Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 23 de octubre de 2014
Completa: clausura de la sesión alas 18:16 horas

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre revisión de constitucionalidad de consultas populares; de la Cámara de Senadores, con proposición, dictamen y minuta; de la Secretaría de Gobernación, con respuesta a punto de acuerdo; de la Secretaría d Salud, con informes

Solicitud de licencia de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz

Dictámenes a discusión

Que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, fundamentación

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

Discusión en lo general

Votación en lo general

Presentación de las reservas

Votación de los artículos 26, 50, 57, 58 y 83, con las modificaciones aceptadas por la asamblea

Votación de los artículos 19, 22, 23, 44, 47, 51, 54, 61, 62, 63, 80, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 146 y 151, en términos del dictamen

Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 305 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:25 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría y consulte ahora a la asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría ahora a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, dos oficios por los que informa lo siguiente. Que se admite a trámite de revisión de la constitucionalidad, de la materia de la consulta popular relativo a la reforma energética, promovida por los ciudadanos José de Jesús Zambrano Grijalva y otros.

Que se admite a trámite de revisión de la constitucionalidad, de la materia de consulta popular relativa al ingreso digno de los trabajadores, promovida por los ciudadanos Gustavo Enrique Madero Muñoz y otros.

Mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Continúe la Secretaría... permítame, diputada secretaria. Diputado Gómez, ¿con qué objeto?

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias.

El objeto es la denuncia. A pesar de que el titular del Instituto Nacional de Migración siempre ha estado al pendiente en las denuncias que efectuamos, los integrantes oficiales del Instituto Nacional de Migración –lo digo con los centroamericanos–, al pasar hacia nuestro país en la entrada por Tapachula, Chiapas, saliendo por Tuxtla y pasando por José Juatla, los bajan de los autobuses y ahí los dejan sin dinero.

Posteriormente, en una segunda revisión antes de llegar a Coatzacoalcos, ahí los bajan y ya no los dejan continuar con su camino porque ya les quitaron todo el dinero. Los detienen, los separan mujeres-hombres, y ya de ahí no saben nada la familia de los migrantes centroamericanos.

Para terminar, en la estación de Los Reyes La Paz, la policía federal, usurpando funciones porque tiene que estar otra dependencia, como el Instituto Nacional de Migración para verificar los migrantes, ya no encontrando nada y a los que encuentran vuelven a quitarles dinero.

Yo hago un atento llamado porque esta denuncia ha sido de ciudadanos, además de familiares de centroamericanos. Esto fue el jueves 18, de las 10 de la noche a las 12:30 pm.

Señor presidente, esto ya no puede ser posible, porque quitan La Bestia, que ya no se suban los migrantes y tal parece que el secretario de Gobernación se los pone en bandeja de plata al crimen organizado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su participación en el Diario de los Debates, señor diputado. Muchas gracias. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite los siguientes asuntos:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que inicie el análisis, discusión y elaboración del dictamen respectivo del proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Comunicación por la que informa que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: El expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 203 del Código Penal Federal, que devuelve para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a los casos de desaparición forzada.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite los informes correspondientes al tercer trimestre de 2014 de diversos programas sujetos a reglas de operación.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción XVI, XII, numeral 1 y 13, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, licencia por un periodo de 30 días naturales, efectivos a partir del lunes 27 de octubre de 2014, para separarme de mi cargo como diputada federal electa en el distrito VII del estado de Guanajuato.

Agradeciendo de antemano su consideración, quedo de usted. Atentamente, diputada María Guadalupe Velázquez Díaz.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría someta a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por 30 días naturales a la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el VII distrito electoral del estado de Guanajuato, a partir del 27 de octubre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Para hablar sobre este dictamen, en primer lugar hará uso de la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos.

Para fijar los posicionamientos de las distintas fracciones parlamentarias están registradas la diputada Lucila Garfias Gutiérrez de Nueva Alianza, Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo, Gerardo Villanueva Albarrán de Movimiento Ciudadano, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh del Partido Acción Nacional y la diputada Adriana Hernández Iñiguez de la fracción parlamentaria del PRI.

Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña para fundamentar el dictamen, hasta por diez minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias, señor presidente, diputado presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, es un honor hacer uso de esta tribuna para poner a su consideración la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como resultado de la iniciativa con carácter preferente que presentara el pasado 1 de septiembre la Presidencia de la República.

La aprobación de este dictamen ha sido una prioridad de la comisión que orgullosamente presido y en ese sentido desde el inicio de esta Legislatura hemos desarrollado numerosas actividades y debates para poder llegar al día de hoy. Si bien con la aprobación de esta ley no terminamos la tarea legislativa pendiente a favor de las niñas, niños y adolescentes, en México el paso que damos es enorme.

Cuando la ONU aprobó hace un cuarto de siglo la Convención de los Derechos del Niño se cambió el rumbo de la humanidad, se pasó de un enfoque de necesidades a un enfoque de derechos, se cambió la concepción misma de niñas, niños y adolescentes que hasta entonces habían sido considerados menores y se incluyó entonces a un nuevo grupo de personas entre los sujetos de derechos humanos.

Afortunadamente, México se sumó a la asunción de un gran compromiso, el de garantizar que estos nuevos principios fueran una realidad de nuestro país. En 1990 ratificamos la Convención de los Derechos del Niño y con ello se iniciaba una nueva historia para las niñas, niños y adolescentes de México; la historia de sus derechos.

Precisamente por ser un cambio cultural histórico, las modificaciones a nivel legislativo no fueron tan rápido, ya que era preciso asumir tanto por parte de las autoridades, como por parte de la sociedad, que había que hacer numerosos cambios en la forma de atender a la infancia y a la adolescencia desde el punto de vista de los padres y madres de familia y la comunidad en general, así como desde el punto de vista institucional.

Este proceso cultural legislativo y de práctica institucional no podía ser inmediato; sin embargo sí sucedió y como muestra de ello en diciembre de 1999 vio la luz la reforma constitucional al artículo 4o. donde por primera vez se incluye a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en la Carta Magna.

Poco después en el año 2000 se aprueba la Ley de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes que reglamenta dicho artículo recogiendo el catálogo de los derechos de la infancia y la adolescencia contemplado por la Convención de los Derechos del Niño, estipulando las obligaciones para las autoridades institucionales e instituciones a nivel nacional en la materia.

La aprobación de esta ley marcó el inicio y dio la pauta a numerosas y sucesivas reformas legislativas federales y locales que han venido sucediendo desde entonces, desde la aprobación de las leyes locales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la reforma constitucional al artículo 18 en materia de justicia especializada para adolescentes y sus respectivas reformas en las entidades federativas para pasar de un sistema tutelar a un sistema garantista.

Sin embargo, a pesar de que la terea legislativa a nivel nacional ha sido sumamente activa y prolífica, ha sido imposible lograr una armonización legislativa que permita que los derechos de la niñez y la adolescencia sean reconocidos y protegidos por igual en todo el país y en todas las materias y, lo que es más importante, no se logró crear un sistema articulado, coordinado y reglamentado de garantía y protección integral de estos derechos.

A pesar de los avances que había supuesto la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no resulto suficiente en un país con 32 entidades federativas donde en materia de infancia y adolescencia confluyen competencias federales, locales y municipales, y no había un sistema o una normativa que articulara la concurrencia de las mismas.

Por esos motivos el 12 de octubre de 2011 el Congreso de la Unión aprueba la reforma al artículo 73, fracción XXIX, letra P) de la Constitución, que nos faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, de los estados, del Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte.

Como producto de esta reforma nos encontramos hoy en el momento de aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera de las leyes que se necesita para poder cumplir con lo estipulado con el mandato del artículo 73.

La ley general que nos ocupa el día de hoy cumple con los objetivos que le han dado motivo de aprobación y a continuación menciono en términos generales.

Recoge los derechos de la infancia y la adolescencia con el enfoque de derechos que ahora marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tras la reforma de junio del 2011 al artículo 1o., en materia de derechos humanos, reconociendo como sujetos plenos de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

Contiene un Catálogo de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes; crea el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros, serán las procuradurías de protección en sus ámbitos de competencia.

Se crea a nivel federal y local, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes adscritas a los sistemas DIF, con el objetivo de realizar un resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Dispone la creación, integración, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido al más alto nivel por el Poder Ejecutivo Federal.

Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, transversales, con perspectivas de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval.

Contempla un programa nacional, así como programas estatales que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio de respeto, de promoción y de protección integral.

Determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral, y recae en un órgano administrativo desconcentrado de Gobernación que ejercerá las funciones de secretaría ejecutiva, así como la creación de un Sistema de Información.

Esta ley general contiene importantes avances que sientan las bases para que en ninguna entidad federativa pueda haber retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, como el establecimiento de la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, la gratuidad del registro, la presunción de paternidad o maternidad cuando hay rechazo a hacerse la prueba, las opciones de acogimiento familiar con preferencia residencial, las competencias y plazos para adopción de medidas de protección especial, entre otras.

Así también, como sabemos, muchas de estas cuestiones aún estaban reguladas de manera desigual en el territorio mexicano, produciendo violaciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes y desigualdades intolerables.

Teniendo en cuenta la diversidad de temas que incluye esta minuta, algunos de ellos de gran controversia por la pluralidad de opiniones y por un cambio cultural que enfrenta resistencias, estamos sin duda ante un gran resultado, ya que hemos logrado un consenso que durante muchos años ha venido intentando abrirse paso, un consenso que no pudo lograrse en la legislatura anterior, pero que afortunadamente hoy se materializa en esta ley.

Desde hace años han sido muchos los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil, de académicos, de organismos internacionales –en esta parte me detengo para agradecer la presencia de Isabel Crowley, representante de Unicef en México–; decía, de los esfuerzos de organismos internacionales, de gobiernos y partidos políticos a favor de la mejor protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Estos esfuerzos, en ocasiones aislados, en ocasiones conjuntos, hoy dan un importante fruto para las niñas, niños y adolescentes de México, una nueva ley que refuerza considerablemente la garantía de sus derechos y que los acerca a la Convención de los Derechos del Niño de forma muy importante y sin vuelta atrás para todo el país.

Señoras y señores legisladores: hoy estamos saldando una de las diversas deudas que el Estado y la sociedad mexicana ha mantenido con este importante grupo de la sociedad que alcanza cuantitativamente los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 por ciento de la población total de nuestro país, siendo esta población menor de 18 años.

Tenemos retos importantes que con responsabilidad y compromiso tenemos que enfrentar como lo es el funcionamiento mismo del sistema de protección integral, que mucho depende de materializar proyectos y programas, así como asignar los recursos suficientes para la operación del mismo, pero sobre todo, el principal reto, es el seguir impulsando en el marco de este joven movimiento por la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cambio cultural en donde reconozcamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, los derechos de las niños, niños y adolescentes.

En el proceso para alcanzar la cristalización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no hay vencedores ni vencidos, ni propiedad exclusiva, ni paternalistas ni maternalistas de esta ley. Todas y todos hemos contribuido para contar con una ley general en la que ganan las niñas, los niños y los adolescentes, y si ganan las niñas, niños y adolescentes, ganamos todos y todas. Y, en consecuencia y sin duda, gana México.

Señor presidente, a este dictamen se ha presentado una adenda con algunas modificaciones que ha permitido que la ley sea reforzada y también que no exista duda para que las niñas, niños y adolescentes pueden ejercer de manera plena sus derechos.

Le solicito a la Secretaría haga el trámite correspondiente con la misma, y en virtud de que se me ha agotado el tiempo, pido por favor, que pueda ser integrado este texto a los diarios de los debates.

Y antes de despedirme de esta intervención, quiero agradecer de manera muy particular a todas y todos los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, a la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, a la diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, a la diputada Marina Garay Cabada, a la diputada María del Rosario Merlín, a la diputada Flor Ayala, a la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, al diputado Alberto Anaya Gutiérrez, a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, al diputado Leopoldo Sánchez Cruz.

De igual forma, a los distintos coordinadores, y permítanme en esta ocasión, de manera particular agradecer el respaldo que siempre he tenido de mi coordinador, el diputado Miguel Alonso Raya, para impulsar siempre, de manera decidida en este tema en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Y, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil, que desde la integración de la Comisión de los derechos de la Niñez han estado de manera permanente en una alianza muy fuerte apoyándonos siempre en beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

A la Alianza Mexicana por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a Ririki, a Redim, a Unicef, que aquí está su representante, y por supuesto que al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. En virtud de que la adenda está publicada en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la adenda propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia está a discusión en lo general con la adenda propuesta por la comisión y aceptada por esta asamblea.

Antes de continuar saludamos a los invitados del grupo de la tercera edad Ilusión, aquí presentes, invitados por la diputada Aleida Alavez. Y también al Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias.

También saludamos al señor Edwin Derteano Dyer, presidente de las Asociaciones Automotrices de Latinoamérica; y al licenciado Juan Pablo Calderón Treviño, Enlace Legislativo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores –bienvenidos al pleno–, invitados por la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las diputadas y los diputados de quienes ya he dado su nombre.

En consecuencia tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, México vive hoy una encrucijada histórica que definirá el rumbo de nuestra nación en las próximas décadas. Nuestro país se encuentra en un proceso de modernización impulsado por una serie de reformas estructurales cuyo propósito es consolidar un nuevo modelo de desarrollo nacional.

Sin embargo, al mismo tiempo vivimos una etapa marcada por la violencia, por una crisis institucional que genera desconfianza hacia las autoridades y donde los actos de barbarie se convierten en parte de la cotidianeidad.

Ante esta situación, estamos obligados a tomar decisiones de largo aliento penando en el futuro de las próximas generaciones y no con base en cálculos políticos. En medio de este clima de  zozobra resulta alentador que hoy analicemos y discutamos un asunto pendiente de la agenda nacional, que sin duda era una deuda que teníamos como parte del Estado mexicano en materia de derechos humanos; expedir una nueva ley que garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.

La minuta que hoy se pone a su consideración significa un avance sustancial para hacer efectivo el compromiso del Estado mexicano con sus niñas, niños y adolescentes. El proyecto plasmado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las reformas propuestas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, buscan ampliar la atención a la infancia y adolescencia.

El propósito fundamental es migrar hacia una visión más allá de un enfoque asistencialista, para establecer a la niñez y adolescencia como titulares indiscutibles de derechos que el Estado debe garantizar en condiciones prioritarias y universales, integrales y sostenibles.

Bajo este paradigma nos colocamos a la ruta de consolidar una sociedad que abone a establecer la vida democrática de la nación, como lo mandata nuestra Carta Magna. Es por eso que la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que se encargará del diseño y la implementación de políticas públicas, así como una Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes con sus representaciones locales, es sin duda un gran avance de la ley.

Un derecho fundamental de nuestra niñez es, que no quepa la menor duda, el derecho a la educación. Es en consecuencia que consideramos un acierto que la norma cuente con acciones concretas a fin de lograr la anhelada calidad educativa.

Con este precepto normativo se obliga al Estado mexicano a dotar del equipamiento y acceso a la infraestructura adecuados para todas y todos los alumnos, independientemente de su condición física o sus necesidades especiales. Obligación que por mandato constitucional no puede ni debe ser regateada.

El derecho a la educación es, además de infraestructura física y condiciones adecuadas al proceso de aprendizaje, que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban una educación libre de prejuicios en los que la directriz sea el interés superior de la niñez.

Sabemos que el avance social dictará nuevos requerimientos, que las necesidades a cubrir serán amplias y muy variadas, por lo que continuaremos trabajando para que los recursos destinados al sector sean progresivos, etiquetados y evaluados.

Uno de los derechos más importantes de niñas, niños y adolescentes es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente al Internet. Por ello, quiero reconocer la sensibilidad de las y los diputados integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, por aprobar incorporar al presente dictamen la reserva que al respecto presentó el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a fin de que ese derecho quede consagrado en el artículo 13 de la nueva ley.

La ONU ha calificado el acceso a Internet como un derecho humano fundamental indispensable para realizar otros derechos fundamentales, como la educación o la salud, en un contexto como el mexicano, donde dos de cada tres estudiantes de educación básica no tienen acceso a Internet, la modificación propuesta por Nueva Alianza contribuirá a redoblar los esfuerzos del Estado para garantizar el acceso universal y así cerrar la brecha digital que alimenta aún más la desigualdad social.

En materia educativa aún es necesario establecer procesos adecuados para la población con discapacidad y avanzar en la obligatoriedad de la educación inicial pública, así como el problema que hoy representan los embarazos entre adolescentes.

Compañeras y compañeros, en nuestro grupo parlamentario nos parece que no podemos aspirar a construir una nación próspera, a menos que atendamos de manera prioritaria a nuestras niñas, niños y adolescentes. Los países con economías avanzadas lo han logrado, porque han atendido la base de su estructura poblacional, su niñez y su juventud.

Los que han seguido esa ruta no es por una graciosa concesión, sino por un principio de justicia social. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario votará a favor del proyecto en lo general, porque consideramos que estamos avanzando en el propósito fundamental de garantizar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes y responde al interés superior de la niñez. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Garfias. Saludamos a un grupo de alumnos y padres de familia de la escuela Licenciado Juan Fernández Albarrán, del municipio de Tultitlán, estado de México, que hoy están en este pleno, invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidas y bienvenidos. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la aprobación de esta iniciativa de ley en materia de niñas, niños y adolescentes.

Enhorabuena, hay que reconocer los avances que esta ley representa. Para lograrla fueron incluidas aquellas observaciones hechas por la mayoría de las fuerzas políticas, siempre buscando estar lo más apegado al precepto constitucional de interés superior de la niñez.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el reflejo claro de la construcción de acuerdos que buscan armonizar los instrumentos necesarios para que el Estado cumpla con la responsabilidad de promover, respetar, proteger, garantizar sus derechos, los derechos de nuestros niños.

Es preciso advertir que, desde nuestra posición como legisladores, debemos tener claro que los principios de universalidad, independencia y progresividad es responsabilidad del Estado y está expresamente señalado en nuestro texto constitucional.

Por ello, es que debemos sumar esfuerzos para que nuestros niños cuenten con los medios suficientes para su protección. Cierto es, que esta iniciativa es única por su contenido y alcance, sin embargo, también estamos obligados aceptar que hay que pendientes que pueden ser incorporados en un futuro.

Con mucha puntualidad ya hemos señalado, que esta ley tiende a ser una herramienta pensada en olvidar los aspectos proteccionistas, para tomar rienda a tareas específicas en materia de garantías sociales para los menores a través del Estado, pero las actuales condiciones de esta ley no dejan de señalar la urgencia de trabajar aún más para mejorarla, así entonces, esta ley toma un papel más enunciativo respecto de ser garantista, pero es omisa en su mayoría para determinar las formas para dar cumplimiento a este criterio.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no deja de ser asistencialista y dista mucho de poder cubrir los estándares sugeridos por organismos e instancias internacionales para el adecuado tratamiento de cuidados alternativos, como lo es el fortalecimiento familiar y el fortalecimiento de los sistemas de adopción, entre otros.

En este sentido, debemos dejar en claro que dicha iniciativa no deja ni dejará de ser dependiente del sistema proteccionista tradicional de las instancias de gobierno, pues queda al descubierto que no se avanza hacia la creación verdadera de un sistema nacional de protección integral, sino tan sólo se establece la posibilidad de soportar este nuevo diseño normativo en el sistema DIF, bajo la condición de fortalecerlo y adecuarlo a las necesidades de esta ley para niñas y niños.

En la ley aún hace falta precisar temas como la homologación de una base de datos con la información exacta respecto de los censos sobre las niñas y los niños que padecen alguna discapacidad, no sólo por el afán de buscar en una sola dependencia la responsabilidad total, sino más bien por ser lo más conveniente para conocer con detalle el tipo de discapacidad, sus generales e incluso su ubicación en caso de necesitar ser auxiliados.

En cuanto a la educación es pertinente tomar en cuenta la necesidad de incluir en esta ley una educación inicial, tomada en cuenta como la parte fundamental para la formación y protección de las capacidades en las niñas y niños. Con este tipo de educación se logra insertar una mayor calidad y calidez en las relaciones con toda la sociedad.

Hay que decirlo inclusive, para el gobierno federal la educación inicial ya está siendo considerada para ser incluida en el sistema educativo nacional. Por ser éste el mecanismo por el cual los menores desde temprana edad utilizan y desvanecen atavismos de discriminación y se convierten en un lazo inclusivo con elementos de solidaridad y de equidad.

Estos y otros temas, en definitiva siguen estando pendientes en la agenda a favor de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Como ya lo hemos mencionado, aplaudimos la expedición de esta nueva ley con avances indiscutibles, sin embargo, en el Partido del Trabajo estamos a favor de una iniciativa integral y garantista de derechos concretos para los niños. Aún queda mucho por hacer. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Cantú. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Estamos, en primer lugar y hay que decirlo, ante una iniciativa preferente, oportunista por parte del titular del Ejecutivo.

En un país donde se violan cotidianamente los derechos humanos se trata, con esta iniciativa preferente, tapar el sol con un dedo.

Qué momento escogieron para presentar esta iniciativa. Ninguneando, como ya es costumbre, al Poder Legislativo. Subordinando a esta Cámara de Diputados, otra vez, con decisiones y acuerdos políticos que se desarrollan primero en la Cámara de Senadores con la anuencia del Poder Ejecutivo. Qué momento para presentar esta iniciativa oportunista de Enrique Peña Nieto.

En Tamaulipas, desde hace meses hay una guerra que no se puede ocultar y que causa víctimas fundamentalmente jóvenes y adolescentes. En Veracruz es un territorio prácticamente vetado para los comunicadores, no nada más nacionales, sino internacionales.

En Michoacán es el mundo al revés, el doctor Mireles está preso mientras las mafias siguen cogobernando con los poderes ilegítimamente instituidos. En Puebla tenemos la aprehensión de líderes sociales, hay presos políticos, hay hasta muertos por una ley bala que el gobernador impulsó.

En Sonora se detiene y se aprehende ilegalmente a los líderes yaquis porque están defendiendo el agua de sus comunidades. En Quintana Roo tenemos conocimiento del hostigamiento, acoso, persecución, maltrato a diputadas de esta Legislatura por parte del propio gobernador.

En Guanajuato acaba de ser detenido por la policía, por agentes del estado, un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara y aparece muerto con imputaciones francamente inverosímiles.

Guerrero, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, que nos hacen falta en estos momentos; seis asesinatos el día 26 de septiembre, 15 heridos, uno de ellos menor de edad por cierto.

El estado de México, el modelito de la alianza de Enrique Peña Nieto y el actual gobernador, reconociendo la valiente función del Ejército Mexicano, cuando en realidad cuando se ha demostrado se trata de un fusilamiento, de una ejecución sumaria y donde también teníamos jóvenes y adolescentes mujeres hasta de 15 años, ahí están los testimonios; que ya hasta para que lo diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación es mucho decir, porque esta Comisión Nacional de Derechos Humanos es otra de las grandes desapariciones del sexenio.

En la Comisión de Derechos de la Niñez y es algo que siempre le voy a reconocer a la diputada presidenta, Verónica Juárez Piña, además de lograr en esta Legislatura que la comisión dejará de ser especial para convertirse en ordinaria, que dibujaba una voluntad aparentemente distinta y después de meses de discusión y de elaboración de una Ley General de Garantías de Derechos de la Niñez, se echa por la borda ese trabajo y se admite porque venía del titular del Poder Ejecutivo y como máxima evidencia de la subordinación de este Poder a Enrique Peña Nieto y a las decisiones de una de las Cámaras de este Congreso de la Unión, se toma la decisión de dejar trunco ese procedimiento legislativo del cual poco se ha dado cuenta en esta tribuna.

¿Cuál es la diferencia entre una ley general que se está finalmente aceptando en esta minuta y una Ley General para la Garantía de los Derechos de la Niñez? Simple y sencillamente la diferencia que hay entre tener la pura y simple validez de la norma impecablemente escrita y la eficacia de la norma. La eficacia de la norma es el cumplimiento de los principios ahí descritos.

México está a años luz de convertirse en modelo constitucional garantista. Nos quedamos en simples generalidades y voy a mencionar una nada más para ilustrar a los pocos que quieran escucharme. Ahí tienen este papel, artículo 51, porque además de que es un monumento a la generalidad, desenmascara la hipocresía del titular del Ejecutivo.

Artículo 51. Las autoridades federales, las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social. ¿Qué es eso? Y así está toda la ley. ¿Esto cómo se cumple?

Miren. Enrique Peña Nieto manda en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 una reducción en el Ramo 19 llamado Aportaciones de Seguridad Social, manda una reducción de 156 millones de pesos; en el Ramo 11, una reducción de 14 millones de pesos y en el caso del ISSSTE otra reducción.

Por otro lado, es posible que nos salga más caro el caldo que las albóndigas, porque mientras el DIF hoy 2014, y quienes han sido titulares del DIF en los municipios y en los estados lo saben mejor que cualquiera, no hay dinero, no se puede dar una atención especial particular, contundente, seria, a los niños en situación especial o de vulnerabilidad.

Y esta iniciativa con la mano en la cintura planea un costo presupuestal de 291 millones de pesos. En fin.

Aunque no parezca y no debiera , el grupo parlamentario va a votar a favor porque se está dando un pequeño paso, pequeñito paso, casi insignificante; pero ese pequeño paso que implica, aunque hasta esté al textualmente porque regresamos a esta visión tutelar, paternalista, se crean las procuradurías de protección de la niñez y de los adolescentes. Y si por eso hay que dar nuestro voto a favor, invito a los que tengan duda, que nada más por esa razón y por el esfuerzo que han hecho las diputadas de mi  comisión, vale la pena.

Y ojalá y retomemos esa iniciativa que se echó por la borda, bien trabaja y con un espíritu totalmente distinto al que mandó el Ejecutivo federal; y diputado presidente, no sabe cómo le agradezco que me permita concluir esta primera intervención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Villanueva. Les damos la bienvenida y saludamos al Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de Puebla, invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo; bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos con mucho gusto a la Escuela bilingüe José Vasconcelos, Asociación Civil, procedentes de San Miguel de Allende, Guanajuato, invitadas e invitados por el diputado Luis Alberto Villarreal García. Bienvenidas y bienvenidos.

También les damos la bienvenida y saludamos a líderes de comités vecinales de Iztapalapa, invitadas e invitados por la diputada Aleida Alavez. Bienvenidas y bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra ahora la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la situación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país es alarmante. No existe un sector de la población más vulnerable que éste.

A pesar de los esfuerzos realizados, la violencia, discriminación, exclusión, y constante violación de sus derechos, nos obliga a tomar medidas eficientes. De ahí que necesitamos un nuevo marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de todos y cada uno de sus derechos.

Hoy estamos legislando a favor de 41 millones 542 mil 388 personas menores de 18 años, a quienes también estamos obligados a representar cabalmente. Existen 18 millones de niñas y niños menores de 14 años que se encuentran en una situación alarmante de pobreza, es decir, no tienen acceso a servicios como lo son la educación, la salud, una vivienda digna, entre otros.

Actualmente, México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se estima que 18 millones 781 mil alumnos de primeria y secundaria se ven afectados de violencia escolar.

Aproximadamente 61 mil 127 niñas y niños no acompañados intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza, en 2013. De acuerdo al informe de Maternidad en la Niñez, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, México ocupa actualmente el primer lugar entre los países de embarazos en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, con una tasa de natalidad del 64 por ciento por cada mil nacimientos.

De acuerdo al Inegi, en México hay aproximadamente tres millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años que realizan alguna actividad económica, de los cuales el 29.5 por ciento es en el sector agropecuario y en condiciones muy lamentables. Estos son datos que revelan la triste y cruda realidad de nuestra niñez.

Es por ello que uno de los desafíos principales que tenemos ante nosotros es implementar la inversión estratégica y el compromiso legal para promover, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que se logrará a través de la construcción de un sistema integral e incluyente de la protección de sus derechos.

El dictamen que hoy se discute es de alta, altísima importancia, diría yo, pues en dicha ley se sientan las bases a través de las cuales el Estado garantiza los derechos de este sector poblacional, haciendo énfasis en temas que durante décadas han impactado de manera negativa a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Con esta ley por primera vez se habla de las bases para las adopciones de menores, estableciendo generalidades como las características de las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela de las procuradurías de protección.

Asimismo, se establecen obligaciones para los diferentes órdenes de gobierno, quienes dentro de sus tareas prioritarias deben elaborar un programa nacional de protección, así como crear un sistema nacional de protección integral, establecer procedimientos para el combate a la violencia y el bullying, incorporar requerimientos básicos para mejorar el funcionamiento de albergues públicos y privados, garantizar los derechos de los menores migrantes no acompañados, así como garantizar que adolescentes embarazadas concluyan sus estudios.

Todo ello, sin duda representa el notable esfuerzo de la actual administración por establecer los mecanismos suficientes que garanticen la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Es por ello, que desde mi grupo parlamentario lanzamos el compromiso de respaldar con nuestro voto todas aquellas leyes que vengan a abonar en beneficio de nuestra nación, particularmente coincidimos con lo establecido en la propuesta, pues a partir de ésta, se comenzarán a sentar las bases para el impulso de nuevas y mejores políticas públicas.

La educación es elemental, tanto para el desarrollo personal y profesional de las personas, como para el desarrollo social y económico del país, elementos fundamentales, pues a través de los cuales se va a definir la personalidad y el estilo de vida.

Compañeras y compañeros, hoy estamos legislando para las generaciones presentes de mexicanas y mexicanos, y también para una nueva generación de ciudadanas y ciudadanos, quienes merecen todo nuestro compromiso, toda nuestra solidaridad y, sobre todo, nuestro respeto, nuestra seriedad y la mayor de nuestra responsabilidad.

Por las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, para fijar la postura de su partido, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, presidenta. Honorable asamblea, es para mí un honor hablar en nombre de mi grupo parlamentario sobre las razones por las cuales expresaremos nuestro voto a favor en lo general de este dictamen.

Coincidimos con la dictaminadora en el sentido de que esta ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que garantice el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en la materia. Asimismo, otorga facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

También así, en la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y establece las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Quisiera poner énfasis en la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que representa la posibilidad de atender la delicada situación en la que viven nuestras niñas, niños y adolescentes.

Algunos datos para motivar mi preocupación, en algunas estimaciones que han realizado organismos internacionales señalan que todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, así también como abusos y abandono en la familia, en la escuela, en las comunidades y en las situaciones de trabajo.

En nuestro país la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia señala que en el año 2009 se registró el maltrato de 21 mil 60 niñas y de 19 mil 89 niños. Asimismo también hay algunos estudios internacionales que nos revelan que aproximadamente un 20 por ciento de las mujeres y de un 5 a un 10 por ciento de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que un 23 por ciento de las personas de ambos sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños.

Además, muchos niños y muchas niñas son objeto de maltrato psicológico y víctimas de desatención, se calcula que cada año mueren por homicidio 34 mil menores de 15 años. Asimismo, también nos revela algunos datos relevantes que tiene, por ejemplo, la Unicef. En el cuarto estudio de maltrato infantil revela que altos índices de violencia intrafamiliar hay hacia los niños, las niñas y adolescentes, señalando que el 71 por ciento recibe algún tipo de violencia por parte de su padre o madre y sólo un 29 por ciento no ha sido víctima de maltrato en su hogar. Asimismo, también establece que un 25.9 de los niños, niñas y adolescentes recibe violencia física grave y un 25.6 violencia física leve y un 19.5 violencia psicológica.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

También datos de la PGR e instituciones de seguridad internacional nos arrojan que en el 2013 se detectaron en el país más de 12 mil cuentas personales en internet donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad cuyas edades oscilan de los 4 a los 16 años, y en 2012 fueron descubiertas 7 mil cuentas y en 2010, 580.

Por ello es urgente que esta Procuraduría cuente con los recursos suficientes para prevenir y eliminar los hechos y omisiones que lastiman a nuestras niñas, niños y adolescentes.

La importancia de la niñez para las y los legisladores de la bancada del Partido de la Revolución Democrática ha sido de las más altas prioridades, lo hemos reflejado en nuestro apoyo incondicional del Presupuesto de Egresos para que el Estado tenga los recursos necesarios para la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes.

En el año 2012 aprobamos recursos alrededor de 570 mil millones de pesos, en 2013 invertimos 599 mil millones de pesos y para este año aprobamos 655 mil millones y en el proyecto de Presupuesto estamos discutiendo si los 705 mil millones que envía el Ejecutivo son suficientes.

Si queremos tener nuevos ciudadanas y nuevos ciudadanos tenemos que invertir en nuestra niñez, por ello reitero la voluntad de mi grupo parlamentario por contribuir a una agenda que garantice el ejercicio de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes y hacemos un exhorto a que a la brevedad posible se ejecuten las acciones que esta ley mandata. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra para fijar postura a nombre del Partido Acción Nacional, la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh.

Antes, si me permiten, quisiera dar la bienvenida a la escuela primaria Enrique Jacob Gutiérrez, del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Cristina Ruiz. Bienvenidas, bienvenidos. Por favor, diputada.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a un mes de que celebremos el Día Universal del Niño, nuestro país se apresta a dar un gran paso en esta materia; el reconocimiento pleno de nuestra niñez como sujetos de derecho. Por ello nos congratulamos de tener hoy a nuestra consideración el dictamen que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Recordamos que hace 25 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, primer instrumento internacional legalmente vinculante que afirma los derechos humanos para todas las niñas, niños y adolescentes, en todos los países y culturas, en todo momento, y sin excepción alguna.

La Convención establece los principios fundamentales que en materia de derechos de la niñez deben guiar el quehacer legislativo, político y social en su conjunto, el interés superior del niño, la no discriminación, la inclusión, la igualdad sustantiva y la autonomía progresiva, entre otros.

Con base en ellos y en consonancia con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que tienen los derechos humanos, en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el Congreso mexicano ha legislado para que la niñez de nuestro país cuente con el instrumento que garantice sus derechos.

Así, en el año 2000, en nuestro país entró en vigor la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto fue garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, que en su momento también significó un gran avance, pues por primera vez en nuestro país se legislaba de manera particular en materia de derechos de la niñez.

Hoy damos un nuevo paso, porque para nadie es desconocido que aún nos falta mucho por avanzar. Los problemas que enfrenta nuestra niñez así nos lo demanda.

Para el Partido Acción Nacional aprobar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es aportar al futuro generacional, con el fin de que todos podamos vivir con un mayor bienestar social.

Es claro que aún quedan muchos pendientes por cumplir en la labor de superar las disparidades que persisten en el país y que afectan particularmente a las niñas, niños y adolescentes.

La ley que ahora aprobaremos seguramente se convertirá en un valioso instrumento jurídico para mejorar las condiciones de vida que enfrenta nuestra niñez y adolescencia. Pero debemos tener claro que garantizar derechos demanda una gran responsabilidad pública, por lo que será la Cámara de Diputados la que tendrá que aportar los recursos públicos necesarios para el estricto cumplimiento de sus disposiciones, porque sabemos que para que una niña o un niño tenga un libre y sano desarrollo de la personalidad, lo primero es garantizarle sus derechos sin distinciones ni sesgos de ningún tipo. La garantía debe ser universal, con un enfoque integral, transversal y sustentable.

El dictamen de la minuta que hoy está a nuestra consideración recoge muchas de las propuestas, no sólo de nuestro grupo parlamentario, sino de otros grupos. Por ello, me gustaría resaltar sólo algunos.

El enfoque de desarrollo basado en derechos contribuye a que se produzcan las transformaciones sociales, económicas y jurídicas necesarias para hacer del mundo un lugar más justo y habitable. Así se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, establece la obligación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno de esta Cámara de Diputados, de congresos locales y de la Asamblea Legislativa del DF, de garantizar los recursos presupuestales necesarios en sus leyes correspondientes.

Establece el derecho de la niñez a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de manera inmediata y gratuita y que se les expida sin costo la primera acta certificada. Dispone la creación de una Procuraduría Federal de Protección, así como de 32 procuradurías locales, que entre otras atribuciones tendrá la de procurar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, prestar asesoría y representación, coordinar y dar seguimiento a las medidas de protección y restitución de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes.

Compañeras y compañeros diputados, su contenido es sustantivo, por ello desde el Congreso habremos de trabajar en mecanismos de seguimiento y supervisión para que la ley se cumpla, para que la norma no se convierta en un simple adorno que sirva para el discurso político.

Las niñas, niños y adolescentes merecen respeto y tienen los mismos derechos en libertad con igualdad, sin discriminación y sin ningún tipo de violencia. Con esta ley esperamos brindar esperanza a más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional asume esta responsabilidad y compromiso, por ello votará a favor del dictamen, porque estamos seguros de que con esta nueva ley se crean los mecanismos para proteger y hacer exigibles los derechos humanos de cada niño o niña y adolescente, y renace la esperanza de que puedan aspirar a un mejor futuro.

Decía don Manuel Clouthier, el Maquío: “Hay que dejar de llorar por el México que se frustró, el México que pudo haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México que por su historia, su cultura, sus recursos, su posición geográfica y su gente todavía puede y debe ser”. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Esta Presidencia informa a la asamblea que al terminar la fijación de posturas concluye el plazo para la presentación de propuestas de modificación de este dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Adriana Hernández Íñiguez, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Adriana Hernández Íñiguez: Compañeras y compañeros legisladores, como representantes de la sociedad mexicana es que debemos velar por los intereses de todo, pero particularmente de aquellos que por sus características específicas requieren de una atención especial para garantizar el pleno goce y disfrute de sus derechos, así como para asegurarles un desarrollo pleno.

Éste es el compromiso que venimos a reiterar el día de hoy con las niñas, niños y adolescentes de México. Con la firme convicción de asumir una actitud de trabajo, moderna y responsable.

El camino de esta nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se construyó con base en las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios y con el diálogo constante y abierto con la sociedad civil.

Muchos cambios fueron incorporados siempre velando el interés superior de los menores. Con la vista fija en generar un marco normativo mejor y más completo que reconociera la cartera más amplia de derechos y beneficios a favor de las niñas, niños y adolescentes.

Estamos frente a un nuevo ordenamiento que abarca muchos frentes, todos muy importantes para generar las mejores condiciones, las más favorables que incidan en el óptimo desarrollo de los menores.

Los avances son muchos y muy variados. Se garantizan los derechos de los menores migrantes asegurándoles a las niñas, niños y adolescentes un entorno libre de violencia, tutelando la defensa de sus derechos así como la ampliación y desarrollo del catálogo de sus prerrogativas reconocidas constitucionalmente, entre muchos otros beneficios, de una larga lista que coadyuvará en su desarrollo integral y les garantizará plenitud en su esfera jurídica.

Estamos convencidos de que México hoy se actualiza y se pone a la vanguardia global en materia de protección jurídica al menor, cumpliendo compromisos internacionales de la misma forma que los tratados, convenios y acuerdos respecto a este relevantísimo tema sean incorporados a nuestra legislación nacional.

Seguros de que en esta propuesta que hoy discutimos se encuentran vertidas las opiniones de académicos y expertos, de sociedad civil nacional e internacional, así como de los legisladores de todas las fuerzas aquí representadas, reconocemos que el licenciado Enrique Peña Nieto ha brindado al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana para abordar este tema tan importante y delicado su sensibilidad para reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes como un tema prioritario para la nación mexicana se hace patente en un solo hecho. Es la primera vez que el titular del Ejecutivo federal hace uso de su facultad de trámite preferente para una iniciativa, sensibilidad y talante que hoy nos da la ocasión para este debate que se cristaliza en una nueva ley, producto de un diálogo sano entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que dio como fruto una propuesta enriquecida y plural donde sociedad y partidos pueden verse reflejados y satisfechos con el resultado.

Diputadas y diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos ciertos que las sociedades democráticas como la mexicana se desarrollan en la medida que se protegen los intereses y derechos de su recurso más valioso las niñas, niños y adolescentes, pues en ellos se deposita su futuro y es en la medida que se garantice su bienestar donde se inscriba el éxito o el fracaso de las naciones. Por ello, compañeras y compañeros, votaremos en pro de este dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Como lo hemos estado anunciando con esta intervención concluye el plazo para la presentación de propuestas de modificación de este dictamen.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general las siguientes, diputadas y diputados:

En contra: diputado Ricardo Monreal Ávila, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Ricardo Mejía Berdeja.

En pro: Zuleyma Huidobro González, Martha Sosa Govea, Isela González Domínguez, Alberto Anaya Gutiérrez, Josefina Salinas Pérez, Flor Ayala Robles Linares, Magdalena Núñez Monreal, José Alfredo Botello Montes, Martha Lucía Mícher Camarena.

Vamos a darle pauta a la primera ronda de oradores y comenzamos con el diputado Ricardo Monreal Ávila para hablar en contra, hasta por tres minutos, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores. Escuchaba y me parece reprobable el exceso de retórica de presumibles bondades de esta ley que está por aprobar la mayoría; en efecto podría estimarse que es un avance, pero no es la panacea.

Durante la discusión, durante este proceso de aprobación de la ley, de esta iniciativa preferente, varios sectores de la sociedad se han pronunciado y no han sido escuchados en esta Cámara de Diputados.

He revisado los 154 artículos y la mayoría de ellos obedecen a ordenamientos internacionales, pero me detengo en varios temas que por cierto vamos a reservar como grupo parlamentario.

El tema que más polémica genera es derechos sexuales y reproductivos que incluye términos como embarazo adolescente, la garantía de acceder a métodos anticonceptivos, asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos y la atención de enfermedades de transmisión sexual; así como el tema tan polémico que es la migración y la institucionalización y medios de comunicación.

La niñez migrante, como ustedes saben, en México se produce en condiciones de altísima vulnerabilidad que profundizan el tratamiento a los niños, niñas y adolescentes migrantes. En este sentido las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México han ido en aumento. Muestra clara es que las organizaciones internacionales lo califican como la crisis humanitaria del siglo.

Esta crisis humanitaria pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país un Estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado, a los niveles crecientes de impunidad, a la corrupción que limita la garantía de los derechos humanos y el acceso a la justicia, así como a la violencia generalizada. Estos factores convierten el tránsito por México en una pesadilla.

Es preciso subrayar que no se trata únicamente de supervisar el respeto de los derechos en los procedimientos de aseguramiento, alojamiento y repatriación. Debería tratarse, antes bien, de revisar la existencia misma de estos mecanismos y medidas preventivas dando respuesta de manera automática a este complejo fenómeno de la migración irregular de niños, niñas y adolescentes.

El problema es que en la política diseñada en materia de la niñez migrante presenta una serie de problemas de fondo que exceden los errores o malas prácticas en su implementación.

En los últimos años el Estado mexicano ha venido desarrollando mecanismos relativos a niñas, niños y adolescentes. Incluso yo les diría que esta ley ha quedado por debajo de las expectativas de la Convención de los Derechos del Niño, porque ese es el instrumento principal que hubiésemos observado.

Deberíamos de haber armonizado el marco jurídico con otras disposiciones de la Ley de Migración, porque tenemos que ser muy claros, México no cuenta con políticas transversales ni leyes que se ajusten plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos que regulan los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente los que surgen de la Convención sobre Derechos del Niño.

El reforzamiento de los mecanismos de control migratorio, señores diputados, ha profundizado la situación de alta vulnerabilidad y riesgos en que se encuentran estos niños y niñas y adolescentes, que derivan en hechos de abuso, violencia y explotación, y que daña gravemente su integridad física y emocional, incluso poniendo en riesgo su vida.

Presidenta, le pediría que plasme íntegro este documento que contiene algunas de las observaciones que de manera personal y puntual me preocupan de esta ley.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Así será, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No votaré en contra, me voy a abstener, y como siempre vamos a dejar en plena libertad al grupo parlamentario que coordino, en que emita su voto en conciencia.

Es un tema importante; reconozco avances también importantes, pero me parece que pudimos haber profundizado de mayor forma este importante instrumento jurídico legislativo que el país tendrá a partir de su aprobación.

Presidenta, por su tolerancia, qué bueno que usted es tolerante y siendo mujer más la enaltece. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Insértese el texto íntegro al Diario de los Debates, de la fijación de postura del diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. El Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez, de las Naciones Unidas.

En nuestro país cuatro de diez mexicanos son niños, niñas y adolescentes. No obstante, debemos mencionar que si bien es cierto que el dictamen tiene como propósito cumplir la responsabilidad del Estado de salvaguardar los derechos humanos de los menores y contribuir al fortalecimiento de un trato igualitario tomando en cuenta las condiciones particulares de los diferentes grupos de ese sector, lo preliminar no representará ningún impacto verdadero si la ley no se ejerce y permanece en letra muerta.

La inquietud mencionada proviene de lo ocurrido con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue publicada el 29 de mayo del año 2000 y tuvo por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Desafortunadamente, dicho ordenamiento jamás fue ejercido por el Estado de manera eficaz, tal y como lo demuestra el Apartado C de su artículo 14, el cual estipulaba que se deberían diseñar y ejecutar las políticas públicas que fueran necesarias para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo cual, a 14 años de su promulgación, nunca ocurrió.

Constantemente hemos sido testigos de noticias en las que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones insalubres y experimentan abusos sexuales, situaciones que se han evidenciado en casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, o en la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur.

No podemos dejar de mencionar que siempre respaldaremos las medidas que beneficien a niñas, niños y adolescentes, pero hemos encontrado en el documento vicios que se deben corregir. En primer lugar, resulta menester establecer con precisión las situaciones en las que se considerará que la difusión de imágenes y voz de las niñas, niños y adolescentes representa una violación a sus derechos, ya que si bien esto podría vulnerar su vida, su integridad y su dignidad, de no regularse de manera adecuada crea incentivos perversos que afectarán la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por eso coincidimos en que en el dictamen, aun con estas modificaciones, se castigará la difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes, aunque se modifiquen –vuelvo a repetir–, difuminen o no se especifiquen identidades, y esta legislación permitirá que la delincuencia organizada siga utilizando a estos menores para los delitos más graves en nuestro país.

Con este dictamen se sancionará a quienes informan verídicamente hechos; lo único que sucederá es que ahora no estaremos informados de lo que realmente sucede en nuestro país, tendrán en lo oscurito todo lo que sucede con las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Asimismo, el dictamen presenta errores de diseño al no estipular de manera puntual y detallada el impacto presupuestal que las medidas propuestas implicarán, lo cual afectará directamente a los organismos estatales y nacional para el desarrollo integral de las familias, sistema que históricamente ha enfrentado carencias económicas que pueden  agravarse una vez que esta ley sea aprobada.

Estamos convencidos de que no basta únicamente con crear una ley, sino que ésta se debe implementar de manera eficaz, ya que actualmente  existen numerosas disposiciones internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Convenio sobre la Edad Mínima y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil que no se han traducido en resultados concretos que representen un beneficio para los niñas, niños y adolescentes y en nuestro país.

No basta con presentar una iniciativa preferente. No es suficiente con discutir y aprobar este dictamen, hacerlo no es el último paso para lograr una solución, sólo será el inicio. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra hasta por tres minutos, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ya se ha dicho aquí, el dictamen que discutimos atiende al ejercicio de preferencia que tiene el Ejecutivo.

Con el proyecto que se presenta se puede concluir con meridiana claridad que se ha desperdiciado esta oportunidad. Se presenta el dictamen de una ley inoperante, incurriendo la dictaminadora y quien vote a favor, en mera demagogia legislativa. Las prisas para su aprobación de una ley inoperante, para su aprobación convierten al quehacer legislativo en un acto de propaganda, por las razones siguientes:

El objeto que se determina para que la ley que se discute, cito textualmente el artículo 1, fracción II: Garantizar el pleno respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niños y niñas, y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano forma parte. Es una ley que se integra por 151 artículos.

Y digo que es una ley enunciativa cuya instrumentación recae en autoridades del ámbito federal y municipal que sean competentes, cuya descripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en las leyes locales.

La regla general que se aplica en cada uno de los capítulos que integran los títulos 2 al 5, es la de enunciar derechos de los niños, niñas y adolescentes y en forma inmediata y casi dogmáticamente repite que las autoridades federales de las autoridades federativas municipales y en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y señalan la actividad o acción a realizar.

Y, por ejemplo, en el artículo 14 dice: deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar, desarrollar y prevenir cualquier conducta. Y así sucesivamente en cada uno de los temas en que se abordan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se repite que las autoridades en el ámbito de su competencia conforme a las disposiciones aplicables, esta técnica legislativa en la que con conceptos generales como el de las autoridades competentes o en el ámbito de su competencia, conllevan a presentar una ley general inoperante.

No se establece ni se define la competencia de las autoridades federales, locales y municipales en rubros importantes, como el derecho a la salud. Ejemplo el artículo 50, donde establecen que los sistemas nacionales y estatales de salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud, atendiendo el derecho de prioridad al interés superior de la niñez, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Dónde se establece el procedimiento o recurso legal administrativo o jurisdiccional que garantice este derecho? ¿Dónde se determina la responsabilidad de las autoridades competentes?

Esta ley general no determina mecanismos y procedimientos de concurrencia, deficiencia y eficacia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se crean procuradurías de protección, mismas que no entran en el impacto presupuestal estimado de 293.1 millones de pesos por el CESOP de esta misma Cámara de Diputados.

Procuradurías de vitrina, sin atribuciones legales para hacer efectivo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estas procuradurías, dice en el ejercicio de sus funciones, podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres niveles de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlos de conformidad con las disposiciones aplicables. ¿Dónde queda pues la responsabilidad de las autoridades federales?

En el segundo transitorio –y con eso culmino, presidenta– el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto dentro de 180 días naturales de entrada en vigor siguiendo, culmino.

Este artículo segundo transitorio confirma la inoperancia y la demagogia de la ley, es necesario realizar modificaciones a diversas leyes. ¿Cuáles? ¿Las que se nos ocurra? ¿Con el objeto de ser viables los derechos y garantías de los derechos que se anuncian en esta ley? Es demagogia, porque el Congreso de la Unión no tiene ánimo de dar certeza y seguridad a los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto votar a favor de esta ley sería apoyar el simple anunciamiento de buenos deseos. Es tiempo de tomar acciones reales. Existe un marco jurídico nacional e internacional, pero mientras sigamos inmersos en la demagogia las acciones que necesitan nunca llegaran.

Y ojalá los que gritan tiempo estuvieran más atentos a lo que pasa en las calles. En las calles ya la gente les está diciendo –culmino– lo que aquí he dicho, tiene que acabar con su demagogia, pero creo que eso va a ser muy difícil el día de hoy, tienen su tiempo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Sosa Govea, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para hablar en pro hasta por tres minutos.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconocemos que el interés superior de la niñez mexicana haya sido la premisa que guió lo trabajos del Congreso mexicano que hoy busca transformar jurídicamente a nuestras niñas, niños y adolescentes al convertirlos en sujetos de derecho.

Se armoniza nuestra legislación con diversos instrumento jurídicos internacionales, particularmente con la Convención sobre los Derechos del Niño, que de acuerdo con la reforma en materia de derechos humanos es obligatoria en nuestro país. Por eso saludamos este avance histórico, porque ambos instrumentos se complementarán para garantizar efectivamente los derechos de la niñez mexicana.

La nueva ley clarifica y fortalece la responsabilidad del Estado respecto del ejercicio de los derechos, a efecto de que se generen las políticas públicas, los programas y las acciones concretas que permitan su garantía, e incluso la ley prevé los mecanismos para reclamar su cumplimiento a través de la figura de las procuradurías,  pero la acción pública, al igual que la delos padres o tutores, deberá hacerse en estricta observancia de los principios rectores que establece la ley, en particular el del interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y la autonomía progresiva, entre otros.

Pero la aplicación de estos principios y la garantía, protección y promoción de los derechos deberá hacerse considerando la edad, el desarrollo evolutivo cognoscitivo y la madurez de nuestros niños. Lo anterior habrá de hacerse teniendo en cuenta también los derechos y deberes de sus padres o tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley, pues éstos tienen a responsabilidad y el derecho de otorgar la dirección y orientación adecuados para el sano desarrollo físico y emocional de los niños, niñas y adolescentes para que éstos ejerzan sus derechos reconocidos ahora en esta ley.

Desafortunadamente, en nuestro país tenemos una enorme deuda con la niñez, en pleno siglo XXI millones de ellos viven en condiciones de pobreza extrema que no les permite siquiera alimentarse adecuadamente. De ahí los altos índices de desnutrición infantil y en el extremo la obesidad mórbida.

En materia de salud, no obstante los avances de los últimos años, en muchas zonas de nuestro país tenemos tasas de mortalidad infantil de las que deberíamos avergonzarlos, sobre todo porque muchas de éstas derivan de enfermedades perfectamente previsibles.

En materia educativa, a pesar de los avances en la cobertura todavía existen niñas y niños que no asisten a la escuela. Además, en materia de calidad de la educación, de esa educación que reciben aún tenemos mucho que hacer para que realmente transformemos sus opciones de futuro.

Ante fenómenos como el Bullying o la violencia escolar y la violencia en otros ámbitos hace falta una acción más decidida del Estado, pues hoy este es un fenómeno que en sus diversas expresiones parece reproducirse desproporcionadamente.

Es claro que aún tenemos un largo camino que recorrer para que los beneficios y los derechos a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país sea una verdadera realidad, pero la ley que hoy invitamos a aprobar será un instrumento esencial en este propósito.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, porque estamos seguros de que sólo con acciones decididas y contundentes transformaremos la realidad presente y abriremos expectativas de un mejor futuro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra del dictamen, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Vamos a razonar nuestro voto. De entrada, comentar que el diputado Ricardo Monreal y su servidor presentamos 23 iniciativas, de conformidad con el artículo 71 constitucional, haciendo uso de nuestra facultad, en la materia que hoy nos ocupa, y sólo una o dos de ellas fueron dictaminadas favorablemente. En esta ocasión se ha seguido otro trámite, porque es el Ejecutivo, porque es una iniciativa preferente y porque trae la bendición del Pacto por México.

Sin embargo, no quiero escatimar reconocimiento a los oficios de la presidenta de la Comisión, la diputada Verónica Juárez y algunos legisladores que hicieron aportaciones importantes. No es la mejor ley, tiene avances, pero hay que entenderla en el momento político y social que vive el país.

Se ha dicho hasta el cansancio que los niños son el recurso más preciado de una nación. Es casi esto un lugar común, pero el futuro de los niños en México no es nada halagüeño. De entrada nacen en un contexto, la mayoría, la enorme mayoría, de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de discriminación y también en un país endeudado y sometido a la delincuencia.

La explotación sexual, la trata de personas, la carencia de oportunidades, la falta de derechos forman parte de la cruel realidad que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

En México, el 61 por ciento de la población infantil se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y 27 por ciento en pobreza alimentaria, no tienen ni para comer. Ésa es la realidad. Éste, señoras y señores, es el saldo del neoliberalismo del PRI y del PAN, y por eso esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene que inscribirse en la realidad del país.

Para nosotros, o al menos para varios legisladores y organizaciones con las que hemos platicado, con esta ley Enrique Peña Nieto se quiere lavar la cara de todas las reformas regresivas que tienen prácticamente al borde del incendio al país.

La reforma educativa, por ejemplo, privatizadora, excluyente y discriminatoria es parte de las movilizaciones sociales que hoy vive el país. Quien no entienda lo que está pasando hoy de las movilizaciones estudiantiles y magisteriales que tenga que ver con la reforma educativa, es que no conoce lo que aprobó.

Por eso decimos, que después de la reforma hacendaria que ha golpeado a los sectores productivos del país, después de la reforma educativa, después de entregar el petróleo del país, ahora Peña Nieto se quiere lavar la cara y decir que está con los niños del país, cuando todos los autócratas, muchos dictadores se rodean de niños para tratar de decir que son personas conscientes, y este México no es la excepción, y por eso voy a votar en abstención, porque además no puede entenderse una Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sin hablar de los derechos sexuales y reproductivos.

¿En qué mundo se vive cuando en pleno siglo XXI no se habla de esta realidad? Hay una doble moral, hay una doble moral en esta Cámara, porque este dictamen se iba a tratar desde el martes y no se trató porque hubo una negociación entre el PRI y el PAN para modificar la fracción XI del artículo 50 y trasladar lo que son derechos sexuales y reproductivos, simplemente para salud sexual.

Concluyo, presidente. Es la doble moral, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Pero cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay cultura sexual en el país, cuando los niños o las adolescentes sufren embarazos tempranos hoy no se quiere hablar de esta realidad.

Decir, es una ley que tiene un tufo conservador, propio de las buenas conciencias, de sus pecados personales, a veces los quieren esconder cobijados en leyes que no tratan la realidad del país. Y por eso esta ley está incompleta, porque no trata de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes, que es porque se quiere esconder la realidad con un falso discurso. Por eso, señora presidenta, señores legisladores, mi voto va a ser en abstención. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra a favor, perdón, la diputada Isela González Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Isela González Domínguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un tema de discusión entre los individuos y entre los gobiernos.

Fue en el año de 1989 cuando se emitió la Convención sobre los Derechos del Niño. El primer instrumento internacional que definió a los derechos humanos básicos que deben disfrutar las niñas, niños y adolescentes en todas las partes del mundo.

En nuestro país la Carta Magna establece como mandato constitucional que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, por lo que el Estado tiene el compromiso de realizar y ejecutar las políticas públicas necesarias, dirigidas hacia el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Derivado de ello se han realizado diversas modificaciones a los ordenamientos jurídicos en la materia, así como la expedición de leyes secundarias. Un ejemplo de ello fue la presentación, discusión y aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2000. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos federal y local, así como de este cuerpo legislativo, las niñas, niños y adolescentes siguen enfrentando una difícil realidad ligada con problemas sociales, económicos, culturales, civiles, con los cuales están relacionados con la falta del cumplimiento de sus derechos.

Ante esta situación el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en este inicio del periodo de la LXII Legislatura nos envió una iniciativa con carácter de preferente que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que ha sido modificada en la Cámara de Senadores, a efecto de fortalecer la aplicación y observación de sus derechos.

La dictaminación de este asunto no ha sido un trabajo fácil, ya que implicó un trabajo arduo que también se vio fortalecido por las aportaciones contenidas en las iniciativas de los compañeros diputados, así como las opiniones de la sociedad civil y expertos en el tema.

Ejemplo de ello es el consenso que se tiene para modificar la disposición relativa al derecho a la intimidad, donde se establece tajantemente que se viola la intimidad de niñas, niños o adolescentes cuando se maneje directamente su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, menoscabando su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los que ponga en riesgo; con ello no se da cabida jurídica a presumibles autorizaciones por parte de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia.

También destaco el tema de la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el cual estará integrado por dependencias y entidades de la administración pública federal que tienen competencia con diversos temas que impactan a la niñez, así como las instancias que representan a los gobierno en las entidades federativas.

De esta manera, el Estado cumplirá con su responsabilidad mandatada en el artículo 4o. constitucional. Tales disposiciones son fundamentales porque de manera conjunta en todos los rincones del país se tendrá la obligación de trabajar por el cumplimiento irrestricto de la observancia y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ello los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Desarrollo Integral Infantil.

Cuidemos a nuestra niñez y a los adolescentes porque son las futuras generaciones. Promovamos un desarrollo integral de manera coordinada en los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Michas gracias, es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro, hasta por tres minutos.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Se ha presentado por parte del Ejecutivo federal una iniciativa preferente en torno a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa, hay que señalarlo, ha sufrido importantes modificaciones en el Senado de la República. Viene a esta Colegisladora y también se ha considerado hacer las modificaciones.

Creemos que significa un modesto avance en materia de protección a la niñez y a la adolescencia. Han quedado pendientes temas de gran importancia como empezar a proteger los derechos de los niños desde la etapa prenatal con programas que favorezcan garantizar a la madre gestante una nutrición y un cuidado, a efecto de evitar situaciones en los niños que al nacer se nazca con bajo peso o bien con algún problema derivado de una gestación inadecuada y sin revisión médica.

Es importante también considerar que el tema de la nutrición en la primera infancia es básico porque el tema de formación del cerebro está en esa etapa definitiva en estos primeros años de vida. Se establece que los primeros años de vida el niño, hasta los tres años, tiene un crecimiento del 90 por ciento de la capacidad del cerebro adulto y en los años subsiguientes se desarrolla el otro 10 por ciento.

Si en esta etapa no hay una nutrición adecuada, no hay estímulo, no hay un cuidado que garantice el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de las estructuras cognitivas, afectivas, de pensamiento, y de impulso a su inteligencia, estaremos nosotros predestinando que ese infante no tenga capacidades biopsicosociales que le permitan tener un desarrollo exitoso.

Es, pues, también importante el tema de su salud, que va aparejado con el cuidado de la madre gestante. Importante también, y volvemos a insistir, es la cuestión de la protección del niño en materia de seguridad.

Es grave que en muchos estados hoy se estén secuestrando niños, no con el propósito de pedir rescate, sino con el propósito de utilizar para vender los órganos de estos niños por parte del crimen organizado. Es una protección básica que nosotros debemos realizar.

En muchas partes de este país, como hoy se ve en Guerrero, el Estado de derecho no está vigente; tenemos un Estado fallido que no está garantizando los derechos básicos de los ciudadanos; su derecho a su integridad, su derecho también a evitar ser secuestrado o afectado, incluso su derecho a la vida que recurrentemente se ve que están expuestos.

En ese sentido creemos que esta ley a futuro debe normar el derecho universal de los niños a la educación temprana, haciendo obligatorio por parte del Estado la atención de los niños en la etapa inicial.

A pesar de que los avances son limitados, el Partido del Trabajo va a votar a favor de esta ley. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, para hablar en pro, hasta por tres minutos, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su permiso, señora presidenta. Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, llegamos 24 años tarde a la cita de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Si bien reconocemos que se avanza, no podemos dejar de mencionar que es una ley inacabada, que carece de las herramientas para ser aplicada, por lo que debemos de asumir el compromiso de dotarla de un presupuesto suficiente que permita a las instituciones encargadas de su ejecución, contar con los elementos necesarios para complementarla.

“El interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño”, señala la Constitución. Sin embargo, miles de veces este instrumento ha sido invocado en el discurso, no así como política pública. Es tiempo ya de entender las necesidades y derechos de nuestra infancia.

En el ámbito interno México tardó más de 21 años para elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez contenido en el artículo 4, párrafos sexto y séptimo, y para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general, según se observa en el artículo 73, fracción XIX de nuestra ley fundamental.

24 años para aprobar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley por la cual votaré a favor; sin embargo, debemos seguir insistiendo en fortalecer la cobertura para que los niños puedan ejercer plenamente sus derechos.

Ante la situación de alerta en que vivimos, es imperativo que el Estado mexicano actúe para generar políticas públicas de protección a los jóvenes. No más adolescentes desaparecidos en todo el país, no más jóvenes utilizados por la delincuencia organizada ante la falta de oportunidades, no más niñas y niños entre las cifras de los daños colaterales por la violencia en que vivimos.

Esta ley, como ya dije, es inacabada y obstaculizada por grupos que insisten en permanecer en el oscurantismo. A esos grupos les decimos que no cederemos a presiones dogmáticas que impiden avanzar en la protección de la infancia. No podemos permitir que la sombra de las doctrinas del siglo XIX ensombrezca esta ley.

Recordemos que México ha suscrito convenios internacionales como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en el Cairo en 1994 y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijín  1995, en donde se definen las obligaciones del Estado para la protección, respeto y garantía del acceso a la educación, servicios de salud sexuales y reproductivos, es decir, México está obligado a cumplir estos acuerdos, como lo dispone el artículo 1o de la Constitución.

En este dictamen de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicaciones en todos los jóvenes, relativos a la vida del niño y de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Como dije anteriormente, votaremos a favor de este dictamen, a pesar de que su contenido no resuelve en esencia la salvaguardia de los derechos de niñas, niños y adolescentes porque a la fecha no hay programa alguno que permita a los tres órdenes de gobierno dar cumplimiento por falta de presupuesto.

Por eso es importante asumir un compromiso al cual invito a todos ustedes tener congruencia en esta Cámara de Diputados, para que en este próximo presupuesto estemos destinando un presupuesto digno para poder ser aplicada esta ley que el día de hoy estamos aprobando. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos para hablar en pro del dictamen.

La diputada Flor Ayala Robles Linares: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, me dirijo a esta tribuna para aportar a la discusión de una nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual llega al Poder Legislativo gracias a una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en un momento histórico, siendo éste el año del XXV Aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, motivo de celebración, sin duda, pero se construye como una oportunidad para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el compromiso del Estado mexicano con la infancia de nuestro país.

La propuesta legislativa que hoy se somete a este pleno es de vanguardia e incluyente, y pone especial énfasis en los temas que hoy repercuten en el ejercicio y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas.

Las niñas, los niños y los adolescentes del mundo y de nuestro país, enfrentan de manera cotidiana y reiterada diversos factores que inciden de forma negativa en su esfera de protección jurídica y vulneran sus derechos como la violencia en el seno de la familia, el bullying o el acoso escolar, cuyas manifestaciones son cada día más graves o la misma criminalidad.

El nuevo ordenamiento es incluyente, extensivo y comprensivo, pues se ocupa por velar el bienestar de los niños migrantes en el contexto de su preocupante, delicada y dolida situación. Protege a los menores en temas diversos en múltiples frentes tanto de la trata de personas como la explotación laboral y las consecuencias de la obesidad infantil, por mencionar sólo algunos.

Celebramos el viraje que esta nueva ley pretende dar al país en materia de protección a la niñez y a la adolescencia; más ante una ley que desde su expedición hace casi 14 años no ha sabido cumplir con las expectativas y no ha sabido atender las necesidades de los menores, de nuestros niños, pues fue creada como una ley asistencialista.

Con esta iniciativa creamos una nueva ley general que garantiza los derechos de nuestros niños y propone la creación de la Procuraduría Nacional de Protección a la Infancia. Hoy las entidades y municipios de nuestro país contarán con su contraparte a nivel federal, algo que realmente celebramos.

Ya desde el 2006 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, señaló en nuestro país la necesidad imperante de contar con una ley general que permitiera la coordinación de distintos niveles de gobierno, sin embargo hasta la presentación el 1o. de septiembre del año en curso de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal el tema no había tenido la relevancia que merecía en la agenda público nacional.

El proceso legislativo se encargó de enriquecer la propuesta tomando las aportaciones contenidas en las iniciativas de los diputados y senadores, así como las opiniones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales así como de investigadores y expertos en el tema.

Los esfuerzos tanto del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal para generar un diálogo democrático institucional y respetuoso entre poderes, y dio forma al dictamen que nos ocupa, no sólo responden a la buena voluntad, sino a un verdadero compromiso respaldado en un trabajo arduo y serio para garantizar efectivamente a los niños, niñas y adolescentes frenar los abusos en su contra y procurarles un desarrollo integral de la mano con una mejor calidad de vida.

México se transforma, evoluciona de la mano con sus leyes e instituciones. Es un momento histórico para participar en este proceso que permitirá proteger y garantizar la esfera de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y atender sus necesidades. Nuestra niñez merece un mejor futuro y está en nuestras manos el podérselos ofrecer.

Agradezco a todas mis compañeras y a todos mis compañeros de la comisión su arduo trabajo, sus aportaciones y su gran compromiso con la niñez. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Esta Presidencia otorgará el uso de la palabra para rectificación de hechos a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, a la diputada Amalia García Medina y a la diputada Magdalena Núñez Monreal. Al concluir se consultará al pleno si el dictamen está suficientemente discutido en lo general.

Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena para rectificar hechos, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora presidenta. Me da gusto decir eso. Cómo no vamos a votar a favor de una ley tan bien elaborada, de un trabajo bien coordinado, de la escucha de voces de todas las ideologías a favor y en contra de este instrumento.

Yo quiero felicitar a la Comisión Especial de la Niñez, encabezada y coordinada por la diputada Verónica Juárez, y a todas sus integrantes por el trabajo tan bien hecho para proteger, respetar y garantizar los derechos de las niñas, de los niños y de las y los adolescentes.

Claro que tenemos que votar a favor porque esta ley incorpora la perspectiva de género, incorpora la igualdad sustantiva, defiende e integra una serie de derechos muy importantes para protegerlos, para respetarlos y para garantizarlos.

Claro que tenemos que apoyar esta propuesta, porque se ha trabajado en una serie de acciones desde el gobierno, de responsabilidades y porque se ha aplicado –y esto es lo que quiero también enfatizar- el principio de convencionalidad. Es decir, los tratados, las convenciones, los pactos que México ha signado en materia de derechos de la niñez se han plasmado en este dictamen. Cómo no vamos a apoyar este dictamen.

Pero preocupa que no se llegue a un consenso sobre temas que nos han exigido las organizaciones no gubernamentales, a quienes también felicito por todo su empeño para trabajar en favor d este dictamen. Cómo no vamos a hablar de esto si el principio de convencionalidad es lo que rige precisamente este dictamen.

Fíjense ustedes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha sido precisamente ratificada por ningún Estado, pero nos rige por lo que se llama la costumbre internacional.

Estos instrumentos internacionales que parecería que no quieren aceptar como tratados internacionales, para nosotras, para nosotros en el PRD son fundamentales, porque México ha signado la CEDAW y ha signado el Protocolo Facultativo, porque México ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Porque México, en el Pacto de Derechos Sociales, Culturales y Económicos se ha comprometido a defender los derechos de todas las personas.

Por eso nos interesa mucho dejar el precedente de que las convenciones son instrumentos que el Estado mexicano incorpora en los tratados. Hay una jurisprudencia donde se habla precisamente de cómo los tratados no solamente son los que rigen el derecho de este país, las convenciones y una serie de documentos, como plataformas de acción y como el Consenso y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de la que México es signante.

Por eso, el Consenso de Montevideo –que también acaba de signar nuestro país– rige a nuestro Estado, a nuestro país.

Voy a leer algo –para terminar– que me parece fundamental. Dice en la Plataforma de Acción, o el Programa de Acción del Cairo, firmado en 94 y que este año cumple 20 años: Velar porque las políticas, los planes estratégicos y todos los aspectos de la ejecución de los servicios de salud reproductiva y sexual respeten todos los derechos humanos.

¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando únicamente de acciones o de programas, estamos hablando de derechos humanos que son reconocidos en tratados, en instrumentos internacionales.

Por eso el PRD, mi grupo parlamentario, yo como diputada y como defensora de los derechos humanos estamos complacidos y complacidas, y lo hemos hecho en nuestra opinión, en la opinión que dio la Comisión de Igualdad, estamos complacidas, porque vamos a votar a favor. Pero también queremos una reflexión a fondo de los artículos que lamentablemente están haciendo un poco de ruido, porque se antepone una ideología religiosa y se desconoce todavía algunos instrumentos internacionales en favor de los derechos de la niñez.

Por eso, diputadas, diputados, vamos a votar a favor y también vamos a argumentar porqué la salud sexual y reproductiva es un derecho reconocido en tratados internacionales, en convenciones y aplicaremos el derecho de convencionalidad para asentar y para votar a favor. Pero no permitiremos que se venga a decir aquí que tenemos todos los derechos y que los niños y niñas tienen todos los derechos, menos los derechos sexuales y reproductivos, porque sería desconocer la CEDAW, la Convención y una serie de tratados internacionales que México ha signado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Amalia García Medina, hasta por tres minutos, también para rectificación de hechos.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Señora presidenta, compañeras, compañeros, agradezco la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre esta iniciativa preferente, que fue enviada inicialmente al Senado y que con la participación de organizaciones de la sociedad civil fue modificada para ser una propuesta realmente muy consistente, se transformó, incluso, el título, el contenido. Hoy es una iniciativa que me parece que sirve para poder atender a la infancia en nuestro país.

Sin embargo, aunque si bien es cierto en propuestas que hicimos directamente en el Senado de la República, en las mesas que se abrieron, en el capítulo sobre la infancia migrante, se recogió una gran parte de las propuestas que presentamos. Hay una que resulta sustancial, que no ha sido plasmada en esta ley, y estando yo de acuerdo, en general, en el contenido de la ley, no podría permanecer en silencio ante un asunto que considero absolutamente sustancial y tiene que ver con quien determina, en el caso de la niñez migrante, el interés superior de esa niñez.

Ha habido un debate, un análisis, un cabildeo a lo largo de prácticamente dos años, de la Comisión de Asuntos Migratorios con distintas instancias del gobierno de la república, con organismos internacionales, con ACNUR, con UNICEF, y lo que hemos señalado desde la Comisión de Asuntos Migratorios, es que el interés superior de la infancia migrante lo debe determinar el DIF, no el Instituto Nacional de Migración, pero en esta iniciativa de ley, en el capítulo XIX no queda plasmado, negro sobre blanco, que el interés superior de la niñez migrante lo debe determinar el DIF.

¿Por qué digo que debe ser el DIF? Porque antes que migrantes, son niños, es la infancia, y nuestro país que se ha destacado por la defensa de los derechos humanos y que ha firmado la Convención de los Derechos de la Infancia, en el caso de niños migrantes no importa de dónde vengan, a dónde vayan, son niños, y lo que tiene que estar por delante es la protección y la garantía de que su interés superior será protegido integralmente.

Por eso en esta iniciativa de ley, yo lamento enormemente que no se precise que es el DIF, que además es la institución en México encargada de atender a la niñez, la que determine el interés superior de la niñez, y no debiéramos hacer diferenciación entre niñas, niños mexicanos y otros que vengan del exterior, y lo digo porque el Instituto Nacional de Migración, que es una institución que tiene sus facultades y tareas claramente establecidas, pero en el caso del Instituto de Migración, en general la actitud es decir, quienes no estén aquí con documentos deben ser regresados a sus países. Ésa es la actitud que están, en general, obligados a desplegar.

Sin embargo, yo quiero aquí subrayar lo siguiente, en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, si es que salieron de su país, y tengo el ejemplo de Honduras, de la enorme violencia que hay en Honduras y en México sabemos de qué se habla cuando se habla de violencia, siendo el país con más número de homicidios por arma de fuego hoy en el planeta, superando incluso a México, que ya es mucho decir, muchos de estos niños están en un éxodo para salvar su vida, y el riesgo que se corre es que la determinación de su interés superior sea, si lo hace el Instituto Nacional de Migración, deportarlos, en lugar de darles la garantía del refugio, que debería ser garantizada plenamente, es la misma región en donde está nuestro país.

Y sin duda, yo reiteraré de manera muy subrayada que estando de acuerdo con la ley en su conjunto, porque además cambió hasta el concepto, no por un concepto de filantropía en conjunto la ley, sino por un concepto de derechos que me parece muy importante, al mismo tiempo, y termino con esto, en el caso de la niñez migrante no establece claramente negro sobre blanco, que debe ser determinado el interés superior de la niñez migrante por el DIF.

Y me parece que ésta es una batalla de argumentos, de razones, que independientemente de que hoy se vote la ley, tendremos la necesidad de seguir presentando. Y yo hago votos porque en otros ordenamientos legales y también en una modificación se ponga esta obligación de que sea el DIF quien determine interés superior de la niñez migrante para garantizarle su integridad y su bienestar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, también para rectificación de hechos, hasta por tres minutos.

Saludamos cordialmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, que están aquí presentes, invitados por la diputada Liz Vargas. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas y diputados, muchos han sido los esfuerzos en los últimos años que se han realizado de parte del Poder Legislativo en materia de atención y protección a las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, estos siguen siendo insuficientes ante la ineficiencia del Estado para satisfacer la protección de los menores en todos los órdenes.

Estoy segura de que todas y todos los legisladores presentes compartimos la preocupación por los riesgos y las amenazas que les acechan como potenciales víctimas de la violencia, ya sea en el hogar, en la escuela o en la calle.

La afectación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno social reciente, pero sí lo son los elevados índices con los que se ha venido reproduciendo en las cada vez más variadas formas que ha adquirido, por lo cual es importante reconocer la dedicación que las diputadas y diputados de la actual Legislatura han desarrollado como tema de interés institucional, psicosocial y jurídico, ante el grave riesgo que representa para el desarrollo del capital humano de cualquier país y su viabilidad para el futuro.

El dictamen que se somete hoy a la consideración de este órgano colegiado abona a ese interés de los legisladores por propiciar el bienestar social de los menores y en la defensa de sus derechos, acorde con las reformas que en materia de derechos humanos se hizo al texto constitucional.

Es por ello importante destacar, que los instrumentos internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la República, cuentan con un catálogo más amplio de derechos y un enfoque garantista a favor de la protección de los derechos de los menores que se reconocen en esta nueva ley.

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y reconoce como nuevo paradigma para su atención el interés superior del niño.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Bajo este marco es claro, como lo reconoce este dictamen, que el cuidado de su desarrollo integral debe incluir la observancia del derecho a una vida digna, que atendiendo al principio de la transversalidad incluya otros derechos como la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, la recreación, la seguridad y la protección contra la discriminación, la violencia, la explotación laboral y sexual.

Por ello, el día de hoy hacemos votos desde esta tribuna porque en México se respete la vida de cada ser humano sin excepción alguna y que a la brevedad se promulgue la ley que habremos de aprobar, a fin de que el Poder Ejecutivo federal instrumente lo necesario para su aplicación.

Por mi parte continuaré pugnando, porque las niñas, niños y adolescentes se desarrollen física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal. En libertad y dignidad, pues debemos estar conscientes de que en la medida en que protejamos y cuidemos de mejor manera a nuestras niñas, niños y adolescentes, estaremos cuidando y protegiendo y construyendo el futuro que todos queremos para éste nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Vamos a darle la palabra por dos minutos para rectificación de hechos al diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente, por la flexibilidad. Es simbólico que el gobierno federal haya escogido los derechos de las niñas, niños y adolescentes como el primer tema de su iniciativa preferente. Mejor hubiera sido que este género no fuera sólo simbólico, sino que se tradujera en acciones concretas de gobierno. Presupuestos, políticas públicas y sobre todo en justicia para los niños que han fallecido, vinculados a una causa, a la negligencia gubernamental.

Han pasado más de cinco años desde la tragedia de la Guardería ABC. A pesar de todo ese tiempo los responsables de estos indignantes hechos siguen gozando de impunidad. Será vergonzoso, incluso inmoral que el gobierno celebre –como acostumbra a hacer- la promulgación de ésta, su primera iniciativa preferente, mientras al mismo tiempo siga negándoles justicia verdadera a los padres de la Guardería ABC.

Hace unos años esta tragedia era la que indignaba al país. Marchas y protestas reclamando justicia aparecieron por todo México. A cinco años de la tragedia los padres y activistas resisten el olvido. Hoy es la tragedia de Ayotzinapa. Aparecen en todo el país protestas masivas reclamando nuevamente justicia. En ambos casos el gobierno parece apostar a lo mismo. Al olvido y a la indiferencia. A que el tiempo haga su labor y disminuya la indignación social.

Por supuesto que no estamos en contra de que se expida la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De lo que estamos en contra es del intento por barnizar la falta de capacidad gubernamental para atender los problemas mediante la promulgación de leyes. La norma escrita sin un gobierno dispuesto a aplicarla, es letra muerta.

Por ello convoco a los dirigentes de Ayotzinapa, del movimiento estudiantil, a hacer suya la demanda de justicia de los padres de ABC; de no hacerlo, el destino de su reclamo de justicia seguirá el mismo camino, hoy abandonado, de los padres de la Guardería ABC.

No más reformas educativas mientras el Estado desaparezca a estudiantes inocentes; no más reformas a los derechos de los niños sin que estén acompañadas de todo el peso de la justicia para quienes los asesinan. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Durazo. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular, algunos artículos. Ruego a la secretaría que dé cuenta de ellos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículos reservados: artículo 19, 22, 23, 26, 50, 57, 58, 83, 44, 51, 61, 146, 47, 54, 62, 63, 80, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 151, cuarto transitorio y la adición de un transitorio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor secretario. Esos son los artículos reservados.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, le informo que se han emitido 420 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 420 votos, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para presentar reserva al artículo 19, último párrafo.

El diputado David Pérez Tejeda Padilla: Gracias diputado Presidente. Honorable asamblea: esta reserva que estoy presentando a la iniciativa que el señor presidente de la república presentó como preferente lleva una muy buena intención, aunque se ha vuelto polémica por los cambios que realizó el Senado de la república y que aquí estamos adecuando debido a toda la preocupación que habían manifestado organizaciones civiles, religiosas, asociaciones de padres de familia a los cuales agradecemos su preocupación y que  ha tenido a bien modificarse en esta Cámara de Diputados.

Ya en la materia, estoy planteando una modificación al artículo 19, en el último párrafo cuando habla que la falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. Se le adiciona y será sujeto de sanción conforme a la ley cualquier persona o institución del sector público o privado que niegue cualquier documento necesario para el registro de identidad ante la autoridad.

Esta modificación la planteo a raíz de que esta semana realicé la presentación en esta misma tribuna de una iniciativa en la cual se pretende proteger el derecho superior de la niñez de la identidad, algo que ya habíamos votado el 13 de marzo pasado, reformando el artículo 4o constitucional; pero que no contemplaban las leyes secundarias una sanción a las autoridades del sector salud que impiden otorgar el certificado de nacimiento. Ojo, certificado de nacimiento, no el acta. Este certificado es un requisito necesario para poder llevar al niño a registrar ante el Oficial del Registro Civil.

Entonces, en dado caso, ahora sí que me voy a poner el huarache antes de espinarme, pero en dado caso que no pase esta reserva, sí le pediría, presidenta de la Comisión Verónica Juárez, y los demás integrantes, que por favor me pudieran apoyar con la opinión favorable dentro de la comisión; Flor Ayala, que también me está poniendo bastante atención, pedirles que me apoyen, ya que esta iniciativa les agradezco a mis compañeros del Partido Verde Ecologista de México, que muchos de ellos me apoyaron, ya que es similar a lo que nosotros dejamos plasmado para sancionar a quien condicione la entrega de algún documento en el sector educativo. Sería, cuanto, señor presidente. Les agradezco a todos su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha. Tiene ahora la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de la Fracción Parlamentaria del PRD, para presentar reserva al artículo 19, fracción I.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, en esta legislatura hemos tenido el honor de aprobar el derecho a la identidad de las niñas y niños mexicanos, y de establecer la obligatoriedad de que sean inscritos en el Registro Civil de manera inmediata y gratuita.

Esta ley que hoy hemos aprobado, en su artículo 19, fracción I, señala también como un derecho de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país contar con nombres y los apellidos que le correspondan, así como ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se le expida de forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables, hasta ahí nos dice el artículo 19, fracción I, que hemos aprobado.

Lo que vengo a proponer como reserva e que a ese artículo le anexemos el hecho, que diga: siendo causa grave de responsabilidad administrativa para el servidor público que impida u obstaculice el ejercicio del presente derecho. Mi inquietud se deriva de que hay veces, hay ocasiones en que en el Registro Civil los propios funcionarios se convierten en un obstáculo para poder asentar debidamente a las niñas y niños de nuestro país.

Hace apenas unos días en algún noticiario matutino de una televisora importante se presentó un video de estudiantes de comunicación de nuestro país, donde se daba cuenta, se grababa, a un funcionario del Registro Civil que impedía, que obstaculizaba que una pareja de indígenas pudiera asentar a sus hijos, los ridiculizaba, los discriminaba, se reía de los nombres que proponían para ponerle a su hijo y creo que es necesario que tomemos medida y en la propia ley establezcamos que será una causa de la sociedad administrativa grave el impedir este legítimo derecho de las niñas y niños mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Medina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha la reserva. Y tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, de la fracción de Nueva Alianza, para presentar reserva al artículo 22.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la compleja realidad social en la que vivimos requiere que hagamos lo necesario para que nuestras niñas, niños y adolescentes se desarrollen en un ambiente armónico, pero esta tarea es una responsabilidad compartida que no puede lograrse sólo con la voluntad y nuevas leyes, por lo que resulta necesario establecer las condiciones institucionales y de política pública para que las madres y padres de familia cuenten con los elementos que les permitan cumplir con su función social.

Las familias constituyen el primer núcleo humano en el que la niñez y adolescencia encuentran protección, afecto y alimento.  Como ente social, son espacios de socialización en la que se transmiten valores, costumbres, lengua y pertenencia. Es por ello que las familias se convierten en un factor esencial donde se aprende a vivir y a convivir en sociedad.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos necesario desarrollar políticas públicas para acompañar a las familias en el ejercicio de su función formativa y socializadora de niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantizar el adecuado desempeño de la paternidad y maternidad de hombres y mujeres en la formación de sus hijos.

Con el fin de dar elementos a las familias para que cumplan a cabalidad la protección y cuidado de sus hijos e hijas, a nombre de mi Grupo Parlamentario, Nueva Alianza, propongo modificar el último párrafo del artículo 22 para quedar como sigue.

Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento y orientación a las familias en el ejercicio de su función formativa y socializadora, para evitar la separación de niñas y niños de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia.

Compañeras y compañeros diputados, esta Ley General que hoy estamos votando representa un cambio de paradigma para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Avancemos juntos para lograr la formación integral de niñas, niños y adolescentes en el seno de las familias. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: A usted, señor diputado. Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si la reserva se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha la reserva. Se reitera a la asamblea que los artículos reservados a discusión, todos ellos se refieren al artículo primero del proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Tiene ahora la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, para presentar reserva al artículo 23.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 23, que en lo general acabamos de aprobar, de la Ley que en lo general acabamos de aprobar, señala: Asimismo niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando estos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esa convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Fin de la cita.

Todos ustedes saben las condiciones infrahumanas, carentes de seguridad en que se encuentran la mayor parte de los centros penitenciarios de este país. A veces pareciera que en lugar de centros de readaptación social son verdaderas escuelas para estudiar maestrías y doctorados en materia delincuencial.

Me parece que es loable que la ley prevea que los niños y niñas puedan de alguna manera visitar a sus familiares, a sus padres que estén privados de la libertad. Pero me parece también que queda muy corto el término en forma adecuada. Por eso es que vengo a esta tribuna, a proponer una reserva donde podamos anexar a ese artículo 23 el siguiente párrafo: privilegiando la seguridad e integridad plena de las niñas, niños y adolescentes.

Me parece que es lo mínimo que les podemos garantizar, privilegiar su seguridad e integridad cuando se encuentren en la visita al interior de centros penitenciarios, que muchas veces no tienen las condiciones mínimas para garantizar a los propios adultos la seguridad de una visita, pues imagínense a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Marcos Rosendo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desecha. Están en este recinto alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias. Invitados por el de la voz. Muchas gracias por su presencia. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN y del PRI, para presentar reserva al artículo 26, 50, 57, 58 y 83 en un solo acto.

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como hemos asumido durante el proceso legislativo que ha seguido la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, es un avance sustancial en materia de protección y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en congruencia con este razonamiento estamos convencidas y convencidos que esta nueva ley, que estamos por aprobar, puede ser enriquecida, reforzada en algunas disposiciones.

Conscientes de que no existe una ley perfecta, pero sí la mejor posible, pongo a su consideración varias reservas, que sin cambiar el espíritu de la norma enriquecen el texto para hacerlo más preciso y así evitar caer en omisiones por falta de claridad.

En primer lugar, la fracción V del artículo 26, estipula que de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, según sea el caso, se asegura de que niñas, niños y adolescentes sean colocados de manera excepcional, dada las características específicas de cada caso en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.

Estimamos que esta medida no debe de ser considerada como excepcional, toda vez que lo más adecuado para el máximo bienestar de niñas, niños y adolescentes es que sean colocados en acogimiento residencial de acuerdo a las características específicas de su caso.

Por otro lado, el párrafo siguiente a la fracción V de este artículo, prevé que dicha medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, relegando la medida de protección en un carácter de último recurso, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. En este sentido y en congruencia a la observación realizada a la fracción V, no se estima pertinente que esta medida sea relegada como último recurso.

Por otro lado, actualmente el conjunto de derechos sexuales sigue a debate, a pesar de ello se busca incorporar en la ley que debe garantizar estos derechos a niñas, niños y adolescentes, un concepto que aún se encuentra en construcción, que no tiene definido su contenido ni alcances.

Nos preguntamos, ¿qué suponen los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños conforme a lo expuesto en el dictamen que hoy discutimos? Conforme a los avances en su discusión, la doctrina y otros instrumentos, los derechos sexuales y reproductivos abarcan el derecho a la decisión respecto del número de hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos y a la libertad sexual, entre otros.

Pero reiteramos, son un concepto en construcción que no ha alcanzado el consenso necesario para convertirse en parte de algún instrumento de derecho internacional que haya firmado el Ejecutivo federal y ratificado el Senado de nuestro país.

Por tanto, la incorporación al marco jurídico nacional de conceptos no validados internacionalmente o que vayan en contra del orden legal vigente y de los cuales existen cuestionamientos y debates importantes sobre su contenido y alcance o sobre los supuestos beneficios o afectación a la salud o integridad física y psicológica que pudiera ocasionar a las niñas, niños y adolescentes exige actuar con responsabilidad y certeza respecto de lo que queremos para nuestros hijos.

De no ser así seríamos los primeros que estaríamos incumpliendo con el interés superior de la niñez y otros principios que nos mandata nuestra Constitución y los instrumentos internacionales, en particular, la Convención sobre derechos del niño.

Con base en estos argumentos, presentamos a su consideración la reserva de la fracción XI del artículo 50 del dictamen de la presente ley, para establecer que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se deben coordinar para proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva.

Desafortunadamente, para el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, este tema se reitera en la fracción VIII del artículo 58 del mismo ordenamiento. En esto se establece la obligación de las autoridades educativas de promover una educación sexual integral, sin precisar los alcances que sobre dicha integralidad deben referirse particularmente a las niñas y niños.

Es necesario destacar que omite tomar en cuenta criterios como son la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que se pueden observar en otros artículos del mismo dictamen.

Con la redacción en estos términos se podría generar un impacto negativo en los derechos humanos de las niñas y niños a partir de la utilización de conceptos que carecen de consensos mínimos.

Este aspecto es claro cuando se pretende determinar si los menores de edad tienen derechos sexuales o reproductivos, o más bien si en esta etapa tienen derecho a la salud sexual y reproductiva conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Por todo ello, también me permito presentar a su consideración la reserva de la fracción VIII del artículo 58 del presente dictamen, a efecto de modificar y establecer que uno de los fines de la educación sea promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Por otro lado es importante hacer notar, en el artículo 57 de la nueva ley, se omita el reconocimiento, la facultad de los padres, tutores o quienes tengan la guarda o custodia de las niñas, niños y adolescentes de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Se debe tener presente que tanto el artículo 3o. de la Constitución de diversos preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende la obligación de asegurar a niñas y niños la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley.

En este sentido se propone modificar el artículo 57 de la ley general para que quede: Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes en los términos previstos por el artículo 103 de esta ley.


Es una cuestión de congruencia con la Carta Magna y un tema que Acción Nacional ha defendido desde su fundación. De acuerdo a la fracción XI, del artículo 83, las autoridades deben destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleve a cabo procedimientos en que deban intervenir; es decir, se separan los espacios lúdicos de descanso.

Sin embargo es necesario recordar que la actividad lúdica se utiliza como descanso, el juego provoca descanso y reposo de orden mental, de ahí la importancia que quede claro en esta fracción, que los espacios lúdicos deben ser también de descanso.

En este sentido me permito presentar ésta última reserva para modificar la fracción XI del artículo 83, proponiendo que se omita la coma de la primera línea.

Compañeras y compañeros legisladores, las oportunidades y educativas y el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha representado el único cambio social verdadero. Carlos Castillo Peraza decía, que lo único verdadero que les podemos dar a nuestros hijos son alas y raíces.

Los invito a aprobar estas modificaciones por nuestra niñez y adolescencia, para que todos los mexicanos tengan alas y raíces y así aseguremos un México cada vez mejor. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se acepta a discusión. Están a discusión las reservas presentadas por la diputada Pérez Camarena. Se han inscrito para hablar en contra de las reservas los siguientes diputados.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena, la diputada Aleida Alavez Ruiz, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez; ellos del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Mejía y el diputado Monreal también han solicitado la palabra, y también el diputado Miguel Alonso Raya, en contra de las reservas

En pro está el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, el diputado José Alfredo Botello y hay una diputada levantando la mano. Sí, diputada Jiménez, ¿también usted quiere anotarse?

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Anotarme a favor.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ella va a hablar en pro. El diputado Domitilo Posadas se registra en contra. Tiene en consecuencia la palabra para hablar en contra de la reserva la diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros. Me parece que este tema es un tema crucial porque estaríamos incurriendo en una contradicción verdaderamente absurda, cuando en este país convoca el Ejecutivo a una reunión coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres para hacer acciones que llama la estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente, y aquí en los hechos, en una ley, se prohíbe el acceder al ejercicio de un derecho desconociendo los derechos sexuales y reproductivos como tales.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos reproductivos, están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, en específico, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la SEDAW.

Tanto en el Comité del DEC, de los DEC, en el Comité de la SEDAW, ambos de la ONU, han establecido la obligación de los Estados parte de garantizarlos y de reconocerlos, y México signó estos tratados.

En el Sistema Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló expresamente la obligación de los Estados de garantizar los derechos reproductivos en la sentencia del caso a Octavia Murillo, criterio obligatorio para México, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay sentencia en este tema.

En la recomendación general número 15 de la SEDAW, en 1990, se dice “que el Estado intensifique las medidas de decisión, de información para que el público conozca el riesgo de infección de VIH Sida, y que el público conozca, sobre todo los niños y las niñas”.

Compañeras y compañeros, ha salido un desplegado de las organizaciones donde nos hablan de que una de las causas precisamente de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, una década dos adolescentes que inician su vida sexual, es entre 12 y 19 años, porque se embaraza, también.

Pero no, no les informemos a los niños y niñas; no los reconozcamos como derechos, porque si los reconocemos como derechos, entonces el Estado tiene la obligación de respetar, de proteger y de garantizar.

Pregunto a esta asamblea: ¿entonces desconocemos a la SEDAW? ¿Entonces desconocemos Belén Do Pará? ¿Entonces desconocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Entonces qué venimos entonces a hacer si aquí nos hemos desgarrado las vestiduras en favor de los tratados internacionales y las convenciones y de los instrumentos internacionales que ya son ley.

O sea, a los niños y niñas les vamos a decir que tienen todos los derechos menos los sexuales y reproductivos; son derechos, no son programas o acciones, son derechos; todo aquello a lo que tienen derecho, por el simple hecho de ser seres humanos. Y no podemos venir a decirles aquí “todo, menos eso”.

Todos a la educación menos llamar a las cosas por su nombre. El derecho a tener información veraz, científica. Nadie quiere que un niño, una niña, llegue a los 18 años diciéndole al pene pajarito, nadie quiere que no se les diga a las cosas por su nombre. Queremos que las cosas se digan como son, queremos que se hable del cuerpo como es, queremos que se acceda a libertad de las personas como es, queremos educar a nuestros niños y niñas conforme a lo que no está exigiendo la realidad.

No lo que dicen ustedes, no sus ideologías religiosas. Yo soy católica, señoras y señores, y nunca, jamás lo he negado. No voy a permitir que una ideología de ultraderecha y conservadora venga a esta tribuna a negar los derechos sexuales y reproductivos que están en todos los tratados que México ha signado, y no me vengan a decir que estoy inventando porque hay una estrategia en el gobierno federal donde está el DIF, el Injuve, toda la PGR, está turismo, están todos ellos en una estrategia para prevenir el embarazo adolescente. No, pero en la ley que no aparezca que son derechos. Sí son derechos.

Por último quiero citar que en la recomendación general número 24 de la Cedaw dice: “Se debe prestar especial atención a la educación sanitaria de las y los adolescentes, incluso proporcionarles información sobre todo método de planificación familiar”.

Y el Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas dice: “En la interpretación de la Convención establece, además del principio de interés de la niñez, el de capacidades evolutivas de la niñez y de la adolescencia”.

Compañeras y compañeros: nos hacen una pregunta las organizaciones no gubernamentales. Dicen: cuándo se atenderá la urgencia y se dejará de lado la política con matices ideológicos que pretende invisibilizar esta realidad apremiante. Se está negando a las y los adolescentes... Ya voy a finalizar, señores. Díganles a sus hijos e hijas que ustedes no quieren reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Vayan y  díganselo. Nosotros, nosotras tenemos la frente en alto. No vamos a desconocer los derechos sexuales y reproductivos nomás porque Dios dice. Aquí saquen a Dios y metan los derechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz para hablar en contra de la reserva. Usted disculpe, señora.  Entonces tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: En primera instancia felicito a los compañeros y compañeras diputadas por la gran votación que ha recibido esta Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la parte general.

Eso habla de que todos coincidimos en el fin de la necesidad de tener una ley general de esta naturaleza.

Los artículos sujetos a la reserva del día de hoy, y deseo recordarlo porque es muy conveniente puntualizarlo, proviene de una iniciativa preferente. Esta iniciativa preferente presentada por el señor presidente Enrique Peña Nieto no contiene artículo alguno ligado precisamente a la modificación; es decir, en la iniciativa preferente no se contenía el articulado que el día de hoy está sujeto a discusión su modificación, y que el Grupo Parlamentario del PRI apoya.

Por otro lado, deseo señalar, y en esto no debe quedar ninguna duda: niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, de derechos humanos. Lo prevé el artículo 1o de la Constitución, en eso tenemos que ser muy puntuales. De igual modo, el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, no es limitado, tan es así que el Código Civil no se modifica. Eso, sobre todo para evitar malas interpretaciones por lo que el día de hoy estamos aprobando, es una ley general, una ley general que rige y distribuye competencia, que fija un paraguas que tendrá que llevarse a cabo en cada una de las legislaturas locales.

No hay que olvidar este punto en lo particular. Por eso esta ley no puede estar sujeta a ambigüedades. Por eso compartimos la propuesta presentada el día de hoy, porque las legislaturas locales tendrán a su vez que reformar su legislación en cada una de estas entidades, y nosotros no podemos andar con ambigüedades.

Por otro lado, deseo recordar que el artículo 50, fracción VI, señala establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes. Esto significa que en este punto en particular no hay ningún cambio.

No nos equivoquemos en el discurso. Compartimos la necesidad de prevenir los embarazos. Compartimos la necesidad de que se tenga información de métodos anticonceptivos, precisamente cuando una menor de edad o cuando un adolescente resulte embarazada, y así está previsto en la legislación que el día de hoy apoyamos.

Sin embargo, y deseo señalar aquí, no entremos a un debate de liberales y conservadores, entremos a un debate...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Ése es el debate.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Ése es el debate.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Ése es el debate.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputados. Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, a usted se le escuchó con oportunidad en su tiempo en su intervención. Les ruego. Señor coordinador Alonso Raya, permita al orador que concluya. Adelante, señor diputado. A toda la asamblea que genere condiciones y coadyuve para el desarrollo en la normalidad, muchas gracias.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Diputado, ¿me acepta una pregunta?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Probablemente hay alguna interpelación de la diputada. En su momento con gusto la responderé, Malú, pero escúchame primero, por favor.

No retrocedemos un ápice en la necesidad de la educación sexual integral, pero se establece que sea conforme a la edad, primer punto. Segundo, no estamos echando atrás ningún derecho humano de persona alguna, tan es así que establecemos que se protegen los derechos de la Constitución, el interés superior de la niñez, y aquí escuché que venían a defender, de las leyes y de los tratados internacionales.

Aquí, en esta tribuna, en muchas ocasiones los que ahora están levantando la voz vinieron a defender la suscripción de tratados internacionales, en los que el Estado mexicano es parte. Eso es lo que dice la modificación.

Si tenemos todavía que debatir sobre algún otro tema, como aquí se ha señalado, derechos sexuales y reproductivos, hagámoslo. Pero hagámoslo de manera abierta, no con un juego de palabras. Lo que tenemos nosotros es dar certeza en este momento conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ésa es la razón por la que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la reserva que el día de hoy de manera conjunta con otros grupos parlamentarios hemos presentado.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Belaunzarán, con qué objeto.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Si me permite el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Gutiérrez de la Garza, anticipo a usted que en la hipótesis de aceptarla, solamente mencionarle que ha concluido el tiempo de su intervención para que sea breve, por favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Correctísimo. Le contestaré al diputado Belaunzarán con mucho gusto. Siempre ha sido muy respetuoso con un servidor, por qué no hacerlo. Igual a la diputada Malú Mícher, para que deje de estar inquieta ahí en su curul.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Lo escuché con mucha atención, diputado, y habla de aplicación de políticas públicas para evitar el embarazo adolescente, etcétera, pero lo que no nos ha dicho y espero que nos lo pueda aclarar, lo digo muy concreto, ¿por qué usted considera que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen derechos sexuales y reproductivos?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Yo considero que como cualquier persona, todos tenemos derecho a lo que nos protege la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que además son norma suprema, y eso es lo que la modificación precisa.

El PRI no está limitando derechos, el PRI está dejando de manera muy clara cuáles son los instrumentos jurídicos que reconocemos como mexicanos, que parece eso tenemos una Constitución, que es la que protege en específico todos los derechos.

Aquí no los estamos calificando, hablamos de derechos en la parte general. Esa sería la respuesta a su interpelación. Gracias, diputado Belaunzarán.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Gutiérrez de la Garza. Si ha concluido la respuesta, diputado Gutiérrez de la Garza, gracias.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente, solicito la palabra para hechos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: La diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Le voy a otorgar el uso de la palabra no para hechos sino por la alusión. Tiene usted la palabra por tres minutos.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Me encanta el diputado Héctor, dice, para que deje de... sí, ya sé. Nunca dejaré de ser insistencialista en esto.

Compañeras y compañeros, si esto que estaos aprobando no se sustenta en los derechos, entonces permitamos el abuso sexual, permitamos la violación de menores, porque como no es un derecho sexual y reproductivo entonces podemos violarlo. Por ejemplo la esterilización forzada, por ejemplo las acciones en contra de las mujeres en los hospitales.

Si no estuviéramos fundamentado en los derechos, entonces no se podría sancionar, no se podría prevenir y no podría decirse que se está cometiendo un delito, porque no es un derecho.

Compañeras y compañeros, esto es una absurda contradicción. Y miren que no soy abogada. Pero tengo que decir lo que tengo que decir, si vamos a sostener que es un programa de esterilización.

¿Qué está haciendo el gobierno allá afuera ahorita? Está otorgando una vacuna para el papiloma humano, ¿es un programa? No, está respetando un derecho, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes.

Si ustedes votan eso, están desconociendo que entonces el abuso sexual, la esterilización y muchas acciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos ya no sean delito. Eso es lo que están ustedes votando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para hablar en contra de la modificación propuesta, hasta por tres minutos, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, presidente. Lamentablemente este sí es un debate en el que regresamos a las posturas entre liberales y conservadores. Digo lamentablemente porque acompañamos el dictamen, estuvimos de acuerdo con él, a pesar de que no tiene todo lo que nosotros quisiéramos, concordante a los tratados internacionales, que efectivamente ya son ley y que ahí se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Pero además y es algo que quisiera pedirle a los grupos mayoritarios, al grupo mayoritario que respalda también este dictamen, que se hagan cargo de actuar en congruencia.

Efectivamente, las políticas públicas deben obedecer a una problemática de salud pública que tenemos hoy en día en el país, en cualquier rincón de este país. Las cifras son alarmantes.

¿Qué está pasando con las niñas, las adolescentes que se embarazan a temprana edad? ¿Qué está pasando con toda esta problemática de las enfermedades que se acaban de mencionar y qué está haciendo el gobierno?

Es muy cierto que se tienen que hacer cargo de que si están habilitando programas y ayer mismo en un conversatorio al cual fuimos invitadas varias diputadas, precisamente retomando las acciones después de las convenciones del Cairo y Beijín, pues ahí estamos encontrando cómo el Consejo Nacional de Población trae toda una dinámica de política pública, en donde le va a proporcionar a las adolescentes información.

¿Cómo pueden hacer esto, si no es emanado de un derecho? El derecho a la salud, el derecho a la información sobre todo lo que implica la educación en nuestro país, que lamentablemente estamos muy mal y que por eso muchas mujeres no son conscientes de los derechos para que los hagan valer.

Por eso es que quisiera aquí hacer un llamado, para que no regresemos esta redacción a la tutela de los derechos, cuando estamos reconociendo, en el dictamen, que los niños, niñas y adolescentes son sujeto de derecho.

Lo digo así, porque en el artículo 57 ustedes proponen la adición del párrafo, en donde quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños. Esto sí limita, esto sí va en contrasentido de lo que estamos hablando en cuanto a los tratados, en cuanto a la determinación, la libre expresión y también el que puedan tener acceso a todos estos programas, que además están circulando en la calle. Eso hagámonos cargo de no caer en esta redacción tan incongruente de lo que el dictamen determina.

Además, también aquí lo quiero mencionar, nuestra Constitución establece la igualdad y no discriminación para todas y todos los ciudadanos. Este artículo pretende poner énfasis en la intervención de los padres sobre el desarrollo educativo de los hijos o quienes están bajo su tutela, tiene la intención de limitar, limitar esos derechos humanos que dicen aquí que se hacen cargo de ellos, cuando los están limitando.

La autonomía progresiva, especialmente de los adolescentes quienes en este momento de su vida van construyendo independencia y autonomía, todos quienes somos padres lo sabemos, en este momento se está formando la persona como tal, al ser adolescente, por qué vamos a intervenir en esa formación que tiene que ser progresiva y autónoma. Hagámonos cargo de no estar trastocando los preceptos del dictamen.

Por lo anterior, obviamente proponemos retirar ese párrafo y retirar todas estas redacciones de esta reserva que lamentablemente van totalmente en contrasentido del dictamen original, del cual nosotros hicimos ya nuestra postura.

Es un avance, a lo mejor mínimo, pero necesitamos reconocerlo, necesitamos hacernos cargo de un problema de salud pública, de un problema que está sucediendo en nuestro país, con la infancia, con las adolescentes, con los jóvenes, son en estos momentos los más lacerados por toda la violencia, por todo lo que ocurre en México.

Ahora no queramos intervenirlos, no queramos tutelarlos, no queramos estar por encima de sus derechos. Y sí, es un debate entre liberales y conservadores. Quieren regresar sus ideologías, cuando estamos en un Estado laico. Quieren regresar estos pensamientos, que tienen todo el derecho de tener pero no de imponer, en una redacción en la que estamos mandatando una ley para todo el país, obstruyendo derechos humanos, de los cuales este país es signante en tratados internacionales. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Alavez Ruiz. Tiene la palabra el señor diputado José Alfredo Botello Montes, de Acción Nacional, hasta por tres minutos, para hablar en pro de las modificaciones que se han propuesto.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso del señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Compañeras y compañeros diputados. En el PAN reconocemos y defendemos el respeto a la inminente dignidad de la persona humana desde el momento mismo de la concepción y hasta la muerte natural.

Por ello es que en base a este principio consideramos necesario presentar las reservas formuladas ante la Mesa Directiva y ante este propio pleno en voz de la diputada Lucy Pérez, quien ha fundamentado claramente los argumentos de la modificación a la fracción XI del artículo 50 y los artículos 57 y 58 de la ley que está a consideración.

Se reconoce, desde luego, el interés del presidente de la República para la presentación de esta iniciativa preferente y así proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la labor de nuestra colegisladora para enriquecerle en la minuta enviada a esta soberanía, y que ahora en nuestra labor de Cámara revisora estamos proponiendo estas modificaciones.

De la propuesta que se realiza sé algo, ya que soy licenciado en Derecho, pero también soy padre de cinco hijos. Uno de ellos un niño todavía, dos adolescentes y los otros son jóvenes. Aunado, desde luego, también, a ser receptores del interés que ha tenido esta iniciativa por parte de la sociedad.

Los derechos sexuales y reproductivos no se encuentran en nuestra Constitución ni tampoco en los tratados internacionales, que vinculen al Estado mexicano porque carecen de una definición sobre su contenido y alcance puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias si se dejan estos artículos como están contemplados.

La ley no se da una clara diferencia sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad. No es lo mismo el grado de madurez de un niño de once años que el de un adolescente de diecisiete.

Yo no quiero que se haga a un lado la orientación que los padres o tutores debemos brindar en vista el interés superior del menor. Si la legislación civil prevé que un menor no pueda realizar actos jurídicos por sí solo. Se alimenta es altamente riesgoso que en este proyecto de ley se pretenda que niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones sin la orientación de nosotros, sus padres o tutores, en algo tan delicado como es la sexualidad con implicaciones físicas, psicológicas, económicas, sociales en el presente y en el futuro, y por ello es nuestra reserva.

Nos parece muy importante considerar la participación de nosotros los padres de familia y sus tutores quienes debemos preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de los niños para su desarrollo integral, de acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución.

También se debe tener en cuenta las responsabilidades, los derechos y los deberes de nosotros los padres de familia, la familia ampliada, tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades dirección y orientación apropiadas para que puedan ejercer sus legítimos derechos como lo señala también el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo que nosotros en el PAN votaremos a favor de las reservas y no nos confundamos, no es un asunto religioso, es buscar el respeto del derecho en su integralidad de las niñas, niños y adolescentes, pero también de nosotros como padres de familia, en base al respeto de la dignidad eminente de la persona humana y en el ánimo de contribuir en favor del bien común del presente y futuro de este país.

Nuestro voto va precisamente por las reservas planteadas y en favor de las niñas, niños y adolescentes.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Botello Montes. Tiene el uso de la palabra, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra de las modificaciones que se han comentado. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Y cuando despertamos los poderes fácticos seguían ahí y éste huele a incienso.

La verdad he escuchado con atención los argumentos que aquí se han dado, se dice que es respetando la dignidad de las personas. Yo no entiendo cómo se puede respetar la dignidad de una persona a quien se les camotean sus derechos. Se dice también que es por la dignidad de la persona humana. Cómo se va a respetar la dignidad de la persona humana si se escamotean sus derechos.

Lamento verdaderamente, sobre todo que el Partido Revolucionario Institucional se haya movido de su posición histórica o la que tuvieron; claro, tampoco nos extraña porque ya vimos como acompañaron en muchas legislaciones que les llaman –entre comillas– “por la vida” que les quitan derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. Por cierto, Beatriz Paredes no sabía cómo justificar esa política.

Pero les voy a decir por qué es importantísimo que tengan derechos sexuales y reproductivos los niños. Entre otras cosas, un derecho fundamental de los niños es a no ser abusados sexualmente incluso aunque el sexo sea consentido, porque pueden engañar a un niño y abusar sexualmente del niño con persuasión, etcétera, y eso es una violación gravísima a un derecho fundamental.

Incluso sería un delito y una violación a su derecho aun cuando los padres no quisieran presentar la denuncia porque están involucrados familiares o porque no se quieren pelear con el sacerdote o porque no quieren meter a la cárcel al tío o porque fue el mismo padre, etcétera. Violan su derecho sexual reproductivo si abusan de eso.

En esta misma ley se acaba de prohibir ya el estupro. El estupro estaba permitido en México permitiendo el matrimonio de mujeres a los 14 años. En esta iniciativa lo detuvimos porque determinamos que parte de sus derechos sexuales reproductivos de esa edad es no al estupro, que estaba legalizado con ese matrimonio adolescente.

Aquí la verdad es que me recuerda la historia de los 70 en donde algunos padres vinculados a este mismo poder fáctico que está quitándole y escamoteándoles los derechos a los niños, quemó los libres de texto gratuito porque había un niño y una niña desnudos y ese era el agravio de la educación sexual en la primaria y los quemaron. Lo que nunca me esperé es que el PRI ahora pusiera los cerillos para quemar también esos libros para una educación sexual importante.

Termino diciendo algo fundamental. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron los resultados de la política para prevenir embarazo adolescente en los 12 años del PAN en el gobierno? Se disparó el embarazo adolescente en esos años. Esa política conservadora no funcionó.

Reconozcamos los derechos sexuales y reproductivos de todos. Por supuesto que son diferentes los de los niños que están en primaria o los adolescentes que están en secundaria, alguien que tiene 17 años con ocho años, pero así está la ley. Está perfectamente establecida la diferencia según la edad, para que se les puedan respetar sus derechos sexuales y reproductivos para prevenir embarazos, para que no sea simplemente pura simulación que digan: Sí, vamos a prevenir el embarazo adolescente, pero que eso no responda a ningún derecho humano que se reconozca. Ese es un atraso.

La verdad es que reconocer que las personas desde el primer momento tienen uso de su sexualidad, desde el primer momento, y eso no quiere decir tener relaciones, sino que la relación de la sexualidad es mucho más compleja y está desde el primer momento. Esa es la relación. Reconozcamos que tienen esos derechos porque de esa manera los podremos defender de abusos. De la otra manera –perdón– sólo estamos reproduciendo el prurito, el prejuicio.

Yo pensaba que esta discusión ya la habíamos superado, pero veo que no, que todavía hay quienes piensan que si no decimos la palabra sexo, entonces los niños no pensarán en eso, no tendrán eso. Me parece que es una visión, perdón que lo diga, conservadora, atrasada y arcaica. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán Méndez. Tiene el uso de la palabra la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, de Acción Nacional, para hablar en pro de la reserva materia de esta discusión en lo particular.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Con su permiso, señor presidente. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados.

Estamos aquí en esta tarde, en un día histórico para nuestro país y principalmente para la niñez mexicana.

Hemos presentado esta reserva justamente buscando proteger a la infancia de nuestro país, como un primordial derecho de los niños, defenderlos en su integridad.

Y se ha hablado aquí de diferentes tratados y se ha declarado en los medios algunos prominentes representantes de asociaciones populares, enunciando tratados internacionales en donde según ellos se habla de estos derechos sexuales y reproductivos.

Como ya lo menciono el diputado Botello, tales derechos no existen en nuestra Constitución ni en ningún tratado internacional firmado por nuestro país.

Y lo que nosotros estamos proponiendo es cambiar el concepto de derechos sexuales y reproductivos, por el que corresponde, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Ésta no es una lucha ideológica, no es un tema entre derechas e izquierdas; no es un tema, como se mencionó, entre conservadores y liberales; no es un tema de Dios. Es un tema en el cual estamos protegiendo a la niñez mexicana justamente de esos temas que se han mencionado aquí, del abuso sexual a los niños, de la pederastia, en donde el día de mañana un adulto podrá abusar de un menor y el menor y el menor podrá ser incitado por el adulto a decir que fue su elección, en base a un derecho sexual y reproductivo tener relaciones con ese adulto. Justo eso es lo que queremos impedir.

No estamos en contra, escuchen bien, no estamos en contra, y aquí hablo como madre de familia y hablo a nombre de todos los padres y madres de familia que están allá afuera esperando que defendamos justamente sus derechos de orientar, de educar a los menores y de protegerlos con información congruente, de acuerdo a su edad y a su madurez.

Señoras, señores, cualquier ser orgánico: las plantas, los animales tienen procesos de vida y tienen tiempos esos procesos de vida. No podemos forzar a un árbol a dar fruto si no ha madurado; no podemos forzar a un animal, a un ave a salir a volar si no está preparado. No podemos lanzar a nuestros niños y a nuestras niñas al mundo sin preparación, sin información y sin orientación.

No estamos en contra, señoras y señores, de informar a los niños y a las niñas sobre lo que es la sexualidad responsable, no. Yo lo hago con mis hijos, yo les digo por su nombre a cada parte del cuerpo y no tengo ningún problema.

Pero no puedo permitir que la niñez mexicana se vea violentada en su derecho a la integridad por poner en una ley derechos que no existen, derechos sexuales y reproductivos.

Señoras y señores –termino con esto–, los invito a votar a favor estas reservas. Es por nuestros niños, es por nuestras niñas, por nuestros adolescentes, es por rescatar a las próximas generaciones de nuestro país que hoy viven ya en la violencia, que hoy viven ya en el desamparo, que hoy viven ya en familias desintegradas justamente por este tipo de ideologías. Votemos a favor de estas reservas.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Raquel Jiménez. En atención a que han participado tres oradores en contra y tres oradores en pro de las reservas formuladas, pido a la Secretaria consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Permítame, ciudadana Secretaria.

Permítame, señor diputado Mejía Berdeja. Conduce la Presidencia de la Mesa Directiva. En atención a que reglamentariamente tendría la obligación de hacer la consulta, pero en virtud de que se reconozca también la facultad de la propia Mesa Directiva para conducir, para ordenar y para equilibrar el debate y las peticiones de los grupos parlamentarios, vamos a continuar con la lista de oradores. Gracias, ciudadana secretaria.

Ciudadana secretaria, de subsistir el interés de los grupos parlamentarios que lo manifiesten a través de la votación económica. Consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos de la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido. Consulte ahora la Secretaría, en votación económica, si se aceptan las modificaciones a los artículos 26, 50, 57, 58 y 83.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación a los artículos mencionados por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ha sido suficientemente claro el sentido de la votación. Se aceptan las modificaciones, y se incorporan al dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar reservas a los artículos 44...

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputada Lilia Aguilar. Artículos 44, 51, 61 y 146. Sonido a la curul de la diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Señor presidente, quisiera, con todo el respeto que siempre le he manifestado, solicitarle que conduzca esta asamblea no a conveniencia de lo que usted crea o no sobre los temas que se están discutiendo, sino con equidad y con claridad, porque nosotros estábamos pidiéndole tablero para esta reserva y aunque usted diga que es muy clara la votación, cerró primero la discusión cuando estábamos pidiendo discutir este tema, y si la derecha no quiere hablar o discutir porque no tiene otros argumentos más que los ideológicos, entonces cuando menos usted debería de haber abierto el tablero para dejar constancia de quienes estaban votando a favor y en contra de esta reserva, que era lo que nosotros solicitábamos. Y le pedimos que también escuche de su lado izquierdo, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Escuchamos de todos los lados, estimada diputada. Déjeme mencionar, me parece relevante...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Mejía Berdeja. Primero señalarles que se conduce no a la voluntad de esta Presidencia, o de un grupo parlamentario, se conduce la Presidencia en el marco de las aprobaciones, de los acuerdos y de la votación de la asamblea.

Por otra parte, con relación a la votación en tablero, solamente cuando se revele duda con relación al resultado de la votación, y ha sido suficientemente clara y está hecha también la votación.

Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted el uso de la palabra...

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Alonso Raya, ¿con qué objeto?

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, nada más que usted en ejercicio de sus facultades había planteado otra cosa y había planteado, en ese ejercicio, el de continuar la discusión. Usted cedió a la presión, usted cedió al chantaje, y entonces eso creo que cuando menos debe quedar registrada como una actitud que legalmente no corresponde hacer al Presidente de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Registramos, señor diputado Alonso Raya, su reflexión. Ha sido sólo una rectificación reglamentaria avalada por el pleno de esta asamblea.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Ricardo Mejía Berdeja, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sí, presidente, ha cometido varias pifias, primero cantan una lista de oradores, la anuncian al pleno, luego usted dice que no, que la va a someter, vuelve a rectificar, dice que se va a someter la lista tal cual para que se desahoguen los oradores, le gritan los del PRI y cambia su actitud.

No puede estar a contentillo de grupos parlamentarios cuando la Mesa se tiene que sujetar estrictamente a una condición coherente y congruente con base al Reglamento. Nosotros sí manifestamos nuestro rechazo y, sobre todo, porque era el tema sustantivo de este debate de la ley y usted quiso pararlo artificialmente porque le gritaron los del PRI. Además de no abrir el tablero también.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Mejía Berdeja, la consulta fue fundamentada en el artículo 110, fracción III, del Reglamento de esta Cámara. Si quedase alguna duda habría la oportunidad de ilustrarlo.

Pero debo expresarle también, señor diputado, que esta Presidencia ha sido sensible a los planteamientos, particularmente a su grupo parlamentario; y en la lista de oradores, pero también en pro y en contra, que en más de cuatro ocasiones sin ponderación con relación a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, ha otorgado el uso de la palabra.

Le pido, ciudadana diputada Martha Lucía Mícher Camarena, que dé oportunidad y le pido su coadyuvancia para continuar con el desahogo de la sesión. Escuchada su intervención le otorgaremos el uso de la palabra al diputado Huerta Ladrón de Guevara. Por favor, diputada, adelante.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Aquí estoy. Muchas gracias, señor presidente.

Yo tengo un gran respeto por usted y por el trabajo que ha realizado como abogado, como representante popular y como una persona aliada en estos temas. Le quiero decir, señor presidente, que usted no puede cometer estos atropellos. Usted primero, y sabe que se leyó la lista.

Dos. Cambió el rumbo de lo que habíamos votado aquí, porque aquí se votó que se aprobaban esas personas para subir. Luego cambia el sentido y somete a consideración. Está usted violentando nuestro Reglamento, no lo puede usted hacer.

Mire, hay un personaje, lo voy a decir con todo respeto, que se llama la Chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra. Usted no puede hacer esto, usted no puede venir aquí a burlarse de este pleno.

Me va usted a perdonar, permítame tantito, y puedo aludir a Cantinflas si quiero. Permítame por favor decirle, señor presidente, que usted no puede y no me bajen el volumen por favor. Le pido por favor que sea serio, que respete lo que aquí se dijo. No importa que griten, yo estoy defendiendo mi derecho.

Tres. Señor presidente, le pido que esto se vote, este artículo, esta reserva se vote al final en el tablero, por favor, por separado. Que se vote por separado. Esa es mi solicitud.

Le pido a usted que se mantenga, que respete este Reglamento y no se falte usted y nos falte al respecto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ha sido una conducción en el marco de Reglamento que rige el proceso en esta asamblea.

Señor diputado Rubén Acosta, con qué objeto.

El diputado Rubén Acosta Montoya (desde la curul): Gracias, presidente.

Sólo manifestar que para nosotros es perfectamente claro, como lo fue para la mayoría que votamos, que aquí no hay argucias ni mentiras ni mucho menos falta de respeto en lo personal ni al Reglamento ni a la ley que nos rige, así que por favor, presidente, yo le conminaría a seguir y no estar escuchando falsedades, y mucho menos cuando no existe ni siquiera el 25 por ciento de las personas que podrían votar, de las que se están quejando de esas fracciones. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado.

Diputado Leobardo Alcalá, con qué objeto.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. En el mismo sentido de continuar con nuestra sesión.

De la misma forma he escuchado con atención y lo primero que les pediría a los compañeros es que no falten al respeto a la Presidencia. Usted ha conducido de manera acertada la sesión, apegado al Reglamento,  y no podemos ser contentillo de las minorías.

En este caso se ha venido discutiendo, se ha venido debatiendo, los puntos quedaron claros y usted lo expuso, si estaba suficientemente discutido el tema, así se dijo por la asamblea, así se votó. Pedirle en consecuencia que continuemos con la propia sesión, y muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado.

Votado y resuelto el asunto, le otorgo el uso de la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar su propuesta de modificación –reitero– a los artículos 44, 51, 61 y 146. Que amplíe el lapso de su presentación hasta por nueve minutos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, ¿con qué objeto, diputado Belaunzarán?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): En efecto, esta asamblea, esta Cámara se rige por mayorías y es obvio que la mayoría decidió cerrar el debate y pasar. Nada más que sí es correcto decir por qué y simplemente que quede asentado.

Lamento que hayan cerrado el debate, era un punto importante y lamento que no haya habido apertura de parte de la mayoría para debatirlo a fondo.

También lamento que no se quisiera quedar en el tablero, para que algunos compañeros –lo digo muy respetuosamente, compañeros a los que también aprecio del PRI– no quieren que aparezca en el tablero su devaneo conservador. Pero eso no va a quitar lo que sucedió aquí, porque la verdad es que sí es –en mi opinión– una regresión y que va en contra de los Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Son nueve minutos, ¿verdad?

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Inicie, por favor, señor diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, gracias. Para corregir mí tiempo. Miren, siendo un debate importante y una vez que lo han matado, lo que me queda es pedirle a la Presidencia instruya a la Secretaría que inserte en el Diario de los Debates, para ilustración de los diputados y diputadas, para futuras ya cuando menos actuaciones personales esta cartilla por los derechos sexuales de los jóvenes que varias organizaciones no gubernamentales y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha generado, creo que ha privado este espíritu de regresión en la ley.

Creo que evidentemente a los diputados que votaron a favor de esta ley, obviamente se los chamaquearon una vez más. Allá ustedes por hacerle caso al PRI. Y a los que se abstuvieron, pues un poco más de fuerza para mantener la claridad de lo que está en el fondo de este debate, porque por ahí dicen que en las izquierdas los leirianos, en este marco nada más de las discusiones abstractas de los derechos humanos, siendo importantes –lo reitero– no entran a los debates de fondo. Que es a lo que quisiera entrar, más allá de los derechos sexuales importantes de jóvenes, adolescentes y de niñas.

Miren, mis reservas tienen que ver con lo siguiente. Tienen que ver, Christian Tomás, tiene 18 años, proviene de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, localidad desde donde se trasladó su padre, tan pronto fue denunciado el rapto de 43 jóvenes normalistas.

Voy a dar el testimonio de su padre: “Yo soy jornalero, gano 600 pesos semanal, máximo, y eso cuando hay, porque a veces no hay trabajo, pues... Mi muchacho quiere ser maestro porque él tiene necesidad, y tiene también gusto por ser maestro, ésa es la profesión que él quiere, pero lo frenaron, lo detuvieron... —el señor detiene su hablar en seco, medita, nunca baja la mirada, pero sus ojos se crispan de desesperación—, ¿qué vamos a hacer?”

¿Qué vamos a hacer con los jóvenes desaparecidos? ¿Qué va a hacer el gobierno federal? Eso lo digo yo.

El artículo 5 determina que son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18. A pesar de su apariencia de jóvenes adolescentes, Cristian Tomás 18 años de edad, Saúl Bruno García 18 años de edad, Abel García Hernández 19 años de edad, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 19 años de edad, jóvenes que a pesar de su apariencia de adolescentes no protegió ni garantizó su derecho a la libertad y a la vida el sistema, el sistema jurídico mexicano ni las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de su competencia.

Ellos son parte de los 43 normalistas desaparecidos. A quién protegerá la nueva ley general, por qué estamos legislando con ambigüedades y con trampas, como ya se vio ahorita.

Entre el 6 y el 14 de octubre del año en curso, la comisionada para los derechos de los niños y adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, recibió a un grupo de 94 familias mexicanas que han sido víctimas de desaparición forzada, quienes en gran medida culpan a las fuerzas del Estado por estas desapariciones. Le reportan que no hay avances en las investigaciones de estos crímenes.

La CIDH registra 2 mil menores desaparecidos y/o asesinados, advierte que el número de niños y adolescentes mexicanos desaparecidos registra un aumento alarmante, que Fuerzas del Estado aparecen involucradas en varios casos en 8 años, se han contabilizado 2 mil menores asesinados y mutilados.

La Red de los Derechos de la Infancia en México registra un deceso de mil 226 niñas y niños en fuego cruzado y ataques directos. Otro número indeterminado de niñas y adolescentes, agrega el informe, han sido reclutados por el crimen organizado, el cual se vale de agresivas acciones para cooptarlos, especialmente en las comunidades más pobres de este país, sí, pobres en este país, en el cual el 54 por ciento de la población entre 0 y 17 años se encuentran en situación de pobreza. El 27 punto 5 de los niños menores de un año carecen de acceso a servicios de salud. El 28 punto 2 padece inseguridad alimentaria moderada o severa. En la ciudad de México se prostituye, además, un millar, cuando menos, de niñas y jovencitas, que oscila entre 14 y 16 años.

La violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es constante y se agrava en nuestro país. Para cumplir con el objeto de la ley que se determina en esta Ley General, en el dictamen se estima un impacto presupuestal, ya lo dije, de más de 293 millones de pesos por parte de esta Cámara de Diputados en sus estudios del CESOP para las dimensiones de los problemas que padecen niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Por otra parte, ustedes diputados estiman que la Ley General que aprobaron garantizará los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ha sido incapaz de garantizar en forma mínima dichas garantías y derechos.

Éste es un retroceso y demagogia legislativa, lleno de ambigüedades en la mayoría de sus disposiciones, al no establecer reglas claras de responsabilidad de los tres niveles de gobierno concurrentes.

Una muestra, el artículo 44, dispone, subrayo: corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo.

Y luego subrayo: las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del DF, en el ámbito de sus respectivas competencias coadyuvarán a dicho fin durante la adopción de las medidas.

¿Qué dice el 4 constitucional, párrafo tercero? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Subrayo, el Estado lo garantizará.

Y en el párrafo noveno, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En el artículo 44 se retroceden las garantías constitucionales y con las ambigüedades se determina que las autoridades de sus respectivas competencias coadyuvarán, más no se determina que éstas se encuentran obligadas a garantizar, como se establece en el artículo 4 constitucional.

Esta ley no representa cambio de paradigma en las garantías de las niñas, niños y adolescentes. Menos aun en sus tres niveles, en un sistema de tres niveles de gobierno que se ha caracterizado por su corrupción, impunidad y complicidad con la delincuencia organizada.

No hay garantía para las niñas, niños y adolescentes en este país, en tanto no se combata la corrupción y la impunidad. Esta ley no es el medio, esta ley no es la garantía.

Señor presidente, ahorita sí están acabando mis nueve minutos a que tenía derecho. Le pido tolerancia, estoy concluyendo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Les pido que estén sensibles con lo que ocurre en la calle aunque esto es muy difícil aquí. A mí no me queda más que decirles que ayer en la calle la gente hablaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 vivos los queremos, aunque ustedes sigan gritando concluya. Vivos los queremos y allá ustedes. Vivos los queremos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 47, fracción III del dictamen en análisis. Adelante, señor diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Nada más digo que tan mala la demagogia de derechas como de izquierdas, y ahí la dejo también, ahí la dejo.

El 8 de junio de 2006 el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, emitió sus observaciones finales con respecto del informe que los Estados Unidos Mexicanos presentaron sobre la situación de la niñez en general. En dicho documento en materia de crímenes sexuales contra niñas, niños y adolescentes sobresalen las siguientes recomendaciones:

El comité insta al Estado parte a que vele porque los proyectos legislativos que se están examinando, tanto en el Senado como en el Congreso, en relación con la trata y la explotación sexual ofrezcan una protección eficaz a los niños víctimas y niños en riesgo.

El Comité también recomienda que el Estado parte:

a) Realice un estudio amplio para determinar las causas, naturaleza y magnitud de la trata de niños practicada con diversas finalidades, en particular la explotación sexual.

b) Enmiende el Código Penal a fin de tipificar como delitos penales, la explotación, la trata y el secuestro de niños.

c) Adopte medidas más energéticas y enfoques multidisciplinarios y multisectoriales para prevenir y combatir la trata de niños y la explotación sexual de niños y adolescentes.

d) Organice campañas de sensibilización dirigidas en particular a los padres y niños.

e) Vele por que los niños víctimas de la trata y los que han sido sometidos a explotación sexual y económica sean tratados como víctimas y se enjuicie a los actores.

f) Aplique programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar a los niños víctimas de explotación sexual y/o trata, de conformidad con lo dispuesto en la declaración y programa de acción y en el compromiso mundial, aprobados en los Congresos mundiales Contra la Explotación Sexual-comercial de Niños en 1996 y 2001.

g) Colabore con las ONG que trabajan sobre estas cuestiones y solicite la asistencia técnica del Instituto Interamericano del Niño de la Unicef entre otros organismos. Contrario al espíritu de tales recomendaciones México sólo realizó modificaciones jurídicas, pero la acción institucional contra la pederastia y otros delitos de índole sexual contra la niñez y la adolescencia sigue permitiendo la impunidad y el encubrimiento.

Solamente los menciono porque no me va a dar tiempo, diputado presidente, el caso Marcial Maciel, el caso de Nicolás Aguilar Rivera, padre en Tehuacán, Puebla; el caso de Eduardo Córdova Bautista, también perteneciente a la Arquidiócesis Católica en San Luis Potosí.

Por último simplemente comentar que la adición al artículo 47, fracción III, implicaría el adicionar un párrafo completo que se refiera a que se tenga que vincular lo dispuesto en los artículos 85, 200, 201, 201 Bis, 202, 202 Bis, 203, 203 Bis, 204, 205 Bis, 206, 206 Bis, 208, 209, 209 Bis, 209 Ter del Código Penal Federal.

Los delitos relacionados con la explotación sexual infantil serán imprescriptibles, se perseguirán de oficio y bastará con la denuncia de niñas, niños y adolescentes para iniciar el proceso correspondiente.

Serán también responsables las personas físicas o morales que al estar en posibilidades de impedirlo, permitan o encubran los delitos comprendidos en el articulado anterior. Ojalá esta reserva pudiera proceder. Es una recomendación que se hace y si en verdad está pensando en el interés superior de la niñez debiera de aprobarse. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila. Preciso que presentará una propuesta de reserva al artículo 47, fracción III; y adicionalmente el 57; fracción XII, inicialmente registrada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de su propio grupo parlamentario. Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, y de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, y del Fondo Internacional para la Infancia, y la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres, en México cada año 20 mil niños, niñas y adolescentes  son víctimas de la explotación sexual; 85 mil usados en actos de pornografía, y en una gran parte del país existe lo que llaman el turismo sexual infantil, ubicando a nuestro país en el quinto lugar a nivel mundial y en el segundo a nivel América.

Dentro de estos informes de la Organización de las Naciones Unidas, indican que en México entre 16 mil y 20 mil jóvenes anuales, han sido víctimas de trata, que es catalogado como el país de origen, tránsito y destino, específicamente con el de fines de explotación sexual y de trabajo forzado.

Asimismo la consejera legal de la agrupación Unidos contra la Trata, asegura que en México se pierden alrededor de 380 personas diarias, sin mencionar los inmigrantes que no se pueden contabilizar, siendo el 80 por ciento de ellos víctimas de la trata sexual y laboral en el campo.

Por eso se necesita implementar también una estrategia, que de la mano con las leyes, aseguren que no cometan más delitos.

Tan sólo durante el año pasado se rescataron 57 mil niños en Estados Unidos que cruzaron la frontera sin sus padres. Es obvio que estos menores pasaron por México y nadie los detuvo.

La trata y el abuso sexual, es un tema que lamentablemente va en aumento y no se ha hecho nada para erradicarlo. Los esfuerzos son de asociaciones civiles, muy tenues, muy débiles y sin financiamiento.

De enero a marzo de este año se han registrado 2 mil 216 denuncias por violación infantil, casi la mitad de las 5 mil 736 que se presentaron durante 2013.

La Comisión de Derechos Humanos detalla que en el 2009 a junio de este año, sólo se han presentado 152 sentencias condenatorias de casi 2 mil 200 averiguaciones.

Solicito, presidente, pueda insertar íntegro este documento con las dos reservas. Pero también quisiera aprovechar estos minutos para fijar mi posición a lo atropellado del procedimiento anterior.

Es totalmente absurdo que en un solo acto se hayan aprobado seis artículos. No es correcto, es una violación permanente al Reglamento y yo le reclamo el que se haya precipitado y cerrado el turno de oradores. Yo era uno de los que estaba inscrito.

Les quiero decir, ciudadanos legisladores, que hacen mal en rehuir al debate. Quizá éste, el que se cercenó, el que se conculcó, el que se cerró, era el más importante de toda la ley.

Nos pudo haber dado luces a quienes están a favor y a quienes están en contra sobre el contenido de la ley en el tema sexual y en el tema de niños y niñas adolescentes e incluso de orientación religiosa, ética, moral y todo lo que esto entraña.

Les quiero comentar que del PAN no me extraña su posición ideológica, conservadora. He escuchado hoy lamentablemente, desde mi punto de vista, las tesis más reaccionarias, profundamente reaccionarias que en muchos años no había escuchado y que creía que estaban superadas.

Por cierto le recomiendo a toda esta tendencia que viene del pitecantropus, le quiero recomendar un libro que salió hace unos meses a la venta que se llama La plegaria de un Papa envenenado. Este libro es de Evelio Rosero y describe el envenenamiento del Papa Juan Pablo I, que sólo duró en el pontificado aproximadamente 33 días.

En él se describen pasajes extraordinarios; es una novela que se recrea en razón de hechos verídicos y que lamentablemente, frente a las tesis que ahora escuché, les puedo decir que voy a recrearme más seguido de las tesis del Papa Francisco. Son de mayor avanzada que las de ustedes. El Papa Francisco ha asumido una posición mucho más avanzada que la de ustedes.

En el libro que les relato hay un pasaje impresionante en donde al Papa le piden cuestionar al niño de la píldora o la píldora o los niños que surgen artificialmente de probeta. El Papa dice: no lo puedo hacer porque si se hizo de buena fe al contrario hay que encomendarlos a Dios.

Y cuando discute con el secretario de Estado del Estado Vaticano, el Papa Juan Pablo I, que dura 33 días simplemente y que fue envenenado, le dice el secretario de Estado: su Santidad, debemos condenar el control natal que muchos países se está apoderando de los gobiernos.  El Papa le dice: usted me está comentando esto durante toda la comida. ¿Sabe usted que mientras nosotros comemos estos grandes manjares han muerto ya tantos miles de niños por desnutrición y en África hay otros miles que van a sufrir y el día de mañana, cuando me vuelva a tocar este tema que yo condene habrán de morir 40 mil niños por desnutrición? Pues no, no lo voy a hacer. La Iglesia debería asumir otra actitud porque como decía Gandhi, lo parafrasea, creo en Cristo, no creo en los cristianos, que muchos de ellos gozan sólo de hipocresía y de simulación.

Por esa razón me parece importante que estas tesis que hoy escuché, verdaderamente trasnochadas, de la época de las cavernas, que no había escuchado en muchos años, hoy me dio mucha tristeza.

No me extraña del Partido Acción Nacional. Siempre lo ha asumido, pero creí que habían superado un poco esa etapa oscurantista.

Vean, lean, escuchen al papa Francisco y lean esta novela que es extraordinaria y que fijará la posición de cada uno, en una etapa tan difícil para el país, para el mundo como es lo que está pasando.

Por esa razón, presidente, le pido plasme íntegro los dos documentos a los que me he referido. Y usted también le recomiendo lea esta novela.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se incorpora el texto de las dos reservas al Diario de los Debates, y le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las mismas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan.

Me doy oportunidad para saludar en nombre del diputado Alberto Brasil Acosta Peña, a vecinos de las comunidades de San Esteban y Leyes de Reforma, del municipio de Texcoco, del estado de México, sea ustedes bienvenidos a este recinto.

Le otorgo el uso de la palabra al diputado Francisco Coronato Rodríguez, también de Movimiento Ciudadano, y también para argumentar su reserva al artículo 47, fracción III, que se discute.

Me está pidiendo el señor diputado Coronato Rodríguez, la oportunidad para presentar también su reserva al artículo 93. Adelante, con ambas reservas, señor diputado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados.

Según un informe del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de Norteamérica, y cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y el Fondo Nacional para la Infancia y la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres en México, cada año 20 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual; 85 mil usados en actos de pornografía y en una gran parte del país existe lo que llaman turismo sexual, ubicando a nuestro país en el quinto lugar a nivel  mundial y en segundo lugar a nivel América.

Dentro de los informes de la Organización de Naciones Unidas, indican que en México entre 16 mil y 20 mil jóvenes han sido víctimas de trata y que es catalogado como país de origen, tránsito y destino, especialmente con el fin de explotación sexual y de trabajo forzado.

Como consecuencia se necesita implementar también una estrategia que, de la mano con la ley, asegure que no se cometa más este tipo de delitos. Tan sólo durante el año pasado se rescataron a 57 mil niños en Estados Unidos que cruzaron la frontera sin sus padres, es obvio que estos menores pasaron por México y nadie los detuvo.

La trata y abuso sexual infantil es un tema que lamentablemente va en aumento y no se ha hecho nada para erradicarlo. De enero a marzo de este año se han registrado 2 mil 216 denuncias por violación infantil, casi la mitad de las 5 mil 736 que se presentaron durante el 2013.

Aunado a esto el Departamento de Estado del país vecino asegura que no se puede tener una cifra exacta respecto al tema, siendo que en 2013 exhibieron a las autoridades mexicanas cuando no fueron capaces de tener cifras claras en cuanto al número de investigaciones federales.

La fracción III del artículo 47 de este dictamen establece que las autoridades estarán obligadas a tomar medidas necesarias de acuerdo a su competencia para prevenir, atender y sancionar casos en que las niñas, niños y adolescentes sean afectados por trata de personas, abuso sexual, explotación sexual o con fines de explotación sexual comercial o cuando otro tipo de explotación y de más conductas punibles establecidas.

Sin embargo, por cuanto al grupo de Movimiento Ciudadano consideramos que es necesario establecer que los delitos sexuales sean castigados de oficio con la finalidad de armonizar esta ley con la norma sustantiva penal. En nuestro país los niños menores a 15 años representan el 28 por ciento de la población total, 48.1 por ciento niños y 51.31 por ciento niñas, por ello debemos proteger el futuro de ellos.

La reserva del artículo 47 consiste en adicionar este párrafo al artículo 47 en los términos siguiente: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 200, etcétera, Ter, del Código Penal Federal, los delitos relacionados con la explotación sexual infantil serán perseguidos de oficio y bastará con las denuncias de niñas, niños y adolescentes para iniciar las pesquisas correspondientes.

Por lo que respecta a la reserva al artículo 93 señaló que a nivel mundial los flujos migratorios se han transformado considerablemente, tan es así que hoy millones de niños y niñas y adolescentes influenciados primordialmente por el deseo de reencontrarse con sus padres, así como por motivos de desigualdad económica, falta de acceso a oportunidades y situaciones de violencia doméstica o explotación sexual es que se ven orillados a desplazarse de su país de origen.

Ha sido tal el aumento durante la última década sobre el número de casos en que los menores de 18 años deciden cruzar las fronteras de algún territorio sin compañía de algún adulto, al grado que de este fenómeno ha sido considerado como una emergencia humanitaria dado la vulnerabilidad que éstos presentan respecto a violaciones, como a su integridad física, ser enganchados en redes de la delincuencia organizada; sufrir maltrato institucional o incluso perder la vida en el momento del tránsito-cruce a otros países.

Consideramos que si bien la redacción del artículo 93 del dictamen hoy objeto a discusión contempla de manera potestativa la figura de la reunificación familiar, ésta no queda del todo clara ya que la redacción del precepto en cita se hace mención de manera distinta sobre dos conceptos que en la práctica constituyen situaciones de hecho distintas, tal como son los términos de unidad y reunificación familiar, toda vez que la primera se refiere a la no separación de la niñez migrante acompañada, mientras que la segunda tiende a la realización de las acciones que permitan que el niño, niña o adolescente se reencuentre con su familia, es decir para el caso de la niñez no acompañada.

Por ello proponemos modificar el artículo 93 del dictamen para quedar en los siguientes términos.  Durante el proceso administrativo migratorio podrá prevalecer la unidad familiar, entendiendo por ésta toda situación de hecho en la cual un niño, niña o adolescente viaje acompañado de persona adulta que acredite fehacientemente relación consanguínea con éste, o en su caso la reunificación familiar, entendiendo por ésta el conjunto de acciones a cargo de la autoridad competente que permitan que el niño, niña o adolescente se reintegre a la dinámica familiar. Es cuanto y a su consideración, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Coronato Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las reservas.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene la palabra el señor diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, para presentar su propuesta de modificación al artículo 54. Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la reserva que presento a la consideración de esta soberanía tiene que ver con el derecho a la educación, a la igualdad sustantiva y a la inclusión.

Es necesario establecer en esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad, que todos tienen derecho a asistir a la escuela más cercana a su domicilio.

Es imperativo acelerar acciones dirigidas a garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia de forma incluyente, para que todos los niños tengan acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades.

La educación inclusive postula que todas las niñas y niños tienen derecho a la educación, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales o sociales. Por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que la integración de los niños con discapacidad deberá formar parte de los planes nacionales de educación para todos, incluso los casos excepcionales en que sea necesario escolarizar al infante en escuelas especiales.

No es necesario que su educación esté completamente aislada, se debe procurar siempre que los niños asistan por lo menos tiempo parcial a las escuelas ordinarias. Esto es de gran importancia porque la escuela representa un espacio en el que no sólo se adquieren conocimientos, sino que constituye un lugar donde se inicia la socialización entre iguales, donde se entiende el mundo desde los otros y para los otros.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos que todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben contar con un lugar en el nivel y grado que les corresponda. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales deben recibir un apoyo adicional en el programa regular de estudios, en vez de seguir un programa de estudios diferente.

En este contexto, solicito respetuosamente a los grupos parlamentarios de esta Legislatura, para adicionar un párrafo al artículo 54 de la Ley que hoy estamos revisando, para que quede en los siguientes términos: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a asistir a la escuela más cercana, aprovechando la jornada escolar completa o tiempo parcial, de acuerdo con sus necesidades especiales, con excepción de aquellos que en caso necesario tengan que recurrir a instituciones especiales.

Esta adición contribuirá, sin duda, a fortalecer el derecho a la educación y a la igualdad de todas las niñas, niños y adolescentes de México. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, quien presentará propuesta de modificación a dos artículos en un solo acto.

Adelante, ciudadana diputada. Es el artículo 54 y 57, una adición de una fracción XXII al 57. Adelante, diputada.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el laicismo es un principio fundamental del Estado democrático de derecho, ya que configura no sólo la organización estatal, sino la relación entre las instituciones y los individuos.

Sin duda, el proceso histórico de nuestra nación ha estado marcado por la consecución de que este principio fuera plasmado en nuestra Constitución Política, un logro que ha construido la identidad nacional y que se materializan los derechos de las y los mexicanos.

El artículo 3o. de nuestra Carta Magna establece que la educación será laica y, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación pública se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Por su parte, el artículo 24 garantiza la libertad de creencias, mientras que el 40 establece que la República Mexicana, además de representativa, democrática y federal, será laica.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que la laicidad del Estado y la educación se inscriben en una tradición histórico-política consolidada, cuyos preceptos forman parte de nuestro sistema de derechos fundamentales.

Es en este contexto que es absolutamente pertinente que una ley cuya piedra angular es el reconocimiento de derechos, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incorpore de forma expresa el derecho a que la educación que imparte el Estado sea laica.

De esta forma, la libertad religiosa preservada por un Estado ajeno a cualquier culto se reafirmará como parte sustancial de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo así la educación pública como un pilar de la equidad social.

Por lo anteriormente expuesto propongo, que la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se adicione un término para quedar como sigue.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán establecer medidas para garantizar la gratuidad y la laicidad -es el término que estamos proponiendo que se agregue- de la educación pública obligatoria, y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación sin discriminación.

Por otra parte, en cuanto a mi segunda reserva, decir, que una nación que busca el desarrollo armónico de su sociedad está obligada a formar seres humanos integrales, formación que debe ser desde los primeros años de vida, ya que es a partir de esta etapa formativa como se internalizan los principios y valores que contribuirán a la cohesión social.

Es por ello que la educación inicial resulta fundamental si aspiramos a una transformación radical. Hoy ante los problemas que dañan el tejido social, debemos trabajar desde las bases de la misma sociedad, que son sus niñas y niños.

La educación en los primeros años de vida es determinante, pues contribuye a formar la la personalidad, sentar bases afectivas y cognitivas sólidas para que las niñas y los niños puedan vincularse con el mundo, percibirlo, construirlo, comprenderlo y transformarlo.

En la actualidad, las investigaciones realizadas en diferentes campos han demostrado que la atención integral, desde el inicio de la vida, preconcibe grandes beneficios en etapas posteriores.

Por ello, las niñas y los niños que tienen acceso a la educación inicial tienen más probabilidades de obtener mejores condiciones de desarrollo, una vida adulta saludable y competente.

Estudios realizados en Estados Unidos, Cuba y Gran Bretaña han mostrado que quienes recibieron educación, estimulación temprana crecen con una valiosa responsabilidad ciudadana, así como una mejor productividad económica.

En ese sentido nuestro grupo parlamentario considera que es fundamental, no solo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno estén obligadas a promover los beneficios de la educación inicial como parte del derecho a la educación, sino además que sea gratuita, tal y como lo debe establecer la fracción VI del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo para adicionar una fracción XXIII al artículo 57, a fin de establecer que las autoridades federales, locales y municipales deberán promover el acceso a la educación inicial pública.

De contar con su apoyo, esta modificación significaría dar el primer paso para construir una nueva sociedad en la que nuestras niñas y niños tengan la oportunidad de potenciar sus capacidades y alcanzar un desarrollo integral. Por su atención y apoyo, gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Garfias Gutiérrez. Consulte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar una propuesta de modificación al artículo 57, fracción XII.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Voy a presentar en un solo momento dos reservas al artículo 57, fracción XII. Y al artículo 62 para que se pueda considerar el tiempo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La realidad, presidente, es que esperábamos poder discutir con mayor amplitud lo que es la médula de este debate, que fue la reserva pasada, pero con marrullería se trató de bloquear esta discusión. Me parece que era el tema de fondo y en mucho por lo que votamos en abstención.

Aunque no guste, en realidad lo que se reivindica con la reserva aprobada y propuesta por el PRI y el PAN, es toda una agenda conservadora, retrógrada, que viene a pervertir todo el sentido de esta Ley General de Derechos al dejar de lado una parte sustancial, como son los derechos sexuales y reproductivos.

En pleno siglo XXI, en una sociedad cada vez más heterogénea, sujeta a mayores influencias de los medios de comunicación, de temas culturales, no puede pretenderse restringir el debate en temas a las catacumbas desde una visión confesional.

Me recuerda un poco el libro Las buenas consciencias de Carlos Fuentes, que precisamente evocaba este conservadurismo reaccionario que todavía prevalece y que viene desde las épocas de Lucas Alamán y de toda la creación de la derecha mexicana, pero lo extraño como lo decía el diputado Monreal es que ahora el PRI lo reivindica y el PRI pasa a ser también un partido confesional, un partido de derecha, y en ese sentido esta reforma se complementa con la reforma educativa que hoy tiene incendiado al país.

Quien no quiera entender lo que está pasando en México y restringirlo solamente a un problema de delincuencia tendrá una visión muy parcial, porque hoy la movilización de estudiantes, la movilización de maestros tiene su origen en la reforma educativa y lo que pasó en Iguala fundamentalmente combinó el hartazgo por la narco política, por la corrupción con los hechos delincuenciales de una comunidad estudiantil pobre como la de Ayotzinapa.

Pero la base social más fuerte que está detrás hoy de las movilizaciones en Guerrero es la Ceteg, la Coordinadora de Maestros, que empezó a movilizarse en Guerrero a partir de la aprobación de la reforma educativa y hoy por eso creemos que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué ha hecho bien en no apoyar la reforma educativa, sino también estaría incendiado Oaxaca.

Y hoy lo que vemos, si traemos a colación la reforma educativa con esta ley confesional es que el proyecto de la derecha avanza. No solamente privatizando el petróleo, no solamente entregando la principal riqueza del país a los extranjeros, sino articulando todo un modelo excluyente que hoy tiene al país movilizado, que tiene al país convulsionado, que es México hoy un pasto seco que puede incendiarse a partir de la irresponsabilidad que ha habido aquí; si combinamos reformas regresivas con delincuencia es la peor mezcla que puede haber en el país.

Nosotros creemos que lo que se aprobó con la reserva, que excluye los derechos sexuales reproductivos es precisamente tratar de negar la realidad. Desde luego que hay delitos y ahí está la pederastia, la trata de personas, los abusos sexuales y esos tienen su propia penalización, los ciberdelitos, pero pensar que cerrando a una persona la posibilidad que desde la niñez pueda tener su propia vida, integralmente es una visión totalmente retardataria.

Ya lo decía aquí Monreal también, el propio Papa tiene una visión más progresista de lo que hoy es la visión católica de estos temas, porque hay quienes están con el Jesús en la boca todo el tiempo, pero son capaces de cometer las peores atrocidades. Hay quienes están siempre en el discurso con una visión pseudorreligiosa, pero en realidad apuñalean a la sociedad y a su propia feligresía.

No se trata de dobles morales. Se trata de leyes que les sirvan a la sociedad, y una Ley de Derechos de la Niñez y de los Adolescentes, de las Niñas y los Niños que no contempla los derechos sexuales y reproductivos es una ley mocha; no sólo mocha por la cuestión ideológica y confesional, sino incompleta.

Por eso nosotros ratificamos nuestro rechazo y vamos a seguir tocando el tema reserva tras reserva, porque el Presidente de la Mesa mató el debate más importante de esta Ley General de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Queremos decir además que no necesita estar en un tratado. La persona, sus derechos, son parte del derecho natural intrínseco a todo ser y por eso no tiene ahora que vestirse con tratados cuando los niegan, cuando no los ejecutan cuando se trata de los derechos humanos. Le pido, presidente, plasme íntegras las dos reservas y consulte a la asamblea. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como lo solicita, se incorporan al Diario de los Debates de manera íntegra sus propuestas de modificación. Por lo demás, solamente expresarle que esta Presidencia se ciñe siempre a lo que la ley y la asamblea le mandatan.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Me doy la oportunidad para saludar al señor licenciado Carlos Peña Badillo, presidente municipal de la ciudad de Zacatecas, capital de nuestro estado. Bienvenido, señor presidente municipal. Le acompañan ahora las diputadas Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo y Judit Guerrero, del PRI. Nuevamente nuestro saludo fraterno. Gracias por su visita.

Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, que presentará una propuesta de modificación al artículo 57, fracción XII en cuestión. Adelante, señor diputado. Adelante, diputado Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. Creo que es el momento de invitar para completar quizás ese debate inconcluso, a que se haga una iniciativa de reforma constitucional y que se agregue un párrafo al artículo 4o., de la Carta Magna que defina lo que aquí se ha dado en llamar los derechos sexuales. O sea, si el ánimo es ese, pues ahí está el proceso legislativo del Congreso de la Unión y me parece que sería sumamente atinado que no nos atorásemos en una reserva aprobada.

Si se encuentran los fundamentos en los tratados internacionales, en los resolutivos de las conferencias, pues adelante. Y me parece que estancarnos en un falso debate no ayuda a la intención ni al propósito de los modestos efectos que pueda tener esta ley.

Hago la invitación y la dejo para que tranquilizados todos fundamenten una iniciativa en ese sentido y que sea Puntos Constitucionales y después el Senado, quienes resuelvan o resolvamos este tema.

De acuerdo con datos provistos por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, entre 60 y 70 por ciento de la población escolar de más de 26 millones de niñas, niños y adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia en las escuelas, de los cuales al menos 59 mil 572 casos terminan en algún tipo de muerte por suicidio, homicidio o accidente, según la Secretaría de Salud Federal.

Estos casos nos colocan en los primeros lugares en el mundo en relación con el fenómeno del acoso escolar, más conocido como el bullying. En más cifras publicadas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es probable que más del 70 por ciento de los casos de acoso escolar no se ha denunciado ante alguna autoridad o ante familiares, debido a diferentes factores.

Con respecto del dictamen en cuestión hemos observado con sorpresa que en pleno desconocimiento social y mediático del tema el Senado de la República no le destinó más que una fracción de un artículo al acoso escolar y lo hace sólo para aventarle la bolita e endilgarle el problema a distintos órganos de gobierno en estos enunciados dispersos y ambiguos que se repiten en la ley.

No establece con claridad alguna posición formal del Estado con respecto de la prevención, la atención y la solución de conflictos escolares; ni siquiera propone una campaña preventiva al respecto de nada.

Por eso propongo en la fracción correspondiente del artículo 57, deba decir: “Elaborar mecanismos y protocolos de actuación ante situaciones de acoso o violencia escolar, los cuales deberán ser de detección preventiva, de atención inmediata y derivación de responsabilidades, así como de tratamiento integral. Lo anterior deberá acompañarse de permanentes campañas informativas y preventivas en la población escolar”. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Gerardo Villanueva. Consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta de modificación.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Saludo a alumnos, alumnas de la preparatoria oficial 124 Antón Makarenko, del municipio de Ixtapaluca del estado de México, invitados por el diputado Alberto Brasil Acosta Peña. Sean bienvenidos a este recinto legislativo y reconocemos también su interés de hacerlo y los temas que aquí se abordan. Gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Martha Lucía Mícher Camarena para presentar su propuesta de modificación al artículo 58, fracción VIII.  Nos plantea, y así lo obsequiamos, que son dos reservas, para que se considere el tiempo procedente.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente. Quiero manifestar mi preocupación, mi desconcierto porque esto se ha tomado personal y no es un tema personal; es un tema que tiene que ver con los principios del Partido de la Revolución Democrática, que tiene que ver con su plan de acción, con su programa de trabajo y que tiene que ver con su línea política. Les quiero decir a todas las diputadas y diputados que éste no es un tema que enarbolo yo; es un tema que está en nuestros documentos.

Pero también quiero felicitar al PAN por congruente, porque están defendiendo lo que creen que deben defender y por supuesto que les debo de felicitar. Puedo estar en contra, pero voy a defender que Lucy Pérez Camarena y todas las diputadas que están promoviendo esto sigan haciéndolo porque son congruentes con lo que dicen y con lo que piensan.

Pero lo que no voy a permitir es que el PRI se esté prestando a esto, y que el gobierno de la república tenga un doble discurso. Tenga un discurso en donde quieren favorecer al DIF, donde hablan del derecho a la identidad, a la protección, a una serie de derechos que vienen en el dictamen, pero que le están mandando un mensaje muy contradictorio a las niñas, niños y adolescentes de este país.

Estoy pidiendo una reforma, una propuesta de reforma, de reserva, en donde queremos que se integre de esta manera. Y creo que voy de alguna manera con ustedes, con el PRI, con el PAN, en estas reservas que metieron conjuntas, promover la educación sexual integral conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permite ejercer de manera informada y responsable.

Y lo que yo estoy añadiendo son sus derechos sexuales y reproductivos –como dice-“consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. Voy con la reserva en parte, lo que estoy añadiendo es el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Y en el otro, metí dos textos, en donde agrego que no es conforme a su edad, sino conforme a la evolución de sus facultades, edad y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permite ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos.

Compañeras y compañeros, quiero manifestar mi desagrado, mi descontento, mi inconformidad porque cuando iba a tomar la palabra mi coordinador parlamentario –ya lo expresé- la Mesa Directiva tuvo a bien poner a consideración si se tenía o no, si era o no suficientemente discutido. Pero, a reserva de este descontento, estoy –como les pudiera decir- como dicen los chavos y las chavas, sacada de onda, de que en el PRI no hablen de una nueva era para las niñas, niños y adolescentes.

Por último, quiero hacer un llamado, diputadas, a que sí, en plenitud, integralmente, aceptemos que los niños, niñas y adolescentes tengan todos sus derechos y no, todos menos estos, porque este es el mensaje que estamos mandando.

Y por último, quiero también hacer un llamado a todas las diputadas y diputados a conciencia, de que no podemos, en ningún momento decir, que en este país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe el derecho a la vida desde la concepción.

No es cierto, nuestra Constitución Política todavía habla del derecho a la vida, no habla del derecho a la vida desde la masturbación, como lo quieren hacer ustedes, ni desde la concepción. Estamos hablando de derecho a la protección integral de la vida, como la Organización Mundial de la Salud y como la Organización Panamericana de la Salud lo ha reafirmado en sus documentos.

No hay ningún estudio, ninguna afirmación, en el mundo mundial que diga en qué momento se da la concepción, se habla del momento en que hay embarazo cuando hay implantación en el útero. En ningún momento podríamos saber si a las tres horas del acto sexual, si a las cuatro, si a las diez no hay concepción, hay embarazo, y el embarazo es en el momento en que se implanta en la matriz.

No vengamos, compañeras y compañeros, a hablar de derecho a la vida desde la concepción en una Constitución cuando no es cierto. Que se haya modificado en algunos estados, adelante, pero no vengamos a decir a esta tribuna mentiras porque no es cierto que aquí en esta Constitución, en esta tribuna, en este recinto se haya modificado nuestra Constitución del derecho a la vida desde la concepción. Ésa es una mentira.

Y vuelvo a decirle al PRI, le pido al PRI, a las compañeras del PRI, a las mujeres del PRI, sobre todo a mis compañeras de lucha, les pido por favor que no nos prestemos a reducir, a irnos hacia atrás en lo ya logrado en este país.

El señor Peña Nieto tiene una estrategia para prevenir el embarazo, está Desarrollo Social, lo vuelvo a decir, y no podemos permitir que siga siendo en este país las complicaciones del embarazo y del parto la cuarta causa de muerte entre adolescentes entre 15 y 19 años.

Tampoco podemos permitir, y es el mensaje de que casi tres de cada 10 niñas de 10 a 14 años que se hospitalizan lo hacen por causas relacionadas al embarazo. Esta proporción sube a nueve de cada 10 entre las adolescentes de 15 a 19 años.

También la tasa de hospitalización por abortos ha ido en constante aumento en la última década entre mujeres de todas las edades. Compañeras y compañeros, no pueden venir a decir aquí que un chico, o una chica, consintió y que por ello no podríamos estar votando una ley, nadie consiente, nadie puede rechazar un derecho, pero tampoco podemos venir a decir aquí que una adolescente va a declarar ante un delito que consintió una violación o consintió la violación a sus derechos.

Compañeras y compañeros, tengo un gran respeto por todas y todos ustedes, y voy a seguir dando a vida para que todas y todos ustedes puedan expresar, pero verdades, no falsas verdades y que vengan aquí a defender a medias los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Martha Lucía Mícher. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan.

Previo al uso de la palabra que le otorgo al señor diputado Fernando Rodríguez Doval, de Acción Nacional para presentar propuesta de modificación al artículo 62, es adición de un párrafo, denme la licencia de saludar a los señores presidentes municipales de los municipios de Susticacán, Gustavo Vázquez; y de Tepechitlán, Ramón Vázquez, ambos de nuestro amado estado Zacatecas, invitados por nuestro colega y amigo el diputado Julio César Flemate, del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenidos. Es un honor.

Tiene la palabra, diputado Rodríguez Doval.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, presidente.

Primero me gustaría hacer algunas precisiones a este debate que se ha dado en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero mencionar un riesgo que podrí a presentarse en caso de que explícitamente, como estaba planteado originalmente en el dictamen se reconociera.

Hoy en día, en prácticamente todos los códigos civiles del país está considerado un delito cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor. Cuando es en el caso de un menor de 16 años explícitamente se considera una violación; cuando es en el caso de un menor entre 16 y 18 años se habla de un delito de estupro.

En el caso en que nosotros reconociéramos aquí a los niños o a los adolescentes derechos sexuales y reproductivos, querría decir que si éstos tienen relaciones sexuales con un mayor con su consentimiento, en automático dejaríamos de hablar de delitos de violación y dejaríamos de hablar de delitos de estupro, y ahí sí estaríamos colocando a los menores en una situación en la cual estarían mucho más propensos a abusos por parte de los mayores de edad. Ahí sí estaríamos abriendo la puerta a la pederastia y a la trata de personas.

Son de esos efectos no buscados que muchas veces están en algunas leyes. Yo no dudo que pueda haber buena voluntad por parte de algunos de los proponentes, pero también es cierto que tenemos que ver esas consecuencias que puede traer consigo y que muy bien señalaban los diputados de izquierda.

Hoy en día se dan muchas esterilizaciones forzadas en menores, se dan muchas violaciones, se dan muchos abusos y si nosotros les damos esta posibilidad de que la ley consagre derechos sexuales y reproductivos podemos ponerlos, sin quererlo, a los niños en una situación de desventaja y a una situación de abuso frente a un mayor que pueda convencerlos de tener relaciones sexuales con ellos, y de esa manera deje de penalizarse el delito de estupro y el delito de violación.

Por eso yo no acepto por supuesto lo que se ha dicho en este debate, que además en muchos casos ha estado lleno de falsedades.

Parecería mentira, por ejemplo, que hoy en día un menor de edad no puede consumir alcohol o no le pueden vender alcohol ni le pueden vender un cigarro y, en cambio, con la redacción que proponían los compañeros de izquierdas sí puede ir a abortar sin siquiera tener el conocimiento de sus padres. Eso, por supuesto, es una contradicción y creo que esta Cámara muy bien hizo en aprobar esta reserva hoy, hace algunos minutos.

Por otro lado, diputado presidente, compañeros diputados, aprobamos en esta misma reserva una modificación al artículo 57, en la cual reconocemos el derecho de los padres a poder formar a sus hijos según sus propias convicciones. Derecho –dicho sea de paso– que está consagrado en todas las declaraciones universales de los derechos humanos.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce precisamente que los padres de familia tienen un derecho preferente a formar a sus hijos según sus propias convicciones.

Lo que quiero proponer en esta reserva es fortalecer en esta ley este derecho, agregando un párrafo al artículo 62. Es el artículo que habla de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura en las niñas y los adolescentes.

Creo que es importante que así como reconocemos esta libertad y así como reconocemos este derecho, también reconozcamos el derecho que tienen los padres de familia o quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia a incidir en la formación religiosa, cultural y de conciencia que habrán de recibir sus hijos y que además está consagrada también en el artículo 24 de la Constitución cuando se habla de libertad religiosa y en todas las declaraciones universales y tratados internacionales de derechos humanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rodríguez Doval. Consulte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. . Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 62.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Algunos derechos protegen libertades de elección. Es decir, la autonomía para decidir con quién asociarse, por quien votar, las creencias que se adopten y se manifiesten, etcétera. Esta premisa dificulta su aplicación para aquellos titulares que no tienen esta autonomía.

El derecho a la libertad religiosa plantea esta situación, pues es considerado como un derecho del cual toda persona es titular desde el momento que nace. No obstante, su ejercicio se ha reservado para aquellas personas que cumplen con la mayoría de edad.

Lo anterior, se justifica con el argumento de que con la edad se desarrollan capacidades que permiten tomar una decisión y valorar las consecuencias de adoptar y manifestar o no alguna religión o creencia, en lugar de únicamente imitar actos religiosos.

Esta postura se encuentra ampliamente difundida, y bajo este razonamiento niñas, niños y adolescentes han sido excluidos de las decisiones que los involucran sobre la adopción o no de una religión o creencia y sobre sus manifestaciones, como cultos, ritos, prácticas y enseñanzas.

El presente dictamen establece en su artículo 62, que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, dando por sentado que toda persona menor de edad tendrá que elegir entre algunas de las religiones existentes.

La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento emblemático en cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se trata más allá de un carácter estrictamente jurídico y ello se debe principalmente a que dicha Convención marca un cambio radical de considerar al menor como objeto de la compasión-represión a la infancia-adolescencia como sujeto pleno de derecho.

En su artículo 14, la Convención reconoce el derecho a las libertades de pensamiento, conciencia y religión de niñas y niños, que a la letra dice: Artículo 14. Los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad del pensamiento, de conciencia y religión, de este modo se concede la titularidad del derecho a la libertad religiosa a niñas, niños y adolescentes, y reconoce el derecho y deber de los padres o representantes legales a guiar el ejercicio de este derecho, conforme a la evolución de las facultades de sus hijos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone una modificación a fin de eliminar la palabra religión del texto del artículo 62, a fin de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de niñas, niños y adolescentes, establecidos en nuestro marco jurídico y las leyes internacionales, para quedar como sigue.

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia y cultura. Las autoridades federales, las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este derecho, en el marco del Estado laico, la libertad de profesar la propia religión o creencias. Estarán sujetas únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Samperio Montaño. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar propuesta de modificación al artículo 63, párrafo primero de la citada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del dictamen que contiene el proyecto de decreto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, España intensificó su relación con la religión católica después de la expulsión de los musulmanes y judíos en la época de la Conquista. Desde este momento el liberalismo mexicano buscó la independencia del Estado respecto de la Iglesia.

En 1833 se intentó la primera reforma liberal. Sin embargo fue hasta la Constitución del 57 donde se incorporaron las leyes reformistas y de esa manera se facultó para legislar en materia de culto.

Fue entonces cuando estalló la Guerra Civil, ya que uno de los problemas fue, precisamente el que la Iglesia excomulgara a quienes juraron observar dicha Constitución.

En la promulgación de las Leyes de Reforma se incluyó la nacionalización de los bienes del clero, se consumó la separación del Estado con la Iglesia, que fue la clave para la formación de un Estado moderno y laico. Se concedió el registro civil a las actas de nacimiento y matrimonio y defunción y a la secularización de los cementerios y fiestas públicas y se eliminó el pensamiento feudal mediante el cual se establecían los cultos.

Por eso es que debemos entender la laicidad no como un asunto anticlerical ni antirreligioso, por el contrario, habilita todas las libertades, creencias y derechos de los ciudadanos.

Y es que el artículo 63 de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece el derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.

Nosotros estamos planteando y creemos que esto puede constituir un retroceso histórico en el que se pretende establecer, ya que es un derecho constitucional que tenemos todos, en el que se garantice la libertad de elegir si se pertenece o no a determinada religión. Por tanto, antes de protegerla como una herencia cultural los ciudadanos deben determinar si son o no son parte de alguna de ellas.

No olvidemos que el laicismo diseñado por Juárez fue garantizar la posibilidad de la actuación permanente de conocimientos, la certidumbre de una enseñanza no sujeta a perjuicios y a la exigencia del sometimiento a un solo credo donde debe existir el respeto del Estado a las formas distintas de procurar una fe o abstenerse de hacerlo.

Por eso solicito, ciudadano presidente, plasme íntegro este documento, esta reserva y la someta a consideración de la asamblea. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted. De manera íntegra se incorpora al Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Se desecha.

Tiene el uso de la palabra, la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano para presentar propuesta de modificación al artículo 63, párrafo primero. Adelante, diputada.

La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Gracias, presidente, con su venia. En 1833 se intentó la primera reforma liberal, sin embargo fue en la Constitución de 1857 donde se incorporaron las leyes reformistas; de esa manera se facultó al Estado para legislar en materia de culto. Fue entonces cuando estalló la guerra civil, ya que uno de los problemas fue que la iglesia excomulgó a quienes juraron aquella Constitución.

En la promulgación de las leyes de reforma se incluyó: nacionalización de los bienes del clero; se consumó la separación del Estado con la iglesia que fue la clave para la formación de un Estado moderno y laico; se concedió el registro civil a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción; secularizaron los cementerios y fiestas públicas; y se eliminó el pensamiento feudal mediante la libertad de culto.

Se debe entender que la laicidad no es anticlerical, ni antirreligiosa, por lo contrario, habilita todas las libertades, creencias y derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Y es que en el artículo 63 de la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece el derecho a disfrutar libremente de su lengua, su cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.

Por lo anterior estamos inconformes y creemos que es un retroceso histórico el que se pretende, ya que un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos y mexicanas es el que se garantice la libertad de elegir si se pertenece o no a determinada religión.

Por lo tanto, antes de protegerla como una herencia cultural, los ciudadanos debemos de determinar si son o no parte de alguna. No olvidemos que el laicismo diseñado por Benito Juárez, fue garantizar la posibilidad de actualización permanente del conocimiento, la certidumbre de una enseñanza no sujeta a perjuicios y a la exigencia del sometimiento a un solo credo, donde debe existir el respeto del Estado a las formas distintas de procesar una fe o abstenerse de hacerlo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo 63 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. Queremos proponer que se modifique –son tres palabras–. Queremos que diga Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbre, prácticas culturales, religión –si así lo decidieran–, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación que presentó la diputada Valencia Ramírez.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 80. Serán dos. Nos indica ¿cuál es la otra reserva, señor diputado?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Es la del artículo 80 y la del artículo 96.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. El mundo puede llegar a ser un lugar hostil, especialmente para aquéllos que por cualquier circunstancia se ven en desventaja.

En un hecho que los niños y adolescentes forman parte del sector más vulnerable de la sociedad tanto en México como en el mundo, por lo cual, atendiendo el espíritu de respeto a los derechos humanos y de progresividad en la materia, es nuestra responsabilidad brindarles a ellos la protección más amplia posible.

Para cumplir con esta meta y partiendo de la base de que los derechos humanos no tienen frontera y que la solidaridad internacional empieza por los niños; consideramos que es necesario que se integre en esta ley la figura del refugiado.

Debe quedar claro que el Estado mexicano debe registrar dicha figura en niñas, niños y adolescentes, reconociendo la desventaja en que se encuentran, y los múltiples casos documentados y señalados en medios de comunicación de la tragedia que viven hoy los niños migrantes.

Muchas organizaciones internacionales y Estados extranjeros hacen mención de esta figura en numerosos tratados.

Por esa razón consideramos que se debe atender lo que establece la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al definir al refugiado como aquella persona que se encuentra en los siguientes supuestos: aquella que se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Aquel que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Señoras y señores legisladores, considero que en el artículo 96 que es el que estoy exponiendo, debe incorporarse en este artículo la figura del refugiado y el reconocimiento que el Estado mexicano debe consagrar a esta población, a estas personas que sufren estas persecuciones, por los motivos que hemos expuesto.

En tal virtud estamos proponiendo adicionar en el artículo 96 un párrafo para que expresamente señale lo siguiente:

“El Estado mexicano reconocerá la figura de refugiado en niñas, niños y adolescentes en dichas situaciones y actuará de conformidad con la normatividad aplicable”.

Creemos que esto le daría un cariz de protección amplia en materia internacional y de derechos humanos y que estaríamos a la vanguardia en el tema de protección a migrantes y de defensa de los refugiados.

En tal virtud, presidente, le pido que plasme íntegras las dos reservas y las someta a consideración. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Se incorporan íntegramente ambas propuestas de modificación que ha presentado el diputado. Le pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan.  Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación al artículo 80.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, Presidente. Desde hace años el país se ha visto rebasado por una falta de respeto a los derechos más elementales de las niñas, niños y adolescentes como la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento.

Es una realidad que las y los niños mexicanos se ven afectados por distintos factores que constantemente quebrantan su estructura de sana convivencia y solidaridad. De igual manera se puede apreciar en la vida cotidiana cómo es que éstos rebasan los esfuerzos llevados a cabo por las instituciones del Estado y la sociedad en general para prevenirlos, solucionarlos y, en el mejor de los resultados, erradicarlos por completo.

De acuerdo al contenido del dictamen, se faculta a la Secretaría de Gobernación para promover la imposición de sanciones de carácter administrativo, es decir multas a los medios de comunicación. También, según el contenido de este dictamen, se considera, para imponer infracciones, la difusión de imágenes y de voz de los niños cuando pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de los menores.

Lo mismo ocurrirá con la difusión de las imágenes, la voz y los datos que propicien o tiendan a su discriminación, criminalización o estigmatización. De cometerse esta falta se impondrá una multa adicional.

Lo anterior resulta alarmante, ya que abre la posibilidad para la censura y la autocensura de los medios de comunicación bajo la justificación de que se está procurando el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y que, desde mi reflexión, este dictamen contiene disposiciones que podrían provocar que desaparezcan de la escena pública temas que afecten a este sector de la población.

Coincidimos en que con esta medida se puede desaparecer a los menores de edad del panorama nacional. Según sus declaraciones, preocupa especialmente en el caso de los niños víctimas, porque esto podría significar que queden fuera de los medios de comunicación.

De aprobarse esta disposición en términos del dictamen, aun con las modificaciones realizadas, se afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información. Pongamos un ejemplo de esos que son muy comunes y que gozan de impunidad en nuestro país.

Una niña de cuatro o cinco años es violada por la pareja de su madre o el padre o por quien ejerce la patria potestad. Con lo que ustedes aprobaron, los medios de comunicación no recibirán la autorización para poder cubrir este caso porque también es muy común que la madre o el tutor proteja a la pareja en vez de al menor. Y ahora ya no sabremos de casos como estos y por supuesto tampoco el nombre del violador, por lo que viviremos engañados porque estos casos seguirán existiendo. Las niñas, niños y adolescentes seguirán siendo utilizados en los delitos más viles de nuestro país.

La falta de certeza jurídica se hace evidente en este dictamen, dejando todo poder al criterio de algún servidor público para calificar el contenido, la imposición de medidas cautelares para evitar la difusión de informaciones que afecten el interés superior del menor, genere una restricción ilegítima a la libertad de información, estableciendo un régimen de censura previo.

En consecuencia, esta ley general sólo traerá que algunos problemas sociales que afectan a la niñez mexicana se vuelvan invisibles a los ojos de la ciudadanía, con lo que desaparecerán del debate público.

Con la finalidad de contribuir en la construcción de una ley general que proteja los millones de niñas, niños y adolescentes, se propone modificar el artículo 80 con el objeto de que no exista censura en el quehacer periodístico en cuanto a los temas de las niñez se refiere y, sobre todo, que no se vulnere el precepto constitucional de la libertad de expresión.

Las modificaciones realizadas a este artículo no son suficientes. Quieren tapar el sol con un dedo. Los medios de comunicación serán censurados y también en el extranjero viviremos engañados, creyendo que las niñas, niños y adolescentes viven en un mundo rosa, que en México las niñas, niños y adolescentes han sido salvados. Esto, es una mentira. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desecha la reserva y tiene ahora la palabra el diputado Marcos Rosendo Filigrana, para presentar reserva al artículo 89.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Informo a usted que voy a desahogar mi reserva al artículo 89 y también la reserva que tenía en cuanto a los transitorios.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Adelante, señor diputado. Habrá tolerancia en el tiempo para que usted pueda hacer su reserva.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Compañeras, compañeros diputados. El artículo 89 de la ley que hemos aprobado, señala que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán de proporcionar de conformidad con sus competencias los servicios correspondientes a niñas, niños, adolescentes en situación de migración, independiente de su nacionalidad o situación migratoria.

Lo que estoy proponiendo en esta reserva al 89 de la ley, es que podamos agregar privilegiándose la salvaguarda de su salud, de su integridad personal y la dignidad de su persona.

Lo anterior, porque considero, dada la difícil situación de los niños migrantes, la difícil situación que implica tener que dejar sus tierras para migrar a otros países principalmente, pues creo que deberíamos tener una redacción más puntual, más exacta que salvaguarde a estas niñas, niños y adolescentes.

Por lo que se refiere a los transitorios quiero decirles que el artículo 54 de la ley que hemos aprobado, en su párrafo tercero, habla de un diseño universal en las escuelas de este país para dar precisamente accesibilidad a los menores con discapacidad. Lo que propongo es que anexemos un décimo cuarto transitorio que permita no dejar esta obligación de construir, de generar un diseño universal en las escuelas, no dejarlo abierto, sino ponerle fechas puntuales para poder realizarse.

Un primer caso sería que el diseño universal estuviera definido el 1o. de junio de 2015, que el diseño sea obligatorio para la infraestructura educativa a partir del 1o. de enero de 2016 y que tuviéramos hasta diciembre de 2030 para homologar toda la infraestructura educativa del país en torno a este diseño universal.

Me parece que es un tema relevante garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, permitiéndoles que este diseño universal se implemente lo más pronto posible.

Y termino mi intervención solamente diciendo que coincido con lo expuesto aquí por el diputado Gerardo Villanueva, en el sentido de que quizás sea necesaria una reforma, coincido con ello, una reforma que nos permita clarificar qué entendemos por derechos sexuales, una reforma que espante las inquietudes legítimas que pueden tener quienes piensan que reconocer derechos sexuales es impulsarlos o alentarlos a una vida sexual precoz y que, por otro lado, también permita que se desarrolle la idea de quienes pensamos que derechos sexuales de la niñez lo que hace es precisamente salvaguardar que tengan un crecimiento armónico, un crecimiento pleno que les permita a una edad ya adecuada tener una plenitud sexual.

Y pingo un ejemplo, dado este mundo global que tenemos, hay una práctica lamentable en otras culturas, que es la ablación, que no es otra cosa que el hecho de cercenar, que amputar partes genitales de niñas a temprana edad, y eso –bueno– me parece que es un atentado a los derechos sexuales de la niñez. Es algo que se da en otras culturas, pero que no somos ajenos en este mundo global y máxime en un mundo de migrantes a casos que pudieran presentarse en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, diputado Medina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si las reservas presentadas por el diputado Medina se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 93.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, voy a presentar dos reservas, que son las 93 y el 98. Nuestra nación, dadas las características naturales, históricamente ha sido visto como un país de origen, tránsito y destino de migrantes. La libertad de movimiento, traslado, circulación, que es un derecho fundamental inherente a todas las personas de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que a nivel mundial se consagra los flujos migratorios que han transformado considerablemente el mundo a través de las fronteras.

Hoy millones de niños, niñas y adolescentes, influenciados primordialmente por el deseo de reencontrarse con sus padres, así también por motivos de desigualdad económica, falta de acceso a oportunidades, situaciones de violencia doméstica o explotación sexual, se ven orillados a desplazarse ellos de su país de origen a otras latitudes.

Ha sido tal el aumento en la última década que el número de casos de menores de 18 años que deciden cruzar fronteras en países, en algún territorio sin compañía de adultos, a tal grado es tan enorme este problema, este fenómeno que la ONU, los organismos internacionales han otorgado una característica a la que le denominan emergencia humanitaria, dada la vulnerabilidad que estas personas, niños, adolescentes, niñas padecen por las violaciones  a las que están sometidos por su integridad física, por ser fácilmente enganchadas en redes de la delincuencia organizada e incluso por sufrir maltrato institucional o perder la vida en el momento del tránsito o cruce de otros países.

Por eso estamos proponiendo modificaciones, porque consideramos que si bien la redacción del artículo 93 de este dictamen de manera potestativa contempla la figura de la reunificación familiar, esta no queda del todo clara, ya que en la redacción del precepto en cita se hace mención de manera indistinta sobre dos conceptos que en la práctica constituyen situaciones de hecho distintas, tal y como son los términos de unidad y reunificación familiar, toda vez que la primera se refiere a la no separación de la niñez migrante acompañada, mientras que la segunda tiende a la realización de las acciones que permitan que el niño, niña o adolescente se reencuentren con su familia. Es decir, para el caso de la niñez no acompañada.

La segunda reserva, que es el artículo 98, es respecto de los principios de solidaridad y respeto a los derechos humanos. Nuestro país históricamente ha dado siempre refugio y resguardo a muchos individuos que por diversos motivos se vieron en la necesidad de abandonar sus naciones de origen.

Recordemos un ejemplo muy claro, para mí uno de los más emblemáticos, el que sucedió entre el 39 y el 42, en donde por instrucciones del general Lázaro Cárdenas, México recibió a más de 20 mil españoles que huían del régimen franquista y que nutrirían posteriormente de forma importante el quehacer cultural mexicano. Desde entonces nuestro país ha sido lugar de destino para quienes buscan una mejor forma para vivir.

Es por ello que según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), tan sólo entre 2000 t 2013 se recibieron seis mil 926 solicitudes de refugio y protección de diversas latitudes. El origen de esta situación es que México consagra a cualquier extranjero que se encuentre en territorio nacional el derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, para la cual debe presentar la solicitud a la Comar y directamente resolverlo. El instituto canaliza la solicitud a la Coordinación General de la Comisión.

Es por ello que la presente reserva que someto a la consideración del pleno se establece que sea directamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a quien se comunique cuando los sistemas del DIF identifiquen menores que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiados o de asilo, a fin de adoptar medidas pertinentes.

Es que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados posee las facultades y la misión institucional de brindar atención integral a niñas, a niños o adolescentes, no acompañados o separados, considerando en todo momento su interés superior, así como la reunificación familiar.

Este es un tema clave, que para mí fue una ausencia en la legislación, el tema de los refugios, el tema de ser considerado refugiado, y por eso me permito plantearle esta modificación, porque además dentro de la inexactitud de las definiciones, está la semilla de los conflictos futuros.

Es por ello, que esta legislación debería ser muy exacta en su definición, porque va a proteger al sector más vulnerable de la población: niños, niñas y adolescentes. Aunque la asamblea semivacía no creo que se entere ni siquiera del contenido, más que algunos que están atentos, los que siempre están atentos, por cierto, ojalá y pudiera recibir su beneplácito. Es casi un sueño que algún día pudiera aceptar alguna de mis propuestas, por muy lógicas que sean. Presidente, le pediría plasme íntegro los dos documentos.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Así se hará, se integrarán los documentos al Diario de los Debates, como lo ha pedido el orador, el proponente, y le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las dos reservas que ha presentado el diputado Monreal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Ricardo Monreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desechan las reservas. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 96, adición de un segundo párrafo.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. En este acto sumaré todas las reservas que están pendientes, las otras cuatro.

Una de cada ocho personas en el mundo es migrante, casi mil millones de los cuales cerca de un tercio son niñas, niños y adolescentes, esta afirmación proviene de la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con números del gobierno norteamericano 38 mil 749 infantes y jóvenes no acompañados fueron detenidos en la frontera con México durante 2013, cifra que se duplicó en 2014 a 68 mil 541.

La migración infantil es un fenómeno social consecuente con las políticas neoliberales, de desigualdad y abandono, de responsabilidades por parte de varios estados en el mundo que han provocado crisis económicas, hambrunas, desempleo, explotación humana y guerras internas.

En lo particular, en países latinoamericanos, que todavía sostienen políticas de beneficio las clases económicas privilegiadas, son los que principalmente han generado la movilización de población vulnerable en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

Naciones como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y por desgracia México, cuyos gobiernos han insistido en mantener el modelo neoliberal de desarrollo solo han provocado que mucha de su población, antes dedicada a actividades agropecuarias, obreras, artesanales e industriales busquen mejores ingresos en el extranjero, casi siempre buscando como destino final los Estados Unidos, principal promotor y respaldo de estos gobiernos y de sus élites. Obviamente en perjuicio de sus derechos laborales, sociales y humanos.

Niñas, niños y adolescentes, familiares no tienen otra opción que acompañarlos, en el mejor de los casos, incluso alcanzarlos en la frontera. Es decir, emprenden el viaje solos y quizá sin retorno a sus lugares de origen.

Este fenómeno, por demás contrario a las convenciones internacionales de los derechos de la niñez y la adolescencia han sido denunciados por diversas organizaciones de la sociedad civil que trabaja con dicho sector de población mexicana, como la Coordinadora Nacional de la Coalición Regional contra el tráfico de mujeres y niñas para América Latina y El Caribe, asociación civil que ha trabajado con migrantes infantiles y ha atestiguado el inhumano trato que reciben por parte de vivales nacionales y extranjeros, por parte de cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como en los centros de atención a migrantes.

Peor aún, hay casos de infantes y jóvenes obligados a la emigración de su país de origen por razones culturales, étnicas, políticas, sociales y familiares que ponen en peligro su vida y su dignidad humana.

En su intento por llegar a Estados Unidos muchos de ellos quedan varados en México, en donde encuentran las dos caras de nuestra hospitalidad, la atención y el cariño que como pueblos somos capaces de prodigar, pero además el trato inhumano, la esclavitud, la explotación y la inmundicia social de los cuales también hemos dado ejemplos vergonzosos al mundo.

En análisis del dictamen de mérito hemos encontrado una dificultad jurídico-administrativa en torno a otorgar todas las tareas de atención de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o no acompañados al Instituto Nacional de Migración, cuando el propio cuerpo del proyecto de ley reconoce implícitamente la figura de refugiado, pero no consigna la responsabilidad de su atención al área encargada para tal fin, a saber, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar.

Por lo tanto estamos proponiendo que al final del párrafo segundo del artículo 100, se agregue que para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentren en el extranjero en proceso de repatriación, corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consultares, coordinarse con el Instituto Nacional de Migración, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y con los sistemas DIF correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Villanueva. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si las reservas presentadas por el diputado Villanueva, se admiten a discusión, que son cinco reservas.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las cinco reservas presentadas por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por lo tanto, no se admite a discusión. Se desecha.

Tiene ahora la palabra, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Declina su reserva. Gracias, diputada; también el diputado. ¿Y Mejía Berdeja también? Ah, okey. Pero está enseguida el diputado Ricardo Mejía Berdeja para presentar su reserva.

Entonces le damos la palabra a la diputada Aida Valencia. Es en lugar de Nelly. Bueno, usted nos dice qué artículos son. Tiene usted la palabra.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias. Gracias, presidente. Reserva al artículo 1o. del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo 98 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

A lo largo de la historia y principalmente durante el siglo XX podemos encontrar numerosos pasajes en donde bajo los principios de solidaridad y respeto a los derechos humanos nuestro país dio refugio y resguardo a muchos individuos que por diversos motivos se vieron en la necesidad de abandonar sus naciones de origen.

Por recordar el ejemplo más claro, entre 1939 y 1942, por instrucciones del general Cárdenas, México recibió a más de 20 mil españoles que huían del régimen franquista y que nutrirían posteriormente de forma muy importante el quehacer cultural mexicano. Desde entonces nuestro país ha sido lugar de destino para quienes buscan una mejor forma para vivir.

Es por ello que según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), tan solo entre el 2002 y 2013 recibieron seis mil 926 solicitudes de refugio y protección de diversas latitudes.

El origen de esta situación es que México consagra a cualquier extranjero que se encuentre en territorio nacional el derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, para lo cual debe presentar su solicitud ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o ante el Instituto Nacional de Migración, pero incluso en este caso el instituto canalizará la solicitud a la Coordinación general de la comisión.

Es por ello que en la presente reserva que someto a consideración del pleno, establezco que sea directamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a quien se comunique cuando los sistemas del DIF identifiquen menores de edad que sean susceptibles de reconocimiento y de condición de refugiado o asilo a fin de adoptar medidas pertinentes.

Y es que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados posee las facultades y la misión institucional de brindar atención integral a niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, considerando en todo momento su interés superior así como la reunificación familiar, según sea el caso del menor; además de otorgar atención social que considere el aprendizaje del español, salud, educación y regulación migratoria, obtención de documentos de identidad y de viaje.

Dentro de la inexactitud de las definiciones está la semilla de los conflictos futuros. Es por ello que la legislación en materia de un tema de la importancia como los derechos de los niños debe ser minuciosa, muy precisa y no dejar espacio para confusiones entre las instituciones involucradas, además la propia normatividad del Instituto Nacional de Migración establece la obligación de remitir a posibles refugiados a la comisión.

Presento esta reserva a nombre de mi compañera Nelly del Carmen Vargas. Ojalá y esta asamblea la pueda considerar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Aída Valencia. Le pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si la reserva presentada por la diputada Aida Fabiola Valencia, es también de la diputada Nelly Vargas, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha la reserva. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar todas sus reservas. El diputado Mejía presentará tres reservas en un solo acto.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente y lo felicito por su conducción. Quizás esta sesión hubiera acabado antes con su presencia. Vamos a presentar reserva al artículo 99, párrafo tercero; al 100, párrafo segundo; y al cuarto transitorio. Quiero que se inserten íntegras al Diario de los Debates y en tal virtud vamos a fundamentar su contenido en el marco de la ley que hoy se discute.

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en el país no asisten a la escuela 3.3 millones de niñas y niños, de los cuales la mayoría proviene de familias en condición de pobreza; familias también indígenas y de comunidades rurales donde la situación es todavía más dramática.

Quiero señalar cómo los tentáculos de la delincuencia organizada han afectado a este sector de suyo vulnerable y sujeto a estas condiciones de pobreza. Es un tema que no se ha abordado, pero es una realidad que hoy, debido a este clima de inseguridad, de violencia, de criminalidad, es un sector que también tiene que ser tutelado.

La presencia de los grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico, masacres, trata, secuestros, desapariciones y reclutamientos forzados ha hecho visible el aumento de la violencia en México, misma que ha tenido un impacto significativo al violentar los derechos y las vidas de miles, de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

La pobreza y la falta de oportunidades en distintas regiones de México, unidos a la ola de sangre que ha traído consigo la fallida estrategia de Estado en materia de seguridad, tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto, han invisibilizado a miles de niñas, niños y adolescentes que viven día a día esquivando las constantes amenazas, extorsiones de organizaciones del crimen organizado que acuden a todo tipo de actos de violencia para forzar y así ingresar incluso a sus actividades ilícitas a este sector tan vulnerable de la población.

La Red Nacional de Derechos de la Infancia calcula que entre 20 y 30 mil niñas, niños y adolescentes sufren en la actualidad lo que se conoce como narcoexplotación. Es decir, menores de edad que no sólo están siendo explotados sino que son objeto directo de beneficio para grupos criminales. Jóvenes y niños que se mantienen prácticamente esclavizados por estos grupos delincuenciales.

La organización Save the children argumenta que los niños, adolescentes y jóvenes que son absorbidos por la delincuencia están en el rango de víctimas por el sólo hecho de ser niños y adolescentes, y las bandas criminales han encontrado el medio para obligarlos a realizar trabajos forzados, a ser esclavos del narco, ya sea vía rapto, engaño, coerción, acompañados en gran parte de violencia física y emocional.

Sin embargo, existe otro tipo de reclutamientos favorecidos por las complejas condiciones sociales que incluyen la omisión de los adultos, incluso de sus familiares, de la obligación de protegerlos.

Por eso consideramos que se tienen que tomar en cuenta también hacia el futuro los niños que son azotados por la delincuencia, que son reclutados para hacer trabajos, para ser halcones o para servir a organizaciones delictivas.

De igual manera tenemos que involucrar en la legislación el tema de refugiados y la protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Nuestras propuestas, compañero presidente, van en esa dirección. Consideramos que hoy, este sector como parte de todo el país, vive una hora difícil, una hora de incertidumbre, una hora de crisis económica, social y delictiva en todo el país.

Consideramos que la concordia nacional no es nada más cambio de nombres en los cargos públicos, es cambiar el modelo que está desangrando al país. Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, en el estado de México que en Michoacán, Tamaulipas, Puebla o Chihuahua; en todo el territorio nacional hay un pasto seco que puede ser utilizado para prenderlo si no se busca la concordia.

Consideramos que de cristalizarse el cambio en el Ejecutivo de Guerrero, es hora de que el gobierno federal reflexione, que es parte también de las consecuencias que hoy vive esa entidad, como es el hecho de no haber actuado con oportunidad contra la delincuencia organizada, que es un delito federal.

También considerar que el delito de las desapariciones forzadas, que es un delito de lesa humanidad, también es un delito de carácter federal. Podrán cambiar los hombres y las mujeres, pero si siguen las causas que dieron origen a la degradación política en Guerrero y en México, seguirán los problemas.

Hoy en Guerrero, mañana podrá ser el estado de México, porque el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, reconoció o dijo, cuando los hechos de Tlatlaya, que había sido un enfrentamiento, y felicitó por el asesinato de 22 personas, y la propia Comisión de Derechos Humanos que hemos cuestionado, ya al calor de la ratificación o cambio de su titular, señaló también las omisiones y la falsificación de pruebas de parte de la Procuraduría y del Ministerio Público del estado de México.

La pregunta sería, si en esta hora de cambios de personajes, como seguramente acontecerá en Guerrero, también debe haber un cambio de gobernador en el estado de México.

No incendiemos al país, y no generemos que el México bronco se prenda. La responsabilidad social también de la movilización de la CETEG y de todo el magisterio en Guerrero, es porque están cobrando la factura de la reforma educativa.

Señoras y señores legisladores, ya basta de reformas regresivas, ya basta de narco política, ya basta de complicidades. Si va a haber una limpia en el país, que sea en todos los partidos, que sea en todos los niveles de gobierno, empezando por la Presidencia y los gobernadores de los estados. No se nos olvide el caso de Sonora, que ya pasó al olvido con la propiedad que adquirió, con la desviación de recursos.

No se nos olviden las deudas criminales de gobernadores, no se nos olviden las masacres en varios estados del país. Es el futuro de la niñez, y el futuro de la niñez empieza por construir un mejor país. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Mejía Berdeja. Y le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desechan las tres reservas presentadas por el diputado Mejía Berdeja.

A continuación vamos a proceder a la votación, la cual se hará en dos partes, compañeras y compañeros. En la primera parte del artículo 1o., que exhibe la Ley General –Es correcto–. Sí. Está ella todavía en la lista. Tiene la palabra la diputada Martha Córdova Bernal para presentar su reserva. Una disculpa, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Gracias, señor presidente. Lo que se aprobó en comisión fue: el Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo. La reserva que estoy proponiendo el día de hoy es que se adhiera; el Instituto Nacional de Migración y en su caso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, deberá proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF. Pero ya ven.

Les aclaro que aunque no es la generalidad, veamos cómo se conducen algunas presidentas del DIF, tal como es en el caso de Iguala. Y ésta no es una nueva ley, les aclaro. Desde el año 2000 se promulgó esta ley fundamentada en el artículo 4 de la Constitución Política mexicana.

Ahora yo pregunto, ¿en verdad se ha respetado por las instancias gubernamentales, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, desde el año 2000?, que ordena en su título segundo, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus 19 capítulos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que no   son otra cosa más que el respeto a los derechos humanos.

Yo les pregunto, ¿en México se respetan realmente los derechos humanos? Sólo basta ver en los patios de vecindad de esta gran urbe, en las zonas indígenas, los poblados a donde no hay servicios púbicos siquiera, ni los más elementales. Las zonas a donde se tiene que caminar por muchas horas para llegar a una clínica de seguridad social y a cuántas niñas, niños y adolescentes les ha tocado padecer la muerte por estas veredas.

Cuántos niños no tienen siquiera acceso a la educación. Cuántos niños no tienen servicios de salud ni son alimentados como dicta esta ley. No tienen ni el más elemental sustento alimenticio para llevarlo a la boca. Ya no aprobemos leyes por aprobar, lo que debemos exigir es que se cumplan y quien no cumpla la ley que se le enjuicie.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión en la cual soy parte y voté a favor porque tiene ciertos rasgos de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero no es la panacea ni es el gran descubrimiento como el Ejecutivo, el PRI y el PAN lo quieren hacer ver.

Sólo bastaría salir a la calle y ver la cantidad de niñas, niños y adolescentes que están en los cruceros exponiendo su vida y muchas veces sin un alimento que llevarse a la boca. Pero sí inhalando sustancias tóxicas para mitigar el hambre y la sed que los malos gobiernos han generado en este país.

Estoy de acuerdo en esta ley. En lo que no estoy de acuerdo es que se vea en ella que los padres perdonen al gobierno por lo que no están haciendo. Padres de familia que se ven agobiados por impuestos, un alza a la canasta básica, un alza desmedida a alimentos y medicamentos para que a esas niñas, niños...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Le permito.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputadas y diputados, vamos a permitirle a la oradora que concluya su participación.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Gracias, señor presidente. No se desesperen ya casi nos vamos, no estamos en la escuelita ni en la hora del timbre. Entonces, no vemos para que estas niñas, niños y adolescentes tengan garantizado sus plenos derechos.

No estoy de acuerdo en que en este país se sigan aprobando... –Bueno, ni al presidente le hacen caso, son unos irrespetuosos insensibles–. No estoy de acuerdo en que en este país se sigan aprobando leyes para la demagogia y el posicionamiento sólo ante los medios de comunicación internacionales, y que esos medios no se dan cuenta de la cruda realidad que vive México y empiezan hoy a reclamar y a calificar a los diferentes niveles de gobierno como incapaces, corruptos y traidores. México necesita justicia. A quienes vienen a esta tribuna a decir que esta ley...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame. Compañeras, compañeros. Diputada, ya se agotó el tiempo, podría usted concluir.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Gracias, presidente, concluyo. A quienes vienen a esta tribuna a decir que esta ley es benevolente para que los recién nacidos, por ejemplo, reciban su acta de nacimiento gratuita, les digo que sólo basta leer lo promulgado en el año 2000.

Lamentablemente lo que está pasando en muchos estados y municipios y ustedes lo saben bien, ni siquiera cuentan con el papel oficial para expedir un acta de nacimiento ni siquiera para la primer acta de nacimiento de un infante. Ésta es la realidad que tenemos en nuestro país.

Esta legislatura se tiene que pronunciar sobre el respeto inamovible de los artículos de nuestra Carta Magna. Esta legislatura debe dejar de presentar cheques en blanco al Ejecutivo federal, debemos recapacitar y actuar con congruencia. No más reformas sin sentido. No más reformas maquilladas y demagógicas ni sin justicia. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. Gracias, compañeros. Vamos ahora a pedirle a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desecha la reserva.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Vamos a pasar a la votación y en primer lugar voy a pedirle a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación para someter a votación, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los artículos con las modificaciones aceptadas por la asamblea, dichos artículos son: el 26, el 50, el 57, el 58 y el 83, en consecuencia ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente, respetuosamente, estamos totalmente de acuerdo en que se realicen dos votaciones, como fue solicitado durante el debate del día de hoy, pero, a fin de cumplir con el Reglamento, para que no quede un mal precedente yo le rogaría que consultara a la asamblea si está de acuerdo en que se vote por separado la reserva consultada, partiendo de antemano que respetamos el acuerdo político para que así se realice. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Gutiérrez de la Garza. En consecuencia pido a la Secretaría consulte a la asamblea si autoriza a que la votación sea recogida en dos momentos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si la votación se recoge en dos momentos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. En consecuencia, continuamos con la votación. Ábrase el sistema electrónico para recoger la votación de los artículos ya referidos, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos enunciados por la Presidencia.

(Votación)

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): En contra.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): Abstención.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron, por los artículos 26, 50, 57, 58 y 83, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, 267 votos a favor, 5 abstenciones y 71 en contra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ahora pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación de los artículos 19, 22, 23, 44, 47, 51, 54, 61, 62, 63, 80, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 146 y 151 en términos del dictamen modificado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen modificado, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos en términos del dictamen modificado, 19, 22, 23, 44, 47, 51, 54, 61, 62, 63, 80, 89, 93, 96, 98, 99, 100, 146 y 151, así como el artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen modificado.

(Votación)

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz, por favor, diputados.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): En contra.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): Abstención.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 323 votos a favor, 5 abstenciones y 8 en contra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados los artículos reservados. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se devuelva la minuta a la Cámara de Senadores, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por este pleno.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibieron de la Comisión de Desarrollo Social los siguientes dictámenes:

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y se reforman y adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y una adenda. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX, del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores en sus curules.

De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (18:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 28 de octubre del año 2014 a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas de la mañana. Muchas gracias.

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