Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Minuto de silencio por el 96 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar
Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a diputaciones vacantes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 264 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (11:33 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Madalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Comunicaciones oficiales. Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a: iniciativa por el que se reforman los artículos 2o., y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de marzo de 2015.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión. Diputado Julio César Moreno Rivera, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron los siguientes oficios:
Del diputado Trinidad Morales Vargas, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, dos iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentadas el 21 de enero y el 3 de febrero del año en curso.
Del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Economía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, presentada el 5 de marzo de 2015.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Contestaciones a puntos de acuerdo. Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron de diversas autoridades once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítanse a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Del Senado de la República. Oficio del Senado de la República con el que remite acuerdo de la Mesa Directiva para realizar sesión solemne el 15 de abril de 2015, en el recinto parlamentario del Palacio Nacional.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Mesa Directiva. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de manejo de residuos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos María Estela Moreno Alvarado, Lucía Reynoso Castellanos, José Luis Martínez Meléndez y Gildardo Sánchez González, diputados federales electos.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y a los siguientes diputados:
Al diputado Álvaro Martínez García, al diputado Antolín Etienne Rivera, al diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina y a la diputada Dora María Talamante Lemas.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadanos María Estela Moreno Alvarado, Lucía Reynoso Castellanos, José Luis Martínez Meléndez y Gildardo Sánchez González. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Los ciudadanos María Estela Moreno Alvarado, Lucía Reynoso Castellanos, José Luis Martínez Meléndez y Gildardo Sánchez González: Sí, protesto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Mario Alberto Dávila Delgado para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, presidente. Con su venia. Muy buenos días. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad y el sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, utilizando el índice de masa corporal, para de una manera medible poder definirlos, correspondiendo el sobrepeso a un índice de masa corporal situado entre 25 y 30, y la obesidad 30 o más de índice de masa corporal.
En México el problema del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria es un tema sumamente prioritario y preocupante, que se ha traducido en un grave problema de salud pública y que está afectando a una gran parte de la población mexicana, entre ellos menores más importantemente. Es por ello que se pretende legislar de una manera integral y someter a la Ley sanitaria diversas reformas que podrán combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano la prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante.
Con la presente reforma se propone orientar a la población respecto de la importancia de una alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud, así como diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta que contrarreste eficientemente el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Se establece en este dictamen que la Secretaría de Salud impulsará, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. Y señala que queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares.
Entre las enfermedades que conlleva la obesidad y el sobrepeso existen padecimientos alarmantes, como son la diabetes mellitus, la hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares y se relacionan con algunos cánceres y ha provocado el gasto social de más de 80 mil millones de pesos durante el 2012 y se espera que para el 2017 esta cifra se eleve hasta 150 mil millones de pesos.
Según la OMS el sobre peso y la obesidad originan un 44 por ciento de la carga de diabetes, el 23 por ciento de la carga de cardiopatía sistémicas y entre un 7 y un 41 por ciento la carga de algunos cánceres, que se atribuyen a estos problemas.
El gobierno federal ha realizado diversas acciones y estrategias para contrarrestar este grave problema. Ejemplo de ello, tenemos la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta este momento no ha sido suficiente, es apenas una parte de las acciones que se requieren para poder combatir este problema y algunas de ellas aquí se plasman en este dictamen
Es importante señalar que con la finalidad de tener un control de los menores en este gran tema, en asociación con la Secretaría de Educación Pública se solicite que se lleve un seguimiento de los menores escolares, llevando a cabo la evaluación del peso, la talla y el índice de masa corporal, para tener un expediente nutrimental de cada menor.
Respecto al etiquetado que también se menciona en este dictamen, es que lo contengan las etiquetas para los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que deberán incluir datos de valor nutricional y evitar que tengan los alimentos un alto contenido calórico y energético y que tengan un alto contenido en grasas, en azúcares y sodio.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, la Comisión de Salud considera oportuno y pertinente aprobar el dictamen de esta minuta que proviene de la Cámara de Senadores a favor, ya que todos los integrantes de esta Comisión así lo manifestaron en su voto.
Solicito también a los diputados y diputadas de este pleno su apoyo para que sea votado a favor el proyecto de decreto con el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, para el control de sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
Artículo único. Se reforman los artículos 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos ellos de la Ley General de Salud.
Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para fijar la postura de su grupo parlamentario, le vamos a dar el uso de la tribuna hasta por cinco minutos al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de agrupación Morena. Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Sobre este tema se han tomado algunas medidas aquí en la Cámara de Diputados, una de ellas representó un duro golpe a la economía de las familias de nuestro país, porque lejos de buscar la eficacia de la norma y de financiar el sistema de salud de este país, se le ha dado prioridad y se le seguirá dando al comercio de la comida chatarra.
Nada más pongo un ejemplo de lo que representó la reforma fiscal. Una medida de esa mal llamada reforma hacendaria, fue incrementar entre un 8 y un 14 por ciento el impuesto en alimentos procesados, porque tenían un alto valor calórico, de acuerdo a los razonamientos medianos que se expusieron en ese debate.
¿Cuál fue la consecuencia? Que el jamón de pavo, el jamón de cerdo, el tocino, el chorizo, las salchichas, la leche, el queso y todo los lácteos, los alimentos procesados enlatados, como el atún, los chiles curados, las sardinas, bueno, hasta el chocolate que los niños consumen con la leche se incrementó en un 8 y un 14 por ciento.
Más de 100 productos de la canasta básica aumentaron su costo el 1 de enero de 2014, con el demagógico argumento de cuidar la salud de nuestro pueblo. Falso. ¿Qué come un estudiante? Un pastelillo y un refresco, cuando bien le va. ¿Qué come un albañil antes de cobrar cuando llega el viernes y el cobra hasta el sábado? Comida chatarra, desgraciadamente, porque vive mal pagado, y por lo tanto, mal alimentado. ¿Qué come un burócrata antes de que llegue la quincena?
Es decir, la gente, el pueblo va a seguir consumiendo este tipo de alimentos. Y no puede ser con medidas generales, verdaderamente limitadas, que dicen un poquito más de lo mismo de lo que se viene diciendo del tema en los últimos veinte años, como que se quiera combatir el tema de la obesidad, el sobre peso y las enfermedades ligadas a los trastornos de conductas alimentarias.
Esto es una gran mentira y al menos en Morena no vamos a permitir que este tipo de demagogia se venda a la ciudadanía como una gran medida a favor de la salud, a favor de las familias mexicanas. Y para vetar a nuestras niñas y niños de una mala alimentación.
No. Lo que tiene que procurar esta asamblea, en lo que tiene que luchar este parlamento, lo que tendría que haber hecho esta Cámara de Diputados desde el primer día que ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, es incrementar el presupuesto al sistema de salud.
Han llevado a la chatarrización al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE. Bueno, dense una vuelta al Instituto de Neurología. Tardan hasta año y medio para dar una consulta.
Claro, aquí se tienen gastos médicos mayores. Qué padre ser diputado, pero el pueblo espera año y medio para tener acceso a una consulta de especialidad en el sistema de salud.
Y el seguro popular, que se convierte en una gran farsa porque sobrecarga al IMSS, al ISSSTE y al sector salud federal, llevando a la población, acercando a la población a este servicio, pero sin que esta Cámara de Diputados financie el sistema de salud.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Gerardo.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Sí, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame. ¿Para qué efectos está solicitando la palabra el diputado Díaz Palacios?
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Señor presidente, para pedirle de la manera más atenta, le diga al orador que si es tan amable en ceñirse a lo que marca el artículo 216.
Entiendo que quiere hacer campaña, entiendo el tiempo electoral. Lo que no entiendo son los insultos que le está haciendo a la Universidad Nacional de México. Porque además, quien presentó el estudio de lo que cuesta la atención hacia la obesidad infantil y la diabetes fue la UNAM. Por su atención muchas gracias, y se apegue al 216.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, esta Presidencia le pediría que permitiéramos al orador continuar con su posicionamiento, toda vez que su petición no procede. No ha lugar a su petición. Proceda ahora el orador, adelante.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Yo le preguntaría al diputado si anda sobrio, porque no estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, estoy hablando del Sistema Nacional de Salud, estoy hablando del IMSS, estoy hablando del ISSSTE y estoy hablando de su responsabilidad como diputado del PRI, como representante popular que usted no es, para defender el sistema de salud pública de este país y de eso trata el fundamento principal de este dictamen y por eso lo rechazamos tajantemente.
Yo le pido respeto a Morena, a mi representación y al pueblo de México. Voy a continuar.
Como les venía diciendo, e incluso mañana vamos a tener un foro con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los mejores testigos de cómo se ha ido desmantelando la seguridad social de este país, no hay gasas, no hay jeringas, pues menos medicamento, porque en esta Cámara de Diputados hay un grupo mayoritario de irresponsables que han votado por otros privilegios y por otros negocios, que el hecho de apoyar a la salud en el país.
Por eso en los partidos políticos alcanza para viajar en helicóptero a los lugares donde quieran llegar. Por eso el titular de Conagua, David Korenfeld, se va de vacaciones con un helicóptero oficial, de una instancia federal, con un presupuesto que se autoriza aquí y que hace mucha falta para sostener más camas en el Sistema Nacional de Salud.
Y les voy a dar nada más un pequeño ejemplo más, diputado presidente, si me lo permite. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se construyeron dos hospitales generales en el estado de México que costaron 15 mil millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador, en ese mismo periodo, hizo dos hospitales generales en el Distrito Federal con un costo de 750 millones de pesos cada uno.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: La corrupción que ustedes encabezan y que encubren es descomunal y quien paga los platos rotos es nuestro pueblo y la gente enferma que toca las puertas del seguro social, del ISSSTE...
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:...y del sistema de salud, y lo que va a encontrar va a ser una plática, una orientación y un diseño institucional para combatir la obesidad. Por favor. Es cuanto, diputado presidente, y por supuesto que vamos en contra de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada Talamante.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Éste no es un tema nuevo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza ha presentado en el transcurso de esta Legislatura diversas iniciativas y puntos de acuerdo referentes a combatir de manera eficaz el sobrepeso y obesidad que está presente en más del 35 por ciento de nuestra infancia, en la misma proporción en nuestros adolescentes y jóvenes y de manera más alarmante en los adultos, pues tenemos una población del 70 por ciento de sobrepeso u obesa.
Coincidimos plenamente con la Colegisladora y la Comisión de Salud de esta Cámara. El tema es de sumo interés público por lo que su combate debe tener ese estatus para que las estrategias y políticas públicas se deriven y adquieran un carácter vinculatorio en beneficio de miles de mexicanas y mexicanos de hoy, así como en nuestras generaciones futuras.
Si no actuamos con la urgencia que amerita el problema de sobrepeso y obesidad en el país, seremos responsables de males que en el mediano plazo cobrarán una gran factura. Enfermedades del corazón, la diabetes mellitus o las cerebrovasculares provocan casi 154 mil defunciones en el año de 2013 y muchas de éstas se pudieron prevenir, pues es un hecho que el sobrepeso y la obesidad provocan e inciden en la generación de otros males como los ya mencionados. Aún estamos a tiempo para prevenir las tendencias crecientes que inciden en tres de las seis principales causas de mortalidad del país, también en el costo que provocan en las finanzas y en la productividad del país.
En el año de 2008 se estimó que el gasto público asociado con el sobrepeso y obesidad ascendió a 67 mil millones de pesos. Para el 2017 éste será en más de 151 mil millones de pesos, porque ante las condiciones económicas actuales, más vale generar acciones legislativas que impulsen medidas preventivas para su combate, ya sea desde los centros escolares, así como la vinculación de una mejor educación alimentaria y el fomento de una vida sana mediante la práctica de la actividad física, tema que ya fue objeto en la pasada aprobación.
Más allá de las cifras estadísticas que muestran la gravedad del problema que tenemos como país, la realidad que el nivel de bienestar de la población que padece obesidad y sobrepeso, disminuye en cuanto a su salud y su desarrollo pleno.
Estamos conscientes de que enfrentar esta situación requiere una acción conjunta y decidida entre las autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
Es urgente emprender una cruzada nacional contra esta pandemia que pone en riesgo la viabilidad del país en un futuro cercano. En Nueva Alianza asumimos este compromiso y responsabilidad.
Estamos convencidos de que una vida saludable sólo es posible si se cuenta con los elementos normativos, presupuestales y de infraestructura que le permitirá tener una alimentación nutritiva y de calidad que cuente con espacios idóneos para realizar actividades físicas y accedan a información y orientación sobre las consecuencias negativas de ingerir alimentos con altos niveles calóricos. Asumimos esta responsabilidad.
A propuesta del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se estableció en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos del año 2015, la obligatoriedad de destinar recursos para programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas.
Dichos recursos que deben provenir del impuesto especial sobre producción y servicios, que se aplica a las bebidas saborizadas, cuyo monto en el mes de enero de este año era de mil 500 millones de pesos.
En congruencia con nuestra agenda legislativa, pero sobre todo con el compromiso de velar por el derecho de la salud de las y los mexicanos, es que apoyaremos este dictamen. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Dora María Talamante Lemas.
Antes de darle el uso de la palabra al siguiente orador, esta presidencia saluda a invitados especiales del municipio de Cuautitlán Izcalli, que nos visitan, invitados por la diputada Gloria María del Carmen Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sean ustedes bienvenidos.
Se le concede el uso de la tribuna al diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Compañeras y compañeros diputados. Recientemente en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos logrado articular una serie de propuestas de orden legal para que en los hechos realmente sea atendido el tema de la obesidad y el sobrepeso en nuestra población, principalmente nuestros niños.
Hemos de recordarle a los presentes que nuestro país ya está pasando por una de las peores etapas de salud pública en nuestra población. Hoy en día diversas enfermedades de las que difícilmente se podía creer que llegaríamos a padecer de manera crónica, nos aquejan.
Ahora esas enfermedades son el principal problema a resolver por parte de las autoridades sanitarias. Además, ya se perfilan como la mayor preocupación de muchos padres de familia y especialistas, pues estos males ya han llegado a todas nuestras casas.
De estos males de salud pública podemos enlistar algunos como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Todas estas sin temor a equivocarse tienen mucha razón de ser por el tipo de alimentación de nuestra población.
No dejemos atrás el problema grave de la ingesta frecuente de alimentos innecesarios en la abundancia que provoca una alimentación desbalanceada. Los malos hábitos alimenticios en las familias son producto también de la pobreza de nuestra población, el bombardeo publicitario de cientos de productos y alimentos con altos contenidos calóricos que no favorecen a la salud de millones de personas, incluyendo a los más desfavorecidos que son los niños y adolescentes, además de una vida sedentaria y con falta de actividad deportiva, esto también tiene que ver con la seguridad que existe en nuestro país, o mejor dicho, que no existe.
Es lo que está ocurriendo y es lo que está recrudeciendo los problemas de salud actualmente en nuestro país. Ahora también un inconveniente principal es el no saber cómo combatir el alto consumismo de estos productos con base a una cultura de buenos hábitos alimenticios. En realidad, es que no se cuenta con la madurez suficiente ni la preparación adecuada para revertir este grave problema.
Compañeros, y compañeros, el dictamen que se nos presenta tiene como propósito el considerar como una materia de salubridad general a la obesidad y el sobrepeso y demás trastornos derivados de la conducta alimentaria. Desafortunadamente esta medida resulta para muchos incompleta y es a toro pasado.
En el Partido del Trabajo hemos manifestado, innumerables ocasiones, la necesidad de promover acciones en el quehacer sanitario para que principalmente en las familias se discutan dichos temas y se logre implementar rutas de tratamiento bajo la supervisión de especialistas.
No es posible continuar con la vieja idea mantenida por algunos desde las cúpulas del Estado, quienes sólo quieren aparentar que atienden los problemas y realizan esfuerzos para mitigar estos problemas graves. Aún no quieren entender que estos y más pueden convertirse inclusive en un problema de seguridad nacional.
Por ejemplo, hay una campaña de escuelas sin hambre y en unas escuelas no muy lejanas de aquí, por cierto, la mayoría fuera del Distrito Federal, se les cobra a los niños 15 pesos por comida, es decir, más que los Comedores Comunitarios; y las familias que tienen tres hijos pasan verdaderos problemas para poder solucionar esta situación de comida en las escuelas de tiempo completo.
Si tan sólo pudiera comprenderse que el contener estos males no es lo más redituable, pues es preferible –incluso más económico– sumar esfuerzos para generar medidas preventivas, más que ver el dispendio en el intento por mitigarlos, como en el caso que les acabo de mencionar.
Hemos de decirlo con todas sus letras en este momento, se propone diseñar y ejecutar políticas públicas que proporcionen la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Cuando por mucho tiempo hemos enfatizado en la necesidad de métodos que eviten el sobrepeso, la obesidad y los trastornos que de estos se derivan, es conveniente fijar rutinas para realizar ejercicios y actividades físicas diarias de regular en los horarios dedicados al descanso, al reposo, a la alimentación y, sobre todo, prevenir situaciones que fomenten la inactividad física.
Cabe mencionar que esta actividad física ha tenido un cambio en toda la educación escolar de nuestro país. Hoy ya no se les está dando entrada a todos los profesores de educación física en todo nuestro país.
Así como no permitir ver la televisión a los menores de edad hasta altas horas de la noche, pues debemos recordar que el tiempo dedicado al descanso y al sueño es muy importante para el buen desarrollo intelectual y físico de ellos y en general de nuestra población.
Como responsabilidad del Estado coincidimos con que no sólo se deben implementar medidas que prohíban la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares.
Debemos tener en cuenta que también se necesita poner mayores controles publicitarios por ejemplo en televisión y cine, respecto de la trasmisión de anuncios de alimentos que no brindan los contenidos nutricionales necesarios y por supuesto que no favorecen a la salud de las personas, particularmente de las niñas y de los niños.
Es necesario atender el diseño normativo actual para homologar las disposiciones con las propuestas que puedan generarse, como la que hoy estamos discutiendo. Lo anterior visto como una probable medida de atención relacionando al tema que nos ocupa.
Por las consideraciones antes expuestas, queremos manifestar que votaremos a favor por el presente dictamen, pero que pensemos que se deben de tomar en cuenta nuestras propuestas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso dela tribuna hasta por cinco minutos, al diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la salud como ustedes bien saben, es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional, en donde establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud teniendo como finalidad el cumplir con todo lo relacionado al bienestar físico y mental del ser humano, el mejoramiento de la calidad de la vida humana y el acceso a servicios de salud que cumplan con las necesidades de la población, aspectos que el Estado tiene la obligación de otorgar y vigilar su estricto cumplimiento.
El ritmo de vida en que nos encontramos actualmente origina un desconocimiento sobre las consecuencias que tiene una alimentación deficiente y el sedentarismo en los sectores de la población en general. Esto se ve reflejado en el aumento de casos de sobrepeso en nuestro país, llegando a que aproximadamente 5.7 millones de infantes padecen de sobrepeso u obesidad, de los cuales el 36.9 por ciento son niños y el 32 son niñas, y en relación a los adultos, el 69 por ciento son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73 por ciento que son hombres.
Las y los niños que padecen sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, así como sufren dificultades respiratorias, mayores riesgos de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades degenerativas, así como problemas en su crecimiento, desarrollo, su rendimiento escolar e intelectual. En suma, a su desarrollo integral y armónico, como les corresponde.
La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud, teniendo como consecuencia una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad, así como adquirir enfermedades a mediano y largo plazo, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.
El gobierno federal y las entidades federativas están obligados a realizar acciones y estrategias que contrarresten este gran problema social, impulsando los mecanismos necesarios en cuanto a la prevención y control de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, así como la orientación, información a la población respecto de la importancia de la correcta alimentación y los beneficios que generaría a su salud.
La educación nutricional debe ser inculcada de padres a hijos, pues los buenos hábitos alimenticios inician desde una temprana edad. Por lo que es una obligación de todas y todos en lo que implica de igual manera el que el gobierno, los individuos y la sociedad, en su conjunto, vigilemos la adecuada salud alimentaria de nuestras niñas y niños.
Conforme a lo anterior, es necesario que se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley General de Salud que impliquen el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria para contrarrestar esta problemática social que es de interés público.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano votará a favor del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que impliquen medidas de control de sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, con el propósito de velar por los derechos fundamentales a la salud que tienen todas y todos los mexicanos cuya naturaleza involucra por necesidad a las autoridades del Estado mexicano a realizarlas e implementar las políticas públicas que permitan atacar este lacerante fenómeno social. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Francisco Coronato. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Compañeras y compañeros diputados. Se ha dado una voz de alarma acerca del incremento dramático que han tenido las tasas de sobrepeso y obesidad en México.
La obesidad actualmente es conocida como la gran epidemia del siglo XXI, afecta indistintamente a mujeres y hombres, adultos, adolescentes y niños. Los estudios evidencian que el sobrepeso y la obesidad se asocian con riesgos de incrementar enfermedades del corazón, arteriosclerosis y diabetes mellitus, incluso a edades más tempranas de las que podría pensarse.
Se trata de una enfermedad compleja y multifactorial que puede iniciarse desde la infancia y que se caracteriza por un exceso de grasa corporal que coloca al individuo en una situación de riesgo para la salud.
La diabetes, importante complicación de la obesidad, es la primera causa de muerte en México. Cabe destacar que además de la alta mortalidad, el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones cuesta al Estado cerca de 80 mil millones de pesos al año, más el impacto sobre la economía familiar y el sufrimiento humano que esto trae consigo. Aparte de la cuestión económica, existen otros aspectos que generan la obesidad en la sociedad, como el político y social.
México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender a la obesidad, sólo debajo de Estados Unidos que invierte el 9 por ciento. La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad.
Las consecuencias del problema de sobrepeso y de obesidad son, entre otras, mortalidad dos veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años, gastos de entre 22 y 34 por ciento superiores en el ingreso familiar, 25 por ciento de las incapacidades laborales son por padecimiento relacionados con la obesidad, y 3 de cada 4 camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas a este problema.
Los especialistas explican que es producto de la combinación de varios factores, mayor consumo de alimentos con alta concentración calórica, la reducción de precios en este tipo de alimentos, la disminución en la actividad física, la inseguridad para desarrollar actividades en espacios públicos y un estilo de vida que disminuya el tiempo dedicado para elaborar alimentos y para ejercitarse.
La obesidad en México implica un grave problema de salud pública, pero también presupuestaria, como lo hemos comentado. Se calcula que para el año 2017 los problemas de obesidad costarán a México entre 70 mil y 101 mil millones de pesos. Informes de la Organización Mundial de la Salud muestran que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo de muerte en el mundo.
Cada año fallecen, por lo menos, 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de este problema. Sin duda, el cambio de hábitos es una de las tareas más difíciles que debe enfrentar cualquier persona que desee adoptar una alimentación más sana e integrar la actividad física en su vida. La responsabilidad de una buena salud, ahora y siempre, empieza desde casa. Pero también hay una parte importante del Ejecutivo.
De ahí que la Secretaría de Salud dio a conocer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que aborda éste un problema de salud pública, un problema muy, muy grave que tiene nuestro país.
Para prevenir pues la obesidad, se requieren programas tendentes a educar desde niños y adolescentes, enfocados principalmente a cambios de estilos de vida, hábitos y conductas alimentarias en los que participe toda la familia, guiados y coordinados por su médico.
Por lo anteriormente expuesto es muy importante la aprobación de presente dictamen, ya que la reforma permitirá establecer como materia de salubridad general el sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
También proporcionar orientación a la población respecto a la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios de salud. La tarea no es fácil, se requiere crear conciencia del problema en todos los sectores involucrados.
En mi grupo parlamentario votaremos a favor de presente dictamen, porque no cabe duda que es necesario marcar la pauta para ir avanzando en el combate de este problema y en todos los que tienen qué ver con trastornos de la conducta alimentaria. Esta reforma, pues, compañeras y compañeros, permitirá establecer como materia de salubridad general el sobrepeso, obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria.
Este dictamen tendrá un gran impacto positivo en este problema tan grave que vive nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Bárbara Gabriela. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, a la diputada Daniela Díaz Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Daniela Díaz Magaña: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.
La diputada Daniela Díaz Magaña: Nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen que aborda una de las temáticas más sentidas por nuestra sociedad, la mala alimentación que va de la mano del sobrepeso, obesidad y los demás trastornos de conducta alimentaria, cuya solución exige no solo de las presentes reformas de prohibiciones y educación sino ante todo de mayor equidad en los ingresos de la mayoría de la población que ingiere la comida chatarra, también como un medio para saciar su sed de calorías.
Ante la ausencia de recursos para hacerlo con mejores productos que sean verdaderos alimentos sinónimos de nutrición, sin exagerar nuestro país vive una verdadera catástrofe en materia alimentaria, lo que se traduce en una epidemia de enfermedades físicas y psicológicas, en merma de la fortaleza de nuestro país.
Es decir, la mala alimentación además de agredir a la persona en lo individual y a su familia, tiene altos costos económicos y sociales para el país que frenan su desarrollo e impactan su soberanía. Cuando hablamos de una alimentación sana, nutritiva, estamos entrando a la parte más sensible de los derechos humanos, de ella depende la vida, salud y desarrollo de las personas, luego de una nación toda.
En virtud de lo anterior debe ser tarea permanente y central del Estado mexicano, el recobrar una dieta sana para el pueblo de México, especialmente de los niños y jóvenes que en sus escuelas se ven aplastados por el ofrecimiento permanente de comida chatarra, de comida de la muerte, haciéndolos adictos al azúcar y otros endulzantes.
Sobre esto debemos señalar que como sabemos, la reforma constitucional en materia educativa prohibió la comida chatarra en las escuelas en que imparte la educación obligatoria, lo que ha sido respaldado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Urge que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las demás instancias competentes tome acciones necesarias para que ninguno de estos venenos que enferman y matan se expendan en ninguna de las escuelas del país. Los padres de familia deben jugar un papel central en defensa de la salud de sus hijos.
En suma, es incondicional que nuestras escuelas sean el paraíso de la comida chatarra en nuestro país. Por tal motivo nos pronunciamos como lo señala este dictamen, a favor de las reformas a la Ley General de Salud, a fin de la atención al sobrepeso, obesidad y los demás trastornos de conducta alimentaria, se transformen de manera expresa en materia de la salubridad general. Lo que debe girar sobre las políticas de prevención debiéndose impulsar la educación en el tema hacia todos los sectores y desde la más tierna edad.
En armonía con esto, coincidimos en que el sistema nacional de salud y concretamente la Secretaría de Salud deben orientar a la población sobre una alimentación correcta diseñando al efecto las políticas necesarias, luego un servicio básico de salud será la promoción de estilo de vida saludable, todo con el apoyo de las entidades federativas y los sectores de la sociedad.
En complemento a lo anterior, destacamos lo dicho por la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, cuando en referencia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiere las obligaciones de los Estados en materia de educación sobre este tema.
Respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir este acceso. Proteger, requiere que el Estado adopte medidas para velar que ningún actor social prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Facilitar implica que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios de vida incluida la seguridad alimentaria.
Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces por razones que escapen a su control de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. Esa obligación se aplica también a las personas que son víctimas de catástrofes naturales u otra índole.
En suma el derecho a la alimentación exige poner fin a la violencia inaudita que por acción u omisión está causando muerte y desolación a nuestra nación. Imponer una plena democracia, impulsar el trabajo, salarios y educación dignos. En general, tejer en realidad la plenitud de todos los derechos humanos subordinando el lucro de las empresas de la comida chatarra a los intereses generales de la nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Daniela Díaz. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Con la venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Compañeras y compañeros diputados, en las últimas tres décadas la tasa de obesidad se ha duplicado en todo el mundo, de tal manera que en la actualidad más de 600 millones de personas padecen obesidad, y más de mil 300 millones padecen sobrepeso.
La situación en México –como se ha mencionado anteriormente– es alarmante con respecto a esta enfermedad, pues actualmente el país ocupa el segundo lugar de obesidad a nivel mundial y el primer lugar en obesidad infantil.
Lo anterior resulta relevante ya que de estos dos problemas, obesidad adulta y obesidad infantil, conlleva otras enfermedades, principalmente la diabetes, principal causa de muerte con 17.2 por ciento de los decesos. Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos fallecen cinco personas por complicaciones justamente relacionadas con este padecimiento.
Por otro lado los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de salud mental multicausadas que afectan principalmente a los adolescentes y a las mujeres jóvenes; representa la tercera enfermedad crónica más común entre las jóvenes, llegando a una incidencia del 5 por ciento.
La Organización Mundial de la Salud ha ubicado a los trastornos de la conducta alimentaria entre las enfermedades mentales de prioridad para los niños y los adolescentes: la bulimia y la anorexia se encuentran entre los más conocidos dada su alta incidencia.
Debemos tener presente que la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de conducta alimentaria son completamente prevenibles. Por ello la importancia de este dictamen que hoy estamos poniendo a su consideración y que el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de este dictamen.
Este dictamen que hoy se pone a su consideración, establece como materia de salubridad general el sobrepeso, obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria, y sitúa entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud, el de orientar a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta.
Asimismo establece que la Secretaria de Salud estará a cargo de promover programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y actividad física. Deberá asimismo impulsar en coordinación con las entidades federativas la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Del mismo modo la Secretaría de Salud –una vez aprobado este dictamen– deberá expedir –en coordinación con la Secretaría de Educación Pública– los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional.
Asimismo, con este dictamen se está obligando a que en las etiquetas y contraetiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas se incluya el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, azúcares totales y sodio.
Es necesario destacar que el presente dictamen pretende prohibir la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares, lo cual podrá disminuir el impacto del conjunto de incentivos que tiene hoy la población infantil para no adoptar hábitos alimenticios que se consideren no saludables.
El dictamen que hoy ponemos a consideración de este pleno, al poner especial énfasis en el fortalecimiento de los elementos que componen la educación para la salud, puede lograr un impacto positivo en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, especialmente en la infancia de nuestro país.
Por ello, hacemos una invitación a todos los grupos parlamentarios para votar a favor de este dictamen. Estamos conscientes de que existe un rezago importante en muchas materias de salud, que hay un déficit importante en la atención a la salud por parte de la Secretaría; sin embargo, no podemos dar un voto en contra a un dictamen que ve por la infancia de nuestro país y por la prevención de enfermedades que el día de mañana causarán más estragos en la economía y en la salud de nuestra población infantil y adulta.
Repito, exhorto a todos los grupos parlamentarios a dar su voto a favor. El voto del Partido Acción Nacional será siempre a favor de la salud, a favor de los niños y niñas de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputada Raquel Jiménez. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputa Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Gracias. Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: La Organización Mundial de la Salud señala que el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludable posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad de garantizar servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada, así como alimentos nutritivos.
En nuestro país tenemos como parte integrante de los derechos humanos el derecho a la salud, el cual se encuentra consagrado en la Carta Magna en el artículo 4o., teniendo dentro de sus múltiples finalidades el bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida.
Derivado de ello tenemos el firme compromiso de crear medidas legislativas adecuadas que dimitan factores que coloquen en riesgo la calidad de vida de la población mexicana. El día de hoy nos ocupamos del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, cuya presencia altera el bienestar físico y mental de las personas sin importar edad, género o nivel socioeconómico.
Ejemplo. En el aspecto físico se resalta la prevalencia de diversos padecimientos, entre los que se destacan la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el colesterol y enfermedades cardiovasculares, e incluso el cáncer.
En el ámbito de la salud mental este problema se expresa en la existencia de enfermedades como la depresión, problema que se intensifica en mayor grado de la infancia y adolescencia.
Por ello las legisladoras y los legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para incluir como materia de salubridad general el sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
La reforma será propicia en tanto está destinada a informar a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como a diseñar y ejecutar políticas públicas encaminadas a prevenir este problema de salud, con la participación de todos los órdenes de gobierno, por lo que nos sumamos a la aprobación del presente dictamen.
Nuestra conformidad no se limita a este aspecto, sino que deriva de un hecho fundamental que es la pretensión de educar a la población a través de esfuerzos conjuntos entre la Secretaría de Educación Pública y la de Salud, dependencia que igualmente deberán llevar a cabo adiciones destinada a la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica.
Las adiciones contenidas en el presente decreto resultan trascendentes, toda vez que en el énfasis de la prevención estará reflejado en acciones tales como el establecimiento de un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la conducta alimentaria, así como la difusión de la necesidad de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en los entornos familiares, escolares, laboral y comunitario.
De la misma manera, el presente dictamen merece nuestro apoyo toda vez que reconoce la rectoría del Estado en materia educativa y de salubridad, al prohibir la difusión de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional y de alta densidad energética dentro de los centros escolares.
Compañeras y compañeros, la aprobación de esta iniciativa refleja nuestro interés para optimizar la instrumentación de políticas públicas encaminadas a combatir uno de los principales problemas de la salud pública en nuestro país, como son el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Alma Marina.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se le va a conceder el uso de la tribuna hasta por tres minutos para posicionar en pro, al diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
El diputado Antonio Sansores Sastré: Honorable asamblea, muy buenas tardes. Buenos días. Señor presidente, con su permiso.
Siempre que hemos hablado de salud hemos dicho que por máximo que sea el esfuerzo nunca será suficiente. Cuando estamos tocando un tema que es una situación endémica como enfermedad, pandémica como enfermedad, que es una enfermedad global, no tan solo la obesidad causa problemas osteodegenerativos, sino que es ampliamente carcinogénica y también causa trastornos en la infertilidad, en el caso de las mujeres.
El Grupo Parlamentario del PRD, consciente de nuestra realidad va a favor de este dictamen, pero hemos dicho en más de una ocasión que no es suficiente el que vayamos a favor ante un evidente colapso de los servicios de salud en este país.
La obesidad es más alta su prevalencia en los estados del sur, que son los estados más pobres de este país. Pareciera ser que también se clasifican los ciudadanos en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque no entiendo por qué razón si no es más que la pobreza la que genera que no tengamos una buena adecuación en la dieta básica que se tiene que dar en los niños, que aquellos que tienen una obesidad que ocupa hoy el primer lugar de todo este mundo, de este globo, los niños en México ocupan el primer lugar mundial en obesidad, pero los estados del sur sureste tienen una prevalencia más alta.
Debemos de pensar que si tenemos un colapso de los servicios de salud tenemos que reclasificar los servicios, porque hoy los hospitales mal denominados de alta especialidad no tienen ni siquiera servicios de rayos equis ni mucho menos de tomografía ni los accesorios, como son las ambulancias.
Hemos dicho que la educación es la base de toda prevención en salud. Pero, ¿cómo educarse, si estamos desnutridos? ¿Cómo asimilar, si no hay una adecuada nutrición?
En la última encuesta de la Ensalud tenemos más del 19 por ciento de prevalencia entre jóvenes entre 12 y 19 años, pero particularmente en los ocho estados del sur sureste, aquellos que son los que generan las energías, aquellos que son los que están generando el puntal de la columna vertebral económica de este país.
Tenemos ante nosotros un problema verdaderamente de salud y tiene que ver con la nutrición, pero no hicimos nada con la semaforización que tenían que tener los alimentos chatarra. Para qué ponerle tablas de equivalencias si la gente no comprende ese término de porcentajes de kilocalorías o porcentajes de bebidas que con son altas en energía y que son bajas en calidad nutricional.
Independientemente de que se hayan prohibido las comidas chatarras, debimos haberlas semaforizados, porque así sabemos de motu proprio que no podemos comer lo que tienen el foco rojo, que es de nuestra completa decisión los que tienen el foco ámbar, pero las que tienen el foco verde se pueden alimentar y son ricas en nutrición.
No es suficiente lo que estamos haciendo y no con los 18 mil 254 millones de pesos que generó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de las bebidas edulcorantes. Lo que se tiene que hacer es educar y seguir educando en la educación de tiempo completo en las escuelas de educación básica primaria. Ahí está la clave, compañeras y compañeros diputados, y no tan sólo en que vengamos a decir que tenemos los buenos deseos de que los servicios de salud mejoren, éstos están ya colapsados y todavía falta por verse, aún hay más. Muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Buenas tardes.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado José Adán Abellaneda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
El diputado José Adán Abellaneda: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado José Adán Abellaneda: Compañeras y compañeros diputados, nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad en niñas y en niños, y el nada honroso segundo lugar en personas adultas.
Asimismo, es el mayor consumidor de bebidas edulcoradas, entre las que destacan los refrescos. Por otra parte, la dinámica social, escolar y laboral, han propiciado que la mayor parte de nuestra población tenga un modo de vida caracterizado por el sedentarismo.
Además de los retos que estos fenómenos representan en lo individual, el sobrepeso y la obesidad plantean serios desafíos tan importantes para el sistema de salud a corto, mediano y largo plazo.
Así, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria son uno de los principales problemas de salud pública, pues ya impactan con seriedad en la prevalencia de otros padecimientos de salud.
Por citar solo algunos ejemplos, la mortalidad en jóvenes de 25 a 35 años es 12 veces mayor. El 25 por ciento de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad, mientras que el gasto del ingreso familiar destinado a estos problemas va en un incremento del 22 al 34 por ciento.
Asimismo, en lo que respecta a la hacienda pública, México gasta el 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo por debajo de Estados Unidos que invierte el 9 por ciento. Esto se traduce en que 3 de cada 4 camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.
Así pues, mientras que en décadas pasadas había una resistencia a considerar la condición de sobrepeso y obesidad como una situación anormal, hoy en día existe una conciencia plena de que esta condición, así como los desórdenes alimentarios asociados a ellos constituyen una enfermedad, y como tal deben ser abordados.
La presente iniciativa propone, precisamente, incidir en la principal arista para su tratamiento. La educación, la información y la orientación para una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así como para la promoción de la actividad física como un factor central para su control y prevención.
Además, la presente iniciativa complementa el marco legal relativo a la implementación de acciones que ya son práctica común en un gran número de nuestras escuelas. El control de peso y talla de los menores en educación básica.
Sin duda, estas acciones como parte del marco legal tanto de salud como educativo serán parte fundamental de la concientización y la disminución de este problema que tanto aqueja a nuestra población.
Por estas razones y por las que aquí se han expresado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: No es con insultos como se construyen los acuerdos en los grupos parlamentarios. Este proyecto tiene la nobleza de seguir evitando que nuestros niños ocupen el nada honroso primer lugar en la obesidad. Evita, según el estudio de la UNAM, que se gasten, no que se inviertan, que se gasten 66 mil millones de pesos para atender la diabetes y la obesidad infantil.
Hoy hay coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, para que nuestros niños no tengan acceso tan fácilmente a estos productos. La Organización Mundial de la Salud celebró, cuando fue aprobado en el pasado periodo, que los productos chatarra tuviesen un impuesto adicional.
No se vale, no se vale que alguien venga aquí a votar en contra, cuando lo único que está buscando es posicionarse como candidato, que por cierto cobra como diputado y ocupa recursos del erario. No puede hablar esta persona de ética cuando violenta él mismo lo que ha mencionado. Yo lamento mucho que esta persona que no tenga la vergüenza de pararse a la tribuna y decirle a la sociedad y a los medios de comunicación: yo no soy ético, yo ocupo el cargo de diputado federal, cobro recursos del erario público para hacer campaña porque solamente así me puedo promocionar. No es así, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Señor diputado, se le pide apegarse al tema por favor.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Estoy apegado al tema, señor presidente. Quiero decirle que si se dan cuenta, salvo una fracción parlamentaria que por cierto, merece mi respeto y que jamás generalicé, jamás generalicé ni lo haré, fue quien vota en contra. Todos los demás diputados, todos los demás están a favor.
Yo lamento mucho que se anteponga un proyecto electoral al beneficio de nuestros niños y de nuestros adultos. Alguien decía: Es que se gasta mucho. Porque no se invierte, repito. Se gasta mucho en atención y se descuida a los enfermos. No, señores, lo que pasa es que tan enfermos es nuestros niños que tienen la obesidad, los que sufren la diabetes como las personas que requieren de una operación.
Ojalá que pronto veamos debates sin insultos. Que veamos debates sustentados, viables e inteligentes y que no ocupemos los recursos del erario para promocionarnos en un acto meramente electoral. Por la atención de los que tuvieron a bien escucharme, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Estamos en votación, diputada; ahorita le conceso el uso de la voz.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciérrese el sistema, por favor.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
La diputada Merilyn Gómez Pozos: A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villareal (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se emitieron 324 votos en pro, 6 en contra, 0 abstenciones.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, secretaria. ¿Con qué objeto, diputada Roxana? Sonido en la curul de la diputada Roxana.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Sí, presidente. Compañeras y compañeros, buenos días. Es para comentar respecto a un dictamen. Hace un mes presente un punto de acuerdo relativo a la protección de los animales en el circo, el cual no ha sido dictaminado hasta este momento por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la que fue turnado.
Desde la entrada en vigor de esta ley de circos sin animales, elaborada por el Partido Verde Ecologista, que presume hoy a los cuatro vientos su compromiso por la protección al medio ambiente, los empresarios de circo han estado denunciando condiciones de vulnerabilidad y peligro de los animales.
En este sentido quiero preguntarle al Partido Verde Ecologista si su compromiso con la ley es en serio o solamente se fraguó en el circo electoral con su iniciativa acompañada de campañas publicitarias ilícitas en los cines, porque al parecer hoy están más interesados en cuidar a los animales políticos nocivos para la sociedad. ¿Para cuándo los espacios adecuados para la protección de los animales que sí importan?
Por esta situación solicito a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política que convoque a comisión ordinaria a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que sea dictaminado este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Su dicho ha quedado asentado en el Diario de los Debates y se procederá conforme a derecho.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Javier Orihuela, ¿para qué efectos? Diputado.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Con el objeto de solicitar a esta Cámara de Diputados nos conceda un minuto de silencio en honor y conmemoración por el asesinato del general Emiliano Zapata Salazar acaecida hace 96 años. Pedimos que esta Cámara de Diputados no se olvide de este líder que marcó un nuevo paradigma en el desarrollo de nuestro país abrogando los latifundios. Creemos que es necesario que esta Cámara de Diputados reivindique la lucha agraria zapatista para promover un verdadero desarrollo justo y sustentable para nuestro país. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: ¿Concluyó, diputado? Esta Presidencia, a petición del diputado Orihuela concede un minuto de silencio. Invito a los presentes ponerse de pie.
(Minuto de silencio)
Gracias. Pueden sentarse.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo de la Mesa Directiva.
Primero. En razón de que el ciudadano Manuel Añorve Baños, electo en la cuarta circunscripción plurinominal, ha solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de diputado federal a la LXII Legislatura, y que el ciudadano Gilberto Arturo Sánchez Osorio, diputado suplente falleció el 22 de octubre de 2014, se considera vacante dicha fórmula, por lo que se estima necesario actuar conforme a lo previsto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 –numeral 3– de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Segundo. En razón de que el ciudadano Brasil Alberto Acosta Peña, electo en la quinta circunscripción plurinominal ha solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de diputado federal a la LXII Legislatura y que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional informó que el ciudadano Francisco García Manilla, diputado suplente, no acudirá a rendir protesta al cargo, se considera vacante dicha fórmula, por lo que se estima necesario actuar conforme a lo previsto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 –numeral 3– de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tercero. En razón de que la ciudadana Erika Yolanda Funes Velázquez, electa en la quinta circunscripción plurinominal ha solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de diputada federal a la LXII Legislatura y que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional informó que la ciudadana María Guadalupe Alcántara Rojas, diputada suplente, no acudirá a rendir protesta al cargo, se considera vacante dicha fórmula, por lo que se estima necesario actuar conforme a lo previsto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 –numeral 3– de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Cuarto. En razón de que la ciudadana Mari Cruz Cruz Morales, electa en la quinta circunscripción plurinominal ha solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de diputada federal a la LXII Legislatura y que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional informó que la ciudadana Laura Mitzi Barrientos Cano, diputada suplente, no acudirá a rendir protesta al cargo, se considera vacante dicha fórmula, por lo que se estima necesario actuar conforme a lo previsto en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 –numeral 3– de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Quinto. Dese cuenta al Instituto Nacional Electoral a efecto de que dicho órgano informe a esta soberanía de las fórmulas de candidatos que deban ser llamadas a ocupar el cargo de diputado federal a la LXII Legislatura, precisando las correspondientes para cubrir cada una de las vacantes referidas en los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto del presente acuerdo, de conformidad con el orden de la lista de regionales de la cuarta y quinta circunscripciones plurinominales del Partido Revolucionario Institucional.
Sexto. Notifíquese a las y los ciudadanos Manuel Añorve Baños, Brasil Alberto Acosta Peña, Francisco García Manilla, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricruz Cruz Morales y Laura Mitzi Barrientos Cano.
Séptimo. Comuníquese a los grupos parlamentarios representados en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Octavo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2015. Firma la Mesa Directiva.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia. Tiene la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen el diputado Alfonso Inzunza Montoya.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: La minuta con proyecto de decreto que hoy presentamos a la consideración de este pleno, tiene como finalidad reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la autoridad competente realice la visita de inspección y vigilancia mediante un mecanismo procesal claro que no vulnere el principio de legalidad y permita a la parte afectada defenderse de manera eficaz.
Esta minuta devuelta por la Cámara de Senadores reforma los artículos 127, 128 y 130 de la ley referida. En el caso del artículo 127 quedará establecido que en toda visita de inspección se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos que se hubiesen presentado durante la diligencia, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Asimismo, que concluido el levantamiento del acta el inspector o verificador proporcionará al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, la información respecto a la autoridad que emitió la orden de visita de inspección o verificación.
Asimismo, hará de su conocimiento el plazo o término en el que cuenta para manifestar lo que a su derecho convenga ante dicha autoridad y los demás datos sobre las consecuencias jurídicas de la visita de inspección o verificación.
Por lo que toca al artículo 128, establecer que la persona con quien se entiende la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en la propia ley que se propone reformar.
En lo correspondiente al artículo 130 quedará establecido que si el visitado, en un plazo de 15 días ofrece pruebas, la autoridad en el término de 3 días hábiles acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, lo que deberá celebrarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique, y de la cual se levantará acta que será suscrita por los que hayan intervenido.
Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin que haya hecho uso de este derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones para que en un plazo de tres días hábiles presente por escrito sus alegatos.
Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la secretaría procederá, dentro de los 20 días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
Con la aprobación de esta minuta se garantizará una mejor aplicación de la ley, ya que quedará establecido el procedimiento mediante el cual el afectado puede acudir ante la autoridad que emite el acto administrativo para ofrecer y desahogar las pruebas que considere idóneas para sus intereses, de tal suerte que cuando se emita la resolución, ésta pueda recurrirse de forma eficiente.
Así, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, aprobamos en sus términos la minuta materia del presente dictamen, convencidos que los pescadores requieren ampliar el espectro de seguridad jurídica, de ahí que las adicciones propuestas permitirán a éstos tener mayores elementos de prueba antes de que se emita el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.
Por estas consideraciones solicitamos de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, muy respetuosamente su voto en favor del presente dictamen que de manera definitiva apoyara al sector pesquero. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Para fijar postura se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, a la diputada Loretta Ortíz Ahlf, de Agrupación Morena.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores. El dictamen que hoy se nos presenta para reformar los artículos 127, 128 y 130 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables tiene su origen o motivación en hacer efectivos o implementar la Convención –tardíamente, afortunadamente ahorita se está dando y harían falta otras reformas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que desde 1982 se adoptó por México, que entró en vigor en 1994 y a raíz de la cual fue publicada o emitida la Ley Federal del Mar.
En esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se establece que el Estado mexicano ejerce soberanía y aplica toda su legislación en una zona marítima conocida como Mar territorial de la línea de base recta o línea de baja mar, a las 12 millas marinas y en una zona contigua adyacente a la zona de mar territorial hasta las 24 millas marinas. Ejerce jurisdicción en materia fiscal, aduanera, migratoria y sanitaria y en una zona adyacente a ésta también de la línea de base recta o línea de baja mar a las 200 millas marinas, la zona económica exclusiva ejerce jurisdicción en materia de pesca.
En razón precisamente de esta jurisdicción en materia de pesca, contaminación marina e investigación científica, es precisamente que se debería de haber emitido esta autorización o reforma para realizar una inspección o vigilancia a las embarcaciones que naveguen en la zona económica exclusiva adyacente a las costas del Estado mexicano.
Esta vigilancia o inspección es más que necesaria en razón de que se pueden vulnerar o violentar o violar las disposiciones en materia de pesca del Estado mexicano. Son muchos los casos que se han presentado en que se han pescado embarcaciones de pabellón extranjero en nuestra zona económica exclusiva. El más conocido es precisamente uno conocido como el del atún tropical y que embarcaciones pertenecientes a la flota de Estados Unidos de Norteamérica se encontraban pescando en zona económica exclusiva sin tener autorización para ello.
Pero para poder precisamente tomarlas y ejercer la jurisdicción civil o, en su caso penal, se necesitaba tener la seguridad de que se estaban dedicando a estas actividades y para eso es el derecho a la inspección o vigilancia.
Morena, los diputados de la facción de Morena votaremos a favor de este acuerdo o de este dictamen, de este decreto, en la conciencia de que hace falta mucho todavía por regular no sólo en el ámbito de la materia de pesca en concordancia con esta convención, sino también en materia de vigilancia por narcotráfico que se llega a cometer dentro de la zona económica exclusiva de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos al diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Compañeras y compañeros. La Comisión de Pesca de esta soberanía ha remitido a esta Cámara de Diputados un proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de inspección y vigilancia en los artículos 127, 128 y 30 del ordenamiento aludido elaborado a partir de la minuta enviada por la Colegisladora.
Antes de entrar en la materia que nos convoca a la reforma en comento, el Grupo Parlamentario del PT le solicita atentamente al presidente diputado, permita hagamos un breve comentario en virtud de que se estima pertinente –y sobre todo indispensable– retomar el asunto correspondiente a las reformas al artículo 420 del Código Penal Federal, referido a sanciones de cárcel y multas a quienes de manera ilícita y dolosa capture o transforme, acopie, transporte y comercialice con las especies acuáticas, para la protección de estos recursos y riqueza natural de nuestro país.
El punto central es el de evitar la extinción de especies marítimas amenazadas como el camarón, sobre todo este último que afecta a las entidades costeras, particularmente de Campeche, sobre el que la pesca ilegal y furtiva daña las medidas de ordenación y preservación de las especies.
Volviendo a nuestro tema, es pertinente mencionar que la comisión llevó a cabo un exhaustivo estudio de los documentos recibidos de la Cámara de Senadores, destacando las consideraciones que figuran en el texto referido.
En efecto, la descripción de la minuta, hace hincapié en que es necesario que la autoridad competente realice las visitas de inspección y vigilancia que procedan mediante un mecanismo procesal claro que no vulnere el principio de legalidad y permita a la parte afectada defenderse de manera eficaz cuando sea el caso.
Esto cobra particular interés porque es sabido que muchos pescadores no tienen los recursos suficientes para ejercer su derecho a defenderse de posibles agresiones de corte legal que a su vez pongan en riesgo su escaso patrimonio.
La finalidad de la minuta estriba en que los dispositivos legales que se prevén, ese sector productivo podrá obtener la garantía de una mejor aplicación de la ley, en vista de que quedará plasmado en el texto de ordenamiento el procedimiento mediante y el que se pueda acudir ante la autoridad que habría emitido el documento correspondiente al acto administrativo y supuestamente violado.
Actualmente la falta de precisión de la ley en comento, no permite a los pescadores una oportuna y eficaz defensa de sus intereses, lo que a la postre deriva en que si resultan afectados por las penas en que prácticamente son obligados por las circunstancias.
En este orden de ideas la falta de precisión de las normas actuales ocasionan que los pescadores sufran las consecuencias, ya que el cumplimiento de la ley en vigor se vuelve confusa y permite la omisión de algunas determinaciones administrativas que aunque a posteriori pueden ser subsanadas, al final los pescadores salen perdiendo por una u otra razón.
En la propuesta que la Comisión de Pesca somete a escrutinio del pleno de esta soberanía, se sugiere establecer que los verificadores o inspectores acreditados debidamente, proporcionen a los pescadores visitados la información necesaria para actuar en el sentido que a su derecho convenga.
Así, al tener mayores elementos de seguridad, es decir, al contar con certeza jurídica, los pescadores podrán presentar mayores y mejores pruebas en su descargo y su defensa podría ser más fluida.
Es menester mencionar que también se hace una precisión de carácter gramatical al sustituir los vocablos, verificación e inspección, por los más precisos. Verificador e inspector, cuestión en la que convenimos con la comisión.
Las demás precisiones que incluye el dictamen, en nuestra opinión, coadyuvan a que con una mejor y más adecuada redacción el texto del ordenamiento sea más claro y preciso y menos complicado de cumplir.
En mérito de lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la propuesta presentada por la Comisión de Pesca al pleno de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, señor diputado Gutiérrez Reyes. Tiene el uso de la voz, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el señor diputado Danner González Rodríguez, hasta por cinco minutos.
El diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.
El diputado Danner González Rodríguez: Honorable asamblea: la pesca y la acuicultura son actividades que permiten un amplio desarrollo económico y social del país.
Como ustedes saben, desde el año 2007 contamos con una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que en el artículo 17, inciso 1) establece que el Estado mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.
Por eso es que estas actividades deben ser vistas como productoras de alimento de alto valor nutricional en beneficio de la población. Esta ley establece las bases jurídicas para orientar, fomentar y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y pesqueros mediante el manejo integral de la pesca y la acuacultura.
Establece los principios que deberán observarse en la elaboración de programas y la regulación reglamentaria y administrativa. Sin embargo, hay que decirlo, existen deficiencias en cuanto a temas ambientales, administrativos, de comercialización, de investigación y en cuanto al marco jurídico que son urgentes de subsanar para las necesidades de este sector a corto, mediano y largo plazo.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el sector pesquero y acuícola afronta serios problemas que impiden su desarrollo: la falta de inversión en la infraestructura de procesamiento para que el pescador no pierda la venta; la falta de planes de manejo y recuperación de recursos pesqueros; la poca promoción para el desarrollo de los centros acuícolas; la escasa inversión en flota pesquera en infraestructura y servicios básicos; la nula capacitación a los pescadores; la inexactitud de un Registro Nacional de embarcaciones pesqueras con o sin registro. En suma, hace falta una adecuada planeación para el desarrollo como en muchos otros sectores estratégicos del país. La rectoría económica del Estado carece de rumbo.
El objetivo de esta reforma, que nosotros apoyamos, es dotar de facultades a la autoridad competente para que realice visitas de inspección y vigilancia, haciendo claro el procedimiento y dotando de legalidad y herramientas a los pescadores para que cuenten con una defensa eficaz. Actualmente muchos pescadores no tienen los permisos legales para ejercer esta actividad, de allí la necesidad de orientar respecto a las repercusiones de la pesca ilegal.
Las imprecisiones dentro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables han afectado gravemente a pescadores formalmente establecidos a consecuencia de las multas o servicios legales, en muchas ocasiones son protagonistas de procedimientos administrativos que los dejan indefensos.
Con esta reforma se les otorga la oportunidad de acudir a las autoridades, ofrecer y desahogar pruebas para no tener un menoscabo en su patrimonio y en su medio de sustento.
Creemos, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano, en la importancia de detonar el desarrollo económico del país y en darle herramientas adecuadas para su defensa a los pescadores y a los acuicultores. Por eso votaremos a favor de esta reforma para proporcionar mayor certidumbre jurídica en la regulación de inspección de la actividad pesquera. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ¿No está la diputada? Adelante, diputada.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Muchas gracias. Con la autorización de la asamblea. Todos sabemos o asumimos que sabemos que los actos administrativos son mandatos de la autoridad administrativa, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas. Todas las manifestaciones dadas por esta vía tienen el carácter de validez y obligatoriedad, sin embargo, en caso de presentarse alguna arbitrariedad a juicio del sujeto pasivo, tendrá la opción de acudir al procedimiento administrativo llevado a cabo dentro de una sede administrativa, o en su defecto buscar la nulidad del acto a través de la sede judicial administrativa.
En este sentido vemos un área que de por sí está desatendida, no sólo en el campo de la pesca sino en cualquier otro en la administración pública federal al no existir dentro de esta administración federal un servicio profesional de verificación administrativa. Por ello valoramos como correcta la modificación propuesta, ya que permite que los actos administrativos de verificación tengan mayores elementos de seguridad para que de ser el caso no lleguen con debilidad ante la revisión jurisdiccional administrativa o judicial.
De esta manera, en el área de la práctica los verificadores estarán sujetos a nuevas reglas. En este caso se obligará de modo expreso a observar en cada acto en el que participen los visitadores en el marco de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia, a atender las formalidades impuestas por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en su artículo 3.
A partir de ahora, compañeros, si es que la modificación se aprueba, que creemos se aprobará por esta asamblea, en toda visita de inspección se deberán observar las formalidades previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que insisto, sabemos o asumimos que sabemos. Anteriormente solamente se referenciaba a atender la mencionada ley sin aludir cuáles eran esos lineamientos.
Concluido el levantamiento del acto de verificación, el inspector o verificador proporcionará ahora al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, la información respecto a la autoridad que emitió la orden de visita de inspección o verificación. Asimismo, hará del conocimiento de esta persona el plazo o término con el que cuenta para manifestar lo que a su derecho convenga ante dicha autoridad y los demás datos sobre las consecuencias jurídicas de la visita de inspección o verificación. Habrá un mayor diálogo, con un mejor marco jurídico.
Los hechos, omisiones o irregularidades administrativas detectadas en las visitas de inspección que estén debidamente asentados en el acta se tendrán por ciertos, salvo prueba de lo contrario.
Por último, se especifica un periodo de revisión, ofrecimiento y valoración de pruebas, de modo tal que si el visitado ofrece pruebas, la autoridad en el término de tres días hábiles acordará su admisión y en el mismo fijará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique.
Como decía el compañero, los pescadores y otros grupos vulnerables son quienes normalmente habían sido afectados ante la falta de esta rigidez y formalidad y validez y obligatoriedad jurídica administrativa.
Creemos que estos cambios robustecen al procedimiento administrativo en esta materia, dan seguridad jurídica en los actos a favor del verificador y fortalece los medios de defensa de los visitados –que insisto suelen ser los grupos vulnerables– cumpliendo así la disposición legal, la coherencia establecida en la Constitución, que obliga a observar las formalidades administrativas del proceso, que insisto, sabemos o asumimos que sabemos.
Por todas estas razones, la bancada de mi partido, del Partido Verde Ecologista de México, manifestará su apoyo al presente proyecto de modificación. Es cuanto, señor presidente, gracias compañeros.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Pérez Hernández. Tiene el uso de la voz la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Aprovecho para saludar a invitados de la diputada Elizabeth Flores Vázquez, del Consejo de Participación Ciudadana de aquí del Distrito Federal. Bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para manifestar la posición y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD, entorno al presente dictamen por el que se modifica la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y verificación.
Este conjunto de modificaciones se discutieron en su momento a profundidad y con la debida atención durante la pasada legislatura, en este mismo recinto, como Cámara de origen.
Durante su discusión en el Senado, la Colegisladora determinó realizar ajustes a los cambios propuestos, con la finalidad de no generar duplicidad de funciones en los actos de autoridad de las dependencias de la administración pública federal, responsables de establecer los controles y la supervisión respectiva, modificaciones con las que, en principio, estamos de acuerdo.
En la actualidad la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables contempla procedimientos para realizar visitas de inspección y vigilancia, los cuales no contemplan en forma clara y precisa mecanismos procesales para que los pescadores puedan defenderse de forma eficaz, lo que significa violaciones sistemáticas a sus garantías de legalidad.
Dichos procedimientos son llevados a cabo, las más de las veces, a los pescadores ribereños, quienes sufren las consecuencias de la omisión en el cumplimiento de alguna determinación administración, que en muchos casos son atendibles, pero que debido a la imprecisión de la ley en la forma de acudir a defender sus intereses, terminan perdiendo su patrimonio o los recursos con los que lleva a cabo sus actividades productivas.
Son siempre los pescadores ribereños los más afectados por las medidas administrativas. Son siempre los pescadores los que no pueden acceder a los permisos de pesca, que sí logran las grandes embarcaciones nacionales y extranjeras.
Son siempre las pesquerías de pequeña escala las que no pueden acceder al financiamiento para tecnificar y reconvertir sus artes de pesca. Y son siempre los pequeños pescadores los que tienen que sufrir los embates de las visitas de verificación e inspección.
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que los cambios a la ley, contenidos en el presente dictamen, estaríamos clarificando y fortaleciendo el procedimiento mediante el cual los pescadores pueden acudir ante la autoridad emisora del acto y ofrecer y desahogar las pruebas que consideren idóneas a sus intereses, y de esta manera, cuando se emita la resolución respectiva la pueda recurrir de una forma eficiente.
Lo anterior facilitará que los afectados por estos actos de autoridad puedan ejercitar de forma eficaz su defensa, circunscribiendo el acto de autoridad en el marco de la legalidad y cumpliendo los principios constitucionales de seguridad jurídica y debida audiencia. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Águila Torres. Tiene el uso de la voz la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete: Con su venia, señor presidente. Compañeros, los diputados integrantes del Partido Acción Nacional estamos a favor de un estado de derecho que permita a la sociedad mexicana ejercer a cabalidad sus actividades productivas de forma lícita, por lo cual es fundamental que nuestras leyes garanticen eficacia y certidumbre jurídica.
Necesitamos de mejores leyes que incidan en la defensa de todos los grupos de población, particularmente de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, que se ven afectados, en muchas ocasiones, por abuso de autoridad.
Es fundamental en nuestra tarea legislativa establecer instrumentos y demás disposiciones que redunden en la aplicación eficaz de la ley y en beneficio de los mexicanos.
Por ello, aplaudimos que el dictamen que hoy se pone a discusión establezca en la Ley General de Pesca y Acuacultura un mecanismo procesal claro de inspección y vigilancia de la actividad pesquera, el cual brindará seguridad jurídica y la debida audiencia a muchos de los pescadores ribereños, teniendo la oportunidad de presentar ante la autoridad pruebas para la defensa de sus intereses.
Reconocemos, como bien apunta la minuta de nuestra colegisladora, que si bien la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece diversas disposiciones para llevar de forma expedita y oportuna actos administrativos, como puede ser la inspección y vigilancia de la pesca, en la Ley General de Pesca y Acuacultura se establece protegiendo las características sociales, económicas y particulares de los pescadores ribereños que son sujetos de procedimientos administrativos de verificación o inspección, en congruencia y con pleno cumplimiento de la garantía, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.
La vida de los pescadores está regida por la carencia, por la falta de capacitación, tecnología y herramientas de trabajo, por débiles programas y subsidios que derivan en retroalimentar su estado de vulnerabilidad, por lo cual tenemos una deuda en materia presupuestal y legislativa con ellos.
De ahí, que los legisladores de Acción Nacional estamos a favor del presente dictamen que establecerá procedimientos adecuados de inspección y vigilancia para garantizar una mejor aplicación de la ley y con ello contar con mayores herramientas para la defensa de sus intereses.
Sin duda, necesitamos incidir en mejores leyes, pero también en la aprobación de mayores recursos para este sector y con políticas públicas efectivas que detonen su desarrollo y prosperidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Les damos la bienvenida a miembros de la comunidad de Jicaltepec Autopan del distrito 26 de Toluca, estado de México, invitados por la diputada Shantall Zepeda Escobar. Bienvenidos.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Secretaria, ordene el cierre del tablero.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena Méndez Denis (desde la curul): A favor.
El diputado Guillermo Sánchez Torres (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Hernández Íñiguez (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señor presidente, se emitieron 313 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de inspección y vigilancia. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo, dé lectura la Secretaría a la propuesta de modificación que remite la Comisión de Trabajo y Previsión Social para ponerla a consideración del pleno.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Dictamen.
Artículo 33. Por segundo párrafo: Queda prohibido obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco o de cualquier otro medio que implique renuncia de derechos o imponga obligaciones al trabajador. En caso de que el trabajo sea obligado a la firma de documentos en blanco o de cualquier otro medio, podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la inspección del trabajo local o federal a denunciar el hecho.
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la inspección del trabajo local o federal conservará en secreto dicha denuncia para el caso de que fuere necesario aportarla como elemento probatorio preconstituido. En caso de que el trabajador sea despedido, el documento de renuncia que haya sido denunciado en los términos de este párrafo no tendrá valor probatorio.
Debe decir:
Queda prohibido obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco que implique renuncia de derechos o impongan obligaciones al trabajador. En caso de que el trabajador sea obligado a la firma de documentos en blanco, podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la inspección del trabajo local o federal a denunciar el hecho dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de contratación.
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la inspección del trabajo local o federal conservará en secreto dicha denuncia para el caso de que fuere necesario aportarla como un elemento que podrá ser utilizado como prueba por parte del trabajador, en caso de quedar acreditado en el juicio correspondiente el dicho del trabajador. El patrón se hará acreedor a la sanción prevista por el artículo 1006.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si de aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Para fijar la postura de agrupación Morena, tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján hasta por cinco minutos.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Pues me subo a esta tribuna muy contenta y emocionada de hoy estar discutiendo y aprobado esta iniciativa, que tenemos un año y medio impulsando y que hoy se hace realidad y estamos aquí votándola y aprobándola.
Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios, a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, por unirse, por apoyarla y por hoy dar un paso firme en contra de las renuncias en blanco que son un cáncer en este país.
¿Y por qué considero que es un tema tan fundamental? Porque, ¿sabían ustedes que 3 de cada 10 trabajadores despedidos en nuestro país fueron obligados a firmar un papel en blanco como requisito para ser admitidos en el trabajo? Esta práctica crece día a día con la clara intención de evitar que los trabajadores reclamen sus derechos.
El patrón guarda el documento en blanco y en el momento en que considera oportuno le agrega el texto de una renuncia junto a un recibo de una cantidad nunca pagada. Algunos abogados afirman, con cinismo incluso, que es una política de su despacho aconsejar a los clientes que obliguen a los trabajadores a firmar un documento en blanco al contratarlos.
Los tribunales de trabajo no atienden los reclamos de las víctimas de esta práctica, pues sostienen en los procesos que al ser auténtica la firma del trabajador en el documento no hay nada que reclamar.
Obligan al trabajador a demostrar que la firma fue obtenida bajo presión o condicionamiento de obtención del empleo, cuestión que evidentemente es prácticamente imposible de probar.
Los tribunales de amparo aportan su granito de arena a esta generalizada indefensión, planteando en lo general la tesis y criterios que incrementan la impunidad. Las instancias encargadas de la defensa de los trabajadores, denominadas Procuradurías de Defensa del Trabajo, a pesar de tener identificados muy bien a los defraudadores no parecen interesados en hacer absolutamente nada al respecto. El área de inspección laboral, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, es también omisa en su responsabilidad.
Hoy proponemos dar una solución a este problema. El trabajador que fue obligado a firmar un documento en blanco podrá advertir a la autoridad laboral de esta circunstancia. Esa información será guardada en secreto y utilizada como elemento de prueba en caso de un conflicto laboral. Obviamente no se trata de una solución fácil, pero sin duda será un elemento que ayudará a inhibir esta práctica cancerosa.
Esperamos que sea esta iniciativa aprobada en sus términos en el Senado y que no se quede ahí, que también en la Secretaría del Trabajo nos ayude para que este derecho, este nuevo derecho de los trabajadores sea difundido a través de la televisión y de la radio, y que hoy todos los trabajadores sepan que en el momento en el que los obliguen a firmar una hoja en blanco cuando los contraten, pueden acudir a las autoridades y dar aviso porque será tomado en cuenta en caso de demandar su reinstalación o el despido justificado.
Ojalá y los patrones, sobre todo esos patrones que abusan de los derechos de los trabajadores, entiendan que la firma de hojas en blanco lesiona integralmente nuestro sistema de protección y justicia laboral y atentan contra la dignidad de las personas y exhibe la degradación que crece en nuestro mundo del trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
El Presidente diputado Martín Alfonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Martín Alfonso Heredia Lizárraga: No habiendo más oradores registrados y en virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto y con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre el sistema.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se emitieron 299 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (14:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 14 de abril, a las 11 horas; y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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