Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 30 de septiembre de 2014

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Minuto de silencio por la muerte del dirigente panista Braulio Zaragoza Maganda

Minuto de silencio por los estudiantes y el maestro Luis Nishizawa muertos en Guerrero

Minuto de silencio por el fallecimiento del dirigente estudiantil Raúl Álvarez Garín

Comunicaciones oficiales

De diputado, con retiro de iniciativa; de la Secretaría de Gobernación, con respuestas a puntos de acuerdo

Protesta como diputado del ciudadano Ignacio Mestas Gallardo

Dictámenes a discusión

Por el que la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico, Eduardo Neri y Legisladores de 1913, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila

Presentación de moción suspensiva

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Por el que se crea un grupo plural que coadyuve con la investigación de lo hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y se exhorta a la PGR a atraer el caso y la CNDH a investigar

Que condena los ataques de la policía municipal de Iguala, Guerrero, e individuos armados, en el que resultaron heridos y perdieron la vida estudiantes y personal de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos

Relativo al movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional

Con exhorto a las autoridades de la SEP y del IPN a que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un Reglamento Interno y planes de estudio en donde impere el respeto, la concordia y la negociación con los estudiantes

Iniciativas de diputadas y de diputados

Recibidas y turnadas a comisiones

Lourdes Eulalia Quiñones Canales, PAN

Juan Bueno Torio, PAN

Víctor Manuel Bautista López, PRD

Antonio Cuéllar Steffan, PVEM

José Soto Martínez, PMC

Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones

Comunicado de la Cámara de Senadores, con decreto

Declaratoria de publicidad de dictamen

Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT

Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 355 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (11:34 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que la misma se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada el acta.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado José Isabel Trejo. Adelante, diputado.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): Le estoy pidiendo la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, primero para solicitarle muy encarecidamente podamos guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro compañero, secretario general del Partido Acción Nacional en el estado de Guerrero. Al mismo tiempo que condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro amigo Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del Comité Directivo Estatal en Guerrero.

Le exigimos aquí, en esta Cámara de Diputados, a las autoridades, esclarecer de inmediato este lamentable hecho.

En nombre del Grupo Parlamentario extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Braulio Zaragoza Maganda, quien se distinguió como un militante activo y comprometido con el trabajo político.

Demandamos que las autoridades estatales y federales realicen una investigación expedita y profunda sobre lo sucedido, porque ya no podemos permitir que siga la impunidad en México ni que reine la impunidad.

Nuestro corazón está con sus familiares, de sus compañeros de trabajo, ante la brutal pérdida de nuestro gran amigo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia obsequiará la petición, señor diputado Trejo Reyes. Solo le ruego su comprensión para escuchar también peticiones o que nos precisen el objeto. Inmediatamente después, diputado Trejo, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Sonido en la curul de la diputada Reza.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): En relación a otro asunto, presidente. Y es únicamente un pronunciamiento que también realizamos los diputados del PAN el día de hoy, para que se investigue a fondo el mayor fraude financiero de la historia en Chihuahua. Exigimos que se audite el total de la deuda contraída. A dónde la destinaron y pido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice las operaciones financieras del gobernador de Chihuahua.

No es un asunto mediático, puesto que el diputado Angulo y una servidora hicimos la denuncia en la PGR. Defendemos los intereses de los ciudadanos, no los intereses obscuros de un gobierno que no ha tenido un manejo honesto en su actuar. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Reza, queda registrada su participación en el Diario de los Debates.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgaremos el uso de la palabra enseguida. Le pido al diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Seguramente también tendrá contemplado el minuto de silencio para Raúl Álvarez Garín, pero no me detendré a eso.

Hoy presentamos una iniciativa, el diputado Carlos Augusto Morales, el diputado Jorge de la Vega, aunque no apareció en la Gaceta, y un servidor que le otorga autonomía al Politécnico, precisamente esta iniciativa por cierto se la dedicamos a Raúl Álvarez Garín. La idea es buscar no solo, es una forma de trascender incluso del actual conflicto, como saben ha crecido la movilización en el Politécnico frente al agravio de imposición, de falta de democracia, de falta de atender las demandas estudiantiles o de tomarlos en cuenta, de tomar en cuenta a la comunidad.

Esta iniciativa consta de que el máximo órgano colegiado del Politécnico pueda convocar a la realización del Congreso Politécnico, que sea representativo de autoridades, académicos, investigadores, estudiantes y trabajadores, y que este Congreso Politécnico haga su propuesta de Ley Orgánica, tal como sucedió con la universidad que hizo su propuesta en un Congreso de Ley Orgánica y que este Congreso Politécnico, la comunidad, pueda hacérnosla llegar ya sea por iniciativa ciudadana, si es que consiguen el 0.13 por ciento, que no creo que tenga ningún problema para algo de tal tamaño de importancia; o bien que lo hagan por los otros mecanismos que establece el artículo 71 constitucional.

Que sean los propios politécnicos los que decidan su forma de gobierno, de organizarse y tengan capacidad jurídica plena y tengan autonomía de gestión, técnica, de decisión de gobierno como la tiene la Universidad, la UAM y las grandes instituciones.

Dejé unas hojas para que pudieran suscribirla en la mesa los que quieran para que puedan sumarse a esta iniciativa que le otorga la autonomía a este gran instituto que es un pilar educativo. La verdad es que después de los aportes que ha tenido el Politécnico a México, científica, tecnológicamente, educativamente, ya es hora de que tenga la mayoría de edad, de que sea una institución autónoma.

Insisto, yo aspiro a que éste sea un punto que unifique a la comunidad politécnica, que en lugar de polarizarla la unifique y pueda trascender el conflicto. Es cuanto, presidente. Por cierto, desapareció la curul de mi compañero Carlos Augusto Morales, ojalá si alguien la vio la reporten, no sé, a Genaro Moreno. Alguien que nos diga que si vio la curul de nuestro compañero diputado por favor que la devuelva.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: La reflexión inicial, diputado Belaunzarán, queda registrada en el Diario de los Debates. También informo a la asamblea que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre el particular que usted ha tocado del Instituto Politécnico Nacional. En su oportunidad se dará cuenta.

Por lo demás, la Secretaría General dictará las medidas que sean pertinentes para que le repongan su curul al diputado Carlos Augusto –su sillón.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, ¿con qué propósito, diputado? Sonido en la curul del diputado Domínguez Zepeda, por favor.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para referirme brevemente al comentario que hizo mi compañera y paisana Rocío Reza. Comentar que los diputados priistas por el estado de Chihuahua respetamos profundamente el derecho que tienen otros diputados de presentar denuncias, presentar puntos de acuerdo. Con lo que no coincidimos –y nosotros también representamos mayoritariamente a la sociedad chihuahuense- es que se lancen acusaciones sin fundamento, que se emitan declaraciones que huelen a irresponsabilidad, que huelen a preludios de campañas electorales.

Nosotros también nos sumamos a esta solicitud de que se haga una revisión de las cuentas del estado de Chihuahua como ya se han venido realizando. Les informo a los compañeros diputados de Acción Nacional que solamente en 2013 el gobierno del estado de Chihuahua fue objeto de 13 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Así que el que nada debe nada teme.

Creo que tenemos una responsabilidad ética de conducirnos con verdad, de actuar con política de la buena. La política de la buena, la que construye, la que propone y no la que pretende destruir en base a descalificaciones, a mentiras y a verdades a medias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, queda su participación también en el Diario de los Debates.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Carlos de Jesús Alejandro, indíquenos con qué objeto, por favor.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de unirnos también al exhorto que nos hacen los compañeros del Grupo Parlamentario del PAN, relativo al artero crimen que sufriera su secretario general del estado de Guerrero.

También sumarnos a solicitar a esta soberanía guardemos un minuto de silencio por los seis jóvenes estudiantes y deportistas que en el estado de Guerrero, en esta ola de violencia que ha azotado a nuestra entidad, nos sumemos. Y que esta soberanía desde la Mesa Directiva y desde la Junta de Coordinación Política, en verdad nos interesemos y tomemos cartas en el asunto para contribuir al esclarecimiento de estos crímenes y otros que han antecedido y que ha tenido en un caos al estado de Guerrero.

Pedimos que se deslinden todas las responsabilidades, se castigue a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y se someta a la justicia a quienes tengan que pagar por estos delitos.

Que esta soberanía también previo un impulso de algún punto de acuerdo que vamos a promover, se constituya una comisión legislativa plural a efecto de que demos la certeza y la garantía que las investigaciones y las mesas de diálogo, de discusión y de esclarecimiento de estos hechos tengan en verdad una exhaustiva investigación imparcial de estos casos.

El estado de Guerrero no merece esta ola de violencia que ha azotado a nuestra entidad y necesitamos que las autoridades federales que son las máximas responsables de brindar seguridad a la ciudadanía en general, tomen cartas en el asunto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado De Jesús. Tiene esta presidencia un listado para participar en este apartado precisamente, de 10 compañeras y compañeros diputados. Obsequiaremos como se ha pedido por el diputado De Jesús Alejando, también esta honra fúnebre; le ruego su paciencia para que escuchemos los planteamientos de los demás diputados y lo haremos en seguida. Diputado José Luis Muñoz Soria, adelante.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. El pasado viernes 26 falleció uno de los más grandes dirigentes sociales de la última mitad del siglo pasado, Raúl Álvarez Garín, dirigente de 1968 y un gran luchador social que ha hecho grandes aportaciones a la democracia en este país. Exdiputado federal y un gran comunista.

Solicito a esta soberanía un minuto de silencio en memoria de nuestro gran compañero Raúl Álvarez Garín. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Muñoz Soria. No solamente registramos la semblanza del luchador Álvarez Garín, sino también obsequiaremos la petición para la honra fúnebre con un minuto de silencio.

Solamente le ruego que, en virtud al planteamiento de los propios grupos parlamentarios, nos demos oportunidad para que esta referencia en memoria sea por separado.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por esa virtud vamos a pedir un minuto de silencio por los argumentos y las razones que el señor diputado José Isabel Trejo nos ha planteado respecto de quien en vida llevara el nombre de Braulio Zaragoza Maganda, militante destacado y miembro de la dirección de su partido en el estado de Guerrero.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz.

Trinidad Secundino Morales Vargas, con qué objeto, señor diputado. Ha desistido de su participación y le agradecemos.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Domitilo Posadas Hernández. Sonido en la curul del diputado Posadas, por favor.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todas las diputadas y diputados.

Dos cosas rápidamente, señor presidente. Primero como mexiquense, como mexicano, expresar mi respeto y lamentar la muerte de un mexiquense distinguido, artista plástico, orgullo de los mexiquenses y de los mexicanos, don Luis Nishizawa, a quien reitero mi reconocimiento y mis respetos para él y para su familia.

También, y por otra parte expresar mi preocupación por lo que está sucediendo en el tramo, particularmente de La Marquesa al municipio de Lerma, estado de México, toda vez que estamos observando la tala, dicen algunas notas periodísticas, que serán aproximadamente 370 mil árboles los que serán cortados para ampliar la autopista en ese tramo de Toluca hacia La Marquesa, o para crear un segundo piso.

En ambos casos, de ser cierto estas razones o motivos, se da una obra verdaderamente innecesaria, toda vez a que también se tiene programado, incluso ya licitado, la construcción de un tren rápido que correrá de la ciudad de Toluca al Distrito Federal, y expresar esta preocupación, pero también indignación porque se está atentando en contra de uno de los pulmones verdes que tenemos quienes vivimos en esta zona del país, en la parte centro que es el Valle de México y el Valle de Toluca.

Ojalá y la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados haga una investigación, y también aprovechando la presencia que tendrá ante una de las comisiones de esta Cámara, pues el secretario de Medio Ambiente nos pueda dar su opinión, porque insisto, son obras que no se justifican y mucho menos que se atente en contra la naturaleza. Muchas gracias por su atención, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Domitilo Posadas.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Zamora deme oportunidad de atender las peticiones de los compañeros diputados, además de registrar la participación y dejar constancia de ello en el Diario de los Debates, del propio diputado Posadas, de que atendamos la petición de un minuto de silencio por la muerte temprana e injusta de jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero acaecida este fin de semana y también del maestro Luis Nishizawa, una de las manifestaciones plásticas más importantes de nuestro país y que por cierto en la capital del estado de México lleva su nombre uno de los muesos. Atendamos esta petición de un minuto de silencio por las dos razones expuestas, por favor.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Diputado Zamora, por favor, adelante.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Bueno, muchas gracias, presidente. Para agradecer a nombre del pueblo y del gobierno del estado de Baja California Sur. De los diputados Francisco Pelayo, de Arturo de la Rosa, y del mío propio agradecerle a usted, al diputado Silvano Aureoles, a la diputada Aleida Alavez, a la diputada Beatriz Zavala y al diputado Luis Enrique Cházaro su visita este fin de semana en gira de trabajo por nuestro estado, porque en ello estoy seguro les permitió corroborar los daños sufridos por el huracán Odile, y que estoy seguro ello ayudará enormemente a la población para salir adelante después de este fenómeno inusual en las afectaciones que quedaron en Baja California Sur.

También aprovechar la oportunidad y el espacio para pedirles el apoyo a todos los diputados y las diputadas, para que en el próximo Presupuesto 2015 se puedan establecer recursos que permitan a Baja California Sur restablecer su normalidad.

Ahora mismo ustedes lo vieron, la población está en una situación crítica. Requiere alimento, requiere programas de ayuda, de apoyo y por ello solicitarles a ustedes que se exhorte una vez más al gobierno federal para que el tema de infraestructura, el tema de los daños sufridos en el sector agropecuario, turístico, económico se pueda a la brevedad otorgar los recursos emergentes del Fonden y todo aquello que permita que la sociedad y las familias tengan lo necesario precisamente para superar la contingencia. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Zamora. Registramos en la Mesa Directiva sus expresiones de gratitud. También la asamblea en su nombre, diputado y de los diputados sudcalifornianos, de la Rosa y Pelayo. Por lo demás queda en el Diario de los Debates su planeamiento constancia de ello.

Diputado Carol Antonio Altamirano. Declina usted. Muchas gracias. Diputada Joaquina Navarrete Contreras.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Muy buenos días, diputado presidente. Muchas gracias.

Compañeras y compañeros diputados, desde esta curul sólo para tocar dos puntos de suma importancia para nuestro país. Uno, la indignación sobre los hechos que se están suscitando, una ola de violencia, los 22 muertos de Tlatlaya, en mi estado de México; los 57 alumnos normalistas desaparecidos en Iguala y los muertos que ya se han mencionado; seis alumnos.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública y como legisladora, no podemos seguir tolerando esta ola de violencia que se está viviendo en nuestro país.

De la misma manera pido –este es otro asunto de suma importancia– la integridad, el resguardo para los jovencitos, alumnos y alumnas del Politécnico, que ya tienen también días manifestándose y que ellos sólo piden la garantía de tener una educación plena, una educación que garantice a los jovencitos.

Lo que están solicitando dentro de lo que he visto en los diferentes medios de comunicación es la garantía de integridad, sobre todo que les den la oportunidad para que ellos también tengan voz y voto para decidir las políticas de los diferentes colegios del Instituto Politécnico.

De la misma manera pido a las diferentes autoridades, llámese policíacas, gobierno local, como es el Distrito Federal, el gobierno federal, que se les dé garantía su integridad física, jurídica y académica de cada uno de los involucrados en este movimiento, que nos consta y que hemos visto que son puros alumnos.

Desde esta curul hago un llamado a todo el pleno, compañeras diputadas y compañeros diputados y al propio presidente Enrique Peña Nieto, que tome cartas en este asunto y que no se les perjudique a estos estudiantes del Politécnico y a ningún estudiante, llámese desde nivel preescolar hasta la universidad, que no se les perjudique. Por favor, encarecidamente pido el resguardo para estos jóvenes.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Navarrete Contreras. Este y otros temas, como se ha señalado son materia de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y para obviar en el desahogo del orden del día lo reservaríamos para la discusión en esa fase, por lo demás queda de todas maneras en el Diario de los Debates su participación, diputada.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tengo los registros de los diputados Carlos Fernando Angulo Parra y de Víctor Reymundo Nájera Medina, una vez que hayan ellos participado, y por supuesto, diputado, cerraremos con su participación diputado Manuel Añorve, yo le ruego ahora su acompañamiento para obsequiar la petición de un minuto de silencio para don Raúl Álvarez Garín, que es un referente indiscutible, tiene los movimientos de izquierda y de las luchas democráticas de este país.

(Minuto de Silencio)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero nada más manifestar a esta asamblea, que en Chihuahua llueve, pero en Chihuahua llueve deuda gracias a los gobiernos del PRI.

Si nuestros compañeros que me han precedido, si nuestros compañeros que me han precedido creen que es un asunto electoral esta situación, demos gracias al pueblo de México que nos hemos dado democracia, para ver que un aumento de 28 mil 300 millones de pesos en deuda pública en sólo tres años en Chihuahua, se pueda denunciar en las instancias democráticas que nos hemos dado los mexicanos.

Si creemos que éste es un asunto electoral en donde se involucran 280 por ciento de las aportaciones federales a Chihuahua, demos gracias a los mexicanos que nos hemos dado eso...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Angulo, el asunto no está a discusión, registramos su participación, pero no hay condiciones para que haya una respuesta a su planteamiento.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Nada más que quisiera terminar, si me lo permite.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le ruego, señor diputado...

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Quisiera terminar, si me lo permite, porque tenemos derecho a voz...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, si quiere concluir, por favor.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): ...en esta Cámara de Diputados, salvo que nuestros compañeros del PRI nos quieran callar.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, señor diputado, no podemos abrir un debate donde no lo hay.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Concluyo nada más mencionando lo siguiente. Hay un faltante de más de 14 mil millones de pesos que no sabemos en qué se utilizaron y queremos saber, como representantes del pueblo que somos, el pueblo chihuahuense en particular quiere saber dónde están esos 14 mil millones de pesos, que no hay registro alguno de su gasto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Angulo. Diputado Añorve, por favor, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente, solamente para recordar a este pleno que se tiene la posibilidad de presentar puntos de acuerdo. Y yo le pido de manera acomedida que demos inicio ya, puntualmente, al orden del día. Y que los asuntos generales se tengan que tocar cuando así corresponda. Es cuanto, señor presidente, pero no podemos estar todavía esperando que arranque el orden del día de acuerdo a lo que ya está programado y publicado en la Gaceta que rige este Congreso. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Añorve, esta Presidencia había justamente anticipado que con su participación cerraríamos esta fase del orden del día.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría pase al apartado de comunicaciones oficiales.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada el 25 de marzo de 2014.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se amplíe la red que integra el Sistema de Protección Social de Salud.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Salud para su conocimiento.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentra en las puertas de este recinto el ciudadano Ignacio Mestas Gallardo, diputado federal electo en el XVIII Distrito electoral del estado de Jalisco. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes diputados y diputadas: señor diputado Abel Octavio Salgado Peña, diputada Patricia Elena Retamoza Vega, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada Margarita Licea González, diputada Verónica Beatriz Suárez Piña, diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, diputada Dora María Talamante Lemas y a la diputada María del Carmen Martínez Santillan.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítanme enviar un saludo a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, que nos acompañan a invitación de la diputada Maricela Velázquez Sánchez. Bienvenidos, jóvenes, a este recinto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadano Ignacio Mestas Gallardo, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

El ciudadano Ignacio Mestas Gallardo: Sí, protesto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico, Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre próximo del año en curso.

Virtud a que no hay fundamentación del dictamen contenido en el mismo y está publicado, está en la discusión en lo general y en lo particular.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar moción suspensiva.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores; en materia de distinciones, preseas, medallas y reconocimientos que otorga a la Cámara de Diputados, hay una interrogante de la cual partimos los legisladores y no siempre alcanzamos a resolver en los mejores términos.

El reconocimiento otorgado debe honrar la memoria, los valores y la actuación de quien adopta su nombre, o por el contrario la presea debe servir para el lucimiento, envanecimiento o culto a la personalidad de quien lo recibe. Recuerdo en estos momentos un pequeño tratado de Tomás Carlyle, que se llamaba, lo recuerdo bien: El Culto de los Héroes y lo Heróico en la Historia. Y advertía como la humanidad siempre ha acudido por necesidad social a dar un reconocimiento o a dar reconocimientos desde la antigüedad, con una proclividad en muchas ocasiones a equivocarse a la hora de otorgarlas.

El mismo Tomás Carlyle dejó un consejo para salvar este escollo. Decía él: Al momento de otorgar reconocimientos comparen, equiparen y contrasten la trayectoria de ayer con la actuación de hoy, porque de la suma de lo pasado con lo presente, nace el futuro.

La medalla Eduardo Neri, honor al mérito cívico al servicio de la patria, fue instituida en 1969 para destacar la valerosa defensa que el diputado, oriundo de Guerrero, hizo del recinto y del Poder Legislativo frente a la injerencia autoritaria del dictador Victoriano Huerta, quien, buscando desaparecer al Congreso, que en ese momento exigía la investigación y la aparición del senador chiapaneco Belisario Domínguez, ordenó la intervención militar del recinto y el encarcelamiento en el Palacio de Lecumberri de los 83 diputados presentes en el pleno el 10 de octubre de 1913. Hace casi 101 años.

Un día antes el diputado Neri había tenido una valerosa intervención en tribuna que había desatado el enojo del dictador. ¿Qué dijo Neri en aquella histórica intervención? Defendió a Madero, a la democracia, a la honorabilidad del Congreso de la Unión y denunció la desaparición del senador Domínguez.

Pero dijo algo que enfureció a Victoriano Huerta el dictador. Lo llamó chacal. Y dijo él: Lo describo como chacal porque sólo esa bestia desaparece a sus víctimas para devorarlas. La reacción de Huerta le costó el bloqueo al Congreso. Fue impresionante porque esta respuesta, aquella actitud crítica, independiente y de contrapeso de la Cámara de Diputados de uno de sus miembros, fue enviar a la tropa al recinto legislativo al día siguiente y encarcelar a sus miembros con el diputado Neri Reynoso a la cabeza.

Obviamente hubo consecuencias. El Congreso de los Estados Unidos censuró la desaparición del Poder Legislativo y reiteró su no reconocimiento a un gobierno de facto. El gobierno francés canceló un préstamo de 20 millones de libras esterlinas. La Gran Bretaña anunció la cancelación de inversiones petroleras. En México Carrancistas, Villistas, Zapatistas y Obregonistas, hicieron su irrupción en la vida pública.

Victoriano Huerta tuvo que dejar el poder. El discurso y la actuación de Neri Reynoso había dado en el blanco. Abogado y activista político, Neri Reynoso se sumaría después a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza; posteriormente Álvaro Obregón lo haría su representante en el estado de Guerrero. Al llegar a la presidencia de la república Obregón lo nombra procurador general de justicia de la nación, cargo al que renunciaría un año y medio después en protesta por los ataques a la causa liberal constitucionalista del cual habría sido fundador.

Posteriormente Neri Reynoso fue senador y además fue acompañante de Almazán en la presidencia de la república, como candidato. Esa fue su última actividad pública.

Murió en 1973 con una modesta pensión suministrada por el gobierno de Guerrero: cinco mil pesos mensuales, equivalente al 5 por ciento de la dieta actual de un legislador federal y al 1 por ciento de las percepciones de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El mérito cívico cambia y se actualiza con el tiempo. Uno de los grandes pendientes de nuestra democracia es la independencia del Poder Judicial y su orientación hacia un perfil garantista donde no sólo se aplique la literalidad de la ley formal, sino que se materialice cotidianamente la justicia real; un poder que sea independiente, un poder que sea autónomo, que ahora no tenemos.

Por eso nosotros creemos que este dictamen debe devolverse a comisiones. Es única candidata.

No queremos de ninguna manera en este momento discutir o polemizar sobre la trayectoria o capacidad profesional de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas; no queremos hacerlo.

Pero les pregunto y con esto concluyo: ¿debe honrarse al Poder Judicial Federal cuyos miembros ganan 500 mil pesos mensuales? ¿Debe honrarse a un poder que se encuentra subordinado, hincado, arrodillado a los poderes fácticos, al poder del dinero y al gobierno? ¿Debe honrarse a un poder que desde nuestro punto de vista se encuentra en putrefacción y al mejor postor? ¿Qué méritos tienen aquellos que en el poder público gozan de privilegios?

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿Qué méritos le otorgan? ¿Por qué –concluyo, presidente– por qué no regresar a comisiones y buscar personalidades como la maestra Ifigenia Martínez, como el propio Raúl Álvarez Garín, un luchador limpio, incorruptible, o la maestra Elena Poniatowska, mujer con grandes méritos en la academia...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, señor diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...y en la literatura. Por eso, no queriendo demeritar a nadie, no lo hago por respeto a quien la propone y a quien lo propone, pero pero recuerden ustedes, legisladores. En una ocasión propuso el PRI a Jacobo Zabludovsky, el año pasado al señor Landero lo propuso la derecha. Por qué seguir insistiendo en personalidades con este perfil, por qué no un hombre de izquierda, una mujer de izquierda a la que los méritos le sobran para poderla reconocer por esta Cámara de Diputados. Presidente, gracias por su tolerancia y a todos también muchas gracias. Solicito se regrese a comisiones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias por su intervención, señor diputado. Consulte la Secretaria a la asamblea si se admite inmediatamente a discusión la moción suspensiva.

La diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para fijar la postura de su grupo parlamentario.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La medalla Eduardo Neri se otorga a las ciudadanas o ciudadanos cuyos actos cívicos o políticos se distinguen por servir a la colectividad nacional y a la república. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el proyecto que presenta propone a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.

No venimos a cuestionar ni el origen de la propuesta ni la trayectoria de la persona que proponen, a pesar de que ha generado polémica por su función pública y el trabajo en el desempeño de sus funciones.

Algunos hablan sobre sus votos a favor de la liberación de Florence Casses, sus votos a favor del anatocismo, sus votos a impedir que se aplicaran tratados internacionales sobre el delito de genocidio, que no prescribe y que impidió que se juzgara a Luis Echeverría Álvarez. Otros alegan sobre su trabajo cuando vota a favor de la despenalización del aborto.

En efecto, es polémica y no venimos a cuestionarla a ella, no. No cuestionamos el origen de la propuesta, tampoco. Lo que cuestionamos es el método aplicado que desnaturaliza el objetivo de la medalla. Por qué.

De acuerdo al dictamen, se recibió la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin hacer mención a ninguna otra propuesta. Se puede leer en dos sentidos la presentación de una sola propuesta, por parte de universidades y sociedad civil.

Existe unanimidad en la propuesta de la UNAM o bien existe un dejo de indiferencia a la convocatoria de la Cámara de Diputados. Convencido estoy de que toda unanimidad es sospechosa, y obviamente preocupa la segunda hipótesis.

La ausencia de ciudadanos postulados por su trayectoria cívica en este país pone en duda las acciones de la Cámara de Diputados. En nuestra sociedad existe no uno, dos, tres, sino cientos, miles de ciudadanos y ciudadanas que se destacan por su compromiso y entrega a la sociedad.

Creo que el proceso de la medalla Eduardo Neri está viciado. En primer lugar, por la ausencia franca y abierta de su publicidad, habría que preguntar, y desde esta tribuna lo hacemos a la propia comisión, a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, cuántos impactos de publicidad se realizaron en los medios de comunicación a que tiene acceso la Cámara de Diputados en radio, televisión y prensa escrita.

Es cuestionable el proceso de designación, no por la calidad y reconocimiento de la propuesta, sino por la opacidad en que se construyó el aval y consenso de la propuesta. Esta práctica de cuotas y partirización de la integración de órganos autónomos que vulneran la legitimidad de las instituciones, hoy mismo en el Instituto Nacional Electoral, se cuestiona sobre cómo meten la mano los partidos en la designación de los consejeros en el actual INE, y ya veremos lo que pasa con estas cuotas que desde el Senado se han dado para los organismos reguladores de energía.

Esta legitimidad de las instituciones que está vulnerada, ha contaminado los procesos de naturaleza política y ahora hasta los cívicos, síntoma de la descomposición institucional que se produce y reproduce en nuestro país.

Los colegas diputados y diputadas que han aceptado estos métodos de trabajo, hoy hablan de descuido. Miren nada más qué descuido, hasta parece colaboración.

La medalla al reconocimiento cívico tiene su origen en actos de civismo, congruencia y compromiso con el servicio a la sociedad. No es válido, no es ético cerrar estos espacios a una participación más amplia de la sociedad civil. No podemos ni debemos corromper un acto que pertenece a los ciudadanos y ciudadanas.

En mi fracción parlamentaria estamos convencidos que algún día esta Cámara recobrará su dignidad, hoy nosotros la tenemos y votaremos en contra de esta propuesta y esperamos que lo haga la mayoría de los diputados y diputadas en honor al constitucionalista Eduardo Neri. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Esta Presidencia registra el desistimiento de la participación de los señores diputados Alfonso Durazo Montaño y del diputado Ricardo Mejía Berdeja, en sus respectivas participaciones, y expresa su gratitud por su generosidad.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención, estimados diputados y estimadas diputadas, a que se ha agotado la lista de oradores, a que no hay reserva en lo particular del único artículo del dictamen se considera éste suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por eso pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Ignacio Mestas Gallardo (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda (desde la curul): En contra.

El diputado Federico José González Luna Bueno (desde la curul): A favor.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): En contra.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presiente, se emitieron 239 votos a favor, 122 en contra y 56 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por favor, relativo al municipio de Tlatlaya, estado de México.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo.

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta soberanía, a crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuven con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de este año.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, estado de México, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue respecto de los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y determine si hubo violaciones a los derechos humanos.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado secretario. En lo que hace al punto relativo al municipio de Tlatlaya, del estado de México, se han registrado los siguientes oradores.

En contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. En pro, el diputado René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza. En pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, así como la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, y en los mismos términos el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Señor presidente, más que en contra vengo a razonar mi voto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Puede argumentarlo en los términos que lo vea pertinente, señor diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La denuncia de los hechos de Tlatlaya ante medios de comunicación internacionales rompió el silencio de las autoridades federales implicadas en la investigación de los hechos. La Sedena, por estar involucrados elementos que la integran; la PG de la República, al atraer el caso a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Procuraduría General de Justicia del estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En consecuencia, la comisión que se propone tendrá por objeto el seguimiento de las investigaciones que realice cada institución en el ámbito de su competencia, para efecto de conocer el desempeño institucional de cada una de estas en la persecución y sanción de los hechos.

Para esta tarea de seguimiento se cuenta con dos precedentes, la directiva. Y estamos hablando de la norma emitida por el secretario de la Defensa Nacional, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado el 23 de abril de 2012.

También el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, publicada el 30 de mayo del 14, en los que se regula el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El artículo 6o. de la Directiva determina que la utilización de los niveles de uso de la fuerza para los integrantes del Ejército sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tengan asignada en apoyo a las autoridades civiles o en la aplicación de la Ley Federal de Armas.

Por su parte, el Manual, numeral 3 De los principios aplicables del uso de la fuerza, se determina que la utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las Fuerzas Armadas sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles. Que el uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

No se trata de prejuzgar o juzgar la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas ante presuntos delincuentes, sino el de conocer la operación y coordinación de las instituciones involucradas y las medidas de garantía de los derechos humanos en el uso de las Fuerzas Armadas.

El artículo 8o. de la Directiva claramente establece que en los casos en que sea necesario el uso de la fuerza o la autoridad apoyada así lo disponga, el personal militar evaluará la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser posible a su superior jerárquico.

En la medida que la investigación de la PGR y la Sedena lo permita se deberá conocer el informe de la autoridad militar, en la que se señala el tiempo y lugar de los hechos y circunstancias que exigieron el nivel del uso de la fuerza utilizado, las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad competente a la preservación del lugar de los hechos y los indicios con motivo del uso de la fuerza resulten personas lesionadas o muertas.

Deberá de conocerse por la autoridad militar, al tener conocimiento que se hizo uso indebido de la fuerza y no lo denunció ante la autoridad competente.

Los hechos de Tlatlaya obligan a revisar el marco legal en el que intervienen las Fuerzas Armadas, no sólo para preservar los derechos humanos de los involucrados, sino para fortalecer la función institucional de las mismas en el marco de la protección de garantías y derechos humanos.

Miren, finalmente es claro con los datos que están en la opinión pública, con las imágenes que están publicadas en los medios, que esta comisión, que ustedes están aquí haciendo con miembros de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, es importante, pero no es todo lo que esta Cámara de Diputados podría hacer.

Culmino, presidente. hubiésemos preferido que la Junta de Coordinación Política enviara a una comisión especial para investigar estos hechos y que hubiese entrado a profundidad, con toda la fuerza que tiene esta Cámara de Diputados, y no nada más como una especie de subcomisión y llevando otros elementos al análisis, que son lamentables, como el del secretario general del PAN en el estado de Guerrero, pero que no le da toda la fuerza que esta Cámara de Diputados tiene y podría tener en una comisión especial y no en esta comisión, que siendo importante esta subcomisión no va a ser suficiente para la fuerza que se requiere para investigar estos hechos. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Previo a darle el uso de la palabra, diputado René Fujiwara, deme oportunidad para enviar saludos, porque además nos da gusto que estén aquí niños y niñas de la escuela primaria Venustiano Carranza, quienes hay sido invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta, del municipio de Texcoco, del estado de México. Gracias, por su visita.

De igual manera les damos la bienvenida a este recinto a alumnos de la Universidad Anáhuac, de San Andrés Cholula, del estado de Puebla, y de la preparatoria 5 de Mayo, de Cuautlancingo, Puebla, ambos invitados por el señor diputado Julio César Lorenzini Rangel, que aquí nos acompaña. Gracias, por su visita.

Continuamos señor diputado René Fujiwara, tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos sido en todo momento firmes promotores del respeto y protección de los derechos humanos, nuestras convicciones, ideales liberales así nos han conducido en nuestro quehacer legislativo.

Diversas versiones acerca de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año, el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, nos hacen cuestionar la realidad de lo acontecido ese día, en donde perdieron la vida 22 personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado.

En Nueva Alianza esperamos que las autoridades de procuración de justicia ofrezcan respuestas claras y objetivas a los cuestionamientos surgidos por este evento. El presidente de la república ha manifestado que será la Procuraduría General de la República la instancia encargada de la investigación y será ésta misma instancia la que deberá dar las explicaciones que amerita el caso.

No es un asunto menor, compañeras y compañeros, dadas las suspicacias que involucran a una institución tan importante como lo es nuestro Ejército mexicano. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el principal defensor del pueblo, juega un papel trascendental en estos desencuentros entre el poder del Estado con la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, no debemos olvidar la responsabilidad del Congreso de la Unión, particularmente de esta Cámara de Representantes, de velar por la protección y bienestar de la ciudadanía ante cualquier situación que atente y vulnere sus derechos humanos.

Por tal motivo, apoyamos la conformación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuve con las autoridades competentes en la investigación. Esto con el propósito de enviar un mensaje claro acerca de la importancia que representa para nosotros, los legisladores de esta LXII Legislatura, el llegar a la verdad en lo ocurrido en el caso de Tlatlaya.

Desde la Comisión de Derechos Humanos a la que tengo el privilegio de pertenecer, y en conjunto con la Comisión de Justicia coadyuvaremos cabalmente en el esclarecimiento de los hechos y daremos puntual seguimiento a los avances que realicen las autoridades.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dará el voto a favor del presente acuerdo, porque estamos comprometidos con la ciudadanía y en garantizar los derechos humanos.

Tenemos la confianza que desde el grupo de trabajo buscaremos llegar al fondo del asunto, para que en caso de existir violaciones a los derechos humanos, éstas sean sancionadas conforme a la ley.

Por su atención, compañeras y compañeros, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Fujiwara. Hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Hasta Nueva York persiguió esta masacre, esta incalificable masacre del municipio de Tlatlaya, en el estado de México al presidente Enrique Peña Nieto. Y fue precisamente la prensa internacional la que desnudó esta ejecución.

La agencia Associated Press, una de las más influyentes de la prensa internacional, mencionó que el supuesto enfrentamiento donde fueron muertos 22 presuntos delincuentes el día 11 de julio, tenía situaciones de carácter sospechoso y poco creíble.

Decía el reportaje aludido: marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega en las montañas del sur de México.

El reportaje sugiere que los orificios y las manchas de sangre no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares sino de una sanguinaria ejecución por parte de varios elementos de la Defensa Nacional.

Fue la presión internacional y organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch para que este tema se abriera al escrutinio público, porque las versiones originales de la Defensa Nacional en un escueto boletín era que se habían eliminado a estos presuntos delincuentes en un enfrentamiento.

El propio gobierno del estado de México felicitó a la Sedena por estos hechos, pero ya ahora la versión que tiene mayor soporte y que ha sido también demostrada por algunos medios de comunicación nacionales mostrando fotografías y evidencia de los hechos es que en realidad fue una ejecución, un fusilamiento de personas que ya estaban sometidas y que incluso se les fusiló o se les dio el tiro de gracia. Estos hechos hablan de un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos en el país.

Por eso nosotros creemos que lo mínimo que puede hacer esta representación popular es constituir un grupo de trabajo para que pueda profundizar en estos hechos. Yo únicamente tengo dudas del resolutivo que le pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención, porque precisamente el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en un hecho que ha sido deplorado por defensores de los derechos humanos se apresuró a legitimar la tesis del enfrentamiento.

Raúl Plascencia dijo que había sido un enfrentamiento cuando todavía no había una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso hay que reconoce que fue más activo el secretario de la Defensa Nacional, que puso a disposición de la justicia militar a ocho elementos. Creemos que fue más legitimador de la tesis del enfrentamiento, el presidente –concluyo, presidente– de la Comisión de los Derechos Humanos y el propio secretario de la Defensa Nacional.

Nosotros creemos –y concluyo con ello– que lo que sí tendría que hacerse con estas personas que fueron detenidas, con estos malos elementos, sería juzgarlos por el fuero común, atendiendo a la reforma que elimina el fuero militar. Creo que con eso podría completarse, pero desde luego que lo que haga esta Cámara contribuirá al puntual esclarecimiento de los hechos, que no haya este tipo de ejecuciones sumarias que hablan de un estado autoritario y una regresión inadmisible. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja.

Saludamos a un grupo de niños y de niñas de la Escuela Primaria Rosaura Zapata, del municipio de Naucalpan de Juárez, del estado de México. Han sido invitados por la diputada Irazema González. Bienvenidos y gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con el permiso de la asamblea. La vida es un estado biológico. Las sociedades contemporáneas del mundo lo reconocen en sus respectivos derechos como el bien jurídico tutelado más importante de todos.

La vida es valiosa porque está ligada a la idea de existencia y sólo con ella se puede llegar a trascender.  En este caso la vida le concede a su poseedor autonomía, conciencia estética, labor altruista, comportamiento cívico, entre otras circunstancias.

En este sentido la vida es una expresión personal protegida por los derechos humanos, tal como se aprecia en el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo Pacto de San José y como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 22.

Por lo anteriormente expuesto, queda claro que cegar la vida de alguien implica atentar por extensión contra todos los demás derechos de un ente como la personalidad, el nombre, la salud, la nacionalidad, la alimentación, entre otros.

La vida descrita se elige como un derecho: el de la inviolabilidad de la misma, mismo que se estableció en nuestro país desde la Constitución de 1857 en el tema de la suspensión de garantías y en la presente Constitución de 1917 a partir de junio de 2011, en su artículo 29 en el tópico de suspensión de los derechos humanos.

En el marco aludido devela lo valioso que es la vida y por ello nos llama poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlatlaya, estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas y en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, fuentes periodísticas y Fuerzas Armadas no coinciden.  En cualquier caso la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos es lástima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad.

Los lamentables resultados de Tlatlaya se potencian cuando se ven involucradas las Fuerzas militares, pues en ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para el enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no.

Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues éste está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlo. En este sentido se debe recordar que la primera función del Estado y la más importante es proveer la paz y la tranquilidad, implicando en ello la seguridad de todos los mexicanos.

Por otro lado, como parte integrante de uno de los poderes públicos, creemos importante poner énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ya que colocan a México en el ojo del huracán en el concierto internacional.

Tan es así, que Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en atender, en el de Tlatlaya, pudo actualizarse una ejecución sumaria, ya que éstas son aquellas que se representan con la pérdida de la vida resultando un uso excesivo de la fuerza y sin observar los principios de necesidad y de proporcionalidad.

Por todo lo anterior estamos a favor de que las ópticas de la justicia y los derechos humanos, las respectivas comisiones en esta Cámara integran grupos de trabajo que propicien criterios que acompañen a los de la procuraduría.

Asimismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita las recomendaciones a las personas o instituciones que hayan vulnerado la vida de las personas señaladas.

No obstante lo anterior, no debemos de confundirnos, estamos en el momento de indagar y dilucidar los hechos llevados a cabo en Tlatlaya.

Sólo hasta estar seguros de cómo acontecieron los mismos podremos exigir se castigue a los culpables.

Atentar contra la vida es una lástima para todo el género humano. Por ello compañeras y compañeros diputados, exijamos resultados; pidamos los peritajes diversos y esperemos que la Procuraduría General de la República llegue a dilucidar la verdad de los hechos prontamente para tranquilidad de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Camarena García. Ha estado muy invitador el señor diputado Brasil Alberto Acosta. También nos acompaña un grupo de niñas y de niños de la Escuela Primeria Ignacio Allende, del propio municipio de Texcoco, del estado de México. Bienvenidos; gracias por visitarnos.

Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Desaparecidos, ejecuciones, muertes de funcionarios públicos, de políticos. Éstas son las noticias que hemos encontrado en el país en los últimos días y aparentemente en los últimos dos años.

Tlatlaya es solamente la muestra del botón de lo que está sucediendo en este país y en su política interior. La presunta ejecución de 22, y lo digo, personas que la PGR ha llamado “presuntos delincuentes” en lo que se presume que ha sido una ejecución del Ejército Mexicano, nos pone en duda, primero, en la participación que debe de tener el Ejército en la prestación de servicios en el tema de seguridad pública.

Segundo, en si estamos dando demasiado poder a las fuerzas castrenses, y

Tercero, en lo que ya se ha dicho en esta tribuna, que es la amenaza a las personas por el manejo del Ejército para patrullar las calles y para que tengan contacto directo con los ciudadanos.

Tlatlaya no solamente es la muestra de botón, sino es claramente un asesinato o una ejecución que no debería de suceder en países democráticos como México.

Una vez más nos enteramos de los hechos ocurridos luego de que la administración del presidente Obama hiciese una declaración pública que pidió al gobierno de Peña Nieto que se hiciera una investigación verídica de los hechos ocurridos en el estado de México.

Es decir, las reacciones que tuvo el presidente para encargar a la PGR una institución civil para que pudiese investigar a militares, viene otra vez como un impacto del exterior.

La creación de este grupo de trabajo responde a la necesidad de que el poder público pueda intervenir en lo que nosotros decimos que es un ejemplo claro de la restructuración de la participación del ejército en México.

Sin embargo, este grupo de trabajo debió haber sido una comisión especial —lo sostenemos— por la relevancia del caso no solamente en las violaciones de derechos humanos, sino en el rol que juega el ejército mexicano.

A pesar de que el presidente ha dicho que se encargará  la PGR de las investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha declarado que detuvo a ocho soldados que están en el Campo Militar número 1. Entonces queda en duda evidente si realmente la PGR se encargará de este tema o se le está dando largas no solamente por parte de la PGR, sino también por la dudosa Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar resultados en el caso de Tlatlaya.

Cerraré diciendo que el ejército mexicano puede considerarse un buen ejército, que no olvidemos la historia de que México es el único país en el que las fuerzas castrenses nunca dieron un golpe militar, porque el ejército debe de estar en los cuarteles y no patrullando las calles para prestar seguridad pública.

Ese es el concepto de nación que tenemos y ese es el concepto de nación que debe de prevalecer.

El señor expresidente Alfonsín se enfrentó a una realmente fuerte presión de las fuerzas castrenses en Argentina y se le obligó a hacer las leyes de punto final y de obediencia debida para justificar todos los asesinatos que se había dado en la Argentina por parte de los militares. No podemos estar en la misma situación.

Concluyo diciendo lo que dijo Alfonsín en aquella pascua después de que se aprobaron estas leyes. Dijo: “Podemos ir en paz, felices pascuas, la casa está en orden”. Yo les digo que ni podemos estar en paz ni la casa está en orden; necesitamos justicia en el caso Tlatlaya. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con su anuencia, señor Presidente. Es evidente que es un hecho grave; se ha cuestionado a nivel nacional, a nivel internacional la presunción de haber asesinado a 22 personas en el estado de México por fuerzas federales, específicamente del Ejército Mexicano. Por esa razón el pueblo de México debe tener conocimiento, que la fracción del PRD propuso en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, la creación del grupo de trabajo.

Es cuestionable la reacción del gobierno federal en el tema de la procuración de justicia, pues tuvo que primeramente opinar, sugerir, los extranjeros para ponerle atención al tema.

Es indudable que este hecho lacera, nos coloca en una situación difícil de violar garantías constitucionales, derechos humanos. Valdría la pena, señor presidente de la república, su intervención a efecto de que no sea el fuero federal quien intervenga en este asunto, puesto que los elementos que presumiblemente participaron en estos hechos delictivos, son del Ejército Mexicano.

Se dice que están detenidos, precisamente, por las autoridades castrenses, pero esta Cámara federal, el Congreso de la Unión legisló en la materia y se establece que cuando un elemento, específicamente que cuando un militar comete un delito del fuero común, debe ser juzgado, debe ser investigado por las autoridades del fuero común como en el caso.

Por el bien de México, por el bien de nuestra nación, es necesario rescatar la credibilidad de las fuerzas federales, de nuestro Ejército, de la Marina; es necesario tener una investigación pronta, profesional, en la que se tenga que castigar a quienes, si es que así fue, asesinaron a estas personas, tengan que ser castigados.

Nadie –termino, señor presidente– está facultado para privar de la vida a otro de ninguna forma. Es un hecho que establece nuestra Constitución, y si bien estas personas formaban parte de grupos delictivos, tenían en su poder armas, droga, debieron ser puestos a disposición de la autoridad competente y esperamos que no sea cierto el hecho de que los privaron de la vida. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Duarte Ortuño. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el crimen se tiene que combatir, las víctimas del crimen se tienen que proteger, pero en un Estado civilizado el crimen no se puede combatir con crimen, tampoco mucho menos si éste es un crimen de lesa humanidad, mucho menos si son abusos cometidos por instituciones del Estado mexicano.

Aquí, compañeras y compañeros, nos encontramos con la disyuntiva de la creación de un órgano de la Cámara de Diputados, que s una Comisión Especial, digamos, no es una Comisión Especial, es un grupo de trabajo inmerso dentro de la Comisión de Derechos Humanos, y esto no debería estar sucediendo en este momento.

¿Por qué no debería estar sucediendo en este momento? Porque las instituciones del Estado mexicano si fuesen fuertes esta situación debería estar en un proceso franco de resolución. Pero la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digamos, el pueblo de México en general tiene desconfianzas a sus instituciones, por lo que requiere que haya órganos que cuiden a otros órganos, que cuidan a otros órganos, que cuidan a otros órganos, y nos vamos hasta el infinito. No hay confianza.

No hay confianza a pesar de que la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, ha hecho un compromiso fuerte y firme desde hace muchos años de respetar los derechos humanos.

Miren, amigas y amigos, les quiero mencionar que soy de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hubo una fuerza federal, principalmente del Ejército, en los primeros años de la violencia en Ciudad Juárez –del Ejército principalmente– y hubo muchas violaciones de derechos humanos que eventualmente se fueron atendiendo por la Sedena.

Ahora tenemos una muestra de buena fe de la Sedena, de que al menos están detenidos los presuntos implicados en este crimen de lesa humanidad, pero debería ya la Sedena haberlos puesto a disposición del Ministerio Público Federal, materia federal penal de la autoridad civil, para que se llevase a cabo el procedimiento y el proceso penal correspondiente.

Estos presuntos culpables de inmediato se tienen que poner a disposición de la autoridad civil para cumplir nuestros ordenamientos legales, y este grupo de trabajo estará abocado a que así se lleve a cabo las pesquisas de una manera adecuada y hacer las recomendaciones al Ejecutivo federal que correspondan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Angulo Parra. Esta Presidencia ha otorgado el uso de la palabra a todos los grupos parlamentarios y por ello se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, a más de que así lo ha normado esta misma asamblea.

Por ello pido a la Secretaría consulte a la propia asamblea en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continué la Secretaría con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena los ataques realizados el viernes 26 de septiembre de 2014 por la policía municipal de Iguala, Guerrero e individuos armados, en el que resultaron heridos y perdieron la vida estudiantes y personal de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

Asimismo, se exhorta a las autoridades del gobierno del estado de Guerrero para que esclarezcan los hechos citados y la desaparición de estudiantes normalistas.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que en ejercicio de sus atribuciones investigue las posibles violaciones a los derechos humanos contra las víctimas de estos ataques.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones intervengan en el esclarecimiento del asesinato del secretario general del Partido Acción Nacional en Guerrero, el pasado 27 de septiembre, en el municipio de Acapulco en dicha entidad.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. La Presidencia tiene registradas las siguientes participaciones. El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, en contra. En pro los diputados Ricardo Mejía Berdeja; Roberto López Suárez; la diputada Loretta Ortiz Ahlf; la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD. Hasta por tres minutos el diputado Huerta Ladrón de Guevara tiene la palabra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Otra vez, presidente, no es en contra sino para razonar nuestro voto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solamente, señor diputado, expresarle a usted que la dinámica de la discusión del punto de acuerdo habrá que registrarla en algún sentido, sin embargo, conscientes de respetar su concepción y la expresión como lo desea hacer. Por favor, adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley.

En este marco constitucional, es nuestra condena los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala. Y es en este marco también el exhorto al gobierno del estado de Guerrero para investigar a fondo y determinar la responsabilidad de los hechos violentos que han cobrado la vida de varios jóvenes y que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes que se encuentran desaparecidos.

No basta con autoridades como el alcalde, que dice: es que andaba en la fiesta y no me di cuenta qué pasó. Cuando narraciones de los ciudadanos y otras versiones hablan de varios minutos de enfrentamiento, pues más que de enfrentamiento de ataque de estas fuerzas fuera de la ley y lo que es posible y peor, tal vez hasta en contubernio con autoridades de la policía y con policía municipal. Esto es lo que se tiene que investigar.

La garantía de la vida de los jóvenes que no se han localizado después de los hechos violentos en la noche del viernes 26 de septiembre, exige una actuación urgente e inmediata de todas las autoridades para evitar cualquier daño a su integridad física. Exige conocer de inmediato la actuación y responsabilidad de los elementos de la policía municipal que intervinieron en los lamentables hechos para evitar en lo posible y si fuese en caso la retención ilegal de los jóvenes y, obviamente, la sanción a todos los responsables.

Asimismo exige la colaboración de los estudiantes que estuvieron en el lugar de los hechos, de los ciudadanos de la ciudad de Iguala y medios de comunicación, para que las autoridades se hagan de cualquier información o indicio que conduzca a su localización.

La vida de los jóvenes desaparecidos debe garantizarse por cualquier medio. Por lo que es necesario, además de solicitar la investigación de los hechos, conocer las acciones preventivas que toma cada autoridad involucrada para garantizar la integridad física de los desaparecidos.

Estaremos al pendiente de todas las actuaciones de las autoridades y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tan vapuleada, tan defenestrada por sus actuaciones en otros hechos. Y vamos a estar al pendiente de que en este caso se haga justicia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Es un gran problema el que hoy vive el país. Cada día una noticia trágica de inseguridad, de violencia sacude a la nación y sustituye a la noticia del día o de la semana anterior.

Los hechos de Iguala, del pasado viernes, son una muestra clara de la descomposición social y de seguridad pública que enfrenta el país. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, desde el primer momento condenamos y reprobamos estos hechos y exhortamos a las autoridades al puntual esclarecimiento de los hechos y al más drástico castigo a los responsables.

Nos parece una tragedia para el país, que se hayan visto involucrados policías municipales de Iguala. Hoy están tras las rejas 22 elementos en el municipio de Acapulco, en el penal de Las Cruces, producto de una actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Sin embargo, hay también 57 jóvenes desaparecidos, jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, jóvenes que no se sabe su paradero y que hoy lo más preocupante es que estén bien, que estén sanos y que pronto puedan estar de regreso.

Al mismo tiempo, también nos solidarizamos y externamos nuestra fraternal condolencia a nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, porque el domingo pasado, en Acapulco, fue victimado cobardemente Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del Partido Acción Nacional, en Guerrero, y hermano de un regidor del Cabildo Cortez.

Nosotros queremos que se esclarezca puntualmente estos hechos, que no quede ninguna duda, que se castigue ejemplarmente a los responsables. Y al mismo tiempo queremos llamar la atención del gobierno federal y en especial del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que haya una intervención más decidida de la federación en el tema de las policías municipales.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que todos los cuerpos policiacos del país deberán ser certificados en los centros de evaluación y control de confianza. Estos controles incluyen exámenes de evaluación médica, toxicológica, poligráfica, de desempeño, aptitudes físicas, entorno social y situación patrimonial.

Hay varios alcaldes que han tomado el toro por los cuernos, como el de Acapulco, Luis Walton. Pero cuando se toma decisión de dar de baja a los elementos que no cumplen con la certificación se deja, concluyo presidente, literalmente, a que ellos arreglen esta problemática que no tiene qué ver nada más con liquidar, conforme a derecho, a estos elementos. Sino en ayudar a que se puedan renovar las policías y que se restablezca el orden y la seguridad.

Este caso es el caso de muchos municipios. Las policías municipales se han convertido en un problema de seguridad nacional. Son elementos armados que cuando se mete mano firme en las certificaciones no vemos la solidaridad del gobierno federal para los alcances, independientemente del color en el partido que representen.

Y sin embargo, a la Gendarmería nacional solo este año se le han invertido 4 mil 500 millones de pesos.

Por eso, señoras y señores legisladores, nuestro llamado a que el gobierno federal con todo el presupuesto que tiene en materia de seguridad, incluso considerando a los elementos de la Gendarmería, contribuya con los presidentes municipales a limpiar las policías municipales.

El caso de Iguala, al margen de lo que arrojen las investigaciones habla de la podredumbre de las policías municipales que están coludidas en muchos lugares y al servicio de la delincuencia organizada. Son, además, un factor, concluyo, presidente, de inestabilidad.

Y este cobarde asesinato de tres jóvenes normalistas y de menores de edad que jugaban en el equipo de futbol de Chilpancingo es una cobarde agresión que no puede dejarse pasar. Queremos que regresen con vida los 57 jóvenes que están desaparecidos.

El país vive una hora trágica y requiere la solidaridad de todos, al margen de colores y banderas políticas. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Previo a otorgarle el uso de la palabra a don Sebastián de la Rosa Peláez, vamos a saludar a un grupo de invitados e invitadas, todos invitados especiales, al señor Ricardo Aco, presidente municipal de Telela del Campo y a Víctor Manuel Gasca Arenas, presidente municipal de Rafael Lara Grajales, ambos del estado de Puebla, que han sido invitados por el diputado José Luis Márquez Martínez.

De igual manera, a universitarios de distintos planteles educativos de Atizapán de Zaragoza del estado de México, invitados por el diputado Alfredo Rivadeneira Hernández. Lo mismo, le damos la bienvenida a jóvenes de la Asociación Civil Voz Jove, también del estado de Puebla y que los ha invitado nuestro amigo, el diputado Rafael Micalco Méndez.

Ahora sí, don Sebastián de la Rosa Peláez, tiene usted el uso de la palabra, hasta por tres minutos.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Señores diputados, señoras diputadas. Vengo a esta tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD ante los graves acontecimientos de violencia suscitados el día 26 del presente mes en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Primero, en nombre del perredismo nacional y guerrerense expreso una respetuosa, pero más comprometida solidaridad, y rendimos un fraternal y sensible condolencias a los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida en estos lamentables acontecimientos.

Segundo, el Partido de la Revolución Democrática lamenta profundamente y expresa su más enérgica protesta a los lamentables e inadmisibles acontecimientos sucedidos en la ciudad de Iguala, de la Independencia, que vulneran la paz social, atentan contra la tranquilidad ciudadana y el estado de derecho que deben prevalecer en esta ciudad suriana.

Tercero, exigimos a los gobiernos estatal y federal una rápida acción para investigar y dar con el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que siguen en calidad de desaparecidos y su presentación con vida. El PRD a nivel nacional y en Guerrero, no se prestará en ningún momento a encubrir la responsabilidad que pudiera existir de militantes de algún partido político, incluyendo el nuestro, en este lamentable acontecimiento. Pero expresamos también que de ninguna manera aceptaremos que se sesguen las investigaciones para favorecer a intereses aviesos o cálculos políticos.

Por un lado, la presunta responsabilidad de la policía municipal y el aberrante uso de la autoridad ante la manifestación social que exigía la más estricta mesura y cordura política, tal como lo pidió el presidente municipal José Luis Abarca.

Y por otro lado, la inexplicable ausencia y participación oportuna de las corporaciones policíacas federales, incluidas las fuerzas castrenses, en lo que debiera constituir un esquema de coordinación institucional del llamado mando único, la presencia y participación de sujetos vestidos de civil portando armamento de uso exclusivo del Ejército y cuya identidad presumiblemente se liga a presuntos delincuentes de bandas organizadas.

Y por último, la nada coincidente circunstancia del contexto político municipal de la rendición del informe de la presidenta del DIF en la víspera del segundo informe del ayuntamiento municipal.

En este contexto reclamamos también al Presidente Enrique Peña Nieto asumir su responsabilidad con la seguridad y la paz social que se comprometió en campaña, porque en Guerrero estos acontecimientos forman parte del clima de inseguridad nacional y de ahí al presidente de la República le ha faltado solidaridad con el estado de Guerrero.

Por lo que solicitamos una revisión rigurosa del Plan Nacional de Seguridad en Guerrero, ya que el Ejecutivo estatal ha expresado siempre su voluntad para establecer los mecanismos de coordinación que permitan los correspondientes mecanismos que generen la seguridad en Guerrero.

En este sentido, consecuentes con nuestros postulados y la lucha del pueblo mexicano por la no criminalización de la lucha social, por combatir la impunidad y la represión política como lo hemos hecho en otras ocasiones, en coordinación con la dirigencia nacional de nuestro partido. Con rigurosa responsabilidad hemos solicitado al presidente municipal de Iguala de la Independencia, que en congruencia con su compromiso como representante popular, solicite licencia a su cargo y con ello contribuya al desarrollo de las investigaciones que deben realizarse. Solicitud que ha sido atendida por el presidente municipal, misma a la que dará respuesta en las siguientes horas porque no seremos cómplices de la impunidad, porque no queremos que se conduzcan con sesgo las investigaciones y porque queremos que se conozca toda la verdad y se haga justicia castigando a los culpables de este aberrante hecho.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, se pronuncia por el pronto esclarecimiento de estos hechos, y consecuente con nuestros postulados ideológicos, nos pronunciamos por un rechazo profundo y la exigencia de una investigación a fondo, caiga quien caiga en estos acontecimientos tan aberrantes para la vida y la tranquilidad social del estado de Guerrero.

Muchas gracias, señor presidente. Solicito que mi participación pueda inscribirse íntegramente en el Diario de los Debates, dado que traigo un documento más extenso de esta participación.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se inserta el documento como usted lo ha solicitado, señor diputado de la Rosa Peláez, al Diario de los Debates de manera íntegra. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señora diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Los hechos ocurridos en Iguala, el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, caen o tipifican de concluirse en las investigaciones lo que llamamos desaparición forzada. Es decir no es el hecho de la desaparición de 43 normalistas, según las últimas cifras, más las muertes de otros cinco normalistas y el conductor del autobús; sobre todo el caso de los desaparecidos es desaparición forzada.

El llegar a esta conclusión nos lleva a lo que hemos puntualizado en otras ocasiones. México está en franco incumplimiento de los instrumentos internacionales de mayor importancia en materia de derechos humanos. Esta desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, como ya se puntualizó, porque se realiza de manera sistemática, podría dar origen y motivo como lo fue en su momento con Felipe Calderón Hinojosa a una petición a la Corte Penal Internacional, precisamente por crímenes de lesa humanidad.

Si ello fuera insuficiente el Estado mexicano sería responsable porque seguramente este caso, como el caso de Tlatlaya, iría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se dictaría por la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia donde se diría, como en el caso del Campo Algodonero, que el Estado mexicano es responsable.

Por la gravedad de esta situación, como ya lo señaló en el caso de Tlatlaya el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos Álvarez, Álvarez Icaza, y que seguramente también en este caso se va a puntualizar, se hacen las siguientes y respetuosas peticiones, más allá de lo que se ha establecido en este acuerdo de la junta de gobierno.

No es suficiente con pedir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraiga el caso por cuanto sus facultades serían en este caso el emitir una recomendación, recomendaciones que no son hasta el momento o hasta la fecha tan contundentes como deberían de ser, pero en fin; esperando que sea contundente en ese caso no sería la resolución al problema, tendríamos que tener a los responsables y lo que es lo más importante, pues se dice que investiguen las autoridades competentes, la localización de los desaparecidos, es decir, de los 43 normalistas.

Y esto exigiría al gobierno de México tener un protocolo de actuación para el caso de desaparición forzada que a la fecha no lo tiene. Difícilmente se aplica el Protocolo de Estambul para el caso de tortura y que precisamente estaría el gobierno de México obligado para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada.

Entonces en nuestro caso el llamado es a que atraiga el asunto la Procuraduría General de la República como el caso de las desaparecidas, las muertas de Juárez, porque está de por medio una reclamación internacional sumamente grave. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, presidente. Si guardáramos un minuto de silencio por cada muerto por violencia política, por negligencia o sólo por violencia sistemática en Guerrero, no nos alcanzarían los minutos en esta Cámara de Diputados para hacerlo.

Estimadas compañeras y compañeros, no hay nada más doloroso que perder un hijo, pero esa no es novedad en el estado de Guerrero. Todos los que venimos de allá tenemos a alguien a quien llorarle, ya sea por la consecuencia de la violencia del crimen organizado o por consecuencia de la violencia institucional.

Quisiera que los compañeros del PRD y muchos otros que han subido a la tribuna con mucho ahínco a reclamar otros actos, como dijo la compañera, de lesa humanidad, pasaran a esta tribuna el día de hoy también a reclamar lo que está pasando en el estado de Guerrero, porque no queremos que la PGR atraiga el caso, queremos que aparezcan vivos esos jóvenes. No queremos que sea una investigación donde se nombre una comisión, en donde todos vayamos a ver qué está sucediendo en Guerrero, porque lo sabemos desde hace muchísimo tiempo.

Si guardamos silencio porque muchas veces en las coyunturas electorales se han unido a las fuerzas políticas considerando que la rentabilidad electoral es mejor que lograr un programa que realmente sea beneficioso para los ciudadanos.

Compañeras y compañeros: vuelvo a insistir. Lo que sucede en el estado de Guerrero no puede ser para la investigación; tiene que ser resuelto en este momento y si no lo resuelve el presidente municipal lo tiene que resolver el gobernador del estado y si no lo puede resolver que renuncie. Queremos vivas a las gentes que se llevaron, queremos vivos a esos jóvenes que se llevaron.

Compañeras y compañeros: si fueran sus hijos los que estuvieran desaparecidos, qué pasarían a decir en esta tribuna. No pasarían a decir nada porque estarían buscándolos; no tendrían tiempo de estar en este lugar, estarían buscándolos en donde fuera.

El caso de Guerrero hoy no podemos permitir que sea resuelto como una investigación a futuro. Tiene que ser resuelto en este momento.

Lo del presidente municipal de Iguala, Guerrero, no es algo nuevo que los compañeros del PRD sepan hoy; lo saben desde el año pasado cuando mataron a varios activistas del propio PRD.

No guardemos silencio porque tengamos una preferencia electoral. Señalemos las cosas en su momento y evitemos que la violencia se siga extendiendo. No estemos diciendo mentiras en esta tribuna porque la falta de solidaridad no ha venido del presidente de la república, ha venido de la clase política que, cómoda ante los triunfos electorales, ha disminuido su lucha para que haya justicia en este país. Es cuanto, Presidente.

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El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Ruth Zavaleta Salgado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema hasta por tres minutos.

El diputado Roberto López Suárez: Gracias, Presidente. Los hechos de Iguala, Guerrero, este fin de semana son la muestra clara del clima político que se vive en el estado de Guerrero, en el cual el PRD no puede hacer como que no pasa nada.

Las ejecuciones a tres normalistas, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y uno más que no ha sido identificado, son el claro ejemplo de la represión que se ha dado por la policía en el municipio de Iguala y en el estado de Guerrero. Hay tres también civiles que no tenían nada que ver con los normalistas y que fueron asesinados.

Pero hay que ubicarse: esto fue en dos momentos. Un primer ataque lo cometieron policías municipales y un segundo ataque lo cometieron hombres vestidos de civil a quienes los normalistas ubican como integrantes del crimen organizado.

El presidente municipal de Iguala al principio negó los hechos; incluso se ha atrevido a decir que pidió a la fuerza pública que no interviniera en supuestos desmanes de normalistas. Mentira. Él tiene responsabilidad, junto con el secretario de Seguridad Pública Municipal sobre los hechos acontecidos. Ya hay muchos policías municipales detenidos.

El punto de acuerdo que hoy se presenta desde mi punto de vista no es suficiente. Tendría que intervenir la Procuraduría General de la República y evidentemente también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no garantiza que la investigación se lleve a cabo con precisión.

El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un ejemplo claro de ineficiencia en este organismo. Pedimos, diputados del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, que atendimos hace unos momentos a una comisión de normalistas que pudiera considerarse en la discusión de la próxima reunión de la Junta de Coordinación, la creación de una comisión que siga las investigaciones junto con la Procuraduría General de la República sobre los hechos de Iguala, Guerrero.

No solamente pedimos la separación del cargo por licencia del presidente municipal, en particular el diputado José Luis Muñoz Soria y un servidor, hemos iniciado un proceso ante la Comisión Nacional de Garantías de nuestro partido para pedir la expulsión del presidente municipal de Iguala, Guerrero.

También decimos con precisión, para que no se especule, datos que nos han proporcionado los compañeros normalistas. No son 55 desaparecidos, son 43. Tenemos la lista que en un momento más vamos a dar a conocer a la prensa en un boletín, y nos preocupa que sigan pasando las horas o los días, y los desparecidos no se sepa dónde están, o si están vivos.

Recordemos que un día después de los hechos apareció un normalista asesinado. Las patrullas 017, 018, 020, 022, 028, entre otras, fueron las que detuvieron a estos jóvenes. Hasta el momento, tanto el gobierno del estado, como el gobierno municipal, niegan que estén detenidos.

La pregunta ante la sociedad es: dónde están estos jóvenes. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que acelere una investigación y localice a los jóvenes ya que su vida está en riesgo. Pedimos al gobierno del estado de Guerrero que instale una mesa de trabajo con los normalistas para la localización de los estudiantes desaparecidos, y pedimos que se finquen responsabilidades al presidente municipal, al secretario de seguridad pública municipal y a los policías que intervinieron en el operativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado López Suárez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente. Nos queda muy claro que nuestro posicionamiento se trata de condenar enérgicamente este hecho lamentable que ha implicado la muerte de estudiantes y donde exigimos igual que quienes han hecho uso de la voz, el castigo ejemplar para los responsables.

Por supuesto, que aquí cada quien ha dado un punto de vista, en el cual existe en algunos de ellos mucha coincidencia, pero también quiero sin ser repetitivo señalar que hay muchas preguntas sin contestar.

Primeramente, ¿quién ordenó la agresión por parte de la policía? ¿Quién ordenó, como se ha dicho también después de la primera agresión, la segunda agresión ya con gentes extrañas armadas, armas largas, por cierto, que hemos visto ya en fotografías ye n varios medios de comunicación nuevamente a los estudiantes de Ayotzinapa en el momento en que estaban haciendo declaraciones a la prensa?

Todavía ahí hay testimonios de cómo se oían los balazos y cómo relata un periodista igualteco de que cayeron dos estudiantes asesinados de Ayotzinapa. ¿Quién ordenó posteriormente lo que se llama una confusión, pero confusión con una orientación criminal, cuando fueron atacados con armas largas el camión de los jóvenes futbolistas, donde falleció el chofer y uno de ellos de apenas 15 años?

¿Quién es, si es que existe, el autor intelectual de estos hechos? ¿Quién, por supuesto, desolló, así como lo escuchan ustedes, a un joven normalista de Ayotzinapa y luego lo tiró horas después donde había sido levantado?

¿Quién se llevó a estos 43 normalistas? ¿Dónde están? ¿Y, por supuesto, quién asesinó arteramente a Braulio Zaragoza? A quien, por mi conducto, el Grupo Parlamentario del PRI, le expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios de este partido. ¿Dónde están las respuestas?

Y no tengo la menor duda que no queremos y no debemos politizar la justicia, solamente queremos respuestas. Y también tenemos que decir que si alguien ha apoyado a Guerrero ha sido el presidente Enrique Peña Nieto no solamente con fuerzas federales, sino con expresiones de solidaridad y recursos para muchos de los programas que está necesitando nuestro estado.

Por eso concluyo, señor presidente, diciendo que faltan muchas respuestas y queremos para estas respuestas agilidad y prontamente un resultado de las investigaciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Añorve Baños. Se ha agotado la lista de oradores y además no se ha presentado alguna propuesta de modificación, por ello pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Junta de Coordinación Política.

Acuerdo

Único. Se exhorta a la directora general del Instituto Politécnico Nacional y a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio en donde impere el respeto, la concordia y la negociación con los estudiantes, académicos y demás miembros de la comunidad del IPN a fin de dar efectividad a los derechos humanos, a la educación y al trabajo.

Firmado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.

Para hablar con relación al contenido del acuerdo, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. Le damos el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por tres minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, desde esta tribuna se hace un enérgico llamado a las autoridades en materia educativa a nivel federal, para que resuelvan a la brevedad el conflicto sucedido en el Instituto Politécnico Nacional, ello ante la incapacidad de los directivos de dicha institución de formar los consensos con los estudiantes.

El diálogo entre autoridades y alumnos debe hacerse de una manera incluyente, a efecto de que la voz estudiantil sea escuchada, pero incluyendo sus propuestas tanto en el programa de estudios como en los reglamentos internos.

La calidad educativa debe ser una reforma de acuerdos, no de imposiciones; un cambio de paradigma que signifique un progreso positivo, mas no la visión coopta y mercantilista de un cierto sector que se beneficia con los cambios impulsados por las autoridades del Politécnico.

La intransigencia ha llevado a un conflicto que en cualquier momento puede estallar en las manos, por ello se insiste en llamar al diálogo y la inclusión, pues de nada sirve hacerse oír si al final no se toman en consideración las propuestas.

La cerrazón y el autoritarismo en cualquier nivel donde se ejerza poder, por mínimo que sea, será la causa del descontento de los hombres y mujeres que buscan y luchan por tener una mayor participación en la toma de decisiones.  Ante la problemática del Politécnico Nacional, este Poder Legislativo no puede ser indiferente e insensible como lo fue en circunstancias pasadas.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comprometido con las acciones sociales, respalda el movimiento estudiantil del Politécnico. Asimismo, inquiere a las autoridades educativas para que constituya los puentes necesarios para resolver las demandas de la comunidad estudiantil. Todo ello buscando el interés superior de los alumnos, así como el mejoramiento de la calidad en la educación.

Los señalamientos que se han hecho pretendiendo desprestigiar el movimiento estudiantil no deben distraernos de los temas de fondo. Por ello se debe hacer una demanda a las autoridades educativas y de la institución, para que en todo momento se respeten los derechos humanos de los estudiantes, específicamente su derecho a libre expresión y a manifestarse con toda libertad y tranquilidad, sin que en momento alguno se vean intimidados por el uso de la fuerza pública, que en otras ocasiones ha servido como método de castigo ante la protesta.

Se debe trabajar para que el instituto siga siendo el baluarte de modernidad y avance científico de todo nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Martínez Santillán. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. En torno al movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, que la semana pasada se expresó mediante una marcha de más de 25 mil alumnos y que mantiene cerrado 32 planteles y sostiene un pliego petitorio de 10 puntos, cabe formular las siguientes precisiones. ¿Cuáles son las demandas concretas al día de hoy?

1. Cancelación del Reglamento Interno 2014;

2. Revisión de los planes académicos actuales y futuros por parte de los diferentes docentes y alumnado en los niveles medio superior y superior del Poli;

3. Garantía de la integridad física, jurídica y académica de todos los involucrados en el movimiento;

4. Democratización en el proceso de elección de los puestos directivos en cada uno de los planteles;

5. Renuncia inmediata de la directora general del Poli;

6. Suspensión de pensiones vitalicias a los ex directores;

7. Reemplazo de la Policía Bancaria e Industrial del Politécnico, con base a la Ley Orgánica del mismo instituto;

8. Aumento del Presupuesto para la reapertura y equipamiento de talleres y laboratorios científicos en escuelas de nivel medio superior y superior del Poli;

9. No a la descentralización;

10. Conocer los aspectos que el sector privado ha implementado en el desarrollo tecnológico.

Les pregunto a ustedes, diputados y diputadas, ¿qué tiene de subversivo, peligroso o disruptivo esta demanda estudiantil? ¿Cuál de ellas va en contra de los principios constitucionales de proveer de educación de calidad a los jóvenes mexicanos o en contra de la autonomía e independencia de criterio que debe regir a las instituciones de educación superior? ¿Acaso hay algún punto que no pueda discutirse, debatirse, argumentarse con base en el diálogo, la negociación o el acuerdo?

Desde 1968 aprendimos en este país que la sordera y la ceguera de las autoridades siempre serán más peligrosa y dañina, que la rebeldía y la impetuosidad de los jóvenes. Si un joven se equivoca, siempre tendrá el amparo del tiempo para corregir, pero si una autoridad yerra, el único tiempo que dispone es para responder por sus errores.

No debe sorprendernos tampoco si una demanda por una mejor educación en el aula termina en una sonora petición de una mejor democracia para todo un país.

Desde el siglo de la Ilustración, los proyectos de democracia devienen en proyectos de una mejor educación para la sociedad, y viceversa. Las reivindicaciones educativas terminan en demandas por una democracia mejor articulada, por esa razón en nuestro artículo 3o. constitucional, democracia y educación, en efecto, van de la mano.

¿Qué tipo de movimiento es éste? El de los jóvenes del Politécnico, que la semana pasada asaltó con sorpresa a la vida pública. Es un movimiento auténticamente estudiantil cuyos dirigentes, bases y convocantes, son realmente miembros de la comunidad de alumnos del Politécnico y no pertenecen a organización política o electoral alguna ni siquiera hay personal docente o administrativo del Politécnico en su organización inicial.

Dos. El movimiento rebasó a la estructura representativa y a los dirigentes formales estudiantiles, integrados como consejeros en la Junta de Gobierno del Politécnico.

Tres. Es un movimiento convocado por y para y desde las redes sociales como medio emergente de comunicación entre los jóvenes, siendo una provocación desmedida decir que detrás de ellos hay porros, fuerzas externas al Politécnico o mano negra. Lo único negro y trasnochado es la visión de las autoridades que piensan lo contrario.

Cuatro. Es el primer movimiento estudiantil post reforma educativa, que a diferencia de los movimientos magisteriales de protesta, centrados en demandas laborales, el de los jóvenes politécnicos, se centra en la matrícula académica y en los esquemas pedagógicos de enseñanza-aprendizaje.

Cinco. Es un movimiento que reivindica y defiende la función original del Politécnico como generador de profesionales para liderar la tecnificación del país, no como fábrica de técnicos de nivel medio que los condenaría a posiciones subordinadas y depauperizantes en el mercado laboral profesional.

Sexto. Es un movimiento que reivindica también la educación pública de calidad, frente a los proyectos de privatización educativa que se vienen impulsando desde hace tiempo y de manera indistinta, tanto por los gobiernos del PRI como por los del PAN.

Termino, presidente. Desde aquí, desde esta Cámara de Diputados formulamos un llamado a las autoridades del politécnico para que atiendan, negocien y resuelvan de manera diligente y expedita el pliego petitorio de este movimiento estudiantil.

De no hacerlo, estarían validando la incompetencia e incapacidad que reclaman los estudiantes a las actuales autoridades del Politécnico y equivaldría a darles la razón, en el sentido de que son instancias que hace tiempo renunciaron materialmente a su función directiva, por lo que sólo restaría formalizar esa condición con el retiro a sus casas.

En otras palabras, si las autoridades del Instituto Politécnico Nacional no pueden atender este movimiento, que se vayan, que renuncien, pero es muy importante no satanizar a los jóvenes. Al contrario, esta Cámara debe expresar su más amplia solidaridad a su movimiento y exigir la solución de inmediato a sus demandas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Tiene la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos. Adelante, estimado amigo diputado Nabor Ochoa.

El diputado Nabor Ochoa López: Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos a dos días de que se cumpla un aniversario más del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68.

Y traigo este tema a mi intervención, porque si ustedes recuerdan, compañeras y compañeros, este movimiento inicia por algo intrascendente, el pleito entre pandillas, el pleito entre preparatorianos y la insensibilidad de las autoridades de aquel tiempo que actuaron desmedidamente y el conflicto fue escalando. Los resultados ya los sabemos.

Por cierto, como todos lo sabemos, movimiento que tuvo, uno de sus guías, precisamente principales fue Raúl Álvarez Garín, recientemente fallecido.

Menciono esto porque el tema que hoy nos convoca a esta tribuna, el movimiento estudiantil, de las manifestaciones estudiantiles en el Politécnico tienen qué ver con algo muy sencillo y tenemos la confianza que las autoridades van a tener la sensibilidad de atender los reclamos justos, no solo de estudiantes sino también de docentes.

¿Qué es lo que mueve esto? ¿Qué es lo que motivó esto? Es el proyecto de reforma al Reglamento del Politécnico, el cambio del plan de estudios.

Pero en esencia, la inconformidad de estudiantes y docentes es porque no fueron tomados en cuenta.

Si ustedes revisan este nuevo proyecto de Reglamento van a encontrar que se eliminan una serie de cuestiones importantes para la buena marcha del Politécnico, para los estudiantes, para los académicos.

Se pretende, por ejemplo, eliminar el reconocimiento de las asociaciones estudiantiles. Se pretende eliminar un requisito que es fundamental actualmente, que para ser director, subdirector, jefe de departamento en el Poli sean egresados del Politécnico.

Se habla también de que las protestas sean castigadas, las protestas o manifestaciones de los alumnos. Son situaciones, en nuestra opinión, menores, pero lo que nos da mucho gusto son varias cosas: primero, ha sido un movimiento totalmente pacífico. Y segundo, en entrevista con representantes de este movimiento, tanto estudiantes como docentes, han manifestado su plena disposición a que se haga la revisión de ese plan de estudios, se haga la revisión de un nuevo Reglamento, pero que la comunidad politécnica sea tomada en cuenta.

De ahí que la fracción del Partido Verde se suma a este exhorto a la directora general del Politécnico, a la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, puesto que nosotros consideramos que alumnos y docentes han manifestado muy claramente su postura al respecto, tienen toda la razón, pero además, que no hay elementos que pudieran detonar un conflicto, que pudieran escalar este conflicto siempre y cuando haya esa sensibilidad de las autoridades del Politécnico, sobre todo. Me queda claro, nos queda claro que no debemos satanizar a los estudiantes; sí, pero tampoco debemos satanizar a las autoridades del Politécnico.

Lo que debemos hacer es convocar a que haya ese entendimiento, ese acuerdo; que sea en favor de esta gran institución nacida allá por 1936 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado, amigo Nabor Ochoa López. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, le otorgo el uso de la palabra a la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, hasta por tres minutos.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muchas gracias, señora presidenta. Primero que nada, efectivamente, no hay que satanizar a la clase estudiantil, a la comunidad estudiantil de ahorita y de antes, de antes del 68 también; mis respetos para Raúl Álvarez Garín.

Recordarles también que hay mucha razón en quienes se han manifestado en las diferentes escuelas, en las diferentes facultades del gran Instituto Politécnico Nacional. Se ha empezado al revés. Se ha empezado al revés con un reglamento interno y no con su Ley Orgánica que debería estarse atendiendo y que está paralizada y congelada desde hace varios años, sí realmente se quiere atender puntualmente.

Las movilizaciones no se dan, y lamento mucho el comentario del diputado del Partido Verde, cuando hace señalamientos de que eran riñas estudiantiles en el 68. Probablemente él no sé qué año cursaría, pero no fueron riñas estudiantiles, fueron demandas muy justas de la clase estudiantil en ese momento; que yo recuerdo, yo tenía 16 años en ese entonces y luchamos por esa banderas justas de la libertad de la democracia y de una atención muy puntual al terreno, al sector educativo que ha estado olvidado en este país.

Recordarles también que en 1999, no hace mucho, Ernesto Zedillo en su momento, intentó el tema de la alza de la cuota estudiantil en la UNAM, que provocó un paro de labores de un año por no atender puntualmente y por eso qué bueno que la Junta de Coordinación Política de manera expedita atendió el llamado o el recurso que se interpuso de este exhorto el día de ayer y que lo atiende puntualmente como deben de atenderse todos los exhortos que se llegan a inscribir, que tienen sustento, que tienen fundamento para ser atendidos de manera expedita, si sucediera esto con todo muchas cosas cambiarían, en Guerrero y Michoacán, río Sonora, río San Juan, cosas que no están ocurriendo en este recinto legislativo.

Este Congreso debe de tener también muy en cuenta que este tentáculo neoliberal del 99 y en otros años anteriores, de nueva cuenta está rondando una institución educativa como es el Instituto Politécnico Nacional.

Recordarles que intenta de esa manera apagar las voces que reclaman y, con justa razón, la eliminación del consejo consultivo, de las academias y demás, las publicaciones que tiene que hacer el instituto y todas las modificaciones que están metidas en ese reglamento. Hay razón; sí la hay. Por eso debemos de atenderlo de manera muy puntual y expedita.

En el 99 se cometió un gran error al no haber convocado a una solución pronta y expedita entre la comunidad, y eso le costó el año de paro. Sería un error histórico, ahora en el 2014, no llamar al acuerdo, a la defensa de la organización estudiantil, a la defensa de una institución y su trascendencia en el país. No intervenir en ese año tuvo su costo porque llegó a introducirse la Policía Federal en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Este Congreso debe llamar la atención también al Ejecutivo, a la autoridad politécnica a resolver el problema que se tiene. Respetar obviamente su autonomía y sus mecanismos que decidan entre sí, porque sería una locura mantener un pilar de la educación pública del país en conflicto.

Que ojalá no se repita ese error de hace 15 años. No revivan una tentación autoritaria. Convoquemos al diálogo. Exijamos a la autoridad una solución pronta, consensuada con la comunidad estudiantil, académica y de apoyo que garantice la libertad de cátedra, la calidad en la educación, el ejercicio pleno de los derechos universitarios y sobre todo aquello que profesaba Vasconcelos: La educación como pilar de la transformación del país.

Sólo pregunto –con esto termino, señora presidenta– ¿quién puede estar en contra de esto? Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Ceseñas. Ahora vamos a saludar a un grupo de líderes comunitarios del municipio de Chapa de Mota, estado de México, que han sido invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI. Bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Como egresado del Instituto Politécnico Nacional me sumo, me solidarizo con el movimiento estudiantil de mi alma mater, porque considero que su lucha, los objetivos, las razones que tienen en este movimiento no solamente son justas, compañeras y compañeros, sino que se convierten en la defensa de la educación pública y gratuita en nuestro país.

Pero más bien quiero aprovechar estos minutos para decirle a la directora del Instituto Politécnico Nacional, a Yoloxóchitl Bustamante Diez, que nos tomó el pelo a los diputados cuando se aprobó aquí la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Ante la argumentación de la autonomía del Instituto Politécnico Nacional, ante los resultados, por cierto, que distinguen al Instituto Politécnico Nacional, sobre todo en el aspecto académico, nos convenció de tres cosas. La primera es de que la autonomía del Instituto Politécnico Nacional era necesaria; de que se necesitaba un presupuesto incremental año tras año, pero sobre todo, compañeras y compañeros, hicimos un estado de excepción en la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en el sentido de que la Educación Media Superior que imparte el Instituto Politécnico Nacional, no fuese considerada por la ley, tan es así que agregamos un transitorio y si mal no recuerdo el número 21.

Y ahora fíjense, compañeras y compañeros, y ahora la propuesta que hace la directora general del Politécnico, es de que las vocacionales se incorporen al Sistema Nacional de Bachillerato, y eso implica, compañeras y compañeros, una reducción en el número de asignaturas que se van a impartir en este nivel; significa una reducción de la carga horaria en algunas materias, y claro que lo digo con conocimiento de causa.

Les quiero decir que el Sistema Nacional de Bachillerato, la reforma integral comienza en el año 2004. Y ¿saben quién era la subdirectora o más bien la subsecretaria de Educación Media Superior? Yoloxóchitl.

Y efectivamente esta reforma integral comienza con la determinación de un marco curricular común. Y ahí se quitan las materias que fomentaban una actitud crítica y reflexiva de nuestros estudiantes. Y no solamente eso, disminuyen el número de horas, compañeras y compañeros, en asignaturas claves para su formación científica.

Por ejemplo matemáticas se reduce a cuatro horas en lugar de cinco. Y lo peor de todo, compañeras y compañeros, en contradicción con las escuelas de tiempo completo, la carga horaria que se tenía inclusive de 46, 52 horas a la semana, se reduce a 21 o 22 horas a la semana de enseñanza para los estudiantes.

Así es que compañeras y compañeros, este modelo neoliberal de la educación media superior y superior, se viene fraguando desde hace muchísimos años y concretamente por la directora general del Instituto Politécnico Nacional. Por eso es que me sumo, compañeras y compañeros, a las voces que piden su renuncia y les digo a los estudiantes de este movimiento: ni un paso atrás.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Ahora vamos a darle la palabra para hablar en contra, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. Por qué hablar en contra de este proyecto si desde la semana pasada fuimos nosotros mismos quienes anunciamos lo que estaba pasando allá afuera en las calles con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Simplemente porque nos parece insuficiente este punto de acuerdo.

Hoy sale un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se está exhortando a la Secretaría de Gobernación y al secretario de Educación Pública para que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno.

Pero qué nos puede decir este punto de acuerdo cuando el secretario de Educación Pública tenía hoy una comparecencia en la Cámara de Diputados ante las propias comisiones de educación, de cultura y de cinematografía y otras y ayer cancelan esta comparecencia. Los motivos, las razones las desconocemos, pero si hubiese querido dar la cara el secretario de educación para este tema hoy estaría aquí en comparecencia con los diputados.

También presentamos un punto de acuerdo en este sentido el diputado Ricardo Monreal, el diputado Ricardo Mejía y una servidora por lo mismo, porque no podíamos dejar pasar la situación que se vio la semana pasada y hacer como si no sucediera nada en este país.

Los estudiantes merecen respeto, que se les dé una educación de calidad y pública. Anunciamos desde la semana pasada que este movimiento es porque con el nuevo reglamento se va pretender dar la privatización de la educación pública.

Obviamente estaremos a favor, en Movimiento Ciudadano, de los estudiantes, porque es un claro ejemplo de que están organizados y si no tuvieran miedo no estaríamos ahorita aprobando este punto de acuerdo. Claro que estamos a favor de los estudiantes, estamos con ellos y exigimos la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional.

Lo vuelvo a repetir. Soy orgullosamente UNAM, pero hoy todos somos politécnicos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Muchas gracias, presidenta. Estamos discutiendo un tema tan importante para el país, y tristemente se observan la mayoría de las curules vacías.

Derivado del contexto en el que se ha llevado el país en los últimos años y en los últimos días en la corrupción y la violencia, han permeado de manera tajante y de manera lamentable, hasta en nuestras instituciones de carácter más respetables como es el actual caso del Instituto Politécnico Nacional.

Cuarenta y cuatro planteles cerrados de manera indefinida del Instituto Politécnico Nacional puede ser sólo el principio de un conflicto estudiantil de escala mayor dentro del país si se sigue ignorando el carácter fundamental de los que son estas casas de estudio, que en su origen tienden a proporcionar una educación de calidad a jóvenes con recursos limitados.

Cómo excluir la esencia de un Instituto tan representativo, como es el caso de la comunidad estudiantil y docente, ante grandes cambios reformadores en el reglamento interno, así como también planes de estudio. Es la historia del contexto político actual replicada en otro sector.

Las protestas en contra del Consejo General del Instituto Politécnico Nacional es una respuesta organizada tras el descontento de convalecer la propia formación de los estudiantes, afectando los programas de estudio ante la generación de formar servicio técnico.

Éstas son un claro rechazo a los cambios, no sólo del plan de estudios, sino también a los cambios estatutarios al reglamento interno de manera forzada y apresurada sin ningún tipo de diálogo entre quienes son la parte fundamental del Instituto.

Hacemos un llamado a abrir el diálogo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los exhortamos a que puedan ver en nosotros, los legisladores federales, una mancuerna junto con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para escuchar las demandas y los descontentos ante estos cambios reformadores a tan respetuosa y tradicional institución.

El curso del Instituto Politécnico Nacional se ha trasgredido, y se ha desviado. El Instituto tiene que abrir las puertas al debate y democratizar su toma de decisiones. Hoy, tenemos un tufo de corrupción al interior del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, la directora del Instituto Politécnico Nacional está siendo severamente señalada.

Hace algunos días un grupo importante de maestros me abordaron en esta Cámara y me entregaron pruebas de la corrupción al interior del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, me solidarizo y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se solidariza con la lucha y se suma a las demandas justas de los jóvenes de un programa de estudios y un reglamento justo.

Atendamos de inmediato este problema, no permitamos que escale más. El 2 de octubre está muy cerca. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados, hay un hecho que ningún mexicano puede olvidar, y es que Gómez Morin fue el personaje mexicano que le dio la autonomía a la universidad, por eso nosotros con toda la autoridad les podemos decir que el PAN nace en la universidad, que el PAN es un partido de universitarios, que el PAN es un partido de jóvenes.

Pero también tenemos que recordar que en 1968, cuando ocurrió ese lamentable hecho, el PAN fue el único partido político que se subió a esta tribuna y que habló por la dignidad universitaria, que fue el púnico partido político que no se quedó callado frente a esa desgracia nacional. Y hoy, en el 2014, tampoco nos vamos a quedar callados.

Lo que está sucediendo en el Politécnico es un asunto de interés nacional, la cancelación de la comparecencia del propio secretario de Educación obliga a que el propio secretario esté buscando desde este momento esa reunión con los universitarios, obliga a que el secretario de Gobernación esté dialogando con ellos, porque lo que nosotros no podemos dejar de lado en esta disputa y en esta problemática es que hace muchos años los estudiantes no salían a las calles; y eso a todos los que estamos aquí reunidos, eso a toda la clase política nos tiene que llamar la atención y nos tiene que obligar a leer ese pliego petitorio.

Los universitarios, los estudiantes que hoy están en las calles, están pidiendo la renuncia de la directora. Y me parece, con toda seriedad, que es algo que el gobierno federal tiene que evaluar y que la Secretaría de Educación tiene que tomar en cuenta. Ahí es en donde está el verdadero interés de todos nosotros, que las cosas se puedan solucionar, que lo que hoy tiene a los estudiantes en la calle pueda llegar por medio del diálogo a una solución pacífica y a un arreglo para toda la clase universitaria del país.

Sentemos un precedente, un llamado al diálogo, un llamado a la concordia, un llamado siempre a favor de los estudiantes. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Adame. Vamos a concederle el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas. Adelante, diputada, sólo le pedimos brevedad si fuera tan amable.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias. Con su venia, señora presidenta. Dada la enorme trascendencia del Instituto Politécnico Nacional para la educación y desarrollo del país, la madurez de sus alumnos y autoridades, y el desconocimiento de derechos elementales que ha sufrido la comunidad politécnica, raíz del actual conflicto, es indispensable que se les reconozca su facultad para darse su propio gobierno interno, se hace indispensable, se les reconozca su autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que es sinónimo de mayor fortaleza, democracia, libertad para la elaboración de sus planes académicos y evaluación de estos, y de sus trabajadores académicos, sin indebidas intromisiones del Estado o las empresas privadas.

En suma, es indispensable para la supervivencia del Instituto Politécnico Nacional su dignificación y para que alcance mayores niveles de engrandecimiento en favor del pueblo de México, en este sentido saludamos con respeto y entusiasmo la mega marcha de los alumnos politécnicos que está por comenzar, que se desarrolle sin agresiones de ningún tipo y alcance sus propósitos.

No hay que olvidar que Lázaro Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional para que los hijos de los obreros tuvieran acceso a la educación técnica, para que el país tuviera un desarrollo industrial que fundamentara el desarrollo económico y social, no para la reproducción de mano de obra barata a las trasnacionales que están por venir después de las reformas aprobadas.

Como legisladores tenemos el compromiso de proteger nuestras instituciones educativas, con mayor énfasis al Instituto Politécnico Nacional, que al igual que la UNAM son reconocidos mundialmente por sus egresados y son entidades de legado e historia en México.

Debemos escuchar la voz de los 17 mil estudiantes que han salido a las calles para pedir una educación con calidad, es voz de maestros que hoy están en paro  y como en el año 68, se suman a la causa.

Cierto es que la autonomía del Instituto Politécnico Nacional es un tema que se ha postergado, pero este asunto requiere de una solución inmediata. El Instituto necesita ser libre para decidir qué hace con sus recursos, para poder elegir a su rector y de manera general para quitarse el yugo de externos. Para saber que la autonomía de un instituto funciona perfectamente hay que mirar el ejemplo de la UNAM.

Sé que ya hay represiones a los estudiantes, que ya se les está censurando  y aprovecho esta participación para externarles mi apoyo, porque el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Aún hay tiempo de dialogar  y corregir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista.

Informo a la asamblea que esta Presidencia tiene enlistados para hablar a los señores diputados Ricardo Mejía Berdeja, Purificación Carpinteyro  y Arnoldo Ochoa González. Una vez que hayan hecho uso de la palabra anticipamos, la Secretaría consultaría si está suficientemente discutido el dictamen del acuerdo que se está abordando, y proceder a la votación correspondiente. Tiene hasta por tres minutos la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente.

Lo que mal empieza, mal acaba y precisamente uno de los frutos podridos y primeros del Pacto por México fue la reforma educativa, que se presentó en diciembre de 2012 y se aprobó a nivel constitucional en tan sólo 10 días.   Nosotros advertimos desde ese momento que se venía una escalada privatizadora y excluyente en contra de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país.

Primero, fueron contra los maestros y los trabajadores de la educación, hablando de una supuesta reforma educativa, que en realidad fue una reforma laboral, convirtiendo a los maestros de México en los villanos favoritos del deterioro de la calidad educativa en nuestro país.

Y hoy, más allá de la Coordinadora Magisterial de la CETEG en Guerrero, de la sección 22 en Oaxaca, incluso en reuniones que hemos tenido con maestros del SNTE –con S– están en contra y hoy viven los estragos y las consecuencias de esta reforma educativa.

Por otro lado, los padres de familia ven ahora cómo con un transitorio constitucional les cobran y les condicionan con cuotas escolares para cubrir las deficiencias del sistema educativo nacional y de la infraestructura.

Ahora van contra los estudiantes. Ya fueron contra los maestros, contra los trabajadores de la educación, contra los padres de familia y ahora van contra los estudiantes. Y han dirigido sus baterías contra una comunidad estudiantil y una institución, que es un orgullo nacional, el Instituto Politécnico Nacional.

Hoy el secretario de Educación Pública, que en su intolerancia y en su autoritarismo ha conducido este declive privatizador de la educación en el país, no se digna comparecer a este Congreso, como sí lo han hecho otros encargados o titulares de despacho del Ejecutivo.

Nosotros creemos que ante sus desaciertos, ante su falta de sensibilidad y ante su talante autoritario, la directora del Instituto Politécnico debe renunciar. No basta un acuerdo como el que hoy se está sometiendo a consideración. Nos parece que frente a la insurgencia estudiantil, frente a la torpeza e insensatez de sus actos debe presentar su renuncia.

Y a los señores que aprobaron la reforma educativa de los diferentes partidos, empezando por el PAN, que aquí lo veía en una buena pieza oratoria del diputado que me antecedió, condenando estos hechos, pero el fruto que generó estas consecuencias fue la reforma educativa. Hoy lo están viviendo los estudiantes. Hoy en este país se mata a los estudiantes o se les condena a dedicarse a otras cosas, porque se le cierran oportunidades en las aulas. Por eso la renuncia de la directora y que se encauce democrática y civilizadamente el proceso de renovación en el Politécnico Nacional. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. La diputada Purificación Carpinteyro Calderón tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, agradezco la oportunidad de subir aquí a posicionar mi total apoyo a lo establecido, más bien, manifestado por los diputados que me antecedieron en la solicitud de que la doctora Yoloxóchitl Bustamante, como directora general del Instituto Politécnico Nacional, presente su renuncia.

Obviamente, creo que las medidas que la doctora Yoloxóchitl ha asumido en estos últimos días son totalmente contrarias a lo que es el propósito del Instituto Politécnico Nacional, sino que considero que la doctora, en múltiples ocasiones, ha manifestado o ha hecho patente su total dependencia a lo que son sus propósitos políticos personales y de mantenimiento de su posición. Así lo hizo en el 2010 cuando, sin informar a la comunidad politécnica, se dio el derecho de prelación del Instituto Politécnico Nacional y el Canal 11 para que le fueran conferidos los permisos para extender la cobertura del Canal 11 a 11 entidades de la República Mexicana, en las cuales el Canal 11 no tenía cobertura y no tiene, de hecho, a cambio, obviamente, de que le prometieran retransmitir los contenidos de Canal 11 en esos permisos que fueron conferidos, más bien, al organismo promotor de medios audiovisuales, que el Ejecutivo de entonces, es decir, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa creó con un decreto, en un albazo, en un viernes de Semana Santa, para que nadie pudiera decir absolutamente nada. Todo esto se hizo con la connivencia de la doctora Yoloxóchitl Bustamante, sin que absolutamente nadie fuese informado.

Creo que esta sesión no le correspondía a la directora general puesto que no era la propietaria de esos canales, o sea, de esos permisos ni del derecho a obtener esos permisos. Sin embargo, así fue.

Creo que esta ocasión es una maravillosa ocasión para exponer públicamente lo hecho por la doctora Yoloxóchitl Bustamante y para que todo México sepa que el Canal 11, que representa una verdadera alternativa de canal público para todos los mexicanos, sufrió una terrible pérdida al haber pedido la prelación en el orden en el que le fueron otorgados los permisos para transmisión de televisión abierta en 11 entidades de la República Mexicana. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Carpinteyro. Tiene finalmente el uso de la palabra el señor diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Arnoldo Ochoa González: Compañeros diputados y diputadas, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional queremos dejar claro nuestro respeto a la comunidad politécnica.

La comunidad politécnica no solo recibe todo nuestro apoyo en su expansión en la investigación y el mejoramiento académico sino que la valoramos como una de las instituciones más importantes en materia educativa. Ciento sesenta mil estudiantes, más de 300 programas.

Una participación que tiene el Instituto Politécnico Nacional en la investigación, en la academia y en la formación fundamentalmente de los cuadros que desarrollan la tecnología, la ciencia y las ingenierías.

También queremos dejar claro que somos respetuosos de los planteamientos que hacen estudiantes y catedráticos de esta institución.

No solo estamos pensando, al igual que muchos de las fracciones, coincidimos todas en que debe ser el diálogo, que debe ser el consenso lo que le dé forma a los cambios en materia reglamentaria y en materia de los currículos de carácter académico.

La reforma que necesita el Politécnico, es una reforma que además de cambiar planes de estudios y programas pasa por la gestión educativa, por la toma de decisiones de manera democrática y la transparencia en la rendición de cuentas.

Debemos señalar y dejar claro que solo por el camino institucional, dentro del marco del derecho, del diálogo, del respeto se pueden encontrar soluciones que urgen para la comunidad politécnica.

La vocera Magdalena Rosas, de la Comisión de Lucha Estudiantil Politécnica aseguró que no hay ningún partido político, ninguna asociación y ningún grupo de choque que estén ensuciando este movimiento.

Lo deja ella claro y afirma que serán recibidos después de una reunión con el subsecretario Luis Miranda y que hoy serán recibidos por autoridades de la administración federal en esa búsqueda del diálogo y del acuerdo político para concluir este problema.

Las autoridades están autorizadas por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio. Esto creo que es lo importante, que entendamos que el Instituto Politécnico Nacional no está en riesgo, no está peleando ni luchando por la sobrevivencia. Los estudiantes y la comunidad que se han manifestado quieren consensuar los acuerdos en los cambios reglamentarios de los planes y programas de estudio.

Apoyemos a la Comisión de Lucha Estudiantil Politécnica. Apoyemos el diálogo, seamos respetuosos del Politécnico y de su comunidad para evitar que puedan suceder situaciones que se dieron en el pasado y que no se van a dar en esta administración. Todos debemos unirnos por el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Suficientemente discutido. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría con el capítulo de iniciativas, de ciudadanas diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 5o., 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Competitividad.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 43 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió de la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia, para su dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 420 Bis 1 al Código Penal Federal.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados. En materia censal y estadística, el concepto de hogar en México ha evolucionado.

En el levantamiento censal de 2010 surgió el término de hogar censal que difiere de la definición utilizada tradicionalmente por varias décadas, refiriéndose ahora al grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para alimentarse. Gracias a ello, el último censo de 2010, da cuenta de la realidad de las familias mexicanas.

El 90.5 por ciento de la población del país forma parte de hogares familiares, en tanto que la proporción de los hogares no familiares es del 9.3 por ciento y la conforman los hogares unipersonales o grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar denominados hogares corresidentes.

Los hogares familiares encuentran su fundamento en las relaciones de parentesco que existen entre sus miembros. Hay casos donde el jefe convive solo con sus hijos o, bien, convive con sus hijos y su cónyuge. En conjunto a esos hogares se les denomina nucleares y representan el 70.9 por ciento del total de los hogares familiares.

Por otro lado, existen hogares nucleares donde se incorpora la residencia de otros parientes que se llama hogar ampliado, o de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar, representando el 28.1 por ciento de los hogares familiares. El 60 por ciento de estos hogares son nucleares, el 28 por ciento son extensos y el 9.3 unipersonales o grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar.

El 67 por ciento de los hogares familiares tienen como jefe a un hombre y el 22.3 por ciento a una mujer. Por ejemplo, en los hogares extensos –en el 62.7- convive la nuera, el yerno o los nietos del jefe del hogar indistintamente de la convivencia de otros parientes.

En otras palabras, hoy las familias se constituyen de diversas maneras. Por ejemplo, son conformadas solamente por hermanas, por primos, por abuelos y nietos, por tías y sobrinos, por personas que no tienen parentesco consanguíneo o por afinidad o, que bien, no tienen obligaciones contractuales civiles. Dicho de otro modo, estamos ante una revolución familiar.

Sin importar su categoría, la familia en nuestros días constituye el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual sus integrantes constituyen una identidad por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización.

Así podemos afirmar que las familias mexicanas enfrentan en la segunda década de este siglo, diversos desafíos internos y externos que tienen que resolver junto con las instituciones públicas, porque de ahí dependerá el futuro orden social.

A fin de tutelar cabalmente los derechos de la familia, debemos tener claro que es una unidad social, plural y compleja, no una simple reunión de individuales separadas y aisladas.

La familia es un grupo social, célula de toda sociedad y base del Estado moderno; es un grupo natural y primario que debe ser regulado, atendiendo sólo al interés superior de Estado.

Bajo el anterior orden de ideas es preciso señalar que la ley fundamental hace diferentes referencias a la familia. Sin embargo no existe un concepto o una noción integradora.

El artículo 2o. de la ley fundamental regula a la familia indígena. El artículo 4o. establece: “La ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, y que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa”.

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 14, establece que: “ninguna familia puede ser molestada en sus derechos, posesiones, bienes, sino mediante mandamiento por escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del proceso”.

Por su parte el artículo 27 al igual que el 123, señalan la posibilidad de establecer el patrimonio familiar como derecho de familia. En razón de lo anterior es menester elevar a rango constitucional el concepto de familia, teniendo como base fundamental, el artículo 1o. de la propia Constitución.

Por ello esta propuesta tiene por objeto sentar las bases de la protección de la familia en cualquiera de sus modalidades. En este sentido se estima conveniente recoger la definición que proporciona el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para establecer que: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Lo anterior en la idea de establecer un principio constitucional a partir del cual se desprenderá el conjunto de reglas que estructurarán un derecho familiar que tendrá por finalidad la protección integral de ésta.

Finalmente resulta oportuno citar a Fuentes Linares, quien afirma: “El Estado moderno es lo que son sus familias; la humanidad contemporánea es lo que son sus Estados”. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Quiñones. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Les damos la bienvenida a personas del grupo de psicología Inzumba, de Aragón, invitadas por la diputada Claudia Elena Águila Torres. Bienvenidas y bienvenidos. Creo que ya se fueron.

También saludamos a ciudadanos de la tercera edad, Grupo Loma de Chino, y alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitadas e invitados por el diputado Marcos Aguilar.

También les damos la bienvenida y agradecemos su presencia a diputadas del Congreso de Quintana Roo invitadas por la diputada Lizbeth Gamboa Song. Diputada Maritza Medina Díaz, diputada Susana Hurtado Vallejo, quien fuera diputada federal, diputada Arlet Molgova Glover y Cristina Sangri, quien fuera diputada federal, y la regidora Marina González. Bienvenidas y muchas gracias por su presencia.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado Juan Bueno Torio, a nombre del diputado José Isabel Trejo Reyes y de la fracción parlamentaria del PAN, para presentar, en un solo acto, cinco iniciativas en materia fiscal, las enlistadas en el orden del día con los números 62, 68, 71, 74 y 76. Tiene usted la palabra, señor diputado. Modifica el contenido de una. Gracias, diputado.

El diputado Juan Bueno Torio: Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros: las iniciativas que hoy por mi conducto presenta el Partido Acción Nacional tienen que ver con corregir algunos de los errores que se generaron cuando se aprobó por esta soberanía la pasada miscelánea fiscal recaudatoria y que al tiempo hemos venido viendo que resultó ser recesiva porque, como ya estamos reconociendo, en este año el crecimiento sigue siendo pobre y mediocre que apenas alcanza el 1.4 por ciento del producto interno bruto en el primer semestre de este año 2014.

Esperamos que el gobierno no insista en su necedad y acepte los cambios que estamos proponiendo, que acepte que se equivocó en algunos temas muy importantes de la pasada miscelánea fiscal. Como dice el adagio: el sabio reconoce sus errores y rectifica; el necio insiste en los mismos.

Pero nosotros en el Partido Acción Nacional estamos preocupados por nuestra economía, estamos preocupados por remontar ese 1.4 por ciento del producto interno bruto para que haya mayores satisfactores para las familias mexicanas.

Por esta razón, con las iniciativas que presentamos el día de hoy pretendemos revertir los efectos nocivos que ha generado en la promoción de las inversiones, en la generación de empleos.

Hay que reconocer también lo que ya se ha dicho por el Inegi: la caída de la inversión extranjera que para este año en nuestro país ha sido del 60 por ciento con respecto al año 2013, 60 por ciento de caída de la inversión extranjera y ella y las otras inversiones nacionales son las que generan las condiciones de crecimiento económico y de generación de empleo que requieren las familias mexicanas.

¿Y por qué se ha caído la inversión extranjera? Por varios factores. Primero: falta de incentivos. Por eso estamos proponiendo que se reinstale el incentivo de autorizar la depreciación acelerada del 100 por ciento en el primer año de todas las inversiones en activos fijos y que también se rectifique y reduzca el impuesto sobre la renta de las empresas morales, de las personas morales, las empresas, del 30 al 28 por ciento, de tal manera que el impacto por el gravamen del 10 por ciento por el retiro de las utilidades, se vea atendido con este incentivo para la inversión en las empresas en las personas morales.

Igualmente, que se reestablezca la posibilidad de deducir los gastos de previsión social en beneficio de los trabajadores, aquellos gastos como los bonos de productividad, los vales de despensa, etcétera, que hoy no son deducibles y que las empresas, o lo han dejado de dar en beneficio de los trabajadores, o lo otorgan pero entonces el trabajador tiene que pagar el impuesto sobre la renta de esos beneficios adicionales.

Lo mismo sucede con el IVA que se les cobra a las personas que tienen que trasladarse de un municipio a otro con el IVA al transporte de pasajeros por año. El primero de enero el gobierno empezó a cobrar 16 por ciento de IVA al transporte foráneo, con lo que ésta y la medida anterior de los trabajadores no es otra cosa más que sacarle dinero al bolsillo de las familias mexicanas para pasarlo al bolsillo del gobierno.

Lo mismo se le saca dinero a las finanzas de las empresas para pasarlo a las finanzas públicas en donde ya vimos que no están siendo bien invertidas.

¿Y qué decir del problema que enfrentamos con el IVA en las fronteras? Ya vimos cómo esa homologación del IVA ha generado un daño importantísimo en la economía de la zona fronteriza.

Estamos ya enfrentando ya problemas de contrabando. Estamos enfrentando el tráfico y el éxodo de mexicanos en los fines de semana a comprar sus enseres y sus alimentos, todas sus compras, todo su mercado al otro lado de la frontera, dejando sin actividades productivas a las empresas nacionales.

Es por eso que queremos revertir y que regrese el IVA al 11 por ciento como estaba establecido. El otro impuesto nocivo que le pusieron en este caso a las bebidas endulzadas con azúcar, un peso por litro, es decir, 10 pesos por kilo de azúcar, no ha servido para resolver el problema de obesidad ni para reducir el consumo de refrescos o bebidas endulzadas con azúcar.

Por el contrario, para lo que ha servido es que este impuesto, en virtud de que el mercado del azúcar está deprimida, vaya y afecte directamente el bolsillo de los productores de caña de azúcar en todas las regiones donde se produce esta gramínea.

Por eso es que necesitamos revertir este impuesto. Y no actuar solamente como hoy nuevamente lo quieren hacer, en dar otros mil 500 millones de pesos en apoyo a la tecnología del campo para tratar de resarcir ese daño tan grave que le hicieron a los productores de la caña de azúcar.

Los problemas de la obesidad en el país no están en los precios de los productos, sino en la falta de una política pública que ayude a la gente a mejorar su condición de vida y su desarrollo físico, una cultura pública desde las escuelas, en los hogares y en las viviendas.

Y, por último, quiero compartirles que la próxima semana también estaremos presentando, si no el jueves el próximo martes, una iniciativa en torno al Régimen de Pequeños Contribuyentes, para poner en ley lo que el Ejecutivo ha mostrado en decretos por el fracaso de la reforma pasada, la famosa inserción de los Repecos al régimen normal de impuesto sobre la renta, ese fracaso que lo han tratado de ocultar con los decretos de marzo o abril y el decreto de la semana pasada, del mes pasado, vamos a tratar de poner en ley para estar en un orden completo.

Esto nos demuestra otra cosa, que esa miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva vino a darle en la torre al crecimiento de nuestro país y a la inversión. No obstante que está creciendo la economía de los Estados Unidos y que tradicionalmente nos jala en el crecimiento económico por esas malas decisiones fiscales del año pasado no estamos creciendo. Y le están apostando al crecimiento económico derivado de la reforma energética y de telecomunicaciones, pero si no corregimos estos esfuerzos el gobierno de Peña Nieto no va a rendirle como hasta hoy no le ha rendido buenas cuentas a los mexicanos.

Estamos nosotros conscientes de que hoy tenemos esta miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva, que lo único que ha hecho es imponer más impuestos para sacarle dinero a las empresas y al bolsillo de los mexicanos. Y es por ello que así no se está generando mercado interno y no se está generando economía en nuestro país.

Sin duda, el Partido Acción Nacional, reiteramos nuestro compromiso con los ciudadanos, con la responsabilidad social ante la nación, por la cual estamos haciendo estos planteamientos, pues queremos que desde esta parte fiscal se incentive la promoción, el crecimiento y el desarrollo económico que mejore las condiciones de vida digna de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de a Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio. Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece al autofinanciamiento como una modalidad de financiamiento para la adquisición de bienes sin recurrir a los financiamientos tradicionales. Lo que pretende afianzar a la participación de sector social de la economía a través de grupos organizados de consumidores que al aportar periódicamente sus recursos permitan fondear la adquisición de bienes, evitando los altos intereses.

Complementa la regulación en la materia el reglamento de sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que facultan el artículo 2 a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría General del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias,   la aplicación, vigilancia e interpretación del presente reglamento, lo que se limita de manera especial a los procedimientos de creación y funcionamiento de dichos sistemas.

La débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los sistemas ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial y la propia desnaturalización de la perspectiva social que debería regir en esta modalidad de financiamiento, llegando a extremos en los que las tasas de interés se sitúan por encima de las existentes en el mercado de créditos, propiciando así en algunos casos la aplicación de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas.

Aún con el limitado marco de regulación que existe, durante 2012 la Profeco recibió 2 mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas, la que mayor incidencia fue Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, con mil 442 denuncias.

Entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa de recisión de contrato, la negativa a la entrega de producto o servicio, además de producto o servicio no solicitado o autorizado; daños durante el proceso de entrega; negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución del depósito.

Además de las causadas señaladas por la Profeco existen otros aspectos contenciosos que propician que las diferencias entre los sistemas y los usuarios terminen en los tribunales, entre éstos encontramos situaciones de fraude por el uso de convenios de adhesión distintos a los oficialmente registrados en la Procuraduría Federal del Consumidor; el incremento injustificado del costo de los bienes a adquirir como resultado de la aplicación de tasas de actualización distintas a las notificadas a la autoridad, así como la aplicación de tasas de interés que cuadriplican incluso las más altas tasas de las tarjetas de crédito comerciales y que propician dicha conducta, constituyen acciones claras judicialmente sancionadas, como usura, tal y como al respecto se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia del 9 de mayo de 2012.

Así pues, advertimos que las condiciones que actualmente privan en la relación entre el sistema y los usuarios resultan desventajosas para los segundos, afectando el equilibrio de voluntades que deben prevalecer en este tipo de contratos, vulnerando visiblemente los derechos a los usuarios y su patrimonio, aspectos que constituyen derechos plenamente reconocidos por el Estado mexicano en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 21, numerales 1, 2 y 3.

Siendo deber de las autoridades adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dichos tratados, según el artículo 2o. de la Convención y que además se correlaciona con las disposiciones del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo correspondiente a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es que resulta indispensable que la representación popular promueva acciones para fortalecer la protección de los usuarios.

En nuestro país se han documentado ya que como resultado de los plazos, cargos, accesorios y penalizaciones se integran cobros con un sobreprecio inicial de hasta 76 por ciento.

Por tal motivo y luego de considerar la necesidad de aportar una regulación que contribuya a otorgar mayor certeza jurídica a las partes en este tipo de operaciones estableciendo garantías adecuadas para evitar la comisión de prácticas abusivas que afecten el patrimonio de las familias, considero necesario presentar a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformas y adiciones a las leyes de protección y defensa al usuario de servicios financieros, de protección al consumidor y del Código de Comercio, para que si así lo estiman se apruebe en sus términos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para el dictamen correspondiente.

Le damos la bienvenida y saludamos a la presidenta municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Rosa Nidia Villalobos González, invitada a este pleno por el diputado Martín Vásquez Villanueva. Presidenta, bienvenida a la Cámara.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, diputado presidente. En la construcción de un Estado de derecho en la que impere la legalidad, resulta primordial dotar a las autoridades de facultades suficientes para hacer cumplir sus determinaciones. El auto de autoridad es esencialmente coercitivo.

Sin embargo, con este propósito resulta también sumamente importante que nosotros, previendo esta relación que puede existir de supra subordinación de una autoridad hacia un particular votemos a los particulares de los mecanismos de acceso a la justicia, de los medios judiciales a través de los cuales logren el justo cumplimiento de las normas y del derecho.

Es precisamente con este propósito y con el fin último de salvaguardar la más pura observancia de los derechos humanos que se expidió la Ley de Amparo.

La Ley de Amparo es el mecanismo judicial a través del cual los gobernados, los particulares pueden acudir a los jueces y exigirles a ellos que a su vez velen porque las autoridades en el cumplimiento de sus funciones cumplan estrictamente con lo que establece la ley.

Sin embargo, con motivo de la reforma constitucional de 2011, a través de la cual se amplió el gran espectro conforme al cual se deben de valorar ahora los derechos humanos, se modifica también la Ley de Amparo, que es el medio para el control de los derechos humanos y las garantías constitucionales y a través de ello se permite la participación mucho más amplia de sectores colectivos perfectamente identificables que pertenecen a la sociedad, que en alguna otra época no tenían la posibilidad de acceder al amparo por no gozar de una representación legal.

¿A qué me refiero? Me refiero particularmente a la ampliación del principio de iniciativa de parte agraviada y la titularidad de un interés jurídico para poder acceder al amparo, que ahora transita y se transforma en lo que es la tutela de un interés legítimo.

Por el sólo hecho de pertenecer yo a un sujeto colectivo identificable previsto en la ley, con un derecho dado, puedo acceder al juicio de amparo y no quedo supeditado a ser exclusivamente el titular del derecho subjetivo del derecho al que se refiere la norma para hacer cumplir las consecuencias que la misma prevé. Ésa es esta ampliación del principio de iniciativa de parte agraviada, que ahora tutela el interés legítimo.

Hay un punto muy importante que tiene que ver con esto. Dentro de las muchas figuras que se actualizaron en materia de amparo, hay una que está íntimamente relacionada con el cumplimiento de las ejecutorias. Toda sentencia en el juicio de amparo tiene como propósito obligar a las autoridades a restituir al gobernado en el ejercicio de sus derechos, si el acto hubiera sido un acto de naturaleza positiva implicará que lo dejen sin efecto y que retraigan esos efectos hasta el momento de la emisión del acto.

Si el acto hubiera sido un acto negativo, una omisión, la sentencia tiene como propósito obligar a la autoridad a llevar a cabo aquello que indebidamente hubiera dejado de hacer de acuerdo con lo que establece la ley.

¿Qué es lo que sucede? En materia de ejecución de sentencias en amparo, la ley ahora dota a los jueces de amparo de una serie de facultades coactivas que anteriormente no tenían, a través de las cuales pueden incidir de manera mucho más efectiva en contra de las autoridades, a fin de obligarlas a hacer aquello que establezcan las mismas sentencias de amparo.

Cuando se trata de una sentencia de amparo pronunciada en un juicio promovido por un particular, a partir de la tutela de un derecho que la ley le concede a su favor y en la que él resulta ser el único beneficiario de ese derecho plasmado en la norma, resulta perfectamente legítimo que éste intervenga también en el juicio de amparo y le pida a los jueces de amparo que en cumplimiento de sus sentencias emitan las resoluciones de sanción correspondientes que permitan el más pronto cumplimiento de la sentencia misma.

Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el juicio de amparo se propone por quien es titular de un interés legítimo? Lo lógico sería, que al momento de ejecutarse la sentencia, también sea solamente él quien, a través de esta participación activa en el amparo, logre la participación del juez su intervención y la imposición de las sanciones o los mecanismos coactivos para hacer cumplir la sentencia.

Pero como se tutela el interés legítimo, una interpretación muy amplia de la Ley de Amparo permitiría también concluir que quizá cualquier persona que pertenezca a ese conglomerado que está siendo protegido a través de la sentencia de amparo, intervenga en la etapa de ejecución y por consiguiente, participe solicitando la imposición de sanción.

¿En qué se traduce esto? En que a pesar de que una autoridad habiendo sido responsable en un juicio de amparo frente a un particular, frente a un gobernado, en ejercicio de la tutela del interés legítimo, cuando llegue la fase de ejecución de la sentencia, la misma autoridad quede supeditada a un gran espectro de gobernados que pudieran intervenir indebida, quizá, ilegítimamente ya para efectos del amparo y solicitar la imposición de sanción.

Acaba siendo una posición terriblemente desequilibrada para el servidor público que tenga el carácter de autoridad responsable, como también para los jueces que tienen que hacer cumplir su resolución.

Por eso, la iniciativa que propongo y que presento ante ustedes tiene como propósito, exclusivamente, circunscribir quienes son, para efectos de la ejecución de sentencia, habiéndose ejercido la acción de amparo, en ejercicio de esta tutela del interés legítimo, los que van a tener, valga la redundancia, la legitimación para pedir la coacción y la materialización de los mecanismos efectivos con los que hoy están dotados los jueces de amparo para hacer cumplir su resolución.

¿Qué quiere decir esto? Que en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que es el que concierne a las sentencias que se dictan en el juicio, propongo que se incorpore un  párrafo en el que a la letra se diría lo siguiente: en los casos en los que en el amparo se haya concedido para afectación un interés legítimo, solo el quejoso y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Con esto se reduce desde luego, el grado de riesgo en que están supeditadas las autoridades responsables en el amparo, si desde luego, también cerramos nosotros la puerta para que el propio Poder Judicial tenga que interpretar algo que desde luego podría ser nuestra voluntad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para el dictamen correspondiente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, vengo aquí a presentar una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Estoy solicitando y vengo a pedir el apoyo y el respaldo de ustedes para productores de caña, para reformar el artículo 7 en su fracción VIII, adicionando un párrafo más.

Un segundo párrafo al artículo 21, un segundo párrafo y las fracciones I, incisos a), b), c) y d) y una segunda y tercera al artículo 31.

Y un segundo párrafo al artículo 41, para mencionarle de qué se trata esta reforma y adiciones.

Miren, el artículo 7 en su fracción VIII se refiere al financiamiento que dan los ingenios, que reciben los productores a través de los ingenios para comprar sus productos, y estos les dan un pagaré para que vaya a una empresa o a una comercializadora que hacen los dirigentes locales del ingenio y monopolizan esa venta de los productos, obligándolos a ir con un solo proveedor que les va a dar más caro el producto que en los mercados locales habiendo más proveedores, que dan mejor calidad y más barato.

Un ejemplo les pongo, hay en el fertilizante, el que proporciona al producto lo da mil pesos más caro; habiendo otros proveedores que lo dan de mejor calidad y menos caro. ¿Qué es lo quiero ahí? Que haya, por lo menos, que el Comité de Producción y Calidad Cañera que está compuesto por personal del ingenio y de cada una de las organizaciones, por lo menos tengan a tres proveedores y que esos tres proveedores pueda ir el productor a sacar sus productos sin tener que hacerlo un solo proveedor.

Todavía aunado a ello tienen las empresas fantasmas que hacen los dirigentes, que luego quiebran y quedan a deber, cinco, 10, 15, 20 millones de pesos que después tienen que pagar los productores, que no existan ésas; si fueran para bien, qué bueno sería que fueran para que estuvieran más baratos los productos.

El artículo 21, ése está más grave todavía. Trata de que es donde el ingenio retiene las cuotas del Seguro Social y éste en lugar de ir a pagar al Seguro Social, se las da a los dirigentes y como nosotros hace ya años cuando yo fui diputado, obtuvimos 350 millones de pesos para aquellos que no podían pagar el seguro, de ahí se tomaba ese recurso. ¿Y qué sucedió? Muchos se quedan con el dinero, no pagan las cuotas y de ahí tomaba el Seguro Social para pagarlas y ellos se quedaban con ese recurso, y ahora se los dan y no pagan; entonces muchos productores se quedan sin seguro. Ahí nada más es que el ingenio vaya directamente y pague esas cuotas que retiene a los productores. 

En el artículo 31, en su segundo párrafo, ahí es donde trata lo de las organizaciones, tanto locales como nacionales. Ahí lo que pedimos es, que tanto las locales como las organizaciones nacionales sean electas; primero fueron por tres años, luego se aumentaron a cuatro y ya se aumentaron a seis años; bueno que sea de seis años, pero que no haya reelección; y que las organizaciones tanto locales como nacionales, sean electas por el voto universal, libre, secreto y directo de cada uno de sus afiliados, eso ya lo hicimos aquí con los ganaderos.

Yo creo que vamos a obtener el respaldo de todos los partidos para que esta iniciativa se dictamine y venga aquí a este pleno y sea aprobada.

En el artículo 41, estoy proponiendo un segundo párrafo, que es a favor de los productores de caña que quieren ya no estar en una organización; los productores tienen el derecho cada año, hasta el último de octubre, de decidir en qué organización van a seguir militando. Si están en la CNC, se quieren ir a la CNPR se van; y si hay una organización independiente, se van a la organización independiente. Pero hay muchos pasos que se tienen que hacer, y con esta ley que se aprobó, si no mal recuerdo en la de 2000-2003, la que siguió, porque en la de 2000-2003 la dejamos ya lista para que se viniera aprobar.

Ahora el Registro Nacional Agropecuario va a sancionar los padrones de cada una de las organizaciones, pero como ya las dirigencias van con un notario y el notario certifica que fueron los productores a afiliarse a ellas y luego también otro notario les certifica que esos mismos productores se afiliaron a ella, y hay una duplicidad que tiene que resolver el Registro Nacional Agropecuario, y él le pide al ingenio datos y el ingenio no se los manda oportunamente porque están coludidos con algunas organizaciones y no quiere mandar oportunamente esa información y ya la manda hasta después que termina la zafra y ya no les sirve a los dirigentes.

Ahí lo que queremos es que haya una sanción, un tiempo de 10 días hábiles para que el ingenio le mande esa información al Registro Nacional Agropecuario y si no la manda que sea sancionado de 50 días hasta 80 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al año.

Compañeros, compañeras. Ya los cañeros están muy lastimados, ya los han perjudicado mucho, hagamos que los órganos de dirigencia se cambien. Tienen seis años para aquellos que quieren servir, pero que ya no haya la reelección. Tienen ya muchos llegando a 30 años algunos dirigentes nacionales, algún dirigente y otro tiene más de 20 años. Yo creo que precisamente por eso los cañeros están en crisis. Les agradezco su atención. Muchas gracias, presidente. Espero que respalden a los cañeros.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego para su dictamen.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría con comunicados y acuerdos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes en comisiones ordinarias y especiales. Se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De la Cámara de Senadores se recibe comunicado. Secretarios de la Cámara de Diputados, presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Atentamente, senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez para su dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, del grupo parlamentario del PAN.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados federales. En su muy conocida obra La seducción de las palabras, el escritor y periodista español Alex Riquelme, señala con agudeza que aun cuando transparencia y democracia no son palabras sinónimas, ambas evocan recíproca y exactamente lo mismo: democracia y transparencia.

Porque la transparencia en una democracia por incipiente que ésta sea, es la posibilidad de contar con un Estado en el que no hay secretos, en el que todo puede y debe hacerse a la luz pública y en el que el flujo de información sea tal que la distancia entre los poderes públicos y los ciudadanos sea cada vez más estrecha, porque si bien la democracia implica elección en libertad y participación ciudadana, no es plena si no se obtiene de los elegidos y de los órganos públicos que van a dirigir transparencia y compromiso.

Es decir, lo deseable es un Estado más accesible y democrático, que todo poder público sea público, que nada de lo público sea secreto porque otro de los objetivos de la democracia ha sido erradicar para siempre de la sociedad humana, como dijera Norberto Bobbio, el poder invisible para dar vida a un gobierno cuya actuación debe ser analizada en público.

Nada legitima más a un Estado ante la sociedad que la transparencia y la rendición de cuentas; nada favorece más a los paraísos de inmunidad y de impunidad que tanto agravian al pueblo que el incumplimiento de estos principios.

El Partido del Trabajo ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas desde su nacimiento como partido político nacional.

Como legisladora, congruente con los principios y valores de mi partido, reitero que la rendición de cuentas y la transparencia deben ir más allá del discurso y de la sola intención, han de ser un ejercicio obligado y cotidiano de los poderes públicos.

Siendo el Congreso el órgano que representa directamente al pueblo, considero que el principio de transparencia debe satisfacerse con mayor rigor.

En un Estado de derecho nadie puede discutir la necesidad y conveniencia de que la actividad de los legisladores sea transparente, pues tan sólo de esa manera por parte del conocimiento de la ciudadanía de la actuación de los poderes públicos, se puede dotar de eficacia al ideal que encarna el citado modelo de Estado, al que se refiere la Constitución general de la república.

Recientemente, en el pleno de esta soberanía se llevó a efecto un intenso debate relativo a una supuesta recepción de recursos públicos destinados a los grupos parlamentarios, cuya justificación aún no ha sido plenamente aclarada a la sociedad.

Precisamente para efectos de que no se repitan en el corto plazo ese tipo de situaciones es que propongo la presente iniciativa para el efecto de que el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su inciso b) considere a los grupos parlamentarios como sujetos obligados.

Ciertamente, la Cámara de Diputados ha propiciado avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información pública al señalar, en el artículo 22 de su reglamento, la necesidad de que los grupos parlamentarios cumplan con las disposiciones legales reglamentarias de transparencia y administrativas vigentes de aplicación en la Cámara para la verificación de los recursos públicos.

Pero resulta indispensable avanzar en transparentar los recursos asignados a los grupos parlamentarios por ser éstos, desde mi perspectiva jurídica, personas de derecho público.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración del pleno la iniciativa referida. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Monreal. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 2 de octubre del 2014 y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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