Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 14 de marzo de 2013

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

Retiro de iniciativas y de proposición con punto de acuerdo

De la Secretaría de Gobernación y de la Condusef, con respuestas a punto de acuerdo

Del Congreso del Estado de Chihuahua, con acuerdo

De la Cámara de Senadores, con solicitud para que minuta sea dictaminada y con minuta

Del los Congresos de los Estados de Baja California y de Chihuahua, con iniciativas

Dictámenes

Declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Seguridad Social

A discusión

De la Comisión de Asuntos Indígenas, que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en la general y en lo particular

De la Comisión de Gobernación

Que reforma los artículos 6, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 162 de la Ley Agraria, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Que declara el 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

De la Comisión de Justicia, que deroga los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal, discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

De la Comisión de Economía, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

De la Comisión de Derechos Humanos

Fundamentación de tres dictámenes que reforman diversas leyes

Discusión en lo general

Votación del dictamen que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Discusión del dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Votación en lo general y lo particular

Discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Votación en lo general y lo particular

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y en lo particular

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General de Turismo, y de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, discusión en lo general

Votación en lo general y en lo particular

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Con cambios en comisiones ordinarias y especiales

Por el que se nombra al representante de la Cámara de Diputados ante el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Por el que se nombra al representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Por el que se designa a la diputada que representará a la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas

Por el que se nombra representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos

Punto de acuerdo de la Comisión de Turismo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya

Turno a comisiones de las proposiciones con punto de acuerdo

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente  257 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:10 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Alfonso Durazo ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de comentar, pedirle a usted pudiera darnos una aclaración respecto a una nota publicada el día de hoy por el periódico Reforma, que de confirmarse mostraría la irregularidad con la que se toman algunas decisiones en la Cámara.

Nos enteramos por declaraciones del vicepresidente del PRD en la Cámara alta, Luis Sánchez, que supuestamente la Cámara de Diputados trampeó la redacción de la minuta relacionada con el fuero constitucional para tratar de mantener la inmunidad procesal del presidente de la República.

Son dos vicepresidentes de la Cámara; el otro es el senador José Rosas Aispuro, que se expresa en el mismo sentido. Efectivamente, durante la sesión en la que abordamos el tema del fuero, se puso a consideración el párrafo propuesto por el PRI. Pero como usted mismo lo señaló, no recibió la mayoría calificada requerida y consecuentemente, según sus propias palabras, se expulsaba el texto del dictamen y, según estas declaraciones, en la minuta que llega al Senado sí va incluido.

Creo que por la gravedad del tema merecería una aclaración y si fuera tan amable lo agradecería mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo hago con un enorme gusto. Como bien usted ha dicho, el párrafo quinto del artículo en comento no mereció la suficiencia de votos para alcanzar las dos terceras partes.

Este párrafo no va en la minuta. Lo que van son puntos suspensivos que quiere decir, a mi leal entender, que se mantiene el texto vigente en la Constitución, que por cierto viene de 1917.

Si hay alguna duda entre los legisladores o entre los senadores, me he puesto a sus apreciables órdenes para entrar al estudio de la minuta. Debo comentarle a la asamblea que estamos  haciendo práctica parlamentaria porque no habíamos tenido un caso similar en el pasado en donde, resolviendo sobre reformas constitucionales, se lograban las dos terceras partes en prácticamente todo el dictamen que viene de comisiones, pero no en uno en especial, que se apartó para su discusión y votación en virtud de la confrontación de ideas que su contenido propiciaba en el pleno.

Pero estoy a sus leales y apreciables órdenes, suyas y de todos, para darles las explicaciones propicias. Esta Presidencia no tiene la facultad sino la obligación de plasmar en las minutas que vienen del trabajo parlamentario la voluntad exacta, estricta y clara de la asamblea.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron los siguientes oficios:

De la diputada María del Rocio Corona Nakamura, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley general para la protección y apoyo de las madres jefas de familia, presentada el 23 de octubre de 2012.

De la diputada Adriana González Carrillo, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Cultura y Cinematografía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada el 31 de octubre de 2012.

Dos de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, por los que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 26 de febrero y 5 de marzo del año en curso.

De la diputada Gloria Bautista Cuevas, por el que solicita que se retire de los registros de la Junta de Coordinación Política, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados propone a la Colegisladora convocar a las comisiones relacionadas al sector de las telecomunicaciones, para que trabajen en conferencia en la discusión y aprobación de las reformas correspondientes a la legislación de la materia, presentada el 12 de marzo del año en curso.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al operativo Rápido y Furioso.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del licenciado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite acuerdo aprobado por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que contemple en su agenda legislativa y sea analizado, lo estipulado en el Compromiso Noventa y Cuatro del Pacto por México.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona las leyes General de Salud; General de Educación; para la Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes y General de la Infraestructura Física Educativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su atención.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo  Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio del Congreso del Estado de Baja California, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III, V y VI del artículo 115 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria un dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple así con el principio de publicidad.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz doña Eufrosina Cruz Mendoza.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso del señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros, a los medios de comunicación. La población hablante de lenguas maternas en México es de 15.7 millones de personas pertenecientes a 62 pueblos indígenas, dispersos a través de toda la geografía nacional.

Aunque distintos en sus tradiciones, prácticas, culturas, la mayoría de estos hombres y mujeres viven en nuestro país, comparten las problemáticas, carencias e intereses que aquejan a sus comunidades.

El común denominador de todos ellos es la pobreza y la falta de acceso a la justicia y la democracia. Cuando falta la ley, cuando la justicia está al servicio de unos cuantos, cuando la Constitución es letra muerta, cuando el Estado queda ausente de la protección de sus derechos y garantías de nuestros pueblos originarios, los usos y costumbres que tanto orgullo nos significan a todas y a todos, se transforman muchas veces en abusos y costumbres.

En México, la ley y la justicia hablan una sola lengua. Es triste saber que en un país con casi 16 millones de personas que hablan cientos de variantes, la justicia sólo hable el idioma español. O como decimos en mi pueblo, la ley habla en castilla, no habla nuestra lengua madre.

Si bien la vulnerabilidad y la exclusión de los grupos indígenas se perciben en diversos campos, en el de la procuración y la administración de justicia es en donde se aprecia con mayor gravedad este problema.

En las cárceles mexicanas, por ejemplo, más de 8 mil indígenas se encuentran presos por delitos del orden federal, como la siembra de mariguana o por infracciones del fuero común, relativas a robos o secuestros, según cifras recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, muchos de ellos fueron encarcelados sin contar con un debido proceso y sin conocer o comprender el motivo de su reclusión. Más grave aún, la mayoría son auténticos líderes comunitarios que defienden su tierra, sus recursos, sus tradiciones, sus familias, su lengua en contra de los intereses autoritarios de caciques, de autoridades locales o de poderosas empresas trasnacionales.

El mayor delito de los indígenas en México es la pobreza, y paradójicamente, el ser propietarios de la mayor parte de la riqueza natural de nuestro país.

La falta de asesoría jurídica y apoyo institucional han propiciado que muchos indígenas sean víctimas de injusticia, situación que se agudiza en las grandes ciudades ante la ausencia de defensores de oficio o traductores que asesoren a nuestras hermanas y hermanos indígenas.

Por ello, cobra relevancia el dictamen que hoy vengo a presentar a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas que me honro en presidir. Habida cuenta que se trata de una visión a la Ley General de Derechos Lingüísticos aprobada en el año 2003, y cuya modificación más reciente data desde hace 3 años.

Esta comisión dictaminadora consideró de gran relevancia el proyecto de decreto contenido en la que inicia, que nos ocupa. Razón por la cual fue discutida y aprobada por unanimidad.

Las legisladoras y los legisladores estamos convencidos que el Estado mexicano, sin distinción del orden de gobierno del que se trate debe propiciar políticas públicas tendentes a garantizar a las y a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de este pleno el proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos para quedar como sigue:

Articulo 13.

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacional y español.

Juntos, hombres y mujeres, podremos enfrentar los abusos y excesos de quienes de manera autoritaria muchas veces se valen de los resquicios de este régimen de derecho. Si la política no puede estar al servicio de nuestras comunidades, si no son beneficiaros de las decisiones que amparan la protección de los derechos de los extranjeros que vienen a delinquir en México, entonces forjemos un pacto a favor de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Hagamos que la ley se ponga al servicio de los menos favorecidos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Está a discusión en lo general y en lo particular. Tenemos una lista que inicia con la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen, que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

La Constitución reconoce que su artículo 2o. que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Asimismo señala el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como para acceder plenamente a la jurisdicción del estado para lo cual en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades, constitución; además podrán ser asistidos en todo momento por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua cultural.

Debemos considerar que un elemento muy importante que distingue y les da identidad a los pueblos y comunidades indígenas es la lengua con la que se comunican. Actualmente en nuestro país hay un censo de la existencia de por lo menos 62 lenguas indígenas, de las cuales en la actualidad de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se hablan de manera mayoritaria alrededor de 39 lenguas indígenas.

Las lenguas indígenas habladas por un mayor número de personas son el náhuatl y el maya, seguidas por las lenguas mixtecas y zapotecas. Actualmente no hablar español implica dificultades a la población indígena para la obtención de servicios administrativos fuera de su comunidad, así como para la resolución de conflictos legales pues la lengua empleada en estos terrenos es principalmente el español. En el país hay 720 mil personas que hablan lengua indígena y no hablan español, lo cual equivale a 12 de cada 100 habitantes de lengua indígena.

El presente dictamen es de suma importancia para la protección de los derechos de los indígenas en el cual se plantea como objetivo principal establecer en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas la obligación del Estado, de sus distintos órdenes de gobierno, de apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, además de la de intérpretes traductores.

Asimismo propone que la garantía de acceder de manera efectiva a la jurisdicción del Estado no implica únicamente tener la posibilidad de acceder físicamente a los tribunales oficiales, sino que implica el ejercicio de ciertos derechos sustantivos y procesales necesarios para que una persona indígena, teniendo en cuenta su situación particular de extrema pobreza, marginación y el contexto cultural distinto en el que se desarrolla, pueda acceder en condiciones de igualdad a la justicia.

Sin duda alguna la falta de protección y de mecanismos ágiles para acceder a cumplir la ley, constituya generar desigualdad para los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y en razón de que es obligación del Estado adoptar las medidas apropiadas para que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tengan la oportunidad de presentar sus lenguas, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos manifestamos a favor de toda acción legislativa encaminada a proteger los derechos humanos, la identidad cultural y la lingüística de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros, una de las manifestaciones más claras del deterioro institucional en el país es sin duda alguna la procuración e impartición de justicia.

Los procedimientos en materia penal que van desde la presentación del probable responsable ante la autoridad competente, el conjunto de acciones a cargo de la defensa y de la parte acusadora hasta la sentencia emitida por un juez, pueden ser objeto de un sinnúmero de cuestionamientos.

Debido a esto todos somos susceptibles de sufrir alguna irregularidad en el proceso penal, que derive en conductas violatoria de los derechos humanos.

Sin embargo el escenario es aún peor cuando al sujeto al que se pretende imputar el hecho delictivo, es integrante de la población indígena, pues con motivo de las diferencias culturales, la marginación de la que son víctimas y el desconocimiento de sus derechos, enfrentan un mayor número de obstáculos para acceder a un Estado de derecho real.

Datos del Consejo Nacional de Población, el Conapo, señalan que hasta mediados del 2010 la población indígena en el país ascendía a 14 millones 172 mil 483, concentrados principalmente en los estados de: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, estado de México e Hidalgo.

Asimismo con base en el Censo de Población de este mismo año realizado por el INEGI a nivel nacional, existen 6 millones 913 mil 632 personas de tres años y más que hablan alguna de las 89 lenguas indígenas reconocidos en el territorio de nuestro país.

Con base en esto no podemos negar que México históricamente ha contado con una población extensamente grande, predominantemente indígena que ha llevado al país a contar con una larga trayectoria en materia de política indigenista.

Tan es así la diversidad cultural y lingüística que ha sido reconocida ampliamente en el artículo 2o. de nuestra Constitución, mismo que en otros aspectos contempla la obligación irrestricta a cargo del Estado y a través de sus diferentes órganos de gobierno, la máxima garantía de protección a los derechos de las comunidades indígenas.

Lamentablemente las disposiciones contenidas en el citado artículo, carecen de aplicación efectiva, como lo es el pleno acceso a la jurisdicción del Estado, pues los indígenas son sometidos a procesos judiciales o administrativos sin el auxilio de traductores o intérpretes, siendo víctimas de discriminación, vejaciones, abusos, detenciones arbitrarias y torturas.

De conformidad con lo anterior apoyamos los cambios que se proponen en el presente dictamen, ya que de la carencia de traductores o intérpretes lingüísticos habilitados, emana otra problemática, pues en los pocos casos en los que una persona indígena cuenta con uno de ellos, estos regularmente son hablantes de lengua indígena y del español; pero sin tener conocimientos jurídicos, a fin de poder explicar al acusado, en su lengua, los alcances y consecuencias de los procesos administrativos o judiciales, así como realizar una defensa debidamente adecuada. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen.

Sin embargo, cabe reconocer que los graves problemas en el campo de procuración e impartición de justicia que tenemos en el país, en donde se observan grandes violaciones a los derechos más esenciales de los pueblos indígenas, no tendrán solución de fondo si no vienen acompañados de una reforma integral en el ámbito judicial.

Tan sólo recordamos el fracaso del novedoso proyecto del sexenio pasado que consistía en la traducción de leyes federales a las lenguas indígenas con mayor presencia en la población indígena del país.

Es necesaria la implementación de acciones que den solución a las exigencias que la sociedad reclama a través de reformas integrales. Busquemos, compañeras y compañeros, soluciones que erradiquen el problema de raíz, no con una visión cortoplacista.

Las comunidades indígenas y los pueblos originarios decimos y nos pronunciamos: nunca más un México sin nosotros. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Damos la bienvenida a estudiantes de la maestría en políticas públicas de la George Mason University, de Washington, D. C., que vienen a conocer la agenda bilateral México-Estados Unidos, invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos.

El diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la propuesta del diputado Edgardo Chaire Chavero acerca de modificar la fracción XI del artículo 13 de la Ley General del Derechos Lingüísticos para adicionar la mención de que la formación y acreditación profesional no sólo sea de intérpretes y traductores, sino que se amplíe a defensores públicos.

En la ley vigente no aparece la expresión defensores públicos. La adición es un instrumento que permitirá que la defensa no sólo cuente con dichos intérpretes y traductores, sino que abarque el aspecto legal que en muchas ocasiones es obstáculo para no aplicar las leyes en su justa dimensión.

En nuestra opinión, la diferencia es sustancial porque la frase propuesta para incluirse en el texto legal conlleva la intención de que las personas hablantes de lenguas indígenas puedan disponer del dispositivo normativo para que tengan acceso a una defensa en condiciones iguales a quienes los demandan.

En suma, se trata de que la justicia sea impartida con equidad para las partes involucradas en los juicios. El promovente hace una exposición de argumentos que vienen al caso para sustentar el contenido de su iniciativa, misma que suscribimos en todas y cada una de sus partes, en particular nos parece atinado acudir a las garantías consagradas en las fracciones IX y X, apartado A del artículo 20 constitucional.

El mandato de nuestra Carta Magna establecido en la fracción VIII, apartado A del artículo 2o, sin lugar a dudas señala el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para garantizarles el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos en que sean partes, respetando sus costumbres y especificidades culturales.

Sustenta el proponente que existen diversos instrumentos internacionales que se pronuncian a favor de lo citado con anterioridad.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votará en favor de la iniciativa en comento. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación: Antzetik viniketik keremetik cuxa ela nik. En lengua tzotzil, así saludan en cualquier evento público a la comunidad.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se posiciona a favor de la reforma al artículo 13 de la Ley de Derechos Lingüísticos. Nuestro país contiene, según el último censo de población, el 14 por ciento de su población a comunidades indígenas, dentro de ellos, aproximadamente 16 millones de personas. El estado al cual represento, dentro de su geografía tiene 13 culturas indígenas con lenguas propias. América Latina contiene 642 comunidades indígenas y nuestro país 62 de ellas.

La propuesta que hoy se presenta, el poder capacitar a gente que puedan ser abogados, que conozcan las lenguas y la cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas, es un acertado principio que todos debemos apoyar. ¿Por qué? Porque como abogados, o a quienes somos abogados, nos enseñaron dos conceptos fundamentales: justicia y equidad.

No podemos hablar de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde si no entendemos el principio de equidad que es: que a cada quien hay que tratarlo de la manera en que sus propios medios lo permitan. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde y dar un justo y trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Es así que nuestros jueces deben, para poder determinar sus resoluciones, tener la cosmovisión, el conocimiento y la identidad de lo que nuestras comunidades indígenas piensan. Si no lo entienden, si no hay una persona que pueda traducir y plasmar a nuestros juzgadores estas circunstancias no estaremos aplicando justicia, no estaremos teniendo una justicia equitativa.

Solamente con el aumento de personal capacitado en lenguas y cultura indígena, que pueda trasmitir a cada uno de nuestros juzgadores lo que realmente significa la cosmovisión de los indígenas y que pueda hacer que ellos tengan una adecuada defensa, tendremos un debido proceso, tendremos justicia y tendremos equidad. Por su atención, muchas gracias. Kolavalik.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su venia, ciudadana y amiga presidenta. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, México es un país con una vasta población indígena, cuenta con aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos que representan según cifras de INEGI, más del 10 por ciento de la población nacional, sin embargo, es hasta el levantamiento armado de 1994 por el Ejército  Zapatista de Liberación Nacional,  que ante muchas de las desigualdades e injusticias sufridas por estos grupos, son tomadas en cuenta.

Dentro de ese grupo de demandas podemos enmarcar el reconocimiento y respeto a sus culturas, siendo la más representativa el derecho etnolingüístico de los pueblos indígenas como parte de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, en donde se exigía al Estado Mexicano el reconocimiento político y social que concretara con mayor fuerza las demandas de los pueblos indígenas.

El Estado llevó a cabo la reforma del artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2001, en este artículo se reconoce la diversidad cultura en México y establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada  originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Igualmente, ese precepto constitucional establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, y mandata que el reconocimiento de los pueblos y comunidades debe constar en las instituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán de tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Derivado de este artículo y en cumplimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, convenio 169, ratificado por México el 11 de julio de 1990, se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 13 de marzo de 2003.

Este instrumento legal adjudica el carácter nacional a los idiomas indígenas y les da la misma validez que al español, en todos los ámbitos de la vida social y pública. Asimismo, reconoce que son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico de México, lo cual impele al Estado como agente regulador del orden social, la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

En este contexto, los hablantes de idiomas nacionales tenemos derecho a comunicarnos en nuestra lengua materna sin ninguna restricción, en cualquier ámbito de la vida. Al acceso a la jurisdicción en la lengua indígena de la que somos hablantes, para lograr tal fin se deberán tomar en cuenta nuestras costumbres y especificidades culturales durante los juicios y procedimientos legales. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de proveerles un intérprete y un defensor conocedor de la lengua y cultura a la que pertenezcamos. A que tengamos acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural y que en los niveles medio superior y superior se fomente el respeto a la pluriculturalidad y el multilingüismo. Corresponsabilizarse entre la sociedad en general y en especial los habitantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas, para la realización de los objetivos de dicha ley.

En términos generales, estas normas nos reconocen a los pueblos indígenas como entidades constitutivas del Estado, y por lo tanto, sus individuos y colectividades gozan de una serie de derechos diferenciados, entre éstos destaca la posibilidad de desarrollar y promover el uso de sus lenguas y el derecho a usarlas ante las entidades públicas, lo que tienen una obligación correlativa del Estado, de proporcionar los medios suficientes para garantizar dicho derecho.

Por lo tanto, a fin de que las instituciones públicas, en particular aquellas encargadas de procurar y administrar la justicia, funcionen adecuadamente, es indispensable que los servidores públicos que la integran, cuenten con elementos objetivos y subjetivos que les permitan llevar a cabo lo dispuesto en la Constitución y las diferentes normas.

Estos servidores públicos deben observar y respetar los derechos a la diferencia cultural, tomar en cuenta las especificidades culturales y los sistemas  normativos de los pueblos indígenas; a los individuos, darles trato de ciudadano y superar todos los sesgos racistas y discriminatorios que perviven en la sociedad.

Aunado a ello, los diputados del Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con el dictamen y apoyamos la modificación del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se señala que se deberá apoyar en la formación y acreditación profesional de derechos públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por el Partido Acción Nacional tiene la palabra la diputada Margarita Licea, hasta por cinco minutos.

La diputada Margarita Licea González: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Existen muchos casos de inequidad donde uno de los problemas para el debido proceso de mexicanas y mexicanos hablantes de lenguas maternas, se debe a la diferencia de idiomas en los juicios.

Hay al menos 250 casos documentados de mujeres indígenas que fueron encarceladas bajo circunstancias similares, tan solo en el estado de Chiapas. Otro tanto ocurre en Oaxaca, y en el mismo panorama se encuentran presentes entidades con alta concentración de población indígena monolingüe.

Además, según el Instituto Nacional de las Mujeres, solo el 14.3 por ciento de las indígenas en prisión han recibido los servicios de un intérprete durante sus procesos penales.

México ha sido uno de los países que ha actuado con mayor celeridad en este tema. En comparación con otras naciones del continente y del mundo, con altos índices de población indígena. Nuestro país fue el primero en inscribir el derecho a la cultura dentro de su Constitución política, como marco para la construcción de un andamiaje legal que diera sustento a la diversidad de derechos y garantías de la población indígena de lenguas maternas.

Junto con el reconocimiento de la cultura nuestro país ha ratificado e impulsado diversos mecanismos y convenciones internacionales que garanticen el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a la construcción de su propia cosmogonía, lo que significa el respeto irrestricto, por parte del Estado a su lengua, a su vestido, a su folclore, costumbres, religión y formas de trabajo y organización política.

En el 2001 fue reformado el artículo 2 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma reconoció la composición multicultural de la nación mexicana, pero también las responsabilidades del gobierno en la determinación y el establecimiento de políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Esta reforma, que reconoce la diversidad cultural y lingüística, ha sido en gran parte el resultado de múltiples voces que se han movilizado desde el México profundo ante la injusticia y la discriminación por razones de pertenencia a un grupo indígena. Fue necesario el triunfo de un proyecto democrático de un gobierno emanado de nuestro Partido Acción Nacional para hacer realidad una demanda largamente anhelada por nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Hace 10 años el PAN promovió y logró la aprobación de un instrumento que hoy auspicia de manera certera esta garantía de todos los pueblos y comunidades indígenas de México. El 13 de marzo de 2013 fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos, que establece un marco de protección al patrimonio intangible depositado en más de 60 pueblos indígenas en donde habitan casi 16 millones de personas hablantes de la lengua materna.

Por eso, en el Partido Acción Nacional celebramos la presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside nuestro partido, para poner a discusión y, en su caso, aprobación el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, mediante el cual establece la obligación del Estado de crear la figura de defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas.

Con esta iniciativa se cierra la brecha jurídica en nuestra legislación secundaria, mediante la cual muchas mexicanas y muchos mexicanos monolingües, hablantes de una lengua materna, habían sido discriminados por un régimen de justicia que no reconocía la importancia de los intérpretes y de los defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas, y conocedores del contexto cultural de nuestros pueblos.

No hace falta muchos indicadores para demostrar la importancia de esta reforma, basta decir que según datos oficiales entre un 10 y un 15 por ciento de los mexicanos son originarios de comunidades y pueblos indígenas, los cuales tendrán derecho a recibir asistencia jurídica especializada en su propia lengua, pues no hay que olvidar que además del español existen 35 lenguas indígenas y 55 dialectos adicionales.

Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo este día para manifestar mi beneplácito ante el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el cual se presenta para su deliberación y, en su caso, aprobación la iniciativa elaborada por otro legislador de nuestro grupo parlamentario de la LXI Legislatura, que fue el diputado Edgardo Chaire Chavero, que había permanecido en el cajón en esta comisión hasta la llegada de esta nueva legislatura. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra el diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Zamora Morales: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, la propuesta de dictamen que acabamos de escuchar trata de ayudar a corregir un fenómeno que podemos llamar el impedimento a la justicia plena por cuestiones lingüísticas y culturales.

Diariamente muchas mexicanas y mexicanos sufren discriminación ante la ley por falta de asistencia legal, por no dominar el idioma español. Ante distintos eventos en el marco del estado de derecho, todos ellos los podemos definir como víctimas de este impedimento a la justicia plena por cuestiones lingüísticas y culturales.

Éste es el tema de que trata la presente propuesta de reforma a la fracción XI, del artículo 13 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se trata de garantizar la asistencia a quienes no pueden comprender la cultura legal escrita en un idioma que no conocen.

De los casi 16 millones de mexicanos que orgullosamente se consideran indígenas, más de la mitad hablan exclusivamente el español, la otra mitad, casi 7 millones de personas hablan una lengua indígena. De estos, 4 millones hablan una lengua indígena junto con el español y son casi 3 millones quienes solamente hablan una lengua indígena.

Como se puede ver existe un segmento de mexicanos que están más marginados que el resto de los marginados. Estos 3 millones de mexicanos no pueden comprender un interrogatorio de los policías mexicanos, tampoco pueden comprender una acusación legal de un abogado particular o del Ministerio Público, tampoco pueden tomar consciencia de las palabras de los jueces y, desde luego, no entienden las instrucciones de los custodios de las cárceles.

Por esa razón apoyamos esta reforma para capacitar a traductores que auxilien a estos mexicanos que solamente hablan su lengua materna, son muchas personas vulnerables a sufrir actos de injusticia por su marginación cultural. No es exagerado decir que en este momento hay muchos indígenas, algunos inocentes en las cárceles, esperando ya en este momento a estos traductores, intérpretes y defensores públicos, capacitados en lenguas indígenas y español.

Sin embargo el marco de referencia del impedimento a una justicia plena por cuestiones lingüísticas y culturales es más amplio, ya que involucra al conjunto de los aproximadamente 16 millones de mexicanos que se declaran indígenas porque su conocimiento del idioma español es deficiente, el desconocimiento del español en México está relacionado con los más pobres y quienes menos tienen acceso a la educación, a la lectura de libros y a los medios de información digital.

Este acto de aprobación de la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas y español, es un acto de justicia para millones de mexicanos que sufren de marginación ancestral. Esto es que ellos, sus padres, abuelos y demás generaciones hasta 500 años atrás, han sufrido marginación, explotación, despojo, humillación, discriminación y desde luego injusticia.

En el México moderno en que es indudable que hemos avanzado en la consolidación del Estado de derecho sigue vivo un estado de cosas marcadas por la injusticia por cuestiones lingüísticas y culturales.

Hago personalmente votos para que sigamos avanzando en esta soberanía en un ambiente plural y de construcción de acuerdos. Es necesario continuar la tarea de fortalecer la integración al desarrollo de los aproximadamente 16 millones de indígenas mexicanos. Por estas razones el Grupo Parlamentario del PRI va a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Saludamos a un grupo de inversionistas de Estados Unidos de América, invitados por el diputado Salvador Ortiz García, que se encuentran hoy con nosotros en este recinto. Bienvenidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputados.

La diputada Karina Labastida Sotelo (desde la curul): A favor.

El diputado José Guadalupe García Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 431 a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 162 de la Ley Agraria. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, por cinco minutos.

La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia señora presidenta. Honorable asamblea:  compañeros legisladores, quiero externar mi agradecimiento a todos y cada uno de los grupos parlamentarios que integran esta asamblea, ya que los compañeros diputados que forman parte de la Comisión de Gobernación han tenido a bien dictaminar positivamente la presente iniciativa de reforma, en la cual su servidora funge como promovente.

El dictamen que hoy es puesto a nuestra consideración tiene por objeto proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar la soberanía nacional dentro del territorio insular mexicano.

El aislamiento que por cientos de miles de años han tenido los territorios insulares permitió que las especies que ahí se distribuyen sean aún más frágiles y vulnerables al impacto de las actividades humanas que las encontradas en zonas continentales.

Cabe mencionar que a pesar de que las islas representan el 3 por ciento del territorio terrestre, albergan entre el 15 y 20 por ciento del total de especies de flora y fauna mundial.

El riesgo en que hemos puesto a la vida silvestre insular es alarmante. En la actualidad, las extinciones de especies en islas son 40 por ciento más probables que las especies continentales. Preocupa que entre el 65 y 75 por ciento del total de las extinciones de fauna en los últimos años ha sido de especies insulares y desafortunadamente, cuando nos referimos a aves, la situación se agrava, ya que el 85 por ciento del total de las extinciones de aves ha ocurrido en islas.

En lo que a nuestro país respecta, tenemos la fortuna de contar con una enorme riqueza biológica, ya que el territorio insular mexicano representa aproximadamente cinco mil 127 kilómetros cuadrados. Desafortunadamente, en los últimos años las islas mexicanas que constitucionalmente dependen y son administradas por el gobierno federal, han tenido diversos conflictos relacionados con su propiedad, lo que representa una amenaza a su biodiversidad y a la soberanía nacional.

Lo que ofende, que empresas inmobiliarias de origen canadiense, estadounidense y europeo, comercialicen por internet las islas mexicanas, lo que sin lugar a dudas vulnera el mandato constitucional y régimen federal al cual estamos sujetos estos territorios, provocando conflictos ambientales e incluso agrarios.

La comercialización internacional de nuestro territorio insular ha llamado la atención de esta Cámara, en virtud del riesgo que representa para la soberanía nacional; por ello la importancia de la reforma que hoy es puesta a nuestra consideración.

El problema radica en que la Ley Agraria permite la enajenación y la desincorporación del régimen federal de los terrenos nacionales y baldíos, ello con el objeto de favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias dentro de estas tierras como la agricultura.

Sin embargo, esta regla opera de forma genérica tanto para territorio insular como para aquél que se localiza dentro de la plataforma continental, homologación incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma si hablamos en términos ambientales e, incluso, de soberanía nacional.

Por ello los insto a manifestar su voto a favor del presente dictamen, ya que su objeto es salvaguardar la soberanía nacional y favorecer la conservación de la biodiversidad  en territorio insular mexicano, elemento fundamental para la riqueza natural de nuestro país. Es fundamental impulsar y apoyar este tipo de reformas que ayudan a salvaguardar la diversidad de especies de la vida silvestre.

Confiamos que el presente dictamen será aprobado por la mayoría de los legisladores hoy presentes, por lo que agradecemos a todos ustedes su conformidad con este dictamen, clara muestra del compromiso que esta legislatura tiene con nuestro país y con su diversidad. Por un México verde y sustentable, gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para hablar en lo general sobre este dictamen, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Las más de tres mil islas con que cuenta México suman 5 mil 127 kilómetros cuadrados; sin embargo, por sus características de espacios y de condiciones que permiten la presencia humana, sólo se encuentran habitadas 144 con 618 mil 930 personas.

Estas porciones de tierra mantienen una posición estratégica para nuestro país debido a su ubicación dentro de la denominada zona económica exclusiva nacional, las cuales, al ser consideradas por parte de nuestra nación, extienden la zona de influencia mexicana 370.4 kilómetros sobre las aguas marinas en donde se permiten la explotación pesquera, además de recursos naturales, aún poco cuantificados.

Para nuestro país resultan de primordial jerarquía estas porciones de tierra, como ha quedado constancia a lo largo de nuestra historia. Ejemplo la isla de Clipperton o de la Pasión, en el Océano Pacífico, reclamada desde épocas virreinales por Portugal, España y Francia y en el siglo pasado por Estados Unidos de América, en 1930 y que en estudios recientes se llegó a la conclusión de que la zona podía contener 2 mil 500 millones de kilómetros cuadrados de yacimientos de cobre, níquel, manganeso, cobalto y otros metales.

Otro ejemplo es la isla Bermeja, en el Golfo de México, que cobra relevancia en 1997, cuando los gobiernos nuestro y el estadounidense buscaron firmar un acuerdo de explotación de  hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

Como parte de los alegatos, México esgrimió la posesión de la isla Bermeja como punto de referencia que definía los límites del mar territorial, la cual se encontraba registrada en las coordenadas 22 grados 33 minutos al norte, y 91 grados 21 minutos al oeste de Puerto Progreso, en Yucatán, y que impediría la exploración de estos recursos a Estados Unidos dentro de la zona denominada Hoyo Dona Oeste.

Como parte de la comprobación de límites, varios organismos fueron enviados a constatar la posesión mexicana, entre los que se encuentra la Marina Armada de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, tal extensión de tierra no fue encontrada, por lo que se considera que fue destruida.

Tal resultado provocó que la cota comenzara a 370.4 kilómetros mar adentro a partir del arrecife Alacranes, que se encuentra a 140 kilómetros del territorio peninsular, con lo que se considera que México perdió el derecho a explotar un aproximado de 22 mil 500 millones de barriles de petróleo.

Estos dos ejemplos nos dan una idea precisa de lo relevante de legislar en materia, por lo que la iniciativa que hoy se pone a consideración busca la defensa de muchos aspectos que interesan y deben interesar a nuestro país.

Los beneficios de la posesión adicional de aguas marítimas también se traduce en la captura de 100 mil toneladas de atún, además de recursos económicos por servicios turísticos principalmente.

En materia de organismos vivos, las casi 600 islas con que cuenta el noreste del país cuentan con 331 grupos endémicos de animales y plantas, lo que equivale a un 25 por ciento de riqueza mayor que las islas Galápagos.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, estas porciones de tierra sirven como santuarios de anidación, refugio de mamíferos marinos y reptiles, entre otros.

Debido a los beneficios que representan a nuestro país, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos una obligación que desde esta honorable Cámara de Diputados se resguarde la posesión del territorio insular con que cuenta México, a fin de decretar que su protección quede a cargo de los diversos órdenes de gobierno, para evitar excesos como los que en el pasado ha vivido nuestro país.

De acuerdo con la iniciativa, resulta imperativo poner cartas en el asunto, pues se encontró que dos islas mexicanas presuntamente se encuentran en venta vía internet, sin embargo, al hacer el análisis de la iniciativa esta cifra ha aumentado a por lo menos 15 islas mexicanas.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en sus artículos 27 y 48 la jurisdicción sobre territorio insular, la Ley Agraria puede desincorporarlos y enajenarlos a particulares. Sin embargo, la ley que permite estas transacciones se refiere a terrenos baldíos que se utilicen para el desarrollo de actividades económicas primarias, como la agricultura, sin hacer una distinción de que los terrenos de las islas no son aptos ni cuentan con los recursos naturales para estas actividades, como los que se encuentran a nivel continental.

Es por eso que la homologación de territorios, sin hacer distinción, va en detrimento de la riqueza natural que se encuentra en las islas mexicanas, además de que por su importancia son elemento primordial de soberanía nacional.

Por esta razón, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos que la reforma al artículo 6o. de la Ley General de Bienes Nacionales, que incluye al territorio insular como sujeto de dominio público de la federación y sitúa a estas porciones de tierra en los párrafos cuarto, quinto y octavo del artículo 27 constitucional, los coloca como inalienables, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Bienes Nacionales.

Al hacer una diferencia de estos bienes nacionales con los territorios continentales, impediremos su desincorporación y evitaremos dejar en manos de extranjeros parte importante de la soberanía nacional.

Es así, que al votar positivamente este dictamen, estaremos refrendando nuestro compromiso de defensa de los bienes nacionales y otorgaremos protección integral a la soberanía de suelo patrio y a sus riquezas para los habitantes de este país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento, para fijar postura de su grupo parlamentario.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañera presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los privatizadores no han logrado la cereza del pastel ni la lograrán, pero con las privatizaciones que comenzaron a impulsarse en el gobierno de Miguel de la Madrid y se profundizaron en el gobierno de Carlos Salinas, inició el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país.

Desde entonces esta práctica se ha hecho de acompañar de una intensa campaña de cortinas de humo, para ajustar el marco jurídico y hacer de las privatizaciones una práctica de rapiña para beneficio de unos cuantos.

La historia no nos dejará mentir, ya que durante sus administraciones se remataron 18 instituciones de crédito y se enajenaron 251 empresas del sector público, entre las compañías que se privatizaron se encuentra Telmex, Mexicana de Aviación, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, aseguradoras, ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles y tractores y de cemento, entre muchas otras; corrieron con la misma suerte, autopistas, puertos, aeropuertos y tierras ejidales. Estas privatizaciones fueron el parto de los multimillonarios que hoy engalanan la lista de Forbes.

Pero la entrega de bienes se extendió con Felipe Calderón, ejemplo de ello es la desmesurada entrega de concesiones para la explotación de recursos naturales a compañías privadas.

Ahora nos corresponde hablar de la comercialización de islas que se encuentran en el territorio nacional por parte de empresas extranjeras, lo cual resulta violatorio de la soberanía nacional y pone en grave evidencia la falta de control y vigilancia por parte del gobierno federal ante las violaciones al régimen constitucional y reglamentario de las normas en la materia.

Pero la enajenación a particulares no solo atenta contra la economía nacional sino que repercute también en el desarrollo económico y en el valor ambiental de las regiones por la creciente extinción de especies insulares, las cuales sobrepasan ya 50 por ciento del total de la fauna de la región.

Las lagunas legales permiten que en la práctica las islas sean consideradas en el régimen de terrenos nacionales o baldíos, y con ello puedan enajenarse o ser desincorporadas al amparo de la propia ley.

Pero esto no significa que la jurisdicción que mantenga la federación sobre las islas le permita conceder su explotación a particulares y, sobre todo, si son extranjeros, ya que el dominio de la nación debe mantenerse inalienable e imprescriptible, tal y como lo marca el artículo 27 de nuestra Constitución.

Por estas razones necesitamos fortalecer la legislación en materia de protección integral del territorio insular y de aguas adyacentes, para frenar el daño ecológico y la extinción de especies, con una visión de soberanía y sustentabilidad para el desarrollo de las comunidades y de los pobladores que habitan en ellas.

Votaremos, consecuentemente, a favor del presente dictamen, para otorgar certeza jurídica y evitar el saqueo al que nuestro país ha sido sometido por años.

Los diputados de Movimiento Ciudadano no solo estaremos al pendiente de los actos que atenten en contra de la soberanía de la nación en materia insular, sino también de los bienes y recursos, como lo es el petróleo, que ya anuncian con bombo y platillo algunos de los más connotados privatizadores. Muchas gracias a todos por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputada presidenta. Solo para decir que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoya este dictamen, así lo votamos en las comisiones y vamos a respaldar toda aquella propuesta que fortalezca a la soberanía nacional y la protección a nuestros recursos naturales.

Pero hay que señalar que esta ley no fue porque a alguien se le ocurrió simplemente, sino porque hay experiencias de cómo ha habido, con un afán de rapiña, digamos, o de hacer negocio con los bienes de la nación, hay quien lo ha hecho, ha enajenado bienes insulares y ha dañado con eso la fauna, la flora, la biodiversidad en México.

Y, por tanto esta ley por supuesto prohíbe dichas acciones y, por tanto, nos parece correcta y votaremos a favor. Pero también no está de más decir que sería bueno que no hubiera impunidad para aquellos acontecimientos, aquellas veces que se ha violado esto, que se han enajenado los bienes y que gente se ha enriquecido de manera alevosa con lo que es el patrimonio de todos los mexicanos, pues no debiera quedar en impunidad, debiera investigarse.

Son cuantiosos recursos, porque la riqueza de nuestro país –como sabemos– es muy grande, la riqueza en biodiversidad, la riqueza en recursos naturales, y algunos les ha importado muy poco, ya han visto cómo hace negocios con los bienes de la nación. Esta ley es buena, ayuda a fortalecer nuestra soberanía nacional y a proteger nuestros recursos naturales. Por eso, no les quito más el tiempo, vamos a votar a favor de este dictamen, nos parece valioso. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Agotada la lista de oradores, y al no haber reservas en artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que se encuentran de visita en este recinto, a invitación del diputado Felipe Arturo Camarena García. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz diputados, por favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): A favor.

La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga (desde la curul): A favor.

La diputada Verónica García Reyes (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, se emitieron 429 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Corrijo, 423 votos a favor.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma los artículos 6o, fracción 1 de la Ley General de Bienes Nacionales; y 162 de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Vamos a pasar directamente a la fijación de posturas de este dictamen. Tiene –para este objetivo– la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputada presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados. Teniendo como antecedente a la Junta de Zitácuaro de 1811, el Congreso de Chilpancingo, también conocido como Congreso de Anáhuac, de 1813, es históricamente la primera asamblea política mexicana que actuó libre de la autoridad española.

Convocado para instalarse el 13 de septiembre de 1813 por José María Morelos, fue en el Congreso de Chilpancingo en el que por primera vez de manera clara y contundente se votó y declaró la independencia en la América septentrional de la Nueva España.

También el Congreso de Anáhuac surge como el primer ejercicio parlamentario de debate e independiente en nuestro país. En él habrían de participar  algunos de los patriotas más notables de la insurgencia independentista; nombres tales como del tamaño de Andrés Quintana Roo, José María Cos, Ignacio López Rayón y Carlos María de Bustamante, son sólo algunos de los nombres que con su participación y rúbrica trazarían el destino de México como nación independentista.

En el Congreso de Chilpancingo el generalísimo Morelos dio lectura a Los Sentimientos de la Nación, documento clave para los mexicanos, ya que en su sustancia enarbolaba la manera clara de principios de emancipación, libertad y equidad entre los mexicanos y fluyó como un antecedente directo a la primera Constitución Política de México, la Constitución de Apatzingán.

Los Sentimientos de la Nación recogen, capitulan y reformulan las ideas propuestas y declaraciones del padre Hidalgo, López Rayón y de la Corte de Cádiz, así como del propio Morelos, quien incorpora por primera vez en la forma de un documento formal de gran calado, los reclamos de todo un pueblo oprimido.

Sin duda la escritura de los hombres, el espíritu y las ideas emanadas del congreso insurgente, deben trazarse hasta nuevos días.

Los mexicanos y nosotros como legisladores, no debemos olvidar las razones y las causas de los postulados emanados de los congresos libertarios de Anáhuac.

Olvidar implica devaluar y hasta banalizar su contenido; implica corroer su sentido elemental de justicia.

También el uso patrimonial y demagogo que algunos dan a estos postulados, vulneran su contenido y espíritu. Penosamente ese parece ser el impulso dominante de estos tiempos de rapiña política, de simulación y oídos sordos. Sería positivo que en este momento todos recordaran o conocieran los postulados derivados del Congreso Independentista, una lección de justicia y espíritu emancipador que debe sobrevivir al paso del tiempo.

Como muestra, en el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación se establecen algunos lineamientos básicos de justicia y equidad social que todavía hoy no se han cumplido. Éste dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte de aumentar el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Ante el tamaño de estos ideales y su innegable trascendencia en la construcción de un México soberano, la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano suscribe la iniciativa que reforma la fecha del 6 de noviembre como la promulgación del Acta de Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo en 1813 y adiciona la fecha del 13 de septiembre, Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana, al artículo 18 inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Es cuanto, señora Presidenta.

La  Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señora presidenta. Es el posicionamiento sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y el proyecto de decreto por el que se declara el año 2014 como año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

A lo largo de nuestra historia pueden identificarse varios grandes momentos que han marcado profundamente la vida de nuestra nación y han sido determinantes en cuanto a los derroteros por los que el país transita.

La guerra de Independencia, las batallas libradas por los liberales en la época de la Reforma y la Revolución mexicanas son, sin lugar a dudas, los tres grandes eventos políticos sociales que se constituyen como las piezas clave para entender la configuración del México contemporáneo.

En el contexto de la guerra de Independencia, de cuyo inicio conmemoramos un bicentenario apenas hace tres años, se enmarcan los dos acontecimientos a los que aluden los proyecto de decreto que hoy estamos discutiendo y que, junto a la publicación de los Sentimientos de la Nación, se erigen como tres de los momentos más trascendentales de la lucha por la libertad del yugo colonial.

Se entiende que entre la instalación del Congreso de Anáhuac en la Villa de Chilpancingo en septiembre de 1813, y la promulgación de la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, existe una línea de continuidad.

En ese período de poco más de un año de duración, lapso muy corto pero extensamente prolijo, tuvieron lugar acontecimientos que hoy en día siguen repercutiendo en la vida jurídico-política de la nación.

Las ideas contenidas en los tres documentos que vieron la luz en el período de 1813 a 1814 son la base sobre la que se funda la actual organización del Estado mexicano. Es decir, que sobre el Acta de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional, los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, se erige el país libre, soberano e independiente que hoy somos.

A través del Acta de Independencia del América Septentrional dada a conocer el 6 de septiembre de 1813, la nación mexicana se reconoce como tal y expresa su deseo de contar con voluntad propia, de ser libre y de alzar la voz para salir de la opresión en que había vivido al declararse libre e independiente de cualquier otra nación. Entonces se reconoce implícitamente como una nación diferente a la española.

Con ello, el levantamiento iniciado en 1810 deja de ser una guerra civil entre criollos y españoles para adquirir más el carácter  de una lucha por la independencia.

Por otra parte, hablar de los Sentimientos de la Nación, es hablar de uno de los textos políticos más importantes de la historia de México. En él se esbozan de manera general las líneas de proyecto republicano que quedó plasmado en la Constitución de Apatzingán.

En ella se establece que queda prohibida la esclavitud, que la ley debe ser igual para todos, que la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la presentación nacional compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos. Que el pueblo, a través de sus representantes, tiene la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más le convenga, y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación.

Como puede verse además de la organización republicana del Estado que propone y el establecimiento de libertades civiles, entre ellas de autodeterminación, los documentos del período 1813-1814 tienen un profundo contenido social en concordancia con el pensamiento político de José María Morelos y Pavón, la figura que destaca de la segunda etapa de la Guerra de Independencia, para quien la lucha por la libertad tenía el mismo valor que la lucha por la igualdad.

Morelos deseaba imprimir al movimiento de Independencia una legitimidad más profunda. Por ello inspiró al Congreso Constituyente de Anáhuac a que elaborara una constitución para la liberación de la América Septentrional, y estableciera una nueva organización política fundada en la igualdad.

Finalmente, cuando se analiza el período 1813-1814, no se puede dejar de señalar la enorme lección de compromiso de ética y de patriotismo que nos legaron los Constituyentes de Anáhuac.

Asimismo, a pesar de encontrarse en medio de una guerra que los orilló a trabajar bajo las condiciones más adversas y precarias, fueron capaces de elaborar un texto constitucional, tanto entonces como ahora, de incalculable valor para la nación.

Conmemorar la obra de los próceres que formaron parte del Congreso de Anáhuac y cuyos esfuerzos se vieron cristalizados en la publicación del Acta de Declaratoria de la Independencia de la América Septentrional, el 6 de noviembre de 1813 y la promulgación de la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814 es un acto que fortalece nuestra identidad nacional, afirma nuestro patriotismo y genera conciencia entre los mexicanos de la importancia de comprometerse con el interés supremo de la nación y de darlo todo por ella.

En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votaremos a favor de dichos dictámenes, que reforman  la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para conmemorar la promulgación del acta de declaratoria de independencia de la América septentrional.

Apoyaremos asimismo, el proyecto de decreto que declara el año 2014 como el Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Es cuanto, señora presidenta. Gracias a todos mis compañeros diputados por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando  Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputada presidenta. Es muy afortunado el dictamen que estamos discutiendo, porque  precisamente el Congreso de Anáhuac le da un giro a la lucha de independencia. El acontecimiento es fundamental y además nos da la oportunidad de entender el carácter de este personaje tan extraordinario de nuestra independencia, que es José María Morelos y Pavón.

Como saben, la lucha de independencia no termina cuando es derrotada la rebelión de Hidalgo y son fusilados los primeros héroes de la independencia; la siguen algunos, de una manera importante Ignacio Rayón, que fundan la Junta de Zitácuaro, y de ahí lo que ellos están discutiendo todavía en ese momento, y por eso es tan importante el Congreso de Anáhuac, lo que ellos están discutiendo y es parte de lo que decían los criollos ilustrados, es que América era parte de la corona española y que simplemente no tenían subordinación con la metrópoli, con España, y que  estaban en igualdad de circunstancias.

Ustedes recordarán que por eso mismo Hidalgo alaba a Fernando VII, lo declara como rey, pero estaba en ese momento preso por la invasión napoleónica, y lo que decían es: Somos parte de la corona, pero no somos subordinados a España, o a lo que era la metrópoli.

Entonces en esa fecha el Congreso de Anáhuac se reúne ya con la fuerza de Morelos, después del sitio de Cuautla y otros, que se va haciendo fuerte, sobre todo su popularidad va creciendo, él llega a Chilpancingo y establece ahí con fecha 15 de septiembre. Era muy importante la fecha.

Desde el principio ellos dijeron: Vamos a conmemorar dos fechas fundamentales; el 16 de septiembre, que es el grito de Dolores, y el 12 de diciembre, que es un elemento de identidad nacional, que es el de la virgen de Guadalupe.

Recuerden también que Hidalgo utiliza el estandarte de la virgen de Guadalupe como un elemento fundamental de identidad, pero esta fecha, el 6 de noviembre de 1813, ahí se proclama la independencia de América, no sólo respecto a España, a la metrópoli, sino incluso frente a la corona. Es el momento en que rompen el discurso de que América es parte todavía de la corona española y dicen que establecen una república, a diferencia de lo que era una monarquía, entonces se declaran independientes y además rechazan ya la monarquía. Es un paso fundamental.

Pero también tiene lo que le da ya la revuelta de Morelos, la revolución de Morelos, es un contenido social importante, influenciado, por supuesto, con las ideas liberales, ya había pasado la Constitución de Cádiz, fundada en los estados generales que se dieron en Francia, traen algunas ideas de la ilustración y además algunas ideas sociales, por ejemplo, protege a los trabajadores, establece el asunto de que los labradores sean los beneficiarios de sus rentas de lo que consigan en la tierra, y muy importante, abole obviamente los privilegios y establece ahí Los Sentimientos de la Nación, donde dice que hay modular, hay que moderar, tanto la opulencia como la indigencia, y que lo único que tiene que distinguir a los americanos es tanto la virtud como el vicio, que eso sea lo que distinga a los americanos y no obviamente los estamentos, los privilegios, las castas. Es un paso adelante. Obviamente también, que sea inviolable la morada y otras cosas de avance.

Está mezclado con un cristianismo muy fuerte, él era obviamente cura, es obligatoria la religión Católica, eso será de otras constituciones que luego se tomarán, porque recordemos que del Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, luego van a Apatzingán, ésa es una constitución fundamental que ya se hablará en el siguiente dictamen y que es fundamental para las constituciones liberales, la del 24, la del 57, luego la del 17, en la que estamos, pero lo clave aquí me parece es, respaldar la figura de Morelos.

Morelos es un caudillo que se somete al poder civil, porque lo que hacen en el Congreso de Chilpancingo, el Congreso del Anáhuac, es darle predominancia al poder civil. Y dicen –fíjense-, de alguna manera, lo visionarios que son, dicen: Concentrar el poder en una sola persona generaría tiranía, y por lo tanto, establecen un Poder Ejecutivo de entre tres personas rotativas y dicen que el poder militar tiene que ser separado del poder civil.

Nada más que lo que olvidaron en este Congreso, estos ilustrados, es que estábamos en guerra y le limitaron mucho el poder a Morelos, y lo interesante de todo es que Morelos se sometió en todo momento al poder civil. Nunca cayó en la tentación de usar el poder de las armas para establecer su voluntad de ese Congreso, incluso, luego sería detenido tratando de defender a los congresistas.

Esta figura del gran caudillo de Morelos que quiso someterse al poder civil, que quiso en todo momento respaldar, incluso, ante medidas absurdas que en ese momento tomó el poder civil. Ojalá que ése fuera un mensaje de buscar equilibrio de poderes y el hecho de no concentrar el poder en una sola persona.

Sirva esta conmemoración para reconocer no sólo la independencia de México que da ese gran giro de decir: Somos antimonárquicos, somos republicanos y nos independizamos de cualquier cuestión externa, sino también en aquilatar el gran personaje, la gran -yo diría- convicción democrática en ese momento de José María Morelos y Pavón. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, los acontecimientos históricos son parte de la memoria colectiva, misma que sirve para dar identidad a los pueblos y la constitución de las  naciones.

La promulgación del acta de independencia nacional por el Congreso de Chilpancingo, en el año de 1813 representa, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la construcción de nacionalidad mexicana y, al mismo tiempo, un cauce fundamental para desarrollar la lucha independentista en nuestro territorio.

El acta de independencia contiene las aspiraciones y propuestas de un pueblo. Retomadas por las personalidades más avanzadas de ese momento. Ahí están las ideas libertarias de don José María Morelos y Pavón, de don Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario Fernández, por nombrar solamente a tres de las grandes figuras que nos encauzaron hacia una patria libre y generosa.

El dictamen presentado por la Comisión de Gobernación reconoce esa trascendencia, al tiempo de recordar que en nuestro país se realizó la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en un 13 de septiembre, 24 años después.

Y es así porque el calendario conmemorativo de México es enorme y diverso, y en todas sus fechas hay ideales políticos que debemos conservar y difundir entre las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas.

Por tanto, creemos pertinente aceptar la observación que se propone, de mantener el día 6 de noviembre para conmemorar la promulgación del acta solemne de la declaratoria de independencia de la América Septentrional, por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en el año de 1813, tal y como lo propone el dictamen mencionado.

Señoras y señores legisladores, el acta solemne de la declaratoria de independencia de la América Septentrional, por el Primer Congreso de Anáhuac está en nuestros orígenes de nación y es la base de nuestra democracia moderna.

A dicha acta este país le debe su cimentación y nuestro partido, el Partido Acción Nacional, siempre ha reconocido su enorme trascendencia.

Hoy ratificamos ese reconocimiento votando a favor del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación. Por su atención, compañeros legisladores, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Manuel Añorve Baños: Amigas y amigos legisladores, subo a la tribuna porque como guerrerense me siento contento y orgulloso que el Congreso de la Unión le dé un justo reconocimiento a los hechos y a las acciones que fueron fundamentales para la construcción de nuestra nación.

Permítanme felicitar a todos los integrantes de la Comisión de Gobernación por el dictamen favorable de esta reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Es de justicia, compañeros legisladores, que se conmemore el 6 de noviembre y es loable el dictamen, porque precisa el motivo de la conmemoración que es la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo en 1813.

Es un antecedente histórico que se debe poner en su justa dimensión, y por tal razón cada 6 de noviembre en nuestro país se iza a toda asta la Bandera Nacional para recordar y reconocer este hecho histórico.

Hace apenas unos días instalamos precisamente la Comisión Especial de la Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, la cual me honro en presidir.

Cuando se discutió la necesidad de crear esta comisión se llegó a la conclusión de que su objetivo fundamental sería conmemorar el Bicentenario del movimiento constitucionalista mexicano que inició con el Congreso de Chilpancingo en 1813, de ahí la trascendencia que tiene hoy para los mexicanos el conocimiento de la obra del Congreso de Anáhuac, porque fue precisamente en su seno donde se sentaron las bases de la estructura política y jurídica que adoptaríamos como nación libre, independiente, y que hoy siguen vigentes.

Principios como el equilibrio y la división de poderes, el respeto de los derechos a la igualdad, propiedad, justicia y la libertad continúan formando parte de la estructura constitucional que hoy rige la vida de todos los mexicanos.

Por ello, la principal labor de esta comisión es impulsar y dar seguimiento a todas las actividades cívicas que exalten la importancia histórica del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos y Pavón. En este contexto se escribe lo que hoy se pone a consideración de este pleno.

Por nuestra parte ya hemos dado inicio a una serie de actividades legislativas que buscan rendir un merecido homenaje a la Constitución de Chilpancingo y su obra, ya se ha aprobado por la Junta de Coordinación Política la realización de una sesión solemne con motivo del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación en septiembre próximo, con la presencia de los tres Poderes de la Unión.

Asimismo, consideramos fundamental que el salón de sesiones de esta Cámara lleve el nombre de Sentimientos de la Nación, precisamente por mandato del voto popular los diputados tenemos la encomienda de representar los intereses de la nación.

Pero además de ello hemos llamado a la Secretaría de Educación Pública federal a que en ejercicio de sus atribuciones haga posible que todos los estudiantes del país conozcan y sepan de la labor realizada en 1813 por quienes son nuestros héroes nacionales.

Sin duda son muchas las actividades que tendremos que llevar a cabo para que realmente los mexicanos tengan la certeza de que la labor de nuestros antepasados fue colosal para su tiempo. Nos alienta que esta Legislatura esté haciendo todo lo necesario para rendir un justo homenaje y conmemorar estos hechos históricos que dieron vida a nuestra nación. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a alumnos del Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro, Plantel 22, Real de San Miguel, que se encuentran presentes con nosotros. Invitados por la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves.

También saludamos a la Escuela Primaria Sotero Prieto y a la Escuela Primaria 20 de Noviembre, con los grupos de cuarto a sexto grado. Invitados por el diputado Fernando Cuéllar. Bienvenidos, bienvenidas, a todos y todas.

Saludamos también la presencia de integrantes del Sistema Producto Guayaba, del municipio de Calvillo, del estado de Aguascalientes. Invitados por el diputado Raudel López López. Bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz, diputados, por favor.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, le informo que se emitieron 421 votos en pro.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Cuántos?

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Permítame, diputada presidenta. De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Montalvo Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Raymundo King de la Rosa (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Presidenta, le informo que se emitieron 426 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que declara el 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Salvador Ortiz García, hasta por cinco minutos.

El diputado Salvador Ortiz García: Con su permiso, compañera presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Antes que nada quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación el haber aprobado el dictamen de la presente iniciativa presentada por un servidor, para que sea declarado el 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Ya se ha señalado que por su forma republicana, la Constitución de 1814 en Apatzingán, influyó en las futuras constituciones. En su federalismo retomó los ideales republicanos de representación popular y el sentido de la soberanía, principios que desde entonces fueron incluidos en todos los textos constitucionales.

El texto redactado en Apatzingán, fue base de los principios políticos que dieron forma al actual Estado mexicano. La Constitución de Apatzingán cumple precisamente el papel de fundación del Estado y es por ello nuestra Constitución constituyente.

Los postulados de soberanía popular, la forma republicana de gobierno, la división de poderes, las garantías individuales y el aliento programático que recorre todo su texto, fueron los postulados de todo quehacer constitucional, poner el sello del Estado y hacer de suma importancia, la existencia política de esta nación.

La Constitución de Apatzingán es un gran referente para la vida constitucional de nuestro país, antecedente de los derechos y garantías de todos los mexicanos. Cumplió en la historia de México para la fundación del Estado de derecho y libertades que hoy en día son fundamentales para la vida democrática de nuestra nación moderna.

Conmemorar el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, significa solemnizar el poder constituyente de la fundación del Estado mexicano, una gran oportunidad para rememorar todos los años de lucha cívica e histórica, para que se reconozcan los derechos fundamentales consagrados en nuestra actual Constitución.

Sabemos que los derechos reconocidos de los mexicanos nos han llevado a avanzar en un país democrático y tenemos que alcanzar el país equitativo y próspero que todos merecemos, con los derechos y garantías constitucionales reconocidos en los textos fundamentales.

Los festejos que se lleven a cabo con esta conmemoración, habrán de valorar el sentido de libertad, afirmando los valores de unidad, patriotismo y profundo respeto por la historia de nuestra nación mexicana.

Celebremos la aprobación de este dictamen, el cual nos hace a todos partícipes de enriquecer el bicentenario de la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar la postura de su partido tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañera diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, el 22 de octubre de 1814 se sancionó y aprobó con el nombre oficial de decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, lo que comúnmente se conoce como la Constitución de Apatzingán, que constituye el antecedente de todas las constituciones mexicanas posteriores, al ser la primera escrita en territorio nacional.

Lo anterior es motivo suficiente para rememorar este evento, como una de las fechas emblemáticas de nuestra historia nacional. Por ello, Movimiento Ciudadano expresa su beneplácito por este dictamen que establece el año 2014 como el año Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Pero por si el honor de ser la primera de las constituciones mexicanas no fuera mérito suficiente, el contenido de este documento histórico es de gran valor. En él se plasmaron conceptos que han sobrevivido a todos los textos constitucionales posteriores, hasta llegar a nuestras normas actuales.

Sin duda el más representativo de ellos es el reconocimiento de la soberanía popular, la conceptualización de que el poder reside en el pueblo, que son los habitantes de la nación quienes la sostienen y que los ciudadanos depositan dicha soberanía en el Congreso mediante la elección de sus representantes.

Fue en ella donde se reconocieron también como ciudadanos, por primera vez desde la Conquista, a todos los nacidos en el territorio nacional, eliminando de una vez por todas el sistema de castas y, más importante aún, aboliendo la esclavitud. Se estableció la libertad de prensa y la libertad de expresión de las ideas. Fueron establecidas las bases de la república que serían rescatadas en constituciones posteriores, vía la división de poderes.

En este breve recuento, podemos dimensionar que el documento impulsado por Morelos no sólo fue pionero temporalmente, sino también conceptualmente en el diseño del México actual.

Es cierto que dicha norma se escribió al calor de la lucha por la independencia y que en realidad nunca pudo ser implementada a cabalidad en el territorio nacional, ya por la muerte de los líderes de la independencia, ya por el asedio de las tropas realistas. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán recogió los ideales de quienes combatían por la independencia y por una patria más justa.

Por estas razones en Movimiento Ciudadano celebramos el esfuerzo por recuperar la memoria histórica de este tramo de la independencia, sobre todo aquí en este recinto, como un recordatorio para todos nosotros, supuestos representantes de la soberanía popular, para no cejar en nuestro compromiso de mejorar al país desde esta trinchera.

En Movimiento Ciudadano –podemos decirlo con plena convicción– nos inspiramos por el ejemplo de Morelos y los participantes en la elaboración de la Constitución de Apatzingán para que nuestro trabajo legislativo arroje las mejores leyes posible, basadas en las aspiraciones de la alternativa de nación que representamos, aun si muchos de los que nos precedieron no han visto la tarea culminada y aun si nosotros mismos no la podemos concluir en esta Legislatura.

Estamos seguros de que la semilla del buen trabajo legislativo germinará. Por ello, bienvenida pues la conmemoración y la inspiración de este 2014 como Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Compañeras, compañeros, quiero en primer lugar felicitar el esfuerzo y la iniciativa de mi querido paisano, diputado por el distrito de Apatzingán, que ha planteado este importante punto;.

Que sin duda es en estricta justicia votar y aprobar este dictamen como creo que se hará, porque además hoy, sin duda, es la oportunidad para traer al presente y traer a la memoria estos hechos tan relevantes de nuestra historia nacional.

Declarar como el Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán es también honrar la memoria de un gran michoacano como lo fue don José María Morelos y Pavón.

A 200 años de distancia habría que decir que siguen pendientes muchos de los temas por los que Morelos luchó y ofrendó su vida, no solamente luchó, sino que entregó su vida convencido de que México podría ser una patria mejor en la que hubiera justicia para todas y para todos.

Muchos de los legados, de los postulados en los Sentimientos de la Nación vamos a estar de acuerdo, todas y todos, que hoy siguen sin hacerse realidad. Honrar entonces esta fecha tan importante es recordar y reconocer que estos acontecimientos de la mayor relevancia fueron y son los cimientos de lo que hoy es nuestra República.

Fue el cimiento, el planteamiento original que dio vida a lo que hoy es el gobierno de la República, después de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro.

Es y da  vida a lo que hoy es nuestra Suprema Corte de la Nación con la instalación del Supremo Tribunal de Ario, y fueron y son los cimientos que hoy dan vida a nuestro Congreso con  Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Pero también hay que decir que a 200 años de distancia hay muchas deudas pendientes. Morelos fue un michoacano, moreliano, entregado y comprometido con la causa social, muchas de las cuales hoy siguen pendientes de resolverse, porque solamente ilustraría un hecho que me resulta relevante. Morelos vivió una buena parte de su vida en Carácuaro, Michoacán, hoy ese pueblo, Carácuaro, Michoacán, donde Morelos vivió una buena parte de su vida, no tiene ni siquiera señal de teléfono.

En pleno siglo XXI ese pueblo, que sin duda fue motivo de fortaleza e inspiración de Morelos,  hoy sigue en el abandono total, pero que además el bicentenario de la  Constitución se haya convertido en el momento y la coyuntura no para hacer las grandes obras y poder iniciar una nueva etapa en el desarrollo del país, sino más bien pareciera ser el cimiento para la construcción de un gran monumento a la corrupción.

No entraré en polémicas ni en detalles, pero para ejemplo basta recordar el fallido proyecto de la Estela de Luz. Mil 200 millones de pesos que equivaldrían al presupuesto como de 100 años de Carácuaro, están ahí reflejados, cuestionados como un hecho que solamente generó corrupción y malos manejos de los recursos. Y así podríamos señalar en ejemplos donde la conmemoración del bicentenario, en lugar de ser la motivación para traer a la memoria y tomar los ejemplos de estos grandes hombres, solamente sirvió para expresar banalidades y antojos personales.

Por eso hoy me parece pertinente, saludo este esfuerzo, esta iniciativa pero además resulta pertinente también decir que Michoacán, a 200 años de ser la cuna de los principales acontecimientos de la historia y de los hechos relevantes que dieron la transformación al país, vive severos problemas de desempleo, de inseguridad, de rezago, de atraso y que justo con este hecho, este pronunciamiento habría que hacer conciencia y a eso llamo a mis queridos paisanos de todas las fuerzas políticas, a que juntos reflexionemos sobre esta situación y podamos encauzar estos acuerdos para lograr que Michoacán sea el estado que todas y todos aspiramos.

Felicidades y muchas gracias, presidenta. Por supuesto que habremos de votar a favor del dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Bancaria y Comercial del Distrito Federal, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta. Bienvenidos.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores, el día de hoy nos ocupa la oportunidad de conmemorar las grandes aportaciones que la Constitución de Apatzingán realizó para la conformación del Estado mexicano, así como la salvaguarda del interés legítimo de la población para establecerse como una república independiente y soberana.

Este ordenamiento jurídico fue promulgado el 22 de octubre de 1814, por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja, la Constitución fue válida para las fuerzas insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la guerra de independencia.

La Constitución de Apatzingán se encuentra entre las primeras del mundo hispanoamericano, solamente le anteceden algunas cartas provinciales colombianas, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela y la propia Constitución de Cádiz.

Uno de los aspectos más relevantes de esta Constitución fue la división de Poderes, planteada en dicho ordenamiento. Se estableció que estos tres Poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial no deben de ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Asimismo, menciona la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, aspectos que determinaron la Constitución de la soberanía, la cual reside, se dice, originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba la propia Constitución.

Asimismo, se estableció que la ley debe ser igual para todos y que todos los ciudadanos son inocentes mientras no se les declare culpables, por lo tanto, se establecieron con ellos los principios básicos para la correcta impartición de justicia, que sería la consolidación del correcto ejercicio del Estado de derecho en beneficio de la salvaguarda, de la libertad de todo ser humano.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el Estado, como sociedad política, requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad. Requiere también del recto ejercicio de la autoridad, que no es el mero dominio de hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la justicia y la seguridad y la defensa, respeto y protección de la persona y del bien colectivo nacional.

En cuanto a la educación se dispuso, que la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder y al Poder Legislativo correspondía en exclusiva favorecer todos los ramos de la industria, facilitando los medios de adelantarla y cuidar con singular esmero de la ilustración de los pueblos, situación que encuentra eco en la ideología de Acción Nacional, que establece como responsabilidad del Estado mexicano, así como de la sociedad misma, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos y completos.

Señoras y señores, para Acción Nacional, la opresión y la injusticia son contrarias al interés nacional, y degradantes de la persona humana. Resultan del ejercicio del poder para fines que no le son propios o por un gobierno que no sea expresión auténtica de la colectividad nacional.

La Constitución de Apatzingán, reconociendo al gran mexicano que la ideó, don José María Morelos y Pavón, representó esta voluntad soberana de una nación independiente y libre, para construirse bajo un gobierno autónomo que velara por la igualdad de la población.

Por tanto, este ordenamiento jurídico dio lugar al establecimiento de los ideales republicanos, que son hoy piedra angular de la conformación del moderno Estado mexicano.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoya este dictamen para que se conmemore el año del 2014 como el año de la Constitución de Apatzingan. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Romero Valencia: Queda rota para siempre jamás, y disuelta, la dependencia del trono español. Este antecedente del Congreso de Anáhuac nos obliga hoy a pronunciarnos a favor de este decreto, toda vez que recordar y conmemorar la Constitución de Apatzingan es recordar y conmemorar nuestra historia, historia que nos dio patria y fue cauce para dar rienda suelta a ese espíritu libertario que nos une e identifica a los mexicanos.

Como bien lo señaló el proponente, por cierto un diputado priísta, saludamos y aplaudimos que otros grupos parlamentarios se adhieran y se unan a este punto, las naciones modernas no se comprenden sin fundamentos legales que den sustento a su existencia ante otras naciones. De ahí que los procesos de independencia de los pueblos se consideren hitos importantes en su desarrollo al ser los que inician su nacimiento como nación soberana.

La Constitución de Apatzingan es resultado del Congreso de Chilpancingo y tuvo su mejor asidero en el pensamiento político francés y en la Constitución de Cádiz.

Las plumas que dieron forma a su articulado fueron una nítida expresión de la conciencia social que repudió las desigualdades, la discriminación y la exclusión en la Colonia.

La libertad de la América mexicana fue la proclama primigenia para las libertades que hoy profesamos. Fue el inicio de la soberanía popular, fue la manifestación clara del espíritu representativo y republicano que hoy nos sigue inspirando.

El texto de 1814 rezaba: “la soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba la Constitución.

Así quedó consagrada la facultad de dictar leyes y de que los ciudadanos pudieran establecer la forma de gobierno que más conviniera a los intereses de la sociedad, teniendo en todo momento el derecho incontestable de establecer, modificar o abolir el gobierno que más conviniese a su felicidad.

La Constitución de Apatzingán fue un parteaguas en la historia del pensamiento político y jurídico de México, ya desde entonces nuestra vocación pacifista se expresó en el principio de respeto al derecho de las naciones y en el establecimiento de la paz, postulados que han sido base de la doctrina internacionalista que ha guiado la política exterior de México otorgándonos reconocimiento mundial.

Resulta evidente que hoy más que nunca necesitamos regresar a nuestros orígenes, como el de la primacía de la ley tanto para los gobernantes como para los gobernados; entender de una vez y para siempre que la cultura de la legalidad no es un comprometimiento de la razón ni de la libertad, sino un sacrifico de la inteligencia particular a la voluntad general.

Tres son las atribuciones de la soberanía, ordenaba el texto constitucional:

La facultad de dictar leyes; la facultad de hacerlas ejecutar;  y la facultad de aplicarlas en casos particulares, división de poderes sobre la cual descansa aún hoy el Estado mexicano y el estado de derecho.

Estado de derecho que se objetiva en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, ya desde entonces reconocidos en su más pura esencia, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad, derecho a la propiedad y derecho a la libertad. Sin duda un texto constitucional moderno, humanista y ético que descansa sobre la base de la dignidad del ser humano.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hablar de la Constitución de Apatzingán es referirse al espíritu indomable del pueblo de México, es recordar el rumbo que como nación debemos seguir y es desde luego el resumen de los legítimos anhelos y aspiraciones que se han anidado día a día en el corazón del pueblo de México. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Quiero saludar a estudiantes de la licenciatura de Derecho, de la Universidad Tecnológica del Centro de México. Invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, que están presentes hoy aquí con nosotros.

También saludamos al Colegio México Cultural, alumnos de primaria y secundaria, de la delegación Iztapalapa. Invitados por la diputada Ruth Zavaleta Salgado. Bienvenidos.

Igualmente, están también presentes la Asociación Juvenil, Todos con Aguascalientes. Invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga. Bienvenidos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 416 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto que declara el año 2014 como: Año del Bicentenario del a Promulgación de la Constitución de Apatzingán. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que deroga los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal.

Para hablar en lo general de este dictamen, tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que se somete a consideración de este cuerpo colegiado en el que se propone la derogación de los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal, en lo que se refiere a los esponsales, es una oportunidad de responder a un cambio social de una institución que se considera en desuso y obsoleta.

Los esponsales constituyen una promesa matrimonial que se otorga por escrito y es mutuamente aceptada por las partes. Esta promesa no produce la obligación de contraer matrimonio y no puede prever penalidades por su incumplimiento, es un contrato preliminar o preparatorio por medio del cual ambas partes se obligan a celebrar un contrato a futuro determinado que no pueden o no desean celebrar por el momento.

Así para realizar esta promesa se requiere que el valor tenga 16 años y la mujer 14 por lo menos. En este caso el consentimiento para otorgar la promesa de matrimonio lo darán sus representantes legales. Para nuestro grupo expresamos el acuerdo con la derogación de esta figura de la legislación civil federal, en razón de que atenta contra el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, porque si la promesa de matrimonio deriva en casamiento durante este periodo de la vida, entonces se estaría privando al niño o a la niña de disfrutar de la adolescencia en razón de que tendría que enfrentar otras obligaciones distintas al estudio, la diversión y aspiraciones naturales de esa etapa de madurez progresiva, cambiándolas por deberes de sostener un hogar, embarazo y hasta un parto prematuro lo que representa un alto riesgo de mortalidad infantil e incluso poner en riesgo la vida misma de la niña.

También consideramos que en el contrato de esponsales quien otorga el consentimiento es el representante legal del niño o niña, transgrediendo uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional ratificado por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990.

Dicho principio consiste en el derecho de todo niño, niña o adolescente a opinar en todos los asuntos que le afectan y a que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones.

Es decir, mientras que tratándose de una persona mayor de edad ésta puede decidir lo que le resulta más favorable. En el caso de niñas y niños es otro quien decide lo mejor para el titular del derecho. En este caso los padres, tutores, autoridades jurisdiccionales o administrativas estrían decidiendo quién es la pareja adecuada para la persona menor de edad.

De igual forma existen otras figuras jurídicas y sociales de relación en pareja como las sociedades de convivencia y la unión libre, lo que deja a la figura de los esponsales sin mayor relevancia jurídica en el país.

Finalmente se enfatiza que es pertinente la derogación de esta figura porque el noviazgo no necesariamente es una promesa de matrimonio. Ese dato es relevante en razón de que esta figura de los esponsales permite solicitar en juicio una indemnización a título de reparación moral por incumplimiento de la promesa, lo que consideramos inadecuado debido a las nuevas formas de relación de pareja en el que el matrimonio es una decisión personal y existe la libertad de los individuos a prosperar o no en ese compromiso jurídico.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta imprescindible que los cuerpos normativos con que cuenta el país, sean útiles para resolver las necesidades reales de la sociedad. Por ello las diputadas y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de derogar la figura de los esponsales en el Código Civil Federal, dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. Si queremos un México moderno, debemos empezar en casa, educando a nuestros hijos, fomentarles el estudio, la lectura, la cultura en todas sus categorías; impulsar sus ideales y sueños.

Enseñar a las niñas y niños que no sólo van a crecer para casarse. Si queremos igualdad, erradiquemos esas figuras arcaicas de nuestra legislación.

El día de hoy ante el pleno de esta honorable asamblea, se somete a su consideración un dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Justicia, por el cual se derogan  las disposiciones articuladas que comprenden el capítulo uno del título quinto del Código Civil Federal, denominado “de los esponsales”.

El dictamen en comento tiene por objeto desaparecer de nuestro horizonte jurídico vigente los enunciados legales que soportan y dan vida a la institución de los esponsales, con la finalidad de inhabilitar a la postre de la Federación con los preceptos que determinan una figura jurídica y social anquilosada en otra realidad diversa y por lo mismo insustancial e improcedente para responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de la sociedad mexicana actual.

La prioridad de toda legislación es que ésta sea acorde con la realidad social de los destinatarios de las mismas, así el conjunto de normas que conforman el marco jurídico de cualquier Estado, no deben reflejar más que la expresión de los valores sociales en un tiempo y espacio determinado.

Las transformaciones en la vida social de una comunidad, son impulsadas por varios factores como los cambios culturales, las nuevas orientaciones de conciencia y la evolución en las formas de entender el mundo.

Lo cierto es que hoy por hoy el orden jurídico de nuestro país se siguen contemplan y regulando figuras jurídica que resultan por demás inoperantes y en un completo desuso.

La sociedad mexicana se encuentra deseosa y a la espera de contar con diseños y dispositivos legales vinculantes que generen convivencias armoniosas, respetuosas y de equidad, siempre bajo el amparo y la tutela de auténticos ordenamientos positivos, viables y funcionales en su extensión e implementación.

Es probable que esta aspiración de contar en nuestro cuerpo jurídico con disposiciones normativas acordes a la realidad imaginada, constituya uno de los temas centrales en el desarrollo de nuestro mal logrado Estado de derecho.

Durante mucho tiempo hemos sido testigos de la permanencia y formulación de entramados legales diferenciados bajo el argumento endeble y escurridizo de la existencia de circunstancias, valores e inercias socioculturales e históricas, también diferenciadas.

Sin embargo las normas son enunciados comunitarios que con el transcurrir del tiempo se interiorizan y expresan de forma disímbola, generando prácticas y conductas rutinarias e institucionales en el universo social.

Un claro ejemplo de lo anterior es la figura de los esponsales que aún permanece regulada en el Código Civil Federal dentro del Título Quinto denominado Del Matrimonio, y por consecuencia en diversos códigos civiles locales.

La finalidad de este término es instituirse como una condición previa al matrimonio, la cual contempla un conjunto de promesas que se formulan entre dos personas emocionalmente unidas. Sin embargo, resulta sorprendente que este tipo de formas sigan teniendo vigencia en nuestro derecho positivo, primordialmente por dos factores. El primero de éstos es la baja de la tasa de matrimonios y el aumento en la tasa de divorcios en la última década, fenómeno que sin duda alguna encuentra como causa principal la incursión de la mujer en la vida social, política y económica y su participación activa en todos estos ámbitos, cosa que antes le estaba negada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, del año 2000 a 2011 el porcentaje de matrimonios se redujo en un 19 por ciento y el de los divorcios aumentó en 74 por ciento.

Otro aspecto que va muy de la mano con lo antes comentado son los cambios en la concepción de la familia tradicional y con ello el reconocimiento de nuevas formas de unión como lo son el concubinato, la sociedad en convivencia y la cohabitación, que si bien no constituyen un sustituto perfecto del matrimonio, son opciones reales, por lo que la legislación ha buscado, a través del fortalecimiento de éstas, crear la confianza necesaria entre las personas que deseen colaborar con una empresa en común, llámese familia, plan de vida, etcétera, cuyo éxito requiere una intervención enorme de recursos y tiempo de ambas partes.

Con base en todo lo anterior y reconociendo que actualmente la figura de los esponsales sobre todo tiene efectos de tipo social, coincidimos en la derogación de los artículos que la contemplan en el Código Civil Federal.

Nuestra obligación como legisladores responde eficientemente a las exigencias de la sociedad en concordancia con la realidad actual de la misma. Pero también es necesario echar a andar las acciones pertinentes a fin de que se homologuen los criterios en cuanto al contenido de las leyes en el ámbito federal y local.

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del dictamen a discusión. Muchas gracias.

La  Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, Presidenta. Quiero agradecer en primer término a la diputada Verónica Juárez Piña, con quien tuve la oportunidad de suscribir esta iniciativa durante la Comisión Permanente.

Asimismo, hacer un reconocimiento a la Comisión de Justicia por la inmediatez  y eficiencia con la que resolvió este dictamen.

El Código Civil Federal establece, en su artículo 139, la promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada. Eso constituye los esponsales. Se encuentran en posibilidad de celebrar esponsales el varón que ha cumplido 16 y la mujer que ha cumplido 14 años. Durante la anterior Legislatura fue presentada una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, de manera que esta promesa sólo pudiera realizarse entre mayores de 18 años; sin embargo, el proyecto que nos fue sometido a consideración de la Comisión de Justicia, justificaba que el interés superior de la infancia ya se encontraba tutelado por los padres de los menores de edad.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no comparte esta idea, ya que contraer ése tipo de compromisos conlleva a obligaciones que impactan en forma permanente la vida de las personas.

Por eso consideramos que deben ser asumidas al cumplir la mayoría de edad. Por lo que resulta insuficiente la aprobación de los padres de los menores que se han prometido contraer matrimonio, como bien señalaba la diputada que intervino por el Partido Nueva Alianza.

Asimismo, es importante recordar que en nuestro país existen regiones en las que los usos y costumbres aprueban este tipo de promesas, pero en muchos casos, esto se presta al intercambio de niñas y adolescentes por bienes materiales o dinero. Pese a esto, coincidimos en que esta figura ha venido en desuso.

Al respecto, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para  contraer matrimonio y el registro de los matrimonios en su artículo 1o, inciso 1) prohíbe la institución de esponsales por considerarlos como prácticas reprobatorias de la sociedad al señalar lo siguiente, cito textual:

No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes expresado por éstos en persona, después de la debida publicidad ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos de acuerdo con la ley.

Conforme a esta premisa, en los países desarrollados no se contempla a la institución de los esponsales por razones amplias. En cambio, en nuestro país, a pesar de que dicha figura dejó de ser vigente para nuestro derecho positivo mexicano, aún en nuestro Código Civil está prevista, por lo que el presente dictamen tiene como propósito derogar de dicho ordenamiento la figura jurídica de los esponsales, toda vez que es una práctica que no produce consecuencias legales.

Es importante destacar que en las entidades federativas, tales como Coahuila,  Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas, los legisladores han derogado la institución de los esponsales de los códigos civiles locales.

Ahora bien, con estos cambios que se están dando en la sociedad es imposible ignorar lo evidente, pues la misma sociedad exige que en derecho evolucionen y se mantenga a la vanguardia de otros países e, inclusive, de otras entidades federativas de nuestro país, y por ello el legislador permanente no puede pasar por alto estos cambios en beneficio del pueblo de México.

Por lo expuesto, el  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del dictamen que se somete a nuestra consideración. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo más oradores registrados, se solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recoger votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El  Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a líderes sociales de la colonia Margarita Maza de Juárez, del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por la diputada Norma Ponce Orozco, que se encuentran hoy con nosotros.

El Secretario diputado Javier Orozco  Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

La diputada Petra Barrera Barrera (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (desde la curul): A favor.

La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor.

El diputado José Everardo Nava Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Flores Méndez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): A favor.

La diputada Areli Madrid Tovilla (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Flemate Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfin (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villareal García (desde a curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se emitieron 408 votos en pro, 2 abstenciones y 2 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que deroga los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, por 408 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por la Comisión, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, hasta por cinco minutos.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares: Con su venia, presidenta. Compañeros, compañeras, diputados y diputadas, es innegable que el tema del medio ambiente y el cambio climático forman parte de las agendas de los gobiernos, sin embargo, los resultados relativos a su cuidado y protección son relativamente pocos, toda vez que los intereses económicos e incluso políticos se han impuesto.

La Revolución Industrial trajo como consecuencia un cambio radical en los sistemas de producción. Lamentablemente, dejó a un lado las cuestiones referentes a la contaminación ambiental, ocasionando graves daños a los ecosistemas por la generación del material residual.

La apertura de los mercados comerciales también contribuyó al incremento de contaminación ambiental, pues al existir una mayor competencia en el sistema de precios, las empresas tuvieron que maximizar su producción, ventas y beneficios.

Lo ecológico ya no es solo una moda que se pueda asociar a snobs o verdes radicales. Tanto consumidores como productores y elaboradores han apostado por una forma de vida que beneficie a la salud y al medio ambiente, contribuya al desarrollo sostenido, fomente el comercio justo y un consumo responsable por el simple hecho de alimentarse.

Asimismo, la cantidad de contaminantes y productos tóxicos a los que se ven sometidos hoy en día los seres humanos, ha incrementado de manera sustancial una serie de patologías cancerígenas y alérgicas en la población.

Hoy en día las empresas se han visto obligadas a desarrollar programas para minimizar los daños medioambientales, derivados de sus actividades y de su producción, afrontando de esta manera las presiones de la administración y opinión pública.

En los últimos años se han podido observar cambios considerables en la percepción pública sobre este problema, propiciando una participación activa de la población para conservar el planeta.

Como consecuencia de lo anterior, desde finales de los años ochenta se originó un bum por los negocios y consumos de productos verdes, que obligó a los países de la Unión Europea a crear una normatividad para regular su etiquetado y poner en orden la publicidad de numerosas mercancías que se ostentaban como tales.

Lo verde, al ser un mercado que continua en crecimiento, ha propiciado que varias personas se aprovechen de esta situación y como estrategia de mercadeo lancen productos y servicios ecológicos o verdes para captar a ese segmento de población interesada en cuidar el medio ambiente, pero los cuales no están sujetos a un sistema de control que garantice la veracidad de su oferta.

A pesar de la crisis económica en Estados Unidos a final de 2008 y durante 2009 la actividad de los negocios verdes no se vio tan perjudicada e incluso sectores como el de eficiencia energética tuvieron un estímulo debido a que la necesidad de recortar costos de operación, con el fin de mantener la competitividad fue cada vez más valorada por los ejecutivos, las mesas directivas y los accionistas de las compañías.

La etiqueta ecológica constituye un sistema de certificación, cuyo objetivo es ayuda a los consumidores a identificar los productos y servicios con las mejores repercusiones sobre el medio ambiente. Los esfuerzos para formular una etiqueta ecológica común tuvieron en consideración los intereses de todos los Estados miembros de la Unión Europea y la visión de un mercado único de gran éxito.

Antes de que la propia unión se percatara de la confusión causada por los fabricantes con la proliferación de falsas etiquetas Alemania ya había propuesto que la etiqueta estuviese otorgada de acuerdo con el impacto que tiene en el medio ambiente.

De esta manera, en los últimos 10 años, la etiqueta ecológica se ha convertido en un símbolo de alcance europeo que identifica los productos y proporciona a los consumidores orientación e información sobre los productos.

Países como Noruega, Suecia y Finlandia, conocidos como el Cisne Nórdico, y Alemania, el Ángel Azul, o regiones como Cataluña, han elaborado sus propias etiquetas que comprenden una gran cantidad de productos y problemas ambientales.

En Latinoamérica, Brasil y Chile, tienen etiquetas para productos forestales, Colombia para flores y Costa Rica para la empresas que participan en la mitigación de las emisiones que contribuyen al cambio climático, al igual que para las que lo son propietarios de un vehículo e invierten en la plantación de árboles que contrarrestan las emisiones.

Una encuesta realizada este año por la National Geographic Society a 17 mil consumidores, que representan el 75 por ciento del gasto de energía en el mundo, muestra que los consumidores con conciencia ecológica son un nicho que crece con rapidez, por lo que resulta potenciable.

Basta decir que, el 15 por ciento de los mexicanos consumen este tipo de productos, los consumidores europeos quieren cada vez más productos ecológicos. Para reforzar el sistema de etiquetado verde a partir del mes de julio de 2010 se puso en circulación una nueva y única etiqueta obligatoria que certifica que el producto alimenticio pasó los controles de la Unidad Europea y facilita su consumo.

La implementación de la etiqueta en nuestra legislación representa un peldaño en el tema del cuidado ambiental, sin embargo podría significar una forma de comenzar a generar herramientas que ayudarán al consumidor a elegir el bien o servicio que mejor le acomode.

En atención a lo anterior es que presento el proyecto, con el objeto de promover la utilización de etiquetas ecológicas en bienes y servicios que a través de pruebas científicas demuestren menores repercusiones en el medio ambiente. –Termino, presidenta.

De lo contrario quedaría prohibido utilizar etiquetas con los términos ecológico, bio, eco, verde, sustentable, amigable, amigable con el ambiente o cualquier otro apelativo que pueda ser relacionado ni en campañas publicitarias para evitar la confusión en los consumidores.

Estamos convencidos que con esta medida se contribuirá a que los medios de producción tomen consciencia que generar riqueza y cuidar el medio ambiente no están divorciados y que la implementación de tecnologías limpias en el desarrollo de sus actividades les traerán beneficio a ambas partes.

En resumen la minuta pretender reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor a efecto de que la información y publicidad proporcionada por prestadores de servicios o de bienes —termino, presidenta—, en publicidad, envases, empaques, envolturas, etiquetas, sea no solo adecuada y clara, sino certera y veraz; bajo ese esquema se aprueba que la Profeco pueda ordenar el retiro de información y publicidad de etiquetas, empaques, envases, envolturas y demás formas de promoción cuando no se cumpla con los valores de certeza, veracidad, claridad y adecuación a las normas.

A la luz de lo anteriormente expresado, se solicita a esta soberanía tenga a bien aprobar el presente proyecto. Es cuanto, presidenta. Muy amable por su generosidad.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para fijar postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia; compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La confianza es un principio básico sobre el cual se sustentan las relaciones comerciales que se materializa cuando quien consume o adquiere un producto o servicio tiene la certeza que él mismo cumple con los requerimientos necesarios por los cuales se paga un determinado precio.

Recíprocamente cuando un vendedor o un prestador de servicio recibe un pago en contraprestación del producto o servicio que ofrece. El Estado tiene la obligación de generar y hacer respetar el marco jurídico institucional que brinde certeza a las relaciones comerciales y que, en caso de infracción a la norma, se apliquen las sanciones correspondientes en estricto apego a la ley, considerando que tanto los derechos humanos como las garantías sociales encuadran los derechos de los consumidores.

Desafortunadamente el consumidor final constantemente se encuentra expuesto a sufrir toda clase de engaños, abusos y condiciones excesivas impuestas por los proveedores, sin que la autoridad correspondiente pueda hacer algo para evitarlo.

En este sentido, consideramos que la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor es positiva al establecer en la norma la obligación de que la información sobre los estándares de calidad de los productos o servicios sea veraz y confiable.

En Nueva Alianza estamos a favor de las relaciones de consumo responsables desarrolladas en clima de confianza y certidumbre. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para fijar postura de su grupo parlamentario.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidenta. Posicionamiento sobre las reformas a los artículos 1o, fracción II; 32, primer párrafo; y sobre la adición del artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En 1976 se expidió la Ley Federal del Consumidor con el afán de salvaguardar a través de este instrumento jurídico los derechos de los consumidores, logrando así condiciones de mercadeo más justas.

Asimismo se comprendió que resulta necesario en cualquier país la existencia de una procuraduría que vele por estos intereses, ya que las relaciones entre productores y consumidores suelen estar sesgadas hacia los primeros ocasionando que en muchos casos se valgan de su poder para originar atropellos a los clientes sin que éstos puedan defenderse.

Aun cuando desde hace más de 30 años existe la ley mencionada y México cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), todos los días somos testigos de malas prácticas que perjudican a los ciudadanos del país.

La misión de Profeco es promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Sin duda dicha misión representa un ideal deseable en teoría, pero en la práctica observamos que hay millones de deficiencias en el mercado que merecen ser atendidas y que hasta el momento no han sido resueltas.

Como ejemplo de lo mencionado tenemos los enormes abusos de los que se valen los grandes consorcios debido a su condición monopólica a través de precios artificiales y costos adicionales que aplican a los mexicanos y que son víctimas de estos abusos.

Basta solamente con ver los servicios adicionales que las siguientes empresas cobran sin que los clientes los hayan solicitado y que no aparecen en las etiquetas o en los rubros inmediatamente a la vista en la publicidad, como son los solicitados por Ticket Master, en la revista Guía; Telcel, con los antivirus; Liverpool, en el programa de Protección Familiar; Banamex, con el seguro Libra Plus, y muchos otros que aparecen en la lista.

Cabe mencionar el caso particular del sector telefónico donde México ocupa el quinto lugar de país miembro de la OCDE con la telefonía más cara. Es decir, nuestro país tiene tasas más elevadas que en muchos países desarrollados donde el ingreso per cápita es abismalmente mayor.

Como consecuencia, tan sólo en el primer trimestre del 2012 se registraron miles de denuncias en contra de estos grandes consorcios, sin considerar los millones de mexicanos que no denuncian o que no se dan cuenta de estas prácticas que les están aplicando en su propaganda que no corresponde a lo que realmente están ofreciendo.

En los últimos años hemos sido testigos del incremento exponencial de promotores de bienes que ofrecen resolver a corto plazo grandes problemas de salud pública como la obesidad, la desnutrición y otros males.

Como resultado observamos un bombardeo continuo de los llamados productos “milagro”, con los cuales se ha enriquecido a los productores y distribuidores, anunciándose con esta atenta masiva de productos y que no aclaran realmente en su etiqueta lo que realmente van a venderle al proveedor.

Por lo tanto estamos de acuerdo con el dictamen que  reforma el artículo 1o. y la fracción II y XXXII del primer párrafo, adición del artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Movimiento Ciudadano se adhiere a este proyecto de reforma con la finalidad de proteger a los consumidores.

Sin embargo queda todavía corto este artículo porque hay mucho tema que tratar con la Profeco y también con la misma regulación de las delegaciones en la Profeco en donde se han cometido también ilícitos por parte de los delegados junto con las grandes empresas al no atender eficientemente a los consumidores, que sería tema de otro punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Al no haber más oradores y tampoco registro de artículos algunos para discutirlos en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Nos visitan alumnos de segundo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional de Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Bienvenidos.

También saludamos la presencia de la escuela primaria Profesor Jesús Sotelo Inclán, alumnos de cuarto, quinto y sexto, de la Delegación Ixtapalapa, invitados por el diputado Luis Arias Pallares. Bienvenidos.

Saludamos también a alumnos del Centro Universitario Texcoco y Universidad Autónoma del Estado de México, de la carrera de ciencias y administración pública, invitados por el diputado Alberto Díaz Trujillo. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya  Rellstab Carreto: De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron a favor 413 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Nos comunica la Comisión de Derechos Humanos que vamos a escuchar en su siguiente intervención la fundamentación de tres dictámenes que tienen que ver con modificaciones al artículo 29 y adiciones en la fracción VI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al primer párrafo del artículo 27 de la misma ley y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar en una sola exposición los tres dictámenes y vamos a dividir la votación en cada uno de ellos. Adelante, diputada.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, compañeros y compañeras. Con su venia, señora presidenta. Efectivamente le pido que sea tomado en consideración el tiempo, ya que son tres dictámenes que vamos a poner a su consideración y que hoy vengo a hablar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara.

Las reformas que hoy se presentan ante esta soberanía nos permiten acercarnos más hacia la meta de alcanzar legislaciones incluyentes y plenas de derechos humanos de las personas. Esto es, sin duda, el propósito de esta comisión y de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Sobre la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de Comisión de los Derechos Humanos, su propósito fundamental en fortalecer los alcances de esta comisión, ya que ésta se refiere a los medios por los que se podrán presentar denuncias sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y se amplían los mecanismos para hacerlos, con el fin de otorgar mayor accesibilidad a personas con capacidades diferentes.

En nuestra Constitución a partir del decreto promulgado el 10 de junio de 2011, se incorporó el concepto de derechos humanos y las garantías para la protección de todas las personas de forma integral.

Además, la mencionada reforma constitucional se encuentra en sintonía con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, poniendo a la vanguardia en garantizar la protección a los derechos humanos. Es pues la legislación que nos coloca en una posición más equilibrada entre otras similares y, desde luego, en apego a nuestra Carta Magna.

Asimismo, se refiere de manera puntual que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el de género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Para que México cumpla los estándares internacionales en materia y a nivel constitucional, es de vital importancia aprobar este dictamen que amplía las modalidades para la presentación de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

En cuanto al dictamen que se presenta a su consideración y que pretende reformar el artículo 29 y adiciona la fracción VI de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, los integrantes de esta comisión consideramos que este organismo debe garantizar la máxima accesibilidad sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad física o pertenencia alguna de comunidad indígena.

En tal virtud, consideramos que las modificaciones que proponemos relativas tanto a la suplencia de la queja en presentación de quejas, así como la obligación de proporcionar un intérprete que conozca la lengua y la cultura de las personas pertenecientes a los pueblos y las comunidades indígenas, y para las personas con discapacidad auditiva; así como la introducción de un intérprete de lenguas de señas mexicanas, enriquecen todas ellas el sistema de protección de organismo nacional.

Por tal motivo y con el propósito de no retrasar la vigencia de la normatividad que facilite el ejercicio de los derechos de las personas que acuden a la CNDH, particularmente de la población indígena y de aquellas que padecen discapacidad auditiva.

Por último, el dictamen que se presenta a su consideración y que pretende reformar el artículo 6o de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, los integrantes de esta comisión consideramos que el Ejecutivo federal debe observar estrictamente lo establecido en nuestra Carta Magna, así como en los instrumentos internacionales en lo relativo a la protección y respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país, situación por la cual el dictamen que se pone a consideración en este honorable pleno pretende aportar instrumentos a las autoridades responsables, para una mejor protección a dichos derechos fundamentales.

De acuerdo con el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en 2011, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2010 a la fecha de la presentación de la iniciativa que origina el presente dictamen, se registraron 14 fugas con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 232 internos y fueron  heridos 45, y dos motines que causaron dos decesos y 32 lesionados.

Añade que de acuerdo con dicho diagnóstico, 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por personas integrantes del crimen organizado, es decir que se ha instaurado  un autogobierno de los reos debido a la falta de custodios en los penales.

Dichos estos diagnósticos a los centros penitenciarios son importantes herramientas para su evaluación, por lo cual esta Comisión considera necesario conferirle a la CNDH la atribución de elaborar diagnósticos en el sistema penitenciario, en los cuales se incluyan nuevos apartados de manera que la institucionalización de la elaboración de este diagnóstico asegure contar con una herramienta que apoye el diseño e implementación de políticas públicas con la finalidad de una inserción social más adecuada.

En el proyecto de decreto que hoy está a su consideración esta Comisión propone que los diagnósticos no sean únicamente un instrumento para documentar lo ocurrido en las prisiones federales y locales, sino además de que sean contemplados también los centros de detención y retención federales y locales. Por ello se considerar factible que el diagnóstico que se haga no sólo sea de la dependencia federal, sino también sea incluida la local cuando corresponda el caso.

Es a través de este diagnóstico del cumplimiento en la protección de derechos humanos como podemos encaminar el sistema penitenciario de nuestro país, a efecto de dar cumplimiento e ir más allá de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que fueron adoptada por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Las deficiencias en el sistema penitenciario actual ocasionan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos, y como consecuencia de ello no se cumple con el propósito de las penas y las medidas privativas de la libertad, que es proteger a la sociedad contra el crimen, pues en realidad no se logra la inserción del sentenciado.

La situación del sistema penitenciario continuamente ha sido motivo de preocupación en los informes que presentan las distintas Comisiones de Derechos Humanos, pues señalan que las violaciones de derechos humanos de las personas privadas de su libertad tienen un carácter sistemático. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para fijar postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputada.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Compañeras y compañeros diputados, en todas las facetas de la vida nacional hay un mayor involucramiento de la ciudadanía que tiene la firme convicción de transformar la realidad imperante; convicción que también comparte Nueva Alianza.

Estas transformaciones han incluido la promoción y protección de los derechos humanos como una obligación ineludible en el país. En esta ocasión se abordan aspectos fundamentales para la preservación y respeto a los derechos humanos, que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del decreto que reforma la fracción XII del artículo 6, a fin de que fortalezca el cuerpo normativo de esa comisión nacional encargada de su custodia.

La pena de prisión es una respuesta del Estado, que persigue una doble intencionalidad, que los reos expíen su culpa y que a través de este proceso logren una reinserción social, convirtiéndose en ciudadanos útiles, respetuosos de la ley y del orden comunitario.

La falta de una estrategia efectiva de prevención del delito y los altos niveles de impunidad, han generado una sobrepoblación de los centros de readaptación social, tanto en el orden federal como en el orden local.

En la medida que los convictos no tienen una vida digna dentro de los Cerezos, se aleja la posibilidad de lograr una reinserción adecuada y socialmente útil al salir de prisión. Ante este escenario, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos en la importancia de desarrollar una estructura carcelaria adecuada sobre la base de un diagnóstico que permita articular políticas públicas, orientadas a dar pleno cumplimiento al mandato constitucional.

En lo que respecta al dictamen sobre las facilidades específicas para la presentación de la queja, comento a esta honorable asamblea, que el mantener solamente la vía escrita para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituye una gran limitante de los derechos de las víctimas que no cuentan con las herramientas para hacerlo de esa forma y al mismo tiempo limita a actuar a la misma comisión.

Por eso consideramos positiva la reforma al artículo 27 de la ley, de tal forma que se cambie su condición de queja actual, incluyendo la posibilidad de hacerlo de manera oral, a través del lenguaje de intérprete de señas, con ello se protege desde la visión incluyente a las personas con discapacidad, a los analfabetas o a los indígenas que se expresan sólo de manera oral.

Finalmente, el grupo parlamentario consideramos pertinente la aplicación de atribución que la ley le otorga al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que participe opinando en el proyecto presupuestario del citado organismo y sus recursos se ejerzan bajo principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Respecto de la reforma del artículo 29 de la ley de este organismo público autónomo, Nueva Alianza considera positiva la reforma que aborda, con un espíritu incluyente y de protección a los derechos humanos de grupos vulnerables. La necesidad de garantizar la máxima accesibilidad en la presentación de la queja, incluyendo el brindar el apoyo que sea necesario a las personas de habla indígena o con discapacidad auditiva o cointérprete del lenguaje de señas.

Compañeros y compañeras legisladores, reconocer la igualdad de todos los mexicanos no es un asunto de discurso sino de acción. La vocación humanitaria del Estado se tiene que ver reflejada en las leyes que nos rigen. Por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoya y respalda cada uno de estos dictámenes que conforman diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su pertinencia, espíritu incluyente, solidario y oportuno.

Con estas reformas este honorable órgano legislativo le confirma a la sociedad mexicana su compromiso de velar el respeto irrestricto de los derechos humanos y por la protección de la integridad de las personas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene a continuación la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que se somete a discusión ante esta soberanía contiene reformas y adiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que refuerzan, por un lado, su estructura y funcionamiento interno y que facilitan el acceso al sistema de protección de los derechos humanos, auspiciado por dicho organismo, de los gobernados que son víctimas de violaciones a sus derechos.

Tales reformas y adiciones son del todo pertinentes, en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe construir la garantía política institucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, más importante del Estado mexicano.

Por ende, el apuntalamiento de su organización interna y la tendencia a facilitar la presentación de quejas que deban ser desahogadas por la Comisión Nacional, inciden directamente en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

Asimismo, indirectamente repercuten en la construcción de una legitimidad estatal de carácter sustancial.

El dictamen contiene una adición al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional, mediante la cual se pretende empoderar al Consejo Consultivo de dicho organismo, dotándole de la facultad de opinar sobre el proyecto de presupuesto elaborado por el presidente de la Comisión Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente.

Por otro lado, se pretende adicionar el contenido del artículo 29 del mismo cuerpo de leyes invocado, con el propósito de institucionalizar la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la Comisión Nacional debe orientar y apoyar a las víctimas de alguna violación a sus derechos humanos sobre el contenido de su queja o reclamación.

Se amplían las previsiones para que los comparecientes puedan hacer llegar de manera expedita y sin cortapisas sus quejas, por lo que éstas podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad.

Y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de aquéllas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran, o personas con discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura o en su caso intérprete de lengua de señas mexicanas.

Esto representa sin duda un avance sustancial en la vía por facilitar el acceso al sistema de protección de los derechos humanos de todas las mexicanas y todos los mexicanos, situación que es aún más relevante si tomamos en cuenta que todavía existen rezagos en materia de acceso a la justicia en el contexto jurisdiccional.

Ya vimos que la nueva Ley de Amparo dejó algunos sesgos para eludir la erradicación de formulismos y tecnicismos, que complican el acceso a la justicia y la utilización de la vía del proceso extraordinario para proteger los derechos humanos desde el momento mismo de la interposición de la demanda.

Un ejemplo de lo anterior es que no obstante que ahora que se requiere acreditar el interés legítimo en vez del interés jurídico, para efectos de la procedencia del amparo, se estableció que ningún momento el interés simple podrá ser considerado como interés legítimo.

Por ello se insiste, el dictamen que hoy se somete a discusión nos lleva por la senda correcta en el camino por la consolidación del estado de derecho. Por lo anterior, los integrantes legislativos de la fracción de Movimiento Ciudadano, votaremos a favor de la presente reforma. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Elvia María Pérez Escalante: Con su permiso, señora presidenta. Honorable Cámara de Diputados, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es un honor subir a esta tribuna para apoya tres iniciativas que buscan reformar diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a tres temas que nos preocupan a todos. Por lo anterior expuesto solicito amablemente su atención a fin de poder razonar nuestro voto.

Los diputados integrantes de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, coincidimos en que este conjunto de reformas fortalecerán las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en beneficio de todos los mexicanos.

En primer lugar nos manifestamos a favor de facultar al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para opinar sobre el proyecto de presupuesto de dicha institución, con base en la adición de una nueva fracción VI al artículo 19 de la ley que regula a esta institución. Lo anterior, en virtud de que los recursos asignados a este organismo se encuentran sujetos a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, al ser destinados conforme al artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

Asimismo consideramos apremiante, dar claridad a la ley para garantizar la máxima accesibilidad, sin importar ningún tipo de condición social, discapacidad o pertenencia a alguna comunidad indígena de cualquier ciudadano mexicano ante la propia comisión, reformando el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es urgente establecer como obligación de la comisión, el proporcionar un intérprete que conozca de la lengua y cultura de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, así como de un intérprete de lengua de señales mexicanas para las personas con discapacidad auditiva.

En el mismo sentido, la fracción priísta de la Comisión de Derechos Humanos nos manifestamos a favor de reformar el primer párrafo del artículo 27 de la ley en comento, para que cualquier ciudadano pueda presentar quejas ante la comisión, ya sea de forma oral o por lengua de señas mexicanas; además de poder formularlas también por cualquier medio de comunicación electrónico o por mecanismos accesibles para personas con discapacidad.

De esta manera, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará armonizada con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 2 establece que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos el ejercicio de los derechos de todas las personas.

De igual manera, dicha modificación armoniza la ley de la comisión, con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de manera específica en su artículo 32, señala: Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Esta reforma también responde a diversos acuerdos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por nuestro país, mediante el decreto publicado el 24 de octubre de 2007 y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Indígenas de la resolución de la ONU.

Finalmente, queremos contribuir a que el sistema penitenciario brinde mayor protección y trato respetuoso a los internos del sistema de reinserción social de nuestro país. Hay consenso en conferir a la comisión, la facultad y la obligación de elaborar diagnósticos del sistema penitenciario como herramientas para la generación de políticas públicas que mejoren su funcionamiento, que incluyan las evaluaciones, así como los datos estadísticos relevantes sobre el número de causas y efectos de los homicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas al interior de las prisiones de los centros de retención.

Sus resultados deberán notificarse a la Secretaría de Gobernación para diseñar las políticas que garanticen el respeto a los derechos de los internos conforme a las nuevas funciones que le brindó la recién reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Proponemos que el diagnóstico no se limite sólo a documentar lo ocurrido en las prisiones, sino que registre también las incidencias de los centros de detención y retención federales y locales.

Es impostergable la generación de nuevas políticas que dignifiquen y respeten las garantías y derechos de los internos del sistema penitenciario cuya adecuación, reinserción, redundará en beneficio de la sociedad en general.

Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del PRI en la Comisión de Derechos Humanos respaldamos la aprobación de los siguientes dictámenes:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados y, al no haberse reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de este dictamen en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señora presidenta le informo que se emitieron 406 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; ya fue fundamentado y tiene la palabra para hablar sobre el dictamen, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me dirijo a ustedes para señalar el posicionamiento a favor del dictamen que reforma el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el único objetivo de establecer como obligación de todas las autoridades, proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan disponiendo de traductores para cuando se trate de personas indígenas y a expertos en lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva.

Según datos del INEGI en el año 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad, son 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 de la población total; 6 millones 695 mil 228 personas de cinco años y más, hablan alguna lengua indígena de las cuales existen 89.

Son datos que nos obligan a que estas cifras se vean traducidas en mexicanas y mexicanos sujetos de derecho.

Movimiento Ciudadano siempre ha comulgado con todas aquellas iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos humanos, aún más cuando se trata de sectores de la población que requieren de mejor y mayor atención como es el caso de nuestros indígenas y de las personas con discapacidad. Sin embargo tenemos que tomar en cuenta que aún queda mucho trabajo legislativo por hacer.

La Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara tiene grandes retos para buscar resolver de fondo y no sólo de forma las violaciones constantes en materia de derechos humanos que día a día aquejan a los más desprotegidos. Por ello debo de reconocer la responsabilidad de sus integrantes.

En este sentido contar con un procedimiento jurídico que transparente y eficiente el lenguaje y comunicación entre la autoridad y el afectado, en atención a las quejas que afectan a los ciudadanos, no es más que el primer paso indispensable y necesario para trabajar en lo que verdaderamente nos ocupa como legisladores: lograr que ninguna persona, sea cual fuere su condición, no pueda hacer exigibles sus derechos humanos.

Consideramos que la reforma al artículo 27 de la mencionada ley que considera que se puedan presentar de forma oral y por lenguaje de señas mexicanas las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos permitirá conocer y evidenciar los casos. Sin embargo, no garantiza que las resoluciones que emita la comisión tengan ese carácter de obligatoriedad y sean coercitivas para aquéllos que arbitrariamente hayan violado sus derechos humanos.

Es tiempo de que las recomendaciones que se generen por parte de este organismo sean verdaderamente atendidas y ofrezcan garantías jurídicas a los afectados, siendo aceptadas y cumplidas por los servidores a quienes se les dirige. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Al no haber más registro de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aclaro al pleno que estamos votando en este momento el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Presidencia saluda a alumnos del Colegio Militarizado Madrid, Miguel de Cervantes Saavedra, del estado de Guerrero, que nos visitan, invitados por el diputado Víctor  Manuel Jorrín Lozano. Bienvenidos.

Saludamos a alumnos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional que se encuentran con nosotros, invitados por la diputada Paloma Villaseñor Vargas. Bienvenidos.

También están aquí estudiantes y académicos de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Valle de Atemajac, campus León Guanajuato, invitados por la diputada María Esther Garza Moreno. Bienvenidos.

Y al Colegio Inglés, de Playa del Carmen, Quintana Roo, invitados por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos. Bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se han emitido 404 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya fundamentado por la diputada Roxana. Para hablar sobre este dictamen tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, hasta por cinco minutos.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy se somete a discusión tiene como fin institucionalizar y tecnificar una práctica anual llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo es el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria a través del cual se trata de dar a conocer las condiciones en que son respetados o no los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país.

Asimismo, se pretende instar a las autoridades competentes encargadas del sistema penitenciario, tanto en el orden federal como local, para que tomen en cuenta las opiniones y el diagnóstico llevado a cabo por la CNDH al momento de elaborar las políticas públicas y adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de los internos, a fin de garantizar una verdadera reinserción social.

Lo anterior no es un tema menor, ya que como bien se explica en el cuerpo del dictamen, los centros de internamiento o de reinserción social en México constituyen uno de los principales nichos de ingobernabilidad, de salvajismo, autoritarismo, corrupción, disolución, de abuso de autoridad y violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de sus familias, que las más de la veces generan rencor en lugar de sanación para los internos.

Aquellos que con condenado por la comisión de un delito que amerite pena privativa de libertad, son sometidos a un tratamiento institucional en alguno de los 429 centros penitenciarios que existen. Dicho tratamiento tiene la finalidad de lograr la reinserción social del individuo, concepto que según la Organización de las Naciones Unidas es el proceso por el cual las personas en rehabilitación y rehabilitadas inician o retoman actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo personal y social, en condiciones de seguridad y respeto pleno a sus derechos, objetivo que se encuentra en las antípodas de lo que está sucediendo o se está reproduciendo en prácticamente todo el sistema penitenciario de nuestro país.

Es indispensable e impostergable lograr dicho objetivo, pues es la garantía que tiene la sociedad de que aquellos individuos privados de su libertad alcancen su verdadera reinserción y no vuelvan a violentar derechos humanos.

Consciente de lo anterior, en forma responsable y consciente la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Al no haber más registro de oradores se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de este tercer dictamen de la Comisión de Derechos Humanos sobre reformas a la fracción XII del artículo 6.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 396 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Para fundamentar el dictamen tiene la palabra, por la comisión, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, me presento ante esta la máxima tribuna de la nación, para fundamentar los dictámenes que se someten a la discusión y consideración de este cuerpo colegiado.

El respeto irrestricto de los derechos humanos es una de las virtudes de las sociedades democráticas, en las que se vela por la más alta protección de la dignidad de las personas, más aún de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en desventaja.

La atención a las personas con discapacidad, es uno de  los ejes prioritarios en el desarrollo social inclusivo. Necesitamos lograr, con extrema urgencia, la erradicación de todo tipo de discriminación, que lacera notablemente el desarrollo de la vida de quienes la padecen.

Amplios sectores de la población son susceptibles ante este grave problema, pues existe una clara discriminación por motivos de edad, género, origen étnico, orientación sexual e identidad de género, condición social y religión, o como en el tema que nos ocupa en los presentes dictámenes, discriminación a las personas con discapacidad. Todas estas formas de discriminación tienen que ser eliminadas de la sociedad mexicana.

La reciente reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, reconoce la protección más amplia de las personas por parte de nuestra Carta Magna y el aspecto más innovador, sin duda, es el reconocimiento a los tratados internacionales en esta materia, como máxima norma para garantizar esta protección.

En este sentido, las personas con discapacidad son protegidas por diversas legislaciones, que salvaguardan sus derechos humanos y libertades fundamentales, atendiendo el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente a cada ser humano.

En virtud de lo anterior, en el primer dictamen se reconoce la necesidad de atender y subsanar las deficiencias en el acceso y atención de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo.

La actividad física y deportiva, considerada como un elemento indisociable de la educación, formación y desarrollo de las personas, en tanto que permite a cada individuo ejercitar su cuerpo y mente de manera integral, es uno de los ámbitos en donde las personas con discapacidad han enfrentado distintas prácticas discriminatorias desde hace décadas.

Reconocemos que uno de los derechos humanos es la participación en las actividades deportivas, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, la falta de espacios y oportunidades por parte del organismo responsable de las políticas para el desarrollo y atención del deporte en México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, ha impedido que las personas con discapacidad accedan de manera integral y en igualdad de circunstancias, a la práctica de las diversas disciplinas deportivas.

La segunda modificación propuesta en el presente dictamen, consiste en incluir en la junta directiva de la Conade al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Conadis, con el objetivo de garantizar que en la elaboración y aplicación de las políticas generales, planes y programas en materia de deporte, participe la Conadis como el organismo encargado del desarrollo, integración y protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En este orden de ideas también se regula, dentro de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como conducta discriminatoria, el limitar, restringir, excluir o reducir los beneficios de los deportistas con discapacidad, garantizando con ello que cualquier persona que sufra de actos discriminatorios en su contra, pueda recurrir al procedimiento de queja para que se impongan las medidas administrativas y de reparación que establece la ley.

Asimismo, el 11 de septiembre de 2012 fue turnada una iniciativa para dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por la que se reforman diversas disposiciones de varias leyes, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como también de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Turismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El objetivo fundamental del dictamen en comento radica en armonizar dichas disposiciones legales con el texto de nuestra Carta Magna, en lo relativo a los motivos de discriminación, particularmente por las preferencias sexuales, a efecto de propiciar un  mayor conocimiento y por ende, menos personas discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social que lleven agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte, así como para fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva.

En la Comisión de Derechos Humanos hay coincidencia en la necesidad de armonizar las leyes secundarias con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, en lo referente a evitar la discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas.

Por lo anteriormente expuesto es que me presento ante esta soberanía en nombre de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, para pedir su apoyo mediante el voto, a favor de ambos dictámenes en comento, ya que representan una serie de reformas a diversos ordenamientos jurídicos que beneficiarán a miles de personas con discapacidad, garantizando el pleno reconocimiento de sus derechos humanos, como lo es el derecho a participar en las actividades deportivas, así como la armonización de distintas leyes y ordenamientos con relación a nuestra Carta Magna, pretendiendo establecer claridad en los términos y actividades discriminatorias, principalmente las relativas a las preferencias sexuales, con el objetivo primordial de erradicarlas.

Compañeras y compañeros legisladores, el camino por recorrer en materia de derechos humanos aun es muy extenso. No obstante, esta serie de reformas contribuyen al fortalecimiento de las leyes mexicanas, y en consecuencia, a la erradicación de cualquier práctica discriminatoria o violatoria de los derechos fundamentales. Muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Y quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a los niños de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Miguel Hidalgo, Renapred, que están hoy aquí en esta sesión, invitados por el diputado Luis Manuel Arias Pallares. Bienvenidos a esta sesión. –Adelante, diputada.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la finalidad de los presente dictámenes es la armonía legislativa en materia de discriminación por preferencia sexuales y fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva, sí como avanzar en la protección a la no discriminación de las personas con discapacidad.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza defendemos el derecho de todas las personas a ejercer libre y responsablemente su sexualidad y evitar cualquier tipo de acto discriminatorio derivado por estas preferencias.

Asimismo, somos conscientes de que gran parte de estas convicciones se encuentran fundamentadas en la ignorancia y los prejuicios que provocan grandes males a nuestra sociedad, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes tomar las acciones pertinentes para que mediante la acciones de educación sexual se eliminen tales consideraciones que sólo hacen más honda la división social.

Actualmente la ausencia o mal aplicación del principio del derecho a decidir sobre la sexualidad da como resultado que los temas sexuales sean considerados tabúes para una parte importante de la sociedad y consecuentemente enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y el rechazo a personas con preferencias diferentes, entre otros, sean un problema que lacera el derecho de las personas.

No es un secreto que la discriminación en México es muy amplia y llega a todos los ámbitos sociales, especialmente a las personas con discapacidad mediante formas que van desde la violencia verbal a la de impedir su inmovilidad.

Desafortunadamente aunque contamos con normas en ese sentido vemos con tristeza que aún desde la administración pública se vulneran los derechos humanos de los mexicanos en esta condición.

Nos interesa el deporte adaptado para personas con discapacidad, pues ha sido menospreciado en las políticas públicas, no sólo en la difusión de su práctica, sino en el abandono de sus instalaciones, sin olvidar el limitado acceso a apoyos económicos como becas o patrocinios a pesar de los resultados en justas como los Juegos Paraolímpicos, tales carencias que se observan en la calidad de instalaciones, recursos para competencias, falta de planes y programas, y en calidad de vida de estas personas se aprecia de forma evidente en los atletas que nos representan a nivel internacional; sin embargo en la población que no es conocida por sus aportaciones en materia deportiva la situación se hace más crítica, por eso buscamos que se considere como una conducta discriminatoria a quien limite, restringa, excluya o reduzca los estímulos, reconocimientos, apoyos o cualquier otro tipo de beneficios de los deportistas con discapacidad.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza resulta indispensable que dentro de la junta directiva o dentro de la Conade, se incluya como uno de sus integrantes al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) para que participen en la elaboración y ejecución de las políticas públicas en esta materia y construir los espacios necesarios que garantice el derecho humano a la participación en el deporte.

Estimadas compañeras y compañeros, hago un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que han hecho suyas estas dos propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en ésta y la pasada legislatura, pues sabemos que ambas dictaminaciones permitirán el acceso a mejores condiciones de vida de la población y permitirán abatir los altos índices de discriminación que hoy separan a la sociedad mexicana. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a este recinto legislativo, a un grupo de ciudadanos que nos visitan del distrito XIII, de Guadalajara, Jalisco. Invitados por el diputado Marco Antonio Barba Mariscal. Bienvenidos a esta sesión.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Veintiún medallas trajeron nuestros atletas de los Juegos Paralímpicos de Londres el año pasado; es decir, el triple que los atletas que no están contemplados dentro de los que tienen discapacidad.

¿A qué nos referimos en este dictamen? A potenciar las expectativas de éxito de las personas con discapacidad y superar la simetría en la asignación de recursos para el deporte, así como éxito en eliminación de brechas de desigualdad, cumplir los tratados internacionales en materia de discriminación.

La discapacidad en México sigue siendo causal de discriminación y de concomitante pobreza y dependencia, sumado a los problemas de accesibilidad a cualquier sitio por las deplorables condiciones de instalaciones. El caso de la infraestructura deportiva es un rezago pendiente, una factura que debemos saldar para lograr el mejor de los tránsitos al cumplimiento de derechos humanos de tercera generación y, asimismo, para dar un paso más con la aspiración suprema de la igualdad.

No existe un desarrollo de infraestructura deportiva para las personas discapacitadas; en las colonias populares los podemos observar haciendo uso de las instalaciones en condiciones deplorables. Hacemos mención de esto porque es una realidad cotidiana.

No se trata de garantizar en papel el acceso a programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte aunque sea una buena intención.

En nuestro país, según datos del Inegi, contamos con 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad lo que representa 5. 1.5 de la población total. Por tanto, es un asunto de emergencia en políticas públicas.

Consideramos correcta la inclusión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Ahora esperaremos resultados que hagan valer el principio de transversalidad en la inclusión.

Los que nos anteceden legislaron el mayor de los avances en materia de derechos humanos al modificar el artículo 1o. constitucional y establecer la defensoría y promoción de los derechos humanos como algo prioritario, pero ese logro se vería incompleto si la suma de nuestros esfuerzos no logra armonizar el resto de las legislaciones.

En lo tocante a la limitación de estímulos o su restricción, reducción o exclusión, para que en lo sucesivo se consideren conductas discriminatorias, no podemos más que apoyar.

Desde hace mucho las fuerzas progresistas han venido empujando para acabar con estas prácticas económicas de ahorcamiento y olvido, que van en detrimento de la cohesión y armonía social.

La inclusión, el acceso y la universalidad de los servicios de salud, deporte, así como la cultura, educación y empleo, deben de ser referentes en materia del quehacer legislativo.

Por ello sabemos reconocer el trabajo de la comisión dictaminadora y la sensibilidad y visión del futuro.

Hoy puede ser un gran día para el deporte, pues al incluir de manera decidida a las personas con discapacidad, reivindicamos el orgullo nacional por sus logros deportivos y ampliamos el reconocimiento de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, que están aquí invitados por el diputado Alberto Curi Naime. Bienvenidos.

La diputada María Esther Garza Moreno: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de toda la población y en particular, de crear medidas a favor de aquellos grupos que por su condición se han visto constantemente violentados sus derechos fundamentales.

Para lograr este objetivo es trascendental para el pleno ejercicio de los derechos humanos, que la legislación se armonice a fin de no vulnerar las garantías y la dignidad de las personas pertenecientes a aquellos sectores de la población que injustamente han sido vulnerados y estigmatizados; me refiero específicamente a las personas con preferencias sexuales distintas, a las personas que sufren de algún tipo de discapacidad y a los pobladores mexicanos que proceden de alguna comunidad o etnia indígena.

Al mismo tiempo la armonización de la legislación contribuirá a frenar el abuso de prácticas antisociales y discriminatorias que todavía imperan en nuestro país.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011, ofrecieron varias novedades importantes, las cuales han cambiado de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México.

Incluir el término exacto de “preferencia sexual” en nuestra Carta Magna, es el producto de una legítima lucha por la equidad y visibiliza a un grupo que por su condición ha sido excluido y discriminado. Esta aprobación establece los mismos derechos y el respeto de la dignidad a todos y todas, independientemente de su preferencia sexual u orientación sexual.

Si bien es cierto que el incluir el término de preferencias sexuales en nuestro orden supremo no hará que la discriminación se borre de un día para otro, es importante dar un siguiente paso y generar un cambio paulatino en las legislaciones secundarias a fin de armonizarlas con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde la perspectiva constitucional, la orientación sexual debe ser abordada a partir de la igualdad de los derechos y libertades y todas las adecuaciones que sean necesarias a la legislación secundaria evitarán rezagos e interpretaciones imprecisas sobre los ordenamientos legales.

Democracia significa respetar la diferencia y en una sociedad como la mexicana, en donde todavía existen usos y costumbres que están impregnados de visiones discriminatorias, machistas, misóginas y homofóbicas, se hace necesario replantear la forma en que establecemos las relaciones sociales y culturales en torno a la diversidad sexual, las capacidades de las personas y su procedencia étnica y se hace necesario modificar la legislación para encaminarnos a una visión con justicia social, dignidad y respeto a los derechos humanos.

En el Partido Revolucionario Institucional tenemos el desafío común de consolidar y hacer perdurable el marco de libertades en el que nos desenvolvemos. Entendemos que  tolerancia significa respetar lo que piensan libremente y expresan los demás, aunque sea distinto u opuesto a lo que uno piensa.

Entendemos que respecto a las diferencias nos mantiene unidos en metas valores y aspiraciones comunes y entendemos que la tolerancia nos permite asegurar que todas y todos los mexicanos podamos ejercer a plenitud nuestras libertades y derechos.

Quiero terminar mi intervención recordándoles que aquella persona que practique la intolerancia lo único que hace es abonar el terrero para sí mismo y tarde o temprano será víctima de ella. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna otra intervención solicitada ni de artículos reservados del proyecto de decreto.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad San Ángel del Sur, de Irapuato, Guanajuato, que nos acompañan hoy aquí, invitados por la diputada Petra Barrera. Bienvenidos a la sesión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 370 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General de Turismo, y de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Está a discusión en lo general.

Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para fijar la posición, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. El dictamen que se votará a continuación pretende modificar una serie de ordenamientos legislativos con la finalidad de armonizarlos a la Constitución en cuanto hace al artículo 1o que establece, entre otras cosas, la cláusula de prohibición de la discriminación en nuestro país.

Como ya se ha expuesto, propone incorporar la expresión preferencia sexual, de acuerdo con nuestra Carta Magna, lo cual, aunque en principio sólo conlleva a modificar un par de palabras de los textos normativos tiene grandes implicaciones por lo que hace a la igualdad entre las personas en nuestro país.

Incorporar una expresión correcta en la ley no sólo es importante para armonizarla con la Constitución, también y principalmente lo es porque permite la visibilización de una problemática que desde hace mucho tiempo ha generado dolorosas  diferencias entre las personas que habitamos este país.

Como bien se expone en la iniciativa, los grupos de personas que son discriminados por tener  una preferencia sexual distinta a la heterosexual son muy numerosos. Tanto la ciudadanía como el gobierno han establecido diferencias irracionales entre las personas con una y otra preferencia sexual, que generan un trato con distingo impidiendo en muchos casos no sólo un ataque a la dignidad de las personas, sino a la incapacidad para el ejercicio real de un derecho en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

Los gobiernos anteriores inclusive han implementado políticas no formales de perseguimiento a las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual y poco han hecho para revertir las conductas discriminatorias que absurdamente permean en nuestra sociedad.

En el gobierno actual ya tenemos casos graves de ataques contra miembros de la diversidad sexual y la realidad es que lo vamos a seguir teniendo, a menos que afrontemos el tema abiertamente y con miras a revertir por fin las prácticas discriminatorias que sufren los integrantes de la diversidad sexual.

La importancia de modificar la ley es reconocer que la preferencia sexual es una causa expresa prohibida de discriminación, y que no existe razón alguna que justifique la desigualdad de trato por tal motivo. Al incluir esta expresión estamos dando un gran paso para revertir una práctica generalizada sistemática discriminatoria en contra de las personas con preferencia sexual no heterosexual, pero seamos claros, es un primer paso, se deben implementar políticas públicas que involucren recursos económicos, campañas de información y sensibilización; acciones afirmativas y cualquier medida necesaria para permitir el efectivo goce de derechos de todas las personas en igualdad de condiciones.

Nos preocupa que el gobierno actual se ha caracterizado por reconocer solamente en el papel los principios rectores de derechos humanos y muy poco en las acciones, esperamos que se realicen medidas efectivas a favor de la igualdad que demuestre claramente que la postura del gobierno está a favor de la diversidad sexual.

Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano haremos lo propio al votar a favor el presente dictamen, y presentaremos y apoyaremos durante toda la legislatura cuantas modificaciones sean necesarias para que los miembros de la diversidad sexual alcancen la igualdad y por fin se erradique esa arcaica  concepción que pugna por lo contrario. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna otra intervención ni de que se vaya a reservar algún artículo, por tanto, voy a pedir a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que se emitieron 361 votos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Población; General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Instituto Nacional de las Mujeres; del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; General de Turismo; y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de Juntas Directivas de comisiones ordinarias e integración de comisiones especiales, que se encuentran publicadas en sus pantallas. En votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe con el que sigue.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante de la Honorable Cámara de Diputados ante el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que se encuentra publicado en sus pantallas.

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante de la Honorable Cámara de Diputados ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual se encuentra publicado en sus pantallas.

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a la diputada que representará a la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el mismo que se encuentra publicado en sus pantallas.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombra representante de la Honorable Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos, mismo que se encuentra publicado en sus pantallas. En votación económica se pregunta si se aprueba, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, se recibió de la Comisión de Turismo punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a apoyar el proyecto de recuperación del barrio de Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.

El Presidente diputado José González Morfín (16:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 19 de marzo a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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