Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativas
De la Junta, con cambios en grupos de amistad y comisión especial
Retiro de iniciativas de diputados
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Secretaría de Hacienda, con informe
Iniciativas de diputadas y de diputados
Enrique Alejandro Flores Flores, PAN
José Valentín Maldonado Salgado, PRD
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
José Francisco Coronato Rodríguez, PMC
Fernando Bribiesca Sahagún, PNA
Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, PAN
Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, PRI
Dictámenes
Que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Agenda política
Comentarios relativos al aniversario del 2 de octubre de 1968
René Ricardo Fujiwara Montelongo, PNA
Ricardo Mejía Berdeja, PMC, (minuto de silencio)
Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, PAN
Dictámenes a discusión con punto de acuerdo
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:19 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Para solicitarle que se incluya en el orden de día el tema de la revisión de los apoyos del Fonden y Sedesol, en donde se están otorgando solamente 10 mil pesos para la reconstrucción de las viviendas y hay viviendas que no las incluyen si no dan el límite de agua, que es de un metro de inundación. Si da menos de un metro no las aceptan y quiero que se revise y se aclare ese tema.
El otro es en cuanto a la revisión de las responsabilidades que le correspondieron a las alertas de Conagua y Protección Civil, en donde están culpando a los gobernadores de no haber avisado en forma oportuna, siendo que Conagua fue la responsable de dar la primera emisión y no lo hizo correctamente, y tiene que ser revisado y no cargarle la responsabilidad a los gobernadores siendo que es responsabilidad de Conagua y de Protección Civil.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado. Como usted sabe, de acuerdo al artículo 65 el orden del día sólo puede ser modificado a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Yo le rogaría a usted pudiera hacer su propuesta a través del órgano que establece el propio Reglamento y sus palabras han quedado registradas en el Diario de los Debates. Se dispensa pues la lectura del orden del día.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Considerando que es de urgencia nacional lo que le estoy planteando, quiero que me haga favor de solicitarle al pleno en votación si todos los diputados están interesados en atender la emergencia nacional, que urge en más de 18 estados del país.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Es mi obligación observar y hacer cumplir el Reglamento, señor diputado. El artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados dice de manera textual: El orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta de Coordinación Política. –Le pido comprenda que es nuestra obligación respetar el Reglamento.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, discúlpeme, voy a respetar su reglamento pero creo que es más importante la emergencia nacional que un reglamento de la Cámara de Diputados.
Nuestra gente se está muriendo en las diferentes poblaciones donde están aisladas. La gente requiere atención y no podemos tener un Congreso que omita la atención de la población de carácter urgente. Por eso es importante que usted cambie el orden del día.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sus palabras quedan registradas en el Diario de los Debates. No minimizamos la importancia de su planteamiento y le reitero: es mi obligación respetar el Reglamento de la Cámara de Diputados. Espero su propuesta por escrito y con todo gusto buscamos darle cauce.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Catalino Duarte. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Señor presidente, he escuchado su percepción que tiene, en el sentido de que de acuerdo a una disposición administrativa, al interior de la Cámara, está usted imposibilitado para poner a consideración del pleno la modificación del orden del día para tratar el tema de los desastres naturales en este país. Me refiero específicamente a Guerrero, que fue desastroso.
Me parece pertinente y por encima de cualquier disposición administrativa debe estar la necesidad y la problemática en la que están muchos mexicanos, y en especial, guerrerenses.
Por eso, insistimos, señor presidente, que la máxima autoridad es el pleno de la Cámara. Y le ruego, de manera respetuosa, ponga a consideración del pleno la posibilidad de analizar el tema de los desastres naturales en el país, en especial de Guerrero, y que se pueda revisar si realmente se están haciendo los trabajos para restablecer la vida natural y social de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Sonido en la curul del diputado José Luis Muñoz Soria.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente, solamente para solicitarle, respetuosamente, que la propuesta que hace nuestro compañero diputado tiene usted toda la facultad, y es este pleno el que decide si se cambia el orden del día o no. Que pudiera someterla a consideración, de cambiar el orden del día o no. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. Dígame, señor diputado, con qué objeto.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí. Gracias, diputado presidente. Solamente para saber si la Junta de Coordinación Política tomó en cuenta que hoy se conmemoran los 45 años de la masacre de estudiantes y ciudadanos en la Plaza de Tlatelolco, una fecha que tenemos que recordar para que no vuelva a suceder, de hecho ya es –entiendo así– un día de duelo nacional. Y, por lo tanto, quería ver si ya estaba contemplado el minuto de silencio, si no para solicitarlo. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Le informo que sí está considerado el asunto dentro del orden del día, y le garantizo que el asunto será abordado en el momento oportuno.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Rosario Merlín García. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Con el objeto de que se vote en el pleno lo de la situación que está pasando a nivel nacional, de la contingencia y la presentación para la institución del Fonden, como el de protección civil, que no se ha atendido realmente como se requiere.
Y sé –y sabemos todos– que el Reglamento se tiene que respetar, más sin embargo quiero aprovechar para decirle que en momentos cruciales como estos de México tenemos que tener sobre todo la sensibilidad, el espíritu humano, agradeciendo incluso a otros estados que se están solidarizando con los estados que se encuentran ahorita en contingencia.
Y no es posible que tú, diputado, como presidente, con el respeto que me mereces, y toda la Mesa Directiva, creo que tienen la sensibilidad. Si en estos momentos pasara un temblor y se estuvieran cayendo esos vidrios acá –que Dios no lo quiera– vas a decir: no, no podemos, tenemos que ponerlo a consideración de la Junta de Coordinación Política. No. Estamos viendo que en México, y sobre todo nuestros estados, nuestra gente se está muriendo.
Tenemos gente enterrada, hay epidemias ya, y no estamos viendo respuestas de ningún gobierno, ni de las dependencias que les corresponde. Hacemos un llamado a tu sensibilidad, a tu espíritu humano, y al de toda la Mesa Directiva, y a la de este pleno. Compañeras y compañeros, hoy necesitamos de su apoyo, por favor.
El diputado Marcos Aguilar Vega (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Marcos Aguilar, ¿con qué objeto, señor diputado? Sonido en la curul del diputado Marcos Aguilar Vega.
El diputado Marcos Aguilar Vega (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para solicitarle de manera respetuosa a la Mesa Directiva, existe un procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, el 65 de manera expresa señala cual es la ruta que debemos seguir como diputados.
Directamente hago un llamado respetuoso, para que lo hagan a través de la Junta de Coordinación Política, a través de sus coordinadores, y evitar con ello alargar esta discusión que no tiene ningún sentido; en virtud de que ya ha sido aprobado el orden del día por el pleno de esta Cámara. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Señoras y señores legisladores, particularmente al proponente original, diputado Jorrín, le voy a solicitar atentamente presente su propuesta a la brevedad ante la Junta de Coordinación Política y solicito al presidente de la Junta aquí presente, nos la remita, y con todo gusto la pondremos a consideración de la asamblea.
Hago una puntualización, el objeto del artículo 65 es garantizar que está adecuadamente puntualizada la solicitud. Le ruego, entréguenla por escrito y con todo gusto le daremos trámite.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Jorrín, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Señor presidente, con todo respeto, la sesión anterior les hice la invitación a todos los diputados para que fueran a caminar entre lodo y ver cuánta gente está en desgracia. Ninguno de los que fueron invitados asistió.
A usted también le hago la más cordial invitación para que vaya a ver el desastre que estamos viviendo en Guerrero y en 18 estados del país. Si usted no considera que este acto de atención, no es importante, entonces qué estamos haciendo los diputados aquí; si es una emergencia nacional, les interesa más el Reglamento.
El diputado que participó hace un momento, le pido que me acompañe a Guerrero para que vea la necesidad que estamos teniendo ahí con nuestra gente, que tiene que ser sensible a lo que estamos viviendo. Nuestra gente se está muriendo y el Congreso aquí muy cómodo atendiendo un Reglamento.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Manuel Añorve, dígame, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente, si me lo permite, en el ánimo de salvar esta discusión y poder tomar en cuenta lo que aquí se ha comentado por parte de mis compañeros diputados federales guerrerenses, que merecen también todos mis respetos, ya tenemos una proposición, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, señor presidente, para hablar sobre el tema de Michoacán y de Guerrero.
Pudiéramos –que no suceda lo que a veces sucede en otras sesiones porque se agota el tiempo– tomar ya la decisión formal de que se pase este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución y obviamente que se permita la intervención de los compañeros diputados guerrerenses, como el de la voz, por supuesto por la preocupación que tenemos en el estado de Guerrero y seguramente otros compañeros tendrán en otros estados del país.
Esto es en el ánimo positivo de salvar esta discusión y tener la seguridad de que la discusión se puede dar aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. Es una propuesta respetuosa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le voy a dar la palabra al señor diputado Catalino Duarte, y después me está pidiendo la palabra el diputado Villarreal. Dígame, diputado Catalino Duarte, ¿con qué objeto?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Señor presidente, debo insistir que si bien es cierto existe una disposición administrativa al interior de la Cámara, el interés de los diputados guerrerenses, nuestra preocupación es nuestra gente que está en una situación difícil. Hasta este momento yo no conozco que el gobierno federal o alguna otra instancia esté atendiendo la problemática de muchos bienes que han perdido las familias, en especial sus cultivos, sus casas, sus cosas particulares.
Yo le tomo la palabra a Manuel Añorve, e invito a que se ponga a consideración del pleno y le demos seriedad y responsabilidad al tema; no solamente una llamada de atención o una llamada a misa. Le tomo la palabra. Vayamos al tema, le demos seguimiento y estoy seguro que con el apoyo de su bancada, con el apoyo de nuestra bancada de Movimiento Ciudadano, del PT, podemos avanzar bien.
Igual invito a los compañeros de Acción Nacional, me gustaría que su coordinador Villarreal; el Presidente de la Mesa Directiva fuera a Guerrero, constatara, le pudieran preguntar al presidente de la república qué daños tan severos tiene Guerrero.
Por eso ahora necesitamos su apoyo. Éste es un asunto de humanismo, no es un asunto de política. De verdad les pedimos solidaridad, apoyo, consideración, señor presidente de la Mesa Directiva. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene esa consideración, se lo garantizo, compañero diputado Catalino Duarte.
Me han pedido la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal y el diputado Silvano Aureoles Conejo. Sonido en la curul del diputado Villarreal. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Pido la palabra, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con gusto lo anoto, diputado. Dígame, diputado Villarreal ¿con qué objeto?
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. En toda la seriedad y con el alto sentido de responsabilidad que un tema como el que aquí se ha puesto en la Mesa, a nombre de mi grupo parlamentario, en primer término expreso, como ya lo hemos dicho, nuestra solidaridad y todo nuestro ánimo de ayudar a quienes hoy están en desgracia en este país, producto de Manuel y de Ingrid.
De Acción Nacional lo único que recibirán ellos y el resto de nuestros compañeros diputados, que estoy cierto tienen el mismo sentido de responsabilidad y de solidaridad es el apoyo y respaldo absoluto de Acción Nacional para que podamos atender esta contingencia, para que se exija a todas las autoridades una mejor coordinación y para que se atienda a cada una de las personas que han sido damnificadas.
En ese sentido de responsabilidad quiero comprometer el respaldo de mi grupo parlamentario para que éste sea el primer asunto que se trate en la agenda de la sesión del día de mañana para que se puedan hoy desahogar los que ya teníamos inscritos en la sesión que ha iniciado hace algunos minutos.
Esa sería la propuesta, que incluso, le pongo sobre la mesa al presidente de la Junta de Coordinación Política para que sin dilación y sin pretexto, el día de mañana iniciemos la sesión desahogando un punto de acuerdo relativo al asunto que en este momento estamos discutiendo y que podamos ponernos de acuerdo los siete coordinadores parlamentarios de esta Cámara de Diputados sobre los resolutivos para que se abra la discusión, el debate y podamos tener un punto de acuerdo que verdaderamente nos ayude a resolver un problema que antes que político, es un problema estrictamente de solidaridad y de humanismo. Es tanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras, diputado Villarreal. Le voy a dar la palabra al diputado Silvano Aureoles, después a la diputada Gloria Bautista y después al diputado Sebastián de la Rosa. Dígame, diputado Aureoles, ¿con qué objeto?
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, presidente. Con el objeto de hacerle una propuesta al pleno y a usted. El día de hoy tenemos un tema fundamental que nosotros queremos abordar, que es lo relativo al 2 de octubre, que está en la agenda, de tal manera que recogiendo la preocupación de mis compañeras, compañeros que han expresado la necesidad de entrarle a la discusión, al debate de un tema tan importante como es lo relativo a los desastres naturales y a la situación crítica que viven por lo menos 26 entidades de la república, y en virtud de que hay que revisar de manera cuidadosa, sobre todo lo sucedido en estados que han sido muy afectados, como es el caso de Guerrero y que nos solidarizado con quienes han sufrido terriblemente estos daños y también con nuestras compañeras diputadas y compañeros diputados de este estado de Guerrero, de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, pero la propuesta va en el siguiente sentido.
Que el día de hoy se desahogue el punto de acuerdo de urgente que ya están enlistado, que aborde el tema donde podrá haber la participación correspondiente, y dos, que como ya se ha dicho aquí el día de mañana se agende el tema que se ha solicitado como agenda política, valga la redundancia. Agenda política y que sea el primer punto que se aborde en el orden del día el día de mañana, como lo ha planteado también el coordinador Villarreal y como lo han solicitado los compañeros de Movimiento Ciudadano, de tal manera que eso nos permita avanzar con la sesión y que hoy abordemos el tema del 2 de octubre, como estaba programado. Muchas gracias, presidente, por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Cuente con que, con fundamento en el 59 del Reglamento, una vez integrada formalmente esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, será puntualmente tomada en cuenta por esta Mesa Directiva.
Diputada Gloria Bautista, ¿aún me pide la palabra? Declina. Diputado Sebastián de la Rosa, dígame con qué objeto. Sonido en la curul del señor diputado.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Gracias, presidente. Como siempre he procurado ser en este pleno y en tribuna, con mucho respeto, presidente, te voy a pedir que quienes te auxilian estén más atentos a quienes estamos pidiendo la palabra.
Segunda situación. Independientemente de la propuesta que han hecho dos coordinadores de dos grupos parlamentarios, incluyendo al presidente de la Junta, quiero apelar al buen juicio del Presidente de esta Cámara. El artículo 143 señala textualmente: El presidente, en sus resoluciones estará subordinado al voto del pleno.
El planteamiento que se ha hecho en este momento, que no es un asunto que tiene que ver con un interés político, que no es un asunto que tiene que ver con una situación de carácter personal o de interés partidario, un asunto que tiene que ver con una contingencia generada por situaciones climatológicas, por situaciones naturales.
Me parece que esta Cámara y su presidente, apelando a su buen juicio, no debiera estar subordinado a un ordenamiento, que si bien es cierto cuida el procedimiento, no puede estar por encima de una contingencia de carácter no solo estatal sino de carácter nacional y a una actitud humanitaria de quien preside esta Cámara.
Por tanto, solicito que apelando a este ordenamiento también de nuestro reglamento, pueda someterse al pleno, que sea el pleno, que digan los diputados si no les interesa lo que les pasa a Guerrero y al país. Que digan las diputadas si lo que más importa aquí es cuidar un ordenamiento legal y no atender una contingencia de carácter nacional. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Añorve, dígame con qué objeto. Sonido en su curul, por favor.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente decirle a nombre del Grupo Parlamentario del PRI que por supuesto nos solidarizamos con lo que están viviendo nuestros hermanos guerrerenses y otros estados hermanos del país.
Nos sumamos también a la propuesta que ha hecho el coordinador Villarreal y el presidente de la Junta de Coordinación Política para que mañana en el orden del día se pueda atender este tema que es de vital importancia para todos nosotros. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Mejía. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja ((desde la curul): Para respaldar por parte del Movimiento Ciudadano la propuesta original del diputado Víctor Jorrín, y de diferentes diputados del estado de Guerrero, que fue también recogida por el coordinador del Partido de Acción Nacional, diputado Villarreal; por el presidente de la Junta de Coordinación Política y también por los diputados del PRI.
Y solidarizarnos para que este tema sea el primero de la agenda política mañana, porque sí es un tema que está candente por la irritación que hay por la desatención de autoridades, sobre todo federales, en la emergencia que se está viviendo. Estamos de acuerdo en que sea mañana en la agenda política como primer tema. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado, de recibir la solicitud de la Junta, les garantizo que así quedará agendado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Aubry, dígame, ¿con qué objeto? Diputado Astudillo, sonido en la curul del diputado Ricardo Astudillo Suárez.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para, a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, también sumarnos a la solicitud de lo que ya se ha establecido, respaldar el acuerdo de la Junta de Coordinación y que mañana sea el punto que sea tocado en la sesión del jueves 3 de octubre por parte de nosotros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Esperamos la propuesta de la Junta de Coordinación Política para darle el trámite que corresponde.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunican modificaciones de turno.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Inmediatamente después le preguntaré con qué objeto, diputado.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza el 18 de septiembre de 2013. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza el 12 de septiembre de 2013. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Es cuanto, presidente.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agradezco a la Secretaría. Sonido en la curul del diputado Fernando Zárate. Dígame, señor diputado, con qué objeto.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Es de procedimiento, presidente. Es otro tema del orden del día que hoy está integrado en el documento, que establece el desechamiento o la negativa de diversos dictámenes. Quisiera saber, específicamente, cómo se va a desahogar. Específicamente porque no se está dando oportunidad de discutir distintos dictámenes que de fondo tienen un impacto nacional.
Yo presenté un dictamen respecto de transparencia de los grupos parlamentarios, para por fin y de una vez por todas abrir la discusión y la necesidad del uso de recursos públicos, y hoy nos enteramos que el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias lo va a desechar y no se va a discutir.
Nosotros quisiéramos, por supuesto, dar el debate. En el PRD estamos convencidos que las cuentas, los dineros y los recursos públicos, hasta el último centavo de los grupos parlamentarios deben ser transparentes. Quisiéramos dar ese debate, presidente.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le garantizo, diputado Zárate, que aun los dictámenes que estén propuestos para ser rechazados serán abiertos a discusión. Éste que usted acaba de señalar lo doy por reservado desde este momento. Sonido en la curul de la diputada Mojica. Dígame diputada, con qué objeto. Sonido en la curul de la diputada.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): El mismo, presidente, que los diputados federales del estado de Guerrero hemos estado pidiendo la integración del punto de acuerdo.
Me queda claro que ya hay una amplia mayoría para que se discuta mañana. Obviamente, a mí me gustaría que para el día de mañana tuviéramos claridad también en el tema de la transparencia de los recursos que se van a aplicar, en la posibilidad también de que se haga un fideicomiso especial para esos recursos que se van a aplicar y que el día de mañana tuviéramos información respecto al seguro de desastres que existe, que creo que es de más de 2 mil millones de pesos, pero del cual no sabemos absolutamente nada.
Nada más decirle que obviamente, los diputados de Guerrero quisiéramos más solidaridad de los 500 diputados de esta Cámara de Diputados. Espero que mañana esta discusión se dé muy amplia y muy puntual. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. De solicitarse así será acordado.
De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrante y de juntas directivas de Grupos de Amistad y de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules. En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio el diputado José Soto Martínez, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, presentada en la sesión del 12 de septiembre del año en curso, sea retirada de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Oficio del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, presentada en la sesión del 19 de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Reforma Agraria. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones el Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social, con el que remite las fichas de monitoreo 2012-2013 de 258 programas y acciones de desarrollo social del gobierno federal.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria.
El diputado José Everardo Nava Gómez: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. A pesar de los importantes avances en el reconocimiento jurídico de la mujer rural dentro de nuestro sistema normativo, en la práctica actual el ejercicio de sus derechos que se supone deben ser con igualdad, siguen siendo inoperantes por los valores culturales que aún predominan en nuestro sociedad y sólo un mínimo de mujeres son las que gozan del acceso a la posesión y representatividad de la tierra ejidal.
En la última década el papel de la mujer rural mexicana ha venido creciendo al grado de convertirse en el pilar fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas del país. Sin embargo, a pesar de su productividad, las mujeres del campo siguen siendo objeto de discriminación y desigualdad. Datos del Instituto Nacional de la Mujer estiman que de los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, sólo 610 mil del total se encuentran reconocidas como propietarias y en lo que corresponde a unidades de producción en el país, del 30 por ciento que está a cargo de una mujer, sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre, principalmente en los estados de Veracruz, estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Datos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), aseguran que más de un millón 200 mil mujeres campesinas de nuestro país se han convertido en el principal sustento familiar, como consecuencia generada por el fenómeno migratorio tanto de sus esposos como el de sus propios hijos.
Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y cuatro horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, este suele ser incongruente al trabajo desempeñado.
Nuestro líder de la CNC, el senador Gerardo Sánchez, ha expresado la necesidad de impulsar una nueva cultura de género que no segregue, y mucho menos que demerite el género femenino, a lo que manifestamos nuestra coincidencia y respaldo total.
En el mismo sentido, miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país, coinciden en la necesidad de dejar atrás los perjuicios sexistas para transformarlos a una nueva visión hacia la mujer, que se construya bajo los principios del respeto, la igualdad y equidad en sus derechos al acceso de la tierra.
Insólitamente, a pesar de las condiciones que sujetan a las mujeres campesinas, ellas continúan mostrando gran fortaleza para enfrentar la marginación y pobreza que prevalece en sus hogares y siempre buscan brindar la mejor atención a sus hijos, hijas, enfermos y adultos, con el objetivo de lograr el equilibrio y progreso de sus familias.
Con esta iniciativa que presento, se pretende solucionar la problemática actual de desventaja que se encuentran padeciendo las mujeres en el campo: niñas, jóvenes, madres o adultas, específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento de debe tener la mujer en condiciones de igualdad, respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.
El texto actual del artículo 12 de la Ley Agraria establece que: son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Esta redacción resulta incongruente con la realidad que enfrenta la mujer rural campesina para acceder a la titularidad de derechos ejidales, lo que nos motiva para proponer a esta Cámara de Diputados realizar una adecuación al texto vigente del artículo 12 de la Ley Agraria.
Nuestra propuesta va encaminada a plasmar el concepto de igualdad de condiciones al texto vigente, con lo que considero se fortalecerá y ampliará la protección jurídica de la Ley Agraria para la mujer rural mexicana, haciendo posible el ejercicio efectivo de los derechos ejidales que están demandando históricamente y lograremos una nueva cultura de género incluyente.
En el mismo sentido, la redacción del primer párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento, establece la facultad que tiene el ejidatario para decidir a quién puede suceder los derechos hereditarios en caso de llegar a fallecer. No obstante y de acuerdo con la redacción actual, la lista de posibles beneficiarios resulta omisa en virtud de que solamente contempla el término hijos y el de hijas.
Al referirnos al término hijos podríamos deducir que se trata del hijo varón o hija mujer, sin embargo para dar un mejor enfoque de género que permita salvaguardar con igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario, juzgamos conveniente llevar el término de hijas en la redacción del primer párrafo del artículo 17 y de igual forma a la redacción de la fracción III del artículo 18, ambos de la Ley Agraria.
Finalmente, para resolver la problemática actual de desamparo que enfrentan todas aquellas personas que dependieron económicamente del ejidatario fallecido, hijas e hijos menores de 18 años no emancipados impedidos para trabajar por alguna discapacidad; cónyuge, concubina, concubinario, padre y madre, consideramos fundamental garantizarles en la ley de la materia la obligación de los beneficiados de la herencia para que brinden alimentación y educación a los dependientes del ejidatario fallecido.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En este mes de conmemoración del 60 aniversario del Voto de la Mujer en México, estamos en el momento oportuno para continuar con la armonización de nuestra legislación con miras a lograr la igualdad que las mujeres campesinas históricamente vienen demandando.
Felicidades a todas las mujeres mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por el diputado Javier Azuara Zúñiga, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Con su permiso, diputado presidente. El derecho a la vida es una decisión del ser humano que se encuentra inherente en su naturaleza y es parte primaria y esencia del principio mismo de su existencia, pues su negativa representa a la vez la pérdida de las condiciones espontáneas que surgen del estado físico de la persona; del hombre y de la mujer en el mundo.
No podemos entender la existencia de ningún otro derecho sin la existencia del respeto al derecho a la vida, pues todos los demás son consecuencia del cumplimiento de esta garantía.
Este derecho parte de la premisa que considera la existencia de la vida humana desde el momento de la fecundación mediante la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde ese instante está científicamente comprobado que el producto ya tiene un código genético determinado en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano.
Los derechos de la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad y en general todas las garantías fundamentales, son consecuencias que derivan de la preeminencia del derecho a la vida. La misma condición natural del derecho humano lo obliga a trazar las normas que sean necesarias para respetar la vida desde su inicio. Es decir, desde que es concebido.
No podemos pensar en una civilización respetuosa de la naturaleza humana si no cuenta con los elementos jurídicos necesarios para defender la vida de los más vulnerables, en este caso los no nacidos.
El no nacido ya tiene una vida distinta aun y cuando se encuentre en un proceso pues finalmente toda existencia de una persona es un proceso permanente. El producto de la concepción no es parte del cuerpo de la madre, aunque fisiológicamente depende durante el embarazo, ninguna de las células del producto o de la placenta derivan de la madre. El derecho de la madre de elección es sobre su cuerpo, no sobre la vida del feto.
Diversos instrumentos internacionales mismos obligan al Estado mexicano, que dé, en materia de derechos humanos, reconocen el derecho a la vida de diversas formas, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3o., el cual dice: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona”.
Igualmente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6o., reconoce el derecho al precisar que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
Y por último lo hace la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, siendo ésta última la que reconoce la vida desde la concepción. “Toda persona tiene derecho a que se respete la vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
La legislación mexicana no cuenta con esta precisión en la Constitución. No hay artículo que directamente reconozca y exprese ese derecho humano. Tenemos una laguna que debemos salvar como diputados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de igual manera manifiesta que existe este reconocimiento en diferentes tesis jurisprudenciales como dice el derecho a la vida del producto de la concepción, su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales.
Médicamente les puedo decir que no existe una conexión directa entre el feto y la madre, ya que son individuos distintos. El derecho a la vida debe ser preservado por encima del derecho a la libertad porque sin ello, sin esta vida no existiría esta libertad.
Nosotros como legisladores tenemos la obligación de defender, respetar y dar equidad en la ley, a los más débiles. No hay nada más débil, más inocente, que un bebé que no ha nacido aún. Los invito, compañeros diputados a que todos ustedes hagan esta reflexión y que realmente vayamos por esa deferencia.
Carlos Castillo Peraza en su momento nos invitó y nos dijo: “vamos a darle equidad a los más débiles”. Es el momento de dar un paso. Creo que no existe iniciativa más noble que ésta y por eso agradezco mucho a mis compañeros diputados de Acción Nacional que han suscrito esta iniciativa e invito a las demás fuerzas políticas a que en un acto de conciencia le den la calidad que merece esta iniciativa y respetemos los derechos del no nacido. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo. Dígame, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, señor presidente. Felicitar al diputado Enrique Flores, por esta excelente iniciativa y solicitarle nos permita suscribir esta iniciativa a favor de la vida.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a su disposición, diputada. Sonido también en la curul de la diputada Pérez Camarena, ¿dígame, diputada, con qué objeto?
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): on el mismo de la diputada Raquel Jiménez, diputado, el pedirle al diputado Enrique que me permita suscribir esta tan importante iniciativa. No podemos buscar garantizar los derechos humanos en este país si no respetamos el derecho a la vida desde la concepción. Es cuanto, señor.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si el proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, en el mismo caso la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa. Diputado Juan Pablo Adame Alemán, ¿dígame, con qué objeto?
El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): Declino.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Declina su intervención. Túrnese a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José Valentín Maldonado Salgado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda el marco jurídico más reformado en las últimas décadas es el de la materia electoral. En una breve exposición quisiera dejar asentado que este fenómeno se debe a que una de las llaves para la democratización de México ha sido, sin duda, la lenta pero continua evolución de las reglas para la competencia electoral.
Derivada de la intensa presión social, sobre todo de los años cincuentas, ochentas destacadamente, la presión política que generó la sociedad y la opinión pública nacional e internacional a partir del momento de la represión del Movimiento Estudiantil de 1968 sobre el régimen autoritario, todo ello en vísperas de la realización de Juegos Olímpicos en México.
Largo y repetitivo sería plasmar aquí la evolución del marco jurídico electoral mexicano, sobre todo a partir de la reforma de 1977, en donde simplemente recuerdo las más emblemáticas que le siguieron; la de 1986, en donde se aumentó la representación proporcional de 100 a 200 diputados.
La reforma de 1989, con la cual se creó el IFE y éste emitió la credencial electoral con fotografía. Y la gran reforma del 96, en donde se ciudadaniza por completo el Instituto Federal Electoral.
Se establecen mecanismos de financiamiento público más equitativo, lo cual provocó que las contiendas electorales empezaran a ser mucho más competitivas que antes, y también se establecieron las rutas para democratización del Distrito Federal y del Senado de la República.
Después vinieron otras reformas, destacadamente la de 2007, en donde se estableció un nuevo modelo comunicacional para las elecciones y en donde se lograron limitar los usos desmedidos de dinero en la compra de espacios publicitarios, quedando este procedimiento a cargo de la autoridad electoral, sin intervención directa ni de partidos ni de candidatos de ningún otro particular.
Sin embargo, a partir de ese momento, los intereses más conservadores y de los poderes fácticos y de sus operadores políticos han forzado muchos resquicios para reconstruir candidaturas a partir de medios, que si bien no son ilícitos, no están regulados.
Estos resquicios pueden ser la mención de los candidatos promocionados en programas de televisión, en guiones de telenovelas, al igual que el ataque o descalificación de candidatos y partidos por estos mismos medios, o el uso, de hecho, de los espacios publicitarios en las salas de exhibición cinematográfica, en donde con toda impunidad y al margen de la ley se promueve la imagen de precandidatos, precandidatas, candidatos y de partidos políticos, dejando al público en absoluto estado de indefensión ya que están obligados a ver estos “infomerciales” y escucharlos, ya que no pueden apagar ni el proyector ni bajarle el volumen o cambiar la imagen del mismo.
El impulso para retroceder siempre ha estado ahí, ante la dificultad de desterrar al antiguo régimen y la alta complejidad de construir al país en democracia, pluralidad y tolerancia, ahora hay claros impulsos de regresión autoritario, como es el hecho de una vez que se había logrado limitar hasta cierto punto el gasto electoral con la reforma de 2007, ahora se puede acceder a esquemas en donde de nueva cuenta la promoción de candidatos y partidos políticos sea abusiva y se dé al margen de la ley, sin posibilidad alguna de limitarla y peor aún, sin posibilidades de fiscalizar los gastos que esta propaganda encubierta implica.
Es materia de esta iniciativa la regulación de los ya referidos infomerciales en las salas de exhibición cinematográfica por ser esta propaganda un burdo y artero abuso para la sociedad en su conjunto, que va en detrimento del desarrollo de la democracia y de la cultura política de la sociedad.
Es indispensable, compañeras diputadas y diputados, regular los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos que usualmente no se utilizan para hacer proselitismo, pero que pudieran ser invadidos por la propaganda electoral, como son justamente las salas de exhibición cinematográfica, donde empleando diversos formatos los candidatos y partidos pueden insertar propaganda encubierta, que al margen de toda fiscalización violenta los topes de gastos de campaña generando situaciones de iniquidad en la contienda electoral.
Ante este abuso la autoridad electoral debe tomar conocimiento sancionar enérgicamente a los infractores. Por ello proponemos incluir una regulación al Código Electoral que no afecte de ningún modo libertad alguna para exhibir películas o constituir una censura velada, ya que se cuida la regulación de la propaganda electoral y a sancionar los abusos que se cometan en torno de esta materia.
Concluyo. Esta iniciativa introduce reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales justamente para limitar y reportar el gasto de partidos políticos, candidatas, candidatos, en este tipo de publicidad política y sancionar a aquellos institutos políticos que se excedan en su uso al margen de la ley. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Maldonado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y la del diputado Flores a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 60 y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Inmediatamente después le doy la palabra, diputada Verónica Juárez. Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez. Dígame, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente, muchas gracias por su amabilidad de concederme el uso de la palabra, y con la intención de sumarme a la iniciativa que ha presentado el diputado Víctor Maldonado.
Me parece que es oportuno en este momento, que sin lugar a dudas, es necesario y se está discutiendo ya lo que será la reforma electoral. Me parece que va a venir a contribuir esta reforma que tanto hace falta y, por consecuencia solicitarle, preguntarle al diputado si nos permite adherirnos a su servidora y otros diputados y otras diputadas a esta iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No teniendo inconveniente el diputado, la Secretaría pondrá la iniciativa a su disposición para la adhesión. Adelante, señor diputado.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, diputado presidente. De acuerdo con Miguel Acosta Romero, el reglamento es una manifestación unilateral de voluntad discrecional emitida por un órgano administrativo legalmente investido de potestad o competencia para hacerlo; creadora de normas jurídicas generales que desarrollan los principios de la ley emanada del Congreso, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en la esfera administrativa.
De conformidad con el artículo 77 de nuestra Constitución, cada una de las Cámaras tiene facultad para dictar su propio reglamento interno y es así como formamos nuestras normas jurídicas, de acuerdo con las propias necesidades, y prever en ello las necesidades existentes que en este caso nos lleva al objetivo de la iniciativa que presento ante todos ustedes: establecer la prohibición de hacer modificaciones al orden del día una vez aprobada la misma.
Miguel Ángel Camposeco Cadena, en su libro El orden del día, define a éste como la disposición ordenada de los asuntos o negocios que son de la competencia legal de la Cámara y que deben ser conocidos, discutidos, aprobados o resueltos, en su caso, en el día señalado para tal fin.
Agrega que constituye la guía que regula la participación de un cuerpo deliberante sumamente numeroso, representa el plan de trabajo de la Mesa Directiva para conducir las actividades de la Cámara y para poderla cumplimentar, tanto en pleno como la Mesa Directiva, deben aplicar el reglamento respectivo.
En este tenor es de todos conocido que es muy frecuente observar en la práctica parlamentaria durante el desarrollo de las sesiones que, sin consultar a la asamblea, el presidente de la Mesa Directiva cambia habitualmente la lista de asuntos enlistados en el orden del día, sin exponer previamente al pleno las razones que fundamentan dichos cambios y, peor aún, sin consultar al mismo su aprobación a los anteriores. De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta vía electrónica, a más tardar las 22:00 horas del día anterior a cada sesión.
Es de observarse que lo instruye el presidente a la secretaria al inicio de cada sesión, es consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Enseguida, el diputado secretario anuncia que por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
Posteriormente, las diputadas y diputados que estemos por la afirmativa o negativa así lo manifestamos. Si la mayoría es por la afirmativa, se dispensa la lectura pero sin ajustarse al orden que se ha votado; situación que no debe darse y para ello citamos en la iniciativa que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria algunos ejemplos de disciplina legislativa aplicable en otros países.
En relación al tema veremos lo que establecen algunos reglamentos de los parlamentos en el mundo respecto del mecanismo del orden o agenda de discusión y su proceso de modificación, el cual es solo por causas específicas establecidas en la normatividad.
Aquí nos podemos dar cuenta que solo podrá alterarse el orden del día si alguno de los legisladores, incluido el presidente de la misma, plantea o formula una propuesta al respecto, la cual deberá someterse a consideración de la Cámara, en ocasiones a solicitud escrita y motivada, con varias horas o días de anticipación y con el voto favorable de los dos tercios de la Cámara en algunos países.
La mayoría de los parlamentos, en Latinoamérica y la Unión Europea, establecen en su normatividad la obligatoriedad de fijar con varias horas o días de anticipación la agenda del día y de varias asambleas. Ésta solo podrá alterarse por el voto de dos tercios de sus integrantes, a solicitud escrita y motivada por quien la hubiese presentado, a la Presidencia, por lo menos con una hora de anticipación al inicio de la sesión.
Bajo este contexto se robustece el objetivo de la presente iniciativa, que como hice mención, consiste en adecuar el marco jurídico a efecto de establecer que una vez aprobado por el pleno, el orden del día, queda estrictamente prohibido hacer modificaciones al mismo y solo se admitirán antes de ser aprobado por el pleno, y tendrá que ser aceptado por las dos terceras partes de los diputados presentes.
Bajo tales premisas le reiteramos, ya es hora de hacer más organizado el desarrollo de las sesiones y en irrestricto apego y respeto a los acuerdos aprobados por el pleno.
Qué triste y qué lamentable que todos los compañeros diputados que propusieron al inicio de esta sesión y alteraron el orden del día, no se encuentren presentes para poder discutir y conocer de esta iniciativa perfectamente establecida y no cambiar el orden del día a su gusto y a su contentillo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.
A lo largo de la historia la identificación de las personas desaparecidas ha evolucionado al paso del avance tecnológico. En un primer momento no existía un medio externo que permitiera dicha identificación. Es decir, se empleaba el reconocimiento personal o el llamado retrato hablado.
Posteriormente, con el surgimiento de la cámara fotográfica se vivió un avance cualitativo que permitió facilitar la difusión de la información, así como en su momento lo significó la identificación de las huellas dactilares.
Lo último, si bien significaba un gran avance sujeto a la efectividad del método y a la posesión previa de la huella dactilar del sujeto, y en caso de lo contrario, la eficacia del método se reducía a la nada.
No obstante que este avance tecnológico se encuentra disponible desde hace 28 años, lo cierto es que en nuestro país no hemos enfocado su uso en el abatimiento de un grave problema que vulnera el núcleo básico de la sociedad, como lo es la familia.
Cada año miles de niños o adolescentes menores de 18 años de todo el mundo desaparecen cada minuto. Solo se encuentra a algunos, pero muchos de ellos no son encontrados nunca o al menos con vida. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una cifra exacta de cuántos son las niñas y los niños desaparecidos en el país.
Instituciones gubernamentales como organizaciones civiles distan mucho en el número de niñas y niños desaparecidos. Según informes de la Procuraduría General de la República, en el periodo 2005-2006 se reportó que alrededor de 32 mil niños fueron robados o desaparecidos.
Para 2009 la misma institución calculó que anualmente desaparecen 45 mil menores de edad, siendo el Distrito Federal, estado de México y Jalisco donde se registra el mayor número de casos, y se estima que terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se llega a pagar hasta 50 mil dólares por niño.
Por otra parte, durante el periodo 2007 al 2011 las cifras otorgadas por el Senado de la República sobre niños desaparecidos en México ascienden a 150 mil, es decir, un promedio de entre tres y cuatro niños cada hora, mientras que algunas organizaciones civiles establecen que en México han desparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos seis años, lo cual representa un promedio de entre nueve y 10 niños desaparecidos cada hora. De estos, el 58 por ciento tienen entre cuatro y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino.
El fenómeno alcanza dimensiones mundiales, pues los niños son trasladados a diferentes países, principalmente Estados Unidos, siendo México el segundo en importancia para el mercado norteamericano, valga la expresión. Ante esto, la única explicación posible ante la ausencia de investigaciones judiciales y el creciente número de casos de desaparición de niños y niñas es la omisión de las autoridades judiciales y el desdén de los gobiernos, así como una falta de una política pública de protección integral a los niños y niñas en México, como en justicia, les debe corresponder.
De acuerdo a cifras no oficiales por asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de menores en México desaparecen anualmente cerca de 45 mil niños y niñas, sin que se conozcan las razones que propician estos hechos. Es decir, en México no existe a la fecha una base de datos oficial que indique la cantidad, mucho menos la identidad de los menores desaparecidos ni que compile las investigaciones relativas a este fenómeno.
Lo que se propone como consecuencia es la emisión de esta ley, que permita establecer un sistema de registro de menores desaparecidos y sustraídos, que compile y deje a la disposición de las autoridades correspondientes los datos para la identificación de los menores desaparecidos mediante sus pruebas de ADN, para que con ello se pueda lograr en primer lugar contar con un registro fidedigno y eficaz que nos permita conocer la magnitud del problema.
En segundo lugar, permitir que las autoridades cuenten con un sistema de comunicación y distribución de información de alta tecnología y especialización que facilite sus labores relacionadas con la investigación de la desaparición de menores y, por último, el permitir a los familiares de las víctimas tener la certeza de que la información de los menores desaparecidos será usada únicamente para su localización.
Con la existencia de esta nueva ley, el Estado mexicano se situaría a la vanguardia en el combate a la trata de menores, estableciendo a través de esta ley general, la obligación además de contar con una base de datos que contenga la información de ADN de los menores desparecidos.
A través de esta legislación, México se situaría a la par de España y Guatemala, quienes cuentan con un registro forense civil que en años recientes ha tomado parte activa y relevante de las investigaciones relacionadas con los niños robados.
Recordemos, compañeras y compañeros, que cada niño y niña tiene un derecho de crecer y desarrollarse en una forma plena y armónica; a nosotros nos toca coadyuvar para que así sea. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa de ley a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente; compañeras y compañeros diputados. La importancia de las encuestas no radica sólo en su valor orientativo y predictivo, sino también en su capacidad de influir en la opinión y el comportamiento de los ciudadanos que creen en ellas.
El año 2012, según cifras del Instituto Federal Electoral (IFE), se publicaron poco más de 2 mil 250 encuestas; la diferencia significativa entre lo publicado y lo alcanzado con la votación, dieron origen al cuestionamiento serio respecto a si las encuestas fueron utilizadas de forma deliberada para inducir el voto.
La confiabilidad de una encuesta o sondeo de opinión está directamente relacionada con el rigor metodológico de su diseño e implementación.
La legislación de México establece que las encuestas deben ajustarse a criterios científicos determinados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a cuyo secretario ejecutivo debe ser entregada una copia del estudio completo. Además, el artículo 403 del Código Penal se aplica para las sanciones a los que violen las prohibiciones de difusión y publicación de los resultados de las encuestas, incluyendo las encuestas a boca de urna.
Son muchos los actores implicados en este campo, por un lado, compiten centros académicos de investigación con empresas comerciales nacionales y extranjeras, que usan una gama de técnicas y métodos. El grado de seriedad y precisión de las encuestas es muy variable.
Por el otro lado, los usuarios son instituciones del Estado, partidos políticos y medios de difusión los cuales vinculan distintas intencionalidades con las encuestas: intereses científicos, intereses comerciales e intereses políticos.
En vista de lo anterior y aunado a lo sucedido en las últimas elecciones, la opinión pública se ha cuestionado acerca de la seriedad con la que se realizan los sondeos de opinión y el grado de credibilidad de los resultados publicados; la percepción del electorado es que hay una gran confusión respecto a ser informado o estar recibiendo propaganda electoral, lo cual ha generado la discusión de si es necesario fijar criterios para la publicación y uso de los estudios de opinión en los diferentes medios de comunicación.
En cuestión de regulación y normatividad, ha habido hasta la fecha diversas propuestas; algunas radicales incluyen el que se prohíba cualquier publicación de los resultados de encuestas y sondeos de opinión en todo el periodo electoral. Dicha propuesta ha sido criticada pues se considera que va en contra de la liberad de expresión.
Una propuesta más va en torno a reportar la metodología utilizada por cada casa encuestadora para la obtención y análisis de la información. Este tema es de los que se definen en el acuerdo que emite al Comité General del IFE, y se ha intentado promover que sea elevado a formar parte del reglamento al incluirlo en el Cofipe.
El argumento del proyecto que presento se enfoca en quienes elaboren las encuestas, publiquen junto con los resultados la ficha metodológica del estudio, así como el ranking en el cual haya caído la casa encuestadora como resultado de la aplicación de un índice de confiabilidad que permita clasificar de mayor a menor a los encuestadores, de acuerdo con los resultados publicados en sus estudios comparados con los resultados reales.
La presente propuesta pretende ser una solución que haga funcionar al mercado pero también otorgue mayor certeza a los usuarios respecto a la confiabilidad de la información publicada en las encuestas.
Se propone realizar cuadros comparativos de los resultados publicados por los distintos encuestadores y generar a partir de dichos resultados un índice de confiabilidad, el cual se incorpore en la opinión de los participantes de la misma forma que se les invita a participar en el acuerdo respecto a la metodología que debe seguirse.
Al hacer pública la lista de encuestas y su índice de confiabilidad, permitirá que los usuarios conozcan el historial de qué tan acertados han sido los resultados publicados por cada casa encuestadora, lo cual podrá darles un criterio respecto a qué tanto se puede creer en cada una de ellas.
Con esta iniciativa se abre la posibilidad de que la llamada autorregulación genere mejores resultados respecto a conocer el grado de confiabilidad que se puede tener en cada casa encuestadora.
La autorregulación de las casas encuestadoras podría ser una alternativa que complemente y sea más clara y efectiva para la ciudadanía, para quienes contraten los servicios de las casas encuestadoras e incluso para las encuestadoras mismas, propiciando mayor credibilidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el señor diputado José Luis Muñoz Soria, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscrita también por el diputado Roberto López Suárez.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Aída Fabiola Valencia. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Diputado, muchas gracias. Para poder inscribir la iniciativa que ha presentado el diputado Coronato, que sin duda alguna va a contribuir para que en este país tengamos un registro del ADN de nuestros menores. Esto sin duda también va a empezar a inhibir el robo de infantes y es un tema que tiene que suceder para aprovechar la tecnología tan avanzada que ya tenemos.
Si Guatemala ya cuenta con este registro, lo mínimo que podemos hacer y lo creo, es empujar para que la iniciativa del diputado Coronato tenga éxito, diputado. Y consultarle al diputado Coronato si me la permite suscribir con él. Muchas gracias, discúlpeme, diputado Soria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Si el proponente no tiene inconveniente, la secretaría la pondrá a su disposición. Adelante, diputado José Luis Muñoz Soria.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputado presidente; con el permiso del pleno. Presentamos hoy una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos treceavo y catorceavo del artículo 4o,, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 27 de septiembre de 1960, el presidente de la república Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las empresas transnacionales.
El primero de septiembre de ese año, el presidente López Mateos anunció la reforma al artículo 27 constitucional a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio de energía eléctrica.
El presidente Salinas de Gortari, sin reforma la Constitución, inicia la apertura de la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la Ley y Reglamento del Servicio Público de la Energía Eléctrica, incorporando las figuras de productor independiente, auto-abastecedor, cogenerador e importador exportador.
Desde su creación los productores independientes tendrían un crecimiento exponencial en su capacidad instalada y en la producción de energía.
En 1994 se expide el decreto por el que se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por el que tenía la Compañía de Luz, en liquidación.
El pasado 10 de octubre del 2009, por decreto presidencial Felipe Calderón declaró la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
La generación de energía eléctrica del sector público está siendo desplazada por los permisionarios privados, dentro del servicio eléctrico nacional, lo que se considera es una de las causas del incremento exorbitante del precio de la energía eléctrica.
Existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, con lo que planteamos que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho humano y social, que debe de ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las ciudadanas y ciudadanos, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 constitucional.
Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos a la salud, al agua, a la educación, la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y la personalidad.
Por tanto, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y exigimos que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua reconocido como un derecho humano. Nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda.
Existen cientos de miles de quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor por usuarios del servicio de energía eléctrica y se siguen multiplicando día con día, sin ser resueltas. Muchas de las facturas de luz son arbitrarias, exageradas y no tienen que ver con los consumos de energía eléctrica de la vivienda. En otros casos, hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos, y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía.
Aunado a ello, los cortes masivos de energía eléctrica a barrios, colonias y comunidades muchas veces van acompañados de represión y violencia que constituyen violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social.
En tanto que la energía eléctrica constituya un derecho humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación de reconocerlo como tal en la Constitución, para lograr con ello que la electricidad llegue a todas las comunidades mexicanas y que, por hacer uso de ella, se erogue sólo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos.
Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de constituirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reflejar el efecto de su aplicación en una tarifa social justa, es decir, que el precio unitario que fija el Estado para el consumo de energía eléctrica por los diferentes sectores de la sociedad contribuya a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 constitucional.
Por las anteriores consideraciones proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos 13 y 14 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Párrafo 13. Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad.
Párrafo 14. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica a través de una tarifa social justa.
Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo de 90 días se establecerá, de acuerdo a las leyes correspondientes, la tarifa social justa que deberá ser erogada por los usuarios del servicio público de energía eléctrica en sus viviendas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado José Luis Muñoz Soria. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón: Con su permiso, presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la presente iniciativa que es con proyecto de decreto con el que se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y se adiciona la fracción IV y V del artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta iniciativa debe considerarse como una oportunidad y un reto para poder legislar en materia de acceso seguro a internet por parte de niñas, niños y jóvenes.
Para la media de los niños y jóvenes encuestados en el estudio, la generación interactiva en Latinoamérica, navegar solos por internet es la opción mayoritaria en niños de 10 a 14 años, y estos niños, el 20 por ciento reconoce fingir ser otra persona cuando está chateando.
El 30 por ciento de estos niños ha quedado en la vida real con alguien que ha conocido a través de internet, y en el caso de nuestro país en México, eso se agudiza, ya que niños entre 6 y 9 años en zonas rurales responden que en un 30 por ciento navegan solos por internet, un 22 por ciento lo hace acompañado de un amigo, 19 por ciento lo hace acompañado de un hermano y un 11 por ciento acompañado de su padre o de su madre, y tan solo un 14 por ciento lo hace acompañado de un profesor.
Compañeras y compañeros diputados, con esta información se advierte que hay un peligro en muchas niñas, niños y jóvenes que acceden a información no apta para su edad, o en el peor de los casos, son contactados por personas adultas para fines peligrosos e ilícitos, de hecho uno de cada tres jóvenes reconoce que ha tenido un amigo virtual y que no lo conoce en persona.
Los mundos virtuales y las redes sociales para niños y jóvenes se han convertido en el modus operandi en sus comunicaciones. Los niños no sólo conocen a nuevos niños, sino que profundizan en sus relaciones con personas virtuales.
En México, el estudio de consumo en internet en julio del 2008, revela que el internet es actualmente el tercer medio más utilizado en México, después de la televisión y el radio, donde el usuario pasa alrededor, fíjense un niño pasa alrededor de 4.49 horas cada vez que se conecta a internet, de los cuales lo hace de manera activa en 3.56 horas por cada ocasión que está frente a una computadora.
Derivado de estos riesgos de acceso a internet por parte de niñas, niños y jóvenes, para fortalecer las diversas medidas implementadas a partir del 2008 para contrarrestar las alarmantes cifras de delitos cometidos, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 7 en su fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expida normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y aquellas relacionadas con el acceso a internet seguro, para que niñas, niños y adolescentes puedan tener controlada esta tarea que llevan todos los días.
De igual forma, esta iniciativa adiciona la fracción IV al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto de otorgar facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos de regulación de las especificaciones y requerimientos en la instalación y operación del servicio de internet destinado a usuarios menores de edad en todos los espacios públicos.
Por último, también adicionar una fracción V al artículo y ley, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga atribuciones en materia de vigilancia y sanción en coordinación con las autoridades de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y de los órganos político-administrativos, para el cumplimiento de las leyes y normas oficiales mexicanas.
Como legislador federal y miembro de la Iniciativa Diez por la Infancia, que atinadamente ha impulsado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, a través de su Consejo Consultivo y la Red de los Derechos de la Infancia en México, espero que la presente iniciativa contribuya al fortalecimiento y al sano desarrollo y seguridad de niñas, niños y jóvenes que utilizan el internet. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Larrazábal Bretón. Dígame, diputado Luis Miguel Ramírez, ¿con qué objeto?
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): Gracias. Ya se bajó el proponente, pero le quería pedir nos permitiera a algunos diputados suscribir su iniciativa, que va muy de la mano con otras iniciativas que hoy mismo se han presentado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si el proponente no tiene inconveniente, como me lo está manifestando, la Secretaría la pondrá a su disposición.
Sonido en la curul de la señora diputada Raquel Jiménez Cerrillo. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el diputado Ramírez, felicitando la iniciativa del diputado Larrazábal. Como diputada, debo decir también como madre de familia y ciudadana preocupada por el acceso de los niños y adolescentes al internet de manera discriminada, felicito esta iniciativa que va a poner candados y va a regular el acceso del internet a niños y adolescentes en diversos lugares públicos. Solicito suscribir la misma.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con la anuencia del señor diputado, la Secretaría la pondrá de inmediato a su disposición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda María Alvarado Sánchez, por cinco minutos, a nombre del diputado Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 34 Bis 2 a la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez: Gracias. Con su permiso, señor presidente. A nombre propio y del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 34-Bis-2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Amigas legisladoras y amigos legisladores, el 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicaciones.
Entre los múltiples avances en la materia derivados de esta reforma destaca de manera notable la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituye en sus funciones la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), lo que ha dado más atribuciones a la autoridad para sancionar conductas indebidas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) es el nuevo organismo que mantendrá el control sobre las decisiones del sector, otorgará y supervisará el buen uso de las concesiones y sancionará a quienes no cumplan con la ley.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece que la creación de Ifetel obedece a la necesidad de dotar de un nuevo órgano regulador del sector. De esa forma el instituto ha nacido como un ente autónomo, pues no depende de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, ya que el instituto tiene personalidad jurídica propia y presupuesto asignado para sus actividades.
La reciente designación que hizo el Senado de la República de los comisionados que han de integrar la estructura directiva, tanto de Ifetel como de Cofeco, a partir de las propuestas del Ejecutivo federal surgidas de un Comité de Evaluación, integradas por el Banco de México, el Instituto Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son muestra clara de imparcialidad y equilibrio de los nuevos mecanismos institucionales previstos en la reforma.
Sin embargo, en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a la integración de estos órganos en un contexto de imparcialidad queda un asunto pendiente de la mayor relevancia.
De manera complementaria a los comisionados, la reforma constitucional prevé contralores internos, tanto para el Ifetel como Cofeco. Por esa razón reconociendo la necesidad urgente de contar con un mecanismo en la ley que permita a esta Cámara contar con su obligación constitucional en lo relativo a la designación de los contralores internos del Ifetel y de la Cofeco, la presente iniciativa plantea la posibilidad de que a sea partir de un mecanismo similar en lo esencial al que se desarrolla para la designación de los integrantes del Consejo General del IFE y su contralor general.
Por ello, esta iniciativa propone adicionar un artículo 34-Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 34-Bis dice lo siguiente: “Los titulares de las contralorías internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones se eligirán por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, para que puedan realizarse por cédula o utilizando el sistema de votación económica.
Éste sería el planteamiento y en espera de contar con su aprobación estaría agradeciendo el que me hayan escuchado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Brenda María Alvarado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Isaías Cortés Berumen, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Isaías Cortés Berumen: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la finalidad de la alimentación es proporcionar al organismo los nutrientes y la energía necesarios para que éste realice sus funciones vitales. Por tanto, una dieta desequilibrada significa que el organismo no dispondrá de los diversos nutrientes o de la cantidad que se necesita para mantener una buena salud.
Una adecuada nutrición no siempre es fácil de lograr, menos aun cuando se come fuera de casa, en forma rápida y se tiene poco tiempo para la preparación y selección de alimentos.
Podríamos definir la nutrición adecuada como el aporte de todos los alimentos o nutrientes indispensables para alcanzar el máximo desarrollo y crecimiento de los niños y la mantención de la salud y las capacidades físicas e intelectuales, tanto en los niños como en los adultos.
Los trastornos alimenticios o enfermedades nutricionales se originan cuando la dieta es incompleta, en otras palabras, se originan cuando no estamos ingiriendo alimentos de todos los grupos y por tanto, la ingesta no es equilibrada.
No hay una cantidad adecuada de nutrientes en relación con las necesidades que tiene el cuerpo. Una alimentación desequilibrada puede causar enfermedades nutricionales por déficit o por exceso en el aporte de una o varias sustancias nutritivas, y sus efectos van desde el sobrepeso, la obesidad, hasta diferentes trastornos de la conducta alimentaria.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el planeta existen más de mil millones de adultos, estos que tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos.
En México la situación es más halagüeña. Según el Informe, la obesidad y la economía de la prevención, realizado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el país ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, con un 30 por ciento de la población que la padece, mientras que el 70 por ciento tiene sobrepeso. Esto implica que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.
El informe también refiere que el país se ha posicionado en el primer lugar mundial en obesidad infantil, son 4.5 millones de niños de entre cinco y 12 años de edad los que están excedidos en peso. Por otra parte, debido a que los estados emocionales influyen sobre las conductas de alimentación hay ciertas enfermedades de tipo psicológico que también causan enfermedades nutricionales, como es el caso de la bulimia y la anorexia.
En este caso dichos trastornos consisten en una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Son enfermedades muy graves que se extienden rápidamente entre los adolescentes. El grupo más afectado son los jóvenes entre 14 y 24 años de edad, y afecta principalmente a las mujeres.
México es testigo de una transición que evade los importantes problemas nutricionales, así como una situación donde una parte de la población tiene problemas relacionados con la pobreza y la desnutrición, y otra tiene problemas relacionados con la abundancia, estilos de vida sedentarios y exceso de consumo de energía y mala alimentación.
La prevención de este tipo de enfermedades requiere de políticas y programas dirigidos a modificar aquellos aspectos del ambiente que promueven su aumento, es decir, corregir los obstáculos y la falta de oportunidades para mantener una actividad física y una dieta equilibrada, y aplicar estrategias de comunicación educativa dirigidas a lograr estilos de vida saludables.
Como diputados y como diputadas, comprometidos con nuestra nación, estamos obligados hoy más que nunca a impulsar reformas que vayan encaminadas al bienestar de la sociedad. Es por ello que la Comisión de Salud emite dictamen a favor con modificaciones de la iniciativa presentada con proyecto de decreto por el que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 115.
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria, encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como los trastornos de la conducta alimentaria, en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor diputado presidente. Gracias. Los tiempos que vivimos en México y el mundo muestran una situación paradójica, millones de personas presentan a la vez problemas de desnutrición, de sobrepeso y obesidad.
Este panorama es particularmente difícil en una sociedad como la nuestra, donde al menos 7 millones de personas padecen hambre y una quinta parte de la población vive en condiciones de pobreza alimentaria. Esto significa, uno de cada cinco mexicanos no podrían adquirir los alimentos mínimos indispensables, ni aunque destinarán a ello el total de sus ingresos.
En ese escenario los trastornos de la conducta alimentaria se presentan con preocupante incidencia, generando grandes problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, está a favor del presente dictamen que hoy la Comisión de Salud nos comparte, porque contiene acciones legislativas tendientes a fortalecer la capacidad de las instituciones para normar la educación y los servicios en materia de salud.
Con estas reformas, la Secretaría de Salud podrá orientar los programas y actividades de educación en lo relativo a nutrición, con el objeto de avanzar hacia una mejor prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y demás trastornos de la conducta alimentaria.
Como hemos señalado en distintas ocasiones, estamos convencidos de que las reformas legales no resuelven por sí mismas la problemática que las inspira, y es por ello que mi grupo parlamentario considera que es necesario complementar las reformas contenidas en el dictamen, de tal manera que garanticemos las condiciones institucionales necesarias para que estos cambios legales realmente promuevan hábitos de alimentación adecuados, que permitan identificar y superar los trastornos alimentarios más nocivos entre la población.
Un ejemplo muy significativo, no todos saben que la comida es escasa en valores nutritivos, mejor conocida como comida chatarra, resulta muchas veces más cara que los alimentos naturales sanos, por no hablar de los efectos nocivos de esa comida.
Hace falta entonces, una amplia campaña de información al respecto y el presente dictamen puede ayudar en ese sentido. Como lo establece la propia Ley General de Salud es importante que la acción normativa y rectora de la Secretaría de Salud garantice que todas estas acciones en materia de educación y servicios de salud para la nutrición privilegie la atención de los grupos sociales más vulnerables.
La extensión de la obesidad y el sobrepeso entre gran parte de la población, como es bien sabido por nosotros, genera serios problemas de salud y representa un gran reto institucional. La morbilidad asociada al sobrepeso y la obesidad presiona de manera creciente la infraestructura de los servicios de salud y la disponibilidad de recursos presupuestales para hacer frente a esta verdadera epidemia.
Coincidimos entonces, en que el sobrepeso debe incorporarse como concepto y base previa a la obesidad; de este modo se fortalecen los mecanismos de prevención parar detectar los síntomas que alertan sobre el inminente tránsito a la situación de obesidad. La prevención debería constituir una verdadera política de Estado y no solamente en materia de obesidad y sobrepeso, sino en general en todo el espectro de la salud, porque en ello elevaríamos en el largo plazo la calidad de vida de la población y liberaríamos al Estado de pesadas cargas fiscales.
Por estas razones, daremos nuestro voto a favor del dictamen, las modificaciones a las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud amplían y fortalecen la capacidad normativa de la Secretaría de Salud para desarrollar programas y actividades de educación en materia de nutrición, incorporando estos fenómenos de sobrepeso y la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. También refuerza la normatividad en la operación y evaluación de los servicios en esta materia.
Conclusión. Para Nueva Alianza el dictamen a discusión representa un gran avance y nos señala que el camino a seguir es lograr una política integral en materia de nutrición, así como generar redes de protección social para garantizar el acceso universal a la alimentación.
Estamos convencidos que educación y salud de calidad para todos, viene a ser gran parte de la solución a ésa enorme problemática que tenemos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de ciudadanos de Colima, invitados por la diputada Patricia Lugo, que están hoy aquí acompañándonos en la sesión. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados. La deficiente política alimentaria de nuestro país evidencia que la condición básica para incrementar la obtención de alimentos, la implementación de técnicas de producción, la reconversión de cultivos y la distribución de los productos del campo forman parte de una cultura que cada vez se aleja más de lograr la calidad de vida que merecen los mexicanos.
Para lograr una efectiva garantía al derecho humano a la alimentación, esta propuesta es adecuada en cuanto a esté encaminada a reducir los altos niveles de desnutrición, de sobrepeso y obesidad, pero lamentablemente los esfuerzos hechos por el Estado dejan al descubierto la desarticulada estrategia de salud para mitigar éstos graves males.
Es pertinente recordar que nuestro país es el primer lugar a nivel mundial con población obesa, apenas siguiéndole los Estados Unidos de Norteamérica; pero por si fuera poco, también se sabe que dentro de la población adulta el 70 por ciento de ellos tiene sobrepeso y la tendencia sigue en aumento.
Lo anterior nos lleva a considerar que una de las formas idóneas para lograr una verdadera política de cambio en materia de control de la desnutrición, obesidad y sobrepeso, radica precisamente en que esté orientada a través de una política alimentaria acorde con las necesidades reales de nuestra población y dentro de ello garantizar que los alimentos tengan las cualidades y nutrientes totalmente naturales, lo cual tiene mucho que ver con el objetivo de reducir los grandes problemas de salud derivados de la obesidad.
Por lo que aquí nos ocupa, la presente minuta nos señala que será a través de atribuciones de la Secretaría de Salud que podamos normar el desarrollo de los programas y las actividades de educación en materia de sobrepeso, además de lograr el establecimiento, la operación y la evaluación de los servicios en materia de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud.
Aunado a esto, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos convencidos de que la política alimentaría tiene mucho que ver con conseguir tales objetivos, pues no sólo de manera enunciativa e integrada al texto legal podemos lograr estos propósitos.
Compañeras y compañeros diputados, vemos con agrado que el normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobre peso y la obesidad, así como normar el establecimiento, la operación y la evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, es un avance importante en el combate de las grandes enfermedades características de nuestros tiempos y en nuestro país. Sin embargo pensamos que aún hay mucho por hacer.
La educación desde los hogares, los hábitos alimenticios, sujetos al consumo de productos naturales, menos industrializados o procesados, así como la implementación en forma paralela de políticas tendientes a fortalecer el campo, lo mismo en materia educativa, en la cuestión de la prevención y control del sobrepeso, la desnutrición, deberían de formar parte esencial de la presente reforma.
Por las consideraciones antes mencionadas el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de la salud pública en nuestro país, ocupando el primer lugar en el mundo en niños y el segundo en adultos con este padecimiento.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país el 72 por ciento de las mujeres mayores de 20 años tiene obesidad o sobrepeso; 66 por ciento de los hombres mayores de 20 años y el 26 por ciento de los niños en edad escolar.
Las consecuencias del problema de sobrepeso y obesidad, son, entre otras, mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años; gastos de entre el 22 y el 34 por ciento superiores en el ingreso familiar; 25 por ciento de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad y tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.
Los principales factores que propician el sobrepeso y la obesidad, son la mala alimentación y el sedentarismo.
En México 8 de cada 10 personas mayores de 30 años no realizan ninguna actividad física; las clases de educación física en escuelas primarias se llevan a cabo una vez a la semana y duran apenas 39 minutos en promedio y sólo 9 minutos de actividad moderada o intensa.
Estamos enfrentando un problema muy serio y profundo, debido a que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en la epidemia más importante en la salud de las y los mexicanos.
Es necesario modificar malos hábitos y construir un estilo de vida activo y saludable, además de hacer conciencia en las personas de las realidades científicas del consumo de alimentos, el balance energético y las formas de combatir el sedentarismo, la elección responsable de alimentos y el impacto positivo que tiene para la salud la actividad física, ya que esto estará fomentando la convivencia, la amistad y el aprecio por las actividades que se realizan en grupo y a su vez su práctica contribuye a la prevención de enfermedades.
Estamos de acuerdo en incorporar, como atribuciones de la Secretaría de Salud, normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de sobrepeso, el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud; sin embargo, ningún esfuerzo es suficiente hasta que la sociedad no esté convencida de cuidar su salud.
Además, proponemos fomentar, por medio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, planes de educación física más fuertes y rigurosos en donde se prevean más actividades físicas para las personas en las escuelas y oficinas y así disuadir el sedentarismo existente en este tipo de actividades.
Es por esta razón que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen en pro de la salud de los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el día de hoy analizamos en esta Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud que más allá de un trámite legal constituye el compromiso de esta soberanía para implementar acciones encaminadas a la erradicación de lo que hoy son ya los principales problemas de la salud pública en nuestro país: el sobrepeso y la obesidad.
Son muchos los factores que inciden en los trastornos de la conducta alimentaria de nuestra población. La pobreza y el encarecimiento de los productos básicos de la dieta diaria son de los principales factores que afectan a estos hábitos alimentarios; sin embargo, para nosotros es la falta de educación en temas de nutrición el elemento clave de nuestra reforma.
La principal tarea es fijar estrategias preventivas que permitan la detección temprana y en consecuencia un tratamiento integral, con ayuda de mecanismos simples y de fácil acceso y comprensión de la población.
De lo anterior hay que puntualizar que el establecimiento de dichos mecanismos no resulta tarea fácil. La finalidad de esta reforma es normar para crear bases generalizadas que fijen parámetros unificados de fácil implementación a toda la población, pero principalmente a los grupos sociales en desventaja por cuestiones de carencias y problemas de salud.
Respecto a esto, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde destacamos la firme intención de garantizar el desarrollo de la educación, principalmente a través de programas y actividades con sustento científico encaminados a la promoción eficaz de hábitos alimentarios adecuados, los cuales sin duda alguna, constituyen un ejercicio no sólo de combate a la problemática de salud pública actual, sino el establecimiento de parámetros que garanticen la concientización y posterior implementación de aquellos programas que lleven a la población a un estilo de vida saludable.
Sin duda alguna, conocemos la situación en materia alimentaria que se presenta hoy en México. Tenemos normas que fijan las premisas de combate a esta problemática. Sin embargo, es necesario implementar reformas como la que hoy se somete a votación para que de esta forma se logre llegar a tan anhelada concientización y educación.
Reconocemos la labor de la comisión en la elaboración del presente dictamen, y reiteramos el apoyo de toda la fracción parlamentaria del Partido Verde a fin de lograr erradicar un mal tan dañino que aqueja a nuestra sociedad, principalmente a los niños. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, me permito presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al cual pertenezco, en relación al proyecto de dictamen de la Comisión de Salud, de la iniciativa que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es un mandato de nuestra Carta Magna. La desnutrición, obesidad y sobrepeso en México implican un grave problema de salud pública, pero también presupuestario.
En el informe: Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, se calcula que para el año 2017 los problemas de obesidad costarán a México entre 70 mil 101 mil millones de pesos.
El sobrepeso y la obesidad aumentan el número de las enfermedades crónicas, entre algunas de ellas se encuentra la diabetes mellitus, hipertensión arterial; otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, incluso, el cáncer.
En julio de 2013, se reveló que México desbancó a Estados Unidos como el país con más obesidad en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, con un porcentaje estimado de 32.8 por ciento de adultos obesos. Las cifras de México son alarmantes, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y la obesidad entre los niños se triplicó en la última década, con lo que cerca del 30 por ciento de los adolescentes está en esta situación.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el Instituto Nacional de la Salud Pública en el año 2012, señala que hay alrededor de 5 millones 664 mil 870 niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad en México. De ello, 34.4 por ciento de los niños que tienen entre 5 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad.
Los niños son la esperanza para cualquier nación, sin embargo en México existen factores que amenazan a una gran parte de los 32. 5 millones de infantes entre cero y 14 años, por ello parte de esta intervención se centra en atender a una generación que representa el futuro de México; la generación de los niños y los adolescentes.
La obesidad infantil es un problema serio de salud que debe interesarnos a todos, puesto que en un futuro también nos afectará como sociedad. Las cifras y estadísticas que constantemente leemos son sólo un pequeño adelanto de lo que sucederá con nuestros infantes cuando lleguen a la juventud y se encuentren enfermos o incluso incapacitados para estudiar y trabajar, eso sin contar el costo que tendrá para los sistemas de salud púbica atender a los numerosos enfermos que tendrán que recibir tratamiento de por vida para aliviar las enfermedades asociadas con la obesidad; jóvenes que antes de cumplir 30 años tendrán severos problemas de vista o ceguera permanentemente, derivados de la diabetes.
La Federación Mexicana de Diabetes indica en sus estadísticas, que en nuestro país uno de cada tres adolescentes entre 12 y 19 años tiene obesidad o sobrepeso y que las cifras de individuos enfermos de diabetes han aumentado exponencialmente durante la última década.
Tenemos una gran responsabilidad principalmente los que somos padres de familia, de formar hábitos de alimentación adecuados par nuestros niños, pues los niños son seres con capacidades extraordinarias para entender la dimensión del problema de sobrepeso y la obesidad infantil.
Los especialistas señalan que las causas del sobrepeso no pueden atribuirse únicamente a una inadecuada alimentación, sino a factores como el bullying, el estrés, la depresión, la soledad, el abandono, el cambio de domicilio, la muerte o separación de seres queridos influyen en el comportamiento de los menores que encuentran en la comida un canalizador. Por ello debe atenderse este problema de forma integral.
Los expertos indican que de continuar el aumento del sobrepeso y obesidad en la población, en 30 años no habrá gobierno que pueda costear las enfermedades generadas por este problema.
Señoras y señores legisladores, hoy debemos recuperar una de las prioridades de nuestra vida; debemos recuperar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas adultas mayores de este grave problema. Es momento de conjuntar esfuerzos y enfocar el presupuesto no sólo para abatir este grave problema, sino para generar políticas públicas de prevención.
Es por ello que bajo las consideraciones de la Comisión de Salud, las propuestas de reforma a las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud se estiman viables, siempre que acciones de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad también hagan referencia a los trastornos de la conducta alimentaria encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables y en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de la salud.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Marcelina Orta Coronado: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Marcelina Orta Coronado: Compañeras y compañeros diputados, para la Organización Mundial de la Salud la nutrición se define como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Asimismo, ha determinado que una buena nutrición, una dieta suficiente y equilibrada, combinada con ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud.
Una buena nutrición fortalece el sistema inmunológico de los seres humanos, favorece el desarrollo físico, el desarrollo mental y genera seres humanos más fuertes. En las niñas y niños la buena nutrición favorece el aprendizaje. Una sociedad bien nutrida es una sociedad más productiva y tiene mayor posibilidad de romper el ciclo de pobreza.
Asimismo, una sociedad bien nutrida es una sociedad más equitativa y justa, pues es la condición de nutrición de su población y puede constatarse en el acceso que cada persona tiene en un ámbito propicio para su desarrollo y el ejercicio de sus derechos humanos.
La obesidad, que es una de las principales pandemias que ha enfrentado la humanidad, tiene su principal origen en la mala nutrición que, paradójicamente, también es el origen de la... y el edema bilateral, que son dos formas graves de la malnutrición causada por una carencia aguda de alimentos y que cobra la vida de aproximadamente un millón y medio de niños cada año.
En la población infantil la mala nutrición genera uno de los efectos comprobables a nivel poblacional e individual, el retraso del crecimiento que provoca que los niños sean demasiado bajos para su grupo de edad, en comparación con los patrones de crecimiento infantil establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
En todo el mundo hay unos 165 millones de niños con retraso de crecimiento a causa de la escases de alimentos, la cual genera otros efectos como la desnutrición y el desarrollo cerebral, lo que tiene graves preocupaciones en la capacidad de aprendizaje.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales desafíos para la salud pública. Las personas de todas las edades y condiciones se enfrentan a este tipo de malnutrición a consecuencia de las cuales están aumentando vertiginosamente, incluso en los países en desarrollo, la tasa de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario.
En los países en desarrollo hasta 20 por ciento de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Hoy sabemos que el consumo consuetudinario de alimentos poco saludables, combinados con la inactividad, representa la combinación de los factores de riesgo para la salud, pues fácilmente se convierten en factores predisponibles de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y otros problemas de salud.
En opinión del Fondo Nacional de Unidades para la Infancia (Unicef), a pesar de los enormes avances que en general ha experimentado México en los últimos años, la desnutrición, por un lado, y la obesidad infantil, por otro, siguen siendo los problemas a solucionar en el país.
De acuerdo con estas organizaciones internacionales, en México el grupo de edad de 5 a 14 años con la desnutrición crónica desde el 7.25 por ciento de la población urbana y las cifras se duplican en las rurales.
El riesgo de que niños y niñas indígenas se mueran por diarrea, desnutrición, anemia entre estos, son tres veces mayores que entre la población no indígena.
México ocupa el primer lugar mundial en la obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, presidido solo por Estados Unidos, problemas que están presentes no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes entre 12 y 19 años presenta sobrepeso y obesidad para los escolares.
La prevalencia, combinada de sobrepeso y obesidad, ascendió a un promedio del 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millón de escolares conviviendo con este problema.
La Ley General de Salud vigente considera como materia de salud general al programa de nutrición maternoinfantil en los problemas y comunidades indígenas, a la promoción de mejoramiento de la nutrición y la prevención, orientación y control y vigilancia en materia de nutrición.
También establece que la promoción de la salud debe incluir la nutrición que uno de los objetos de la educación para la salud es el orientar y capacitar a la población, preferentemente en materia de nutrición. Sin embargo, resulta evidente que aún hay mucho que hacer para reforzar el marco jurídico sanitario en materia de nutrición en la población.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y III del artículo 115 de la Ley General de la Salud, que discutimos el día de hoy, establece atribuciones a la Secretaría de Salud para normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de sobrepeso. Norma el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de prevención, tratamiento, control y desnutrición de sobrepeso y la obesidad en las zonas que se determinen en función de las mayores carencias y problemas de salud.
Con este dictamen se podrá lograr una autenticidad y más dirigida, con mayor rectoría en esta materia, tan relevante para el buen desarrollo de nuestra población.
Es por eso que los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracia, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Y aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que están hoy aquí invitados por la diputada Flor Pedraza Aguilera. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Organización Mundial de la Salud señala que el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible, de forma tal que se garantice la disponibilidad de los servicios de salud, las condiciones de trabajo saludables y seguras, la vivienda adecuada y los alimentos nutritivos.
En nuestro país la salud es una garantía constitucional establecida en el artículo 4o., el cual tiene entre sus múltiples finalidades el bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana.
Coincido con la diputada Guadalupe Flores, del Grupo Parlamentario del PRD, que curiosamente consultamos también el mismo libro. Sin duda el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para tener una adecuada calidad de vida, debido a que alteran el bienestar físico y mental de las personas.
En el aspecto físico se desprende el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, entre las que destacan: la diabetes, la presión arterial alta, el aumento de colesterol, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer.
En el aspecto mental abunda la discriminación social y la baja autoestima, problemas que se exteriorizan de manera muy alta, sobre todo cuando los niños y adolescentes presentan sobrepeso.
Es necesario generar acciones que disminuyan el sobrepeso y la obesidad en la población, ya que la presencia de dicha enfermedad no sólo afecta directamente a la salud de las personas, sino también a la economía del país, ya que el Estado es quien debe solventar los enormes costos por el desencadenamiento de enfermedades crónico degenerativas. Se calcula que en los últimos cinco años fue la cantidad de 75 mil millones de pesos y que hacia el año 2017 subirá a 151 mil millones de pesos.
Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud regule el desarrollo de los programas y actividades en materia de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Lo anterior lo hacemos con la convicción de que es menester que la Secretearía norme el establecimiento, operación y evaluación de los servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como algunos otros trastornos de la conducta alimentaria.
Compañeros legisladores, impulsemos acciones que mejoren las condiciones de salud de la población. Con la aprobación del dictamen avanzaremos en el perfeccionamiento de las normas aplicables, a fin de proveer un claro marco de referencia para la instrumentación de políticas públicas encaminadas a combatir uno de los principales problemas de salud pública del país además de la afectación económica. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputado. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El Presidente diputado José González Morfín: Recojan el voto del diputado Serralde.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputados, su nombre y la intención de su voto, de viva voz.
La diputada Esther Quintana Salinas (desde la curul): A favor.
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): A favor.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Armando Córdova Díaz (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (desde la curul): A favor.
La diputada Margarita Saldaña Hernández (desde la curul): A favor.
La diputada Margarita Licea González (desde la curul): A favor.
El diputado William Renan Sosa Altamira (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La diputada Mariana Dunyasca García Rojas (desde la curul): A favor.
La diputada Josefina García Hernández (desde la curul): A favor.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Bonilla Valdez (desde la curul): A favor.
La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 416 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1o., de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Quiero informar a la asamblea que la presidenta de la comisión va a fundamentar este dictamen junto con el que está en el lugar número cuatro, que es el que reforma la fracción I el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y que del mismo modo la mayoría de los grupos parlamentarios posicionarán los dos dictámenes juntos, aunque por supuesto, tendrá que llevarse a cabo en su momento y en su caso cada una de las votaciones correspondientes. Tiene el uso de la voz la diputada Lourdes Adriana López Moreno.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 1o., de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En fecha 21 de febrero de 2013 esta iniciativa fue presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La minuta en referencia, en resumen, propone incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el término “medio ambiente sano”.
Esto a efecto de equiparar a las legislaciones secundarias en concordancia a la reforma reciente al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior guarda sustento con la reciente reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano, a velar por los derechos humanos que consagran el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 8 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho a un medio ambiente sano, que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley”.
Lo valioso de esta iniciativa es el reconocimiento de la relación entre el ambiente y la afectación al ser humano, cómo ha venido fortaleciéndose poco a poco a lo largo de las últimas décadas no sólo internacionalmente, sino en el ámbito local en la mayoría de las legislaciones de los estados.
El derecho a un medio ambiente sano es una norma imperativa del derecho internacional general, pues protege un interés fundamental de la comunidad internacional y de la humanidad, de donde deriva para el Estado el deber de no dañar al ambiente ni permitir que éste sea dañado.
En consecuencia, las y los integrantes de la dictaminadora coincidimos con el criterio de la colegisladora en el sentido de incorporar el término “derecho a vivir en un medio ambiente sano” a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Insisto. Es importante el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano.
También a esta comisión le fue turnado para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente al expediente mil 329 que contiene iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, iniciativa presentada por el diputado Gerardo Peña Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y secretario de esta comisión dictaminadora.
La iniciativa manifiesta que el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar adecuadamente las áreas naturales protegidas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad en la salud y en la vida de todos sus habitantes y también que el derecho ambiental es el encargado no sólo de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés general y que el cumplimiento o incumplimiento de este grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades del desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona.
En ese orden de idear, existe la necesidad de elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño ambiental. La normatividad ambiental mexicana necesita de instrumentos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como sanciones al daño ocasionado, en cuyo caso las sanciones pecuniarias deberán ser severas para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir, en lo posible, la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar, por lo que las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171, fracción I de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuya sanción máxima es de 50 mil días de salario mínimo general vigente no es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ambiental, ya que el beneficio económico pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer un ilícito y no evitarlo. Es por eso que la presente iniciativa pretende que se incremente la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo.
Asimismo, el párrafo cuarto del artículo mencionado anteriormente califica de reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en un máximo de dos años.
Se propone que este período de dos años como lapso mínimo sea incrementado a un período de tres años.
Por las razones expuestas, la iniciativa propone reformar la fracción I del párrafo primero y el párrafo cuarto del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Los invitamos a todas las legisladoras y legisladores a formar parte de integrar en nuestro país el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, sobre los dos dictámenes tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios.
Le damos la bienvenida a un grupo de alumnos de la licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de México, que nos acompañan hoy en la sesión. Bienvenidos.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Diputado presidente. Voy a posicionar dos dictámenes por lo que solicito se me conceda el tiempo necesario. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el primer dictamen se refiere a que vale la pena recordar que hace algunas décadas el pensamiento sobre el tema del medio ambiente se concentró sólo en aquellas personas consideradas como amantes de la naturaleza.
La preocupación, la conciencia ambiental se ha extendido y profundizado en la población mundial, esto debido al impacto en la vida de las personas y el desarrollo económico de los países provocados por la degradación.
El medio ambiente, la contaminación del aire, agua y tierra, la extinción de la biodiversidad, la desaparición de los ecosistemas y principalmente por la escasez de alimentos y la repercusión que tiene la salud en todo ser humano.
En derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, constituye uno de los llamados derechos de tercera generación, su garantía sólo podrá ser posible con los resultados del esfuerzo conjunto de todas las personas, gobiernos, órganos públicos y privados, de lo contrario, sólo quedará como concepto normativo de, sin consecuencia directa en el cuidado del medio ambiente.
En nuestro país, este derecho está consagrado en el artículo 4o. constitucional. El Estado mexicano suscribió tanto en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, del mismo año.
Esta última consagra el principio de que el hombre tiene derecho fundamental a disfrutar las condiciones adecuadas en un medio ambiente de calidad, tal que le permita llevar una vida digna y gozar del bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Esto significa un reconocimiento a un derecho y a una obligación, ya que para el disfrute de un medio ambiente sano es requisito fundamental que como individuo lo cuidamos, lo protegemos y evitemos la contaminación.
Con la armonización del precepto constitucional en las leyes secundarias en materia, se cumpla con la obligación de acuerdos con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de realizar las adecuaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones que contrajo el Estado mexicano al momento de suscribir un convenio internacional y se da paso en la construcción de un marco jurídico efectivo que permita a las nuevas generaciones un disfrute de un medio ambiente sano.
Con relación al segundo dictamen, me permito hacerles el comentario. México ha experimentado en las últimas décadas la pérdida, el deterioro y las incontrolables afectaciones que han sufrido en gran medida de los recursos materiales, la biodiversidad, los suelos, los ecosistemas y el medio ambiente en general, causados por personas particulares y empresas suficientes para reiterar la prioridad de seguir trabajando para un mejor régimen jurídico en materia ambiental.
Por ello, ha sido de vital importancia para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza respaldar reformas que priorizan el compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente sostenible y que apuestan a la cualidad de que la ley siempre será perfectible, para lograr con ello una mejor educación de la normatividad ambiental y dotarla de instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la protección, así como los elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan al daño del medio ambiente.
Con la presente propuesta se favorece el cuidado del medio ambiente al incrementar la sanción máxima y amplia en tiempo, de la figura de reincidente al infractor como medida de prevención en la comisión de delitos ambientales, traduciéndose como el conjunto de acciones que tendrán como objeto el mejoramiento del entorno social y ambiental, ya que siempre será de mayor justicia ambiental la promoción de acciones para reducir los delitos y conductas en perjuicio del medio ambiente, que definir y ejecutar políticas para resarcir sus efectos.
Reflexionemos, compañeros, y demos prioridad al cuidado del medio ambiente, ya que no bastará sólo con ser sancionados o pagar multas administrativas, cuando la actitud del perjuicio y deterioro del medio ambiente dejó en su momento mayores ganancias a quienes lo hicieron, por lo que será más rentable cometer nuevas conductas para evitarlo.
Estimados compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva alianza estamos convencidos de establecer acciones encaminadas a buscar en todo momento la seguridad y la protección del medio ambiente en beneficio de la colectividad, para su convivencia y el desarrollo. Sólo se podrá lograr si se cuenta con los elementos y acciones que inhiban la comisión de conductas que menoscaben el medio ambiente.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor de este presente dictamen. Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. El medio ambiente se caracteriza por ser una reunión de partes, de recursos, como lo llaman las sociedades capitalistas, entre los bosques, los ríos, las montañas, las selvas, los mares, las diversas especies, los minerales y las energías fósiles.
A esta forma de comprender el medio ambiente se introdujeron algunas variaciones a finales del siglo XX, a raíz de los impactos causados sobre el medio ambiente, como el calentamiento global, la lluvia ácida, etcétera, por las formas de producción industrial y ante la crisis por el agotamiento de los recursos.
Nuestro país, con motivo de su posición geográfica, es uno de los cinco países que tienen mayor diversidad en el mundo; por lo que, a su vez, representa una región muy atractiva para su explotación.
Las áreas protegidas representan 13 por ciento del total del territorio nacional y su conservación y protección se traduce en beneficios, tanto económicos como sociales, para sus habitantes.
En ese sentido el medio ambiente, dada la importancia creciente que se le ha reconocido en los últimos 30 años, se ha constituido en uno de los ámbitos de aplicación del derecho. Los derechos ambientales se han agrupado entre los de la tercera generación, justo después de los derechos fundamentales.
Al formularse el derecho a un ambiente sano, se está recogiendo gran parte de lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es a través de su protección es como se imponen condiciones de cuidado básico para la existencia de la vida humana; tal y como sucede cuando hablamos de la protección al agua, pues también se está vinculando con el derecho a la vida.
Procurar el cuidado del medio ambiente también converge con el derecho a la salud, ya que en ese sentido la protección de ésta debe ser defendida como la fórmula por la que se puede garantizar el bienestar de los seres humanos.
El desarrollo sostenible hoy por hoy apunta a la búsqueda de una relación más equilibrada y armónica entre la sociedad y el medio ambiente. La prioridad de toda legislación es que ésta sea acorde con la realidad social de los destinatarios de éstos.
Por esta razón consideramos que la propuesta de incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, así como en la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el término medio ambiente sano no solo es necesario por la importancia que el tema reviste, sino también porque a través de la reforma propuesta y en caso de aprobarse la misma, se estará homologando la legislación secundaria con la reciente reforma al artículo 4o. constitucional en materia ambiental.
Es por todo lo anteriormente expuesto que los integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votaremos a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que reforma el artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en su artículo 1.
En ambas leyes se propone incorporar el término medio ambiente sano, para que haya correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales que ha signado nuestro país.
No se trata nada más de una modificación de forma para establecer congruencia entre el texto constitucional, las leyes secundarias que emanen de la misma y los instrumentos internacionales.
Es un avance en materia de un reconocimiento efectivo de este derecho al medio ambiente sano, después de tres décadas de que México haya signado los instrumentos internacionales que hacen precisamente alusión a este derecho.
Es evidente que el deterioro del medio ambiente incide, de manera negativa, en el desarrollo y bienestar de los seres humanos. Existen estudios de diversas agencias multinacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, que así lo ha documentado.
El reconocimiento de este derecho, aunque tenga lugar tres décadas después, es una también exigencia por parte de diversos organismos jurisdiccionales en el ámbito internacional, con relación a los compromisos de México, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como un derecho de la tercera generación.
Por lo que se refiere al artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se hace la propuesta de dictamen para modificar dos cuestiones concretas. La primera de ellas está contenida en la fracción I de dicho artículo y se refiere a la sanción económica máxima por violar los preceptos de la ley en el texto vigente. Dicho monto es de 50 mil días de salario mínimo, es decir, 3 millones 238 mil pesos.
La segunda se refiere a la necesidad de ampliar de dos a tres años el plazo para considerar que existe reincidencia en la comisión de la infracción a la ley. El promovente argumenta que el monto debe ser incrementando en razón de que en ocasiones, en diversas ocasiones el beneficio económico de cometer el delito ambiental puede ser mayor a la sanción económica.
Y esto se da, precisamente, bajo un argumento falso, que es el que contamina paga, principio de derecho ambiental que actualmente ya ha sido superado.
Coincidimos con el planteamiento de incrementar la multa de 50 mil a 70 mil días de salario mínimo, como lo propone la comisión dictaminadora, dado que el monto no se ha actualizado en más de una década, por lo que creemos que es adecuado actualizarlo.
En lo que se refiere al tema de incrementar un año más para considerar que el sujeto es reincidente en la conducta delictiva, consideramos que el razonamiento del proponente no es lo suficientemente sólido para considerarlo procedente.
Es contradictorio que por un lado se proponga incrementar la sanción, pero por el otro se amplíe un año más para considerar la reincidencia. Se debe dejar, por lo menos, un plazo de dos años vigentes en la ley para que la norma se fortalezca al combinarla con la sanción de 70 mil días de salario mínimo.
En ese sentido podemos señalar que estamos de acuerdo con el contenido del dictamen en lo general, pero creemos que el cuarto párrafo del artículo 161 debe quedar en los términos de la ley vigente. Por las consideraciones aquí señaladas votaremos a favor del dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Los dos dictámenes que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha decidido presentar en conjunto para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México son sin duda muy importantes.
El primero presentado por nuestro senador y coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, el senador Jorge Emilio González Martínez, y el que tiene que ver con adecuar dos de las leyes más importantes generales que tenemos en el tema del medio ambiente, el poder homologar los criterios que se han tenido en los diferentes avances que se ha podido modificar nuestra Constitución, específicamente del artículo 4o., en el que refleja en el que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que, por supuesto, pueda ayudar a nuestro desarrollo y bienestar.
El poder considerar y modificar los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Ley Integral de Residuos es de suma importancia para que podamos construir los criterios que hoy está necesitando nuestro país. Vamos a imaginar que vivimos en una comunidad o en un municipio, y una fábrica que contamina se instala y no cumple con la normatividad ambiental que se está requiriendo.
¿A quién vamos a recurrir o a quién vamos a acudir si no estamos teniendo un medio ambiente sano para desarrollar nuestras actividades y de nuestros hijos y las nuevas generaciones? Es ahí donde cae la importancia de esta reforma, es decir, que tengamos todos los mismos criterios y que también lo bajemos a todo lo que tiene que ver con las leyes locales en las diferentes entidades de nuestro país, para que podamos caminar y transitar hacia un desarrollo sustentable adecuado.
El hecho de presentar este tipo de propuestas tiene que ver con hacia dónde el ciudadano va a poder recurrir para denunciar o para manifestar que están siendo violados sus derechos o sus garantías individuales, como lo marca la propia Constitución. Es ahí donde tenemos que trabajar.
Y, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, hacemos un reconocimiento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque sin demeritar a ninguna de las otras comisiones me parece que esta comisión ha trabajado de una forma transversal e integral en el resultado que necesitamos hoy para nuestro medio ambiente.
Ahí está un claro ejemplo de la propuesta de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que hoy permite que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia ante alguna acción que sienta que atenta contra nuestro medio ambiente en un Ministerio Público de la procuraduría federal o en el caso de los estados que cuentan con Procuradurías Estatales de protección al Medio Ambiente.
Y el segundo dictamen –muy importante también– en lo que tiene que ver con las sanciones, de subir de 50 mil días de salario mínimo a 60 mil en la propia Ley General de Equilibrio Ecológico en el artículo 171, es un avance también importante.
Hoy, el tema de la prevención de los programas de cultura ambiental y de lo que tiene que ver con supervisión, han sido rebasados por el crecimiento y desarrollo que hemos tenido en nuestro país.
Estamos trabajando en el Grupo Parlamentario del Partido Verde también, en poder presentar una ley orgánica que pueda regular a la propia Procuraduría Federal del Medio Ambiente para que pueda empezar a caminar y a trabajar con los mecanismos adecuados que hoy nos está exigiendo el tema del medio ambiente.
Esta procuraduría, hay que hacer mención que trabaja aproximadamente desde hace 17 años solamente con un reglamento administrativo. Es decir, falta mucho por definir en el aspecto de todo lo que tiene que ver con la propia procuraduría y que nos ayude a trabajar en lo que tiene que ver con prevención, en que la gente que está trabajando dentro de la misma cuente con el Servicio de Carrera Civil para que podamos tener la garantía en todos los estados de que funciona adecuadamente.
Asimismo también, una de las cuestiones y características que ha trabajado la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, es el buscar que existan los perfiles adecuados a toda la gente que representa a lo largo y ancho de nuestro país en dicha procuraduría.
Para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, es sin duda fundamental, el hecho de que podamos transitar adecuadamente a un desarrollo sustentable, que sea vivible, viable y equitativo, y que no se nos olvide que uno de los principales retos es el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, la conservación biológica y un tema fundamental para nuestro país, que vayamos acortando la brecha social que existe y qué mejor forma de aprovecharlo con los recursos naturales que cuenta nuestro país y que podamos garantizar a las nuevas generaciones un México limpio, verde y sustentable. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados y diputadas. Voy a referirme a ambos dictámenes, los cuales tienen grandes afinidades, que promueven el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El que reforma los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para incorporar a dichos ordenamientos el término de Medio ambiente sano, siendo esto necesario para armonizar las legislaciones secundarias, como lo mandata la Constitución.
Así como el proyecto de decreto, que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la misma ley, que propone el incremento de la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo, la cual hoy es de 50 mil días, y es claro que no ha sido suficiente para impedir que el sujeto produzca el daño; debido a que el beneficio económico obtenido es mayor a la sanción correspondiente.
Tenemos que garantizar que todas las personas, comunidades y pueblos disfruten de un entorno sano que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones, pero también establecer un sistema de responsabilidad que permita la justa reparación de los daños al medio ambiente.
Lo anterior, para garantizar lo establecido en nuestro artículo 4o. de la Constitución que reza: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.
En nuestro país la normatividad en materia ambiental demanda instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección y sanción al daño ocasionado. Las sanciones pecuniarias deben ser rigurosas para posibilitar la restauración de los ecosistemas, sus funciones, procesos ecológicos y evolutivos, así como el hábitat o la biodiversidad que han sido degradados y destruidos en áreas de conservación en sus diferentes modalidades y regiones de influencia y, al mismo tiempo, inhibir en lo posible la conducta infractora y el daño que se pudiera ocasionar.
Ambas iniciativas se centran en la función que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el control de la reglamentación y el procesamiento de la reincidencia. Se atiende el tema de la reincidencia retomando lo relacionado a las sanciones impuestas por la Profepa respecto al monto máximo de la multa, el cual tampoco se actualiza desde el 31 de diciembre de 2001.
La Profepa es la autoridad facultada en el tema de sanciones y tiene entre sus atribuciones el vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental. Sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales para, así, atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México.
Cada año se recibe un mayor número de denuncias, las cuales indican que el entorno ambiental en las comunidades es muy importante para sus habitantes. Esta situación compromete a la Profepa y a los legisladores a redoblar sus esfuerzos enfocados a la protección y preservación del medio ambiente.
Es así que queda firme el compromiso de seguir trabajando a favor del derecho a un medio ambiente sano reflejado en las leyes y políticas públicas que asuman la responsabilidad de todos los sectores del gobierno y la sociedad, fortaleciendo acciones y actos de autoridad que incrementen el cumplimiento efectivo de la ley.
Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRD daremos nuestro voto a favor de estos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gerardo Peña Avilés: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. En Acción Nacional siempre nos hemos preocupado por lo que los ciudadanos enfrentan día a día; en mejorar el bienestar de las personas y las comunidades y en mejorar nuestro entorno global.
Recordemos que el derecho ambiental es el encargado no sólo de proteger un bien particular, sino protege una cuestión de efectivo interés general y que el incumplimiento de grupo de reglas que conforman esta rama del derecho, puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de todos los mexicanos.
Las modificaciones propuestas van en el sentido de incorporar el término “derecho a vivir en un ambiente sano”.
En las leyes a las que en esta iniciativa se refiere, enriqueciendo los derechos de los mexicanos; ese derecho ya está inscrito en nuestra Constitución, por lo que requiere una adecuación a las leyes secundarias.
Garantizar un medio ambiente sano es entonces fortalecer el desarrollo humano ampliando opciones de desarrollo personal y que impactan en un desarrollo social y económico. Asimismo un aspecto que influye negativamente en la calidad de vida, es el deterioro de nuestro medio ambiente, mediante las conductas delictivas que se cometen en su contra.
Establecer responsabilidades y obligaciones individuales como en el caso de los bienes privados, es más complejo. Además de que se trata de bienes en que en algunos casos ya no son recuperables o renovables. Un ejemplo claro son las especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción.
Desgraciadamente en estos casos no podemos hablar de resarcir el daño, ya que hablamos de bienes que son patrimonio de la humanidad. Actualmente también se ha reconocido que uno de los motivos que generan el cambio climático de nuestro mundo radica en la depredación tan voraz de nuestros recursos naturales.
En el caso de México, desde el inicio de la implementación de sus políticas ambientales, en el instrumento más usual para el control de la contaminación ambiental ha sido el establecimiento y aplicación de normas y castigos como un instrumento de regulación directa con mayor aplicación que otros.
Es decir, contar con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como las sanciones al daño ocasionado.
Al respecto la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras cosas, tiene como objeto establecer las bases para definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, así como las sanciones que garanticen su cumplimiento.
Desde el 31 de diciembre del 2001, esta multa no ha sido actualizada en lo referente al monto máximo, es decir, 12 años en lo que el monto de las sanciones a las conductas delictivas no han sido suficientemente capaces de inhibirla, ya que en estos años los beneficios que se obtienen del daño al medio ambiente, pueden ser mayores a las sanciones de la ley.
Si bien la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla el capítulo “sobre las sanciones administrativas”, en el grupo parlamentario de Acción Nacional consideramos que es necesario incrementarlas, ya que en algunos casos el beneficio económico obtenido por el infractor es mayor que la sanción contemplada por la legislación.
Tristemente en algunas ocasiones los delitos ambientales se vuelven rentables, por lo que se contempla un aumento en un 20 por ciento con la finalidad de que parte de la misma sea destinada para resarcir el daño ocasionado.
Igualmente se busca considerar como periodo mínimo la reincidencia para la comisión de un delito en un lapso de tres años, dando tiempo suficiente a la autoridad correspondiente para analizar las sanciones del infractor y aplicar la sanción que mejor convenga para castigar el daño.
Es ahora que debemos trabajar por aquellos aspectos que muchas veces el ciudadano considera que no tomamos en cuenta, aspectos que viven todos los días y que es nuestra responsabilidad atender.
En el Partido acción Nacional apoyamos decididamente las presentes iniciativas. La primera que tiene como objetivo establecer los principios básicos fundamentales de acceso de los ciudadanos a un medio ambiente sano que nos permita a todos, sin excepción, un mejor desarrollo humano, y la segunda que tiene como objeto incrementar el máximo de 50 mil a 60 mil días de salario mínimo, ya que consideramos que el monto máximo anterior resulta insuficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ecológico.
Por lo anterior, estamos convencidos de que un ambiente sano es la aspiración legítima de la humanidad, ya que es fundamental en la calidad de vida de los mexicanos y de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz el diputado Darío Badillo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Darío Badillo Ramírez: Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el crecimiento acelerado de la sociedad ha traído como consecuencia el incremento exponencial en la demanda de los recursos naturales, lo cual ha generado la sobreexplotación de la tierra, la contaminación de ríos, lagunas y mares, así como la producción de contaminantes atmosféricos.
La afectación producida al medio ambiente genera la presencia de afectaciones graves a la salud y al bienestar de los seres humanos, en particular de los grupos más vulnerables como son los niños, las comunidades con altos índices de pobreza, las mujeres y las gentes de edad mayor.
Las reformas propuestas armonizan las normas secundarias en la materia en concordancia con las reformas realizadas al artículo 4o de nuestra Carta Magna, en donde se establece el derecho con el que cuenta la sociedad a contar con un ambiente sano.
Asimismo, el presente dictamen refleja los compromisos adquiridos por el Estado mexicano mediante la suscripción de diversas convenciones internacionales, como por ejemplo el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, el cual establece, en su artículo 11, que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, así como también que los Estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
De esta forma, el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración refleja en ley lo que algunos estudiosos han catalogado como un derecho de la tercera generación de los derechos humanos llamados también derechos de solidaridad, los cuales requieren para su existencia real del esfuerzo conjunto de todos los componentes de la sociedad.
Es cierto que el contar con un ambiente sano permitirá que las personas accedan a un mejor desarrollo físico y mental, pero además, asegurará la vialidad de nuestra especie y la de la vida de nuestro planeta.
Recordemos lo afirmado hace casi dos siglos, por el ornitólogo norteamericano, John James Audubon, quien decía que un conservacionista de verdad, es un hombre que sabe que no hemos heredado el mundo de nuestros padres, sino que lo tenemos prestado de nuestros hijos.
Con relación al segundo dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración, consideramos que atiende a un problema que día a día ocupa un espacio más amplio en el interés nacional, pues su resolución significa un reto para el progreso del país, la contaminación del medio ambiente.
Los legisladores priistas consideramos que es adecuado el incremento de las sanciones aplicables a quienes trasgredan los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que en muchas ocasiones las ganancias de los infractores son mucho más cuantiosas que el monto de las sanciones que actualmente se encuentran establecidas, por lo que en mucha ocasiones la violación a las normas, es vista como un costo que vale la pena asumir.
Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI, se pronuncia a favor de los presentes dictámenes, toda vez que presentan un paso fundamental para la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
Estamos a tiempo de evitar un colapso de nuestro planeta y el de nuestra forma de vida. Recordemos, tal y como lo expresara Al Gore, que en el transcurso de una sola generación, corremos el peligro de cambiar la composición de la atmósfera terrestre, de manera mucho más desastrosa que cualquier erupción volcánica de la historia, y puede que los efectos persistan durante siglos. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): A favor.
La diputada Alejandra López Noriega (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se han emitido 407 votos a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día, como ya había sido anunciado, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Este dictamen ya fue fundamentado, está a discusión y hará el uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, la diputada Lorena Méndez Denis.
La diputada Lorena Méndez Denis: Buenas tardes, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, sin duda alguna el equilibrio ecológico es un tema fundamental debido a que es el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica.
La relación entre los individuos y su medio ambiente determina la existencia de un equilibrio ecológico indispensable. La actual sociedad ha desarrollado en gran medida medios industriales y científicos, los que han originado fuentes de contagio que afectan el medio ambiente y crean peligros para la salud humana, poniendo en riesgo la supervivencia.
Paralelamente, la humanidad se ha beneficiado de la tecnología y se espera aún más beneficios, por lo que la solución no es restringir o eliminar el progreso técnico, sino tatar de hacer coexistir éste con condiciones ambientales suficientes que permitan un desarrollo armónico y saludable del ser humano.
El derecho sirve para gobernar la conducta de los hombres, estableciendo deberes, derechos y obligaciones de mando en determinados momentos. En este sentido, la problemática medioambiental ha permanecido proverbialmente circunscrita a ser regulada por el derecho público a partir de la concepción del medio ambiente como un bien jurídico o un interés de carácter colectivo y general.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, el aire y el cuidado de los recursos naturales. Asimismo, es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de sanciones administrativas cuando se trate de asuntos de competencia federal, reglados por esta Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En razón de que el medio ambiente está cada vez más deteriorado y debe haber medidas que frenen este hecho, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vota a favor de modificar el término del dictamen en el que se menciona que la sanción máxima es de 50 mil días de salario mínimo general vigente.
Y en realidad no es suficiente para inhibir el sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer la falta y no evitarla.
Debido a esto se pretende que se incremente la sanción máxima a 70 mil días de salario mínimo vigente. Además, sancionar al infractor reincidente que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo modelo en un periodo de 3 años en lugar de 2 que señala la ley.
Por ejemplo, la contaminación de las aguas de los ríos con los vertidos de las aguas residuales de las grandes urbes y de las fábricas e industrias, que en sus márgenes se asientan las centrales eléctricas y nucleares, pues perturban el equilibrio biológico; así como los productos de las pérdidas de petróleo y de los naufragios de los productos petroleros en el mar.
No obstante, si bien es cierto que cambiarlo es una medida correcta, lo más importante es implementarlo en la vida diaria. No podemos permitir que se siga deteriorando el medio ambiente por culpa de irresponsabilidades. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Le damos la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados, a un grupo de ciudadanos invitados por la diputada Petra Barrera. Ellos son de los municipios de Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y San José Iturbide, Guanajuato. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
Damos la bienvenida a un grupo de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo. Están aquí Manuel Alcocer, Georgina Santín, Georgina Machuca, Camilo Bradley y Joaquín Mo, invitados por la diputada Angelina Carreño, por los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): A favor.
La diputada Alejandra López Noriega (desde la curul): A favor.
La diputada Rosalba Gualito Castañeda (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 406 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día son los comentarios relativos al aniversario del 2 de octubre. Informo a la asamblea que se han registrado, para referirse a este tema, los siguientes compañeros diputados y diputada: el diputado René Ricardo Fujiwara, el diputado Alberto Anaya, el diputado Ricardo Mejía, el diputado Nabor Ochoa, el diputado José Luis Muñoz, el diputado Gabriel Cárdenas y la diputada Cristina González.
En consecuencia, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro. Con qué objeto, diputada.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Tratándose precisamente de esta conmemoración de esta tragedia que sucedió el 2 de octubre de 1968, yo quisiera que quienes presenten esta posición evalúen la posibilidad de emitir un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, proponiendo a los estados y municipios el cambio de nombre de todas las calles y avenidas, y cualquier tipo de edificio público, de Díaz Ordaz a 2 de octubre. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada. Esperamos que la propuesta sea presentada por escrito en los términos reglamentarios. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy, 2 de octubre, recordamos los acontecimientos que hace 45 años marcaron una generación y dejaron una huella profunda en la sociedad mexicana.
Las condiciones históricas que dieron origen a las protestas de miles de jóvenes –no sólo en México, sino en decenas de países– enfrentaron a todo un aparato de Estado con la simple arma de la razón.
Jóvenes inconformes con la realidad social que se vivía, con el Estado que pretendía tener todos los hilos bajo control, con el aletargamiento de una comunidad desinformada y conformista. Jóvenes que pugnaron por una democracia más amplia y por una sociedad más consciente y participativa.
El año de 1968 es un parteaguas en la historia política, cultural y educativa de nuestro país. Sus efectos en el desarrollo social y educativo son innegables, como lo es también su aporte para el desenvolvimiento y conformación del México actual. La expresión crítica, la posibilidad de disentir, el respeto, y no sólo la tolerancia al otro y el reconocimiento a la diversidad, constituyen la herencia más importante de ese año.
Cuando miles de estudiantes tomaron las calles para mostrar su rechazo al régimen, que no los tomaba en cuenta ni escuchaba sus necesidades, creían firmemente en un mejor mañana, en otra realidad universal, creían en llevar a cabo proyectos que transformaran a una nación por la vía pacífica y democrática y que despertara la conciencia de una generación.
En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos que al conmemorar los 45 años del movimiento estudiantil de 1968 hay un reclamo vigente: hacer que nuestros jóvenes del día de hoy recupere la capacidad de soñar, de anhelar e imaginar un mejor futuro.
Un futuro más próspero porque actualmente a la generación de jóvenes se les presenta un panorama poco esperanzador, sin oportunidades educativas y laborales, con representación mínima en las instancias de toma de decisiones.
Frente a las lecciones que nos da la historia México necesita aprender de su pasado para no cometer los mismos errores en su futuro. Hoy tenemos la oportunidad de definir el rumbo de nuestro país.
Resolver los grandes problemas nacionales requiere inteligencia, creatividad, voluntad y compromiso político. Compromiso con el interés general y el bienestar social, lejos de agendas partidistas que han secuestrado a la política.
Necesitamos lograr un gran acuerdo político, social y económico, en el que se incluyan a todas las distintas fuerzas políticas, pero también a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, económicas, culturales, y a todos aquellos actores, que inciden en la vida de este país. Conformar una agenda común en beneficio de los ciudadanos, que vaya más allá de las agendas ideológicas, debe ser nuestra mayor responsabilidad.
La conmemoración del 2 de octubre reivindica la lucha por la igualdad, por el derecho del bienestar social, por una educación pública de calidad y gratuita, por los derechos laborales de los trabajadores.
Para quienes nacimos en la década de los 80 puede ser muy complicado visualizar lo que verdaderamente ocurrió en ese momento, dimensionar la realidad política y la magnitud que tomó lugar hace 45 años. Es complicado para los jóvenes de nuestra generación no visualizar esos hechos a través de un filtro de romanticismo o a través de un filtro de incredulidad.
Pero si logramos tener la sensibilidad para darnos cuenta que lo que hoy se conmemora, no es únicamente un día cualquiera, sino es el sacrificio de miles de jóvenes hace 45 años, que cedieron su vida frente a los ideales que ellos estaban buscando para nuestro país; creo que podemos realmente conmemorar la memoria de aquellos que perdieron su vida en base a sus ideales y a sus luchas.
Honrar la memoria de aquellos jóvenes que creyeron un México mejor, es una obligación de quienes hoy gracias a su lucha, tenemos la gran posibilidad de subirnos a esta tribuna como representantes de la nación. Honrar su memoria significa construir el México que anhelaban y en el que soñaron, un país incluyente, próspero y en paz.
Compañeras y compañeros diputados, como en aquel momento se requiere la participación de estudiantes, de los maestros, de los intelectuales, las amas de casa, obreros, profesionistas y autoridades de todos los niveles de gobierno, para que en conjunto logremos impulsar el desarrollo que nos permita dar un futuro certero y digno a las nuevas generaciones que tanto lo reclaman. Por su paciencia y atención, muchas gracias, diputados; muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: Compañeras legisladores, compañeros legisladores; con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rinde hoy un justo homenaje a los Mártires de Tlatelolco.
Hace 45 años todos fuimos testigos de la criminal matanza, de ese crimen de Estado que fue ordenado por las más altas esferas del poder, contra grupos de jóvenes estudiantes, trabajadores, cuyo único delito fue luchar por libertades democráticas, cuyo único delito fue luchar porque México tuviera un sistema que asegurara bienestar y progreso para todos los mexicanos.
Sí es cierto que fue un incidente menor, que dos días antes se había ocasionado en una confrontación en La Ciudadela, entre estudiantes de la vocacional 5 y desde luego también de otra Escuela Preparatoria, Isaac Choperena y algún grupo de jóvenes que acostumbraba estar en La Ciudadela. Ese incidente fue tomado como pretexto para que las instalaciones del Politécnico fueran violentadas por los cuerpos policíacos, sus alumnos y maestros fueran vejados y maltratados, incluso ingresaron hasta los salones, causando un número de gente herida y reprimida, sin tener ninguna justificación, originó eso la protesta justa de todos los estudiantes precisamente en la conmemoración del aniversario de la Revolución cubana el 26 de julio de 1968.
Dos contingentes, uno que sale de la Universidad Nacional Autónoma de México, otro que sale del Politécnico, confluyeron en dos marchas en el Hemiciclo a Juárez. Deriva ahí una represión brutal, pero lo grave es que esos excesos llevaron a que empezara a haber muertos y heridos y detenidos que provocaron el estallido generalizado del Movimiento del 68.
La reflexión es que en aquél tiempo las marchas estaban prohibidas. El ejercicio de los derechos constitucionales como era la libre manifestación de ideas, era sujeto a persecución. No se podía llegar al Zócalo de la Ciudad de México y en esa perspectiva es que las libertades democráticas acaban siendo gravemente limitadas.
Nos preocupa –haciendo reflexión- que hoy de nueva cuenta se escuchan voces autoritarias dirigidas a prohibir el ejercicio de la libre manifestación de ideas, del derecho a la protesta y de nueva cuenta ya empezaron a salir propietarios del Zócalo de la Ciudad de México que intentan limitar el ejercicio de la protesta ciudadana, al igual que fue en los años previos al 68.
Estamos en una etapa difícil. A 45 años todavía no se hacen investigaciones que lleven a delimitar quiénes fueron los responsables de este crimen de Estado ni mucho menos ha habido procesos o bien personas condenadas por este crimen de Estado, que tuvo aproximadamente un número de 600 muertos, más de dos mil heridos y dos mil detenidos.
Ése fue el saldo de lo que fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre y a la fecha hay impunidad total. No hay responsables, no hay investigaciones abiertas y mucho menos se ha podido castigar a los que ocasionaron este crimen de lesa humanidad.
Nos preocupa también que hoy empiecen de nueva cuenta a haber voces regresivas que están haciendo llamados a utilizar el expediente de la represión como forma de canalizar y de enfrentar la protesta social.
Vemos hoy que en el movimiento magisterial, que están ellos haciendo reclamos justos en defensa de sus derechos laborales, en defensa de la educación laica, de la educación gratuita, de la educación popular y de calidad, se busque y se vea, en vez de buscar el diálogo, el acuerdo y la negociación como fórmulas para resolver este tipo de problemáticas, empieza a haber ya un ambiente de crispación, un ambiente dirigido a crear un clima de linchamiento para provocar al igual que en el 68, represiones contra los justos movimientos populares.
Hacemos un llamado a las autoridades, a que le den una salida política al problema del magisterio, que se le dé una salida política también al problema de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y que de ninguna manera permitamos que se regrese a los días oscuros de Díaz Ordaz, a los días oscuros del régimen del PRI-gobierno que tanto daño hizo a la causa de la democracia en México. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente, le quiero solicitar, antes de que inicie el posicionamiento, se pueda conceder un minuto de silencio en memoria de los jóvenes asesinados hace 45 años en la Plaza de las Tres Culturas. Le pido, presidente, que antes de iniciar el posicionamiento, nos lo pueda conceder.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta presidencia lo otorgar y les solicito a los presentes que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio, como lo ha solicitado el señor legislador y como había sido también previamente solicitado.
(Minuto de silencio)
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Hoy se conmemoran 45 años de la matanza de Tlatelolco, una de las expresiones más autoritarias y sanguinarias del poder en nuestro país.
Mediante el uso de la fuerza del Estado, se reprimió brutalmente al movimiento social y estudiantil de 1968.
El movimiento del 68 recuerda a una generación que luchó contra el autoritarismo y sentó las bases para comenzar a andar nuestro inacabado camino hacia la democracia.
Los signos de regresión autoritaria de nuestros días encuentran muchas analogías con 1968 por el nivel de descontento y efervescencia social. Analogías que permiten concluir que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.
El 2 de octubre el gobierno represivo ahogó en el terror la efervescencia cívica. De esta masacre queda un recuerdo amargo y una lección imperecedera. Las y los jóvenes de aquellos tiempos no tenían más armas que su juventud, sus voces, su libertad y sólo con balazos pudieron detenerlos.
Castigaron a quienes ejercían su derecho a manifestarse, pero quién castigó a Díaz Ordaz, a Corona del Rosal, a Luis Echeverría, a los integrantes del Batallón Olimpia.
México se encuentra al borde del abismo y en medio de una efervescencia social con recesión económica, niveles inauditos de pobreza y exclusión social, en medio de una ola de inseguridad de la que se ha decidido no decir nada, como si con ello se desvaneciera esta dura realidad.
Hoy grupos de autodefensa, grupos magisteriales, grupos que están en contra de la privatización petrolera están tomando las calles y están generando su repudio a decisiones del poder.
Así como en 1968 para Díaz Ordaz la matanza de Tlatelolco significó un acto para liberar las plazas y dejarlas limpias de manifestaciones para poder festejar las olimpiadas y presentar una falsa imagen de nuestro país al planeta, ahora Peña Nieto y sus apologistas recurrieron al mismo argumento para desocupar el Zócalo de los maestros y poder conmemorar las fiestas patrias y dar el grito de Independencia.
Sólo un gobierno fascista, represor y mediocre le da más relevancia a los símbolos y a la parafernalia del poder que a las libertades y a la integridad de la población.
Por eso entre el 13 y el 15 de septiembre, que fueron los días de las lluvias torrenciales y de los desastres, el aparato de seguridad del Estado mexicano estaba ocupado en limpiar las plazas, en lugar de atender su responsabilidad institucional con los desastres naturales.
Así como los medios de comunicación en el 68 se referían a los manifestantes como rebeldes, comunistas y criminales, el aparato de propaganda de nuestros días se encarga de criminalizar las protestas, ahondar el malestar ciudadano frente a las manifestaciones, invisibilizar los hechos y contar la historia con base en un guión publicitario.
El 2 de octubre debe ser la ocasión para reflexionar sobre el rumbo que debe tomar el país y aprender de la historia. Prevalece en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, la vena autoritaria del diazordacismo y el sometimiento a los poderes fácticos del salinismo.
Podríamos rememorar el 18 de Brumario, de Marx, cuando dice que la historia se repite; la primera como tragedia y la segunda como farsa. Vivimos así una restauración autoritaria y conservadora.
Es una broma macabra que el titular el Ejecutivo diga hoy, a propósito de esta fecha, que vivimos en un México plural y democrático, de la mano del Pacto por México, instrumento supraconstitucional que ha prostituido la vida política del país, secuestrado al Poder Legislativo y atenazado el diálogo social, nuestro país vive una involución política.
Nos encontramos en una fallida transición a la democracia en la que se ha venido gestando un estado policíaco donde los símbolos de este poder omnímodo son el tolete, los escudos, los gases lacrimógenos, las tanquetas, las murallas por encima del convencimiento, el diálogo y la razón.
Hay un retroceso en derechos humanos, siguen las desapariciones forzadas y la delincuencia anda desatada. La justicia sujeta al mejor postor y a los que tienen compromisos con los grupos de interés económico y político.
Desde el Estado se ejerce una violencia irracional, a veces abierta y a veces en cubierta, pero se agrede a trabajadores, maestros, clases medias, pequeños y medianos empresarios y padres de familia.
Es reprobable que se utilice a la policía para reprimir al pueblo mientras la delincuencia sigue campante en el país y los narcos salen de las cárceles. El número de vallas y policías es proporcional a la debilidad del gobierno y a lo injusto de sus propósitos. Nunca, nunca aceptaremos la violencia y la represión para resolver conflictos sociales.
Hoy, el 2 de octubre no sólo no se olvida, sino que debe estar vigente para retomar el camino democratizador que se cimentó en 1968. El 2 de octubre es el recordatorio constante de que en México, a pesar de que la han querido callar, maniatar y adormecer, existe una ciudadanía consciente y rebelde, que construye un nuevo país a pesar de la cerrazón del régimen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Nabor Ochoa López.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el día de hoy conmemoramos un aniversario más de una tragedia, de una de las grandes heridas mexicanas que nunca ha cerrado ni nunca cerrará, puesto que los responsables de estos hechos jamás fueron castigados. Me refiero a la matanza de estudiantes y ciudadanos ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, hace 45 años, en un miércoles como hoy.
Dice Octavio Paz en uno de sus más brillantes ensayos dedicados precisamente al movimiento de 68, que la crítica es una actividad que consiste tanto o más que en conocernos, en liberarnos. Es decir, la crítica despliega la posibilidad de la libertad y en esencia, compañeras y compañeros, el movimiento estudiantil de 68 fue eso, un movimiento crítico, un movimiento libertario hecho por quienes sólo ellos podían hacer esto; los jóvenes, en un contexto mundial de protestas, de manifestaciones.
Recordemos al Mayo francés, las manifestaciones en Estados Unidos por la Guerra de Vietnam, la Primavera de Praga, provocada por la invasión de tanques soviéticos en Checoslovaquia, en fin, y el movimiento de 68 no escapó a esa dinámica, a ese contexto mundial.
El movimiento inicia un 22 de julio con un hecho intrascendente, un hecho simple si se quiere; el pleito entre dos grupos de estudiantes preparatorianos y que lo que detona el conflicto es precisamente la actitud represiva, violenta y excesiva de la policía.
Lasa consecuencias de esto las observamos en las principales demandas de los estudiantes. Esas demandas tenían que ver no con la revolución, esas demandas tenían que ver con tres postulados básicos; libertad, justicia y democracia. Por eso pedían la destitución de los jefes policiacos, por eso pedían la libertad de los presos políticos, por eso pedían la derogación de algunos artículos del Código Penal Federal que tipificaban, entre otros, el delito de disolución social.
Era un movimiento reformista democrático pacífico que fue, hay que decirlo, violentamente masacrado. Las consecuencias posteriores, decía yo, reflejaron esto de que en el fondo del famoso milagro mexicano de estabilidad social, de crecimiento económico, subyacía una creciente inconformidad de amplios sectores de la sociedad que tenían que ver con los rasgos autoritarios del sistema político mexicano; que tenían que ver con los rasgos arbitrarios y represivos del gobierno en turno.
El exceso y la tragedia llegan el 2 de octubre y aquí, más que determinar las cifras de muertos, para la parte oficial 20, para los corresponsales extranjeros la fuente en ese tiempo más acreditada y confiable, 325, es imposible a estas alturas, 45 años después, determinarlo.
Lo que sí debe quedar en claro es que el 2 de octubre de 68 hubo una masacre cometida por el Estado mexicano contra jóvenes y ciudadanos indefensos y pacíficos, y donde solo unos cuantos se indignaron y levantaron su voz.
Por cierto, hubo algunos personajes de esa izquierda retrógrada que aplaudieron, en su momento, a los muertos de 68; que aplaudieron la actuación de ese genocida Gustavo Díaz Ordaz.
Pero aquí me quiero referir a hombres dignos que levantaron su voz y actuaron, como nuestro más grande intelectual tal vez: Octavio Paz, quien renunció, tuvo el valor de renunciar a la Embajada de México en la India en protesta por este acto de barbarie.
Octavio Paz, quien se convirtió, por cierto, en cliente de esos grupúsculos de izquierda que jamás le reconocieron su aportación al proceso democrático en nuestro país. Ese mismo Octavio Paz que a los jóvenes estudiantes de 68 apoyó. Y aquí, compañeras y compañeros, debemos aprender de esta lección, de la lección de 1968. Porque no basta con ceremonias, con minutos de duelo, con conmemoraciones.
Gracias al Congreso de la Unión, desde el 8 de noviembre de 2011 se declaró el 2 de octubre como fecha solemne de duelo nacional y eso está muy bien. Pero más que una ceremonia, más que esos minutos de silencio, vamos verdaderamente honrando la memoria de los caídos en 68.
La mejor manera de hacerlo es trabajar y ponernos de acuerdo en lograr esos sueños de aquellos jóvenes, esos sueños que tienen que ver con tres cosas: justicia, democracia y libertad. Porque, ¿cómo es posible que aquí vengan diputados a hablar en la actualidad de que tenemos un gobierno fascista. Pues en qué época se encuentran o dónde viven.
Un gobierno fascista que resiste, y hablo del federal y hablo del DF, que ha resistido, que ha tolerado actos violentos y de impunidad. Y así como venimos a decir: no más muertos de Tlatelolco, pues también hay que decirlo: no más policías agredidos, como Álvaro Sánchez, que está en estado de coma con traumatismo craneoencefálico de tercer grado. Y no vengo, como el diputado Monreal, a exagerar los hechos en aquel 1 de diciembre. No vengo a solazarme con la desgracia, vengo a decirles, no se equivoquen, cuál criminalizar la protesta social.
Lo que tenemos que hacer es ya decir un basta a aquellos que tienen secuestrado y cancelado el futuro de los niños más pobres de este país. Debemos decir ya un basta a esos grupos de impunes que con la bandera de la defensa de sus demandas violan a diario la ley y además atentan contra las libertades y los intereses de muchos ciudadanos.
La mejor manera de honrar a los muertos de 68, es precisamente, obligando a todos a que se respete el Estado de derecho, a que se aplique la ley y a que ahora sí nos pongamos a trabajar como debe ser e impulsar aquellas reformas que necesitan los que menos tienen, que necesitan esos jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar. Que necesitan esos jóvenes que cuando salen de una carrera no tienen espacio laboral. Para esos mexicanos que no tienen mañana para comer.
Mientras que algunos de los que estamos aquí, me incluyo en esa categoría y algunos otros que han hablado de gobiernos fascistas y demás, estamos cómodamente instalados cobrando nuestras dietas, cobrando los gastos y a eso no le hacemos el feo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Nabor Ochoa López.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Con el permiso del pleno, el discurso que acabamos de escuchar es el mismo discurso de Díaz Ordaz en 1969, cuando buscó justificar la masacre del 2 de octubre. Lo único que le faltó fue tender la mano para que se la viéramos manchada de sangre.
Una manta que colgaba en el edificio Chihuahua en el mitin del 2 de octubre decía: un pueblo que no lucha por la libertad es un pueblo muerto.
El texto de esta manta resumía la esencia del movimiento más libertario del siglo XX, la lucha por las libertades democráticas.
Aun con dolor, pero con un enorme coraje y una gran indignación, recordamos hoy el genocidio del pueblo de México que llevó a cabo el sátrapa que gobernaba al país en ese momento: Gustavo Díaz Ordaz y sus cómplices en la masacre. El coronel Luis Gutiérrez Oropeza, Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Fernando Gutiérrez Barrios; y los jefes policiacos, Raúl Mendiolea Cerecero y Luis Cueto Ramírez.
Ellos fueron los responsables directos de la masacre, pero la promovieron, la justificaron y pretendieron esconderla los líderes sindicales charros, los grupos derechistas y los poderes fácticos de los medios de comunicación. Ellos, todos ellos, son los responsables de la masacre del 2 de octubre y, para vergüenza y deshonra de esta representación popular, se sumó el aplauso fácil y la justificación del crimen de los integrantes del Congreso de aquel momento.
En este aniversario del crimen del 68 hemos escuchado intervenciones, y seguramente escucharemos otras, haciendo una apología del movimiento en la idea de que olvidemos el genocidio y queriendo dejar la idea de que sólo fue un episodio de grupos de jóvenes manipulados, que no sabían lo que querían y que el gobierno habría actuado defendiendo el interés nacional. Se equivocan. Se equivocan, la represión y el asesinato de nuestro pueblo no lo vamos a olvidar.
Por los ferrocarrileros y los maestros, por los médicos y los mineros, por los asesinados el Jueves de Corpus del 71 y la Guerra Sucia de esa década, por Acteal, por el Charco, por Aguas Blancas y Pasta de Conchos, por Atenco, por las víctimas de la estúpida guerra calderonista contra las drogas, por el 2 de octubre de 1968, ni perdonamos ni olvidamos. Hoy los represores son los mismos, el régimen es el mismo.
Sabemos –y no nos sorprende– que muchos de nosotros por nuestra forma de pensar y de actuar le somos incómodos, no nos preocupa. No quisieran vernos por aquí, pero no somos como ustedes piensan que somos o que debemos ser. No estamos aquí para serles agradables ni para buscar que ustedes –ustedes– nos den carta de buena conducta o para que los poderes fácticos nos reconozcan como una izquierda moderna. No. no somos como ustedes nos piensan.
Estando aquí o allá afuera, en donde estemos, en cualquier lugar y tiempo, estaremos luchando contra el sistema económico, social que ustedes impulsan. Y que, basado además en la corrupción y en la impunidad, es un sistema de desigualdad, de pobreza y de marginación. Es un sistema de muerte para nuestro pueblo.
Hoy, a los que decimos esto, nos etiquetan de una izquierda retrógrada y radical. Nos dicen que lo que el país necesita es una izquierda moderna, propositiva, responsable. No es cierto. Lo que quieren es una izquierda cómoda para sus pretensiones. En muchas y en muchos de nosotros no la encontrarán.
Sí somos radicales, queremos ir a la raíz del problema, queremos sacar a nuestro pueblo de las condiciones de desigualada, de marginación y de pobreza en la que lo tienen hoy 70 años de gobierno de uno y 12 años de otros hipócritas y corruptos.
A nosotros nos llaman radicales, a los jóvenes del 68 los llamaron agitadores. Tomamos la misma respuesta que ellos dieron, en una manta de manifestación del silencio, el 13 de septiembre, que decía: Los agitadores son la ignorancia, la miseria y el hambre; y a ese texto le agregamos la corrupción y la impunidad.
Todo esto es lo que agita a nuestras consciencias y la de millones de mexicanas y de mexicanos, para seguir luchando por la construcción de un mejor futuro para nuestro país, para nuestro pueblo.
La reivindicación del espíritu del 68, nos lleva hoy a la defensa intransigente de nuestros recursos naturales; por eso hoy decimos: No a la privatización de Pemex; si el petróleo es de todas y de todos, que nos pregunten a todas y a todos ¿qué vamos a hacer con él?
Recordar al 68 nos lleva a la defensa de la economía popular y no avalaremos la iniciativa de reforma hacendaria, tal como se plantea, porque eso significa mayor empobrecimiento. Eliminen su corrupción y su ineficiencia, reduzcamos nuestros salarios y verán que de esa forma tendremos los recursos necesarios.
La prensa vendida del 68 son hoy los poderes fácticos de los medios masivos de comunicación y el uso faccioso que hacen de una concesión del Estado. No aceptaremos los estereotipos culturales que nos quieren imponer, ni sus estilos de vida y denunciamos el hecho de que gobiernos estatales pongan al servicio de estos poderes, recursos públicos para hacer sus bodrios televisivos, lucrando con la tragedia humana en la que hoy se encuentran muchos de nuestros hermanos. El gobernador del estado de México debe de rendir cuentas de su conducta.
No avalamos, por el contrario repudiamos, el linchamiento de cualquier ciudadano por el hecho de no coincidir con las conductas de trabajo de los medios de comunicación.
En este sentido, expresamos nuestro apoyo total a la periodista Carmen Aristegui. No aceptamos y no aceptaremos el hecho de que se haga uso de una concesión del Estado para estar llamando a la represión, como lo hicieron en el 68 contra aquellos ciudadanos que ejercen su derecho a la manifestación.
La Ciudad de México es hoy una ciudad libertaria y garantista de derechos, y no vamos a caer ante la presión de los poderes fácticos y de Los Halcones del gobierno federal, no vamos a caer en la represión. No vamos a subirnos a ese tobogán como se han subido ustedes y sus antecesores políticos. El destino de nosotros es un destino digno, es estar siempre al lado del pueblo.
El gobierno de la Ciudad de México tiene nuestro reconocimiento y respaldo por su política de respeto y garantía del ejercicio del derecho constitucional de manifestación. En la Ciudad de México ni una represión más.
El Movimiento Estudiantil Popular del 68, despertó al país y a la ciudad de su somnolencia cotidiana. Desenmascaró a un Estado autoritario y represivo y puso en evidencia la falsedad y la mentira de la supuesta abundancia del milagro mexicano. Eso fue lo que no pudieron aceptar; la miseria moral de aquéllos que se revolcaban en el estercolero del régimen.
La respuesta de los represores a la osadía de los estudiantes fue la muerte, la cárcel, la tortura y se manifestó el deshonor de un sistema judicial corrupto; el aplauso y la justificación del crimen en el Congreso; el servilismo de las corporaciones y los medios y la infamia de los líderes de opinión.
En el Movimiento Estudiantil Popular del 68 no había ideas exóticas, no había ideas extranjerizantes ajenas a nuestra idiosincrasia y promovidas por agitadores. No había eso. Por el contrario, había ansias de libertad, de democracia, de justicia. Ésta es para nosotros la vigencia del 68, como son vigentes los ideales de justicia de la Revolución de 1910 y el ejercicio de soberanía de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera.
Ésa es nuestra hoja de ruta ahora. A 45 años de que quisieron hundirnos en el miedo, se equivocaron. No nos midieron y aquí estamos. Aquí estamos más firmes y decididos que nunca. Nuestro compromiso es con el pueblo. De él venimos y a él nos debemos. Con el pueblo todo, contra el pueblo nada.
Por eso hoy, a 45 años exigimos castigo a los responsables del crimen del 2 de octubre de 68, Por eso hoy decimos no a la privatización de Pemex. Por eso hoy decimos no al empobrecimiento de nuestro pueblo. El 2 de octubre no se olvida. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don José Luis Muñoz Soria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Cárdenas Guízar.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hace 45 años, el miércoles 2 de octubre de 68 en Tlatelolco, la violencia sustituyó a las palabras y la esperanza fue cambiada por desconfianza, rencor, persecución e intolerancia.
El viejo régimen, que para esos momentos mostraba ya claros rasgos de agotamiento, fue incapaz de abrir las puertas a la democracia. El Poder Legislativo, por su parte, también mantuvo una actitud incorrecta. Dominado entonces por un solo partido, las voces de nuestros compañeros panistas sonaron fuerte en defensa de nuestra UNAM, en defensa de la democracia, de nuestros estudiantes y de sus familias.
En la tribuna de la Cámara baja los entonces diputados del PAN: González Hinojosa, José Ángel Conchello y Rafael Preciado, hicieron valer argumentos en favor de un México con mayores libertades en defensa de la universidad y condenando siempre los abusos del régimen de Díaz Ordaz.
Las crónicas parlamentarias, entre ellas las de Carlos Ortega, señalan que: “aún estando fresca la sangre de las víctimas de la matanza de Tlatelolco y como una cachetada al dolor, la angustia y el luto que embargaban a millares de hogares capitalinos, el viernes 4, sólo dos días después los diputados del PRI aprobaron, contra las sólidas razones de los legisladores de Acción Nacional, un incondicional apoyo al presidente, al régimen de represión que colocó a la Cámara de Diputados a nivel de cómplice.
“Ese día, narra Ortega, el PRI montó bien la escena para este acto agachón de sus diputados.
“Desde las siete de la mañana decenas de campesinos de Iztapalapa, acompañados de sus familias, ocuparon las galerías. Antes de las 10, hora en que debía comenzar la sesión, las galerías estaban llenas y sólo pudieron ingresar unos cuantos muchachos y gente del pueblo que confiaban en que la Cámara abordaría con verdad y con decisión el grave y ya para entonces ensangrentado problema”.
La crónica continúa: “Las galerías reflejaban fielmente el momento que vive México. A la hora en que el diputado Víctor Manzanilla fundamentaba con citas de dirigentes del PRI sus demagógicos desplantes de incondicional apoyo al presidente, de las galerías cayó un grito ¡Farsante¡ Fue entonces que Ricardo Regalado, oficial mayor del PRI en el D. F. y manejador de las porras pagadas, se sintió ofendido y con mucha dignidad, ayudado por otros tres, se lanzó en montón contra Diego Fernández de Cevallos, dirigente juvenil del PAN, para golpearlo y cobrar el agravio, cuatro contra uno, para nuevamente imponer por la fuerza del montón lo que las razones no pueden. Así sucedió en el recinto de Donceles.
“Conocedores y respetuosos siempre de la autonomía universitaria, los dirigentes juveniles del PAN estuvieron presentes en el campus, dialogando con estudiantes, profesores y exponiendo sus puntos de vista.
“En el 93 el Consejo Universitario de la UNAM reconoció el papel histórico y el valor y el compromiso de esa generación de hombres y mujeres que en el 68 se manifestaron por la libertad, el respeto a la autonomía universitaria y la vigencia de los derechos sociales en México, agregando, además, que su contribución fue determinante para el proceso democratizador de nuestro país”.
Nosotros en acción Nacional no podemos sino coincidir en la concepción del movimiento del 68 como una parte fundamental de la democratización de nuestro México.
Treinta y dos años tuvieron que pasar para que el viejo régimen diera paso a la transición de la democracia en este país.
Hoy, a 45 años de aquellos tristes acontecimientos, nuestro partido sostiene que los saldos del movimiento estudiantil son positivos para la democracia mexicana.
Cada día toma más fuerza el diálogo como herramienta política y las y los mexicanos hemos aprendido que la violencia sólo erosiona y destruye y por lo tanto debe de ser totalmente descartada.
Durante los primeros 12 años de este nuevo siglo, México experimentó el crecimiento y la consolidación de un régimen de amplia democracia y de libertades cívicas: la libertad de expresión, de manifestación y el diálogo entre gobernados y gobernantes se impulsó como nunca antes en nuestro país.
Es indudable que en este periodo México consolidó el andamiaje para gozar de libertades políticas plenas, la autonomía universitaria se volvió una realidad palpable y el Poder Legislativo se reconstituyó con vida propia, siempre en un diálogo crítico y de colaboración con los otros poderes.
En ese régimen de amplia democracia el gobierno panista, con enorme responsabilidad histórica, creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con objeto de aplicar de manera adecuada la justicia alejada de rencores o revanchismos, que sólo dividen a las naciones.
El PAN nunca ha elegido la venganza como criterio argumentativo. Manuel González Hinojosa condenó la matanza y se opuso a que la Cámara de Diputados diera apoyo incondicional a Díaz Ordaz. González Morfín pidió una investigación imparcial para saber la verdad de los hechos en Tlatelolco y José Ángel Conchello dijo que el gobierno no tenía categoría para atender las demandas de los jóvenes.
Acción Nacional no se prestó a formar parte del coro de los defensores del poder, del poder supuestamente amenazado por conjuras que nadie nunca pudo demostrar. El PAN condenó la violencia, proclamó la necesidad del diálogo y rechazó el uso brutal de la fuerza pública. También pidió coherencia, congruencia y claridad de planteamientos al movimiento y a sus líderes y defendió a los injustamente presos, agredidos o torturados, como nos relata Carlos Castillo Peraza.
Hoy hemos visto destellos de un gobierno que por su historia y por su origen se discute entre autoritario y atemorizado. Hoy vemos un gobierno anacrónico que permite abusos de poder perpetrados desde las oficinas mismas de los gobernadores. Hoy vemos un gobierno autoritario que aplica selectivamente la justicia y elige a su conveniencia quién quedará impune y a quién se le aplicará la ley.
Pero también vemos un gobierno rebasado que no puede poner orden sin caer en excesos y que renuncia a la paz social por ignorar los problemas de los que él mismo forma parte y no ha podido o no ha querido atender.
Compañeras y compañeros diputados: los mexicanos tenemos claro que en este país nunca más debe sufrirse una barbarie como la que hace 45 años sacudió Tlatelolco y todo el país.
En Acción Nacional sostenemos que México debe conservar su memoria histórica recuperando siempre todas las versiones sociales y que nuestros hijos deben ser educados en la pluralidad, el respeto, la tolerancia y el diálogo.
Por ello nuestro mejor homenaje a quienes perdieron la vida aquel 2 de octubre y a sus familiares es recordarlos con gratitud y respeto. Nuestro mejor homenaje y nuestra mejor memoria será fomentando un régimen de libertades, manteniendo nuestra posición de partido ciudadano fiel a nuestros principios y a nuestra vocación deliberativa, siempre abierta al debate y al consenso.
El PAN, señores, tiene calidad moral para hablar de este tema. En el 68 fue el único partido que condenó los hechos y defendió las vías del diálogo, la sujeción a la ley y la necesidad de informar con veracidad lo que había sucedido.
Defendimos entonces y defendemos hoy los derechos humanos de los disidentes y la paz social de los ciudadanos.
Hoy, a 45 años de aquel trágico miércoles, los panistas decimos a la nación: nunca más otro 2 de octubre, nunca más la violencia sobre el diálogo, nunca más otro 2 de octubre; nunca más la violencia sobre el diálogo; nunca más la opresión sobre la razón. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Gabriel Cárdenas Guízar.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Cristina González Cruz.
La diputada Cristina González Cruz: Con su permiso, presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados de esta LXII Legislatura, el Grupo Parlamentario del PRI hace patente que una fecha tan significativa: 2 de octubre de 1968, no se olvida. Hoy recordamos una fecha de gran importancia para nuestro país. Éste es el segundo año que de manera oficial se conmemora el 2 de octubre como día de luto nacional en nuestro calendario cívico.
En 1968 se suscitaron varios movimientos sociales en el mundo, y en México se vivieron con la intensidad de una sociedad urbana, emergente, joven, educada primordialmente en instituciones públicas que había dejado atrás el conformismo y la uniformidad para mostrar su potencial de futuro y su creciente diversidad y afanes democráticos.
No fue una conspiración, sino un mismo aliento libertario lo que unió la primavera de Praga y el mayo francés, con el verano del 68 mexicano. Igual se vivieron otros movimientos estudiantiles de signo antiautoritario en Suiza, la entonces Alemania Federal, España, Ecuador, Uruguay, Argentina y Estados Unidos.
En México, el Movimiento Estudiantil puso sobre la mesa la necesidad de una auténtica democratización de las estructuras políticas. Las jornadas que en aquel año se vivieron, tuvieron sus episodios más intensos y dramáticos en la ciudad de México, un punto de importancia no sólo por su desarrollo económico, sino por ser un lugar emblemático de nuestra pluralidad política y cultural. Un sitio de confluencia de nuestras diversidades y un ámbito común de expresión de nuestras libertades.
Aquí resuenan con mayor vigor las demandas de los jóvenes estudiantes de aquél año: justicia, democracia, tolerancia y, sin lugar a dudas, libertad de expresión. No obstante la incomprensión gubernamental ante esas peticiones atendibles llevó a una respuesta desmedida y violenta, producto de un principio de autoridad profundamente intolerante. Esa es una lección que no podemos olvidar.
Las visiones ideológicas cerradas llevan a la no aceptación de lo distinto y a la imposición por la fuerza de las visiones propias que se consideran verdades absolutas por encima de los valores democráticos.
Hoy gozamos de libertades democráticas como nunca antes en nuestra historia y es responsabilidad vigente en un marco de respeto bajo las reglas que a todos nos rigen y a todos nos obligan. Diálogo, tolerancia, respeto a los diferentes, acatamiento a la voluntad de las mayorías, son las claves de la democracia en el marco de la ley. En ello no puede haber exclusiones, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Eso es lo que la gran mayoría de la sociedad mexicana espera y quiere ver; autoridades responsables que lo garanticen.
Ante los recientes acontecimientos que se han vivido en la Ciudad de México y que a la fecha se siguen suscitando, es menester resaltar que las libertades de manifestación y expresión deben vivirse sin cortapisas, pero que quienes las ejercen no pueden invocarlas para violentar las libertades de otros ni afectar el patrimonio público, y mucho menos para violar la ley.
Compañeras y compañeros diputados de las diversas expresiones políticas de esta LXII Legislatura, ante esta tribuna y en representación de mi partido, el Revolucionario Institucional, expresamos que al recordar esta fecha del 2 de octubre de 1968 es oportuno hacer un llamado a fortalecer los principios y las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida pública, actuar con responsabilidad para avanzar en el perfeccionamiento de nuestras instituciones y a seguir construyendo con el consenso, con la apertura de diálogo y la participación propositiva, el México próspero, justo y de libertades por el que luchó la juventud de 68 y que sin duda alguna lo exigen y anhelan las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Cristina González Cruz.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Están publicados en la Gaceta y disponibles en sus pantallas. Han sido reservados para ser discutidos los identificados con los números, 5, 7, 11, 13, 16, 19, 20 y 21. No han sido reservados los identificados con los números, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23 y 24.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los que no han sido reservados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 3 de octubre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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