Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno
De la Junta, con cambios en grupos de amistad
De diputado con retiro de iniciativa
De la Secretaría de Gobernación, con informe
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con proposiciones con punto de acuerdo
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre el SAE
Del Banco de México, con informe
Protesta como diputada de la ciudadana María Eugenia de León Pérez
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Mónica García de la Fuente, PVEM
Acuerdo de la Junta, para modificar el orden del día
Dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 301 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:19 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, remitida por la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2009. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen. Diputado Ricardo Anaya Cortés.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes en grupos de amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio del diputado Marino Miranda Salgado, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del 24 de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe anual sobre las concesiones otorgadas para el uso y aprovechamiento sobre los inmuebles federales del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año legislativo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Comisión de Derechos de la Niñez y a los promoventes respectivamente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal Federal, como lo propone el Ejecutivo federal en el Paquete Económico 2014, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a reformular la propuesta de impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, planteada en la reforma hacendaria que presentó el titular del Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2013, presentada por los senadores: María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse ambas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención. Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se recibieron de la Cámara de Senadores nueve proposiciones con punto de acuerdo suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios por los que solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se consideren recursos necesarios para determinados rubros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que durante el mes de agosto de 2013 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas de fácil descomposición y deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés. Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Oficio del Banco de México con el que remite los informes sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2013 y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II de la Ley del Banco de México.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Eugenia de León Pérez, diputada federal, electa en la segunda circunscripción plurinominal.
Se han designado en comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta a las siguientes diputadas y diputados:
Diputada Irazema González Martínez Olivares, diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, diputada Marcelina Orta Coronado, diputado Germán Pacheco Díaz, diputado José Luis Esquivel Zalpa, diputada Ana Lilia Garza Cadena, diputado José Antonio Hurtado Gallegos, diputada María del Carmen Martínez Santillán, diputada María Sanjuana Cerda Franco.
Habiendo cumplido la comisión de cortesía con su encargo, solicito a las y a los legisladores ponerse de pie. Lo mismo solicitamos a quienes nos acompañan en la galería. Muchas gracias.
Ciudadana María Eugenia de León Pérez, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Eugenia de León Pérez: Sí, protesto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2-A y adiciona un artículo 2-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Minería.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Blas Ramón Rubio Lara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Blas Ramón Rubio Lara: Con permiso, señor presidente. Con el apoyo de los diputados de Sinaloa del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXII Legislatura, vengo ante ustedes a esta máxima tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 14 de la Ley General de Educación, recorriéndose la actual, para crear la figura del psicólogo escolar.
La tarea de la escuela debe garantizar la construcción y transformación de la cultura y los conocimientos, pero hoy en día la escuela del siglo XXI debe constituirse en el escenario de la crítica y el análisis de las realidades sociales. En este marco, el de las realidades sociales donde todos los sectores que contribuyen en la educación tenemos la responsabilidad de crear ambientes seguros, sanos y de apoyo para propiciar condiciones que detonen la competitividad individual y colectiva.
Cuando hablamos de realidades sociales es oprobioso esconder la drogadicción, el alcoholismo, la disfunción familiar, la violencia, los trastornos patológicos psicosociales, autismo, hiperactividad, afectación emocional, obesidad y bulimia. En razón de los trastornos de los que hacemos referencia está más que aprobada la rentabilidad de la intervención psicológica temprana en la infancia y la adolescencia.
También nuestro sistema educativo, como en la mayoría de los países desarrollados, debe contar con la colaboración en su estructura orgánica de psicólogos escolares especializados para implementar con cada miembro de la comunidad escolar: estudiantes, maestros, padres de familia, etcétera, procesos de motivación, comportamiento, aprendizaje, desarrollo afectivo y, sobre todo, salud mental.
A este fin estimo la valiosa reflexión de Marina Castañeda cuando se pregunta: ¿cómo es posible que les enseñemos a los niños la teoría de los grupos en matemáticas y que no les enseñemos a vivir en grupo? Que les enseñemos a leer y a escribir y no a expresar con claridad sus ideas y emociones. Que les enseñemos a hablar, más no escuchar; a obedecer al maestro, pero no a resolver conflictos con sus padres. Que les enseñemos cómo ganar y no cómo perder una competencia. Que les enseñemos a ser activos y emprendedores, pero no a estar quietos y en silencio.
Reitero, compañeros legisladores, que la creación de esta figura del psicólogo escolar obligatorio en primarias, secundarias y media superior vendrá a complementar el trabajo de los educadores sin invadir ninguna esfera de competencia, procurando controlar la salud mental en nuestras escuelas y no limitarnos únicamente a la atención correctiva.
Proponemos la creación de la figura del psicólogo escolar, que este propósito se apoya esencialmente en tres premisas: una, porque la escuela, después del hogar, es el segundo espacio de formación intelectual y personal de los niños ni jóvenes.
Dos. Si la expresión de los trastornos mentales y del comportamiento se manifiesta en el espacio escolar, en consecuencia repercutirá en detrimento del desarrollo económico y la personalidad de los estudiantes.
Tercera. La magnitud, el comportamiento y las consecuencias de los trastornos mentales ameritan la creación de mecanismos que acerquen los servicios de salud mental a la población infantil y juvenil y, con ello, avanzar también en el combate de los prejuicios que impiden que la población acuda a estos servicios.
Las diversas situaciones de los niños, en su entorno específicamente familiar, consideramos que también debe atenderse en términos de salud mental. Por ejemplo, los hijos de padres enfermos mentales, de padres divorciados, de padres o madres solteros, niños adoptados, maltrato, abuso sexual, hospitalizaciones y enfermedades crónicas y violencia en centros educativos.
Sin duda, el apoyo de un psicólogo escolar deberá coadyuvar en consecución del objetivo de que la escuela sea un espacio de formación, no solo de buenos estudiantes sino mejores seres humanos mejor previstos de habilidades para convivir. Avanzando en ese objetivo, seguramente habrá menos suicidios, menos robos, menos enfermedades y menos pobreza.
Por lo anterior expuesto solicito el valioso apoyo de esta asamblea para que se analice, discuta y apruebe la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual del artículo 14 de la Ley Federal de Educación para quedar como sigue:
Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
De la I a la XII.
XIII. Prestar servicios de apoyo para el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de psicólogos escolares, profesionales, con una sólida formación en psicología y educación que cuenten con la acreditación de la Secretaría para prestar a la población escolar servicio para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, intervención en crisis, acompañamiento y canalización.
XIV. Las demás que con tal carácter establezcan en esta ley y otras disposiciones aplicables.
Transitorios
Primero. La Secretaría emitirá, en un plazo de 120 días naturales, posteriores a la aprobación del presente decreto, los criterios específicos para la acreditación de competencias de los profesionales que habrán de desempeñarse como psicólogos escolares.
Segundo. La Cámara de Diputados considerará dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2014 los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones derivadas del presente decreto.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Blas Ramón Rubio Lara. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Agradezco a mi fracción de permitirme presentar esta iniciativa, con el permiso de cada uno de ustedes. A nombre de mi madre, de mi hermana, de las mujeres indígenas de mi estado, hoy vengo a presentar ante este pleno una reforma al artículo 2o. de la Constitución, de nuestra Carta Magna.
Hoy –tras cumplirse los primeros seis años de que la Organización de las Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reafirma la importancia de los principios y enfoques establecidos– hace casi un cuarto del siglo en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que describe y protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres de los pueblos originarios de México, tenemos muy poco que celebrar y mucho por lo cual alzar nuestra palabra en pos de un país más igualitario, que reconozca nuestro derecho al ejercicio pleno de la libertad, de la justicia, del bienestar y de la democracia.
Por eso me siento profundamente emocionada de compartir con ustedes una reflexión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, a quien conocí hace dos años. Trataré de citar y ser fiel a sus palabras, como si fuera ella misma quien las expresa.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que debe servir de inspirar para las mujeres y los hombres que buscan abrir espacios y derribar barreras; pero lo más importante, es que cada uno de manera individual sea parte de esa lucha para forjar todos los días los sueños de progreso, libertad de los pueblos del mundo.
Con la inspiración y el aliento de esa reflexión, vengo a decirles a las mujeres de México, que es tiempo de darle un nuevo rostro a la realidad política del mundo indígena; hacer visible un nuevo marco de derechos y dejar atrás ese tufo racista que se esconde en el discurso paternalista del derecho consuetudinario.
México reconoce el derecho al sufragio femenino desde 1953. Sin embargo, luego de 60 años de esa histórica conquista de las mujeres, las mujeres indígenas de México seguimos atrapadas en la historia, atadas al pasado de discriminación y escondidas detrás de un estamento tradicional que nos impide al ejercicio pleno de ese derecho.
Con orgullo y dignidad vengo a presentar ante ustedes una iniciativa, que busca incorporar al texto constitucional un derecho que les fue negado a las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas de este país y hoy se esconde a discrecionalidad y se concede a discrecionalidad y a cuenta gotas, a capricho y a conveniencia de muchas autoridades.
El derecho de las mujeres y de todos los ciudadanos a ejercer el voto activo y pasivo en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres y que muchas veces son abusos y costumbres. La práctica de los usos y costumbres que impiden el ejercicio del voto activo y pasivo, no es sino la punta de la pirámide debajo de la cual subyace la permanente y sistemática trasgresión de los derechos sociales, económicos, políticos, sociales hacia las mujeres.
Resulta insólito y hasta increíble que en pleno 2013 el trabajo comunitario de las mujeres no se reconozca en las comunidades indígenas y por lo tanto no se les permita el derecho al ejercicio de los roles de autoridad, con ello se hace imposible que se logre ascender en la escala del reconocimiento comunitario y competir para un cargo de elección popular.
Todo ello es apenas un marco de referencia respecto a la realidad en la cual viven la mayoría de las mujeres indígenas de este país, donde no se tiene derecho a la tierra, a la herencia, a recibir educación, a ser tratadas con igualdad frente al hombre, a la elección libre de su pareja, ni al trabajo remunerado.
En contraste, la mayoría de ellas siguen indefensas frente a la discriminación, al abuso, a la violencia, la enfermedad y la pobreza. No se trata de una lucha en contra de los verdaderos usos y costumbre; se trata de armonizar el marco legal que concede garantías y obligaciones a todas y a todos los mexicanos de este país, con las normas que rigen a los pueblos y comunidades de México.
Lo anterior, para que en aquellas entidades federativas en donde aún no se reconoce a las mujeres indígenas su plena y total participación en los procesos electorales de sus comunidades. La legislación local, que garantice plenamente el derecho de las mujeres indígenas a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones.
Por lo anterior, presento ante ustedes un único decreto que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2 de nuestra Carta Magna para quedar como sigue:
Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, garantizando que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad con los varones y acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados.
En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
Por lo anterior, dejo esta iniciativa a la consideración y pido que la auspicien con generosidad, porque hoy más que nunca necesitamos más mujeres indígenas ante esta tribuna. Más presidentas municipales en sus comunidades.
Muchas gracias. Solicito al presidente que se turne también a la Comisión de Asuntos Indígenas. Gracias.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher. Muchas gracias, diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Dígame, diputada Malú Mícher, ¿con qué objeto?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Gracias, diputado presidente. Además de felicitar a la diputada Eufrosina por su iniciativa, solicito se le dé turno por favor a la Comisión de Igualdad de Género, si es tan amable.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Judit Guerrero. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul). Para solicitarle a la promovente nos permita suscribir su iniciativa y felicitarla por la misma.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a su disposición si no tiene inconveniente la proponente.
La diputada Eva Diego Cruz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada Eva Diego.
La diputada Eva Diego Cruz (desde la curul): Gracias, señor presidente. Felicitar a mi paisana, la diputada Eufrosina Cruz, por presentar esta iniciativa que permite tocar un tema tan importante como es luchar por los derechos de las mujeres en la participación política, y pedirle a su vez que me permita adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género para dictamen y con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada Luisa María Alcalde Luján. Sean todas y todos bienvenidos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Marino Miranda Salgado: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es innegable que el Estado mexicano se ha escindido de la sociedad.
La brecha que separa a la ciudadanía de las instituciones públicas, lejos de cerrarse, se ha hecho más profunda. Incluso a pesar de los acontecimientos políticos y sociales por los que ha transitado nuestro país durante las últimas tres décadas, los cuales han propiciado una dramática transformación del ejercicio de la política y de su traducción en acceso al poder público en prácticamente todas sus esferas.
Esto, compañeras y compañeros, lo podemos corroborar a través de diversas manifestaciones, desde la voz del electorado en los comicios federales y locales, hasta el abierto rechazo o desaprobación que expresan ante la interrogante directa.
La propuesta que vengo a exponer ante ustedes, es producto de un acto de congruencia y compromiso con quienes me eligieron para representarlos en ésta, la más alta tribuna de la nación.
Diputadas, diputados, este recinto, la Cámara de Diputados, en palabras del demócrata Lujambio, es sin lugar a dudas el ámbito institucional que ha funcionado como motor de la transformación democrática de México, debido a que es el primer espacio que institucionalizó el pluralismo en los ámbitos colegiados de representación política, siendo en ese sentido una instancia fundamental de la transición democrática en nuestro país.
En este tenor una de las instituciones que más descontento genera entre la ciudadanía, es el componente proporcional que integra a esta Cámara de Diputados y que aún reconociendo su origen democrático y plural, es necesario reconocer de igual forma su paulatino desgaste y tal como funciona actualmente, su falta de correspondencia con el contexto político y social vigente, así como su falta de responsabilidad ante la demanda a intereses ciudadanos.
Sin lugar a dudas los denominados en aquel 1962, diputados de partido, abrieron la puerta a la pluralidad y a la opción de dirimir por la vía institucional los conflictos de orden social y político.
La reforma de 1977, en este orden de ideas, fue la culminación de una lucha por la apertura a una competencia electoral y su consecuente representación en este órgano legislativo más equitativa, la cual derivó en una conformación de esta Cámara en 300 diputados provenientes de victorias distritales y 100 diputados electos por la vía plurinominal.
Más adelante, la reforma electoral de finales de 1986, promovida por el presidente Miguel de la Madrid, incluyó la participación del partido mayoritario en la repartición de diputados de representación proporcional, modificando la composición de la Cámara de Diputados. Para ello combinó 300 curules de mayoría con 200 de representación proporcional, de manera que el número de diputados pasó de 400 a 500, como actualmente permanece.
Más allá de la infértil discusión en torno al excesivo número de diputados y de su correlativa justificación en función del tamaño poblacional, distrital o de cualquier otro criterio, lo realmente preocupante y que debe preocuparnos, diputadas y diputados, es encontrar un mecanismo que, manteniendo el espíritu de aquella revolucionaria reforma de 1977, reformule y reoriente el componente de representación proporcional y le permita con ello ganar credibilidad y respeto por parte del electorado. Es decir, un mecanismo que legitime, frente al electorado, la elección de las diputadas y diputados que son nombrados a través de este principio, dotando a los electores de mayor poder sobre su designación.
Éste es, diputadas y diputados, el objetivo que persigue esta iniciativa que hoy propongo a su consideración. Específicamente este proyecto de ley propone una modificación al artículo 54 constitucional en lo referente a la integración de las listas de las cinco circunscripciones plurinominales mediante la incorporación, en cada una de ellas, de aquellos candidatos que hubieran obtenido el segundo lugar en sus distritos por el principio de mayoría relativa.
Propone una integración paritaria entre las listas designadas por los partidos y aquéllas derivadas de los candidatos, que sin haber obtenido la victoria en sus distritos, obtuvieron el porcentaje más alto de votación.
En suma, la iniciativa que propongo busca, por un lado, generar una mayor representatividad de los intereses de la sociedad a través de la elección de una parte de diputados electos por el principio de representación proporcional, mediante el voto indirecto de los ciudadanos y, por otro, vigorizar la organización y funcionamiento de este órgano de decisión a través de la mayor legitimidad democrática que tendría el Congreso en su conjunto, así como de la selección más cuidadosa que eventualmente harían los partidos políticos de los miembro que integran sus listas.
Si bien es cierto que éste no es el único mecanismo que fortalecería los objetivos referidos, estoy convencido de que es uno fundamental de los muchos por los que estamos dando pasos firmes a fin de ser realidad. Ojalá que en esta próxima reforma política-electoral se tome en cuenta también esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Marino Miranda Salgado, gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el derecho a la salud es uno de los más importantes de los derechos humanos. Éste incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.
Este derecho se traduce en obligación gubernamental, de crear condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Éste se encuentra consagrado en el artículo 4o de nuestra Carta Magna y en múltiples tratados internacionales de los que México es parte.
En México, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y ésta incluye, entre otras, las acciones y medidas para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.
Para cumplir con la obligación de Prevención, la Ley General de Salud previó un sistema de protección social en salud. Dicho sistema es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación seleccionados en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia, a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social. Creo firmemente que la promoción de la salud es un elemento necesario para la protección de la salud pública.
La Ley General de la Salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud, individual y colectiva.
En este sentido, el sistema más importante de prevención de la salud en nuestro país en es el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, que está integrada por las cartillas nacionales de vacunación, de salud de la mujer, de salud del hombre y de salud del adulto mayor.
Que las experiencias en la utilización de las cartillas mencionadas han comprobado su utilidad no únicamente como mecanismo de seguimiento en la atención recibida por los individuos, sino que además han demostrado que constituyen herramientas fundamentales de promoción de la salud ya que permiten al usuario crear conciencia de la importancia del auto-cuidado de la salud, así como que se demanden oportunamente los servicios preventivos correspondientes; sin embargo, a pesar de la importancia de este sistema, su existencia se basa únicamente en un decreto presidencial.
Por ello, en esta iniciativa que les presento se reconoce la importancia al sistema de cartillas nacionales y de salud y la necesidad de la perdurabilidad de dicho sistema en virtud de lo cual se propone elaborar a rango de ley, la exitosa propuesta del Sistema Nacional de Cartillas.
Por otro lado en esta iniciativa se da existencia legal al Consejo Nacional de Vacunación como órgano colegiado desconcentrado de la Secretaría de Salud.
Lo anterior en virtud de que si se estima indispensable fortalecerlo a través de su inclusión en la legislación sanitaria, toda vez de que se trata de la instancia colegiada de coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los sectores sociales y privado, y su función es indispensable para el funcionamiento óptimo del sistema de cartillas nacionales de salud.
Por todo lo anterior y con la finalidad de proteger el bien más valioso que tienen las personas es que presento esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Mónica García de la Fuente. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Esta Presidencia rectifica el trámite dado a la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por la diputada Margarita Licea González. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a cumplir un compromiso de campaña que nos va a interesar y les va a interesar a todas nuestras compañeras diputadas y diputados, hacer una reforma al artículo 170 de la Ley del Seguro Social.
Uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano se relaciona con el cuidado y la atención de la seguridad social, particularmente en este caso el derivado de la garantía de la pensión garantizada.
Ha sido tema de campaña de todos nosotros el combatir la pobreza y lo único que ha habido es más pobres, haciendo a México como país una fábrica de pobres, y por eso es que vengo a pedirles a todas y todos ustedes que apoyen esta iniciativa.
Yo recuerdo y les recuerdo a las compañeras y compañeros panistas que un secretario de Hacienda que hoy es senador, dijo que con 6 mil pesos que ganaran los mexicanos, las mexicanas, podrían comprar hasta un coche, un vehículo. Yo les digo que no dijo cómo, si se le hubiera ocurrido modificar el artículo 170 del Seguro Social en realidad ahí esa gente que ya entregó su vida a México y que ahora vive con una pensión de hambre, que no les alcanza ni para comprar sus medicinas y que la hubiera elevado a dos salarios mínimos del Distrito Federal, hubieran logrado que miles de hombres y mujeres lograran tener esos 6 mil pesos mensuales y claro que les hubiera alcanzado hasta para comprar un coche, aunque fuera usado.
Además, imaginen ustedes que todos los mexicanos que hoy viven en la pobreza ganaran 6 mil pesos mensuales, viviríamos en el país de las maravillas, porque entonces sí combatiríamos la pobreza. Como no se puede darles a todos esa cantidad, vamos a dárselas a las mujeres y a los hombres que ahora ya tienen 67, 70, 80 años y que viven de esa pensión garantizada que no les alcanza para nada.
Les pido a todas y a todos ustedes, a los integrantes de la comisión a donde se va a turnar esta iniciativa, que la dictaminen a favor porque de lo contrario no van a poder ayudar a esa gente que ya dio su vida por México.
Quedaría de esta forma el artículo 170: Pensión garantizada es aquella en que el Estado asegura a quien reúna los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley, y su monto mensual será el equivalente a 3 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al índice de precios al consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Soto Martínez. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el Congreso de la Unión, desde su ámbito de responsabilidades, tiene enormes tareas pendientes ante la problemática de las desapariciones forzadas.
Recientemente, Amnistía Internacional emitió un informe sobre desapariciones forzadas en México, señalando que se trata de un problema sistemático y generalizado. Dicho informe documentó 152 casos concretos de desapariciones; sin embargo, la misma organización alerta sobre el hecho de que dicha cifra no se acerca al total de desapariciones y lamenta que le único dato oficial que se ha dado a conocer es el de la base de datos publicada en febrero de 2013, que contiene 26 mil 121 registros.
Amnistía Internacional señala que dicha bases de datos demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas.
Concretamente, Amnistía Internacional ha solicitado la implementación de medidas que competen al Congreso de la Unión y a las que puede darse respuesta mediante la presente iniciativa, pues ha solicitado armonizar la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras medidas, creando una Ley General sobre Desapariciones Forzadas.
Por su parte, Human Rights Watch documentó casi 250 mil desapariciones tan solo en el sexenio anterior y también alertó sobre la participación en numerosos casos de miembros de fuerzas de seguridad mexicana.
Dicha organización ha exigido al Estado mexicano revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con las normas internacionales de derechos humanos.
La única forma en que el Congreso de la Unión puede incidir en la legislación de las entidades federativas que continúen sin tipificar el delito de desaparición forzada, es precisamente mediante la emisión de una ley general en la materia, asunto que ocupa esta iniciativa.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva informó, en junio de 2013, que cuenta con datos de 2 mil 443 casos de funcionarios del Estado que estarían involucrados en las desapariciones.
Otros esfuerzos ciudadanos también han demandado la creación de una ley general en materia, tales como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Fue también una exigencia en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, llevado a cabo en junio de 2013, en Saltillo, Coahuila.
En dicho foro, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, reconoció que México vive una crisis humanitaria, en el caso de las desapariciones de personas, ante la cantidad de víctimas de este crimen.
También en dicho foro, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, consideró inaudito que no haya detenidos por las desapariciones en el país.
El grupo de trabajo sobre desaparición forzada e involuntaria de personas, de las Naciones Unidas, recomendó en su informe de la misión a México realizada en marzo de 2011, que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo, crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida, con la participación de los familiares de las víctimas. Establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente, que garantice que los familiares, abogados, defensores de derechos humanos y cualquier otra persona interesada tengan pleno acceso a ese registro.
Permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, y garantizar el derecho a la reparación integral.
En septiembre de 2011, el Consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Santiago Corcuera Cabezut, destacó la importancia de tener una ley general contra la desaparición forzada en México que sea integral, que incida en la legislación nacional y así llenar los huecos que se tienen en la materia.
Si bien en el Senado de la República existen ya algunas iniciativas para establecer la base constitucional para la creación de una ley general sobre desaparición forzada, en la Cámara de Diputados no se ha comenzado a debatir el tema.
Dado que la colegisladora no ha logrado avanzar en esta materia, sería útil que la Cámara de Diputados actuara como cámara de origen ante la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el país en materia de desaparición forzada.
México se encuentra vinculado a la tipificación adecuada y a la prevención de la desaparición forzada, pues ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones. Sin embargo, hasta la fecha, continua incumpliendo con sus obligaciones para con la comunidad internacional.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.
Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
XXIX-R. Para legislar en materia de desaparición forzada de personas, estableciendo la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas de personas.
Dicha legislación deberá contemplar como sujeto activo del delito tanto a los servidores públicos como a los particulares que actúen con la autorización, el apoyo, la complicidad del Estado, definir la desaparición forzada como delito autónomo y de carácter continuado, cuya prescripción únicamente podrá computarse a partir de que se conozca la suerte o el paradero de la víctima.
En ningún caso podrán otorgarse amnistías o indultos a favor de quienes hubieren cometido el delito de desaparición forzada de personas. La ley general que se expida con fundamento en esta fracción deberá crear un registro nacional de personas desaparecidas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada doña Loretta Ortiz Ahlf. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México vive una paradoja en su agenda social y de salud: por un lado hay 28 millones de compatriotas que no tiene acceso a una alimentación adecuada y, por el otro, tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad entre nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes.
Esta paradoja muestra que requerimos políticas públicas integrales que atienden un tema de exclusión social y que al mismo tiempo dichas acciones tengan un impacto positivo esperado por la comunidad. Las políticas deben tener un sustento legal para aminorar los efectos perversos que pudiera trae consigo tratar de acabar con el hambre en el país.
Sin una alimentación nutritiva y adecuada, porque atender el hambre no es sólo alimentar a la población, es alimentarla bien con nutrientes y la dieta balanceada que permite el desarrollo físico e intelectual acorde con los estándares mundiales.
Durante el 2011 se aprobó la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un párrafo en el que se establece que toda persona tiene el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que el Estado garantiza. Con una enmienda constitucional se aprendió a dar certeza a la seguridad alimentaria y nutricional, y superar la crisis alimentaria que sufren los sectores más desprotegidos del país.
En el año 2012, con el cambio de gobierno a nivel federal el tema de la desnutrición se incorporó como un asunto prioritario en la agenda nacional. El Poder Ejecutivo Federal creó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sin Hambre. Dicho sistema constituye una estrategia que busca la inclusión y bienestar social a través de conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como del sector privado y de Organismos e Instituciones Internacionales, orientado a la población en estado de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.
Reconociendo el esfuerzo que conlleva este importante programa encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dicha estrategia no consideró la modificación mencionada del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, referente al importante concepto de alimentación nutritiva.
La presente iniciativa tiene el propósito de incorporar el concepto de alimentación nutritiva y de calidad en la Ley General de Desarrollo Social, con el que se pretende que todos los programas de gobierno consideren de manera conjunta la alimentación con la nutrición, particularmente en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sin Hambre.
Mantener separados ambos términos va en contra de la esencia de una alimentación nutritiva, que fue el espíritu de la Declaración de Roma al referirse a alimentación nutricionalmente adecuada; es decir, realizar una selección adecuada de los alimentos que se van a ingerir con la finalidad de que no solo gocemos de una alimentación o comida, sino que esto aporte a nuestro cuerpo, los nutrientes requeridos para participar de una mejor salud óptima.
Estimados compañeros y compañeras diputadas, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consideramos importante adecuar la Ley General de Desarrollo Social, con la que establece el artículo 4o. constitucional, no solo por un asunto de modernización legislativa, sino porque es necesario orientar la integridad de la política social con la agenda de salud. Una alimentación accesible, adecuada, nutritiva y de calidad debe ser nuestro mayor compromiso con la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Cristina Olvera Barrios. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Telesecundaria Adolfo López Mateos, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México. invitados por la diputada Irazema González Martínez.
Bienvenidos también los estudiantes de la Escuela Primaria Lorenza Rosales. Invitados por el diputado Israel Moreno Rivera; y de manera muy afectuosa también, a las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan del estado de Querétaro.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, acordaron que de recibirse el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se otorga por parte de esta LXII Legislatura, la Medalla al Mérito Cívico, Eduardo Neri, Legisladores de 1913; éste sería integrado al orden del día publicado. En consecuencia, consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza la modificación del orden del día.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que el dictamen de referencia se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible ya en los monitores de sus curules por lo que, para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza a que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. El siguiente punto del orden del día la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que ésta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.
Tiene la palabra por cinco minutos el señor diputado Rubén Camarillo Ortega, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, presidente. Vengo a esta tribuna, primero, agradeciendo al diputado Marcos Aguilar, presidente de esta comisión, que me haya cedido el honor de presentar este dictamen a la consideración de todos y cada uno de ustedes.
Con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de los Diputados, presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el dictamen por el que la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, otorga la medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.
La medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, es el máximo reconocimiento que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión entrega durante el mes de octubre a aquél ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente sirviendo a la colectividad nacional y a la República por sus hechos cívicos o políticos.
Desde su aparición, la medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913 ha pasado por diversas etapas hasta llegar a lo que hoy representa. Surgió en la XLVII Legislatura el 21 de octubre de 1969 cuando un grupo de parlamentarios, encabezados por el diputado Celso Vázquez Ramírez, propuso reconocer al ex diputado Eduardo Neri, quien en la XXVI Legislatura pronunció un discurso sobre la desaparición y muerte de diversos legisladores por parte del gobierno Huertista.
Desde entonces, la presea se ha entregado a diversas personalidades incluyendo al propio Eduardo Neri, así como también a Andrés Henestrosa, Jesús Silva Herzog, Enrique Corona Morfín, Salvador Azuela Rivera, Francisco Martínez de la Vega, Raúl Anguiano Valadez, Miguel León Portilla, José Sarukhan Kermez y muy recientemente –el año pasado- a don Jacobo Zabludovsky.
El pasado 25 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas aprobadas por esta Cámara al diverso por el cual se crea la Meda al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, publicado el 2 de mayo de 2001, así como el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico, con el objetivo fundamental de que este reconocimiento otorgado en tiempo reciente, una vez cada legislatura, ahora se entregue cada año de ejercicio en la Cámara de los Diputados.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta representación, es competente para conocer y resolver todo lo relacionado con las distinciones que se otorgan a nombre de la Cámara de Diputados, según lo dispuesto por los ordenamientos correspondientes.
En el mismo sentido es responsabilidad de esta comisión elaborar el dictamen para otorgar la presea referida en concordancia con lo que señala el artículo 3o., del decreto en comento.
La comisión reconoce ampliamente el desempeño y empeño cívico de ciudadanos mexicanos y considera que la distinción de esta Cámara a los méritos de un ciudadano, es un acto, sin duda, oportuno en cualquier tiempo y con ello el Poder Legislativo acerca su labor a la sociedad que representa.
Esta representación manifiesta su compromiso a través de este reconocimiento de continuar fomentando y premiando los valores cívicos, así como las acciones que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad.
La propuesta del candidato que hoy nos ocupa y que ponemos a su consideración a través del presente dictamen, fue presentada por los diputados: Adriana González Carrillo, Luis Alberto Villarreal García, Alfredo Rivadeneyra y por la diputación panista del estado de Aguascalientes; la diputada Teresa Jiménez, el diputado Raudel López, el diputado José Ángel González y su servidor el de la voz, diputado Rubén Camarillo, todos ellos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en virtud de lo siguiente y cito textual:
Quienes suscribimos la propuesta de otorgar la Meda Eduardo Neri, Legisladores de 1913, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo, encontramos méritos cívicos sobresalientes para acreditar en su persona los valores de ser un mexicano ejemplar, quien ha dedicado toda su vida a las causas más nobles, entre ellas a apoyar a los niños con discapacidad, cáncer y autismo, así como a familias ayudándoles a mejorar su calidad de vida.
En México cuatro de cada diez mexicanos son afectados por alguna discapacidad y uno de cada tres, por el cáncer. Desde que la Fundación Teletón inició sus trabajos, a la fecha, se han atendido 198 mil 420 pacientes y existen aún 14 mil 126 en la lista de espera.
El Hospital Infantil Teletón, de Oncología que está próximo a iniciar sus trabajos, tendrá capacidad para atender a 200 niños y a sus familias, quienes contarán con un albergue para acompañar al paciente durante toda su estancia.
Su obra ha dado frutos como lo son los de los atletas paraolímpicos mexicanos, quienes nos representan en el exterior, los niños y jóvenes que hoy son padres de familia y que tras su rehabilitación lograron alcanzar sus metas y vivir con dignidad.
Termino, presidente, diciendo que mostrar a México que si se pueden cambiar las cosas y la promoción de una cultura de inclusión ha sido una de las más grandes aportaciones de la obra del ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo.
Así, pues, a través del presente dictamen, esta dictaminadora reconocer la necesidad actual de promover una cultura en donde los ciudadanos trabajen por el bien de su familia, de su comunidad, en consecuencia de nuestro país, a fin de que ello se traduzca en un mejor entorno social para todos.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, en atención a la trayectoria y aportaciones en su ámbito que se han traducido en beneficios para la colectividad nacional, esta dictaminadora presenta a su consideración el dictamen para que esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión otorgue el próximo 9 de octubre del presente año la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913 al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo. Es cuanto, señor presidente, y dejo a su consideración el presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Rubén Camarillo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Huerta, con qué objeto.
El diputado El diputado Manuel Rafael Huerta Ladón de Guevara (desde la curul): Para pedir la palabra para manifestarme en torno al asunto que se está discutiendo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No tengo otro orador registrado en contra. Le doy la palabra para hablar en contra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y registro a favor a quienes me lo soliciten. Tiene la palabra, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ya desde el siglo pasado, a mediados, Bertolt Brecht, en su obra Santa Juana de los Mataderos, alertaba a los hombres y mujeres del mundo que la misericordia se usa para avalar los sistemas de explotación del hombre por el hombre. Les recomiendo mucho que revisen esta obra de teatro y verán lo que le pasó a Teresa, que era parte del Ejército de Salvación, y cómo los capitalistas usaban la misericordia para seguir explotando a los hombres y a las mujeres.
Existe una política pública a cargo del Ejecutivo federal y ahora de esta Cámara de Diputados –porque lo propone el PAN, lo avala el PRI y los que lo quieran avalar– para fortalecer la imagen de grupos empresariales, los que luego por cierto denuestan contra los diputados señalándolos como flojos, vividores y todo lo demás. El día de hoy al grupo Televisa.
Yo ya en el segundo receso de esta Legislatura presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el cual solicité la investigación de la condonación de más de tres mil millones de pesos de impuestos a Televisa. Luego salió que esta misma Cámara había aprobado mecanismos para que fueran posibles estas condonaciones tributarias.
Desde 1994, la Declaración de Salamanca promueve la educación para todos mediante la capacitación de las escuelas para atender a todos los niños, sobre todo los que tienen necesidades educativas especiales y discapacidad. A un niño con necesidades educativas especiales se le dificulta tener un ritmo de aprendizaje igual al de sus compañeros con los que comparte el quehacer educativo en el aula; su ritmo es lento y requiere el apoyo de profesores capacitados en educación especial, así como de sus padres en casa para que juntos logren abordar el plan y programa del grado que cursa de manera significativa y satisfactoria.
Desgraciadamente los encargados de apoyar este tipo de necesidades se alejan de los principios rectores de la educación especial y depositan esta responsabilidad en el Teletón o en instituciones de carácter privado.
Además las autoridades, desde el secretario de Educación Pública hasta el director de una escuela primaria han trazado, apoyado, involucrado al niño en políticas educativas de carácter neoliberal, lo que ellos llaman “trabajar por competencias”, término empresarial e industrial.
Esta política educativa ha puesto en desventaja a los niños con necesidades educativas especiales o discapacidad. Ya desde el 97, en el inicio de la gran estafa del Teletón, sustentada en campañas mediáticas, de chantajes y lástimas sentimentalistas, manipuladas por los medios de comunicación al servicio de los grandes evasores de impuestos que coaccionan a la población a donar para engordar los montos de evasión de impuestos en los que se juegan empresas y grupos corporativos que se benefician con las aportaciones individuales de ciudadanos engañados de un falso altruismo.
Se destaca la participación de la propuesta por reconocer el mérito cívico a un ciudadano que se ha destacado por impulsar este juego de evasión de impuestos.
Y miren, esto es Teletón, y ciudadanos Mexicanos Primero, que es quien ha estado azorrillando, sobre todo a través de Televisa para estar denostando y lastimando a los maestros mexicanos que están luchando contra una ley administrativa y laboral que aquí ustedes mismos echaron a andar.
Evidentemente, nosotros, yo en lo personal, como diputado de la verdadera oposición, tenemos que subirnos a esta tribuna, aunque sabemos que el Canal de las Estrellas nos va a mandar campañas mediáticas como la que le enviaron a Aristegui con Laura Bozzo, para denostar, denigrar, no nos importa. Lo que nos importa es que aquí en esta tribuna se digan las verdades y nada más faltó que hablaran con violines de fondo sobre este señor que realmente es quien lo estoy diciendo, ha servido –y reitero– para impulsar un juego de evasión de impuestos.
Miren, quiero culminar diciendo: él en una entrevista que le hacen el 17 de marzo de 2010, porque si revisan su historial lo verán. Dicen, ¿por qué no se dedicó a la política? y casi con música de violines dice: porque yo lo que quería era servir y encuentro que en la asistencia privada el camino es quizá más limpio y más directo para servir a los demás, al menos, más adecuado para mi forma de ser.
Y ya no quiero hablar más de él en lo personal, porque evidentemente él es uno más de este drama que en el país se vive con este tipo de políticas que se impulsan desde el Ejecutivo federal y que esta Cámara de Diputados sirve de tapadera, porque aquí no vengan a decir: no, es que no lo propuso el PRI, lo propuso el PAN, pues si son lo mismo, y sabemos que están jugando en la misma lógica.
No dudo que hasta los del Panal y otros partidos estén de acuerdo en esto, pero nosotros tenemos que decir las cosas como son, y lo que son es que este señor se dedica a apoyar a empresas que evaden impuestos y se valen de los sentimientos del pueblo para engañar a los mexicanos. Por eso mi voto será en contra de esta propuesta. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo otros oradores registrados pido a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 324 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al segundo año de ejercicio de la legislatura, al ciudadano Pedro Fernando Landeros Verdugo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: Con su permiso, señor presidente. Buena tardes a todos, diputadas y diputados, compañeros, México tiene que buscar cada vez más la competitividad, tenemos que buscar esquemas que funcionen y dejen de ser obsoletos, y yo creo que el ramo aeroportuario, el ramo de la aviación civil no es la excepción, un ramo que al día de hoy se encuentra sobre-regulado, que al día de hoy se encuentra con una serie de problemas que no le permiten despegar.
Esto tiene serias afectaciones, y haciendo un recuento de lo que acaba de suceder hace pocos días, si México no hubiera sido un país sobre-regulado en el tema de aviación hubiésemos tenido más alternativas en Guerrero, más aeropuertos y temas como ésta nos hubieran permitido tener mayor accesibilidad a zonas de desastre, todo porque nunca quisimos afectar intereses de grupos en particular.
Hoy en la Cámara de Diputados dictaminamos, por unanimidad, una serie de reformas que van a permitir trabajar con una mayor concordancia con los estándares internacionales, donde vamos a romper con esa cerrazón y vamos a empezar primero con el tema de los certificadores.
Hasta hoy era imposible un certificador mexicano, una aerolínea mexicana o para una aeronave ir a certificarse a Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo. Con estas nuevas modificaciones nos vamos a abrir un espectro mucho más amplio que va a permitir certificaciones más fáciles, pero de mucha mayor calidad.
Asimismo, los talleres que den el servicio se van a poder certificar de una manera más fácil, van a poder hacer las certificaciones en el extranjero y van a tener mayores factibilidades.
Pero uno de los temas que más nos va a ayudar en el tema de aeronavegabilidad es el tema de cuidar el cabotaje, la simulación de los empresarios o de aeronaves extranjeras, que de una manera ilegal prestaban los servicios, el servicio de taxi a nacionales y haciendo cabotajes en rutas internas, cosa que está estrictamente fuera del Tratado de Libre Comercio.
Es un tema que está reservado por Estados Unidos para los norteamericanos y es un tema que estaba reservado. Hoy, por ley, las sanciones son mucho mayores e inclusive llegarán a la detención de la aeronave si no se cubre primero la multa que le fuese impuesta.
Asimismo, estamos modificando el tema de aeronavegabilidad en el tema de aeropuertos. Se puede invertir hoy con iniciativa privada en aeródromos de una manera más simple y más sencilla, de una manera que permita tener mayores alternativas, que permita tener menor regulación y que permita tener aeropuertos más cerca uno de otro.
Estamos reduciendo el rango a 10 millas. Eso te va a permitir tener vuelos visuales, tener aeropuertos, tener aeródromos que te permitan una mejor alternativa, que te permitan una mejor opción y, por ende, una disminución en los costos y una competitividad para el país.
Esta determinación en el seno de la Comisión de Transportes se logró por unanimidad. El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández tuvo a bien presentarla y trabajarla de la mano con nosotros, representantes del Partido Revolucionario Institucional; logramos llegar al acuerdo de que se pasara por unanimidad y que todos los partidos buscáramos el cómo sí se llega a la mejor productividad en todos los sectores de transporte en México. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. El dictamen que hoy está a discusión contiene diversas reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, que pretende aportar a la modernidad y productividad de este sector, que es de gran importancia para nuestro país.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es favorecer la industria aérea nacional y evitar permisionarios sin un tratamiento regulatorio uniforme para los extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio mexicano.
Asimismo, se modernizan los mecanismos de reconocimiento de los talleres aeronáuticos y centros de capacitación que brindan sus servicios a aeronaves y a las tripulaciones mexicanas en el extranjero.
De igual forma, en la Comisión de Transportes aprobamos ampliar el plazo de la certificación de aeronavegabilidad y las licencias para técnicos aeronáuticos a dos años, con el propósito de garantizar la experiencia del personal en operaciones y condiciones eficientes de los aviones.
En lo concerniente a la Ley de Aeropuertos, la comisión acordó eliminar algunos requisitos de aquellos aeródromos y helipuertos que se encuentran a más de 10 millas náuticas del aeropuerto más cercano, con la finalidad de evitar el exceso de trámites en zonas alejadas a los aeropuertos, como zonas rurales y de difícil acceso.
Por último, queda establecido en la Ley de Aeropuertos que los prestadores de servicios complementarios tendrán la obligación de otorgar los servicios sin ninguna distinción, a todas las empresas que así lo requieran.
Con esta medida garantizamos una competencia justa y una mayor productividad dentro del sector.
Nueva Alianza está de acuerdo con las modificaciones que la Comisión de Transporte realizó a la iniciativa presentada, anteponiendo siempre el propósito de garantizar las óptimas condiciones de las aeronaves y la seguridad de los usuarios.
Con estas reformas el principal beneficiado será el consumidor final, es decir, los pasajeros que utilizamos los servicios de las aerolíneas, ya que se tendrán mejores condiciones para los viajes.
En conclusión, el resultado del análisis que está plasmado en el presente dictamen, se realizó con toda la responsabilidad y conciencia, privilegiando, antes que nada, la seguridad de los usuarios y los tripulantes.
Por tales motivos, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Es cuanto y gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Angelino Caamal Mena.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en días recientes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho declaraciones que tienen qué ver con erradicar el pirataje en la prestación de servicios de cualquier tipo de transporte público.
En este sentido y para el caso que nos ocupa, este tipo de medidas deben estar claramente comprendidas, como bien lo señala este dictamen, incluyendo el transporte aéreo particular en nuestro territorio, proveniente de otras naciones, como ocurre con los Estados Unidos de Norteamérica.
Este dictamen prevé integrar un capítulo 15 Bis a la Ley de Aeropuertos para regular el cabotaje existente a lo largo y ancho de nuestro país. Con estas medidas será posible considerar la aplicación de multas derivadas de una mala práctica de estos servicios, toda vez que la intención de esta propuesta es, precisamente, terminar con los excesos que se hacen derivados de la sobrerregulación del sector y su carga administrativa.
De forma determinante queremos expresar nuestro sincero reconocimiento a este tipo de medidas legislativas, pues es parte de la solución para acabar con un problema ya común. El hecho de contratar con los servicios de transportación aéreos de terceros, y que en ocasiones proponen condiciones de usos abusivos es, en otras palabras, servir como cómplices de una actividad ilegal.
Es pertinente señalar que las comodidades y el tipo de servicio de lujo que en muchos de sus usuarios no deslindan de responsabilidades a los concesionarios extranjeros de las posibles fallas y anomalías administrativas e inclusive accidentes que pudieran sufrir las aeronaves.
Por ello la obligatoriedad de estar certificados en sus países de origen, así como la obligación de hacerse reconocer por las autoridades mexicanas, bajo el criterio de convalidación documental, se hace un requisito indispensable para que este medio de transporte propuesto para ser regulado por la Comisión de Transporte pueda ser una práctica comprobada y eficiente.
Debemos tener claro que, para todo aquel concesionario, la violación de cualquiera de las normas propuestas en este dictamen conlleva a las medidas severamente aplicadas que en definitiva inhibirán la práctica de estos servicios de transporte público.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con el planteamiento para su aprobación, hecho por la Comisión de Transportes. Dicho planteamiento nos parece acorde a las necesidades actuales de los usuarios de los servicios del transporte aéreo y, pensando en ellos, consideramos que este dictamen deberá ser aprobado. Por el pleno por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor del presente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, don Ricardo Cantú Garza. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado José Soto Martínez.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, en nuestro país el transporte de carga vía cabotaje es una práctica que comenzó a realizarse en los puertos y puntos marítimos situados en las zonas marinas y litorales mexicanos aproximadamente desde la década de los 70.
En México, el transporte de carga en cabotaje se ha reducido a su mínima expresión a consecuencia de diversos factores, entre los que destaca: la competencia desleal, su propio régimen y esquema fiscal, los altos costos portuarios y la desaparición de muelles de cabotaje en los puertos nacionales.
Como consecuencia, en la nación resulta excesivamente costosa la operación del servicio de taxis aéreos debido a la sobrerregularización existente, por lo que se debe evitar que existan permisionarios extranjeros que presten servicio de transporte aéreo privado comercial en territorio mexicano y ofreciendo servicios a terceros por el cual reciben una compensación.
El cabotaje se ha constituido como una práctica que ha perjudicado a la industria aeronáutica nacional, ya que ha provocado un trato diferenciado entre las aeronaves extranjeras y las nacionales, proporcionando a las primeras un trato preferencial facilitando la operación de aeronaves extranjeras sin cumplir con las obligaciones asignadas a las locales. En ese sentido, es claro que para fortalecer la industria aeronáutica nacional y evitar las prácticas que han afectado al desarrollo de esa actividad tan relevante en la nación, se deben prohibir ese tipo de acciones estableciendo las sanciones correspondientes que garanticen la prohibición implementada.
Actualmente, la seguridad y protección de los usuarios se encuentra vulnerada debido a que no existe una certificación que permita vigilar a los permisionarios extranjeros que ofrecen el servicio de transporte aéreo.
Es por lo anterior, que dicha práctica se debe normar a través de la Ley de Aviación Civil, para lo cual es importante especificar la prohibición de las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado o comercial en territorio nacional.
Dentro de las acciones que se deben llevar a cabo, vale la pena mencionar que resulta menester la imposición de sanciones, la ejecución de multas y la inmovilización de aeronaves con el propósito de lograr un correcto funcionamiento del sector.
Derivado de lo anterior, aplaudimos el respaldo de la comisión, a la propuesta de que los centros de capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar este servicio a los nacionales para lo cual deberán contar con la autorización y el registro de la autoridad de su país, como de la autoridad mexicana respectiva.
Asimismo, coincidimos en que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deben contar con el registro ante la secretaría o ante el centro de capacitación extranjero para el cual prestaron sus servicios.
De esta manera el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de esta reforma. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Soto Martínez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén.
El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. El espacio aéreo es una plataforma estratégica que cumple con una función social muy importante en el transporte de pasajeros dentro y fuera del país y facilita el comercio y el intercambio de mercancías.
En los últimos años el peso estratégico de la aviación se ha acrecentado significativamente a raíz de la acelerada apertura de nuestro país hacia el exterior. Asimismo la aviación se ha convertido en herramienta indispensable para la integración nacional, para el turismo, para la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías con alto valor económico.
Dentro del proceso de globalización que vive el mundo contemporáneo, la conexión aérea de las ciudades turísticas y de negocios se ha convertido en factor determinante de la competitividad y el desarrollo. Hoy en día el sector aeronáutico –como ningún otro– constituye uno de los pilares más importantes de nuestra economía.
De acuerdo a los datos que ha emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se alcanzó un máximo histórico de 56.8 millones de pasajeros transportados, registrando altas tasas de crecimiento. En ése mismo año se operaron en servicio regular 618 rutas de origen y destino, 355 internacionales y 263 nacionales. Son 36 más que el año anterior, sin duda, aumentando la conectividad.
Es por ese motivo, compañeras diputadas, compañeros, que la Comisión de Transportes al momento de entrar al estudio de la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, analizó la problemática para evitar la existencia de permisionarios extranjeros, los cuales prestan servicio de transporte aéreo privado o comercial en territorio nacional ofreciendo servicios a terceros a cambio de una compensación. Esto afecta sin duda directamente al sector nacional.
Por tal razón es necesario prohibir a dichos permisionarios que realicen prácticas de cabotaje en territorio nacional, imponiendo sanciones a quienes no cumplan con esta disposición revocando concesiones o permisos, así como una multa que va de los 10 mil a los 25 mil salarios mínimos.
De igual manera, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la Aviación Civil, es menester que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca un programa estatal de seguridad operacional, además de planear, formular y conducir las políticas programáticas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo.
Es de observar que la Comisión de Transportes realizó un gran esfuerzo en el análisis encaminado a regular el sector aeroportuario, con el objeto de erradicar trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas de las ciudades, ya que por su condición y naturaleza no necesitan estudios de trayectorias ni estudios de espacios aéreos ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.
Hoy en día la aviación mexicana es una industria moderna y dinámica, creadora de nuevas oportunidades de negocios y empleos que ha superado en términos de calidad y seguridad; sin embargo, esta también una industria que enfrentará enormes desafíos para consolidarse en el mercado interno y para sortear las turbulencias que se aprecian en el entorno externo.
El Partido Verde votará a favor de este dictamen a fin de consolidar los esfuerzos para actualizar el marco jurídico y de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional y de competitividad en la Aviación Civil. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida al señor diputado local electo, al licenciado Manuel Andrés García Díaz, asimismo a los señores presidentes municipales electos Enrique Méndez Jiménez, de Mazatlán; Porfirio Ruiz Ruiz; al presidente electo Javier Flores Castellanos; al señor presidente electo Isidro Camacho; al señor presidente electo Jorge Guerrero, al señor presidente electo Jaciel García Ruiz; asimismo a Tomás González y Yuri Ramos Gómez. Sean todos ustedes bienvenidos. Ellos fueron invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Con su venia, señor presidente. México es un país que aún tiene una gran deuda social con su población en materia de empleo formal.
Por ello no es lógico permitir la competencia desleal de empresas extranjeras que no reinvierten en México para crear fuentes de empleo y obtienen grandes ganancias que les permiten los incentivos fiscales y las lagunas existentes en el marco jurídico que las regulan.
En concordancia con la línea política de nuestro partido y de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en esta honorable Cámara de Diputados, rechazamos tajantemente seguir aceptando que las actuales leyes de aviación civil y de aeropuertos, permitan las prácticas de cabotaje a permisionarios extranjeros privados que prestan servicios de transporte aéreo comercial en el territorio nacional.
Nuestra fracción parlamentaria está totalmente de acuerdo en discutir y aprobar las adecuaciones necesarias a estas leyes de aviación civil y de aeropuertos, que impidan a estas empresas extranjeras continuar explotando el espacio aéreo nacional sin corresponder con inversiones productivas que creen fuentes de empleo para nuestros connacionales.
Actualmente en nuestro país tenemos registradas cerca de mil 600 aeronaves matriculadas como taxis aéreos, por lo que es necesario realizar una revisión a fondo no sólo de los permisionarios extranjeros, sino también de los nacionales para poder incorporarlos a la reglamentación modificada que se ha propuesto.
La iniciativa presentada por el compañero legislador Juan Manuel Carbajal Hernández, representa además una buena oportunidad para revisar la antigüedad de la flota aérea comercial privada y también la no comercial, para incorporar la creación de figuras jurídicas que contemplen su renovación, como medida indispensable de seguridad para el espacio aéreo mexicano.
A nuestro grupo parlamentario le parece de suma importancia que se impongan sanciones ejemplares a los permisionarios extranjeros que practiquen el cabotaje en México, ya que muchas veces sus aviones tienen más de 20 años de servicio y como en Estados Unidos sí tienen estrictos controles en ese sentido, se vienen a nuestro país ante la complacencia del actual marco jurídico que regula el uso del espacio aéreo, a prestar este servicio, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, además de afectar al sector nacional por la diferencia en los precios.
Con esta propuesta que imponen sanciones ejemplares en caso de infringir la nueva ley, se estará protegiendo a todos los mexicanos.
Anteriormente sólo se les imponían multas muy significativas por lo que nunca les importó infringir la ley.
Las prácticas llevadas a cabo por las empresas que ofrecen servicio de taxi aéreo han generado diversas tragedias en los últimos años, por lo cual su situación debe de ser revisada y su actuación regulada plenamente. Es una exigencia de los usuarios para salvaguardar su seguridad y la de la tripulación.
Las modificaciones que nuestra fracción propone son las siguientes: fomentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de la aviación privada en México, simplificando los procedimientos administrativos para el otorgamiento de permisos, ofreciendo certidumbre que elimine la corrupción.
Readecuar los altos costos regulatorios. Evitar la doble tramitación y homologar las regulaciones con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos.
Además nuestra fracción sugiere que el certificado de aeronavegabilidad se amplíe a sólo dos años de duración y no de forma permanente, ya que esto puede fomentar la corrupción, siempre y cuando se acredite que la o las aeronaves se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento para realizar operaciones de vuelo, acreditando los mantenimientos preventivos y correctivos que exige la ley, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes.
De igual manera, la fracción del PRD se adhiere al punto presentado en la referida iniciativa que establece la necesidad de que los talleres aeronáuticos y los centros de capacitación ubicados en el extranjero sean reconocidos por la autoridad aeronáutica mexicana con el objetivo de no causar más costos a la aviación en general, que actualmente se estiman en más de 50 millones al año.
También coincidimos en las reformas propuestas a la Ley de Aeropuertos con el objeto de facilitar la tramitación de los permisos para obtener aeródromos civiles en zonas alejadas y la disminución de los trámites para los aeródromos o helipuertos alejados al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano con el objetivo de disminuir el alto nivel de corrupción al solicitar trámites innecesarios e inútiles.
Sin embargo, no coincidimos en que la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico sea permanente, pues la revalidación periódica de la licencia es el principal medio del que dispone actualmente la autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del mantenimiento de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto. Por estas razones creemos que la duración de la licencia debe de ser de dos años.
Los diputados del PRD consideramos que las sanciones propuestas en la iniciativa deben de imponer sanciones como la revocación de permiso, multas ejemplares y que incluso la inmovilización de la aeronave pueden ser incluidas en las reformas propuestas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Rafael Acosta Croda.
El diputado Rafael Acosta Croda: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputado: en representación de los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar ante ustedes el posicionamiento en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, presentada por el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de la fracción manifestamos la necesidad de actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para plasmar nuevas realidades que faciliten este medio de transporte fundamental para la movilidad.
La aviación es un medio de transporte cuyo uso se ha democratizado con el paso de los años, pues de ser un medio de alto costo y complejidad técnica, ha pasado al uso de para la movilización masiva en aviones de gran capacidad, como de uso más limitado en tamaño de usuarios.
Esa realidad demanda que la legislación sea modificada para facilitar la expansión y el desarrollo de este medio de transporte considerando la relevancia en la preparación, actualización del personal que opera las naves de este medio de transporte.
Las y los diputados del PAN estamos de acuerdo en la propuesta de que los centros de capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar ese servicio a los connacionales, para lo cual deberán contar con la autorización y registro de la autoridad de su país, como de la autoridad mexicana respectiva.
En este mismo sentido nuestro grupo parlamentario considera que la reforma al artículo 39 de la ley garantiza que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento cuenten con el registro ante la Secretaría o ante el Centro de Capacitación al Extranjero para el cual presten sus servicios.
También consideramos necesario establecer penas superiores a los permisionarios extranjeros que prestan servicio de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional que realicen indebidamente servicios de cabotaje imponiendo sanciones como la revocación del permiso, así como multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa.
En relación con la vigencia del certificado de aeronavegabilidad es conveniente extender su vigencia a dos años, sujeto a que la aeronave cumpla plenamente los requisitos de mantenimiento.
Lo anterior toda vez que la expedición del certificado de aeronavegabilidad es el instrumento por el cual esta autoridad vigila que se cumplan con las condiciones de seguridad.
De la misma manera planteamos que la revalidación periódica de la licencia sea el principal medio del que dispone actualmente la autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del mantenimiento de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto.
Por ello estamos de acuerdo con la comisión dictaminadora para extender la vigencia de la licencia del personal técnico-aeronáutico a dos años.
Además es fundamental establecer la obligación del personal aeronáutico de acreditar ante la autoridad aeronáutica ser titular de una licencia vigente expedida por ella, además de contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad.
Por lo anterior, terminada la vigencia de la constancia de actitud psicofísica del interesado, tendrá hasta 30 días posteriores para su renovación, período en el cual no podrá ejercer su actividad como personal técnico aeronáutico sin que esto implique el vencimiento de su licencia.
Por último, y en el mismo sentido que las dos anteriores propuestas, avalamos el planteamiento de instrumentar a través de la ley que el aterrizaje de la aeronave sea considerado como el cierre de plan de vuelo.
Finalmente, nuestro grupo parlamentario considera necesario reformar el artículo 16 de este mismo ordenamiento con la finalidad de que la Secretaría no pueda suspender las operaciones de las aeronaves por contraprestaciones pendientes de cumplimiento de los propietarios de las mismas, con concesionarios y/o permisionarios.
Esto porque en muchos casos la autoridad detiene las operaciones de las aeronaves provocando grandes pérdidas a los usuarios y afectando así operaciones de comercio, carga y turismo.
En concordancia con lo reformado es imprescindible adicionar un Capítulo 15 Bis con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca un programa estatal de seguridad operacional a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil.
También coincidimos en la propuesta de reformar la Ley de Aeropuertos, para que los interesados en obtener un permiso para tener un aeródromo no requieran estudio operacional de trayectorias cuando se trate de helipuertos, ni estudios de espacio aéreo cuando se trate de aeródromos, ambos no controlados y de operación bajo reglas visuales de vuelo, siempre y cuando su punto de referencia de aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano. Lo anterior con el objeto de eliminar trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas de la ciudad, como ranchos y zonas rurales que por su condición y naturaleza ni necesiten estudios de trayectoria ni estudios de espacios aéreos ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.
Por otro lado, en un esfuerzo por regular eficientemente el sector aeroportuario y con el objeto de hacer más completo e integral el presente dictamen, consideramos necesario hacer modificaciones a tres artículos de la Ley de Aeropuertos.
Las adiciones al artículo 27 de la Ley introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, por lo que permite la libre concurrencia a tales servicios.
La reforma al artículo 48 amplía la definición de los servicios complementarios que ofrecen los aeropuertos, además también se establece la modificación del artículo 2 al artículo 57 a efecto de generar congruencia en el cuerpo normativo de que se trata, por lo que el concesionario además de proveer lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, esto jamás podrá limitar ni restringir y bloquear el número de empresas que quieran ofrecer estos servicios, salvo por razones de disponibilidad, espacio, eficiencia y seguridad.
En virtud de lo anterior expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto: Compañeras y compañeros legisladores, el sector de la aviación se ha caracterizado por contar con un crecimiento dinámico que ha generado la existencia de una normatividad compleja y exhaustiva, la cual se ha tenido que ir ajustando de acuerdo a las necesidades de este importante sector.
Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos en el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, un esfuerzo profesional y plural tendiente a regular una actividad crucial para el desarrollo nacional, procurando en todo momento la seguridad de los usuarios.
Con el reconocimiento de las certificaciones llevadas a cabo en el extranjero se facilitará la capacitación del personal técnico, mientras y con la expansión de la vigencia de la certificación de aeronavegabilidad a dos años, se dará certeza jurídica a los usuarios y se contribuirá a terminar con prácticas de corrupción y burocratismo.
La prohibición de las prácticas de cabotaje realizadas por permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional protegerá a los prestadores nacionales de este servicio frente a la competencia, en muchas ocasiones desleal, proveniente de otros países, pero sobre todo la aplicación de sanciones tales como la revocación de permisos, la imposición de multas y la inmovilización de las aeronaves garantizará el respeto a dicha resolución.
Finalmente, es importante precisar que con las reformas contenidas en el dictamen se implementará un programa estatal de seguridad operacional, el cual, como su nombre lo indica, tendrá como fin alcanzar un nivel óptimo en lo relativo a la seguridad en las operaciones aéreas.
Por lo anterior, es que estimamos que las reformas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos deben ser aprobadas por esta honorable Cámara, lo cual representaría un avance para las actividades de este sector. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, señor diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría abra el sistema de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: De viva voz.
La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada Claudia Delgadillo González (desde la curul): A favor.
El diputado Raúl Macías Sandoval (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 429 votos a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para fundamentar el dictamen, por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Marcos Aguilar Vega, hasta por cinco minutos.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dictamen que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de sesiones del Congreso.
Es de sobra conocido por todos nosotros, y más en nuestro carácter de legisladores, que nuestra Constitución Política consagra los derechos fundamentales que nos son inherentes a todos los ciudadanos de esta gran nación. Y por ende, deben ser garantizados por el Estado mexicano.
No obstante lo anterior, nuestro orden jurídico fundamental contempla la hipótesis de suspender derechos y garantías en determinados casos. Ya sea en todo el país o en un lugar determinado de nuestro territorio.
En este orden de ideas, el artículo 29 constitucional prevé que esto pueda acontecer en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave conflicto o peligro.
De este modo, la Constitución es puntual en señalar que quien pueda restringir tales derechos, lo será el presidente de la República de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. Pero tal determinación deberá contar con la aprobación del Congreso de la Unión.
De lo anterior, esto es, al mencionar la Constitución al Congreso de la Unión, se refiere tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores.
Expuesto lo anterior, como ya se señaló, el dictamen que ahora es puesto a su consideración conlleva la reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Precepto que precisamente cuenta con las disposiciones relativas a los supuestos por los cuales deberán sesionar en conjunto las Cámaras conformantes del Congreso de la Unión, y en cuyas hipótesis no se contempla el supuesto que contiene la Carta Magna en el citado numeral 29.
En tales condiciones lo que se busca es armonizar las disposiciones de la Ley Orgánica de nuestro Congreso con lo preceptuado con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se lleva a cabo en este dictamen al enunciar en el numeral 1 del artículo 5 de la citada Ley Orgánica al artículo 29 constitucional como causa reunión conjunta de las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
No debemos pasar por alto que en nuestra función que desempeñamos como legisladores –esto es, como generadores del orden jurídico mexicano por el cual se rige nuestra nación– tenemos la obligación de hacerlo con la debida técnica legislativa, y parte de ésta es precisamente armonizar las normas debidamente dentro del conjunto de disposiciones de las cuales formará parte, máxime si se trata de los supuestos en los que la inserción armónica versa sobre su constitucionalidad.
Por todo lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, que dimos el voto de manera unánime, ponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea este dictamen y solicitamos su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general y en lo particular. Informo a la asamblea que se han presentado dos mociones suspensivas. Le voy a dar el uso de la voz a los dos impugnadores.
En primer término tiene la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar su moción e inmediatamente después el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tomo hoy la tribuna a solicitar esta moción suspensiva no obstante de haber sido junto con el líder de mi grupo parlamentario, el diputado Arturo Escobar y Vega, quienes propusimos la iniciativa que hoy se comenta, en virtud de lo siguiente.
Primeramente queremos reconocer el trabajo y la dedicación de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el desarrollo del dictamen que hoy está a punto de discutirse, pero también tenemos que ser responsables en la congruencia política que vive el país.
Esta iniciativa trastoca un tema fundamental, que en las situaciones que hoy tenemos de reclamos por las diversas iniciativas que hemos aprobado y que han sido cuestionadas por grupos de la sociedad que no se encuentran de acuerdo y conformes con ellas, el tocar hoy un tema, en el que si bien es cierto estamos hablando del trabajo en conjunto de ambas Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, podría generar un conflicto en el cual se pudiera permear que estamos trastocando las garantías constitucionales y la suspensión de las mismas.
Es por eso, compañeros, que hoy en un acto de responsabilidad política, no jurídica, vengo a solicitar que vote a favor la moción suspensiva, para que con posterioridad cuando las condiciones políticas del país así lo determinen podamos volver a votar este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para presentar también su moción, tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Para presentar esta moción suspensiva al dictamen que se presenta de reforma al artículo 5o., numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, lo hacemos en términos del artículo 122 del Reglamento.
La situación que nos mueve a presentar esta moción suspensiva, tiene que ver con un asunto de la sustancia de lo que regula el artículo 29 constitucional. Toda vez que lo que se establece es la suspensión de garantías en caso de invasión, de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro conflicto que ponga en peligro inminente a la sociedad.
Se establece el supuesto que tendrá que ser el presidente de la República con los secretarios de Estado, el procurador General de la República y será el Congreso quien determine la procedencia de este estado de excepción.
Éste es uno de los temas más delicados de un Estado democrático de derecho, porque estamos hablando de un régimen de excepción, que tiene que estar perfectamente regulado cuando se den supuestos que vayan en contra de la estabilidad social y de la paz pública. No puede ser un instrumento que se utilice a contentillo del gobernante como arma de presión para restringir los derechos humanos, las libertades o el funcionamiento de los poderes públicos.
Se ha dicho por los tratadistas del derecho y de la teoría constitucional, que el soberano es quien determina el estado de excepción y en México es el Poder Legislativo. Pero si queremos realmente regular en la forma y en el fondo este tema tan delicado, necesitamos, primero, una ley que regule todos estos supuestos: ¿Cuándo se considera perturbación grave de la paz pública? ¿Cuándo es este peligro el alcance del peligro para determinar la suspensión de libertades?
Por eso creemos, que aquí en esta Cámara hay diversas iniciativas sobre este tema; una de ellas, la de nuestra compañera diputada Loretta Ortiz Ahlf, quien presentó una iniciativa sobre este tema; pero me parece que son, ésta como otras iniciativas, temas sustantivos que duermen el sueño de los justos en las comisiones.
Por eso propondríamos que se legisle sobre el fondo del artículo 29 constitucional, que se regulen todos estos supuestos; porque no podemos soslayar que el país vive un endurecimiento político, una restauración autoritaria y no podemos estar expidiendo un cheque en blanco para que con cualquier pretexto se afecten las libertades.
Por eso hay que ir al fondo y, después, reglamentar precisamente la Ley Orgánica, este supuesto del artículo 29 constitucional en el artículo 5o. de nuestra Ley Orgánica. Es decir, primero el fondo y después la forma, porque si no, abrimos un margen inmenso de discrecionalidad para que se interprete este supuesto del 29 constitucional con una gran –insisto- discrecionalidad y una falta de principios democráticos y de respeto al estado de derecho y a los derechos humanos por parte de los gobernantes.
Por esta razón proponemos esta moción suspensiva que le pedimos a esta soberanía que la puedan votar a favor.
No es descalificar, insisto, el trabajo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que han hecho un buen trabajo todos, desde luego su presidente, Marcos Aguilar Vega; simplemente es entrar al tema de fondo, al tema de los supuestos reglamentarios del artículo 29 constitucional. Es cuanto, presidente. Le pido someta esta propuesta a la consideración del pleno.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En los mismos términos del artículo 122, ha solicitado y, se le concede la palabra para impugnar la moción, el diputado Fernando Rodríguez Doval.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): Presidente, primero, para ver si se admite.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene derecho a impugnar la moción suspensiva. Está en el 122, ¿quiere que lo lea? Para ilustrar a la asamblea le pido por favor a la Secretaría dar lectura. Bueno; adelante, diputado.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, diputado presidente. El día de hoy estamos siendo testigos de un hecho verdaderamente kafkiano en esta Cámara de Diputados.
Tenemos un diputado del Partido Verde, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, que presenta una iniciativa; se le invita incluso a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a que defienda su iniciativa o en todo caso explique por qué se debe de aprobar y no acude. Aún así, se aprueba por unanimidad en esta comisión esa iniciativa, incluyendo el voto del diputado del Partido Verde que forma parte de esta comisión, y hoy sube a esta tribuna el diputado promovente a presentar una moción suspensiva contra su propia iniciativa. Aquí vemos por supuesto una enorme inconsistencia.
Nosotros lo que hemos sostenido –y sostuvimos en su momento en el seno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias- es que en este momento no estamos entrando al fondo de la discusión, como lo estaba proponiendo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y que seguramente esa discusión, diputado Mejía, se tendrá que hacer en algún momento y no nos oponemos a ella, pero lo que nosotros consideramos necesario es armonizar nuestro sistema normativo.
No podemos tener, en el artículo 29 constitucional, claramente establecido que, en el caso de la suspensión de garantías se tendrá que contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido; y sin embargo en el artículo 5o., de nuestra Ley Orgánica no considerar la posibilidad de que en este tema sesionen conjuntamente ambas cámaras, lo que sí hacen en los casos establecidos en el artículo 69, cuando es el informe presidencial y la apertura de sesiones; en el artículo 84,, cuando es la falta absoluta del presidente; en el artículo 85, cuando es la designación del presidente interino; el artículo 86 que califica la causa por la que un presidente puede renunciar al cargo; el artículo 87, cuando es la toma de posesión del cargo de presidente de la república.
Es decir, este dictamen lo único que pretende es armonizar la Ley Orgánica del Congreso con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Y viene aquí el diputado proponente a auto-desdecirse, a contradecirse a sí mismo y además a faltarle el respeto a la comisión, porque quiero decir que el día 13 de marzo del año 2013, y aquí tengo el oficio que se le envió al diputado promovente, se le invitó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que pudiera ampliar el contenido y los argumentos respecto de su iniciativa. Se le invitó para el miércoles 20 de marzo a las 10 horas y el diputado no asistió.
Insisto, a pesar de eso salió por unanimidad esta iniciativa y hoy en una evidente falta de respeto al trabajo de la comisión y al trabajo de la Cámara, el diputado presenta una moción suspensiva contra su propia iniciativa, algo que seguramente se ve en muy pocos congresos del mundo. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Para cumplir a cabalidad lo que establece el 122, voy a pedir a la Secretaría que en votación económica consulte a la asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva, aclarando a la asamblea que en dado caso de que así sea, se podrá abrir el debate de la moción hasta tres oradores a favor y tres en contra. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si la moción se toma en consideración de inmediato.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión la moción suspensiva. Abrimos el registro de oradores. El diputado Fernando Belaunzarán, en contra de la moción; el diputado Ricardo Monreal, a favor de la moción; estamos discutiendo el trámite no el proyecto de decreto. ¿Alguien más? El diputado Ricardo Mejía, a favor de la moción; en contra de la moción el diputado Marcos Aguilar. Se cierra el registro. La diputada Loretta Ortiz, a favor de la moción y hay sólo un espacio más para hablar en contra.
El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿En contra de la moción?
El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): A favor
El Presidente diputado José González Morfín: No, ya se inscribieron tres a favor, pero bueno, lo registro y si no preguntaremos después si se considera suficientemente discutido. Tiene el uso de la voz para hablar en contra de la moción suspensiva, el diputado Fernando Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Me parece que esta anomalía de que quienes promovieron una reforma que me parece de sentido común, de avanzada, de división de poderes, que empodera al Poder Legislativo, porque esta propuesta empodera al Poder Legislativo en momentos de crisis que pudieran llevar a la suspensión de garantías individuales, se echen para atrás.
En ese momento de gran crisis lo que dice esta iniciativa es que el Congreso General, es decir, los diputados y los senadores, nos reunamos para determinar si efectivamente existe esa situación de crisis o no; le da todo el poder al Poder Legislativo para determinar si da lugar la suspensión o no. Ésa es una cuestión de buen sentido, me parece.
Algo pasó, a alguien no le gusta que el Poder Legislativo se empoderara en un momento de crisis, en un momento muy difícil. No sé por qué cambiar; bueno, uno se lo puede imaginar.
Pero aquí en ese momento en el que se tiene que determinar algo fundamental como si procede o no procede la suspensión de garantías porque hay una invasión, porque hay una verdadera catástrofe, en ese momento que sea el Congreso, que sean los diputados, que sea la representación popular la que defina.
Porque no lo aclara la Constitución como está. Sólo dice con acuerdo del Congreso, pero hay un vacío. Aquí se llena ese vacío y se dice que es el Congreso General.
Actualmente para qué se reúne el Congreso General. Se reúne para ser oficialía de partes el 1o de septiembre, se reúne solamente para el inicio de un acto protocolario. Ahora, por primera vez se le da al Congreso General una función decisiva en un momento crítico como sería la suspensión, y en mi opinión ésa es la mayor garantía para los ciudadanos de que no serán conculcados sus derechos porque se tomará la decisión por el conjunto de sus representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en ese momento.
No será al arbitrio presidencial, no será capricho presidencial, sino que será la decisión que se tome por ambas cámaras, lo que me parece que es de sentido común. Pero vino la instrucción para echarse para atrás; pienso que la tenemos que sostener y empoderar al Poder Legislativo para que sea, en los momentos difíciles, quien tome la decisión definitiva si da lugar o no a algo tan grave como la suspensión de las garantías individuales.
Es una garantía de los ciudadanos lo que estamos decidiendo, la garantía de los ciudadanos de que no será al arbitrio de una persona una acción tan difícil y tan traumática como ésa, sino que será el conjunto de la representación popular y de la representación de los estados en el Senado.
Por eso creo que no da lugar este extraño echarse para atrás de un grupo parlamentario afín a quien tiene hoy la presidencia de la república.
Empoderemos al Poder Legislativo, que sean los legisladores, los diputados y senadores, quienes tomen esa decisión que puede ser traumática para muchos o no tomarla o decirle al presidente: no tienes razón, no hay nada que pueda dar lugar a algo tan duro y traumático como la suspensión, porque el Congreso General puede decir que sí, que procede; pero también puede decirle que no, que sea el Congreso de la Unión quien le pueda decir: no, no hay nada que justifique una medida tan radical, tan draconiana como quitar eso. O, en su defecto decir: sí hay, pero que sean el conjunto de los legisladores y no el capricho presidencial. Empoderemos al Congreso y vamos a darle esa facultad al Congreso General. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar a favor de la moción suspensiva, el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Trato siempre de hablar con argumentos, porque cuando no se lee lo que se discute, se corre el riesgo de caer en ridículo.
No es así. No hay ninguna intención de apoderamiento del Ejecutivo ni de hacer caso a un capricho ni mucho menos que el Legislativo esté abdicando o de que se haya recibido instrucción para desdecirse.
No es así. Miren, el tema que nos ocupa es más profundo de lo que muchos con perorata tratan de intervenir sin conocer el tema. No es así, porque lo único que propone la Comisión de Régimen y Práctica Parlamentaria es muy sencillo.
La propuesta de la comisión, que por cierto surge de un dictamen de un diputado del Partido Verde es la siguiente. Lo único que dice, lo que estaba en discusión, que ahora está en la moción suspensiva es: el Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos de los artículos 29, 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones formales.
¿Qué quiere decir? Lo único que está proponiendo la comisión es que en el caso de decretar suspensión de garantías por el Ejecutivo, se reúnan las dos cámaras del Congreso, pero la Constitución General de la República, que por cierto, fue modificada en el 2011, este artículo concreto de la suspensión de garantías, apenas hace dos años se modificó y dice: cuando haya que prorrogar, suspender o restringir garantías individuales, el único que lo puede hacer es el Ejecutivo con el acuerdo de los titulares de la Secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y la autorización del Congreso.
Eso dice la Constitución. El debate es muy sencillo, el PRI sostiene que se requiere una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, ése es el debate y por eso se retira, porque ellos creen junto con un grupo de juristas, que para aplicar la disposición contenida en el 29 constitucional se requiere una ley reglamentaria y no ir de manera directa a la Ley Orgánica.
Quiere decir que hay otra tendencia de juristas que dice que no es necesaria la ley reglamentaria, que basta con que la Ley Orgánica del Congreso lo determine para suplir esa ausencia en la reglamentación de la norma constitucional, y los que defienden esta posición dicen; ya los asuntos previstos en la reunión de las Cámaras lo tiene contemplado la Ley Orgánica, por qué ahora tendríamos que acudir a una ley reglamentaria específica para el caso.
Es muy sencillo, señores, por eso hay que saber hablar de lo que se dice, hay que estudiar. No aborden la tribuna sólo para efectos de publicidad, éste es un tema muy delicado, muy delicado.
Miren ustedes. Desde 1917 se mantuvo inalterado el texto de la suspensión de garantías. Para mí es el tema más controvertido de todo el constitucionalismo mexicano. La propuesta de la Comisión no va más allá de que se reúnan las Cámaras en sesión de Congreso cuando haya dado el lugar de reunirse por el decreto de la emergencia que señale el presidente con acuerdo de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. Por esa razón son dos tesis.
Miren. Este tema de la suspensión de garantías recuerdo perfectamente a Kelsen, a Hans Kelsen, que era un abierto impugnador de los estados de sitio, estados de excepción, porque eso es. Las garantías son una especie de dictadura, otorgan facultades extraordinarias a un dictador por las medidas emergentes que vive el país, y los demás Poderes renuncian a sus facultades para que los ejerza de manera extemporánea y temporal el Ejecutivo federal.
Concluyo, presidente. Por esa razón Hans Kelsen, que se desarrolló una parte en el nazismo, estaba en contra porque finalmente Hitler asume el poder y se excede de sus facultades porque tenía estado de sitio, tenía facultades extraordinarias en momentos de emergencia, y yo planteo que es muy fácil el debate, es; aquellos que sostienen que se requiere una ley reglamentaria para el 29 constitucional, que son el PRI y el Verde, y nosotros que tenemos dudas porque hay otra corriente que dice que no es necesario, que basta con que se regule en la Ley Orgánica del Congreso, que es quien decide la reunión y que decide en última instancia la aprobación de las medidas de emergencia, estado de sitio o estado de excepción.
Por esa razón me parece que la Comisión hizo lo correcto y al plantearlo aquí hizo lo correcto, porque viene con un dictamen por unanimidad. Si aquí intenta retirarse es otra cosa. Si hay ahora alguna necesidad excepcional para retirar este dictamen no estamos discutiendo, pero la verdad es que no es.
Yo tengo siempre temor de tocar el tema de este tipo de situaciones del estado de emergencia, estado de excepción, suspensión de garantías, porque ahora es inoportuno.
Decía el proponente de la iniciativa y ahora estoy de acuerdo con él: “Quizá no sea el momento oportuno políticamente”. Me quedo con esa expresión, quizá no sea el momento oportuno políticamente porque el Estado, el país, se encuentra en situaciones delicadas.
Con esta expresión me quedo, pero no se está agotando el debate jurídico. Es un tema delicado que los invito a que lo reflexionemos y me parece correcto dar mayor tiempo a la discusión y a la reflexión. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra de la moción suspensiva el diputado Marcos Aguilar.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, se trata en relación con esta moción de comprender los alcances del uso del lenguaje apropiado en la ley.
Se trata de que nuestra ley, la ley mexicana, se debe referir a la racionalidad lingüística; se debe referir a la racionalidad jurídico-formal sobre aspectos relativos a eficacia y eficiencia de la ley.
Quiero mostrar con toda claridad mi sorpresa ante el planteamiento del diputado Castellanos Mijares. Por supuesto, tiene el derecho para hacer lo que hoy hizo; sin embargo, me parece que es importante mencionarlo porque previo a esta discusión hubo una serie de acercamientos entre varios de nosotros como diputados.
Hago un llamado a la defensa del trabajo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Si nosotros, los diputados, no defendemos el trabajo de las comisiones en las que participamos, máxime cuando nosotros exigimos que se convoque, que no lleguemos a escenarios de preclusión de las iniciativas que presentamos, en el supuesto particular la propuesta que presentó el diputado Castellanos fue atendida de forma inmediata.
Ya se ha referido incluso en esta tribuna que fue convocado para exponer y ampliar el contenido de esta iniciativa. Lamentablemente, no contamos con su presencia, señor diputado, y me gustaría conocer en esta tribuna cuáles son los argumentos que viene a dar hoy en relación con los que no dio cuando se ejerció el derecho que establece el Reglamento de la Cámara de Diputados y que esta comisión que presido, que es la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le concedió como diputado federal al presentar una propuesta en la que con toda claridad fijo una postura.
No comparto que se tenga que generar una ley reglamentaria. Eso implicaría que para los otros seis supuestos que están en el 5o., numeral 1 de la Ley Orgánica debiera existir una ley reglamentaria en los mismos sentidos.
Me refiero particularmente al informe presidencial y apertura de sesiones, a la falta absoluta del presidente, a la designación del presidente interino, a calificar la causa por la que el presidente renuncia al cargo, a la toma de posesión del cargo de presidente de la República o a la celebración de sesiones solemnes del Congreso.
En ese caso no tenemos una ley reglamentaria y nadie ha argumentado lo contrario para que sesionen conjuntamente implicaría que el contenido del artículo 5, en este numeral primero, estaría justamente en contra de lo que refiere el diputado que ha antecedido y que es proponente.
Yo le hago un llamado a Alberto Díaz, a Brenda María Alvarado Sánchez, Amira Griselda Gómez, a Wiliams Oswaldo Ochoa, a Roberto López, a Rubén Camarillo, a Fernando Rodríguez Doval, a Miguel Sámano Peralta, a Eduardo Román Pian, Alfa Eliana González Magallanes y al diputado Felipe Arturo Camarena para que salgan a defender lo que estamos haciendo en la comisión.
Si no tiene sentido que nosotros cumplamos con el Reglamento y traigamos dictámenes al pleno para que un diputado, cuando previamente ha consensuado con otro partido el retiro de una iniciativa, de nada sirve el trabajo de las comisiones.
Mejor que nos digan cuál es la ruta, que no es justamente la que atiende al proceso legislativo, y que es atentatoria, justamente, de lo que nosotros venimos a hacer a esta Cámara de Diputados. Es un tema de fondo, es un tema de respeto al trabajo de una comisión y hago un llamado con respeto al pleno de esta Cámara para que no atienda la petición de moción que se ha planteado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar, en pro de la moción, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañeras y compañeros diputados, el hecho de presentar y defender esta moción suspensiva no implica, en modo alguno, demeritar el trabajo de la comisión que elaboró el dictamen.
Nos parece, incluso, que esta comisión ha generado productos legislativos importantes, en esta Legislatura. Pero de lo que hoy hablamos es de un tema de Estado, de un tema que tiene qué ver con el Estado democrático de derecho y un tema que tiene qué ver con una de las causas extremas de la vida democrática, que es un régimen de excepción, un régimen de suspensión de garantías y derechos para los ciudadanos de una nación o de un lugar determinado.
Nos parece, entonces, que no se puede equiparar el artículo 29 con el artículo 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución. El 69 habla de la presentación del informe presidencial. Del 84 al 86 los supuestos de los interinatos, en el caso del titular del Poder Ejecutivo. Y el artículo 87 habla de la protesta del titular del Ejecutivo.
Y me parece entonces, que hablar de que en el país o en una región o en un lugar determinado se suspenden garantías tiene una envergadura constitucional de mayor alcance, porque hablamos de la nación, hablamos de cancelar los derechos y las garantías que tutela nuestra Carta Magna, y entonces los supuestos tienen que estar perfectamente bien regulados.
Tienen que establecerse los supuestos de la invasión, la perturbación grave, de los peligros de limitarse los tiempos que la Constitución habla genéricamente, de las prevenciones generales, y tiene evidentemente que tener la mayor motivación y la mayor fundamentación, porque en este periodo los poderes de la república abdican y se establece de facto una dictadura que tiene un soporte en una decisión del Estado.
Entonces, por esa razón tenemos que reglamentar en una ley perfectamente delimitada cuáles son estos supuestos, cuáles son estas características. Eso es lo que nosotros estamos planteando desde Movimiento Ciudadano.
Evidentemente que la Ley Orgánica tendrá que regular la forma, pero a nosotros nos interesa el fondo. Y nos interesa porque el país vive momentos convulsos en los cuales ya ha habido mano dura. Ya ha habido represión disfrazada o abierta de movimientos sociales y no podemos estar abriendo la puerta simple y sencillamente a que esta figura se arraigue y que sea más que un estado de excepción un estado permanente en la república.
Por esa razón planteamos que se devuelva para que se analice integralmente el tema y que se dictaminen ya aquellas iniciativas que tienen que ver con el fondo del tema del estado de excepción y de la suspensión de garantías. Me parece que es un tema toral, es un tema de Estado, y no es un tema de reyertas o es un tema de procedimientos.
Si alguien la presentó y luego la retiró eso es en el record legislativo de cada quien, pero a nosotros nos interesa el fondo, nos interesa la sustancia, nos interesa restringir al mínimo este estado de excepción en la república mexicana.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra de la moción, el diputado Rosendo Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quisiera iniciar diciendo que este debate no tendría razón de ser porque las posiciones que se han planteando en esta tribuna, contrariamente a lo que se quiere hacer pensar, no son posiciones excluyentes, son posiciones complementarias, porque un dictamen que hoy se presenta va en el sentido de regular las facultades del Congreso de la Unión, y que no está peleado con que hay una ley reglamentaria. Está establecida la facultad del Congreso en materia de educación, de salud, y sin embargo existen leyes reglamentarias.
Y tampoco excluye la posición de que se tenga una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, porque aquí se ha dicho que hay que estudiar derecho, y es cierto que hay que estudiar derecho. El transitorio de la reforma constitucional de junio de 2011, para ser más específico, el artículo cuarto transitorio de esa reforma constitucional obliga a que haya una ley reglamentaria del 29 constitucional; que por cierto, están vencidos los tiempos, porque la reforma va publicada el 6 de julio de 2011, el transitorio daba el plazo de un año y se venció el 6 de julio de 2012 el tiempo para que tuviéramos esa ley reglamentaria.
Lo que aquí se propone en este dictamen es que en temas de gran trascendencia nacional, de envergadura para la vida del país, el Congreso actúe de manera conjunta y no creo que sea aquí menester soslayar la importancia de algún otro tema. La apertura de sesiones del Congreso es un tema trascendental a la vida nacional, porque ahí se entrega el informe en el que se rinde cuentas del estado de la nación.
La falta absoluta de presidente que señala el 84 constitucional y que se erija al Congreso en colegio electoral no puede ser un tema soslayado. El 85 constitucional que regula también el hecho de que no estuviese calificada la elección y nos viéramos ante la hipótesis de nombrar presidente interino, tampoco debe ser soslayado. El 86 constitucional que habla de la gravedad de la renuncia del presidente de la República. El 87 de la propia Constitución que habla de la toma de protesta del presidente de la República; y obviamente el 29 constitucional que habla de aquellos casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Lo que estamos tratando es que en esos temas de trascendencia el Congreso actúe en forma conjunta y se gane tiempo, porque además estamos de temas trascendentales como una invasión o una perturbación; y lo que estamos también tratando es que se retome el espíritu de 1857, porque en 1857 la suspensión de garantías, como se le llamaba en aquél entonces y que aquí erróneamente se ha dicho suspensión de garantías, pero que ya no son suspensión de garantías, para eso se estudia derecho, son suspensión de derechos después de la reforma de 2011.
En aquél tiempo la Constitución del 57 establecía que la suspensión de garantías era facultad del presidente de la República, pero pasada por el Consejo de Ministros que existía en aquél entonces y por el Congreso de la Unión de aquél entonces.
La Constitución del 17 despareció todo aquello; desapareció incluso la salvedad que tenía la de 57, de que esta suspensión se diera con salvedad, con excepción, de aquellos derechos que aseguran la vida del hombre.
La reforma de 2011 ha incorporado un catálogo de derechos que no se pueden prescindir en esta hipótesis de suspensión de derechos a la calu del 29. Y lo que pretende este dictamen es que un tema de tanta trascendencia para la vida nacional se puede hacer en conjunto por ambas Cámaras.
Termino diciendo, señor presidente, que ojalá podamos encontrar un punto de equilibrio, porque ambas propuestas son complementarias y enriquecerían la certidumbre jurídica que tiene que tener un tema tan importante. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en pro de la moción, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. No puede aceptarse el presente dictamen básicamente porque el artículo que ya se mencionó –el transitorio cuarto–, establece, y a raíz precisamente de la reforma constitucional al 1o, precisamente propuesta por el PAN, una de las grandes glorias del Partido Acción Nacional el que se haya aprobado esta reforma al artículo 1º. constitucional, por eso llama la atención que ahorita esté proponiendo este partido el que se acepte este dictamen.
El artículo transitorio cuarto establece que para el ejercicio precisamente de la facultad de la suspensión de garantías o derechos fundamentales, se debe de emitir una ley y para el ejercicio de esa facultad se debe de legislar.
Dicho de otra manera. Cualquier ejercicio de esta facultad que se propone en el dictamen por parte del Congreso de la Unión sería violatorio al cuarto transitorio, al 1o. constitucional; y no solamente eso, a tratados internacionales, porque tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen requisitos para la suspensión de garantías o para la suspensión de derechos fundamentales, que son términos equivalentes o sinónimos.
Estarían violando no solamente la Constitución sino también instrumentos internacionales en violación en su conjunto, además, del artículo 1o. constitucional, el cual el Partido Acción Nacional llevó precisamente al grado de respeto a la Constitución y que es una de las grandes banderas que a la fecha no solamente los organismos no gubernamentales, sino la sociedad civil y todos los preocupados por los derechos humanos, enarbolamos; y, en este caso, de aprobarse este dictamen, se estaría dando una violación flagrante a los derechos fundamentales. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Por así habérmelo solicitado y porque es procedente en razón de que no está en la lista de oradores, le voy a conceder la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, para rectificación de hechos.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento amplio y muy sincero a quien yo considero uno de los mejores presidentes de comisiones que tienen las comisiones ordinarias y especiales, en el caso del diputado Marcos Aguilar. De veras, diputado, usted es reconocido por todos como un hombre diligente, un hombre respetuoso de la ley.
Ante ese reconocimiento -también quiero advertirlo-, la realidad durante la sesión previa del Grupo Parlamentario del Partido Verde, definimos solicitarle al iniciador de este documento, al diputado Castellanos, pudiera solicitarle a la mesa directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la posibilidad de que se bajara el dictamen a efecto de que la comisión pudiera discutirlo.
Y bien lo dice y hago mías, si así me lo permite el diputado Monreal, todas y cada una de sus palabras. Da para los dos lados. El artículo 29 no es cualquier artículo. Habla de un tema de garantías individuales. Habla, diría yo, de una de las facultades más sensibles que tiene el presidente de México, y una de las facultades con las cuales tiene que compartir con su Ejecutivo –dígase con su gabinete– y requiere también la aprobación del procurador General de la República y acto seguido, de la aprobación del Congreso mexicano.
Por esa misma razón hay que decirlo, en ninguna parte ni de la Constitución ni de la Ley Orgánica se establece la definición de sesiones conjuntas.
Hay sesiones conjuntas para celebrar sesiones solemnes, pero en esa parte no hay ningún problema. Se sientan los senadores, escuchamos al invitado especial y culmina la sesión.
Pero cuando se trata de tomar una aprobación o una definición sobre temas de garantías individuales, no hay una base reglamentaria siquiera que nos prevea cómo vamos a llevar a cabo la votación.
Entonces independientemente y recordando tal vez lo que antes había en materia de amparo, donde no había una ley reglamentaria, y como quiera se desarrollaba el procedimiento, creo que no estaríamos faltando si empezamos a trabajar ya en todo ese escenario de reforma política en un espacio de una nueva legislación para poder reglamentar el artículo 29.
Pero si cabe, señor presidente de la Comisión de Reglamentos, le pido una disculpa, le pido una disculpa porque no es un procedimiento ordinario, es un procedimiento un tanto ambiguo el que el iniciante pida o solicite al pleno de la Cámara de Diputados bajar la iniciativa. Pero lo hacemos en buena fe.
Sin duda bien lo dijo el diputado Carlos Castellanos, son tiempos delicados, son tiempos que hay que tener una posición política serena, y esa es la realidad por lo que se hace.
Pero en la parte jurídica, como bien lo dijo el diputado Monreal, da para los dos lados y creo que no estaríamos faltando ni por supuesto negando su gran presidencia como ejecutor de esta comisión y por el otro lado podríamos hacer un trabajo, creo, que pudiera generar los consensos totales. Muchas gracias por su atención
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir ahora sí a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se acepta la moción suspensiva.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se acepta la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la moción. En consecuencia voy a pedir a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si autoriza que el dictamen se devuelva a comisiones para que se hagan las correcciones pertinentes.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se devuelve a la comisión el dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa,, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchos gracias. De acuerdo a lo que establece el artículo 122 de nuestro Reglamento, el dictamen en comento se devuelve a comisiones.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 10, y reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz la diputada María del Rocío García Olmedo, hasta por cinco minutos
La diputada María del Rocío García Olmedo: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, el orden y la legalidad son esenciales para salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales.
Como es de su conocimiento, a partir de la publicación del decreto que adicionó el Apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1992, se elevó a rango constitucional la protección de los derechos humanos en México.
Posteriormente, en junio de ese mismo año, con la publicación de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entra en funciones dicha comisión con la encomienda de atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos cometidos por cualquier autoridad o servidor público, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
Es incuestionable que la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha coadyuvado al mejoramiento de las condiciones de respeto a los derechos humanos de nuestro país. Hoy en día, el estado de derecho no sería el mismo sin la presencia de este invaluable organismo.
En virtud de lo anterior y en reconocimiento de la labor sustantiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creemos que este organismo no puede quedar acéfalo en ningún momento y es por eso que la Comisión de Derechos Humanos presenta ante este pleno adiciones al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de establecer justamente el procedimiento que habrá de seguirse en el caso de que no se haya realizado el nombramiento correspondiente al concluir el período del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, este proyecto de decreto incluye adiciones al artículo 27 de la misma ley para garantizar a los quejosos una máxima accesibilidad a los servicios que presta este organismo, toda vez que señala la utilización de los medios de comunicación idóneos para el inicio de una instancia procedimental, razón por la que se estima que en casos urgentes se pueda utilizar la guía telefónica para la presentación de quejas.
Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos estamos convencidos de que el mejoramiento del marco jurídico del organismo garante de los derechos humanos en nuestro país redundará en un mejor funcionamiento de éste y en una mejor atención a la sociedad.
Es por ello, compañeros y compañeras diputadas, que solicitamos su apoyo y respaldo con su voto a favor para la aprobación de este dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Congreso de la Unión está obligado a implementar las medidas legislativas que sean necesarias a efecto de fortalecer el espíritu de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esto implica realizar un diagnóstico exhaustivo a nuestras legislaciones a fin de perfeccionar el alcance progresivo de las mismas.
Desde su creación constitucional en 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye el principal elemento del Estado mexicano que vela por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Este máximo órgano de protección de los derechos humanos con el paso de los años ha ido logrando importantes avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, alcanzando su máxima cúspide hace dos años, cuando el Constituyente Permanente elevó a rango constitucional el reconocimiento de los derechos humanos y su goce para todas las personas, estableciendo tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano.
Así las cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido pieza fundamental en este largo recorrido que han efectuado los derechos humanos en nuestro país.
Como integrante del Estado mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y presupuestaria, la comisión se encarga de velar por el respeto de los derechos humanos conociendo de los actos u omisiones provenientes de cualquier servidor público que vulnera el ejercicio de estos derechos emitiendo recomendaciones, denuncias y quejas con el fin de salvaguardarlos.
La presidencia de este importante órgano recae en el llamado ombudsman, persona dotada de investidura institucional fundamental que ejerce las facultades de representación de la comisión.
Actualmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cuenta con un mecanismo legal para el supuesto de la falta de este servidor público que habría de ocupar la presidencia de la comisión cuando éste ha concluido su período constitucional, y cuando la Cámara de Senadores no emite el nombramiento correspondiente.
El dictamen que se discute propone subsanar esta laguna al dotar a este instrumento legal el mecanismo idóneo que habrá de seguirse en caso de que la Cámara Alta no emita en tiempo y en forma la designación de la persona a la que habrá de recaer tan importante cargo, delegando la suplencia de sus funciones en los visitadores generales en el orden progresivo respectivo.
Asimismo, el presente dictamen contiene la propuesta de que en casos urgentes, las personas podrán presentar las quejas de las que conoce la comisión por vía telefónica, a efecto de tener que ratificarlas en un período de tres días. Con ello, se hace más accesible el derecho que tiene la ciudadanía de presentar este medio de defensa a sus derechos fundamentales haciendo más accesible el uso de los servicios y la protección de este órgano autónomo ante la vulneración de sus derechos.
Nueva Alianza considera que estas medidas legislativas contenidas en este presente dictamen resultan pertinentes, toda vez que se otorga la certeza jurídica requerida a la legislación que regula este órgano protector de los derechos humanos.
Asimismo, el dotar de una mayor accesibilidad a la ciudadanía para presentar sus quejas por vía telefónica en casos urgentes, constituye una reforma progresiva que abonará en la promoción y protección de nuestros derechos fundamentales.
Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, pues consideramos que esta propuesta fortalece el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y permitirá dar continuidad y operatividad a sus trabajos, cuestión que sin duda beneficia a la ciudadanía en la protección de sus derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, por el que se adicionan dos párrafos al artículo 10 y se reforma el artículo primero del artículo 27, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el caso del artículo 10 se adicional los párrafos tercero y cuarto, en este artículo se establece el procedimiento de designación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciéndose en el artículo décimo primero que el titular durará en su encargo cinco años, en correspondencia a lo que se establece en el artículo 102 constitucional.
El propósito del dictamen es dar continuidad al trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lo cual se prevé un régimen de encargo temporal por parte de los visitadores de la Comisión en el orden de prelación de las propias visitadurías. El encargo provisional de los visitadores no podrá exceder de 90 días y correrán a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado el titular respectivo.
Como se puede apreciar, de ser aprobado este dictamen se garantiza el funcionamiento normal de la Comisión, ya que pueden presentarse situaciones imprevistas en las que el Senado de la República o la Comisión Permanente en su caso, no puedan alcanzar los acuerdos correspondientes y esto produzca un vacío en la titularidad de la Comisión.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 27 de la propia Ley, en su primer párrafo, se dispone que la queja podrá presentarse por vía telefónica en caso de violación de derechos humanos. La reforma presenta un avance importante, ya que ante la consumación de una violación a los derechos humanos de los gobernados y la imposibilidad física de poderse trasladar a las oficinas de la propia Comisión, se permite presentar quejas vía telefónica. Cabe destacar que se mantiene la obligación de ratificar la demanda dentro de los tres días siguiente a la presentación por teléfono.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que las propuestas contenidas en el dictamen son positivas. Por estas consideraciones el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las minutas que dieron origen a este dictamen versan sobre dos cuestiones relacionadas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, el contenido de cada una tiene una naturaleza distinta, por lo que me referiré de forma separada a cada una de las modificaciones.
La primera de ellas se refiere a la necesidad de establecer un sistema de suplencia en el caso de las dilaciones en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El tema que se plantea con la reforma al artículo 10 de la ley de la Comisión Nacional es de suma relevancia, pues en los últimos años hemos sido testigos de dilaciones en los procedimientos de nombramiento de los integrantes de órganos del Estado, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el Instituto Federal Electoral.
En la confrontación política ocurrida en ambas Cámaras del Congreso se priva a los órganos del Estado de su conformación esencial, limitando sus funciones e incluso impidiéndolas, como fue lo ocurrido en la Suprema Corte de la Nación, en donde se tuvieron que posponer discusiones de relevancia nacional por existir empates que impedían la toma de decisiones.
En ese sentido lo que aquí se plantea es que exista una habilitación legal para que las funciones de presidente de la CNDH no queden a la deriva en caso de ausencia de nombramiento, cuestión de gran importancia si tenemos en cuenta lo delicado del trabajo que implica a esta comisión.
La suplencia de las funciones del Estado no es una cosa menor, se trata de un asunto de relevancia para el cumplimiento de las facultades a un órgano del Estado; a través de la suplencia se garantiza que no exista pretexto alguno para suspender o privar a los particulares del trabajo del Estado.
Cabe recordar que debido al régimen estatutario de la administración pública no puede existir una habilitación que no esté contenida en la ley. En este caso la ausencia de un régimen de suplencia determinada implica que ante el retraso en el nombramiento del presidente de la CNDH exista una ausencia de funciones con todo lo que ello acarrea en perjuicio, sin duda, del respeto a los derechos fundamentales de los gobernados.
Ahora bien, por lo que hace a la segunda minuta del dictamen en la reforma al artículo 27 de la ley de la Comisión Nacional se plantea que ante casos de urgencia se puedan presentar quejas ante esa instancia por medio de comunicación electrónica o telefónica, inclusive.
No podemos más que reconocer lo acertado de la propuesta, ya que si atendemos a que las quejas presentadas ante este organismo nacional encierra la posible violación a los derechos fundamentales, facilitar a los ciudadanos, agilizar la respuesta de las autoridades, conlleva un beneficio mayúsculo.
Imaginémonos un caso de privación ilegal de la libertad a un ciudadano en una comunidad alejada en donde la presentación de la queja implique un viaje que demoraría horas. En ese caso el ejercicio de las funciones de la comisión cruzaría por un obstáculo traducido en el tiempo que supondría el cumplimiento de la formalidad necesaria para su atención, lo que mermaría su eficacia y con ella los derechos fundamentales del ciudadano.
Lo propuesto en el dictamen a discusión sin duda alguna es benéfico para las funciones correctas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo debemos reconocer que son, sin duda, en beneficio de los gobernados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, gracias, dos preocupaciones. En la primera tal vez usted nos puede ayudar con la verificación del quórum en la asamblea.
La segunda es porque observando las redes sociales, los ciudadanos se están preguntando, muy preocupados, al haberse aprobado la medalla Neri al señor Landeros, están muy preocupados que el próximo año al Congreso se le vaya a ocurrir darle la medalla Neri a la señora Laura Bozzo. Nosotros nos oponemos rotundamente a que se esté pensando darle la medalla el próximo año a esta ciudadana que es deplorada por todos los mexicanos y mexicanas bien nacidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Estamos discutiendo un dictamen y la votación verificará si hay o no quórum en la asamblea, diputado.
Tiene la palabra el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con la venia de la Presidencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo que por mandato constitucional tiene la importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos reconocidos y amparados por el orden jurídico mexicano.
A lo largo de sus casi 20 años de existencia, la CNDH se ha visto fortalecida en su marco jurídico gracias a la aprobación de diversas reformas, entre las que destacan la de 1992, que transformó a la Comisión en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Así como la del año 1999, la cual dotó al organismo de autonomía presupuestaria y de gestión. La evolución experimentada por la CNDH se enmarca en el proceso de consolidación de la democracia en México. Sin embargo, los retos enfrentados en materia de protección de los derechos humanos, en el contexto nacional, han aumentado su complejidad como consecuencia de la aparición, en los últimos años, de una pluralidad de fenómenos políticos y sociales que han transformado la realidad del país.
Ante estas circunstancias, resulta imprescindible que la CNDH siga siendo fortalecida con la finalidad de que su labor de promoción y protección de los derechos humanos se traduzca en hechos realmente comprobables en la realidad.
Ante compromiso de tal envergadura, es de suma importancia lograr que la CNDH cuente con una dirección continua y permanente, la cual permita garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales en todo momento, otorgando con ello certeza en su actuar, pues es digno de mencionar que la comisión debe erigirse como estandarte de la legalidad en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose así en paradigma para el ejercicio de la función pública.
Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no precisa un procedimiento claro para la designación de un presidente interino de la CNDH.
Cuando se actualicen determinados supuestos, como es el caso de que no sea posible obtener la votación calificada en el Senado para la designación del mismo.
Esta situación podría llevar implícito el desconocimiento, la desacreditación o el rechazo de las determinaciones de quien se encargue del despacho de los asuntos de la comisión que corresponden a su presidente, pues no se puede soslayar que la eficacia y validez de todo acto administrativo se encuentran sujetas al hecho de ser suscritas por un servidor público legalmente autorizado para ello.
Por este motivo se hace indispensable establecer un tiempo máximo para la designación del presidente de la CNDH que no afecte el desempeño de sus labores. Por tal importancia que reviste la comisión se debe otorgar el tiempo necesario para examinar cuidadosamente la propuesta de la terna o, en su caso, la ratificación del titular por la Cámara de Senadores.
Cabe señalar que –de acuerdo a la experiencia, en virtud de la pluralidad de las fuerzas políticas representadas en las Cámaras– no es descabellado pensar que el supuesto al que nos referimos tenga lugar, pues recientemente otras instituciones –como es el caso del IFE– se han visto afectadas en su funcionamiento a consecuencia de la falta de acuerdo con esta asamblea para designar a la persona que habrá de ocupar el puesto de consejero electoral.
Así pues resulta urgente contar con una regulación que determine indubitablemente qué hacer en caso de que el presidente de la CNDH haya concluido su periodo y no exista acuerdo para designar a su sucesor, o por cualquier otra circunstancia ajena al propio organismo autónomo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de las adiciones a la ley propuesta por el presente dictamen, las cuales darán mayor certeza jurídica a la actuación de un ente en la importancia que reviste la CNDH. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su venia, ciudadano diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, aquí presentes, como es bien sabido los derechos humanos tutelan al ser humano en sus aspectos esenciales de su dignidad personal, por ejemplo: su propia vida y su integridad física; su igualdad con sus semejantes y ante la ley; su libertad en sus múltiples modalidades; su propiedad y posesiones; así como su seguridad jurídica, entre otros.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática manifiesta su coincidencia con este dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, ya que da una mayor certeza y estabilidad a las actividades del ombudsman nacional. En primer lugar, este dictamen establece un mecanismo para el encargo provisional de las funciones de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso de que el nombramiento aún no haya sido resuelto por el Senado de la República; de tal forma que la suplencia del presidente sea ejercida en orden progresivo por los visitadores generales, para que la dirección de los trabajos de este órgano constitucional nunca permanezca vacante, garantizando que las actividades de la Comisión de Derechos Humanos sigan adelante, que los visitadores sigan trabajando de manera objetiva, tratando a todas las partes en pie de igualdad.
En segundo lugar, se corrigen las anteriores omisiones para que solo los asuntos urgentes sean atendidos, puesto que la defensa y atención de los derechos humanos no admite una distinción entre los asuntos a tratar.
Bajo la conducción de los derechos humanos es posible hablar de los límites de la acción del Estado ante él y los particulares. En ninguna nación que se considere justa, moderna y democrática puede desconocer la trascendencia que tiene el reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos.
Adicionalmente este proyecto actualiza la reforma aprobada el año pasado, por lo cual se creó una Sexta visitaduría general a fin de que no se margine a ninguna visitaduría en el orden de prelación destinado al encargo provisional de la Presidencia de la comisión.
Con el objetivo de generar una mayor vinculación entre las y los ciudadanos, el dictamen señala que las quejas ahora también se podrán presentar vía telefónica, con ello se pretende que el actuar de la comisión se haga de forma expedita y transparente, así como evitar que terceros puedan disuadir a quienes desean anteponer sus quejas en la comisión; pensamos que por ello es indispensable extender las maneras en que la sociedad pueda tener contacto con el ombudsman a fin de que sus derechos sean salvaguardados, sin importar las condiciones geográficas, el acceso a comunicaciones electrónicas o la posibilidad de tener acceso físicamente a instalaciones de la comisión.
Queremos hacer un llamado, por la aprobación del dictamen a discusión, ya que es necesario que la actuación de la CNDH sea oportuna e inmediata y al alcance permanente de la ciudadanía, aun en los casos en que la liberación, la negociación u otras circunstancias en el Senado impidan el nombramiento de su presidente; aunado a ello, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoya las iniciativas en comento. Desde el año 2009 y en el año 2011 se presentaron iniciativas en esta Cámara de Diputados, para reformar los artículos 10, 25 y 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La primera iniciativa se refiere al supuesto de que concluya el periodo para el que fue designado el presidente de la comisión; y al concluir este periodo el mismo no se ha designado por cualquiera de las siguientes razones.
Primero. Porque no se obtenga la votación calificada para la elección del presidente.
Segundo. Éste no sea electo porque la terna presentada al pleno del Senado de la República o la comisión correspondiente no sea llevada a cabo, esta terna no se presente o, bien, por cualquier otra causa.
Debemos de proteger a este organismo autónomo que está concentrado en llevar a cabo las acciones necesarias para proteger lo más preciado por el hombre que son los derechos humanos. Ya tuvimos una reforma constitucional de gran profundidad en donde los derechos humanos son los que quedan más alto en la escala constitucional de México, los establecidos en la Constitución y los establecidos en los tratados internacionales en donde México es parte.
Las iniciativas en comento mencionan que en estos supuestos de falta del presidente, la primera alternativa para llevar a cabo el cargo sería la del primer visitador general sin perder su carácter y responsabilidades. Éste se hará cargo –éste primer visitado- en ausencia del presidente de los asuntos urgentes correspondientes del despacho de la presidencia de la comisión; y, en ausencia del primer visitador, entonces sucesivamente llenan el cargo el segundo, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente, para que este organismo no se quede acéfalo.
Este procedimiento nosotros lo consideramos viable para evitar esta situación, ya que esta institución autónoma que ha sido establecida por el Estado mexicano lleva a cabo la vigilancia de éstos preciados derechos humanos.
El plazo para realizar el proceso de designación del presidente de la comisión no deberá exceder de 90 días contados a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado el presidente saliente.
Finalmente las iniciativas de reforma a los artículos 25 y 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impulsa la utilización de la tecnología moderna de la comunicación para llevar a cabo las quejas e instancias urgentes ante la comisión tales como los medios de comunicación electrónica o telefónica, haciéndose una especial salvaguarda de no admitir comunicaciones anónimas, debiéndose por lo tanto, en este caso de urgencia, ratificar dentro de los tres días siguientes a su presentación –a la presentación de la queja– si el quejoso no se identificó previamente en este procedimiento.
Compañeras y compañeros, con estas dos reformas fortalecemos el funcionamiento permanente de este órgano constitucionalmente autónomo de relevante importancia para la protección de los derechos humanos haciendo efectivas sus funciones, por lo que instamos a esta soberanía que vote a favor estas reformas tan importantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra el diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gabriel Gómez Michel: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un honor estar ante ustedes en esta tribuna, para fijar el posicionamiento de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, respecto del proyecto de decreto por el que se adicionan un tercero y cuarto párrafo al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 27, ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para todos nosotros es innegable que desde el inicio de su funcionamiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha coadyuvado en el mejoramiento de las condiciones en las que desenvuelve nuestra sociedad.
Como órgano autónomo encargado de la protección de los derechos humanos en nuestro país, la CNDH ha tenido una participación activa, preponderante e insustituible en el respeto a los derechos humanos, lo que ha permitido a México transitar hacia un real Estado de derecho.
Es por eso que creemos que la CNDH no puede estar en ningún momento sin alguien que sea responsable de tan loable e importante labor, por lo que nuestro grupo parlamentario respalda ampliamente el proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, mediante el cual se establece el procedimiento que habrá de seguirse en el caso de que no se haya realizado el nombramiento correspondiente al concluir el periodo del presidente de la CNDH.
De igual forma respaldamos la adición al artículo 27 de esa misma ley para permitir que se pueda utilizar la vía telefónica para la presentación de quejas ante la CNDH, garantizando con ello la máxima accesibilidad de los quejosos a los servicios que presta este organismo.
Las y los diputados del grupo parlamentario del PRI apoyamos las adiciones de la Ley de la CNDH planteados por la Comisión de Derechos Humanos porque consideramos que con la misma se asegurará un mejor funcionamiento de este organismo y al mismo tiempo una mejor atención para quienes acuden a ella. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores le pido a la secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Rosalba Gualito Castañeda (desde la curul): A favor.
El diputad Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un tercero y cuarto párrafos al artículo 10 y reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos.
El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas: el posicionamiento para el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a la minuta que se presenta el día de hoy ante esta soberanía propone una ampliación a los derechos del consumidor.
La información es fundamental para que los consumidores puedan decidir sobre los mejores servicios y productos. El artículo 1, fracción III de la Ley Federal de Competencia establece como principio la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que represente.
Determinar los riesgos que tienen los productos o servicios no es fácil de detectar para el particular. Se requiere tener infraestructura en estos laboratorios y equipos especializados donde se descubran los riesgos para los consumidores.
La Procuraduría Federal del Consumidor como institución tiene la infraestructura para investigar la calidad de bienes y servicios. Las organizaciones de defensa de consumidores están limitadas en recursos para este tipo de funciones.
Los productos y servicios podrán darle a conocer al consumidor, mediante el fortalecimiento de las facultades de verificación que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor al publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.
La Procuraduría tiene facultades para actuar como perito especializado en la calidad de bienes y servicios como autoridad protectora de los derechos de los consumidores. Si se encuentran irregularidades en los productos, deberá informar al público cuando pueda implicar riesgos graves como la aprobación de esta reforma.
Asimismo ocurre con los diferentes procedimientos que se realizan ante la Procuraduría, en donde mediante quejas y reclamaciones de los consumidores se puedan detectar riesgos en productos y servicios. La información así generada y difundida posteriormente puede ser utilizada por el consumidor para denunciar otros establecimientos que vendan productos dañinos.
Como lo menciona la iniciativa original, al igual que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica o en varios países de la Unión Europea, el consumidor podrá enterarse de cuáles son los productos que se ofertan en un establecimiento y que por razones de seguridad fueron retirados del mercado.
Se trata, pues de que el proveedor tenga una responsabilidad social y participe de las organizaciones realizadas por la propia Procuraduría Federal del Consumidor a través de la publicidad que haga de las mismas.
Las verificaciones no son la única manera de encontrar irregularidades en los productos y servicios. Las facultades de la Procuraduría son ampliar y tienen el mandamiento de proteger al consumidor y de regirse por los principios que establece la ley.
Recordemos que de acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa, la información hacia el mercado es de gran relevancia porque se convierte en una herramienta natural e imprescindible para su ordenamiento, pues a través de ella es posible hacer de conocimiento público la calidad, precio y mejores condiciones de compra de los bienes y servicios, ampliando y mejorando de este modo su oferta, pero sobre todo generalizando la seguridad del propio consumidor.
Por esto, esta comisión decidió aprobar la minuta enviada por la colegisladora con una adición que consideramos importante para no delimitar la proveniencia de la información en una sola fuente cuando la ley establece otras distintas de índole. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Estimados compañeros, diputadas y diputados. Los actuales desafíos que enfrenta México en los órdenes económico, social y medio-ambiental, exigen un cambio de enfoques sobre el rol que juegan los consumidores y la perspectiva que tenemos hacia el futuro.
Hace unos días, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nuestra coordinadora hablaba de la importancia de contar con organizaciones de consumidores del siglo XXI capaces de intervenir y actuar de manera razonada e informada en las interacciones de un mercado globalizado y altamente diferenciado.
En el mercado nacional e internacional, como el nuestro, con una oferta casi ilimitada de productos y servicios en el que a diario se toman decisiones de consumo, como consumidores debemos contar con un aliado clave, y ese aliado de gran valor es la información. Retomo el término de información, pues en eso se centra esta reforma a la Ley que salvaguarda nuestros derechos como consumidores en este país.
Esta reforma analizada y discutida desde el ámbito económico, también es materia de derechos humanos, pues supone la participación informada de los consumidores en las decisiones de compra, ya que ahora no sólo se trata de precios sino también de saber si optamos por bienes y servicios detectados como riesgosos o que éstos hayan incumplido disposiciones normativas., y eso representa para nuestro Grupo Parlamentario un garante al derecho a la información, lo cual contribuye a la consolidación de una ciudadanía responsable y participativa.
La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, sus especificaciones, cantidad, características, composición, calidad, precio, así como los riesgos que representen, es un principio básico en las relaciones de consumo. Así de claro está establecido en el primer artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por ello la reforma fortalece las competencias de la institución federal responsable de garantizar la vigencia de los derechos a los consumidores y en los mexicanos fortalece el derecho a la información y la libertad de elección en el mercado.
Para una visión liberal como la de Nueva Alianza, necesaria frente a los retos que representa para nuestra nación, construir una sociedad moderna y acorde a las necesidades del siglo XXI, el que mediante el marco normativo se fortalezca nuestra capacidad de ser consumidores racionales e informados constituye un importante avance a nuestra libertad de elegir e incidir en estas decisiones en el mercado y con ello contribuir a su innovación y eficiencia. La información hace al consumidor inteligente y esa inteligencia consiste en ser consciente, crítico, saludable, solidario y sustentable con lo que se compra y consume.
Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza creemos que la información contribuye a mejorar la calidad de la vida individual y colectiva de las y los mexicanos. Por ello en congruencia con nuestra vocación liberal otorgamos nuestro voto a favor de esta iniciativa, lo hacemos porque creemos que el objetivo superior es alcanzar un consumo informado donde se privilegie el consumo seguro, minimizando los riesgos para la salud; un consumo ambientalmente responsable que forma parte de las actuales preocupaciones ciudadanas, y cada vez en mayor medida la información contribuye a un consumo sustentable, pues compramos para atender nuestras necesidades de hoy, pensando en no afectar la satisfacción de las necesidades futuras de nuestras hijas e hijos, de los ciudadanos mexicanos de mañana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Siempre da un gusto que esté usted presidiendo.
Con la venia de la asamblea. El dictamen que estamos discutiendo hoy pareciera que no tiene relevancia, como muchos de los que se discuten cuando la asamblea está abandonada, como el día de hoy. Sin embargo, ¿quiénes de ustedes no han escuchado de estos productos que quitan el dolor de cabeza, los juanetes, la diabetes, el lupus, el cáncer, el Sida, y si se dejan, hasta nos pueden conseguir novio o novia, dependiendo del caso?
Los tan mentados productos milagro que están en el mercado y que son tan dañinos para la ciudadanía, sobre todo para la ciudadanía menos informada, han causado a la gente –sobre todo al mercado femenino, porque está comprobado que la población femenina es la más propensa a consumir productos riesgosos, ya que es el sector más interesado en utilizar productos de belleza dañinos o productos adelgazantes, que es en lo que se centran los productos milagro–, a cerca de más de 11 millones de ciudadanos mexicanos, desde daños leves a irreversibles.
Estamos hablando de 299 mil productos milagro que representan 648 por ciento de incremento en los productos naturistas que se tienen en el mercado.
¿Qué quiere decir? Que libremente cualquier timador está anunciándose en páginas de Internet e inclusive en anuncios televisivos con esto que, como he dicho, cura absolutamente todo; pero que en realidad –y éstos son datos de la Profeco– en su mayoría estos productos milagro no tienen ni siquiera hierbas medicinales. Algunos contienen raticidas, derivados de manzana, placebo, veneno para cucarachas, entre otros.
De todos estos productos que están en el mercado tenemos, como diputados, la responsabilidad no solamente de informar. Porque coincido con mi compañero diputado que me antecedió en la palabra en que un consumidor informado es un consumidor que podrá tener la determinación de saber qué es lo que compra, pero es nuestra responsabilidad, como Estado, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y creo que también de la Profeco, retirar estos productos.
Nosotros en el Partido del Trabajo estamos votando a favor este dictamen, lo votamos a favor en la Comisión de Economía, pero el tema no está saldado. Tenemos que dar un paso más allá.
Si está comprobado que estos productos son riesgosos, no es suficiente con publicarlos o con quitar las páginas de Internet que los publican y los promueven como productos milagro.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios debería retirar no solamente las páginas de Internet o la publicidad al respecto, sino los productos milagro, compañeros diputados. Porque nos hacen daño no solamente a nosotros, como ciudadanos, sino también a nuestros hijos y sobre todo a la población menos enterada, a la población más vulnerable, que no tiene dinero para comprar medicamentos de patente y que finalmente cae en la trampa de los productos milagro y que pueden tener daños irreversibles.
Para nosotros este dictamen queda a medias y lo que solicitamos es que como Congreso demos un paso más adelante, nos enfrentemos a estos timadores de los productos milagro, no solamente retiremos su propaganda sino también retiremos sus productos del mercado. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, en 1976 se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor con el afán de salvaguardar a través de este instrumento jurídico los derechos de los consumidores, logrando así condiciones de mercado más justas.
Asimismo se comprendió que resulta necesario, en cualquier país, la existencia de una procuraduría que vele por estos intereses, ya que las relaciones entre productores y consumidores suelen estar sesgadas hacia los primeros, ocasionando que en muchos casos se valgan de su poder para originar atropellos a los clientes sin que estos puedan defenderse.
Aún cuando desde hace más de 30 años existe la ley mencionada y México cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, todos los días somos testigos de malas prácticas que perjudican a los ciudadanos de la nación.
La misión de la Profeco es promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Sin duda, dicha misión representa un ideal deseable, en teoría. Pero en la práctica observamos millones de deficiencias en el mercado que merecen ser atendidas y que hasta el momento han resultado no resueltas.
Como ejemplo de lo mencionado tenemos los enormes abusos de los que se valen los grandes consorcios debido a su condición monopólica. A través de precios artificiales y costos adicionales los mexicanos son víctimas de actos que disminuyen día a día su poder adquisitivo.
En México 5 bancos acaparan el 80 por ciento del mercado. Las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento, la telefonía fija el 81.4 por ciento. La producción del cemento 49 por ciento. La industria cervecera 62 por ciento y la de harina de maíz industrializada el 93 por ciento.
Lo mismo ocurre con la falta de regulación de los productos riesgosos. En los últimos años hemos sido testigos del incremento exponencial de promotores de bienes que ofrecen resolver a corto plazo grandes problemas de salud pública, como la obesidad, la desnutrición y otros males.
La carencia de una correcta difusión de aquellas mercancías que incumplen las disposiciones jurídicas aplicables, ha tenido como consecuencia un bombardeo y una penetración continua de los llamados productos milagro, los cuales han enriquecido a productores, distribuidores y anunciadores con la masiva venta de estos mencionados artículos. La falta de una reglamentación eficiente ha permitido la manipulación de los consumidores a través de falsas expectativas, llegando incluso a ocasionar daños a través de falsas expectativas.
Lo anterior resulta de suma gravedad en un país donde el 22.4 millones de personas padecen hipertensión, entre el 6.5 y 10 millones son diabéticos y dos de cada tres mexicanos presentan algún grado de obesidad.
De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, en el 2012 se tuvo noticia de más de 75 mil productos y mil tabletas milagro, entre los cuales destacan los suplementos alimenticios, cosméticos y remedios herbolarios.
Es por eso que estamos a favor del presente dictamen, que adiciona la XXIII fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el afán de establecer que la Procuraduría tiene como atribución publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.
Sin embargo, ante lo expuesto previamente creemos que las modificaciones planteadas resultan insuficientes para corregir las distorsiones de mercado que favorecen las empresas productoras de artículos dañinos y que tanto perjudican a la población.
Es necesario pues otorgar a la Profeco no tan sólo la facultad de publicar los productos y servicios riesgosos, asimismo debe existir una sanción clara que desincentive dicho comportamiento. Únicamente así la modificación planteada se traducirá en resultados concretos y no tan sólo en buenos deseos.
Es momento de implementar instrumentos que permitan una verdadera equidad entre las empresas y los clientes, y que eliminen condiciones monopólicas y que terminen de una vez por todas con las prácticas atroces cometidas en contra de los consumidores. Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Compañeras diputadas y compañeros diputados, bueno, pues si en algo hemos estado todos de acuerdo es en lo positivo de este dictamen, ya que viene a dar mayor información, a informar al público consumidor.
Para nosotros el objetivo de la reforma que hoy se está debatiendo es darle a la Profeco la facultad de coadyuvar con otras autoridades a fin de proteger los derechos, especialmente de la niñez, de los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, indígenas.
Además, se le dará a la Profeco la facultad de publicar –y esto es importante, porque es publicar a través de cualquier medio– los productos y servicios que, de acuerdo al criterio de esta dependencia, detecte como riesgosos o que incumplan con la ley.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cree firmemente que uno de los mecanismos para fortalecer a la democracia en nuestro país es empoderar a sus ciudadanos. ¿Y cómo hacerlo? Pues dándoles voz frente a las autoridades y frente a las empresas.
Convencidos de esto, es que nuestra fracción parlamentaria celebramos que hoy se encuentre en discusión este dictamen y que este dictamen viene a fortalecer a la Profeco como una institución con un fuerte impacto social. Adicionalmente, con estas reformas la procuraduría podrá establecer mecanismos de coordinación con organismos como lo son la SEP o la Conapred, orientados a estos mecanismos a que ningún producto o servicio sea ofrecido mediante prácticas discriminatorias.
Asimismo, esta institución podrá difundirle a la población la información de cuáles son las empresas que ofrecen productos que violan las normas o que puedan ser considerados como peligrosos.
Lo anterior permitirá a los consumidores la toma de una decisión en base a información y así optimizar sus recursos en la compra de productos o bien incluyendo la contratación de sus servicios; además de que se estimulará a las empresas a elevar sus estándares de calidad generando con esto la competencia entre los ofertantes, que éste es un punto también de mucha importancia.
Con reformas integrales como ésta, fortalecemos sin duda alguna a la Procuraduría Federal del Consumidor y protegemos al mismo tiempo a los sectores más vulnerables de nuestra población, brindándoles a los consumidores la posibilidad de decidir de manera informada los productos y servicios que desean consumir.
Es por todo lo anterior, que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos manifestamos a favor de este dictamen y anticipamos que nuestro voto será a favor del mismo. Y de igual forma, aprovechamos para reconocer el trabajo que está realizando la comisión, pues ha venido reafirmando el compromiso de una labor responsable y comprometida con toda nuestra ciudadanía. Por su atención, compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras, buenas tardes; con su venia, señor presidente. La iniciativa fue presentada el 15 de febrero de 2011, por el entonces senador Alejandro Moreno Cárdenas, en la LXI Legislatura, para su estudio y dictamen fue turnado a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el primero de febrero de 2012 fue remitida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien a su vez la turnó a la Comisión de Economía.
Es por ello, que compartimos el espíritu de la presente, en el sentido de que es importante salvaguardar los derechos que tienen como consumidores los grupos más vulnerables representados en los niños, en los adultos mayores, en las personas discapacitadas y en los indígenas.
Es fundamental, que la Profeco cuente en su marco normativo con la facultad de verificar y publicar el resultado de sus verificaciones, sobre los productos y servicios comunes a los que tiene acceso toda la sociedad, pero de manera especial de estos grupos sociales con mayor vulnerabilidad que por sus propias características los convierten en fácil presa de la publicidad engañosa de los prestadores de bienes y servicios.
Los niños, por encontrarse en un proceso de formación y educación, requieren contar con el apoyo de sus padres para determinar una compra de cualquier producto. Los adultos mayores también requieren informarse para que sus decisiones sean adecuadas, máxime que este sector para muchos pone en apuro, demás del apoyo económico y que en esta parte se encuentran los pensionados o los jubilados.
Las personas con discapacidad por el propósito o por el simple hecho de que en muchas ocasiones no pueden desplazarse personalmente y esto les ayudará a optimizar el tiempo y decidir sus compras oportunamente, porque este sector social, además de sufrir la discriminación social por su origen, muchas de las veces no hablan español lo que implica incluso que la Profeco debiera de realizar las publicaciones propuestas en distintos dialectos existentes en la República Mexicana, esto con el fin de que las personas que integren este grupo verdaderamente tenga un acceso a la información.
Por ello es de suma importancia que a esta institución se le faculte para que publique por cualquier medio sus opiniones, recomendaciones o sugerencias derivadas de la realización de las verificaciones que realiza a los productos y servicios que se ofrecen a todos los consumidores.
Por tal razón, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoyaremos el dictamen votándolo a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, amigo y fino diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares: Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos completamente convencidos de la aprobación del presente dictamen.
Consideramos que es impostergable concretar las reformas propuestas al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de establecer como una atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor el publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.
Por lo cual el presente dictamen fortalece las disposiciones de la Profeco para que ésta establezca mejores mecanismos de información a los consumidores que otorguen herramientas para tomar decisiones de consumo inteligente.
Por lo tanto, podemos afirmar que el espíritu del dictamen en comento es proteger a los consumidores sobre productos y servicios que pueden resultar riesgosos y de lo cual ya han hablado ampliamente mis compañeros, lo que dará sin duda mayor solidez jurídica a las acciones que realizará la Profeco en esta materia.
En Acción Nacional consideramos importante y trascendente plasmar dentro de la Ley Federal del Consumidor disposiciones de regulación en pro de los derechos de los consumidores y que dichas disposiciones deriven en propiciar precisamente su consumo inteligente.
Estamos ciertos que la Profeco debe velar por los intereses de los consumidores y proteger su derecho a la información. Lo anterior con el propósito de que los consumidores puedan tomar las mejores decisiones.
Una de las principales armas con las que cuentan los consumidores y también lo hemos dicho reiteradamente en esta tribuna, es la información.
Si nuestros consumidores están debidamente informados, consideramos que tienen el suficiente criterio para comprar o no comprar aquellos productos de los que tanto se habla.
Pues bien, estamos ciertos que una de las principales armas, y lo repito otra vez, con la que cuentan nuestros consumidores, es la información. Por ello consideramos necesaria la aprobación del presente dictamen.
Al respecto debemos señalar también que el presente dictamen es totalmente armónico con el objetivo principal de la Profeco, el cual es promover y proteger los derechos de los consumidores, a través de fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Finalmente quisiera precisar que con medidas como la que hoy aprobemos, damos señales claras de que en la Cámara de Diputados legislamos a favor de garantizar a todos los consumidores la protección de sus derechos por medio de adecuaciones responsables y promotoras de fomentar la equidad entre proveedores y consumidores.
Por lo anteriormente expuesto en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene la palabra la diputada Martha Gutiérrez Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, actualmente existen problemas graves, implicaciones para el bienestar y la salud de la población, relacionados con el consumo y uso de diversos productos y servicios ocasionados por factores que van desde la publicidad engañosa hasta el incumplimiento de los requisitos sanitarios de producción, distribución y promoción.
En los últimos años se ha intensificado el tema de los productos milagro, los cuales pueden provocar desde intoxicaciones, deshidratación, daños hepáticos, detonación de diversas enfermedades o aceleración de los efectos de enfermedades crónico-degenerativas.
También podemos mencionar los riesgos inherentes a la utilización de sustancias peligrosas en combinación con otras o por sí solas, como el plomo por ejemplo. Hablamos de sustancias y productos que no cuentan con evidencia científica que garantice su efectividad; no existe certeza de que no tengan defectos de diseño o manufactura y que en algunos casos conllevan riesgos de quemaduras, incendio, explosión, descarga eléctrica, reacción alérgica, laceración, lesiones y caídas.
Tal es el caso de algunos enseres del hogar y oficina como licuadoras, parrillas de gas, lavadoras, cocinas eléctricas humidificadores, calentadores eléctricos, baterías dispositivos electrónicos de transmisión de archivos, sillas de oficina, por mencionar solo algunos.
La gran variedad de problemas derivados por la comercialización de productos que no son aptos ni seguros para el consumo y uso humano hacen necesario fortalecer el papel del gobierno como agente regulador del mercado.
Evidentemente, cuando se pone en riesgo la salud y la integridad física de los consumidores estamos ante la clara necesidad de reforzar las medidas que protejan a la población de posibles abusos, omisiones o claras infracciones de las normas vigentes tendientes a garantizar la inocuidad de los productos que se venden en México.
Las normas oficiales mexicanas son producto de un minucioso trabajo especializado, establecen las especificaciones para el adecuado funcionamiento, envasado, etiquetado, embalaje y publicidad de productos comerciales.
En años recientes se ha perfeccionado el andamiaje institucional y normativo para fortalecer las herramientas con que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor para el cumplimiento de su misión, que es la promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
En el Grupo Parlamentario del PRI compartimos la visión de que el gobierno debe asumir su papel como agente regulador, no sólo como vigilante, sino también como promotor de mejores y más amplios mecanismos de información a los consumidores para tomar decisiones, como bien señala la comisión dictaminadora.
En este sentido, nos manifestamos a favor de adicionar una fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo propuso el entonces senador y hoy diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas para agregar a las facultades con que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor la de publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que, con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos que por ley sean detectados como riesgosos, o que incumplan las disposiciones jurídicas aplicables.
Con ello avanzamos en el objetivo de hacer de la información un instrumento efectivo para que la población tenga más y mejores criterios de elección, pueda modificar los hábitos y prácticas de consumo orientándolas no sólo a buscar el mejor precio, sino también a considerar la utilidad, calidad y seguridad de los productos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente hay 417 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:53 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 2 de octubre de 2013 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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