Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Carlos Alberto García González, PAN
Mónica García de la Fuente, PVEM
José Angelino Caamal Mena, PNA
Adriana González Carrillo, PAN
Proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución
Comunicado de la Junta, en relación con cambios en comisión
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las diputadas y de los diputados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 434 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum, presidente.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (desde la curul): Es la de la votación anterior.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (12:15 horas): Así es, es con el registro de la sesión anterior.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaria a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara. Dígame usted, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Mire, señor presidente, desde hace un rato le pedíamos la palabra, aunque va muy rápido la sesión y qué bueno; porque no basta que en el orden del día aparezca que vamos a discutir las propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política.
Desde el día de ayer, y tenía que ver también con lo que aparece en el acta, algunos diputados hemos estado solicitando que se enliste en el orden del día –todavía estaríamos en ese momento– el tema de la vacante del consejero. Ese tema no es menor.
Sabemos que la Junta está reunida ahorita para tocar el tema, pero la verdad es que la Junta de Coordinación Política está siendo muy omisa, está maniobrando, están trampeando muchas cosas que están llevando a la ilegalidad a este pleno, a no acatar el cumplimiento de la sentencia en la materia, que hemos estado debatiendo desde ayer.
Nosotros por eso pensamos, que es el momento en que la Presidencia se manifieste por introducir el tema en el orden del día, por ser un tema relevante, no nada más por su contenido, sino inclusive por la relación con los Poderes de la nación.
Le solicitaríamos introducir el tema en el orden del día de manera específica, para obligar a la Junta, ése es el sentido. Sabemos que la notificación vino a la Junta, eso lo entendemos porque usted nos lo platicó. Necesitamos que la Junta active esto. No nos vayan a salir ahora que se va a discutir mañana y no hoy, porque sería otra maniobra más de las manos que están atrás de estas activaciones e inactivaciones de la justicia. Yo reitero que espero su prudencia y podamos en el orden del día de hoy debatir este tema.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Esta Presidencia está muy atenta al tema que usted refiere. En prevención justamente en el orden del día está abierto el apartado de propuestas de órganos de gobierno, que incluye los de la Junta de Coordinación Política, que como usted señala en este momento está sesionando para tratar el asunto.
Estaremos muy atentos al resolutivo, para dar cuenta a esta asamblea y proceder como corresponda, diputado Huerta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica la modificación de un turno.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Honorable asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó la modificación de turno de la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, presentada por el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 24 de septiembre de 2013. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen; y a la Comisión de Ciencia y Tecnología para opinión. Firma el Presidente de la Mesa Directiva. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 2o, 3o, 4o, 5-A, 8o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el señor diputado Luis Gómez Gómez, a nombre del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Luis Gómez Gómez: Con su permiso, señor presidente. Amigas y amigos diputados, a nombre del diputado Luis Armando Córdova Díaz, y el mío propio, hago uso de esta alta tribuna de la nación.
El acceso a la justicia y trato justo de las víctimas del delito, ha sido un tema de interés y relevancia internacional.
En este contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso el 29 de noviembre de 1985, la resolución 4034, la Declaración de los Principios Fundamentales para la Justicia para las Víctimas y Abuso de Poder, la cual considera 17 principios fundamentales.
La Declaración recomienda a los Estados para que adopten las medidas necesarias que efectivamente mejoren y se garantice el acceso a la justicia y el trato justo de las víctimas del delito. Establece que las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y gozarán del acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido.
En ese sentido determina que los responsables de la conducta delictiva resarcirán equitativamente a sus víctimas cuando así proceda. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridas, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.
Es de reconocer que el Estado mexicano ha venido impulsando y fomentando mediante la legislación, el desarrollo de la cultura de los derechos humanos, y con ello avanzar en el perfeccionamiento de las garantías individuales en materia penal, adoptando los mecanismos jurídicos necesarios que tutelen y protejan estos derechos.
El 3 de septiembre de 1993 fue publicada la reforma del artículo 20 constitucional que elevó a rango constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido del delito. Se incorporó como derecho para la víctima u ofendido por algún delito recibir, además de la asesoría jurídica, la satisfacción de la reparación del daño, atención médica de urgencia y coadyuvar con el Ministerio Público.
Sin duda la reforma de 1993 dio muestra de avances significativos; sin embargo, se mantenía un vacío en cuanto a plasmar con mayor definición la atención de las víctimas del delito. Sería necesaria entonces una reforma que especificara las garantías del inculpado y clarificar las garantías de la víctima u ofendido.
Surge así el 21 de septiembre de 2000 la publicación que reforma el artículo 20 constitucional, reconociendo que las garantías del inculpado se extendían también a la víctima o al ofendido. Para la víctima o el ofendido se plasma la garantía de recibir asesoría jurídica, ser informado de sus derechos constitucionales y del desarrollo del procedimiento penal.
La atención médica y sicológica se incorporan desde la comisión del delito. Se ratifica el derecho a la reparación del daño con la obligación del Ministerio Público de solicitarla y al juzgador a no absolver de la misma al sentenciado; se ha admitido una sentencia condenatoria.
Coincidimos plenamente en reconocer que los derechos de las víctimas son parte innegable de los derechos humanos. Es necesario en este sentido reconocer que las víctimas del delito necesitan la inmediata atención integral que va desde la médica, la sicológica, la jurídica, la económica y la social, por lo que la legislación ha considerado paulatinamente una atención integral a las víctimas del delito.
Amigas y amigos diputados: el Código Federal de Procedimientos Penales actualmente establece que la atención médica de quienes hayan sufrido lesiones provenientes de delito se hará en los hospitales públicos. Como se aprecia en el procedimiento penal federal, ordena que los atendidos de un delito de lesiones serán remitidos a hospitales públicos y esto lo hacen porque son lesiones de hechos violentos en donde se tiene que dar parte al Ministerio Público para la atención legal que le corresponde, pero no precisa que tenga que cubrir los gastos que se generen en estos hospitales por el causante de la lesión.
Viendo la legislación actual, tenemos que apreciar que la ley es clara y precisa al establecer que el que causa un daño está obligado a cubrir el pago de la reparación.
La falta de legislación en donde se permita a las instituciones como la Cruz Roja, Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, Seguro Popular y demás, que se les considere acreedores solidarios en los procesos penales porque la falta de ello propicia la impunidad, dado que la ley establece que el delincuente es el que tiene que cubrir todos los gastos erogados por el delito cometido, motivo por el cual el sector salud tiene cada día menos recursos para tratar otras enfermedades propias del ser humano, ya que cubren los gastos generados por las lesiones sufridas por el pasivo sin que legamente le corresponda hacerlo.
Por ello resulta necesario reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de cubrir las lagunas legislativas en cuanto al pago de la reparación del daño a favor del ofendido por las lesiones sufridas por motivo de delito, adecuar la legislación a efecto de que los organismos de salud pública que intervienen a favor del ofendido por las lesiones sufridas a consecuencia de un delito puedan exigir el pago correspondiente a la reparación del daño y los gastos que generen los hospitales públicos que por ley debe cubrir el delincuente.
Para este fin se harán llegar al ministerio público las notas o facturas por conceptos de medicamentos y hospitalización emitidos por dichos organismos públicos de salud.
La reforma concreta que planteamos y que esperamos el apoyo de todos ustedes es muy concreta y es la siguiente: también podrán exigir el pago de la reparación del daño los organismos de salud que intervengan a favor del ofendido por las lesiones sufridas con motivo de un delito.
Los gastos generados en esos hospitales públicos deberá cubrirlo el delincuente, para lo cual se harán llegar al ministerio público o al juzgador las facturas y notas emitidas por los mismos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Luis Gómez Gómez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. El suscrito diputado federal Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de seta, la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para elevar a rango de ley al Instituto Nacional del Emprendedor, bajo la siguiente exposición de motivos.
En México, de acuerdo con datos del INEGI existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Mipymes, que generan el 52 por ciento del producto interno bruto y además generan el 72 por ciento del empleo en nuestro país. De esta forma, las Mipymes son el medio ideal para impulsar el crecimiento económico sostenido a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortalecimiento del mercado interno y el aumento de la oferta exportable.
Los gobiernos de Acción Nacional han reconocido la aportación económica de las Mipymes al desarrollo nacional, es por ello que durante el gobierno del presidente Vicente Fox se le dio un gran impulso al desarrollo empresarial a través de las Mipymes. En 2001, por ejemplo, se creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía, con la finalidad de fomentar y promover la calidad, competitividad, capacitación, desarrollo e innovación tecnológica y el desarrollo empresarial de la planta productiva, en especial de las Mipymes.
Este esfuerzo del Ejecutivo tenía la necesidad de ser consolidado por el Legislativo mediante un ordenamiento jurídico que dotara a la Secretaría de Economía de las disposiciones elementales para crear, aplicar programas e instrumentos para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes.
En consecuencia, mediante un acto legislativo, el Congreso durante la LVIII Legislatura aprobó la nueva Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el consenso de todas y cada una de las fracciones parlamentarias que estaban representadas en ese momento.
Este ordenamiento llevó a rango de ley todas las políticas económicas, con objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento de la creación de las Mipymes y el apoyo por su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.
En su momento, el que suscribe, como diputado federal de la LX Legislatura, presentó una iniciativa que hacía una serie de enmiendas a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes para crear la Agencia para el Desarrollo de la Competitividad, mejor conocida como la Agencia Mipyme, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía.
Ahora, ante la reciente creación del Instituto Nacional del Emprendedor, conocido como el Inadem, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, mediante reformas al reglamento interno de la Secretaría de Economía, en Acción Nacional consideramos que el Inadem debe ser elevado a rango de ley, precisamente para consolidar y extender sus funciones para el desarrollo y fomento empresarial de los emprendedores y en especial de las Mipymes.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la experiencia internacional no nos engaña, otros países han creado organismos similares que han generado excelentes dividendos en el desarrollo de las Mipymes.
Casos exitosos en el mundo son en Estados Unidos y Japón, que han adoptado la forma de apoyos directos o indirectos a través de un organismo especializado sustentado con un ordenamiento jurídico para el desarrollo empresarial de las Mipymes. Esto aunado a políticas paralelas, recursos permanentes y suficientes, financiamiento blando, tecnología e investigación, asesoría y capacitación, entre otros, permitiendo, como les repito, la sustentabilidad de miles y miles de Mipymes que hay en nuestro país.
En consecuencia, elevar a rango de ley el Instituto Nacional del Emprendedor permitirá consolidar las políticas públicas que se han desplegado en los últimos años a favor de las Mipymes.
El Inadem contribuirá en la aplicación de los objetivos más amplios de la ley para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme. Generará las condiciones para que nuestras empresas participen de manera exitosa tanto en el mercado nacional como en el internacional, y reduciría, en la medida de lo posible, las asimetrías económicas con nuestros socios comerciales.
En Acción Nacional estamos convencidos que es menester que esta legislatura apuntale el esfuerzo desplegado por nuestros antecesores y consolidar el futuro del Instituto nacional del Emprendedor como una piedra angular del crecimiento y desarrollo nacional, para que en el futuro inmediato la existencia de una estructura productiva, conformada con pequeñas y medianas empresas, y que sean además eficientes en escala internacional, se relacionen tanto horizontal como verticalmente en beneficio del desarrollo de nuestro país.
Presidente, por obviedad del tiempo le rogaría que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención, a todas las compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado, don Carlos Alberto García González.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Martín López. Dígame usted, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): Con su permiso, presidente. Primero felicitar al compañero Carlos García, porque es una excelente propuesta la que está haciendo el día de hoy, del Instituto Nacional del Emprendedor, y le pido si me puedo sumar a esta iniciativa. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Si el proponente no tiene inconveniente, como en este momento nos lo manifiesta, la Secretaría pone a su disposición la iniciativa. Túrnese a la Comisión de Competitividad para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas.
El diputado Roberto López Rosado: Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9o. y 10o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Uno de los grandes desafíos del siglo XXI es lograr la verdadera multiculturalidad, la convivencia plural y democrática, y la unidad en la diversidad, encaminada hacia el respeto y el derecho de los pueblos indígenas de México.
Estamos ante la oportunidad histórica de impulsar nuevos retos que permitan al Estado y a la sociedad mexicana tomar conciencia de las demandas que, desde hace más de 500 años, nuestros pueblos originarios vienen haciendo por el arrebato sufrido en el proceso colonial que trajo como consecuencia la conquista y el avasallamiento por parte de los españoles.
Resulta injusto señalar que, después de que nuestros hermanos indígenas fueron los dueños originarios de las tierras donde actualmente se encuentra asentada y desarrollada nuestra nación, sean hoy un sector minoritario, objeto de desigualdad, discriminación, explotación, negación, invisibilidad y el exterminio casi por completo por parte del Estado mexicano.
Con el impulso de la política indigenista surge una concepción hacia nuestros pueblos indígenas que los catalogaba como un ente marginal que había que proteger, pero nunca se concibió la necesidad de buscar su desarrollo y participación autogestora e igualitaria como la demás población mexicana a la que se había integrado.
Lo único que han generado es una actitud paternalista hacia la población indígena, dándole una visión más folclórica que se mantiene alejada del cumplimiento de las expectativas y principales demandas de los pueblos para participar en el aparato políticos, administrativo nacional.
Entre las instituciones asistencialistas creadas para atender esta problemática encontramos el Departamento de Educación y Cultura, creado en 1921; la Casa del Pueblo, creada en 1923; la Estación de Incorporación Indígena de Carapan, creada en 1932; el Departamento de Educación Indígena, en 1937; el Departamento de Asuntos Indígenas, en 1938; el Instituto Nacional Indigenista, en 1948; la Dirección General de Educación Indígena, creada en 1978; la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, creada en 2001; y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en 2005.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Primero. Se reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; se adiciona una fracción XII al artículo 9 y artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:
Artículo 21. El director general será designado por el presidente de la República, o a indicación de éste, a través del coordinador de sector por el órgano de gobierno, en cuyo proceso de selección se apoyará de las instancias y leyes propias del organismo de que se trate, debiendo recaer el nombramiento en una persona que reúna los siguientes requisitos; ser ciudadano mexicano de origen indígena y estar en pleno goce de sus y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener 30 años de edad cumplidos al día de su elección; contar con conocimientos y experiencias en materia de derechos indígenas, así como de las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales; tener preferentemente título de licenciado en educación en derecho o licenciaturas afines y tener conocimiento de un dialecto o idioma indígena mexicano como mínimo. Ésta es la propuesta. Esperemos sea tomada en cuenta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población y suscrita por el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Estimadas compañeras y compañeros presentes, los que integramos esta Cámara tenemos opiniones muy diversas respecto de diversos temas; sin embargo estoy segura de que hay luchas que todos compartimos. Uno de los temas en los que estoy segura coincidimos es nuestro compromiso inquebrantable con la protección de derechos humanos de todas las personas que se encuentran en territorio nacional.
Es por ello, que el día de hoy les presentamos una iniciativa que pretende proteger y garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos. Como bien saben la identidad es un derecho fundamental de toda persona, incluso me atrevo a afirmar que la identidad es la base para todos los derechos, ya que no solo se trata de un derecho, sino de un requisito indispensable para el respeto y reconocimiento del resto de los derechos humanos; además de ser necesario para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Nuestros antecesores reconocieron la urgencia de proteger este derecho en 1990 cuando se reformó nuestra Carta Magna para proveer que la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos.
En 1992 siguió una modificación a la Ley General de Población que estableció el procedimiento y requisitos para la expedición de la cédula de identidad ciudadana. Es por ello que esta iniciativa, además de agregar elementos de suma importancia para la fehaciente identificación del ciudadano, da un término de 60 días naturales a la Secretaría de Gobernación para iniciar el registro y expedición de la cédula de identidad ciudadana.
Nuestra propuesta es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde establece que: en materia de derecho a la identidad, la presente administración se plantea fortalecer el Registro Nacional de Población mediante la emisión del documento establecido por la Ley General de Población que garantice la unicidad de identidad biográfica y biométricamente a la población.
Pero el contenido de la iniciativa que les presento no busca proteger únicamente a los ciudadanos mexicanos. De hecho su objetivo primordial es proteger la identidad de los más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes mexicanos. En este sentido la Convención de los Derechos del Niño, de la que México es parte, establece que el Estado está obligado a respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad.
Para cumplir con esta obligación el Estado mexicano propone establecer que el Registro Nacional de Menores y la expedición de la Cédula de Identidad Personal como servicios de interés público que presta el Estado, es un cambio indispensable en virtud de que el texto actual de la Ley General de Población únicamente posibilita a la Secretaría de Gobernación a expedir un documento de identidad para menores, pero no establece claramente cuál es su obligación.
En esta iniciativa se define la Cédula de Identidad para Menores como una identificación gratuita que contiene el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento como barras, además la Clave Única de Registro de Población (CUR); su nombre, los padres del tutor, vigencia, fotografía, registro del iris del ojo y el número único de Cédula de Identidad. Dicha identificación protege tanto la identidad jurídica como física con el iris, las huellas dactilares del menor.
La cédula de identificación para menores de edad, además de acreditar la identidad de los menores mexicanos, certifica su nacionalidad. Evita la suplantación de identidad y protege los datos personales de los menores; además facilitará los trámites educativos y de salud.
Esa iniciativa reconoce los esfuerzos que se realizaron para la expedición de la Cédula para Menores en el segundo bimestre de 2011 y que a la fecha se ha implementado en 15 estados. Sin embargo también es sabedora de que este programa fue suspendido, por lo que buscamos exhortar a la Secretaría de Gobernación a retomar este programa y dotarlo de todos los elementos necesarios para continuar con esta indispensable labor.
Finalmente esta iniciativa es clara, y establece patentemente la obligación de la Secretaría de Gobernación para iniciar el registro y expedición de la Cédula de Identidad de Personas en un término de 60 días naturales a partir de la publicación del decreto. Las bondades de la iniciativa que proponemos son evidentes y ofrecen beneficios claros para todos los mexicanos.
Por lo anterior y con la finalidad de proteger el derecho de la identidad de toda persona, es que el diputado Tomás Torres Mercado y su servidora presentamos esta iniciativa. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Población para dictamen.
Quiero saludar a un grupo de mujeres de Promoción Política de la Mujer de varios estados que están hoy aquí, invitadas por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Bienvenidas a la sesión.
Del mismo modo a los integrantes del Instituto para la Educación Integral del Bachiller, que hoy nos acompañan. Bienvenidos todos y todas a la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En la actualidad en México coexisten distintas clases de hijos bajo regímenes normativos que ponderan distintas filiaciones. Es toda una tipología fabulosa y del absurdo comprendida en las distintas legislaciones civiles y familiares de las diferentes entidades de la república.
Existen hijos de padres desconocidos, hijos adulterinos, incestuosos, expósitos y abandonados, así como naturales, adoptivos y de concubinato, hijos de la calle y de la cárcel, irregulares y mánceres, sacrílegos, emancipados, putativos y legitimados o de matrimonio y fuera de él.
Todo un catálogo de denominaciones culturales y ofensivas en claro detrimento de los derechos humanos elementales.
Las disposiciones jurídicas que comprenden las anteriores denominaciones citadas, vigentes en este siglo en toda la república mexicana, son una expresión desmesurada de la degradación y la ignorancia del derecho familiar, que aún hoy en día prevalece en nuestro sistema civil, específicamente en materia de filiación.
Que en la actualidad se mantengan diversos calificativos denigrantes que se imputan a los hijos fundados en el origen de las relaciones sexuales de su padre y de su madre o que subsista la inequidad de otorgar al padre el derecho de contradecir esa paternidad en ciertos casos o en el extremo, la obligación de la madrea a reconocerlo por el solo hecho de nacimiento, constituyen anomalías jurídicas que deben de ser resarcidas.
El tema de la filiación es esencial para el derecho familiar. La clase de hijos que cada persona tiene, de acuerdo con la ley, produce efectos jurídicos en distintos niveles fundamentales, ya sean sucesorios, alimenticios, de parentesco, de origen familiar o de paternidad.
En la mayoría de los estados del país, unos más y otros menos, tienen diferentes clases de hijos de los señalados anteriormente, lo que resulta en toda una paradoja porque en el año 2013, en pleno siglo XXI, no es posible aceptar que se siga calificando a los hijos por la clase de relación sexual de sus padres y que además se les escatimen sus derechos humanos, sin mencionar que en la última instancia no pueden quedar sujetos ni a la voluntad de sus padres ni a las obsoletas y caducas leyes que para desgracia nuestra siguen vigentes en la mayor parte del territorio de la república mexicana.
En este orden de ideas, cobra relevancia el concepto de filiación que se tiene y que opera en la mayoría de las normas de derecho familiar en el país.
La filiación es el vínculo que se establece entre el padre, la madre y el hijo. De ahí surge la filiación consanguínea o adoptiva. Jurídicamente esta relación implica más deberes y obligaciones por cumplir de parte de los progenitores que derechos a exigir.
La filiación que no se reconoce voluntariamente puede ser objeto de un juicio donde se determine si es hijo o no del señor, de la señora o de la pareja.
En México existe un refrán que resulta ampliamente ejemplificativo: “Los hijos de mis hijas mis nietos serán; los hijos de mis hijos quién sabe de dónde vendrán”
La filiación se basaba tradicional y esencialmente en un hecho de confianza y posteriormente en diferentes hipótesis legales en las que el común denominador era aleatorio, es decir, no se podía determinar con la certeza con la que se hace en la actualidad la verdadera filiación del hijo o la hija.
Frente a estas atrocidades la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nuestro país forma parte, ha emitido disposiciones verdaderamente protectoras de los menores en defensa de sus derechos humanos.
Sin embargo ni las convenciones internacionales ni las leyes secundarias han servido para proteger a los menores por el hecho circunstancial de su nacimiento.
Resulta impostergable revisar la mayor parte de los códigos civiles de la república mexicana en cuanto a las normas de derecho familiar, para eliminar las que discriminan a los hijos por su origen o por las relaciones sexuales de sus padres. Es una realidad que atenta contra los derechos humanos fundamentales de los niños, de la mujer, del hombre y de la familia en general.
Deben desaparecer de todas las legislaciones las denominaciones de hijos adulterinos, incestuosos, de la cárcel, de madre desconocida, huérfanos, de la calle, expósitos, abandonados, adoptivos, de padre desconocido, legitimados, de concubinato y de matrimonio.
Pero que desaparezcan tales denominaciones en materia de afiliación no constituye sólo un asunto de carácter terminológico; implica también la formación de derivaciones contradictorias y nocivas que repercuten en la implementación de la norma que se tutela.
No obstante, lo significativo de esta iniciativa no radica en el quiebre de la racionalidad estipulada en las normas que permean el concepto de filiación, sino en el enorme, repito, proceso de discriminación y violación de los derechos fundamentales de niños, mujeres y familias en general que subsisten y operan verdaderamente en el entramado de denominaciones ofensivas y denigrantes.
Se somete a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa por la que se reforman los artículos 54, 55, 58, 59, 60, 62, 65, 69, 86 y 360. Se adicionan los artículos 61, 66, 67, 84 y 383 y se derogan los artículos 62, 64, 77, 354, 355, 356, 357, 358 y 359 del Código Civil Federal, solicitando que el texto íntegro de esta iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Con mucho gusto. Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Malú Mícher, por favor.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solicito turno a la Comisión de Igualdad de Género de esta iniciativa, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Si la diputada no tiene inconveniente; viene con turno sólo a la Comisión de Justicia para dictamen, pero lo podríamos otorgar a la Comisión de Equidad y Género para opinión.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Para la cuestión de igualdad, sí. Si lo pudieran hacer para opinión, sería bueno.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. Entonces queda turnada la iniciativa a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Equidad y Género para opinión y por supuesto se insertará íntegra en el Diario de los Debates. Sonido por favor en la curul del diputado Camarena.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más hacer un llamado para su intervención. Si bien es cierto que no es momento de verificar el quórum, es lamentable y muy triste que en nuestra Cámara de Diputados diga en el letrero que estamos 441 diputados presentes en este momento. O que lo borren o que reamente se haga un pase de lista de nueva cuenta, después de la sesión solemne que tuvimos.
Es lamentable y triste que se están tratando asuntos tan importantes para el país en iniciativas y a los diputados les entre por aquí y les salga por el otro lado porque parece que no hay la gran responsabilidad que debemos de asumir. Ojalá los discursos que escuchamos en la sesión solemne sirvieran para algo más que nada más venir a hacer presencia. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice y se están haciendo los llamados a través de las coordinaciones de las bancadas a todos los diputados porque tenemos la obligación de estar aquí.
Sé que hay reuniones de comisiones, pero la sesión del pleno por supuesto se tiene que atender y estamos en eso. Le agradezco su intervención.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley de Vivienda.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Señoras diputadas, señores diputados, respetable audiencia que nos sigue a través de los medios de comunicación. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza con esta iniciativa pretende dotar al ciudadano de elementos legales para defenderse ante las instancias por su acción u omisión que han provocado vicios ocultos en las viviendas de interés social.
El artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece en el quinto párrafo, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Eso significa que en la dignidad y el decoro que señala incluye la seguridad de las familias y su patrimonio para lograr su propio desarrollo.
Durante décadas los organismos públicos de vivienda han fomentado la construcción de inmuebles y en muchas ocasiones los lineamientos de construcción no son tomados en cuenta, esto provoca mala calidad en las viviendas de interés social y resultan ser de alto riesgo para los derechohabientes.
Los vicios ocultos son los defectos no visibles al momento de adquirir una vivienda, estos generalmente derivan en afectaciones estructurales en los inmuebles o bien, se presentan como falta de servicios públicos.
Con esta reforma se pretende que las autoridades protejan los derechos de las familias a tener una vivienda digna. En primer lugar, de una forma preventiva incentivando la construcción adecuada de viviendas y, en segundo lugar, brindando soluciones a los afectados de las construcciones que presentan vicios ocultos.
Por parte de los desarrolladores es inherente su responsabilidad de entregar inmuebles eficientemente construidos; sin embargo, pueden constreñirse a los lineamientos de construcción de los municipios y delegaciones. Por ello se pretende que todos los servidores públicos protejan a cabalidad y en el ámbito de sus funciones el derecho de obtener una vivienda segura.
Esta iniciativa se propone otorgar mayor certeza a los derechohabientes respecto a los organismos encargados de velar por las viviendas de interés social, ya que éstos tendrán la obligación de vigilar la seguridad y habitabilidad de las viviendas. Con ello los organismos tendrán que asumir por mandato de ley sus responsabilidades.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con el fortalecimiento a las instituciones que protejan a los derechohabientes y los derechos de estos mismos. Es inaceptable que las instituciones con la obligación de protegerlos permitan ellos mismos a las desarrolladoras lucrar con estas prioridades de la población.
La necesidad de contar con una vivienda aunado al crecimiento poblacional que provoca por una parte que las inmobiliarias generen viviendas para satisfacer esta demanda, y en muchos casos sin garantizar la calidad de la mismas, las cuales son adquiridas aunque puedan presentar fallas importantes.
Es nuestro deber como legisladores establecer una normatividad que sirva a las personas para defender sus derechos constitucionales, así como definir al mismo tiempo las obligaciones de las autoridades para vigilar el cumplimiento de los proveedores y también el derecho de los beneficiarios de las viviendas.
Pregunto, ¿quién podrá negar que la previsión y la planificación urbana en ocasiones es cuestión de vida o muerte? Lo prueba el desastre que aún no supera nuestro país porque de haberse planeado responsablemente los desarrollos habitacionales y la expansión de la mancha urbana en Acapulco y de los municipios de los estados afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, se hubieran evitado pérdidas de vidas humanas y el patrimonio de numerosas familias mexicanas.
En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía el presento proyecto de decreto para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, a la Ley de Vivienda en Materia de Vicios Ocultos. Su apoyo, el apoyo de cada una de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía significará dar certeza y seguridad a las familias mexicanas sobre la vida y su patrimonio. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Vivienda, para dictamen. Sonido en la curul del diputado Gerardo. Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para hacer la aclaración. Sí es de todo mundo sabido que las consecuencias de las inundaciones en lugares desarrollados con vivienda no permitidos, ya sabemos las razones e históricamente por todo el país tenemos ese problema, pero en cada construcción que se designa o que se entrega a una persona, en los municipios hay una firma responsiva del constructor. No quedan a la deriva las personas que compran una vivienda, los constructores, todos los que hacemos una obra firmamos con la responsabilidad estructural de la vivienda que construimos. Eso lo contempla la ley y yo creo que es bueno ir en ese sentido para no contraponerse con lo que se vaya a hacer. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya quedó su intervención registrada, diputado. Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Esta iniciativa versa sobre un tema que hace poco tiempo fue de gran controversia en esta Cámara de Diputados, que es la iniciativa de la Ley de Amparo que fue vastamente debatida en esta tribuna.
Qué es lo que nosotros venimos a presentar y que lo dejamos como un compromiso precisamente de aquel debate. Como todos ustedes saben, en aquella ocasión se reformaron algunos requisitos para el tema de la Ley de Amparo, pero quedaron otros pendientes y nosotros lo señalamos claramente en esta tribuna.
El juicio de amparo, como todos los abogados saben y los ciudadanos también, porque es un instrumento vital para la vida y la defensa de los ciudadanos frente a las resoluciones de las instituciones, es por tradición el principal instrumento de control constitucional que ha servido para la defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse contra los actos de autoridad que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En otras palabras. Un ciudadano común y corriente se puede defender de las acciones de las autoridades a través del juicio de amparo. Establecer que la nueva Ley de Amparo debe estar en sintonía con las reformas constitucionales, no solamente en materia de derechos humanos sino también con las reformas de juicio penal de corte acusatorio, era y es indispensable.
Pero dejamos algunos cabos sueltos y hay que señalar que no podemos a través del juicio de amparo, de ninguna manera, venir a suplir un procedimiento que precisamente estamos tratando de institucionalizar y de validar frente a la ciudadanía.
Me explico rápidamente. El nuevo juicio o la nueva justicia penal de corte acusatorio que tiene como principios la transparencia, la intermediación y sobre todo la claridad donde las partes puedan defenderse y donde haya un procedimiento muy muy claro, no puede venir a ser suplido por un juez que finalmente determine la nulidad completa del juicio de amparo.
Eso sería negar que todo el procedimiento que ha sucedido anteriormente y sobre el que estamos trabajando, no solamente en esta Cámara de Diputados sino también en el Senado para dar transparencia a nuestra justicia sería borrado por un brochazo con el juicio de amparo.
¿Cuál es la propuesta que venimos a traer a esta tribuna? Que corrijamos nuestro error, que modifiquemos el artículo 75 en su párrafo tercero, que a la letra dice que este órgano jurisdiccional, es decir el juez que esté a cargo del juicio, deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la autoridad responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, esto sería una gran falta al proceso. Se los pongo con mucha claridad: una persona ha sido sujeta a un proceso, a un juicio y viene la contraparte, se ampara y un juez de amparo viene y borra de un plumazo todo aquel procedimiento y todo aquel juicio. Y este juez de amparo puede venir a solicitar todas las pruebas, a eliminar el juicio y, además, a solicitar las actuaciones que estime necesarias para una nueva resolución. Esto es como borrar de un plumazo la justicia transparente y de intermediación sobre la que estamos ahora legislando.
Este llamado, esta iniciativa que estamos presentando es precisamente para que no demos a un solo juez, para que no demos a una sola persona todo el poder para que vuelva a determinar y a borrar toda la transparencia y todo este proceso que estamos ahora instrumentando. Y que queremos instrumentar para que sienta la ciudadanía que la justicia es de todos y que le pertenece a todos; no solamente a aquellos que son influentes y que tienen el dinero para pagarla.
El juicio de amparo sí debe ser en beneficio de los ciudadanos, pero no para dar un poder absoluto a los jueces que, en un momento dado, pueden venir a borrar la justicia que ya se ha impartido a través de un sistema anterior. Es por esto que presentamos esta iniciativa. Solicito a la Presidencia que la iniciativa se incluya íntegra en el Diario de los Debates y agradezco mucho su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo, voy a turnar la iniciativa. Con mucho gusto se inserta íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.
Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente, gracias. Mire, hace un rato usted estaba al pendiente de la sesión y he solicitado que se inscriba el tema del consejero vacante.
Ya nos enteramos de los resultados de la Jucopo y sigue siendo omisa, siguen toreando el tema y lo pasan para la próxima semana. Esto no es posible que la Presidencia de este pleno no ponga a discusión este tema.
¿Quién activó al Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué lo digo? Nada más para que quede claro. No es asesoría, es realidad. El 30 de julio se emite un incumplimiento de sentencia que promoví y que me dio la razón, y dice cómo tendría que hacerse.
Después entramos en el periodo de la Permanente y por eso le dieron oportunidad bajo que está en vías de cumplimiento porque según iba a haber acuerdo. Y como no hubo acuerdo y se reinició el periodo hay otro incidente que ya tiene más de un mes que se procesa aquí desde la Jucopo y no hay acuerdo ni lo habrá porque están maniobrando en la Jucopo el Partido Revolucionario Institucional y sus adláteres, pero también los del Pacto contra México para maniobrar al cuotismo sobre el Instituto Federal Electoral.
Entonces, están ya los juegos, inclusive, de la sucesión presidencial, porque quien controle ese órgano electoral, seguramente tendrá que ver las elecciones próximas, incluyendo las de 2018. ¿A quién beneficia? ¿Quién es la mano negara que está atrás de estas maniobras?
Yo le pido, por favor, que en el pleno de hoy votemos este tema o nos dé una explicación la presidencia de este pleno.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, con todo respeto y entendiendo su situación personal, usted sabe cuál es el procedimiento para modificar el orden del día. Usted sabe también que el resolutivo del Tribunal Electoral está dirigido a la Junta y solamente la Junta podría poner un tema a discusión aquí, aunque nos involucre al pleno. Estoy totalmente consciente, ya lo leí. Yo no puedo modificar el orden del día si no hay un planteamiento de la Junta de Coordinación Política.
Yo lo que puedo decirle es que todos los coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron presentes hoy y todos estuvieron de acuerdo en que el tema se abordara el próximo lunes. Entonces, no puedo hacer absolutamente nada más. Sonido en la curul.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Solo una aclaración. No son cuestiones personales, es la Constitución, es la ley, es lo que los diputados deben respetar. Y lo que a mí me incomoda mucho es que los diputados hacen las leyes para luego violentarlas, y evidentemente, procederemos contra la Jucopo y contra los responsables en los tribunales, aunque sabemos que luego los activan y desactivan a conveniencia. Y que sirva esto para denunciar, para que los ciudadanos sepan lo que es la Cámara de Diputados, que es nada más un grupo de pactistas que manejan las leyes a su beneficio. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Su opinión quedará plasmada en el Diario de los Debates, como corresponde, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Rocha Piedra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Nosotros estuvimos en la Junta de Coordinación Política y sí nos sentimos aludidos por la intervención del compañero Manuel Huerta.
Evidentemente que nosotros creemos que la Presidencia de la Mesa Directiva, conforme a la Ley Orgánica y el Reglamento, podría someter directamente ante el pleno un requerimiento judicial, porque hay una disposición en la Ley Orgánica y en el Reglamento que así lo establece.
Sin embargo, aunque no estuvimos de acuerdo, vimos que se va a tratar el lunes. Vamos a esperar y si no estaríamos planteando que el martes tiene que discutirse obligadamente porque estamos en desacato a una resolución judicial, donde hay un requerimiento expresamente al pleno. Si la Junta el lunes no resolviera traer este tema tiene que ser directamente la Presidencia, conforme a lo que dispone la Ley Orgánica y el propio Reglamento.
El Presidente diputado José González Morfín: No quisiera discutir la cuestión de procedimiento, pero me parece, diputado, que –usted lo ha dicho– el lunes la Junta tendrá que conocer y resolver sobre el tema.
Pero lo que tiene realmente la Mesa y el presidente concretamente es la relación con los poderes, se comunica a la Junta de Coordinación Política a través de la Mesa Directiva. Pero evidentemente el resolutivo del tribunal está dirigido a la Junta de Coordinación Política, yo ya lo vi.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. A ver, primero el diputado Ricardo Mejía y después el diputado Huerta.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sí. Voy a dar cuenta del artículo 23 de la Ley Orgánica, dice: Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara.
En el Reglamento también establece, artículo 59, numeral 1, que: La Mesa Directiva integrará el proyecto del orden del día de las sesiones que dará a conocer al pleno con las propuestas que reciba oportunamente de la Junta, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos Poderes de la Unión –repito, los otros dos Poderes de la Unión.
Y estamos hablando de un requerimiento del Tribunal Electoral, que es parte del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, conforme al artículo 59, debería dar cuenta la Mesa Directiva de este tema y ponerlo a la discusión del pleno. Nosotros estamos abriendo un impasse para que, en todo caso, sea con el aval de la Junta de Coordinación Política.
Pero si persiste la omisión tiene que tocarse directamente el tema y ponerlo en el orden del día de parte de la Mesa Directiva, conforme a la prioridad de un requerimiento judicial de esta urgencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Bueno, respeto su opinión y ya quedó también plasmada en el Diario de los Debates. Diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, gracias. Estoy muy atento a su palabra y quiero nada más hacerle una pregunta. Quiere decir, para que me pueda aclarar, que la Junta de Coordinación Política tiene secuestrado al pleno del Congreso, en el caso de la omisión al que estamos siendo llamados por el Poder Judicial en este tema. Por eso no lo podemos discutir, porque la Jucopo nos tiene secuestrados al Congreso para este debate. Es pregunta, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No puedo ni tengo por qué responder esa pregunta, diputado. De todas maneras su intervención quedará registrada. Vamos a continuar con el orden del día.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Rocha Piedra, a nombre del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Turismo.
El diputado Juan Manuel Rocha Piedra: Con su permiso, presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, a nombre del diputado Jorge Terán Juárez, y del mío propio, presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
Para México la actividad turística representa un pilar de la economía nacional al tener numerosos lugares de esparcimiento y con diferentes opciones de entretenimiento. Nuestro país ofrece turismo cultural, religioso, gastronómico, de descanso y, por supuesto, de diversión, sin embargo hemos tenido un descenso en las visitas de turistas a nuestro país.
De acuerdo al Banco de México el país reportó una captación de 4 mil 958 millones 483,820 dólares por divisas turísticas entre enero y abril del 2013, o sea un 6.64 por ciento más en comparación con lo reportado en el mismo periodo de 2012, sin embargo, el arribo de viajeros al país se mantuvo a la baja y con perspectivas negativas.
Con base en las cifras del Banco de México, es de señalarse que el segmento de excursionistas en cruceros es el que muestra las mayores cifras negativas, las cuales se han mantenido desde 2011 a causa de la salida de algunas navieras de puertos mexicanos a causa de la inseguridad y la falta de atractivos, según ha reconocido la Secretaría de Turismo.
En divisas, durante el cuatrimestre alcanzaron los 156 millones 526,520 dólares, o sea 19.36 por ciento menos que el año pasado, y en número de personas pasaron de 2 millones 228,330 a un millón 923,670, lo que significó una baja de 13.67 por ciento. Además, su gasto medio disminuyó de 87 a 81 dólares.
Según la nota publicada por el diario electrónico Animal Político, la Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que México ha caído un lugar en el ranking de países que más ingresos obtienen derivado de la actividad turística, pasando de la posición 23 a la 24 de un total de 50 países.
De acuerdo a la actualización de su barómetro del turismo mundial, México obtuvo el pasado año un total de 12 mil 700 millones de dólares, frente a los 11 mil 900 millones de 2011, lo cual, a pesar de suponer una mejoría de 800 millones de dólares en este rubro, no impidió que la nación mexicana cayera un lugar en el listado. Por arriba de México se encuentran países con economías que padecen los efectos de la crisis económica como Grecia y España o naciones con economías más pequeñas como Suecia, Suiza o la India.
La actividad económica relacionada con el turismo es fundamental para el desarrollo del país, los datos señalan que a pesar de la crisis económica mundial y los temas de seguridad, la llegada de turismo a México mantiene al país entre los destinos turísticos más importantes del mundo.
El sector turismo es sin duda un pilar en la economía mexicana: representa el 9 por ciento del producto interno bruto y es la tercera fuente de divisas en el país, genera 2 millones de empleos directos, participan en él más de 43 mil unidades económicas, o sea 80 por ciento pequeñas y medianas empresas.
Los países emergentes hoy en día son los que ofrecen mayor potencial para el crecimiento de la afluencia de turistas. Por tanto, es necesario considerar estrategias de promoción que atraigan a visitantes de estos países y regiones como Rusia, China, Corea y América Latina. México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, pero otros como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, de negocios y reuniones o de cruceros, ofrecen la oportunidad de generar más derrama económica para el país.
Es indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y culturales. Adicionalmente, se requiere fortalecer el impacto del turismo en el bienestar social de las comunidades receptoras para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones turísticas.
A pesar de la riqueza del país y de que el turismo en México está considerado en la ley como una actividad prioritaria, existen actividades turísticas que están poco desarrolladas y poco difundidas, lo cual frena el desarrollo económico de un gran número de municipios del país y de diversas regiones.
Por lo anterior, es menester incorporar nuevos conceptos en la ley en la idea de impulsar una nueva cultura turística, tanto entre el sector como entre los turistas nacionales y extranjeros, lo cual sin lugar a dudas fortalecerá la competitividad y el desarrollo regional y nacional.
El objeto de la iniciativa plantea incorporar e inscribir las diferentes modalidades de turismo existentes con la finalidad de impulsar programas y políticas públicas focalizadas en diversas áreas turísticas, al tiempo de hacer valer la ley en su función de orientadora de conductas, lo que permitirá incorporar en la sociedad nuevos valores en torno a las diferentes actividades turísticas. En otras palabras, visibilizar la actividad turística que ofrece el país para mejorar la economía familiar y nacional.
Estamos convencidos que para lograr el desarrollo equilibrado y además equitativo de los municipios de estados y regiones del país, es necesario reconocer que en México contamos con una gran diversidad de actividades relacionadas al turismo, por lo que es indispensable dotarlas del marco regulatorio adecuado que impulse y fortalezca su desarrollo.
En virtud de lo anterior, se propone reconocer desde la ley la posibilidad de desarrollo, impulso, fortalecimiento y expansión de dichas actividades entre las que se consideran ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo, turismo metropolitano, turismo cultural e histórico, turismo de salud, turismo gastronómico y turismo de negocios, precisando que se respetarán los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en los términos que establece la Constitución mexicana. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Turismo para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Adriana González Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109, 168 y 191 de la Ley del Seguro Social.
Aprovecho para saludar a los alumnos y maestros del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, que hoy aquí nos acompañan. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente y amigo. En nombre del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del diputado Juan Bueno Torio y de una servidora, presentamos esta iniciativa que es una propuesta integral para crear el Seguro de Desempleo en México.
En nuestro país la tasa de desocupación de los últimos tres años ha sido del cinco por ciento de la población económicamente activa. Es una de las más bajas a nivel internacional a niveles como Alemania y Japón, que se encuentra entre cuatro y seis por ciento. Sin embargo, esto se debe al gran porcentaje de personas que se encuentran empleadas en el sector informal sin prestaciones de seguridad social, a diferencia de lo que ocurre en los otros países.
El propio Inegi ha incluido dentro de sus estadísticas la tasa de subocupación que refleja a las personas que trabajan menos de 15 horas a la semana, las cuales alcanzan un 8.5 de la población en edad de trabajar.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi indica que el mayor porcentaje de desempleados está entre los que tienen educación media superior y superior, y seguido de los que terminaron la secundaria. Es decir, a mayor nivel de instrucción la tasa de desocupación es mayor, lo cual sugiere que a mayor educación es más difícil pasar al sector formal.
La misma encuesta señala que el 40 por ciento de las personas desempleadas encuentran trabajo en menos de tres meses; 18 por ciento de tres a seis meses y otro 19 por ciento de seis meses a un año.
Por otro lado se observa que los niveles más altos de desempleo se encuentran entre los más jóvenes, 11 por ciento de ellos tienen 18 años. Sin embargo esta tasa decrece rápidamente a medida que ganan experiencia hasta llegar al 3.8 por ciento a los 36 años de edad. Posteriormente parece estabilizarse.
Sin embargo a partir de los 44 años existe una tendencia creciente entre la población subocupada, lo cual sugiere que a mayor edad, las personas prefieren aceptar cualquier tipo de empleo en lugar de permanecer desempleadas por algún tiempo.
Lo anterior se confirma con que a partir de los 48 años de edad, decrece de forma importante el porcentaje de personas que están en empleos formales.
En México el principal problema no es la falta prolongada de ingresos, sino también la calidad del empleo y la falta de apoyo para las personas que tengan la necesidad de buscar un trabajo acorde con sus capacidades y que no acepten el primer empleo que encuentran, ya sea en el sector informal o ya sea trabajando menos horas de las requeridas o aceptando actividades ilícitas.
En todo el mundo el principal objetivo de los esquemas de atención a personas desempleadas, es asegurar la estabilidad económica de la familia mientras consiguen un empleo; se busca que estas personas no acepten el primer ofrecimiento por necesidad, sino que tengan un tiempo razonable para buscar un empleo ad-hoc a sus capacidades.
La mayoría de los países de Europa cuentan con seguros de desempleo, al igual que Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, en América. Estos esquemas son variados tanto en sus formas de financiamiento como en los servicios de atención.
En cuanto al financiamiento, la mayoría de los países tienen una mezcla de recursos provenientes de los trabajadores, los empleadores y el Estado.
En cuanto al tipo de atención a las personas desempleadas, existen distintas experiencias de atención donde se otorgan apoyos al ingreso a través de seguros de desempleo, cuentas de ahorro individuales, asistencia económica básica, o empleo temporal, además de capacitación para la reinserción laboral y bolsas de trabajo.
Generalmente se utilizan combinaciones de estos elementos para proveer una atención integral.
La presente iniciativa propone un esquema amplio e integral a las personas en situación de desempleo para la cual se deberán realizar reformas legales a la Ley del Seguro Social, pero también será necesario modificar y fortalecer la atención que otorgan programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Desarrollo Social.
Esta propuesta integral incluye los siguientes seis puntos:
Primero. Atención médica gratuita durante el primer año de desempleo, que pase de ocho semanas a un año.
Segundo. Crear un fondo de desempleo dentro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que si no se usa para casos de desempleo, se conserve en la cuenta Afore individual.
Tercero. Creación de un fondo solidario de desempleo para asegurar al menos un salario mínimo de beneficio durante el desempleo.
Cuarto. Ampliación del programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social a las zonas urbanas.
Quinto. Fortalecimiento de los programas de capacitación y bolsas de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Nosotros desde el PAN rechazamos que el modelo que hoy se pretende crear de seguro de desempleo, utilice los fondos de los trabajadores a partir del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Ese dinero es de los trabajadores y de nadie más.
El gobierno no debe querer saludar con sombrero ajeno y es por eso que queremos que esta iniciativa sea considerada en el marco de la reforma constitucional para crear el seguro de desempleo para dar una atención integral en donde participen distintos modelos y distintos actores en el gobierno de la federación en nuestro país.
Le pido, señor Presidente, se inserte íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Se inserta íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados: hoy en esta tarde vengo ante este pleno a proponer una iniciativa de ley que tiene que ver con nuestro sistema alimentario y nuestra cultura. Me refiero a las 57 variedades de maíz existentes y sus variantes, ya que éstas son la base de nuestra civilización.
Todos sabemos que estamos viviendo en la era de la ingeniería genética y la biotecnología; es una época en la cual la modificación de los organismos vivos por medios, mecanismos e instrumentos científicos probados y experimentales están creando nuevas formas de vida e incorporando diferentes características en su mapa genético.
Pero las modificaciones a los seres vivos, ya sean vegetales, animales o marinos, se deben realizar con todas las medidas de seguridad disponibles a fin de que no sufran modificaciones que alteren su desarrollo evolutivo o bien su permanencia en la naturaleza y en los ecosistemas.
En el caso de los organismos modificados utilizados para el consumo alimenticio se debe lograr que no causen alteraciones a la salud. En tal virtud, los organismos transgénicos deberán ser debidamente clasificados e identificados para que su consumo sea seguro. Esto sólo se logra con un etiquetado adecuado e información precisa y transparente.
Los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en su composición algunos ingredientes procedentes de un organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas de ingeniería genética, un gen de otra especie para dotarle de alguna cualidad especial de la que carece y así pueda ser más resistente o resistir a plagas o factores medioambientales que de acuerdo a su composición natural no podría resistir.
La modificación genética requiere de un adecuado y preciso marco normativo que brinde seguridad a las personas y al medio ambiente para tener control, evaluación y medición de los riesgos que podrían representar.
Pese a lo anterior, aún no existen evidencias científicas comprobadas sobre sus beneficios o los daños que causan al medio ambiente o en la salud de quienes lo consumen.
Por lo tanto, es importante profundizar en ello y fortalecer la bioseguridad para evitar los riesgos preexistentes y tomar las medidas preventivas necesarias. En el caso del maíz, la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados plantea su protección especial por ser parte de la identidad y base esencial de la alimentación y la cultura mexicana.
Compañeros, compañeras, somos muy pocos los que estamos en esta sala. Les pediría poner atención, que su presencia valga la pena. Muchas gracias y se los solicito con todo respeto.
En este sentido y para garantizar el estado natural del maíz, así como su proceso evolutivo, se requiere establecer un marco jurídico que garantice la bioseguridad de los reservatorios genéticos nativos a fin de garantizar su permanencia y sustentabilidad en beneficio de las generaciones futuras, incluso, un banco genético que custodie y proteja su estado natural.
Así, la bioseguridad en general y del maíz en particular, en su escenario ideal debe abarcar la dimensión política y jurídica para ordenar y prever los riesgos relacionados con los seres vivos, principalmente en lo relacionado con la agricultura y la producción alimentaria para revertir la pobreza y las carencias alimentarias existentes en el país.
En lo referente al derecho humano a la alimentación, la bioseguridad es importante para lograr la seguridad, la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Cuando se introducen y liberan organismos vivos genéticamente modificados y sus derivados en un entorno natural no contaminado por estos organismos, en virtud de que puede generar procesos recombinantes y cambiar la evolución natural de las especies como ha sucedido a lo largo del proceso evolutivo de la naturaleza o, en su caso, afectar la producción y generar efectos contrarios a lo esperado.
Esta situación es sumamente compleja. Por ello se deben prever los riesgos y las condiciones bajo las cuales se pueden introducir y liberar organismos vivos modificados y sus productos derivados. Esto abarca la introducción y propagación de especies exóticas invasivas, genotipos exóticos, así como plagas de plantas y animales, enfermedades y zoonosis, es decir, las enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas.
Por estas razones se deben tomar todas las previsiones y precauciones que sean necesarias a fin de evitar la contaminación de los entornos naturales y de los ecosistemas, lo que implica evitar que se convierta en un negocio rentable que afecte a los productores.
Con el fin de proteger la extensa biodiversidad existente en el país, se debe aspirar con la reforma a esta Ley a impulsar un enfoque armonizado e integrado para que la bioseguridad pueda contribuir a reducir al mínimo los efectos potencialmente adversos en la salud, en la economía y de otra índole, como son los riesgos alimenticios que implican estos productos para las personas, la trasmisión de enfermedades de los animales a las personas, entre las plantas y peces de diferentes zonas geográficas o autóctonos. La introducción de especies exóticas de plantas y animales terrestres y acuáticos a diferentes ecosistemas y que por sus especialidades peculiares pueden ser nocivos.
La pérdida o extinción de biodiversidad y los cambios no deseados en los ecosistemas, la perturbación y cambios nocivos de los medios de subsistencia y las imposibilidades de obtener ingresos en las comunidades rurales y la industrias agropecuarias; la pérdida de confianza de los consumidores en el gobierno; la industria alimentaria y el suministro de alimentos transfronterizos debido a la globalización de las enfermedades y la falta de control de bioseguridad. La desconfianza existente entre ciudadanía y gobierno, así como la posible alteración económica de los precios debido a los riesgos existentes para la salud.
Visto todo lo anterior, no existe duda de que el Estado mexicano debe garantizar la adecuada protección de las personas en cuanto a su derecho humano a la alimentación y a la protección del medio ambiente. Por esta razón, de acuerdo a las facultades que nos confiere como legisladores nuestra Constitución, planteo la iniciativa de una reforma a los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 18, 28, 40, 91 y 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para garantizar la protección de los reservorios genéticos de la biodiversidad existentes en el país, principalmente de las diversas variedades existentes del maíz, por considerar que son un derecho humano al formar parte de la identidad y cultura alimentaria de los pueblos originarios y del pueblo de México en general.
Asimismo, busca fortalecer la bioseguridad y la regulación de los organismos genéticamente modificados para evitar que éstos puedan contaminar la biodiversidad existente, lo que implica transparentar las alertas internacionales sobre el consumo y efectos nocivos de los productos modificados y también evitar que los entes privados con fines de lucro se apropien mediante modificaciones de la titularidad del mapa genético de la biodiversidad existente en el país...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, le ruego que pudiera concluir con su intervención.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: ... con ello se pretende proteger el acceso a los beneficios de los productores y garantizar la alimentación del pueblo de México. Muchas gracias por su tolerancia. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día tenemos la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre, y a las dependencias federales para que adopten medidas tendientes a apoyar a la población de los municipios de Zirándaro y Huetamo, afectados por los fenómenos hidro-meteorológicos ocurridos 15, 16 y 17 de septiembre. Adelante, diputado.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: Con su permiso, señor presidente. Como es de todos sabido, los pasados 15, 16 y 17 de septiembre de 2013 varios estados de las República Mexicana, entre ellos Guerrero y Michoacán, sufrieron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la depresión tropical Manuel y el huracán Ingrid, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves, afectación de carreteras y desbordamiento de ríos y presas que han puesto a la población en situación vulnerable y de grave peligro; pues no solo ha perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física y hasta su vida.
El estado de Guerrero, el más afectado del país cuenta con varios ríos y presas que al desbordarse afectaron gravemente las localidades de Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Ziritzícuaro, Las Puntas de Cujarán, El Surandaníco, El Mulato, en el municipio de Sirándano, por su cercanía con el río Balsas.
En el estado de Michoacán también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago Comguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenándio, que se ubican en la ribera del río Balsas y del río bajo Tacámbaro.
Los daños en estos dos municipios perjudicaron a más de 6 mil 954 habitantes, lo que representa mil 707 viviendas colapsadas, siendo como siempre la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada.
Cabe hacer notar que la Secretaría de Gobernación, en sus boletines 285 y 289 de fecha 21 de septiembre del año en curso, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Zirándaro y Huetamo, respectivamente, a petición de los gobiernos de Guerrero y Michoacán, por lo cual se activaron los recursos del Fonden, cuestión que por supuesto agradecemos a ambos niveles de gobierno.
No obstante, la ayuda que se ofrece es limitada; es decir, se reduce a atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada, dejando del lado la reconstrucción de viviendas, la recuperación de sus enseres domésticos, la ayuda por la pérdida de sus sembradíos de maíz, sorgo y ajonjolí, así como su incorporación al Programa de Empleo Temporal.
Por lo anterior, consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación amplíe su declaratoria de emergencia y la califique como declaratoria de desastre natural, a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, y en el contexto de dicha declaratoria, que se asignen recursos para la reconstrucción, para la restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros.
Por otro lado, es urgente que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del Programa Hábitat, apoye con enseres domésticos a la población, así como también brinde su apoyo con el programa de Vivienda digna.
Lo mismo ocurre en el caso del empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social y que también puede financiarse con recursos del Fonden para propiciar la pronta reactivación económica de las zonas afectadas.
De igual forma, solicitamos la intervención de la Sagarpa, a efecto de que active el programa de Prevención y Manejo de Riesgos bajo el componente Atención a desastres naturales en el sector agrario y pesquero.
Fondo de apoyo rural por contingencias climatológicas y así apoyar a los productores de bajos ingresos que perdieron totalmente sus cosechas a causa de los fenómenos naturales por todos conocidos.
En el mérito de lo anteriormente referido se somete a su consideración la proposición con los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación Federal, con la finalidad de incluir en su declaratoria de desastre natural a que hacen referencia las reglas generales del Fondo Nacional de Desastres, las medidas necesarias tendentes a apoyar las comunidades mencionadas de los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ya citado.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Desarrollo Social y de Sagarpa, del gobierno federal, a destinar recursos provenientes de los programas Hábitat y Vivienda, Empleo temporal y de apoyo a los sembradíos siniestrados, respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.
Tercero y último. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, así como de los municipios de Zirándaro y Huetamo, para que en un ambiente de coordinación institucional propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los daños del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, sí se considera de urgente resolución.
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Está usted en la lista de oradores. En consecuencia, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, durante el mes de septiembre la confluencia del huracán Ingrid y de la tormenta tropical Manuel dejaron precipitaciones fluviales record en nuestro país y afectaciones a la vida de por lo menos 1 millón 200 mil personas.
Los daños registrados son considerados incalculables por la Secretaría de Gobernación y las afectaciones a la población apenas se comienzan a conocer, debido a que muchas comunidades quedaron incomunicadas y recién se reconoce su grado de afectación. Tal es el caso de los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, los cuales al igual que muchos otros resistieron de las lluvias por la confluencia de dos meteoros de los que no existía registro en por lo menos 60 años.
En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza reconocemos y nos unimos a la emergencia que en estos momentos deben enfrentar las nueve poblaciones de Huetamo, Mechoacán, y las 12 comunidades de Zirándaro en Guerrero, que se asientan en la Riviera del Río Balsas.
Al unirnos a este justo reclamo también solicitamos la vigencia estrecha de las autoridades competentes para que los recursos destinados por los tres órdenes de gobierno, así como los de la población civil lleguen por igual a todos los afectados y se evite en lo posible el desperdicio, el uso faccioso del reclutamiento de estas ayudas.
En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza sabemos que los recursos económicos y en especie, que se destinen a las poblaciones afectadas, sean inferiores a las que se requieren. Es por eso que de la estrecha vigilancia de los recursos destinados deberá ser requisito indispensable para ejercerlos.
En este sentido hacemos un llamado para que las autoridades realicen un censo en el menor tiempo posible y que vigilen estrechamente que la comunidad –y se revisen las aplicaciones de los recursos para resarcir los daños que se ocasionaron por estos eventos meteorológicos inusuales.
La Declaratoria de Desastre, que le corresponde a la Secretaría de Gobernación, deberá aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, coordinados con la Secretaría de Desarrollo Social para poder ayudar en la aplicación de Programa de Trabajo Temporal, lo cual es imprescindible para todos los compañeros afectados.
En este sentido sabemos que es bienvenida toda la ayuda, por eso la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atenuar a los efectos de la desgracia en que viven los habitantes de estos municipios, mediante la aplicación de programas como Hábitat, que permite el acceso a enseres domésticos.
Al dar el voto a favor para el presente punto de acuerdo también hacemos un llamado a los ediles de los 312 municipios afectados en el país, para que a fin de evitar desgracias como la ocurrida –que reporta pérdida de 123 vidas humana y 68 desaparecidos a nivel nacional en 26 estados de la república– se realice la reubicación de estas poblaciones a fin de evitar más daños en el futuro como nos ha pasado en esta época de lluvias. Muchas gracias, señores diputados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ha quedado claro en México y en el mundo la incapacidad del gobierno de Peña Nieto, para atender la emergencia del 15, 16 y 17 de septiembre.
La verdad es que no fue la instrucción de Osorio Chong, que salen a dar la conferencia de prensa del 30 de octubre. Entonces la presión de los medios de comunicación, todos sabemos que el señor Luis Puente andaba en Las Vegas, que no se tomaron las medidas. Ya eso hay que recordarlo, porque de este informe que dan lo vimos lleno de omisiones, de mentiras y ya habrá tiempo de tratar esto.
Sin embargo, la Cámara no puede estar en ese tono de circunstancias. Ya el 30 de septiembre de este año, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, yo les pediría que checaran a los señores del PRI, la declaración de Desastre Natural y ya incluye a estos dos municipios, entre otros tantos.
Como sabemos que el gobierno federal, sus responsables, el propio presidente de la Republica, el secretario de Gobernación, por no hablar ya del de Protección Civil, el Fonden y otros, pues nos preocupa que en la fase de recuperación, en la fase de rehabilitación no se estén haciendo las cosas como se debe. Ya salieron los medios de comunicación, ya no es nota de primera plana, ya quedan los damnificados, quedan los afectados, y ahora sí, que dios los bendiga, porque no se están tomando las medidas necesarias y esto, los que están atentos a lo que ocurre, pues podrán dar fe.
Nosotros estamos proponiendo y dejamos en la mesa, una propuesta para que el punto de acuerdo sirva en este momento a la rehabilitación y a la recuperación, y en ese sentido tenemos que empoderar a la sociedad.
Nosotros estamos proponiendo, y ahorita darán cuenta los secretarios, que se publiquen los montos de los recursos del Fondo de Desastres Naturales destinados para atender cada uno de los municipios que ya están contenidos en las declaratorias de emergencia, no nada más de estos dos municipios, de todos, que sepamos qué fondos ya están destinados ahí; así como el padrón de beneficiarios; porque luego Peña Nieto anda diciendo que va casa por casa, y me recuerda a eso de voto por voto, casilla por casilla, porque parece que le quiere dar un uso político-electoral a las cuestiones de desastre del país.
¿Cómo eliminar eso? Pues que publiquen los montos y los padrones de beneficiarios. Es lo mismo que tendríamos que pedirle a la Sedatu, que nos diga qué programas y acciones de apoyo se han implementado en estos municipios donde se dio la declaratoria de Desastre Natural, en todos, así como padrones de beneficiarios, porque si no, ya les digo, van a andar voto por voto, casilla por casilla. Es tema, y si no súbase a la tribuna, diputado.
Por último, hay que pedirles a los estados donde fue la emergencia, los avisos que se publiquen y alertamientos comunicados por el Sistema Nacional de Protección Civil, porque esto no ha acabado aquí, todavía tiene que haber un deslinde de responsabilidades. La justicia, aunque tarde, algún día debe de llegar a los que fueron responsables. Sobre todo que nos informen las acciones de atención y mitigación de riesgo que han implementado para atender a los damnificados.
Yo creo –culmino– que si el PRI está en que es el que promueve este punto en atención a dar una mejor atención a los ciudadanos afectados en esta etapa de recuperación y de rehabilitación, primero, no lo circunscribe a dos municipios, sino a todos los afectados y como les encanta la transparencia, pues no dudamos que aprueben este punto que lo dejamos aquí en la mesa para ser sometido a valoración y discusión. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sólo le recuerdo que para aceptar propuestas de modificación tiene que venir por el grupo parlamentario promovente. Le pediría que de una vez lo fuera platicando con ellos.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se adhiere a este punto de acuerdo porque consideramos que estos municipios realmente han sido afectados y requieren la ayuda.
Sin embargo, la mayor parte de los temas, ya lo han mencionado los compañeros, pero quiero expresar que son tres puntos. La postura de Movimiento Ciudadano ante el apoyo de este punto de acuerdo; y, el segundo, es la importancia que tiene la investigación acerca de los responsables.
Punto número 1. En Chihuahua hubo un accidente automovilístico en un espectáculo en donde los promotores del espectáculo no siguieron la reglamentación correspondiente ni los protocolos adecuados para resguardar la seguridad de la población y hubo una serie de decesos; lamentables decesos. Lo que ocurre es que inmediatamente –en menos de 24 horas- se encuentra detenido el chofer y los responsables de esta situación por no seguir los protocolos de seguridad.
Aquí lo que ocurre ahora es que tenemos un desastre natural en donde no se siguen los protocolos de seguridad, no se dan los avisos y no hay ningún detenido y siguen en libertad. ¿Por qué no se ha hecho la investigación? ¿Solamente en Chihuahua hay justicia, en el país no hay y en Guerrero no va a haber justicia? ¿Por qué, quienes son responsables de no haber avisado en forma oportuna siguen en libertad? ¿Por qué no ha actuado el gobierno federal?
Quiero leerles algunos puntos de referencia que se mencionan. Se ha dicho que los estragos se debieron a la deforestación, el cambio climático, la naturaleza incontrolable, entre otros. Pero expertos de la UNAM opinan que las causas van más allá en relación a la falta de la planeación urbana y de una enorme desigualdad; incorrectos asentamientos en lugares fluviales. Pero dicha negligencia no es un secreto. La comunidad internacional ha sido muy puntual al evaluar la tardía acción del gobierno federal que derivó en tantas pérdidas económicas y humanas.
Conagua avisó sobre Ingrid y Manuel; Protección Civil no alertó. ¿Qué nos está diciendo este punto? Que hay dos dependencias que no están de acuerdo. Una dice que sí alertó y la otra no. ¿Quién es el responsable de esta situación?
La Comisión Nacional del Agua advirtió desde el viernes 13 de septiembre –dos días antes de que Ingrid y Manuel tocaran tierra- sobre la peligrosidad de ambos fenómenos meteorológicos que representaban a los estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, etcétera.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Protección Civil no alertó a estas comunidades. ¿Quién tiene la culpa? Protección Civil, negligencia oficial.
“El secretario de Gobernación Osorio Chong considera –esto es de La Jornada– que las críticas al gobierno son injustificadas porque no se podía prever la magnitud de la tormenta. Es muy difícil saber exactamente los alcances que va a tener el fenómeno”.
Y por su parte el titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, también declaró. “fue imposible calcular la magnitud de los fenómenos naturales porque el fenómeno estuvo estacionado durante varias horas en el mar, en un ambiente que le generó más líquido del previsto”.
El funcionario ligado al sector turismo en su carrera, no tiene idea de lo que está diciendo, como siempre. Cuando los funcionarios abren la boca sale un río de ignorancia y contradicciones.
Dice La Jornada: “La mejor prueba de que sí era posible determinar que la población corría riesgos mayores, está en los mapas del Centro de Ciencias de Atmósfera de la UNAM”.
Cualquiera puede consultarlos en la muy útil página del CCA, una de las series de mapas del Grupo Interacción Oceánica Atmosférica, sirve como pronóstico de precipitación acumulada total para un horizonte de 120 horas a partir del punto inicial.
Los pronósticos meteorológicos son elaborados con un modelo de predicción numérica de meso escala elaborado por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.
La situación se agrava más; estamos en peligro. La semana pasada declaró el director de Conagua. “Que la contingencia no fue atendida correctamente porque no tiene los equipos necesarios para poder medir la contingencia que venía en camino”. Que él había mandado ya una carta al gobierno federal diciendo que necesitaba más recursos y que no fue atendido, que la mayor parte de su club equipo en todos los estados es inoperante.
Por lo tanto, compañeros diputados, pongamos atención a este punto: “el país –de acuerdo a la declaración del director de Conagua– sigue en alto riesgo por los demás fenómenos que van a llegar”, porque no tiene equipo, supuestamente para medir las contingencias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Aprovecho para dar la bienvenida a un grupo de alumnos del Instituto para la Educación Integral del Bachiller, que están hoy aquí en la sesión. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, por supuesto en esta ocasión la postura de la fracción del Partido Verde es a favor de este punto de acuerdo porque sabemos que muchos de los estados siguen con muchas complicaciones.
Pero queremos reconocer las acciones que ha tenido el gobierno federal, porque como sabemos, ya van destinados más de mil 500 millones de pesos del Fonden.
Si bien es cierto ha sido de manera poco expedita, pero también hay que reconocer que todavía falta mucho por hacer sobre todo e los municipios y estados donde hubo mayor marginación.
En aquellas localidades ya se empieza a caer en la desesperación porque están en total indefensión nuestros hermanos de estas comunidades. Empieza la carencia de alimentos, empieza la desesperación por toda la pérdida de pertenencias que tuvieron y también por el extravío e incluso por la muerte de sus familiares.
Tenemos que ser muy claros y mucho más severos posteriormente en el ordenamiento en materia de construcción porque, como sabemos, gran parte de estos problemas que se dieron fue por la mala planificación y, mencionémoslo también, por la corrupción que ha habido a la hora de entrega de estos permisos para construcción de vivienda en zonas donde no debe de hacerse.
Otro tema que tenemos que resaltar y al que le tenemos que poner mucha atención es el seguir generando la cultura de protección civil porque si hubiera esta cultura, si hubiera este conocimiento, seguramente nos ayudaría para evitar muchas más muertes o muchas tragedias.
En Michoacán, como ya se ha mencionado, son más de 20 los municipios que se han afectado y donde día a día se vienen agudizando las necesidades por la desesperación y la falta de apoyos.
No se puede permitir que la gente de escasos recursos se siga estableciendo en laderas de cerros o lechos de ríos. Esto es lo que viene causando principalmente este problema.
Por ello creemos muy oportuno este exhorto y por supuesto estaremos a favor. Como ya se dijo por el diputado Ladrón de Guevara, ya se incluyeron como municipios en zona de desastre, pero lo que pedimos también es que se ayude a los más de 171 municipios que han venido padeciendo este tipo de problemas.
Sumarnos también al exhorto que se ha hecho al secretario de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la secretaria de Desarrollo Social para que puedan seguir bajando, de manera pronta, expedita, los diferentes programas que manejan en estas secretarías.
Nos queda claro que con estas acciones, más este exhorto que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, contribuimos de manera muy puntual a superar la crisis que hoy en día viven nuestros hermanos.
Por supuesto a favor y enhorabuena por las acciones que sigue emprendiendo el gobierno federal. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos el diputado Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Antonio García Conejo: Con su anuencia, señor Presidente. Estimados diputados, diputadas de este pleno. Compañeras, compañeros: es oportuno reconocer que por primera ocasión, después de acontecido un fenómeno de esta magnitud, los recursos derivados de la declaratoria de emergencia y desastres naturales han fluido con la necesaria celeridad en ciertos lugares. En otros, aunque quisiéramos no podemos decir lo mismo.
Esto se debe, en buena medida y más allá de la voluntad de funcionarios, a que se trabaja con una nueva ley, fruto del esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros de la legislatura pasada.
Sin duda alguna la nueva Ley General de Protección Civil vigente del 6 de junio de 2012 –y vaya forma de estrenarla- justo cuando se presentaron dos fenómenos hidrometeorológicos simultáneos en el Océano Pacífico, el huracán Manuel y en el Golfo de México, por la tormenta Ingrid, que han afectado en forma directa e indirecta a más de un millón y medio de personas.
Desde el 14 de junio de 1958 no ocurrían simultáneamente dos fenómenos meteorológicos cuya conjunción provoca una mayor intensificación y extensión de lluvias causando severos estragos y daños por inundaciones y deslaves.
Sin embargo y a pesar de que varios de los municipios de los estados siniestrados han sido ya objeto de alguna declaratoria, no se han considerado algunos que debieran haber sido declarados en desastre ya que la gravedad de los daños por inundaciones y los deslaves así lo ameritan.
Es importante, compañeras y compañeros, tener presente que son dos cosas diferentes: una es declarar “zona de emergencia” y otra es declarar una “zona de desastre”. Sin duda, muchos municipios fueron declarados zona de emergencia, pero no han sido declarados zonas de desastre, es el caso del municipio de San Lucas, en Michoacán y los municipios de Villa Sola de Vega, Santa Cruz Zenzontepec, San Francisco Cahuacua, Zapotitlán del Río, Juquila, San Mateo Yucutindoo, Santa Cruz Mitlatongo, Santiago Juxtlahuaca en el estado de Oaxaca.
El Partido de la Revolución Democrática apoyo, apoya, apoyamos el punto de acuerdo. Por eso es que solicitamos muy atentamente a los promotores del punto de acuerdo, con la anuencia de esta honorable asamblea, incluir a estos municipios en el exhorto modificando el resolutivo primero y tercero del punto de acuerdo para quedar como sigue:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades al titular de Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil por el conducto de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para que emita a la mayor brevedad la declaratoria de desastre natural a que hace referencia en los artículos 60, 61 y 74 de la Ley de Protección Civil para atender los daños a la infraestructura, equipamiento público, los comercios y las casas-habitación de la población de los municipios de Zirándaro, en Guerrero; Huetamo y San Lucas en Michoacán, y los municipios Villa Sola de Vega, Santa Cruz Zenzontepec, San Francisco Cahuacua, Zapotitlán del Río, Juquila, San Mateo Yucutindoo, Santa Cruz Mitlatongo, Santiago Juxtlahuaca y la región de la Mixteca, Sierra Sur, la Costa y el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, afectados por las lluvias severas y deslaves derivados de la conjunción de la tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel. –Termino, presidente.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, a activar el programa de Empleo Temporal, considerando en su Presupuesto 2013 para la reconstrucción de carreteras y caminos, así como para atender las necesidades de la población en las localidades y municipios de Zirándaro en Guerrero, Huetamo y San Lucas en Michoacán y los municipios de Villa Sola de Vega, Santa Cruz Zenzontepec, San Francisco Cahuacuá, Zapotitlán del Río, Juquila, San Mateo Yucutindoo, Santa Cruz Mitlatongo, Santiago Juxtlahuaca y la región de la Mixteca, Sierra Sur, La Costa y el Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, afectados por la tormenta tropical Ingrid y Manuel. Muchísimas gracias, compañeros, por su tolerancia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional emitirá un voto a favor en este tema, porque ante estas situaciones no podemos mantenernos ajenos.
A días de los embates ocasionados en diversas entidades federativas por fenómenos meteorológicos que se presentaron al mismo tiempo en océanos diferentes, aún se continúan estableciendo el recuento de los daños, buscando los mecanismos para apoyar a los cientos de miles de afectados, pero hasta el momento tales acciones emprendidas no pareciesen suficientes.
Reconocemos los diferentes esfuerzos efectivos, pero destacamos aún más la gran solidaridad de la sociedad civil que se ha sumado en apoyo de los afectados, demostrando una gran colaboración mutua y proyectando un sentimiento de unidad que ha sido ejemplo de apoyo entre los mexicanos.
Ante la pérdida del patrimonio de muchas personas es necesario tomar acciones concretas. Nos sumamos a diversos posicionamientos expresados en los que se ha pugnado por la declaratoria de zona de desastre en diversos municipios en donde se sufrieron severos daños, en lo que se refiere a los conceptos de infraestructura, salud y vivienda. Todo esto ha significado la declaratoria emergente para 312 municipios de 14 estados.
Hoy, habitantes de diversas localidades del municipio de Zirándaro, Guerrero y de las localidades del municipio de Huetamo, Michoacán, que requieren una atención inmediata por los daños que sufrieron en días pasados. Lo urgente fue dar atención inmediata a los damnificados y ubicarlos en lugares seguros para salvaguardar su integridad física.
Recordemos que en el denominado instrumento financiero Fonden, se tiene por objeto que a través de la emisión de una declaratoria de desastres se puede proporcionar a recursos a las entidades federativas y dependencias federales para la reconstrucción de los daños ocasionados por un fenómeno natural perturbador a la vivienda de la población de bajos ingresos, así como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal.
No podemos evadir responsabilidades sobre las acciones que se pudieron emprender para la prevención. Lo cierto es que. al momento. las acciones que deben preocuparnos son para lograr los apoyos necesarios que permitan mitigar los daños.
Señoras legisladoras y señores legisladores, los diputados de Acción Nacional hacemos un atento llamado al Ejecutivo federal para que se brinde la atención oportuna a la población en conjunto; que se realice una evaluación puntual y exhaustiva de los daños y que se elabore un diagnóstico de las afectaciones en todos los estados y en los diferentes sectores económicos del país.
Para el Partido de Acción Nacional la persona humana es el eje rector, el centro y fin de nuestra acción política, por quien trabajamos para asegurarle los elementos necesarios para una vida digna.
Por tanto, consideramos necesario hacer un llamado a las autoridades competentes para que se instrumenten los mecanismos adecuados en atención a los afectados y que no quede solamente este respetuoso exhorto en una intención política. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la voz el diputado Lisandro Arístides Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Lisandro Arístides Campos Córdova: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, los fenómenos naturales que azotaron a nuestro país han puesto de manifiesto el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas comunidades de nuestra patria, cuya pobreza simplemente dificulta la posibilidad de enfrentar con mayor eficacia las contingencias ambientales. Mejores niveles de vida de la población nos permitirían enfrentar las dificultades con mayor eficiencia.
Estamos llamados a promover en este país una distribución más equitativa de la riqueza. Asimismo, tenemos la tarea de fomentar una cultura de la protección civil, que a la fecha sigue haciendo falta.
En este orden de ideas, dados los resultados del fenómeno natural y social al que nos enfrentamos, es claro que la declaratoria de emergencia es simplemente insuficiente para la magnitud del meteoro. Por lo mismo, es necesaria la declaratoria de desastre para que se incluyan apoyos que tienen que ver con la reconstrucción de la vivienda, empleo temporal, entre otros.
Los medios de comunicación han convertido este tipo de emergencias en un verdadero reality show, con graves consecuencias para las víctimas. Primero provocan que la ayuda se concentre ahí donde el show se pueda montar con toda facilidad y éxito, y que el mismo dure solo el tiempo que la tragedia sea noticia. Pasada la euforia y la novedad, los damnificados quedan totalmente olvidados con sus necesidades a cuestas; nadie vuelve a acordarse de ellos.
Segundo. El show deja afuera necesariamente a los pueblos y rancherías que no son un escenario digno y atractivo para el mismo, aunque es ahí, precisamente, donde más se nota la falta de obra contra inundaciones de edificios bien hechos que sirvan como albergues, de clínicas y hospitales para la atención de los enfermos y la falta de viviendas dignas y seguras que resistan temporales y temblores.
La acción selectiva de los medios incrementa el sufrimiento que de por sí conlleva este tipo de desastres.
Es por eso que estamos a favor de la proposición con punto de acuerdo en comento, pues pone de relieve la necesidad de emitir la declaratoria de desastre a las comunidades que se especifican, y por lo mismo, se toman en consideración comunidades muy pobres que fueron afectadas severamente y que requieren de nuestra solidaridad para salir adelante. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado, comuníquese.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente, para solicitarle, en virtud que el PRI no quiso ampliar la solicitud del exhorto a todos los municipios afectados, y sobre todo, evitar transparentar los beneficiarios de los programas, recursos asignados y otros temas que propusimos, le solicito se inserte este planteamiento en el Diario de los Debates para que la historia conozca quién es quién en esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado, quedará insertado en el Diario de los Debates.
Antes de pasar al siguiente punto de acuerdo, quiero aprovechar la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de integrantes de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que están aquí invitados por la Comisión de Salud, en razón de unos foros que se están llevando aquí, en la Cámara, en materia de hemofilia. Bienvenidos a la sesión, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado García Conejo.
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente, agradecerte la atención. A mí me hubiese gustado que hubiera preguntado a los proponentes el punto de acuerdo. Yo hice ahí dos propuestas dos puntuales, modificación en el primer y tercer punto de acuerdo. Lo he comentado con mis compañeros del Revolucionario Institucional y están en la mejor disposición, sobre todo al proponente.
Entonces, me gustaría que fuera incluida mi propuesta, para que estuviera contemplado el municipio de San Lucas, Michoacán, y aparte de Huetamo y Zirándaro, en Guerrero, y los municipios de Oaxaca que mencione.
El Presidente diputado José González Morfín: Lamento, diputado, pero no tuvimos aquí, en nuestras manos, una proposición de modificación firmada por el grupo promovente, que nos pudiera haber permitido darle trámite, pero el asunto ya fue votado. O sea, el Reglamento me impide darle trámite a proposiciones verbales y a proposiciones que no vengan del grupo parlamentario promovente. De verdad, lo lamento y aparte el asunto ya fue votado.
De todos modos, su intervención quedará registrada en el Diario de los Debates. Dígame, diputado.
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Sí, en este momento la va a firmar y le agradezco mucho la atención. Sé que fue votado, lo propuse, lo había comentado con ellos anteriormente, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Pues de verdad lo lamento.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de cuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de impuestos sobre la renta en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas, los gobiernos y los ciudadanos contribuyen al país con el pago del impuesto sobre la renta. Existen gobiernos que transforman la realidad y que cada peso que es otorgado desde esta federación se ocupa para la mejora continua de sus habitantes. A estos gobiernos, que cumplen con su encargo, más recursos y más apoyo.
En cambio, existen administraciones públicas que heredan a las subsecuentes su falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, específicamente en el impuesto sobre la renta, y esto se agudiza cuando hay una transición y en ocasiones bien sea de un partido a otro o del mismo partido, o a veces en periodos de más de seis meses.
Con esto se genera un caldo de cultivo para el desvío de recursos, para el daño patrimonial de las arcas municipales, pero principalmente al pueblo de México, por eso no se puede ocultar que hay gobernantes que usan y abusan de su encargo público con prácticas de corrupción y malversación de fondos.
En el último trimestre de 2012 la deuda de estados y municipios creció a casi 435 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los estados y municipios retienen los impuestos cobrados a sus trabajadores como recaudadores fiscales indirectos y, en algunos casos, el borrón y cuenta nueva beneficia a algunas administraciones que no son transparentes.
La condonación nace con el objetivo de fortalecer a los gobiernos para beneficio de los ciudadanos. Los gobiernos responsables contribuyen siempre con la información necesaria a favor de la transparencia y en la información necesaria también de la ejecución de los recursos etiquetados, recibidos o condonados, porque tienen la conciencia tranquila.
El 12 de febrero del presente año 19 contribuyentes, ciudadanos comunes, se ampararon contra el artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación, que condona el 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por el concepto de impuesto sobre la renta que cobran a sus empleados.
La ciudadanía contribuyente –que de manera responsable cumple con las obligaciones descritas en el Capitulo Segundo, De los mexicanos, artículo 31, fracción IV– manifiesta la imposición de la carga tributaria para contribuir con los gastos públicos, brindando la aportación del impuesto sobre la renta.
Ellos, los ciudadanos, no cuentan con la posibilidad de ser sujetos a ninguna condonación. Los impuestos deben ser proporcionales y equivalentes, sin sesgos ni castas beneficiadas. ¿Qué sucedería si un patrón aplica el borrón y cuenta nueva a sus colaboradores? Nueve años de cárcel. Mientras que las personas físicas y morales, responsables de su contribución con el país pagan puntualmente, los gobiernos cuentan con una condonación. Y, en todo caso, si existiera la exención fiscal debería considerarse que sea para los trabajadores que generaron el impuesto que dio pie a la recaudación.
Algunos estados y municipios se beneficiaron de la condonación del ISR y realizaron obras a favor de la ciudadanía, pero algunos gobiernos no lo hicieron y deben rendir cuentas. Se escudaron en el beneficio de la condonación para discrecionalmente contribuir y distribuir estos recursos con fines que la opinión pública desconoce al día de hoy. Con esto se genera un daño colateral para los contribuyentes cumplidos que brindan su aportación para el bien común de la nación, que no reciben respuesta en obra pública y social para el bien de sus familias.
Es necesario que se revise a fondo la aplicación de este recurso y, en caso de que exista daño a la hacienda pública o malversación de fondos, se sancione a los presuntos responsables de la forma correspondiente. Un México justo y equitativo se construye respetando la ley para beneficio de la ciudadanía, con transparencia, con rendición de cuentas, igualdad fiscal para los contribuyentes en responsabilidades y beneficios, evitemos resarcir adeudos de gobernantes irresponsables.
Por lo que pongo a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo en el cual se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se informe a la opinión pública, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, los montos de las condonaciones de los estados de la República y del Distrito Federal.
Exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, inicie las auditorías pertinentes para determinar cuál ha sido el destino específico de estos recursos y si los recursos condonados fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura, proyectos productivos, obras sociales y comunitarias, así como si estas obras se encuentran en proceso, concluidas o solo comprobadas documentalmente.
Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos estatales de fiscalización, se incluya en los planes de trabajo la revisión del programa de adeudos fiscales implementados por el servicio de administración tributaria, por mayor transparencia a favor de los ciudadanos que movemos a México y que pagamos el ISR.
Solicito al pleno aprueben este punto de acuerdo, con el que respondemos al encargo que México nos ha conferido; sin sesgo partidista, por la igualdad a favor de la ciudadanía, buscando la equidad fiscal entre gobiernos y ciudadanos, vamos por políticas de anticorrupción en los que se debe tener congruencia.
Solicito que el texto íntegro sea incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, así se hará. El texto se inserta íntegro en el Diario de los Debates. Ahora voy a pedir a la Secretaría, para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, se considera de urgente resolución. Tiene la palabra, para referirse a este tema, el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Las condiciones económicas por las que nuestro país atraviesa son preocupantes. Entre las principales deficiencias que México presenta se encuentra la recaudación fiscal, ya que ésta se caracteriza por una base de contribuyentes reducida, por costos de cobranza altos y por la evasión como una práctica cotidiana.
Al observar a otros países de nuestro continente encontramos que aun cuando Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay han duplicado la recaudación de 1980 a la fecha, México se encuentra estancado. Así, mientras en Brasil la carga tributaria total asciende a 34 por ciento, la nuestra se ubica en 12.9 por ciento si se excluyen los ingresos del sector energético.
De los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ocupamos el último lugar en la suma de recaudaciones fiscales como proporción del producto interno bruto con 19 por ciento, mientras Estados Unidos obtiene el 25.5 por ciento; Turquía el 31.3 por ciento; y el promedio en otras naciones es del 36 por ciento.
Resulta inaceptable que en nuestra nación se sigan utilizando los programas de condonación fiscal como una práctica cotidiana, cuando éstos representan una contradicción al principio constitucional que establece que los impuestos deben de ser proporcionales y equivalentes.
De este modo, mientras los ciudadanos comunes y corrientes pagan el ISR de manera puntual y sin posibilidad de exenciones, encontramos fiscales tanto para estados y municipios como para las grandes corporaciones.
No podemos olvidar que la irresponsabilidad con la que se han conducido algunos estados y municipios ha provocado un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras por más de 200 mil millones de pesos en tan solo cuatro años.
Actualmente la deuda de estados y municipios equivale al 14.7 por ciento de la deuda externa total. Es 3.5 veces mayor al monto asignado a educación en el 2012 y 4.7 veces lo destinado al desarrollo social.
En Movimiento Ciudadano estamos a favor del punto de acuerdo que se discute el día de hoy, el cual exige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a la opinión pública sobre los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR) en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal.
No obstante, vale la pena mencionar que las entidades y ayuntamientos no son los únicos que cuentan con exenciones fiscales, por lo que la proposición resulta necesaria pero no suficiente. También las grandes empresas cuentan con instrumentos que les permitan beneficiarse con miles de millones de pesos vía condonaciones.
Para evidenciar la magnitud del problema planteado basta con observar una de las últimas acciones del Sistema de Administración Tributación (SAT) de 2012 en matera de condonación de créditos fiscales, la cual significó un indulto por 73 mil 960.4 millones de pesos. A la fecha el Sistema de Administración Tributaria no ha proporcionado la información por tipo de contribuyente y nombre de beneficiarios, a pesar de recibir resoluciones del IFAI.
Es necesario desmantelar los grandes –concluyo, señor presidente- privilegios y exenciones que tienen las cúpulas del poder económico y eliminar los privilegios fiscales y adoptar un verdadero régimen proporcional y equivalente.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la presidencia. Se propone al pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para que sea considerada como de urgente y obvia resolución, en relación con la disposición aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación, para otorgar estímulos fiscales y facilidades administrativas que se materializan en la condonación de ISR a entidades federativas y municipios.
La proposición que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es muy relevante porque la información que proporcione la Secretaría de Hacienda, servirá para evaluar si haber otorgado este apoyo fue positivo para los gobiernos locales, pero sobre todo que no se haya prestado a excesos.
Este tipo de disposiciones aunque pueden parecer adecuadas y benéficas para los contribuyentes y para la autoridad, dado que resuelve créditos de muy difícil recuperación, sin embargo se prestan a malas interpretaciones. Recordemos la condonación al Grupo Televisa de 3 mil millones de pesos.
Además durante los primeros seis meses del 2013, hay indicadores de la recaudación tributaria que se ha comportado por debajo de las estimaciones que se hicieron cuando fueron aprobados los Criterios Generales de Política Económica.
El desempeño de la economía mexicana durante el 2013, genera severas dudas sobre una posible recuperación durante los meses que restan y mucho menos en el 2014.
En este contexto hay que ser muy cuidadosos con las disposiciones que deban incorporarse en materia de estímulos fiscales.
Sería muy preocupante que de la información que se entregue por la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación, que los recursos que le fueron perdonados a las entidades federativas y municipios, fueron utilizados para gasto corriente y gastos de carácter superfluo.
La disposición contenida en el artículo 9o., último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación, da la oportunidad de condonación del ISR retenido a los trabajadores de estados y municipios.
Lo anterior implica que el impuesto retenido no se ha enterado al SAT. Por ello es imperativo convocar y conocer el monto del impuesto condonado y para qué fines fue utilizado.
No debemos olvidar que la Constitución Política en el artículo 31, fracción IV señala que “todos los mexicanos debemos de contribuir a financiar el gasto público”.
Por las razones aquí señaladas votaremos a favor del punto de acuerdo en comento. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, diputado Presidente. Agradezco la atención de los muy escasos pero también muy responsables diputados y diputadas que se encuentran aquí presentes.
Me corresponde, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, exponer las razones por las cuales nuestro voto es a favor del dictamen ahora en comento.
El artículo 9 de la ley de ingresos faculta a los gobiernos locales a adjudicarse los impuestos cobrados a sus trabajadores en su función de recaudadores fiscales indirectos. En la práctica esto constituye a todas luces un rescate financiero a estados y municipios, en la medida en que cancela pasivos a entes irresponsables y se manda un mensaje de premio a aquellos estados y municipios o corruptos o con administraciones ineficientes.
Tal hecho contraviene la fracción IV del artículo 31 constitucional que prescribe que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales.
La deuda total de los estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años y si bien representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, vale recalcar que no todos los estados y municipios están endeudados; esto como muestra de que las cosas pueden hacerse diferentes.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los gobiernos estatales que tienen un nivel relativamente elevado de deuda ocurre cuando sus pasivos superan el 100 por ciento de los recursos del Ramo 28. Tal es el caso de estados como Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, los cuales en el 2012 mostraron una deuda equivalente a más de 100 por ciento en dicho rubro.
Llamamos la atención sobre la opacidad y la falta de transparencia en el proceso, toda vez que el monto de la deuda fiscal condonada no se conoce en virtud de que, mediante convenios con el gobierno federal que no se hacen públicos, se llevan a cabo.
Esta situación constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle siquiera la cuantificación correspondiente.
Sostenemos que la condonación fiscal no es el camino ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento al Estado mexicano y violenta, como ya dije, la equidad de las personas en nuestro país. Están generando un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal mostrando a los contribuyentes cumplidos que no tiene ningún sentido ser responsables.
A los gobernadores y a los presidentes municipales se les está dando el beneficio de estos fondos; no fue una exención fiscal de algún tipo, ya que los trabajadores generaron el impuesto y los gobiernos irresponsables o corruptos sólo se la apropiaron.
Para el PRD es indispensable que en esta coyuntura en el marco que estamos dando y daremos de la reforma fiscal y hacendaria, demos el mensaje a la ciudadanía que una recaudación mayor debe ir acompañada siempre de una mayor transparencia.
Es cuanto, señor Presidente, y solicitaría a usted se revise el quórum. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos Octavio Castellanos: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el punto de acuerdo que hoy estamos tocando es de trascendental importancia. Toca no sólo el tema de la recaudación de la cual el gobierno federal se hace de los recursos para poder llevar a cabo las obras, los programas sociales y el pago de todo aquello que es necesario para que el país pueda caminar con un rumbo fijo.
Hoy estamos discutiendo en esta tribuna la aplicación de una condonación que se hizo, en el cual en este año 2013 los estados, quienes son además obligados a retener el impuesto sobre la renta de sus trabajadores, nada más le va a hacer un entero del 40 por ciento, es decir, tiene un 60 por ciento de deducción del pago del impuesto sobre la renta y para el año 2014, de un 30 por ciento.
Esto es a todas luces inequitativo con respecto a aquellas personas que tributan y que generando empleos tienen que enterar día a día las cantidades de dinero del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, so pena de que el administrador de las nóminas de las empresas tiene responsabilidad penal en caso de no hacerlo.
Pongo un ejemplo, el ejemplo de mi estado, Chiapas, donde se aplica la ley, no sólo en el pago del impuesto sobre la renta, sino también en la aplicación de la ley a aquellas personas que hacen disturbios y aquellas personas que hoy en día no se dedican a trabajar y están violentando.
Hago un llamado a otros gobernadores de los estados que apliquen la ley en sus estados. Hago un llamado a Oaxaca, hago un llamado a Guerrero y a todos los demás estados que han permitido que hoy en día no se aplique la ley y haya desmanes en el país.
Estamos seguros que lo que necesita es país es trabajo, que lo que necesita este país es que cada quien asuma las responsabilidades que debe de tener. Contribuir es una de las principales responsabilidades, lo deben hacer los individuos, lo deben hacer los estados, lo deben hacer los municipios, y así como hoy exigimos que estados y municipios paguen su impuesto sobre la renta, también alzo la voz para que la Federación y las entidades federativas paguen los impuestos prediales a los municipios que de ahí toman los recursos para poder afrentar los servicios públicos que debe llevar la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Glafiro Salinas Mendiola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores: en Acción Nacional estamos seguros que el principio de la eficiencia en el ejercicio de los recursos de nuestro pueblo y el principio de la transparencia son fundamentales para generar, por un lado, un desarrollo económico sustentable y por el otro lado, un país sin corrupción.
Un gobierno que sustente su democracia en la claridad y en la transparencia. Y decimos esto porque el año pasado, con el propósito de apoyar a los estados y a los municipios esta Cámara aprobó la condonación del pago del impuesto sobre la renta, es decir se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013 un beneficio sobre el cargo de impuesto sobre la renta a los trabajadores, equivalente al 60 por ciento en este año y el 40 por ciento para 2014.
Con ello, tanto estados como municipios han podido quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores. Sin embargo, este acto de buena fe mostrada por nuestra Cámara de Diputados no ha sido correspondida con la mayor transparencia y la eficiencia en el gasto de los recursos de nuestro pueblo. No podemos permitir que estos actos de buena fe en materia presupuestal tengan como respuesta inmediata el desvío de estos recursos a campañas políticas, o lo que es peor, los bolsillos de funcionarios públicos corruptos y no la inversión a favor de nuestra gente y de nuestro pueblo.
Ejemplos claros los tenemos en el estado de Veracruz, donde más allá de la condonación citada se le ha permitido al gobierno del estado contar con recursos adicionales, sin embargo, el gobernador Javier Duarte pareciera estar de acuerdo que estos recursos sigan ampliando las cuentas bancarias de sus funcionarios en detrimento y deterioro del pueblo que gobierna y que tanto necesita de estos recursos. Estamos seguros que si esto sucede en este estado, está sucediendo en otras entidades.
En mi partido, Acción Nacional, estamos convencidos que el mayor pecado de un partido político o de nuestro gobierno es no velar por el bienestar de su pueblo y de su gente. Por esta razón el día de hoy mi partido votará a favor del presente punto de acuerdo y solicitamos su voto para exhortar al sistema administrativo tributario, como la Auditoría Superior de la Federación, a que nos indiquen de qué manera y precisa en qué se ha ocupado el recurso que a cada entidad se le ha condonado. A cuánto asciende este monto por cada entidad federativa y por supuesto saber si los recursos condonados fueron utilizados para subsanar necesidades y la infraestructura y proyectos de nuestro pueblo, y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y de presidentes municipales.
Termino diciendo que, si como partidos políticos despreciamos el bien común anteponiendo los intereses individuales a los de nuestra nación y a los de los ciudadanos, no seremos capaces de dar respuestas a las exigencias que hoy mismo y en un futuro demandará nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, en la lista de oradores tiene el uso de la voz el diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Francisco Alberto Zepeda González: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presento al pleno de esta Cámara, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, posicionamiento con relación al punto de acuerdo sobre las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el párrafo cuarto del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieren adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, expresa que se les extenderá el beneficio referido en el artículo 2o., fracción I de dicho decreto hasta el ejercicio fiscal 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente de los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012.
Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo 2o., fracción II del mencionado decreto, podrán aplicar 60 por ciento para 2013 y 30 por ciento para 2014.
La disposición anterior atiende a una medida excepcional para apoyar la economía de los estados más endeudados. En la Ley de Ingresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se contempla la condonación a los estados y municipios que no hayan pagado el impuesto sobre la renta que retienen a sus trabajadores.
Bajo el anterior orden de ideas, la posición favorable del Grupo Parlamentario del PRI a este punto de acuerdo responde a nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. De ahí el impulso decidido a las reformas constitucionales a los artículos 73, 79, 116 y 117 en materia de disciplina financiera a estados y municipios.
La ciudadanía debe conocer los montos de las condonaciones en materia de impuesto sobre la renta en cada uno de los estados del país, en el Distrito Federal, en sus delegaciones y por supuesto en los municipios; ya que la transparencia es una condición fundamental en un Estado democrático.
Esta Cámara tiene como función primordial el control presupuestal, de ahí que la Auditoría Superior de la Federación sea el órgano coadyuvante para revisar, analizar y fiscalizar la cuenta pública.
En ese sentido resulta oportuno verificar y garantizar que los recursos condonados a los estados y municipios, al Distrito Federal y sus delegaciones, así como organismos descentralizados y autónomos por concepto de impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012, que fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de servidores públicos.
La rendición de cuentas, la transparencia, la legalidad son asuntos de alta prioridad en la agenda nacional. Estamos convencidos que para que este país supere el rezago social y combata la corrupción de manera frontal, es menester que las instituciones gubernamentales y los funcionarios públicos caminen por la vía de la legalidad, rindan cuentas de cada peso que corresponda al erario público y de cada acción que se realiza en el ejercicio de su encargo. Pues no solo las acciones sino también las omisiones, pueden ser objeto de responsabilidad. Término, señor presidente.
De conformidad con lo anterior y toda vez que el control efectivo, la vigilancia y la transparencia en los actos gubernamentales son elementos insustituibles de la buena gobernabilidad y pilares de la vida republicana es que otorgaremos nuestro voto favorable a la proposición de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Concluida la lista de oradores voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado, comuníquese.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Diputado presiente, muchas gracias. Con mucho respeto, sé que usted se va a apegar al Reglamento y me va a decir que no hay votaciones, pero es una pena que no haya quórum en este momento. Yo le rogaría que hiciera eco de lo que el diputado Cházaro manifestó al inicio de su intervención y que se pudiera verificar el quórum, porque creo que ésta es de las sesiones de esta Legislatura donde menos diputadas y diputados hay. Estamos, quizás, menos de una quinta parte de los diputados electos a esta Legislatura.
Le ruego que pudiera tomar medidas, presidente, por la dignidad de esta Cámara. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice y ya tomamos medidas, ya avisamos a través de las coordinaciones de los grupos parlamentarios. No existe en nuestro nuevo Reglamento la figura de rectificación de quórum. Sí existe la posibilidad de pedir la votación nominal, es la única forma de confirmar si existe o no quórum. Pero en este momento lo que vamos a hacer es tocar la chicharra allá afuera, para que los diputados que estén todavía presentes en el recinto de San Lázaro, se vengan a este recinto de sesiones.
El Presidente diputado José González Morfín: Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, le pido a la Secretaría dar lectura. Es una propuesta de modificación del orden del día, para cambiar el punto de urgente resolución que está en la agenda por uno con un tema diferente, pero del mismo grupo parlamentario.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Junta de Coordinación Política. Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
Con fundamento en el artículo 64, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente una modificación al orden del día en el capítulo de proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución para que la proposición por la que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD, sea sustituida por el siguiente:
Proposición con punto de acuerdo en relación a la autorización de la licencia de construcción otorgada por el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al proyecto Dragon Mart Cancún, a cargo de los diputados Miguel Agustín Alonso Raya, Francisco Arroyo Vieyra y Graciela Saldaña Fraire.
Atentamente, firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para hablar a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Es que no hay un punto de acuerdo. Es una comunicación, y las comunicaciones no se discuten. Tengo que plantear a la asamblea si se modifica el orden del día.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Bueno, comentamos nosotros en la Junta de Coordinación Política que nos parece que es un tema relevante esta construcción del Dragon Mart.
Nosotros estábamos en contra porque no sólo hay alteraciones al equilibrio ecológico, sino una competencia desleal para muchos empresarios e industriales mexicanos. Desafortunadamente se dio la licencia de uso de suelo, pero estamos a favor de que se discuta este tema que nos parece se debió haber agendado antes. Entonces, Movimiento Ciudadano está a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a consultar a la asamblea justamente sobre ese tema. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se modifica el orden del día.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: E votación económica se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se autoriza la modificación del orden del día. En consecuencia, el siguiente punto. Tenemos que abordar el tema que estaba previamente agendado, así lo acaba de resolver la asamblea.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, dígame, diputada, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, si me ayudan.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Ciudadano presidente, esto fue solicitado en tiempo y forma, sin embargo es un tema que tiene ya más de un año en la Mesa y que se está violando todo permiso, toda garantía y todas las leyes tantos mexicanas y de todo permiso que debe de requerir para poderse llevara a cabo un proyecto.
Este proyecto en este momento está a punto de construirse en Quintana Roo y la comisión o la Junta no lo está permitiendo, y sobre todo el pleno. A mí me gustaría que por favor se tomara en cuenta este punto, porque lo hemos estado discutiendo y lo hemos estado poniendo para que se pueda por lo menos discutir.
No sé por qué no se aprueba la discusión de un proyecto tan importante que va a afectar a inversionistas mexicanos, pero también a una población tan importante como es el estado de Quintana Roo. Le ruego se tome nuevamente este punto como de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada, diputada, y la asamblea no autorizó la modificación del orden del día. En consecuencia tiene la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente, para solicitarle de manera formal, y el apoyo también a mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, que nos puedan apoyar en este punto. A su servidora precisamente le tocaba el turno de este punto, sobre la venta de los satélites, que está agendado desde hace un mes, y precisamente nos urgía mucho presentarlo porque es un tema de trascendencia nacional.
Pero el día de hoy se va a llevar a cabo la comparecencia del secretario de Gobernación y creemos que en ese punto, en esa sesión, podemos desahogar ese punto de manera rápida en los cuestionamientos. Por lo cual, le solicitaría de la forma más respetuosa, apelando a la sensibilidad de ustedes y de los demás grupos parlamentarios, que pudieran considerar este cambio de turno y que se pueda acceder al uso de la palabra de mi compañera, diputada Graciela, en razón de que es un tema que nos une como grupo parlamentario, que hemos estado al pendiente de él, que incluso diferentes diputados hemos acudido a constatar todas las irregularidades en las que ha incurrido la Profepa, al otorgar estas licencias para que precisamente esta construcción se lleve acabo.
Estamos viendo la magnitud de los desastres naturales que pueden ocurrir cuando hay una mala decisión administrativa e invaden zonas y reservas naturales. Por eso precisamente este tema cobra relevante importancia. Yo le pediría a los grupos parlamentarios, su apoyo para que pueda presentarlo mi compañera Graciela. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Me están pidiendo el uso de la voz varios compañeros y compañeras diputadas; los voy a mencionar incluso. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Manuel Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Señor presidente, no tenemos inconveniente que se presente el punto de acuerdo y se cumpla con el Reglamento.
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Bueno entonces tendríamos que repetir la votación, porque votaron en contra de que se votara el orden del día.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a repetir el trámite en ese contexto.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Pusimos a consideración del pleno una modificación del orden del día. Le voy a pedir a la Secretaría que repita la votación, si autoriza la modificación del orden del día. En votación económica.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos anunciados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se autoriza la modificación del orden del día. En consecuencia tiene el uso de la voz, la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar un punto de acuerdo en relación a la autorización de licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al proyecto Dragon Mart, Cancún.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señor presidente, gracias a todas las diputadas y diputados; y quisiera también agradecer a varios de mis compañeros del PRI, pero también a mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD.
Este es un tema, que le pido, señor presidente, me dé el tiempo prudente dado la importancia, como ya comentaba, es casi ya un año que hemos estado planteándolo en la Cámara de Diputados; no así con los organismos sociales que tienen desde el 2011 pidiendo que se revise este proyecto. Muchas gracias.
Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para expresar con toda firmeza, con toda claridad, a nombre propio y de mis compañeras diputadas y compañeros diputados que integran mi grupo parlamentario, nuestra posición a favor de este punto de acuerdo, ya que el Dragon Mart, Cancún tiene suficientes argumentos para no llevarse a cabo.
Primero, el aspecto ambiental. La implementación del proyecto Dragon Mart, implica violaciones al programa de ordenamiento local del municipio de Benito Juárez, destinado a la protección de especies endémicas y nativas, así como la Norma Oficial Mexicana 059, Semarnat 2010.
Los inversionistas presentan una manifestación de impacto ambiental autorizada por el gobierno del estado de Quintana Roo, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) hecha a la medida de la empresa Dragon Mart, donde niega la existencia de especies endémicas protegidas en la zona.
Justifican el documento, que anteriormente había sido destruida la flora y la fauna por la empresa El Tucán. Esta destrucción debería ser una condicionante y en consecuencia, decretar El Sitio como zona de restauración silvestre por las afectaciones anteriores.
En el Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental autorizado, no precisa los puertos de desembarque y en la zona cercana al proyecto, se encuentra el segundo arrecife más grande del mundo, por lo que es prioritario evitar cualquier tipo de afectación.
Adicionalmente no incluye ninguna condicionante y es por ello que se requiere la intervención de la Semarnat y de la Profepa para tener la certeza que garantice salvaguardar el ecosistema. Lo dijimos también en el punto anterior, la intervención de estas instituciones y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta.
Segundo aspecto antropológico. Por otra parte, no puede empezar a construirse el proyecto. Primero se debe corroborar y descartar que no existan vestigios arqueológicos en la zona. El Instituto Nacional de Antropología e Historia debe realizar estudios correspondientes que por ley la empresa está obligada a realizar.
Esto no representa otra condicionante más no sólo para la obtención de la licencia de construcción, que de acuerdo a un instrumento importante que es el Programa de Ordenamiento Local de Benito Juárez, así lo indica.
Tercera violación a las leyes laborales y del comercio. La operación de Dragon Mart implicaría prácticas de dumping operadas en una especie de ínsula china dentro del territorio mexicano sin el empleo de mano de obra mexicana, pero sí con el empleo de trabajadores chinos bajo condicionantes laborales y salariales propias de aquél país, en franca violación a lo establecido por las leyes federales del trabajo e inversión extranjera y de leyes del comercio exterior.
Cuarto impacto económico. Cientos de miles de empleos estarían amenazados poniendo en riesgo la estabilidad social y económica de miles de familias mexicanas en Quintana Roo y del resto del país.
Las empresas mexicanas se encontrarán en seria desventaja, compañeras y compañeros, ya que implica prácticas de comercio desleal, contrabando triangulado, competencia desigual, problemas aduanales, comerciales y de respeto a la propiedad intelectual.
Quinto. Violación al artículo 27 constitucional. Al establecerse el complejo a escasos tres kilómetros de la franja costera, se estaría violando el artículo 27 constitucional recientemente reformado por esta honorable Legislatura el 23 de abril.
Compañeras y compañeros diputados, los convido a enviar un mensaje favorable a aquellos inversionistas que sí cumplen con la ley, y hacia aquellos empresarios que no compiten lealmente y generan con mucho esfuerzo empleos en Quintana Roo. Y, en todo el país, aprobemos ese punto de acuerdo.
También estaríamos enviando un mensaje de apoyo, de solidaridad a ciudadanas y ciudadanos de Cancún, de Quintana Roo, que luchan por conservar día a día –créanme- nuestros recursos naturales de nuestra región. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Voy a pedir a la Secretaría, para los efectos del artículo 100 del Reglamento, que se consulte a la asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se considera de urgente resolución. Se turna a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrante en la Comisión Especial de Energías Renovables, que se encuentra disponible en las pantallas de sus curules. De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:21 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 10 de octubre a las once horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve treinta horas.
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