Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 11 de marzo de 2014

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Minuto de silencio en memoria de la estudiante María Fernanda Vázquez Quiroz

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva con modificación de turno, de la Junta de Coordinación Política, con cambios en comisiones, y de diversas autoridades con informe y respuestas

Solicitud de licencia de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez

Protesta como diputadas de las ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero

Comentarios relativos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

María Sanjuana Cerda Franco, PNA

Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT

Aída Fabiola Valencia Ramírez, PMC

Ana Lilia Garza Cadena, PVEM

Margarita Elena Tapia Fonllem, PRD

Blanca Jiménez Castillo, PAN

Lourdes Eulalia Quiñones Canales, PRI

Dictámenes de las diversas comisiones

Que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Que reforma los artículos 3o. y 10o. de la Ley de la Policía Federal, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Acuerdo de la Junta, con exhorto a la Secretaría de Hacienda para que la CNByV investigue sobre posibles violaciones a las normativas por Banamex, en menoscabo del interés público

Dictámenes en sentido negativo

Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (11:09 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaria que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Abel Salgado.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (desde la curul) Gracias, Presidente. Para solicitarle un minuto de silencio en memoria de la joven estudiante María Fernanda Vázquez Quiroz, quien el pasado viernes falleció víctima de un accidente provocado por una unidad del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde resultaron lesionados 19 estudiantes más.

Decirle que la muerte de María Fernanda y las condiciones en las que ésta ocurrió han provocado indignación y molestia en diversas esferas de la sociedad jalisciense y que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Jalisco queremos expresar públicamente nuestro sentimiento de tristeza por este lamentable suceso que deja un dolor profundo y consternación general.

Al tiempo deseamos también hacer nuestro reconocimiento de la política de cero tolerancia que ha implementado el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en relación con este problema y que ha dado muestras muy claras para que se apliquen los recursos legales a la mano para garantizar a los usuarios del transporte público un servicio seguro, eficiente, organizado y de calidad.

En razón de lo anterior, señor presidente, reitero nuestra petición para guardar un minuto de silencio en memoria de esta joven estudiante.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Esta Presidencia hace suya la petición del diputado Salgado y ruego a todos los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de la estudiante fallecida.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz.

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativas.

La secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente iniciativa: con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los senadores Fernando Torres Graciano y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de febrero de 2014.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros Parlamentarios. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Junta de Coordinación Política comunicaciones relativas a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y organismo internacional. Así también la integración de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Programas Sociales destinados a los adultos mayores que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobadas, comuníquense. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el marco de la visita efectuada a nuestro país del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a la Comisión de Derechos Humanos, para su atención.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades siete contestaciones de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría dar lectura a la solicitud de licencia de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente. Distinguido diputado, por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos normativos 6o., numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1; y 13, del Reglamento vigente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vengo a solicitar ante esta soberanía me sea concedida licencia indefinida a partir del día 7 de marzo del presente año al cargo que ostento como diputada federal, integrante de esta LXII Legislatura, en virtud de encontrarme en la situación prevista en el artículo 12, numeral 1, fracción I, del citado ordenamiento.

Sin otro particular por el momento le agradezco todas las atenciones otorgadas para una servidora y le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. Atentamente Angélica Rocío Melchor Vásquez.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Solicito a la Secretearía someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero, diputadas federales electas en la segunda y tercera circunscripciones plurinominales respectivamente.

El Presidente diputado José González Morfín: Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y a los siguientes diputados: Celia Isabel Gauna Ruiz de León, María Elena Cabañas Aparicio, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Consuelo Argüelles Loya, José Luis Oliveros Usabiaga, Marcos Aguilar Vega, José Alfredo Botello Montes, Carol Antonio Altamirano, Joaquina Navarrete Contreras, Ricardo Astudillo Suárez y Fernando Bribiesca Sahagún.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero: Sí protesto.

El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades. Bienvenidas, compañeras diputadas.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y dejo la conducción de esta sesión en manos de mi compañera vicepresidenta, Maricela Velázquez.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Se concede el uso de la palabra a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de  Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenos días, señora presidenta. Señoras, señores legisladores, quiero iniciar mi participación con una cita del maestro Octavio Paz, hoy que celebramos su centenario de nacimiento, donde se refiere a una gran figura de nuestras letras, a una mujer que abrió camino para las mujeres.

Dice la cita: Sor Juana Inés de la Cruz era una política sagaz, conquistó la confianza de varias virreinas, pero Sor Juana no pudo resistir las fuerzas unidas de la intolerancia eclesiástica, la misoginia de aquella sociedad y la envidia colectiva. Ella fue la primera en lengua española y la primera en América que afirma y defiende el derecho de las mujeres a participar de la cultura. Fin de la cita. Es de La pequeña crónica de los grandes días, de Octavio Paz, 1990.

El Día Internacional de la Mujer, instaurado en 1977, tiene como referente histórico un acto de barbarie cometido contra mujeres trabajadoras que estaban en pie de lucha para exigir derechos laborales iguales a los de los hombres. Esa lucha histórica ha cambiado radicalmente el panorama de las relaciones de los géneros en casi todo el mundo.

Hoy las mujeres tienen más presencia en el ámbito laboral, profesional, académico, artístico, político, empresarial y cultural. Sin embargo, es evidente que todavía falta por recorrer un largo y sinuoso camino para hacer realidad la igualdad sustantiva, para superar los obstáculos ancestrales que se empeñan en reproducir la relación de dominio y desequilibrio basada en el género.

El 8 de marzo debe ser una jornada de acción y reflexión para impulsar propuestas que permitan superar las desventajas estructurales que en diversos ámbitos experimentan las mujeres. El avance de las mujeres depende de múltiples factores políticos, culturales, sociales, económicos. Y así lo reconocemos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que el pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es un factor fundamental para generar las condiciones necesarias y lograr la igualdad sustantiva. Para que los intereses, la visión y las propuestas de las mujeres puedan incorporarse como prioridad en la agenda nacional es indispensable su presencia paritaria en los espacios donde se toman las decisiones políticas. Esta paridad es indispensable para construir una democracia incluyente en México.

Quiero recordar los postulados de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en ella se establece que la paridad es una medida especial de carácter temporal para el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres en un marco de democracia sustantiva.

Por lo tanto, la paridad no se reduce a las cuotas para las mujeres en las candidaturas electorales. Se trata de asunto que se inscribe en un proceso histórico, político, social y cultural, que abarca las esferas públicas y privadas de la vida humana.

Es necesario consolidar y mejorar las acciones afirmativas, porque son indispensables para generar condiciones de igualdad sustantiva entre los géneros. La paridad es una de las principales acciones afirmativas al respecto.

La paridad incluye las cuotas de género, pero no se agota en ello. Las cuotas de género no son discriminatorias hacia los hombres, pues son una medida compensatoria y provisional dadas las desventajas que históricamente experimentan las mujeres y que aún lamentablemente persisten.

Por lo tanto, hablar de paridad es plantearse el objetivo de establecer condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres. La presencia equitativa de las mujeres en los espacios políticos debe generar un cambio significativo en las formas de hacer política, de construir una nueva cultura política sin la preponderada avasalladora de valores masculinos.

Por ello tenemos que preguntarnos también, ¿para qué queremos el poder, las mujeres? Las mujeres en el poder, debemos generar una revolución que contribuya a hacer de México un país más justo y menos violento.

Las mujeres con representación política, como nosotras, debemos incorporar a la agenda nacional las demandas e intereses de las mujeres, sin egoísmo, sin exclusión, sin protagonismos.

La paridad es un instrumento para promover mejor la redistribución del poder entre los géneros, en todos los ámbitos, incluyendo la vida familiar. Por lo tanto, debemos contribuir a construir un equilibrio de responsabilidades entre hombres y mujeres.

Es decir, debemos plantearnos la necesidad de construir un proyecto político, social y cultural de y para las mujeres. Una cosmovisión que identifique con claridad las condiciones legislativas, institucionales, culturales, laborales, económicas y políticas que deben construirse para hacer realidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Que elimine la discriminación en todos sus sentidos. Que elimine la violencia a niñas, a mujeres, adolescentes, a indígenas y a trabajadoras. No podemos repetir la historia ni de producir política y estructuras excluyentes.

Por eso debemos plantearnos también la forma en que vamos a armonizar un proyecto de  y para las mujeres, con un proyecto de nación incluyente y democrático, desde ningún género padezca condiciones de marginación, pobreza e inseguridad.

Las diputadas y diputados de Nueva Alianza consideramos que el compromiso de construir un mejor país para las futuras generaciones debe basarse en la idea de la democracia sustantiva, donde las naturales diferencias de género enriquezcan la convivencia y fortalezcan la igualdad.

Ése es nuestro compromiso. Ésa es nuestra visión. Es cuánto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada Cerda Franco.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuevamente esta fecha, como cada año, nos invita a enaltecer a la mujer y pugnar por su igualdad plena en todos los ámbitos de la vida.

Iniciaría diciendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Y en su artículo 2º indica que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.

Sin embargo, a pesar de ello sabemos que aún persisten marcadas diferencias entre los hombres y las mujeres por diversos motivos; de ahí que el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas haya incluido como propósito de esta organización realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de razas, sexo, idioma o religión, lo que dio pauta para que en la ONU se constituyera ONU Mujeres como una entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esta institución nos revela cifras que nos muestran el hecho de que hasta julio de 2013 que son las estadísticas últimas que nos presentan, solo un 20.9 por ciento de las y los parlamentarios nacionales éramos mujeres, lo que significa que esta proporción de la participación de mujeres parlamentarias ha venido creciendo; sí, es verdad, pero de una manera muy lenta, desde 1995 que éramos el 11.6 por ciento, de tal forma, que del 95 a 13 solamente hemos avanzado en un 9.3 por ciento en el posicionamiento de mujeres en el ámbito de los parlamentos.

En el ámbito ejecutivo también a junio de 2013 solamente 8 mujeres eran jefas de Estado y había solo 14 jefas de Gobierno, de tal manera que ésta revisión de números, además sin contar el triunfo de Michelle Bachelet en Chile, quien el día de hoy –por cierto– se sumará al reducido grupo de jefas de Estado y de gobierno en el mundo cuando asuma su segundo mandato, por lo que desde esta tribuna le enviamos nuestra felicitación y nuestros mejores deseos porque su desempeño al frente del gobierno sea de beneficio y prosperidad para el pueblo chileno.

Cabe referir que en mayo de 2012 un país africano, Ruanda, era el país que contaba con el mayor número de parlamentarias. De hecho las mujeres ahí representan la mayoría. Tienen un 56.3 por ciento de los escaños de la Cámara Baja ocupados por mujeres. En otros ámbitos de gobierno, en los cargos ministeriales o secretarías, sólo el 17 por ciento han estado ocupados por mujeres, fundamentalmente en los ámbitos o secretarías social, educativo y de salud.

La representación de las mujeres en los gobiernos locales alrededor del mundo, según revela también la ONU-Mujeres, ha sido un ámbito de gobierno altamente satisfactorio en términos de la cada vez mayor participación de mujeres.

En nuestro país la presencia cada vez mayor del número de mujeres en la política, ha sido resultado de la lucha de mujeres que nos han antecedido y de las acciones afirmativas que han logrado que como en nuestro caso, en esta Legislatura, seamos la LXII Legislatura la de más alta representación en escaños ocupados por mujeres -cerca del 38 por ciento.

Sin embargo, no basta pues, este 38 por ciento. Tenemos que seguir trabajando e impulsando para que logremos la paridad de la participación de las mujeres en nuestro país en todos los ámbitos de la política y no nada más el Legislativo, sino en los tres órdenes de gobierno: el Ejecutivo federal, en el estatal y el municipal.

Es por ello que debemos continuar impulsando en el Congreso federal los cambios a nuestra legislación con la intención de procurar el impulso de la participación en mayor medida de la mujer en la política.

En el seno de los partidos también es un tema pendiente. Hay que impulsa r las reformas estatutarias que al interior de los institutos políticos faciliten la participación de la mujer en la postulación a cargos de elección popular, desde una perspectiva de género igualitaria.

Hay voces, sin embargo, que se alzan para desalentar la participación de la mujer en la política con el argumento falso de que no es factible conciliar la vida familiar, el trabajo y creo entonces que sería conveniente callar esas voces con los testimonios de todas ustedes, compañeras mujeres aquí presentes, quienes a diario demostramos que podemos atender nuestros hogares y desempeñar un cargo público.

Ejemplos notables de esto tenemos por ejemplo a María Lavalle Urbina y a Alicia Arellano Tapia, mujeres destacadas que ocuparon por primera vez un escaño en el Senado de la República logrando la abogada Lavalle Urbina, ser la primera mujer en presidirlo en 1965.

Y ahí está también en los anales de nuestra historia, la primera gobernadora del país, doña Griselda Álvarez Ponce de León. Y no puedo dejar de mencionar a otra destacada mujer, a Cecilia Soto, quien en 1994 fue nuestra candidata del Partido del Trabajo a la Presidencia de la República.

Pudiéramos seguir hablando compañeras, compañeros, más sobre el tema de la participación cada vez mayor y de la necesidad de que las mujeres participemos más activamente en la política, pero hay un tema y un punto que habremos también de no descuidar: el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Me parece que este es un tema en el que tenemos mucho que hacer y que no se trata solamente de ley, que se trata también de la construcción de una cultura del respeto, de una cultura de vernos como iguales y de que todas y todos tenemos el derecho a vivir libres de violencia.

Así es que con motivo de este Día Internacional de la Mujer, es un recuento de las acciones que se han hecho y de lo mucho que nos falta por hacer. Muchísimas gracias. Es todo, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora presidenta. En el siglo XIX comenzó un gran auge por incluir a las mujeres en el mercado laboral, sobre todo en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Rusia.

Sin embargo los derechos laborales no se reconocían; se les sometía a una extenuante jornada, se les daba menor salario respecto al de los hombres y la discriminación nunca faltaba. Motivos suficientes para que la lucha de dignificación de la mujer fuera cada vez más fuerte en todo el mundo.

El Día Internacional de la Mujer data de 1911, pero no fue sino hasta el 8 de marzo de 1975 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo formalizó haciendo un reconocimiento mundial.

En esa fecha es cuando se conmemoran los logros de las mujeres que van aunados con mayor rigor y fuerza a través de los años. La sensibilidad que posee una mujer es inigualable, es admirable la capacidad, el intelecto, la sabiduría, la intuición, la lealtad y la pasión que ponemos las mujeres en cada cosa que nos proponemos.

Somos madres, somos hijas, somos esposas, somos novias, somos compañeras y todas desempeñamos un rol importantísimo en esta sociedad.

Existen alrededor de tres mil 500 millones de mujeres en el mundo. Se registra que sólo un 40 por ciento tienen trabajo remunerado económicamente. Estos datos son sin contar a las que trabajan en el cuidado del hogar y que los hijos, a veces muy ingratos, dicen: mi mamá sólo es ama de casa. Si no existiera la mamá en casa, la casa seguramente estaría de cabeza.

Sin embargo, hay muy poco que celebrar, ya que es una realidad muy lamentable que ahora se están incrementando las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, las violaciones a los derechos políticos de las mujeres. Está incrementándose la trata de mujeres. Por eso creo firmemente que en México todavía tenemos que seguir trabajando para construir una sociedad más justa para nuestras mujeres.

Y a las que hoy estamos en algún puesto de elección popular, las que hoy están como secretarias de Estado, las que hoy están como presidentas municipales, las que hoy ostentan un cargo en donde se están tomando decisiones, las invito a que cuando tomemos una decisión lo hagamos pensando como mujeres y no porque nos den línea política.

Precisamente por eso es que en México todavía no terminamos de erradicar la violencia contra la mujer. A veces nosotras mismas estamos permitiendo la violencia, incluso en la toma de decisiones en esta Cámara. Si pensáramos como mujeres, todas las que hoy están viendo esperando algo de nosotras tendrían seguramente más esperanzas para seguir avanzando para construir esta sociedad más justa.

Si somos el 51 por ciento de mujeres en el censo de población y vivienda y somos mamás del 49 por ciento restante, por qué no entonces tener la igualdad, por qué no entonces erradicar la violencia contra nosotras.

En México se están dando pasos; sin embargo, falta mucho  por hacer. En la cuestión laboral, las mujeres todavía están asumiendo cargos mal pagados, tienen sueldos que no se pueden comparar con los sueldos de los hombres y esto solamente es un reflejo de lo que dicen las encuestas.

También en México hace un mes celebrábamos el 60 aniversario del voto femenino en todo el mundo. Déjenme compartirles compañeras y compañeros, que todavía hay municipios en donde las mujeres ni siquiera pueden votar. Tenemos 113 municipios al menos en mi estado natal Oaxaca, en donde las mujeres todavía son violentadas, ahora mismo se están llevando fiestas en la zona de los Cajonos, en donde las mujeres apenas son consideradas para hacer las tortillas y atender al mayordomo, pero cuando ellas quieren participar en una asamblea, todavía se les niega ese derecho. En esta ocasión no puedo celebrar con gusto este Día Internacional de la Mujer.

Ahora, en la agenda política, hasta hoy trasladaron para conmemorar este día; había temas más importantes. ¿Acaso no somos importantes las mujeres? Ahí se los dejo como reflexión.

Y en Movimiento Ciudadano nosotras, las que hoy somos diputadas vamos a seguir luchando y contribuyendo porque estas mujeres que hoy esperan de nosotros en este país, sean reconocidas algún día.

Sueño con un México en donde algún día solamente en los libros de historia nuestras niñas y nuestros niños se preguntarán: ¿a poco sí existió la desigualdad? Creo justo que ya las mujeres tomemos también decisiones importantes para vivir felices, para tener familias felices.

Si pensáramos todos como mujeres, créanme que haríamos y diseñaríamos políticas públicas pensando en las mujeres. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, “si quieres que se diga cualquier cosa, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer”. La anterior es una frase de la ex primer ministro Margaret Thatcher, que sin duda nos pone un reto muy alto, pero que al mismo tiempo todas debemos de considerar.

Como todos sabemos, desde 1975 se celebra oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer,  y en este marco como mujer y como legisladora me honro hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y ser parte de este reconocimiento a todas las mujeres que por su valiosa contribución a la sociedad han logrado.

Sin embargo, creo que más allá de la celebración, este espacio también es una oportunidad para evaluar la situación de las mujeres en todo el mundo, y exigir se respeten nuestros derechos.

El Día Internacional de la Mujer, es un reconocimiento a la enorme cantidad de luchas sociales que miles de mujeres en todo el mundo han llevado a cabo a lo largo de la historia, haciendo valer nuestro derecho a ser tratadas con igualdad.

No debemos olvidar que hasta hace no pocas décadas el papel de la mujer se limitaba casi exclusivamente a las labores domésticas y a la crianza de los hijos, que si bien son labores muy importantes, deben ser compartidas por los hombres en condiciones equitativas, para que todos en igualdad de circunstancias podamos desarrollarnos personal y profesionalmente.

A pesar de los obstáculos sociales las mujeres gracias a nuestra fuerza y tenacidad hemos logrado cada vez mayores espacios en todos los terrenos, con lo cual hemos ayudado al avance de nuestra sociedad.

Actualmente las mujeres tenemos mayores oportunidades de crecimiento y hemos alcanzado puestos laborales de alto nivel, participando así activamente en la construcción de un mejor futuro y una mejor sociedad.

Sin embargo, veo dos grandes temas en los que el Estado mexicano encuentra aún áreas de oportunidad en lo que respecta a nosotras las mujeres. Por un lado se tiene que erradicar la violencia en cualquiera de sus formas que se ejerza en contra de nosotras.

No podemos olvidar que la representante en nuestro país de ONU Mujeres declaró en el 2012 que en México siete de cada 10 mujeres han reportado haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Ésta es una situación inaceptable, a la que se le tiene que poner fin cuanto antes.

Por otra parte, el Estado mexicano tiene el deber de lograr que la perspectiva de género sea una parte integral en todas las esferas de la administración pública. Estoy consciente de los enromes esfuerzos que el gobierno federal ha hecho en ambos casos y reconozco que se han conseguido grandes avances. Estoy segura que estos logros se mantendrán y lograremos alcanzar la equidad social que todas las mujeres mexicanas merecemos.

Hoy quiero sumarme a la celebración del Día Internacional de la Mujer, y quiero reiterar el compromiso del Partido Verde para impulsar la equidad de género y el trato igualitario entre hombres y mujeres.

Y para muestra de lo anterior estamos orgullosos de poder afirmar que en nuestro grupo parlamentarios somos 12 diputadas y 16 diputados, lo cual significa que las mujeres en el Partido Verde representamos casi el 45 por ciento de nuestra bancada. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenos días, diputadas, diputados. Con su permiso, señora presidenta. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer surge a consecuencia de los movimientos sociales de principios del siglo XX, que tuvieron lugar en diversos escenarios a nivel internacional, y específicamente como una propuesta emanada del Partido Social Demócrata, encabezado por Clara Zetkin, quien en el marco de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, efectuado en 1910 en Copenhague, Dinamarca, pretendió reivindicar los derechos laborales y políticos de las mujeres.

Otro evento emblemático que dio lugar a esta importante fecha aconteció el 8 de marzo de 1911, cuando un grupo de obreras murieron  en una fábrica de textiles en Nueva York en su afán por lograr mejores condiciones de trabajo.

Estos eventos convirtieron el 8 de marzo de cada año en un espacio donde las demandas de las mujeres de todo el mundo se hicieron visibles, siendo las feministas de la década de los años 70 del siglo XX quienes colocaron con mayor fuerza las demandas de las mujeres en la agenda internacional.

En nuestro país, la adopción de los compromisos del Estado mexicano y la interlocución de las organizaciones civiles de mujeres con éste, generaron la creación de nuevas leyes así como de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad de las mujeres. Esta fecha simbólica es un espacio para hacer un balance de los avances y pendientes que el Estado mexicano tiene con las mujeres.

Entre los avances importantes en materia legislativa podemos señalar la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia; las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para introducir el sistema de cuotas que ya ampliamente ha sido comentado por la diputada Sanjuana.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos; algunas disposiciones de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y su respectiva Ley y la creación de la Comisión de Equidad de Género en ambas Cámaras, hoy llamadas de Igualdad de Género; la creación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres y otras.

Cabe señalar que éstas –hemos mencionado no todas, pero éstas–, las más importantes, fueron posibles a casi 100 años de haberse instaurado esta fecha emblemática, significando un avance para el adelanto de las mujeres. Sin embargo, persisten desigualdades de género en varios ámbitos de la sociedad.

Por señalar también sólo algunos diré que la violencia hacia las mujeres persiste en el ámbito familiar, laboral, escolar y comunitario. Según el estudio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realizado en 2012, los feminicidios aumentaron en todas las entidades del país, el problema de violencia hacia las mujeres no cesa, además que son las víctimas, la impartición de justicia es sin perspectiva de género.

Tenemos el caso reciente de Yakiri Rubí Rubio, quien fue encarcelada por asesinar a su agresor y que tuvo que pagar fianza después que es claro el caso de que el asesinato fue en defensa propia.

En términos de igualdad laboral sustantiva aún persiste la diferenciación salarial, la segregación ocupacional, la ocupación de puestos secundarios y las prácticas discriminatorias para la contratación y permanencia en el empleo, como son la exigencia de exámenes de ingravidez y los despidos por embarazo

Las responsabilidades familiares siguen recayendo en las madres trabajadoras. No existen políticas públicas para la conciliación familia-trabajo. Hay déficit de guarderías. Y persiste la doble jornada de trabajo. Es decir, hay muchos problemas aún.

En lo que se refiere a la paridad política, ha aumentado la participación de las mujeres en puestos de decisión. Ya lo han comentado también las diputadas que tomaron la palabra antes de mí.

De acuerdo a la problemática mencionada, es posible concluir que mientras persista el modelo cultural patrialcal, que reproduce los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, las dobles y las triples jornadas, los salarios menores, la inestabilidad en el empleo, las pocas oportunidades de ascenso y dependencia económica, las mujeres no gozaremos de la igualdad sustantiva, necesitamos elaborar leyes más armonizadas con los instrumentos internacionales de derechos humanos, de políticas públicas más susceptivas y con perspectiva de género, que eliminen la violencia hacia las mujeres y ponderen sus derechos humanos.

Por ello concluyo que la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es asumiendo el compromiso de eliminar la discriminación, el sexismo y la violencia en contra de las mujeres y defender los derechos que hemos logrado. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Es el turno de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor, diputada.

La diputada Blanca Jiménez Castillo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, conmemorar el Día Internacional de la Mujer es recordar para actuar, para hacer, para transformar, para cambiar una realidad indignamente que hoy continúa lacerando a muchas mujeres en nuestra sociedad, una realidad que a los ojos de la transición democrática que aún atravesamos es insostenible para el avance del desarrollo nacional.

Por ello, hoy con más rigor, pero con la misma fuerza con la que trabajamos a diario las mujeres y hombres, en el compromiso de una sociedad más igualitaria, recordamos que en la construcción histórica de nuestras sociedades, hombres y mujeres no partimos del mismo piso de derechos y obligaciones, muchas de ellas socialmente se nos han asignado como labores al cuidado y sostenimiento social y deben ser compartidas y no repartidas únicamente a nosotras. Del mismo modo, muchos de los derechos políticos, sociales y económicos, se nos condicionaron, restringieron y limitaron.

Penosamente la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humanos que nuestra sociedad aún no ha conquistado y cuyas consecuencias negativas afectan visiblemente la vida de muchas mujeres.

Basta con mirar alrededor y consultar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo. El 43.5 por ciento de las mujeres de 14 años y más, forman parte de la población económicamente activa del país. El 91.9 por ciento de ellas combina trabajo y estudio con quehaceres domésticos, situación contrastante con la de los varones, entre los cuales el 54.5 por ciento cumple con esta condición.

Al cierre del segundo trimestre del 2013, el porcentaje de la población ocupada en el país fue de 41.9 por ciento y principalmente masculina. El 25.8 por ciento son hombres y el 16.1 por ciento son mujeres.

Respecto a los ingresos, las diferencias de género también son identificables, a pesar de que sólo el 7.5 por ciento de la población ocupada total recibe más de 5 salarios mínimos. La mayor parte de este porcentaje, el 5.2 por ciento son hombres y el 2.3 por ciento son mujeres.

Según el Índice de Discriminación Salarial 2012, las mujeres que trabajan ganan en promedio 5 por ciento menos que el de los hombres, a pesar de que el 40 por ciento de los hogares mexicanos dependen del ingreso de una mujer.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, revela que la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja llega al 46.1 por ciento a nivel nacional y que el porcentaje de mujeres que señaló haber tenido algún incidente de discriminación laboral en el último año es del 20.6 por ciento.

Finalmente, en este recorrido por la situación de las mujeres en nuestro país, hay que anotar que de acuerdo a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, las mujeres ocupan el 31 por ciento de los puestos de alta dirección en México y 7 por ciento de los miembros de la Junta Directiva de empresas mexicanas y sólo, sólo el 2 por ciento de las mujeres mexicanas son empresarias.

Como se observa, nuestro país aún está caracterizado por una escasa presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión, por desigualdad laboral, usos desiguales de los tiempos, mayor dedicación a las tareas domésticas y de cuidado de personas y por la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo.

Es por ello, que el Día Internacional de la Mujer, en Acción Nacional refrendamos el compromiso de que las cifras mencionadas adquieran una dimensión que sobrepase el dato estadístico y se conviertan en políticas sociales que alienten la desigualdad de género y en acciones para concientizar a la población en general sobre las diferencias y los factores que menguan la equidad y la calidad de la población femenina del país.

Hoy es un día para alzar la voz frente a la simulación en la atención de los problemas de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hacemos un llamado al  Ejecutivo federal para que deje de relegar a funciones administrativas, de rango medio, en instituciones con capacidades limitadas la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Acción Nacional reconoce que las democracias necesitan de las mujeres en la toma de decisiones ahora, no dentro de 30, 40 o 50 años. Por ello, exhortamos al Ejecutivo a impulsar cambios sustanciales, a comprometerse a través de una verdadera política pública, a cambiar la cultura prevaleciente de abusos e impunidad contra las mujeres, mediante compromisos públicos y acciones decisivas, y dejar de lado la postura retórica sobre compromisos internacionales.

México tiene la posibilidad de avanzar hacia la igualdad sustantiva. Garantizar la presencia femenina en política y fomentar el liderazgo de las mujeres en la administración pública. Al respeto, la demanda de las mexicanas de participar en condiciones de igualdad en la vida política del país se abrió paso luego de que en el Congreso de la Unión aprobamos incluir en el artículo 41 constitucional la obligación de los partidos a garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo y federal.

Compañeras y compañeros, las mujeres jamás debemos renunciar a la aspiración de ocupar un puesto directivo. Por ello debemos apostar por acciones y políticas a favor de la igualdad, porque la igualdad permite que tanto mujeres como hombres podamos desarrollar todas nuestras capacidades y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles y estereotipos de género. Porque la igualdad propone cambiar el epicentro de nuestro mundo poniendo la vida de las personas en el centro.

Así, la igualdad supone más democracia, más bienestar, más reconocimiento y más respeto. Con la firme convicción de valer por ser personas y por ser profesionales, las legisladoras y legisladores de Acción Nacional reafirmamos éste y todos los días el derecho de las mujeres a vivir dignamente, a la participación y a la dirección de organizaciones públicas y privadas, a un salario digno e igual y una percepción como personas y no como objetos. Es cuánto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último, tiene la palabra la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer reviste gran importancia no solo por la historia de lucha que lleva a cuestas sino por el futuro que se avizora para nuestro género y para la sociedad en su conjunto.

Este día nos reunimos, nos hermanamos y nos solidarizamos para celebrar el hecho mismo de ser mujeres. Es una fecha propicia para compartir nuestros anhelos, para celebrarnos y celebrar a otras mujeres y también para hacer un recuento de las múltiples conquistas logradas.

En este sentido, es preciso reconocer que en México, desde los tres Poderes del Estado se ha realizado un esfuerzo institucional en pro de la igualdad y la justicia. La perspectiva de género ya no es solo una noción, sino un concepto que se aplica de manera transversal en los programas públicos y en el Plan Nacional de Desarrollo. En la esfera política estamos a punto de alcanzar la paridad y en el ámbito privado son cada vez más las mujeres las que han logrado conquistar nuevos y mejores espacios.

En suma, el andamiaje institucional y legal en nuestros días responde de manera más efectiva a las demandas y necesidades de las mujeres mexicanas. Desde luego, sabemos también que en materia de igualdad de oportunidades para el avance efectivo de las mujeres no todo está dicho y no todo está hecho, la problemática que enfrentamos las mujeres de todas las edades aún es una constante y es diversa.

Por ello, es menester tomar en cuenta que a los viejos prejuicios, roles y problemáticas se suman nuevos fenómenos sociales que nos están afectando como género de manera significativa, prueba de ello es la alta prevalencia en las adicciones.

En este sentido es preciso asumir que solas y de manera aislada no podemos seguir en la lucha, la problemática de las mujeres debe ser posicionada como prioridad en las agendas públicas y tener clara la necesidad de impulsar una nueva cultura que la comunidad nacional haga suya. Una cultura que rompa con los viejos estigmas, que erradique la violencia y que resignifique las relaciones de poder. Una cultura que sustituya los moldes tradicionales donde se dio vida a los constructos sociales para dar paso a nuevos entendimientos y mecanismos que atiendan a los géneros desde una perspectiva dinámica humanista y humanitaria.

Para visibilizar a las mujeres y sus demandas es necesario adoptar nuevos paradigmas, ampliar la visión, renovar nuestros discursos y tener una actitud aún más incluyente, dicho de otra manera, descentralizar el tema para que la propia pluralidad y diversidad lo enriquezcan.

Las mujeres y los hombres estamos obligados a construir una unidad, los nuevos modelos de sociedad, de relaciones interpersonales, de relaciones familiares y de relaciones laborales, modelo que deben tener como base la libertad, la independencia, la autonomía y el respeto hacia las otras y también hacia los otros.

En estos tiempos no debe tener cabida las visiones centralistas ni personalistas, no existe una receta ni una directriz a seguir porque las mujeres de México, como las del mundo somos diversas, como lo son también nuestras necesidades, expectativas e ideales.

Desde la gratitud profunda y desde la memoria ética es justo y preciso reconocer a las grandes mujeres que nos han antecedido; pero también es necesario recordar que todas las mujeres sean famosas o no, reconocidas o no, han sido también artífices de la historia y pieza fundamental en el establecimiento de una sociedad cada vez más democrática.

Todas las mujeres desde nuestra propia historia personal y desde cualquier rincón de México, hoy estamos en condiciones de trazar un mejor destino para nosotras y para las generaciones que vienen. Cada una desde su trinchera, desde sus talentos, desde sus virtudes y desde sus recursos está haciendo lo conducente; a su ritmo y a su tiempo, pero lo está haciendo.

He escuchado a mis compañeras legisladoras que me han antecedido en el uso de la palabra y encuentro grandes coincidencias. La estadística y las cifras de la violencia me mueven y  me conmueven de igual manera. La realidad de las mujeres en nuestro país está llena de claroscuros.  Las cifras están a la vista, por ello, quienes tenemos la fortuna de acceder a espacios de poder como es nuestro caso, estamos obligadas no sólo a entender esta realidad en toda su dimensión sino también a habilitarla.

Por ello en el Grupo Parlamentario del PRI, las y los legisladores, hemos coincidido en que las mujeres de México no están solas. Más allá de la retórica es importante hacer conciencia de que hoy el Estado no se mantiene neutral frente a la desigualdad, frente a la violencia y frente al desequilibrio social. El Estado ha dejado de ser neutral y, por lo tanto, ha roto el statu quo en beneficio de los derechos de las mujeres.

Desde esta tribuna y en este día las invito y los invito –también– a dejar atrás las formas añejas y adoptar una nueva visión del mundo, de los seres humanos, de las mujeres, de las familias y de los hombres. La calle, los espacios, las oportunidades, el territorio, los anhelos y el mundo mismo son de todas las personas y nos corresponde por igual.

Nuestro reconocimiento a todas las heroínas anónimas de esta Cámara, de este país y del mundo entero. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Con esto culminamos la agenda política.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Me está pidiendo la palabra la diputada Julisa Mejía. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Con el objeto de dar una información, diputada presidenta. Diputada presidenta, compañeros diputados, diputadas, el día de ayer estuve en el estado de Chihuahua en Ciudad Juárez. Ahí me entrevisté con los familiares de las víctimas de desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez. Traigo 116 boletines de mujeres desaparecidas desde hace más de 20 años algunas y otras muy recientes.

La información que quiero dar es que los familiares han solicitado la alerta de género particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Traigo la firma de los familiares y una solicitud al sistema para que active la alerta de género en esa ciudad. Ésa es una de las informaciones que tengo y la vamos a presentar a través de la Comisión Especial para dar seguimiento exhaustivo e investigación de los feminicidios en México, en conjunto con los familiares de las desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez.

También, señora presidenta, traigo un mensaje de mi jefe; de mi jefe el pueblo de México y el mensaje es el siguiente. Me entrevisté con vecinos de las colonias más pobres de Ciudad Juárez. La situación que viven los vecinos de esas colonias es una situación muy grave y muy complicada.

Ahora con el aumento del IVA al 11 por ciento al 16 por ciento, la situación de despidos masivos se ha estado dando últimamente, has estado cerrando empresas y mucha gente se está quedando sin empleo.

El mensaje es el siguiente: a todos los diputados, diputadas que votaron a favor de la reforma hacendaria, de la reforma energética y de la reforma político electoral, el mensaje es el siguiente: no representan a los ciudadanos de Ciudad Juárez, con los que me entrevisté ayer. Y solicitan que así como votaron la reforma político electoral a favor de la reelección, ojalá y puedan votar también a favor el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada; toma nota la Presidencia. También ha pedido la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Para hacer una pregunta a la directiva: si ya se recibió el informe que se solicitó del Fonden y de Conagua. Es urgente tener este informe para poder vigilar los recursos que se están asignando al estado de Guerrero y a otras entidades federativas. Esa es una pregunta si ya se recibió.

La segunda es comentar en relación al tema de los migrantes. Tienen muchos días en la parte exterior del Congreso esperando que se les resuelva y se les atienda. Creo que es importantísimo que se les atienda de inmediato y no estemos mostrando una insensibilidad para atender los reclamos a los cuales tienen derecho. Es cuanto, ciudadana presidenta, muchas gracias. Nada más saber si tenemos respuesta del Fonden y de Conagua.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto lo revisamos en la directiva, diputado y le haremos de conocimiento de esta respuesta que tengamos de Gobernación y del propio gobierno del estado. Diputada Beatriz Verónica Juárez, ¿con qué objeto?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias. En principio para sumarme a todas las expresiones que tuvieron mis compañeras que hicieron uso de la palabra en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Y decirles también que en el marco de este día es indispensable que visibilicemos a las niñas del mundo y particularmente a las niñas de México, quienes lamentablemente también sufren a diario discriminación, que sufren violencia en la escuela, que sufren violencia en la familia, que sufren violencia en el noviazgo; que  tenemos matrimonios a temprana edad, que tenemos embarazos de adolescentes.

Hoy el tema este año de la ONU fue La Igualdad de las Mujeres, Progreso para Todas y para Todos. Pero esto no lo podemos alcanzar si no empezamos desde las niñas y los niños. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Diputado Carlos de Jesús ¿con qué objeto?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el mismo objeto de sumarme, sin duda, a las posiciones y a las reivindicaciones que se han hecho por el Día Internacional de la Mujer, pero particularmente quiero complementar lo que ha dicho la diputada Verónica, también por las mujeres indígenas.

Y vale la pena recordar que en esta honorable soberanía hace justamente 13 años arribó a esta ciudad de México la Marcha del Color de la Tierra, encabezada por los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todos ellos indígenas del estado de Chiapas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, mames, y a ellos se les sumó una gran diversidad de representantes indígenas del país. De Guerrero particularmente marchamos cinco mil indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos y coincidimos en el zócalo de este país para reclamarle a esta nación esta deuda histórica sobre la que tanto hemos hablado en el discurso en esta soberanía para que se reconocieran nuestros derechos.

Venimos a exigir en aquel entonces al Congreso de la Unión zapatistas y movimiento indígena nacional que se aprobara la ley Cocopa que había alcanzado los consensos mínimos y la aprobación de los hermanos del EZLN, de los pueblos indígenas del país y de académicos, investigadores, actores políticos de la gran diversidad y pluralidad política de este país.

Todos sabemos cuál fue el resultado final: se mutiló la ley Cocopa y se aprobó una ley en materia de derechos y cultura indígenas. Se reformó el artículo 2o de la Constitución en agosto de 2001 que dejó pendiente reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que dejó pendiente reconocer nuestro derecho de libre determinación y autonomía como pueblos indígenas, que dejó pendiente reconocer nuestras tierras, nuestros territorios y el acceso y disfrute colectivo de los recursos naturales.

Justamente quien nos reivindicó en ese momento como movimiento indígena nacional fue la comandanta Esther que desde esa alta tribuna pronunció un gran discurso para buscar la sensibilidad de todos los actores políticos. Ella también merece que le hagamos un reconocimiento por esta labor del movimiento indígena que  la comandanta Esther hizo en su momento.

Vale la pena, por último, decir que también quiero resaltar que sigue existiendo una gran injusticia hacia muchas mujeres luchadoras, discriminadas, de las que hemos dado cuenta aquí con una gran diversidad de puntos de acuerdo.

Algunas mujeres han abortado porque no fueron atendidas a tiempo, se han mantenido los niveles de las muertes maternas y se ha intensificado el hostigamiento hacia las mujeres.

En particular quiero conminar a todos los diputados y diputadas de este honorable Congreso, pero particularmente a mis compañeros guerrerenses y compañeras guerrerenses, para que enarbolemos e iniciemos un proceso de lucha para lograr la liberación de nuestra compañera Néstora Salgado, cuyo único delito fue darle seguridad a sus comunidades en el municipio de La Montaña Alta de Guerrero de Olinalá.

Ojalá también reivindiquemos lo que en el discurso se dice sobre la lucha de las mujeres en general y de las indígenas en particular. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Quedan registradas sus intervenciones en el Diario de los Debates. El diputado Alfredo Zamora. Con qué objeto, diputado.

El diputado Alfredo Zamora García  (desde la curul): Presidenta, gracias. También sumarme al reconocimiento que se está haciendo hacia las mujeres. Me parece que una forma de dar cumplimiento y de realmente en los hechos demostrar el reconocimiento a ellas es que en la legislación, las leyes, las propuestas de iniciativa cuando se aprueben, se discutan ampliamente de tal suerte que sí tengan beneficios, que en esta propuesta de ley sobre el seguro de desempleo tenga un enfoque muy positivo a favor de las mujeres trabajadoras.

Me parece que el mejor reconocimiento que les podemos hacer a las mujeres es que en los hechos, en la legislación realmente vaya la defensa de sus derechos de sus intereses.

También quiero, aprovechando, hacer un llamado a las autoridades de medio ambiente sobre lo que está sucediendo en Baja California Sur. La población está preocupada porque hay proyectos mineros en áreas protegidas, especialmente en la sierra de la Laguna, donde es esta parte lo que surte o lo que enriquece los acuíferos de toda la zona sur, de Baja California Sur, y que hoy existen permisos ya, desde 1997, concesiones para posibles explotaciones, así lo advierto.

Es una gran preocupación de la población de Baja California Sur, porque de darse esta explotación minera contaminaría precisamente los mantos acuíferos y con ello un daño irreversible a la población.

Por ello el llamado a las autoridades de medio ambiente federales, para que tomen cartas en la materia y no permitamos esto, y de igual manera subrayar que en la zona limítrofe de Baja California Norte, Baja California Sur, está también un proyecto minero denominado El Arco, que también está generando una preocupación por la posible afectación a los yacimientos, o mejor dicho, a los acuíferos y que me parece que es importante que las autoridades federales sea sensibles y que los desarrollos sean en zonas donde no se afecte el medio ambiente, de tal manera que tengamos una explotación sustentable, pero cuidando nuestros recursos naturales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último el diputado Gerardo Villanueva, por favor, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias diputada Aleida Alavez. Para dos cosas que tienen que ver con lo mismo. Cada vez que alguien viene a ver alguna gestión conmigo particularmente, hay oposición en los accesos para que puedan entrar a hacer las cosas que vamos trabajando.

Está Moctezuma Madrigal en la puerta 7 y le dicen que solamente con una autorización de no sé quién puede acceder. Yo le quiero pedir, diputada presidenta, que ayude a comprender al personal de Cámara y hago un llamado respetuoso al Secretario General que ésta es una oficina pública, que la Cámara de Diputados es la casa del pueblo; que tiene que haber respeto para que la gente acceda libremente a él.

Dos, y le pido que me escuche diputada, por favor, el día de mañana tenemos un foro con locatarios y comerciantes, particularmente del centro del país que se están organizando en torno a la acción de inconstitucionalidad que 172 diputados interpusimos y a 24 mil amparos que ellos, por su cuenta, han interpuesto.

Mañana tenemos un foro a las 11 de la mañana y quiero saber si los van a dejar pasar, porque si vamos a tener esta circunstancia, díganos qué medidas tenemos qué hacer o tengo que ir a la puerta para que cada vez que me busque alguien le den acceso.

Le pido a usted, se lo ruego con mucho respeto, y le exijo a la Secretaría General que tome cartas en este asunto porque no puede ser que se le dé ese trato a la gente, y menos a un legislador. Aquí me acaba de decir la diputada Socorro Ceseñas, que no es el único caso. Entonces yo exijo que se le dé un trato respetuoso al pueblo que nos viene a visitar, porque vienen a trabajar con nosotros, no a otra cosa. Muchas gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto en estos momentos tomamos cartas en el asunto, diputado, para facilitarle el ingreso a las personas que vienen a trabajar, y para el foro que mañana también llevarán a cabo.

Queremos darles la bienvenida a los alumnos, maestros y padres de familia de la escuela oficial Telesecundaria Número 414, Justo Sierra, de la comunidad de Choteje, municipio de San Felipe del Progreso, estado de México, invitados por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández. Bienvenidos y bienvenidas a este recinto.

También se encuentra con nosotros el ciudadano César Benítez Chaparro, presidente municipal del municipio de Loma Bonita, Oaxaca, y la ciudadana María Aida Zuccolotto Zanatta, presidenta del DIF municipal de Loma Bonita, Oaxaca, invitados por la diputada Saraí Larisa León Montero, del Grupo Parlamentario del PRD. Bienvenidos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Y, bien, vamos a dar curso al orden del día. El siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.

Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera hasta por 10 minutos.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la acción del Estado se instrumenta con la función pública de gobierno. La función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

El fenómeno de la corrupción se presente específicamente en el ejercicio de la función pública y en la ampliación de los recursos económicos, porque en ambos se relacionan directa o indirectamente los gobernantes con los gobernados. Es por ello que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces, pues en la actualidad esta sociedad está más atenta y participativa en los asuntos públicos, por lo que exige mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los gobiernos.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista por el artículo 108 de la Constitución, establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad por infringir a la ley fundamental y las leyes federales, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos federales.

Sin embargo, tratándose de este último caso relativo a la gestión de recursos económicos no se contempla a las y a los servidores públicos que integran los gobiernos municipales, siendo que estos también reciben recursos de la federación.

En este sentido, el artículo 108 constitucional vigente no considera sujeto de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, no obstante que el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos y federales.

De acuerdo con datos estadísticos, en sólo 16 por ciento de los municipios cuentan con información clara y completa sobre sus trámites y servicios, además que en el 50 por ciento de estos municipios la información fue limitada o inexistente. Asimismo, como lo reflejan los informes de la Auditoría Superior de la Federación, la gestión de los fondos federales operados por los municipios presenta problemas e insuficiencias e irregularidades recurrentes que inciden directamente en los resultados del ejercicio gubernamental, destacando los siguientes aspectos.

En el Fondo de Infraestructura Municipal una tercera parte se concentra en pavimentos, en detrimento de servicios básicos prioritarios, como agua, drenaje, salud e infraestructura educativa, además de que dicho gasto se concentra en las cabeceras municipales, dejando en el abandono a las localidades con alto y muy alto rezago social. Este mismo fondo presenta un recurrente 15 por ciento en el no ejercicio de los recursos.

Con dificultades financieras, los municipios realizan transferencias de recursos a otras cuentas y en el mejor de los casos en que se devuelve posteriormente, retrasan el ejercicio de estos recursos y en el peor de los casos no se devuelven los recursos. La falta de documentación comprobatoria es un problema estructural.

Otros problemas registrados son conceptos de obra que se paga pero no se ejecuta, obras de mala calidad, pagos en exceso en la adquisición, así como irregularidades de la adjudicación de contratos, entre otros.

En el caso del Fortamun, el destino de sus recursos es para el gasto corriente y pago de deuda y es mínimo lo que se asigna par proyectos de acto impacto para el desarrollo y finanzas municipales y delegacional. Es por ello que la propuesta contenida en el dictamen de la minuta  con este proyecto de decreto a discusión tiene dos directrices.

La primera consiste en que el marco de un Estado de derecho, la rendición de cuentas se instituya para todas las instancias de gobierno, particularmente en lo que toca al manejo de recursos económicos.

La segunda, que siendo la Carta Magna el referente inmediato de los derechos y obligaciones de los mexicanos, así como de los gobernantes, se consagre en ésta la responsabilidad  en que incurren los tres órdenes de gobierno por el manejo indebido de los fondos y recursos federales.

En consecuencia, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estiman conveniente reformar el  tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución, para señalar que los integrantes de los ayuntamientos serán responsables por la aplicación indebida de  fondos y recursos federales, ya que cada vez más el referido orden de gobierno, derivado del proceso de descentralización de la administración púbica manejan y administran fondos federales, por lo que no podía quedar este vacío en nuestra ley fundamental.

Avancemos con esta legislación de nuestro marco normativo, buscando que se puedan consignar a personas que en el ejercicio de sus funciones abusen de los recursos púbicos. Evitemos que existan casos graves de corrupción en donde los presupuestos de municipios o de estados estén siendo utilizados como botín. Recordemos que la corrupción es un reflejo de las fallas en el sistema mexicano.

Finalmente, es preciso señalar que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales no pasamos por inadvertido el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, mediante la cual se reformó el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Fundamental.

Razón por la cual se realizaron las adecuaciones pertinentes, con la finalidad de integrar al precepto constitucional vigente la propuesta contenida en el dictamen que ahora se discute.

Como lo dijo el economista Andrés Roemer: la corrupción no distingue filiación partidista ni posición ideológica, es un problema para todos los partidos, para el gobierno. Pero es, ante todo, una grave ofensa contra la ciudadanía mexicana. Por ello, compañeras y compañeros diputados, es que los invito a votar a favor del dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, de nueva cuenta nos encontramos en este recinto, en otra modificación sustancial a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo o erradicando, más bien dicho, cualquier tipo de exclusión que pueda encontrarse en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de un tema trascendental, como lo es la responsabilidad administrativa.

Incorporando a literalidad, para que no quede más duda en cualquier interpretación a todos los servidores públicos que se desempeñan como presidentes municipales, como regidores, como síndicos en los cabildos. Eso nos conlleva a que es un desafío imprescindible de todo sistema democrático, el que la ciudadanía esté en todo tiempo y en todo momento garantizada al ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, a través de una clara e incesante rendición de cuentas, acompañada irrestrictamente del sentido de responsabilidad de los gobernantes.

Con esta reforma constitucional se va cerrando toda la brecha a nivel constitucional en cuanto al manejo eficiente y transparente de los recursos, en cuanto a la rendición de cuentas, reforma no muy añeja. Y al día de hoy, al sentido de responsabilidad de los servidores públicos en relación a los manejos de los recursos federales, con eficiencia, con transparencia, con probidad.

La rendición de cuentas cobra aquí un papel determinante, como elemento toral de la democracia supone la capacidad de cualquier institución pública para hacer responsable a los gobernantes, sean del nivel que sean, federales, estatales o municipales, de todos sus actos y decisiones en estos niveles de gobierno.

De conformidad con el 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un servidor público siempre y en todo momento debe conducirse con probidad, con responsabilidad, con profesionalismo, con honestidad, y sobre todo, con lealtad al Estado.

Todo régimen que procura ser democrático requiere la adecuación del orden jurídico para dar plena vigencia a principios constitucionales que robustece nuestro Estado de derecho, así como para prevenir y sancionar toda conducta de gobernantes que lo pudieran quebrantar.

Cabe señalar que a nivel constitucional se encuentran inmersas disposiciones relativas a tipos de responsabilidades en los que puede incurrir cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser desde el carácter civil, administrativo, político, o en su caso, penal.

La falta de responsabilidad deteriora el Estado de derecho y actúa contra la democracia cuando se genera ilegalidad, inmoralidad, inmoralidad social y corrupción. Como aquí se ha dicho, la función pública del gobierno como poseedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos, bastantes, para la realización de sus funciones y el financiamiento de las necesidades del pueblo, y su éxito se sustenta en un esquema eficiente y eficaz de la responsabilidad de los servidores públicos, a eso nos convoca el decreto que se discute.

En Nueva Alianza, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos la importancia de contar con un régimen adecuado de responsabilidad de los servidores públicos que involucre a todos, pues es una preocupación constante de todo sistema democrático constitucional el evitar cualquier abuso de poder.

Ante lo anterior, es necesario reforzar los mecanismos de control que inhiban conductas perniciosas en la administración pública y responsabilice a quienes la cometen. Cabe referir que el municipio, el municipio tiene un lugar peculiar en el régimen de restricción de cuentas del Estado mexicano.

Por ello, es de suma importancia que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales los utilicen tal y como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, con esa eficiencia, con esa economía, con esa transparencia, con esa honradez y exclusivamente para los fines que le son propios.

El artículo 108 de nuestro ordenamiento constitucional establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad, por la violación a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.

No obstante, de este último elemento de responsabilidad que atiende la gestión de los recursos económicos, no se incorporan a los gobiernos municipales siendo que éstos también son receptores de recursos federales.

En mi Partido Nueva Alianza consideramos que el proyecto de dictamen que hoy se nos presenta, en el sentido de incluir de forma expresa en la Constitución la responsabilidad que los servidores públicos municipales por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es y debe de ser procedente, toda vez que en el momento en que el municipio fue reconocido como instancia de gobierno adquirió una responsabilidad social con sus gobernados, por ser éste la instancia de gobierno más cercana a la gente.

Aunado a que esta reforma es consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también con la Ley de Coordinación Fiscal.

Hemos de destacar que se ha venido buscando que los empleados públicos se encuentren sujetos a una regulación especial, en razón de su participación en el ejercicio de la función pública, debido a la particular situación que presentan.

En este tenor, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen con la obligación que la ley les impone provocan responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado, que van de acuerdo a los órganos que intervienen, al régimen legal aplicable, a los procedimientos para su aplicación y a la jurisdicción cuya competencia corresponde.

La principal obligación del Estado es satisfacer las necesidades colectivas y esto solo se logra si a través de la función pública el Estado se organiza para dar fin y realizar de manera eficiente y transparente esa función. Dotar de todos y cada uno de los satisfactores a la ciudadanía, a la población, a todos y cada uno de los habitantes.

Motivamos nuestra postura como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en sentido afirmativo respecto a esta iniciativa que nos ocupa.

De esta forma somos convencidos de coadyuvaremos a garantizar a la ciudadanía el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.

Todo régimen que se precie de ser democrático debe tener como baluarte el control y la responsabilidad de sus servidores públicos. Es cuánto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. La minuta que la colegisladora remite a esta soberanía no solamente es atendible en virtud a que aborda un tema especial de relevancia para acotar aspectos de corrupción que agreden a las instituciones del país.

El día de ayer, precisamente en la visita, que no comparecencia, del director de Pemex y del Procurador de la República hablábamos del tema de la corrupción y de cómo premios Nobel de Economía, aunque neokeynesianos, opinan que el gran problema de México es la corrupción.

En consecuencia, la visión que propone la adición de la Comisión de Puntos Constitucionales mediante un proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos merece el apoyo del Grupo Parlamentario del PT.

La minuta tiene como punto central el de la incorporación de los ayuntamientos como sujetos responsables en el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en lugar de que yo pueda seguir argumentando de manera jurídica este dictamen, permítanme compartirles experiencias y por qué creemos que este tema es de fundamental importancia.

Como algunos de ustedes saben, su servidora fue diputada local en Chihuahua en el año 2004. Antes de eso fui asesora de la Comisión de Vigilancia y siendo diputada, además, estuve sentada en esta comisión como integrante de la misma. Me tocó revisar un sinnúmero de cuentas públicas; cuentas públicas de municipios y cuentas públicas que observaban recursos federales de manera constante.

Me tocó la transición en la que la Auditoría Superior de la Federación hizo un acuerdo con los estados para que fuesen las auditorías de los estados quienes revisaran los recursos de la federación que llegaban a los estados y que se iban a los municipios como participaciones o aportaciones federales.

¿Qué era lo que se veía en la mesa? –Y lo digo con mucho respeto para quienes fueron legisladores conmigo– Intercambio de cuentas públicas. Intercambio de favores para no señalar a presidentes municipales y sobre todo intercambio de tapar cuentas públicas contra cuentas públicas para que no solamente los recursos estatales, sino también los recursos federales pasaran de lado y no se revisaran. Eso es lo que sucede en la auditoría en los estados. Eso es lo que sucede en la auditoría con los municipios.

Muchos de ustedes, señores diputados, son expertos en el tema, han trabajado ya en la revisión de cuentas públicas municipales y estatales y saben de que lo que hablo es cierto. La no responsabilidad de los municipios en la revisión de las participaciones y las aportaciones federales tiene una gran trascendencia.

¿Por qué? Primero porque al municipio se le trata como el niño pequeño de esta República, pareciera no solamente que no tiene capacidad de tomar decisiones o de cobrar impuestos, como se ha considerado en muchos casos y como hemos centralizado muchas de las actividades como el tema del predial en esta Cámara de Diputados, sino que además también se les considera incapaces de enfrentar responsabilidades, no solamente administrativas sino también penales en el mal uso de los recursos públicos.

Y déjenme contarles sobre ésta otra anécdota, la primera cuenta pública que me toca revisar. El presidente municipal de un pueblo muy pequeño en Chihuahua había comprado un tractor; hubo un cambio de administración y este presidente municipal que había considerado que había dado demasiado por el pueblo se había quedado con el tractor. No había forma, compañeras y compañeros diputados, en que el Congreso del estado siquiera pudiera solicitarle al ex presidente municipal que devolviera el tractor a la presidencia municipal porque lo había reportado como robado, aunque todo el mundo sabía que estaba trabajando en su rancho.

Estos son los excesos reales que se viven con el gasto federal y muchas veces con el gasto estatal en los municipios.

Esta reforma pretende acabar no solamente con estos excesos, al dar responsabilidades a las presidencias municipales para que sean corresponsables en el gasto público federal, sino que también tiene la intención de que el municipio se fortalezca en atribuciones. Sin embargo –y esto lo ponemos entre comillas– no es suficiente darles responsabilidad a los presidentes municipales no es suficiente. Necesitamos una fiscalización efectiva.

Necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación no solamente firme contratos con las auditorías superiores de los estados –que regularmente están manejadas por los gobernadores– que auditan y fiscalizan primero a tiempo muerte, y después a conveniencia de los gobernadores.

Necesitamos que estas auditorías realmente fiscalicen a los municipios. Necesitamos que estas auditorías realmente ejerzan su facultad constitucional y su responsabilidad constitucional de velar por la adecuada aplicación de los recursos en los municipios y en los estados de esta República Mexicana.

Es decir, esta reforma constitucional no quedará completa hasta que la Auditoría Superior de la Federación pueda no solamente firmar convenios con las auditorías de los estados, sino obligar a que estas auditorías de los estados apliquen la ley a conciencia, a que estas auditorías de los estados no hagan fiscalizaciones selectivas, sino que hagan su trabajo de manera adecuada.

Así pues, las sanciones que promueve esta reforma no solamente serán pecuniarias, sino como lo dije, de otro tipo. Entonces tendremos presidentes municipales que podrán ser inhabilitados en el servicio público mediante inclusive el encarcelamiento de los responsables y no solamente el titular del ayuntamiento y la recuperación del daño, dependiendo del grado del incumplimiento hasta que las sanciones inclusive podrán ser mixtas.

La reforma de la que hoy estamos hablando tiene sí profundidad, pero tiene que ser completada. En esto no solamente instamos a esta soberanía, sino anunciamos que presentaremos esta reforma para que esta reforma constitucional no quede incompleta, porque tenemos que analizar con mayor profundidad la eficiencia de nuestras variadas disposiciones legales respecto a responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos para aplicarlas correctamente.

No vale solamente reformar la Constitución y dejarlo en letra muerta. Necesitamos estructurar el sistema legal y normativo de la República para que se aplique de manera adecuada.

Es por eso que consideramos la coincidencia con la Colegisladora en el sentido de que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así como las características del estado de derecho.

En los Presupuestos de Egresos que se aprueban no solamente en esta Cámara de Diputados sino que se aprueban posteriormente en los estados que se han aprobado por la materia de coordinación fiscal o por otros conceptos, se han destinado múltiples recursos.

Muchos de ustedes han buscado que se bajen distintos recursos a sus municipios. ¿Cómo garantizamos que estos recursos lleguen verdaderamente a la ciudadanía? No existe otra manera más que haciendo responsables y corresponsables al último nivel de gobierno en este Estado federado que serán las presidencias municipales o los ayuntamientos.

Es por eso, compañeros diputados, que diría, el PT va a favor de esta reforma porque consideramos que la transparencia, que la rendición de cuentas y como consecuencia la contraloría social que se pueda dar posteriormente es necesaria, pero sí consideramos que a esta reforma le faltan cosas y le faltan cosas en el tema de vigilancia y de rendición de cuentas y que es esto responsabilidad de esta Legislatura completarlo y concretarlo adecuadamente, porque no vale legislar solamente en la Constitución para dejarlo en letra muerta.

Votaremos a favor pero nos quedamos y dejamos a ustedes el gran pendiente de hacer real esta reforma constitucional y que realmente valga la redundancia, se haga responsable a los ayuntamientos por el mal manejo de los recursos, no solamente por el desvío de los mismos, sino por el abuso en la aplicación de los mismos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Saludo y les doy la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos del municipio de Tultitlán, estado de México que se encuentran hoy aquí en el salón de sesiones invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidas y bienvenidos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente; con su permiso, compañeros legisladores. En México el fenómeno de la corrupción se ha enraizado en las prácticas políticas y en el ejercicio de gobierno en los diferentes niveles del país.

Ayer precisamente durante la comparecencia del director general d Petróleos Mexicanos comentamos que el caso de Oceanografía no es un caso aislado, es la constante.

Quizás hoy ante la coyuntura  política y ante la magnitud del escándalo, el tema ha tenido que abordarse de manera obligada y ayer fue reconocido por el propio procurador general de la república, que no es un asunto entre particulares, es un asunto del más alto interés público porque Petróleos Mexicanos es una empresa patrimonio del país y hoy que se discuten las reformas energéticas, mal se haría en no abordar el tema de la corrupción que golpea despiadadamente a esta empresa.

Pero este fenómeno de la corrupción se vive en diferentes niveles, desde la cúspide del poder que auspició estos manejos, desde el contratismo, el tráfico de influencias, el coyotaje en los moches como política de Estado, pasando desde luego por las entidades federativas y los ayuntamientos.

Todavía espera en el Senado de la República la minuta que se envió desde septiembre pasado sobre la responsabilidad hacendaria de los estados y los municipios y es fecha que el Senado no dictamina esta minuta, a efecto de que queden claras las restricciones a los endeudamientos de los estados y los municipios.

Hoy la deuda sub-nacional asciende a más de 480 mil millones de pesos, casi medio millón de pesos. Es una cifra escandalosa que sigue creciendo para perjuicio de los estados y los municipios. Además hay una total impunidad porque gobernadores y alcaldes que saquearon sus estados y sus municipios se pavonean con sus riquezas inmorales.

Por eso creemos que es pertinente esta reforma al artículo 108 de la Constitución federal para que quede muy claro que también son responsables los ayuntamientos, las autoridades municipales de violaciones a la Constitución, a las leyes federales y a la aplicación y al manejo indebido de recursos federales,  para que además la Auditoría Superior de la Federación tenga no sólo la atribución que ya ejerce para revisar los gastos federales en los ayuntamientos, sino para ir más a fondo en la corrupción en este nivel de gobierno.

Los ayuntamientos son la célula básica de la organización política y territorial del país, pero son los más golpeados por la crisis y por la insuficiencia de recursos. A veces no tienen ni para las nóminas ni para los servicios primarios ni mucho menos para atender el flagelo de la inseguridad pública.

Pero, además de otorgárseles mayores recursos como una prioridad, se debe también establecer con toda contundencia en nuestra ley fundamental la responsabilidad de los servidores públicos municipales. No debe haber ningún resquicio para que eludan su responsabilidad.

Nos parece pertinente que se atienda este tema y que quede claramente asentado en el artículo 108 de nuestra Constitución

Pero no podemos tampoco soslayar ni dejar de mencionar la gran paradoja que enfrenta el país. Mientras más se invierte en fiscalización, mientras más órganos de control internos y externos revisan las cuentas públicas y los gastos gubernamentales, más corrupción hay en nuestro país.

Por eso urge también la comisión anticorrupción que se mencionó con bombo y platillo, con un gran despliegue propagandístico y que todavía aguarda el proceso legislativo para que finalmente se instaure.

No se deben repetir más casos como el de Oceanografía, pero no solamente atenderse y revisarse, sino poner frenos reales al abuso del poder y a la corrupción en el país. ¿Cuántos dictámenes han pasado por este recinto, en esta legislatura, que atienden al tema de la transparencia y sin embargo, cada día aparecen nuevos casos de corrupción?

Por esa razón, compañeras y compañeros legisladores, hacemos un llamado a que se combata a fondo, y que no solamente se revisen casos de coyuntura, sino que se haga todo un inventario de los expedientes abiertos de los casos de corrupción en el país, y no solamente federal, sino también estatales y municipales que todavía aguardan justicia y que son motivo de indignación de nuestra sociedad.

Quiero, de igual manera, una vez que hablamos del tema del municipio, externar todo nuestro respaldo y solidaridad a la compañera Delfina Gómez, alcaldesa de Texcoco en el estado de México, por los actos arbitrarios, intolerantes y represivos de que ha sido objeto por parte del gobierno del estado de México en la realización de una actividad de alto contenido social y de entretenimiento, no solamente para el estado de México, sino para el país.

Para Delfina Gómez nuestra solidaridad y el reclamo al gobernador Eruviel Ávila, que deje trabajar a los ayuntamientos más allá de los colores partidistas. El pueblo ya votó, hay autoridad municipal y que se le deje atender su mandato sin presiones ni restricciones. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de los compañeros diputados, compañeras diputadas. Por supuesto, en la fracción del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de este dictamen, porque es muy importante para la vida de este país que siempre abonemos a temas de transparencia.

Como bien se ha mencionado, como bien lo decía el diputado Ricardo Mejía, siempre los municipios son la base de los gobiernos, es donde acude primeramente el ciudadano y son los municipios los que tienen más necesidades, los que vienen careciendo de muchos elementos para ser un buen gobierno.

Sabemos que existen muchas leyes que ya vienen regulando en el tema de transparencia, de manera específica uno que complica muchísimo a los municipios es el tema de Coordinación Fiscal que ha sido muy discutido aquí, que también lo han dicho muchos compañeros diputados, que viene con normas muy estrictas que ha sido casi imposible cumplir por parte de los municipios, porque ni siquiera hay municipios donde ni siquiera hay computadoras, ni siquiera hay internet, y esto, por supuesto, los tiene en grandes complicaciones.

Como sabemos, el tema de armonización contable ha sido de verdad una piedrita en el zapato, porque tiene ahí elementos que les exige a los municipios y que están imposibilitados de cumplir en la actualidad.

Pero sin duda alguna, cada vez que veamos elementos –repito– de transparencia, vamos a estar a favor. Por eso hoy hay coincidencia en que tiene que reformarse este artículo 108 para que se hagan responsables los servidores públicos municipales. Pero también creo que es momento de que hagamos una reflexión, lo hemos planteado, un momento de que tengamos también mayores elementos para capacitar a los presidentes municipales, para capacitar a todos sus cabildos, incluso hemos presentado propuestas para que sea desde el momento de que son electas las autoridades municipales.

Hay lapsos en que un presidente municipal llega a durar hasta siete meses en algunos estados, en los que son autoridades electas y no entran en función. Y en esos momentos es cuando deberíamos estar capacitando a las autoridades municipales para que puedan cumplir perfectamente con estas normas, para que cada vez tengamos presidentes municipales que tomen mejores decisiones de cómo gastar mejor lo poco que se tiene, de cómo bajar recursos federales, de cuál es el perfil que deben tener los funcionarios municipales que les acompañan en su administración, es decir, todos esos elementos que nos permitan hacer un buen gobierno.

Hoy debe castigarse –como siempre– a los malos funcionarios de todos los niveles y, por supuesto, aquí no pueden quedar fuera las autoridades municipales. O que, repito, está en leyes secundarias, es muy importante que se eleve a rango constitucional, por eso nosotros estaremos a favor de este dictamen.

Es muy importante, como siempre lo hemos platicado también, la coherencia que debe darse en los marcos normativos, y en este caso las leyes administrativas municipales y las leyes del servicio estatal, así como las Constituciones de las diferentes entidades de la república.

Por eso, en la fracción del Partido Verde, repito, estamos a favor de este dictamen, pero invitando a esa reflexión del apoyo que tienen que tener los municipios de todo el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el artículo 108 de nuestra Carta Magna señala que los gobernadores de los estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

De su lectura se observa con toda claridad que en su texto no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos de los ayuntamientos. Y ello es una laguna constitucional, ya que la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en su artículo 2 señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales, con lo cual estarían de alguna manera comprendidos.

Sobre todo esto cabe aclarar desde nuestro punto de vista, a diferencia de lo que señala el propio dictamen de la comisión, que la naturaleza jurídica del municipio corresponde a la de un poder estatal junto con los tradicionales órganos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Nosotros consideramos que es un verdadero orden de gobierno, el más cercano a la ciudadanía y que por lo tanto sus servidores públicos cumplen con una función de Estado, que siendo parte del Estado una de sus atribuciones es precisamente la de ejercer recursos presupuestales que le permitan financiar su ejercicio de gobierno y que, como bien se reconoce en el dictamen, desafortunadamente se ha generado en nuestro país una tendencia negativa  derivada de la actuación de diversos servidores públicos en innumerables casos, que han buscado beneficiarse del manejo discrecional de recursos públicos y el abuso del poder, provocando actos de corrupción que vulneran a las instituciones y lesionan gravemente el interés púbico, todo ello en total impunidad.

Que por ello es necesario establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos acorde con la realidad actuante y cambiante del ejercicio de la función pública, que nos permita arribar a un verdadero estado de derecho cuya característica fundamental sea la de combatir el abuso del poder.

En razón de ello consideramos necesaria esta reforma constitucional, que tiene como finalidad establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno federal.

Coincidimos con la colegisladora que el establecimiento de un eficaz régimen de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, en la lógica de que las personas que en ejercicio de su función pública manejan o apliquen fondos y recursos federales, que los utilicen como lo establece el artículo 134 constitucional, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Reiteramos que nuestro Grupo Parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, coincide con la propuesta del dictamen para incluir a los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos en el artículo 108, como parte de la construcción de un eficaz sistema de responsabilidades de los servidores púbicos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero agradecer la presencia aquí en el salón de sesiones de un grupo de ciudadanos vecinos de diferentes comunidades del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, que están hoy aquí invitados por la diputada Brenda Alvarado, del distrito 11. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene ahora el uso de la voz el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de esta Presidencia. México ocupa el lugar 106 de 177 países registrados en la OCDE, en materia de percepción en corrupción.

Hablar de historia en materia de corrupción en nuestro país, es un tema sin duda alguna muy importante y trascendental, es –diría yo– una de las reformas estructurales que le hacen falta a nuestro país.

Hoy estamos haciendo un análisis, discusión en relación al artículo 108 de nuestra Carta Magna, un artículo que ha sido reformado tres veces en su historia, desde su creación.

En el año 1982 –reza la historia– un candidato a la Presidencia de la República recorrió todo el país. En ese recorrido identificó que uno de los problemas más importantes que se detectaban en México era el de la corrupción. Para ese efecto, propuso una reforma en materia constitucional, particularmente al Título Cuarto de la Constitución Política mexicana y que integra los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de México. En estos artículos se encuentra integrado un apartado especial que refiere a los servidores públicos de toda la nación.

En aquel tiempo, Miguel de la Madrid, por un lado propuso la creación de nuevos modelos de responsabilidad, entre ellos los que integraban la responsabilidad penal, la civil, la administrativa y la política. Y por el otro, propuso un nuevo modelo, mediante el cual la administración pública pretendía enfrentar la problemática, creando la primera Secretaría de la Contraloría General de la República, en México. Han pasado ya muchos años de aquella reforma en 1982.

Hoy día, esta reforma que hoy estamos discutiendo y que proviene de una minuta del Senado de la República, sin duda alguna llega en un momento muy importante para México, cuando se están discutiendo reformas estructurales y en las que particularmente el tema de corrupción no se está atendiendo.

Cuando nos referimos a estos cuatro tipos de responsabilidades hay que hacer un señalamiento particular. Si nos referimos a la responsabilidad política, nos referimos a aquellos casos de servidores públicos con una calidad especial que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los derechos e intereses públicos fundamentales o del buen despacho del Estado. Cuando nos referimos a la responsabilidad penal, nos referimos a aquellos casos de servidores públicos que incurren en la comisión de delitos establecidos en el Código Penal.

La responsabilidad civil se refiere a los daños y perjuicios ocasionados por servidores públicos en el desempeño de una función, que afecta a la administración pública federal, estatal o municipal.

Finalmente, la responsabilidad administrativa, cuando un servidor público atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben ser observados por todos los servidores públicos de la nación.

El artículo 108 hace referencia particular a aquellos sujetos de responsabilidad en nuestro país, particularmente se refiere a todos aquellos servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal de esta República Mexicana, que se encuentren en un supuesto de corrupción y que sean sujetos de un procedimiento especial, dependiendo del tipo de conducta que hayan desplegado.

Cabe destacar que en uno de los párrafos, particularmente el tercero del 108 de la Constitución, existe una omisión en la que no han sido incluidos ni los presidentes municipales ni los regidores ni los síndicos municipales, cuando éstos en el ejercicio de sus funciones violen la Constitución o las leyes federales o hagan uso indebido de los fondos y recursos federales que le hayan sido asignados para el desempeño de su función.

Ésta sin duda es una reforma importante para México. Es una reforma que viene a contribuir a enfrentar de manera clara y situar a estos servidores públicos en el supuesto de ser sujetos de responsabilidad en cualquiera de los cuatro especiales que existen en este título cuarto de la Constitución.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda contundentemente la propuesta incluida en esta minuta y se adhiere a lo que ha propuesto y aprobado el Senado de la República, para que estos tres funcionarios sean sujetos de responsabilidad y sean adicionados al texto de la Constitución.

Hay que destacar con puntualidad que no será suficiente el hecho de contar con una adición al artículo 108 de la Constitución. Es necesario entrar, como en un futuro sucederá, a la discusión del nuevo modelo anticorrupción, aquel que propuso Miguel de la Madrid y que falló, aquel que modificó Vicente Fox y falló, el de hoy debe ser un nuevo modelo para enfrentar el problema de corrupción que existe en nuestro país.

La minuta que aprobó el Senado de la República sin duda alguna no da respuesta la problemática que tiene México en esta materia. Hoy existe una gran oportunidad para dar paso a una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, para dar paso a un Consejo Nacional para la Ética Pública, y al mismo tiempo, dar paso a un nuevo Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas que de una vez por todas rompa con esa circunstancia que desde el 82 constituyó el principal error en la reforma que propuso Miguel de la Madrid, el de ser el órgano de control, un órgano dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo.

Hoy necesitamos un nuevo modelo que constitucionalmente dependa del texto supremo, jurídicamente hablando, y que desde ahí pueda sancionarse a todos los servidores públicos que están contemplados en el artículo 108 constitucional.

Demos paso a una reforma como la que hoy se plantea y demos paso a la discusión que propone la Comisión de Puntos Constitucionales, a través de la invitación a miembros del sector privado, social, académico y público, para que haya un gran debate en Cámara de Diputados que nos permita corregir la deficiente minuta que ha enviado la Cámara de Senadores y que hoy, sin duda alguna, no resolvería el problema de corrupción que existe en México.

Señoras y señores diputados, que sea ésta la legislatura de las grandes reformas constitucionales y que en ella incluyamos la reforma constitucional para enfrentar uno de los males endémicos que tiene nuestro país, el problema de la corrupción. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de distinguidos comunicadores de San Luis Río Colorado, que están hoy aquí invitados por la diputada Leslie Pantoja. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Y también saludar a los estudiantes de la escuela primaria Lauro Aguirre, de la delegación Venustiano Carranza, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Israel Moreno Rivera. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene, finalmente, el uso de la voz el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Con la autorización de la Presidencia. Honorable asamblea, la transparencia y la rendición de cuentas se constituyen como elementos fundamentales para la consolidación del Estado democrático.

Igualmente, estos elementos, estos principios son indispensables para robustecer el Estado de derecho en la sociedad contemporánea. Por ello resulta imperativo que llevemos a cabo, que realicemos todos los actos legislativos que tiendan a fortalecer los principios antes citados: transparencia y rendición de cuentas.

Es cierto, debo reconocer que el solo y simple compromiso ético de cumplir de forma espontánea y voluntaria con el mandato de la ley por parte de los servidores públicos resulta insuficiente para garantizar plenamente el uso adecuado y legal de los recursos del Estado mexicano, y en general, del principio de legalidad.

Por ello, en el Estado contemporáneo, desde su génesis se han establecido normas, principios e instituciones que limitan los apetitos indebidos de quienes ejercen la función pública y que se traducen en actos que lesionan el interés social.

Así, localizamos a lo largo de la historia del Estado contemporáneo el principio de separación de funciones del poder público, establecemos también que los servidores públicos a lo largo de su ejercicio se mantengan como sujetos responsivos y responsables como una forma, como un instrumento de proveer fortaleza a la función de gobierno, con reglas que ayuden a poner en acción a la democracia, tal y como lo señaló en su momento José Antonio Aguilar Rivera.

En México y de manera muy especial, en el Poder Legislativo, en la presente legislatura hemos avanzado en estos temas de transparencia y rendición de cuentas. Es cierto,  nos faltan aun tramos largos por recorrer para poder consolidar un Estado plenamente ajeno a la corrupción, ajeno a estas prácticas, usos que dañan la función pública, pero no podemos cegarnos y no podemos cerrar los ojos al avance que hemos tenido.

Por ejemplo, a las diversas reformas y adiciones que en esta Legislatura hemos aprobado a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Creo que tenemos que reconocer que si bien es cierto nos falta camino por avanzar, también hemos levantado polvo y hemos hecho brecha en este camino.

Por otra parte, el federalismo y los postulados que han dado vida al municipio han estado hasta cierto punto limitados en cuanto al reconocimiento pleno del municipio como un orden de gobierno. La reforma del municipio libre de 1982, impulsada por el presidente Miguel de la Madrid, consolida al municipio como un orden de gobierno que acompasa y que colabora con el orden federal con los órdenes de las entidades federativas.

Y, ciertamente, en este artículo 108 de la Constitución, específicamente en tratándose de las responsabilidades de los servidores públicos, la Constitución, la ley suprema, había sido omisa en considerar responsabilidad de índole civil, administrativa, penal, política a los servidores públicos municipales, a los miembros del ayuntamiento.

Pues bien, en este sentido creo que la minuta que proviene del Senado nos ayuda a corregir esta omisión, nos ayuda a otorgar el carácter de sujetos de responsabilidad a los miembros de los ayuntamientos que ejerzan recursos de orden federal. Creo que esto va a contribuir y va a dar un impulso importante precisamente a la transparencia, a la rendición de cuentas en este orden de gobierno que por antonomasia se constituye como el más cercano a la sociedad, como aquél que resuelve de forma directa inmediata las principales y las más elementales necesidades de los miembros de la sociedad.

Y por ello es indispensable, es necesario que quienes ejercen estos recursos lo hagan con pulcritud, lo hagan con transparencia, lo hagan apegándose a todos y cada uno de los principios legales que regulen este ejercicio de recursos públicos.

Esta modificación, necesaria a juicio del Grupo Parlamentario del PRI, lleva en su espíritu el imperativo de inhibir y corregir las malas prácticas gubernamentales, pues de suyo deja en claro que el uso de los recursos públicos implica su manejo, aplicación y destino delimitando cualquier intento de uso discrecional; insisto, sujetando el uso de los recursos públicos al imperativo de la ley.

Los recursos públicos deben ser pues, aplicados con puntualidad y pulcritud para los fines que se encuentran expresamente señalados, de acuerdo a la planeación que se realice al tenor de la ley suprema de las Constituciones de los estados, de las leyes orgánicas de los municipios, lo cual todo debe tener como objetivo único y fundamental el desarrollo de la sociedad mexicana.

Así, es preciso anotar que la reforma planteada fortalece al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, dotándolo de congruencia, tapando huecos que existían indebidamente, lo cual, insisto, permite el establecimiento de nuevos y mejores mecanismos que combatan la corrupción y fortalezcan el estado de derecho. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a invitados del diputado Israel Moreno Rivera; niños de la escuela primaria Lauro Aguirre de la delegación Venustiano Carranza. Bienvenidos, bienvenidas.

También se encuentra con nosotros el diputado Roberto Dávalos Flores, integrante del Congreso del estado de Baja California, invitado por el diputado Roberto López Suárez. Bienvenido, diputado.

Saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Londres, de la Facultad de Derecho, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: ¿Faltó alguna diputada o diputado por emitir su voto? De viva voz.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (desde la curul). A favor.

La diputada Ana Paola López Birlain (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 438 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. Se devuelve al Senado para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 10o. de la Ley de la Policía Federal. Para fundamental el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado José Guillermo Anaya Llamas.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública nos presentamos en esta asamblea para presentar un dictamen de reforma a los artículos 3o. y 10o. de la Ley de la Policía Federal, para refrendar el compromiso que hemos sostenido al analizar las iniciativas y proposiciones que inciden en los derechos humanos de los mexicanos.

En este caso toca el estudio de la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Las fuerzas policiales en México han sufrido con razón a veces, sin razón a veces, un desprestigio generalizado. Afirmar que todos los policías son malos, es juzgar a una profesión, a una vocación de servicio  por la minoría de sus elementos que sucumben a veces en la tentación del abuso de su autoridad y de su poder.

Sin embargo por naturaleza humana también es común el tomar el muestreo poco representativo de los elementos corruptos pero que son más visibles mediáticamente e ignorar el esfuerzo que cada día realizan los verdaderos policías que entienden lo esencial de su labor y arriesgan su vida prácticamente todos los días.

Por ello reconocemos que la democracia en México es joven y que las llagas que ha dejado el autoritarismo del siglo pasado hacen que el uso legítimo  de la fuerza como monopolio con el que cuenta el Estado para mantener la soberanía interior, se vea hoy todavía con recelo.

Por ello nuestra Carta Magna, la primera Constitución social del mundo, recogió desde su inicio de vigencia un capítulo dirigido a la tutela de los derechos fundamentales conocidos como garantías individuales.

En su redacción original nuestra Constitución marcaba que “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

Con el tiempo dichas garantías fueron ampliándose tanto en los primeros 29 artículos de la misma como a través de los instrumentos internacionales firmados con nuestro país.

Sin embargo es con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 que se le da un reconocimiento legal pleno a estos últimos en el mismo artículo 1o. que dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajos las condiciones que esta Constitución establezca”.

Amigas y amigos, el respeto a estos derechos humanos en un inicio corresponde a la autoridad, lo cual es relevante sobre todo frente a la falsa dicotomía de la seguridad frente a las libertades humanas que sale a relucir sobre todo en el servicio público relativo a la seguridad consagrada en el numeral 21 constitucional.

Por ello es necesario que para restaurar el respeto inherente a la función policial, se comience por los fundamentos de su actuación y de su interacción con quienes son el objeto de su función, de proteger y de tutelar que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tengan un conocimiento cabal de los límites de su actuación, que comienzan con el eminente respeto a la dignidad humana.

Por ello la Comisión de Seguridad Pública considera atendible la intención del iniciante de homologar los principios que deben atender la Policía Federal con la reforma constitucional del 2011, además de contemplar la posibilidad de que celebren convenios institucionales para que se enriquezca la formación en la carrera policial con una base sólida de derechos humanos. De esta manera se impacta directamente a los mexicanos al mejorar no de forma superficial, sino sustancialmente a los cuerpos policiacos.

Por ello es que a nombre de la comisión que presido de seguridad pública venimos a pedirles su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Anaya.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general. A continuación tiene la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, del Partido Nueva Alianza para fijar postura, hasta por cinco minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona: “Los principios dejan de ser ideas y se convierten en fuerzas históricas cuando se encarnan en realidades sociales concretas”, Octavio Paz.

Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

El Estado, desde su formación, ha tenido como una de sus principales funciones velar por el bienestar, la justicia y la seguridad de los ciudadanos en el llamado pacto social. Para cumplir con esta misión, el Estado cuenta con las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos.

El dictamen que nos ocupa se refiere al actuar de la policía federal; el objetivo de ésta es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas, aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de los delitos y prevenir que se continúen cometiendo vejaciones por el uso indebido o excesivo de la fuerza, por la aplicación de técnicas y procedimientos sin diferenciar los casos en los que produzcan daños y prejuicios a la población. Todo esto denota una carencia de principios y de valores éticos y morales en la actuación policial que se evidencia en el fuerte desapego al respeto de los derechos humanos.

No olvidemos el caso tan sonado del profesor indígena Alberto Patishtán, sentenciado a 70 años de prisión por supuestamente participar en una emboscada a policías, quien permaneció injustamente más de 10 años en la cárcel, violando totalmente sus derechos humanos. El presidente de nuestro país, en ejercicio de sus facultades contenidas en la Constitución  y el código penal, determinó otorgar el indulto al profesor Patishtán y notificarle su libertad inmediata, reconociendo así que se estaba cometiendo un acto de injusticia.

Es por ello que coincidimos plenamente con el sentido del presente dictamen, toda vez que es necesario vincular la ley de la Policía Federal con la Constitución Política, así como con los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, también celebramos que ahora se sumarán a las atribuciones del comisionado general de la Policía Federal el realizar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en tareas policiales.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Por lo anterior, el grupo parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen que reforma los artículos 3o y 10o de la Ley de la Policía Federal, toda vez que los mexicanos merecemos una policía federal bien capacitada y que su actuar siempre sea apegada a los derechos humanos.

Hoy esta Cámara de Diputados está cumpliendo con su responsabilidad de actualizar las leyes para garantizar a los mexicanos el respeto pleno de sus derechos humanos. Esperamos que el Ejecutivo federal haga lo propio en la práctica, ya que muchas veces no basta con actualizar las leyes si en la vida cotidiana no se pone en práctica la legislación vigente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, hasta por cinco minutos, del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.

La reforma que se hace a dichos artículos va en el sentido de que los integrantes de la policía federal tengan presente en su actuación los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, según se establece en el artículo 3o y en el artículo 10 que la institución de Policía Federal pueda celebrar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en las tareas policiales para los integrantes de la misma.

Durante muchos años, la sociedad mexicana se ha pronunciado en el sentido, de que los integrantes de las corporaciones policiacas respeten los derechos humanos previstos en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha celebrado y que son de aplicación en todo el territorio nacional.

Es más, el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone entre los principios que deben regir la actuación de las instituciones de seguridad pública la del respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

En el dictamen que nos presenta la comisión dictaminadora se aterriza el precepto constitucional a la Ley de la Policía Federal, específicamente en los artículos 3o. y 10, de la fracción V.

A los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos pasa desapercibido que en algunos casos, como el de San Salvador Atenco o el desalojo en la ciudad de Oaxaca hace algunos años, se cometieron accesos por parte de la policía federal y que muchos de ellos se constituyeron en violaciones de derechos humanos en perjuicios de la población civil.

Por ello, más allá de establecer la obligación del respeto a los derechos humanos también debemos promover el que se diseñen los protocolos de actuación de las corporaciones policiacas, para que sin agraviar a la población civil en sus derechos fundamentales puedan los integrantes de estas corporaciones realizar sus tareas de prevención del delito.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los actuales tiempos por los que atraviesa el país a nadie le conviene que se cuente con una corporación policiaca que funde su actuación en la represión de los ciudadanos, antes, al contrario, a todos nos conviene contar con corporaciones policiacas capacitadas y preparadas en el conocimiento de los derechos con los que cuentan los ciudadanos y que precisamente el respeto a esos derechos humanos debe ser el límite de actuación de las corporaciones policiacas.

Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Damos la bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes fueron invitados a este pleno por el diputado Guillermo Sánchez Torres. Bienvenidos, jóvenes, que tengan una excelente estancia en este órgano legislativo.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para fijar postura.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, en efecto, el motivo que impulsó la reforma constitucional de 2011 fue el establecer un sistema que garantizara la mayor protección a los gobernados. En esta reforma se incluyó el criterio pro persona y se incorporó a la norma constitucional el reconocimiento y protección de los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales firmados y suscritos por México.

El cambio del paradigma en materia de derechos de los gobernados ha obligado a un esfuerzo del Estado para adecuar el marco normativo al nuevo parangón constitucional. Parte de esfuerzo ha sido el que se ha impulsado una y otra iniciativa para poder mejorar este marco jurídico.

Esta iniciativa que hoy se plasma en el dictamen y que está en discusión, fue presentada por un servidor, fue presentada por Ricardo  Mejía y por un servidor, en donde se solicita que a través de los actos de la Policía Federal se observen los derechos humanos, no sólo los consagrados en la Constitución sino también en los tratados internacionales celebrados por México como Estado nacional.

Debemos reconocer que las fuerzas de seguridad son quienes deben velar en primera instancia por los derechos de los gobernados, pues sus actos se encuentran íntimamente ligados al necesario respeto de los derechos humanos.

Asimismo, ha correspondido para la presentación de esta iniciativa que se plasma en el dictamen, la realidad imperante en nuestro país donde hemos observado cómo los cuerpos de seguridad, la Policía Federal se ha convertido en un elemento esencial en el ejercicio de tareas de seguridad en distintas poblaciones de las entidades federativas.

Esta participación activa ha ocurrido en mayor medida por la llamada lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico emprendida en el año 2006 y provocándose que desde diciembre del año 2006 a estas fechas se han presentado miles de quejas por violaciones a los derechos humanos, en contra de esta institución de seguridad pública.

En 2013, con motivo de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se argumentó que este organismo rector de la seguridad federal se apegaría estrictamente a la protección de los derechos humanos. Sin embargo fue precisamente la Comisión, esta Comisión de Seguridad la que más recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo este año, y entre las recomendaciones están el uso excesivo de la fuerza; las detenciones arbitrarias; la tortura e incluso la privación ilegal de la libertad y la privación de la vida.

El incremento de las quejas contra las acciones de la Policía Federal corresponde al uso de esa fuerza policial para el combate diario del crimen organizado y la carencia de capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos de los gobernados.

Tales violaciones de derechos humanos impactan de forma negativa desde dos perspectivas. En primer lugar, vulnerando la esfera más esencial de los derechos de los gobernados. Y en el segundo lugar, la alteración de los procesos jurisdiccionales, sometiendo a la valoración de los jueces posibles violaciones de derechos humanos.

Ahora bien, en este dictamen que está a consideración de esta asamblea, se consideró que la capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos correspondiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse del órgano especializado en el tema. No obstante, en aras de enriquecer la propuesta, se determinó por la dictaminadora que no se restringiera a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera el único órgano capacitador, estableciendo una facultad amplia para que participen órganos de organismos diversos.

Por esa razón, capacitar a nuestras fuerzas policiales en el respeto de los derechos de los gobernados corresponde a un Estado moderno y garantista de la libertad ciudadana y de los principios democráticos.

Por eso propusimos modificaciones al artículo 3o., al artículo 10 de la ley en comento, que hoy puede tener la suerte de ser aprobada para que se plasmes en derecho vigente estas normas, que son indispensables en materia de derechos humanos, para el propio comportamiento y actuación de los órganos de seguridad pública federales en el país. Por su atención, a todos, muchas gracias.

El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchísimas gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Para fijar postura, hasta por cinco minutos, por el Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro régimen constitucional y legal ha sido un régimen perfectible en todo momento. Así quedó consagrado en nuestra Carta Magna, cuando quedó estipulado en él un proceso de Constituyente Permanente, que permite que se vayan haciendo las adecuaciones y los cambios que son necesarios para el desarrollo social y para que las leyes estén adecuadas a la actividad nacional y a la realidad del pueblo mexicano.

Es así como en el 2011 se lleva a cabo la reforma constitucional, que cambia de aquel paradigma de garantías individuales al de derechos humanos universales. Con ello se logra una mayor protección en los derechos humanos, poniendo en todo momento al individuo como centro de los derechos fundamentales a través del principio pro homine, que no es más que establecer que todo individuo será protegido por sobre todas las cosas en el uso irrestricto de sus derechos.

Esto, además, se concatenó con el hecho de que las autoridades mexicanas respetarían todos aquellos tratados internacionales en los que México fuera parte y que hayan sido aprobados por el Senado de la República.

Con ello, todas las disposiciones normativas internacionales, de las cuales México es parte, es texto vigente en nuestra legislación y nuestras autoridades judiciales y también las administrativas, deben de aplicarlas.

Pero esta reforma constitucional genera, como ya lo dijeron compañeros que me antecedieron, la imperiosa necesidad de que se adecúen otros ordenamientos jurídicos que tengan a su vez el poder materializar estos importantes derechos.

En el Partido Verde Ecologista de México somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de todos aquellos mecanismos e instrumentos de los cuales el Estado se hace valer para proteger el Estado de derecho.

Pero así también, tenemos como premisa fundamental la salvaguarda del Estado de derecho, también hemos de saber que las personas, los individuos que forman parte de estas instituciones necesitan tener a la mano las herramientas que les permitan a ellos mismos respetar estas instituciones, y hablo de estos derechos humanos fundamentales. Es por eso que hoy celebramos, aplaudimos y votaremos a favor esta reforma, esta reforma que tiene como finalidad el poder transformar los artículos 3o. y 10o. de la Ley Federal de la Policía Federal, para que, en primer término, los miembros de la Policía Federal puedan ser capacitados, a fin de que conozcan los derechos humanos que México ha signado en los tratados internacionales, aparte de los ya plasmados en la Constitución, y en su actuar diario, en sus actividades de vigilancia, en sus actividades de protección a la ciudadanía, en sus actividades de salvaguarda del orden, primeramente respeten los derechos fundamentales de cada individuo que se encuentre en nuestro territorio, y en un segundo momento, pues el tema de que pueda ser el comisionado de esta dependencia de la Policía Federal, quien celebre convenios con diversas instituciones para poder llevar a cabo esta capacitación.

Estamos seguros que esta reforma redundará en un beneficio de la ciudadanía, pues tendrá elementos de seguridad mejor capacitados, que respeten los derechos humanos y con ello que se respeten las instituciones del país.

Sabemos que los derechos de todos terminan donde empiezan los derechos de los demás, pero asimismo sabemos que el respeto irrestricto a los derechos humanos es necesario para poder desarrollar un Estado democrático. Muchas gracias por su atención. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Castellanos Mijares. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para fijar postura por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: Con su venia, diputado presidente. Apreciables legisladoras y legisladores, en atención a la reforma constitucional de junio de 2011, en materia de derechos humanos, se amplió la esfera de protección para las personas, siguiendo el principio proporcional, es decir, que esa esfera de derechos se desarrolla de manera continua, en razón de la búsqueda del mayor beneficio posible para las personas.

Con esa reforma constitucional se dio un cambio en el paradigma de la relación de la autoridad frente a los gobernados, siendo esto parte también del avance democrático de nuestro país.

Coincidimos en señalar que con el avance de la delincuencia organizada y la militarización de la seguridad pública se incrementaron las violaciones a derechos humanos desde 2006.

Cabe recordar que como parte de ese contexto, el sexenio pasado se presentaron 3 mil 851 quejas por violaciones a derechos humanos en contra de la Policía federal, lo que da cuenta de la magnitud del problema que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Por otro lado, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta el incremento del 50 por ciento de las quejas frente a presuntas violaciones a derechos fundamentales por parte de dicha institución.

Con el objeto de atemperar dicha situación es que la iniciativa presentada propone reformar el artículo 3º de la Ley de la Policía Federal, con la finalidad de ampliar, dentro de los principios rectores de ese cuerpo de seguridad, el respeto a los derechos humanos, para que no solamente comprenda los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también los que registran los tratados internacionales celebrados por nuestro país.

Y también pretende establecer que la Policía federal, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos capacite a los elementos policiacos en torno al respeto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad, con un programa de capacitación.

Cabe recordar que entre los principios rectores que rigen la actuación de la Policía federal se encuentran los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y a los respetos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a la reforma propuesta al párrafo primero del artículo 3 de la Ley de la Policía Federal, coincidimos en señalar como positivo el que se busque armonizar la doctrina de la Policía federal con el texto constitucional.

Y en concreto, tomando en cuenta también los derechos fundamentales de las personas en los tratados internacionales como fuente de derechos humanos reconocida por México, y en ese contexto es imprescindible que se capacite a los elementos policiacos respecto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario votará a favor de nuestro presente dictamen. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero. A continuación tiene el uso de la palabra, para fijar postura, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN acudimos ante esta representación nacional para presentar nuestro posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.

Para Acción Nacional son de suma importancia todas las iniciativas y proposiciones que tengan que ver en la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los mexicanos, independientemente de su situación jurídica.

Como ya se sabe los derechos humanos se remontan al reconocimiento formal en la Declaración Universal de 1946, de forma que todos los estados nacionales deben reconocer la existencia de un núcleo elemental de derechos fundamentales para los ciudadanos y comprometerse a garantizar el ejercicio de los mismos.

México se ha incorporado al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos mediante la firma y ratificación de diversos tratados, declaraciones, pactos y convenciones, dentro de los cuales se encuentran diversas disposiciones protectoras en concreto de la seguridad jurídica y personal de la denominada Primera Generación de los Derechos Humanos.

Los integrantes de las instituciones de policía consideramos, son el primer bastión para la tutela de estos derechos ya que se encuentran en una situación especial en este rubro; son, por una parte, los encargados de proteger a las y los mexicanos en el goce de los mismos, pero a su vez están en el ejercicio de sus funciones en la posibilidad de violarlos al ser el instrumento de la fuerza pública.

La labor del policía como servidor público es estar en contacto con los ciudadanos y alcanzar un clima de paz, convivencia y respeto entre los gobernados y esto no solamente tiene que ver con el número de policías en la calle, sino con la cercanía entre los mismos y los ciudadanos que protege en el tránsito del paradigma de la seguridad pública como un medio de control estatal a la seguridad como un derecho de la ciudadanía con una perspectiva humana.

En nuestro país, en medio de ese proceso de cambio, las fuerzas policiales han sufrido un desprestigio generalizado que no corresponde con la realidad, ni con el deber ser de estas corporaciones. Se ha generado rechazo de una figura que debiera ser respetada, digna y que al encontrarla en el entorno cotidiano inspire paz y no zozobra. Es común ignorar el esfuerzo que día a día realizan los policías que entienden lo esencial de su labor en una sociedad democrática.

Sin embargo, son más visibles los elementos que participan en operativos cuestionables; lo ideal de un policía es que no se note su presencia, porque esto implica un estado de orden y de una labor de inteligencia y respeto a los derechos; sin embargo resaltan a diario en diarios y noticieros aquellos elementos que están involucrados en actividades delictivas, en actitudes de abuso de poder o incluso de represión y violación de los propios derechos humanos.

Desde luego esta problemática comienza desde los filtros de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública y sin embargo más allá de adoptar una actitud determinista en cuanto a un policía y negar su posibilidad de cambiar, hay que entenderlo como una persona humana, susceptible de transformar su actuación y de encauzarla al bien común.

Las instancias públicas estamos en el vórtice de una transformación cultural en materia de derechos humanos. La reforma constitucional de 2011 incorporó al sistema mexicano de manera expresa la tutela de derechos fundamentales contemplados, ya no solamente en la legislación interna, sino también en los instrumentos internacionales.

Esto amplia la esfera jurídica de los particulares, pero también regula la actividad del poder público de manera distinta a los habituales, por lo que los funcionarios que han dedicado una trayectoria a la seguridad pública y ciudadana, aun cuando lo han hecho bien, deben ajustarse a nuevos parámetros y nuevas exigencias.

Por ello Acción Nacional considera dable el argumento central de esta iniciativa, la necesidad de una formación especializada a nuestros cuerpos policiacos para que no sedan ante la tentación de violentar los derechos fundamentales de las personas que deben ser las protegidas y no las vulneradas.

Así, a través de las negociaciones de arreglos institucionales puede alcanzarse para las y los policías una actividad formativa de calidad en materia de derechos humanos, ya sea a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las diferentes organizaciones especializadas de la sociedad civil o instituciones académicas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario al que pertenezco admite viables las reformas a los artículos 3o. y 10o. de la Ley de la Policía Federal, por lo que votaremos a favor de esa reforma. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías Capuchino, hasta por cinco minutos, para fijar postura por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Darío Zacarías Capuchino: Con la venia de la Presidencia. Las reformas constitucionales publicadas en junio de 2011 constituyeron un verdadero hito y un cambio radical sobre la concepción que teníamos de las prerrogativas fundamentales, toda vez que a través de estas se dotó de nuestra Carta Magna de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, así como para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que en esta materia ha adquirido nuestro país tras la firma y ratificación de diversos tratados.

Al desecharse el término garantías individuales e incorporarse de manera diáfana el término derechos humanos a nuestra Ley Fundamental, se fortaleció el Estado democrático garantizándose así la mayor protección de las personas.

Con la nueva redacción del artículo 1o. constitucional se introdujeron también las obligaciones que el Estado debe asumir frente a los derechos humanos, comprendiéndose entre éstas las de prevenir, investigar y sancionar cualquier transgresión en este rubro, para así también abatir el fenómeno de la impunidad.

Si partimos de la idea que la Constitución no se agota en sí misma sino que se proyecta a través de las leyes ordinarias, entonces resulta más que pertinente trasladar el contenido de la Norma Fundamental hacia aquellas disposiciones que la reglamentan, por lo que entonces resulta adecuado el contenido del dictamen que en este momento se pone a consideración de la asamblea.

Esto, en virtud de que la Constitución contempla en su primer artículo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en ésta y en los tratados internacionales suscritos, ratificados por el Estado mexicano, mientras que se pretende que en la Ley de la Policía Federal se establezca que será un principio rector en el ejercicio de sus funciones el respeto a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, por lo que estamos frente a un ejercicio de armonización legislativa, útil y necesario.

Aunado a lo anterior, nos congratulamos que el dictamen contemple la posibilidad de que la Policía Federal celebre convenios para la formación y actualización permanente de sus elementos en materia de derechos humanos. Esto en virtud de que tal adición dará efectividad a un rubro que había señalado con anterioridad que es el de la prevención en la comisión de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos.

El involucramiento de las fuerzas federales en el combate a los delincuentes requiere no sólo la efectividad en la actuación de sus elementos, sino de la aplicación de rigurosos estándares que permitan evitar cualquier abuso contra la población, ya que esto permitirá la correcta integración de los averiguaciones, el mejor procesamiento de los inculpados y el esclarecimiento de los hechos sujetos a investigación.

Conciliar la efectividad policiaca con el respeto a los derechos humanos no resulta excluyente, sino que es una condición básica para el mantenimiento del Estado de derecho al incluirse en los principios que rigen la actuación de las fuerzas del orden, el respeto a las prerrogativas contenidas en los tratados internacionales, se avanza en la seguridad de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Darío Zacarías Capuchino.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Agotada la lista de oradores y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El diputado José Alberto Benavides Castañeda  (desde la curul) A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul) A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 429 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría dé cuenta de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Solamente el punto resolutivo, si me hacen favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo. Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a las normativas por parte de la institución de crédito Banco Nacional de México, Banamex, en menoscabo del interés público.

Lo anterior derivado del caso de la documentación apócrifa dada en garantía a Banamex por parte de la empresa Oceanografía, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Tengo registrados oradores de distintos grupos parlamentarios. En primera instancia tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. También están anotados el diputado David Pérez Tejada, del partido verde, el diputado Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Aurora Aguilar, del PAN, el diputado Javier Treviño Cantú, del PRI.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: el exhorto que se plantea y del que ha dado cuenta la Secretaría de la Cámara es oportuno y en la lógica política y jurídica no admite posición contraria.

El que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte de la institución financiera de crédito Banamex, en menoscabo del interés público derivado del caso  de la documentación apócrifa dada en garantía a Banamex por parte de la empresa Oceanografía, es correcto. Banamex, perteneciente a Citigroup y acreedor de la empresa Oceanografía, le emitió a Pemex una revisión y cotejo de las facturas y contratos que la empresa le presentaba y que acreditaba supuestas ventas por cobrar. De ahí se deriva la denuncia ante la PGR, y en consecuencia la determinación de asegurar a la empresa de forma inmediata por probables conductas tipificadas como delito.

México es un país de corrupción, de impunidad, de complicidad, de oprobio y de injusticia. Este exhorto que pareciera ser tardío obliga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a indagar sobre esta situación.

En contraste con el gobierno que aquí nos mal gobierna, en Estados Unidos, a través de la oficina federal de investigación FBI y de la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, que muchos de ustedes conocen, la Securities and Exchange Commission encargada de hacer cumplir las leyes federales en el tema de los valores, se encuentran investigando a Citigroup, por estos mismos hechos, por fraude contable, además de estar indagando sobre prácticas de corrupción en el extranjero.

Incluso, calificadoras de riesgo como Moody’s, ha concluido que la sólida capacidad de generación de ingresos por parte de Banamex se vio neutralizada por los recientes efectos negativos y consideró que fallaron los controles del banco que aumentaron el riesgo de cargos adicionales contra ganancias.

Se afectó la capacidad de la institución para mantener sanos los niveles de capitalización y limitaron su capacidad para crecer su negocio y beneficiarse del mejor entorno operativo del país.

Con esta información que estamos requiriendo mediante exhorto, ¿qué pretendemos, se preguntarán algunos? Lo primero que debería preocuparle al Congreso sería proteger y preservar el trabajo y los derechos de los trabajadores de la empresa y establecer las responsabilidades penales que en su caso correspondan, recuperar los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos, pero sobre todo restituir los daños y proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores.

¿Qué es lo que se debe aclarar? Los actos delictivos además de aclarar la inquietud de que el patrimonio nacional ha sido afectado y sobre todo los problemas que pueden derivarse del perjuicio sobre una de las principales instituciones financieras de México.

Es indudable, por encima de lo que diga Lozoya y otros personeros del gobierno, que los hechos y actos a que se refiere este exhorto han causado daño al interés público jurídicamente protegido por el Estado mexicano. Implica un grave riesgo al patrimonio nacional, a la seguridad pública, a las sanas prácticas de los mercados financieros, a la economía pública y a la probidad en el servicio público prestado por el Estado.

Resulta creíble, les pregunto, que se brinde un crédito por esa cantidad de 585 millones de dólares por Banamex a una empresa sin verificar la autenticidad de los contratos. ¿Cómo poderle creer a Banamex que fue engañado? ¿Es Banamex el único banco involucrado en estas facturas apócrifas? No lo es. También Bancomext en el 2003 entregó créditos millonarios a esta empresa. El Consejo Directivo de Bancomext, bajo la dirección de Reyes Retana, autorizó los préstamos.

La empresa también recibió, Oceanografía, créditos por parte de Bancomer, Santander, Serfín, HSBC y Banorte, todos ellos amparados por contratos de Pemex y seguramente falsos y apócrifos. Era un modus operandi de la empresa que quedó al descubierto. Nosotros no creemos que sólo sea Oceanografía y que sólo sea Banamex, creemos que son muchas más.

La Comisión Nacional Bancaria también ha incurrido en responsabilidad por su omisión; tiene la facultad de indagar, investigar, supervisar, incluso corregir, citar a distintas personalidades, que no lo ha hecho. Hoy, mediante este exhorto, estamos intentando mover a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe a este Congreso lo que ha pasado en Oceanografía. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos por su atención y por no chiflar.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. nosotros apoyamos este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que estamos exhortando a que a través de la Secretaría de Hacienda se convoque a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comisión que tendrá que convocar a esta institución de crédito, Banamex de Citigroup, y que estamos totalmente de acuerdo a lo que comentó ahorita el diputado Monreal, si están involucrados algún otro tipo de instituciones financieras o bancarias creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias.

El día de ayer compareció aquí el titular de la PGR, nuestro amigo el procurador Murillo Karam, comentaba acerca de las elevadas estimaciones de la falsificación que hubo de algunos documentos, y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No nos cabe la menor duda que la Procuraduría General de la República está haciendo su labor, está haciendo su tarea de investigación.

Y lo único que se está pidiendo aquí por parte de la Junta de Coordinación Política es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores coadyuve a esta investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, y se castigue con el peso de la ley a quien se tenga que hacerlo porque los mexicanos ya estamos cansados, cansados de que empresas como ésta, Oceanografía, hayan estado evadiendo al Fisco o en otros casos a instituciones recaudatorias, como el Infonavit y el Seguro Social, violando con ello los derechos de los trabajadores que dependían de ellos como patrones.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a través de un servidor se une a este exhorto, a este punto de acuerdo por el cual estaremos votando a favor en unos instantes. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué bueno que se realice una amplia y profunda investigación sobre el asunto de este crédito que le dio, que le estuvo otorgando Banamex a Oceanografía, porque lo que es increíble es, cualquier trajetahabiente  le debe a Banamex 300, 400 pesos, 500 pesos lo despiertan, no lo dejan dormir, lo buscan temprano para que les conteste, y cómo es posible que le sean prestados 585 millones de dólares y no se hayan dado cuenta que estaban cometiéndoles un fraude. Simplemente no es creíble.

Dónde está el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El órgano encargado de regular, de vigilar ese tipo de cosas, dónde está, qué están haciendo, dónde andaban, por qué no hicieron lo que les corresponde, lo que la ley les mandata para que pudieran proceder a investigar de fondo y a alertar  sobre una situación como la que se está generando en el caso de la relación Banamex-Oceanografía.

Es de veras inaudito que incluso el mismo día de ayer, cuando estuvieron aquí presentes el procurador y el director de Pemex, entonces se presenta el asunto y se dice, un funcionario ex director de Perforación, Exploración y  Perforación de Pemex firmó el 5 de diciembre una adenda ya no siendo funcionario, de 2012, y entonces aceptan que efectivamente eso aconteció, pero se aplican unas medidas administrativas y la denuncia se presenta apenas el día de ayer.

Uno dice, de qué se trata. Que no le están pagando, Oceanografía le debe alrededor de mil millones de pesos a, entre Infonavit y el Seguro Social, e Infonavit apenas ayer presentó la denuncia contra Oceanografía por lo que no le ha estado pagando de las aportaciones de los trabajadores.

Si esto no implica en serio una red de complicidad, yo no entiendo. Díganme ustedes con toda honestidad, compañeras y compañeros, ¿qué hacen entonces los delegados, por ejemplo, del IMSS o del Infonavit en Campeche? ¿No ameritarían ser cesados inmediatamente por una acción de esta naturaleza?

Me da mucho coraje que nos quieran ver la cara de tontos, que nos piquen los ojos con este tipo de cosas, negando la participación, la complicidad de una red de funcionarios y ex funcionarios en hechos de corrupción, como esto que está aconteciendo. Y en donde se nieguen, no acepten, se nieguen a aceptar que evidentemente dentro de la paraestatal sigue habiendo gente que protege este tipo de prácticas, porque si no las hubiera, no se darían, simplemente no existirían.

Y entonces, vamos a respaldar –en el caso de la fracción parlamentaria del PRD– este punto de acuerdo, para que se haga la investigación que debe hacerse, que se vaya a fondo y que no quede impune un hecho de esta naturaleza, porque el problema es que se destapa y prácticamente se abre la caja de Pandora y empiezan a aparecer un conjunto de intereses por todos lados, salpicadero de gente por la vía de la corrupción, algunos por moches, otros por comisiones, otros por directamente entrega de contratos, por diferentes cosas, pero el hecho es que ahí está. Y frente a eso, compañeras y compañeros, creo que no debemos permitir que vuelva a acontecer.

¿Cuántas empresas como Oceanografía hay que no le pagan al Seguro? ¿Cuántas empresas hay que no le pagan al Infonavit? ¿Cuántas empresas hay, como estas, que tienen créditos y que están cometiendo fraude? Si acontece con una empresa de esta naturaleza puede acontecer con varias más y entonces, el problema es que tomemos medidas para que esto realmente no vuelva a suceder y no se estén poniendo en riesgo el patrimonio nacional y la seguridad nacional misma de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias. Con la venia de la asamblea. El día de ayer, en la comparecencia, perdón, reunión de trabajo de Pemex y de la Procuraduría General de la República, quedaron –diría– tres grandes lecciones aprendidas. Primero, que el director Lozoya declaró claramente que no iban a bajar los precios de los hidrocarburos, específicamente la gasolina, que creo que ha sido una de las grandes mentiras de esta reforma energética, pero sí una de las grandes lecciones que tuvimos el día de ayer.

Pero con respecto a este tema de Oceanografía, creo que el procurador fue muy claro. Y él dijo: hay tres grandes preguntas que yo también tengo, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se dio el fraude y cómo se ha venido repitiendo el fraude? Y, ¿cómo se da tanto dinero así como así?

Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que en el PT no solamente celebramos, sino que creemos que es necesario, viene a acabar con este mito de que este asunto de Oceanografía era un problema entre particulares, que además el día de ayer finalmente se aclaró.

Éste no es un tema entre particulares, es un problema que daña al Estado mexicano, pero claro que en este asunto es importante saber cómo Banamex le suelta tanto dinero a una empresa, no solamente que no ha pagado sus cuotas en el IMSS, en el ISSSTE, sino que además está mal calificada financieramente por las empresas respectivas, pero que además había enfrentado 21 juicio en Estados Unidos por malos manejos financieros. ¿Cómo Banamex se atreve a prestar este dinero?

El procurador mismo lo dijo el día de ayer, yo no sé si en deslinde de esta administración hacia las administraciones pasadas y esta empresa, pero, ¿cómo diablos se suelta tanto dinero sin verificar? Y, ¿cómo diablos ahora estamos buscando y verificando las firmas de los funcionarios de Pemex que validaron finalmente estas transacciones?

Me parece que es prudente, no solamente este acuerdo, sino decir fuerte y alto, el tema de Oceanografía no es el único tema de corrupción en Pemex. El tema de Oceanografía, sea por casualidad o por casualidad causada, viene a ser la punta del iceberg de todos los actos de corrupción y de estas empresas, que inclusive se pueden considerar monopólicas de los contratos y de haber sido los consentidos de mucho tiempo de los contratos de Pemex.

Nosotros, con este acuerdo, creemos que la Cámara de Diputados avanza en decir: no queremos solamente investigar lo que la PGR va a investigar, sino queremos que Banamex dé y diga lo que es responsable.

No es posible, compañeras y compañeros diputados, que una institución financiera que ha participado por mucho tiempo de aval y que ha prestado este monto de dinero a una empresa como Oceanografía, hoy venga a lavarse las manos y pida que los mexicanos seamos quienes respondamos y quienes le respondamos a esta empresa y a sus trabajadores, que serán los más afectados después de toda la riqueza que se ha creado con los contratos que esta empresa hizo con Pemex.

Que caigan los responsables, no solamente dentro de Oceanografía, no solamente dentro de Pemex, sino también en Banamex y en las instituciones financieras que fueron parte de estos actos de corrupción, que no solamente están en la paraestatal porque están en la paraestatal, sino también en estas instituciones financieras. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Aurora Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Con su venia, señor presidente. En Acción Nacional celebramos este acuerdo, lo celebramos porque Acción Nacional siempre ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

Fue hasta que Acción Nacional asumió su papel como gobierno federal cuando se empezó a hablar de rendición de cuentas. Fue en el gobierno de Acción Nacional cuando se creó el Ifai y cuando se ha fortalecido en toda la historia de México la cultura de la rendición de cuentas.

Claro que queremos que se aclare el caso de Oceanografía. Por supuesto que sí. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias a cualquier funcionario, ya sea de gobierno, de Pemex o de Banamex que haya estado involucrado en ese fraude.

Y por supuesto que lo exigimos hasta las últimas consecuencias. La preocupación es, por qué este caso se tiene que destapar por las oficinas centrales de Banamex en Nueva York, por Citigroup.

Por qué no conocimos de este caso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mientras se gestaba este fraude de dimensiones inimaginables.

Nosotros queremos sumarnos a este punto de acuerdo y nos preocupa muchísimo, porque hay, no solamente dinero público involucrado, hay trabajadores que están afectados, hay empleos que se están afectando, hay contratos irregulares o inclusive presunto lavado de dinero.

En Acción Nacional le exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sumándonos a este acuerdo, que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se lleve a cabo la investigación hasta las últimas consecuencias, y por supuesto, a la Procuraduría General de la República para que no quite el dedo del renglón. Que se investigue a todo aquel que haya estado involucrado, independientemente de su filiación partidista. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Javier Treviño Cantú: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI considera que las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República se están realizando con toda seriedad en el caso de la empresa Oceanografía y que en ese contexto seguramente se actuará con todo rigor en el supuesto de que en el presunto fraude perpetrado por directivos de esa empresa en contra de Banamex se encuentren involucrados funcionarios o directivos de esa institución bancaria, o incluso, funcionarios públicos.

No tenemos la menor duda de que se aplicará estrictamente la ley si en el transcurso de las indagatorias se comprueba que existió alguna violación a la normatividad que rige al sistema bancario nacional.

Ayer mismo el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó en esta Cámara que se llegará hasta donde sea necesario y se detendrá a quien sea culpable. También se refirió el señor procurador, a las supuestas facturas falsas y nos aclaró que lo que se falsificó fueron las estimaciones que hacen los contratistas ya que las instituciones crediticias les prestan a plazos cortos de 40 o 50 días con base en esas estimaciones. Fue el elevado número de estimaciones lo que alertó a Citibank y solicitó a Pemex información para cruzarla con la del banco y fue ahí que detectaron que el valor de las estimaciones auténticas era de alrededor de 200 millones de dólares y otro tanto correspondía a estimaciones falsas.

Nosotros confiamos en el profesionalismo y la eficacia con que actúa la Procuraduría General de la República, que en este tiempo ha dado muestra de realizar un trabajo impecable. Sin embargo, también consideramos el exhorto que se propone, no obstante que redunda en un tema que ya está en manos del Ministerio Público, pues procede en términos de las facultades que tienen las autoridades hacendarias en particular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de las instituciones bancarias en casos como el de Oceanografía.

Los legisladores del PRI compartimos la indignación que se ha generado por los hechos de este caso y nos unimos a la exigencia para que se castigue ejemplarmente a los responsables. Estamos a favor de que se aclare este tema en todos sus ángulos, porque es la mejor forma en que la ciudadanía constatará que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo su compromiso con la transparencia y con la aplicación estricta de la ley en la protección del interés público. Por tanto votaremos a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tres compañeros diputados me han solicitado el uso de la voz para hecho. Voy a darles el uso de la voz a ellos tres y después consultares a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Son los diputados Ricardo Mejía, el diputado Carlos Angulo y el diputado Manuel Huerta. Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Estamos de acuerdo en esta propuesta, refleja el interés y sobre todo la atención de la opinión pública nacional sobre este caso de corrupción e impunidad en Oceanografía y en Petróleos Mexicanos.

Lo comentábamos, la corrupción corroe todo el edificio institucional del país, y en el caso que nos ocupa creemos que los 585 millones de dólares que prestó Banamex son apenas la punta del iceberg de una gran corrupción. Se ha señalado que 360 millones correspondieron a estimaciones apócrifas, pero como aquí se ha dado cuenta fue Banamex, fue Bancomext y fueron otros bancos. Sin embargo, desde el gobierno y desde Pemex les seguían generando uno y otro contrato, una y otra adjudicación directa a la empresa Oceanografía. Ya en el 2005 la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre esta situación, sin embargo se siguieron dando estos préstamos.

Nosotros queremos que se vaya a fondo, que se investigue a Roberto Hernández, que ha sido intocable en este país, y recordemos que Banamex ha estado en el centro de la corrupción.

Cuando se hizo la operación con Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares no pagaron un solo centavo de impuestos, y hoy aparece Banamex en el centro de la corrupción de Oceanografía. Para nadie es desconocida la relación entre Roberto Hernández, Francisco Gil Díaz –ex secretario de Hacienda-, y Vicente Fox Quesada; y Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil, es parte de los accionistas de Oceanografía. Es decir, es todo un entramado de complicidades familiares y comerciales entre este grupo que fue tolerado y auspiciado desde la Presidencia de la República con Fox y con Calderón.

Queremos que se vaya a fondo en este tema y que se vean también las nuevas oceanografías que ya empiezan a surgir en el país. Ayer en la comparecencia le preguntamos directamente a Emilio Lozoya si era cierto que OHL Obrascón Huarte Lain, la empresa española de la que fue miembro del consejo de administración Emilio Lozoya, había ya recibido tres contratos: Una planta de hidrógeno, la terminación del gasoducto en la Refinería de Cadereyta en Nuevo León y la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios en Madero, Tamaulipas.  Él contestó –el director de Pemex– que sí, que había sido casualmente por contratos y que habían ganado los concursos.

Alertamos desde ahora que OHL, con toda la bendición de la cúpula del poder actual, puede ser la nueva oceanografía del país porque ya está acaparando contratos. Señalamos ayer también –y no se nos contestó– que en la operación de la segunda fase del gasoducto Los Ramones que implica más de tres mil millones de dólares, ya se le asignó directamente a la empresa Sempra, que es parte de un conglomerado donde aparecen otros personajes donde el director general es otro ex director de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, que también fue parte de OHL.

Por eso nosotros celebramos que se busque este acuerdo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no sea tapadera de esta corrupción, pero también no vamos a dejar de señalar que hay nuevas oceanografías en el horizonte y que más allá de la disputa palaciega de poder, lo que nos interesa es que se vaya a fondo en la corrupción y que no haya discusión de la reforma energética secundaria si antes no se combaten todos los casos de corrupción. El pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También para rectificación de hechos tiene el uso de la voz el diputado Carlos Angulo Parra, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Muchas gracias, presidente. A raíz de las comparecencias o las juntas de trabajo para ser más técnico que hubo ayer del director de Pemex y el procurador general de la república, quisiera aclarar varias situaciones: que estas operaciones fueron operaciones de crédito y según aparece en los diferentes reportes que hemos recibido, uno de ello es una operación de crédito de factoraje, factoraje financiero.

El factoraje financiero es una estructura aprobada por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito mediante la cual de una manera más o menos masiva, vamos a llamarle así, existe una compra venta de cuentas por cobrar en donde el vendedor de las cuentas por cobrar es el acreedor de una operación comercial, en este caso sería Oceanografía, y en donde el comprador de estas cuentas por cobrar es Banco Nacional de México.

En estas operaciones de factoraje financiero hay una situación muy clara y lo que es claro es que las operaciones de factoraje financiero se dan en cuentas por cobrar líquidas, cuentas líquidas que tienen una finalidad: adelantar el pago de un adeudo, un adeudo por parte de un deudor.

¿Quién es el deudor en este caso? Es Petróleos Mexicanos. Entonces si estuviéramos hablando de una operación de 1 millón de dólares, una cosa así por el estilo, se pudiera entender que pudiera haber alguna maña que se hubiera pasado en algún documento apócrifo o alguna cosa así por el estilo; pero estamos hablando de cientos de facturas multimillonarias que ascienden alrededor de cerca de 400 millones de dólares ya con las deducciones correspondientes.

Ahí es muy difícil que haya una situación de esta naturaleza, que se vaya a los extremos del engaño como se ha mencionado.

Otra operación de crédito que se pudo haber realizado es la operación de un préstamo directo de Banamex a Oceanografía garantizado por cuentas por cobrar también líquidas y que se utilizan como fuente de pago del préstamo.

Normalmente cuando hay estas operaciones se hace un fideicomiso que está manejando toda la cuestión circular de la operación de operaciones mercantiles de toda índole, ya sea arrendamientos de buques, prestación de servicios, etcétera, que van generando estas cuentas por cobrar que se meten a un fideicomiso y de una manera circulante se van utilizando como fuente de pago de los créditos.

Entonces es inaudito que no haya habido un control de esta naturaleza. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que revisarlo.

El procurador general de la república dijo que “eran estimaciones, que no eran facturas”. Cosa rara; si hay una estimación no hay una cuenta líquida, es una aproximación de lo que ya se hizo, la prestación de un servicio se presenta la estimación a Pemex y Pemex la revisa. En ese aso no son líquidas las cuentas, por eso se me hace muy raro que el procurador haya dicho que eran estimaciones; luego el director de Pemex habla de factoraje financiero. Hay muchas cosas que dilucidar en este caso.

Yo insto a esta Cámara de Diputados a que en los análisis que se hagan se tome en consideración y se reciba información de Pemex en el sentido de qué clase de operación fue y cómo fue posible que no hubiera habido una colusión entre funcionarios de Pemex, Oceanografía y Banamex porque los montos son excesivos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente  diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política más parece ser un control de daños en términos de la opinión pública. La Cámara de Diputados queda lejos de las expectativas de la sociedad.

Imagínense, tanto brinco para que ayer el procurador nos informe que un empleado de quinto nivel de Pemex es el que está involucrado en un fraude de la magnitud que, desde nuestro punto de vista, está muy claro que involucra a altos personajes de la vida política: ex presidentes, sus esposas y actuales servidores públicos también. Hay que decirlo porque no se trata de engañar a la gente.

Ahora nada más falta que la próxima vez, ahora que van a investigar a Banamex, nos digan que el responsable fue el cajero de la ventanilla número nueve; nada más falta que lleguen a ese nivel.

El pasado 28 de febrero se dio a conocer, a través de los medios de comunicación, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investiga posible irregularidades e incumplimientos de las leyes financieras por parte de Banamex, en el caso de créditos hacia Oceanografía.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que actuará con diligencia y oportunidad para detectar en su caso posibles delitos financieros y procederá trabajando en coordinación con autoridades judiciales y administrativas.

Por otra parte, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, señaló en conferencia de prensa que tomarán el control de las instalaciones de Oceanografía, la proveedora de Petróleos Mexicanos acusada de fraude por Banamex, por lo que el exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se limita en sus alcances.

Si verdaderamente se quiere llegar a la verdad de los hechos, el mando de la denuncia y la investigación recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Procuraduría General de Justicia.

Esto es así, porque de acuerdo a los delitos financieros contemplados en las leyes financieras, recae a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la capacidad legal para solicitar la persecución de los mismos. Por ejemplo, el artículo 161 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras determina: los delitos previstos en esta ley únicamente se perseguirán a petición de la Secretaría previa opinión de la comisión supervisora.

Es por esto que nosotros hemos estado insistiendo que el PRI es sinónimo de corrupción, y el PAN anda en las mismas. Inclusive, yo creo que ya empataron ahí, pues sí, el PRI siempre es más, pero el PAN anda en las mayores.

Es mucha la impunidad, mucha la corrupción. ¿O qué? ¿A poco van a ir sobre Roberto Hernández? ¿A poco van a ir sobre Fox y su familia? ¿A poco van a ir sobre Calderón? ¿Sobre Gil Díaz y su familia? Sobre tantos que están inmiscuidos en estos asuntos.

Yo he dicho que la impunidad y la corrupción es una cola que llega, ya no de aquí al malecón de Veracruz, al malecón de Acapulco, del otro lado del mar; cruza los océanos. Culmino presidente.

Miren, aquí por eso la sabiduría popular es genial. Dicen en la calle. Hay tanta impunidad, tanta corrupción que si actuaran, ¿quién cierra la puerta? Si volaran los corruptos, viviríamos la noche eterna.

Entonces, la verdad dudamos que la acción de justica vaya a caer sobre los verdaderamente responsables y no dudamos que luego estén festinando aquí que va a llegar el cajero número 6 de una sucursal de Banamex, como el responsable de todo esto que hicieron.

Ojalá las cosas cambiaran. Hay mucho, ahí está Roberto Hernández, ahí está Salinas, ahí está Aspe, ahí está Fox, ahí está Calderón, mucha tela de donde cortar, de mucho bandidaje, corrupción en este país.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado, comuníquese.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Informo a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo.

No ha sido reservado para su discusión, ninguno de ellos, en lo particular. Por lo cual pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere a los tres últimos asuntos, devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado José González Morfín (15:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 13 de marzo de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará  abierto a partir de las 9:30 horas.

---o0o---