Comunicaciones
De la Cámara de Senadores, con oficios diversos
Del Congreso de Michoacán, relativo a la reforma energética
De la Secretaría de Hacienda, con informes del SAT, y relativo al endeudamiento interno
De la CNDH, con informe relativo a las autodefensas en Guerrero
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
Del Congreso del Estado de Jalisco, con acuerdo relativo a los ex trabajadores migrantes
De la Asamblea del Distrito Federal, con iniciativa
De la Congreso del Estado de Jalisco, con iniciativa
Iniciativas de legisladoras y legisladores
Diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, PRI
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Senador David Monreal Ávila, PT
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo PNA
Proposiciones de legisladoras y legisladores
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Se va proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Lista de asistencia)
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: ¿Falta algún legislador o legisladora? La de la voz. Hay 33 legisladoras y legisladores presentes.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:37 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)...
La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido para la senadora Iris Vianey. Dígame, senadora, ¿con qué objeto?
La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (desde la curul): Buenos días. Para consultar si el orden del día –porque no lo vi en la publicación- contiene los oficios que se remitieron del Congreso del estado de Michoacán –que son tres– para ser comunicados a esta Comisión Permanente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí se dará cuenta del oficio al que usted hace referencia, senadora.
La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido ya publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta. Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón Legisladores de la República, del doctor Juan Carlos Cassinelli Cali, asambleísta presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional de Ecuador, invitado por el diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión le da a usted la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y la hermandad entre nuestras naciones. Sea usted bienvenido a esta sede de la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Comunicaciones. De la Cámara de Senadores. Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que remite el informe de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, correspondiente a la visita realizada con la delegación mexicana del Senado de la República a la Conferencia sobre Cambio climático de las Naciones Unidas COP 19 que se llevó a cabo en la ciudad e Varsovia, Polonia.
El informe del senador Miguel Ángel Chico Herrera, correspondiente a los trabajos realizados en la XII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas y la XI Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrada en Brasilia, Brasil.
El Informe Anual de Actividades de la Comisión Especial para el Análisis y de las Finanzas Públicas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Informo a esta asamblea, como ha sido ya planteado por la senadora Iris Vianey, que se recibió comunicación suscrita por el presidente del Congreso del Estado de Michoacán sobre el trámite seguido a la reforma constitucional en materia de energía. En virtud de que esta comunicación se refiere a la recibida previamente por el propio Congreso del Estado de Michoacán, se informa a esta asamblea que será la Mesa Directiva quien resuelva lo conducente en su próxima reunión.
Por ahora instruyo que se retire de la página de Internet de la Cámara de Diputados el voto del Congreso del Estado de Michoacán. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que durante el mes de noviembre de 2013 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para su conocimiento y la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el que remite el informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su conocimiento y a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con los que remite:
1. El informe final de la evaluación estratégica de la política pública de micro créditos del gobierno federal, 2009-2012, y
2. El informe del diagnóstico de los indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para su conocimiento y de la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite:
1. El Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013.
2. Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012, y
3. La Enmienda de Protocolo de Kyoto a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés. Remítanse a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: Se recibieron de diversas autoridades catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación veinticuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente, correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: Oficio del Congreso del Estado de Jalisco con el que remite acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados, se conforme una Comisión Especial que atienda y dé seguimiento en específico al tema de los ex trabajadores migrantes que tienen derecho al reembolso del apoyo del fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su atención.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con acuerdo por el que solicita se instruya a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México, la revisión y ajuste del salario mínimo en México a efecto de que se recupere real y eficazmente el poder adquisitivo de los mexicanos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para dictamen.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, suscrita por los diputados Jorge Herrera Delgado, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame con qué objeto. Sonido para el señor diputado.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): Presidente, con el objeto nada más de solicitarle al gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno, para que sigan pendientes de los conflictos suscitados entre las localidades de Acachuén y Nuevo Morelos, del municipio de Chilchota, en virtud de que el pasado lunes 6 asesinaron al ciudadano Adrián Baltasar Gómez.
Sin duda la intervención del gobierno del estado abonará a la pronta solución del problema y evitará que sigan sucediendo muertes como la de este ciudadano. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Esquivel Zalpa. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Adelante, diputado.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, ciudadano presidente. Honorable asamblea, las bibliotecas públicas son pilares del desarrollo nacional. El estado que guardan es un indicador importante para evaluar las posibilidades que tiene México de ser cada vez más competitivo en el contexto internacional.
Las bibliotecas tienen un papel preponderante en la educación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, la toma de decisiones al más alto nivel, la promoción de la lectura y la cultura y el acceso a bienes públicos.
La Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988, fue en su momento el principal instrumento para conformar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, hoy día en todo el país existen 13 mil 363 bibliotecas públicas en 2 mil 281 municipios.
No obstante, las grandes diferencias que hay entre las bibliotecas de las regiones del país conlleva retos de gran magnitud en el que se refiere a la conservación de materiales documentales y al equipamiento y a la infraestructura, que son necesarios para garantizar que las colecciones sean pertinentes y que todos los servicios sean de calidad.
En la Ley General de Bibliotecas prevalece una visión centralista que privilegia la toma de decisiones de autoridad educativa federal. Este centralismo es insostenible, por lo que es necesario invertir la lógica del desarrollo bibliotecario para hacer del municipio el eje de las políticas públicas en la materia.
Es en las bibliotecas municipales donde se reflejan los grandes problemas del sistema bibliotecario nacional y en donde se pueden enfrentar los retos que hoy día tenemos como nación.
El Censo de Población y Vivienda de 2010 refleja un panorama perturbador ya que el analfabetismo es de 6.9 por ciento de la población, estamos hablando de millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a bienes culturales esenciales.
La Encuesta Nacional de Lectura de 2012 refleja otro problema igualmente grave, que es el del analfabetismo funcional. Según esta encuesta, en el 2006 al 2012, en México cada persona lee en promedio 2.9 libros al año, lo que nos ubica en el vergonzoso penúltimo lugar de América Latina.
La situación actual de los servicios bibliotecarios y las crecientes demandas de una población cada vez más comprometida con el progreso educativo, cultural y científico, hace necesario realizar una reforma integral y profunda del marco jurídico que regula las bibliotecas públicas de México, a efecto de relanzar la política bibliotecaria nacional, fortaleciendo la Red de Bibliotecas, y de manera importante, dándole a las bibliotecas municipales el énfasis y la relevancia que requiere, para que sean vehículos de la transformación de sus comunidades.
En consecuencia, la iniciativa propone como objetivos de la ley, la contribución al fomento del hábito de la lectura y la mejora de nivel educativo y la cultura de la población. Además de la conservación del patrimonio cultural de las comunidades, lo que permitirá mantener vivas las tradiciones orales y escritas de nuestra nación, rescatándolas del olvido para que sean consignadas en formatos digitales y conservadas en repositorios.
Se propone la adición de un artículo 1 Bis que establezca los principios que habrán de regir la política nacional del desarrollo bibliotecario.
La iniciativa revitalizará el enfoque municipalista de la planeación y el desarrollo, haciendo que las bibliotecas municipales sean la base del sistema. En consecuencia, se propone como objetivo de la ley fortalecer los principios del sistema federal y consolidar su aplicación en la prestación de los servicios bibliotecarios.
Adicionalmente, se propone un nuevo artículo 8 Bis que prevé las atribuciones de los gobiernos de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Estas modificaciones son acordes con el espíritu de una nueva ley general en la materia y se orientan a la realización de ciertas funciones mínimas, todo ello en el marco del pleno respeto a la autonomía municipal.
Por primera vez en la historia se prevé el establecimiento de una política pública en materia de desarrollo bibliotecario, para lo cual se establece la expedición de un programa nacional de desarrollo bibliotecario, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.
También se fortalece la representación del gremio bibliotecario en el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se prevén nuevas atribuciones en función de la importancia que este órgano consultivo debe tener.
Además, establece que el sistema deberá mantener un directorio de bibliotecas públicas que contengan los datos como ubicación, servicios, horarios y características de las mismas colecciones que ahí se presentan.
En función de las anteriores consideraciones solicito, a nombre de mis compañeros diputados Jorge Herrera Delgado y de Celia Gauna Ruiz de León y del mío propio, que las comisiones dictaminadoras de ambas cámaras consideren a fondo y con toda seriedad las propuestas aquí vertidas, con la convicción de que del futuro de la bibliotecas públicas depende, en buena medida, el futuro de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Pedro Pablo Treviño. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para su dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Legisladores y legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente, el impulsar las medidas necesarias para que los pensionados obtengan ingresos dignos debe ser una preocupación central del Legislativo federal.
Con este motivo presento esta iniciativa, con el objeto de consagrar expresamente en la Ley del ISSSTE el derecho de las trabajadoras y de los trabajadores a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y jubilación en apego a la jurisprudencia dictada por nuestro más alto tribunal.
Esto a fin de evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se niegue a otorgar a las trabajadoras y a los trabajadores al servicio del Estado el monto total de la pensión de viudez y la jubilación, no obstante de tratarse de prestaciones diversas nacidas de distintas fuentes de financiamiento, así como evitar que para conseguir este pago completo los derechohabientes tengan que desahogar onerosos y retardados juicios.
Nuestro pueblo es el autor de una de las revoluciones más significativas que buscó democracia no sólo como una forma de gobierno, sino como una fuente de equidad en la forma de vida. Ideal que se plasmó como un deber ser en artículos constitucionales como: el 3o., relacionado con la educación; el 27, que se refirió al problema agrario y en general reparto de justicia de la tierra; y el 123, que construyó el marco mínimo de derechos de las personas que viven de su trabajo, como una forma de lograr los mínimos beneficios que necesita una persona para atender sus necesidades de subsistencia y desarrollo de él y su familia.
Sin embargo, estos logros históricos del pueblo mexicano se comienzan a desvanecer en la injusticia de las recientes contrarreformas. Hoy, sin ninguna duda, el mundo laboral del país vive uno de sus momentos más regresivos. Los últimos momentos álgidos lo constituyen la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, precedida del desmantelamiento de las Leyes del Seguro Social, el Infonavit y el ISSSTE.
Dentro de este panorama negativo las pensiones y jubilaciones dignas son uno de los temas nodales cuando de justicia social se habla. Son la base para permitir a los trabajadores y sus familias y mínimo de bienestar al retirarse aquellos del trabajo por diversos motivos al momento de fallecer.
Por lo que hace a las jubilaciones; están en plena agonía después de la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE que solo las hace percibir como un sistema de tránsito, ya que las nuevas generaciones de trabajadores al servicio del Estado, solo accederán a pensiones en el marco de las fraudulentas e insaciables Afores cuando cubran casi los imposibles requisitos legales.
Pero, a lo dicho, debemos sumar las injustas determinaciones de las autoridades del ISSSTE que con diversos obstáculos y pretextos buscan reducir aún más las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores, precisamente un caso concreto es el que se aborda en la presente iniciativa.
En el marco de la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE vigente desde el primero de abril de 2007 que causó gran conmoción a los trabajadores y sus derechos, comenzaron las denuncias de las y los trabajadores en el sentido de que se les negaba el otorgamiento al 100 por ciento de la pensión de la vejez y de la jubilación cuando tenían derecho a ambas, es decir, se pretendía reducir la suma de estas dos prestaciones a solo 10 salarios mínimos.
En un primer momento, las autoridades de amparo apoyaron esta injusticia, sin embargo en el mes de agosto de 2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó jurisprudencia para que el ISSSTE pagara a las v los viudos sus pensiones de viudez y su jubilación en forma completa, aun cuando la suma de ambas rebase los 10 salarios mínimos, por lo que cada pensión será sujeta a tal tope de 10 salarios.
Esto, al considerar la Segunda Sala con toda congruencia que la fracción XI del Apartado B del artículo 123 constitucional, no solo contiene las bases de la seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, sino es la base del principio de la previsión social que impulsa la obligación de establecer un sistema íntegro para alcanzar la tranquilidad y bienestar de los trabajadores y sus familias, además de estimar que entre la pensión de viudez y la jubilación hay diferencias esenciales, tienen orígenes diferentes, también cubren riesgos distintos y tienen autonomía financiera.
Esta situación nos lleva al proceso de tránsito entre la Ley del ISSSTE abrogada y la nueva ley de la materia, por lo que la jurisprudencia de cita solo resulta aplicable a los trabajadores que optaron o se les tiene optando en el marco del artículo quinto transitorio de la Ley del ISSSTE, por el régimen previsto en el décimo transitorio y por tanto rechazando a los denominados bonos de pensión, ISSSTE, y sus respectivas cuentas individuales.
Partiendo de lo anterior, la jurisprudencia de cita nos lleva a proponer la adición de una última fracción al artículo décimo transitorio de cita en tutela de las y los trabajadores que accedan a su jubilación y además a su pensión de viudez, esta adición permitirá que las y los trabajadores en automático reciban el pago íntegro de sus pensiones, cada una de estas pensiones se sujetara al límite de 10 salarios mínimos de manera independiente sin necesidad de iniciar juicio respectivo.
En suma dentro del clima actual de casi total desconocimiento a los derechos de los trabajadores, se deben respaldar las escasas determinaciones, en este caso del poder judicial federal en favor de los trabajadores y sus familias, esto en tanto la rueda de la historia nos lleva a que se recobren a plenitud la dignidad y derechos de los trabajadores y sus familias.
Por lo anterior, sometemos a consideración de la asamblea la propuesta de iniciativa de adicionar una fracción VII al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE que se publicó en 2007, para quedar en los siguientes términos
Décimo transitorio. A los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensiones del ISSSTE se les aplicarán las siguientes modalidades
Fracción VII –que sería la que se adicionaría-: Los trabajadores, en su caso, tendrán derecho a percibir íntegramente su jubilación o pensión y la pensión de viudez. En consecuencia, el límite máximo de salarios mínimos para el cálculo y pago de éstas se aplica de manera independiente a una y otra prestación. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para dictamen.
La Presidenta diputada Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra por cinco minutos el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia. En una sociedad hecha para personas sin discapacidad, los retos que tienen para enfrentar las personas con capacidades diferentes son de grandes proporciones, pues se enfrentan a problemas de discriminación hasta a la falta de oportunidad de acceso a una vida de calidad.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares en el 2012 del INEGI, indican que del total de la población en México, el 6.6 por ciento tiene alguna discapacidad. De este porcentaje, las personas adultas mayores representan el 51.4 por ciento, seguido de personas adultas entre 30 y 59 años que conforman el 33.7 por ciento, mientras que los jóvenes de 15 a 29 años figuran con el 7.6 por ciento.
Según los resultados de la encuesta en mención, el principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar pues representa el 57.5 por ciento, la dificultad para ver que representa y significa el 32.5 por ciento y la discapacidad para oír que representa el 16.5 por ciento, mientras que para hablar o comunicarse el 8.6 por ciento y la discapacidad mental el 8.1 por ciento.
De estos datos se puede llegar a la conclusión de que los mayores retos que tiene el gobierno se encuentran en las discapacidades para caminar y la discapacidad para ver, que en su conjunto representan el 90 por ciento del total de la población afectada con alguna discapacidad.
En este sentido es necesario atender esta problemática a través de políticas públicas que den la posibilidad a este grupo poblacional de acceder a una vida digna y en condiciones de desarrollo en todos los ámbitos de su vida.
Uno de los mecanismos que ha permitido tener una mejor comunicación entre la discapacidad visual y la sociedad, ha sido la creación de sistemas de escritura y lectura mediante signos y códigos táctiles.
El sistema Braille es un código de escritura diseñado para que personas con discapacidad visual puedan leer a través del tacto.
Esta herramienta ha sido utilizada como un medio de acceso a información de todo tipo. Este sistema ha sido incorporado en diferentes espacios públicos facilitando el acceso a la información, como ubicación de líneas de transporte, servicios de emergencia, entre otros.
Un derecho de este grupo poblacional es tener condiciones de vida que le permitan desarrollarse dentro de la sociedad. Por lo tanto un reto para los gobiernos es incorporar en un mayor número de espacios la escritura en este sistema que posibilite a las personas con discapacidad visual lograr autonomía e independencia, garantizando su derecho a desarrollo en todas sus facultades y capacidades.
El Estado y la sociedad en general, tienen un compromiso mayor con estos grupos poblacionales debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran, pues tienen una mayor imposibilidad de autoprotegerse y brindarse cuidado, exponiendo el peligro a sufrir algún tipo de daño.
Asimismo las empresas dedicadas al cuidado de la salud deben asumir su responsabilidad. Tienen el compromiso con la sociedad de brindar calidad en sus productos y prevenir a los consumidores del uso incorrecto de las sustancias que contienen los medicamentos.
Desafortunadamente cuando las leyendas de prevención sólo están impresas en los empaques, queda fuera del alcance de las personas con discapacidad visual, poniendo en riesgo su integridad física y haciendo que en el cuidado de su salud haya una dependencia de otras personas.
Por lo tanto debe de participarse en proporcionar la información como son nombre y sustancia activa del producto, en sistema Braille.
Por lo tanto el gobierno junto con la sociedad y las empresas, deben de emprender mayores esfuerzos para abrir el abanico de posibilidades a las personas con discapacidad visual, dar mayores condiciones para su protección y cuidado, pero sobre todo dotándoles de herramientas que le permitan desarrollarse con independencia y autonomía.
Con base en lo que ha sido expuesto, es necesario modificar el artículo 225 de la Ley General de Salud a fin de que los medicamentos para su uso y comercialización, además de ser identificados por sus denominaciones genérica y distintiva impresas en sus empaques, éstas sean escritas en sistema Braille y así puedan ser identificadas por personas con discapacidad visual.
La presente iniciativa pretende adicionar un párrafo al artículo en mención para quedar de la siguiente manera:
Tanto la identificación genérica como la denominación distintiva. Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en sus empaques deberán estar escritas en sistema Braille. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: el delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad.
El solo hecho de desaparecer a una persona constituye ya una conducta que atenta directamente contra sus derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, a la libertad, a su integridad física y sicológica.
En la comisión de este delito se suma el agravante de que la conducta es cometida por agentes del Estado mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de funcionarios públicos cuyo deber primordial debiera ser la protección de la ciudadanía.
La desaparición forzada crea incertidumbre sobre la suerte de la víctima, El apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2005 al año 2013 la cifra de personas desaparecidas ascendió a dos mil 443. En otros 24 mil expedientes que integra la CNDH no descarta tampoco que se trate de desapariciones forzadas.
Este organismo protector de los derechos humanos ha emitido 12 recomendaciones al respecto que demuestran plenamente la intervención de servidores públicos en dichas desapariciones.
La impunidad es un patrón crónico en los casos de desapariciones forzadas. Una muestra evidente es que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas para sancionar a los responsables o para garantizar el derecho a la verdad.
El 23 de noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos al sentenciar al Estado mexicano como responsable de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército, dejando clara la existencia de evidentes violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.
Parte de esta importante resolución señala que el Estado mexicano debe adoptar en un plazo razonable las medidas legislativas pertinentes a fin de compatibilizar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Por lo anterior, Nueva Alianza, comprometido por garantizar el absoluto respeto de los derechos humanos, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, a fin de dar cabal cumplimiento con lo establecido en la sentencia emitida por este alto tribunal protector de los derechos humanos en nuestro continente.
Como integrantes del Congreso de la Unión y respetuosos del estado de derecho, debemos asumir con total responsabilidad los compromisos internacionales que tenemos con los mandatos establecidos en las sentencias emitidas por este cuerpo colegiado interamericano de los derechos humanos.
Nueva Alianza es un firme aliado de las acciones de gobierno que abonen en el principio de progresividad de los derechos humanos al ampliar el andamiaje jurídico que protege los derechos fundamentales de la ciudadanía, posicionamos a México como un estado democrático, y al defender las libertades y la dignidad de nuestro pueblo, enaltecemos también nuestra labor como representantes de la nación.
Por su atención, muchas gracias compañeros diputados y senadores. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para el dictamen correspondiente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Proceda la Secretaría a dar cuenta con un acuerdo de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 2014.
Los suscritos integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adoptamos y sometemos a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, propuesto por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para que a la brevedad sea declarado el 2014 como año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la
República a incluir con el decreto respectivo la creación de una comisión organizadora de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del
decreto y hasta el último día del 2014.
Firma, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado, comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de la Secretaría de Economía para que fomenten la compra y producción de juguetes mexicanos artesanales.
La diputada Regina Vázquez Saut: Con su permiso, señora presidenta. Amigas diputadas y amigos diputados. “Chiras pelas”. “Sol y luna”. “Una, dos, tres por Ricardo que juega a las escondidas”. Seguramente son palabras que nos remontan a nuestra niñez, cuando nos divertíamos a las canicas, al trompo y al hermoso balero multicolor.
O cada 6 de enero éramos los primeros en despertar para buscar por toda la casa si por fin los Reyes Magos habían llegado. Y para nuestra fortuna en algún rincón de la casa encontrábamos un juego de matatenas o el juego del té de madera con el que inmediatamente nos poníamos a jugar a los pies de la abuela, orgullosos todos, de nuestros obsequios.
Es cierto que los tiempos han cambiado, que la tecnología ha saturado las vitrinas de nuevas formas de buscar entretenimiento y que de alguna manera el mercado nacional también ha sido avasallado por ese tipo de dispositivos, pero quise iniciar esta intervención con expresiones conocidas por todos los que alguna vez disfrutamos de aquellas tardes de amigos en el barrio, la colonia o las comunidades rurales de nuestro México, porque con todos los avances tecnológicos ha algo que no cambia en nuestro país; la sonrisa franca de un niño cuando juega y se divierte.
Es tan importante en esta tribuna analizar presupuestos y proponer leyes justas, pero también pugnar por volver a nuestras raíces que se remontan a nuestros juegos tradicionales, los que eran nuestro primer contacto con nuestros vecinos, compañeros de escuela o los propios familiares. Eso es lo que se llama socializar.
El colorido de aquellos yoyos, la pelota de esponja con la que se jugaba la cáscara en la clase, las famosas cábulas o loterías o los diversos personajes de animales de cada una de las regiones, elaborados por ancestrales artesanos invadían los hogares y se trasmitían de generación en generación.
Los carritos de madera, títeres, silbatos, muñecas, caballitos de madera, todos ellos característicos por su colorido y los materiales, se siguen elaborando, pero desafortunadamente pocos son los que llegan a las manos de nuestros niños. Desgraciadamente la gran industria de los juguetes masivos, así como la alta piratería en los mismos afecta severamente la producción y venta de juguetes 100 por ciento mexicanos, ya que en voz del presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, el licenciado Miguel ángel Martín González, la piratería ha afectado hasta el 10 por ciento la venta del mercado legal, la cual representa 210 millones de dólares anuales. A pesar de ello, México es el tercer productor de juguetes a nivel mundial.
Aunque desgraciadamente la piratería obstaculiza la presencia en exposiciones con el objetivo de atraer nuevas inversiones, pero más que la compra, la adquisición de un juguete artesanal encierra muchas emociones; nuestra identidad, historia y reitero, nuestras raíces. El valor agregado es el apoyo a la economía mexicana y especialmente a aquellos que nos siguen trasmitiendo toda su creatividad.
Todo lo antes expuesto cobra especial vigencia una vez que ha concluido la temporada de compras navideñas, por la compra-venta de juguetes nacionales y sobre todo artesanales, tiende a ocupar un espacio cada vez más marginal en el mercado interno de nuestro país, es una labor que nos corresponde como representantes sociales, como autoridades y como padres de familia saber que al apreciar y adquirir un juguete hecho por nuestros artesanos estamos valorando su trabajo y su entrega por preservar de lo que siempre nos sentimos orgullosos.
Es deseable que en cada tienda de autoservicio, así como hay un espacio exclusivo para novedades electrónicas, lo hubiera también –y permítanme el juego de palabras- el departamento para una novedad que no pasa de moda, los juguetes artesanales y de juegos tradicionales.
Todos tenemos que poner de nuestra parte, por eso ante ustedes expongo lo siguiente. Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a efecto de que dicha entidad profundice sus acciones dirigidas a fomentar la compra de juguetes mexicanos artesanales.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Economía, para que realice acciones tendientes al fortalecimiento de la producción y venta de juguetes artesanales mexicanos.
Es cuanto, señor presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición, se abre el registro de oradores. Se han registrado a favor el diputado Ricardo Mejía, el diputado René Fujiwara Montelongo y el diputado Raymundo King de la Rosa. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. Desde luego que estamos a favor de este punto de acuerdo que propone darle un valor y promoción a las artesanías mexicanas, particularmente aquellas orientadas a la niñez a través de juguetes, sobre todo por la época.
Sin embargo, nos parece que hay temas que le preocupan hoy más a los mexicanos. Insisto, estamos de acuerdo, pero para millones de mexicanos no hubo Día de Reyes. Para millones de familias más que un Feliz Año Nuevo, hubo felices nuevos impuestos, felices nuevos aumentos, y esto es producto, no solamente de los desaciertos en la conducción de la política económica, de la falta de crecimiento que hubo el año pasado y que estamos esperando ya la información oficial para confirmar que el crecimiento en el 2013, si bien nos fue, llegó al 1 por ciento.
Sin embargo, nosotros siempre manifestamos nuestra oposición a la reforma hacendaria porque nos parecía y nos sigue pareciendo terrorista, eminentemente recaudatoria, desproporcionada e ineficaz, y para prueba de ello son los aumentos que se han venido en cascada a partir del inicio de este año.
Comprar un refresco dejó de significar un gasto de 12 pesos para pasar, a partir del 1 de enero, a 13.07 pesos. Un cereal pasó en un solo día de 33 a 44 pesos. La mantequilla de 19.50 a 29 pesos. Los chocolates para beber, en esta época sobre todo que en algunas regiones hay mucho frío, de 41.50 a 47.50 pesos. La rosca de reyes incluso, vaya ironía, de 120 a 150 pesos. Qué decir del aumento a la gasolina, que de un solo golpe subió la Magna 19 centavos y la Premium 21 centavos.
Es decir, más aumentos de impuestos, gasolinazos recargados y la gran mentira de que la reforma energética iba a traer la disminución de las tarifas, no sólo no bajaron, sino siguen aumentando los precios de la gasolina, los precios del gas, los precios de la electricidad, y en una época, sobre todo en regiones del país, donde la temporada invernal ha sido particularmente dramática en el aspecto climático, pues esto constituye un doble atentado a la economía popular.
Por otro lado, también a partir del 1 de enero, el Sistema de Administración Tributaria empezó con una lista negra, con una lista de la infamia, que nos parece además que es inconstitucional, porque en el artículo 22 de nuestra Carta Magna se establece claramente que en México quedan prohibidas las penas infamantes. Y con una gran ligereza el SAT dio a conocer supuestos deudores morosos, condenando al descrédito público, al escarnio y a la pérdida de su fama pública a contribuyentes, incluso varios de ellos con buen nombre en el país, porque no fueron localizados.
Mientras que los grandes beneficiarios de esta política fiscal, como las grandes empresas, las 400 empresas han recibido beneficios fiscales, condonaciones y de eso no publicó nada el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, a pesar de que según el artículo 69 del Código Fiscal, en la fracción VI, tendría de igual manera el Servicio de Administración Tributaria que haber dado a conocer estos nombres.
Es decir, hay un doble rasero, contribuyentes que debían miles de pesos y que no fueron localizados fueron exhibidos públicamente. Y a aquellos que les han perdonado miles de millones de pesos permanecen en el anonimato, a pesar de que hay resoluciones firmes del Instituto Federal de Acceso a la Información donde se le pide al Servicio de Administración Tributaria que haga pública esta lista.
Por eso, nosotros no podemos, en este inicio de año, hacer como que no pasa nada y simplemente darle trámite a una sesión de la Comisión Permanente con temas que sí son relevantes pero que no tienen la dimensión de este inicio de año que ha sido particularmente grave para la economía familiar.
Por ahí había un punto de acuerdo de Profeco, que nosotros íbamos a estar de acuerdo, creo que no va a pasar de urgente. Concluyo, presidenta. Por este acuerdo de la Comisión, no va a subir nuestros dos puntos que registramos, que es muy restrictivo, pero nosotros estamos pidiendo que el SAT retire de su portal esta lista, hasta que no se corrija, que no se fundamente y motiven y se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos contribuyentes.
Y por último, además, que se incluya, en su caso, a quienes han sido objeto de condonaciones de créditos fiscales. Y estamos pidiendo, de igual manera, que la Profeco establezca sanciones fuertes a todos los que están especulando con estos aumentos de inicio de año.
La cuesta de enero, compañeros y compañeras legisladoras, se está convirtiendo en la cuesta sexenal. Ya no un mes, si no un sexenio de aumentos, de agravios y de atentados a la economía familiar. Por esa razón lo exponemos y, en el caso específico del punto de acuerdo que propone la diputada Vázquez, estamos a favor. Es cuanto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidenta. Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza nos manifestamos a favor de que sea aprobado el presente punto de acuerdo propuesto por esta Comisión Permanente, por considerarlo de una suma importancia para garantizar el sustento de un importante sector de la población, pero además porque busca que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía implemente políticas públicas que –por una parte– apoyen y –por otra– promuevan la producción, comercialización y venta de juguetes tradicionales mexicanos, producidos por artesanos y pequeños empresarios interesados en preservar las tradiciones y la riqueza cultural de nuestro país, y sus diferentes regiones, comunidades y culturas.
Sin duda alguna el promover y apoyar la fabricación y consumo de juguetes tradicionales mexicanos a lo largo del año, que recién inicia, permitirá a los productores, artesanos y pequeños empresarios contar con los inventarios necesarios para eventualmente enfrentar un incremento en la demanda de los juguetes por ellos producidos.
Para ello será necesario que en una primera oportunidad las instancias gubernamentales brinden los apoyos económicos y técnicos que resulten precisos para incrementar la producción y, en una segunda fase, promueva la venta y consumo de estos juguetes, mediante eficaces y llamativas campañas de comercialización que promuevan las características lúdicas, educativas y formativas que los juguetes tradicionales mexicanos ofrecen a los menores.
Ésa, consideramos, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, es la principal característica del juguete tradicional mexicano. Es un instrumento de entretenimiento, y también es formativo y educativo.
En general los juguetes tradicionales mexicanos incentivan la imaginación de los chicos, ayudan a agilizar algunos de sus sentidos, son facilitadores de conductas socializantes y ayuda a un mayor entendimiento del ambiente en el que se desarrollan nuestros niños y nuestras niñas.
Pero además son parte de un importante sector de la economía local de muchas comunidades y regiones del país, un significativo número de miembros de comunidades indígenas se dedican a la producción artesanal de juguetes, pero también existen pequeños y micro empresarios que han hecho de la producción de juguetes tradicionales la fuente de ingresos de su familia y de personas que laboran con ellos.
En virtud de lo anterior en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza reiteramos nuestro apoyo a la probación del punto de acuerdo que hoy nos ocupa, manifestando nuestro apoyo y nuestro respaldo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Raymundo King de la Rosa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el oficio de los artesanos resulta especialmente valioso para cualquier sociedad, toda vez que los productos por ellos elaborados son el reflejo de la cultura y el medio ambiente de la región donde viven, lo que contribuye a crear una identidad comunitaria, lo que hace única y apreciable a la artesanía.
La permanencia del oficio artesanal en nuestro país ha traído consigo la creación de objetos que han dejado de ser de uso cotidiano para convertirse en delicadas piezas que son apreciadas en todo el mundo por su sencillez, belleza y dignidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011 se contempla que 1 millón 800 mil miembros de la población económicamente activa trabajan en actividades artesanales, siendo los estados con mayor número de artesanos como: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, estado de México, Distrito Federal, Guanajuato y San Luis Potosí, de esta forma los artesanos no solo configuran una parte de la economía del país, donde es una alternativa real para la protección de la economía familiar, en donde hacia allá van dirigidos los esfuerzos que se han venido presentando en los últimos tiempos en esta actual Legislatura y en la cual con las reformas estructurales irán consolidándose, tenemos una plena convicción de que así será.
Por ello, es importante que se vea reflejado en el trabajo los elementos de la propia tierra y la imaginación que les brinda, razón por la cual darnos la tarea de proteger y fortalecer, tan noble oficio que por diversas características tiende a su desaparición. En estas épocas la compra desmesurada de un sin fin de productos pone en riesgo la producción de las artesanías, las cuales por su poca popularidad y difusión no logran conseguir la venta deseada por lo que muchos artesanos buscan otra fuente de ingreso, mermando así su economía y la cultura de nuestro país.
Los juguetes, en tanto a artesanías representan la preservación verdadera de la inocencia de la infancia, ya que su colorido y funcionalidad ofrecen la posibilidad de entretenimiento y el desarrollo de la imaginación de los niños. Es responsabilidad de este órgano parlamentario proteger la cultura, el arte y la economía de aquellos grupos socialmente vulnerables dando la pauta para que su trabajo sea valorado por la comunidad otorgándole la importancia que éste merece.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente punto de acuerdo, ya que más allá de la importante protección de la economía de los artesanos, resulta trascendental de conservar la cultura de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra para el mismo tema, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PAN.
La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, presidenta. Estando de acuerdo en que hay problemas serios y que están golpeando a las familias mexicanas a partir del primero de enero, también creo que es importante hablar de con qué juegan los niños y cómo se relacionan y cómo socializan, así que yo estoy de acuerdo en que se promueva, y quiero decirlo muy enfáticamente, que los niños vuelvan a hablar con sus amigos, que vuelvan a compartir, que vuelvan a competir, que vuelvan a tener habilidades manuales que son fundamentalmente lo que las artesanías o los juegos artesanales permiten que los niños desarrollen otra vez sus habilidades psicomotrices, que tengan relación entre ellos, que puedan jugar en la calle; ojalá los niños pudieran volver a jugar en la calle.
Pero también aparece que el tema de las artesanías es, no solo para los niños, es mucho para las familias de artesanos. Aquí ya han hablado de las familias que viven de la artesanía y que tenemos que cuidar como una fuente de ingresos para muchas familias en nuestro país, que al mismo tiempo tiene que ser sustentable; los trompos son de madera, por ejemplo.
Tiene que volver a ser sustentable y tiene que permitir una cadena productiva que le dé valor agregado, que no digamos nuestros artesanos, nuestros paisanos. Son gente productiva que ha hecho todo su esfuerzo, que durante cientos de años ha transmitido cómo se pueden tener, no caros, sí lindos, sí de compartir y que las familias que los producen tengan un ingreso digno.
Para ello hay modificaciones a las leyes de Artesanías. Ojalá que quien es responsable de las artesanías en este país lo vuelva a mirar como algo de primera necesidad. Yo presenté una iniciativa de modificación a la Ley de Artesanías en el Senado de la República.
No sobra invitar a la Comisión de Economía -precisamente la tiene en su seno- que la trabaje, que la haga conocer, que la comparta con Fonart, que le hagan las aplicaciones, modificaciones, lo que tengan que hacer.
Los artesanos no sólo son importantes en tiempo de elecciones. Los artesanos viven de su trabajo, pretenden darle de comer a sus hijos y de que el resultado de su trabajo sea digno. No los intermediarios, no los que llegan a la puerta de su casa y les dan pipichuelas a cambio del trabajo que han elaborado con sus manos, sino que puedan tener venta directa, que puedan ser capacitados en calidad, que puedan hacer cooperativas, que puedan volver a darle a las artesanías la vida, la historia, la cultura que merecen las artesanías mexicanas.
Estoy de acuerdo en que volvamos a hacer que las niñas y los niños tengan la posibilidad de reconocer juegos hechos con las manos de mucha gente y que puedan volver a compartir entre otros niños, entre muchos niños cómo puede haber paz, cómo puede haber armonía, cómo pueden jugar no juegos de guerra, sino juegos de destreza, manuales, de habilidades psicomotrices. Estamos de acuerdo entonces en que volvamos a hacer esto con los niños en tiempo de Reyes, pero también en tiempo de vacaciones y en tiempo de escuela. Que los niños vuelvan a compartir sus capacidades y su posibilidad de desarrollar sus habilidades psicomotrices. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora. Consulte la Secretaría a la asamblea...
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, señor diputado.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Es digno de aprobarse este acuerdo.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos en la tribuna.
El diputado Javier Orihuela García: Compañeros, es digno de aprobarse este punto de acuerdo, yo no le veo ningún problema. Yo lo que quiero resaltar es que esta Comisión Permanente abordara los problemas de fondo que hay con la industria del juguete.
Yo quiero aquí denunciar que hoy, a 20 años de los tratados de libre comercio, uno de los sectores económicos afectados por ese tratado criminal, o que ha ocasionado la emigración de millones de mexicanos a Estados Unidos, que ha ocasionado el desempleo de millones de campesinos, muchos de ellos productores de juguetes artesanales como trompos, carritos de madera, etcétera, sobre todo de aquéllos sectores del medio rural y del medio indígena, denunciar que esos juegos efectivamente ya son piezas de museo en muchos lados.
Y no basta con exhortar a la Secretaría de Economía o a todo el gobierno a que compre solamente. Necesitamos cambiar ese tratado de libre comercio para que se proteja la industria del juguete.
Cuánta importación tenemos que hace la competencia desleal. Cuánta importación tenemos de juguetes con esa orientación belicosa y que no podemos ni Profeco ni los medios de comunicación ni las instancias gubernamentales pueden controlar.
Compañeros y compañeras, yo creo que en esta Comisión Permanente aceptamos esa propuesta, pero tiene que ir al fondo del asunto. Cómo vamos a recuperar los millones de empleos perdidos por esa competencia desleal a la industria del juguete nacional y a las artesanías mexicanas.
Propongo a esta Comisión Permanente que revisemos el tratado de libre comercio y que se cambien los términos en que ahorita se están importando millones de juguetes de China, de muchos lados. Vayamos a las comunidades y veamos que cosa es lo que consumen nuestros niños ahora el 6 de enero. ¿Qué cosa es lo que compraron? Puros juguetes chatarra que nos venden.
La industria de las artesanías, yo quisiera ver que vayamos a las comunidades indígenas; mi distrito es una comunidad indígena, hay una comunidad indígena y está destruida. ¿Por qué? Porque hay una competencia desleal, compañeros, producto de un tratado de libre comercio que ha ocasionado toda esta miseria, este desplazamiento de la economía.
Y, señores, no podemos decir, y yo veo con nostalgia y además mi reconocimiento a la diputada porque con qué nostalgia nos narra cómo jugábamos al trompo y a los carritos. Pero señores, este Poder Legislativo tiene que tomar medidas para que la industria del juguete cambie, se recuperen los empleos y efectivamente los niños tengan la posibilidad de acceder a un juguete digno.
Ojalá pudiéramos revisar ese tratado de libre comercio, compañeros legisladores y legisladoras, porque se va a seguir deteriorando la economía de aquellas regiones donde producen artesanías. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pegunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada; comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra por cinco minutos la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emplee los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y de las demás personas que están en su misma situación.
La senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: Gracias, presidenta. Presento este punto de acuerdo motivada por Carlos Gutiérrez y espero que compartan conmigo la necesidad de atenderlo de obvia y urgente resolución; seguramente que todos conocemos a alguien cercano a nosotros que está en esta condición de desplazado.
“Me amputaron mis pies, pero sigo de pie”. Son las palabras de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, a quien en el 2009 le fueron amputados los pies por no pagar extorsión a la delincuencia organizada como una lección a las personas que se reúsan a pagar la cuota.
Hasta ese momento al mes, le solicitaban el pago de hasta 10 mil dólares mensuales. Meses más tarde del terrible acontecimiento, Carlos presento una solicitud de asilo a los Estados Unidos de América. Sin embargo aun con los antecedentes su caso fue tramitado como de baja prioridad.
En octubre de 2013, con ayuda de sus prótesis, Carlos comenzó una proeza: recorrer 700 millas, durante dos semanas entre El Paso y Austin, Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de la violencia que deja la delincuencia organizada en nuestro país.
El primer objetivo de Carlos fue concluido: llegó a la capital del estado de Texas, a Austin; sin embargo, ya planea su siguiente viaje que tiene como destino la ciudad capital de Washington, D. C. para ser escuchado por políticos estadounidenses y que de esa manera cambien las leyes de aquel país.
Bajo la campaña Pedaleando por la Justicia se busca hacer conciencia acerca de la corrupción que se vive o de la no actuación para evitar que haya más extorsiones y más delincuencia organizada, así como sensibilizar al gobierno de Estados Unidos de América, ya que han rechazado más del 90 por ciento de los casos de asilo político.
Carlos Gutiérrez pertenece a Mexicanos en el Exilio con sede en El Paso, Texas. Dicho organismo está conformado por hombres, mujeres y niños quienes tuvieron que huir ante la ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada en México.
Otro caso es el de la familia Porras González, comerciantes de la comunidad de Villa Ahumada, Chihuahua que, ante el homicidio de dos integrantes de su familia supuestamente por afiliación política, se trasladaron a El Paso para solicitar asilo político.
En Michoacán, según la investigación de un diario digital nacional que se ocupó de hacerlo, de ir a preguntar a los municipios, más de cinco mil personas han pedido carta para solicitar su asilo político en Estados Unidos.
A decir de los abogados de la organización Mexicanos en el Exilio, el proceso de asilo toma mucho tiempo, como unos cinco años, y en ese lapso los solicitantes permanecen en el limbo. Ante ello, es prioritario que se visibilice la urgencia de la situación de las personas y que de esa misma forma se agilice el sistema migratorio en los Estados Unidos de América.
Sabemos que es decisión es de Estados Unidos, pero hay muchos mexicanos que queriendo vivir bien, que queriendo vivir en paz, se quedan en ese limbo y además no son tomados en cuenta por las razones por las que exponen su necesidad de recurrir al asilo en los Estados Unidos.
Por esta motivación, por esta pedaleada y por cientos o por miles de mexicanos que están en la misma situación es que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo. Es un punto único.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emplee los medios diplomáticos necesarios, contacten a las autoridades de los Estados Unidos de América a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y puedan entender y armar un protocolo que permita que cientos de mexicanos que están en la misma situación puedan recibir asilo político. Es cuanto, Presidenta, y espero que se discuta como de obvia y urgente resolución.
La Presidenta senadora Lizbeth Hernández Lecona: Gracias senadora. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Raymundo King de la Rosa: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier Orihuela García: Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, qué triste es reconocer esta realidad. Qué triste es reconocer que tengamos que pedirle al gobierno de Estados Unidos que agilice el asilo de un ciudadano nuestro. Qué triste es reconocer que la realidad delincuencial en nuestro país azota a los ciudadanos y que nosotros como Estado mexicano no somos capaces de proteger a nuestros propios ciudadanos.
Qué triste es reconocer que el mismo presidente haya dicho que el número de secuestros haya ido en aumento. Qué triste es reconocer que en el gobierno de Calderón fueron miles y miles de ciudadanos secuestrados, asesinados y quedó en la impunidad.
Y hoy que triste es reconocer esa misma realidad ampliada, compañeros. Creo que no solamente es necesario pedir, diputada Calderón, que se agilice. Esta Comisión Permanente tiene que hacer algo para proteger a los miles de ciudadanos que hoy están en la condición de Carlos Gutiérrez. Hoy están en la condición de Carlos Gutiérrez que quisiera irse de este país porque no encuentra la protección del Estado mexicano, porque no quieren denunciar el secuestro de sus familiares por temor a que el ministerio público al que están denunciando, sea cómplice de los extorsionadores, de los secuestradores.
En Morelos pasó esto con una maestra, que la asaltaron en el camino de Cuernavaca-Tepoztlán, le quitaron su camioneta y los familiares recurrieron con nosotros, hay que hacer la denuncia. Fueron hacer la denuncia, en el mismo instante en que estaban haciendo la denuncia les llamaron los secuestradores: hija de tu chingada madre no hagas la denuncia porque te va a cargar la chingada a ti y a tus hijos. En ese mismo instante.
¿Cuál es la protección, entonces compañeros? Los extorsionadores son parte del mismo Estado mexicano, del ministerio público, de las policías, compañeros.
Exhorto aquí a todos nuestros compañeros a que tenemos que hacer algo. En el estado de Morelos el índice de secuestros ha aumentado. Allá van a los puestos con metralleta a pedir piso, el pago de piso.
Compañeros, yo estoy de acuerdo en que exhortemos al gobierno de Estados Unidos –hasta dónde hemos llegado, verdad–. Fíjense nada más, a pedir asilo a un gobierno extranjero a nuestros connacionales. Es grave, sin embargo creo que es necesario que esta Comisión Permanente agilice los trámites, pero sí yo exhorto a que nuestra presidenta pidamos la presencia del secretario de Seguridad Pública de Gobernación aquí en esta Comisión Permanente, que no explique por qué estamos llegando a ese grado de dependencia con respecto a la función que debería ejercer el Estado mexicano con respecto a sus connacionales.
Compañeros, de veras compañeros del PRI y del PAN, necesitamos hacer algo, no podemos continuar, este país no puede continuar así. No podemos exponernos a esta ridiculez de estar pidiendo agilizar los trámites para que un connacional se vaya a proteger a otro país. ¿Entonces está destruido el Estado mexicano, están destruidas las instituciones que deben dar garantía a los ciudadanos mexicanos, compañeros?
Yo creo que no, compañeros, no nos demos por vencidos. Tenemos que recuperar la capacidad del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos, compañeros. Si los que están al frente no son capaces que renuncien. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar al favor, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con su permiso, presidenta. Posicionamiento a cargo del Grupo Parlamentario del PRI, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que agilice los trámites diplomáticos necesarios a fin de solicitar su asilo político para diversos ciudadanos.
Compañeras y compañeros legisladores, para nadie es un secreto que nuestro país vivió la primera década del siglo XXI la peor de las violencias en la historia del México contemporáneo. Ciudadanos, pueblo, comunidades y estados fueron testigos de cómo su vida cotidiana se convirtió en una barbarie.
En diferentes rincones del país las y los mexicanos enfrentaron en la soledad la injusticia, la impunidad y la constante violación a sus derechos fundamentales, mientras las fuerzas del Estado padecían frente al exponencial crecimiento del crimen organizado.
Como Carlos Gutiérrez, cientos fueron víctimas de los peores delitos inhumanos y sangrientos, así como la corrupción, negligencia y opacidad institucional. Ciudadanos que perdieron su patrimonio, su techo, las piernas y la vida, pero también la confianza en el Estado, su tranquilidad personal y la certeza y seguridad jurídica que la ley fundamental consagra y que debe ser garantizada a todos y cada uno de los mexicanos.
Ante el crimen de inseguridad, violencia e ingobernabilidad, su último recurso fue salir del país y pedir asilo y protección a gobiernos extranjeros, petición fundada y motivada por el horror, al cual sin duda tiene derecho. Sin embargo en esta tribuna el Grupo Parlamentario del PRI no puede dejar de señalar que esta petición nos llena de oprobio, pues muestra la incapacidad que en su momento tuvo el Estado para cumplir cabalmente con su función primigenia; velar por la vida e integridad y el patrimonio de los mexicanos.
Votamos a favor del presente punto de acuerdo, pues ello implica votar a favor de los derechos de Carlos y de otros mexicanos que como él aspiran a vivir una vida digna, segura y bajo el amparo de la ley. El derecho al movimiento es un derecho humano, como tal es incuestionable.
Desde este Congreso estamos obligados a realizar lo conducente en el ámbito de nuestra competencia, para que cada mexicano y mexicana lo ejerza. Un voto que lleva intrínseco nuestro apoyo incondicional, en el cual descansa en la justicia y en la sensibilidad humana.
Si su deseo es salir del país y poner distancia a los recursos de horror en su derecho, como también en su derecho de continuar o no claudicar en su lucha por la paz y la seguridad de justicia.
Refrendamos nuestra convicción para reorientar el rumbo de México y de los mexicanos, para convertirnos en una nación próspera, generosa y de oportunidades que nos merecemos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el senador Zoe Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El senador Zoe Alejandro Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, creo que este tema que se está discutiendo no tiene ninguna forma de aproximarse a él sin conmoverse, sin pensar en la tragedia que viven miles de mexicanos, pero también da pie a darnos cuenta de la falta de información que existe sobre casos como el de Carlos.
Quiero aclarar que sin duda hacemos un reconocimiento pleno a Pedaleando por la Justicia y al movimiento de Mexicanos en Exilio, pero me llama mucho la atención que la senadora Calderón haya dicho al inicio de su intervención, que quizá nadie de nosotros aquí presentes escapa a tener algún familiar o amigo desplazado. Y sin duda tiene toda la razón, pero confunden a los asilados, confunde a los refugiados y confunde a los desplazados, por una razón muy simple, ni en el gobierno anterior y hasta el momento en este gobierno, hay un reconocimiento al fenómeno del desplazamiento interno de nuestro país.
Ésta es una categoría por completo diferente a la situación que vive Carlos, que por suyo es totalmente atendible por esta Comisión Permanente. Pero su caso es distinto, es el de un asilado político al que hay que defender y hay que proteger, y en eso estamos de acuerdo, pero no es un desplazado, por una simple razón, la categoría de desplazamiento interno a nivel internacional existe, hay una relatoría especial que preside Chaloka Beyani en las Naciones Unidas dentro de ACNUR, para la atención de los desplazados internos.
¿Cuál es la única diferencia entre un desplazado y un asilado o un refugiado? Que el desplazado no abandonó su territorio nacional, no cruzó una frontera internacional. Y hay, por lo menos, un cuarto de millón de mexicanos en situación de desplazamiento.
Mexicanos que producto de esta insensata guerra contra el crimen organizado han tenido que abandonar su lugar de residencia por temor a sufrir represalias por el hecho de vivir donde viven. Son personas que tuvieron que abandonar su casa, su ciudad, a sus amigos, a sus familiares, sus pertenencias, porque el Estado mexicano no pudo cumplir con su principal tarea, la de proteger la vida de sus ciudadanos. Ésos son los desplazados.
¿Cuántos hay en México? No lo sabemos, porque no lo reconocemos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, son los grandes invisibles del gobierno de Felipe Calderón.
Simplemente se decidió pensar que no había desplazados en el país. Y hoy por eso es que no tenemos una cifra y por eso luego nos confundimos con los asilados. Pero el tema de los desplazados también debe ser motivo de legislación.
Hoy en el Senado de la República hay una iniciativa de Ley General para la Atención al Desplazamiento Interno. Es una iniciativa que en palabras de Helen Clark, la número dos del Programa de las Naciones Unidas, ya que preside el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha dicho y señalado que para la atención al fenómeno del desplazamiento en todo el mundo no hay mejor forma que legislar y darles una categoría y un estatus jurídico a estas personas, para que se les atienda y podamos encontrar, a partir de las leyes, soluciones duraderas a su situación, soluciones que pueden ir desde el retorno seguro a sus lugares de origen o el establecimiento en una nueva localidad, porque de plano el retorno es imposible.
El tema lo conocemos muy bien en Chiapas, porque en Chiapas hay un fenómeno de desplazamiento por motivos de intolerancia religiosa por motivos agrarios, el fenómeno, el movimiento zapatista generó otra categoría de desplazamiento pero no son producto de la delincuencia.
El desplazamiento se ha concentrado en el norte del país y ahora empieza a haber desplazados, por supuesto, en Michoacán, en Guerrero y en otras partes de nuestro país que están azotadas por el crimen organizado.
Pero yo no tenía pensado hacer uso de la tribuna, me llamó la atención el tema, por supuesto, porque conozco el asunto y el movimiento del que forma parte Carlos, pero sí quiero decir que me preocupa que legisladores tan cercanos a la administración pasada no distingan un fenómeno tan grave como el de desplazados, del de el asilo y el refugio.
El país, nuestro país, ha sido un país virtuoso en recibir refugiados, y lo sabemos. Y por eso vamos a apoyar este punto de acuerdo, porque creemos en el virtuosismo de ser un país receptor de refugiados, recibimos el refugio español, recibimos el refugio, en los años ochenta, de cerca de 20 mil centroamericanos que huían de la guerra civil que había en sus países. Pero el desplazamiento interno es un asunto de los mexicanos y que debe ser atendido por los gobiernos de nuestro país.
Por supuesto que el reconocimiento nuevamente a Carlos, al movimiento de Mexicanos en el Exilio, a Pedaleando por la Justicia, pero también el reconocimiento a que en el país, se quiera o no ver, existen desplazados a los que se debe atender con toda la seriedad. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra, por alusiones personales, lo ha solicitado, la senadora Calderón Hinojosa.
La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, senadora presidenta. Claro que hay una diferencia importantísima entre desplazados y quien pide asilo. Y seguramente que una de las formas o de las razones por las que algunos pueden pedir asilo y otros no, es que están cerca de la frontera y pueden pasar.
También es seguro que el problema de los desplazados es un problema que vivimos y que están adentro y que pasan de un pueblo hacia otro y que también es cierto que es difícil contabilizarlos.
Lo que quisiera sólo enfatizar es que es bien fácil decir: los otros lo hicieron mal, los otros no lo pudieron contar. En mi estado hemos tenido gobiernos del PRI, del PRD. Ahí también hay desplazados, ahí también hay violencia. La que hoy vivimos es incontenible, es insostenible, pero aquí es inhablable.
Es cierto que vivimos una problemática gravísima, delicada, que no nace por generación instantánea, que se va promoviendo, que va descomponiéndose, y que nuestro país tiene más de 60 años. Si queremos hablar claro hablémoslo claro, pero es bien irresponsable decir: los otros no lo hicieron, cuando en nuestras propias comunidades hemos tenido gobiernos de nuestros partidos o han tenido gobiernos de sus partidos y no hay generación espontánea, y no hay responsabilidad de un solo personaje.
En este país vivimos una grave problemática, hablémosla si quieren en otro tema, en otro lugar, pero hay un problema que genera desplazados, que genera asilados, que genera muchísimo dolor. No se trata aquí de irresponsablemente decir: allá otros no lo supieron hacer.
Hoy en 2014 vivimos una grave problemática en la que todos debemos sumarnos responsablemente, si quieren prudentemente, si quieren en un espacio en el que podamos habla muy claro todos y decir cómo entre todos en la responsabilidad que nos corresponde también nosotros somos servidores públicos, también tenemos que atender el problema, también los legisladores, también los alcaldes, también los gobernadores, también el presidente de la República, tenemos que asumir que vivimos una problemática gravísima, insostenible en algunos estados.
Pero no digamos que otro, sólo otro, no hiso las cosas. Otros, muchos otros, dejaron de hacer. Otros, muchos otros, guardaron silencio. Otros, muchos otros, fueron cómplices. Hoy 2014 digamos es responsabilidad de todos nosotros, y trabajemos todos porque no haya desplazados, porque no haya gente que necesite asilo, porque tengamos paz, porque tengamos buena convivencia, porque volvamos al Estado de derecho, porque cada quien haga su parte y no tenga que excusarse en que otro no hizo su tarea. Estamos en 2014. Gracias, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. Lo que deja de manifiesto este punto de acuerdo, donde dramáticamente un empresario chihuahuense, Carlos Gutiérrez, está haciendo un recorrido por el vecino país pidiendo asilo, dado la grave situación de inseguridad que le ha tocado vivir en carne propia y por virtud de la cual sus secuestradores lo mutilaron, éste es un caso sin duda gravísimo, que evidencia junto con otros más el colapso de la seguridad pública en México. Ése es el tema de fondo.
Más allá de echarse unos a otros o de no asumir culpas quisiera reconocer en todo caso la honestidad de la senadora proponente, que no obstante la complejidad del tema en su caso lo está asumiendo con todo realismo. Pero no solamente es el caso de Carlos, es el caso de miles de mexicanos que quizás no tienen los medios, aun en la condición personal de discapacidad que tiene Carlos, pero hay cientos de miles de mexicanos que se han desplazado producto de la violencia y del modelo fallido de seguridad pública que vive el país.
Este modelo fallido se inauguró en Michoacán, en diciembre de 2006 y ha sido mantenido por Enrique Peña Nieto en su presente administración; evidentemente ha cambiado el enfoque discursivo, ya no se habla de guerra contra el narcotráfico, se habla de, por un México en paz, según el Plan Nacional de Desarrollo; pero en esencia es la misma política de combate al crimen organizado, que no atiende a las clases sociales, sino únicamente un enfoque represivo y policíaco que ha mostrado su rotundo fracaso.
Coincido con el senador Robledo, cuando habla de que no solamente son los que hoy piden asilo, sino también el tema de los desplazados internos en México, que hay de estados de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Guerrero, de Michoacán, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Sonora, de Tamaulipas y de Veracruz, según el Centro de Vigilancia de Desplazamiento Interno que es un organismo internacional.
Es decir, la gente ha tenido que desarraigarse de sus lugares de origen para escapar del fenómeno delictivo, para escapar de los cárteles de narcotraficantes o de la violencia criminal. En este año y meses que van del actual gobierno, lo que ha crecido –y lo reconoce el propio gobierno– es el número de extorsiones y secuestros que se han venido dando en los últimos meses y sin duda por eso hay mexicanos, que como Carlos, lanzan este grito desesperado y pretenden ser asilados en otra nación.
El derecho humano a la seguridad es un derecho universal, es un derecho que no tiene fronteras; por esa razón estamos de acuerdo en el punto que hoy se somete a esta Comisión Permanente, pero no podemos simple y sencillamente decir que esto no es producto de un modelo fallido de seguridad pública; que esto no es producto de una política de combate al crimen organizado que ha mostrado su fracaso.
No podemos tampoco dejar de lado los casos de los mexicanos que tienen que abandonar sus comunidades por esta violencia, no podemos tampoco señalar casos tan graves de falta de expectativa de jóvenes, y aquí traigo a colación por ejemplo, una encuesta que sacó el Barómetro de Opinión Pública que hizo en la comarca lagunera, donde ocho de cada 10 jóvenes, su sueño es salir de la región lagunera por la violencia; es decir, está generándose un modelo de pérdida de expectativas de la gente provocada por esta gran inseguridad pública que vive el país y que no ha sido erradicada por este gobierno.
Por esa razón, cualquier esfuerzo que hagan mexicanos por llamar la atención y por buscar su protección personal nosotros lo avalamos. Pero denunciamos el fracaso de la política que ha seguido el PRI y el PAN en materia de seguridad pública en el país; es un modelo fallido, no sabemos hasta cuándo lo quieran seguir sosteniendo, qué más fracasos quieren seguir acumulando para seguirlo manteniendo. El problema del país es un problema, además de delincuencial, es un problema de carácter económico y es un problema de carácter social. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental.
El senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros legisladores y legisladoras. En la campaña presidencial de 2012 hubo un asunto que fue objeto del mayor debate político nacional.
Todos recordamos lo que ocurrió en la Universidad Iberoamericana cuando se presentó el candidato Enrique Peña Nieto y, a raíz de eso, él sacó un manifiesto que llamó por una presidencia democrática, en donde se comprometió a crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información. Éste mismo compromiso lo reiteró en su discurso de toma de posesión, de protesta constitucional el primero de diciembre.
Sin embargo a la fecha, este compromiso que es fundamental para la democracia y la rendición de cuentas sigue sin cumplirse, entonces estamos presentando un punto de acuerdo para que se exhorte –por lo pronto– al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos de los estados a que por razones de ética política y de cumplimiento de lo que establece el artículo 134 de la Constitución, pues no utilicen los recursos públicos con estos fines.
Segundo. Para que las iniciativas que ya existen sobre publicidad gubernamental –hay una iniciativa que presentamos senadores del PAN y senadores del PRD- sean dictaminadas en las comisiones y exijamos que se cumpla con este compromiso.
Tercero. Para que exhortemos a las Legislaturas locales para aprobar la reforma política en donde se contiene un punto sobre la publicidad gubernamental.
Me parece que mientras no resolvamos este tema podemos estar hablando mucho de democracia y de rendición de cuentas, pero estamos haciendo exactamente lo contrario. Yo no conozco ningún régimen político democrático en donde para sostener la imagen del gobierno se tengan que gastar lo que se gasta en México. Y no conozco ningún sistema de rendición de cuentas donde la rendición de cuentas se aproveche exactamente para lo contrario, para la propaganda en favor de los funcionarios públicos.
Por lo tanto solicito que sea solicitado éste como un punto de acuerdo de urgente resolución. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Raymundo King de la Rosa: En votación económica se consulta a la asamblea si es considerada de urgente resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se destinen los recursos económicos, materiales y humanos a fin de que se repare a la brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del 2013 en la autopista Tijuana-Ensenada, del estado de Baja California, suscrita por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, senadora presidenta. Como ya se ha señalado este punto de acuerdo es suscrito por el diputado Jaime Bonilla Valdez, con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del cual es integrante, y bajo los siguientes
Considerandos
El desarrollo de nuestro país no se puede concebir sin que logremos crear un sistema eficiente de transporte tanto para mercancías como personas. Si bien éste no es el único factor para llevar a México a lo que se ha dado en llamar “el primer mundo”, sí es condición sin la cual no podremos salir del subdesarrollo.
Como es claro, un sistema eficiente de transporte depende, entre otras cosas, de que haya suficientes caminos, vías de ferrocarril, puertos y aeropuertos, en cantidad y calidad. Es decir, que se tenga la infraestructura necesaria y en buen estado.
Desafortunadamente como se develó en el V Foro Internacional Desarrollo Urbano Sustentable de Calidad, México ocupa un lugar muy bajo en cuanto al índice de competitividad de la infraestructura, ubicándose en el lugar 66 de 142 países.
De hecho en este rubro nos encontramos por debajo del promedio de América Latina. De tal forma que nuestro país compite en el mercado mundial, en el mejo de los casos con una infraestructura mediocre, si no es que de plano mala, cuando es bien sabido que la infraestructura carretera es uno de los principales condicionantes para la dinámica económica regional y nacional, ya que determina la conexión territorial y el traslado eficiente de productos y personas.
En el caso particular de Baja California, en parte por su condición de península conectada con el resto de México tan solo por una pequeña franja de tierra en su parte noreste y por su lejanía con el centro del país, históricamente la infraestructura vial ha sido escasa y de mala calidad.
Por muchas décadas solo interesó a los gobiernos federales comunicar a la zona fronteriza de Baja California, ya que esta parte es la puerta de entrada a los Estados Unidos y en particular a California, estado del vecino país que por sí solo presenta una de las mayores economías del mundo y por lo mismo es de los principales mercados internacionales.
Actualmente, según datos del Inegi, contamos en el estado de Baja California con tan solo mil 705 kilómetros de carretera troncal federal, principal o primaria, y de estos kilómetros buena parte corresponden a la carretera federal número uno, que atraviesa de norte a sur todo el estado de Baja California, prolongándose hacia el sur del vecino estado de Baja California Sur, uniendo a las ciudades de Tijuana, Baja California, con el puerto de Los Cabos, en Baja California Sur.
Como parte importante de la red carretera del estado, tenemos la autopista que conecta la ciudad de Tijuana con Ensenada. Este último es un sitio de importancia por su actividad portuaria, pesquera y turística, de tal forma que para la economía regional y nacional esta carretera es de gran importancia.
El pasado 26 de diciembre, a consecuencia de un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro a 70 kilómetros de Ensenada, Bajo California, en esta importante vía se presentó un desnivel de apenas 30 centímetros, pero para el 28 del mismo mes lo que originalmente era este desnivel insignificante se convirtió en un hundimiento de más de 40 metros de profundidad y 300 metros de largo, que dejó inutilizable la carretera.
Al día de hoy, para poder comunicar esas dos importantes poblaciones se está desviando el tráfico ligero por la carretera libre Tijuana-Ensenada que es de menor calidad que la autopista afectada. A los camiones con cargas superiores a las tres toneladas se les hace ir por la carretera federal tres Tecate-Ensenada, pero esta solución plantea problemas ya que, como se mencionó, la carretera libre es de mala calidad, lo que repercute en el tiempo y seguridad de los viajeros.
Por otra parte, desviar el tráfico pesado hacia la ciudad de Tecate crea problemas serios en esta población, además de hacer el viaje de las mercancías más largo y por lo mismo más costoso.
Las vialidades en la ciudad de Tecate, Baja California, no están diseñadas para que por ellas pasen grandes cantidades de camiones pesados, por lo que en dicha ciudad se crearán serias complicaciones viales y posibles afectaciones serias a la carpeta asfáltica.
De todo lo anterior se desprende que la solución debe ser restablecer a la mayor brevedad posible la comunicación Tijuana-Ensenada por medio de la autopista afectada. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo considerada de urgente u obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera inmediata se destinen los recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del año pasado en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin de que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.
Es cuanto, senadora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se registraron para hablar a favor el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El senador Héctor Yunes Landa: Muchas gracias, presidenta. Efectivamente compañero diputado Bonilla. La autopista escénica Tijuana-Ensenada, desde que se construyó, desde que se inauguró, ha tenido problemas relacionadas con las fallas geológicas de esa región.
Es un problema que no sólo tiene esa autopista, lo tienen ese tipo de caminos no sólo en su estado, también en los Estados Unidos, son problemas de la naturaleza que lamentablemente en estas últimas fechas de complicaron por temblores y por lluvias.
Decirles que desde la misma inauguración en el 76, hubo el primer problema. Lo hubo después en el 95. El gobierno federal, el que fuera, quien estuviera al frente, ha estado particularmente pendiente de estos problemas, tan es así que en el año 97 se realizó una reconstrucción total de un tramo debido a un nuevo desplazamiento.
Con motivo de este evento, de este hundimiento del 28 de diciembre, de manera previa en el mes de agosto, precisamente de agosto del 2013, Capufe contrató a un empresa, la empresa Aldesem, con el propósito de estabilizar la zona, estabilizar el suelo justamente en los kilómetros 92 y 93; en el 93 fue este lamentable evento, evento que no nos sorprendió, que lamentablemente se dio, que seguramente se seguirá dando.
Por eso, creo que fue oportuno que Capufe haya convocado a las autoridades del gobierno del estado de Baja California, de su estado, de los gobiernos municipales tanto de Tijuana como de Ensenada, a la Policía Federal Preventiva, SCT, a la Secretaría de la Defensa Nacional para coordinar las medidas preventivas que se tenían que tomar ante un posible hundimiento como el que se dio.
Es importante destacar que previo al hundimiento, en esos mismos días Capufe cerró ese tramo de la autopista para evitar accidentes. Si en la televisión vimos un camión de cemento de doble remolque se fue en el hundimiento, es porque en el momento que estaba por darse el evento se le pidió al chofer que se fuera de revesera, él prefirió dejar el vehículo y bajarse, por eso es que cuando esto se dio el chofer no estaba incluso en esta unidad.
Vale la pena destacar también que en ningún momento han estado incomunicadas estas dos ciudades, Tijuana y Ensenada, estos dos municipios, como usted mismo aquí lo precisó. Se abrí un, se hizo un desvío provisional en el kilómetro 65 de la autopista, en la intersección de la carretera federal conocida como La Misión.
Quisiera yo decirles que como integrante de la Comisión de Comunicaciones en el Senado de la República he estado atento a este evento, independientemente por las tareas que ustedes saben cumplo en la entidad de Baja California, de carácter político, que no tiene caso la referencia aquí, sí decirles que estoy informado porque así lo consulté en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de que a mediados de la próxima semana Capufe tendrá un reporte de la empresa que fue contratada para hacer un estudio de mecánica del suelo, para decirnos de manera precisa qué es lo que procede hacer y en qué tiempo se hará.
Sobra pedirle al gobierno federal o a la Secretaría de Comunicaciones, que se aplique en la tarea porque nos consta, lo vimos en los medios de comunicación masiva, que desde previo al evento están atentos a ellos. Estamos con la propuesta. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. Como es del conocimiento público, en la madrugada del día 28 de diciembre, a la altura del kilómetro 93 de la carretera panorámica que comunica Ensenada con Tijuana se dio una afectación de aproximadamente 200 metros de carretera y cerca de 40 metros de profundidad, según informó Protección Civil del estado de Baja California.
Por esta razón nosotros creemos que es atendible desde luego el punto de acuerdo que expone el diputado Ricardo Cantú y que ha sido propuesto por el diputado Bonilla. Sin embargo, también queremos hacer hincapié en que históricamente en el país la infraestructura vial ha sido mediocre, de mala calidad y sobre todo cara. Debemos recordar incluso que como en otras materias, hubo un rescate carretero que significó miles de millones de pesos para poder mantener esta infraestructura y que representó para constructoras favoritas del régimen un negocio, como han sido las privatizaciones en el país.
Viajar por las carreteras de México resulta hasta tres veces más caro que las carreteras de otros países. Lo peor es que además del costo, hay afectaciones permanentes, reparaciones que no acaban, como es el caso, por ejemplo, también de la Autopista del Sol, que comunica a la Ciudad de México con Acapulco.
El caso que nos ocupa es característico de los malos manejos y la corrupción que impera en el sector carretero desde hace mucho tiempo. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada informó, mediante trabajos técnicos, que la zona de construcción de la carretera se caracterizaba por la existencia de deslizamientos rotacionales, dominados por la acción de la gravedad, considerada inestable por las fallas geológicas, todo esto antes de la construcción de la autopista. Sin embargo, la indiferencia y la corrupción por parte de los tres órdenes de gobierno permitieron la construcción de lo que hoy en día sabemos nunca debió suceder.
Existe irresponsabilidad de las autoridades federales al permitir la construcción de carreteras en lugares inestables que no cuentan con las condiciones mínimas para este tipo de transportación.
Para qué esperar que pase una tragedia para remediar los daños y querer tomar precauciones que debieron haberse realizado desde el momento anterior a la construcción.
Por todo ello hacemos un llamado a las autoridades, para que al igual que en esta carretera Ensenada-Tijuana lo hagan con el resto de las carreteras del país, y que se revise también las cuotas excesivas que se cobran precisamente por los traslados.
Estamos a favor de este punto de acuerdo, sobre todo, en solidaridad con la gestión que está haciendo el compañero diputado Bonilla, pero no creemos que sea suficiente un exhorto. Se deben revisar las concesiones carreteras otorgadas, se debe revisar todo el Estado que guarda la infraestructura vial del país y se tiene, sobre todo, que seguir revisando los casos de corrupción.
No puede ser posible que haya representado un negocio para unos cuantos y las condiciones de transporte terrestre vía carreteras sigan todavía, en nuestro país, en estas deplorables condiciones. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos económicos y materiales y humanos para reparar con la mayor brevedad el tramo afectado por hundimientos del 28 de diciembre de 2013, en la Autopista Tijuana-Ensenada, en Baja California, la infraestructura carretera del país, como se señala en el punto de acuerdo, está muy por debajo de los estándares de la competitividad, incluso, por debajo de los niveles de los propios países de su continente Latinoamericano, ello a pesar de que este país ha privilegiado las vías carreteras con el medio para la movilidad y tránsito de personas y mercancías, evidencia de ello es la casi desaparición de la actividad ferroviaria, particularmente en el caso del transporte de personas.
Esta situación nos lleva al punto nodal que impide el despegue y el desarrollo de México, la corrupción generalizada que carcome al país y cancela la viabilidad futura.
En el paisaje de todo el país encontramos siempre y en todo momento tramos carreteros en mantenimiento o reparación, y lo que subyace en estos trabajos es la maldita corrupción, contratos copeteados con el famoso diezmo, trabajos asignados por licitación por invitación restringida y/o mediante asignación directa a empresas de amigos o empresas de testaferros de los gobernantes o de servidores públicos que ven en la función pública su propio beneficio y enriquecimiento, y solo por excepción, el beneficio del país y su gente.
Habría que preguntar cuánto se deja de hacer por los montos que se desvían a los bolsillos de diputados que exigen comisiones por los proyectos presupuestales que se aprueban, por los diezmos que se llevan los presidentes municipales, delegados, gobernadores y la pirámide de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno.
También encontramos los tramos carreteros concesionados a los particulares en su momento y que han tenido que ser rescatados con cargo al erario público, por supuesto.
Y de todo lo anterior nadie es responsable. De la baja calidad, del deterioro temprano, de la construcción sin los estudios de suelo, de las especificaciones requeridas para un país sísmico como éste, al final, nuevamente son los recursos que aportamos todos o con deuda que se reparan, reproduciendo el ciclo de la corrupción antes mencionada.
No obstante lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática apoyará la petición formulada en el punto de acuerdo y exigiendo que los trabajos se hagan con la aplicación transparente y en la medida justa de los recursos que se solicitan. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, con el permiso del presidente. Me voy a referir al proyecto con punto de acuerdo que ha presentado nuestro compañero diputado Jaime Bonilla, en el cal expone la problemática generada en el estado de Baja California tras el movimiento sísmico que dejó inutilizable la carretera Tijuana-Ensenada el pasado día 28 de diciembre, lo cual repercute de manera perjudicial en la transportación de personas y mercancías al norte del dicho estado.
Sobre el particular, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de suma importancia la colaboración eficaz entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales, para atender de manera expedita dicho tramo carretero, ubicado a la altura del kilómetro 93, entre las importantes ciudades de Tijuana y Ensenada.
Cabe hacer mención que en dicho lugar se ubica una falla sísmica que generó un movimiento telúrico de 4.6 grados en la escala de Righter el pasado 26 de diciembre, razón por la cual se presentó un hundimiento de más de 40 centímetros sobre el asfalto, a lo largo de unos 300 metros de la ruta, dejándola intransitable para cualquier vehículo.
Así las cosas es necesario que la reparación inmediata e integral sea prioridad para las autoridades federales encargadas de velar por el adecuado funcionamiento de estas vías, ya que la solución temporal implementada se reduce a redireccionar el tránsito a otras vías alternas, como lo son la carretera libre Tijuana-Ensenada, la cual no tiene las especificaciones necesarias para un aforo vehicular cuantioso y pesado, generando condiciones susceptibles a posibles accidentes, sin mencionar la demora en los tiempos de traslado entre estas dos ciudades.
Si bien es cierto que a la fecha ya se han puesto en contacto distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de atender esta contingencia, apoyamos desde Nueva Alianza el presente punto de acuerdo, ya que éste puede ayudar a coadyuvar y acelerar los trabajos de reparación para reducir las pérdidas e inconvenientes que la paralización de esta importante ruta está generando en esta región fronteriza de nuestro país.
Por esas razones el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza considera pertinente el adherirse de manera positiva al punto de acuerdo expuesto por el compañero diputado Bonilla, para que se atienda de manera integral y con rapidez por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, destinando recursos económicos, materiales y humanos, en cantidades suficientes, para que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos en la autopista Tijuana-Ensenada, con la finalidad de restablecer la normalidad de la comunicación terrestre entre dichas ciudades del estado de Baja California. Por su atención y paciencia, muchas gracias, Compañeras diputadas y compañeros diputados, y senadores. Muchas gracias, presidenta.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría pro la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Suficientemente discutido el asunto que hemos tratado. Le solicito a la Secretaría que pregunte a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría pro la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Aprobada. Comuníquese.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Acto seguido tiene la palabra el diputado Enrique Cárdenas, a afecto de presentar un punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, para que prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de Navidad utilizados durante la pasada época decembrina. Diputado Enrique Cárdenas, hasta por cinco minutos, por favor.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Como no. Nada más para hacer la aclaración, presidente, se hizo un cambio ahí en el punto de acuerdo, en el cual leeré lo siguiente:
Compañeras y compañeros legisladores, la cultura ha sido siempre la esencia de nuestro país, el arte de la pintura, la danza, la música, el cine son parte de la cultura que nos caracteriza, teniendo éstas una particularidad esencial, este toque que solos los mexicanos son capaces de otorgarle al arte de diversas expresiones; derivado de ello y a lo largo de la historia nos hemos congratulado de poder ser la cuna de muchos artistas de talla internacional, mundialmente reconocidos por su talento y su influencia en el arte.
Es por ello que ahora lamentamos el terrible fallecimiento de uno de los grandes críticos y exponentes del cine mexicano, el licenciado Gustavo García, quien fuera considerado uno de los más grandes críticos del cine, así como cómplice y guía del espectador.
Gustavo García fue licenciado en periodismo y en comunicación colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y director de la revista de cine Intolerancia, así como columnista de revistas de cine y periódicos de cultura en México.
Incursionando en la docencia, en el recién fallecido Gustavo García, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco; así también fue conductor de múltiples programas de radio, siendo en la mayoría titular de los mismos; su presencia en el arte cinematográfico se vio plasmado en libros de gran importancia como son el Cine Mudo Mexicano, La Década Pérdida, El Cine Mexicano de los Cincuenta, La Época de Oro, El Nuevo Cine Mexicano, entre otros, de los cuales fueron de gran relevancia para el desarrollo y expresión del cine mexicano.
Su influencia llegó a tal grado, como es considerado por muchos como un maestro que a través del cine encontró una ventana de análisis a la naturaleza humana. Es así que Gustavo García logró a través de sus críticas a veces polémicas, pero siempre atinadas a adentrarse en los pormenores del cine y por ello cambio a la versión de nuestra industria cinematográfica.
La muerte de Gustavo García es una pérdida irreparable, no solo para la cultura cinematográfica, sino para el arte en México, por lo que se propone a través de la presente realización de un homenaje para este analista, que pudieran incluir entre otras actividades: mesas redondas, conferencias, proyecciones de películas y publicación de materiales.
Es por ello, que solicitamos a nombre de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas y el mío propio, que se realice un exhorto al Instituto Nacional de Cinematografía para que realice un homenaje al crítico del cine, Gustavo García. Descanse en paz. Muchas gracias.
El senador Zoé Robledo Aburto (desde la curul): Presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sí, senador.
El senador Zoé Robledo Aburto (desde la curul): Para hacerle una pregunta al proponente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: No está a discusión el asunto, solo es propuesta.
El senador Zoé Robledo Aburto (desde la curul): Es solamente para preguntarle al proponente si me permite sumarme al punto de acuerdo, porque creo que vale la pena recordar a don Gustavo García.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sí. Gracias, senador, gracias diputado. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Acto seguido tiene uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar diversas medidas y acciones, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronteriza, y suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento ante ustedes y, desde luego, conjuntamente con mi compañero diputado Carlos Alberto García González, proposición con punto de acuerdo para que esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal a que a través de las secretarías competentes implemente a la brevedad las medidas de acciones contenidas en el denominado programa de apoyo a la zona fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.
Así también exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a que lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.
Cabe mencionar que los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos rotundamente al incremento de los impuestos para este año 2014 por dos razones fundamentales: Primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos; y, segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes.
Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la miscelánea fiscal para este año con una cascada de incrementos de impuestos y con ello la homologación del impuesto al valor agregado –el famoso IVA- del 16 por ciento para todo el país. De esta manera se modificó la tasa para la franja y región fronteriza del 11 por ciento al 16 por ciento respecto del IVA. Es decir, un incremento real de la carga fiscal del 45 por ciento para los ciudadanos de la frontera.
Desde un principio los diputados de Acción Nacional adelantamos que la modificación de la tasa fronteriza tendrá al menos las siguientes consecuencias
El impuesto va a desincentivar la actividad comercial y productiva. Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores. Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto. Por un lado va a disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y, por el otro, van a aumentar los precios que pagarán los consumidores.
Incluso el Colegio de la Frontera Norte (Colef), institución de investigación de Conacyt, en su momento estimó las posibles consecuencias que traería la homologación del IVA en las fronteras. Este estudio se realizó para el caso del estado de Baja California, pero dicho estudio sirve como referente para conocer las consecuencias que el incremento del IVA traerá para toda la zona fronteriza, las cuales se resumen en las siguientes.
La homologación del impuesto al valor agregado en las fronteras de México tendrá efectos negativos para los estados que las conforman, pues además de registrarse un aumento en los precios, los negocios locales tendrían pérdidas millonarias y desempleo.
En el estudio se señala que la homologación del IVA del 11 al 16 por ciento provocará pérdidas hasta de un 25 por ciento en tiendas de abarrotes en las colonias o el 15 por ciento en supermercados.
La subida del IVA también afectará al consumo de las entidades, ya que va a reducir la capacidad de compra de los ciudadanos en la franja fronteriza y/o causar un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa.
En su análisis señala que los precios aumentarán en un 5 por ciento, con lo que los ciudadanos de la frontera norte buscarían precios más accesibles en Estados Unidos. Es decir, habrá fuga de consumidores y divisas hacia nuestro vecino del norte, lo que impactará aún más el desarrollo económico de la región fronteriza.
En Estados Unidos algunos artículos de la canasta básica son más baratos. Por ejemplo las tasas de impuesto sobre productos y servicios oscilan entre el 6.75 y el 8.25 por ciento, mientras que en México es del 16 por ciento.
La reducción del gasto local en alimentos será de un 20 por ciento; en vestido y calzado, del 15 por ciento; en arreglo personal, de un 18 por ciento y en artículos para el hogar y cuidados médicos, del 10 por ciento. Eso tan sólo por mencionar algunos rubros.
Se estima también que se tendrá una contracción de las ventas del 4.6 a 6.2 por ciento que llevaría a una reducción del PIB sólo en el estado de Baja California, de 2.2 a 2.6 por ciento.
Aunado a lo anterior es importante tomar en cuenta que tan sólo en el estado de Baja California poco más del 50 por ciento de la población fronteriza cuenta con visa de no inmigrante para cruzar hacia Estados Unidos. El otro 50 por ciento que es la población más pobre, no tendrá la posibilidad de hacerlo y obtener productos a menor precio, lo cual aumentará, sin duda, la brecha de desigualdad en estas zonas.
El aumento del IVA sin duda empeorará la distribución del ingreso de las familias en la zona fronteriza, ya que la población más pobre dedica al consumo todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y externo.
En cambio los que ganan mucho ahorran y tienen acceso legal al mercado del sur de los Estados Unidos, que es el mercado externo. Pero esa parte de sus ingresos y consumos no pagarán IVA, así la subida de este impuesto será altamente regresiva en las entidades de toda la zona fronteriza.
Amén de lo anterior la Cámara de Diputados estableció en el PEF para el Fondo de las Fronteras, un monto de 3 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera. Presupuesto éste que es importante y urgente se ejerza y que no nos vaya a salir el secretario de Hacienda con el juego aquel de ¿dónde quedó la bolita?
Por todas estas consecuencias negativas para la población que vive en las fronteras de nuestro país y en el estado de Baja California Sur y Quintana Roo, es que consideramos de la más alta prioridad la aprobación del presente punto de acuerdo.
Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto de la manera más atenta para que por unanimidad votemos a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Torres Cofiño. El asunto se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Ahora tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Roxana Luna, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento público un desglose del impacto a las finanzas públicas derivadas del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades al sector privado.
Hace uso de la palabra, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Roxana Luna Porquillo. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. El hecho que me motiva a presentar este punto de acuerdo es porque el 11 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley de Impuesto sobre la Renta y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y a la Ley de Impuesto de Depósitos en Efectivo. Dicho conjunto de normas conforman la reforma hacendaria que el Ejecutivo federal promovió mediante iniciativas en la misma materia.
El análisis y discusión de la reforma hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente en el que estuvieron involucrados importantes legisladores y representantes de grupos económicos. También estuvieron representantes y funcionarios del gobierno federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado.
El 26 de diciembre del 2013, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Las leyes afectadas son las correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, al IVA, al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así como el Código Fiscal.
Es importante destacar en este punto que estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éste aprobó todas las leyes en la reforma hacendaria en el mismo mes de diciembre del 2013, es decir, que lo que se analizó, se corrigió y se votó con el esfuerzo de diputados y senadores terminó siendo modificado, sin consensuarlo, tan solo 15 días después.
El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en las concesiones al sector privado en donde se conceden los beneficios con la intención de congraciarse con ellos. Es evidente que una vez aprobada la reforma hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y lograron el beneficio para sectores como es el transporte de carga y de pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales.
Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país pero, a diferencia de cuando se discutió la reforma hacendaria, donde cada uno de los ajustes se proyectó en una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad, aun cuando la ley, en especial en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, permite este tipo de ajustes.
En el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va a costar como país.
Además, queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos, el gobierno debe decir desde ahora si piensa superar la metas del déficit, si va a recurrir al truco de aparecer dinero subestimado o correspondiente a las disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias.
Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que como consecuencia del decreto emitido tendrán las metas del déficit aprobado por esta Cámara.
La composición de ingresos públicos que necesariamente habrá de modificarse o, en su caso, deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como de los programas de las dependencias.
El Ejecutivo nuevamente se exhibe, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes.
Señoras y señores legisladores, esta legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado. No dejemos que el Ejecutivo modifique a su capricho las leyes acordadas por el Legislativo.
El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar por los menos, las estimaciones de impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto por cada uno de los cambios que se ha decretado.
Por ello, invitamos a tener firmeza de exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que desglose y haga conocimiento público el cálculo de impacto de las finanzas públicas que tendrá su decreto en el que otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputada Roxana Luna Porquillo. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al Gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina.
La senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, diputado presidente. Éste es un punto de acuerdo que ha preparado y que presenta el senador Jesús Casillas Romero; sin embargo, los senadores del PRI nos sumamos, por supuesto, al planteamiento que tiene que ver con que en México hemos adoptado y hemos aceptado una tradición que se da en torno a los festejos navideños, y que es adoptar el árbol de navidad natural como ornamento en los hogares mexicanos.
Se estima que este año fueron utilizados aproximadamente un millón 600 mil árboles de navidad en los hogares de México y las especies más comunes fueron el pino y el oyamel.
Sin embargo ya han pasado las fiestas decembrinas y corresponde a las familias mexicanas entonces retirar los árboles de navidad de su importante labor de ornato y de todo el ánimo navideño, lo que debemos de considerar es cuál será el destino que se le va a dar a todos estos árboles de navidad, a los 1 millón 600 mil árboles utilizados el año pasado.
Cuando los restos son bien canalizados entonces son aprovechados para elaborar abono orgánico, composta e insumos para jardinería, pero por el contrario, si son abandonados en calles, en basureros, en terrenos baldíos de las urbes y de las comunidades rurales, entonces se convierten no solamente en basura sino en combustible que propicia incendios muy peligrosos.
Hay un problema más que se genera cuando se deja en las calles estos árboles de navidad, pues provocan obstrucciones en drenajes, en coladeras y en los pasos de las aguas pluviales. Tan sólo en diciembre del año 2010, en la Ciudad de México se contabilizaron mil 280 incendios que tenían que ver con los árboles de navidad. Sus consecuencias por supuesto generan riesgos inminentes para la población ante posibles quemaduras o daños materiales, pero contribuyen también a la contaminación atmosférica estos incendios y a la deficiente calidad del aire.
Por esto es necesario que se realice un esfuerzo para propiciar la participación de la ciudadanía para que incremente su nivel de conciencia ecológica y también de autoprotección. La mejor manera de llevar a cabo esto, según la experiencia, es implementar medidas para recolectar los árboles naturales usados durante las temporadas decembrinas e instalar centros de acopio y a la vez implementar campañas de difusión para generar conciencia.
Algunos gobiernos locales sí se preparan para ello y sí implementan centros de acopio de manera estratégica, inclusive hay quienes otorgan algún incentivo a cambio de recibir el árbol de navidad desecho, sin embargo se debe realizar un esfuerzo a nivel nacional, no solamente de manera aislada.
Es imprescindible que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades de la república incentiven la participación ciudadana para fomentar la cultura de la protección al medio ambiente, la integridad de las mismas personas y que sea a través de centros de acopio de árboles de navidad utilizados en épocas decembrinas. Así podremos mejorar el reciclaje de estos árboles y evitar o minimizar los posibles incidentes de riesgo para la población.
Hay una actividad muy positiva que se puede llevar a cabo inclusive, que tiene que ver con la generación de composta a partir de los árboles reciclados. Si consideramos el millón 600 mil árboles que se pueden desechar para este año podríamos obtener 2 mil 500 toneladas de composta, que pueden ser utilizadas por los mismos gobiernos para embellecer las calles y los jardines.
En consecuencia, la sugerencia de este punto de acuerdo es hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir la Semarnat, a los gobiernos estatales y al gobierno del DF por supuesto, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias prevean y promuevan ante los gobiernos municipales la implementación de centros de acopio de manera estratégica, para captar los árboles naturales de Navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la misma población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento, y que se implementen a su vez campañas de difusión a la población, para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección del medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.
Este punto de acuerdo tiene como resolutivo único en consecuencia el exhorto previamente planteado. Estamos seguros que podríamos obtener no solamente que se consolide la cultura del reciclaje, que se prevengan incendios y riesgos para la población, pero que a la vez se mantengan limpias las ciudades y las comunidades, limpios y embellecidos los jardines y los parques de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, senadora Mely Romero Celis. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra por cinco minutos el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruya al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que amplíe el programa Viajemos Seguras en todas las líneas que conforman esa red de transporte colectivo. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias también a todos por su paciencia y tolerancia, esta vez definitivamente será la última que me verán el día de hoy aquí arriba en la tribuna.
Una de las prioridades en la agenda de nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es la seguridad de las personas que diariamente utilizan el metro para llegar a cumplir sus actividades.
Este medio de transporte ha representado una alternativa de modalidad de bajo costo, que permite trasladar a las y los ciudadanos a distintos puntos del Distrito Federal y a la zona metropolitana del valle de México.
El metro, a través de sus 12 líneas y 195 estaciones, transporta poco más de mil 600 millones de usuarios al año, de los cuales se estima que el 42 por ciento son del sexo femenino, la pérdida de confianza en la seguridad en este medio de transporte ha dañado la tranquilidad de los capitalinos en sus desplazamientos diarios, un tema que desafortunadamente no ha estado en las prioridades de las autoridades del Distrito Federal.
La ciudadanía cuenta con la información sobre la operación técnica del Sistema de Transporte Colectivo Metro, conoce sobre los ingresos obtenidos en los últimos 10 años, sobre las estaciones y las líneas más y menos concurridas, y en últimas fechas, sobre el costo real de cada viaje y el subsidio aplicado a nivel local.
Sin embargo, existe poca información en relación a la calidad del servicio, la cual ha sido uno de los temas relegados, tanto por las autoridades del metro como por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
El deterioro ha sido tal, como fue reconocido en octubre pasado, que se ha puesto en riesgo la capacidad del sistema para transportar a sus usuarios de forma segura y eficaz. En este sentido, la ciudadanía es receptiva y sensible a las condiciones que directamente les afecta.
No extraña entonces, que más del 35 por ciento de los propios usuarios demanden que ante el incremento del costo de este medio de transporte a 5 pesos desde diciembre pasado, los recursos adicionales deben destinarse al mantenimiento y remodelación de instalaciones, así como mayor vigilancia y al retiro de vendedores ambulantes, que en conjunto redundan en un sensible incremento de las condiciones de seguridad en el metro.
Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza reconocemos que preservar la seguridad pública, fortalece al Estado de derecho. Tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, así como proteger el disfrute de todos sus derechos y que la inseguridad que afecta negativamente el desarrollo social, económico y político de nuestra sociedad. Aún más cuando la afectada es la capital de todas y todos los mexicanos.
Con base en este derecho fundamental, Nueva Alianza hace eco de la voz ciudadana, solicitando medidas específicas de protección de parte de las autoridades capitalinas, con el objetivo de prevenir cualquier situación que afecte a su integridad personal y que las autoridades estén en la capacidad de conjugar o mitigar.
También reconocemos que la inseguridad y la violencia dentro de este medio de transporte pueden manifestarse en diferentes sentidos, afectando especial y diferenciadamente a un sector de la población más vulnerable como las mujeres, las y los niños, nuestros adultos mayores y a las personas que viven con alguna forma de discapacidad.
Desde el año 2007 el gobierno del Distrito Federal puso en marcha el programa Viajemos seguras, reservando los dos vagones delanteros de los trenes del Metro para la población femenina e infantil, únicamente en horas pico, de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche, con el objetivo de combatir las agresiones que a diario padecen las capitalinas y población vulnerable, usuarias de este medio de transporte.
Sin embargo, información oficial demuestra que se han incrementado los casos de abuso o acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer, cometidos dentro de las instalaciones del Metro como fuera de éste, así como también el robo a pasajeros. Lo anterior sin considerar la cifra negra que resulta de los muchos casos de personas que no denuncian ante la correspondiente autoridad.
En México existen importantes avances legislativos para garantizar la seguridad de las personas, y en materia de violencia contra las mujeres que se inscriben en el cumplimiento de los compromisos establecidos por el Estado mexicano. Ante lo cual, considerando que el Estado de manera particular, las autoridades capitalinas cuentan con los instrumentos normativos para cumplir con esos propósitos, como grupo parlamentario, Nueva Alianza los exhorta a reflexionar sobre la importancia de la seguridad para los capitalinos y las mujeres, niñas, niños, personas mayores y discapacitados que hacen uso de los espacios y medios de transporte público de la ciudad, quienes diariamente afrontan un mayor riesgo y alto grado de vulnerabilidad desde la perspectiva de su derecho a la movilidad, invitándolos a apoyar de manera adhesiva a este punto de acuerdo.
Cabe también destacar, compañeras y compañeros diputados, que en tiempo reciente la Comisión Nacional de Derechos Humanos remarcó que las mujeres han sido el grupo más afectado, que han visto sus derechos humanos, sus derechos esenciales, más vulnerados durante el año en curso y durante el año pasado y creo que este punto de acuerdo que pongo a su consideración podría contribuir a mejorar la situación también de nuestra población en general. Por su atención y su tolerancia, nuevamente les agradezco y les doy las gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo.
La diputada Regina Vázquez Saut (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Regina Vázquez Saut (desde la curul): Para adherirme.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De no tener inconveniente el diputado, la Secretaría lo pondrá a su disposición para que pueda ser suscrito por ustedes. Túrnese a la tercera comisión de trabajo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna serán turnadas a comisiones respectivas, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (14:21 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero de 2014, a las 11 horas.
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