Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del miércoles 5 de marzo de 2014

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

Del Congreso de Michoacán, con decreto; de diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo; y de la Cámara de Senadores, con minuta

Iniciativas de diputadas y de diputados

Mariana Dunyaska García Rojas, PAN

María del Socorro Ceseñas Chapa, PRD

María de las Nieves García Fernández, PRI

Laura Ximena Martel Cantú, PVEM

Ricardo Monreal Ávila, PMC

Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT

Leonor Romero Sevilla, PAN

Sonia Rincón Chanona, PNA

Javier López Zavala, PRI

Adriana González Carrillo, PAN

Víctor Manuel Bautista López, PRD

Dictámenes de las distintas comisiones

Decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Solicitud de licencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

Acuerdo de coordinadores para que la Comisión de Gobernación se reúna hoy de manera extraordinaria

Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 266 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:27 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las  diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Sonido en la curul del diputado Luis Miguel Ramírez. Dígame diputado, con qué objeto.

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): Presidente, muy buenos días a todos los compañeros y a usted.

El día de ayer los medios nacionales dieron cuenta de un suceso muy lamentable en Cuernavaca. Fallece una cajera en pleno día y es ejecutada por un mando de policía, cuando antier seis sujetos entraron a un restaurante a tan sólo tres calles de la casa de gobierno del gobernador, y ante el fallido mando de policía único que él  ha tratado de implementar.

Los cuernavacenses nos han pedido a sus representantes que alcemos la voz aquí en el  Congreso de la Unión, para pedir urgentemente la intervención de las fuerzas federales. A 18 meses de que el gobernador prometió seguridad para Morelos, somos el primer lugar en secuestro y extorsión y el tercer lugar en delitos del orden común. Somos el último lugar de territorio de paz medido a nivel nacional e internacional por las diferentes áreas.

Señor presidente, solicito se escuche fuerte este llamado de urgencia. Consideramos un error que el gobierno municipal de Cuernavaca entregue la policía  al mando de policía único cuando ha demostrado que no sirve para nada. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez Ramírez. Dígame diputado, con qué objeto.

El diputado Raúl Gómez Ramírez: Gracias, señor presidente. Con el objeto de denunciar algunos agentes de la Policía Federal Ministerial, toda vez que en repetidas ocasiones desde la curul hemos hecho exhorto al titular para que se investiguen las diferentes denuncias de extorsión por parte de estos agentes hacia nuestros connacionales, que retornan a nuestro país.

El día de hoy, en una televisora muy conocida del país se hizo una denuncia de extorsión por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial a un connacional de Aguascalientes. Una extorsión al parecer de más de mil 500 dólares, argumentando que no podía circular o conducir el vehículo de procedencia extranjera.

Esta gente desconoce totalmente que dentro de lo que es la Ley Aduanera, el artículo 106, el 139 del Reglamento y la regla de carácter general 4.2.7, puede este ciudadano conducir el vehículo cuando se cuente con la debida documentación, en este caso con el permiso de internación temporal vigente y demostrando su residencia, el cual lo hizo, además de una copia del acta de matrimonio.

Por eso, desde este curul exhortamos al procurador general de la República, para que se investigue y se proceda conforme a ley, porque ya basta de estos robos a los ciudadanos. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Raúl Gómez Ramírez. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Con el que objeto de pedirle pudiera usted considerar el retiro del primer punto de la agenda, que es la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, en virtud de que viene anotada aquí con dispensa de trámite, discusión y votación, y no ha sido turnada a la comisión correspondiente.

El planteamiento es, concretamente, pedirle que se le dé el turno que corresponda a las comisiones que usted estime conveniente, de tal manera que podamos debatirla suficientemente y posteriormente regrese al pleno.

Si allá la mayoría la aprueba en los términos que fue remitida por el Senado, que así sea, y posteriormente sea sometida a la votación del pleno, pero no excluyendo el debido procedimiento parlamentario.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Alfonso Durazo. Con fundamento en el artículo 65 del Reglamento, estaremos atentos a lo que disponga la Junta de Coordinación Política sobre la modificación del orden del día, y por supuesto, el trámite sí lo pondremos a consideración del pleno.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente, es para reiterar. Es muy grave lo que está ocurriendo con el debate que se pretende dar de la consulta popular.

Estamos viendo ahorita, inclusive, suponiendo si conceder que tuviera que iniciar el debate y a la hora de proponer nuestras reservas nos las objetan, y ahorita de última hora, de albazo, nos presentan un control de cambios de la ley. O sea, no ha pasado por comisiones. Esto es muy grave, sería una violencia grave al Reglamento.

Esta minuta debe de pasar a la comisión, es lo que le estamos suplicando. Usted ha hecho un papel medianamente o muy digno. No se marche usted manchándose con este tipo de arbitrariedades que se pretenden hoy por el pleno. Ojalá no permitan esta salvajada de querer presentar albazos legislativos de esta manera.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. No omito señalar al pleno que la solicitud de dispensa de trámites es producto de un acuerdo de la Junta de Coordinación de Política, que por supuesto, en última instancia resolverá el pleno de la Cámara de Diputados.

El diputado Sebastián de la Rosa Peláez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Me ha pedido la palabra el diputado Sebastián de la Rosa y después consultaré al diputado Durazo, con qué objeto quiere hacer uso de la palabra. Dígame, diputado de la Rosa. Sonido en la curul del diputado Sebastián de la Rosa.

El diputado Sebastián de la Rosa Peláez (desde la curul): Presidente, hace unos 15 días diputados de guerrero presentamos a esta soberanía un punto de acuerdo parlamentario en donde se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Hacienda a dos cosas, pero una de ellas es, a contratar a los empresarios de la construcción de Guerrero en los programas de la reconstrucción del estado.

Han recibido amenazas los constructores locales de parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sentido de que no serán contratados, de que no serían contratados.

Y este fin de semana que estuve recorriendo mi distrito fui encontrando a los constructores, quienes me expresaron que el gobierno federal les ha establecido ya procedimientos de carácter penal en la PGR y no han sido siquiera notificados algunos de ellos, y menos aun, escuchados en un procedimiento administrativo.

Este punto de acuerdo que nosotros presentamos, lo hicimos precisamente porque ya se había recibido en Guerrero la amenaza de que no serían contratados los empresarios locales.

Esto, honorable soberanía, atenta todavía más contra la grave situación que vive Guerrero y la falta de los recursos que no han llegado, porque al no contratar a los empresarios locales, no solamente está en detrimento del desarrollo económico de Guerrero, sino también está en contra de la generación de empleos, porque las empresas que están yendo del estado de México, simple y sencillamente no están contratando la mano de obra local, y ahora más, los empresarios se están viendo acosados a través de la PGR, sin siquiera haber sido atendidos.

Ojalá que el punto de acuerdo que hemos presentado pueda pasar a este pleno para ser discutido y los empresarios locales de Guerrero, los empresarios de la construcción no estén siendo amenazados y acosados como hasta el momento. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Sebastián de la Rosa; queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido nuevamente en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, diputado Durazo, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, con el objeto de reiterar, usted va a someter a consulta del pleno un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero es una disposición reglamentaria que todo tema sujeto a consideración del pleno, o toda minuta sujeta a consideración del pleno, pase por la comisión correspondiente.

Yo le quisiera pedir, reiterar este planteamiento. Creo que obviar este trámite, no hay absolutamente ninguna urgencia, ninguna justificación, ni ningún argumento en el contenido de la minuta que pudiera llevarnos a considerar la dispensa de trámite. Pero el asunto es, presidente, que este tipo de atropellos al procedimiento parlamentario es recurrente y lo que queremos es ponerle un alto a cualquier violación al procedimiento parlamentario venga de donde venga, particularmente si procede de la Junta de Coordinación Política que se ha empeñado en atropellar el procedimiento. Así es que, presidente, le pido que reconsidere y sea remitido a la comisión correspondiente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Enseguida le doy respuesta, diputado Durazo. Dígame, diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Es que esto no es cualquier cosa, lo que está planteando el diputado Durazo. Mire, el día de hoy están presentando en la Gaceta Parlamentaria un control de cambios, algo muy novedoso en el proceso legislativo. Esto no fue producto de ninguna comisión. Apenas aquí nos quieren ilustrar sobre qué es lo que se modificó del Senado a la Cámara. Es evidente que por ese motivo los muchachos de la mesa  -sus asesores- no quieran recibir ni siquiera las reservas en el hipotético caso que fuéramos a iniciar el debate.

Pero ése un problema de fondo. En efecto, no hay necesidad de la urgencia. Se ha cometido graves deficiencias en el proceso legislativo. Vamos a aprobar cosas que inclusive no van a funcionar aun en el caso de que gane la propuesta que ustedes están suscribiendo.

Entonces no merece ser discutido esto, mándese a comisiones y, con el debido respeto, ya que la Junta de Coordinación no quiera tener en sumisión al pleno y que la Mesa Directiva se ponga en su papel de hacer respetar la Constitución y el Reglamento interno.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Con el mismo objeto, presidente. Primero, reiterar también y ratificar la intervención y la demanda del diputado Sebastián de la Rosa en nombre de todos los diputados guerrerenses.

Segundo. Esta Cámara se está viciando de origen. Sistemática y reiteradamente hemos estado violando el Reglamento interno. No es posible que los dictámenes que provienen del Senado no pasen, como lo establece el Reglamento, para que pasen a las comisiones respectivas.

¿Qué razón –pregunto entonces– tienen de ser estas comisiones legislativas de este honorable Congreso, que son espacios de deliberación, de discusión, de aportes, pero también de consensos y acuerdos? No estamos de acuerdo que se siga violentando esta soberanía, señor presidente.

Por ello es necesario reponer el proceso, que tengan razón de ser nuestras comisiones respectivas para discutir los dictámenes que provengan del Senado. Entonces presidente, por favor, pedimos corregir esta situación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención. Reitero que tenemos una solicitud expresa de la Junta de Coordinación Política que por supuesto resolverá en definitiva el pleno de la Cámara.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Comunicaciones oficiales. Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con el que se remite decreto por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se instruye que la minuta de referencia sea turnada a la Comisión de Gobernación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continuamos con la presentación de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma  el artículo 18 Bis 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor Presidente. Los bancos mexicanos se mantienen como los más caros...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputada. Ruego al pleno escuchemos con el respeto que se merece a la oradora. Adelante diputada.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: ...no sólo frente a las subsidiarias de países desarrollados, sino dentro de América Latina.

José María Arámburu, director general de Análisis de Productos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef), reveló que las tasas de interés de los plásticos se ubican entre el 32 y 66 por ciento, mientras el costo anual total, que es el indicador que incluye los cargos inherentes al préstamo, comisiones y tasas, se encuentra entre el 40 y el 113 por ciento.

Los banqueros han justificado el alto costo de los plásticos en México y aseguraron que éste se debe a diversas razones. El riesgo-país, la falta de seguridad jurídica para recuperar las garantías y el crecimiento de la cartera vencida, pero hay analistas que lo atribuyen al poder monopólico que tienen las instituciones bancarias para fijar las tarifas.

La Condusef declaró que la tarjeta de crédito en el país, es un producto caro. En este sentido, el catedrático Raúl Aníbal, analista del Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE) consideró que las causas de las altas tasas de interés para tarjetas de crédito, se explica por una mezcla de varios factores:

La primera, porque lo pueden hacer, debido al control monopólico que se ejerce en este país.

Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México aclaró que el diferencial de las tasas de tarjetas se debe al factor de riesgo-país, como en las naciones desarrolladas por el crecimiento de la cartera vencida. Pero no todos los banqueros comparten la misma opinión, Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de Banamex, reconoció que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son muy altas.

Las tasas de interés que cobran en promedio los bancos en México a préstamos de consumo 20 veces superiores a las que obtienen los ahorradores que depositan su dinero en esas instituciones.

Para un ahorrador que deposite 10 mil pesos durante cinco años en una cuenta de ahorro tradicional, las tasas de interés promedio anual, en el mejor de los casos, será de 2.15 por ciento de acuerdo a la Condusef.

Por ejemplo, en los tres principales bancos del sistema como Banamex, por el depósito de 10 mil pesos le pagará un rendimiento anual de 0.93 por ciento para que al final de cinco años tenga un saldo de 10 mil 475.79 pesos; Bancomer paga una tasa anual de 1.06 por ciento por lo que al concluir los cinco años tendrá 10 mil 544.05 pesos. Y en Santander, se paga una tasa de 1.11 por ciento, y al final se tendrán 10 mil 570.02 pesos.

Ahora, si una persona solicita un crédito personal de 10 mil pesos, tendrá que pagar en Banamex una tasa anual de 43 por ciento y en Santander del 38 por ciento. Lo anterior significa que no hay incentivos reales para que el público aumente sus niveles de ahorro y el enorme diferencial que existe entre las tasas pasivas y activas.

Informes del Banco de México señalan que en los pasados siete años el costo anual total de los clientes de tarjetas de crédito se ha ubicado alrededor del 30 por ciento en tanto que el de los créditos hipotecarios está en un 15 por ciento. En cambio el rendimiento que reciben los ahorradores en los instrumentos de captación, como pagares o rendimientos liquidables de 28 días, es cercano al 1.3 por ciento. El de los instrumentos líderes del mercado, los Cetes de 28 días, está ubicado entre el 4 y 4.5 por ciento.

Si a estos niveles de tasas de interés que obtienen los ahorradores se les descuenta el índice inflacionario que se ha mantenido en los últimos siete años promedio encontramos que es entre 3 y 4 por ciento. Entonces, el público ahorrador obtiene rendimientos reales negativos por sus recursos depositados en los bancos.

Lo anterior sin contar las comisiones de saldos mínimos que se deben mantener en el ahorrador para no recibir ninguna penalización que podría derivar en la pérdida de recursos. Al cierre de 2012 el acumulado neto de la banca obtuvo ganancias por 87 mil millones de pesos.

Esto es lo que motiva a que nosotros estemos presentando esta iniciativa, que tiene que ver con que se regulen los intereses y en este sentido que los créditos, préstamos, financiamientos, revolventes asociados a las tarjetas de las entidades que otorguen sólo podrán cobrar intereses sobre los saldos netos diarios insolutos, comprendidos durante el periodo del cálculo de intereses del estado de cuenta de que se trate, y se anexa que dichos intereses no podrán exceder el 12 por ciento anual, al igual que se está llevando a cabo en la banca internacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar primeramente a la diputada Mariana Dunyaska por esta iniciativa, que me parece que va a beneficiar mucho a los usuarios en caso de ser aprobada por esta soberanía, porque es claro que actualmente los bancos tienen ganancias extraordinarias en perjuicio de la ciudadanía y que con esta iniciativa que se está proponiendo, seguramente la discusión amplia que se pueda dar que podamos claramente legislar a favor de la gente y que estos intereses que actualmente son exorbitantes, se puedan regular.

Felicitar a la diputada y por otro lado pedirle si nos permite también suscribir su iniciativa. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De no tener inconveniente la diputada, la Secretaría la pondrá a su disposición. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa presentará tres iniciativas en un solo acto. Adelante, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Efectivamente son tres iniciativas que han venido siendo agendadas desde el periodo pasado y todo lo que va de este periodo ordinario. Una de ellas tiene que ver con el fondo, con la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro de las y los trabajadores.

Otra tiene que ver con una reforma constitucional al artículo 123, que ha habido ya reclamos y llamamientos de los diferentes sectores, no solamente del sector de las y los trabajadores, sino del mismo secretario del Trabajo, donde demanda una reforma al artículo  123, a la Ley Federal del Trabajo y que tiene que ver con las dificultades que han enfrentado por no alcanzar los objetivos que se plantearon desde la reforma laboral en el primer periodo de sesiones.

Una tercera tiene que ver con un tema muy sentido que nos habla de la seguridad social de las y los  trabajadores, y que siempre ha sido de manera reiterativa el planteamiento por parte de la patronal, por parte inclusive del gobierno federal y de algunas y algunos legisladores, donde manifiestan que el sistema de Seguro Social, el sistema de seguridad social para las y los trabajadores está en riesgo, porque hay un exceso de personas, hombres y mujeres, ya en el estatus de pensionados y jubilados. Pero nunca hablan de que ese riesgo de no contar con lo suficiente para garantizar la seguridad social y sus pensiones y jubilaciones, no se debe al exceso de personas que se encuentran en ese estatus, sino a los malos manejos y a la mala administración, y a la baja en las aportaciones que hacen de parte de los patrones, porque registran siempre con el salario mínimo, de tal manera que se ahorren esas cantidades.

Es importante señalar que estas tres iniciativas presentadas serán turnadas a las comisiones correspondientes y esperamos la participación de las y los legisladores en las mismas, para que de manera muy seria y responsable, en ese primer ámbito de discusión parlamentaria se dé el debate necesario, se den los argumentos suficientes que nos permita llegar al más amplio consenso en los tres temas que he estado presentando: el seguro de ahorro, en lo de la seguridad social y lo que tiene que ver con las reformas en el 123.

Es muy importante decirles que hay algunas comisiones y una de ellas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde estamos representadas todas las fuerzas políticas de este pleno, de esta LXII Legislatura, nos hemos dado a la tarea de discutir, de analizar a fondo y, en su momento, darnos el tiempo suficiente para que lo que resulte de esta Comisión sea realmente la que responda a la expectativa, no solamente de la clase trabajadora, sino que los que en su momento los patrones estarán solicitando y demandando, priorizando el equilibrio, priorizando el sector que hasta este momento ha estado más desprotegido y que es el de la clase trabajadora.

Es importantísimo si queremos garantizar una gobernabilidad, si queremos garantizar una estabilidad social, si queremos garantizar un aporte de la reconstrucción del tejido social en este país, que está muy descompuesto por el abandono que se tiene de la clase trabajadora.

Creo que es el momento de hacer las propuestas de hacer las propuestas suficientes y necesarias que ponga en su justo equilibrio a las y los trabajadores de los diferentes sectores del país, que ya se han visto muy afectados con esta reforma laboral aprobada en el primer periodo de sesiones de esta LXII Legislatura.

El sector de los trabajadores y trabajadoras de Petróleos Mexicanos, que ya se estarán viendo afectados, cuando en su momento estén listas las leyes reglamentarias de esa reforma energética, que viene a arrancar los recursos energéticos de nuestro país y deja en el caso de las y los trabajadores en total abandono.

No tienen legisladores y legisladoras en su mayoría, pero sí hay un grueso de legisladores y legisladoras, que no solamente es el sector de trabajadoras de Petróleos Mexicanos, sino de todos los sectores de este país estamos en la mejor disposición, de entrar en el debate, entrar en la discusión y generar los acuerdos y consensos que traigan como resultado iniciativas, reformas necesarias que generen realmente el equilibrio y la reconstrucción del tejido social en este país.

Es cuanto, señor presidente. Y agradezco su atención a todas y todos ustedes, compañeros. Y que las comisiones correspondientes se nutran, se enriquezcan y salgan en tema positivo las iniciativas presentadas. Es cuanto. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María del Socorro Ceseñas Chapa.

Por cuanto ve a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Por cuanto ve a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

Y por cuanto ve a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.

La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hoy presento ante ustedes esta iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 245 de la Ley General de Salud, bajo el siguiente razonamiento.

La salud mental se entiende como el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales. Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el sentido del humor y el comportamiento. Estas enfermedades se han convertido en un problema de salud pública, debido a que se encuentran dentro de los 10 padecimientos más incapacitantes.

Afortunadamente los avances de la medicina han permitido producir medicamentos que coadyuvan en controlar esta enfermedad y sus síntomas, facilitando se integren plenamente a la sociedad.

En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de política pública, para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen alguna enfermedad mental.

Dichas acciones deben estar encaminadas a lograr un verdadero acceso general a medicamentos, sobre todo, a personas de escasos recursos económicos. Por tal motivo, la iniciativa que presento ante esta honorable representación, tiene por objeto excluir del listado de medicamentos controlados, contemplados en el artículo 245 de la Ley General de Salud, a la risperidona, para lograr que las personas tengan acceso a dicho medicamento en conocimiento de que el grado de adicción es prácticamente nulo.

La risperidona es una substancia con beneficios importantes en el tratamiento de diversos padecimientos mentales, como la esquizofrenia o los síntomas en niños con autismo, entre otros, causando un escaso número de efectos secundarios.

Una de las principales dificultades para la continuidad de dichos tratamientos en pacientes que utilizaron medicamentos de primera generación, es que los efectos secundarios que se presentaban son de tal índole que el paciente rehuía a tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de la risperidona, y los evidentes beneficios que conlleva a para los pacientes y sus familias, es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor que la demanda.

Un factor que influye en gran medida para este desabasto, es el hecho de que la risperidona sea considerada como una sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud que tiene valor terapéutico y que constituye un problema de salud pública.

Este hecho no solamente genera un impacto directo en la salud del paciente sino también en su economía.

Cada día de hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto considerable, ya que en promedio, una hospitalización por recaída puede llegar a ser hasta de 30 días. Un paciente que no esté controlado debidamente por falta de medicamento puede presentar varias recaídas psicóticas al año, a veces hasta tres o cuatro.

Una causa para la recaída es la pobre adherencia terapéutica tanto al medicamento como al seguimiento clínico. Con cada recaída el paciente pierde funcionalidad y se hace más difícil el control de la sintomatología.

A manera de ejemplo, cabe señalar que la olanzapina, un medicamento antipsicótico, utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, no es considerada como sustancia psicotrópica por la Ley General de Salud, factor que ha redundado en beneficios importantes en materia de disponibilidad para los pacientes que experimentan el desorden bipolar.

En el caso de risperidona, los pacientes con esquizofrenia enfrentan un desabasto importante en las farmacias, debido a que ésta sí se considera sustancia psicotrópica.

Si bien es cierto que la risperidona tiene propiedades psicoactivas, también es cierto que el peligro de abuso o dependencia de ésta es poco factible, en virtud de que los efectos psicológicos que genera no resultan adictivos, lo cual  la aleja de ser una droga que produzca placer o algún tipo de sintomatología que induzca su autoprescripción.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, la risperidona no encuadra en alguno de los supuestos para considerarse como sustancia psicotrópica.

En la revisión del marco jurídico internacional, SDAINA, no se tienen considerados los antipsicóticos de este tipo como sustancias potencialmente abusivas o que generen dependencia, más aun en el prospecto de risperidona aprobado por la FDA se consigna expresamente que es sustancia no controlada.

En virtud de lo anterior, se concluye que la risperidona no debiera estar en el listado de sustancias psicotrópicas, contenido en el artículo 245 de la Ley de Salud, ya que primero es un medicamento que requiere ser utilizado por muchos pacientes de por vida, y que por las circunstancias actuales, frecuentemente no es posible que tengan acceso a dicho medicamento en las farmacias.

Dos. No existe evidencia que documente que dicho fármaco cause adicción.

Tres. Diversos antipsicóticos con la misma indicación terapéutica que la risperidona no se han considerado en el listado antes mencionado y por tanto, se encuentran en la fracción IV del artículo 226 de la Ley General.

Y cuarto. No afectaría su venta o suministro al público.

A la luz de lo anterior y en virtud de lo extenso del articulado, ruego a esta Presidencia la iniciativa sea plasmada íntegramente en el Diario de los Debates y les pido a mis compañeras y compañeros diputados, que pueda esta iniciativa ser aprobada. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada María de las Nieves García Fernández. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, la diputada Ximena Martel Cantú, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, ella del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y él del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Como lo dijo el rey Dominick: Hombre justo y honrado es aquél que  mide sus derechos con la regla de sus deberes.

Hoy vengo a presentar en nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y a nombre propio, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta refrenda la vocación garantista del Estado al pretender fortalecer la garantía de seguridad jurídica para los gobernados, la cual busca proteger esencialmente la dignidad humana, el respeto a los derechos personales, patrimoniales y civiles, así como su interacción con la autoridad, garantía que hoy pretende extenderse también frente a los particulares, tomando en consideración la realidad actual y particularmente la paralela evolución que se debe dar en el derecho y la sociedad.

El derecho humano de acceso a la justicia en materia penal puede ser ejercitado mediante denuncia o querella, por lo tanto hay delitos que se persiguen de oficio y otros que se persiguen a petición de parte, y es precisamente estos últimos los que son el objeto central de la presente iniciativa.

La fracción I del apartado A, del citado artículo a la letra señala: El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Sin embargo este ideal de justicia no se cumple a cabalidad. No se cumple porque si bien el artículo 20 constitucional, en el apartado B enumera las garantías que toda persona imputada debe tener y en el apartado C establece las garantías de la víctima u ofendido, la ley fundamental no prevé la posibilidad de que el imputado que ha sido sujeto del proceso penal, una vez que se le determine sentencia absolutoria ejecutoriada se convierta en víctima u ofendido. Víctima u ofendido que no cuenta con los mismos derechos, perrogativas y garantías que los demás.

Debemos ser conscientes que la victimización de aquella persona que se encuentra inmersa en el sistema penal como victimario, no culmina al demostrarse su inocencia, pues una vez dictada la sentencia absolutoria se enfrenta a una victimización, donde el factor más importante es la exteriorización del individuo frente a sí mismo y frente a la sociedad, además del menoscabo económico y el daño psicológico causado.

Si bien es cierto que el Código Penal Federal en su artículo 49 y en el 96 señala que al emitirse una sentencia absolutoria el sentenciado podrá, a título de reparación, solicitar el reconocimiento de su inocencia mediante la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos que circulen en la localidad, siendo éste el único medio por el cual la ley prevé que el sentenciado sea enmendado o resarcido, omite la indemnización económica o moral a la que tienen derecho dando paso a lo que los teóricos denominan como una victimización terciaria. Es decir, se omita resarcir el daño económico y moral al que fue sujeto como parte del procedimiento penal.

A mayor abundamiento, es de señalarse que el procesado que se ubica en el hipotético planteado tiene como única opción de indemnización la de promover en materia civil un juicio ordinario civil, a efecto de que sea resarcido por el daño moral y material de que ha sido objeto. Sin embargo tiene la carga de la prueba para acreditarlo, lo cual implica erogar más recursos e invertir tiempo lo cual muchas veces no se está en condiciones de realizar.

Señoras y señores legisladores, ¿qué pasa con el sentenciado cuando ha obtenido al final del proceso una sentencia absolutoria? ¿Qué garantía le otorga la Ley Suprema después de que ha sido dañado y violentado en sus derechos?

De conformidad con datos del Consejo de la Judicatura Federal, en el 2013 el total de sentencias absolutorias pronunciadas a nivel nacional en las causas penales por los juzgados de distrito fue de dos mil 38, lo que equivale al 5.78 por ciento del total de sentencias emitidas.

Aunque en términos porcentuales la cifra puede parecer pequeña, consideremos que aunque se tratase de una sola persona el hecho es de primordial trascendencia, porque en todo estado de derecho la legalidad y la equidad deben de ser principios rectores que respalden el actuar de los órganos jurisdiccionales, así como de los sujetos que solicitan su intervención. Nadie debe utilizar los medios legales sin que exista fundamento cierto y verdadero y su actuar quedara impune.

Mientras exista la posibilidad de perfeccionar el andamiaje jurídico a efecto de garantizar a todos y cada uno de los mexicanos certeza sobre el respeto irrestricto a sus derechos, así como la debida protección jurídica y el acceso oportuno y expedito a la impartición de justicia, es nuestro deber actuar en consecuencia.

Por ello la presente iniciativa pretende proteger a la persona falsamente acusada que al final del proceso resulta ser la víctima de su denunciante, asegurando su derecho al resarcimiento de daños y perjuicios evitando así el uso abusivo del derecho, inhibiendo la construcción y utilización de artilugios que pretendan usar al sistema de impartición de justicia para violentar derechos de terceros.

En este sentido, se pretende que toda la fuerza de la ley recaiga por igual en el victimario y que la nobleza de la ley alcance también a todas las víctimas. En otras palabras, se pretende romper el desequilibrio existente facultando al juzgador para pronunciarse respecto de la reparación del daño en los mismos términos que lo hiciera con la víctima u ofendido.

La evolución del sistema jurídico nos exige abrirnos a nuevos paradigmas, a nuevas y mejores posibilidades de justicia cuyo objeto central sea la persona humana. La justicia debe permear en cada rincón de país y en todos los actos y hechos jurídicos que impacten al derecho.

De ahí que la obligación de la reparación de daños y perjuicios, tanto para las víctimas de los delitos como para quienes han sido sujetos de una sentencia absolutoria y se han convertido en víctimas de su querellante, debe ser una premisa fundamental  de nuestro sistema jurídico mexicano siguiendo el principio de que es justo dar a cada quien lo que le corresponde.

En este sentido, proponemos adicionar una fracción X al Apartado B del artículo 20 constitucional en los siguientes términos. Fracción X: “Toda persona que haya sido sujeta a un proceso penal derivado de delitos presentados por querella, salvo aquellas que formulen las autoridades fiscales competentes en donde el juez emita una sentencia absolutoria ejecutoriada, ésta deberá contener la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios causados por el querellante durante el procedimiento penal, de conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia.

“El juzgador no podrá absolver al querellante de dicha indemnización si ha emitido una sentencia absolutoria ejecutoriada”.

Compañeras y compañeros diputados, como escribió el novelista Paul Auster: “si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario no sería justicia”.

De ahí que la garantía que hoy ponemos a su consideración pretender impedir que el sistema penal tienda a convertirse en un escenario propicio para las acusaciones falsas.

La letra de la ley no puede ni debe tener resquicio alguno por el cual se filtre la injusticia.

La ley contiene postulados éticos que deben de ser fortalecidos una y otra vez hasta dotar de total certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía.

La ley y la justicia deben de estar al  servicio de cada hombre y cada mujer. Para ello es necesario adecuarla a las necesidades y a la realidad social con una auténtica vocación jurídica pero también con un alto sentido humanista.

Por un México más justo, por un México de más y mejores garantías es que hoy presentamos esta iniciativa.

Estamos convencidos de que la ley debe infundir respeto a los miembros de la sociedad, temor a los culpables y aliento a los inocentes. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Ximena Martel Cantú. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, una de las instituciones más importantes con las que debe de contar un país democrático, es aquella que tenga como principios, como propósitos, garantizar el ejercicio de los derechos político electorales, promover la cultura de la representación y organizar comicios federales que se encuentren enmarcados por la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad.

Con el afán de cumplir con dichos fines, en nuestro país se han realizado múltiples intentos a lo largo de la historia que han buscado el desarrollo óptimo de la cultura democrática y el eficiente desempeño de los procesos electorales.

Así desde la promulgación de la Constitución el 5 de febrero del 17; desde 1946 que se promulgó la Ley Federal Electoral y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, así como otras reformas que fueron en su momento discutidas con amplitud como la de 1987 donde se introduce el criterio de representación proporcional; luego más tarde, la de 1990 que expide el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, el Cofipe, y más tarde se hicieron otras reformas también en 1993, en 1996 y la que recientemente se realizó en materia constitucional el año retro próximo.

Desde la polémica elección del 2006, la cual vino acompañada de la percepción de fraude e incertidumbre, el IFE dejó claro que no se debía a la ciudadanía, sino a los intereses partidistas; actuó como complaciente súbdito a ellos y su autonomía quedó reducida a los caprichos de unos cuantos.

En el 2012 el comportamiento del instituto continuó sobre la misma línea ante una elección caracterizada por la compra del voto sin precedentes por parte del PRI y por la introducción ilegal en las urnas de miles de boletas a favor de su candidato. No tan sólo se incumplió la obligación de sancionar delitos, sino incluso de actuó como tapadera de ellos.

Se interpusieron infinidad de recursos jurídicos, administrativos, penales y ninguno prosperó porque había un contubernio de los órganos electorales y del tribunal para no sancionar la elección del 2012.

El 31 de enero del 2014, hace unos días, se promulgó la reforma política electoral que contempla 30 artículos constitucionales modificados y también contempla la creación del Instituto Nacional Electoral.

Si algo caracterizó a dicha reforma fue el grado de rapidez con la que fue discutida. Se esperaría que ante tema tan importante para la estructura democrática del país se diera un debate profundo, un análisis serio que incluyera las diversas voces que componen a la nación. No obstante, lo anterior no sucedió de ninguna manera.

Consideramos que hay inconsistencias y plazos inconvenientes en la reforma política electoral. Hemos sostenido que la aprobación de esta reforma constitucional no respondió a la corrección de deficiencias en el sistema; por lo contrario, se constituyó como una simple moneda de cambio que el PAN utilizó para que la propuesta en materia energética se consolidara y se convalidara.

Debido a lo anterior, existen aspectos fundamentales de la legislación secundaria, pero creemos que no se han incluido porque no conocemos ninguna propuesta. Ayer conocimos que el PRD presentó una propuesta de reforma reglamentaria en materia electoral y creemos que debiera hacerse un compás de discusión amplia.

Pero además, el artículo segundo transitorio estipula que a más tardar el 30 de abril del 2014, es decir, en un mes, mes y medio, dos meses, deberán expedirse las leyes que armonicen las disposiciones constitucionales. Con seriedad les podría preguntar ¿creen que esto pueda ocurrir?

Aunado a lo anterior, en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución se señalan las elecciones el primer domingo de junio, en lugar del de julio. Es decir, estamos contra el tiempo.

Esta iniciativa que estoy presentando está orientada a regular el trabajo de este Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a los cargos de consejeros electorales. Es un Comité Técnico que está funcionando.

¿Sabían ustedes, ciudadanos legisladores, que hasta ahora se han inscrito cerca de 334 nombres para ser consejeros electorales? 234 han tomado ya la decisión de inscribirse y 93 más están solicitando la entrevista para inscribirse.

Nosotros queremos proponer que dada la discusión de la ley reglamentaria podamos hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Hoy quisiera reiterar, sería un despropósito, lo digo desde esta tribuna, que siendo el último día este miércoles, sería un despropósito que los cuatro consejeros electorales que restan en el Consejo General del IFE, tengan la osadía de inscribirse como nuevos integrantes del INE. Podría suceder que se repita ese adagio de que las manzanas podridas contaminan a las manzanas aparentemente buenas.

Hacemos un exhorto a los consejeros electorales para que no cometan la osadía de quererse inscribir para ser consejeros del nuevo INE. Ellos son los responsables de este enorme atraco que sufrió la nación, son los responsables de haberse violado la Constitución y el grupo de diputados Movimiento Ciudadano les reclama que por valor civil que con autoridad moral los ciudadanos les pidan que no se inscriban, es el último día para inscripción.

Esta iniciativa tiene que ver con la regulación del trabajo que realiza el consejo técnico de evaluación. Y por tanto, presidente, le pediría que plasme íntegra en el Diario de Debates esta iniciativa.

Quiero decirles a esos que gritan, que esos que están atrás del PRI, del Bronx, y también del PAN, del Bronx, que me siento muy apenado por el discurso de su presidente, Peña Nieto. Eso de decir que lleva dentro y fuera del corazón su partido, no lo sitúa en un estadista, lo sitúa en un dirigente de barrio, en un líder de callejón, no es un estadista. El país requiere de estadista.

Los del PAN que gritan, no se sientan tan contentos, que Oceanografía los va a tocar, porque hay una enorme madeja de corrupción que seguramente van a salir, muchos de los que están sentados aquí, muchos de sus compadres, muchos de sus amigos, porque es enorme la corrupción de Oceanografía y no tienen autoridad moral ni el PAN ni el PRI para estar chiflando y gritando.

Deberían, esos del PAN, tener dignidad y callarse como muchos de sus compañeros y compañeras lo hacen, y no situarse en esos gritos anónimos que sólo implican descultura, incultura e ignorancia política. Ojalá y tengan dignidad para asumir los costos de estos actos inmorales de corrupción, que estos ladrones, Fox y Calderón, hicieron en este país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para reiterar y adherirnos a la solicitud que hace el diputado Monreal, para que hoy que se cierra el registro de aspirantes ninguno de los cuatro consejeros electorales del IFE actual busquen reelegirse, toda vez que el descrédito de esta institución tiene que ver precisamente con su actuación. Y nosotros reiteramos que ni uno de los cuatro participe, para no viciar aún más el nacimiento del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, Martin Luther King en uno de sus celebres discursos señaló: La esperanza de un mundo seguro y digno de ser vivido recae en los inconformistas.

Y precisamente si algo caracteriza al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara es nuestro inconformismo constructivo para transformar a México, inconformismo para defender la libertad en todas sus manifestaciones: de expresión, de elección, de decisión, para combatir la pobreza y la ignorancia, para revelarnos contra la corrupción y para contribuir al bienestar de la nación.

Los legisladores del Partido del Trabajo sí estamos inconformes con las arbitrarias reformas a la Constitución General de la República, porque si bien fueron impuestas violentando el propio procedimiento legislativo éstas no han contribuido a detener el deterioro de nuestras instituciones, la opresión de los más débiles, el abuso del poder, la acepción de personas y día a día se profundiza en las comunidades la depauperación social por la falta de empleo, el incremento de la inflación, los bajos salarios y las escasas oportunidades de desarrollo para los jóvenes.

Lamentablemente la política no ha sido suficiente para encausar al país en el camino del desarrollo social y el crecimiento económico, ahí están los indicadores a la vista de todos, y ello es así porque el interés supremo de quienes gobiernan ha sido solamente obtener el poder por el poder mismo; lograron recuperarlo para servirse de él, no para servir a México.

La ambición material desmedida de otros ha sido también el factor de desequilibrio social que ahonda las desigualdades, pues quienes detentan el poder económico y financiero en el país se niegan a invertir lo necesario para crear las fuentes de trabajo que tantas familias necesitan para subsistir y vivir con dignidad.

Muchas han sido desde el 5 de febrero de 1917 las enmiendas al texto constitucional con el afán de encontrar soluciones a los problemas de México, inclusive el Constituyente Permanente se ha atrevido a alterar los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna, como recientemente hemos sido testigos de ello, prometiendo al pueblo beneficios económicos que difícilmente llegarán a quienes más lo necesitan.

Ahí están como ejemplo las enmiendas en materia de trabajo. Se nos aseguró que con ellas habría más y mejores empleos mejor remunerados, y el resultado es catastrófico. No hay creación de fuentes de empleo, la economía no crece y por lo tanto aumenta el cierre de negocios y en consecuencia el desempleo. El incremento al salario mínimo ya no digamos fue irrisorio, sino fue una burla a la clase trabajadora.

¿Qué nos ha traído la reforma fiscal? Solamente incremento de impuestos, inflación, más pobreza y angustia a las familias mexicanas. Se nos aseguró que con la reforma energética habría más gasolina, más barata y que los recibos de luz serían menos onerosos y no vemos para cuándo. Deberían siquiera darle un bajoncito, aunque sea chiquito, para que se las crean.

¿Qué recurso le queda al pueblo frente a estas arbitrariedades? Yo solamente veo dos; la protesta social de las masas y encauzar el inconformismo a través del derecho, y es precisamente en ese sentido que se sustenta la iniciativa que hoy someto a su consideración.

El artículo 8o constitucional contiene una garantía a favor de los gobernados denominada derecho de petición. Si los ciudadanos hacemos uso del derecho de solicitar algo a las autoridades, sean éstas que pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, éstas tienen la obligación de dar respuesta a los peticionarios, y si no lo hacen los ciudadanos tenemos la posibilidad de obligarlos a que nos den una respuesta a través del  juicio de amparo.

Por lo tanto, los ciudadanos podemos someter a control constitucional a nuestras autoridades atendiendo a  lo que dice la Constitución en el artículo 8o; dirigirnos de manera escrita a los funcionarios y empleados públicos, entre los que encontramos a los titulares de los órganos administrativos; a los mismos legisladores y sus propios órganos de gobierno; a los jueces y todos estamos obligados a dar una respuesta escrita a toda petición que formule, en breve término y hacerla del conocimiento de quien suscriba la petición de manera personal.

No dar respuesta a una petición ciudadana planteada por escrito es violatorio de la garantía del derecho de petición, y un juez de distrito puede obligar a cualquier autoridad de los tres Poderes  a que le dé respuesta al ciudadano.

Si le concede el amparo y protección de la justicia federal, y si la autoridad señalada como responsable dentro del proceso constitucional se niega a cumplir con lo ordenado por el juez de distrito, puede llegarse inclusive a la destitución del servidor público y a su consignación por el delito de abuso de autoridad.

¿Qué sucede entonces si los ciudadanos tenemos tan efectivo instrumento constitucional a nuestro alcance, para hacernos respetar por parte de las autoridades y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones? Que no hacemos uso de él, quizá porque lo desconocemos o tal vez porque se nos ha hecho creer que es un procedimiento complicado y que se requiere siempre de un abogado, o porque simplemente ignoramos cómo redactar una demanda de amparo por violación al artículo 8o constitucional y en dónde iniciarla.

Vale la pena destacar en esta exposición de motivos la importancia que reviste para la vida democrática del país lo que señala el propio artículo 8o constitucional en materia política. El precepto indica que en materia política sólo podemos hacer uso del derecho de petición los ciudadanos de la república, lo que significa que cualquier asunto relacionado con la política del país también puede ser sujeto de control constitucional, y para ejercer este derecho solamente necesitamos dirigir un escrito que reúna dos características: que se presente de manera pacífica y respetuosa.

Lo anterior indica que las autoridades responsables de los asuntos políticos del país ante los ciudadanos que les hagan alguna petición por escrito, el que ésta les responda de la misma forma; por escrito y también de manera pacífica  y respetuosa.

En la práctica el uso del derecho de petición en materia política trae como consecuencia el que si un ciudadano desea escribirle al propio presidente de la república, al gobernador de su estado o al presidente municipal, a un diputado federal o local o a un senador o a cualquier otra autoridad política, ésta tiene la obligación constitucional de darle respuesta y esa respuesta tiene que ser como lo precisa la jurisprudencia; coherente, es decir que la respuesta a las peticiones ciudadanas no sean de mero trámite, sino que respondan verdaderamente al fondo de sus peticiones y al propio tiempo fundando y motivando la respuesta que recaiga a la petición formulada.

Precisamente como es la jurisprudencia de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación, la que establece que para que se considere como jurídicamente correcta una respuesta de la autoridad, ésta, además de ser por escrito debe ser coherente, además de fundada y motivada, y emitida por la autoridad competente.

Es entonces que someto a la consideración de esta soberanía incluir en el texto constitucional lo que consigna la jurisprudencia, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta reforma y lograr que las autoridades den respuesta a las solicitudes ciudadanas que reciban de manera integral. Es decir, cumpliendo con todos los requisitos que establece la jurisprudencia para que los órganos jurisdiccionales constitucionales consideren como correctamente atendida la petición ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, coherente, fundado y motivado de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Leonor Romero Sevilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

La diputada Leonor Romero Sevilla: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, me presento a nombre de la Comisión Especial de Programas Sociales para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En México la política social debe incluir aquellas acciones públicas cuya finalidad explícita será la de contribuir a elevar el bienestar social de la población. La ciudadanía en general merece la atención inmediata de sus necesidades, sin importar su color, clero, situación económica, o algún distintivo que induzca a la discriminación, en especial aquella población que no tiene acceso a los satisfactores más apremiantes para saldar las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar.

Los programas sociales en México son el medio que tiene el Estado para distribuir los recursos y satisfacer las necesidades que la población en general demanda. Por lo tanto, debemos asegurar que los programas sociales sirvan para lo que han sido creados, lograr que la ciudadanía que cumpla los requisitos de cada uno de ellos, disfrute y tenga acceso a estos apoyos para satisfacer sus necesidades.

En México, la política social y políticas públicas son esquemas diseñados con una visión con tendencia unilateral por parte del gobierno, ya que se soslayan aspectos esenciales que perjudican a la sociedad, que es potencialmente objetivo para lo que fueron creadas, descuidando aspectos, como lo es la simplicidad en las reglas de operación.

La complejidad de las reglas de operación no se limita solamente a la heterogeneidad en el orden de sus numerales de contenido, sino que se agudiza al encontrar que existen reglas de operación que contienen hasta seis programas sociales y sus distintos componentes en un solo documento, resultando publicaciones con más de 400 páginas en una sola sección, razón por lo que la población objetivo encuentra complicada la interpretación de los contenidos.

Muchas veces las dependencias ejecutoras de programas sociales al elaborar los proyectos para las respectivas reglas de operación, no toman en cuenta los principios dictados en diferentes ordenamientos para que las reglas de operación sean simples y precisas, con el objeto de facilitar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos y operación de los programas.

Pero el problema no termina ahí, sino que los dictámenes regulatorios que emite la Cofemer no tienen carácter vinculatorio, lo que permite que las observaciones que ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía les hace llegar a las dependencias por medio de dichos dictámenes, no contribuyan a la mejora continua, por lo que los contenidos de las reglas de operación no son corregidos antes de su publicación, de tal manera que las dependencias sólo cumplen con conseguir un dictamen regulatorio, que aunque le señala observaciones para atender, de todas formas esa situación no impide su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo tanto, así como es necesario que las reglas de operación desde que son anteproyectos sean elaboradas con altos índices de simplicidad, es imperante que las dependencias que las confeccionan cuenten con contenidos de homogeneidad y asuman la obligación de atender las observaciones que la Cofemer consigne a los dictámenes regulatorios correspondientes.

De aprobarse la presente iniciativa que muestra las acciones necesarias para contribuir hacer de las reglas de operación de los programas sociales, documentos que verdaderamente cumplan con principios de simplicidad y fácil interpretación por parte de la población objetivo, de paso estaremos eliminando o abatiendo un porcentaje alto de actos de corrupción, intermediarismo y abonando al principio de transparencia en la aplicación de los recursos.

Además de que al volver obligatoria la atención de las observaciones que la Cofemer realiza por medio de los dictámenes regulatorios correspondientes a las dependencias que operan programas sociales y elaboran sus reglas de operación, estaremos coadyuvando a la mejora continua de los procedimientos administrativos que intervienen en los procesos antes descritos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 236 del Código Penal Federal.

La diputada Sonia Rincón Chanona: “La definición del hombre como un ser que trabaja debe cambiarse por la del hombre como un ser que desea”. Octavio Paz.

Con su venia, diputado presidente. Estimadas diputadas y diputados, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, inciso a), fracción I, dice: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Como podemos explicar, a las personas que están y que han estado en la cárcel por muchos años injustamente, que las leyes mexicanas tienen como objetivo primordial salvaguardar los derechos de la gente inocente, como en ocasiones la falta de especificación en esa misma ley protectora es la que se encarga de privarles de su libertad.

Recordemos el caso de la señora Esperanza Reyes Aguillón, condenada a más de 5 años de cárcel por pagar involuntariamente con un billete falso, por comprar un cuaderno para las tareas de su hija.

Experiencias de injusticia como ésta no son únicas. Recordemos también el caso sonado de David Herrera Martínez, del municipio de Ocotlán, Jalisco, quien adquirió un sombrero de paja de 70 pesos y pagó con un billete de 500. Fue detenido y acusado del delito de uso de moneda falsa. De nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana.

El 30 de noviembre de 2011 el juez quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco lo sentenció a 5 años de prisión, pena que purga en el Centro Penitenciario de Puente Grande, un penal de máxima seguridad. El señor Herrera sigue en prisión injustamente.

Según cifras del Banco de México, cerca de 80 mil personas al año en el país son víctimas de los falsificadores, porque de alguna manera llegan a tener un billete falso en sus manos, así que de no modificar el Código Penal Federal se continuarán llenando las cárceles de gente inocente.

Cuando una persona no sabe que tiene en sus manos un billete falso y quiere pagar con él en cualquier lugar está cometiendo un delito, toda vez que los artículos 234 y 236 del Código Penal establecen una pena de 5 a 12 años de prisión, hasta 500 días de multa a quien use o circule monedas o billetes falsos.

La propuesta de reforma al Código Penal Federal que presento es que se exima de esa sanción a las personas que no hayan tomado las medidas necesarias para verificar la autenticidad del billete. Con esta modificación estaremos dando justicia a las personas que por circunstancias ajenas a ellos, como los casos que he mencionado anteriormente, son encarcelados por años sin ser culpables de tal delito.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Artículo único. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 234 y el párrafo primero del artículo 236 del Código Penal Federal para quedar como sigue: la pena señalada en el primer párrafo de este artículo también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada, salvo a quien no haya tomado las medidas pertinentes para verificar la autenticidad de la moneda.

Artículo 236, primer párrafo. Se impondrá prisión de cinco a 12 años y hasta 500 días de multa al que altere moneda, igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule moneda alterada, salvo a quien no haya tomado las medidas pertinentes para verificar la autenticidad de la moneda. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal.

El diputado Javier López Zavala: Gracias, señor presidente. Con su venia, compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta alta tribuna a presentar iniciativa que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, para separar el delito de falsificación de moneda del de intento de circulación de moneda falsa y a proponer excluyente del delito para que no se repitan casos como el de Esperanza Reyes Aguillón, quien recientemente recibió un indulto presidencial.

Todos conocimos por los medios de comunicación, que casos de personas que fueron juzgadas por comprar artículos con billetes falsos; sin embargo coincidimos que el tema central es que la defensa no fue la adecuada y que la ley sanciona del mismo modo a quien fabrica, distribuye o circula billetes o monedas falsas.

La mayoría de tipos penales establecido en el Código Penal Federal, cuenta con agravantes, atenuantes y excluyentes del delito, como refieren diferentes autores de la teoría del delito; sin embargo en la circulación de moneda falsa no es suficiente, claro el tipo y la sanción que se puede registrar como excesiva, aun así la persona no tiene el dolo o la mala fe y menos el conocimiento de que está realizando una conducta ilícita.

El artículo 234 del Código Penal Federal vigente, refiere que comete el delito de falsificación de moneda, el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.

Sanciona a quien cometa ese delito en grado de tentativa de cuatro a ocho años de prisión y hasta 300 días de multa. Esta misma pena también se impondrá a quien a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

El caso de Esperanza Reyes, que en el 2001 fue condenada a cinco años de cárcel por intentar usar un billete falso de 100 pesos y que recibió la libertad anticipada por indulto presidencial, fue el caso más sonado en los medios de comunicación. Esta mujer de escasos recursos que no sabe leer ni escribir, quiso pagar una libreta en una papelería con un billete falso. La historia todos la conocemos. Lo que es grave es que solamente tuvo una mala defensa o simplemente un desconocimiento de la ley y fue a dar a la cárcel.

Podemos ver que existe un vacío legal ya que según datos periodísticos, en México hay 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos, aunque de éstos en 176 de los casos los acusados intentaron distribuir más de tres billetes apócrifos. Entonces podemos deducir en estos datos periodísticos que 20 personas se encuentran actualmente en una situación similar a la de Esperanza.

Estos casos menores no deberían de ser considerados un delito, simplemente deberían establecer que el billete se cancela, por eso esto considerando agregar al Código Penal Federal causales de exclusión del delito como son:

Primero. Que la persona no haya sido juzgada por el mismo delito.

Segundo. Que la moneda que haya intentado circular sea notoriamente deteriorada a causa de su circulación previa.

Tercero. Que la persona tenga diagnosticada alguna discapacidad física o mental que no le permita verificar la autenticidad de la moneda.

Cuarto. Que la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por condición económica o social, a fin de que en estos actos no vuelvan a suceder casos como los que actualmente están expuestos en los medios de comunicación.

Sin embargo no son todos, y podemos decir que muchas personas inocentes actualmente se encuentran bajo proceso o son extorsionadas en las agencias de ministerios públicos con cifras negras que todavía no las conocemos.

Porque es algo muy común que recibamos en alguna operación comercial algún billete falso y sin percatarnos lo utilicemos para pagar en otro establecimiento, sin embargo no por ello somos falsificadores ni delincuentes.

Por eso hago esta invitación y someto a consideración de esta honorable asamblea, y considero de vital importancia darle elementos al juzgador para que él determine en qué casos hay dolo y en qué caso fue simplemente un error y pueda destruirse el billete y que la sanción para quien no obtuvo el deseo, el cuidado de revisar ese billete, sea solamente la destrucción del mismo y no a la cárcel.

En caso de que el asunto llegue a los tribunales, su defensa cuente con elementos excluyentes del delito. Que no haya ni una sola persona inocente en la cárcel por una ley imprecisa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Javier López Zavala. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar la presentación de mi iniciativa, quiero reconocer su liderazgo y su servicio a la nación durante el ejercicio de su presidencia, compañero Ricardo Anaya. Muchas felicidades.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada.

La diputada Adriana González Carrillo: En nombre de los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a presentar iniciativa para modificar el artículo 4o., de nuestra Constitución para incluir la pensión a personas con discapacidad, así como la creación del registro nacional que clasifique esa discapacidad y pueda apoyarse según corresponda.

La atención a personas con discapacidad tradicionalmente se ha enfocado en el aspecto de salud de los individuos a través de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo Naciones Unidas hace ya varios años propuso un enfoque distinto al poner en el centro del debate la inclusión social de este grupo de la población.

Con ello se genera una visión más amplia de lo que deben incluir las políticas dedicadas a las personas con discapacidad, las cuales además de los servicios de salud y rehabilitación y que incluyen el acceso a la asistencia social, educación y empleo.

Asimismo dentro de este concepto se incluye a todos los actores involucrados en la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a la sociedad; se reconocer a la familia tanto como medio de soporte económico, como de apoyo en el cuidado y la rehabilitación.

Las redes sociales conforman el siguiente círculo de apoyo que muchas veces son vínculos informales y otras son instituciones establecidas dentro de la sociedad civil.

La sociedad en su conjunto tiene un papel muy importante para la inclusión de este grupo de la población al evitar la discriminación y favorecer una efectiva inclusión en los distintos ámbitos sociales como son los espacios públicos y de esparcimiento, así como en escuelas y centros de trabajo.

Como reconoce la ONU y especialmente la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre Discapacidad, esta condición genera costos económicos y sociales para las personas, familias, comunidades y naciones.

Por ello resulta fundamental trabajar en dos frentes, el primero, el económico, buscando compensar a las familias por los costos adicionales que enfrentan; y el social, buscando una mayor conciencia en la población para evitar la discriminación y favorecer la inclusión en la sociedad.

Esta iniciativa incluye particularmente esos dos elementos que cita el informe de la OMS. En dicho informe una de las propuestas que se hace es apoyar a este grupo de la población a través de programas de transferencias monetarias condicionadas. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud elaborada por la OMS, ha permitido clasificar a las personas en cinco grupos de discapacidad, además de incluir en cada uno de ellos el grado de independencia que puedan tener estas personas, de acuerdo a la severidad del problema.

En varios países esta clasificación además de ser una herramienta para los servicios de salud, se ha empleado en compañías de seguros, esquemas de seguridad social, sistemas laborales, educación, política social, legislación y modificaciones urbanas.

En México, a pesar de que la Ley  General de Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye al gobierno federal para que expidan cédulas que contengan esta clasificación, en la práctica no se ha llevado a cabo.

La información de las personas con discapacidad en el mundo es muy variada, tanto por distintas formas de clasificar este grupo poblacional como por los procesos demográficos y sociales de cada país.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2012, en México el porcentaje de personas con discapacidad era de 5.1 por ciento de la población. La discapacidad que se presenta con mayor frecuencia es la de caminar o moverse, que es el 58 por ciento, seguida de la discapacidad visual, del 27 por ciento, y la incapacidad de comunicarse o escuchar, del 21.3 por ciento

Las principales causas de la discapacidad son las ya adquiridas ya sea por alguna enfermedad, por  avanzada edad o accidente, mientras que las provocadas desde el nacimiento sólo representan el 16.3 por ciento de los casos.

La distribución por edad de las personas con discapacidad es muy importante, ya que la intervención requerida es distinta. En 2010 el 41 por ciento de las personas con discapacidad tenía más de 60 años y otro  33 por ciento entre 30 y 59 años. Este fenómeno obliga a que la atención se concentre en la prevención de enfermedades y accidentes, así como en la readaptación social y laboral de estas personas.

Al analizar la incidencia de pobreza entre las personas con discapacidad, se observa que en los hogares donde se encuentran estas personas aumenta la probabilidad de estar en situación de pobreza en 4 por ciento respecto a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

Quienes tienen mayor porcentaje de personas en pobreza son los hogares con presencia de alguna persona que no puede poner atención o aprender, seguido de los que no pueden escuchar y quienes no pueden atender su propio cuidado personal. Estos grupos tienen a más del 59 por ciento de los hogares en situación de pobreza.

Por un lado, la situación de discapacidad genera gastos adicionales en las familias de este grupo de la población, además de demandar mayor tiempo de cuidado, lo que a su vez provoca que tanto ellos como sus familiares dediquen menor tiempo a trabajar, lo que reduce aún más el ingreso disponible de las familias.

El promedio de horas destinado al cuidado de familiares cuando los hogares tienen algún miembro con discapacidad puede llegar a ser igual que cuando hay niños menores de seis años –34 horas equivalen a la semana– o adultos mayores, 24 horas semanales.

En cambio, en hogares donde no hay niños menores de 6 años ni personas mayores de 65 el promedio de horas semanales dedicado al cuidado es de 18 horas.

La Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Banco Mundial, en el Informe Mundial sobre la Discapacidad propone a los países la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas con discapacidad.

En México este tipo de programas han sido ejemplo a nivel internacional; sin embargo, las personas con discapacidad no han sido consideradas dentro de ellos. Por ello se propone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lleve a cabo un programa con estas características y en justicia especialmente a quienes más lo necesitan y, siendo solidarias con las personas que tienen una persona entre sus miembros con alguna discapacidad, es urgente y necesario que consideremos esta reforma constitucional para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente muchas felicidades.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Adriana González Carrillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores.

El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea: diferentes medios de comunicación, entre los cuales destaca el New York Times, han investigado la comisión de hechos de corrupción que involucran a funcionarios del corporativo Walmart de México.

Se ha tratado de uso de sobornos para que funcionarios públicos de nuestro país falsifiquen documentos que forman parte de los requisitos legales para la integración de expedientes de gestión para la instalación de tiendas comerciales de ese corporativo en zonas restringidas por la legislación local. Lo que ocurrió en el caso de la construcción y funcionamiento de una tienda en Teotihuacán, estado de México.

Conocemos de esas reprobables acciones por el empeño de los medios de comunicación que han dado seguimiento a los casos, documentando las acciones y difundido las investigaciones emprendidas en los Estados Unidos de América, así como las sanciones impuestas en aquella nación, lo que lamentablemente contrasta con las nulas consecuencias jurídicas en nuestro país.

Estos actos de corrupción muestran la activa participación de los más altos mandos del corporativo aquí y en el extranjero. La asignación permanente de recursos en su presupuesto para la comisión de esas conductas, la lentitud con que se implementan mecanismos internos de corrección e inhibición de dichas acciones, y lo más importante, las nulas consecuencias esos actos.

Que en el mejor de los casos podrían ser sancionados de manera individual afectando a los agentes directos que lo cometen, pero no a quienes se ven finalmente beneficiados por los negocios realizados como consecuencia de las prácticas de corrupción.

Las acciones de los agentes de las empresas trasnacionales no pueden limitarse simplemente a su calificación como acciones aisladas de cohecho, soborno y corrupción, tipificadas penalmente y con alcances individuales, ya que su propia naturaleza conduce a identificar a esos sucesos como una afectación clara al desempeño honrado de la función pública, principio esencial del régimen democrático del país, lo que debilita la vigencia del Estado de derecho en su conjunto, y como consecuencia afecta a la soberanía nacional, principios constitucionales todos.

A lo anterior debemos agregar otros actos realizados también por los agentes de las trasnacionales beneficiados por las acciones gubernamentales y que en más de una ocasión han provocado la reacción de las personas y comunidades afectadas directamente con la instalación de establecimientos. Personas y comunidades que se han organizado para exigir el imperio de la ley, el respeto a sus derechos y la congruencia de la autoridad con los principios que norman el desarrollo y que han reconocido legalmente.

Además de las operaciones iniciales de corrupción y cohecho, los consorcios internacionales han recurrido a otras prácticas, financiadas también con cuantiosos recursos para enfrentar a los críticos de sus acciones indebidas, otorgando toda clase de apoyos a autoridades auxiliares y grupos sociales, cuya afinidad es literalmente comprada, motivándolas así para que manifiesten el apoyo social a los proyectos de las empresas extranjeras y se opongan por todos los medios y no en pocas ocasiones, incluso, a través de enfrentamientos físicos a las protestas ciudadanas que ejercen sus derechos al denunciar los actos iniciales de corrupción.

Estas operaciones evidentemente debilitan la paz de la sociedad, afectan la seguridad y con motivos e intereses del capital extranjero, fomentan la división y discordia de los mexicanos, teniendo como tema de confrontación la realización de hechos de corrupción de autoridades para expedir  permisos o licencias a los que la empresa legalmente no tendría derecho o no podría acceder.

Por lo que dichas conductas constituyen una afectación al pleno ejercicio de derechos humanos reconocidos en nuestro país como los de petición, manifestación, organización de toda clase de asuntos y particularmente en temas del orden público, y en los casos más graves se atenta contra la dignidad, integridad de la vida de las personas.

A pesar de que estas no son acciones aisladas e individuales, sino que forman parte de la planeación financiera de la empresa, permite advertir que no se trata exclusivamente de un asunto entre particulares, sino que las repercusiones de dichos actos tienden a debilitar principios esenciales en la organización del Estado nacional, como: el respeto al derecho a las personas, la probidad de nuestros funcionarios públicos, el Estado de derecho en su conjunto, pilares esenciales del Estado constitucional de derecho.

La presente iniciativa no pretende impulsar un nacionalismo hueco y sin sustancia que se oponga a las tendencias de libertades que rigen en el mercado. No se trata de imponer restricciones. Pero sí enfatiza la necesidad de reconocer que las inversiones extranjeras que se autoricen al constituirse como sociedades bursátiles son sujetas y deben apegarse su actuación a la legislación nacional.

De ningún modo se pretende imponer cargas, gravámenes u obstáculos a la inversión, pero sí precisar la obligación de respetar los principios constitucionales antes señalados y cuya vulneración constituye una afectación directa a la seguridad nacional en su conjunto, lo que debiera ser en realidad la seguridad de las personas que constituimos a la nación mexicana.

Es importante destacar que la obligación de observar y respetar las disposiciones legales de un país receptor es un imperativo incluso para los agentes diplomáticos, según lo establece el artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, por lo que si aún las personas a las que dicho ordenamiento internacional otorga privilegios e inmunidad deben respetar dichos ordenamientos, cuanto más la inversión extranjera, a lo que se otorgan plenas libertades y menores decisiones en su circulación, pero no privilegios o inmunidades que sólo reconocen para los representantes oficiales de las naciones.

Lo que se pretende obtener con la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, es otorgar plena certidumbre a la inversión extranjera en el sentido de señalar que en el país se les reconoce, se les protege y que las instituciones públicas fomentan la adopción de medidas que garantizan plenamente su establecimiento, su desarrollo y sus ganancias, como lo son: el propio imperio de la ley, el efectivo combate a la corrupción, la estabilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas, elementos valorados en los diferentes estudios y mediciones de la competitividad en nuestras entidades federativas y del país.

Mientras que la posible comisión de prácticas de corrupción genera un efecto perverso en las empresas al encarecer las propias inversiones y sobre el Estado en su conjunto al debilitar a las instituciones democráticas y erosionar las condiciones de competitividad. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Víctor Manuel Bautista López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se integre en el orden del día dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene la palabra el diputado Carlos Castaños Valenzuela, para hablar a nombre de la comisión.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, en esta ocasión fundamento ante esta asamblea a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Deseo resaltar que la minuta emitida por el Senado fue aprobada por la colegisladora por unanimidad y de igual manera la Comisión de Derechos Humanos la votó con el mismo consenso. En el dictamen que presento se aprueba que en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se especifique que anualmente sólo se podrán realizar dos cambios de miembros de su Consejo Consultivo, en razón de su mayor antigüedad. Ello para armonizar el texto de la ley con lo que establece el artículo 102 apartado B, de la Constitución.

Adicionalmente y de manera independiente al proceso de renovación anual por mayor antigüedad, en el dictamen que se presenta se adiciona un párrafo tercero que contempla un nuevo proceso de selección extraordinario, que deberá de seguirse en los casos de falta absoluta de miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, esto con el fin de designar a los nuevos integrantes que habrán de  entrar en su lugar.

Asimismo, se precisa que dicho proceso iniciará con una notificación que deberá realizar de inmediato el presidente de la Comisión Nacional de  Derechos Humanos a la Cámara de Senadores, o en su caso a la Comisión Permanente, precisándose que tal proceso deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes.

En complemento de lo anterior se especifica que quienes suplan a los integrantes del Consejo Consultivo en los supuestos de falta absoluta, lo harán por todo un periodo completo y no solamente por el tiempo que le restaba al consejero que sustituye.

Por otra parte, en el dictamen contempla la posibilidad de que aquellas personas que hayan sido candidatas en un proceso de elección de miembros del Consejo Consultivo puedan volver a participar en los futuros procesos de elección que eventual pudieran realizarse dentro del mismo año natural, y en ese supuesto se establece que será suficiente que dichas personas cumplan los requisitos del proceso para el que participaron y manifiesten su interés de volver a participar a través de un escrito. Ello con el propósito de promover e incentivar la participación de aquellos hombres y mujeres con perfiles adecuados y trayectorias destacables que no resultaron elegidos en un primer proceso.

Señoras y señores legisladores, como sabemos, los derechos humanos nacieron con la finalidad de reconocer las garantías a los seres humanos y son fundamento para la evolución y crecimiento de una sociedad que se considera civilizada. En este sentido las enmiendas  propuestas abonarán al fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que facilitarán que en la realización de los procesos para la conformación de su Consejo Consultivo se cuente con disposiciones claras que eviten problemas de antinomias e interpretaciones.

Por último, no omito mencionar que de aprobarse el dictamen que hoy se somete a su consideración estaremos dando continuidad al aprobado por esta soberanía el pasado 26 de septiembre de 2013, mismo que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el cual se estableció la regulación de la ratificación  de integrantes del Consejo  Consultivo de la CNDH que deseen contender para un segundo periodo.

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos agradezco a todas y a todos su atención y esperamos el respaldo que puedan dar a este importante dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Carlos Castaños Valenzuela.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de todos ustedes. La lucha por el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en nuestro país ha recorrido un largo camino.

Hace algunas décadas resultaba imposible abordar el tema de los derechos humanos de manera abierta, ante la cerrazón de un régimen autoritario. Hoy los derechos humanos se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y de gestión gubernamental.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su creación en 1999, es el órgano del Estado mexicano que vela por el respeto, defensa, promoción y protección de los derechos esenciales de las y los ciudadanos. Con el paso de los años, este máximo órgano de protección de los derechos humanos ha logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas.

Con el cambio de paradigma jurídico aprobado por el Constituyente Permanente el 10 de junio de 2011, la CNDH se ha convertido en pieza fundamental de este largo recorrido que han efectuado los derechos humanos en nuestro país.

En el desempeño de la Comisión el consejo consultivo constituye un elemento vital en el funcionamiento del órgano protector de los derechos humanos, debido a que funge como el mecanismo de vigilancia en la actuación y en el desempeño del Ombudsman de la nación.

La importancia de este consejo consultivo radica en la integración de 10 ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en la sociedad, los que componen a tan importante órgano y quienes representan un contrapeso imprescindible en el funcionamiento eficaz de la CNDH.

Otros aspectos relevantes de este consejo radican en que al menos siete de estos integrantes no deben ser funcionarios públicos. Y también depende del carácter honorario que reviste el asumir dicho cargo. Asimismo nuestra Carta Magna establece que la elección de estos consejeros deben ser aprobados por el voto de dos terceras partes del Senado de la República, o en sus recesos por la Comisión Permanente.

De igual forma, nuestra Constitución establece que la ley secundaria habrá de fijar los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas, así como la sustitución anual de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, con la salvedad de poder ser propuestos y ratificados para un segundo periodo.

Sin embargo, actualmente la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no regula de manera precisa el procedimiento a seguir ante el supuesto de la falta absoluta de algún integrante del consejo consultivo.

El dictamen que nos ocupa en esta presente discusión representa un significativo avance en el fortalecimiento del máximo órgano de protección de los derechos humanos, precisamente al regular el procedimiento a seguir ante la ausencia de algún integrante del consejo consultivo, estableciendo la inmediata notificación al Senado para emitir la convocatoria e iniciar el procedimiento de auscultación de los candidatos, su votación y su eventual designación.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que esta medida legislativa resulta oportuna, toda vez que actualmente existe una medida legal que genera incertidumbre jurídica a quienes desean ser sujetos de una eventual designación como consejero consultivo ante una vacante anticipada de este cuerpo colegiado.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, en virtud de que dicha propuesta fortalece el esquema de funcionamiento eficaz del Consejo Consultivo y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al incluir la hipótesis normativa de la falta absoluta de un consejero, cuestión que sin duda abona en la participación ciudadana dentro del máximo órgano de protección de los derechos humanos de nuestro país.

La importancia que reviste el realizar medidas legislativas eficaces en materia de derechos humanos, beneficia, sin duda, a la ciudadanía, en el alcance máximo de sus libertades fundamentales y abona en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortíz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Derechos Humanos ha presentado a este pleno su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El proyecto legisla en torno a la elección y renovación de los miembros del Consejo Consultivo de la comisión. La propuesta se fundamenta en el artículo 102 de la Constitución federal, el cual define que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros y que anualmente se sustituirán a dos integrantes de mayor antigüedad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene establecido en su Capítulo Tercero los fundamentos para la integración y facultades de dicho consejo, y particularmente en su artículo 17 el mecanismo por medio del cual se intenta cumplir con la Constitución en cuanto a la renovación anual de dicho consejo.

Sin embargo, en el ejercicio de revisión y constante mejora de nuestras instituciones, se ha visto que el artículo citado deja vacíos legales, que es necesario solventar para garantizar el respeto y cumplimiento de nuestra Constitución.

Debemos considerar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es tal vez la institución que más responde a las exigencias de la sociedad civil, ya que la protege y defiende de los abusos cometidos en su contra, ya sea por servidores públicos, autoridades u otros actores con poder fáctico.

Es por ello, que mantenerla libre de intereses particulares y grupos de poder es uno de los principales retos que tiene esta institución. Nosotros como legisladores debemos construir y dotarla de los instrumentos necesarios para blindarla contra este tipo de amenazas.

Asimismo, garantizar el funcionamiento, imparcialidad y eficacia, en sus órganos de gobierno y dirección es un requisito necesario para consolidar un Estado democrático, social y de derecho, que respete como piedra angular a los derechos fundamentales, los derechos humanos.

Por ello, el proyecto presentado por la colegisladora nos parece pertinente, ya que, por una parte, busca cumplir con el precepto constitucional de renovación de dos consejeros anualmente, planteando una regla clara en cuanto a la posibilidad de conflicto por antigüedad de los consejeros, y por otra, define un mecanismo para integrar, en caso de que exista la falta absoluta, un consejero al Consejo Consultivo.

Sabemos que la construcción de este proyecto fue fruto de una discusión amplia que incluyó la opinión de expertos y de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, elemento que le da una mayor validez.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la minuta y votaremos a favor. Es cuánto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortíz Ahlf. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en base a su mandato constitucional se encarga de atender las quejas formuladas en contra de actos violatorios a derechos humanos.

El objetivo de este organismo es de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

La Comisión Nacional se integra por un presidente, una Secretaría Ejecutiva, visitadores generales y personal profesional técnico y administrativo. Para el mejor desempeño de sus responsabilidades cuenta con un Consejo Consultivo. El presidente es el encargado de ejercer la representación legal del organismo. Después del presidente se encuentra el Consejo Consultivo, que se integra por 10 consejeros que son elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional establece expresamente: anualmente, durante el mes de octubre serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan dos consejeros con la misma antigüedad será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.

Dos de los diez consejeros de la Comisión Nacional deben ser sustituidos anualmente por orden de mayor antigüedad, sin embargo, existe un supuesto jurídico en el presente artículo que da lugar a confusión e incertidumbre.

La redacción vigente en el artículo infiere a la posibilidad de realizar más de dos sustituciones anuales, debido al concepto de mayor antigüedad y la falta de precisión al método de elegir la sustitución de los consejeros.

La iniciativa presente pretende reformar y adicionar el artículo 17 de la ley de esta Comisión para reducir la variedad y ambigüedad existente en dicho precepto, y así clarificar y reiterar la obligatoriedad de la ley de la Comisión, de que solo se sustituya a dos consejeros anualmente, a pesar de que más de dos integrantes del Consejo tengan la misma antigüedad en el cargo.

Asimismo, adicionar al artículo los pasos a seguir si es que se vuelve a elegir al mismo consejero.

El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano estamos a favor de la iniciativa propuesta, a fin de reducir toda vaguedad existente en el artículo 17 y así para que el Consejo Consultivo desempeñe mejor su trabajo y los 10 consejeros integrantes de esta comisión cumplan cabalmente con sus responsabilidades.

Es importante recalcar que nuestro país se encuentra entre los primero países del mundo, desafortunadamente donde se pasan por alto los derechos del hombre, del ser humano. Nos encontramos con la negligencia médica, por ejemplo, donde no existe la cultura del respeto y protección también a los migrantes en su caso. Mayor índice en trabajo infantil, millones de niños trabajan en México, 870 mil son menores de ellos de 13 años. El maltrato a la mujer, barreras que impiden al máximo el desarrollo de las personas con discapacidad entre otros.

Si seguimos hablando podríamos tardarnos días y llegar a un sin fin de adeudos que tiene el Estado mexicano con sectores sociales. Es pertinente, en consecuencia, que los integrantes del Consejo Consultivo estén bien informados, capacitados y educados en cuestión de los derechos humanos, por eso el tender a su profesionalización es de la mayor importancia y trascendencia.

No basta con adecuar artículos para un mejor funcionamiento y en ello estamos claros, sino también el actuar y ser más críticos y exigentes con quienes tienen ese derecho y ese deber de respetar y promover los derechos humanos de los miembros de nuestra sociedad mexicana. Es cuanto, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Tiene el uso de la palabra, el diputado Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con la venia de la Presidencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el órgano encargado de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, en especial ante abusos cometidos por autoridades estatales, posee autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonios propios.

Gracias a la autonomía de gestión y presupuestaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene libertad de actuación frente a los poderes públicos para defender de manera eficaz los derechos humanos de los mexicanos, sus recomendaciones cuya fuente de poder reside en la legitimidad ciudadana, es su principal herramienta para que los órganos del Estado respeten los derechos de las personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está integrada por un presidente y Consejo Consultivo, el cual está integrado por 10 consejeros, sus cargos son honorarios. Tres funciones principales recaen ahora sobre el Consejo Consultivo; el apoyo crítico les corresponde a los consejeros, revisar el Programa Anual de Trabajo de la comisión, así como opinar sobre las recomendaciones generales y los informes especiales.

Control. Corresponde a los consejeros revisar el estado financiero de la CNDH, así como dar su aval para la presentación de su informe anual de dicho organismo y el Reglamento de la CNDH. Aprobar tanto el Reglamento interno como el Reglamento de transparencia de la CNDH es una obligación de los consejeros.

Debido a la gran importancia que reviste en la operación y funcionamiento de la CNDH la elección de los 10 consejeros del Consejo Consultivo, es primordial precisar reglas claras para su conformación.  Su selección se realiza mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores o, en sus recesos, con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Debido a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ve con agrado este proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de dar certidumbre en la elección de los consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH.

Con la presente adición y reforma al artículo 17 se establece que sólo se sustituyan a sólo dos consejeros anualmente. En caso de un proceso de selección extraordinario se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 d esta ley dentro de los 90 días siguientes.

Independientemente de la renovación anual y por último un candidato que haya participado con anterioridad, podrá acudir a un segundo o ulteriores procedimientos siempre que haya cubierto los requisitos en aquél en que participó.

Aprovechamos esta tribuna para reconocer la importante labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que trabaja por una sociedad mexicana democrática, moderna, incluyente y respetuosa tanto de los derechos humanos como del estado de derecho, porque estamos convencidos que éste es el camino correcto para lograr nuestros objetivos políticos y económicos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Perdón. Gracias, diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes a todas y a todos los legisladores. Con su venia, señor presidente. Al igual que el dictamen aprobado por esta Cámara en el anterior periodo ordinario de sesiones, en esta ocasión se resuelven diversos vacíos jurídicos en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permite contar con mayor certeza en los procesos de renovación de los asientos del Consejo Consultivo de la comisión.

La relevancia de este órgano reside en las facultades de las consejeras y los consejeros que van desde establecer los lineamientos y normas internas hasta solicitar información de los asuntos y emitir opinión acerca del informe anual y el Presupuesto.

Actualmente existe un vacío jurídico, ya que se instruye sustituir anualmente a sólo dos consejeros o consejeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anualmente por razón de su antigüedad, independientemente de que haya más que se encuentren al mismo supuesto.

Es necesario reformar el texto legal, de acuerdo a lo que propone el dictamen, pues la sustitución de dos asientos es lo único que permite el texto constitucional y resulta deseable a fin de garantizar la continuidad de los trabajos de la comisión.

Por otro lado se estipula el procedimiento para nombrar al consejero o consejera en caso de falla o falta absoluta, pues hasta este momento solamente existía un procedimiento inequívoco para la selección tras el vencimiento del periodo en el cargo.

A este respecto compartimos  el planteamiento de la comisión dictaminadora para que la persona integrante del consejo se desempeñe en éste por un periodo completo después de su asignación por parte de una mayoría calificada del Senado o de la Comisión Permanente, ya que el proceso del nombramiento ante el Congreso le permite reunir la legitimidad suficiente para asumir el cargo plenamente y de esta forma no se limitaría a ser un consejero provisional.

Otra modificación del dictamen es la precisión de que de presentarse en más de una convocatoria para elegir a una persona integrante del consejo en el mismo año, exista a posibilidad de que una persona pueda postularse en un proceso posterior sin comenzar un nuevo trámite, sino tan sólo manifestando su deseo de participar nuevamente.

El grupo parlamentario del PRD manifiesta su convicción de que se requieren eficacia e independencia del órgano nacional de protección de derechos humanos para sortear la difícil situación en la materia que atraviesa nuestro país, lo que significó más de 180 recomendaciones en el reciente Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, muchas de las cuales ya se habían planteado en el anterior ejercicio y no han sido atendidas debidamente. Estas cualidades se refieren tanto al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a los integrantes de su consejo consultivo, pues comparten la alta tarea de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos de posibles actos u omisiones por parte del Estado que vulneren sus derechos.

A este respecto no podemos dejar de mencionar que tenemos la certeza de que el ombudsman nacional cumplirá dignamente con su responsabilidad en la reciente solicitud que le ha hecho esta soberanía. Me refiero a la solicitud de opinión respecto al dictamen aprobado irregularmente por dos comisiones de esta Cámara el 10 de diciembre pasado, con lo que se admitió sin discusión ni respeto a los procedimientos una propuesta de ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal que cancele el ejercicio de los derechos de reunión, expresión, asociación y petición,  entre otros.

Asimismo consideramos que las y los integrantes del consejo consultivo deberían de ser personas con una trayectoria destacada en la defensa, promoción, protección y estudio de los derechos humanos y que se debe animar el debate público en la sociedad civil y la opinión pública sobre el desempeño de la comisión y su consejo.

Por ello estas reformas deberán redundar en procesos más justos y transparentes de selección del consejo consultivo, gracias a los cuales esperamos que los representantes de la iniciativa privada sin experiencia en estas áreas no se vean favorecidos en detrimento de personas que legítimamente y con valentía defienden y promueven los derechos humanos en todos los rincones del país, lo que en ocasiones por cierto pone en riesgo su integridad o su vida.

Por tales razones, invitamos a todas las legisladas y legisladores a emitir su voto a favor. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Margarita Tapia  Fonllem. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia González Gómez, para fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Cecilia González Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados: a nombre del Grupo Parlamentario del PRI deseo externar el respaldo de nuestra fracción parlamentaria a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En ese sentido, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos ciertos de la relevante importancia que reviste el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que consideramos de vital importancia la aprobación de enmiendas que coadyuven a precisar con mayor claridad las reglas de su conformación.

Por ello coincidimos con las reformas y adiciones propuestas en este dictamen, ya que las mismas dotarán de mayor certidumbre jurídica la realización de los procesos de conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al establecerse disposiciones claras que eviten problemas de interpretación.

Al mismo tiempo, de aprobarse este proyecto de dictamen se armonizará el texto vigente de la ley con el artículo 102, Apartado B de la Constitución, dando mayor certidumbre jurídica al precisar que únicamente podrán realizarse dos cambios anuales de aquellos consejeros con mayor antigüedad, como lo han mencionado quienes me antecedieron en la palabra.

También se determinará cómo habrá de procederse en aquellos casos en que se presente la falta absoluta de algún miembro del Consejo Consultivo, resaltando que esta situación a la fecha constituye una laguna jurídica de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es de suma importancia resaltar que esta iniciativa también se propone adicionar al mismo precepto un párrafo tercero a fin de determinar el proceso a seguir para la designación en caso de falta absoluta de cualquier integrante de este Consejo Consultivo.

En este contexto se precisa que dicho proceso iniciará con una notificación que deberá realizar de inmediato el presidente del organismo a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente. Esto fortalece la intervención del Poder Legislativo en el proceso, lo que además garantiza el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de la población.

México, en los últimos años ha desempeñado un papel muy activo en el fomento de una cultura en pro de la defensa de estos derechos y libertades fundamentales. El 10 de junio del 2011, el Constituyente Permanente reformó 11 artículos de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los cuales se incorporó a nuestra ley fundamental el catálogo de los derechos humanos reconocidos y protegidos por los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

De igual forma, se redundó en el fortalecimiento de la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos en cada uno de los estados y también del Distrito Federal.

Ciudadanizó aún más la elección de sus titulares y otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren los derechos humanos.

La importancia en la selección de los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de suma importancia porque con ellos se garantiza su salvaguarda.

En nuestro grupo sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer para prevenir, sancionar y erradicar las violaciones de los derechos humanos. Gradualmente habremos de consolidar el Estado de derecho y la vigencia de los derechos y libertades civiles, políticas, económicas y culturales que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al cual orgullosamente pertenezco, externa su apoyo a favor de este dictamen que posibilitará optimizar el desempeño y la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Cecilia González Gómez.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 401 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se procede a dar cuenta de la licencia del diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de esta Cámara.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de marzo de 2014.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presentes.

Con fundamento en la normatividad aplicable solicito se someta a la consideración y aprobación del pleno la presente solicitud de licencia para separarme de mis funciones como diputado federal, misma que surtirá efecto a partir del 6 de marzo del presente año.

Atentamente. Firma. Diputado Ricardo Anaya Cortés.

Cumplida su instrucción, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, secretario. Muy estimadas compañeras diputadas, muy estimados compañeros diputados, presidir la Cámara de Diputados ha sido el máximo honor de mi vida. Ustedes me permitieron conducir históricas sesiones, la de hoy será la última.

Se ha dicho, y es cierto, que el primer deber es agradecer, y tengo mucho que agradecer a cada una y a cada uno de ustedes. A los grupos parlamentarios y a sus coordinadores agradezco su confianza. A la Mesa Directiva agradezco su acompañamiento generoso.

A mi equipo de trabajo, a nuestro gran equipo de trabajo en la Cámara de Diputados agradezco su profesionalismo. A las compañeras y a los compañeros de la fuente les agradezco que hayan estado siempre atentos a nuestro quehacer y a nuestros pendientes. A todas y a todos ustedes muchas gracias.

Creo en la libertad, en la tolerancia, en el diálogo y en los acuerdos. Mi reconocimiento a quienes han tenido el valor para ponerse de pie y hablar, y mi reconocimiento también a quienes han tenido el valor para permanecer sentados y escuchar. Siempre he estado orgulloso de mi militancia partidista, y desde ese orgullo procuré serenidad, prudencia e imparcialidad.

Procuré representar la unidad de la Cámara a partir de su valiosa pluralidad. Procuré representar y defender a las instituciones del Estado mexicano. Procuré alentar el debate, jamás ahogarlo. Y con todas mis limitaciones hice mi mayor esfuerzo por representarlas y representarlos dignamente a ustedes, a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión.

Sé que falta mucho por hacer y lejos de cualquier actitud triunfalista, mantengo la convicción de que esta legislatura con las reformas aprobadas ha escrito ya una de las páginas más brillantes en la historia moderna del Congreso.

Compañeras y compañeros, despedirse nunca es fácil, asumiré con pasión y con emoción nuevas responsabilidades, pero nunca olvidaré lo que de ustedes y con ustedes he aprendido. Aquí aprendí que quien piensa diferente no es enemigo; aquí aprendí, parafraseando a Víctor Hugo, el valor de tener amigos valientes y leales, y el valor también de tener adversarios que cuestionen nuestras propias certezas.

De manera muy especial agradezco a mi familia, a mi esposa Carolina, a mis tres hijitos; Santiago, Mateo y Carmen. Me voy con la frente en alto y les digo que el honor que me han confiado lo guardaré celosamente, porque sé que no es sólo mío sino de nosotros cinco.

Me voy agradecido, alegre y con muchos amigos. Me voy con más esperanza en el futuro de México que cuando llegué. Me voy convencido de que lo mejor para México está por venir.

Sé que nos reencontraremos en el camino luchando por México, porque como dice Benedetti, la vida es eso; continuar el viaje, perseguir tus sueños; destrabar el tiempo; correr los escombros y destapar el cielo, y porque aún hay fuego en nuestra alma, aún hay vida en nuestros sueños.

De todo corazón, muchas gracias y hasta pronto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Antes de someter a la consideración del pleno la licencia, diputado Villarreal, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente.

Quisiera, si la asamblea me lo permite, agradecer y hacer un reconocimiento público a nuestro compañero, al diputado Ricardo Anaya Cortés, porque durante estos meses estoy cierto, ha presidido este Congreso y se ha destacado por su actitud republicana y su profundo sentido de Estado, ha enaltecido en todo momento la función del Poder Legislativo.

Su Presidencia se ha caracterizado por la serenidad, la tolerancia, la inclusión, la paciencia y, desde luego, el respeto a este Poder y a cada uno de los que integramos esta Cámara de las y los diputados.

Puedo afirmar que su buena conducción desde la Mesa Directiva nos ha permitido generar los acuerdos y los consensos que le dieron paso a las reformas más profundas y más importantes de la vida de este país en las últimas décadas.

Estoy cierto –y así estoy seguro coincidimos todas y todos en este recinto– que el presidente Ricardo Anaya ha representado a este Poder de la Unión con pulcritud, con amabilidad, pero siempre con firmeza, lo que le otorga dignidad a este Poder, que representa verdaderamente a todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

En lo personal, querido Ricardo, y a nombre de tu Grupo Parlamentario del PAN, debo decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti. Tu trabajo inspira a millones y millones de mexicanos y, particularmente, de jóvenes, no solamente a los de tu partido, sino a los mexicanos que todos los días hacen un esfuerzo por alcanzar el éxito y que en ti se reflejan y se inspiran.

No miento cuando afirmo que te has convertido para muchos mexicanos en un referente de lo que México es y quiere ser, en un ejemplo. Te has convertido en un liderazgo que en todo momento supo anteponer los intereses de todos los mexicanos por encima de los intereses partidistas.

Te deseo el mayor de los éxitos para el camino que hoy emprendes. De mi parte y de tu grupo parlamentario queda la amistad, la gratitud y el reconocimiento a tu trabajo. Mucho éxito.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Manlio Fabio Beltrones.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara quiere hacer un reconocimiento a quien ha sido el tercer presidente de esta Legislatura, en la cual mujeres y hombres valiosos, que han sabido trabajar con una visión que alcanza sobre todo el mejor futuro para los mexicanos.

Y que este presidente se suma a dos Presidencias anteriores, como la de Jesús Murillo Karam y la de Francisco Arroyo Vieyra, que han actuado con enorme talento, respetando el Reglamento, haciéndole frente siempre a las circunstancias que de una u otra manera se viven en una asamblea tan dinámica, como a la que pertenecemos, y que nos ha permitido debido a ello alcanzar grandes acuerdos dentro de nuestras diferencias, que le sirven a México.

El diputado Ricardo Anaya, quien ha solicitado licencia, adicionalmente le ha puesto, y es de reconocerse, serenidad, inteligencia y talento al manejo de la Presidencia, lo cual le permitió no imponer nunca lo que ha sido su voluntad, sino ganar autoridad política, con la cual hemos podido avanzar en la mayor de las concordias.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el reconocimiento va porque no es fácil el poder conducir esta asamblea, y lo saben y lo sabemos todos los que hemos presidido, hemos tenido el honor de presidir esta Cámara, pero tampoco resulta fácil el encontrar soluciones como las que aquí se han dado para poder garantizar el trabajo legislativo.

Le deseamos la mejor de las suertes, y sobre todo, el día de hoy en el que hemos vivido vicisitudes similares a otros días, de una sesión tan intensa, estoy seguro que nos va a extrañar y nosotros también a él. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Silvano Aureoles.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, expresar nuestro reconocimiento a nuestro amigo el diputado Ricardo Anaya, reconocerle por una actitud incluyente, tolerante y que le dio una conducción acertada al pleno de la Cámara de Diputados, con un agregado que hay que destacar, Ricardo es un hombre joven, que con esa energía y con ese talante pudo hacer de la Presidencia de la Cámara, en estos meses que llevamos, el espacio adecuado para encausar las discusiones y el debate.

Sin duda, que siempre hay expresiones, resultado de la natural diferencia, las diferencias que se expresan en esta Cámara, en sus grupos parlamentarios, resultado de una pluralidad, que sin duda vive el país, vive México y que la Cámara, siendo la expresión ciudadana por excelencia, popular, más bien, es el reflejo de lo que vive la sociedad mexicana.

Por ello, expresamos este reconocimiento a Ricardo, un hombre joven, talentoso, que sin duda le esperan muchos éxitos para adelante, pero que ese reconocimiento es a su capacidad y a su actitud en los momentos difíciles que vivió este pleno y la Cámara, en momentos apenas superados.

Por ello, estimado amigo Ricardo, enhorabuena. Éxito en lo que la vida le depare y nuestro reconocimiento estará por siempre. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Astudillo.

 El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. A nombre de todo nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y muy en especial de nuestro coordinador, Arturo Escobar, también queremos hacer un amplio reconocimiento a la persona de Ricardo Anaya Cortés, en este tiempo que fue el representante de todos los diputados.

Este trabajo que sin duda no fue fácil, como lo han mencionado nuestros compañeros, un trabajo que se caracteriza por haber sido imparcial, por haber tenido un trato justo a todos los partidos, por lo menos así lo percibe y lo siente el Partido Verde Ecologista de México.

Pero algo muy importante, amigas y amigos, que sin duda estos dos periodos se recordarán en la historia de nuestro país. Por su juventud, por la frescura, por el entusiasmo y también por el trabajo limpio y el desempeño de hoy, nuestro compañero Ricardo Anaya Cortés.

Todos estos ingredientes fueron los que dieron como resultado el haber tenido las reformas estructurales más importantes en la historia reciente de nuestro país. Y como queretano y amigo, Ricardo, yo te puedo decir que has puesto muy en alto el nombre de nuestro estado. Has puesto muy en alto la responsabilidad legislativa en la historia de todos los queretanos que han ocupado algún lugar en esta Cámara de Diputados.

La historia, tuya y mía, nos ha puesto en diferentes cargos públicos en los que hemos compartido las diferentes responsabilidades. Siempre hemos contado con tu apoyo y siempre contarás con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, no solamente como legisladores sino como amigos, que a eso venimos a esta Cámara, a construir amistades que perduren y que nos sirvan en un futuro. Muchas gracias a todos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarme también, para expresar una felicitación a nuestro compañero diputado, o ex, bueno, diputado aun porque no se ha sometido a votación, compañero Ricardo Anaya.

Por una razón fundamental, porque puso su conocimiento del derecho parlamentario al servicio de la apertura y la flexibilización del debate. Y es precisamente esa flexibilidad y apertura la causa de los reconocimientos que hoy le expresamos.

Quiero aprovechar para decirles a todos los compañeros, compañeras y compañeros diputados, pero particularmente a los coordinadores parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política que no debemos detener al debate abierto y flexible, como el que nos permitió Ricardo Anaya bajo la conducción de las asambleas de este pleno.

Que al contrario, cada vez que expresó su flexibilidad lo hizo para enriquecer, finalmente, el producto legislativo. Y que si los coordinadores parlamentarios requieren o buscan merecer mayor reconocimiento de este pleno, tienen un ejemplo en la flexibilidad y apertura que aquí mostró el compañero diputado Ricardo Anaya, a quien expreso, reitero mi reconocimiento y expreso mis parabienes en su siguiente tarea política. Gracias y felicidades.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero unirme a este reconocimiento, no solamente a título personal, sino a nombre de diputados del PT. En el reconocimiento, Ricardo, que durante tu presidencia te caracterizaste por escuchar, por moderar, pero sobre todo –y creo que esto hay que reconocerlo– por atendernos como pares, con serenidad y flexibilidad como ya se ha dicho, pero con estabilidad y control.

Creo que el diputado Anaya representa en esta Cámara, no solamente que el país ha cambiado y que tenemos una nueva generación de políticos que aunque nos encontremos en un espectro ideológico distinto debemos de reconocer en el diputado Ricardo Anaya, que cada una de sus intervenciones fuese en esta Cámara de Diputados o en eventos, siempre dio muestras de control y de notable cultura.

Yo terminaría diciéndole a Ricardo, que a contrapelo de la apuesta por la pasividad de los jóvenes ha surgido una nueva generación que no estamos dispuestos a rendirnos a los amagos del poder. Creo que aunque en distintos espectros de la ideología estamos igualmente en esta convicción. Y yo te felicito y te felicito por tu apertura y por tu serenidad y madurez. Muchas gracias.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don René Fujiwara.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Igualmente, a nombre de mi grupo parlamentario, de su coordinadora, la maestra San Juanita Cerda Franco, me gustaría sinceramente reconocerte, apreciarte, agradecerte también estos momentos que hemos vivido juntos, que sin duda alguna serán por el bien del país, que han sido momentos sumamente, con una carga histórica y con una relevancia muy significativa para las siguientes generaciones.

A título personal también reconocer la juventud y evidentemente el papel que has desempeñado como Presidente de la Cámara de Diputados, el estatus también que le has dado a la juventud a lo largo de estos meses, de este desempeño que has tenido y sin más por el momento de verdad reconocerte, agradecerte esos momentos y dejarte nuestro reconocimiento como grupo parlamentario.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Yo lo que quiero es compartir una reflexión sobre el valor de la Mesa Directiva y aunque a muchos les duele, hay que decirlo, que la Mesa Directiva es el órgano que mandata este pleno y que no se puede permitir que la Junta de Coordinación Política se convierta en una dictadura, que obvie los derechos de los diputados y de los ciudadanos, que violente la Constitución.

Yo quiero el día de hoy reconocer a las dos docenas, decenas de diputados, que en un marco de defensa de nuestros derechos hoy no permitimos que se convirtiera una arbitrariedad; y reconocer en esa medida, en los contrastes que tengo que reconocer del diputado Ricardo, que él hoy supo manejar esta sesión con prudencia, como en otras ocasiones, y que contrasta mucho con los anteriores presidentes que hemos tenido en esta Cámara –como el que hoy dirige– que han sido una dictadura de su partido.

Tal vez la única recomendación es que hoy necesitamos no hombres de partido como en el régimen se da. Ricardo, Ojalá más que hombre de partido, algún día seas un hombre de Estado. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Don Fernando Zárate.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre todo quisiera basarme en hechos, no en adjetivos calificativos. Hay dos que trascienden respecto de la Presidencia de mi compañero Ricardo Anaya.

Uno. Es evidente que su Presidencia le trajo un aire de frescura a nuestro país, a nuestras instituciones y sobre todo a esta Cámara de Diputados que cada vez más México debe ir transitando en una premisa de pluralidad, en una premisa de democracia, en una premisa de tolerancia, incluso con los comentarios que el que antecedió en la palabra los hizo, ofendiendo o no ofendiendo, sin embargo aquí se está escuchando.

Número dos. Desde lo que a nosotros nos correspondió, que es Relaciones Exteriores, fue impecable la defensa de la República y de la soberanía que hizo Ricardo Anaya con los Estados Unidos de América y con Canadá.

En dos interparlamentarias representó al país dignamente y eso hay que reconocerlo. No forzó las relaciones y sí con un gancho izquierdo bastante sólido hizo valer la soberanía nacional.

Éste es un reconocimiento desde la izquierda y sobre todo es una inspiración para todos los jóvenes que pretendemos también continuar con este relevo generacional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, presidente. Prácticamente todo se ha dicho. Yo también me uno al reconocimiento a la extraordinaria labor que hizo el diputado Ricardo Anaya al frente de la Cámara de Diputados. Demostró por supuesto tolerancia, apertura; demostró convicción democrática frente incluso a acciones que no lo eran así, y es algo que se reconoce.

Por supuesto ser presidente de la Cámara es un gran orgullo, un honor. Pero él creció –y me da mucho gusto que haya crecido– no por haber ocupado la Presidencia, sino por haberlo hecho muy bien en la Presidencia. Muchos diputados nos sentimos reconocidos e identificados con sus discursos, discursos que me parecen muy buenos, con mucha intensidad, con mucho brío.

Qué bueno que haya jóvenes políticos que destaquen. Yo nada más puedo reconocerle. Y por supuesto que hemos tenido otros dos buenos presidentes de la Cámara muy experimentados, tanto Murillo Karam como Francisco Arroyo Vieyra. No era fácil suplir a gente tan experimentada y ahora le deja la vara muy alta, aunque estoy seguro que también lo hará José Gonzáles Morfín.

Mi reconocimiento. Espero que tenga un gran éxito en las próximas labores mi amigo el diputado Ricardo Anaya.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Jhonatan Jardines Fraire, lo escuchamos.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): Seré breve, señor presidente en turno, por ya la mayor cantidad de diputados que han hablado. Ricardo, cuando tomaste el cargo, yo te dije que para mí era un orgullo que como joven estuvieras ahí arriba. Muchos de los que hoy te están felicitando en aquél entonces nos chiflaron.

Reconocemos mucho de lo hiciste. Tu libertad, tu tolerancia, los mismos principios que tú dijiste que habías defendido, nos consta que así fue. Nos consta que a veces no se tiene la imparcialidad que quisiéramos, pero también algunas veces tu mismo partido te reclamó cuando no caíste en un favoritismo que ellos pedían.

Lo único que pediríamos ahora a todos los demás presidentes que les toca presidir nuestra Cámara de Diputados es que puedan tener un poco de la tolerancia que se mantuvo en esta presidencia, que no vaya a ser una presidencia de hierro la que venga a sustituir a Ricardo, porque todavía nos quedan muchas reformas muy importantes, y a mí en lo personal, sin nada al futuro presidente que veo allá arriba, ojalá pudiera reconsiderar en su partido que se quedara Ricardo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María del Socorro Ceseñas Chapa.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, señor presidente. Diputado Ricardo Anaya Cortés, compañeras y compañeros diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, el órgano de gobierno de esta Cámara, su Mesa Directiva, todas y todos sus integrantes y en particular su presidencia, demanda de varios principios y valores y formas de ser y de actuar, entre ellas, entre ellos, el valor de ser imparcial, de ser tolerante, de ser respetuoso y otras y otros o más principios, mismos que desde mi punto de vista muy en particular y de otras y otros compañeros parlamentarios del PRD coincidimos que fueron cumplidas, que fueron cubiertas y eso habla bien de ese órgano de gobierno de quien presidió y hasta dentro de un momento dejará de presidir; pero también habla bien de todas y todos los diputados.

Por eso creo y aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente: es necesario dignificar el trabajo parlamentario desde las responsabilidades que se tienen, desde la conformación de los que están en los órganos de gobierno y del resto de las que estamos y de los que estamos en las curules.

En la medida en que hagamos nuestro máximo esfuerzo para ponderar esos principios, esos valores y sobre todo el respeto entre todas y todos, creo que podemos abonarle a la dignificación que tanta falta le hace al trabajo parlamentario de esta Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo, enhorabuena por toda su estadía, el tiempo que estuvo presidiendo este pleno y enhorabuena para el futuro que se le avecina en las próximas responsabilidades que usted tendrá. Gracias; un saludo fraterno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias. Diputado Ricardo Anaya, déjame reconocerte el respeto que has tenido con nosotras en este pleno. Definitivamente hemos sentido tu cobijo y sería muy injusto que partieras de esta Cámara hoy sin decírtelo.

Reconozco también tu juventud, que tu juventud le trajo frescura efectivamente a este pleno. Ojalá y de esa misma forma te pueda seguir viendo.

Creo que te vas porque  te necesitan. Aquí también te necesitamos las mujeres. Qué pena que te retires ahora, qué pena porque has dignificado tu papel allá arriba; ahí es donde nos has demostrado que sí se puede lograr el respeto.

Ojalá y el próximo presidente que vaya a estar allá arriba, también haga lo mismo, también tenga tolerancia con todos los grupos parlamentarios.

Hoy te vas con honores, déjame decírtelo, porque hoy hiciste valer el respeto a las minorías con el hecho de haber ejercido tú el poder allá arriba al no permitir que la Jucopo volviera a atropellar la técnica legislativa. Demostraste que eres un hombre congruente, un hombre de mucho valor.

Por eso te expreso mi reconocimiento. Lo hago a nombre propio; seguramente más de una diputada estaría diciéndote lo mismo. Te agradezco toda tu paciencia, tu tolerancia y tu enseñanza. Que te vaya muy bien y felicidades.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Nelly del Carmen.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Gracias, Presidente. Quiero hacer un reconocimiento personal el día de hoy en esta partida al diputado Ricardo Anaya.

Ricardo, te reconozco tu gran talento, tu gran objetividad en el manejo de la asamblea, ese gran conocimiento parlamentario, pero sobre todo te reconozco que eres un hombre bien formado, que eres un profesionista de alta calidad.

Creo que las 184 mujeres que hay en esta Cámara de Diputados estamos de acuerdo  en que fuiste muy respetuoso con nosotras, que fuiste un caballero. En lo personal de lo agradezco y te deseo muchos éxitos en el sueño inmediato que se está por cumplir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Domitilo Posadas.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Muchas gracias. Ricardo, un honor compartir contigo esta responsabilidad institucional que el pueblo mexicano nos otorgó.

Solamente decir un par de cosas. La primera es compartir plenamente lo que ha señalado Silvano Aureoles, nuestro coordinador parlamentario del PRD, agregando que una de las experiencias o lecciones o mensajes que nos deja la función de Ricardo como Presidente de esta Mesa Directiva es que la imparcialidad no está reñida con la militancia política.

Desde su militancia panista, como Presidente de esta Legislatura ha dado prueba de lo que aquí se ha dicho: de pluralidad y reconocimiento a la existencia de los demás.

Finalmente, también con su trabajo al frente de esta legislatura nos ha mostrado que la experiencia, la capacidad y valores democráticos no son patrimonio de la biología, sino que son valores que se aprenden y se instrumentan plenamente cuando se ejerce una responsabilidad como la que él ha cumplido.

Por eso creo que, como él ha parafraseado a Benedetti, como ese autor uruguayo lo señaló: a los viejos se les niega la posibilidad de asumir responsabilidades por la edad y a los jóvenes se les niega la oportunidad porque les falta experiencia.

Ricardo nos ha demostrado que un joven puede tener la experiencia y la fuerza para conducir un órgano legislativo como el actual. Muchas gracias, enhorabuena y muchos éxitos en tus tareas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente Carlos Reyes Gámiz, finalmente.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Quiero solamente compartirle al diputado Anaya que a mi modo ver y por el corto tiempo en que conocí su desempeño, los valores de la democracia, transparencia, objetividad, certeza están plenamente confirmados en su actuación política.

Y como dijo el poeta Luís Llach, que tengan buen viaje los guerreros que son fieles a su pueblo, el Dios de los Vientos favorezca el velamen de su barca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente doña Esther Quintana.

La diputada Esther Quintana Salinas: Ricardo, te habla alguien de tu bancada. Yo sé que ya habló el señor coordinador. No soy muy afecta a los elogios, y además aquí ya te los han dicho todos, pero quiero decirte que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de verdad. El trabajo que hiciste en días muy aciagos para este Congreso, para esta Cámara de Diputados.

Lo que yo quiero decirte nada más, es que nunca te permitas levitar; que siempre te mantengas con los pies sobre la tierra. Eso te va a dar mucha consistencia, eres un hombre muy joven y tienes mucho camino que andar, pero no te olvides de esto. Es muy fácil escuchar cantos de sirena, te van a sobrar los elogios porque eres un hombre muy talentoso, pero nunca te olvides tú de quién eres. Te felicito por tu tolerancia, por tu prudencia, porque eres un joven muy, muy talentoso y me siento muy orgullosa de que estés en la bancada de Acción Nacional. Muchas felicidades y enhorabuena.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la solicitud de licencia del diputado Ricardo Anaya.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Punto de acuerdo.

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Ricardo Anaya Cortés, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal, a partir del 6 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y Nueva Alianza han solicitado a esta Presidencia que consulte a la asamblea una autorización expresa para que con fundamento en el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación sea citada y reunida con carácter de extraordinario a las 18:00 horas para todos los efectos que correspondan, con el objeto de discutir y dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que la Comisión de Gobernación sea citada y reunida con carácter de extraordinario, hoy a las 18:00 horas para emitir el dictamen correspondiente.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse que hoy se reúna la Comisión de Gobernación con carácter extraordinario a las 18:00 horas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cítese a la Comisión de Gobernación a las 18:00 horas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (14:38 horas): En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 6 de marzo de 2014 a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.

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