Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 24 de octubre de 2013

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Mesa Directiva, con modificación de turno

De la Junta, en relación al cambio de integrantes de la Copa

Retiro de iniciativa de diputada

Del Ayuntamiento de Guanajuato, con respuesta a punto de acuerdo

De la Secretaría de Gobernación, con informe del ejercicio fiscal 2013

De la Secretaría de Salud, con informe del tercer trimestre de 2013

De los Congresos de Morelos y de Guerrero, con acuerdos relativos al PEF 2134

De la Cámara de Senadores, con minutas

Protesta como diputada de ciudadana Isela González Domínguez

De la Cámara de Senadores, con minutas

Acuerdo de la Junta, relativo a la selección de candidatos a consejeros electorales del IFE

Dictámenes

Que reforma los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, en materia de seguridad social universal, fundamentación

Presentación de moción suspensiva y discusión en lo general

Votación en lo general

Discusión de los artículos reservados

Votación de los artículos reservados

Comunicado de la Junta, con cambios en comisiones

Acuerdo de la Junta, para que se ponga fin al bloqueo económico de EU contra Cuba

Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:12 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación al turno de lo siguiente:

Iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, el 2 de octubre de 2013.

Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Sonido en la curul del diputado José Luis Oliveros. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Presidente, el día 25 de octubre es el día de las personas de talla baja. En este país se encuentran 200 tipos de personas con enanismo y hay más o menos 15 mil ciudadanos de talla baja.

Presentamos un exhorto al Ejecutivo que no alcanzó los votos suficientes, pero quisiera dejarlo asentado en el acta.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates, señor diputado.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación al cambio de integrantes de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que se encuentra disponible en la pantalla de sus curules. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, por el solicita que su iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General del Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión de las instituciones públicas y privadas de Asistencia Social, en las que se encuentra niñas, niños y adolescentes, sea retirada de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos de la Niñez.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el estado de Guanajuato. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Secretaría de Gobernación, en el que se remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2013, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U a cargo de la Secretaría de Economía. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite los informes correspondientes al Tercer Trimestre del año 2013, de diversos programas sujetos a reglas de operación y del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su componente de salud), sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño correspondiente al periodo mayo-junio de 2013. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios de los Congresos de los estados de Morelos y de Guerrero, por los que solicitan partidas especiales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios de Cámara de Senadores con los que devuelve los siguientes expedientes de minutas:

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 31, 45, 115 y 123 de la Ley General de Salud, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que reforma el artículo mil 70 del Código de Comercio, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se encuentra en la entrada de este recinto la ciudadana Isela González Domínguez, diputada federal electa en el XXI Distrito Electoral del estado de Veracruz. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado Gaudencio Hernández Burgos, diputada Patricia Guadalupe Peña Recio, diputada María del Rosario Fátima Pariente Gabito, diputado Francisco Coronato Rodríguez, diputada María del Carmen Martínez Santillán y diputada Sonia Rincón Chanona.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras legisladoras y señores legisladores, se les pide a todos ponerse de pie.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ciudadana Isela González Domínguez, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Isela González Domínguez: Sí, protesto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido de la curul del señor diputado Jorrín. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, gracias por la palabra. Para externarle la preocupación que está ocurriendo en el estado de Guerrero y en todo el país. Tema número uno, solicité que viniera a comparecer el secretario de Hacienda y el del Fonden, y fue negada la comparecencia, porque necesitamos saber cómo se están aplicando los recursos, exactamente en qué municipios y en qué comunidades.

Por otro lado, la siguiente preocupación ahora es que no hay un Plan Nacional de Reconstrucción del Campo, específicamente para los estados y los municipios en donde fueron afectados por el ciclón Manuel. La preocupación es porque la gente no tiene manera de producir rápidamente con el campo y se requieren acciones muy importantes de urgencia de dotarles de pie de cría de animales de la alimentación básica para que puedan ellos tener la manera de subsistir.

Si no se atiende y no se presenta un Plan Nacional de Reconstrucción vamos a tener grave problemas en el país. Ya empieza a haber brotes de la delincuencia en el estado de Guerrero, en las comunidades, y se necesita atenderse. Es urgente que se establezca una comisión para que atienda este tema con las dependencias correspondientes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates, diputado Jorrín.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Cámara de Senadores, oficios con los que remite las siguientes minutas:

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 9 de febrero de cada año, como el Día Nacional del Odontólogo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud, en materia de publicidad.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto. Pido a la Secretaría dé lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno la convocatoria para el proceso de selección de los candidatos para ocupar los cargos de consejeros electorales y consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo:

Primero. Se declara concluido el proceso de selección de candidato a ocupar la vacante para el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, iniciado mediante la convocatoria aprobada y publicada por esta Cámara de Diputados, el pasado 28 de febrero de 2013.

Segundo. Se aprueba la convocatoria para el proceso de selección de los candidatos para ocupar los cargos de consejeros electorales y consejero presidente, del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Tercero. Se instruye a la secretaría general a proporcionar a la Junta de Coordinación Política, el apoyo necesario para dar cumplimiento al presente acuerdo, así como al área de Comunicación Social y al Canal del Congreso para dar la más amplia difusión a la convocatoria.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo y la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación y désele la más amplia difusión por los medios que acuerde la Mesa Directiva.

Transitorio Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Firman coordinadores de la fracción del PRD; PRI; PAN; Verde Ecologista; y Nueva Alianza, por la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Para hablar en contra del acuerdo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ya estaba usted registrado, diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Buenos días a todos. Creo que hoy por los excesos que se registran en esta convocatoria ya no deberíamos de dirigirnos al pleno o a esta honorable Cámara de Diputados, sino a esta Cámara de fracciones parlamentarias.

Ojalá le pongan un poquito de atención al contenido de esta convocatoria para que se den cuenta la capacidad o la dimensión de las arbitrariedades que está cometiendo la Junta de Coordinación Política integrada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara, aun cuando –debo aclarar- no todos los partidos, como es el caso de Movimiento Ciudadano, la avalaron en la Junta de Coordinación Política.

Pocos presidentes como Peña Nieto han llegado al poder con tal certeza respecto a la ilegalidad de su triunfo. No es falta de pruebas lo que le permitió ganar la elección sino el amparo cómplice de las instituciones. Fue muy grave que el árbitro no se hubiese dado cuenta de las pillerías generalizadas que el público vio en el estado.

La mayoría de los medios de comunicación actuaron legitimando el atropello y descalificando hasta el cansancio las voces disidentes. “No resistan, busquen acomodo, súmense a los vencedores”, decían, siguiendo a Maximiliano.

Pero no hubo manipulación mediática capaz de conocer la revelación de la verdad, esa que muestra ya cómo el pragmatismo político en la disputa por el poder resumido genial e involuntariamente en el “haiga sido como haiga sido” ha arrasado moralmente al país. No es gratuita la percepción social de que el IFE es una estafa como institución.

Los diputados de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votaremos y convocamos a votar en contra de esta convocatoria, porque de apoyarla estaríamos avalando una tomadura de pelo a los mexicanos.

La Junta de Coordinación Política se ha extralimitado en sus funciones al declarar concluida la convocatoria del 28 de febrero sin pasar el proceso por el pleno.

Cumplamos primero con esa convocatoria y con lo que ha ordenado el tribunal a esta Cámara.

Cómo es posible que se proponga que sean exclusivamente los grupos parlamentarios de esta Cámara, que es decir, la Junta de Coordinación Política misma, quienes decidan quiénes pueden o no registrarse como candidatos a consejeros electorales. Cómo es posible que a un ciudadano que aspira a ser consejero electoral y que cumpla con los requisitos de la ley, se le niegue, por este acuerdo ilegítimo, la posibilidad siquiera de inscribir su candidatura en el proceso.

La Junta de Coordinación Política está sembrando ya con esta convocatoria, óiganlo bien, y ojalá lo reflexiones, la semilla de la discordia en los futuros procesos electorales.

Para quienes insisten en presentarnos como intransigentes porque nos oponemos con argumentos, les digo que cuando nos oponemos invariablemente también proponemos y éste es el caso.

Proponemos que la Comisión de Gobernación presente al pleno un nuevo modelo de convocatoria para garantizar un proceso abierto, imparcial, técnico y democrático para la elección de los cuatro consejeros que afortunadamente cumplen su período a fines de octubre y el que está pendiente de elección.

No hay ninguna razón de peso para que no sea la misma Comisión de Gobernación la que se encargue de este proceso, como se encargó del proceso pasado. El objetivo de esta nueva convocatoria sería dar garantías a la sociedad de que el proceso se realizará al margen de intereses partidarios y que ningún consejero representará en el IFE una ficha más en el tablero de los partidos políticos, como lamentablemente ha venido sucediendo.

En segundo lugar, para garantizar que los consejeros, con sus biografías y currículos, sean garantía misma de certeza,  legalidad, independencia e imparcialidad, ya que no es posible afirmar estos principios en la institución electoral cuando quienes la representan generan desconfianza por sí mismos.

Se hacen grandes inversiones en tecnología, capacitación, credencial para votar con fotografía, entre otras cosas, con el único fin de generar confianza; por lo tanto, no hay necesidad de que el currículum de los consejeros sea el elemento de desconfianza que vulnera la credibilidad del sistema electoral.

El caso más reciente y lastimoso es prueba superada que la autonomía del IFE ha sido violada recurrentemente con la elección de militantes disfrazados de ciudadanos independientes como consejeros, que han terminado actuando como peones de un partido político o de otro. El caso más reciente y lastimoso, desde mi punto de vista por su trayectoria, es el del doctor Sergio García Ramírez, y la Cámara de Diputados ha avalado históricamente este juego de simulación.

Con el contubernio de una o varias fracciones políticas, la proporcionalidad de esta Cámara se ha trasladado recurrentemente a la consejería del IFE y a sus órganos de dirección. Es así que el IFE es hoy una mescolanza de representantes partidarios, es una lamentable realidad que la Cámara de Diputados no ha tenido la grandeza para desembarazar al IFE del manoseo partidario. Es necesario que el proceso de selección en esta Cámara de Diputados sea abierto, transparente y apegado a principios democráticos.

Hacemos esta propuesta con la esperanza de transitar hacia un modelo más democrático y transparente –termino presidente- para la elección de consejeros acorde con el principio que deben regir la vida del Instituto Federal Electoral. Gracias a todos por su atención y, presidente, por su tolerancia. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Alfonso Durazo Montaño. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es muy importante apoyar y determinar lo que ya se ha acordado en la propia Junta para poder seleccionar mediante la convocatoria a los consejeros integrantes del Instituto Federal Electoral.

Es para nosotros de gran relevancia el hecho de que el Instituto cuente con toda su capacidad y herramientas confiables y aceptadas para poder seguir transformando la democracia de nuestro país.

Si bien es cierto, se han hecho grandes reformas en las diversas legislaturas para poder conseguir y tener un instituto autónomo, fuerte y confiable. Para nosotros es de suma importancia el poder apoyar la convocatoria de esta selección de los nuevos integrantes y, por supuesto, de su presidente.

Los ciudadanos han confiado en nosotros. Los ciudadanos han emitido sus votos en las diferentes elecciones a lo largo y ancho de nuestro país. Ellos están esperando que nosotros podamos determinar, ayudar a decidir cuál será la estrategia que está ya plasmada en la propia convocatoria para que las personas que puedan acceder a dichos cargos, sean las que los represente a los ciudadanos y ciudadanas que emiten su voto confiando en que los resultados serán transmitidos y se verán reflejados en las propias conformaciones de los gobiernos estatales y de las propias cámaras de diputados, senadores y todos los cargos que están en juego en cada elección.

Para nosotros el poder cumplir con esta obligación, es sin duda un punto fundamental para dar esa certidumbre y no traicionar la confianza a los ciudadanos que están esperando que nosotros podamos determinar dichas resoluciones.

Es importante, también, no frenar nosotros a lo que ya se ha avanzado en nuestro país como instituciones. Hemos hablamos aquí de diversas instituciones que hemos trabajado en fortalecerlas, bueno, pues el Instituto Federal Electoral es una de ellas a la cual no podemos faltar a nuestra responsabilidad y obligación de poder tener completo dicho consejo.

Como representante de los senadores y de los diputados que me ha hecho el honor nuestro coordinador, Arturo Escobar y Vega y el coordinador de los senadores, Jorge Emilio González, representarlos en dicho Instituto, les puedo comentar, compañeras y compañeros diputados, que el no contar con todos los consejeros dentro de la propia institución ha venido generando y atrasando muchas resoluciones que ya deberían de estar completamente analizadas, deliberadas y por supuesto votadas y determinadas.

Es sin duda una de las principales funciones de los propios consejeros el poder determinar y poder discutir y escuchar todas las voces de las diferentes fuerzas políticas que representamos en nuestro país, ahí en el propio Instituto, para poder determinar cuáles serán las resoluciones.

Por estos motivos, para nosotros es muy importante que empecemos a transitar con los diferentes consensos que se tengan que hacer y que la información fluya hacia todos los ciudadanos mexicanos, de quiénes serán sus representantes y quiénes serán los consejeros a los cuales se les  va a depositar toda la confianza para tomar las decisiones que nuestro país requiere.

No basta solamente con que los partidos políticos presentemos candidatos, presentemos propuestas, presentemos campañas en época electoral; necesitamos ciudadanos preparados, necesitamos ciudadanos capaces de decidir y determinar cuáles serán los resultados para los cuales hemos nosotros venido trabajando, y que se vea reflejada la voluntad de los mexicanos que emite en cada elección en las urnas, cómo se conforman los gobiernos federales, estatales y municipales.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoya esta convocatoria que el día de hoy a someter a votación y solicitamos el apoyo de la mayoría de todos ustedes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Ricardo Astudillo Suárez.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida  a estudiantes de la Facultad de Derecho de la  Universidad Veracruzana, invitados por el diputado Gabriel Cárdenas Guizar. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

También para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo  Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Fíjense que  justamente yo estudié en la Facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana, fue la primera carrera que estudié y venía pensando ahorita cómo pretenden ustedes que uno pueda estar callado ante este tipo de atrocidades.

Disculpen, no tengo otro adjetivo calificativo a lo que veo que están cometiendo por parte de este órgano de dirección que es la Junta de Coordinación Política, y en unos minutos por este pleno de la Cámara de Diputados, que si los ciudadanos vieran lo que están viendo los estudiantes de derecho, espero que comprendan por qué luego dicen que luego los abogados no hay ninguno derecho, porque si los que hacen las leyes se comportan como ustedes lo están viendo, pues imagínense cómo anda este país.

Ayer estuve justamente con unos ciudadanos y también me preguntaba el día de hoy, ¿será posible que esta Cámara recupere su honorabilidad? ¿Su hache? Porque para el ciudadano común y corriente, a esta Cámara se le ve como un mercado, como un tianguis. Realmente es algo difícil, salvo honrosas excepciones.

Decenas, no pasan de tres a cuatro decenas de diputados y diputadas que honran la función, pero ustedes saben que están catalogados en los niveles más bajos de la opinión pública. Y miren por qué.

En este punto primero del acuerdo, que ahora se presenta, se determina declarar concluido el proceso de selección del candidato a ocupar la vacante del consejero electoral, iniciado mediante la convocatoria aprobada y publicada por esta Cámara el 28 de febrero de 2013.

Resulta realmente increíble que después de cinco meses de que este proceso concluyó, concluya el plazo para que esta Cámara de Diputados realizara la elección correspondiente, a partir de la propuesta que la Junta de Coordinación Política estaba obligada dentro de los cinco finalistas, se venga a este pleno a comunicar que a la fecha no se ha alcanzado el acuerdo necesario para la elección. Hoy pretendía no adjetivar, pero no queda decir más que, qué cinismo.

Ello, a pesar del mandato que la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó a la Comisión Permanente para que convocara un periodo extraordinario para tal efecto, como resultado del juicio para la protección de derecho político electoral del ciudadano, interpuesto por los propios diputados del PRI, ahora el cinismo es, del Tribunal.

Ahora la Junta de Coordinación Política presenta un acuerdo en el que sin mayor explicación se elimina el proceso de elección que esta Cámara determinó para el ejercicio, de la atribución que deriva del artículo 41. ¿Cuál es la justificación y fundamento legal para que la Junta de Coordinación Política violente el procedimiento que este pleno aprobó para la selección del consejero electoral?

Quisiera que aquí se subiera el representante de la Jucopo, a aclarar en qué lo está fundando, pero obviamente no lo va a hacer. No hay otro que el acuerdo político en lo obscurito. La clase política no cambia, acuerdo mata legalidad.

No se trata de un asunto menor, se trata de la cultura de la irresponsabilidad, la impunidad y la complacencia por encima de la observación y cumplimiento de la ley. En esta alta tribuna, como comúnmente ustedes lo expresan, es el escenario de la ilegalidad que trasciende y corrompe al órgano responsable de las elecciones federales en este país.

La falta de acuerdo entre las cúpulas partidistas contamina la institucionalidad y legalidad que esta Cámara debió observar en la asignación de un consejero, legalidad que ahora contamina el proceso de elección del próximo consejero presidente y tres consejeros más. La bolsa para las cuotas partidistas ha crecido.

Esperemos que el procedimiento que ahora se propone satisfaga los intereses facciosos que las cúpulas de los grupos parlamentarios para la designación de nuevos consejeros, atendiendo a que la propuesta de convocatoria prevé el control de los grupos parlamentarios para hacer 10 propuestas en contravención a la previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que determina el mismo artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso.

Repito, diputados, diputadas, se trata de una cuestión de legalidad que no solo transgrede las normas con las que funciona este órgano legislativo, sino que además violenta derechos y garantías de los cinco ciudadanos finalistas que participaron en el proceso que mandató el pleno de esta Cámara, con el cual no estuve de acuerdo y, sin embargo, se ha exigido su cumplimiento.

Nosotros hemos estado actuando en consecuencia. ¿Será que los finalistas no garantizaban subordinación a los intereses del PRI, puesto que este partido, en función de la práctica de cuotas en la asignación de consejeros le correspondía proponer al sustituto del renunciante García Ramírez? ¿O los otros partidos del Pacto encarecieron su voto al acuerdo que garantizara sus cuotas?

No se equivoquen de nueva cuenta, la designación de consejeros no es la integración de una nueva selección de futbol a partir de los intereses económicos de los dueños del espectáculo televisivo.

No se trata de improvisar para salvar la calificación para el respaldo de negocios millonarios. Se trata de la elección de ciudadanos que hacen viable la credibilidad de la institución responsable de las elecciones federales y de la mermada credibilidad de esta legislatura, al incumplir la resolución del Tribunal Electoral y transgredir su propia normatividad, así como fomentar la cultura de la ilegalidad, la irresponsabilidad y la impunidad.

Sean congruentes con sus discursos –culmino, presidente– de legalidad y devuelvan el acuerdo a la Junta para su adecuación a las disposiciones legales y constitucionales.

Si no lo hacen, no cabe duda que, aunque salga un órgano electoral más nulificado de credibilidad que el que ahora existe, solamente a la población le va a quedar la posibilidad de organizarse y a través de la vía electoral, con un partido que realmente interese al pueblo de México, como sin duda será el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados que puedan surgir de entre las filas de la verdadera izquierda, vamos a cambiar este país tarde que temprano, a pesar de la corrupción que ustedes están generando en esos órganos electorales.

Ojalá esos que gritan atrás, que chiflan, se suban a esta tribuna a argumentar legal y jurídicamente este acuerdo. Pero sin duda no lo van a hacer, porque no tienen la razón.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas Montero. Dígame, diputada, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas. Adelante.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, diputado presidente, para solicitarle el uso de la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: La anoto al final de la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Los diputados del Partido Acción Nacional estamos a favor de este acuerdo. Y estamos a favor por varias razones. En primer lugar por un tema de responsabilidad. No podíamos afectar el funcionamiento de una institución tan importante para la vida política de México, como es el Instituto Federal Electoral, dejándola tan sólo con cuatro de sus nueve consejeros. Eso en primer lugar.

Pero además también quiero señalar que esta convocatoria sale con un consenso mucho mayor al que tenía la convocatoria anterior que se emitió en el pasado mes de febrero. En aquel momento, recordemos, había un partido que pretendía aprovechar la coyuntura para apoderarse de esa posición que quedaba vacante.

Y en cambio hoy ha habido la posibilidad de que los principales partidos de esta Cámara, los que representan a la inmensa mayoría de los diputados, emitan una convocatoria que tiene reglas más claras, que está mejor diseñada y que por lo tanto –esperamos que así sea– nos va a llevar a un mejor resultado. Y precisamente a esto me quiero referir.

Esta convocatoria sin duda está mejor diseñada y corrige muchas de las cosas que habíamos visto que habían ocurrido negativamente en anteriores convocatorias. Uno de los elementos que a nosotros nos parece muy positivo es que se elimina este proceso de entrevistas, que en realidad –hay que reconocerlo– terminaron siendo una enorme simulación.

Sometíamos en esas entrevistas a un desgaste innecesario a personajes que finalmente veían como se lastimaba su propia dignidad y su propio prestigio. Y, además, ese mecanismo lo que ocasionaba también es que muy buenos perfiles no quisieran participar precisamente para no ser parte de ese proceso de simulación. Por lo tanto, también nos parece que esta convocatoria está mejor diseñada que las anteriores.

Y, aprovechando que vamos a elegir a cuatro consejeros y al próximo presidente del Instituto Federal Electoral, los diputados de Acción Nacional también queremos insistir en nuestra propuesta de transformar el actual Instituto Federal Electoral en un instituto nacional electoral.

Hemos dicho ya por muchos medios cuáles son las razones que nos parecen importantes para dar este tránsito. En primer lugar porque consideramos que hay que homologar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos del país. No podemos tener estados donde prácticamente no existe democracia electoral, donde tenemos una intromisión obscena de los gobernadores o de otro tipo de poderes fácticos en sus elecciones, y esto sin duda se traduce en una muy mala calidad de la democracia en esos estados.

Pero además también nosotros consideramos que es muy importante racionalizar los recursos que hoy en día se destinan al tema electoral en todo el país, tanto a nivel federa como a nivel de los estados, donde tenemos tan sólo en institutos electorales un presupuesto de más de 20 mil millones de pesos que sin duda tenemos que buscar administrar de mejor manera y esto también lo va a resolver el Instituto Nacional Electoral.

También, a propósito de este nuevo Instituto Nacional Electoral, nosotros queremos decir, los diputados de Acción Nacional, que queremos dos cosas: primero que los actuales consejeros, los que se quedan en sus cargos, los que aún no concluyen sus periodos que son cuatro, se mantengan también como consejeros en el próximo Instituto Nacional Electoral.

Ésa es una postura que nosotros hemos mantenido para todos los órganos autónomos. No podemos vulnerar su autonomía, a pesar de que sufran una transformación o sufran una evolución en sus funciones, la mejor manera de garantizar la autonomía de cualquier institución es precisamente a partir del principio de la permanencia. Por eso, los cuatro consejeros que aún no terminarán su periodo y que por lo tanto se quedarán después del 30 de octubre, estamos nosotros de acuerdo en que se queden también a formar parte del próximo Instituto Nacional Electoral.

Y lo mismo, nosotros pedimos para los cinco consejeros que vamos a elegir en próximos días, que ya formen parte también del nuevo Instituto Nacional Electoral, porque tampoco podríamos prestarnos a una gran farsa donde estaríamos eligiendo a cinco consejeros que durarían unas cuantas semanas en su encargo para después elegir a otros nuevos. Eso también sería una falta de respeto a la institución y una falta de respeto para estos consejeros y, por lo tanto, también nosotros estamos a favor de que formen parte de este nuevo Instituto Nacional Electoral.

Lo que nos queda por delante, compañeros diputados, es el enorme reto de elegir a los mejores y a las mejores consejeras para el próximo Instituto Federal Electoral que de manera casi inmediata e inminente se transformará en Instituto Nacional Electoral.

Quiero decir a propósito de esto –y con esto concluyo, diputado presidente– que los diputados del PAN hemos tenido muchas diferencias con el actual consejo general del IFE, han sido públicas, incluso el que tiene en este momento el uso de la voz, pidió su comparecencia ante la Comisión Permanente, el pasado mes de enero, precisamente porque no estábamos de acuerdo con la resolución que en el tema Monex esos consejeros habían dado.

Sin embargo, también es cierto que reconocemos la enorme importancia y el papel fundamental y relevante que el Instituto Federal Electoral ha jugado en la democratización de este país y en el fortalecimiento de nuestra vida política, por eso tenemos que afrontar este reto con la máxima responsabilidad y a eso es precisamente a lo que los convocamos los diputados del Partido Acción Nacional. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Fernando Rodríguez Doval.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la estudiante de doctorado Anna Sitek, doctorado en ciencias sociales y antropología, de Polonia. Invitada por el diputado Mario Alberto Dávila.

Asimismo, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes y residentes de la delegación Venustiano Carranza. Invitados por el diputado Julio Cesar Moreno Rivera. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

Para hablar en contra tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Ésta, compañeras y compañeros diputados, es la historia de un desacato, de un vulgar desacato a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Nosotros en Movimiento Ciudadano y, en general en el Movimiento Progresista, cuestionamos las decisiones del tribunal. A veces nos parecen injustas pero no desacatamos, y aquí lo que está haciendo la Cámara de Diputados es un desacato a una resolución del Tribunal Electoral.

Es además una burda simulación porque el resolutivo de la sentencia 896/2013 y acumulados del tribunal era inequívoca y hay que decirlo, fue promovida por diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Vean ustedes el tamaño del absurdo. Se da la convocatoria en febrero. La Comisión de Gobernación entrevista a varias decenas de aspirantes en un proceso que se reputaba como abierto. Eligen a 37 aspirantes y, finalmente el 11 de abril, la Comisión de Gobernación emite un dictamen con cinco aspirantes. Según la convocatoria, lo que procedía era que la Junta de Coordinación Política pusiera a consideración del pleno una propuesta para cumplir con el dispositivo constitucional del artículo 41.

Evidentemente al no haber acuerdo no se pudo procesar en el plazo original de la convocatoria que era a más tardar el 30 de abril, que era cuando culminaba el periodo ordinario.

Pero vaya sorpresa, son diputados del PRI. La diputada Lourdes Quiñones, el diputado Marco Antonio Bernal y otros, quienes promueven el 3 de mayo un juicio de protección de derechos ciudadanos, invocando a aquél que en su tiempo presentara el doctor Jaime Cárdenas y que motivó que esta asamblea, que esta Cámara eligiera a tres consejeros –que actualmente están en funciones- precisamente porque había una omisión de la Cámara.

Lo que alegaron en ese recurso que promovió Jaime Cárdenas, era que se le estaba negando al diputado su derecho ciudadano a ejercer la función legislativa. El tribunal resolvió que era procedente y la Legislatura pasada cumplió. Y ahora, haciendo caso a ese precedente, es el PRI quien lo impugna y el tribunal le concede la razón en una sentencia el pasado 29 de mayo.

La sentencia señalaba en sus resolutivos, en el segundo: Requería a la Comisión Permanente que convocara a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para nombrar al consejero faltante. Y para ser más explícito en tribunal en el resolutivo cuarto, requería a la Cámara de Diputados designar al consejero electoral del Consejo General del IFE que estaría en funciones hasta el 30 de octubre de 2019.

Sin embargo, en un jaloneo en la Junta de Coordinación Política no se presenta esta propuesta y viene un incidente de inejecución de sentencia que promueve el diputado Huerta, y nuevamente el tribunal le pide a la Cámara que cumpla con la sentencia. Y ahí es cuando en el periodo extraordinario la Cámara notifica que se está en vías de cumplimiento.

Pero ahora en un acuerdo que constituye el colmo, que constituye una aberración jurídica, simple y sencillamente la Junta propone que se culmine el proceso. Es decir, se está desacatando una sentencia judicial.

Y por ahí alguien en la Junta decía “es que el tribunal lo que quiere es que culminen”. Y eso no solamente es una burla, sino es una simulación porque el resolutivo fue muy claro, que se elija al consejero faltante.

Por esa razón nosotros no vamos a acompañar este acuerdo, porque viene acompañado además de una convocatoria que constituye un retroceso. En esta convocatoria lo que se está planteando es un reparto faccioso y partidista de los espacios del Instituto Federal Electoral.

Y si algo ha dañado a la democracia en el país son las cuotas en el IFE. Y hoy vemos además con gran cinismo, que cada consejero que se va a retirar se va a embolsar 4.6 millones de pesos para irse muy tranquilos después de que hicieron atracos a la democracia nacional.

Por esa razón lo que estamos viendo y concluyo, presidente, es que nosotros le pedimos al pleno que no se cometa este desacato judicial y esta burda maniobra para seguir con el reparto de cuotas.

Además convoco a quienes se opusieron en su momento a la otra convocatoria, que actúen en congruencia. Se quiere la democracia o su queja era el reparto de las cuotas para tener asientos, porque ahora van cinco cargos: va el faltante, tres consejeros y quien va sustituir a Leonardo Valdés.

Nosotros lo que planteamos, de entrada, que se cumpla con el mandato judicial, y segundo, que la convocatoria plantee una ciudadanización del órgano electoral y no un botín de los partidos, porque además resulta un mal presagio para el Instituto Federal Electoral en que muchos coincidimos; si ese va a ser el criterio, un reparto de cuotas en los asientos del nuevo Instituto Federal Electoral, pues flaco favor le hacemos a la democracia.

Por esa razón, compañeras y compañeros, pedimos que se rechace este acuerdo que implica, lo sostengo, un desacato judicial y una burda maniobra para secuestrar partidistamente al Instituto Federal Electoral. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Por alusiones personales; fui aludido.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Haga uso de la palabra des su curul, diputado, adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Desde la tribuna, por favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, haga uso de la tribuna.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Si es que en efecto como narra el diputado Mejía, sí promoví un incidente de inejecución de sentencia porque muchos se destantearon al principio decían “cómo ahora Huerta ya anda apoyando a los del PRI”. No, yo apoyo la legalidad, la constitucionalidad, y se estaba violentando como se está violentando hoy, un tramo de constitucionalidad, desde nuestro punto de vista, aunque luego ahora como también era mi objetivo, demostrar cómo no hay división de poderes.

Como lo dije muchas veces, el PRI activa al Poder Judicial cuando quiere y lo desactiva cuando quiere. Ya se parecen los magistrados, con el debido respeto, a los tres chiflados: un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa.

Y eso es lo que quería demostrar: cómo no respetan la legalidad. Se me hace muy grave que la Cámara de Diputados –delante de estudiantes de derecho y del pueblo en general– la que hace las leyes no las respeta. Eso es lo que se me hace grave.

Es evidente porque en este régimen político, si por Peña Nieto fuera, ya dejaría a su sucesor de una vez, ahí está Videgaray, aunque a algunos les duela aquí, y lo deja de una vez de presidente, sin elecciones de por medio, al fin que ya lo está nombrando rey con el manejo del presupuesto. Hay una presidencia presupuestal.

Obviamente hay partidos que se suman al pacto y aquí se han subido a esta tribuna –y ya salió el peine– y lo dicen cínicamente en esta tribuna y otros no tienen el valor ni de venir a hablar en esta tribuna; ojalá lo hicieran y no anduvieran por los pasillos nada más paseándose.

Qué dijeron aquí: las cuotas, evidentemente quieren las cuotas. Los de Acción Nacional ya desbarataron la ciudadanización del IFE, que era un esfuerzo con muchos de estos pactos que han venido haciendo con el PRI, y ahora ya abiertamente, como en vil mercado, por las cuotas. Ya aquí dicen: dejen a los cuatro, luego los cinco que vamos a nombrar y háganos el INE y otro poquito y otro cachito, y ahí nos la llevamos.

El objetivo es que no exista la democracia, que aquí tengan el control. Es evidente que no quieren discutir. Yo soy miembro, soy secretario en la Comisión de Gobernación y yo sí doy la cara por esa comisión porque me consta que los compañeros de esa comisión no simulamos las entrevistas. Si los de Acción Nacional lo simularon, qué bueno que se suba un diputado del PAN a hablar de cómo actuaron en esa comisión los diputados del PAN.

Yo vi a sus diputados, diputadas defender con vehemencia su  trabajo y no fue ninguna simulación, pero da gusto ver cómo se expresan en esta tribuna con tanta ligereza algunos diputados. Estoy por la defensa de la Constitución y de la ley. Allá ustedes.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Sahui Rivero, para hablar a favor.

El diputado Mauricio Sahui Rivero: Con su permiso, señor presidente. Todos los diputados que este día nos encontramos representando a una sociedad que demanda de nosotros al menos el cumplimiento de las formalidades que envuelven la naturaleza de nuestro encargo, salimos a las calles a pedir el voto y la confianza de estos mismos.

Y salimos a la calle a pedir el voto y la confianza de estos mismos para cumplir, insisto, al menos con este deber constitucional, deber que nos compele, entre otras cosas, a la definición de las reglas de convivencia que en ejercicio de la representación social que ostentamos, nos toca establecer para crear esos grandes acuerdos que le dan sentido a nuestras instituciones, a los objetivos que éstas persiguen, al adecuado ejercicio del poder público.

En otras palabras, con estas reglas, en forma de leyes o reformas damos lugar al derecho positivo. A ese derecho vigente que nos rige a todos. De este poder surgen las atribuciones para los otros poderes, sus limitaciones y sus metas.

En los acuerdos y definiciones históricas de este poder encontramos la principal fuente de nuestro derecho vigente. Aquí se han construido los derechos de los mexicanos y es aquí, también, donde se han constituido sus obligaciones.

Aquí está el origen y génesis que marca nuestra convivencia cívica, por lo que sería irresponsable y motivo de burla para los ciudadanos, que quienes creamos reglas para ser acatadas, no acatemos las reglas que nos competen.

Toda sociedad encuentra su fortaleza en la fortaleza de sus instituciones, más en tratándose de instituciones garantes de nuestra democracia como lo es el Instituto Federal Electoral, desde donde se rigen los procesos para la transmisión del ejercicio del poder público.

Por eso nuestra Constitución hace valer los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad  y objetividad en este rubro, porque se considera un valor superior para el desarrollo de nuestro nación. No hay mayor legalidad que la que parte de nuestra  propia Constitución, nuestro máximo orden normativo.

Y el artículo 41 constitucional es claro: el IFE se conforma de ocho consejeros y un consejero presidente con derecho a voz y voto. No aprobar la presente convocatoria significa dejar al IFE sin más de la mitad de sus integrantes con derecho a voz y voto  al concluir el ejercicio de éstos el próximo 30 de octubre, cuatro de ellos, más la vacante pendiente.

Argumentos de legalidad son los que dan sustento a la presente convocatoria, se cumple con los nombramientos pendientes, incluso con los mandatos judiciales que tenemos. Absurdo sería no cumplir con nuestra obligación alegando la legalidad de pretendidos actos inconstitucionales. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Mauricio Sahui Rivero. Tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Lo anoto para rectificar hechos.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es en extremo preocupante que temas tan relevantes como lo es la designación de autoridades electorales, recaiga en una convocatoria tan apresurada, desaseada y con tantas lagunas y hierros.

Compañeras y compañeros, en primera instancia es llamar al pleno para que reflexionemos si modificamos este mismo procedimiento de la discusión de esta propuesta de la convocatoria. No es posible que se nos deje sin opciones de proponer y argumentar para generar propuestas más acabadas y consensuadas entre todos nosotros como pares.

No se puede sólo venir a decir que hablen tres a favor y tres en contra sin que exista un diálogo y sólo un monólogo. Ahora bien, debe haber mesas de trabajo plurales, foros, consultas a la ciudadanía de las organizaciones sociales, hechas por los órganos que ex profeso para ello están, pero no nos confundamos, amigas y amigos diputados, ésta no es una cuestión interna de la Cámara, ésta no es una decisión política que ataña únicamente a los partidos o a las corrientes de algunos partidos políticos; esta es una decisión trascendental para la sociedad mexicana.

No nos hagamos, compañeros, el harakiri político como órgano del Poder Legislativo y con ésta confiramos esta responsabilidad únicamente a las cuotas partidarias y no a las Comisiones de trabajo que para eso están aquí en la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Gobernación.

De qué nos sirve que el IFE sea un órgano constitucional autónomo, si de cualquier manera su composición va a estar plagada siempre de cuotas partidistas.  El IFE no debe de ser otro poder político, el IFE es un poder ciudadano.

Ahora bien, es destacar que la convocatoria adolece de requisitos mínimos, ni siquiera se incluyen los ensayos, criterios específicos, solamente por una cuota partidista y sí, ciudadanos diputados, les quiero decir que los partidos políticos ya tienen una representación en el IFE y por eso cada partido tiene un representante para tal fin. No reduzcamos a esto esta discusión.

¿Bajo qué condiciones y en qué formatos, cuáles serán los criterios, con qué certeza para el ciudadano que participará, se le garantizará que será verdaderamente tomado en cuenta? ¿En dónde queda el derecho y la oportunidad de que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos y no tenga vínculo o compromiso con algún partido político o corriente de un partido político, pueda participar en esta selección?

Resulta además imperativo que esta convocatoria no elimine los requisitos de las anteriores, como el ensayo, la experiencia comprobable, las cartas de recomendación de instituciones académicas.

En esta convocatoria tampoco se establece el plazo en el que deberá de realizarse el acuerdo político que garantice esta confiabilidad. No hay un instrumento que garantice esta integración de los 28 aspirantes ni mucho menos un criterio de proporcionalidad correspondiente a los partidos políticos.

Históricamente, compañeros, el IFE se ha compuesto por perfiles que tienen ciertos compromisos, no hagamos lo mismo. No sigamos contaminándolo, no sigamos ignorando a la ciudadanía ni al sector académico, que ha hecho buenas propuestas de funcionarios, de académicos y de representantes de la sociedad civil.

No se confundan, compañeros, la confianza con la lealtad o con la incondicionalidad que esperan tener de este órgano electoral. Tener la lealtad a quien lo propuso y lo puso como una mayoría que no discute y que no razona. No carguemos una vez más con este estigma  a estos nuevos consejeros, dejemos que salgan de una amplia consulta ciudadana, dejemos que nos generen confianza a todas y a todos, no que le deban el favor a un partido político.

No nos prestemos a una simulación mayor de los coordinadores, y lo digo claramente, de los grupos parlamentarios representados a esta Cámara, que el día de hoy vienen a hacer un agandalle político de los órganos electorales, que nos deben de dar confianza y credibilidad a todos.

Necesitamos mostrar mayor interés del que ellos tuvieron para elegir esa lista de cinco, que no fueron capaces de decidir, porque a su servidora le consta que cuando fue la fase de entrevistas en la Jucopo hubo coordinadores que la desdeñaron, hubo coordinadores parlamentarios que ni siquiera cuestionaron a los cinco candidatos, porque ya sabían que de ellos no iba a salir ninguno.

No nos prestemos a este engaño a la sociedad civil y salgamos fortalecidos como Cámara de Diputados. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lizbeth Rosas Montero. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Autónoma del Noroeste, del estado de Coahuila, son estudiantes de derecho y administración de empresas turísticas, invitados por el señor diputado José Luis Flores Méndez. Sean ustedes bienvenidos.

Reiteramos también la bienvenida a presidentes de los comités ciudadanos de la delegación Venustiano Carranza, y a los enlaces del gobierno de la delegación Venustiano Carranza, invitados por el diputado Julio César Moreno Rivera.

Y finalmente, damos también la bienvenida al señor presidente municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el ingeniero Eduardo Rojas Camacho, invitado por la diputada Leticia López Landero.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, me excluyo de los coordinadores gandallas. Miren, señores diputados y diputadas, éste es un tema, de verdad, delicado. Voy a tratar de ubicar el contexto, porque la designación de los consejeros electorales, como ustedes lo saben, corresponde a esta Cámara de Diputados, mediante mayoría calificada.

Ante la ausencia de uno de ellos, la Cámara de Diputados debió resolver la designación del sustituto, al no hacerlo, recuerdo que un grupo de diputados del PRI interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por esta omisión y demandó se concluyera el procedimiento.

El Tribunal, en una primera instancia, resuelve y requiere a la Comisión Permanente, recuerdo porque estábamos en receso, de que convocara a sesión extraordinaria a esta Cámara, para que concluyera el proceso de elección del consejero sustituto. Lo que no ha hecho, lo que no ha ocurrido y lo que no ha resuelto.

Después, en efecto, frente a esta nueva omisión de la Cámara de Diputados, el Tribunal, por la vía incidental, nos exige concluir el procedimiento. El incidente que se plantea, el incidente de sentencia alude no sólo al marco normativo interno, sino también invoca novedosamente instrumentos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que la ejecución de las sentencias debe ser completa, perfecta, integral y sin demora, lo que en este caso que nos ocupa no ha ocurrido.

Se presentaron cuatro incidentes de cumplimiento de sentencia y en la resolución del último incidente sobre el cumplimiento de sentencia el tribunal –fíjense ustedes, es la última parte– requiere al pleno. Al pleno, ya no a la Junta de Coordinación sino al pleno para que concluya el procedimiento de designación de uno de ellos.

Es decir, en la última resolución del incidente el tribunal ya solo pide informe al pleno de la Cámara de lo que está sucediendo en la misma. Lo lógico sería, señores, que se agotara el procedimiento del primero de los ausentes, se agotara el procedimiento en esta Cámara en el pleno y se diera cumplimiento al incidente de ejecución de sentencia para decir que no se reunió la mayoría calificada y, por tanto, se está lanzando una nueva convocatoria.

El incidente está incumplido y se ha incumplido sistemáticamente. Paradójicamente, son los propios legisladores miembros del Constituyente Permanente y los creadores de la norma los que en este momento estamos cayendo en desacato de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la sentencia y sus consecuencias incidentales no ha habido solución.

Creo, incluso, que el tribunal ha actuado en este caso de manera muy prudente, porque pudo haber ejercido los medios de apremio y la ejecución de sentencia. Obviamente, en un órgano como el nuestro no hay forma, pero hace unos días el diputado Ladrón de Guevara interpuso de nuevo un incidente para aplicar medios de apremio.

¿Saben cuáles son los medios de apremio que debieron aplicarse contra la Junta de Coordinación Política? Apercibimiento, amonestación, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta de 36 horas. Eso es lo que correspondería en estricto derecho, de acuerdo al artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Creo que debemos hacer las cosas bien. Nosotros no nos oponemos por oponernos, pero es mejor agotar el procedimiento del primer sustituto, y entonces sí, iniciar la convocatoria de los cinco completos.

Pero además, Francisco Coronato, doctor en derecho, me hacía una pequeña advertencia y la recordé. Vean ustedes el artículo 41 de la Constitución. Dice el artículo 41 que antes de lanzar la convocatoria y antes de que los grupos parlamentarios propongan a candidatos debe  haber una consulta amplia a la sociedad, lo que no se está haciendo.

Se puede hacer bien. ¿Para qué generar este tipo de suspicacias y de errores jurídicos en el procedimiento? Por su atención, presidente, y por la atención de todos, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Monreal. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado secretario. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Solicito, presidente, que sea nominal para que quede constancia pública de la resolución que se está tomando.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No tiene inconveniente esta Presidencia. Ábrase el tablero de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Diputada Isela González Domínguez, por favor, el sentido de su voto.

La diputada Isela González Domínguez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 388 votos a favor, 14 abstenciones y 21 votos en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Cúmplase.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal.

Tiene el uso de la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, honorable Congreso de la Unión, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar ante esta honorable asamblea el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal.

El principal objetivo de esta reforma constitucional que hoy someto a su consideración consiste en establecer dos derechos sociales de gran trascendencia: el derecho constitucional de los adultos mayores a una pensión universal que les permita cubrir sus gastos básicos de manutención durante su vejez y, de igual forma, el derecho de los trabajadores al seguro de desempleo, que les permita satisfacer sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral.

En la elaboración de este dictamen se tomó como eje rector, lo expresado en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, así como diversas iniciativas presentadas ante el pleno de esta Cámara por los grupos parlamentarios del PRI, del PRD y el Congreso de Puebla, que por su estrecha relación con el tema, enriquecieron este dictamen.

Por lo que respecta al tema de los derechos de los adultos mayores, se propone adicionar dos párrafos al artículo 4o. constitucional, con la finalidad de garantizar la pensión universal para el adulto mayor, como un derecho fundamental, con lo que se dará cumplimiento a una petición que por décadas nos ha demandado la sociedad.

Quiero señalar, como antecedente a esta gran reforma constitucional, el Programa Social del Gobierno del Distrito Federal que se inició en diciembre del 2000, siendo el de la voz, junto con otros asambleístas, quienes tuvimos el honor de transformar en ley este noble programa tres años después; mismo que a más de 10 años de su creación se mantiene como una política social exitosa del Gobierno del Distrito Federal, que ha contribuido para que muchos gobiernos estatales implementen este tipo de política pública, por lo que hoy  haremos historia al elevarlo a rango constitucional.

Los adultos mayores son ejemplo de lucha, sabiduría y experiencia. No permitamos que esta etapa la vivan en soledad, discriminación, marginación laboral, familiar, política y comunitaria, así como maltrato físico y emocional que en ocasiones padecen.

Recordemos que con esta protección social contribuiremos a mejorar los niveles de bienestar, ya que ello implica crear oportunidades y proporcionar los medios para lograr que estén por encima de los umbrales mínimos de calidad de vida. Este segmento constituye el 9 por ciento de la población nacional, son generadores de desarrollo social, económico y político de nuestro país.

En este sentido, resulta imperativo que al interior de este órgano legislativo se lleve a cabo las reformas necesarias que permitan garantizar que el adulto mayor envejezca con seguridad y dignidad, integrándolo a una vida activa de respeto, de esparcimiento y de plenitud.

Con la presente reforma, fortaleceremos el marco constitucional para proteger a los adultos mayores, estableciendo políticas públicas que les permitan recibir servicios de salud, promover su integración social y su inestimable participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado Moreno. Sonido en la curul del diputado Camarena.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más hacerle una petición a usted, el que pudiera hacer una moción de orden al pleno. Estamos atendiendo un punto muy importante que está tratando el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Si posteriormente a su intervención, que es de 15 minutos, no les interesa a los compañeros diputados escuchar a las fracciones parlamentarias, es su problema. Pero creo que cuando menos deben guardarle respeto en este momento al presidente de la comisión que está posicionando el punto y que es una reforma constitucional importante para todos los mexicanos. Ojalá, señor presidente, nos pueda ayudar usted poniendo orden en el pleno. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Llamo a todos los presentes a guardar silencio para poder escuchar al orador. También a desalojar los pasillos los que no son diputados y que no tienen absolutamente nada que hacer aquí, para que no haya tanto barullo en el salón y podamos continuar con el desarrollo de la sesión. Adelante, diputado.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado presidente. Agradezco también la intervención del diputado que hizo el uso de la palabra para la moción.

Decía que con la presente reforma fortalecemos el marco constitucional para proteger a los adultos mayores estableciendo políticas públicas que les permitan recibir servicios de salud, promover su integración social y su participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales concede al Congreso de la Unión la facultad para expedir la ley que haga posible la tutela protectora para los adultos mayores. Por ello proponer adicionar una fracción XXIX-T al artículo 73 de la Ley Fundamental.

Si bien la iniciativa del Ejecutivo federal propone asignarle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de seguro de desempleo, esta comisión dictaminadora consideró conveniente trasladar dicha facultad a la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 constitucional, ya que considera que no existe la necesidad de expedir una ley que establezca un seguro de desempleo para los trabajadores, sino que el seguro sea administrado y ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es importante señalar que el seguro de desempleo se eleva como un derecho social a rango constitucional y no solamente como un instrumento o programa destinado a reducir los efectos del desempleo como actualmente sucede.

En lo relativo a suprimir el concepto cesación involuntaria de trabajo, contenido en la fracción XXIX, apartado A del artículo 123 de la Ley Fundamental, en los términos propuestos por el Ejecutivo federal la Comisión de Puntos Constitucionales estimó sustituirlo por el término cesantía en edad avanzada, haciendo lo congruente con la ley de la materia en razón de que existe mayor seguridad jurídica.

Por lo que respecta a los artículos transitorios que el Ejecutivo federal propuso en su iniciativa, esta comisión dictaminadora suprimió el tercer párrafo del artículo segundo transitorio para no condicionar los derechos y garantías constitucionales que ahora se reconocen a una suficiencia presupuestal.

Finalmente celebramos que se consideró pertinente la modificación del artículo tercero transitorio para que los estados y el Distrito Federal mantengan sus programas, apoyos y pensiones alimentarias para adultos mayores aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, para que sigan operándolos en los mismos términos en que fueron establecidos.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos el privilegio de protagonizar una etapa histórica para dignificar a la gente que más ha aportado a nuestra nación: nuestros adultos mayores.

Los derechos sociales se dirigen a hacer efectivas las exigencias de los valores de la igualdad y de la solidaridad; son los que garantizan universalmente a toda persona el acceso a los medios necesarios para tener una vida digna.

Las personas son valiosas por sí mismas, no por lo que produzcan económicamente, no por los bienes que puedan tener, sino por la dignidad que poseen. Es por ello que son sujetos de derecho.

Los adultos mayores representan una parte importante en nuestra sociedad y merecen toda nuestra admiración, reconocimiento y respeto. No son espectadores, sino que siguen siendo protagonistas en la construcción de nuestra nación.

De igual trascendencia es el derecho que tendrá el trabajador para superar la situación de desempleo que impacta directamente a su núcleo familiar.

Compañeras y compañeros diputados, continuemos por este camino, pues lo que hoy sembremos es lo que habremos de cosechar el día de mañana, pues ya lo decía el escritor francés Emilio Herzog: “El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Antes de dar paso a una moción suspensiva, quiero saludar a los alumnos de la primaria Revolución Social Mexicana, de 5º., y 6º., grado del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez.

Y también damos la bienvenida a un grupo de alumnos del CETIS número 141 doctor Manuel Gamio, de Teotihuacán, estado de México, invitados por la diputada Lucila Garfias.

También invitados por la misma diputada Lucila Garfias, alumnos de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, del municipio de Ecatepec. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Para presentar una moción suspensiva tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El Ejecutivo federal presentó el 8 de septiembre su propuesta de reforma hacendaria y de seguridad social. Y en ésta última contemplaba una ley del seguro de desempleo, aspecto de suma importancia si se tiene en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 2 millones 654 mil personas en el desempleo.

La propuesta del gobierno federal era crear un seguro de desempleo para mitigar el impacto negativo por la pérdida de ingresos que afecten al desempleado y a su familia.

Tendrían acceso inmediato a esa prerrogativa los trabajadores que al momento de la pérdida hayan estado cotizando en el Seguro Social, en el IMSS o al ISSSTE, sin distinción alguna.

En Movimiento Ciudadano no estábamos de acuerdo especialmente con la Ley General del Seguro de Desempleo que presentó el Ejecutivo y debido a eso presentamos una iniciativa que en verdad beneficiara a todos los trabajadores, no importando a qué régimen de seguridad social pertenecieran, pero sí estábamos a favor de la reforma constitucional.

En esta Cámara de Diputados una vez más se ven las incongruencias de sus diputados. Aquellos que votaron a favor de la reforma hacendaria hoy le quitan lo único bueno que tenía esta iniciativa, el carácter de social, y del que tanto estuvieron presumiendo en el primer informe de gobierno del Ejecutivo federal.

Una vez más le dan la espalda a sus representados y engañan al pueblo de México porque no solamente aumentaron los impuestos, sino que ahora si un trabajador se queda sin empleo, lo que les vendieron con tantos promocionales del “sí se puede”, hoy les dicen: no se puede crear una ley general del seguro de desempleo.

La propuesta de iniciativa enviada por el Ejecutivo disponía el reconocimiento de derechos de los adultos mayores en el artículo 4o de la Constitución, dotándole de contenidos mínimos entre los cuales destaca la obligación del Estado de procurar que vivieran con dignidad y evitar la discriminación en su contra, piso mínimo que fue eliminado por la comisión que dictaminó la iniciativa.

Respecto al seguro de desempleo universal, la iniciativa enviada por el Ejecutivo contemplaba dotar al Congreso de la Unión para reglamentar, a través de una ley general, lo relativo a este derecho de los mexicanos. No obstante, la comisión dictaminadora eliminó tal apartado e incluyó en el artículo 123, Apartado A, la obligación de la Ley del Seguro Social de contener la regulación del seguro de desempleo, lo que implica que los trabajadores del Estado regulados por el Apartado B del citado precepto constitucional, queden fuera del ámbito de la protección de este seguro de desempleo.

Lo anterior evidencia una práctica discriminatoria prohibida por el artículo 1o de la Constitución, pues por el solo hecho de tratarse de trabajadores del Estado se despojaría de un beneficio a miles de ciudadanos.

Lo anterior deriva de una falta de observancia de la Constitución que provocará una contradicción en el texto de la Carta Magna, ya el artículo 1o prohíbe toda forma de discriminación. El artículo 123 dispondrá la existencia de un derecho universal sólo disponible para un grupo de personas.

Así las cosas, el carácter social que pudo haber tenido la iniciativa propuesta por el Ejecutivo quedó eliminado por los trabajos de la comisión.

Resulta preocupante que la misma Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara fuera quien retirara el carácter universal del derecho a un seguro de desempleo, desnaturalizando como un derecho fundamental.

Por lo anterior, se plantea esta moción a efecto de que el dictamen sea devuelto a la Comisión de Puntos Constitucionales para que ésta, en comisiones unidas con la de Derechos Humanos, emitan un nuevo dictamen que subsane los vicios que encierra el que hoy se pretende discutir, pues en caso de que se vote a favor de este dictamen la consecuencia sería despojar a miles de trabajadores de este beneficio por el solo hecho de prestar sus servicios al Estado y eliminar el contenido mínimo de los derechos de los adultos mayores.

La incorrecta dictaminación de la iniciativa que se discute evidencia la necesidad de incluir en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos para que con ello se llegue a una visión progresiva e incluyente respecto a temas tan relevantes como la pensión universal y el derecho a un seguro de desempleo universal.

Se propone se suspenda la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 4o, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad social universal.

Segundo. Se solicita que la iniciativa en comento sea dictaminada en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Le ruego a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

 El Presidente diputado José González Morfín: No se toma en consideración. En consecuencia se desecha. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán. Si me permiten, quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a aquí, a algunos invitados llegados de Suecia,  Ronnie y Marie Regards, quienes están aquí invitados por el diputado Patricio Flores. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, por su propia naturaleza los derechos humanos tienen pretensión de universalidad, y esta reforma de suyo la conlleva. Traslada de un asistencialismo ramplón a una universalidad de derechos.

Para Nueva Alianza todos, mujeres y hombres, por su dignidad como personas son titulares de iguales derechos, deben ser reconocidos, promovidos, garantizados y protegidos.

Si aceptamos que la ley en su sentido teleológico más profundo se concibe como un instrumento social fundamental destinado a otorgar de manera igualitaria a todo ciudadano el acceso y disfrute de las prerrogativas o derechos para su protección y plena realización, en tal sentido cobra esencial relevancia los derechos que atienden las necesidades básicas de los propios ciudadanos.

En nuestro país, un número importante de adultos mayores no cuenta con ingreso económico que le permita desarrollarse plenamente, aun cuando instrumentos jurídicos y recomendaciones internacionales refieren que los países deben de otorgar ayudas pensionarias a las personas adultas mayores que no cuentan con una pensión de seguridad social con la finalidad de mantener un equilibrio en el desarrollo económico  y social de la población.

En Nueva Alianza estamos a favor de reformar el artículo 4o constitucional, para establecer que el Estado mexicano proteja a los adultos mayores y garantice con ello una vejez digna y decorosa, lo que significa que las políticas públicas que se emprendan deberán estar enfocadas a fomentar la cultura del envejecimiento de calidad, con la finalidad de que los adultos mayores alcancen la plenitud en sus derechos, tanto individuales como colectivos.

La seguridad social universal constituye uno de los más altos propósitos de todo estado de derecho, toda vez que expresa una máxima tutela del cuerpo social y la consecución de los uno de los caros objetos del quehacer público.

Coincidimos plenamente en que existe una necesidad de robustecer la seguridad social en nuestro país, otorgando a los mexicanos mecanismos de protección que les permitan contar con un nivel de vida digno y puedan cubrir sus necesidades durante la vejez o ante la eventualidad del desempleo.

Sin duda, la reforma que en este momento se promueve resulta trascendental, es trascendental por el beneficio para dos sectores específicos de la población colocados en condición de especial vulnerabilidad, permitiendo a adultos mayores y a trabajadores privados de su fuente de trabajo, contar con la protección legal con rango constitucional para hacer frente a las situaciones de gravedad que pudiesen enfrentar.

Asimismo, insistimos en la concepción y construcción institucional de los derechos que a través de la presente reforma se propone otorgar.  Sólo a través de su expedición e instrumentación en el ámbito de nuestras instituciones de seguridad social puede asegurarse el cumplimiento de los propósitos de la reforma. Es por esto que las normas secundarias que en su momento den cauce a la presente modificación constitucional deberán transitar en la vía de las instituciones sociales con las que el Estado cuenta.

Debemos mencionar en el aspecto sustancial la importancia de beneficiar a los adultos mayores, grupo que en su mayoría enfrenta condiciones que van de desfavorables hasta graves en ámbitos como la salud, en ámbitos como el ingreso, la manutención y el acceso a elementos de bienestar mínimo. Es por ello que una pensión universal también constituye una más que justa retribución una vida en su mayor parte de trabajo y esfuerzo. En este aspecto, la reforma no sólo tiene una sustentación jurídica sino un profundo sentido ético.

Por lo que se refiere al seguro de desempleo, este derecho viene igualmente a beneficiar de manera justa a quienes conforman la fuerza productiva de nuestro país, no sólo en cuanto se refiere al trabajador en sí mismo, sino a las familias que dependen de éste, permitiendo la reinserción del trabajador en la planta productiva y evitando las graves consecuencias de la falta de un salario.

En efecto, con esta medida se garantizará a los trabajadores del sector formal que se encuentren en una situación de desempleo, es un mecanismo  que evitará el detrimento en el nivel de vida de sus familias y que les podrá permitir reinsertarse al mercado  formal de la manera más pronta posible.

El reconocimiento constitucional de la condición y los derechos de los adultos mayores, así como la integración de un seguro de desempleo en las normas constitucionales en materia laboral, constituyen un largo propósito que esta reforma cristaliza. Por ello, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se congratula, acompaña y brinda toda su aceptación, en la seguridad que el proyecto que hoy se presenta en esta Comisión y que sin duda será integrado a nuestra Constitución Política federal, constituirá un histórico momento a favor de los grupos anteriormente referidos.

Nueva Alianza, como entidad política, tiene un principio esencial; la protección y la promoción de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Es por esto que expresamos nuestra favorable aceptación al proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 73 y 123 de nuestro ordenamiento constitucional supremo, en los ámbitos de protección de los adultos mayores y seguro de desempleo.

Sabemos que desde este órgano legislativo se deben sumar esfuerzos para logra los mejores resultados en beneficio de nuestro país y de las mujeres y hombres que lo conforman. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para expresar nuestra opinión en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política que actualmente nos rige, fue la primera en establecer los derechos sociales en el artículo 27 para los campesinos y en el artículo 123 para los obreros.

En el diseño institucional del Estado mexicano, éste adquiría la obligación de equilibrar las desigualdades sociales. Mediante el esquema funcionó hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, en donde al instaurarse el neoliberalismo como modelo de política económica, el Estado aplicó de su función social para subordinarse a los dictados de los organismos financieros internacionales.

En el sistema económico neoliberal lo único que importa es la obtención de utilidades, sin importar los derechos de los trabajadores. Es más, infinidad de leyes secundarias se han modificado para permitir la funcionalidad del sistema capitalista neoliberal, así como ocurrió con la reforma integral al régimen de seguridad social, en donde se sustituye el régimen de pensiones solidario y subsidiario por el de cuentas individualizadas.

La última de estas reformas fue la relacionada con la Ley Federal del Trabajo, donde se flexibilizaron diversas disposiciones bajo el pretexto de que estos cambios generarían los empleos que los mexicanos demandan y la realidad ha demostrado que esto no ha sucedido.

En el dictamen que se somete a nuestra consideración, en el artículo 4o., se propone que el Estado garantizará el derecho de los adultos mayores, velará porque reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación social en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

Nadie puede oponerse a una disposición de esta naturaleza, que es un ideal alcanzar, pero para nadie pasa desapercibido que los adultos mayores son víctimas de una terrible discriminación y que en las instituciones médicas de carácter público tienen que hacer largas filas para que se les atienda y no siempre adecuadamente.

En cuanto a su acceso al empleo, ahora los adultos mayores disputan con los menores de edad la oportunidad de incorporarse como paqueteros en los centros comerciales. Por supuesto, que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no deseamos este fin para las personas que han agotado su vida productiva.

En relación con el derecho a recibir una pensión para pagar sus gatos de manutención durante la vejez, por supuesto que los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de que este derecho se ejerza de manera inmediata.

También estamos de acuerdo con la propuesta de adicionar una fracción XXIX Q al artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de adultos mayores, con el objeto de que las nuevas atribuciones del Estado mexicano se lleven a la práctica de manera inmediata.

En relación con la reforma al artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXIX, estamos a favor de incluir los seguros de cesantía en edad avanzada y el de desempleo. Sin embargo, en particular con el seguro de desempleo y que es un tema que tendrá que abordarse en la legislación secundaria correspondiente, desde este momento expresamos nuestro rechazo a que dicho seguro de desempleo sea fondeado con los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

A este esquema podrán llamarle como quieran, pero no seguro de desempleo. Porque a final de cuentas solo se autoriza que el trabajador disponga en el porcentaje que establezca de su ahorro.


Pero hay una situación de la que queremos alertar, en caso de los trabajadores que se han contratado por horas en términos de la reforma a la ley laboral del 30 de noviembre de 2012. Y que por consecuencia ahorrarían menos que el resto de los trabajadores en sus cuentas individualizadas.

Si un trabajador de 8 horas diarias ahora poco, imaginemos el caso de quienes se contratan por horas. A cuánto podrá ascender su ahorro. Eso no les permitirá vivir ni quince días en lo que consiguen un empleo formal, si es que lo consiguen.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor del establecimiento de un seguro de desempleo solidario y subsidiario, que se constituya a partir de las aportaciones del trabajador, de los patrones y del Estado.

Cualquier otro esquema diferente al que aquí proponemos, a la larga solo propiciará que el trabajador consuma su ahorro y que al término de su vida laboral útil sea una carga para sus familias.

Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Esta propuesta de reforma constitucional se entregó junto con el paquete de reforma hacendaria el pasado 8 de septiembre, en ceremonia que acudió el secretario de Hacienda a esta Cámara.

Se hablaba entonces que, más que una reforma de carácter hacendario fiscal, era una reforma social y se decía que con los recursos que vendrían de los nuevos impuestos o el ajuste fiscal se podrían fondear dos políticas, con las cuales evidentemente no se puede estar en desacuerdo, que era la pensión universal para los adultos mayores y el seguro de desempleo.

Sin embargo, al paso de las semanas esta propuesta fue bajando de intensidad por parte del gobierno federal y surgió la realidad, que más que una reforma social se trataba de una reforma recaudatoria, una reforma que generaba nuevos mecanismos de supervisión para el sistema de administración tributaria y además también que planteaba un déficit fiscal descomunal.

Paralelamente en la Comisión de Puntos Constitucionales se empezó a revisar esta iniciativa y se nos pidió por parte del presidente de la comisión que cada grupo parlamentario planteara sus observaciones a la iniciativa presidencial.

En Movimiento Ciudadano lo que planteamos en esa solicitud fue de entrada plantear este derecho de los adultos mayores como una garantía constitucional, es decir, apelar al garantismo constitucional para reconocer el derecho de los adultos mayores a una vida digna y a tener seguridad, es decir, a vivir con dignidad su etapa mayor de la vida y a que la sociedad le retribuya lo que le han aportado. Ahí coincidimos con otros partidos, por eso la iniciativa original hablaba de que el Estado protegerá y nosotros establecimos que el Estado garantizará.

Y, por otro lado, planteamos nuestro descuerdo con el artículo segundo transitorio, que subordinaba todos estos derechos a una disponibilidad presupuestal, al regateo de los recursos. Y nosotros dijimos que, atendiendo a la teoría constitucional y al garantismo, una garantía constitucional no puede estar condicionada al ejercicio presupuestal, porque equivaldría a que señaláramos que el derecho a la educación –que garantiza la Constitución en el artículo 3o.– estuviera sujeto al número de escuelas y al dinero que hubiera para mesabancos o computadoras. Y ahí coincidimos particularmente con algunos diputados del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, lo que hoy se presenta como dictamen discrepa de la iniciativa original. Y lamentablemente discrepa para mal. Sí se estableció el garantismo, sí se modificó en parte el artículo segundo transitorio, pero la redacción propuesta en el artículo 4o. cambió sustancialmente.

De establecer lo siguiente: El Estado protegerá los derechos de los adultos mayores; velará porque vivan con dignidad y seguridad y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad y establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra.

Ésta era la propuesta original que nosotros no objetamos; sin embargo, si leen ahora el dictamen se ha achicado.

Y solamente dice: El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturas de su comunidad.

Es decir, quedó fuera lo político, quedó fuera la dignidad, quedó fuera la seguridad, quedó fuera los mecanismos para protegerlos de la violencia o la discriminación en su contra; es decir, hubo un tijeretazo a la reforma que se planteó.

A nosotros lo que nos extraña es que siempre cuando llega una iniciativa del Pacto o del presidente, que no se le mueva ni una coma, y aquí sufrió, fue trasquilada de manera mayor, en nuestra opinión desnaturaliza la propuesta original.

Pero si nos vamos, además, al artículo 73, el proyecto original establecía una base constitucional para que el Congreso de la Unión legisle en materia de desempleo en los términos del artículo 123, último párrafo de la misma. Ya en esta propuesta de dictamen se está eliminando del artículo 73 esta última parte; es decir, ya no se da la base constitucional para legislar en materia de desempleo y únicamente se deja en el artículo 123.

Pero volvemos a la iniciativa original que planteaba en el artículo 123: El Congreso de la Unión expedirá la Ley que Establezca un Seguro del Desempleo para los Trabajadores, a los que se refieren los apartados. Entiéndase apartado A y apartado B de la Constitución, en la que se preverán las condiciones de financiamiento y los requisitos para acceder al mismo.

Ahora en este dictamen se modifica el 73, se elimina: La base para legislar en materia de desempleo. Y en el artículo 123 que plantea el dictamen se remite única y exclusivamente para la Ley del Seguro Social.

Dice: Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de cesantía en edad avanzada y vejez, de vida, de enfermedades, de accidentes y de desempleo.

¿Qué es lo que pasa pues con esta propuesta? Que se desnaturalizó la iniciativa, se sacan a todos los trabajadores del apartado B, que son millones de trabajadores y se remite, no a una ley general, sino a una Ley del Seguro Social. Evidentemente que quienes sean o accedan a este seguro del desempleo, solamente serán los trabajadores del Seguro Social y evidentemente, como está aquí expresado, se va a financiar con las propias cuotas de los trabajadores.

Es decir, dónde quedó aquello que toda la reforma hacendaria y fiscal, todos estos nuevos impuestos iban a irse para financiar un seguro del desempleo en una ley general.

Por esta razón, compañeras y compañeros, nosotros no podemos avalar esta simulación. Quien quiere ayudar a los adultos mayores lo puede hacer, como lo ha hecho el Gobierno del Distrito Federal desde el 2000, como lo han hecho otros gobiernos progresistas y además son de carácter universal. Por esa razón nos parece que todo el garantismo y toda la espectacularidad que se le quiso dar a esta reforma, queda acotado a una reforma muy menor.

Por eso la diputada Zuleyma Huidobro planteaba con muy buenos argumentos que se regresara a la comisión y que se tomara en cuenta el sentido original de la propuesta con los dos añadidos que nosotros planteamos. Quitar el segundo transitorio, elusiones presupuestales, porque es una garantía constitucional que no puede estar subordinado a una cuestión administrativa; y, por otro lado, establecer que el Estado garantizará.

Para nosotros con esas dos correcciones la iniciativa estaba bien. Evidentemente que el debate se trasladaría a la legislación secundaria, pero nos parece que con estas adecuaciones no podemos acompañar este dictamen. Nos parece que es más un asunto de propaganda, un asunto de querer lavar la cara a los nuevos tributos, a la reforma hacendaria, pero no es una reforma social de fondo ni es un seguro de desempleo para todos los que caigan en esta situación.

Concluyo, presidente. Por eso nosotros vamos a pedir, insistir en que se regrese a comisión y si subsiste en sus términos no lo vamos a acompañar, vamos a estar en contra porque es una simulación. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Contaduría y Administración, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Hugo Jarquín.

También a un grupo de alumnos de la escuela Preparatoria número 24 de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval.

También a alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que están aquí invitados por el diputado Roberto López Suárez.

Igualmente a los alumnos de la Universidad de Celaya, Guanajuato, invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

Así como también a un grupo de invitados especiales de San Luis Potosí, del diputado José Everardo Nava Gómez. Bienvenidos todos a la sesión. Les damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos.

Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea. Antes de iniciar mi participación respecto al punto, no quiero dejar de lado mencionarle al diputado que me antecedió que él estuvo presente en las discusiones y que intentamos incorporar todas las propuestas que nos hizo y así las retomamos y las pusimos en la mesa incluso como nuestras, porque había dicho que así iba a votar a favor poniendo esas modificaciones.

Sin embargo, hoy lo que fundamenta no tiene –para mí– sentido la manera en que él lo está expresando porque no fue así como en la comisión se dio la discusión y él presentó sus propuestas que se fueron retomando.

La modificación que estamos presentando el día de hoy a Carta Magna que el presidente de esa Comisión, de Puntos Constitucionales, ha tenido a bien explicar ampliamente en esta tribuna, es sobre los artículos 4o., 73 y 123, respecto a la pensión universal de los de 65 y más y el seguro de desempleo.

Estimados diputadas y diputados, el 6 de mayo de 2012, durante el primer debate por la presidencia de la república, el entonces candidato de la coalición Compromisos por México, apoyada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Peña Nieto describió un conjunto de 23 compromisos que cumpliría de llegar a obtener la preferencia electoral.

Entre ellos se encontraba crear un sistema de pensión para los adultos mayores y establecer el seguro de desempleo. Es por eso que el día de hoy nos da doble gusto a la fracción del Verde Ecologista de México, venir a esta alta tribuna a decir que nuestro entonces candidato y hoy presidente de la república, está cumpliendo con sus compromisos.

Estimadas diputadas y diputados, pero no solamente este compromiso se hizo realidad al presentar esta importante reforma, sino que esta soberanía hizo los cambios que se requerían para que esta importante reforma, fundamental reforma de política social, tuviera éxito.

Se cambiaron, como ya lo mencionaron algunos legisladores, algunos puntos importantes que tienen que ver con el concepto de Estado que esta soberanía ha estado impulsando no solamente en esta reforma, sino en otras reformas también.

¿Cuál es el concepto? El concepto de garantista del Estado; no proteccionista sino garantista. Garantizarles a todos los individuos, a todas las personas mexicanas sus derechos humanos, sociales y políticos.

Es en este contexto, compañeras y compañeros, que quiero llamar su atención, porque ésta es una reforma fundamentalmente importante para demostrar que un Estado democrático tiene que pugnar por un Estado de derecho que garantice la igualdad y la equidad social.

En este caso, compañeras y compañeros, estamos demostrando que la soberanía está legislando no solamente los impuestos que han sido cuestionados en días pasados y en días presentes para todos los que estamos aquí constituyendo la soberanía, sino que ese Presupuesto que se va a generar con lo que aquí se votó de impuestos, va a servir para que finalmente hagamos justicia social. Eso es lo que estamos en esta soberanía discutiendo y aprobando día con día.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, me congratulo y me siento sumamente importante de pertenecer a esta Legislatura porque estamos haciendo las cosas bien; estamos legislando para darle a la mayoría la justicia social que durante muchos años ha peleado y no se le ha dado.

Compañeras y compañeros, durante muchos sexenios hemos luchado para que nuestro Estado se transforme en un Estado democrático. Pero no puede haber democracia si no hay justicia social.

No podemos decir que hay una democracia con reglas justas mientras las mayorías de este país se fueron empobreciendo, a pesar de que nosotros habíamos logrado la alternancia en el poder en la presidencia y a pesar de que esta soberanía ahora es una soberanía constituía de manera plural.

Por eso, compañeras y compañeros, ustedes en la calle, todos nosotros en la calle tenemos que dar la frente en algo y decirle a la gente, les estamos cumpliendo. Estamos de hoy en adelante viendo en la justa dimensión de nuestro trabajo, que no solamente pugnemos por generar riqueza, sino por hacer una justa distribución de ella.

Queremos hacer justicia social desde esta alta tribuna y con estas reformas a la Constitución lo vamos a lograr; vamos a lograr sentar las bases para que las mayorías de nuestro país puedan ser beneficiadas y puedan sentir en sus bolsillos el trabajo que aquí venimos a realizar.

Muchos de nosotros  hemos tenido tristeza quizás, enojo a veces, al enfrentar en la calle los reclamos de por qué hemos aprobado impuestos que a veces lastiman a algunos sectores de la sociedad. Pues lo hemos hecho para lograr este tipo de cosas. La política social que requiere el país.

No se puede todo y yo sí quiero hacer un llamado de atención porque muchos de los compañeros que a esta tribuna vienen a hablar en contra de esta reforma, son las demandas que durante muchos años la izquierda y ellos muy personalmente han abanderado. Por qué hoy, cuando se están cumpliendo, aun cuando no es su presidente el que haya ganado la presidente de la república o su candidato a la presidente de la república y no quieran ver al presidente de hoy como su presidente, está proponiendo cosas que verdaderamente están beneficiando a la población y no las están apoyando. Por qué, si es ésta la bandera que ellos han estado encabezando durante muchos años, la de la justicia social, la que se está concretando con estos cambios que estamos haciendo.

Compañeras y compañeros: en este contexto, la fracción del Verde Ecologista de México les viene a decir: apoyemos ésta y las demás reformas que tienen que ver con la política social para cambiarle la vida a los mexicanos. Sintamos verdaderamente con pasión lo que estamos haciendo; no solamente estamos haciendo reformas en política fiscal, estamos viendo que también esas reformas sirvan para beneficiar a las mayorías de este país.

Sigue que vigilemos cómo se usan esos recursos, pero esta soberanía ha demostrado que tiene la capacidad de hacerlo y vamos a estar vigilantes para que los recursos que estamos generando aquí verdaderamente se empleen para lo que estamos reformando en la Constitución, que es la justicia y la igualdad social para las mexicanas y mexicanos de este país. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Para responder a alusiones personales tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Presidente. Éste es un cuadro comparativo que se trabajó en la Comisión de Puntos Constitucionales. Hay unas columnas –incluso le sacamos copia para circularlo entre todos–; viene la iniciativa del Ejecutivo, las propuestas del PRD, las propuestas del PRI, la propuesta de Movimiento Ciudadano, la propuesta del Partido Verde y la propuesta de la comisión.

Entre lo que planteó el Ejecutivo federal y lo que se está aprobando hay un retroceso terrible porque planteó que fuera una ley general, con base en una reforma al artículo 73 constitucional y el producto legislativo de la comisión es remitirlo a la Ley del Seguro Social, el seguro de desempleo y lo está, con esto, sacando a todos los trabajadores del Apartado B.

Por esa razón, evidentemente que es un dictamen distinto a lo que era la propuesta que aquí tanto defiende. Y nos llama la atención porque, insisto, en otras iniciativas del pacto o del Ejecutivo, no les mueve ni una coma, y nos parece extraña esta modificación de fondo que hay en el dictamen con relación a la iniciativa.

Y además, ningún grupo lo planteó, ni siquiera el PRI planteó quitar lo del Apartado B ni modificar lo del  artículo 73. Tampoco ningún grupo planteó que se quitara que los adultos mayores, el Estado velará porque vivan con dignidad y seguridad, y esto se está quitando del dictamen, y eso es lo que nosotros estamos señalando.

Las propuestas a las que se refieren, las hicimos al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, es cierto, y aquí están, pero era meter la palabra “garantizará” y modificar el artículo segundo transitorio. Nosotros no planteamos...

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul del diputado Moreno. Dígame, diputado.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Presidente, por su conducto pedir si el orador me acepta una pregunta.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Acepta usted una pregunta?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Adelante, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Gracias, presidente. Con esa vehemencia que hoy está exponiendo nuestro querido compañero Mejía Berdeja, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, quisiera preguntarle ¿por qué motivos no expuso lo que hoy está exponiendo en tribuna?

Bueno, ¿por qué ni siquiera asistió a la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales donde se debatió, donde se discutió, donde ni siquiera pudo estar presente para hacer público su desacuerdo que hoy expone aquí en tribuna? Es lamentable que no asistiera a esta sesión, quisiera saber por qué motivos desaprovechó la oportunidad de poder estar presente en esa discusión. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede dar respuesta, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, el presidente de la Comisión está evadiendo que trasquiló la propuesta y la sacó de tajo a los del Apartado B, porque ni el PRI ni el Verde ni Movimiento Ciudadano ni el PRD lo planteó, de la noche a la mañana quita a todos los trabajadores del Apartado B, del seguro de desempleo, y elimina que los adultos mayores vivirán con dignidad y seguridad, y además la protección en casos de violencia o de discriminación.

Al contrario, yo le preguntaría por qué le quitó usted esto, si ningún grupo parlamentario lo planteó, y hemos dado discusiones profundas en la Comisión de Puntos Constitucionales. Evidentemente que usted cita cada vez que le dice el coordinador del PRI, y repentinamente saca citatorios, pero ahí estuvimos el viernes. Ahí estuvimos el vienes, y dijimos, además en el escrito, que nos reservábamos otras observaciones.

Entonces, es mentira lo que usted está planteando, pero aquí esas son cuestiones para desviar la atención. El fondo es que hay un dictamen y están sacando a todos los trabajadores del Apartado B del seguro del desempleo, es el asunto de fondo.

Están mochando el artículo 73 constitucional, que planteaba una base general para legislar en materia de desempleo. Ése es el fondo, lo demás son cuestiones de forma menores para tratar de justificar una conducta política. La realidad es que cuando se cita  es consigna, ahí están todas las reservas que hemos presentado y a ninguna le han dado curso, y ahora repentinamente a la gran propuesta de reforma social le quitan gran parte de su contenido, particularmente en el tema del desempleo y a una visión integral para el garantismo de los adultos.

Por eso aclaramos esto, ahí están los documentos, vamos a hacerlos públicos. Y finalmente hay que preguntar en todo caso, insistiría, al presidente de la Comisión, quién le propuso  modificar el artículo 73 para quitar la base general para legislar en materia de desempleo, del seguro de desempleo, quién le propuso quitar a todos los trabajadores del Apartado B, y quién le propuso, en lugar de una ley general plantear solamente una adecuación a la Ley del Seguro Social. Ése es el tema de fondo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz la diputada Julisa Mejía Guardado.

La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Huehuetéotl, el dios viejo, el abuelo fuego, la síntesis del conocimiento, el origen de la sabiduría, es una guía para lograr trasmitir el conocimiento a los cuatro puntos cardinales.

En la mitología mexica, Huehuetéotl era el dios del fuego, su culto fue uno de los más antiguos en toda la Mesoamérica. Era representado como un anciano, se le atribuía la sabiduría obtenida por la experiencia de los años. Los pueblos mesoamericanos rendían culto, veneraban, consultaban y cuidaban a sus ancianos como sus criadores y forjadores.

Según los datos del Censo de Población 2010, se observa un alto índice de envejecimiento en la población mexicana, con edades que oscilan de 60 años o más, es decir esta población asciende a 10 millones 550 mil personas, lo que significa que el 9.06 por ciento de la población total del país son personas adultas mayores.

Asimismo, el Consejo Nacional de Población estima que para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años  y para 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es sumamente importante promover una cultura del envejecimiento digno y de calidad de vida en nuestro país.

Los adultos mayores han sido generadores de desarrollo social, económico y político, siendo responsabilidad de toda la población activa y de los gobiernos, proporcionarles los medios adecuados para integrarlos a una vida digna, de respeto y de esparcimiento, para que no sean ni se sientan excluidos de la sociedad.

En esta reforma se propone reformar los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política, una bandera que el Partido de la Revolución Democrática ha venido impulsando desde hace muchos años.

Si nuestro candidato a la Presidencia nacional hubiese ganando, no le hubiesen hecho trampa, esta reforma se hubiera dado hace ya muchos años, con el propósito de incluir dos derechos fundamentales.

El primero, el de los adultos mayores a contar con una pensión universal, que los apoye a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez. El segundo, el derecho de las personas que hayan perdido su empleo y puedan contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral.

Se establece de manera expresa, a nivel constitucional, los derechos fundamentales de los adultos mayores, obligando al Estado mexicano, sin ninguna excepción, a garantizarlos, velar porque reciban servicios de salud y promover su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

Pero el problema viene en las leyes secundarias. En cuanto a la Ley Secundaria de Adultos Mayores, cabe mencionar que la edad que se requiere para obtener la pensión es de 65 años, cuando en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3o., establece que las personas que cuentan con 60 años o más son adultos mayores.

Se establece que sólo las personas que cumplan 65 años a partir de 2014 y requieran el apoyo, van a ser acreedoras a esta pensión llamada universal. Con estos detalles hace que esta ley sea discriminatoria, pues las personas que cumplan 65 años antes de esta fecha, quedarán excluidos de la pensión y no tendrán derecho a ella.

La iniciativa de Ley Secundaria, presentada por el Ejecutivo federal, establece como otro de los requisitos, que pierde el espíritu de esta reforma, es que las personas que obtengan el beneficio de la pensión no deberán tener ingresos mayores a 15 salarios mínimos. Es decir, la persona que gane, en el mejor de los casos, 975 pesos al mes, solamente ellos, hasta esa cantidad, podrán tener derecho a la pensión, que es de mil 92 pesos.

Es decir, en el mejor de los casos, un adulto mayor que haya producido al país una buena cantidad de recursos y tenga una gran experiencia, solamente podrá tener, para subsistir en un mes, 2 mil 67 pesos, teniendo como consecuencia un derecho condicionado y totalmente limitado.

El Seguro de Desempleo es una modificación de carácter trascendente, ya que es un reclamo social en el que el Estado garantice un apoyo económico en caso de pérdida del empleo, pero siempre y cuando éste sea disponible y subsidiado por los recursos públicos, ya que durante la vida laboral de un trabajador éste ha pagado impuesto con lo del ISR.

En este caso, la propuesta de ley secundaria plantea una gran trampa, pues solo gozarán de este seguro los trabajadores que hayan cotizado en el Seguro Social, dejando sin este derecho a los trabajadores que prestan sus servicios por horas o por jornada, como se aprobó apenas en las últimas disposiciones a la reforma laboral aprobada, desgraciadamente, en esta Cámara de Diputados.

No podemos decir que sea un seguro de desempleo que otorga el gobierno, pues según ha previsto en la propuesta de ley secundaria, los recursos para cubrirlo serán de las propias cuotas de los trabajadores.


Y para ello quiero leer el artículo 15 de la Ley del Seguro de Desempleo, que dice: la prestación establecida en el artículo 11 será financiada por la cuota o aportación obligatoria a cargo de los patrones, según se establece en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE, equivalente al 3 por ciento sobre el salario del trabajador, así como de los rendimientos que ésta genere.

Es decir, este artículo 15 de la ley secundaria nos dice que serán los propios trabajadores los que paguen su seguro de desempleo. Es una ley totalmente irregular, ya que los trabajadores asalariados, durante toda su vida laboral han aportado a través de impuestos estos recursos que pueden solventar este seguro de desempleo.

En caso de cubrir los requisitos para acceder al seguro, que son por demás excesivos, solo recibirá seis pagos el trabajador desempleado. El primer mes, el 60 por ciento de su salario, el segundo del 50 por ciento y del tercero al sexto del 40 por ciento. Todos estos, según lo que corresponde a la última cotización, por lo que no se le garantizará un ingreso digno para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Con esto no se satisfacen las demandas de la sociedad, que día a día sufre la zozobra del desempleo y la falta de oportunidades, perdiendo una vez más el espíritu de la reforma constitucional.

El partido de la Revolución Democrática, como iniciador en estas reformas ya puestas en práctica de manera universal y no discriminatoria en el Distrito Federal, y como sabemos todos, con excelentes resultados, desde luego que votaremos a favor de la reforma constitucional y estaremos muy pendiente de que tanto en la Ley de la Pensión Universal como en la Ley del Seguro de Desempleo se garantice:

1. La universalidad de los derechos.

2. La no discriminación.

3. El respeto a los derechos humanos.

4. La accesibilidad de los derechos que contempla esta reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos, maestros y padres de familia de la zona escolar 1, del municipio de Jilotepec, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidos.

También saludamos a alumnos y maestros de la escuela Centro Angloamericano Margarita Michelena de Pachuca, Hidalgo, que están aquí invitados por la diputada Martha Gutiérrez Manrique. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados y a esta sesión.

Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Marcos Aguilar Vega.

El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de la Presidencia. Es importante destacar que en esta reforma se están discutiendo modificaciones a tres artículos de nuestra Constitución Política.

Y hay que separar la discusión en relación con lo que aquí estamos debatiendo, particularmente en lo referente al artículo 4o. y artículo 73 constitucional, que se refieren a la pensión universal de los adultos mayores, y en segundo término el relativo a la reforma al artículo 123 de la Constitución, particularmente a una de sus fracciones, que refieren al seguro de desempleo.

En primer término quiero hacer referencia a lo relativo a la pensión universal. Naturalmente que estamos de acuerdo, estamos a favor, de elevar a rango constitucional un nuevo derecho humano en el apartado de las garantías individuales, en estos primeros 29 artículos de la Constitución. Es por ello que nace a partir de hoy un derecho que acciona al constituyente permanente para reformar la Constitución mexicana, particularmente el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión universal.

Decía el poeta Joan Font Foni: Envejecer es vivir más. Quien envejece tiene la fortuna de no morir joven. Ellos, todos ellos, los adultos mayores de México merecen que éste sea un derecho humano consagrado en la Constitución.

Cuando hacemos referencia a un derecho humano en la Constitución estamos refiriéndonos particularmente a tres características con las que éste debe contar: el derecho humano debe ser un derecho inalienable y debe ser un derecho indivisible. Es decir, no puede ser entendido de manera individual, por lo que el Estado está obligado a realizar todas las acciones que resulten necesarias para garantizar su pleno ejercicio.

Nuestros adultos mayores hoy en día en México tienden a ser discriminados y marginados, delimitando claramente sus derechos y evitando que estos cumplan con su objetivo de vida de manera digna. Hay que puntualizar con claridad cuáles son los alcances, qué es lo que considera esta reforma constitucional, particularmente en el artículo 4o.

Son cuatro aspectos que están destacándose y que están referidos naturalmente a los adultos mayores. El primero de ellos es garantizar que todos los derechos establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias sean cumplidos a favor de ellos; segundo, velar porque reciban los servicios de salud que ofrece el Estado mexicano; tercero, promover su integración social  y participación en las actividades económicas y culturales que desahogan en sus comunidades; y finalmente, el cuarto, el motivo de la discusión que hoy se atiende, particularmente el de recibir un derecho a la pensión universal que privilegie un rostro humano del gobierno que esté desarrollando sus actividades, particularmente éste se refleja con el otorgar un apoyo económico para atender sus gastos básicos de manutención durante la vejez.

Hay que destacar particularmente que este concepto de gastos básicos, no está hoy determinado en la Constitución y que corren riesgo naturalmente los adultos mayores, si no se establece de manera expresa, en la Constitución o en la ley secundaria, los alcances que estos tengan a favor de ese segmento de la población.

Quiero aclarar con toda puntualidad, en relación con algunos discursos que se han vertido en esta tribuna, que éste es un derecho que sin duda alguna respalda el Partido Acción Nacional, que no es verdad que se esté creando un nuevo sistema, todo lo que hoy se está planteando ya existe en programas de desarrollo social en nuestro país, particularmente en el conocido Programa 70 y más en su origen, hoy denominado 65 y más. Se está otorgando las mismas cantidades económicas que garanticen esta pensión para todos los adultos mayores en México, bajo las mismas reglas y las mismas condiciones.

No vengan en esta tribuna a querer sorprender a los mexicanos que esto es nuevo, que esto se está creando con una propuesta del Ejecutivo. Está transformándose, sí; está mutando, sí, porque se está elevando a rango constitucional y en esto el Partido Acción Nacional de manera responsable respalda la propuesta porque le garantiza un beneficio a los adultos mayores en todo el país.

Los adultos mayores de México cuentan con nosotros, cuentan con el Partido Acción Nacional, para que desde la Constitución de México quede plenamente establecido de manera expresa, el derecho humano a una pensión universal.

Todo México está en deuda con ustedes. Hoy damos muestra de nuestro compromiso con ellos, el PAN les responde con el voto a favor a cada uno de estos habitantes de la República Mexicana.

Ahora bien, en cuanto al seguro de desempleo. Debo decir, que el PAN está completamente a favor de la existencia de todos aquellos derechos encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. El seguro responde a un derecho a cobrar una cantidad determinada, cuando se da la circunstancia de desempleo, dependiendo de las cotizaciones hechas y del tiempo trabajado. Hasta ahí, el PAN respalda el dictamen para crear este derecho a nivel constitucional y que sean beneficiarios todos aquéllos que se sitúen en este supuesto.

Sin embargo, sobre nuevo derecho existe un tema que debe ser abordado desde esta tribuna. ¿Cómo pretende el presidente de la República obtener el financiamiento para el seguro de desempleo? Pretende hacerlo disponiendo de los recursos de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores.

Desde este momento le anticipamos al presidente de México que el Partido Acción Nacional defenderá los ahorros, las cuentas obrero-patronales de todos los trabajadores de México. No apoyaremos por ningún motivo que sean ellos los que subsidien este nuevo derecho.

La iniciativa del presidente proponía en su origen una ley especial sobre el seguro de desempleo, la cual quedará sin efectos después de aprobada esta reforma constitucional. Pretende el presidente de la República, a través del Grupo Parlamentario del PRI, adicional un capítulo especial a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y con ello afectar nada y nada menos que a 16 millones de trabajadores en la República Mexicana.

Que se abra el debate nacional, que se expresen las voces de todos aquéllos que puedan ser afectados. No es válido el argumento de aquéllos que hoy refieren que en este momento sólo se habla de una reforma constitucional. Le estamos abriendo la puerta a un debate que en el centro de su decisión en materia de seguro de desempleo afectará directamente la economía de todas las familias que hoy están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El PAN está comprometido con su defensa. Desde aquí invocamos a Enrique Peña Nieto para que demuestre sensibilidad social y revoque esta absurda decisión. Que sea a través de un fondo de financiamiento público derivado del gasto programable y no, como se propone, de los trabajadores de México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela: Muchas gracias, presidenta, por concederme el uso de la tribuna. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, por su atención. Tengo el honor de expresar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI respecto a la reforma constitucional en materia de seguridad social universal.

Con toda claridad el PRI votará a favor del dictamen que respalda la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo consistente en elevar a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores a 65 años y el seguro de desempleo.

Por mi conducto el PRI reconoce el trabajo de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales por su contribución y enriquecimiento a esta iniciativa del Ejecutivo federal, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad de los que estábamos presentes. Muchas felicidades, compañeras y compañeros de todos los grupos parlamentarios.

La reforma a los artículos 4o., 73 y 123 de nuestra Carta Magna, no es una modificación insustancial o demagógica ni tampoco será letra muerta.

Por primera vez en muchos años las garantías contenidas en esta reforma estarán respaldadas para el 2014 por un Presupuesto que hará realidad en los hechos, los derechos que e tutelan.

Por fin México atenderá a todos los adultos mayores de 65 años con una pensión para apoyar sus gastos de manutención durante la vejez y en eso todos estamos de acuerdo.

Por fin México dejará de ser el único país de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo y en eso deberíamos también todos estar de acuerdo.

Por esas razones hoy exhorto a todas y a todos mis compañeros legisladores a votar a favor de esta reforma, a no regatear el apoyo, a no buscar argumentos sofisticados para rechazar beneficios directos para los mexicanos en condición de vejez y de desempleo.

Esta reforma constitucional es parte sustancial de la reforma hacendaria y de seguridad social que actualmente se está procesando con nuestra colegisladora.

Y con el permiso de todas y todos ustedes creo indispensable aprovechar este momento para contrastar sus beneficios con las críticas que se siguen vertiendo públicamente:

Primero. Se dice que la reforma hacendaria y de seguridad social es regresiva. Falso; es progresiva y justa. Contribuirá al desarrollo del país. Quienes más tienen, quienes más beneficios obtengan de las actividades económicas, deberán de aportar más como corresponde en cualquier democracia moderna.

Segundo. Se dice que promueve la informalidad. Falso; alienta y facilita la formalidad. Las empresas que se incorporen a la misma tendrán acceso al crédito, a apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor, a la capacitación, al uso de nuevas tecnologías y sus contribuciones serán pagadas de manera gradual. Sus trabajadores contarán con los beneficios del Seguro Social, gozarán de la protección del seguro de desempleo y contarán con acceso al crédito para la vivienda.

Como ven, transitar de la informalidad a la formalidad, traerá más beneficios que permanecer en la informalidad.

Tercero. Se dice con desdén que es sólo una miscelánea fiscal. Falso; es una reforma que está poniendo orden al país. Grava con el 10 por ciento a las utilidades bursátiles, combate la evasión, tapa los huecos de la elusión fiscal, pone fin a regímenes especiales y de consolidación fiscal. En pocas palabras contribuye y construye un piso fiscal más parejo para todos.

Cuarto. Se dice que no contiene avances en materia de transparencia. Falso; esta reforma es simplificadora y facilitadora del pago de impuestos. Como muestra basta un botón: la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta elimina más de 100 artículos cuyo contenido era burocrático. Además la reforma limita el crecimiento del gasto corriente a 2.5 por ciento anual para evitar despilfarros o el crecimiento desmedido de la burocracia que en el pasado inmediato fue de 6.6 por ciento promedio anual.

Quinto. Se dice que afecta a los empresarios. Falso; se elimina el IETU y el Impuesto a Depósitos en Efectivo, como respuesta a una demanda de los propios empresarios.

Sexto. Se dice que desincentiva el crecimiento económico y no hay nada más falso que esto. La economía de México crecerá a una tasa del 3.9 por ciento para 2014. Los recursos tributarios estarán canalizados a detonar un mayor crecimiento económico con la construcción de más infraestructura. Más infraestructura significa un mayor crecimiento del PIB. Banobras ha estimado que cada 10 por ciento de incremento de inversión en infraestructura se traduce en un incremento del 1 por ciento del PIB.

Séptimo. Se dice que afecta a los más pobres. Señoras y señores, es una reforma redistributiva de la riqueza nacional y moderadora de los graves niveles de desigualdad social que registra nuestro país.

Compañeras y compañeros: todos, absolutamente todos, políticos, empresarios, industriales, comerciantes, todos tenemos el deber de fortalecer los resortes de la estabilidad social.

Quiero recordarles que en ningún país del mundo hay mayor negocio que la paz social. Con los recursos recaudados con esta reforma se construirán hospitales, escuelas, puertos, carreteras, trenes, caminos que le darán a México mayor conectividad y mayor competitividad. Está comprobado que cada camino que se construye incrementa en un 70 por ciento la probabilidad de que las familias que ahí viven salgan de la pobreza.

Octavo. Se dice que es centralista y que afecta a estados y municipios. Es falso. Fortalece el federalismo, ya que el 1 por ciento de los 184 mil millones de pesos que se recauden adicionalmente se canalizarán directamente a estados y municipios y además se harán compras consolidadas que abaratarán los bienes de consumo y las entidades federativas se verán beneficiadas con los ahorros que generen.

Noveno. También se ha dicho que el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alto contenido calórico carece de fundamento de salud pública. Esta reforma apoya la salud de los mexicanos porque busca reducir los índices de obesidad y de diabetes, cuya incidencia en México es seis veces mayor al promedio mundial.

Décimo. Se ha dicho que es deficitaria y endeudadora. Falso. Contempla un déficit menor al promedio que tuvo la administración pasada y la línea de crédito que eventualmente se utiliza ya fue contratada también por la administración anterior.

Por primera vez México cuenta ya con una regla de balance estructural simétrica. El nuevo marco institucional permitirá que en tiempos de bajo crecimiento se recurra al crédito y en tiempos mejores se obligue al ahorro. Hay una cosa más. El crédito se destinará únicamente para programas de obra pública.

Compañeras y compañeros: el estado de cosas en México no debe seguir igual. Lo más fácil para los poderes Ejecutivo y Legislativo era aprobar la miscelánea fiscal de siempre, la de más de lo mismo, la que reduce al Estado mexicano a ser un simple espectador que deja hacer y deja pasar sin tocar ningún interés.

Yo me siento orgullosa de pertenecer a esta LXII Legislatura  porque sin titubeos, con una gran firmeza optó por transformar a México, recaudar más para el beneficio de quienes tienen menos.

En México se están construyendo los cimientos de una nueva etapa de desarrollo y, como en cualquier construcción, los buenos cimientos no se ven y cuestan mucho, pero son las estructuras que sustentan todo el andamiaje del desarrollo. Ésta es nuestra apuesta. Gobernar no es un concurso de popularidad, gobernar es tomar las decisiones, aún las más difíciles para sacar al país adelante.

En la política, hay capítulos impopulares, pero imprescindibles para avanzar con mayor dinamismo y alcanzar mejores horizontes. Hoy, los intereses de todo tipo afloran, y qué bueno, muestra de que son parte de este México, de un México que vive intensamente su democracia, de este México que se está moviendo y que se está sacudiendo. Señoras y señores, la transformación de este país está en marcha y nadie la va a detener, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión en lo general. De conformidad con lo que establece el artículo 230, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han inscrito para la discusión en lo general los siguientes diputados.

Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros. El Partido de la Revolución Democrática valora y apoya esta reforma constitucional que establece, que crea dos nuevos derechos: uno, modificando el artículo 123 para crear, para agregar el seguro de desempleo, y el artículo 4o para darle el derecho a los adultos mayores a tener una pensión, y darle a la Cámara, en el 73, al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia.

Nosotros propusimos una iniciativa para el seguro de desempleo que está en la Comisión del Trabajo y en la Comisión de Seguridad Social para su discusión, y hay propuestas también, iniciativas para garantizar el apoyo a los adultos mayores.

Por lo tanto, el partido, la fracción parlamentaria no regatea el asunto de que se creen los derechos, pero se reserva e ilustra el debate que tiene que hacerse a la hora de entrar a la legislación secundaria, y solamente voy a mencionar algunos datos.

Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y definir, y para empezar no se puede llamar pensión universal a algo que solamente va a cubrir a la gente que hasta ahora no ha aportado o tiene 65 años y más, y no tiene pensión ni del IMSS ni del seguro social.

Y va a atender a las personas, en todo caso, a los afiliados al seguro social que no alcancen a cubrir los requisitos para alcanzar una pensión en el marco de las cuentas individuales que tienen. Y ahí tenemos una problemática grave y delicada, hay más de 49 millones de cuentas abiertas por los trabajadores, y si en estos momentos se planteara ya a quienes cubren el requisito para recibir una pensión habiendo cotizado las mil 250 semanas, que equivalen a 25 años en promedio de manera constante, solamente el 6 por ciento de ellos alcanzaría esa pensión.

El resto no alcanzaría a cubrir los requisitos y algunos, 10 por ciento más, podría cubrirlos pero cotizando hasta 38 años para alcanzar a obtener una pensión. Las demás trabajadoras y trabajadores no podrán alcanzar, el 84 por ciento no podrá cubrir los requisitos y solamente tendrá derecho a retirar lo que tenga en su cuenta.

Por lo tanto, esos trabajadores, la mayoría de los que tienen cuentas abiertas en el Seguro Social, cuentas individuales de acuerdo a lo que se diseñó, a lo único que van a poder aspirar es a la pensión que estamos estableciendo hoy como derecho para los adultos mayores de 65 y más. Por eso se explica por qué está dedicada fundamentalmente a los trabajadores del Apartado A, porque son los que tienen más movilidad y son los que tienen más entradas y salidas al mercado de trabajo.

Por cierto, aquí no se escuchó cuando se hizo la reforma laboral y al plantearse el trabajo por horas, los trabajos a prueba, los contratos a prueba, etcétera, indiscutiblemente que eso genera más entradas y salidas al mercado y más inestabilidad, y por tanto menos posibilidades de que la gente cumpla con los requisitos que requiere para poder tener derecho a una pensión por su propia cuenta.

Por lo tanto, esto plantea que requerimos revisar con responsabilidad, con seriedad  el asunto de la legislación secundaria, para construir y para dar una respuesta de fondo al problema que enfrenta el sistema de pensiones en México.

Simplemente toco, hoy por consecuencia en parte del tipo de reformas que se han hecho en esta materia, para este próximo año tendremos un gasto de más de 500 mil millones de pesos  solamente para atender el asunto de las pensiones en curso del Seguro Social; del ISSSTE; de Pemex; de Comisión Federal; de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, más de 500 mil millones de pesos.

Algunas pensiones magras y otras muy jugosas, por lo tanto el problema de la iniquidad y la desigualdad también nos alcanza ahí. Se destina presupuesto, pero es un presupuesto para pensiones en donde no todas las pensiones son igual, y por eso requerimos, compañeras y compañeros, tanto en asuntos desde dónde se va a fondear la cuestión del seguro de desempleo, como el asunto de tipo de legislación y de ley secundaria que requiere el derecho para la pensión de los ciudadanos de 65 y más, del derecho de los adultos mayores de 65 más se requiere revisarla con responsabilidad, con seriedad y revisar el conjunto de lo que se está haciendo hoy para construir pensiones, porque el sistema que hemos creado, las Afores y las aseguradoras de retiro se han llevado jugosas ganancias, pero los trabajadores no está sirviendo este mecanismo para crear pensiones dignas.

Por eso amerita su revisión, compañeras y compañeros. A eso los invito. La fracción parlamentaria del PRD votará a favor de estos derechos, pero revisará con responsabilidad las leyes secundarias. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y quiero saludar y dar la bienvenida a presidentes municipales de Guerrero, invitados por el diputado Manuel Añorve, que se encuentran aquí con nosotros. Son el licenciado Ociel García Trujillo y el profesor César Peñalosa Santana. Bienvenidos.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. Soy promotora, desde mis días de estudiante, del seguro de desempleo. Y tal vez ustedes digan que pueden ver a los ojos a los ciudadanos con esta reforma y decirles que pueden tener justicia social.

Les pregunto, ¿acaso podrán ver a los trabajadores de esta Cámara de Diputados, a sus trabajadores, cuando a partir de la aprobación de esta reforma no puedan tener acceso al seguro de desempleo? Porque solamente este seguro de desempleo será para los que trabajan o cotizan en el Seguro Social. Y la justicia social no es para unos cuantos, es para todos.

Y desconozco también, cómo haya sido la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque no pertenezco a esa comisión. Lo cierto es, que este dictamen fue entregado al inicio de la sesión del día de hoy, y por eso debo hacer referencia textual a lo que dice el dictamen y que en lo particular no tuve la oportunidad de discutir: “Los instrumentos disponibles para enfrentar el riesgo de desempleo están conformados por un conjunto de opciones, tanto formales como informales, según sea el tipo de estrategia a implementar”.

En este último caso se encuentran contenidas las estrategias de aseguramiento frente al desempleo, que van desde arreglos familiares informales -que es esto- hasta los seguros personales o autoseguros disponibles en el mercado.

También pertenecen a esta categoría las que definen en el ámbito de las políticas públicas, como los seguros de desempleo, la asistencia al desempleo, las cuentas de ahorro individual y los mecanismos de indemnizaciones por despido, entre otras.

Esta comisión dictaminadora, la de Puntos Constitucionales, considera que no debe expedirse una ley que establezca un seguro de desempleo para los trabajadores. Sino que este seguro sea administrado y ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por esta razón, en lugar de adicionar un último párrafo al artículo 123 de la Carta Magna, se propone adicionar el seguro de desempleo en la fracción XXIX, del Apartado A, de dicho precepto constitucional, para efectos que su regulación esté incluida en la Ley del Seguro Social.

Muy claro el dictamen. Aquí dice solamente que será el seguro de desempleo para los trabajadores que coticen en el Seguro Social. Y todos los demás, los trabajadores del ISSSTE, los trabajadores que solamente cuentan con un Seguro Popular no van a poder tener acceso a este seguro de desempleo.

Las modificaciones incluidas en el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, alteraron el sentido y el alcance de la reforma. Y en lo que respecta al seguro de desempleo se observaron los siguientes aspectos relevantes.

En el artículo 73 se eliminó la facultad al Congreso de la Unión para legislar de manera general respecto a la materia de desempleo, lo que ha eliminado la posible existencia de una norma general que regule la materia. Asimismo, quedaría sin sustento constitucional la iniciativa de ley en la materia, presentada por el Ejecutivo.

En el artículo 123 de la Constitución, se retiró de la parte general de ese precepto la obligación del Congreso para legislar en materia de desempleo, citándola únicamente en el Apartado A y ordenando que se incluya en la Ley de Seguridad Social, lo que tendrá como consecuencia que los trabajadores del Estado, lo vuelvo a repetir una vez más, regulados por el apartado B, se encuentren desprovistos de este beneficio.


Lo anterior plantea problemas de relevancia. El primero de ellos, la discriminación de la aplicación del seguro, pues únicamente aplicaría para aquellos trabajadores del apartado A, dejando sin protección a los trabajadores del Estado.

Asimismo, la inclusión de la regulación en la Ley del Seguro Social tendrá como consecuencia que la administración de los fondos para el seguro de desempleo serán manejados bajo los criterios de ese instituto.

¿Bajo cuáles criterios? Si todavía no existe una reforma a la Ley del Seguro Social en esta materia.


Igualmente, tal y como se ha mencionado, la iniciativa de ley del seguro de desempleo quedaría sin sustento constitucional, obligando a la presentación de una nueva iniciativa que reforme la Ley del Seguro Social.

En conclusión, en lo personal y para Movimiento Ciudadano es que en los hechos esta reforma de la implementación del seguro de desempleo se traducirá en la existencia fáctica de este beneficio. Nadie va a ser, en realidad, o tener derecho a la obtención de este seguro de desempleo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor García García: Con su permiso, diputada presidenta. La reforma que hoy se nos plantea constitucional, es un gran avance hacia un México más justo. Tengo la certeza que miles y miles de familias mexicanas, para ellos es una gran noticia.

Cuando vemos en la calle, cuando un trabajador se queda sin empleo, todas las vicisitudes que se atraviesan, el riesgo que se tiene de perder la educación de sus hijos. El riesgo que se tiene de perder la unidad familiar, precisamente por falta de empleo, hoy en México las cosas serán diferentes.

Quiero felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a quienes sí apoyan esta reforma, porque estoy seguro que es en beneficio de México.

Quiero felicitar al Ejecutivo federal porque nos está llevando hacia el México a que muchos aspiramos, un México mejor, un México más justo para todas y todos los mexicanos.

Cuando vemos a un adulto mayor quejarse de su país porque no tiene una pensión, después de tantos años de pagar impuestos, porque lo sabemos, desde que nacemos pagamos impuestos los mexicanos, es lamentable ver a un adulto mayor que ya con su imposibilidad y con el rechazo de muchas clases sociales de darle empleo, no tenga la oportunidad de llevar una vida digna.

Yo quiero, también en nombre de las familias, que llamaron al presidente de la República en su momento, para que presentara desde campaña esta reforma y se comprometiera, decirles: México está cambiando. México va bien. Con las reformas que estamos haciendo en esta Cámara llevamos –insisto– mayor justicia social.

La reforma al artículo 123, al artículo 73 y al artículo 4o. dará una nueva visión de justicia social en el país. Insisto, esta reforma les dará a las familias la certeza de que cuando se pierde el empleo se tiene una oportunidad para entre tanto se consigue uno nuevo poder sobrevivir.

También les da la oportunidad a los adultos mayores de sentirse orgullosos de su México, le da la tranquilidad a las mexicanas y a los mexicanos de que México está cambiando para bien.

Quiero pedir a todas y a todos ustedes, a quienes sí quieren un México mejor, a quienes sí quieren un México diferente y de mayor justicia social, el voto a favor de esta reforma. Y termino diciendo: sigamos así, con reformas como éstas llevaremos buenas cuentas a nuestros distritos; y llevaremos para las familias, los hijos, los jóvenes, los niños, mejores cuentas como diputados federales. Es cuanto, diputada presienta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para hablar en contra tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Si los diputados del PRI no hubieran dicho en esta tribuna tantas mentiras estaríamos tal vez votando en abstención, pero hay que desenmascarar la mentira. Miren, la importancia de los derechos de los adultos mayores estriba no en que estén expresados en la ley, sino en las posibilidades de acceso real y exigibilidad de los mismos.

Cuando las políticas públicas son buenas y con buenas intensiones trascienden a los funcionarios que en su momento las impulsaron. Podría ser sin duda el caso de la Ciudad de México, quien duda que Andrés Manuel López Obrador sea el creador de esta política pública desde el primer día de su gobierno y que fue llevado a ley en noviembre de 2003 como derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores.

No voy a hablar más de ello porque todo mundo en la ciudad y en el país –inclusive en otros países– sabe de este hecho inédito, pero sí decir que desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se debe aprobar en un decreto presupuestal anual el monto suficiente para hacer efectivo este derecho de pensión universal. La propuesta de pensión alimenticia garantizó la viabilidad de la misma a partir de la misma ley. Esto es, se estableció el derecho y se garantizó su viabilidad o exigibilidad.

Fox, que siempre estuvo acatarrando que eso era populismo, que no, que por qué, aunque él y la derecha le daban recursos a la banca desde hace muchos años el PRI también lo hacía, y ahí no criticaban, ahí era fomento. Pero darles a los pobres, como se hacía en la ciudad, era tremendo, terrible, no había que hacerlo; sin embargo lo tuvo que asumir como política pública –como aquí ya se dijo– Acción Nacional, y lo retomó el centro de la propuesta para crear propuestas sociales como 70 y más.

Y ahora en la campaña electoral del 12, Peña Nieto, ante notario público va y se compromete a establecer esta pensión universal para los mayores de 65 años. Y ahí dijo que viven 7.5 millones de personas, adultos mayores, y solo 3 millones tienen seguridad social, por lo que se comprometió a darle pensión a 4.5 millones y medio de adultos mayores.

Y este programa que emula Peña Nieto –que como ya se dijo aquí–, ya en el mes de marzo de este año este Programa de Pensión de Adultos Mayores, solo dota de 525 pesos al mes a mexicanos mayores de 65 años, a través de la multicitada Cruzada Nacional contra el Hambre y los beneficiarios reciben entregas de mil 50 pesos cada dos meses.

De acuerdo a datos de la propia Secretaría de Desarrollo Social, existen cerca de 3 millones que reciben este programa con 17 pesos con 50 centavos al día y ya sabemos que lo usan para los asuntos electorales, como lo uso el PAN y ahora lo usa el PRI; aunque es otra historia.

El Ejecutivo federal señala, que actualmente existen 7.6 millones de mexicanos que tienen 65 o más años y que representan el 6 por ciento de la población y que 66.3 de estas personas mayores nunca han cotizado al sistema de seguridad social y cerca del 40 por ciento no recibe ningún tipo de pensión.

La propuesta de reforma constitucional, en materia de pensión que presenta, no atiende a la oferta de pensión universal que promovió Peña Nieto en su campaña; y los del Pacto por México con esa propuesta, yo creo que Peña Nieto les ha de decir: cuando menos oye, no me ayudes compadre. Porque no están llevando a cabo la propuesta de Peña Nieto. No digan mentiras. Este dictamen que presentan no atiende este compromiso, se convierte al inviable al encajonarla en el concepto Cesantía en edad avanzada en el marco del 123 constitucional, apartado A, que regula la relación laboral de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y una manera general, todo contrato de trabajo.

El concepto de Cesantía de edad avanzada de la Ley del Seguro Social, artículo 154, refiere al asegurado que queda privado de trabajos remunerados a partir de los 70 años de edad; cuando se reconoce por el propio Ejecutivo el 66.3 de personas mayores de 65 que no han cotizado seguridad social.

Es necesario entonces, asumir compromisos con seriedad. Si la mayoría de esta Cámara, replicaron las promesas de campaña de Peña Nieto, pido que hagan honor a sus compromisos con los electores y se garantice la viabilidad y exigibilidad de una pensión universal con un apoyo digno para los adultos mayores que se quiera, ¿o no han trabajado en la construcción de este país? Los medios y recursos existen.

Esta Cámara tuvo la voluntad mayoritaria para eximir el pago de impuestos en donaciones en partes relacionadas o, bien, ajustar en los montos de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico respecto a las bandas de frecuencia de 700 megahertz que beneficia a empresas privadas en telecomunicaciones, evitando una mayor recaudación justa.

Por eso no estamos de acuerdo que se suban a esta tribuna a hablar –culmino, presidenta- del gran reformón de Videgaray y que además va a ir a la justicia social. Pamplinas, puras mentiras.

Por eso les decimos, muestren voluntad política para el beneficio de nuestros adultos mayores. No nada más con 14 mil millones –que es lo que le pretenden dar a este programa– van a resolver el problema. Quítenle el avión a Peña Nieto, seis mil 300 millones, para que lo incorporen a atender. Ahorita gritan, pero ésa es la irresponsabilidad, ésa es la demagogia de los diputados del PRI que no le cumplen.

¿Saben por qué tiene uno que decir estas cosas? Porque ustedes le deberían de copiar a los extranjeros –culmino, presidenta– lo bueno. Los alemanes por ejemplo tienen buenas cosas: trabajan; economía. Pero ¿saben lo que copia el PRI a los alemanes? Querer hacer un Hitler a la mexicana, un presidente mentiroso.  Piensan que subirse a esta tribuna a decir mentiras les va a creer el pueblo, pues no.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, presidenta. Quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y de su presidente, el compañero Julio, por la creación de este derecho tan importante para los mexicanos. Elevar a rango constitucional la seguridad social que contempla la pensión universal y el seguro de desempleo es algo sustantivo, es algo relevante y es algo que debemos de aplaudir.

También quiero agradecerles por la oportunidad que me dieron de participar cuando se dictaminó este proyecto que hoy votamos y que fue por unanimidad elevar a rango constitucional la pensión universal y el seguro de desempleo; pero además, como lo contempla el párrafo que fue aprobado, que los adultos mayores gozarán también del derecho a la salud, es algo que se apega al derecho internacional donde la seguridad social se concibe como un derecho humano fundamental y se apega a los principios de igualdad de género y de no discriminación en nuestra Carta Magna.

Con este dictamen avanzamos en atender la gran deuda social que sigue siendo de las familias que no acceden a la seguridad social. Un país dividido en derechohabientes y nada habientes sólo profundiza las contradicciones sociales.

Hoy se calcula que el 50 por ciento de los trabajadores con derecho a un sistema de seguridad social no lo tienen, lo que se traduce en la pérdida de contribuciones gubernamentales y patronales a los fondos de salud, pensión y vivienda.

Por eso es muy importante que los adultos mayores ahora en la Constitución tengan este derecho y se consagre al de la salud, y eso es importante porque hay que ampliar la calidad y cobertura de la salud.

Es vergonzoso que en nuestro país existan casos como el de una mujer indígena en Oaxaca que dio a luz en los jardines de un hospital; es vergonzoso que hace dos días un trabajador jornalero agrícola de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se murió porque no fue recibido en un hospital; cinco días estuvo debajo de un árbol para ser atendido y falleció. Eso nos debe de indignar. Por eso es importante este derecho que se eleve a rango constitucional.

En el caso de la pensión, hay que decir que 5.1 millones de mexicanos son adultos mayores de 65 años y estos son la gente que más necesidades tiene, la gente que está abandonada, la gente que incluso está abandonada por los hijos; por eso un apoyo aunque sea poco, les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida.

Es muy importante en el caso del seguro de desempleo, que se eleve a rango constitucional porque el seguro de desempleo no es un incentivo para dejar de trabajar, sino es un sustento real para quienes pierden el empleo y no van a ir a terminar en la informalidad.

Por esa razón esta iniciativa y este dictamen vamos a votar a favor y la apoyamos. Si bien es cierto que deja de lado y excluye a los trabajadores del apartado b), también es cierto que en el debate que vamos a dar en las leyes secundarias se va a analizar que quienes reciben mayores incentivos fiscales son los trabajadores del apartado b) y no del apartado a).

Por eso, compañeras y compañeros, este modelo de políticas públicas de tipo social, tienen su origen y su sustento en la ciudad de México donde ha gobernado la izquierda. Y ahí se fondea con recursos fiscales, con ingresos propios.

Aquí se está planteando que en el caso del seguro de desempleo, sea con la aportación que hacen los trabajadores y un aparte el gobierno federal. Ese debate lo vamos  a dar en las leyes secundarias.

Sólo quiero señalar que lo que falta por perfeccionar esta decisión y este derecho y estos beneficios, lo habremos de dar cuando como en la ciudad de México las políticas sociales se extiendan por el país.

Cuando gobierne la izquierda, cuando no sólo haya democracia ya y patria para todos, sino seguridad social para todos. Muchas gracias.

La  Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Escuchando a compañeros que han venido a hablar en pro –lo digo respetuosamente– cada vez me convenzo más de la posición que estamos asumiendo.

Es verdad lo que aquí se ha dicho que no es universal, es verdad que sólo beneficia a los trabajadores del Apartado A y por eso insistimos en que más que un seguro de desempleo universal propio de un estado de bienestar, de un estado que promueva un garantismo para los trabajadores, se trata de un seguro de desempleo para los trabajadores que cotizan en el Seguro Social.

Ésta es la realidad y esto lo acabamos de platicar también con el diputado Catalino Duarte, del PRD. Está claro que se trasquiló la iniciativa presidencial. Venía muy claro que el seguro de desempleo era para todos los trabajadores que implican a los dos apartados y, sin embargo, esta reforma nada más va para los trabajadores del Apartado A que cotizan en el Seguro Social.

Se están dejando fuera a millones de trabajadores al servicio del Estado, se están dejando fuera a los maestros de México;  nuevamente una reforma constitucional que deja fuera y que no considera a los maestros de nuestra república.

Por eso promovemos una auténtica y universal seguridad social, no este remedo que se está planteando que no corresponde siquiera a la iniciativa presidencial y que con ella buscan algunos expiar sus culpas. Por eso aquí vinieron a tribuna y pretenden lavarse la cara del atraco fiscal.

Esta reforma está inscrita en la reforma hacendaria que sigue provocando enojo, que sigue provocando frustración, que sigue generando movilizaciones en varios estados del país.

Precisamente hace un rato tuvimos una reunión, a instancias del diputado Alfonso Durazo con maquiladores de Sonora que están verdaderamente angustiados por el nuevo régimen que se aprobó, y así siguen surgiendo grupos en todo el país.

La  Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame un momento, diputado. Con qué objeto, diputado Catalino.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Con el permiso de la plenaria. Solamente pedirle que me dé la oportunidad de emitir mi opinión en relación con esta iniciativa en razón a la alusión que ha hecho el diputado Mejía a mi persona.

La  Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Es por alusiones personales, diputado?

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Así es.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En cuanto termine el diputado, le damos la palabra. Adelante, diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Continúo. Señalaba que pretenden con este engaño lavarse la cara del atraco fiscal. La reforma hacendaria, digámoslo, es recaudatoria, inhibe el desarrollo económico y es terrorista fiscal.

Por esa razón hoy los vemos preocupados, porque seguramente están recibiendo el repudio de los ciudadanos, de los electores, por esta reforma fiscal que daña a los sectores productivos del país, que daña a los trabajadores, que daña a los agentes económicos de la frontera del país, que daña a millones de mexicanos.

Y por eso no es casual que primero manden una iniciativa que habla de un seguro de desempleo para todos los trabajadores y luego viene el cambio y se deja de un plomazo de fuera a todos los trabajadores del Apartado B, particularmente a los maestros.

Insistimos, hay odio en las leyes que se aprueban contra los maestros del país. Primero, la reforma educativa y ahora se les deja fuera de este mal llamado seguro universal, de este seguro de desempleo que sólo va para quienes cotizan en el seguro social.

Y por eso los argumentos que ha dado mi compañera Zuleyma Huidobro, son impecables. Y si hubiera verdadera voluntad política, una verdadera voluntad de avanzar en una seguridad social universal, se regresaría a comisiones el dictamen para que se corrija y el seguro del desempleo sea para todos los trabajadores.

Pero, por lo que vemos, ya han planteado sus posiciones y van a votar nuevamente a favor de esta reforma trasquilada. Nosotros vemos además, que se va a fondear con los mismos recursos de los trabajadores, con las cuotas que van al seguro social, con las Afores, con los recursos del Infonavit, y por ahí ya, incluso, los diputados del sector obrero del PRI también levantaron la voz.

Sin embargo, se está dejando pasar esto en la reforma constitucional, y por eso vemos que esto lo van a fondear con los mismos recursos del trabajador, y el déficit monstruoso de 3.7 por ciento del PIB, que implica 650 mil millones de pesos y 10 mil millones de dólares, va a ser para tapar el boquete de la venta de Petróleos Mexicanos disfrazada y de compartir la renta petrolera.

Por eso están haciendo este guardadito, y ésta es una más de los incumplimientos del presidente. El déficit cero, fuera; la gendarmería nacional, fuera; la seguridad social universal, ahorita la estamos sepultando.

Por eso nuestros argumentos se dirigen a que vayamos más allá de esto que se plantea. Se regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales y vayamos por una verdadera reforma de fondo, no esta simulación, no este engaño, no esta medida propagandística que está dejando fuera a millones de trabajadores.

Por esa razón nosotros ya dimos nuestros argumentos y esperemos que haya una rectificación, hay tiempo, y que se corrija en la Comisión y luego en este pleno.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por alusiones personales tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Catalino Duarte.

Quiero aprovechar para agradecer la visita de maestros y alumnos sobresalientes de secundaria, del Instituto Alexander, del municipio Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández.

También se encuentran con nosotros del Instituto Zitacuarense de la Juventud, invitados por la diputada  María del Carmen Martínez Santillán.

A vecinos de Félix Osores, procedentes de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos a todas y todos.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con el permiso del pleno, de nuestra presidenta. Hacer algunas consideraciones, y me voy a referir exclusivamente a las personas de la tercera edad de este país, a ellos me voy a referir.

Esta reforma constitucional que seguramente será votada, debe saber el pueblo de México que ha sido una lucha histórica de la izquierda, y lo han dicho aquí, el ejemplo está en el Distrito  Federal. Lo impulsó también en su programa Acción Nacional, pero se han escuchado aquí varios discursos.

El PRI sostiene que es una pensión universal, algunos compañeros de mi fracción sostienen lo mismo. Yo en lo particular estoy a favor de que se les otorgue pensión a todas las personas de la tercera edad en este país.

Estoy totalmente de acuerdo, pero el pueblo de México debe saber que efectivamente el presidente de la república dijo: pensión universal para todos los adultos mayores. Y en la vía de los hechos no es verdad.

Le quisiera preguntar a los compañeros del PRI, ¿cómo van cotizar? ¿Cómo se les va a otorgar la pensión a sus propios trabajadores administrativos de esta Cámara? ¿Cómo se le va a otorgar pensión a todos los trabajadores administrativos que trabajan en el sector educativo?

Es decir, el artículo 23 constitucional está dividido en el Apartado A, Apartado B. Y todos los trabajadores del Apartado B en realidad no tienen derecho a esta pensión, y eso el pueblo de México lo debe saber. Es un avance, sí, pero no es lo que esperaban, no es lo que prometió y lo que dijo que iba a cumplir el presidente de la república.

Por eso, en gran medida me parecen acertadas las precisiones de la fracción del PT, de Movimiento Ciudadano, hay argumentos de forma y de fondo. Lo que buscan solamente es mandar un mejoral a nuestros viejitos de este país, que mucho le han dado y que merecen más. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos.

Artículo 4o., párrafos décimo tercero y décimo cuarto, de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD.

Artículo 4o., párrafo décimo tercero, del diputado Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano.

Artículo 4o., párrafos décimo tercero y décimo cuarto, de la diputada Adriana González Carrillo, de PAN.

Artículo 4o., párrafos décimo tercero, décimo cuarto, y adiciona un párrafo décimo quinto, del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT.

Artículo 73, fracciones XXIX-R, de la diputada Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano.

Artículo 73, fracción XXIX-R y adición de una fracción XXIX-S, de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del PRD.

Artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, del diputado Silvano Blanco Deaquino, del PRD.

Artículo 123, apartado A, fracción XXIX, y apartado B, fracción XI, inciso a), de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del PRD.

Artículo 123, apartado A, fracción XXIX y adición de un último párrafo, del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT.

Artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del PRD.

Artículo 123, apartado B, fracción XIV, adición de un segundo párrafo, del diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN.

Segundo transitorio, párrafo segundo, del diputado José Luis Valle Magaña, del Movimiento Ciudadano.

Segundo transitorio, párrafo segundo, del diputado José Luis Muñoz Soria, del PRD.

Segundo transitorio y eliminación del tercero transitorio, de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del PRD.

Y adición de un cuarto transitorio, del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por diez minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por diez minutos minutos, para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Zumpango, invitados por el diputado Juan Carlos Uribe Padilla. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Veracruz, invitados por el diputado Humberto Alonso Moreli. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

La diputada Isela González Domínguez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Ricardo Aldana Prieto (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 418 votos a favor, 3 abstenciones, 19 en contra, por lo que hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 4o., párrafos décimo tercero y décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Gracias, presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicito sea considerada la reserva a los párrafos décimo tercero y décimo cuarto del artículo 4, la fracción XXIX-R, y se agrega una fracción XXIX-S, al artículo 73; la fracción XXIX del apartado A; y se reforma la fracción XI del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos segundo y eliminación del tercero transitorio del artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal, al tenor de las siguientes consideraciones:

El complicado entramado de las relaciones intergubernamentales hace necesario un esquema flexible de distribución de competencias, que permiten la elaboración de políticas públicas que lleguen a todos los sectores de la población, que permitan garantizar la universalidad del ejercicio de sus derechos.

En ese sentido proponemos que se inserte en el cuerpo del texto constitucional y no en un artículo transitorio la distribución de la competencia concurrente entre la federación y las entidades federativas y el Distrito Federal, para legislar en matera de seguridad social universal.

Las difíciles circunstancias de crisis económicas que pertenece o que padece la gran mayoría de la población hacen necesario que la función del Estado genere las condiciones para el acceso y ejercicio pleno de los derechos.

En ese tenor de ideas debemos recordar que la seguridad social es un principio universal y una aspiración de todos los hombres, como lo precisa el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que expresa:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

En suma, la seguridad social debe tener una cobertura más amplia de manera general a todos los habitantes de la nación. Por ello, es indispensable que el gobierno federal se coordine con los demás estados federados y el Distrito Federal, a fin de lograr el goce de los análogos derechos universales de mujeres y hombres.

Por lo anterior, proponemos las siguientes modificaciones para quedar como sigue:

Artículo 4o. El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

Y la propuesta de modificación es que diga:

Artículo 4o. El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores, previstos en esta Constitución; velará porque tengan un estándar de vida digno, reciban servicios de salud y además en la esfera de su competencia promoverá su integración social y su participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad y establecerá mecanismos de prevención y sanción a todo tipo de violencia y/o discriminación en su contra.

Es una lucha de años, por lo que hoy nosotros estamos aquí con una responsabilidad mayor. Hoy podemos ser jóvenes, mañana estaremos en este rubro de adultos mayores, concienticemos siempre para a dónde y cuándo queremos nosotros vernos dirigidos, señalados y además beneficiados en un futuro.

Nosotros vamos a favor de los adultos mayores para que se siga ordenando, legalizando y además respetando los derechos humanos de todos los adultos mayores en este país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier.

Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por la diputada.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 4o., párrafo décimo tercero de la Constitución.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar la reserva al artículo 4o., del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los derechos fundamentales son el tope mínimo de los gobernados para que estos sean tutelados y protegidos por el Estado; por lo tanto, el que tengan un contenido básico de su alcance resulta fundamental para el pleno goce y disfrute de los mismos.

Ahora bien, dentro de los derechos fundamentales existen los llamados derechos instrumentales, entendiéndose éstos como aquellos derechos que permiten el ejercicio de los restantes, por lo que su constitución y protección reviste una importancia tal para el ciudadano, que su reconocimiento no puede ser escatimado ni minimizado por el Estado.

Dentro de los derechos instrumentales se encuentran los derechos de índole social ya que los mismos tienen la función de generar un estándar mínimo para que la población pueda tener un desarrollo integral y pleno.

Ahora bien, para propiciar el desarrollo adecuado de esos derechos es de vital importancia que se les dote de contenido que permita, tanto a los gobernados como a las autoridades que los dirigen, conocer el alcance de protección que los reviste.

En el dictamen que hoy discutimos se plantea, entre otras cosas, establecer como derecho fundamental de las y los mexicanos la garantía del Estado para que los adultos mayores cuenten con un ámbito de protección proporcionada por el gobierno, lo cual, por supuesto, estamos en principio de acuerdo.

Sin embargo, el texto propuesto en el dictamen carece de un piso que indique en qué consistirá la protección del derecho que se reconoce con la reforma, el cual se deriva de la dignidad, del valor intrínseco que tenemos como lo que somos: seres humanos únicos e irrepetibles, por lo que sin ese reconocimiento, sin ese piso, quedaría al arbitro de la voluntad de las autoridades la interpretación de los alcances de ese derecho lo que en todo momento se traduciría en un perjuicio para el gobernado, pues lo inhibe para su exigibilidad al no estar bien precisadas las obligaciones del Estado en cuanto al respeto y tutela de este derecho fundamental.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno la siguiente reserva:

Único. Se modifica el artículo 4o. del dictamen con proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 4o, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en el siguiente contexto:

El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque vivan con dignidad y seguridad y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad; y establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Francisco Coronato Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 4o, párrafos décimo tercero y décimo cuarto, de la Constitución.

La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Tomaré parte de mi tiempo para reconocerle, presidente Anaya, la digna defensa del Estado y la nación mexicana manifestada ayer respecto de los asuntos de espionaje que vivimos todos los mexicanos. Muchas gracias, presidente Anaya; nos sentimos muy orgullosos de su posicionamiento en nombre de toda la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada, muchas gracias.

La diputada Adriana González Carrillo: Estimados amigos, muy buenas tardes. Desde esta tribuna les propongo más avances en materia de derechos humanos, en la inclusión democrática y en la construcción del Estado con visión humanista que todos queremos.

Les pido su apoyo para incluir en el artículo 4o., de la Constitución la propuesta para crear la pensión para personas con discapacidad.

Hace unos días, nuestro galardonado con la Medalla Eduardo Neri, don Fernando Landeros, nos invitó a ser una Legislatura que trascienda. Votando esta propuesta a favor estaremos haciendo visibles a 10 millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud en el Informe Anual sobre la Discapacidad, recomienda trabajar en la inclusión de las personas en dicha situación. Esta adición que presento va en ese sentido, el de la inclusión.

Por una parte el primer párrafo,  le pide al Estado mexicano garantizar  los derechos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad y velará porque reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

Con ello se estaría mencionando por segunda ocasión en nuestra Constitución, la palabra discapacidad, que en su artículo 1o., lo  refiere únicamente a temas de no discriminación.

El segundo párrafo de esta reserva busca crear la pensión antes mencionada y diría lo siguiente: “Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán el derecho de recibir una pensión para garantizar sus gastos básicos de manutención en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión”. De esta manera se estaría garantizando una pensión como apoyo para ellos y sus tutores.

La democracia es inclusión. Hoy tenemos la oportunidad de plasmar en la Constitución, en donde se reflejan los más grandes anhelos y aspiraciones de la nación mexicana, la mayor expresión de la solidaridad del Estado mexicano con quienes por décadas han estado en el olvido.

Podemos hacer visibles a más de 10 millones de mexicanos que sufren alguna discapacidad, no sólo a aquellos que por la edad tengan disminuidas sus capacidades motrices, visuales o auditivas.

Incluir a la otra parte de la población, quienes principalmente son menores de edad,, significa apoyarles para solventar los gastos del cuidado para poder cubrir sus gastos de alimentación, vestido, terapias, gastos de transporte para asistir a sus rehabilitaciones, para pagar sus medicamentos y pañales.

Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de brindarles vida digna a las personas adultas mayores, pero también a las personas con discapacidad. No los dejemos en el olvido. Apoyemos esta propuesta y démosles el  incentivo a sus padres, familiares o tutores para rehabilitarlos y a ellos devolvámosles esperanza para seguir luchando.

Señor presidente, le pediría que si pudiera aceptarse que la votación para aceptar la discusión de esta reserva sea nominal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Adriana González Carrillo, por supuesto que si no hay absoluta claridad abriremos el tablero. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico por cinco minutos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 155 numeral 2. Ábrase el tablero de votación electrónica por cinco minutos.

(Votación)

La diputada Isela González Domínguez: (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el tablero electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 140 a favor, cero abstenciones y 247 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar reserva al artículo 4o, párrafos 13, 14 y la adición de un párrafo 15.

Sonido en la curul del diputado Marcelo Torres. Dígame, diputado, con qué objeto.

El diputado Marcelo de Jesús Torres (desde la curul): Gracias, Presidente. Únicamente para expresar mi voto a favor. Estaba levantando la mano desde antes, nada más que no estaba funcionando aquí el sistema.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. No es una votación que se tome en cuenta para la asistencia, pero queda su dicho en el Diario de los Debates. Dígame diputada Raquel Jiménez, con qué objeto.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Solamente para hacer del conocimiento de esta asamblea, compañeras y compañeros diputados, que es lamentable que no se haya permitido someter a discusión esta adhesión que proponía el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que sea la presidenta de la Comisión ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables, la diputada Hernández Íñiguez Adriana, una de las diputadas que votó en contra de la admisión a discusión de esta adhesión que iba en la protección no solamente de los adultos mayores, sino de las personas con discapacidad para que pudiesen gozar de una pensión. Es cuanto, señor presidente.

La diputada Adriana Hernández Íñiguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Adriana Hernández.

La diputada Adriana Hernández Íñiguez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para decirle a mis compañeros que lo que se está discutiendo el día de hoy, es la pensión para adultos. Este tema ya lo habíamos tratado en comisión, precisamente con el Grupo de Acción Nacional, se les dieron diversas opciones para que pudieran presentar nuevamente esa iniciativa y no se ha hecho.

La comisión ha estado receptiva, no nada más Adriana Hernández, como presidenta, sino todos los grupos parlamentarios que integran esta comisión. Seguimos en la apertura siempre y cuando sean opciones viables y no solamente opciones que se quieran tomar como un asunto político y mediático en el país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Alfredo Zamora, ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, también en igual sentido que el diputado Marcelo, para que independientemente que no sea considerado ya como efectos de asistencia, sí que quede asentado en el Diario de los Debates mi voto a favor de que se discutiera este tema propuesto por la compañera de Acción Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfredo Zamora.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja, ¿dígame, diputado, con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para lamentar que no se haya admitido a discusión esta propuesta que el Estado vele por las personas con discapacidad, que era una buena propuesta.

En Acapulco, Guerrero, ya actualmente se está apoyando a todas las personas con discapacidad, y nos parece que ésta era una buena propuesta que desafortunadamente esta asamblea mecánica rechazó, y que vendría a enriquecer esta reforma constitucional.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras. Adelante, diputado Huerta, para presentar las dos reservas en un solo acto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Me llama la atención los que siempre hemos estado proponiendo reservas, modificaciones, que es nuestra obligación ser propositivos, ya conocemos a los diputados del no, del PRI que le dicen siempre no, que son, pues ya saben, esta aplanadora irracional que no argumenta, que no debate, que recibe, consigna y actúa. Es lamentable que sea así, pero aquí estamos batallando.

Primero presento una reserva al 123, quiero empezar por la final, y la reserva es para efectos de establecer la garantía del seguro de desempleo, con el cual se establece la  base constitucional para su viabilidad y exigibilidad.

Es una adición sólo la que proponemos, que dice: todo trabajador tiene derecho al seguro del desempleo para garantizar recursos básicos en su calidad de vida y de su familia en los términos que fijen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Es tan sencillo como agregarle este párrafo. Las y los ciudadanos necesitan certeza y ésta empieza con leyes claras que no queden sujetas a interpretación o elusión en su cumplimiento.

Seamos serios en las pretensiones y no busquemos justificar un discurso demagógico del gobierno en turno. Lo decimos para los del Pacto que promueven esta iniciativa y que se dicen de izquierda.

Tanto la iniciativa del Ejecutivo federal como en el proyecto de dictamen que se presenta en este pleno carecen de impacto presupuestan de la reforma, por lo que la instrumentación de este derecho quedará sujeto al acuerdo político en la integración y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Tengo entendido que un párrafo similar lo está proponiendo un diputado de Acción Nacional y yo pediría que éste se votara en el momento en que se vote la propuesta del diputado del PAN, a ver si así le hacen caso a un humilde diputado de la verdadera oposición en este Congreso.

Por otro lado, que es el que más me interesa desenmascarar, las mentiras que se dicen en esta Cámara de Diputados, por ya saben ustedes quién y por estos del Pacto contra México y obviamente su presidente Peña Nieto, que ya es presidente de todo el Pacto contra México.

Para un trato digno y una calidad de vida honorable de nuestros adultos mayores en la reserva que se presenta, en los párrafo 13 y 14 se propone una modificación para quedar así: El Estado garantizará que los adultos mayores vivan con dignidad y seguridad, velará por la exigibilidad  de sus derechos a servicios de salud y promoverá su inclusión social y participación en las actividades económicas, educativas, culturales y del deporte en su comunidad.

Se propone mantener los conceptos dignidad y seguridad al establecer estos parámetros universales para la responsabilidad del Estado frente a nuestros adultos mayores. Cualquier política pública y acciones de gobierno deben buscar la dignidad de los  adultos mayores, ello es acorde con los  principios en materia de derechos humanos que contiene el artículo 1o constitucional.

Al párrafo 14 proponemos modificarlo donde diga: Los adultos mayores  recibirán una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez. El Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación que garantice este derecho en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

No basta con expresar el derecho en la Constitución, la cultura de la irresponsabilidad y la omisión negligente en la administración pública en los tres niveles, órdenes de gobierno, obliga a establecer condiciones mínimas para la viabilidad  del derecho a que se pretende regular, y eso debe ser desde aquí, no como dicen los de la supuesta izquierda, que hay que llevarlo a la reglamentación secundaria.

Con lo de la educativa, qué hicieron, les metieron casi el cuchillo a los maestros en los propios transitorios de la Constitución. Entonces, cuando les conviene sí, y cuando no, dicen no, pues ya lo haremos en la secundaria. Eso es hipocresía.

Para ello, se precisa que los adultos mayores recibirán una pensión, no quedando duda de quién o quienes podrán recibirlo al establecer en forma directa dicho derecho. Como señalé con anterioridad, la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal, estableció en la misma obligación del Jefe de Gobierno del DF, para incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal la asignación que garantice, efectivamente, el derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de 68 años.

Y se estableció, asimismo, el mandato para que la propia Asamblea Legislativa del DF apruebe, en el decreto de presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión alimentaria.

Con la institución de pensión para adultos mayores se ha logrado su visibilidad al seno de sus familias, se han impulsado políticas públicas que contribuyen a recuperar un trato digno.

Miren, si Peña Nieto va a acopiar a Andrés Manuel López Obrador, que lo haga bien, porque ya ven, luego dicen que está limitadito, pero que copie bien. Es más, el propio Andrés Manuel ha dicho, que aunque él haya llegado como llegó a la Presidencia, y ya sabemos cómo, eso de Monex y Soriana y demás, por el bien del pueblo hasta lo asesoraríamos.

Y es en ese sentido, que por eso les vengo a proponer en esta asamblea, para que le ayuden, den un paso para fortalecer esta política y aprueben las modificaciones que estamos proponiendo.

Él lo que suscribió en el notario público el 3 de mayo, la propuesta universal de adultos mayores, ustedes, la mayoría de su partido puede hacer viable ese compromiso ante su electorado, para que luego no anden corriendo, como muchos platican en corrillos, por los ciudadanos que los traen azorrillados por las maldades que están haciendo contra ellos, sobre todo, con esta reforma hacendaria.

Ya ustedes saben que no pueden circular libremente, porque los ciudadanos están muy enojados con ustedes. Miren, saben, Peña Nieto no puede andar sólo en la calle, porque saben que el pueblo está muy molesto con ustedes, sólo lo sacan en anuncios de televisión, evidentemente. Y ustedes pueden hacer ese compromiso, del que dieron cuenta los medios de comunicación en la campaña electoral.

En la misma fecha en que él suscribió su compromiso de pensión universal, a la conclusión del evento una periodista preguntó al entonces candidato del PRI, antes de subir a su camioneta Suburban, en torno al homicidio de la periodista Regina Martínez. ¿Sí la recuerdan, verdad? La de Proceso, la de la revista Proceso que han asesinado arteramente en el estado de Veracruz.

Y él respondió ahí, fíjense: Que se haga justicia y que la autoridad encargada de la investigación de estos hechos realmente dé con los responsables. Es un tema mayor, que se combata la impunidad, que nadie quede al margen de que se le aplique la ley y cuando ha habido un hecho lamentable o cualquier otro delito cometido, y más, cuando se trata de periodistas. Me parece que además debe haber eficacia para dar con los responsables. Eso lo dijo Peña Nieto ahí en su Suburban, al salir de la campaña. Tranquilos, todavía traigo un minuto de sobra, me va a sobrar tiempo. No se desesperen, van a llegar a sus casas a tiempo para atender sus responsabilidades. Avisen que ya van.

Ahora, es el titular del Poder Ejecutivo y consecuentemente, jefe del procurador general de la República, por lo que es pertinente preguntarles y preguntarle a él, al procurador, culmino, ¿qué pasa con los responsables del crimen de la periodista Regina Martínez? ¿Queda en demagogia el búsquese a los responsables?

Pregunto, ¿mismo destino tendrá la susodicha pensión universal para adultos mayores? Diputados del PRI, ustedes tienen la palabra. Es cuanto y les va a dar tiempo de llegar a su casa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado.

El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Gracias, presidente. Solo para decirle al diputado Huerta Ladrón de Guevara que no se preocupe por mí. Yo circulo libremente y sin problemas en el estado de Nayarit. Es más, al contrario, me saludan muy bien cuando saben que voté para que le cobraran impuestos a los de la Bolsa, impuestos progresivos a las mineras para que se cobraran impuestos también a las refresqueras para apoyar a los problemas de salud. Entonces, que no se preocupe mucho el diputado Ladrón de Guevara.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrado su dicho. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 73, fracción XXIX R.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador de Haití en México, Guy Lamothe, invitado por el presidente del Grupo de Amistad México-Haití, el diputado Ricardo Medina.

Asimismo, esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al doctor Arturo Carrasco Breton, historiador y empresario, presidente de la Cámara de Comercio México-Uruguay, invitado por la diputada María Fernanda... Verdugo. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada.

La diputada Lorena Méndez Denis: Buenas tardes, presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados. En este recinto legislativo todos y cada uno de los diputados y diputadas juramos respetar y hacer respetar la Constitución en el  momento en que tomamos el cargo.

Ese juramento nos vincula incluso en los casos en que actuamos en el papel de integrantes del Constituyente Permanente, por lo que la observancia de las normas constitucionales debe ser un elemento fundamental de nuestra labor.

El artículo 1o. de la Constitución proscribe cualquier tipo de discriminación en la nación, entendiéndose que la igualdad es el principio rector de los derechos fundamentales establecidos en la nación.

La denominada reforma hacendaria, presentada por Enrique Peña Nieto, considera diversas modificaciones al texto constitucional y es a través de éstas que se pretende incluir dos derechos: el de los adultos mayores a contar con un apoyo económico para cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez, así como la posibilidad de los trabajadores a contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades más básicas y las de sus familias, de ser el caso, en tanto logren reintegrarse al mercado laboral formal.

No obstante la universalidad del seguro de desempleo es más que cuestionable. Con las modificaciones realizadas por la comisión se ha despojado tal carácter, pues elimina la facultad del Congreso para legislar una norma general aplicable a todos los sujetos, limitando a incluir el sentido material de la norma en la Ley del Seguro Social.

Con dicha modificación quedaría fuera del ámbito de protección de este derecho los trabajadores el apartado B, es decir: los prestadores de servicio al Estado. En ese sentido, en caso de continuar con el trámite de esta reforma en tales términos, se estaría discriminando el acceso a un derecho para un sector de personas sin que exista sustento alguno para ello.

En definitiva la propuesta no conlleva a una visión de universalidad y progresividad. Razón por la que consideramos la imperiosa necesidad de modificar el contenido de la redacción del texto propuesto de la fracción XXIX-R del artículo 73, a fin de proporcionar la base constitucional para la emisión de una norma reglamentaria efectiva, que permita el acceso universal al seguro de desempleo.

Derivado de lo anterior someto a consideración del pleno la siguiente reserva a la fracción XXIX-R del artículo 73 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal.

Único. Se modifica la fracción XXIX-R del artículo 73 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Lorena Méndez Denis. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente; con el permiso de los diputados que tienen cierta responsabilidad y las diputadas que están presentes aquí.

La izquierda mexicana a lo largo de su historia parlamentaria, ha pugnado por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados del campo y la ciudad, así ha propuesto la escala móvil de salarios, la instauración de la jornada laboral de 40 horas con pago de 56, la más amplia libertad sindical, el seguro del desempleo, el ejercicio de la democracia directa de los trabajadores a través de voto secreto para elegir  mesas directivas de los sindicatos, la constitución de auténticos sindicatos en nuestro país sin intervención del gobierno o de los patrones, una justicia laboral pronta y expedita.

Una propuesta central de la izquierda ha sido derogar los apartados que restringen derechos y violan recomendaciones internacionales en materia de trabajo. Por ello, en la actual Legislatura, el 11 de septiembre de 2012, presentamos una reforma constitucional para terminar con la diferencia entre los trabajadores de los apartados A y B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, para eliminar la discriminación de los trabajadores mexicanos entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los tienen.

En ese momento dijimos, con Mario de la Cueva, que quienes promueven desde la Constitución esta política discriminatoria y contraria a la progresividad de los derechos humanos laborales, olvidan que la ley debe ser igual para todos y para todas, pues la necesidad es la misma, independientemente de las personas a las que se les preste el trabajo. Todas las personas son iguales, porque la igualdad es atributo de la naturaleza humana y no puede ser destruida por el género de la actividad en que se desempeñe.

En estas condiciones observamos con simpatía la propuesta del Ejecutivo, de recoger una demanda histórica de la izquierda, como es el seguro del desempleo, sin hacer diferencias entre los trabajadores del apartado A y B del artículo 123 constitucional.

La propuesta, además, era congruente con una política de respeto a los derechos humanos de los asalariados y con el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo.

Nosotros creemos que no hay razones, porque el seguro del desempleo al que aspiramos y que la experiencia internacional nos indica, debe diseñarse para todos los trabajadores formales sin importar el tipo de trabajo que realicen y para quien trabaja, porque los trabajadores regulados por el apartado B y sus leyes reglamentarias cotizan a las instituciones de seguridad social, pero como lo reconoce el Ejecutivo en su iniciativa, sus preceptos legales son viables para el trabajador, solamente en los casos en que éste haya quedado imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración  y esta imposibilidad se deba a una inhabilitación física o mental.

Por ello proponemos modificar el dictamen, para establecer en el artículo 123 constitucional que el seguro de desempleo será para todos los trabajadores sin distinción. No hacerlo así ahondará la brecha entre unos y otros y cometeremos una grave injusticia contra los empleados públicos. Tenemos la oportunidad de hacerlo aprobando esta reserva. Comentarles que son más de tres millones de mexicanos y mexicanas que serían excluidos y así como se aprobó en la comisión, va para los trabajadores del Apartado A., por eso esta insistencia.

El tema es que efectivamente nosotros debemos de hacer ese esfuerzo porque ningún mexicano y mexicana quedara excluido de esta prestación y en los términos en los cuales se está planteando, efectivamente los trabajadores de la Cámara, todos los trabajadores al Servicio del Estado que están dentro del Apartado B, quedarían indebidamente excluidos del seguro de desempleo.

Por eso la idea de que tratemos nosotros de ser congruentes y que cuando menos en este sentido les pediría yo a los diputados y diputadas del PAN que así como somos solidarios en ocasiones en votaciones y en defender los derechos de los trabajadores, hicieran lo propio. Sabemos que al interior del PRI a veces es muy difícil que tomen decisiones por sí solos, pero ojalá y aquéllos que representan sobre todo a los trabajadores, pudieran apoyar que por lo menos se discutieran las consideraciones de esta reserva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Silvano Blanco Deaquino. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a).

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias, presidente, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara, presento ante ustedes con relación al artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), una adición para ser obviamente revisada, analizada y esperar contar con su apoyo.

Cuando Peña Nieto anunció que propondría la creación del seguro de desempleo, tuvo una amplia simpatía ante la larga espera de la clase trabajadora por alcanzar esta nueva prestación que lo tutelara en los difíciles momentos en que por diversos motivos fuera separado de su empleo.

Cuando se conocieron los detalles, la simpatía se tornó en rechazo al tratarse de una simulación por la que el trabajado se autopagaría tal supuesto seguro de desempleo mediante sus ahorros de vivienda, a los que se arrancaría el 60 por ciento de su monto para entregarlos mayoritariamente al riesgo fraudulento de las Afore.

Ante esta condenable situación, los líderes de las organizaciones de los trabajadores comprendidos en el apartado b) del artículo 123 de la Constitución, correctamente maniobraron para sacar a sus afiliados de este inadmisible proyecto.

Pero ahora este dictamen que discutimos propone correctamente recuperar al seguro de desempleo como parte de la seguridad social, a favor de los trabajadores y las trabajadoras del apartado a) y que en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, sería por tanto, operado por el ISSSTE en base a una aportación bipartita.

No hay razón para excluir a los trabajadores al servicio del Estado de los beneficios de un seguro de desempleo, pues contrariamente a lo argumentado, estos trabajadores también sufren de la inestabilidad laboral, sobre todo ante embates como la reforma educativa que ante todo resultó laboral y que entre otros derechos hará añicos la estabilidad laboral de las y los profesores, o el nuevo régimen que se pretende imponer a los trabajadores de la banca de desarrollo que igual deja sus derechos a la discrecionalidad de la patronal, y otras reformas que se proyectan en perjuicio de los trabajadores del apartado b), sin menoscabo de los impactos de la contrarreforma laboral del día 30 de noviembre de 2012 que al ser de aplicación supletoria a las relaciones de trabajo burocráticas, van transformando la inestabilidad en una esencia de éstas y no en un accidente.

En suma es inadmisible que se niegue a los trabajadores al servicio del Estado el acceso al seguro de desempleo; es insostenible este acto de discriminación, por lo que estamos a tiempo de corregir esta injusticia que sólo respetará la propuesta inicial del el Ejecutivo federal para que las y los trabajadores de ambos apartados, al cual dice, del artículo 123 constitucional, accedieran a esta tutela en bien de ellos y sus familias pero dentro de la legislación y principios de la seguridad social.

Por tanto pido a todos los grupos parlamentarios su voto para sacar adelante el contenido de esta reserva que quedaría, artículo 123, apartado b), fracción XI, inciso a): “Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación, la invalidez, vejez y muerte y el seguro de desempleo para las y los trabajadores del apartado b)”. Es cuanto. Gracias, señor presidente y a ustedes por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Socorro Ceseñas Chapa. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 123, apartado b), fracción XIV, adicionando un segundo párrafo.

El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor Presidente. Todos evidentemente, o la gran mayoría, estamos a favor tanto de la pensión como del seguro de desempleo. El PAN ha sido muy claro, forma parte de nuestra agenda legislativa y por supuesto que tienen nuestro apoyo este par de derechos que se les dan a los trabajadores.

Sin embargo, hay que decir las cosas como son. No se están diciendo las verdades completas en esta Cámara. Aun cuando hoy no se está aprobando la ley secundaria sino el derecho en la reforma constitucional y por ende estamos votando a favor, preocupan algunos puntos que nos dejan ver cuál es la verdadera intención.

Dos temas específicamente nos preocupan: el financiamiento del seguro y los trabajadores del Apartado B. Como bien han dicho nuestros compañeros, es lamentable que partiendo de una iniciativa que contemplaba a todo trabajador, hoy vengamos solamente a aprobar a aquéllos que están en el Seguro Social. De verdad lo decimos muy claramente: el PAN busca que todos los trabajadores de este país cuenten con este derecho en materia de seguro de desempleo. Y hay que decirlo y por eso estamos presentando esta reserva que regresa a la iniciativa del presidente.

Dos. Nos preocupa que aun cuando habría que cambiar la ley secundaria propuesta porque fue propuesta en términos de la iniciativa original, ésta contempla una idea clara. Cuando todos escuchamos al presidente de la república decir en el marco de la justificación de su reforma hacendaria que habría que incrementar impuestos porque habría que cubrir nuevos programas sociales, la verdad es que no estaba diciendo la verdad.

Se hace caravana con sombrero ajeno en el seguro de desempleo y hay que decirlo como tal. La iniciativa presentada genera un impuesto –escúchenme bien– un impuesto a los trabajadores que va del 20 por ciento hasta el 60 por ciento de su fondo de vivienda. Esas es la verdad del seguro de desempleo.

20 por ciento porque pierde ese fondo de vivienda que es patrimonio ya del trabajador. Los patrones dan esas aportaciones y esta iniciativa, en su ley secundaria, prevé que el 1 por ciento del 5 por ciento del fondo se le quite al trabajador  y se vaya a un fondo. Y 2 por ciento quede optativo con un esquema que se plantea ahí.

Por eso decimos claramente: trabajadores de México, les quieren imponer un impuesto del 20 por ciento hasta el 60 por ciento en su fondo de vivienda. El PAN no va a apoyar jamás una iniciativa de esa naturaleza.

Por eso decimos claramente que sí estamos a favor del derecho, por supuesto, y por eso va a tener nuestro voto a favor en la reforma constitucional, pero no estamos de acuerdo con el planteamiento que están haciendo de ley secundaria y creemos que desde este momento en la Constitución pudiéramos dejar claro, cambiando esta propuesta que busca meter al 123 Apartado A, específicamente en la Ley del Seguro Social, el derecho del seguro de desempleo y regresando a la idea original que era que abarcara a ambos.

Deja entrever que si es la idea original de pagar con el fondo de vivienda o que están buscando financiarlo a través de las cuotas obrero-patronales, que para el final de cuentas sería prácticamente lo mismo. No se está pagando –hay que decirlo con todas sus letras– con los impuestos que nos vendieron aquí, que eran para incrementar los apoyos sociales.

La reforma hacendaria es un daño directo al país y este intento de hacer creer que el seguro de desempleo es una de las pocas cosas positivas que tendría esta propia reforma, verdaderamente es un engaño a la población de México.

Por eso el PAN dice: no. Proponemos que abarque los dos apartados y proponemos que el financiamiento salga directamente del Estado y no se atente el fondo de vivienda de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Damián Zepeda Vidales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo segundo transitorio, párrafo segundo de la Constitución.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. La seguridad social es un término que comprende todas las medidas que permitan proporcionar a los integrantes de la sociedad los medios que permitan abatir aquellas contingencias económicas o sociales que se deriven de alguna situación emergente.

Internacionalmente la seguridad social se ha visto como uno de los derechos humanos denominados de segunda generación, el cual implica la instrumentación de acciones, programas y estrategias que permitan lograr –como todas las prerrogativas de esta clase- un estado de bienestar en el ser humano.

En atención a todo lo anterior y al ser el propio Estado garante de los mínimos esenciales que permitan el desarrollo social y humano de los mexicanos, la inclusión del derecho de los adultos mayores a contar con una pensión universal que los apoye a cubrir sus gastos más elementales de manutención durante su vejez, es una obligación por demás añeja.

Sin embargo, el hecho de que este derecho se sume al conjunto de todos los consagrados en nuestra Carta Magna, se constituye como una especie de justicia social. Sobre todo, cuando en el país de conformidad con los datos del Centro Nacional de Población, hoy por hoy el sector poblacional de adultos mayores asciende a 10.5 millones; es decir, que 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más.

Además, el 43.2 por ciento de este sector poblacional se encuentra en situación de pobreza multidimensional, carente de al menos de alguno de sus derechos sociales  y de los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos, según reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento.

Aunado al hecho de que 7 de cada 10 adultos mayores son vulnerables socialmente al no tener acceso a los servicios de salud o seguridad social, esto significa en números reales que apenas 2.2 millones se encuentran sujetos a algún sistema de seguridad social.

No obstante lo anterior, consideramos que tal y como la evidencia ha demostrado el hecho de que eleve a rango constitucional un derecho social, no es garantía para que éste se cumpla en la práctica, y para el caso particular del presente dictamen es aún menos probable cuando la propuesta  en uno de sus transitorios contempla que sólo podrán ser demandantes de este programa aquellas personas que cumplan 65 años de edad a partir del año 2014.

En definitiva, lo antes mencionado es una restricción, de no ser modificada dejará fuera de este beneficio a todos los ciudadanos que hoy tienen 65 años o más, o peor aún, se estará fincando en su perjuicio un grave acto de discriminación aproximadamente a unos 5 millones de mexicanos, sin una pensión por el simple hecho de haber llegado a esta edad de 2013 hacia atrás.

Resulta claro que este programa dista mucho de apostar a un verdadero sistema de seguridad social universal, pues la pensión de adultos mayores planteada tiene un alcance limitado y poco transparente.

Como se desprende de la redacción del párrafo segundo del artículo segundo transitorio del dictamen, que de permanecer el texto propuesto se estará yendo incluso en contra del propio objeto de la legislación, al excluir de este beneficio a un número muy importante de adultos mayores.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva al párrafo segundo del artículo segundo transitorio  del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal.

Único. Se modifica el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal, para quedar como sigue.

Artículo segundo transitorio. El Congreso de la Unión preverá que todos los adultos mayores de 65 años residentes en el territorio nacional que requieran apoyo para sufragar sus gastos básicos de manutención durante su vejez, reciban una pensión a partir del término contemplado en el párrafo anterior.

Asimismo, preverá que periódicamente se revise dicha edad para que, con base en los estudios demográficos que determine la ley, dicha edad se incremente en función de la esperanza de vida de la población. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Luis Valle Magaña. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo segundo transitorio, párrafo segundo.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Con el permiso del pleno. Dicen que un Estado de derecho que no garantiza el cumplimiento de los derechos se convierte en un Estado de derecha.

Estamos hoy discutiendo el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que incorpora al texto constitucional el derecho a la pensión para los adultos mayores y el derecho a un seguro de desempleo.

Creemos que sería difícil oponerse a que en el texto constitucional se marque esto. Para  muchos de nosotros no es lo que esperábamos, no es lo que queremos debiese haber en el país, como lo hemos venido construyendo en la Ciudad de México, pero la política así es.

El régimen en proceso parlamentario nos lleva a esto, a tener que acordar, a tener que llegar a acuerdos sobre qué es lo que sería en función de la discusión y en función, también hay que decirlo, de quienes representan las mayorías. Y cada quien decide, en un momento dado, si lo que se plantea se acepta o no se acepta.

Solamente estoy planteando una modificación al párrafo segundo del segundo transitorio, porque creo que con el texto que viene en el dictamen y que se pretende, con el cual se pretende tener todo el conjunto de aquellos adultos que en el 2014 cumplan 65 años y que se contempla a los que ya tienen más de 65, el texto del dictamen considero que no reúne las características para involucrar y tener en ese conjunto a todos estos adultos mayores.

Por eso estoy planteando, solamente, en modificar este párrafo segundo y quedaría de la siguiente manera: El Congreso de la Unión preverá que los adultos mayores que cumplan 65 años y mayores de esa edad, a partir de 2014, que requiera el apoyo para sufragar sus gastos básicos de manutención durante su vejez, recibirá una pensión a partir de dicho año. Asimismo, preverá que periódicamente se revise dicha edad, para que, con base en los estudios demográficos que determine la ley, dicha edad se incremente en función de la esperanza de vida de la población.

Esto es desde el punto de vista de ubicar las características de quienes pertenecen a un conjunto, lo que involucraría a todos los que cumplan 65 y los que ya los tengan para esa fecha. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Luis Muñoz Soria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se acepta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto es de aceptarse. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Es de aceptarse. Se incorpora al dictamen y se reserva para su votación nominal. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva, que es una adición de un cuarto artículo transitorio.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, para terminar estas reservas, quiero nada más hacer mención a varios aspectos relacionados con este paquete que se le llama reforma hacendaria, que en realidad ha sido un paquete medio tutifruti, vamos a llamarle así. En donde se establece una ley del seguro de desempleo, acompañada de una reforma constitucional, que finalmente no concuerda con la ley presentada. Hay una disfunción al inicio. Y esta disfunción no es más que una prueba clara y contundente de que el Ejecutivo federal simple y sencillamente no ha sabido qué hacer al respecto.

Por un lado, con bombo y platillo, ya lo han mencionado varios compañeros, se anuncia que está gran supuesta reforma tiene como objeto ayudar al seguro de desempleo, ayudar a la pensión universal, ayudar a los pobres en la reforma Robin Hood, le digo yo, quitándole a los ricos, etcétera.

Sin embargo, tenemos aquí una clara disfunción. Luego, por promociones del Ejecutivo federal se cambia el dictamen de reforma constitucional para los efectos de tener una pichada, vamos a llamarle así, total y absolutamente diferente.

¿En qué consiste esa pichada? Bueno, para empezar ya se elimina a los trabajadores al servicio del Estado por completo, entonces, como que hubo una dubitación aquí, hubo dudas, hubo cuestionamientos internos, etcétera, como que no hay un orden en el Ejecutivo federal sobre lo que quiere o los impactos que hay, etcétera.

Y luego por el otro, ya también se ha mencionado en múltiples ocasiones, se vuelve a afectar al Infonavit, y al afectarse al Infonavit se afecta a los trabajadores.

Sí, compañeras y compañeros, al afectar al Infonavit tenemos un daño a los trabajadores que con sus ahorros, con tantos esfuerzos ganados, con su trabajo se ven afectados.

Ya los gobiernos del PRI han tenido este tipo de actitudes que son francamente un asalto a los trabajadores. Porque se forma el Infonavit en los años setenta y años más tarde se esfuman por completo los fondos del Infonavit, que fueron los ahorros de los trabajadores.

Ahora, en una situación un poquito más sutil le quitan el 1 por ciento, para empezar, del 5 por ciento que tienen le quitan el 1 por ciento. Y el 2 por ciento adicional le hacen una especie de fondo múltiple, en donde se incluye lo que significa el Infonavit, que es el fondo para vivienda, se incluye ahora el de retiro y lo que sobre, como dice la canción, paga la renta, el teléfono, la luz y lo que sobre ahí me das para mis tamales, lo que sobre entonces el trabajador lo puede utilizar para los efectos del retiro.

¿Qué pasa? La consecuencia es muy clara. ¿Qué es lo que pasa? La consecuencia consiste en que el trabajador cuando sea despedido en el momento en que utilice el fondo ya le bajó a su vivienda o a su retiro. Esto no se vale, compañeras y compañeros, por qué este engaño a los trabajadores.

Porque si ustedes ahorita no admiten a discusión esta reserva van clarísimamente a estar afectando a los trabajadores so pretexto de que les van a dar un seguro de desempleo. Es algo muy claro, por eso estoy añadiendo un artículo cuarto transitorio para los efectos de que se establezcan claramente, muy claramente, las reglas del juego del financiamiento para el seguro de desempleo, y dice:

Cuarto. Para el financiamiento del seguro de desempleo al que se refiere el presente decreto se deberá constituir un fondo con aportaciones realizadas por el gobierno federal. –Es decir, que se trague las palabras o las cumpla el presidente Peña Nieto. Si la reforma hacendaria es para ayudar a los trabajadores que lo cumpla.

Bien, ahora, dichas aportaciones serán aquellas que se generen exclusivamente a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En dicho fondo no podrán integrarse los recursos para el seguro de cesación involuntaria del trabajo existente en las cuentas de separación individualizada de los trabajadores ni ningún otro recurso existente que se haya constituido para fines distintos. Finalmente, el seguro de desempleo se otorgará por un periodo máximo de seis meses a partir de que el trabajador haya perdido su empleo.

De esta manera, compañeras y compañeros, prístinamente queda mandado por la Constitución que las leyes secundarias no podrán afectar a los trabajadores. Si ustedes en este momento votan no admitir la reserva que quede gravado en el Diario de los Debates. Ustedes van a ser responsables de haberles robado a los trabajadores. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Carlos Fernando Angulo Parra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se desecha. De conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para pedirle que puedan separar las reservas de la que planteó el diputado José Luis Muñoz Soria, el segundo transitorio, votarla por separado del resto de las reservas, porque a nosotros nos parece atendible la reserva del diputado Muñoz, la votamos a favor, no así del resto de las reservas, quisiéramos plantearlo.

Nada más señalar, que coincidimos con los argumentos del diputado Angulo, pero por eso había que votar en contra de este atraco y de esta simulación.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado, nada más, conforme a nuestra normatividad 108, numeral 2. El único que puede decidir si se separan artículos es precisamente el pleno; entonces si lo pone a consideración del pleno.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Efectivamente, eso dice el artículo 108, no tenga duda de que así será.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Carlos Angulo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para adherirme a la petición del diputado Mejía Berdeja. Es muy lógico que estos dos aspectos en particular deben de quedar separados para que haya una votación consciente y pedirle a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que tengan consciencia de que este proceso parlamentario necesita quedar claramente establecido para la ciudadanía. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta del diputado Ricardo Mejía Berdeja, para que el artículo reservado por el diputado José Luis Muñoz Soria, sea votado de forma separada.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite la propuesta de separación del artículo.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputada. Dígame, diputado. Nuevamente, Carlos Angulo, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Nada más para aclarar que fue una petición doble, que se separara ésa y se separará la de su servidor para que quedaran bien distinguidas.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En un solo acto, o porque se den las votaciones por separado, o que todos los artículos se voten en un solo acto. Proceda la Secretaría.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si es de votarse en conjunto o por separado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).  Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): No quedo claro.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí. Sí quedó claro, diputado, porque inclusive una parte importante del PRD está votando en el mismo sentido, se ve con bastante claridad.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 4o., 73 y 123 y el tercero transitorio, en términos del dictamen y el artículo segundo transitorio con la modificación aceptada.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 4o, 73 y 123, así como el tercero transitorio en términos del dictamen; del segundo transitorio con la modificación aceptada.

(Votación)

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Isela González Domínguez (desde la curul). A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 350 votos a favor; tres abstenciones y 36 en contra, por lo tanto existe mayoría calificada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos reservados con la modificación aceptada por la asamblea o, en los términos del dictamen, según corresponda. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 4o, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad social universal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de juntas directivas y de integrantes de las comisiones ordinarias, especiales, organismos permanentes y grupos de amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobadas. Comuníquense.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se realiza un respetuoso pronunciamiento sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica contra la República de Cuba, que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de las curules.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechaza el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal instruya a la representación mexicana en Asamblea General de las Naciones Unidas, promover el fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba.

Firmado por los coordinadores de la Junta de  Coordinación Política. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado, comuníquese. Sonido en la curul del diputado Luis Martínez  ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Juan Luis Martínez Martínez (desde la curul): Presidenta, nada más para sumarnos, agradeciendo el voto a favor de nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Cuba. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (16:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 29 de octubre de 2013 a las once horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve treinta horas.

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