciudadanía. Por esto medio también es un medio que va a ser vinculante en la toma de decisiones ara que precisamente no se tomen decisiones sin escuchar a los ciudadanos.
Por ello, el día de hoy me parece que es un avance lograr tener este instrumento legal, ya que no podemos dar marcha atrás, si este país, sobre todo, y es urgente, que nos consulten todos los temas, como el tema de la materia energética.
No es posible que el ciudadano en las urnas se comprometa con un partido político o un candidato o una campaña, confíe y deposite su voto, y quede en total indefensión. Por ello seguiremos promoviendo estos temas, así, como un gran pendiente que tenemos, como lo es la revocación del mandato.
Les quisiera preguntar a todos los compañeros que se encuentran aquí presentes cuántos de ustedes han ido a sus distritos a consultar las leyes que proponen o los puntos de acuerdo. Y les puedo asegurar que muy pocos, ¿por qué?, porque precisamente estamos ensimismados, creemos que porque la ciudadanía votó hace un año por nosotros tenemos la verdad y tenemos la posibilidad de imponerles reformas que no van a ser para su beneficio.
Por ello, compañeros diputados, los invito a que generemos más leyes en esta materia, nuevas estrategias, con mayor creatividad para desarrollar cada día más la democracia participativa en la ciudad. En esta vocación llevamos años de trabajo, no son ocurrencias ni mucho menos medidas populistas.
Sabemos que es una ley perfectible, pero sabemos que si no consultamos no podemos corregir el rumbo de la nación. Consultar para medir el impacto, para conocer la opinión, para ser partícipes a las verdaderas mayorías, que son las que están allá afuera, y no sólo a quienes aún confían en las elecciones y en los partidos políticos.
Compañeros diputados, los invito –más allá de la polarización que seguramente va a haber en una horas– a votar esta reforma a favor de los derechos de los ciudadanos. S cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. Esta ley, junto con otras, se debió haber aprobado desde agosto pasado y apenas está dictaminándose.
De igual manera la reforma secundaria en telecomunicaciones debió, hace unos días también, haberse aprobado, y no hay tal. Y hoy mismo estamos padeciendo en este recinto la falla de telefonía celular que implican que toda esta faramalla de las reformas solamente les sirve a los grupos de interés económico y político y no le representa ningún beneficio a los ciudadanos. Para prueba, la reforma de telecomunicaciones y el pésimo servicio de telefonía y de Internet que sigue habiendo en el país.
Esta ley es en apariencia benigna, positiva, pero en nuestra opinión es un retroceso. Si alguna disposición constitucional es autoaplicativa e incluso era innecesaria la legislación secundaria para ponerse en práctica, es lo que establece el artículo 35 constitucional en su fracción VIII en materia de consulta popular.
El artículo 35 define quienes pueden ser peticionarios de la consulta, establece el porcentaje mínimo para que los ciudadanos lo puedan hacer que es el 2 por ciento, establece el 40 por ciento de participación ciudadana para que sean vinculatorias, establece que serán temas de trascendencia nacional, establece excepciones y define al órgano electoral como el encargado de la consulta.
Con eso es suficiente para que si hubiera voluntad política, se preguntara al pueblo de México si quieren o no una reforma energética, lo demás son pretextos. Y ya lo dijo hoy uno de los principales promotores vende patrias, traidores a la patria que hay en el Senado, como es el presidente de la Comisión de Energía, Penchyna, que dijo que no va a haber consulta popular, porque en su opinión la reforma energética es un tema de ingreso y gasto.
Yo le diría fraternalmente a varios compañeros legisladores, que es un puro atole con el dedo; no hay voluntad política, consulta popular se puede hacer con el 35, fracción VIII.
Lo que vemos además con esta ley son que meten ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el gran sensor de la participación ciudadana, los 11 ministros de la corte, como el Olimpo que va a decir qué es trascendente y qué es no trascendente para el país. Qué necesidad de involucrar a la corte en un tema que tiene que ver con los ciudadanos y tiene que ver con la trascendencia nacional.
Es evidente que la entrega o no del petróleo a extranjeros es un tema de trascendencia nacional. Para qué queremos meter a la corte, para que sea un candado a la participación ciudadana.
Por otro lado vemos también disposiciones que son una restricción, como es el que un ciudadano no pueda suscribir más de una iniciativa de consulta popular; y también algo que nos parece que es un fraude al 134 constitucional, que es la reforma a lo que era el artículo 41 del proyecto de ley y que establece que los promoventes, los peticionarios, pueden tener acceso a radio y televisión.
Y, ojo, entre los peticionarios se encuentra el presidente de la República, y el presidente de la República puede recurrir a su mayoría mecánica para que le aprueben consultas y de esa manera estar convocando a consultas para brincarse las restricciones electorales y estar haciendo propaganda. Es un contrasentido al artículo 134 de la Constitución.
Por eso nosotros –concluyo presiente- consideramos que más que una Ley de Consulta popular es una ley de simulación popular. Es seguir en este discurso de lo políticamente correcto, pero inviable. Nosotros insistimos en que si hubiera genuina voluntad política la consulta popular energética se puede hacer sólo con el artículo 35 como está actualmente.
Vemos además que hay un permanente retroceso político en el país. Ya hoy las Comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaron la Ley Antiprotesta, que es un adefesio fascista para impedir que la gente pueda expresarse.
Por esa razón nosotros no podemos convalidar a un régimen de traidores a la patria y de gente que quiere golpear políticamente al país y que se laven la cara con un instrumento jurídico que es innecesario. La consulta se puede hacer con la Constitución como está actualmente en sus términos.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor.
El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio León Mendívil: Compañeras y compañeros diputados. Creo que el tema que hoy nos ocupa es de una gran trascendencia y de gran relevancia para nuestro pueblo y para quienes desde muchos años desde la izquierda hemos luchado porque haya herramientas e instrumentos como éste, de referéndum, plebiscito y de consulta popular, por supuesto que tiene una gran trascendencia.
No es lo mismo tener una herramienta como ésta que no tenerla. No basta que vayamos y consultemos sin que pueda ser vinculante, es decir que los órganos del Estado estén obligados a acatar las resoluciones o lo que resulte de una consulta como ésta.
He escuchado a compañeras y compañeros no solamente diputados, sino senadores, que consideran incorrecto o que lo que no ganamos en las urnas, lo queremos ganar en una consulta. Es realmente un contrasentido éste, de verdad, porque no en una, sino en muchas ocasiones podemos equivocarnos o podemos asumir actitudes que vayan en contra de la pretensión o del interés de los ciudadanos.
Por ello nada mejor que tengamos una herramienta como de éstas para evitar los excesos, para evitar las decisiones que distorsionen el interés nacional y esta herramienta, la consulta popular, por supuesto que nos pone ante la posibilidad de que los errores, las actitudes incorrectas de una máxima representación como ésta, los ciudadanos nos den la razón o nos hagan corregir aquello que pudiera traerles consecuencias negativas en lo económico, en lo político y en lo social.
Con ello creo de verdad, con mi partido, con el PRD, que debemos de votar a favor de esta ley, porque de alguna manera establecerá las prácticas de la consulta popular sobre temas sustantivos y acompañará desde ahora en todos los procesos no solamente en el ámbito electoral, sino que yo digo para siempre y favorecerá a que los gobiernos sean realmente más cercanos, que si el gobierno de tal estado se equivoca con una medida, habrá el instrumento siempre para que los ciudadanos nos lo corrijan, ya sea del Distrito Federal o de cualquier entidad de la república.
Por ello estoy convencido, no solamente en los temas electorales, los dirigentes incluso se verán más en la necesidad de tomar en consideración el pulso de la opinión pública para tomar las decisiones.
No más decisiones un cuando seamos y nos tomemos realmente como debe de ser, una representación soberana y popular como ésta, sino que también estemos midiendo el pulso de la opinión de los ciudadanos, no solamente nos sintamos, como se dice, como el Papa, que lo que dice es inamovible, sino que también los ciudadanos puedan corregirnos en nuestras acciones.
Por ello, compañeras y compañeros, los invito a que votemos a favor de la consulta popular. Es cuanto, señor presidente y gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente; compañeras y compañeros diputados, para expresar, razonar mi voto en contra de esta iniciativa, aunque pueda parecerle raro a algunos.
La iniciativa tiene un nombre realmente seductor: ley de consulta popular. Sin embargo, con las deficiencias que tiene esta iniciativa realmente se limitan las posibilidades de convertirse en una auténtica consulta popular.
Voy a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, la oportunidad que debería de ser el corazón de esta iniciativa está ausente en el dictamen hoy sometido a nuestra consideración. Creo que quien se atreva con este procedimiento a iniciar un proceso de consulta es muy probable que, si bien le va, los nietos menores ahora, ya en edad adulta puedan recibir de la autoridad correspondiente una respuesta favorable o negativa a este planteamiento.
En primer lugar, tienen que iniciar la declaratoria de procedibilidad, tienen que reunir los dos millones de firmas, aproximadamente el 2 por ciento de las firmas, tiene que solicitarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no haya contradicción constitucional y además la calificación de los términos de trascendencia, tiene que consultarse al IFE sobre la veracidad de las firmas y el número de firmantes, tiene luego que aprobarse en este pleno si ha lugar a la consulta y finalmente iniciarse todo el procedimiento.
En realidad lo que se ha buscado con esta iniciativa es generar ante aquellos ciudadanos que tienen una lucha histórica por abrir mayores espacios a la participación ciudadana, generar ante ellos la idea de que efectivamente se está cumpliendo con este requisito, o mejor dicho se está dando respuesta a esta lucha histórica, cuando en realidad se está acelerando el procedimiento con el ánimo de responder a urgencias de coyuntura que tienen que ver con los acuerdos políticos para acomodar las piezas de tal manera que pueda resultar aprobada oportunamente la reforma energética.
Para cualquiera que piense que con esta iniciativa estamos atendiendo la demanda de contar con un instrumento para una adecuada consulta popular debo decirles que estamos muy lejos de lograrlo y por esa razón es que mi voto en lo particular será en contra de esta iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar a favor la diputada Gloria Bautista, del Grupo Parlamentario del PRD. No se encuentra la diputada Alcalde que también estaba en la lista.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, agotada la lista de oradores en lo general, voy a pedir a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Quiero aprovechar para... Ah, le voy a pedir antes la secretaría –suspendan un momento la votación- que dé lectura a los artículos reservados, por favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Artículo 4o, párrafo primero y segundo; artículo 4o, adición de un párrafo tercero; artículo 6o; artículo 6o, fracción IV; artículo 20; artículo 64, párrafo segundo; artículo 11, elimina las fracciones III y IV; artículo 12, fracción III; 12, fracción III, párrafo segundo, tercero y cuarto; artículo 12, párrafo segundo, tercero y cuarto; artículo 28, fracción VI; artículo 33, fracción IV; artículo 40, adición de un párrafo tercero; artículos 40 y 41; artículo 40, adición de un párrafo; artículo 45, adición de una fracción V; artículo 41 elimina el párrafo segundo; adición de un capítulo sexto que comprende artículos 66, 67 y 68; adición de un artículo 69 y adición de un transitorio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe el sistema de votación abierto para recibir la votación en lo general y de los artículos no reservados.
Quiero mencionar que se encuentra presente en este salón de sesiones el ex presidente municipal de San Juan de los Lagos, está aquí invitado por el diputado Noel Pérez de Alba. Bienvenido a la sesión, presidente.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente se emitieron 431 votos a favor, 1 abstención y 36 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley de Consulta Popular.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 4o, párrafos primero y segundo.
El diputado Javier Orihuela García: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vengo a presentar aquí una reserva al párrafo primero del artículo 4o de esta Ley Federal de Consulta Popular. Es solamente para tratar de hacer la redacción más clara, menos rebuscada, para que todo mundo entendamos que esta Ley es vinculatoria, que la consulta derivada de esta Ley es vinculatoria del artículo 35 de nuestra Constitución.
También para pedir una disculpa pública a todos los ciudadanos mexicanos que desde hace años han venido planteando la necesidad de que el pueblo, los ciudadanos tengan en su poder algún instrumento que nos permita tener en nuestras manos la posibilidad de refrenar los ánimos de poder excesivo, de frenar las actitudes de corrupción, de frenar el desprecio que la clase política le tiene a la sociedad cuando ya se ve encumbrada en diversos puestos.
La modificación que propongo es sencilla, solamente tiene que mejorarse la redacción, y dice así.
Artículo 4o. La consulta popular es el mecanismo de participación democrática, por el cual los ciudadanos ejercer el derecho a expresar su voluntad a través del voto respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, cuyo resultado es vinculatorio en términos de la fracción VIII, numeral 2 del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esa es la única propuesta, compañeros. No es ningún cambio, es solamente una redacción adecuada porque en el texto original dice lo siguiente: La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.
O sea, la redacción no es muy clara y de lo que se trata es de expresar la voluntad a través del voto, no de expresar una opinión. Ésa es simplemente nuestra propuesta, esperamos que se acepte para que la Comisión de Puntos Constitucionales haga una correcta apreciación.
Y, compañeros, qué lástima que no hayamos aprovechado esta oportunidad como Poder Legislativo para hacer una gran Ley de Consulta Popular para que la ciudadanía tenga en sus manos la posibilidad de modificar, de actuar pacíficamente siempre, para modificar todos los aspectos políticos de nuestro país.
Qué lástima que no hayamos aprovechado esta gran oportunidad, sin embargo, quiero decirles que en el artículo 39, donde se dice que la soberanía nacional reside esencialmente, esencial y originalmente del pueblo, y que todo poder público emana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.
Compañeros, salgamos como Poder Legislativo al encuentro de la sociedad que quiere cambiar. No esperemos que la insurrección popular venga a barrer este sistema político, donde la gente se siente desposeída.
Compañeros, solicito su aprobación para que el artículo 4o. de la Ley de Consulta Popular pueda ser redactado de manera clara, como aquí se pone. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Javier Orihuela García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 4o., adicionando un párrafo tercero.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, señor presidente. Con su permiso. Sin duda estamos en la discusión de una de las leyes más trascendentales y que han cobrado una demanda urgente en la ciudadanía, a efectos de darle, como le decía mi compañero Orihuela, una herramienta a los ciudadanos, una herramienta a los que representamos, una herramienta a los que deciden con su voto darnos la representación popular para tomar decisiones trascendentales en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes de este Estado nacional.
Pero no les hemos dado toda la herramienta integral para que también ellos puedan decidir el reemplazo si no estamos cumpliendo con los objetivos y los intereses de nuestros representados. No les estamos dando la herramienta de la revocación de mandato.
Y aun lo que es todavía sin duda una conquista a medias es que en esta Ley Federal de Consulta Popular no les estamos dando la herramienta de que la decisión, la consulta que podamos hacer hacia ellos sea vinculatoria, como lo pueden establecer para relacionarlo, mejor dicho, con el artículo 35 constitucional.
Por ello comparto la propuesta de mi compañero diputado Orihuela, que hacía, para hacer vinculatoria, y que esta reforma no sea solamente, este ejercicio de consulta no sea solamente una opinión que emitan los ciudadanos, sino que expresen realmente su voluntad popular.
Y aunado a esto, vamos a seguir insistiendo desde esta tribuna, que para el caso de la consulta popular, de la consulta, dirigido hacia los pueblos indígenas, hacia la población indígena y afro mexicana, que hemos venido demandando, y reiterando el reconocimiento de sus derechos, es importante y por ello vengo yo a proponer, a adicionar un tercer párrafo a este artículo 4º de la Ley Federal de Consulta Popular.
Para adicionarle, y que en ese tercer párrafo se pueda concretar esta redacción, que cuando se tomen decisiones que involucren a pueblos indígenas se les deberá consultar, bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado, esto acorde al derecho internacional en materia de derechos humanos y en concordancia con el principio de pro persona.
Hemos insistido que hay importantes instrumentos de carácter internacional, donde le dan este derecho a los pueblos indígenas, en el que tienen que ser consultados cuando haya procesos administrativos o haya procesos legislativos o proyectos que supuestamente retomen el desarrollo a que tienen que ser consultados. Y creo que en los temas que se refieren a este ejercicio, el ejercicio de tomar decisiones trascendentales, como lo implican, sin duda, estas reformas que en estas últimas sesiones hemos abordado, es trascendental que también se haga una consulta a la población indígena, de acuerdo a su contexto sociocultural y de acuerdo al derecho que le asiste y que están consagrados en estos instrumentos de carácter internacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Carlos de Jesús Alejandro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 6o.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El concepto de participación ciudadana en un régimen democrático, necesariamente debe ser visto como el mecanismo por excelencia para la consumación de una verdadera política integral que permita a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo, fomentando la apertura de los escenarios públicos en donde no solo se debate la implementación de políticas públicas por los diferentes órdenes de gobierno, sino que se deciden y vigilan las mismas.
En nuestro país, la reciente reforma constitucional al artículo 35 de nuestra Carta Magna incorporó como derecho de todos los ciudadanos participar en consultas populares, sobre temas de trascendencia nacional.
Como es bien sabido, las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinan la organización y relación entre el gobierno y los gobernados, así como también entre todas las personas que cohabitan en el territorio nacional. Asimismo se garantiza a favor de los ciudadanos el conjunto de prerrogativas esenciales como el derecho a la libertad, seguridad, salud y educación, entre otros.
En esta tesitura consideramos que, como parte fundamental de este precepto, deberán ser contempladas todas aquellas reformas que propongan la modificación de alguno o de algunos artículos de la Constitución federal, pues de un momento y con la simple aprobación de una nueva redacción en un precepto constitucional se pueden estar vulnerando las prerrogativas de todos los ciudadanos.
Dado que la trascendencia de las reformas constitucionales radican en la aplicación general de los cambios que éstas plantean resulta absolutamente importante conocer la opinión de los destinatarios de la norma, y que por supuesto ésta sea vinculante, razón por la cual proponemos que todas aquellas reformas que pretendan modificar el texto constitucional se sujeten a consulta popular, por lo que se somete a consideración del pleno la reserva al primer párrafo del artículo 6o. de la Ley Federal de Consulta Popular para quedar como sigue:
Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando lo planteado contemple modificar uno o más artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien contenga elementos tales como los que se enumeran en las fracciones de la I a la V.
No debería preocupar a los diputados que las reformas a la Constitución se sometieran a consulta popular, así podrían tener el sentido de la voluntad de los ciudadanos y no de los partidos políticos a los que representan. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva a los artículos 6o., fracción IV; 20 y 64, párrafo segundo.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Presidente, presentaré las tres reservas, ¿podría ser la Presidencia tolerante con el tiempo?
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, porque va a presentar las tres reservas en un solo acto.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente. Hemos trabajado arduamente diputados, diputadas de las distintas fracciones parlamentarias dese hace bastante tiempo sobre la consulta popular, que nos resulta relevante porque es la participación directa de los ciudadanos y de las ciudadanas en lo que la propia Constitución señala como asuntos de trascendencia nacional.
Ahora bien, en estos artículos sobre los cuales presentamos reserva, yo destaco lo siguiente:
En el artículo 6o. que es el que se refiere a los temas de trascendencia nacional se señala en el IV que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población.
La propuesta que estamos presentando es que diga que propongan legislar sobre la Constitución nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población.
Es claro que el artículo 133 constitucional señala claramente que hay una ley que es la Ley Suprema y así lo dice claramente con esas palabras la Constitución, que es precisamente nuestra Carta Magna; sin embargo consideramos que siendo la Constitución la Ley Suprema de acuerdo con ese mismo documento fundatorio de nuestro país, también es pertinente y no sobra, sino que subraya que quienes propongan legislar lo hagan también sobre la Constitución nuevas leyes o modificaciones a las existentes que imparten una parte significativa de la población.
Creemos que hacerlo explícito, si bien es cierto, reitero, que ya está en el artículo 133 de la Constitución que señala que es la Ley Suprema la Carta Magna, de cualquier manera nos parece que es absolutamente pertinente.
En lo que se refiere al artículo 20, en donde dice que la solicitud que provenga de los ciudadanos se presentará ante el presidente, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideramos que debiera decir: Mesa Directiva de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso.
La propia Constitución ya señala que quien emite la convocatoria es el Congreso de la Unión, de tal manera que la posibilidad de que sea presentada la solicitud de los promoventes ante cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, respetaría y sería mucho más riguroso con lo que dice el artículo 35 de la propia Constitución.
En el caso del artículo 64, segundo párrafo, donde dice: Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada tendrá efectos para la siguiente legislatura inmediata siguiente.
También aquí lo que consideramos que debe decir es: cuando el resultado de la consulta sea vinculatoria para el Congreso, implique que deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, debe decir: Tendrá efectos inmediatos.
Es también pertinente señalar que ya la Constitución establece claramente en el artículo 35 que las consultas se realizan el día de las elecciones, de tal manera que a partir de esas elecciones no solo se realiza la consulta, sino que se elige a una nueva legislatura; pero nos parece pertinente que se subraye en este artículo 64, que el resultado de la consulta tendrá efectos inmediatos. Esto precisa, fortalece, hace mucho más claro el sentido estricto de lo que señala el artículo 35, y también el espíritu del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Amalia García Medina. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 11, eliminando las fracciones III y IV.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. El gran rezago que México presenta cuando se le compara con otros países en áreas como productividad, innovación y combate a la pobreza, se debe a la falta de rendición de cuentas por parte de los servidores Públicos. A los gastos excesivos del gobierno y a la corrupción generada desde el Ejecutivo.
Los buenos gobiernos son los que se exponen a la crítica de la sociedad, no los que ocultan la verdad en que se vive la nación. Es por esto que el dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular resulta de suma importancia.
No obstante lo que de inicio pareciera un excelente instrumento para equiparar el poder entre gobernantes y gobernados, pierde fuerza al restringir los temas que podrán ser objeto de consulta ciudadana.
Aquí aparece otra ambigüedad más de este sistema caduco y corrupto. ¿Cómo podemos permitir que esté prohibido hacer consultas populares sobre temas relacionados en materia electoral y con ingresos y gastos del Estado? ¿Cómo puede ser esto? Es alarmante la situación que se vive.
En 2012 todos fuimos testigos de cómo el derecho efectivo del voto de los mexicanos fue distorsionado de diversos modos a lo largo del desarrollo del proceso electoral. Las reglas y condiciones para los candidatos jamás fueron equitativas. Por el contrario, la cadena Televisa, el Grupo Milenio y muchos otros medios de comunicación se dedicaron a proyectar por poco más de cinco años una imagen de Peña Nieto que no corresponde a lo que es y a lo que representa.
Jamás nos dijeron que no conocía las capitales de los estados. Jamás nos dijeron que no sabe cuándo nació hidalgo, que no sabía la diferencia entre suscribido y suscribir, entre otras tantas barbaridades que se ha atrevido a decir.
Lo mismo ocurre. ¿Cómo podemos pedir que los temas electorales tampoco sean objeto de consultas populares? En el tema de las finanzas públicas, vivimos en una nación en las que se destinan 2 billones 679 mil 473.8 millones de pesos a gasto corriente, mientras las expectativas de crecimiento del producto interno bruto del país disminuyen de 3.5 por ciento a 0.9 por ciento para este presente año.
Sería importante pedir parecer a los ciudadanos sobre la contratación de empréstitos si la deuda que se contrae recae sobre todos los mexicanos. ¿No creen?
Si en realidad deseamos que las decisiones del país representen de manera fiel los intereses de la ciudadanía, resulta menester la inclusión de los temas expuestos dentro de los asuntos que son objeto de consulta popular.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 11 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Nosotros nos estamos de acuerdo en que no se consulte a los ciudadanos en materia electoral y mucho menos a los ingresos y gastos del Estado. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 12, fracción III.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el régimen democrático establece que necesariamente la soberanía debe residir en el pueblo y en que debe de tener una participación activa de los ciudadanos para la toma de decisiones.
Sobre el concepto de participación ciudadana podemos decir que éste es el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones, pues contempla la inclusión de la sociedad en el ejercicio de las funciones del gobierno.
No obstante en México la limitada experiencia nacional en la materia, ha ocasionado que esas valiosas medidas no hayan cobrado aun la trascendencia que revisten, sobre todo en la coyuntura política vigente.
Lo anterior toma relevancia de conformidad con el contenido del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresamente contempla los requisitos necesarios para el ejercicio pleno del derecho a la participación ciudadana.
Sin embargo el artículo 12 del dictamen hoy sujeto a discusión pretende ir más allá de lo consagrado en el precepto constitucional antes mencionado como es en el caso de haber obtenido el apoyo ciudadano en un número no inferior a 17 entidades federativas que representen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Es por lo anterior que consideramos de suma importancia que los lineamientos de la legislación secundaria sean acordes con el texto constitucional en el entendido que, al ser nuestra Carta Magna la ley fundamental de toda la nación, no podemos fomentar una regulación que la contravenga.
En definitiva, no podemos permitir que una prerrogativa de tal calado como es el que la ciudadanía pueda participar y tener injerencia en la toma de decisiones que más favorezcan a la sociedad en su conjunto se siga vulnerando a través del establecimiento de requisitos que no son más que candados absurdos que sólo entorpecen el ejercicio pleno de un derecho del rango constitucional como lo es el de la participación ciudadana.
Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva al segundo párrafo del artículo 12 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Único. Se elimina el segundo párrafo del artículo 12 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular para quedar como sigue:
Artículo segundo, Podrán solicitar una consulta popular: 1. El presidente de la república. 2. El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o 3. Los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Es cuanto, señor presidente. Por su atención gracias, señoras y señores legisladores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Luis Valle Magaña. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 12, fracción III, párrafos segundo, tercero y cuarto.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente. He presentado una reserva con el objeto de eliminar los últimos tres párrafos del artículo 12 que expresa quienes podrán solicitar la consulta popular, donde dice que el presidente de la república, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquier congreso y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Pero en estos requisitos para la consulta de los ciudadanos menciona tres párrafos donde está poniendo muchas limitantes para que, y más requisitos para que pueda ser viable la consulta de los ciudadanos.
Voy a citar los párrafos que propongo se eliminen, y es que en el caso –dice- “...de los ciudadanos, haber obtenido...”, pone como un requisito mayor, “...haber obtenido el apoyo ciudadano en un número no inferior a 17 entidades federativas que representen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuran en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
“Los ciudadanos sólo podrán respaldar una solicitud de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente y, por tanto, queda prohibido que un ciudadano respalde con su firma más de una consulta popular”.
La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, fracción IV de esta ley. Entonces por ello es que propongo que se elimine ya el inciso c) del numeral 1 de esta fracción VIII del artículo 35 constitucional, porque sólo señala que los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y no prevé otra condición, por lo que si se que queda de esta manera como está en el dictamen, primero implicará exceder lo dispuesto en nuestra Norma Suprema, es decir, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de lo anterior, para los ciudadanos representará un alto costo abarcar 17 entidades federativas, en razón del exceso constitucional y que representaría un alto costo para los ciudadanos recabar las firmas, se propone la eliminación de ése párrafo.
Por otro lado, y en el mismo tenor del exceso de la disposición constitucional, se propone que se elimine también la prohibición para que cualquier ciudadano respalde con su firma más de una consulta popular, ya que no hay límites para que los ciudadanos representen las solicitudes que así determine organizar, y si la Constitución no limita esta posibilidad, tampoco lo podrá hacer este dictamen que tenemos hoy para aprobarlo.
Necesitamos darle mayor poder a la ciudadanía, pero no es dándole y poniéndole candados como es los últimos tres párrafos de este artículo 12 que estamos proponiendo se eliminen. Es todo, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar reserva al artículo 12, párrafo segundo, tercero y cuarto.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Una ley que impide el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos es una ley que contraviene el espíritu democrático de la Constitución. Si efectivamente aquí se pretende garantiza la soberanía de pueblo y empoderar a los ciudadanos, la Ley de Consulta Popular debe establecer los procedimientos para garantizar el derecho de ellos para promover propuestas legislativas o acciones de políticas públicas de trascendencia nacional, sin estar sujetos a las mayorías establecidas por este Congreso.
No basta el derecho establecido en la Constitución, es necesario contar con una ley que lo haga viable, exigible. Por ello les digo, dejen la demagogia en la argumentación y hablen claro a la ciudadanía.
¿Por qué un Poder Legislativo en el que predomina una mayoría ilegítima pretende aprobar esta ley? Les voy a decir porqué. Contiene requisitos que anulan el derecho para promover iniciativas de consulta popular.
¿Recuerdan la reforma a la Ley de Amparo aprobada en esta Cámara el 12 de febrero de este año, determinando en el artículo 61 la improcedencia del juicio de amparo con tradiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ahora hace unas horas algunos que lo votaron a favor intentaron aplicar la reforma en materia de energía, hidrocarburo y energía eléctrica, y ellos, como he dicho, votaron por la mayoría de esta Cámara. De los 435 votos, 85 fueron del PRD. Eso es simular, tratar de engañar, traicionar.
Existen, y algunos dicen: bueno, 85 son más diputados, claro, de algunos. Hemos dicho que con las bases del PRD no hay problema, pero hay unos que quieren engañar con el Pacto de la traición, que es de donde salen estas leyes.
Existen diversos modos para frenar los derechos y garantías constitucionales. En el caso de esta Ley, en el artículo 12 establece como requisito adicional a los establecidos en la Constitución, obtener el apoyo ciudadano en un número no inferior a 17 entidades federativas que representen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
¿Qué va a pasar si no se cumple esta formalidad, independientemente si el porcentaje nacional del 2 por ciento se cubre en las otras entidades? Con el último ajuste a este artículo se elimina la restricción del voto libre del ciudadano. Esto es bueno, sin embargo no elimina los otros obstáculos que ya señalé en mi anterior exposición. Por eso establecemos una reserva donde proponemos que se busquen mejores procedimientos para el ejercicio efectivo del derecho a impulsar las consultas populares.
Por eso proponemos modificar el párrafo segundo y tercero, para que en los tiempos de radio y televisión autorizados por el IFE se garantice la máxima publicidad, que los ciudadanos puedan respaldar cualquier solicitud de consulta en las oficinas del propio IFE en todo el territorio en los formatos autorizados, notificando de ello a los representantes de los promoventes.
Por último. Propuestas como ésta facilitan el ejercicio de los derechos. No hagan demagogia legislativa ni se digan engañados por quien tiene interés en no construir medios de participación ciudadana que hagan viable la exigencia de rendición de cuentas a gobiernos corruptos y mentirosos.
El PRI engaña y usa y desecha a los ciudadanos. Tengan cuidado aquellos que por la noche van a tocar las puertas del pacto de la traición, para que los admitan a cambio de espejitos por el oro de la reforma energética. Los que todavía no son así, no se vuelvan caricatura del régimen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 28, fracción VI.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito presentar la reserva al artículo 28 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
La participación ciudadana es un concepto muy extenso y heterogéneo, el cual radica en el establecimiento de un mecanismo que permite la inclusión de las opiniones y perspectivas de las personas, con objeto de dar respuesta a las diferentes problemáticas de una sociedad determinada.
En esa estructura de colaboración entre gobernantes y gobernados la participación es un elemento fundamental, por ser a través de ésta que la ciudadanía pueda compartir y tomar las decisiones que representen el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto, a través del derecho a la participación ciudadana reconocida en los artículos 25 y 26 de la Carta Magna.
La experiencia internacional ha dejado en claro que un mejor gobierno es aquel en el que la participación ciudadana es activa y no solo existe en el orden jurídico como letra muerta.
Pudiera parecer absurdo pero justo, la visión contraria a lo anterior es la que aplica en México, pues a pesar de que en 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional con motivo del reconocimiento del derecho inherente a todos los ciudadanos a decidir sobre la implementación y la vigilancia de las acciones ejercitadas por el gobierno, no obstante lo anterior, en la reglamentación secundaria en la materia, misma que hoy estamos discutiendo, tal parece que van en contravención al propósito mismo de la garantía constitucional.
Lo anterior, dado que no basta que exista un derecho reconocido a favor de las minorías si éste se condiciona a la calificación de las mayorías, o que un órgano jurisdiccional como en el caso tenga que calificar sobre la constitucionalidad del tema que se someta a la consulta popular, tal y como el texto del artículo 28 del presente dictamen lo plantea, pues para el caso concreto tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia propuesta, a consulta por parte de los ciudadanos, así como de la o las preguntas que formen parte de la misma, sin que exista medio de defensa para que, en el caso de que la Corte estime que el tema de la consulta es inconstitucional, resultando como consecuencia nugatorio el derecho fundamental a la participación ciudadana.
En este sentido estimamos que de nueva cuenta solo se obstaculiza el ejercicio del derecho a la participación ciudadana por medio de procedimientos sin sentido, complejos y engorrosos, pero sobre todo, trasgresores a derechos fundamentales y violatorios a los principios de legalidad y seguridad jurídica al no otorgar recurso alguno en contra de la resolución de inconstitucionalidad emitido por la Suprema Corte de Justicia.
Derivado de lo anterior, compañeras y compañeros, les propongo que el texto al artículo 28 sea en los siguientes términos. La fracción IV. En el supuesto que la Suprema Corte declare inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y dará cuenta y se computará un plazo de 10 días hábiles para que los interesados modifiquen el contenido de la solicitud de consulta popular, y en caso de no hacerlo se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 33, fracción IV.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. La siguiente reserva es a la fracción IV del artículo 33 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular y es al tenor de lo siguiente.
Las democracias consolidadas del mundo se diferencian de aquellas que se encuentran en construcción, por contar con mecanismos que permitan una verdadera representación de la sociedad. Es por esto que para fortalecer el régimen democrático de nuestro país resulta necesaria la implementación de diversos instrumentos que permitan que todas las voces sean escuchadas y que encuentren solución a sus demandas.
Lamentablemente, lo anterior no se cumplirá de aprobarse el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, sin corregir defectos que limitan la participación de los ciudadanos a meros paliativos.
Prueba de lo anterior se encuentra en el artículo 33, en el cual se estipula que no se computarán las firmas de los ciudadanos que hayan suscrito dos o más consultas populares en el mismo proceso. Por lo que únicamente se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el instituto.
Esto quiere decir que el ciudadano tendrá que escoger tan solo un tema de su interés, aun cuando existan más que lo afecten de manera directa. Si las consultas populares existieran actualmente sería justo exigir a los individuos que manifestaran su posición únicamente sobre la reforma fiscal o la energética, sin poder expresar libremente su parecer sobre ambas.
Así, mientras en países como Venezuela cualquier tema es materia de referéndum y en Ecuador existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en México nos debemos conformar con que los ciudadanos manifiesten su opinión sobre un solo tema.
No es suficiente con propuestas acotadas, parciales y cortoplacistas. Nuestro país requiere soluciones de fondo, que permitan que todas las voces sean incluidas en todos los temas de trascendencia nacional.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva a la fracción IV del artículo 33 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Único. Que se elimine la fracción IV del artículo 33 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, y que a la letra dice:
Un ciudadano que haya suscrito dos o más consultas populares en el mismo proceso en este caso sólo se contabilizará la primera firma que hay sido recibida en el instituto.
Insisto, solicitamos se elimine la fracción IV del artículo 33 del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 40, adicionando un párrafo tercero.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Bueno, como es la última reserva que presento, y para que no quede la menor duda del engaño en que quieren someter a los ciudadanos, es bueno recordar el origen de esta historia.
Miren, así como les dijimos a los que hoy pretenden ser beligerantes contra la contrarreforma energética, y les decíamos: la pueden parar si no van con el PRI en la hacendaria, hubieran exhibido inclusive a los panistas en su hipocresía, porque hay que decirlo. Ahí aparentaron ser opositores, embarcaron a los otros y se dejaron mover por el que mueve el pacto de la traición.
Todavía les dijimos en plaza pública: si hubiera voluntad política el régimen consultaría antes de imponer la contrarreforma energética. Se los pedimos, que diéramos esta batalla. Y no. Ahora vienen aquí a decir: que no, que la consulta popular. ¿A poco le creen al PRI, compañeros? ¿Quién le cree al PRI?
La segunda reserva que hacemos al artículo 40, al cual adicionamos un párrafo tercero, garantiza el derecho de réplica a los promoventes de la consulta popular cuando algún medio de información realice propaganda indebida que rompa la imparcialidad de la información institucional, propuesta que no va a ser tomada en cuenta, como muestra de la demagogia legislativa que hacen con afirmaciones de empoderamiento ciudadano, apertura democrática.
Falso; se legisla para no hacer viable los derechos de los ciudadanos. Da pena ver como diputados que se precian de democráticos acuerdan modificaciones al dictamen en la opacidad, en lo obscurito. Esos acuerdos cupulares son los que le restan legitimidad a sus propuestas, acuerdos que no modifican la inoperancia de la ley, demagogia que se utiliza en los marcos de medios de comunicación que limitan y coartan el derecho a la información de los ciudadanos, se manipula la intención y la verdad.
¿Dónde están los empleos que prometió la reforma laboral y que aquí pomposamente el PRI, el PAN y un gran sector del PRD aprobaron? ¿Dónde están los mejores servicios y precios más bajos en telecomunicaciones prometidos en la reforma constitucional, que los del pacto de la traición prometieron?
Yo por eso les dije: ahí les va a llegar su cable, van a ver cómo va a llegar, cómo les van a bajar el Internet. Ya nada más falta que hoy le crean al PRI de que va a bajar las tarifas de la gasolina, el gas y la luz; puro rollo, diputados. Ya fájense, los que son opositores al régimen, que lo demuestren en los hechos y no sirvan de simuladores y se quieran lavar la cara con supuestos llamados a proteger a la sociedad. Son falsos, son puro rollo y los del PAN hipócritas también.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra, el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva a los artículos 40 y 41.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. Nada más informarle que son dos artículos reservados, por lo que le pedimos tolerancia con el tiempo, por favor.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el reloj por los seis minutos de las dos reservas.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Gracias. El día de hoy, sin lugar a dudas estamos aprobando una excelente Ley de Consulta Popular. El PAN se encuentra completamente a favor de empoderar al ciudadano y de dar este mecanismo de participación para que pueda tomar decisiones trascendentes en la vida del país.
Sin embargo, este dictamen y, especialmente uno de los artículos de la reforma constitucional también, tienen un vicio de origen. Tiene una manzana podrida que va a echar a perder la herramienta completa. Su método de difusión.
La consulta popular debe de ser un mecanismo objetivo, imparcial y sobre todo que asegure a todo ciudadano el que conozca todas las caras del tema que está definiendo. Los argumentos a favor, los argumentos en contra para, de una manera informada, sin vicios de origen, poder tomar una decisión, la decisión más acertada que considera para este país.
Es por este motivo que esta difusión debe de estar a cargo del Instituto Electoral, no de los peticionarios. Un instituto que se puede asegurar que a todos los ciudadanos les llegue información sin sesgo, objetiva, imparcial, con los argumentos a favor y los argumentos en contra del tema que va a votar. Con las ventajas y las desventajas, asegurando sobre todo imparcialidad.
El instituto, no el presidente de la República. El instituto, no el Congreso, una parte del Congreso. El instituto, no los peticionarios, asegurando de esta manera que no se tengan vicios de origen y que no se sesgue la información que le llegue al ciudadano.
Este mecanismo –debo decir- es el utilizado hoy en día en las leyes estatales. Aquí estamos representados varios partidos. Voy a escoger tres estados que son gobernados por partidos iguales a los que están representados aquí.
El Distrito Federal, en su Ley de Participación Ciudadana, establece los mecanismos en los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, que es el órgano electoral, el árbitro, el encargado de difundir la consulta y de difundir todas las posturas del tema. No los peticionarios, no el jefe de Gobierno, no la Cámara o la Asamblea.
Coahuila, de un gobierno emanado por el PRI, establece en su Ley de Participación Ciudadana que es el órgano electoral el que va a difundir el tema, no los peticionarios.
Y sonora, por citar un caso del PAN, también establece de manera clara que el órgano electoral de manera sin vicios, imparcial, le dice al ciudadano de frente: ven, aquí está la información, participa, entérate. Ven y libremente decide lo que quieres para este país.
Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué será, por qué será que en los estados sí tienen de manera muy clara cómo los organismos electorales son los que deben de difundir la consulta, y aquí queremos empoderar al presidente de la República o a la Cámara de Diputados para que haga lo consecuente?
Además, esta alternativa presenta un riesgo adicional con el fin positivo, debo decir, de que participen más ciudadanos. Para que sea vinculante el resultado de la consulta, se establece que la consulta va a ser de manera concurrente con las elecciones. Qué bueno que así sea, nada más esto presenta un problema. Imagínense entonces al presidente de la República en plena campaña electoral utilizando los tiempos de radio y de televisión, saliendo a cuadro, él o el gobierno que él representa, a defender un programa de gobierno. Adicionalmente, suponiendo sin conceder que los peticionarios debieran de usar el radio y la televisión, los tiempos oficiales, la redacción que se escogió equivocada de origen, pero equivocada en la forma también; establece la redacción esa que aquí se acordó y que están metiendo, que sólo el peticionario va a tener acceso a radio y televisión.
Entonces, compañeros, perdón que lo diga, pero es un absurdo lo que se está pretendiendo aprobar. Vámonos a dos casos prácticos, uno del presidente y uno de esta Cámara.
Si el 33 por ciento de esta Cámara decide solicitar una consulta popular, un tema polémico como digamos, la legalización de las drogas ¿qué es lo que va a pasar? Que exclusivamente quien la pidió va a tener derecho a darle su opinión al ciudadano. Exclusivamente el peticionario. Y ¿qué pasó con el equilibrio? Y ¿qué pasó con que el ciudadano se entere de la otra visión que se tiene en el país para que pueda tomar una decisión informada?
Ahora vámonos al presidente, para que vean que no es un tema nada más de algunos. Imaginen una consulta en donde el presidente decida consultar si el sistema de seguridad social universal debe implementarse en este país. Vamos a tener al presidente de la república a él y sólo a él, con tiempos de radio y televisión o a su gobierno exponiéndole en campaña electoral al país, sin que haya un contrapeso por delante; perdón, pero es un absurdo lo que hoy en día se quiere votar en este artículo y en la reforma constitucional.
El mecanismo es positivo sin duda; la difusión y el acuerdo que aquí se está llegando es dañino para el ciudadano, va a echar a perder la herramienta completa. No hay equilibrio. Está mal lo que se está planteando. La historia de este país está llena de buenas intenciones, buenas intenciones que en muchos casos han llevado a errores garrafales para la democracia y para la participación ciudadana de este país.
Éste, señores, perdón, es uno de los más grandes errores que vayamos a cometer si aprobamos esta reforma como está. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Damián Zepeda Vidales. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Repita la votación, secretaria. Ruego atención a las diputadas y diputados para que emitan con claridad su voto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presiente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Corté: Ábrase el tablero electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 de la Cámara de Diputados. Ábrase el tablero electrónico de votación por cinco minutos.
(Votación)
Señor presidente, se confirma, 159 a favor, 2 abstenciones y 296 en contra. Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar reserva al artículo 40, adicionando un párrafo, y 45 adicionando una fracción V.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados: seguramente en este artículo estarán de acuerdo todos conmigo precisamente porque por alguna razón hubo una omisión legislativa.
Ocupo la más alta tribuna de la nación para someter a consideración la adición de un párrafo al artículo 40 para que la difusión por televisión esté provista de tecnologías que permitan acceso de los contenidos de las campañas a las personas con discapacidad auditiva.
En el caso de la difusión de la consulta popular, tal propuesta se encuentra fundada en la fracción VI del artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013, que a la letra dispone.
Fracción VI. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos como el instituto electoral, así como las dependencias y entidades harán uso de la lengua de señas mexicanas por medio de un intérprete o en su caso tecnologías que permitan el acceso de los contenidos de campañas en televisión a las personas con discapacidad auditiva.
La adición que estoy proponiendo me queda claro que resulta una omisión legislativa, como ya lo había dicho, que podemos subsanar con la admisión de esta reserva. De acuerdo al Inegi, alrededor de 500 mil mexicanos son ciudadanos y ciudadanas con discapacidad auditiva, quienes tienen derecho a acceder a la información que el Estado promueva por los medios de comunicación y en este caso poder ejercer sus derechos civiles y políticos que la Constitución les concede.
Además de lo anterior y en este tema de las personas con discapacidad, propongo la adición al artículo 45 de la ley una fracción nueva para que los presidentes de los consejos distritales entreguen a cada presidente de mesa directiva de casilla, además del material para la consulta, y dentro de los cinco días previos a la consulta las plantillas braille para uso de personas con discapacidad visual.
Las plantillas braille contendrán la pregunta y las opciones en este lenguaje, lo que permitirá ejercer el derecho consagrado en el artículo 35 constitucional, con independencia, para participar en las consultas populares.
El pasado 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aprobamos un punto de acuerdo para que las bibliotecas estén adaptadas y contengan títulos en braille. Eso estuvo extraordinario para la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, es fundamental, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por México, poner en el centro la participación directa de las personas con discapacidad en asuntos políticos. Con esta reforma contribuiremos a que México cumpla con la Convención.
Diputadas y diputados es importante poner énfasis en estos puntos ya que de repente por pasar una consulta tan importante, omitimos cuestiones que son fundamentales para la vida de estas personas, y así decirles que seguramente tendremos el apoyo de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del PT, del Verde Ecologista y, por supuesto, de mi partido.
No olvidemos que esto ha sido también una lucha a través del Instituto Federal Electoral desde el año 1997, además de que se implementa en el año 2003, pero sin embargo, no se ha llevado a cabo.
Le pido, señor presidente, que por favor pudiera votarse y aprobarse estas reservas ya que lo que se erogaría en cuanto a presupuesto es mínimo, para poder dar la oportunidad de que ellos participen libremente a través de estos instrumentos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputada Graciela Saldaña Fraire. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 41, eliminando el párrafo segundo.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: La Ley Federal de Consulta Popular llegó tarde, mal procesada y atiborrada de controles que sobrerregulan la participación ciudadana. Ya pasamos la aduana de la reforma política y parece que este dictamen es un intento desesperado por una reivindicación mediática frente a la sociedad de la cantidad de atropellos que han aprobado en los últimos días.
Como un producto secundario, se somete a discusión esta ley justo en la antesala del debate de la reforma energética en la más vergonzante de las contradicciones, ya que discutimos una ley para consulta popular, mientras negamos el derecho de nuestro pueblo para decidir el futuro energético a pesar de los millones de firmas recolectadas que lo demandan; todo esto con la agravante de que hemos preferido el frío del acero de las vallas por encima de la comunicación política. Hoy la consulta popular seguirá siendo un sueño.
Se limita a la consulta para reformas constitucionales trascendentes, como si por sí mismo una reforma constitucional no fuese un asunto de importancia suficiente como ser motivo de consulta.
Se incrementan límites que no se establecían en la Constitución, como que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la trascendencia. La pretensión es evidente, hacer prácticamente inaccesible este derecho con los límites excesivos que de por sí ya se exigían, como es el hecho del requisito para solicitar la consulta del 33 por ciento del Congreso, o el 2 por ciento de los ciudadanos, o el candado de la participación del 40 por ciento de la lista para hacer vinculatoria la consulta.
Háganme el favor, tiene que participar más gente en la consulta que en las elecciones presidenciales, porque recordemos que para la elección de representantes no hay requisito de participación.
Los precarios modelos de participación ciudadana son el resultado de una oligarquía cerrada que exige un Estado rector de la economía que la subvencione, que se haga cargo de la educación, la ciencia, el desarrollo social en los términos que a sus intereses convenga. Piden demasiado, pero que no se habla de poder popular, democracia participativa y directa, porque en la lógica del poder eso amerita candados y cortapisas, aunque estos sean un cargo al bienestar común y a la estabilidad política. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Luisa María Alcalde Luján. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una reserva que implica adición de un capítulo sexto, que comprende los artículos 66, 67 y 68, así como la adición de un artículo 69.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy en el marco del proceso deliberativo en torno al dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, estimo necesario proponer al pleno de esta honorable Cámara la adición de una sección séptima, que le denominaremos de la suspensión el acto de la autoridad competente, compuesto por los artículos 66, 67 y 68, con el propósito de establecer el deber a cargo de la Mesa Directiva de cualesquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, en que por mandato constitucional se deposita el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en decretar la suspensión provisional del acto de la autoridad competente que imposibilite la caución de un daño de imposible reparación en la esfera jurídica del peticionario.
Asimismo y previo desahogo de la jornada de la consulta popular, en donde haya participado un porcentaje mínimo del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, respecto del acto de la autoridad competente en materia de consulta y que por tal razón se determine el carácter vinculatorio de los resultados que arroje dicho mecanismo de participación ciudadana, también propongo establecer como deber jurídico a cargo del Instituto Federal Electoral el decretar de forma inmediata la suspensión definitiva del acto de la autoridad competente que motivó la organización y el desarrollo de la consulta popular, con la finalidad de preservar los derechos y demás bienes jurídicos de los peticionarios, que sufrirían un menoscabo considerable de no atenderse de manera oportuna y adecuada la determinación que al efecto notifique la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la autoridad competente.
Es por lo anterior que conmino a las diputadas y a los diputados que integran esta honorable soberanía que voten a favor de la presente reserva, ya que no podemos pasar por alto las afectaciones que causarían a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, entre los cuales se encuentran los derechos políticos que devengan de un acto de autoridad policivo, intencional, imperativo, unilateral y coercitivo, que inexorablemente pueden producir un menoscabo importante y en algunos supuestos irreparable en los bienes y derechos del particular.
Así, es necesario determinar en el ordenamiento jurídico que regulará los procesos de consulta popular las directrices necesarias que promuevan y garanticen el completo y absoluto goce y ejercicio del derecho humano de todo ciudadano mexicano a poder manifestar sobre los temas que por su naturaleza e implicaciones repercuten en todo el territorio del país, o bien, que impacten de manera representativa en la esfera jurídica de un porcentaje considerable de la población mexicana.
Creo necesario que hagamos esa adición de esta sección séptima que propongo para que de alguna manera tuviéramos ya la propia creación de la ciudadanía, y que sea la ciudadanía en esta consulta popular la que pueda decidir cuáles son los temas que se deben realizar, cuáles deben ser las políticas públicas que se deben ejercer como gobierno y que se pueda tener esta garantía de que no antes de que se pueda hacer la consulta quede suspendida en el acto hasta que no se tenga ese resultado y esa consulta a la población. Ésa sería la sección séptima denominada De la suspensión del acto de autoridad competente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa a la adición de un artículo transitorio.
¿No se encuentra el diputado Sansores Sastré ni la diputada Guadalupe Moctezuma Oviedo? Se tiene por no presentada la reserva relativa a la adición de un artículo transitorio.
Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos en términos del proyecto de decreto modificado, 4, 6, 11, 12, 20, 28, 33, 40, 41, 45 y 64.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del proyecto de decreto modificado. Los artículos son 4, 6, 11, 12, 20, 28, 33, 40, 41, 45 y 64.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 301 votos a favor, 1 abstención y 160 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría dé lectura de la misma.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en el artículo 64, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política les solicitamos atentamente una modificación del orden del día de la presente sesión, a fin de incluir el siguiente asunto con la solicitud de dispensa de trámites.
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de difusión de la consulta popular. Firma la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias. De conformidad con el artículo 65, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se aprueba. Se informa a la asamblea que el dictamen de referencia se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules. Por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia el siguiente punto del orden del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de difusión de la consulta popular. Tiene el uso de la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la democracia directa es definida como una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder.
Por ello la consulta popular directa, entendida como el mecanismo mediante el cual la autoridad somete a consideración de los ciudadanos un determinado asunto a fin de obtener su opinión, sigue vinculada al concepto de soberanía. Durante décadas nuestra nación ha pugnado por transitar a una democracia directa para propiciar la participación de la ciudadanía en las decisiones fundamentales de este país.
El uso de los mecanismos de consulta directa permite discutir cualquier tipo de problema político, más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas, además constituyen instrumentos neutros que producen resultados apoyados en la opinión pública y logran cambios políticos fundamentales.
El dictamen con proyecto de decreto que propone adicionar tres párrafos al artículo 35, fracción VIII, numeral 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de difusión de la consulta popular, que ahora se propone discutir y, en su caso, aprobar por este pleno, pretende tres aspectos:
El primero de ellos es otorgarle facultades al Instituto Federal Electoral para promover tanto la difusión como la discusión informada de la consulta popular que haya sido convocada por el Congreso de la Unión, para ello dichos organismos deberán garantizar el acceso a la radio y a la televisión a través de los tiempos oficiales.
El segundo aspecto es facultar al Instituto Federal Electoral, para que en caso de que el tiempo oficial total en radio y televisión fuera insuficiente pueda cubrir el tiempo faltante.
Y el tercer aspecto consiste en prohibir que cualquier persona física o moral, a título propio o a cuenta de terceros, contrate propaganda en radio o televisión para influir en la opinión de la ciudadanía sobre la consulta popular.
Por lo anterior, la ley fundamental contendrá normas que permitan la disposición de la consulta popular, evitando que sea tendenciosa o contenga juicios de valor, por tratarse de un interés general. Asimismo, los ciudadanos podrán realizar actividades de divulgación mediante debates, mesas de discusión u otros eventos similares utilizando cualquier medio que tengan a su alcance, cuyo objeto sea meramente informativo.
Una de las limitaciones que se plantea es que la difusión debe ser imparcial y no estar orientada a influir en las preferencias a favor o en contra de la consulta popular. Cabe precisar, que el objeto de la iniciativa era establecer en la Constitución que la difusión de una consulta popular estuviera regulada por los principios y actualmente previene el artículo 41 Base III.
Sin embargo, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraron pertinente trasladar esta norma al artículo 35 por ser la que reconoce el derecho de los ciudadanos a votar en las consultas populares, sobre temas de trascendencia nacional.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen para efectos de consolidar en nuestro texto constitucional, los límites para la difusión y discusión de la consulta popular. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Julio César Moreno Rivera. Tiene el uso de la palabra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar moción suspensiva.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Hablo a mi nombre y, sin duda, a nombre de muchas mexicanos y mexicanas que ya están fastidiados de las mentiras, de las ilegalidades y de cómo se les perjudica por parte de esta Cámara de Diputados.
Miren realmente pensando de buena fe, yo quisiera creer que quien habló aquí a nombre de la comisión y que preside Puntos Constitucionales, está en un esfuerzo de que las cosas se orienten bien. Ojalá así sea, creo que hace un esfuerzo. Pero la verdad, la realidad es más fuerte que el amor y la imponen esta mayoría fatídica del PRI, que es quien está atrás de toda la maniobra y eso es lo que hay que desenmascarar.
Y lo digo de una vez, Julio César, ojalá te fajes y en la reforma a la energética pase la minuta el Senado a las comisiones y no vengan aquí a sorprender como le hicieron con estas reformas de último minuto, como lo hace el PRI. PRI gandalla y tramposo. Ojalá se fajen.
Burro, aquél que no sabe que es Ojinaga, Chihuahua y no Okinawa. Burro es aquél que dice epide, epide... y se traba. Ése sí es burro y está trabado. En principio la moción suspensiva que se pretende atiende a la exigencia a este pleno de la Cámara para que actúe y se conduzca con apego al principio de legalidad en los términos del 72 constitucional.
Yo abrevio, iré al centro del debate, porque la verdad la ley no les interesa. En la sesión anterior ante este pleno y en esta tribuna el coordinador del PRD, mi amigo Silvano, reclamó la falta de cumplimiento del acuerdo establecido con los coordinadores del PRI y del PAN en el momento que se suspende la discusión del dictamen de la Ley de Consulta Popular.
Pese a ello y pese al madruguete del cual han sido objeto en el Senado en la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 que está por recibir esta Cámara de Diputados, se empecinan en el juego manipulador y demagógico de la mayoría a que en días pasados refirió Enrique Peña Nieto que tiene con su PRIAN, ahora pacto de la traición, aunque exista una viuda por más que suspire regresar a estar con el muerto. A los hechos me remito. No se hagan pactos.
Se aprobaron reformas constitucionales diseñadas en el seno del pacto de la traición, nunca por México, en las que han sido comparsa, entre éstas –nada más por mencionar la última- la reforma política electoral que da borrón y cuenta nueva a la institucionalidad electoral establecida del 94 al 2008. Para ello el voto útil fue impulsado. Se buscó el acuerdo trasiego, fuera del ámbito formal de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la publicidad de sus acuerdos.
El acuerdo en la opacidad se acredita con el dictamen que se presenta para reformar este artículo 35, mismo que sustituye a la reforma que se presentó en la iniciativa suscrita por diputados del PRI, del PAN y del PRD el 4 de diciembre.
Este juego turbio para formalizar los cambios constitucionales a modo del Ejecutivo federal, elimina la credibilidad de esta Cámara de Diputados puesto que siguen la ruta de las demagogias legislativas.
Mi voto es en contra de la opacidad, de la transa, de la falta de publicidad en la construcción de la propuesta legislativa. De las rasgaduras de vestiduras que anuncian el supuesto empoderamiento de los ciudadanos cuando se aprueban reformas políticas que impiden fortalecer y hacer viables las candidaturas independientes con medios equitativos para campañas, transparencia y rendición de cuentas del financiamiento y de los recursos públicos usados por la cerrazón de las mayorías de Enrique Peña Nieto, para escuchar y construir propuestas que garanticen el derecho de los ciudadanos.
Pero lo peor del engaño, en caso de que junten los votos necesarios para resolver esto, esta propuesta, les quiero decir –no va a pasar porque atenta contra el control del sistema de partidos que beneficia a las cúpulas políticas de este país–, se ha construido con ilegalidad y falta de compromisos ciudadanos. Ya verán como al tiempo el PAN se prestará para impedirlo, obviamente con la mano que mueve la cuna, que es la del PRI.
Al tiempo la única alternativa es la de los ciudadanos y ciudadanas que están en la resistencia civil pacífica y sepan los heroicos del cerco al Senado, que algunos legisladores sí los escuchamos y esperamos representarlos dignamente y nunca traicionaremos a la patria, como los de la mayoría que van a votar aquí cuando les ordenen la contrarreforma energética, ni haremos entrega del patrimonio del pueblo a los extranjeros como pretende Enrique Peña Nieto y sus compinches.
No nos prestaremos a la simulación ni a la hipocresía. Ánimo, ciudadanos y que vivan los heroicos cercos del Senado y que con seguridad en próximos días estarán en esta Cámara de Diputados. En su historia quedará lo que hagan, diputados y diputadas. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Huerta. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se toma en consideración la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Esta reforma fast track que ya es la regla, ahora la regla es fast track, la excepción es el respeto a los procedimientos. Esta reforma que se presenta es parte de lo que algunos analistas llaman la deformación constitucional o la Constitución desfigurada.
Comentaba en broma con un compañero, antes de pasar a este dictamen, a propósito de que los baños del basamento tienen días, semanas que no los arreglan, que en este Congreso es más fácil reformar la Constitución que arreglar los baños de la Cámara.
Ese es el nivel de frivolidad, de ligereza, de irresponsabilidad, con que se está reformando la Constitución. Pareciera solamente un reglamento. Quiero comentar que hay quien ilusamente piensa que con este instrumento va a parar mediante una consulta popular ya la decisión de traición a la patria que es la entrega del petróleo. Si hubiera voluntad para la reforma energética, no habría necesidad de reformar el artículo 35 constitucional.
Pero ya lo dijo el presidente de la Comisión de Energía del Senado, que es uno de los grandes traidores a la patria, cabildero y personero de las transnacionales, David Penchyna, que no va a haber consulta. Entonces por qué se siguen haciendo ilusiones algunos compañeros y piensan que de esta manera se pueden lavar las afrentas pactistas.
No hay voluntad política, hay una decisión de imponer una reforma petrolera para entregar este patrimonio de la nación a las transnacionales, que ya se frotan las manos para hacer el negocio más grande a costillas del país.
Todos los ex directores de Pemex de las últimas fechas son unos corruptos, unos pillos que han medrado con los contratos de servicios. Lo mismo Adrian Lajous, que es el director de la principal empresa que está en Chicontepec, que Ramírez Corzo y Suárez Coppel, que crearon Oro Negro para rentarle plataformas petroleras a Pemex, que Jesús Reyes Heroles –no el padre, que fue un gran mexicano– que también está metido en los negocios, y no se diga Emilio Lozoya, personero de OHL. Toda la reforma energética, más allá del tema de la productividad, es un negocio de corrupción de la camarilla de Enrique Peña Nieto con las transnacionales.
Todavía hay quien cree que a través de una consulta van a parar esta decisión. Por eso lo que hoy vivimos es una restauración, un retroceso y no hay límites para seguir generando este estado autoritario que linda en el fascismo, aunque la palabra no les agrade a algunos, donde lo mismo se criminaliza la protesta, se prohíben las marchas, se criminaliza a líderes sociales o se les mata. Ése es el México que se está construyendo con todo este entramado.
Por esa razón no estamos para lavarle la cara a un régimen autoritario, con todos los retrocesos que ha implicado la reforma laboral, que no ha creado empleos; hay 2.7 millones de mexicanos económicamente activos desempleados. No ha habido crecimiento económico; difícilmente creceremos a un año en esta fecha.
La reforma financiera criminalizó a los deudores. La hacendaria aumentó impuestos, mantuvo gasolinazos y ha generado un déficit fiscal que no había desde las épocas de López Portillo y Echeverría.
Pero ahora lo que se busca precisamente es reforzar los controles autoritarios y esta reforma lo que busca es que el instituto va a permitir que utilicen los tiempos de radio y televisión los peticionarios de las consultas populares y uno de los peticionarios es el presidente de la república y la única limitante es que apruebe la mayoría en una cámara la consulta popular.
Qué es lo que va a pasar: el Ejecutivo federal va a utilizar las consultas populares usando los tiempos de la radio y la televisión para promover su imagen durante el tiempo de las campañas electorales. En esto no puede haber ingenuidad porque la ingenuidad a veces linda en la complicidad.
En este sentido, nosotros imaginamos que Enrique Peña Nieto promueve una consulta popular, la mayoría mecánica, se la aprueba, por un tema como populista para ganar mercado frente a sus desaciertos, y va a tener todo el aparato para hacer propaganda en la época electoral, porque la consulta se va a hacer en la misma fecha de las elecciones.
Por eso para nosotros queda claro que esto es una trampa. Para nosotros queda claro que es un ardid para violar el 134 constitucional. Y por eso no podemos acompañar esta reforma constitucional. No podemos permitir que se vaya construyendo una dictadura presidencial con propaganda y con acceso indiscriminado a medios a través de un gobierno plebiscitario para imponerse.
Y hoy puede parecer extremo que insistamos en el argumento que la reelección legislativa es el prólogo a la reelección presidencial. Hoy pueden decir que se exagera, pero quién hubiera pensado hace meses que se iba a entregar el petróleo a extranjeros.
Por eso estas consultas pueden ser el mecanismo para ir induciendo una reelección presidencial a través de este mecanismo plebiscitario, barnizado de ciudadano, pero no es más que la consolidación de un estado autoritario.
Los teóricos del presidencialismo como Carpizo, Cosío Villegas o el propio Krauze, no hubieran imaginado la construcción de este monstruo que se está generando con la complicidad y la anuencia de las Cámaras del Congreso.
Por esa razón, nosotros no estamos de acuerdo porque sabemos, además, que todo este mecanismo de publicitación va a ir acompañado de los flujos de recursos de las trasnacionales petroleras que van a tratar de influir en las decisiones políticas del país. Es reforma constitucional, presidente, por favor aclare que tengo hasta diez minutos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Entonces, con todo este flujo de dinero de las trasnacionales que van a influir en la vida política del país, y por eso Lázaro Cárdenas generó la expropiación petrolera, no fueron decisiones arbitrarias. Pero, desafortunadamente o no conocen la historia o son cínicos o son cómplices de este atraco.
Entonces, seguramente ahora con las trasnacionales y con este mecanismo de propaganda que se está abriendo, vamos a tener la creación de una dictadura presidencial. Eso es lo que estamos aprobando, compañeros. No puede haber ingenuidad. Si realmente quisiera una reforma para fortalecer la participación ciudadana a través de la Constitución, bajarían el umbral para hacerla vinculatorio, no del 40 por ciento, quizá el 35 o el 30, y que con el 1 por ciento los ciudadanos pudieran presentar este tipo de solicitudes.
Pero no, realmente el 35 se mantiene intocado en su fracción VIII y solamente se abre la puerta a este mecanismo de propaganda, publicidad, presidencial de Enrique Peña Nieto. Por eso vamos a votar en contra, y hacemos un llamado a los legisladores del PAN, del PRD, de las fuerzas progresistas a que no demos las dos terceras partes para esta reforma constitucional. Es grave lo que se está cocinando, es grave esta decisión y no podemos de ninguna manera avalar este entuerto, este retroceso salpicado de un discurso ciudadano.
Por eso nuestro voto será en contra y llamamos a todos los legisladores a actuar en consecuencia.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, para poner en el contexto de lo que estamos discutiendo me gustaría retomar que hace un rato acabamos de votar precisamente la Ley reglamentaria que se deriva de los cambios que se hicieron a la Constitución en este artículo 35, fracción VIII, y fue publicada el 9 de agosto de 2012. Lo que estamos votando ahorita nada más es el cambio constitucional, y voy a leer textual lo que se está haciendo.
Dice. El Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior, fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.
Lo acabo de leer porque parecería que no tiene ninguna razón de ser por la exposición que han hecho los compañeros que me antecedieron, hacer este cambio, sin embargo quiero hacer énfasis en que en este momento tenemos nosotros 12 estados que tienen la figura de consulta popular en su Constitución local, sin embargo esos estados no han ejercido el derecho de hacer una consulta popular y si lo ejercieran, en este caso con esta reforma lo que estamos haciendo es dar la posibilidad de que haya difusión y se promocione lo que los ciudadanos están tomando como algo relevante, importante para cambiar su vida cotidiana o para cambiar alguna política pública o para cambiar alguna cuestión que hayan hecho actos del Congreso local.
Esto hago énfasis, compañeros, porque todas las exposiciones que se hacen aquí parecerían en negativo de que lo que estamos haciendo está mal, y la verdad es que nosotros en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales hemos llegado a una serie de acuerdos que han permitido que hagamos una serie de cambios que tendrían que haberse hecho, bien es cierto, lo reconozco, desde el año pasado y que estamos resarciendo esa falta al día de hoy.
Pero quiero expresar aún más mi opinión respecto a este punto, de que es una gran concesión desde mi punto de vista, a aquellos –porque así lo están planteando– que en este momento quieren hacer una consulta popular de un tema en particular, y creo que todos sabemos de qué se trata. Me parece que es un gran avance, precisamente, llegar a acuerdos de este tipo; que logremos hacer cambios que permitan que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión, puedan expresar su punto de vista.
Pero además, que podamos tener estas figuras complementarias, no sustitutivas de nuestra democracia. Porque recordemos que nosotros nos basamos en un sistema de partidos y que estas figuras de participación directa, de democracia directa vienen a complementar la consolidación democrática que nosotros hemos estado buscando. No de balde son los acuerdos que tenemos en esta honorable Cámara de Diputados todas las fracciones parlamentarias.
Por esa razón la fracción del Partido Verde Ecologista votará a favor de esta reforma y esperamos que la mayoría de compañeros que tienen intereses en que haya una mayor participación de los ciudadanos y que se difundan los temas que son importantes para ellos, en complemento a los que han sido importantes para nosotros en este honorable Congreso de la Unión, puedan difundirse y puedan avalarse por este tipo de cambios que estamos realizando. Por su atención, compañeras y compañeros. muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Ruth Zavaleta. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a don Juan de la Borbolla Rivero, rector de la UP, de la Universidad Panamericana de Guadalajara, invitado por los diputados de Jalisco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Hemos aprobado ya la Ley Federal de Consulta Popular. Es una ley que ya nadie echará para atrás, es una ley que contó además con un respaldo mayoritario de esta Cámara. El Partido Acción Nacional votó a favor, sin embargo, queridos compañeros diputados, con la aprobación de esta reforma que se está poniendo a consideración en este momento al artículo 35 constitucional estamos corriendo el riesgo de que lo que ya hicimos bien ahora lo hagamos mal en esta Ley de Consulta Popular.
¿Por qué digo esto? Porque tal y como viene la redacción que se propone, se está desvirtuando la posibilidad de la reforma de la consulta popular, porque se está introduciendo al Presidente de la República, al igual que al Congreso de la Unión o a cualquiera de los peticionarios a que puedan hacer campaña a favor de una determinada posición política.
Eso ya lo habíamos superado con la reforma constitucional del año 2007, ya habíamos sacado al Presidente de la República de las campañas electorales federales. Ahora, con esta reforma que se pretende aprobar, vamos a regresar a un esquema anterior al 2007 y vamos a tener al Presidente de la República utilizando los tiempos oficiales del Estado para promover la consulta que él haya querido convocar, que él haya querido pedirle a este Congreso.
Puede ser una consulta del tema más inocuo, pero ya le va a dar al Presidente de la República la posibilidad de estar participando en tiempos oficiales de radio y televisión durante una campaña electoral federal.
Por eso, queridos compañeros, yo los llamo a la reflexión, sobre todo a los compañeros de la izquierda; sobre todo a los compañeros del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, que son quienes con más vigor defendieron esta consulta popular que hoy ya se aprobó, a que no permitamos que se apruebe ahora esta reforma constitucional, que no era necesaria, porque ya desde el año 2011, 2012, como ya se señalaba, ya está considerada la consulta popular en la Constitución de la República y ahora ya le hemos aprobado su ley reglamentaria, ahora corremos el riesgo de que si aprobamos esta reforma constitucional, todo lo bueno que ganamos se vaya para atrás y se convierta en un mal.
Sí queremos que haya difusión de la consulta, por supuesto que queremos que los ciudadanos participen, pero que esa difusión sea una difusión institucional, la haga el Instituto Electoral, que no la hagan los peticionarios, que no la haga el presidente de la República y los gobernadores en sus estados, porque entonces vamos a tener a servidores públicos sesgando las campañas electorales como ya ha ocurrido en el pasado.
Yo les pido, compañeros, que reflexionemos y que no cometamos el error de que lo que ya se hizo bien, ahora con esta reforma constitucional lo mandemos al traste. Muchas gracias, es cuánto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Fernando Rodríguez Doval. Tiene le uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para hablar a favor.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Tuve un pequeño problema de movilidad que está resuelto, le agradezco la paciencia.
Yo hablaré a favor de este dictamen, de manera personal, no porque crea que la ley que se aprobó hace algunos momentos sea la mejor, sino porque creo que esta reforma constitucional, en efecto, lleva a que sea una realidad, una lucha de la izquierda que hemos tenido durante años, que es el tema de la consulta popular.
El tema de las trampas, el tema del procedimiento, esa discusión ya se ha dado acá. Sin embargo, esta reforma constitucional marca de forma general cómo los ciudadanos y las minorías podemos llegar a ser parte del gobierno y cómo podemos influir de manera directa en las decisiones tan importantes, como la reforma energética.
Ya sé que ha pasado un poco de moda el tema de hacer citas, sobre todo desde que algunos legisladores lo empezaron a hacer, pero creo que es pertinente hacer la de quien falleció la semana pasada y es un ícono en el tema de la democracia. Nelson Mandela decía que la democracia exige respetar los derechos de las minorías.
Y esto nosotros como legisladores, y lo dije la semana pasada, hemos sido elegidos para representar los intereses de los ciudadanos y muchos de nosotros representamos, en efecto, minorías que, insisto, se convierten en mayorías.
Sin embargo, a veces pareciera que entre ninguno de nosotros radica el más mínimo interés de conocer el sentir del pueblo ni siquiera por curiosidad. Muchas de las iniciativas lo demuestran así. Y lejos de consultar a los ciudadanos y transparentar los procesos en los temas de alta relevancia los legisladores nos encuartelamos o nos encuartelan.
Dicen que el que nada debe nada teme, compañeros diputados, la consulta libre y transparente sin los recovecos que se pusieron en la ley anterior debería ser el camino, esta reforma constitucional lo es de manera general, entonces pareciera que en esta Cámara de Diputados mucho debemos y mucho tememos, al menos algunos.
Sin embargo, creemos en el PT y personalmente que, como paraguas, para discutir una reforma que sea real, que sea verdadera, que no tenga trabas y que tenga los beneficios de los que ya se hablaron en esta tribuna, pero que también acabe con las trabas, es necesario hacer y pasar esta reforma constitucional, que aunque nos hemos quejado del procedimiento es muy clara, permite la consulta a los ciudadanos de las decisiones y las políticas públicas de este gobierno, y lo permite con un procedimiento que si bien ha sido amañado puede ser fácilmente modificado.
Es por eso que su servidora votará a favor de esta reforma constitucional, porque creemos que como elemento jurídico paraguas y sistemático podremos llegar a una consulta ciudadana que finalmente sea la ideal. Agradezco mucho su atención, y a este voto en particular, y agradezco también su paciencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Pues venimos a esta tribuna a insistir, a explicarle a la gente más allá de esta Cámara de Diputados la gravedad de estar modificando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente para fantasear, para que los diputados en el mejor de los casos se autoengañen y –peor, eso es lo peor– tratar de mentirle, de hacerle creer una cosa que es falsa a la ciudadanía, a la gente que está allá afuera, y que ya está cansada de que cada decisión que se toma en esta Cámara de Diputados es para joder y volver a joder a la gente.
Qué más van a hacer esta mayoría irresponsable. El Pacto por México, lo único que ha servido es para fabricar una legitimidad inexistente de Enrique Peña Nieto. Allá ellos los que hayan caído en esta trampa de este grupo de farsantes que encabezan esa simulación. Ya aumentaron los impuestos. Ya endeudaron al país. Ya aprobaron la reelección. Ya vieron el tema de las telecomunicaciones nada más para que se reparta el negocio entre los magnates. Ya golpearon al magisterio. Ya pulverizaron los derechos laborales; van a seguir con el petróleo.
Ustedes creen que alguien les va a creer que están preocupados por la opinión de la gente. Ustedes creen que la gente allá afuera se va a tragar esa historieta, cuando aquí sistemáticamente se violan los reglamentos más básicos que nos obligan consultar y volver a consultar a los sectores, a los especialistas, a los investigadores, a los académicos, a las agrupaciones sociales y que ustedes una y otra vez, y otra vez ningunean y desprecian. Ya basta de tanta farsa, con qué cara van a salir allá afuera.
No podrían tomar estas decisiones si no estuviéramos amurallados por todos estos policías y las vallas metálicas. Es una vergüenza lo que está pasando con esta simulación de parlamento. Ustedes no son representantes populares, ni mucho menos mercaderes sinvergüenzas, negociantes de los intereses del pueblo. Esto es una mentira. Y no le bajo, y no le bajo porque usted es representante del pueblo, y no le bajo porque la gente está cansada de tanta arbitrariedad, de tanta mentira y de tanto abuso.
Que quede claro, señores disque diputados y disque representantes del pueblo. Allá afuera se está fraguando un malestar y no se les va a perdonar todo lo que están haciendo y no me vengan ahora con que Enrique Peña Nieto es el gran reformador. Ése señor y la mayoría del Congreso de la Unión y de esta Cámara son unos farsantes. Es cuanto, diputado presidente; y por supuesto que vamos en contra de ésta y de todas sus farsas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Se informa a la asamblea, que ha sido reservado para su discusión en lo particular, el artículo 35, numeral 4, párrafos segundo y tercero.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos. Me piden los grupos parlamentarios que se abra por 10 minutos. Pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, lo no reservado.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 336 votos a favor, cero abstenciones y 130 votos en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Damián Zepeda Vidales, para presentar reserva al artículo 35, numeral 4, párrafos segundo y tercero.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Presidente, nada más pidiéndole tolerancia con el tiempo, derivado que es reforma constitucional y el Reglamento da más tiempo para la presentación de reservas que los tres minutos que están presentando.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene derecho a hablar cinco minutos, diputado. Proceda.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Decía Einstein que el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquéllas que permiten la maldad. Hoy, compañeros, estamos a punto de permitir una maldad para ese país. Estamos a punto de aprobar algo incorrecto, disfrazado de una cuestión positiva.
Ya quedó claro en la Ley de Consulta que todos estamos a favor del instrumento. Entendemos que la izquierda, pero no nada más la izquierda, sino también nosotros, todos los partidos aquí representados estábamos buscando desde hace mucho tiempo tener la ley secundaria aprobada en materia de consulta popular que les diera a los ciudadanos el empoderamiento que se merecen.
Sin embargo, lo que hoy aquí se está haciendo poco tiene que ver con empoderar al ciudadano. Lo que hoy aquí se está haciendo es retroceder en el tiempo hasta a aquél momento en donde el presidente hacía y deshacía en tiempo de campaña electoral.
Compañeros, la consulta popular debe de ser un asunto sano, positivo, apolítico, que ponga en manos del ciudadano la decisión de si gusta apoyar un acto Legislativo o del Ejecutivo, positivo para su país. Una consulta que de manera objetiva, transparente, clara, le permita al ciudadano decidir sin ningún tipo de influencias si está a favor o en contra de un tema de trascendencia nacional. Lo que hoy estamos haciendo aquí poco tiene que ver con ello.
Si no estuviéramos buscando utilizar los tiempos electorales para abusar y dirigir la opinión del ciudadano hacia un sentido, fuera completamente innecesaria esta reforma constitucional. No se necesita reformar la Constitución para establecer la Ley Secundaria en Materia de Consulta Popular. Sí se necesita para permitirle al presidente de la República que salga y haga campaña en tiempo electoral y eso es lo que va a suceder.
¿Qué sería lo correcto? Lo que hoy hace unos momentos señalábamos. Que el Instituto Electoral de una manera plural, clara, sin sesgo, gaya y les diga a todos los ciudadanos: ciudadanos, aquí está este tema. Elige entre estas posturas. Aquí está quienes lo apoyan, lo que opinan, y aquí está quienes lo rechazan y lo que están argumentando. Y que el ciudadano de una manera informada pueda decidir.
Pero lo que hoy estamos haciendo es romper la prohibición expresa que tiene el artículo 41 -que por cierto les ha faltado reformarlo y tiene un error incluso esta reforma- para que en el proceso electoral –porque ahí son las jornadas de consulta popular– el presidente de la República pueda hacer uso del tiempo.
Pero más allá de eso –ya se los decía ahorita–, a veces para entender un tema, y entiendo que está disfrazado de algo bonito y entiendo que es una lucha de muchos años pero los están engañando; perdón, pero así es.
Para entender a veces un tema hay que poner los casos prácticos. A ver, señores, compañeros diputados ¿estarían ustedes de acuerdo si este tema lo bajamos a nivel local? Si el gobernador de Veracruz o el gobernador de Tamaulipas o el gobernador de Oaxaca utiliza tiempos oficiales en el proceso electoral para defender un programa de su gobierno, de veras creen que no va a influir eso en la elección? Por eso está prohibido en el artículo 41, que se puedan difundir los programas del gobierno en este tiempo electoral, porque por supuesto, sí influye en el resultado electoral. Pues eso es lo que estamos dándole al traste aquí con el pretexto de la consulta popular.
No, señores, lo correcto sería que ningún peticionario tuviera intervención en el proceso. ¿Quieren opinar? Que vayan a las entrevistas, que vayan a los debates pero que no utilicen spots y tiempos oficiales para venderle una idea y hacer una percepción al ciudadano y además contaminar nuestra elección.
Con la redacción que ustedes tienen, ya ponía el ejemplo de la seguridad social universal y de la legalización de las drogas; pues les pongo otros dos ejemplos:
Qué tal les caería una consulta popular del programa Oportunidades en plena campaña electoral en donde tengas al gobierno federal defendiendo una ampliación que se quiera hacer de él. ¿De veras creen que no va a afectar la elección?
O qué tal les caería, compañeros del PRI, que en este momento estuviera vigente esta reforma y que con la petición del 33 por ciento de la izquierda, solamente la izquierda, pudiera hacer difusión de lo que en su opinión es la reforma energética.
Eso es lo que está pasando, ni siquiera está bien planteado. Lo que va a suceder es que exclusivamente quien hace la petición va a tener acceso al radio y televisión y eso es injusto para la ciudadanía, es inequitativo para la ciudadanía.
Lo correcto es que el ciudadano tenga ambas posturas y que pueda elegir de manera transparente, de manera plural, de manera objetiva lo que él crea que es mejor para este país, no lo que le quieran vender a través de los tiempos oficiales.
En política, compañeros, como decía Kennedy, pasa como en las matemáticas, “todo lo que no es totalmente correcto, es incorrecto” y eso es completamente incorrecto y dañino para nuestro país.
Hagamos un análisis serio y no permitamos este atraco, este abuso contra la ciudadanía de México con el pretexto de empoderar al ciudadano. Que no nos engañe nadie.
De aquí hoy no va a salir un solo ciudadano empoderado, lo que va a salir es el gobierno federal y esta Cámara empoderada para hacerle ver su visión de México a los ciudadanos de este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Damián Zepeda Vidales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del artículo 35, fracción VIII, numeral 4o., párrafos segundo y tercero.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del artículo 35, fracción VIII, numeral 4o., párrafos segundo y tercero.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 329 votos a favor, cero abstenciones y 128 en contra; por lo tanto, hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de difusión de la consulta popular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa que se ha recibido de la Cámara de Senadores fe de erratas en relación con la minuta proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Proceda la Secretaría a dar lectura.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Artículo 13. A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores remitirán de manera semestral la información indispensable a efecto de que las comisiones de Justicia de ambas cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el presente código.
Se suprime el transitorio único. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Justicia para que lo integre al expediente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo. Primero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión designa a los diputados Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como titular y al diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como su suplente como representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub 5012/6.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal, así como al titular de Nacional Financiera.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado, comuníquese. Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al diputado que representará a esta soberanía ante el Consejo Consultivo para las Energías Renovables.
Primero. Se designa al diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante el Consejo Consultivo para las Energías Renovables.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Secretaría de Energía.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (16:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 11 de diciembre de 2013, a las 12 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:30 horas.
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