Minuto de Silencio por el fallecimiento de Gabriel García Márquez
Comunicaciones oficiales
Dictámenes de las diversas comisiones
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Minutas de la Cámara de Senadores
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 415 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:54 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretara diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa también la lectura en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría ahora a ponerla a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Mire, tenemos 24 horas de estar escuchando, incluido esto de la sesión, este heroísmo del pueblo veracruzano que en efecto lo es; en eso podría estar la diferencia de que, con el debido respeto de los señores de la naval, la verdad es que en esas épocas el ejército mexicano se retiró y quien defendió la patria fue el pueblo de Veracruz.
El tema tiene que ver con que Veracruz sigue en pie de lucha y obviamente, cuando hay gobiernos que no gobiernan bien como el actual, que no está atento a la economía popular y que permite alzas al transporte urbano, provoca reacciones del pueblo veracruzano.
Nos preocupa porque el día de ayer, cuando los maestros fueron a presentar sus protestas por las mal llamadas reformas educativas, estos maestros fueron golpeados por la policía estatal y por todos los cuerpos de represión del gobierno federal y estatal.
Nos preocupan estas medidas y quisiéramos que la Cámara hiciera algo para estar atentos primero a que las protestas no sean reprimidas ilegalmente, como ocurrió ayer, y segundo a que estos aumentos al transporte no se ejecuten.
El gobierno de Veracruz lo que ha hecho es comprar a pseudolíderes estudiantiles y, con fotografías en los periódicos, querer convalidar este aumento. Si fuese democrático el gobierno, cuando menos le preguntaría al pueblo y defendería a su pueblo.
Para quitar las malas vibras que dejaron los que vinieron aquí, que mal gobiernan Veracruz, quisiéramos que esta Cámara tomara medidas al respecto.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedó registrada.
El diputado Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Me ha pedido la palabra también el diputado Rosendo Medina Filigrana. Dígame, diputado.
El diputado Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputado. Presidente. Muy breve. Lamentablemente, en días pasados se tuvo el deceso de don Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que si bien es cierto que nació en Colombia, pues dedicó gran parte de su vida a residir en nuestro país y escribir desde nuestro país para las letras universales.
Por eso, diputado presidente, de manera muy respetuosa, quisiera pedirle que pudiera obsequiar un minuto de silencio en memoria del premio Nobel don Gabriel García Márquez.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado. Le informo que la Junta de Coordinación Política también ha hecho del conocimiento de la Mesa Directiva que el día de mañana se pretende hacer un homenaje en memoria de Gabriel García Márquez. Así lo haremos, pero en este momento le ruego a todos los presentes no pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de ese gran escritor universal que fue Gabriel García Márquez.
(Minuto de silencio)
Descanse en paz. Su obra se queda con nosotros para siempre.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Leobardo Alcalá. Dígame, diputado.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Muchísimas gracias, señor presidente. En el mismo sentido de quien me antecedió en el uso de la voz. Quisiéramos pedir un minuto de silencio dado que hace 22 años en la ciudad de Guadalajara, en el Barrio de Analco y las colonias: las Conchas, Atlas, San Carlos, sucedió una de las tragedias más dolorosas en las últimas décadas en nuestro estado, en nuestro país, y particularmente para quienes somos tapatíos, que fue la explosión del día 22 de abril de 1992, en donde por desgracia fallecieron decenas de seres humanos y muchos de ellos quedaron en el desamparo.
Por eso respetuosamente hago esta solicitud, y si usted me lo permite, de la misma forma pedir otro minuto de silencio por el escrito Emmanuel Carballo, que no solamente fue escritor, fue crítico literario, ensayista, editor y periodista tapatío, quien acaba de morir el domingo próximo pasado en nuestra ciudad.
Y para quien no lo haya conocido, me permitiré leer una breve reseña de don Emmanuel Carballo que nace en 1929, estudio derecho en la Benemérita Universidad de Guadalajara, pero lo dejó para dedicarse a la literatura. Años después volvería a la Universidad de Guadalajara como profesor, aprendió a escribir con Alfonso Reyes y Alí Chumacero.
A los 20 años funda su primera revista sobre arte y literatura, Ariel, también fundó la Revista de literatura mexicana con Carlos Fuentes, donde publicaron algunos de los primeros textos de García Márquez y de Cortázar. Estableció la editorial Diógenes, donde apostó por autores poco conocidos como Emilio Pacheco y Mario Benedetti.
Carballo cuenta que incluso dejaba los libros que imprimía en la calle para que la gente se los llevara y los conociera. Como crítico literario fue el primer en leer el manuscrito completo de Cien años de soledad de hasta hoy el finado Gabriel García Márquez. Como crítico literario su ética fue decir la verdad cueste lo que cueste. Se le conoce como el notario de la literatura mexicana del siglo XX.
Curiosamente a la muerte de García Márquez siguió la de Carballo tres días después. Sus galardones: Premio Jalisco de Literatura 1990, Premio Arlequín 99, Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2005, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura, Premio Mazatlán de Literatura y el Premio Nacional Periodístico Cultural Fernando Benítez 2006, Medalla Alfonso Reyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2008 y Premio Letras de Sinaloa 2010, entre otras tantas de sus producciones literarias.
Por tanto, respetuosamente, pediría estos dos minutos de silencio.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto esta Presidencia hace suya la petición del diputado Alcalá y guardaremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las explosiones de Guadalajara en primer lugar y después un minuto de silencio en memoria de Emmanuel Carballo, quien falleciera recientemente. Ruego a los presentes ponernos de pie.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado José González Morfín: Ahora un minuto de silencio en memoria del reconocido poeta, escritor y crítico literario Emmanuel Carballo.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado José González Morfín: Descansen en paz.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica que se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio de la diputada Lázara Nelly González Aguilar, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 24 de abril del año en curso.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron los siguientes oficios.
Del diputado Xavier Azuara Zúñiga, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 24 de septiembre de 2013.
Del diputado Jorge Herrera Delgado, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, presentada el 8 de enero de 2014.
Del diputado Ricardo Mejía Berdeja, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o de la Ley General de Educación, presentada el 13 de abril de 2014.
De la diputada Gloria Bautista Cuevas, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el 11 de diciembre de 2013.
Del diputado Luis Armando Córdova Díaz, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición con punto de acuerdo para que se denomine al patio central de la Ciudad de los libros con el nombre de Octavio Paz, presentada el 3 de abril de 2014. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el que remite el Programa Anual de Trabajo de 2014.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio del Instituto Nacional Electoral, por el que informa que el 4 de abril del año en curso se llevó a cabo la toma de protesta del consejero presidente y de las y los 10 consejeros electorales designados, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Intégrese al expediente.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de marzo de 2014, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con el que remite el informe anual de actividades, correspondiente al ejercicio 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las comisiones de Gobernación y de Radio y Televisión, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite los informes correspondientes al primer trimestre de 2014 de diversos programas sujetos a reglas de operación.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de diversas autoridades ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 61 y una fracción III Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la miscelánea y materia mercantil para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Antes de la declaratoria de publicidad de los dictámenes, sonido en la curul de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Dígame, diputada.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero aprovechar el espacio muy brevemente para invitar a mis compañeros a la exhibición de fotografía que tenemos aquí en el edificio B, en la planta baja, es Bicis de la ciudad, y es cerca de un millón de personas que igual que los afroamericanos, los discapacitados, los indígenas, ese millón de personas que andan en bicicleta por todo el país queremos llamar la atención con esta exhibición para la necesidad de recursos presupuestales que va a haber para protegerlos en su infraestructura.
Muchas gracias, señor presidente. Es Bicis de la ciudad, edificio B, planta baja. Es un grupo muy vulnerable que necesita de nuestra sensibilización. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con las declaratorias de publicidad de los dictámenes.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 29, la denominación del Capítulo Quinto del Título Segundo y deroga la fracción V del artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona a la fecha 26 de enero, aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión del Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona un inciso m) al artículo 70 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
De las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
De las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16 y la fracción XVII del artículo 38, y se adiciona una fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la comisión la diputada María Guadalupe Mondragón González.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados. Si queremos hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que acabar con los estereotipos.
En los últimos años hemos avanzado mucho en el reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer. Sin embargo frente a las reformas, decretos y políticas públicas a favor de la mujer, surgen estereotipos como el obstáculo principal que impide su consolidación.
Los estereotipos ocasionan una falsa idea. Se encuentran profundamente arraigados en nuestra cultura. A fuerza de repetirse día con día, los estereotipos convierten a los prejuicios en verdaderos inmutables. El peor de todos los estereotipos nos quiere hacer creer que el hombre tiene más capacidad que la mujer. De ahí surgen todas las desigualdades que han motivado las reformas legales de los últimos 50 años.
Por eso hoy las Comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, traen a la consideración de ustedes un dictamen que rompe con los estereotipos para que con su voto razonado demos un paso más a favor de los derechos de la mujer.
El dictamen que presentamos propone reformas a la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. En concreto se modifican los artículos 16, 38 y 42 en materia de concientización permanente hacia la igualdad y en publicidad incluyente.
Respecto del artículo 16 referente a las competencias municipales, se reforma su fracción IV con el propósito de que las campañas de concientización que se realizan en materia de igualdad sean implementadas en forma permanente. Se prevé además que la publicidad empleada con tal motivo, se encuentre desprovista de todos los estereotipos de función del sexo de las personas.
El artículo 38 en su fracción VII es reformado para incluirse de igual modo el deber de que las campañas nacionales de concientización sean realizadas de manera permanente y con la misma directriz en lo referente a la publicidad.
Finalmente en el artículo 42 relativo a las acciones en materia de eliminación de estereotipos en función del sexo, se incluye el deber genérico para que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través del cual se difunden las campañas de concientización, se encuentren desprovistas de estereotipos en función del sexo de las personas.
Apuntar por reformas que indican directamente en la concientización, es sin lugar a dudas, la mejor herramienta para cambiar los roles que actualmente arrastramos como rémoras y que impiden una plena igualdad entre hombres y mujeres.
Para estar en aptitud de superar las tremendas brechas de desigualdad que aún subsisten en el trabajo, en el acceso a oportunidades, en el papel al interior de la propia familia y del estado en general, primeramente es necesario superar la concepción que en nuestra sociedad aún se tiene respecto del papel del hombre y la mujer.
En la reciente participación de México ante el Mecanismos de Evaluación Periódica Universal del Consejo General de las Naciones Unidas, fueron recibidas diversas observaciones en relación a la necesidad de que México siga trabajando en acciones que contribuyan a eliminar la discriminación, así como para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres.
Del mismo modo en diversas ocasiones el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha reconocido la necesidad de implementar acciones gubernamentales que contribuyan al logro de igualdad ente ambos sexos.
Señoras y señores, con la aprobación del dictamen que hoy presentamos ante ustedes las Comisiones de Derechos e Humanos y d Igualdad de Género, tienen la firme convicción de que vamos a derribar los estereotipos que se alzan entre las legítimas aspiraciones de las mujeres y la igualdad real de trato, de salarios y de oportunidades. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Mondragón González.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general. Para fijar postura en representación del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la igualdad entre mujeres y hombres es un asunto primordial que debe estar plasmado en la norma a fin de eliminar la discriminación hacia las mujeres.
Debemos reconocer que a pesar de los grandes avances en la materia, nuestras acciones aún resultan insuficientes para erradicar las prácticas sociales y culturales que reproducen el machismo y los estereotipos en la sociedad mexicana.
Los estereotipos conducen a los prejuicios y a la discriminación. Como sociedad debemos hacer un esfuerzo por eliminarlos en cualquiera de sus manifestaciones, ya que estigmatizan a las mujeres atribuyéndoles características, rasgos y comportamientos que las colocan en una situación de desigualdad frente a los hombres.
Mahatma Gandhi, un gran pensador y luchador social, al cual le guardo especial admiración, expresó lo siguiente: “La mujer es la compañera del hombre dotada con la misma capacidad mental. Si por fuerza se entiende poder mental, poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres”.
Escuchar estas ilustres palabras de Mahatma Gandhi nos deja una profunda reflexión sobre una sociedad en la que no deben existir factores de desigualdad; por el contrario, la complementariedad de la mujer y el hombre es lo que permite a una sociedad encontrar la armonía y la sincronía en un desarrollo integral, tanto a nivel individual como también a nivel colectivo.
En pleno siglo XXI, desafortunadamente en México aún encontramos señales de una sociedad estereotipada en la que se muestra a las mujeres con roles definidos por su género, lo que indudablemente constituye un acto discriminatorio y vulnera sus derechos humanos.
El Estado mexicano está obligado a velar por los derechos e igualdad de todas y de todos los mexicanos. Así lo establece nuestra Carta Magna y las leyes que de ella se derivan, las cuales prohíben toda forma de discriminación por género que atente contra la dignidad humana o menoscabe nuestros derechos y nuestras libertades.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en México las campañas publicitarias desarrolladas por las autoridades federales incluyen contenidos sexistas en los que se invisibiliza a la mujer o se le asignan estereotipos discriminatorios.
Asimismo, este programa de las Naciones Unidas afirma que durante el año 2010 el 75 por ciento de las campañas de la administración pública federal tuvieron enfoques contrarios a la igualdad de género.
La gestión gubernamental debe conducirse bajo una visión de género, respetando los derechos humanos de las mujeres y dándoles el lugar que se merecen, por lo que la difusión que haga el Estado mexicano en su publicidad sin duda debe sujetarse al principio de igualdad de género.
Con la aprobación de este dictamen, compañeras y compañeros, damos un paso más en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres al establecer que toda la publicidad que emplee el gobierno para promocionar y difundir campañas deberá estar alejada de estereotipos o de contenidos sexistas y que éstas sean de carácter permanente. Todo esto con la finalidad de cumplir con el espíritu constitucional de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones.
Nueva Alianza dará su voto a favor del presente dictamen, ya que nuestra convicción y nuestro compromiso es apoyar todas las medidas legislativas que abonen el respeto a los derechos humanos de las mujeres y que fortalezcan la igualdad de género en nuestro país.
Nos sentimos profundamente orgullosos en Nueva Alianza de ser el único grupo parlamentario en el que el 50 por ciento de sus integrantes son mujeres y 50 por ciento de sus integrantes son hombres y ser también el único grupo parlamentario en este órgano legislativo que cuenta con una coordinadora, la maestra Sanjuana Cerda.
Este principio de igualdad, que debe convertirse en una acción de gobierno permanente y eficaz, que garantice a las mujeres el ejercicio de sus libertades.
Por su atención, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Fujiwara Montelongo.
A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar postura en representación Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género presentan el proyecto de decreto que reforma las fracciones IV del artículo 16 y VIII del artículo 38, y adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres implica una nueva cultura social que sea incluyente y equitativa. Esto sólo puede ser logrado a través de un proceso de construcción y formación constante. Por ello la educación y el fomento de principios y valores de inclusión y equidad son una tarea esencial de nuestra sociedad y, obviamente, del Estado mexicano.
En este sentido la minuta presentada propone mantener desde el ejercicio de gobierno la promoción constante de la equidad de género en todas sus manifestaciones. Hay que considerar que la promoción constante de los valores de inclusión, respeto y equidad es una tarea que corresponde a todos los órganos y ámbitos de gobierno.
Aceptar las disparidades regionales e impulsar el diseño de políticas públicas que atiendan dicha problemática como se realiza en la minuta, nos parece un avance democrático. Por tanto, la igualdad implica trabajar en base a la desigualdad para lograr superarla.
Ante ello los municipios son los que tienen el mayor reto por delante, ya que en este ámbito de gobierno es donde más rezagos en la materia se identifican, así como mayores oportunidades de alcance y vinculación con el pueblo.
En este proceso de construcción de una cultura y sociedad incluyente y equitativa, es fundamental enviar un mensaje correcto. Por ello se requiere que el mismo gobierno tenga bien definidos los contenidos que sustentan dicha promoción cuidando no reproducir patrones y estereotipos erróneos.
Aquí es menester mencionar el papel que juegan los medios de comunicación, pues por su alcance social y por su capacidad de influir y educar, requieren transformar la forma y los arquetipos con los que identifican los roles de las mujeres y de los hombres.
Recordemos que en el país la cultura machista sigue arraigada en múltiples sectores de la población y contribuye a mantener estigmas y estereotipos sobre las mujeres y los hombres que no permiten la equidad entre ellos, y más bien fomentan la separación y la discriminación social.
Por ello, mantener la supervisión constante de los contenidos y la forma en que se usan los roles sociales y de género, es fundamental para no enviar mensaje erróneos ni reproducir estigmas y los estereotipos mencionados. El color de la piel, la vestimenta, la preferencia sexual, la edad y, en especial el género, no deben ser fundamento de una separación ni segregación social.
Por último, consideramos que la equidad entre las mujeres y hombres es un elemento fundamental en el progreso del desarrollo humano. En este sentido como lo ha documentado el Foro Económico Mundial, nuestro país aún está por detrás de las naciones como Nicaragua, Cuba o Brasil en materia de equidad de género, lo que nos muestra la triste realidad que aun pesa sobre nuestro pueblo y las barreras al desarrollo económico y social que tenemos.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará la siguiente minuta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la voz para fijar postura, en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Los estereotipos de género se ocupan de la construcción social que cada cultura elabora en torno al sexo biológico y establecen diferencias entre hombres y mujeres referidas a conductas, comportamientos, roles, funciones y expectativas de vida.
Es entonces a través de roles que se pretenden establecer obligaciones y responsabilidades que deben cumplir las personas, ya sea por medio de la implementación de normas jurídicas, morales o sociales. A nivel mundial existe un gran problema de discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos, en s vida familiar, laboral y en general para el acceso a oportunidades, conductas que sin duda constituyen algún tipo de violencia de género.
Comportamientos como los antes mencionados en contra de las mujeres son el mecanismo más frecuente y sistemático de violación a los derechos humanos a la mitad de la población mundial. Desgraciadamente México no se escapa a esta situación, la posición de dependencia de las mujeres dentro de la estructura patriarcal de nuestra sociedad ha sido punta de lanza para incivilizarlas y exponerlas a diferentes tipos de violencia, trasgrediendo la legislación nacional e internacional en la materia.
Ni que hablar de la violencia política, que en la mayoría de los casos nos toca padecer a todas las mujeres que participamos en política. Veamos la designación de consejeras y de consejeros del INE. ¿Qué es eso de que nada más tres mujeres han sido designadas para este cargo? ¿No existe aquí una gran desigualdad, una falta de equidad en este tema?
Ni que hablar de los temas de feminicidios, que tampoco se han erradicado en nuestro país, en un estado como el mí, el de Chihuahua, en donde el feminicidio ni siquiera ha sido tipificado en el Código Penal estatal, entonces, nos falta mucho, mucho por hacer, circunstancias a todas luces contradictorias con lo que establece el artículo 1o. de nuestro texto fundamental, mismo que a la letra dice:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Aunado al hecho de que México ha adquirido numerosos compromisos en pro de la igualdad y equidad de género, así como la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, entre los que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Hacia la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín.
Avanzar hacia la plena igualdad de género requiere aún de muchos cambios, modificaciones y ajustes en ámbitos diversos, tanto en la legislación como en la educación y en la cultura. También el uso de un lenguaje incluyente en sus expresiones verbales escritas, gesticulares o visuales se aprecia como un paso importante para avanzar hacia la igualdad de género, pues a través del establecimiento de formas en medios de comunicación podemos crear sinergias para lograr esta paridad.
En atención a lo anterior consideramos adecuada la propuesta de modificación a distintas fracciones de los artículos 16, 38 y 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres contenidas en el dictamen objeto a discusión, así como establecer el carácter permanente de las campañas de concientización en este tema gubernamental, así como también fomentar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas sus manifestaciones.
No obstante, es importante mencionar que en una sociedad como la nuestra, modificar la redacción de uno o varios preceptos en el orden jurídico de ninguna manera constituirán un cambio de paradigma. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Córdova Bernal. A continuación tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, si bien las mujeres contribuyen a la economía y a la productividad en todo el mundo, siguen enfrentando muchos obstáculos que les impiden realizar su pleno potencial económico. Esto no sólo inhibe a las mujeres, además frena el rendimiento económico y el crecimiento. Michelle Bachelet, directora ejecutiva de la ONU Mujeres.
Son precisamente dichos obstáculos el motor de la Organización Internacional del Trabajo, que desde su fundación en 1919 se ha comprometido con la promoción de los derechos laborales con igualdad entre géneros, entendiéndolos como derechos humanos fundamentales y esenciales para alcanzar el objetivo mundial de trabajo decente para todos.
La política sobre igualdad de género e incorporación de las consideraciones de género promueve dos líneas de acción; analizar y tratar en forma sistemática las necesidades específicas de hombres y mujeres en todas las iniciativas que se lleven a cabo, y realizar intervenciones dirigidas a grupos específicos con el fin de lograr la participación tanto de mujeres como de hombres, para conseguir que se beneficien por igual de los esfuerzos realizados.
En el marco de los trabajos realizados para erradicar la desigualdad laboral, en nuestro país se creó una norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, como un instrumento único en su género en América Latina que certifica a organizaciones públicas, sociales y privadas, incorporan prácticas laborales, principalmente en materia de igualdad y no discriminación, clima laboral y prevención social, entre otros.
Asimismo, con la firma del convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Gobernación, se busca contar con las herramientas necesarias para cumplir con el mandato constitucional de fomentar la equidad de género a través del análisis de los resultados del proyecto Publicidad con Equidad, Incorporación el Enfoque de Género en las Campañas de la Administración Pública Federal, que permitirán a las dependencias eliminar en sus mensajes la reproducción de roles o estereotipos que generan violencia o discriminación de género.
Para ello se consideró necesaria la distribución e implementación de la Guía de Publicidad con Equidad, los manuales de sensibilización y de criterios e instrumentos para la evaluación y la incorporación de la perspectiva de género en las campañas del gobierno federal, que sin duda marca bases fijas para lograr la erradicación de la desigualdad laboral en nuestro país.
Sin embargo, no podemos posicionarnos como observadores de dichos cambios, como legisladores tenemos no sólo la oportunidad, sino el compromiso de trabajar en la creación de mecanismos suficientes que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos profesionales.
Es precisamente la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta soberanía el medio idóneo para regular las acciones exitosas que se han venido desarrollando, no sólo para garantizar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, sino para asegurar que no exista desigualdad en todos los aspectos y medios, incluida la publicidad gubernamental.
Por ello, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México –mi partido– votaremos a favor de esta iniciativa, ya que consideramos oportuno fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, principalmente en el ámbito laboral, donde resulta necesario vigilar el contenido de la publicidad gubernamental o institucional, que esté desprovista de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Padilla Ramos. A continuación, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para fijar postura, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Roxana Luna Porquillo.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Privada del Estado de México, de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la voz el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar postura, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, tal y como lo hemos venido realizando durante el transcurso de esta legislatura, el dictamen que ahora se somete a discusión tiene como principal objetivo remarcar la obligación del Estado en todos sus órdenes de gobierno, de promover la protección y permitir el correcto ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
Nuestro texto constitucional es muy claro en establecer que todas las personas somos iguales ante la ley, por tal motivo, tal y como lo hemos señalado anteriormente, hoy en día, a nivel federal, las dependencias y entidades de la administración pública tienen la obligación de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la igualdad en el diseño, la elaboración, la aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la administración pública federal.
Por ello, con la reforma que ahora discutimos, la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependiente de ello, vigilando que en las mismas no se utilicen palabras que generen estereotipos en función del sexo de las personas.
Es decir, con esta propuesta se alcanzan dos metas que refuerzan las acciones positivas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que por un lado, se da el mandato de diseñar campañas permanentes de concientización entre mujeres y hombres, y por otro, se busca evitar que se utilicen expresiones que denigren a alguno de los géneros dentro de estas mismas acciones.
Cabe señalar, que esta propuesta se suma a la ya aprobada anteriormente por esta soberanía, en la cual estuvimos a favor de promover la eliminación del uso de estereotipos sexistas y discriminatorios, e incorporar el lenguaje incluyente en las acciones que implemente el Ejecutivo federal dentro de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional siempre hemos expresado, como uno de nuestros principales objetivos, el generar y apoyar todas aquellas disposiciones que permitan generar un ámbito de justicia e igualdad entre las personas que nos permitan así encontrar la igualdad de capacidades de cada una de ellas, encontradas en el territorio nacional.
Que nos permita, tanto a hombres y mujeres, desarrollarnos plenamente en nuestras capacidades e igualdades de condiciones dentro de los diversos ámbitos donde nos desarrollemos.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Aquino Calvo. Tiene el uso de la voz, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada María Esther Garza Moreno.
La diputada María Esther Garza Moreno: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que nos ocupa continúa en la línea de los avances legislativos que nos posibiliten la construcción de una cultura libre de discriminación y desde luego, consolidar en los hechos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Para ello, es necesario realizar las adecuaciones necesarias, a efecto de lograr que la norma jurídica evolucione con igualdad, lo mismo que los procesos sociales.
En este sentido, la propuesta a discusión propone incluir una acción afirmativa y por tanto compensatoria para fomentar a través de la publicidad gubernamental la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones.
Lo anterior parte del postulado, como bien lo señala la dictaminadora, de que es menester garantizar la libertad de los seres humanos, independientemente del sexo al cual pertenezcan. El pleno desarrollo de sus potencialidades e intereses, para lo cual es preciso eliminar del imaginario individual y colectivo los roles, estereotipos, prácticas y costumbres que lo impidan.
Para lo cual es necesario reconocer con absoluta claridad, desde la ley, la igualdad formal en las diferentes esferas para dar cauce a la igualdad material, lo cual permitirá la igualdad sustantiva, y por tanto, el avance democrático de las mujeres mexicanas.
De manera que esta propuesta también garantiza el pleno cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales signados por México en la materia, lo mandatado por la ley fundamental y el andamiaje legal vigente.
En este sentido, la reforma propuesta encuentra sustento en la propia norma, al asumir plenamente que es obligación del Estado garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, para lo cual deberá llevar a cabo las acciones necesarias, incluidas las denominadas positivas y compensatorias.
En este sentido, es de fundamental importancia tener claridad sobre el impacto de los medios de comunicación en los procesos de culturización y socialización.
El impacto de las transmisiones y contenidos publicitarios deben basarse en fundamentos éticos y democráticos que impulsen una adecuada convivencia entre las mujeres y los hombres, donde el respeto, la libertad, la igualdad, la inclusión y la solidaridad sean los pilares donde sostenga los nuevos conceptos que habrán de definir la vida en sociedad en sus diferentes expresiones, ya sea familiar, laboral, escolar, pública o privada.
Bajo el anterior orden de ideas, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del dictamen sometido a nuestra consideración, toda vez que resulta fundamental establecer en el ámbito municipal el diseño, formulación y aplicación de campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a cada región.
Asimismo se establece que para cumplimentar los objetivos de la política nacional en la materia, a las autoridades les corresponde promover campañas nacionales, permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.
Se precisa también, que para la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres, a las autoridades les corresponde promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales; velar porque los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad; promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje.
Finalmente he de señalar, que para las disposiciones anteriores queda claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno vigilarán que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difunden las campañas referidas, estén previstas de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.
En suma, es una propuesta que apela a la vocación de la ley como orientadora de conducta y a la función educativa y responsabilidad social que debe privar tanto en la publicidad institucional como en los contenidos difundidos en los medios de comunicación.
El Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso para impulsar y fortalecer las acciones, mecanismos necesarios que permitan construir una sociedad igualitaria y libre de prejuicios y discriminación.
Las legisladoras y los legisladores estamos convencidos que en materia de igualdad entre mujeres y hombres no podemos dar un paso atrás, que es nuestra tarea y responsabilidad cotidiana adecuar la ley para el establecimiento de la igualdad sustantiva. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Garza Moreno.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia aprovecha para dar la más cordial bienvenida a un grupo de habitantes de la zona sur del municipio de Tultitlán, estado de México, que han venido a esta honorable Cámara invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Sean ustedes bienvenidos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38, y se adiciona una fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. Se devuelve al Senado para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Estamos a la espera de que nos indique, en representación de la comisión, quien fije la postura a efecto de fundamentar el respectivo dictamen.
Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona, en representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos para fijar postura.
La diputada Sonia Rincón Chanona: No importa en qué condiciones tenga que ejercer una educadora su labor, lo importante es que implante los cimientos sólidos para una buena educación. Desde esta alta tribuna felicitamos a todas las educadoras de México porque ayer, 21 de abril, fue el día de ellas. Muchas felicidades.
Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas. Los monumentos y las zonas arqueológicas son parte del patrimonio cultural y elemento central de la identidad y la soberanía nacional. Lo integran valores y conocimientos que han unido a los mexicanos a lo largo de los siglos, convirtiéndose en presente vivo a través de la investigación, la recuperación y el cuidado de este universo patrimonial.
Actualmente esta ley establece que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas y que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a quienes corresponde organizar y autorizar a las asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos, como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
Con esta reforma se incluye de manera directa a la sociedad civil para que participe en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y por ende se beneficie de su conocimiento.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en México hay más de 110 mil monumentos históricos y 25 mil zonas arqueológicas registradas y que se encuentran a su resguardo.
Aunque la ley vigente contempla la participación de la sociedad en la preservación del patrimonio cultural de la nación, ampliar los alcances de su intervención para la función del patrimonio en la estructuración de la sociedad, contribuirá a difundir y concientizar que el sentido y utilidad del patrimonio en el presente.
La función social que desempeñan los monumentos y las zonas arqueológicas es tan importante como la historia misma; dotan a los pueblos de un pasado común y fundan en ese origen remoto una identidad colectiva que permite conocer quiénes somos, cuáles fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia.
Sin la valiosa participación de las asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos, la preservación de estos monumentos patrimonio de la nación, sería más difícil y compleja.
Por ello que como órganos auxiliares deben participar con mayor incidencia en todo el ciclo de la preservación, difusión y arraigo del patrimonio cultural de la nación.
Con esta reforma promovemos que se reconozca la utilidad pública que los bienes arqueológicos representan para el desarrollo equilibrado y sustentable de nuestro país permitiendo garantizar las condiciones adecuadas para la valoración del bien y la reproducción sociocultural de la sociedad mexicana en su conjunto.
En México la sociedad civil ha sido protagonista en temas centrales. Algunos de ellos: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos, y salud.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que un régimen democrático como en el que vivimos las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potenciales para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.
Por ello estamos a favor de esta reforma. La corresponsabilidad es una función necesaria en nuestra sociedad y por ello en Nueva Alianza votaremos en sentido positivo las reformas que la promueven y conminen a la participación social, a la educación y al conocimiento de nuestra historia. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Rincón Chanona. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: se ha planteado al pleno de esta soberanía una iniciativa que se refiere a la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para adicionar a los artículos 2 y 27 algunos conceptos sobre el particular.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que lo expuesto por la compañera legisladora es atendible porque refiere cómo la sociedad debe participar en la función social que los bienes culturales tienen a través del alto impacto que representan.
En efecto, la promovente considera que respecto a los bienes culturales éstos tienen tres tipos de valores: el valor formal, el valor de uso y el valor simbólico significativo. Estima nuestra compañera que en la ley en comento no se reflejan estos conceptos. Aduce en la propuesta que los monumentos y zonas tienen funciones relevantes en sus contextos territoriales y culturales contemporáneos por sus valores de uso y simbólicos significativos.
En nuestra opinión, dichos considerandos deben estimarse para una adecuada apreciación de nuestros valores. Con razón la legisladora menciona que la ley, en su artículo 28, hace una definición de los monumentos y señala que lo son los bienes muebles e inmuebles anteriores al establecimiento de los hispanos, como son los restos humanos y la flora y fauna pertenecientes a las culturas prehispánicas.
De igual manera, en el artículo 39 se reconoce como zonas arqueológicas a los monumentos inmuebles. De lo anterior resulta que la ley sólo ofrece un tipo de conservación formal en el artículo 2, dejando de lado la conservación y valor de uso simbólico significativo. Es decir, en la norma no se reconoce que el valor de las piezas no se reduce sólo a su mera existencia y conservación física, hace falta dar atención a la función social que representan. Ésta es la visión promovida por nuestra compañera al artículo 2 de la ley en comento.
En ese contexto debe significarse que hay que ejercer una rectoría que reconozca y respete su función social promoviendo la participación de la sociedad en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos para que se beneficien de su conocimiento. Esta es la adición que nuestra compañera promueve en su iniciativa de adición al artículo 27. En ambos casos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con la propuesta presentada al pleno de esa soberanía.
En mérito de lo anterior, nuestra fracción parlamentaria votará a favor del dictamen de la Comisión de Educación y Servicios Educativos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Roblero Gordillo. A continuación tiene el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, México es un país con una cultura enriquecedora. A lo largo del territorio nacional, encontramos monumentos y zonas arqueológicas que dan fe a la cultura prehispánica y a la mutua influencia española e indígena que da por resultado creaciones únicas en el mundo, y que nos hacen entender nuestras tradiciones y estilo de vida actual.
De conformidad con la legislación aplicable se entiende por zona arqueológica cualquier lugar donde quede vestigio de actividad humana. Las zonas arqueológicas nacionales pueden dar evidencia clara de nuestros antepasados.
En cada una de las entidades federativas se encuentran iglesias, construcciones civiles, arte sacro, esculturas, pinturas, música y costumbres que distingue a nuestro país en todo el mundo.
Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, actualmente se tiene registro de un total de 187 zonas arqueológicas abiertas al público en el país. Entre los lugares de mayor importancia con una gran desarrollo cultural prehispánico en nuestro país están: la hermosa Palenque, en Chiapas; Monte Albán, en Oaxaca; Chichén Itzá, en Uxmal, Yucatán; el Tajín, en Veracruz; y las Pirámides de Teotihuacán, con sus dos grandiosas construcciones dedicadas al Sol y a la Luna; y la hermosa, la hermosa zona arqueológica de Comalcalco Tabasco de la civilización maya.
Es responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos identificar, proteger, conservar y rehabilitar todos los sitios que son patrimonio cultural y natural de nuestro país, ya que son estos los que nos brindan identidad nacional y fortalecen el sentimiento de pertenencia a una colectividad.
La riqueza territorial que existe en el país es lo más valioso que tenemos los mexicanos, por lo que debemos apoyar iniciativas que propulsen y fomenten el fortalecer nuestros arraigos culturales en torno a los bienes arqueológicos.
Si bien es cierto que dentro de nuestro marco jurídico se han desarrollado a través del tiempo diversas normatividades con el fin de proteger los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos que constituyen nuestro patrimonio cultural, tal parece que la importancia de estos significativos lugares no ha sido vista en su justa dimensión, tan es así que se ha tolerado la apertura de centros comerciales, tiendas departamentales, lugares de esparcimiento, entre otros, en zonas reconocidas como patrimonio cultural, como fue el caso de San Juan Teotihuacán.
Creemos que la propuesta contenida en el dictamen objeto a discusión es un gran avance en el sentido que en nuestra legislación vigente de alguna forma ha desconocido el verdadero alcance que los bienes culturales representan para una sociedad. La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 se ha centrado en acciones tendientes a su conservación, pero dejando de lado su función social.
La evidencia internacional ha demostrado que el arraigo social sobre el patrimonio cultural tiene una función relevante cuando la población se relaciona con ello, pues al generarse dicho efecto estos son cuidados, protegidos y valorados en las exacta proporción que la benefician al desarrollo social.
Es entonces que consideramos que las modificaciones propuestas a los artículos 2 y 27 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no son sólo adecuadas, sino también necesarias en atención a que la autoridad será responsable de la implementación de las políticas públicas necesarias para el reconocimiento de la función social que los bienes culturales representan para la sociedad, así como la participación de los ciudadanos en las tareas de investigación, protección y conservación de los mismos.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Vargas Pérez. Tiene el uso de la voz para fijar postura, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Judit Magdalena Guerrero López.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su permiso, diputado presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el patrimonio cultural intangible representa la fuente vital a inagotable de una identidad profundamente arraigada en la historia, y constituye el fundamento de la vida comunitaria de una nación. Además contribuye a un ininterrumpido diálogo entre civilizaciones y culturas para establecer y mantener los vínculos de paz entre los pueblos.
Por eso, el patrimonio cultural intangible basa su importancia por ser el conductor para vincular a la gente con su historia y por trazar así mismo horizontes futuros de desarrollo y progreso. De ahí la relevancia de otorgar prioritaria atención al cuidado y preservación de los monumentos históricos y sitios arqueológicos del país.
Los sitios y monumentos históricos tienen un valor incalculable para los países en que se encuentran, pero también para toda la humanidad. Estos lugares trasmiten información valiosísima acerca de las costumbres, tradiciones y conocimientos de nuestros ancestros, además de brindar un importante sentido de pertenencia e identidad cultural.
Los sitios arqueológicos y los monumentos históricos, además del valor cultural representan también una fuente extraordinaria para apuntalar y dinamizar la estructura económica de muchas regiones geográficas del país. Tal es el caso específico de Zacatecas, mi ciudad, reconocida y declarada patrimonio cultural de la humanidad, ciudad de la que ya dije provengo, cuya fortaleza se encuentra en su riqueza cultural e histórica.
Pero no solamente eso, la vida económica de la ciudad de Zacatecas tiene como componente esencial su cultura, su historia, sus valores, sus tradiciones. De este sector depende una gran cantidad de prestadores de servicios y sus familias.
La UNESCO, organización de las Naciones Unidas encargada de promover la cultura y de protección y promoción del patrimonio cultural de la humanidad, estableció en 1972 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Desde este instrumento, los Estados partes se obligan a dotar a los monumentos arqueológicos e históricos de una utilidad práctica y no meramente de conservación, y a estimular en sus pueblos el respeto y aprecio del patrimonio cultural.
Somos un país muy rico, México es la sexta nación con mayor cantidad de sitios declarados como patrimonio cultural de la humanidad, con 27 lugares y podrían ser más, nos queda mucho por explorar. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en nuestro país hay más de 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país y más de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX. Además se calcula que debe de haber 200 mil sitios con vestigios arqueológicos.
Nuestro compromiso con la conservación de este patrimonio debe ser inquebrantable, debe ser asumido tanto por el gobierno como por todos los mexicanos. Todos tenemos que atender su valor y protegerlo como un compromiso ineludible.
El dictamen que presenta la Comisión de Educación el día de hoy dota de utilidad pública y social a los bienes culturales y da al patrimonio artístico el carácter de inalienable, imprescriptible, asumiendo y reconociendo la importancia de la función social de su protección.
Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de este proyecto de decreto. Estamos convencidos que la educación y la cultura son los pilares en los que se debe de apoyar e progreso y desarrollo de México. Cuidemos lo que nuestros ancestros nos han dejado. Es cuanto presidente, y a consideración de los señores y señoras legisladores.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Judit Guerrero. A continuación tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, para fijar posición en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a miembros del Club de Cristi del Municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, México es un país cuya diversidad cultural e identidad se encuentran depositadas en la pluralidad de las manifestaciones artísticas firmemente arraigadas en sus pueblos.
No se puede entender la riqueza del legado histórico mexicano, sin el reconocimiento de sus monumentos, zonas arqueológicas y artísticas, por lo que se ha hecho indispensable proteger el acervo cultural y reconocer el valor reflejado en su sociedad.
La riqueza de los pueblos se encuentra en su patrimonio cultural e histórico, mismo que debe ser preservado, pues contiene el vínculo de las generaciones actuales con las pasadas, creando una identidad nacional.
Es de gran importancia la función social e identidad que tienen los bienes culturales en la sociedad y particularmente en las comunidades circunvecinas que la integran. La ley que actualmente se presenta no cuenta con una norma cultural que justifique su aplicación. Es más, esta ley omite reconocer los alcances que diversos monumentos y zonas arqueológicas tienen en las comunidades y sociedades que por historia, tradición, proximidad y cosmovisión se relacionan en diversas formas y dichos bienes.
Su integración comprende una definición que le confiere una condición normativa que justifique su preservación cultural dentro del objeto de la propia ley. Desde esta perspectiva, es necesario crear los medios de actuación para que conforme a la legislación se fortalezca el vínculo que las personas mantienen en su acervo cultural y que significan una identidad local, interregional y regional.
No debemos olvidar que los bienes que integran el patrimonio de la cultura en México constituyen una herencia colectiva y capital social no renovable del país, que lo hacen merecedores de la protección y la conservación. Es por eso que no sólo se resuelve el asunto con tener que adecuar la ley.
En el caso de Puebla, se ha violentado el proceso de mantener el cumplimiento y la vigencia de la ley del patrimonio histórico, con el deterioro de la Casa del Torno, el teleférico, con el monumento de la Batalla del Estado de Puebla, que tuvieron que ser violentados todos los reglamentos del INAH para poder sacar adelante esas obras.
En este contexto, se coincide que en esta iniciativa hace falta considerar como utilidad pública las funciones que entrañan los bienes culturales para la sociedad y de las comunidades que la integran, en la participación activa de los sujetos integrantes de las comunidades, así como en la reproducción con la identidad que facilita la existencia de un bien cultural.
La propuesta de reforma considera que no sólo se reconozca el papel de la sociedad civil en la preservación del patrimonio cultural, sino también en la fusión del patrimonio en la estructuración de la sociedad y no únicamente investigar su significado histórico, sino también difundirlo y asumir su sentido social.
Se coincide con esto, el reconocimiento y la consideración de la función de los bienes arqueológicos que representan, toda vez que es el criterio que permitirá garantizar las condiciones y valoración del bien y su reproducción sociocultural de la sociedad.
El Grupo Parlamentario del PRD está de acuerdo en que este concepto se trata de un beneficio de interés público que se constituye mediante un complejo de proceso de atribuciones, de valores, sometido al devenir de la historia, las modas y el propio dinamismo de las sociedades.
Por lo tanto, expresamos nuestra conformidad con la propuesta de la legisladora promovente, considerando los argumentos y el espíritu que la anima, por lo que votaremos a favor de los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar postura.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Los mexicanos y las mexicanas tenemos una de las historias más ricas, más complejas y más profundas que hay en el mundo.
México es la suma de culturas que no tiene precedente en el mundo. Nuestro país se caracteriza por tener una gran riqueza cultural, figurando entre las naciones que posee uno de los patrimonios culturales más vastos y diversos a nivel internacional.
El desarrollo de civilizaciones antiguas nos legó una gran riqueza patrimonial y cultural que coloca al país en el primer lugar de todo el continente americano, prueba de ello es que la misma UNESCO nos tiene reconocidos un gran número de sitios como patrimonio mundial.
Somos herederos de diversas culturas y patrimonios que comprenden diversas expresiones materiales, como son los sitios históricos y arqueológicos, bienes artísticos y documentales, así como bienes y materiales, como son las lenguas, las crónicas, las leyendas, las tradiciones, las fiestas y las ceremonias.
Las mexicanas y los mexicanos, depositarios de este gran legado, de todas las civilizaciones que imperaron en nuestro país, también tiene un rico entramado de valores morales, éticos, estético, religiosos, que se encuentran implícitos en nuestro patrimonio cultural.
Esta herencia cultural es fuente de identidad, es fuente de términos de pertenencia, cohesión social, expresión y diálogo, por eso la cultura es y debe ser una de las prioridades para impulsar el desarrollo de nuestra nación.
Una de las prioridades que como representantes populares, sin lugar a duda, debe ser generar cada vez mayores acciones, a fin de preservar nuestro patrimonio cultural para lograr que todos los mexicanos tengan acceso y disfruten de él, como parte fundamental de su pleno desarrollo humano.
Es preciso reconocer que el valor de los monumentos, de los bienes culturales tangibles, no se reduce a su mera existencia y conservación física. Se hace necesario tomar en consideración, también, la utilidad pública y simbólica que tienen los bienes culturales para toda la sociedad mexicana. Este reconocimiento no se refleja actualmente en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Es por ello que las reformas a los artículos 2 y 27 de la ley mencionada se hacen pertinentes, ya que tienen como finalidad que se reconozca y respete la función social del patrimonio cultural, promoviendo la participación de la sociedad civil en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos para que se beneficien de su conocimiento.
Compañeras y compañeros diputados, preservar la historia, lo que somos y de dónde venimos se fortalece con el reconocimiento del valor simbólico, significativo que tienen los bienes culturales y no solo su valor formal o valor de uso.
Acciones de esta naturaleza constituyen un avance en cuanto a la política cultural de todo nuestro país.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que la cultura es una de las herramientas fundamentales que permiten igualar las oportunidades de los y las ciudadanos. Y por ello, estamos a favor de lograr un marco jurídico que permita la efectiva conservación, acceso y disfrute del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gastélum Buenrostro. Tiene el uso de la voz la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Con su permiso, señor presidente. En primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Educación por haber dictaminado favorable la iniciativa que su servidora presentó. Y rescatar y destacar que los diferentes grupos parlamentarios que han posicionado en esta Cámara lo han hecho a favor. Por todo esto, muchas gracias amigos y amigas diputadas.
El tema que me ocupa es promover ante ustedes no solo una reforma sino un cambio de paradigma en la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Como una ley actual debe enfocarse no solo en nuestras culturas pasadas sino también en nuestra sociedad presente. Haré una breve descripción para que los términos especializados que mencionaré a continuación se comprendan mejor.
Los monumentos arqueológicos son aquellos bienes producidos por nuestras culturas antes del establecimiento de la cultura hispánica en nuestro territorio. Así como los restos humanos de plantas y animales relacionadas con aquellos.
Estos bienes son propiedad de la nación. Los monumentos históricos, por su parte, son los vinculados con la historia de México, producidos después de la Conquista y antes del siglo XX. Y pueden ser propiedad pública o propiedad privada.
Tanto para los monumentos y zonas arqueológicas, como para las históricas, la autoridad competente es el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Finalmente los monumentos artísticos son aquellos de importante valor estético que no sean ni históricos, ni arqueológicos, o sea los del siglo XX o XXI, pueden ser propiedad privada o pública y su autoridad competente es el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Cuando yo hable de la función social de todos estos bienes, me referiré a la importancia que estos tienen para la sociedad por el uso que se les da o por lo que representan.
La presente iniciativa se basa en que los bienes culturales, desde un punto de vista colateral tienen tres tipos de valor: el formal, el de uso y el simbólico significativo; sin embargo la ley vigente ha privilegiado exclusivamente el formal.
Si revisamos, por ejemplo, el artículo 28 que define a los monumentos arqueológicos en los conceptos con que yo antes los expliqué, notaremos que sí se prevé en el texto vigente la referencia temporal, o sea lo anterior a la cultura hispánica en nuestro territorio y el tipo de objetos que protege, sus productos, culturas y restos orgánicos, pero no existen en el resto de la ley una nítida mención de la relación que dichos bienes sostienen con las sociedades que los protegen y conviven con ellos, o sea la nuestra.
Algo muy similar ocurre con los monumentos históricos y artísticos, pues aunque la ley les reconoce cierto valor de uso, no aprecia su valor simbólico significativo, y en casos como los edificios religiosos donde se realizan actividades de culto, los conjuntos de monumentos cívicos donde tienen lugares eventos como fiestas patrias o cualquier otro tipo de espacio u objeto que dé lugar a la identidad y a los significados de la vida personal y comunitaria y que permiten preservar nuestras tradiciones es dicho valor, el simbólico significativo, el más importante de todos y el menos destacado en esta ley.
De este modo, para la ley vigente es importante conservar los monumentos porque son antiguos o porque son históricos o porque son estéticos, más no porque tengan una función social en sus respectivos contextos; tampoco se considera proteger dicha función.
El artículo 2 vigente que considera de utilidad pública actividades orientadas a que físicamente subsistan y se estudien los bienes protegidos, no califica como de utilidad pública la preservación del papel que los bienes juegan ante la sociedad.
Por su parte el artículo 27, que indica la propiedad nacional de los monumentos y zonas arqueológicas puede puntualizar mejor la relación que objetivamente existe entre los bienes culturales, las personas y los grupos que integran la nación mexicana de hoy día.
¿Por qué no adaptar nuestra ley para que considere que la función social de los bienes culturales es tan de utilidad pública como su existencia, que sí está protegida? Y es que si la destrucción de un bien equivale a eliminar la posibilidad de que ése desempeñe una función social, el no reconocer la función social del patrimonio en la ley es validar la posibilidad de marchitar las raíces que llevan el agua, las hojas verdes de nuestra cultura.
El dictamen puesto a su consideración plantea lo siguiente:
Que la ley reconozca como de utilidad pública la función social que desempeña nuestra sociedad en los bienes culturales.
Que la rectoría que se ejerce sobre los monumentos arqueológicos a través del Estado sea conforme al punto anterior y que se promueva que la sociedad participe en el fomento al arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y se beneficie de su conocimiento.
Bienes como los templos prehispánicos y modernos, los paisajes urbanos, la arquitectura habitacional o el arte gráfico y plástico, entre otros, surgieron en un momento histórico cultural con fines de uso y fines simbólicos, los cuales no por pasar el tiempo se extinguen; tampoco se nubla la posibilidad de que los monumentos sean socialmente significados.
Su historia, unicidad, son sabia para la preservación de nuestras culturas originarias o modernas, así como para la afirmación de nuestra identidad y, en consecuencia, de la cohesión social, el sentido de pertenencia comunitaria y la apropiación social del medio físico, sustentos todos ellos de la paz y el desarrollo. Agradezco su atención y muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Gauna Ruiz de León. Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general y en lo particular la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar postura en pro, hasta por tres minutos. Tiene el uso de la voz.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano claro que estamos a favor para prever que en los bienes propiedad de la nación se ejerza una rectoría que reconozca y respete su función social, así como promover que la sociedad civil participe en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y que se beneficie de su conocimiento.
No puede dejar de sustraer, precisamente por la intervención de la promovente con anterioridad, lo que sucede con bienes que no son propiedad de la nación o que no son bienes arqueológicos sino artísticos. Quiero poner un ejemplo a lo que estoy diciendo.
No sé si las diputadas, los diputados estén enterados que hoy en día el Centro Cultural Polyforum Siqueiros se ha convertido en custodio del legado histórico del muralista mexicano por más de 40 años y promotor de la cultura en nuestro país y, hoy, esa misma construcción, que se inauguró en 1971, no cuenta con los recursos necesarios para el mantenimiento del inmueble y de la obra. Parte de ello se debe a que ha funcionado como institución privada y que ahora resulta insostenible.
Ciudadanos, ciudadanas y organizaciones civiles se han manifestado para que el Centro Cultural Polyforum Siqueiros no sea trasladado de su lugar original en la colonia Nápoles de la Ciudad de México y que, en su vez, sea construido un centro comercial.
Se oponen precisamente por la función social y cultural que éste representa y que hoy, con este dictamen, se está agregando al artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano coincidimos en que la cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una sociedad o a un grupo social, dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, cosmovisiones, modos de vida, tradiciones, creencias, festividades, formas de interacción y sistemas de valores y forma parte del patrimonio de la sociedad en su conjunto.
En Movimiento Ciudadano por supuesto que nos sumamos a este dictamen, pero también nos sumamos al exhorto de las organizaciones civiles que recientemente han realizado al Ejecutivo federal para que garantice el derecho al acceso a la cultura y el establecimiento de los medios para su difusión y desarrollo, así como las gestiones necesarias ante la UNESCO a fin de que el Polyforum Cultural Siqueiros sea declarado patrimonio de la humanidad y se garantice la viabilidad del inmueble que alberga gran parte de la historia de nuestro país. El Polyforum Cultural Siqueiros no se mueve, Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Huidobro.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 422 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Salvador Barajas del Toro, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Salvador Barajas del Toro: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, la Comisión de Ganadería pone a su consideración la iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, la cual tiene como objetivo reformar el último párrafo del citado artículo para que los dirigentes de estas organizaciones deban de ser electos mediante un sistema de votación que garantice el voto libre, directo y secreto, ya que hasta el momento como está redactado dicho artículo, deja a discrecionalidad el método de elección de sus dirigentes.
En la iniciativa el diputado proponente a quien desde esta tribuna felicito y saludo, parte de las consideraciones doctrinales acerca de la naturaleza de las organizaciones, asociada esta definición a la del sufragio en la vida democrática de dichas organizaciones. Menciona que el carácter de interés público de las organizaciones ganaderas implica que las mismas deban guiarse en su vida interna conforme a los principios de transparencia, democracia y libertad, entre otros. Más adelante se relaciona esta idea con la del voto libre y secreto como la garante de la vida democrática de las organizaciones.
Todos sabemos que las instituciones deben guiarse en su vida interna conforme a principios democráticos reales, y el voto secreto garantiza precisamente la libertad de sus integrantes.
Para sustentar esta idea, el proponente cita a especialistas en el tema como Jordi Verrati Esteves, el cual discute entre la pertinencia del voto abierto y el voto secreto. Afirma que el voto público paradójicamente puede esconder restricciones indeseadas de la libertad individual y del pluralismo interno que sólo el voto secreto sería capaz de combatir.
Cabe hacer mención que no discrimina la naturaleza democrática del voto abierto, pero afirma que para ciertos casos, como el caso que nos ocupa de la votación de los dirigentes de las organizaciones, el voto secreto es el mejor que puede garantizar la libertad individual al momento de elegir.
En el mismo sentido, al análisis de la confiabilidad del voto secreto el diputado proponente cita en una iniciativa tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la cual se afirma que con el voto personal, libre directo y secreto puede comprobarse la libertad absoluta e irrestricta de cada uno de ellos y para ello deben proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias externas que puedan hacer variar su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer un voto dentro del sistema democrático y de libertad, que es una garantía social íntimamente asociada a las libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona puede determinar sin presión, intromisión o suplantación alguna de sus decisiones.
La Comisión de Ganadería considera factible realizar la modificación al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas puesto que coincide con puntos esenciales expuestos por el diputado proponente tanto en su concepción de lo que son las organizaciones ganaderas como en su coincidencia democrática en que el sistema de elección de sus dirigentes tenga que darse siempre a través del voto libre y secreto.
La Comisión de Ganadería coincide con el proponente en su apreciación teórica y en su disertación doctrinal acerca del origen y fin de las organizaciones e instituciones sociales que coexisten dentro del Estado, así como el hecho de que, como en este caso lo afirma, las organizaciones ganaderas, como sujetos de interés público, deben ser tratadas como tales y por lo tanto que para siempre estén sujetas a las leyes que en materia del Estado mexicano se ha dispuesto para ello.
En el mismo sentido, la Comisión de Ganadería reconoce que el voto libre y secreto debe ser la condición que garantice la libre voluntad de los miembros de estas organizaciones, ya que, como acto supremo de su vida democrática, no admite libre albedrío ni debe darse condicionado por la voluntad de una asamblea o una dirigencia personal que tenga o no la voluntad de dar una renovación por el voto secreto, sino que quede inscrito en la ley presente.
Por lo anterior, quisiéramos aprovechar este espacio para referir que la reforma de esta ley no implica el que no se estén eligiendo en algunas organizaciones de manera libre y secreta a sus dirigentes, pero que con esta reforma se obligaría a que todas se apeguen a la aprobación de este pleno, si es que así sucede en el momento de la votación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Barajas del Toro.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para fijar postura en representación del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanos de la tercera edad procedentes de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Sean ustedes bienvenidos, señores.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con su permiso, diputado presidente. El dictamen que presenta la Comisión de Ganadería aborda un asunto de mayor importancia para la consolidación organizacional de la actividad ganadera al establecer en la ley a las organizaciones ganaderas el voto libre, directo y secreto como mecanismo para elegir a sus dirigentes.
Con la aprobación de este dictamen, las organizaciones ganaderas se suman a las agrupaciones que fundan y respaldan su toma de decisiones internas bajo un espíritu democrático, de igualdad y de respeto a la libertad de elección de sus integrantes como ya lo hacen otras organizaciones de interés público en el país.
Esta reforma al artículo 13 de la Ley Ganadera contribuirá en muchos sentidos a mejorar la organización y vida interna de las más de 2 mil asociaciones ganaderas locales y brindará una mejor representatividad a sus más de 600 mil asociados.
El establecimiento de procedimientos democráticos en el interior de la organización, fortalece la rendición de cuentas por parte de los dirigentes de las organizaciones ganaderas con los asociados, lo que sin duda redituará en mayores beneficios colectivos para sus agremiados.
Consideramos que además del voto libre, directo y secreto hacia el interior de las organizaciones ganaderas, se fomenta la participación política de sus miembros, pues con la libertad de elección se comunican también decisiones que tienen repercusión, proyección social e intereses comunes.
La legitimidad de origen que proporciona una elección bajo procedimientos democráticos fortalece la posición de las organizaciones frente a las instituciones públicas para incidir en el marco jurídico e institucional de su actividad en un contexto de pluralidad y concentración política.
Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyamos esta reforma legislativa a la Ley de las Organizaciones Ganaderas, con la firme convicción de que este ejercicio contribuirá a fortalecer la constitución, organización y funcionamiento de sus agrupaciones en aras de desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos de comercialización de los productos ganaderos que en definitiva también contribuyen al desarrollo regional, económico y alimentario del país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Bribiesca Sahagún. Tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada María del Carmen Martínez Santillán.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre hemos sido claros y defenderemos los principios básicos por los que se rige la vida orgánica de las asociaciones, organizaciones políticas, partidos y sindicatos, entre otros.
De forma cotidiana hemos sido testigos de la infinidad de casos en los que se ha visto el reclamo de los integrantes de cualquiera de estos organismos, sean públicos o con un objeto de creación particular, pero casi siempre se refieren a la forma poco transparente por la que se lleva a cabo la selección de miembros de dirección o de sus integrantes.
Para el caso que nos ocupa se tiene la posibilidad de brindar a las organizaciones ganaderas aquellas herramientas suficientes para garantizar que estos procesos puedan sujetarse a los principios y mecanismos democráticos que enarbolan la vida pública de nuestro país.
La propuesta de reforma al último párrafo del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas contiene los elementos que logran encausar el verdadero sentir de los integrantes de tales organizaciones. De esta manera a través del voto libre y secreto será posible determinar el cuadro normativo que más les convenga para el funcionamiento de las organizaciones previendo que los estatutos, los reglamentos, los principios básicos y cualquier otro tipo de ordenamiento logren sujetarse a las prácticas democráticas, también lograrán que el organismo interno de dirección correspondiente pueda ser elegido a través de este sufragio.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es pertinente mencionar que por tratarse de un organismo de interés público, y porque la naturalidad del caso del Estado debe proveer la solvencia económica para sus principales actividades, toda organización ganadera deberá dotar las herramientas legales que vigilen y orienten las aplicaciones de los recursos económicos que se les destinen.
En otras palabras, es necesario procurar que las organizaciones ganaderas puedan dar funcionalidad a las prácticas sociales y democráticas más convenientes para el pleno desarrollo de todas sus integrantes.
Con este dictamen, donde se establece que deberán ser modificados los estatutos de las organizaciones ganaderas, a fin de establecer disposiciones que garanticen el voto libre, secreto y directo de sus agremiados, en los procesos de renovación de sus dirigentes vemos la posibilidad de armonizar sus vidas internas apegadas a derecho y bajo reales principios democráticos.
Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la voz la diputada María Fernanda Romero Lozano para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada María Fernanda Romero Lozano: Muchas gracias. La libertad de asociación y la libertad sindical son derechos naturales del ser humano, unen sus raíces en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, así como en la Declaración de Filadelfia, promulgada en 1944. Estos mismos derechos han hecho posible que en los diferentes sectores se puedan promover condiciones de trabajo digno y de calidad conforme lo establece la ley.
La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores fuertes e independientes y el efectivo reconocimiento del derecho de negociación colectiva son herramientas esenciales para la gobernanza del mercado laboral, de hecho la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estricto apego a las normas internacionales, establece en su artículo 9 el derecho de asociación de los individuos, que a la letra dice: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito, pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
De esta manera se brindan las bases necesarias para que en la construcción de dichas organizaciones sean tomados en cuenta los principios democráticos de representación en la elección de sus dirigentes. El voto libre y secreto cuenta como un elemento fundamental hacia la consolidación democrática de México, de esta manera las instituciones u organizaciones sociales contarán con la legitimidad y confianza necesaria para llevar a cabo acciones en pro de sus agremiados.
El dictamen a discusión pretende incluir en el último párrafo del artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas, la obligación de éstas a incluir dentro de sus estatutos la garantía de sus agremiados a ejercer el voto de manera libre, directa y secreta a fin de garantizar la plena y absoluta voluntad de los asociados.
De esta manera se pretende acabar con los abusos y los privilegios de quienes les han permitido eternizarse en el cargo y manejar a su capricho los intereses de los trabajadores. Está claro que algunos líderes utilizan su posición como medio para acceder al poder político, al involucrarse con gobernantes y partidos que lo buscan por el apoyo del gremio y los recursos financieros que les entrega como pago por un puesto de elección popular.
Las organizaciones ganaderas son consideradas de interés público, por lo que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios deben brindar los apoyos necesarios en su construcción y en la protección de los intereses de sus miembros, así como los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos.
La inclusión del voto libre, directo y secreto proporciona los medios necesarios para generar confianza entre los agremiados, brindándoles legitimidad a los líderes en la representación y negociación de los intereses colectivos de las organizaciones representativas de los ganaderos en México. Por lo anteriormente expuesto votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Romero Lozano. Tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo.
El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, legisladoras, las sociedades occidentales en su gran mayoría han adoptado a la democracia como forma de gobierno, lo cual implica que el ejercicio del poder público es temporal y está sujeto al control de los ciudadanos en quienes recae la elección de representantes, así como la renovación de los equipos de gobierno.
Sin embargo, la democracia no es solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino que ésta debe ser entendida como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social, cultural del pueblo.
En este sentido, se debe procurar que los principios y valores de la democracia se extiendan hacia todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo por supuesto a las organizaciones sindicales, patronales y campesinas.
Bajo esta lógica, los procesos de democratización a través de los cuales los colectivos adoptan prácticas que hacen más democrático el ejercicio interno del poder deben ser vistos como una forma de potenciar el desarrollo de las comunidades a nivel local, regional y sectorial. No obstante que durante los últimos tiempos nuestro país ha venido dando pasos firmes, en cuanto se refiere a la construcción y consolidación de una sociedad realmente plural y democrática.
Buena parte de las organizaciones sindicales y campesinas, en virtud de haberse formado bajo el modelo del corporativismo, conservan aún ciertas prácticas, que si bien garantizan la unidad interna, impiden el pleno ejercicio de los derechos de los agremiados.
Por ejemplo, el hecho de que en algunas de ellas no esté garantizada la elección de su dirigencia a través del voto secreto. Lo anterior se contrapone claramente a las principales declaraciones de derechos suscritas por el Estado mexicano durante el siglo XX, los cuales resaltan de manera expresa la relevancia de la secrecía del voto, como condición necesaria para que las personas puedan elegir libremente a sus representantes y gobernantes.
El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad de los gobiernos y que esa voluntad deberá ser expresada mediante elecciones auténticas, por sufragio universal y por voto secreto u otro procedimiento equivalente, que garantice la libertad del voto.
Por su parte, nuestra Carta Magna describe en su artículo 36, fracción IV, los términos en los cuales deben los ciudadanos mexicanos expresar el sufragio, señalando que las constituciones y las leyes de los estados deben garantizar que las elecciones de gobernadores, Legislaturas locales y ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal libre, secreto y directo.
Si bien lo anterior se refiere específicamente a los comicios para elegir gobernantes y representantes políticos, ello no impide que dichos principios sean trasladados a procedimientos electorales pertenecientes a otras esferas de la vida social.
En ese caso, a los espacios cuya conformación es el resultado del ejercicio de otros derechos del individuo, como el de la libre asociación.
En noviembre de 2012, esta misma Legislatura aprobó en el marco de la reforma laboral, un cambio trascendental para la democratización de los sindicatos en este país, al otorgar a las asambleas sindicales la facultad de decidir qué tipo de votación elegir para integrar a sus dirigencias, lo cual contribuye notablemente a salvaguardar el ejercicio de los derechos ciudadanos y de los trabajadores. Tema que hasta entonces había sido una asignatura pendiente en cuanto respecta a la construcción de una sociedad realmente democrática.
Siguiendo en este mismo razonamiento, la iniciativa puesta a consideración del pleno tiene el propósito de seguir avanzando en el proceso referido al establecer en el texto de la ley en la materia, que los estatutos de las organizaciones ganaderas deberán garantizar el voto libre, secreto y directo en el sistema de elección de sus dirigentes.
La propuesta anterior garantizará que los miembros de las asociaciones ganaderas puedan expresar su voluntad de manera autónoma, mediante la emisión de su voto, sin ser coaccionados o presionados en sentido alguno en detrimento de sus intereses, lo cual, sin ninguna duda, contribuirá al desarrollo de una actividad de gran importancia para nuestro país por su aporte a la economía nacional.
Por lo aquí expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Tomás Brito Lara, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Tomás Brito Lara: Con su venia, ciudadano presidente. A los mexicanos, como a otros pueblos, nos ha costado mucho sacrificio acceder a una democracia plena. Debemos recordar la gesta heroica de don Francisco I. Madero enarbolando la bandera del sufragio efectivo no reelección, durante la dictadura porfirista.
En años más recientes, recordemos las fiestas heroicas del pueblo mexicano, para romper con las viejas prácticas autoritarias, antidemocráticas del viejo PRI, durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta.
Aún nos falta mucho camino por recorrer, pero poco a poco nos hemos acercado para lograr alcanzar el caro anhelo de acceder a unas elecciones verdaderamente libres, directas y secretas.
Se trata de principios básicos que son consustanciales a toda democracia en el mundo. Las elecciones deben ser libres, ya que ese concepto consistente en ofrecer al elector la posibilidad de elegir con libertad entre diferentes ofertas políticas, la protección del libre ejercicio del sufragio y la ausencia de control en la emisión del voto, resultan necesarias en todo proceso democrático.
El principio del voto directo establece la no existencia de intermediarios entre el votante y el elegido. Son los propios ciudadanos electores los que determinan a los titulares de los escaños o de los cargos a elegir.
Finalmente, el principio del voto secreto o la secrecía del voto, garantiza al elector su privacidad para elegir a sus autoridades que más les convengan o les satisfagan y sin que nadie tenga derecho a juzgar su decisión.
Estos tres principios básicos de cualquier democracia, deben ser plenamente garantizados en todo el actuar en la vida del país y de todas las organizaciones productivas y sociales existentes en todo el territorio nacional.
Por ello, incorporar los mencionados principios al artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas, a fin de que quede inscrito expresamente el que el voto libre y secreto debe ser el procedimiento puntual para la elección de los dirigentes de dichas asociaciones en todos los niveles sin duda va a fortalecer la vida democrática de esos organismos.
La democracia en las organizaciones ganaderas del país se traducirá, sin duda, no solo en una mayor participación de los ganaderos en los asuntos propios sino, además, en una participación más organizada para resolver los problemas del sector y al elegir de manera democrática a sus representantes, estos gozarán, durante su mandato, de mayor legitimidad ante sus representados.
El sector ganadero es de vital importancia por el valor de su producción y los empleos que generan. De igual forma tiene una gran responsabilidad como sector productivo agropecuario para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el país, ya que suministra el abasto para la alimentación de los mexicanos y las materias primas suficientes para el desarrollo al proveedor de carne, leche y sus derivados.
En esta responsabilidad mucho ayudará que estas organizaciones, fortalecidas en su democracia y legitimidad sean verdaderas gestoras ante las autoridades competentes para obtener los apoyos que requiera el sector en materia de créditos, insumos, tecnificación y comercialización de sus productos, tanto para el consumo nacional como la posibilidad de sus exportaciones.
Desde luego, ninguna reforma va a solucionar este problema que actualmente aqueja al sector ganadero en el país si ésta no va acompañada de mayores apoyes en todos sus rubros a los productores de este sector tan importante en el desarrollo de tan noble actividad.
Por tales razones, los legisladores y legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le damos, a nombre de la Mesa Directiva, la más cordial bienvenida a un grupo de vecinos de Ecatepec, que nos acompañan hoy aquí en la sesión, invitados por el diputado Juan Carlos Uribe. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo: Con el permiso de la Presidencia. En estas épocas de reformas estructurales y grandes trabajos que ha logrado esta Legislatura, existen iniciativas y dictámenes como el que en este momento nos atañe, que son de una gran relevancia para el tema nacional, sobre todo para el tema del campo.
Quisiera, más que leer un posicionamiento del grupo, platicarles cómo surge esta iniciativa. Esta iniciativa que consiste en reformar el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, pretende establecer que los sistemas de elección de las mesas directivas de estas organizaciones ganaderas, se garantice el voto libre, directo y secreto.
Se mandata en los artículos transitorios, el término de 90 días a partir de la publicación para que se modifiquen los reglamentos de dichas organizaciones.
En mi ciudad natal en León, Guanajuato, la asociación ganadera de esta ciudad me busca y me plantean la necesidad de que el voto sea libre, directo y secreto a la hora de elegir estas mesas directivas. Esto va de acuerdo a estas reformas estructurales, de este cambio democrático que hemos logrado en temas sindicales, en temas de partidos políticos y creo que el tema de las asociaciones ganaderas no podía quedar atrás, es importante que se garantice la secrecía del voto de aquellos que integran dichas asociaciones.
De inmediato hicimos una mesa de trabajo con la Asociación Ganadera de León, planteamos esta iniciativa, la presentamos y fue bien vista y fue bien recibida; acto continuo fue presentada a mi grupo parlamentario quien con buenos ojos vieron esta iniciativa y fueron ellos quienes abanderaron en la Comisión de Ganadería. Y aquí quiero hacer un especial reconocimiento a toda la Comisión de Ganadería, especialmente al presidente, Salvador, por esa disposición que tuvieron desde el inicio para con esta iniciativa, ésa gran apertura que dieron para un tema democrático, para un tema que si bien es cierto parece un cambio menor; es un cambio trascendental en la vida interna de estas organizaciones ganaderas.
Que esperemos que con estos cambios logremos dar un mayor dinamismo a estas mesas directivas que mucha falta le hacen ya en este país. Existen muchas organizaciones en todo, a lo largo y ancho del país que se han quedado anquilosadas por dirigentes ganaderos que llevan años y años al frente de las mismas y que los cambios, no solo generacionales, sino los cambios de dirigencias podrán tener a bien fortalecer el tema ganadero en el país.
Es por eso que mi reconocimiento a todos quienes integran la Comisión de Ganadería, de la cual yo no formo parte, pero que vieron esta iniciativa que presenté con muy buenos ojos, que tuvieron una gran apertura al diálogo, pero sobre todo que tuvieron la visión de hacer este cambio democrático en esta ley que nos permitirá sin duda avanzar en un tema tan sentido como lo es del campo.
Siendo así, señor presidente, quisiera pedirles a todos mis compañeros el voto a favor de esta iniciativa; de esta iniciativa que –repito– nace de una inquietud ciudadana, como aquellas buenas políticas públicas que son el conjunto de una iniciativa ciudadana y de una acción, en este caso de un legislador, que se lleva a cabo y hoy culmina con la discusión en el pleno y posterior votación de la misma.
Pedirles que en el mismo ánimo que la comisión, una comisión plural donde están representadas todas las fuerzas políticas y donde ya escuchamos a todos aquellos que me antecedieron hablar técnicamente de las bondades de dicho dictamen y de dicha iniciativa; pedirles que se sumen a este voto a favor. Gracias nuevamente a todos, a mis compañeros del Partido Acción Nacional, a todos quienes integran esta comisión y estamos seguros y ciertos que éste será un gran cambio para las organizaciones ganaderas de este país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Darío Badillo Ramírez.
El diputado Darío Badillo Ramírez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El dictamen puesto a consideración por la Comisión de Ganadería, en su calidad de órgano dictaminador, plantea reformar el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas para mandatar desde la norma que los estatutos de las organizaciones ganaderas garantizarán el voto libre, directo y secreto de sus dirigentes llenando así un vacío hasta ahora existente, el cual debe ser subsanado atendiendo, como acertadamente lo expone el proponente, el carácter de interés público que ostentan las organizaciones ganaderas.
Carácter que necesariamente exige una conducción basada en principios democráticos como la transparencia, la legalidad, la legitimidad, la libertad y la pluralidad, entre otros, que otorguen la certeza y seguridad jurídica a sus integrantes. Es decir, se trata de garantizar la libertad individual para elegir sin que medio cohesión o presión alguna a quienes habrán de dirigir la vida interna de estas organizaciones.
Bajo el anterior orden de ideas, el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su voto a favor para el dictamen a discusión por considerar que la medida propuesta no sólo garantiza la libertad en voto de los miembros de la organización, sino que al dejarlo expresamente plasmado en la ley reivindica y confirma la naturaleza y concepción de esas organizaciones, las cuales, al estar clasificadas como de interés social e interés público, deben estar sujetas a una serie de obligaciones y derechos que no pueden ser objeto de discrecionalidad.
No sobra mencionar que la ley en comento es de interés público y de observancia general en todo el país y que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país que se integran para la protección de los intereses de sus miembros, así como los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos, lo cual refrenda la necesidad de ordenar absoluta claridad en cuál será la forma que serán electos sus dirigentes.
A mayor abundamiento, es de señalar que esas organizaciones ganaderas, al ser consideradas por la propia ley de interés público, deberán recibir todo el apoyo por parte del gobierno federal como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios para cumplimentar su objeto, el cual está estrechamente relacionado con el impulso a la planta productiva nacional y, por ende, al desarrollo regional y nacional.
De tal suerte que entre sus principales funciones están orientar la producción de acuerdo a las condiciones del mercado, ya sea intensificándola o limitándola. Promover la integración de la cadena, producción, proceso, comercialización para el abastecimiento de los mercados.
Fomentar el consumo de los productos de origen animal de producción nacional, así como inducir la participación en el comercio exterior. Proponer la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en las materias de producción ganadera y sanidad animal ante las autoridades competentes y promover su aplicación para garantizar la oferta de productos de calidad, intervenir como órgano de participación y consulta en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como en la formulación de propuestas de políticas de desarrollo y fomento a la actividad ganadera.
Es decir, el objeto con que fueron concebidas y por lo tanto elevadas a rango de ley con el estatus jurídico que hoy ostentan, exigen procesos internos democráticos y transparentes no sólo en beneficio de quienes las integran, sino en beneficio de la actividad ganadera nacional, la cual es una actividad del sector primario de alta prioridad para la economía y la soberanía alimentaria del país. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Para hablar a favor del dictamen tiene el uso de la voz el diputado Rosendo Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, he pedido hacer uso de la palabra no solamente para pedir el voto a favor de este importante dictamen, sino también para hacer un público reconocimiento al diputado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, por la atinada iniciativa que sin duda impactará en beneficio del sector ganadero, y hacer extensiva esta felicitación a las y a los compañeros integrantes de la Comisión de Ganadería porque la reforma que hoy se propone no es una reforma que podamos soslayar ni que pueda pasar desapercibida.
En tan sólo un párrafo están permitiendo que quienes integran las asociaciones ganaderas puedan de manera libre, secreta, directa, elegir a sus dirigentes, desterrando prácticas añejas y seguramente que contribuirá también a desterrar el caciquismo que se da en algunas asociaciones ganaderas.
Si en la vida pública hemos adoptado el voto libre, secreto y directo para elegir a nuestros gobernantes y representantes, es preciso que en pleno siglo XXI esta opción permee al resto de la sociedad mexicana.
Hoy de manera atinada la Comisión de Ganadería nos propone que sea en la Ley de Asociaciones Ganaderas.
Pero también tendríamos que hacerlo extensivo a las asociaciones pesqueras, de cacahuateros, de copreros, a los sindicatos petroleros, donde todavía a mano alzada y con cohesión se elige a dirigentes.
Es preciso darles a las y los mexicanos, al interior de su vida sindical y de su vida gremial, la posibilidad de que elijan democráticamente a sus dirigentes.
Por eso al volver a reiterar mi felicitación al diputado promovente y a los miembros de la Comisión de Ganadería, quisiera dejar también un respetuoso exhorto a los integrantes de las comisiones respectivas para que pudiéramos ampliar también este esquema de participación democrática a otros ámbitos de la vida sindical, gremial o de cooperativas.
No creo que esta reforma vaya a solucionar el problema ganadero; vamos a seguir padeciendo seguramente de la disminución del hato, vamos a seguir padeciendo de la caída del precio de la carne y de la leche, de la necesidad de mejorar nuestros pastos y de ir cambiando en algunas zonas del país de la ganadería extensiva a la intensiva.
Pero sin duda va a ser una reforma que permitirá que en el futuro cuando menos tengamos la esperanza de que llegarán mujeres y hombres a dirigir las asociaciones ganaderas que sean realmente responsables y comprometidos con su sector y con el mejoramiento del mismo. Enhorabuena. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: los dictámenes que hoy se han discutido y aprobado como éste son importantes; sin embargo, frente a la emergencia nacional son insuficientes.
Esta Cámara debería estar involucrada, inmersa en asuntos como éstos, pero también en los pendientes que implican trascendencia nacional.
Esta Cámara de Diputados está a la espera de leyes reglamentarias que son consecuencia directa de reformas constitucionales de meses pasados. El tiempo se agota y el Poder Legislativo se verá sometido de nueva cuenta al tirano, a un reducido tiempo para analizar con responsabilidad y con seriedad el contenido de casi 50 leyes que se derivan de reformas constitucionales en distintas materias, entre otras la política, telecomunicaciones y energética. Si se pone en riesgo.
Hoy este dictamen que contiene una modificación a la Ley de Asociaciones Ganaderas me parece pertinente. Creo que éste es un viejo reclamo de los ganaderos del país, un viejo reclamo de elegir a sus dirigentes mediante un voto secreto y directo.
Las asociaciones ganaderas se han convertido en un poder real. Su poder corporativo y clientelar ha derivado en incluso procesos electorales alterados que provocan que los dirigentes se conviertan en caciques y que el gobierno utilice a estas asociaciones en beneficio propio.
Por eso me parece correcta, me parece pertinente este dictamen, Movimiento Ciudadano votará en favor; sin embargo debo de decirles y advertirles que en Movimiento Ciudadano estamos preocupados porque ante lo reducido del tiempo y ante la falta de dictámenes, hoy está padeciendo de nuevo el Congreso una espera y está dejando de ser el Congreso un contrapeso frente a los Poderes de la Unión.
Va de nueva cuenta a repetirse este proceso apresurado, sin discusión, sin ninguna posibilidad de analizarlo con seriedad, pero lo más grave es que se está poniendo en riesgo el proceso electoral de éste y del próximo año. No hay reglas, y eso lo advertimos en su momento. La premura, la precipitación, la prisa con la que la mayoría legisló, ahora se enfrenta a la falta de cuidado, de equilibrio y de acuerdos para dar paso a leyes que le permitan al país salir adelante.
Quiero expresarle mi felicitación al promovente, lo hago cuando hay razones, cuando son leyes pertinentes, cuando son adecuaciones correctas como es el caso, y a la Comisión de Ganadería también le expreso el reconocimiento.
Falta no sólo en otras asociaciones de pescadores, de cañeros, de cafeticultores, de floricultores, donde a mano alzada se eligen a los dirigentes, también falta en los sindicatos.
Recordarán que aquí se impidió que el voto directo y universal pueda o deba ser impuesto también en los sindicatos del país. No se ha hecho y hay un grave pendiente, un grave rezago en esta materia democrática del país.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se emitieron 430 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18; y además adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada María Angélica Magaña Zepeda.
La diputada María Angélica Magaña Zepeda: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de derechos Humanos vengo a fundamentar ante ustedes el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Durante la actual Legislatura ha sido una tendencia en esta Cámara de Diputados aprobar enmiendas que abonan a la optimización del funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo que hace al dictamen que hoy se somete a su consideración el mismo plantea desarrollar en la legislación secundaria lo estipulado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución, mismo que estipula que la elección de presidente, de los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los titulares de los organismos protectores de derechos humanos en las entidades federativas deberán ajustarse a un procedimiento de consulta pública transparente.
Asimismo, el referido precepto de la ley suprema señala que la ley secundaria deberá determinar los procedimientos a seguir para la presentación por parte de la Cámara de Senadores de las propuestas de aquellos candidatos que aspiren a ocupar el cargo de presidente o consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En ese tenor, de aprobarse el presente dictamen, se estará desarrollando en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo estipulado por la Carta Magna, ya que actualmente dicho ordenamiento carece de prevenciones concretas que orienten la realización de los procedimientos de elección de presidentes y de los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo las premisas de las consultas públicas transparentes, así como lo relativo a la presentación de propuestas de candidatos por parte de la Cámara alta.
Por lo anterior queda demostrado con el hecho de que los parámetros y lineamientos seguidos en los recientes procesos de elección de presidentes y consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han estado sujetos exclusivamente a la emisión de acuerdos parlamentarios, ello debido a la ausencia de disposiciones legales que establezcan tales parámetros.
Es así que en ese tenor con el presente dictamen se busca evitar posibles escenarios de criterios cambiantes en la formulación de la convocatoria y el desarrollo de lo referido en los procesos de elección, ya que en las enmiendas propuestas se determinarán desde la ley dichos criterios, sin sujetar su existencia a que sean contemplados en un acuerdo parlamentario.
Entre las propuestas concretas que serian retomadas en la ley de aprobarse las reformas planteadas, se encuentra el establecimiento de plazos para la emisión de la convocatoria para la presentación de candidaturas a ocupar el cargo de titular y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fechas límite y requisitos de difusión en la determinación de candidaturas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, requisitos de publicidad para la emisión de la convocatoria, así como para dar a conocer la fecha y orden de las comparecencias de candidatos ante el Senado.
Requisitos de publicidad y transparencia para las comparecencias de los candidatos, estableciéndose que las mismas deberán ser mediante sesión pública, y trasmitidas en vivo por el Canal del Congreso.
Señalamiento de fechas límites para la dictaminación de la terna de candidatos, que habrá de presentarse en el pleno de la Cámara Alta para la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del pleno y dicha soberanía, y la forma de proceder del supuesto en el que no se reúna la votación requerida para designar al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por lo anterior, de aprobarse estas enmiendas se estará armonizando el contenido de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el texto del artículo 102 del Apartado B de la Constitución, evitando así la existencia de lagunas jurídicas que pudieran derivar en problemas de interpretación.
Por lo anteriormente expuesto y con el propósito que la legislación secundaria sea acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, y al tiempo de seguir la línea de acción que ha caracterizado las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, solicitamos su respaldo al presente dictamen, ya que el proyecto de decreto contenido en el mismo abonará al establecimiento de los procesos de elección guiados bajo los cánones de la máxima publicidad y transparencia que garanticen a los candidatos que aspiran a ocupar los cargos de presidente y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y contar con la mayor certidumbre jurídica. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias nuevamente, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el fortalecimiento al marco jurídico en materia de derechos humanos debe ser una de las más altas prioridades en la agenda legislativa de esta LXII Legislatura, esto a la luz de la reforma constitucional que se llevó a cabo el 10 de junio de 2010.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, desde su conformación como instituto político, hemos sido siempre firmes promotores en el fortalecimiento y en la protección de los derechos humanos. Nuestras convicciones y nuestros ideales así nos han conducido en todos nuestros trabajos y en todas nuestras actuaciones.
La lucha por el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país ha recorrido un largo camino. Como resultado de esta lucha, los derechos humanos son hoy en día un indicador de gobernabilidad democrática y de gestión gubernamental.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación como organismo autónomo en 1999 y fortalecido con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, constituye el principal elemento del Estado mexicano que vela por el respeto, la defensa, la promoción y la protección de los derechos inherentes a la condición humana. Y lo hace emitiendo recomendaciones, denuncias y quejas, con el fin de salvaguardar estos derechos que todos los mexicanos y mexicanas tenemos.
La Presidencia de este importante órgano recae en el llamado Ombudsman, persona que está dotada de una investidura institucional primordial y que ejerce las facultades de representación de la Comisión.
De igual forma, el Consejo Consultivo constituye un elemento vital en el funcionamiento de este órgano protector de los derechos humanos, debido a que funge como el mecanismo de vigilancia en la actuación y desempeño del Ombudsman de la nación.
Nuestra Carta Magna señala que la ley determinará los procedimientos a seguir ante la Cámara de Senadores para la presentación de las propuestas de candidatos que habrían de ocupar la Presidencia, así como los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, es de recalcar también que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cuenta actualmente con un marco jurídico que reglamente de manera precisa los procedimientos a seguirse para la integración. Esta falta de regulación ha generado que nuestra colegisladora, el Senado, realice dichos procedimientos mediante acuerdos parlamentarios.
El dictamen que hoy tenemos frente a nosotros y que nos abocamos en esta presente discusión, subsana precisamente esta laguna legal, pues regula dichos procedimientos y da certeza jurídica a los candidatos que tengan aspiraciones a ocupar estos honorables cargos.
Con la aprobación de este dictamen daremos cumplimiento a la disposición constitucional de incluir en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los procedimientos de la Cámara alta que debe seguir en la elección del Ombudsman y de los integrantes del Consejo Consultivo. Esto bajo la vigilancia de las organizaciones sociales y el principio de transparencia.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de este dictamen. Al aportar en la mejora del texto legal considero que esta medida legislativa resultará oportuna y fortalecerá el esquema del funcionamiento eficaz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuestión que sin duda abona a la transparencia y a la certeza jurídica de las y los ciudadanos que aspiran a formar parte del máximo órgano de protección de los derechos humanos.
Por su atención, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo.
El diputado Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Derechos Humanos ha presentado el proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 10o., y primero del artículo 18o., y adiciona los artículos 10o. Bis y 10o. Tercero a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La defensa de los derechos humanos es un imperativo para todo Estado democrático, pues en ello se encuentra la esencia que le da sentido, en especial la defensa de las personas a violaciones de sus derechos, que desde el mismo gobierno se realicen o puedan realizar. Por ello, tener instituciones fuertes, confiables y eficientes, que legislen, regulen, vigilen y sancionen los derechos humanos es un fundamental.
En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple esta importante función, ya que su creación tuvo el fin de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos.
El proyecto que se presenta tiene por objetivo determinar las disposiciones específicas que regulan el procedimiento de elección de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Recordemos que actualmente la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta lagunas, que debemos subsanar, con el fin de generar el marco legislativo y legal que permite el funcionamiento eficiente de la comisión.
Tales lagunas han sido comentadas por especialistas, académicos, legisladores, principalmente a la luz de anteriores elecciones de consejeros presidentes, por lo que avanzar en subsanar las deficiencias documentadas es una labor, que desde el Legislativo nos es imperante, para contribuir de esta forma a la construcción de un Estado de derecho, con enfoque de derechos humanos.
Asimismo, garantizar que los consejeros y, en especial, el presidente de la comisión, cumplan con una serie de requisitos que comprueben su compromiso con la defensa de los derechos humanos, es un elemento necesario para darle fortaleza a la comisión, y confianza a la ciudadanía de que sus derechos estarán bien resguardados.
Consideramos que la construcción de una institución fuerte, confiable, autónoma, imparcial, ajena a presiones del gobierno y grupos del poder, pasa por tener los mecanismos más transparentes, abiertos, democráticos y eficientes que permiten a la institución funcionar con certeza y confianza, eliminando de los procesos de la selección, toda discrecionalidad y acuerdo popular.
En particular, debemos eliminar toda posible injerencia de los partidos políticos y de los gobiernos en turno, de la designación de los consejeros y de los presidentes de la comisión.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya esta minuta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de los siglos se han buscado distintos instrumentos que permita la defensa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, con el afán de crear un equilibrio de poder eficiente entre los gobernantes y gobernados.
Los derechos humanos se han convertido en un referente permanente de la opinión pública internacional y de la actividad de la sociedad civil organizada, encontrando en la causa de la defensa y promoción de los mismos un espacio incluyente y plural para la expresión y canalización de las demandas de la sociedad.
La incorporación de México a la dinámica mundial de estos derechos se dio desde la implementación del sistema de tutela no jurisdiccional de los derechos fundamentales con la creación de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Nuestra Constitución Política establece las bases que deberá regir el procedimiento de elección del presidente de la Comisión Nacional, así como de los consejeros del Consejo Consultivo de ésta, contemplando expresamente que corresponde a la legislación secundaria precisar sobre los términos y las condiciones bajo las cuales deberá realizarse el procedimiento para la designación de los cargos antes mencionados.
En el caso particular del dictamen que nos compete el día de hoy, consiste en la armonización de la legislación secundaria, con la enmienda constitucional aprobada en el mes de junio de 2011 al propio artículo 102, apartado B de nuestra Carta Fundamental, que a la letra dice:
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley.
No obstante, la falta de regulación en la materia ha orillado a que los lineamientos para elección del presidente de la propia Comisión Nacional y de sus consejeros se lleven a cabo mediante acuerdos parlamentarios, situación que permite la construcción de escenarios cambiantes en cuanto a la formulación de la propia convocatoria.
De lo anterior es que surge la importancia de armonizar el contenido de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con lo estipulado en el mandato constitucional, a fin de evitar lagunas o vacíos jurídicos.
En este sentido consideramos por demás convenientes las modificaciones contempladas en el proyecto objeto a discusión, tendentes a facultar expresamente a la Cámara de Senadores, o en su caso, a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como la instancia autorizada para la elección del ciudadano presidente o presidenta de este organismo, así como de su Consejo Consultivo, al menos 10 días antes de que concluya el periodo del funcionario saliente.
Por medio de la convocatoria publicada tanto en la Gaceta del Senado como en el Diario Oficial de la Federación y en al menos tres periódicos de circulación nacional, 30 días antes en que tenga que concluir el cargo que se renovará, la cual habrá de señalar a detalle los requisitos que deberán cumplir los aspirantes, así como el proceso mediante el cual se desahogará la elección.
Dar publicidad por los mismos medios al listado con los nombres de los candidatos o candidatas que hayan cumplido con los requerimientos señalados, el formato, la hora y la fecha en las que tendrán verificativo cada una de las comparecencias que permitirán a los senadores o integrantes de la Comisión Permanente evaluar a estos que integran la terna, que con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del órgano en comento elegirán a los nuevos titulares en cada uno de los puestos vacantes.
Sin embargo, debemos mencionar que la deuda del Estado mexicano, de erradicar las profundas deficiencias que presenta la tutela de los derechos fundamentales forma parte de una tarea que corresponde llevar a cabo tanto a los jueces, legisladores integrantes de los Poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil, en su conjunto.
Por lo anterior, compañeras y compañeros, el grupo legislativo del Partido Movimiento ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada Martha Edith Vital Vera, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Con su venia, señor presidente. El Ombudsman es una figura que se crea en Suecia a principios del siglo XVIII, como una especie de delegado primero del rey y luego del parlamento. Finalmente se queda constituido como un delegado del parlamento, el cual va a recibir quejas de los particulares en contra de la administración pública.
Fue en la Carta Magna de Suecia de 1809, donde se establece al Ombudsman como una institución jurídica del sistema sueco y hoy por hoy tiene presencia en más de 50 países. La actividad del Ombudsman no se debe limitar al conocimiento y corrección del caso concreto de violación a los derechos humanos, sino que también debe de promover cambios en la cultura y en las conductas sociales de manera que avance en la vigencia de los derechos fundamentales.
En México el Ombudsman es reconocido como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ejerce la representación legal del organismo y es responsable de la formulación de los lineamientos generales para las actividades administrativas; de igual manera aprueba y emite recomendaciones públicas autónomas derivadas de la investigación realizada por los visitadores generales.
Debido a la gran importancia que reviste en la operación del funcionamiento de esta comisión, su presidencia, es imperativo precisar reglas claras para su elección. Según el artículo 102, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto el Consejo Consultivo como el presidente de la comisión serán elegidos por votos de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en su receso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Para tales efectos, la comisión correspondiente realizará una amplia auscultación para proponer al pleno la terna de candidatos. Se propone, por lo tanto, adicionar los artículos 10 Bis y 10 Ter para dar mayor certeza y transparencia a la elección del Ombudsman nacional.
Se pretende de esta manera que la convocatoria tenga una mayor difusión y sea un mes antes de la conclusión del cargo, además de establecer reglas claras para la participación de los candidatos a ocupar este cargo.
El Senado deberá elegir al presidente del Consejo Consultivo 10 días antes de que concluya el periodo del presidente saliente; en caso de no lograr la votación requerida, la comisión deberá presentar una nueva terna, tantas veces sea necesario, hasta así alcanzar su votación.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18, y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con estas reformas y adiciones se busca fortalecer y transparentar el proceso de elección del Ombudsman nacional y, por ende, mejorar la operación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en beneficio de la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Promover, defender, respetar y garantizar los derechos humanos es una cuestión que más allá de la voluntad política con la que se elaboran las leyes y se firman los tratados, tiene que ver con el trabajo efectivo del Estado y sus instituciones para revertir y transformar las injusticias y las desigualdades que día a día se viven en nuestro país.
La democracia exige para su funcionamiento el respeto irrestricto de estos derechos, ya que bajo su amplio espectro encontramos aspectos tangibles y concretos como la libertad de expresión, la participación política, el acceso a la información, la igualdad ante la ley, entre otros muchos más, mismos que no tienen otro objetivo que garantizar el desarrollo libre e integral de cada individuo.
Por ello los derechos humanos establecidos en la Constitución Política mexicana y en las leyes que de ella emanan, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. En ese sentido, quienes integramos el Poder Legislativo de la nación tenemos la responsabilidad de trabajar y coadyuvar para fortalecer las leyes a instituciones que velan por la protección y garantías de los derechos de todas y todos los ciudadanos de nuestro país.
Bajo tal premisa, quienes hacemos parte de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados hemos buscado impulsar iniciativas que reformen, fortalezcan y clarifiquen nuestros marcos normativos en la materia y que garanticen nuestros derechos fundamentales con la intención de contribuir al desarrollo democrático de la vida institucional del país y abonar a la erradicación de las injusticias.
Sin duda respaldar y clarificar el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo que debe velar por la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos fundamentales previstos por el orden jurídico mexicano, es uno de los temas trascendentales que en materia de derechos humanos debemos estar atentos para vigilar su cumplimiento irrestricto y observancia.
Desafortunadamente situaciones de desigualdad, pobreza, violencia, crimen organizado e injusticias en general, siguen prevaleciendo en la realidad de nuestro país, lo que sin duda repercute que en diversas situaciones los derechos humanos sean violados sistemáticamente en México, por lo que no sólo debemos resolver estos problemas estructurales que impiden y obstaculizan el desarrollo integral de las personas, sino que debemos fortalecer a las instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que cumpla con sus objetivos a cabalidad.
El dictamen que en estos momentos discutimos precisamente es un proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de la vida institucional del país y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18, y se adicionan los artículos 10 Bis y el 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como objetivo determinar las disposiciones específicas que regularán el procedimiento de elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tiempo y forma, así como los integrantes del Consejo Consultivo de este organismo nacional considerando las prevenciones constitucionales correspondientes.
Esta iniciativa busca regular cuestiones que tienen que ver con los términos y plazos en que habrá de emitirse la convocatoria para el proceso de elección, así como los mecanismos para su difusión; determinar que las entrevistas a las y los candidatos sean públicas y transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y precisar las etapas y pormenores del procedimiento para el que se convoca; todo ello con la finalidad de que la comisión a la que corresponda representar las propuestas de candidatos ante el pleno del Senado o en su caso ante la Comisión Permanente, sujete sus funciones a un procedimiento transparente de consulta pública y auscultación entre organizaciones sociales, actores estratégicos y fundamentales, en materia de protección de derechos humanos y a quienes no podemos dejar de lado en un tema tan importante en la materia.
Así, pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se debe a ningún poder político o partidista, sino a quienes en nuestro país sufren cada día el terrible destino de enfrentarse a la negación de la justicia y sus derechos.
Ante esto resulta sumamente preocupante que dicho organismo haya visto en los últimos años erosionada su credibilidad, su independencia, cuando en lugar de defender a las víctimas y atenderlas, les ataca, como hemos visto en San Fernando, o que se ocupa de temas cuando están en los medios de comunicación, pero los olvida cuando dejan de estar de moda.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos afirmar nuestro compromiso inequívoco con la democracia y los derechos fundamentales y esforzarnos para garantizar que este compromiso produzca resultados tangibles.
La historia señala que cuando un organismo de derechos humanos realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales.
Debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar a los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario.
Por esta razón les conmino a quienes integramos esta Legislatura, para que con congruencia, responsabilidad y total compromiso, hagamos la parte que nos corresponde y apuntemos hacia las asignaturas pendientes en materia de derechos humanos y aprobemos este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin lugar a duda el proceso de la elección del presidente y de los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe atender a la disposición constitucional que lo ubica como un proceso transparente para todos y cada uno de los ciudadanos a favor de los cuales realizarán sus atribuciones.
Hasta esta fecha han sido varias las propuestas legislativas que hemos probado para precisar los mecanismos de nombramientos y atribuciones de tan importantes servidores públicos, por lo que el dictamen que ahora discutimos viene precisamente a sumarse a esta dinámica.
En efecto la propuesta establecida en el dictamen que comentamos, tiene únicamente como objetivo precisar el procedimiento que deberá seguir ante la Cámara de Senadores, en la elección del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el cual será el mismo que se aplicará en la elección de los integrantes del consejo consultivo.
Como se sabe las bases de dicho procedimiento se encuentran previstas en el texto constitucional del apartado B artículo 102, señalándose que “la ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara y que tratándose de la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberá ceñirse a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley”.
Por tanto coincidimos con los argumentos de la comisión cuando señala que “a la fecha el procedimiento de elección no se encuentra regulado con suficiencia, por lo que se considera oportuno realizar en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquellas precisiones respecto a los pasos a seguir en la convocatoria que para tal efecto expida el Senado de la república, dando de esta manera los lineamientos legales que deberá seguir nuestra colegisladora y evitando que se puedan dar vicios procedimentales al aplicarse el Reglamento de la Cámara de Senadores.”
Compañeras y compañeros: Acción Nacional se encuentra comprometido en la mejora constante del diseño de las instituciones y de los mecanismos defensores de los derechos humanos de todas las personas que nos encontramos en el territorio nacional.
Por ello continuaremos respaldando aquellas propuestas por las cuales se puede contar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión fuerte y confiable que cumpla a cabalidad con la importante función que tiene a su cargo y que es velar por el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: los derechos humanos y la transparencia constituyen un binomio esencial para entender el funcionamiento de cualquier sistema democrático que tenga entre sus principales preocupaciones la libertad y la dignidad de las personas, así como la responsabilidad en el ejercicio del poder público.
El funcionamiento armonioso de estos elementos entrelazados permite explicar el avance de las sociedades y el bienestar de sus habitantes, toda vez que sólo en un régimen de libertades en que los gobernantes rindan cuentas sobre su actuar a los ciudadanos es posible obtener la felicidad y el desarrollo pleno de las capacidades de las personas.
Aunque adherido a nuestros numerosos instrumentos internacionales que tienen como propósito proteger las prerrogativas fundamentales de las personas y propiciar el actuar diáfano de quienes desempeñan el poder público, lo cierto es que en nuestro país hasta hace relativamente poco empezó a proyectar en su legislación interna los compromisos adquiridos ante el concierto de las naciones.
En este sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace apenas tres años constituye un verdadero avance y también un reto para quienes nos dedicamos al ejercicio legislativo toda vez que tal enmienda significó una ampliación importante del régimen de libertades en nuestro país, pero que debe estar acompañada de leyes secundarias que proyecten adecuadamente lo estipulado por nuestra Carta Magna.
El fortalecimiento de nuestro sistema de derechos fundamentales no ha sido un ejercicio estatal vacío y desprovisto de contenido, sino que ha venido acompañado de la construcción de instituciones sólidas y confiables que se han distinguido en la defensa y promoción de tales prerrogativas, tal y como ocurre con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Posicionada como una de las entidades más confiables para el grueso de la población, la CNDH no ha estado exenta del escrutinio público, sino que por el contrario se encuentra sujeta a un diseño legal que permite seguir con detenimiento la manera en que ejerce las facultades que le ha sido asignada por mandato constitucional.
Muestra de lo anterior, lo es el proceso para la designación de su presidente y de los integrantes de su consejo, el cual está sujeto bajo el control político que se ejerce desde el Senado de la República, lo que ha garantizado la idoneidad en las designaciones que hasta ahora se han hecho, lo que sin duda ha redundado en el fortalecimiento de nuestro paradigma vigente en materia de transparencia, así tal y como señalábamos con anterioridad, se encadenan de manera definitiva la transparencia y el respeto de los derechos humanos consagrados a favor de los mexicanos.
Esto resulta especialmente relevante a la luz del dictamen que ahora nos ocupa, toda vez que en el mismo se contienen nuevas reglas para la elección del presidente y de los integrantes del Consejo de la CNDH, las cuales tienen como finalidad aclarar conceptos, precisar tiempos y otorgar certeza jurídica a quienes aspiren a ocupar tan importantes cargos, pero sobre todo, mostrar ante la opinión pública la manera en que se dan estas designaciones.
Conservar la dignidad con que debe ejercerse una responsabilidad tan importante como lo es la de presidir la CNDH o integrar su consejo consultivo, comienza desde la reforma en que se elige a los titulares de tales cargos, y es por ello que para el grupo parlamentario del PRI el presente dictamen resulta trascendente e importante, ya que coadyuva a la consecución de tal objetivo.
Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Para respaldar esta iniciativa, que fue una propuesta original del diputado Ochoa y que estamos de acuerdo en que cada día haya mayor transparencia, mayor regulación de los procedimientos para elegir a alguien que debe ocupar un papel central en la vida pública del país y que es el ombudsman, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Si contáramos con un verdadero ombudsman, contaríamos con un defensor genuino de los derechos del pueblo de México y de esta manera se eliminarían excesos, arbitrariedades del poder.
Creemos que los procesos de selección de quienes ocupan la titularidad de organismos autónomos, cada día tiene que ser más transparente, porque hasta ahora han estado marcados por la opacidad y por las cuotas partidistas, como es el caso tristemente célebre del ahora Instituto Nacional Electoral y donde precisamente la CNDH jugó un papel muy oscuro porque no respetó la posibilidad que establece el 102 constitucional, de intervenir en este procedimiento.
Por eso nosotros creemos que no solamente se debe reformar este artículo 10o. y añadir un artículo 10o. Bis, sobre el proceso de elección del ombudsman, sino que se tiene que revisar si se envía una terna o se ratifica al actual titular.
Y en nuestra opinión el actual titular, Raúl Plascencia, está reprobado para seguir siendo el ombudsman. No solamente ha privilegiado sus asuntos personales o ha sido faccioso, sino que ha carecido de ética en el ejercicio de tan alta responsabilidad.
Para tal caso están las recomendaciones que tuvieron que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México, la recomendación 45/2013, que sin venir a cuento puso en entre dicho a una institución educativa de tanto prestigio y reconocimiento en revancha de que fue rescindido su contrato como profesor.
También está el caso de que ha sido omiso para dar el expediente que ha promovido el semanario Proceso sobre diferentes actuaciones. También ha sido omiso frente a una carta que desde el 29 de enero, cuando rindió su informe ante la Comisión Permanente, le hicimos sobre 10 interrogantes que el actual ombudsman, Raúl Plascencia, no ha contestado, y que tiene que ver con su actuación como titular de este órgano.
Citamos dos casos verdaderamente paradigmáticos de su actuación –concluyo: Uno es el caso de los 72 migrantes muertos del municipio de San Fernando en Tamaulipas, para lo cual se tomó más de 40 meses para emitir la recomendación. Sin embargo, el ombudsman sí dijo en el caso del ex ministro Góngora, la recomendación 32/2013, que la Comisión del DF había sido omisa y que se había tardado porque se llevó mes y medio. Es decir, en una se tarda mes y medio, y el ombudsman es crítico; y en la otra el titular se toma más de 40 meses en el caso de la recomendación de San Fernando.
Por estos motivos creemos, presidente, concluyo, que no solamente se tiene que regular el procedimiento, sino que las Comisiones legislativas del Senado tiene que actuar con toda responsabilidad y hacer una verdadera auscultación a los organismos nacionales de derechos humanos para elegir al titular; no solamente cubrir la forma de una reforma, sino definitivamente revisar a cabalidad la actuación de Raúl Plascencia.
Es nuestra opinión está reprobado y se tiene que dar paso a una nueva terna para elegir a un verdadero defensor de los derechos del pueblo, sino caeremos en cuestiones irónicas, como las que hoy nos damos cuenta.
Y es ya del dominio público que, en otra área, el director de Petróleos Mexicanos acaba de ser electo por una revista londinense –ya con esto concluyo, presidente– como el ejecutivo petrolero del año. Éstas son las ironías y el cinismo de la clase gobernante. Pero no queremos que esto se dé también en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes y maestros de la Universidad ETAC, del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que están aquí invitados por la diputada Mirna Hernández Morales. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 388 votos, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular con 388 votos, el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18, y adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter, a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Amalia García Medina, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Estimado señor presidente, compañeras, compañeros, la reforma que se propone a los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración es una reforma, que yo diría tiene un interés particular para esta Cámara de Diputados, especialmente porque se trata de hacer congruente la Constitución con la Ley de Migración en los términos jurídicos que se utilizan.
De qué se trata. Se trata de que haya precisión en los conceptos, de que haya claridad en los conceptos, de que esto evite discrecionalidad y se trata también de dar seguridad jurídica.
Esencialmente yo lo que les planteo es que estas reformas son dos palabras que a lo que abonan es a la buena técnica jurídica. No son transformaciones de fondo en este caso, sino que se trata de abonar a hacer de la Ley de Migración, una Ley de Migración que tenga conceptos jurídicamente precisos y que la técnica jurídica legislativa pueda abonar en fortalecer a esta Ley.
De tal manera que esto que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Migratorios, que fue presentado por el diputado Marino Miranda, yo les solicitaría que lo voten a favor en aras de que fortalezcamos la calidad de la técnica legislativa y jurídica que desarrollamos en esta Cámara de Diputados. Uno tiene que ver con la situación migratoria, agregar la palabra hipótesis jurídica porque sólo viene la palabra hipótesis. Precisar jurídica le da solidez.
Y el artículo 111, cuando se habla de que el instituto resolverá la situación regular de los extranjeros se dice la situación migratoria. Es decir, técnica jurídica que fortalece la calidad legislativa. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada García Medina.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, un lenguaje jurídico preciso y claro sirve para que cualquier norma cumpla con su función para lo cual fue creada.
El lenguaje preciso no da cabida a ambigüedades que permita la aplicación errónea de cualquier ordenamiento. Hay que tener en cuenta que cada palabra, cada frase, cada párrafo de cualquier texto, máxime de una ley, nos dicta o mandata algo. A la hora de incluir o desechar una palabra o una expresión debe de analizarse fehacientemente los alcances o también los vacíos legales que se dejan y que pueden generar omisiones.
Armonizar los ordenamientos legales y detectar las inconsistencias del lenguaje, que puede cambiar el sentido de una disposición, es obligación y facultad que tiene la Legislatura, que nos permita brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos.
En este sentido, es necesario hacer modificaciones a la actual Ley de Migración, tal como lo propone el dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios, para enmendar con técnica jurídica su redacción, a fin de dejar jurídicamente claro aspectos fundamentales de dicho ordenamiento.
La ley reúne las disposiciones relativas al fenómeno migratorio, con el fin de simplificar y ordenar los procedimientos administrativos, establece las bases de la política migratoria nacional y ciñe la actuación de las autoridades a reglas claras y precisas. Deja en la ambigüedad un concepto fundamental, el de situación migratoria.
Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen para subsanar el esclarecimiento del concepto y precisarlo de la forma más adecuada, la situación jurídica migratoria.
¿Qué logramos con esto? Garantizar a cualquier extranjero que vive, trabaja o transita por nuestro país certeza jurídica en su situación legal, en el statu quo en que se encuentra en el territorio nacional.
Cuando un extranjero desea internarse en el país puede hacerlo de manera regular o irregular. En el primer caso, es con una autorización administrativa, la cual se otorga con base a la calidad migratoria que se solicite. Y en el segundo, se establece al ingresar al país sin autorización e incumpliendo las disposiciones oficiales para su estancia en el territorio nacional.
En México cualquier extranjero puede realizar actividades económicas, cuando se inserta en la vida productiva, generan empleos y otras oportunidades de desarrollo económico. Sin embargo, su situación migratoria definirá la manera de participar en estas actividades y las restricciones a las que se encuentran sujetas.
Por ello, la importancia de aclarar que la situación migratoria es una hipótesis jurídica, porque depende de las condiciones y acciones en las cuales se encuentra, se transita, se cohabita en México.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, la forma en que los gobiernos responden al flujo de personas entre países, afecta el acceso de esas personas a nuevas oportunidades y a la ampliación de sus capacidades, en condiciones mínimas de dignidad o de seguridad.
La política migratoria altera las condiciones en que se lleva a cabo la migración, al clasificar a la población migrante en distintas categorías, con importantes implicaciones en términos de acceso a ciertos derechos.
Con la modificación planteada de suma importancia en el dictamen, se faculta también al Instituto Nacional de Migración del concepto preciso para poder resolver la situación migratoria de los extranjeros en nuestro país, no sólo de los que están de manera regular, sino también de quienes permanecen de forma irregular, esto es en función de la hipótesis jurídica en que se encuentren, de esta manera cumplimos nuestro compromiso de legislar a favor de cada persona que vive en México, con claridad y precisión en los términos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado González Roldán. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Loretta Ortíz Ahlf.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, al pleno de esta soberanía llegó el dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios relativo a precisar la fracción XXVIII del artículo 3o. y el artículo 111 de la Ley de Migración, los conceptos que más adelante mencionaremos.
El promovente hace mención en su exposición de motivos, que es objeto de la iniciativa corregir el sentido y la redacción de las disposiciones contenidas en las normas aludidas en el proemio de este documento, con la finalidad de evitar confusiones y abonar a la claridad de ellas y a la certeza jurídica que aquellas deben contener en beneficio de los ciudadanos.
Aduce el proponente, que para obtener la debida aplicación de las leyes son indispensables la claridad, el buen uso del lenguaje y la precisión jurídica de la norma, cuestión en la que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincide.
Argumenta nuestro compañero, que la Ley Migratoria, emitida en 2011, constituyó un esfuerzo para reunir en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones relativas al fenómeno migratorio, que ya de suyo es complejo, con el fin de simplificar y ordenar los procedimientos migratorios administrativos de establecer bases de la política migratoria y de ajustar la actuación de las autoridades respectivas a reglas claras y precisas.
Se comenta, asimismo, en la propia exposición de motivos, que la ley referida asigna diversas categorías migratorias, con derechos y obligaciones específicas, que buscan dotar de certeza jurídica la estancia de los inmigrantes, cuya internación al país ha sido permitida por las autoridades, así como de garantizar sus derechos humanos de los indocumentados. Es decir, de aquellos que carecen de legal estancia en el país, ya que no es requisito para contar con el respeto de los derechos humanos, contar con la estancia legal en el país, de conformidad con nuestra Constitución Política.
Esta reforma es de suma importancia, ya que a pesar de tener contenido en el artículo 1 constitucional, el respeto a los derechos humanos para todo individuo y que goza no solamente de sus derechos humanos sino de todas las garantías que se encuentran consignadas en nuestra Constitución Política, en la legislación secundaria se encuentra una marcada diferenciación, discriminación y no solamente eso, no respeto de estos derechos humanos y fundamentales para los que carecen de legal estancia en el país.
Son múltiples las recomendaciones que se han emitido, no solamente por organismos internacionales sino hay que tomar en cuenta la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación, precisamente, a los derechos de los indocumentados, el caso Vélez Loor contra Panamá, el cual podría ser un aviso para nuestro país, que de no ajustar nuestra legislación podríamos estar enfrentando en fechas muy cercanas, una queja, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desgraciadamente, los inmigrantes indocumentados, es de los grupos más vulnerables, si no es que el más vulnerable de los que existen en nuestro país, y que hacen falta ese tipo de reformas para que las autoridades no los discriminen y, precisamente, protejan en igualdad de circunstancias sus derechos como el de cualquier otra persona.
No por carecer de legal estancia dejan de ser personas y merecen el respeto de sus derechos fundamentales. Es cuanto, diputado presidente, y por las razones mencionadas votaremos a favor.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la voz la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos para fijar postura.
La diputada Lorena Méndez Denis: Buenas tardes. Con el permiso del presidente de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros legisladores, en las últimas décadas el fenómeno de la globalización ha crecido de manera exponencial, lo cual se ha producido en una mayor interconexión económica, social y cultural. Pero también en una coexistencia conflictiva de pobreza y riqueza.
Con base en esto, el estudio, los impactos de la crisis en los migrantes, visión desde México y Estados Unidos, expone que existe una relación intrínseca entre la migración y la globalización, en la cual se desenvuelven dinámicas de generación de riqueza y de exclusión.
El acceso a mejores oportunidades y condiciones de vida para satisfacer necesidades básicas, con el afán de optimizar el desarrollo económico, familiar y personal suelen ser las motivaciones principales por las que se lleva a cabo la migración.
Entre las principales causas por las que este fenómeno se reproduce se encuentran situaciones familiares, oferta de estudios, ámbito laboral, cuestiones de salud, altos índices de violencia e inseguridad y fenómenos naturales.
En el caso particular de nuestra nación debemos mencionar que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de un creciente flujo migratorio.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos 20 años México ha sido el territorio más importante de paso de cientos de personas que utilizan nuestro país para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos teniendo como consecuencia que aproximadamente 401 mil personas transiten por la nación cada año.
A partir de 1970 la población inmigrante mexicana en Estados Unidos creció de forma acelerada y persistente, hasta llegar a alcanzar una cifra de 11.6 millones de connacionales viviendo en nuestro vecino del norte, de los cuales 6 millones presentan un estatus migratorio irregular.
Lo anteriormente expuesto evidencia que el tema migratorio en nuestro país se configura como una problemática que debe ser atendida con carácter prioritario, a través de medidas que aborden las diversas aristas que la caracterizan.
Es por ello que estamos de acuerdo con lo propuesto en el dictamen que se discute el día de hoy, ya que busca especificar que el Instituto Nacional de Migración resolverá la situación migratoria de los extranjeros, sin importar si es regular o no, a diferencia de lo que establece actualmente el artículo 111 de la Ley de Migración.
Dicha modificación permitirá que el instituto determine el estatus tanto de los foráneos que cumplan de manera regular con las disposiciones migratorias para su legal internación y estancia en el país, como de aquellos que hayan incumplido con dichos requerimientos por lo que respaldaremos la proposición; no obstante debemos mencionar que el fenómeno migratorio continuará siendo un problema sin resolver mientras no existan políticas integrales que tengan como propósito regularlo de manera eficiente.
¿Qué impacto tendrán los cambios planteados, si el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 atiende de forma marginal el tema migratorio? ¿Cómo podremos observar resultados cuando la plataforma del Ejecutivo se limita a un asunto de proyección internacional para un México con responsabilidad global en el que no imperan las soluciones, sino los lugares comunes? ¿Es posible hablar de un trato digno en el que se respetan los derechos humanos cuando los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revelan que al año son secuestrados 20 mil migrantes, entre los que destacan aquellos de El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador y Nicaragua? ¿Hasta cuándo atacaremos el tema con simples paliativos? ¿Hasta cuándo aplicaremos políticas integrales?
No es suficiente lo hecho hasta el momento, los migrantes exigen condiciones que garanticen sus derechos fundamentales, mientras esto no suceda no podremos hablar de un verdadero avance. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Méndez Denis. Tiene el uso de la voz para fijar postura, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el diputado Ernesto Núñez Aguilar.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados. Por supuesto estaremos a favor de este dictamen.
Las disposiciones normativas tienen como características ser generales, abstractas e impersonales, pues éstas pretenden regular los supuestos llevados a cabo en la realidad. En este contexto, cabe destacar la capacidad analítica de los legisladores para entender los hechos auxiliándose de tal modo de materias diversas como la estadística, la historia, la economía, la sociología, entre otras.
Empero, el producto final emergido de los Congresos legislativos son leyes las cuales se vuelven objeto de estudio de los abogados, en materia de competencia de las autoridades y en observancia para las actuaciones de quienes no son autoridad.
Por lo mencionado, las normas jurídicas solamente pueden describir supuestos y, al éstas, ser redactadas en la ley, se vuelven hipótesis jurídicas, circunstancia por la cual estamos a favor del dictamen, ya que el cambio propuesto consisten precisamente en ello, en aclara que la situación migratoria es una hipótesis jurídica explicando en ese sentido lo que se entenderá como situación migratoria al aprobarse este dictamen.
En el mismo sentido, con relación al artículo 111 de la Ley de Migración consideramos tiene un error, pues actualmente reconoce que el instituto resolverá la situación regular de los extranjeros, circunstancia que no es así, ya que lo que lleva a cabo es resolver la situación migratoria de los extranjeros en el territorio de nuestro país determinando si éste es regular o irregular en función de las hipótesis jurídicas en la cual se encuentren los mismos, de acuerdo con la fracción XXVII del artículo 3o. de la Ley en comento. La procuración de derechos a favor de los migrantes que devela esta ley protege una parte de los académicos del derecho administrativo que denominan como orden público.
Por todo lo expresado, estamos convencidos en la aprobación del dictamen como lo hemos mencionado –el que está hoy a discusión–, pues toda disposición normativa debe ser perfectamente coherente, suplir sus lagunas, estar en armonía con sus diversos dispositivos y sobre todo debe ser precisa, pues sólo de esta manera se obtiene lo que denominamos seguridad jurídica.
Todo lo anterior lo apreciamos favorablemente y lo reafirmamos en la empatía que lleva a cabo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en particular con su dispositivo número 18 que permite un trato igualitario entre migrantes y nacionales.
De este modo, la bancada del Partido Verde manifiesta su acuerdo de votar a favor en todos los términos de este dictamen puesto hoy a nuestra discusión. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Núñez Aguilar. Tiene el uso de la voz para fijar postura hasta por cinco minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Marino Miranda Salgado.
El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La migración es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad ya sea para buscar mejores condiciones de vida, huir de la violencia, la guerra o de gobiernos opresores. Es un fenómeno que se ha dado, se da y se seguirá dando.
A diferencia de las capitales que no tienen frontera y cuentan con toda la facilidad de traslado por todo el mundo, la migración humana sí tiene fronteras y grandes obstáculos para ir de un país a otro enfrentando toda la problemática que eso implica desde abusos, violaciones, sacrificios, criminalización, detención, tráfico de personas, desaparición y muerte.
En este contexto México enfrenta dos fenómenos migratorios: emigración de sus conciudadanos hacia Estados Unidos y la emigración al interior de nuestras fronteras, principalmente de personas de origen centroamericano.
En cuanto al primer fenómeno, no es nuevo para ninguno de nosotros que la política de antimigración de Estados Unidos es cada vez más agresiva y lesiva de los derechos humanos de los migrantes, desde el blindaje de la frontera a través de la patrulla fronteriza, la detección satelital y la utilización de robots, hasta la criminalización, vejación y rechazo de los ciudadanos nacionales y extranjeros.
De igual forma no es nuevo para nosotros, compañeras y compañeros diputados, que las políticas gubernamentales estadounidenses no son el único peligro que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera norte de nuestro país, también la inseguridad que opera a lo largo de esa frontera que no en pocas ocasiones terminan secuestrándolos, extorsionándolos e incluso asesinándolos.
Pero del otro lado del fenómeno migratorio, de la inmigración, los centroamericanos que tienen que pasar por nuestro país en su tránsito a Estados Unidos, también son víctimas de maltrato, vejaciones y violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades de nuestro país y también como resultado evidente a partir de sucesos tan preocupantes como el de San Fernando por parte de la delincuencia organizada que opera en el territorio nacional.
Por ello en la Comisión de Asuntos Migratorios que dirige la compañera diputada Amalia García, y de la cual soy integrante, hemos trabajado para la reivindicación de este sector de la población altamente vulnerable por tratarse de personas que por necesidad deciden abandonar su lugar de origen, a su propio país para dirigirse a otro.
Por ello hemos trabajado en analizar y reformar las leyes que permitan generar o ampliar la protección que reciben por parte del Estado mexicano, a fin de eliminar la situación de indefensión en que se encuentran.
Tal es el caso de la iniciativa que hoy estamos sometiendo a la discusión y aprobación por parte de este pleno.
La iniciativa en análisis propone que el Instituto Nacional de Migración determine la situación jurídica migratoria de un extranjero, ya sea ésta regular o irregular, ya que en la actualidad la ley presenta una contradicción; dicta que el Instituto determine la situación regular de los migrantes, lo cual deja sin sustento dicha atribución.
En este sentido esta iniciativa se integra dentro de esa actividad del legislador en la que se debe corregir o clarificar la redacción de la norma cuando ésta sea errónea o imprecisa con el fin de evitar dejar a la mera interpretación de las autoridades administrativas su aplicación.
Esta propuesta constituye tanto a mejorar la forma como el contenido del marco normativo que busca regular y establecer las bases y principios de la política migratoria en nuestro país.
Por todo lo expuesto las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Miranda Salgado. Tiene el uso de la voz el diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores: uno de los principios que debe garantizar cualquier estado de derecho es el de proveer a los ciudadanos, bien sean nacionales o extranjeros, la seguridad de contar con la certeza jurídica dentro de los ordenamientos e instituciones que rigen la convivencia en sociedad con la finalidad de salvaguardar y promover los derechos humanos.
De esta manera y al amparo del principio de la legalidad, resulta tener en consideración los derechos y obligaciones referentes a dotar de certeza jurídica a la permanencia de los inmigrantes que llegan a territorio nacional cuya internación ha sido permitida por las autoridades, con independencia de su situación jurídica migratoria, a efecto de contar con disposiciones normativas justas, congruentes y eficientes.
Lo anterior toma una importante relevancia si tomamos en consideración que los derechos más vulnerados de los migrantes en su tránsito por México son la falta de seguridad jurídica, trato digno e igualdad.
Para que siempre exista certeza jurídica a favor de los derechos de los inmigrantes en territorio nacional resulta necesario establecer de manera exacta lo que se entiende por situación migratoria dentro de la Ley de Migración, en donde su interpretación no se vea limitada ante lagunas o vacíos normativos que entorpezcan el trabajo y responsabilidad de las instituciones, determinando si ésta es regular o irregular en función de la hipótesis jurídica en que los mismos se encuentren, según lo dispuesto por la fracción XXVIII del artículo 3 de la ley en comento.
Por otro lado, nos encontramos ante la necesidad de llevar a cabo mejoras, dentro del Instituto Nacional Migración, ya que éste presenta carencias en cuanto al tiempo para la resolución de los trámites de estancia de aquellos ciudadanos extranjeros que han encontrado en México un lugar para llevar a cabo su vida, en donde nuestro país también sale beneficiado con su esfuerzo, su trabajo y su talento.
Por lo anterior, el llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar esta situación sin lugar a dudas permitirá posicionar a nuestro país en el concierto internacional a favor de los principios de certeza y legalidad bajo el amparo de los derechos humanos.
El artículo 111 de la Ley de Migración dice a la letra: “El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de su presentación”.
Esta redacción vigente presenta una deficiencia, ya que se entiende que el instituto sólo podrá determinar la situación migratoria de un extranjero cuando la misma sea regular por haber cumplido con las disposiciones migratorias para su legal internación y estancia en el país.
Por lo tanto, dicho instituto encuentra una limitación al no contar con las facultades para determinar la situación migratoria irregular de los extranjeros en nuestro territorio nacional.
Esta situación representa una debilidad que perjudica a los derechos humanos de los migrantes en el contexto de detención, particularmente al desempeño a favor del debido proceso, ya que como bien se señala en el dictamen, al igual que organizaciones de la sociedad civil, la redacción de esta disposición es un contrasentido que resulta necesario corregir.
En concordancia a lo establecido en el presente dictamen, el mejoramiento de la redacción del artículo 111 de la Ley de Migración, abona una mayor seguridad jurídica tanto para los migrantes como para las autoridades encargadas de la aplicación de dicha ley.
Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta su voto a favor del presente dictamen, ya que encuentra congruente el objetivo de la presente iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa en esta ocasión, referente a corregir el sentido y redacción de diversas disposiciones normativas de la Ley de Migración, con la finalidad de evitar confusiones y abonar a la claridad de ésta y a la seguridad de todos los ciudadanos en nuestro México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, por su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Gordillo Castillo. Tiene el uso de la voz el diputado Ángel Alain Aldrete Lamas, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputado Raúl Gómez?
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente, con el objeto de secundar todo lo que nuestros compañeros han dicho; pero es preocupante que estemos modificando estas leyes, porque la corrupción sigue a todo lo que da.
Los centroamericanos son bajados de los autobuses por la Policía Federal, División Camino, y extorsionados; nuestros connacionales de retorno a nuestro país son extorsionados por diferentes autoridades, maltratados por los propios consulados mexicanos en el extranjero, extorsionados por autoridades aduanales, de Inmigración, de Federal de Caminos...
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, si me permite, estamos en fijación de posturas por parte de los grupos parlamentarios y para no violentar el procedimiento que establece perfectamente el reglamento de esta Cámara, yo le pediría que su postura se manejara a través de un señalamiento en pro o en contra, de acuerdo a su criterio. Si usted me lo permite, lo podemos registrar.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Igualmente si me permite diputado Aldrete Lamas, antes de que inicie, esta Presidencia quiere dar la más cordial bienvenida a la excelentísima embajadora Beata Wojna, embajadora de Polonia, en México, que nos visita este día con motivo de una reunión de trabajo en el Grupo de Amistad que preside el diputado David Pérez Tejada Padilla, y por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Eloy Cantú. Sea usted, bienvenida, por favor. Muchísimas gracias. Proceda, diputado.
El diputado Ángel Alain Aldrete Lamas: Con el permiso de la Mesa Directiva, diputado presidente y con la venia de la embajadora que hoy nos acompaña.
Es un honor el subir el día de hoy, por primera vez, a ésta que es la más alta tribuna de la Nación, y es un orgullo, a nombre de mi grupo parlamentario, el poder tomar la palabra el día de hoy.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el objetivo de la iniciativa que da lugar al proyecto de dictamen que hoy analizamos es aclarar el contenido gramatical de dos disposiciones normativas que se encuentran contenidas en la Ley de Migración.
Con las modificaciones propuestas se contribuye no sólo a la precisión en el uso del lenguaje competente y componente fundamental en la formulación de las normas jurídicas, sino sobre todo abonan a favor de la seguridad jurídica de las personas, de los procedimientos contenidos y en la legislación migratoria, la cual es trascendente para la vida de los migrantes en nuestro país.
En este sentido la técnica jurídica se convierte en un elemento esencial que transforma las ideas y propuestas de los legisladores, que las transforma a su vez en iniciativas y que posteriormente se traducen en acciones concretas, entendibles y realizables que van conformando el marco jurídico y normativo que rige la convivencia de nuestro país.
La Ley de Migración, expedida en 2011, constituyó el primer esfuerzo por integrar y organizar de manera coherente y en un único cuerpo normativo las disposiciones vinculadas para la atención de aquellos fenómenos relacionados con el desplazamiento de las personas.
Con este reordenamiento y ordenamiento jurídico de reciente creación los mexicanos contamos ahora con una legislación integral que regula los procedimientos de ingreso y salida de mexicanos y de extranjeros a nuestro país, a nuestro territorio nacional, así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, además de que se establecen los parámetros que enmarca el respeto, la protección y salvaguarda de los derechos humanos, preservando en todo momento la soberanía y la seguridad nacional.
De manera específica las adiciones propuestas en el presente proyecto de dictamen van en el sentido de aclarar conceptos fundamentales dentro del andamiaje que configura la política migratoria de nuestro país.
En primer lugar se especifica el concepto de la situación migratoria, contenido en el artículo 3o. de la Ley de Migración, para definirlo ahora como la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país.
La adición es pertinente debido a que al describirse en estos términos se otorga un elemento de seguridad jurídica cuando se trate de acreditar la situación migratoria de la persona, lo que abona en beneficio de la claridad y lo especificante de esta norma.
En segundo lugar el proyecto de dictamen pretende adicionar una palabra al artículo 111, pues se considera que no recoge con precisión el sentido de lo que se quiere decir cuando se hace referencia a la situación de los extranjeros presentados en un contexto de retención. Así se adiciona en el primer párrafo la palabra migratoria, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 111. El instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.
Con base en las consideraciones anteriormente señaladas los legisladores de mi grupo parlamentario, el PRI, consideramos pertinentes las adiciones propuestas, al contribuir en la construcción de un marco jurídico migratorio más seguro, confiable y estable. Por ello, y por México, votaremos a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Aldrete Lamas.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Conforme lo previene el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal y el diputado Raúl Gómez Ramírez. Proceda la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Las políticas de migración han fracasado en su totalidad, los actos de corrupción a la fecha son una forma cotidiana y modus vivendi de los involucrados.
He denunciado anteriormente que se lesionan los más elementales derechos de nuestros connacionales cuando la policía fronteriza, llamada Border Patrol, los captura del otro lado de la frontera y los deporta, en muchas ocasiones por otra frontera distinta a donde fueron capturados, exponiéndolos así a altos peligros, poniendo en alto riesgo su vida porque en muchas ocasiones estos conciudadanos son carne de cañón para las bandas delincuenciales. Tal es el caso de los últimos acontecimientos que se han suscitado en las fronteras, por decir, en ciudad Juárez, Chihuahua, en las fronteras con el estado de Tamaulipas.
Estamos nosotros a favor de esta iniciativa, antes que nada debo decirlo, pero para poder lograr un pequeño avance que realmente genere algo de seguridad para todos los que se atreven a cruzar al otro lado de la frontera, hacia la frontera norte en busca de una mejor vida, ya que el gobierno de México sigue durmiendo el sueño de los justos haciendo caso omiso a las necesidades de una sociedad por demás golpeada y ávida de empleo y seguridad.
Nosotros tenemos la gran tarea de ser responsables en lo que estamos haciendo en este Congreso. Mientras el gobierno peñista gaste un sinnúmero de recursos económicos en su imagen y no invierta en el campo, como vemos ahora cómo están sufriendo todos los agremiados del campo, y que tampoco genere este gobierno peñista los empleos necesarios, vamos a seguir siendo uno de los países que más exporta vidas humanas.
¿Ustedes creen que esto es correcto, que es congruente y que es justo con todo lo que estamos aprobando aquí en este Congreso? Yo creo que no. Muchos de ustedes saben que nos hace falta todavía mucho, mucho trabajo por hacer.
Felicito al compañero que ha presentado esta iniciativa, pero les comentaba, en la mayoría de estos casos con estos connacionales, aparte de que los ponemos en riesgo por no generar las políticas públicas necesarias, dejan su lugar de origen, dejan a sus familias y no nada más exponen la vida; buscan también una vida mejor, pero todo esto conlleva la gran desestabilización de la sociedad y de las familias que dejan aquí de este lado a la deriva de cómo está la situación real, social y económica en México. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Córdova Bernal. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos para hablar en pro, el diputado Raúl Gómez Ramírez.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Para mi compañero por ahí que está gritando que tiempo, creo que tiempo nos falta para que tengamos que luchar por nuestros connacionales y no nada más hablar o subir con discursos mediáticos.
Los connacionales que radican en el extranjero están cansados de que subamos a dar nuestros discursos mediáticos y que a final de cuentas pasen inadvertidos. Se los digo con conocimiento de causa.
Esta reforma que estamos efectuando es buena para la gente. Pero lástima que las autoridades no la apliquen como debe de ser. Las leyes son para aplicarse. Lo digo porque la propia Policía Federal baja a los centroamericanos de los autobuses y son extorsionados.
Nuestros connacionales que vienen de retorno a nuestro país son maltratados desde el exterior en el caso de los propios consulados. Al llegar a la frontera lo primero que se encuentran es con la gente del crimen organizado, pasando por las autoridades corruptas aduaneras, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, por la Federal Preventiva, por la Policía Federal Ministerial.
¿Qué clase de leyes estamos haciendo? No puede ser posible que nos exijan a nosotros que cumplamos con nuestro deber y que allá afuera las autoridades no cumplan con su trabajo, que lo único que hacen es llevarse la mano al bolsillo para que les echen ahí la moneda.
Por eso felicito a los proponentes. Y su servidor, así como el grupo parlamentario está en pro de esta iniciativa. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gómez Ramírez. Por último, tiene el uso de la voz para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Sin hacer menos el dictamen y valorar las precisiones jurídicas y de técnica legislativa que planteó el promovente y recogió la Comisión, me parece que es un tema más de fondo, es un tema que tiene que ver no sólo con el trato que reciben nuestros connacionales en la frontera norte, sino con el trato que les prodigamos a nuestros hermanos latinoamericanos aquí en nuestro país.
El artículo 1o. de nuestra Constitución es muy claro, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Es decir, no habla solamente de la gente de México o de los nacidos en México, habla de todas las personas. Sin embargo, habría que preguntarnos si para la gente de Centroamérica que se interna en nuestro país, como paso para un mejor destino en los Estados Unidos, esto es realidad, y seguramente coincidirán conmigo en que la respuesta es no.
No solamente se ha vuelto un calvario, un auténtico infierno, sino que sigue privando en todo el sistema migratorio nacional, la corrupción, las vejaciones y los tratos denigrantes para la gente que tiene la mala fortuna de caer en las garras de estos malos funcionarios.
No se diga lo que aquí se señaló con razón, el crimen organizado, que ha hecho de esta gente indefensa su principal destino para cometer sus tropelías, por esa razón, nosotros creemos que el tema tiene que ser de fondo.
Quiero decir, por ejemplo, en el caso de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron masacrados de manera brutal, que este caso se sigue ventilando hoy en los juzgados mexicanos, porque la Fundación para la Justicia promovió, en un hecho inédito, un amparo contra la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su opinión fue omisa, porque ni siquiera se tomó el testimonio de los familiares de las víctimas que fueron masacrados brutalmente.
Y este caso, la CNDH, en lugar de tratar de buscar justicia y que haya una reparación del daño, está litigando, promoviendo quejas ante la Judicatura, porque hubo algún juzgador que le dio entrada a este juicio de amparo.
Por esa razón, nos parece que este tema es más de fondo y que la comisión respectiva tendría que abocarse a depurar todo el sistema migratorio nacional, para que no seamos candil de la calle y obscuridad de la casa y no seamos un destino de horror para los extranjeros latinoamericanos, nuestros hermanos que tienen la mala fortuna de venir por estas tierras. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía Berdeja.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: No habiendo más oradores registrados y en consideración de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 374 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 373 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Juárez Piña, por favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Para comentarles a todas las diputadas y diputados que en el marco del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y también en el marco del Día del niño, esta comisión ha estado haciendo una serie de actividades y acciones a través de la Comisión de los Derechos de la Niñez.
Y es así que el día de mañana nos visitará en esta Cámara la Banda Filarmónica Infantil Son de la Sierra, y para reiterarles a todas y todos esta invitación, esta iniciativa también que ha sido impulsada por la diputada Isela González Domínguez. Ojalá podamos contar con su amable y distinguida presencia. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y de que no ha sido reservado alguno de ellos para su discusión en lo particular, le ruego a la Secretaría pregunte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. En cumplimiento al artículo 87 del Reglamento están publicados en la Gaceta Parlamentaria, por lo que pido a la Secretaría consulte a la asamblea si son de aprobarse, salvo los listados en los números 12 y 13, que han sido reservados para su discusión en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Cámara de Senadores oficios con los que remite las siguientes minutas.
Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, y adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Es cuanto. Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (16:40 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 23 de abril de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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