Comunicaciones oficiales
Oficio de la Cámara de Senadores, con minuta
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Discusión de los artículos reservados
Solicitud de licencia de diputado
Acuerdo de la Junta, con cambios de representantes ante el Consejo General del INE
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (11:24 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibieron de diversas autoridades siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que envía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado remitida por el Congreso del estado de Chihuahua.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Oficio del Instituto Nacional de Migración con que remite los avances financieros de diversos programas de protección a migrantes, correspondientes al primer trimestre de 2015.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las Camisones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Oficio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el que remite el Informe de Auditoría Interna de su matrícula, correspondiente al primer trimestre de 2015, en cumplimiento con el artículo 42, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de marzo de 2015, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2014.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se recibieron solicitudes de licencia de los diputados Gerardo Gaudiano Rovirosa, José Luis Muñoz Soria y María Guadalupe Velázquez Díaz.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobadas. Comuníquense.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputada Socorro Ceseñas, ¿para qué efecto?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Un 17 de abril, pero de 1902, nace el doctor Jaime Torres Bodet, normalista, filósofo, ex secretario del rector José Vasconcelos, secretario de Educación Pública de los años 1943 y 1946, quien a los 16 años publicó su primer libro de poemas, titulado Fervor 1918.
Hago mención de este acontecimiento que no debemos dejar pasar en blanco, en virtud de varias razones. Fue un promotor de la campaña de alfabetización y tenía muchas frases, tuvo muchas frases, una de ellas; cada mexicano en este país tenemos la obligación de enseñar a leer a otro mexicano.
Muchas escuelas de educación pública de los diferentes niveles ostentan su nombre en honor al doctor Jaime Torres Bodet. Una de ellas es la escuela secundaria número 11 de la ciudad de Monterrey, y que cumple de su fundación 50 años en honor al doctor Jaime Torres Bodet. Su lema: Tu cultura elevará la patria. Dicha escuela hacemos mención el día de hoy, en la cual laboré por varios años, ha sido reconocida como escuela de excelencia por más de 16 años y ha tenido el mérito escolar, en honor al doctor Jaime Torres Bodet, que el día de mañana sería aniversario de su natalicio. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Mesa Directiva comparte su reflexión sobre este extraordinario hombre, Jaime Torres Bodet.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia hace de su conocimiento que se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Roberto Jiménez del Ángel, Juan Carlos Velasco Pérez, María Ruiz Fraga y Alfonso Godínez Mendiola, diputados federales electos.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Al diputado Patricio Flores Sandoval, el diputado Gerardo Javier Hernández Tapia, el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, la diputada María Sanjuana Cerda Franco y la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadanos Roberto Jiménez del Ángel, Juan Carlos Velasco Pérez, María Ruiz Fraga y Alfonso Godínez Mendiola, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana y los ciudadanos María Ruiz Fraga, Roberto Jiménez del Ángel, Juan Carlos Velasco Pérez y Alfonso Godínez Mendiola: Sí protesto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se declara el primer viernes de marzo de cada año como el Día Nacional de la Oratoria.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda, secretario.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor en sus curules los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación, antes mencionado, se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se autoriza, en consecuencia. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Tiene la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen el diputado Abel Octavio Salgado Peña, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Compañeras y compañeros diputados, subo a esta tribuna en representación de las y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación, con la alta responsabilidad de fundamentar el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
El proyecto de Ley General que hoy tenemos frente a nosotros, ha implicado muchos días, semanas y meses de trabajo por parte, tanto de la Colegisladora como de esta Cámara de Diputados.
Hace unos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con los siete comisionados del IFAI en una muy productiva reunión de trabajo.
Los integrantes de todos los grupos parlamentarios pudimos externar nuestras dudas y escuchar su opinión sobre los alcances y las bondades de este proyecto de ley general.
Todos los comisionados y parte importante de los diputados y diputadas integrantes de la comisión coincidimos en reconocer cuatro puntos fundamentales sobre este proyecto.
Uno. El enorme trabajo que se ha invertido en el proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia, escuchando todas las voces y todas las sugerencias emanadas de la sociedad civil y de los órganos garantes.
Dos. La apertura que tuvieron ambas cámaras del Congreso de la Unión para perfeccionar el dictamen y satisfacer el decálogo con las observaciones que en su momento realizó el propio IFAI.
Tres. La congruencia y pertinencia del proyecto, a la luz de la reforma constitucional que aprobó el constituyente permanente en febrero del año pasado.
Y cuatro. La oportunidad histórica que tenemos frente a nosotros para empoderar, en definitiva, a la ciudadanía a través de esta ley general en los temas relacionados con el acceso a la información pública.
Es cierto que aun pudieran existir sugerencias para perfeccionar el proyecto, pero estoy convencido de que con el dictamen que tenemos frente a nosotros se está materializando el mayor avance con relación al derecho humano de acceso a la información desde la reforma constitucional del 1977.
No pasamos por alto las importantes reformas constitucionales de 2007 y 2013, por supuesto, la ya comentada reforma de febrero de 2014 que hoy reglamentamos con la emisión de esta nueva ley.
Amigas y amigos, se ha convertido en lugar común pero no por ello es menos cierto, el afirmar que todo acto legislativo es perfectible porque es producto de la falible razón humana.
Por ello, en caso de que el dictamen sea avalado por esta soberanía, su función y su aplicación deberán ser observadas y, en su caso, de ser necesario, se deberá procurar en su momento las correcciones pertinentes a efecto de pulir la ley.
Este proyecto es muestra clara del oficio político de nuestros líderes parlamentarios, de las Mesas Directivas de ambas Cámaras, de las Juntas Directivas y por supuesto de cada uno de los integrantes de la comisión dictaminadora; sin embargo no podemos perder de vista que es también y sobre todo producto del trabajo incansable de la sociedad civil organizada, de los órganos garantes del derecho al acceso a la información en toda la República de la labor proactiva y promotora de los comisionados del IFAI y del impulso de las diversas instancias de la administración pública federal.
Recogiendo todas estas opiniones se logró un entramado jurídico autosuficiente, coherente y pleno. No es posible mencionar todos los beneficios que se desprenden del proyecto en este pequeño espacio, por lo que únicamente comentaré algunos puntos que consideramos de suma relevancia.
En primer lugar, se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. En atención a la demanda ciudadana, se amplió el catálogo de sujetos obligados, ahora, estarán sujetos a esta ley, a la par de las dependencias y entidades tradicionalmente obligadas. Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se facilita el acceso y construcción de los portales de transparencia a través de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia que será integrada por el Sistema de solicitudes de acceso a la información, por el Sistema de gestión de medios de información, por el Sistema de portales de obligaciones de transparencia y por un Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.
No más opacidad en el uso de recursos públicos, para ello se amplía el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a casi 50 entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; los montos, criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos; las concesiones, contratos, convenios permisos licencias o autorizaciones otorgados; la información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. En general, una serie de obligaciones que la ley considera de relevancia toral para su difusión pública, constante, proactiva y creciente.
Se incorporan figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para los casos que pretenda reservar información o deba ser pública y se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o, bien, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.
Insisto, numerar todos los detalles en este breve lapso de tiempo es prácticamente imposible, sin embargo con el puntual estudio que hemos realizado en la Comisión de Gobernación les podemos garantizar que estamos presentando un proyecto normativo de alta calidad, de una inmejorable técnica legislativa y respaldado por el consenso construido a lo largo de muchos meses de trabajo.
Compañeras y compañeros. Entendámoslo bien. El derecho a la información pública no es ninguna concesión. Es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política.
No debemos regatear las obligaciones de esta Cámara ni mucho menos hacer oídos sordos de nuestros representados. El mandato que nos han dado es claro. Debemos respetarlo y debemos cumplirlo. La ley que aprobaremos hoy es de los mexicanos, no de los partidos políticos.
Por último. ¿Por qué debemos apoyar sin mayor dilación esta Ley General de Transparencia? Primero. Porque la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado y es una exigencia para la construcción de Estados modernos, eficientes y honestos.
Segundo. Porque el acceso a la información abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones como la rendición de cuentas, y en otras funciones de gran relevancia como lo es el combate a la corrupción.
Tercero. Porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino del gasto público, tanto como el correcto ejercicio de la función pública a cargo de autoridades y representantes populares.
Cuarto. Porque la transparencia es una exigencia que crece exponencialmente y cuya satisfacción debe dar forma plena y exhaustiva, y
Quinto. Porque el derecho de acceso a la información es más que un derecho ciudadano, es piedra angular de un Estado democrático y constitucional de derecho.
Compañeras y compañeros, por su atención –y sobre todo por su voto a favor de este dictamen– muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Abel Octavio. Esta Presidencia saluda a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el diputado Ernesto Jiménez. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se procede a darle el uso de la tribuna –para fijar postura– al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara –de agrupación Morena– hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huera Ladrón de Guevara: Evidentemente que vivir en un país donde no existe la democracia, no permite dejar de saber que en un Estado democrático ni siquiera necesitaríamos de este derecho.
Aquí con pocos avances se nos quiere hacer ver como que estamos resolviendo un problema de fondo. Los propios servidores del IFAI, comisionados que no estamos inclusive satisfechos de cómo se nombraron, porque fue a partir de cuotas de los partidos políticos en un documento que hacen llegar al Senado, hablan de sus preocupaciones, mismas que no han sido superadas.
Preferencia de la ley general en materia de clasificación, cuando ellos en el documento establecen que de manera categórica y no protestativa en las leyes federales no podrán establecerse supuestos de reserva o confidencialidad que contravengan principios y disposiciones de la ley general, mismo argumento que evidentemente sostuvo el colectivo para la transparencia, que al final ante las presiones del Ejecutivo, como se informó en la Comisión de Gobernación, que llegaron los enviados de Presidencia de la República, todavía para hacer una regresión mayor, tuvieron aprobar a bien esta ley.
Esta ley como ustedes saben, tiene por objeto reglamentar el 6o. constitucional en materia de derecho a la información. Por lo tanto –cito textualmente: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Haciendo una interpretación sistemática y funcional de los derechos fundamentales y sus garantías, esta Cámara de Diputados como parte del Congreso de la Unión se encuentra obligada a emitir leyes que sean acordes con los derechos fundamentales y garantías viables para la efectiva aplicación y observación de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Diputados, el 1o. constitucional obliga a todas las autoridades para que en el ámbito de su competencia promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de modernidad de conformidad a los principios ya señalados, obligación que se incumple en la ley que se presenta.
De nueva cuenta se legisla para ser inoperantes los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso particular, el derecho a la información y la obligación del Estado para garantizar dicho derecho.
El 6o. constitucional en el apartado A establece principios y bases para el ejercicio del derecho al acceso a la información de la federación, los estados y el Distrito Federal.
En el ámbito de todas sus respectivas competencias, el primer principio refiere a que toda, no una porción o parte de ésta, afirma que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes.
En este punto es en el que se está violentando la autonomía que la Constitución otorga al órgano garante del derecho a la información, se trastoca y condiciona a través de diversos procedimientos: El primero de ellos es el control político del órgano, el cual se estableció en el mismo precepto constitucional.
El veto presidencial por el cual puede oponerse a la designación de cualquier comisionado designado por el Senado, y que le resulta incómodo, control que se extiende al procedimiento de designación propuesto en la ley. La designación de comisionados sigue la práctica política del reparto de posiciones en función de cuotas partidistas, hecho que vulnera la independencia y autonomía de los comisionados.
La autonomía se acota en el ejercicio de sus atribuciones como órgano autónomo del Estado, al determinar que la atribución para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, se subraya que se omiten las leyes generales, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la Republica, que vulnere el derecho a la información se ejercerá cuando así lo aprueben la mayoría de los comisionados.
Esto es una función del Estado, queda subordinada a las presiones y negociaciones en las cuales se verán involucrados los comisionados. Una garantía que debe otorgar un órgano autónomo no puede estar condicionada a un voto mayoritario de sus integrantes.
Hemos tenido experiencias en este caso, la determinación de los comisionados del IFAI para no interponer la acción de inconstitucionalidad por cuatro votos contra tres de la Ley de Telecomunicaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los artículos que permitieron la geolocalización y creación de bases de datos.
La comisionada presidenta, Jimena Puente, y los comisionados María Patricia Kurczyn y Rosendo Evgueni, Francisco Javier Acuñas Llamas se manifestaron contra las acciones inconstitucionales que se pretendían presentar a los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones, pero no se pudo.
Por otra parte se acota la autonomía de los órganos garantes al acotar la posibilidad de controvertir leyes generales y federales en la materia, acotándolo solamente a leyes estatales. Y ya nada más recuerden lo del Info DF, presentó acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones ante la Suprema Corte, en contrasentido al IFAI.
La posibilidad para que a través de la reserva por supuestas razones de interés público y seguridad nacional, se violente el principio de máxima publicidad en el derecho a la información, es latente. Como hemos dicho, legislaron reformas constitucionales aparentemente con la izquierda y con la derecha hacen estas reformas de carácter a las leyes secundarias.
El día de hoy tan sólo el periódico Reforma da cuenta de esta opacidad. La corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, así como la corrupción en el procesamiento del desmantelamiento d Pemex y su entrega a las empresas privadas nacionales y extranjeras.
Existen condiciones específicas para continuar con la opacidad, la administración de Peña Nieto, lejos de combatir estas prácticas de opacidad y corrupción, ha impulsado acciones y estrategias de comunicación que encubren lo indefendible, como la Casa Blanca y el tren rápido México-Querétaro, por no decir ahora las casas de Osorio Chong y del subsecretario Miranda. Más de lo mismo, y esta ley por desgracia, a pesar de evidentemente reconocer algunos avances en lo general, es más de lo mismo.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente. Señoras, señores legisladores, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene un alto significado político, obedece a la necesidad de incrementar la calidad de democracia y es una respuesta al intenso reclamo ciudadano sobre transparencia, rendición de cuentas y castigo a la corrupción.
El ciclo reformador de la LXII Legislatura estaba incompleto, faltaba una profunda reforma que estableciera las condiciones para una implementación eficaz, honesta y transparente de las reformas estructurales.
Después de la aprobación de las principales reformas estructurales, la ciudadanía expresó contundentemente que ninguna transformación es posible sin la participación ciudadana. Mexicanas y mexicanos de todos los sectores sociales hicieron patente que se había llegado a un límite en la tolerancia de actos de corrupción, abuso de poder, impunidad e inseguridad.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza compartimos plenamente ese reclamo y votaremos a favor del presente dictamen, porque fortalece el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información pública.
La Ley General de Transparencia tiene una relación sistémica e indisoluble con el sistema nacional anticorrupción. De forma conjunta estas dos legislaciones tienen el potencial de revertir las tendencias, los estímulos y la impunidad que favorecen las prácticas corruptas.
Destaca en esta nueva ley el mandato de que los sujetos obligados deben documentar sus acciones. No habrá justificación alguna para que algún servidor público decrete la inexistencia de información.
Además, se dispone que toda información en posesión de cualquier entidad pública debe ponerse a disposición de la ciudadanía y sólo podrá ser reservada temporalmente por causas de seguridad nacional.
Esta ley establece condiciones claras para clasificar como reservada alguna información. Es decir, la reserva no quedará al arbitrio de los sujetos obligados, quienes deberán realizar una prueba de daño cuando quieran reservar información, con lo cual tendrán que demostrar que su divulgación causaría un perjuicio mayúsculo al interés público.
Así se consolida el derecho de acceso a la información pública y se construyen las bases del sistema nacional de transparencia, con una efectiva distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas.
Quiero hacer mención especial. Lo que establece el artículo 115 de esta ley. Cuando se trate de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o con actos de corrupción no podrá invocarse el carácter de información reservada. Este mandato es fundamental, porque ante dos de los hechos que más lastiman a la sociedad establece que ningún sujeto obligado podrá poner pretextos para hacer pública la información, relativa esta información a prácticas corruptas, concretas o violaciones flagrantes de los derechos humanos.
En suma, con la Ley General de Transparencia se incrementa el número de sujetos obligados. Ahora los órganos autónomos, los partidos políticos y los sindicatos tendrán que abrir su información al público.
Muy relevante también lo es que los fideicomisos que han estado en total opacidad y los fondos públicos también pasen a ser sujetos obligados, porque tradicionalmente han sido fuente grave de opacidad y encubrimiento de operaciones que despiertan sospechas de irregularidades.
Las diputadas y diputados de Nueva Alianza consideramos que esta nueva ley empoderará a la ciudadanía y reducirá el alejamiento entre ciudadanos y autoridades. Un alejamiento que se combina con una profunda desconfianza en las instituciones, que si no se encausan de forma incluyente y democrática, puede derivar en una crisis de legitimidad y gobernabilidad.
Pero también sabemos que todo proceso es inacabado, que esta ley es perfectible, pensamos en lo particular que podría modificarse en algunos artículos, sobre todo el 72, para establecer de manera muy particular como sujetos obligados los grupos parlamentarios también sean sujetos obligados a esa transparencia.
Sin embargo, estamos conscientes de que las reformas legales por sí mismas no transforman la realidad. Para cambiar el fondo de las cosas es indispensable que los gobernantes, los representantes populares y la propia ciudadanía se comprometan a hacer realidad los objetivos trascendentes de las reformas legales.
En congruencia con lo expresado anteriormente, quiero comunicarles o informarles que desde enero pasado está a disposición de toda la ciudadanía el portal de transparencia de mi grupo parlamentario.
Pueden acceder fácilmente grupoparlementarioabierto.mx y ahí está la congruencia de un grupo parlamentario que no cree en la transparencia en el discurso, que cree en la transparencia en los hechos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada María Sanjuana. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar su postura a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Según la OCDE, la transparencia es el proceso por el cual la información de las condiciones existentes permite ser accesada para la toma de decisiones y acciones de manera visible y entendible para los ciudadanos.
El principio de este derecho de tercera generación, que es el del acceso a la información pública, así se llaman, derechos de tercera generación, porque se supone que se dan en países donde ya están cubiertos los derechos básicos, cosa que sería discutible en México, donde no estamos seguros de, mínimamente, el respeto a los derechos humanos, se entiende que tiene un principio básico, la transparencia. Y es que la información pública le pertenece a la gente, no al gobierno. Y que el gobierno y sus representantes se han arrogado la propiedad de manera inadecuada, en una concepción absurda, donde el gobierno está por encima de la gente y eso no es así.
Se ha vuelto, pues, costumbre en esta Cámara de Diputados, aprobar leyes perfectibles. Todo podría ser mejor bajo el argumento de que en la negociación no todo se puede, y entonces, éste es un avance.
En materia de transparencia, la realidad es que podíamos y debíamos haber ido más adelante, porque la información no le pertenece ni a los grupos parlamentarios ni al gobierno ni a la procuraduría ni a ningún ente que represente ciudadanos. Porque eso somos, representación de ciudadanos.
Entonces, esta Ley de Transparencia tiene un problema básico, está hecha bajo el concepto erróneo de la pertenencia de información del gobierno que no existe.
Hoy entonces, no es la excepción y nos quedamos con una ley que pudiese haber sido mejor.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es, por decir lo menos, no solamente una ley contradictoria o una reforma contradictoria sino hasta esquizofrénica.
Por qué. No deben ustedes de olvidar que la segunda semana de diciembre al Senado de la República, en completa opacidad, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó 80 observaciones al dictamen que se estaba discutiendo. Ochenta observaciones que no son públicas, que se filtraron, que nadie conoce, en una Ley de Transparencia.
Y sobre éstas 80 observaciones había absurdos tan grandes como que la Consejería Jurídica pedía que se sancionaran a los organismos garantes cuando dieran información que al gobierno no le convenía. Imagínense ustedes la barbaridad, quién iba a determinar lo que se podía transparentar o no, y además se iba a castigar a los órganos que debían de dar esa información si daban la información equivocada.
Había otras barbaridades, como decir que solamente se podía abrir información en materia de derechos humanos cuando hubiese una resolución previa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Suprema Corte de Justicia o de organismos internacionales.
Es decir, que casos tan icónicos como el de Tlatlaya o el de los 43, en violaciones de derechos humanos como las que se presume que tuvo el Ejército y por qué no atendió el Ejército a los estudiantes, no podría ni siquiera ser reclamado, eso pedía la Consejería Jurídica al Senado.
Y algunas otras barbaridades, como quitar el concepto de estabilidad monetaria, económica y financiera, y entonces solicitar pues al Senado que en lugar de una Ley de Transparencia hicieran una trampa para garantizar la opacidad en este país y entonces esto generó como consecuencia que el Senado tuviese que abrir foros, pero nunca abrieron las observaciones. Nunca se dijo qué era lo que la Consejería y la Presidencia querían, y entonces abrieron los foros y la sociedad civil tuvo que ir adelante a solicitarle al gobierno que no se cerrara. Y entonces se dan estos foros y ahora sí se bañaron de transparencia y publicidad. Eso es esta ley esquizofrénica, que sí tiene cosas positivas, porque también hay que reconocerlo, reduce los tiempos de procedimiento de acceso a la información gubernamental, integra finalmente el Sistema Nacional para coordinar la política en materia de transparencia, se amplía la lista de sujetos obligados, pero como bien dijo aquí la maestra Sanjuana, no para los grupos parlamentarios, porque hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre.
Se aumentan las obligaciones de transparencia proactiva, pero no obstante hay 12 fallas centrales en esta Ley General de Transparencia que no son menores, la principal es el control político del nombramiento de los integrantes del IFAI. Esto quiere decir que a través del veto presidencial y las cuotas en las Cámaras ahora resulta que éstos, los consejeros del IFAI serán, como siempre se ha querido evitar por las izquierdas, cuotas de los partidos.
Desgraciadamente –como ya lo dije– no son sujetos obligados en los mismos términos que los sindicatos y los partidos políticos, que hay que reconocer que es un avance, los poderes fácticos como por ejemplo las petroleras que reciben ahora y que tendrán obligaciones directas del Estado o los grupos parlamentarios o todos aquéllos que sean directos beneficiarios de algún beneficio del gobierno conforme a la reforma energética, sobre todo.
El criterio para definir si algo es público o privado para efectos de la transparencia y el acceso a la información pública, no debiese estar solamente en el ejercicio de los recursos públicos porque entonces ahora resulta que no tenemos una Ley de Transparencia, tenemos una ley que publica en qué se gasta el dinero. Ése es un gran absurdo. Aquí se tiene que hablar también de los intereses y de cómo se manejan esos intereses. Eso también es información pública.
El Poder Legislativo se otorga a sí mismo, por encima de los demás, un plazo de cinco meses para cumplir la ley, y termino con uno de los más graves y más señalados. La posibilidad prevista en la ley para que el consejero jurídico del gobierno federal interponga el recurso de revisión en materia de seguridad nacional y que concede una definición ambigua y de libre determinación de todos los entes obligados para decir que toda la información puede ser de daño a la seguridad nacional.
Eso es esta ley esquizofrénica. No nos pone, compañeros legisladores –perdón que lo diga así–, no nos pone en el primer mundo. No nos avanza en los derechos de tercera generación. Lo único que demuestra es que otra vez en México se entiende modernizar el poner en papel unas cuantas palabras que se copian del derecho internacional, pero que no hay verdadera voluntad de avanzar.
Esta Ley de Transparencia es una ley dual y esquizofrénica y por eso vamos a votar en contra. Gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia hace del conocimiento de la asamblea que se encuentra en este salón de sesiones el excelentísimo señor Akira Yamada, embajador de Japón en México, acompañado del licenciado Miguel Ángel Franyutti, cónsul honorario de Japón en Guanajuato, quienes han participado el día de hoy en una reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-Japón que preside la diputada Beatriz Yamamoto Cázares; asimismo se encuentran las diputadas Patricia Araujo de la Torre y Liliana Vera Ávila.
La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y desea que esta reunión de trabajo sea fructífera y siga fortaleciendo los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambos países. Se le concede el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. En todos los ámbitos en los que hay manejo de recursos públicos, debe de existir claridad en cómo y en qué se gasta cada peso que reciben las instituciones del Estado. De lo contrario México no saldrá del deshonroso lugar 103 de corrupción, de 175 naciones en el que se encuentra, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, que elabora anualmente Transparencia Internacional.
Uno de los mayores reclamos hoy en día, es que existen mecanismos que permitan una verdadera transparencia y rendición de cuentas en la administración de todos los recursos públicos, ya que la opacidad en el manejo del erario, abre las puertas a actos de corrupción y de desconfianza de la sociedad hacia las instituciones del Estado.
En este sentido la transparencia y la rendición de cuentas, deben ser mecanismos eficaces y eficientes de todo régimen democrático, ya que son la base para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia; dado que sin transparencia del manejo del dinero público no existe posibilidad alguna de abatir la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.
Como es de conocimiento público, el derecho a la información se encuentra consagrado desde 1977 en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, fue hasta el año 2002 que se emitió su ley reglamentaria, la cual desarrolla a detalle lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.
Es decir, tuvieron que pasar 25 años para que el Congreso de la Unión emitiera los lineamientos para proveer, transparentar, garantizar y favorecer el acceso a la información pública. Esto habla de la falta de disposición que ha existido por parte de los poderes del Estado para hacer efectivo el acceso a dicho derecho.
El Estado debe asumir la inalienable obligación de cuidar que la información del manejo de recursos públicos, la sociedad en general, pueda acceder a ella y que ésta sea veraz, pronta y expedita para que todo ciudadano que así lo requiera, pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en la materia, ciencia o asunto que sea de su interés.
Con ello se trata de propiciar una participación ciudadana informada, esto para erradicar la corrupción e impunidad que prevalece hoy en México. A través de este dictamen, esta soberanía intenta asumir su compromiso con los mexicanos y pone en marcha sus facultades y atención al tema de transparencia y rendición de cuentas.
Hoy se legisla en contra de un problema que pareciera inherente a la identidad del mexicano, que desgarra el vínculo entre el gobierno y la población, que fractura a las instituciones gubernamentales, y afecta a la sociedad en general: la corrupción y la falta de rendición de cuentas.
El presente dictamen expide una nueva ley general que obliga a rendir cuentas a todo aquél que recibe y maneja algún tipo de recurso público, porque lo que se amplía el catálogo de sujetos obligados a contribuir a la generación de información de calidad que dé insumos para fiscalización y facilite la evaluación de la gestión pública.
Se establece que no sólo las instituciones gubernamentales, sino toda persona física o moral que maneja recursos públicos, estarán obligados rendir cuentas, lo que da muestra de que las obligaciones de transparencia se extiendan a un ámbito muy amplio, y con ello, una optimización de los recursos con los que cuenta la nación y, en consecuencia, exista un combate de frente a la corrupción y sanciones a todo aquel que hace mal uso de los recursos.
Sin embargo contrariamente se exige transparentar sus recursos a todos los sujetos obligados, se establecen obligaciones de transparencia específicas para los grupos parlamentarios.
Creemos que no debiera ser solamente el ejercicio de los recursos públicos, sino también la función o tarea que realizan los sujetos privados lo que debiera transparentarse, si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencias públicas o sociales, si sus fines afectan a la economía, esas funciones también deben ser públicas.
La presente ley es un paso adelante, pero ante este panorama resultaría interesante delinear, construir y restaurar el vínculo de confianza entre el gobierno y la población. Por ello es necesario que en adelante y en conjunto con el Sistema Nacional de Anticorrupción y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública éstas sean armónicas, complementarias y cuenten con una efectiva implementación, debido a que la apertura no implica sólo ser observado, sino establecer mecanismos que obliguen a los sujetos obligados a transparentar toda actuación desde la conformación del Estado mexicano.
El tráfico de influencia, la corrupción, el enriquecimiento con dinero público, la impunidad han estado ligados a la identidad del mexicano. Es momento de romper con tantos vicios en este país, donde la rendición de cuentas y la transparencia no sean actos de generosidad, sino un deber de todo aquel que tiene a su cargo cualquier tipo de recursos públicos.
El éxito o fracaso de la implementación de la ley dependen tanto de la participación constante de la sociedad civil como de las acciones gubernamentales. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano creemos que toda ley es perfectible, por ello en la discusión del presidente dictamen estaremos proponiendo diversas reservas, que son menester incorporar, como el caso del acceso a la información pública para los grupos y comunidades indígenas –concluyo, presidente–, quienes legítimamente merecen que la respuesta de información les sea traducida la misma a su lengua madre.
En el mismo tenor debe ser el acceso a la información pública que soliciten quienes sufren alguna discapacidad, ellos tienen derecho a que se les suministre información bajo sistemas o lenguajes acordes a su discapacidad.
Por ello, en el presente dictamen Movimiento Ciudadano votará en plena consciencia de coincidir con un reclamo general de transparentar los recursos públicos, pero por supuesto que también elevaremos la voz para apuntalar los derechos de los grupos indígenas, de las personas con discapacidad y, por supuesto, del pueblo mexicano que merece un instrumento jurídico, verdaderamente eficaz en la transparencia del destino del dinero público.
México lo exige, debemos transparentar y modelar cada acto, cada acción, debemos de ser transparentes, transparentar a México. Se lo merece México. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a alumnos de las escuelas primarias José Vasconcelos y doctor Gustavo Baz, del estado de México, invitadas por la diputada María Guadalupe Ayala Bravo. Bienvenidos.
De igual forma, saludamos a alumnos de 2B de la carrera de derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero, invitados por el diputado Samuel Gurrión Matías. Sean ustedes bienvenidos.
Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, la política es el arte de lo posible y lo que vamos a aprobar hoy es eso, la voluntad de la mayoría, mayoría por cierto que en su mayoría apoyamos la política de Estado impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Compañeras y compañeros, la única esquizofrenia en esta tribuna es de aquellos que nunca quieren reconocer que lo que aquí se trabaja ha sido de gran avanzada, y es que porque quizás desconocen lo que ha pasado en otros tiempos. Quizás apenas incursionan en la política, porque no reconocer que el sistema de transparencia viene a complementar el sistema anticorrupción y viene también a revolucionar el sistema democrático del país, eso es esquizofrenia, la que viene a dictar aquí en esta tribuna descalificando siempre todo lo que hacemos.
Compañeras y compañeros, esta Ley General de Transparencia, reglamentaria del 6 constitucional, garantizando el derecho al acceso a la información, viene precisamente a revolucionar el sistema democrático porque la información es poder, y esa información que hoy se va a difundir va a transformar la forma de hacer gobierno, vamos a tener hoy gobierno abierto.
Sistema que, por cierto, pocos países de América Latina pueden presumir, ¿por qué? Porque nuestro régimen se ha estado consolidando y esta honorable asamblea es la que ha impulsado este tipo de cambios y debemos sentirnos orgullosos, que los últimos días que tenemos en esta Legislatura estemos complementando el trabajo que hemos venido realizando con calidad, con eficiencia, con eficacia y con el apoyo también del Ejecutivo federal.
Compañeras y compañeros, quiero aclarar que esta norma no se empezó a discutir el día de hoy en esta tribuna, que esta norma tiene más de tres años discutiéndose y que han sido actores relevantes la sociedad civil, los intelectuales, los estudiosos del tema, sobre todo aquellos que no han dejado de luchar precisamente para que este derecho al acceso a la información se haya hecho una realidad. Descalificar aquí lo que hemos logrado es descalificar el trabajo de todos ellos.
Quiero decirles que hubo tres grupos de trabajo, encabezado el trabajo por el senador Pablo Escudero, en el Senado, en donde se entrevistaron durante más de 20 horas a diferentes personalidades, precisamente para que instruyeran cómo tenía que quedar esta norma. Prueba de ello es que el IFAI ha venido al interior de la Comisión de Gobernación a defender cada uno de los puntos que hemos nosotros hoy tenido a bien presentar ante esta tribuna para votar la minuta.
Compañeras y compañeros, no todo es perfecto y efectivamente me sumo a lo que han dicho algunas compañeras aquí en la tribuna cuando me antecedieron en la palabra, es perfectible y ojalá deseable que en este momento, o quizás en un momento inmediato se pueda hacer partícipe a los grupos parlamentarios de la transparencia que exige nuestro trabajo, porque no tenemos nada que esconder.
El Grupo Parlamentario del Verde Ecologista está de acuerdo en que los grupos parlamentarios también sean parte de los sujetos obligados a transparentar el ejercicio de los recursos en esta máxima casa.
Compañeras y compañeros, ¿por qué les digo que viene a revolucionar el sistema democrático esta minuta? Porque cuántas veces en esta tribuna han venido a manifestarse los secretarios de Estado con la información de lo que se ha realizado en cada uno de los gobiernos, y cuántos de nosotros tenemos elementos para poder pasar a la tribuna y debatir, controlar el trabajo que se realiza en otras instituciones. Pocas, porque aunque el Plan Nacional de Desarrollo exige que todas las instituciones tengan transparentada la forma de hacer el ejercicio de gobierno, ante esta soberanía pocas veces hemos tenido la posibilidad de señalar en lo que se está fallando.
Este sistema, hoy lo que nos da la posibilidad, lo que nos permite es de calificar, exactamente, cómo se ejercen los recursos, pero sobre todo cuál es la eficiencia, eficacia que tiene cada uno de los gobiernos.
Se va a acabar la simulación de los gobiernos que se dicen democráticos y que reservan la información por 12 años de los segundos pisos del periférico o del metro de la línea dorada, compañeras y compañeros.
Se acaba la simulación de aquellos que ante esta tribuna vienen a hablar de la democracia, pero en los hechos cuando gobiernan y cuando tienen mayoría en los Congresos locales no realizan los cambios para que se pueda transparentar su ejercicio.
Compañeras y compañeros, no voy a abundar en cada uno de los puntos porque no tengo tiempo, pero vuelvo a insistir, esta Ley General de Transparencia revoluciona el Estado mexicano en su sistema democrático.
Yo les pido que todos apoyemos hoy con nuestro voto a favor, para que esta importante reforma le demuestre a los ciudadanos lo eficiente y eficaces que hemos sido como legisladores. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Anáhuac, del Distrito Federal, invitados por el diputado Fernando Rodríguez Doval.
De igual forma a la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, sexto semestre del turno vespertino, invitados por la diputada María Guadalupe Jaramillo Villa. Bienvenidos sean todos ustedes.
Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar la postura, al diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Pensé y así había sucedido en la Comisión de Gobernación, que ésta es una ley que une a la gran mayoría, una ley que consensa y no imaginaba que vinieran a polarizar, y menos a polarizar, y menos a polarizar con cosas en donde no tienen razón.
Ésta no es una iniciativa de Enrique Peña Nieto, no es una iniciativa de Enrique Peña Nieto. No es una iniciativa presidencia. Esta iniciativa se hizo de una manera muy diferente. Es más, muchas iniciativas debieran hacerse como esta de la Ley General de Transparencia.
¿Cómo se hizo esta ley? Hay que entender el procedimiento. Si habíamos dicho que con el sistema nacional anticorrupción era un triunfo de la sociedad civil, aquí yo diría que hay tres triunfos de la sociedad civil. No solo porque la propuesta que vamos a aprobar es la propuesta que los académicos, las organizaciones de la sociedad civil llaman, es palabra de ellos, un logro histórico en la transparencia.
No solo por eso, como también sucedió con el sistema nacional anticorrupción, sino porque estuvieron en la mesa las organizaciones civiles y los académicos. Estuvieron en la mesa con el Senado porque decidieron que a diferencia de otras leyes no sería la presentación de un grupo parlamentario en particular ni del Ejecutivo, sino que sería construida por todos y por la sociedad civil.
Y ahí estuvo el IFAI, estuvieron los grupos parlamentarios del Senado y estuvo la sociedad civil con los académicos que no son improvisados, que desde hace mucho tiempo han trabajado la transparencia.
Y así salió esta ley. Esta ley tuvo e la sociedad civil en la mesa de negociaciones, en la mesa de los acuerdos. Y luego, quiero decir que no solo ésta es una iniciativa de Peña Nieto, esta redacción es, a pesar, al menos, lo que vino a hacer el consejero jurídico de la Presidencia.
Sí hubo un intento de regresión. Sí hubo un intento de atraso. Sí hubo un intento de echar para abajo lo que habían acordado en la mesa, y cuando llegaron las 80 observaciones del consejero jurídico, la sociedad civil, el IFAI, los grupos parlamentarios, la opinión pública no dejó pasar esas observaciones. No dejó pasar esa regresión que se estaba buscando. Y ése es el tercer triunfo de la sociedad civil, que no permitieron la regresión, que no permitieron que lo que habían construido en la mesa se echara para atrás.
Por eso la sociedad civil le llama a esto un logro histórico en muchos sentidos, porque no, además no desmerece de la reforma constitucional, como ha pasado con otras reformas que se han hecho, en donde las leyes secundarias simplemente escamotean lo bien logrado.
Y a diferencia del sistema nacional anticorrupción, que es también un éxito y un logro de la sociedad civil, a diferencia de ése, que ahorita es un adorno constitucional, porque un transitorio dice que no va a operar hasta que estén las leyes secundarias, esto ya aplica, esto ya será, esto es una revolución en la transparencia de este país y ya lo verán.
Y algunos que piensan, porque son más papistas que el Papa y son más expertos que los organismos que han trabajado durante décadas por la transparencia en México. Insisto, por ser más papistas que el Papa, les tendremos que decir: esta revolución en transparencia la hicimos a pesar de ustedes y van a conseguir la información de muchas partes que antes era opaca, gracias a este avance que hace un nuevo Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, no solo nacionalmente sino localmente, por supuesto.
Dónde está la clave, porque aquí quien va a decidir es el Instituto Federal de Acceso a la Información, es prácticamente inatacable, sus resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información, pues dependerá de que los consejeros estén a la altura de las circunstancias y efectivamente ejerzan su autonomía de acuerdo a los principios de ley de máxima publicidad, etcétera, ahí va a depender.
Tienen un gran carro, por decirlo de una manera, dependerá de ellos que lo tengan a máxima velocidad y no vayan a 20 kilómetros por hora y no hagan la vergüenza que hicieron cuando no fueron a la Suprema Corte a la acción de inconstitucionalidad cuando en la Ley Telecom obligaban a dar información confidencial, si ni siquiera orden de un juez. Ésa actitud vergonzosa, en mi opinión del IFAI, eso es lo que no debería ocurrir.
Si ejerce sus atribuciones como lo han hecho en otras cosas, en Tlatlaya, por cierto, defendiendo este dictamen frente a las observaciones del consejero jurídico el IFAI estuvo a la altura de las circunstancias.
Y en derechos humanos se ganó, por supuesto que querían que no se dieran a conocer cuando había violaciones graves a los derechos humanos y quedó de acuerdo a la posición de la sociedad civil y no están esperando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determine. Ahí se logró, no hay tal castigo para los órganos garantes que den a conocer más información como era la pretensión del consejero jurídico, es decir, ganó la sociedad civil. Por qué les vamos a escamotear este gran triunfo que puede haber.
Que hay pendientes. Claro. Se avanzó por supuesto en que ahora los grupos parlamentarios tendrán que hacer, dar a conocer su informe semestral, que creo que ya lo hacían, pero ahora lo que me parece que falta es que sean sujetos obligados, es un compromiso que hemos hecho algunos diputados y vamos a insistir en que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados.
Hay algunas gentes de la sociedad civil que creen que ya lo son en una interpretación, ya lo decidirá el IFAI. Yo digo: quitemos toda duda.
Y otro punto en donde tenemos que avanzar, lo que yo le llamo El transitorio de la confesión de parte, es el décimo tercero, en este transitorio de la confesión de parte dicen: saben qué, denos tanto tiempo para aclarar en el Congreso de la Unión nuestras cosas para que todo esté bien, y luego nos preguntan, pero borrón y cuenta nueva. Pues las preguntas que van a hacer todos: ¿y qué esconden? ¿Por qué ahorita no pueden ser públicos? ¿Por qué ahorita no pueden ser transparentes? Ese transitorio de la confesión de parte a mí me parece vergonzoso y creo que lo deberíamos quitar.
Pero deberíamos estar muy orgullosos de esto, porque hay una separación entre la sociedad y la política. Eso lo reconocemos todos. Esta ley salió de la sociedad, estuvieron –insisto– en la mesa y defendieron públicamente y con fuerza para que no hubiera los retrocesos.
Así que voy a parafrasear a Mauricio Merino y con esto termino, presidente. Mauricio Merino, cuando le preguntaron del Sistema Nacional Anticorrupción, le dio por citar a Pablo Milanés. Yo también quisiera decir lo mismo a pesar de que haré estas dos reservas. Dijo: No es perfecta, mas se acerca a lo que simplemente soñé. Gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar su postura al diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Durante los últimos 25 años hemos asistido en nuestro país a un proceso de construcción de la democracia. En este proceso de construcción democrática, la primera etapa fue sin duda la etapa electoral. Era necesario en su momento que contáramos con instituciones electorales que fueran autónomas del gobierno y que fueran imparciales. Que garantizaran que los votos contaran y se contaran. Que de esa manera las elecciones pudieran ser competitivas y las instituciones representativas reflejar la pluralidad social.
Eso en buena media se ha conseguido. Por supuesto, siempre se podrá perfeccionar nuestra democracia electoral, pero hoy podemos decir que esos objetivos ya se han conseguido y por eso la alternancia que se ha producido a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal.
Una vez que se consiguió la transición electoral era indispensable dotar de contenidos a esta nueva democracia. Hacer que las instituciones democráticas pudieran procesar de manera adecuada las demandas ciudadanas. Hacer que las instituciones democráticas funcionaran con una mejor calidad y que de esa manera se pudieran garantizar los derechos políticos de los ciudadanos.
Y en este proceso de consolidación de la democracia, es indispensable que toda autoridad rinda cuentas, es indispensable –por lo tanto– que se garantice el derecho a la transparencia y al acceso a la información de todos los ciudadanos.
La lucha por la transparencia –compañeras y compañeros diputados– es una lucha consustancial a la democracia.
No puede existir una democracia en la que sus representantes, en la que sus políticos, en la que todo funcionario que ejerza un recurso público, no rinda cuentas del mismo.
No es –por lo tanto–una casualidad que sean los gobiernos autoritarios los que no rindan cuentas; no es casualidad que sean los gobiernos autoritarios los que se conducen en las sombras y en el secreto; no es casualidad que sean los gobiernos autoritarios los que utilizan los recursos públicos para obtener beneficios privados.
Como bien señalan en varios estudios académicos como Alonso Lujambio o Ricardo Becerra: “el acceso a la información se vuelve indispensable para que los gobiernos reduzcan sus decisiones arbitrarias y discrecionales; para que la discusión pública ocurra sobre bases documentadas y razonadas, para que los comicios sean el fruto de un electorado bien informado y bien enterado; para que la prensa desarrolle su trabajo sobre bases ciertas y probadas; para que el ciudadano tenga instrumentos de control entre elección y elección de los cargos electos; y también para que exista un diálogo permanente entre funcionarios y ciudadanos”.
Podemos decir por eso que la transparencia es una de las conquistas políticas que México puede exhibir a la sociedad y puede exhibir al mundo.
Y precisamente consolidando ese derecho a la información que anteriores reformas que se habían hecho en materia de transparencia, en el año 2013 aprobamos en esta Cámara de Diputados y aprobamos también en el Congreso de la Unión, una reforma al artículo 6o. constitucional que entre otras muchas cosas establecía un mayor número de sujetos obligados; establecía que cualquier ente que recia recursos públicos, a cualquier nivel de gobierno y de cualquier poder u organismo constitucional autónomo, estaría obligado a rendir cuentas de los mismos.
También en esta reforma se otorgaba autonomía constitucional al órgano garante de ese derecho al acceso a la información, y se establecía –también en esa reforma– que las resoluciones del organismo garante serían vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Hoy estamos aprobando esa ley que regula esa reforma constitucional de gran alcance, de largo aliento, que aprobamos al inicio de esta legislatura. Esta ley que hoy estamos aprobando es una ley de enorme relevancia y trascendencia para México. Por supuesto, se tendrá que complementar con otras leyes, tendrá que ir de la mano con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la transparencia ocupa un papel fundamental precisamente para prevenir y disuadir cualquier acto de corrupción.
Por eso aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado respetuoso a nuestros compañeros senadores para que a la brevedad podamos estar aprobando también, en la Colegisladora, este Sistema Nacional Anticorrupción.
Por supuesto también quiero sumarme al reconocimiento que se ha hecho aquí en esta tribuna, a muchas asociaciones civiles, a muchos académicos que han trabajado de la mano con los senadores y con los diputados para que esta ley hoy pueda ser una realidad. Y por supuesto, por supuesto que éste es un logro de todo.
Sin embargo, también es cierto que tenemos que tener memoria histórica, y no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que la primera Ley de Transparencia que hubo en este país, fue precisamente cuando Acción Nacional estuvo en la Presidencia de la República en el año 2002.
No le quitamos méritos a los demás, pero es importante señalar que mientras para otros partidos la transparencia nunca ha sido una prioridad, para Acción Nacional lo ha sido desde su fundación.
Termino, diputado presidente. Hoy los ciudadanos están verdaderamente hartos de que existan políticos y funcionarios que usan los recursos públicos como si fueran recursos personales. Hoy los ciudadanos están hartos de que existan sindicatos que no le rinden cuentas a nadie de los recursos que reciben del Estado mexicano, hoy los ciudadanos están hartos de que existan poderes opacos que no transparentan sus propias finanzas. Esta ley ayudará, sin duda, a evitar que esto siga ocurriendo.
Por eso, por todo eso, los diputados de Acción Nacional la habremos de votar a favor.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones, del excelentísimo señor Altangerel Bulgaa, embajador de la República de Mongolia, en los Estados Unidos de América, concurrente ante México, quien asistió a una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Mongolia, presidido por la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves. Sea usted muy bienvenido a esta Cámara de Diputados.
Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar su postura al diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Compañeros diputados, esta Legislatura se ha distinguido sobremanera por su capacidad para procesar iniciativas transformadoras, propuestas legislativas con efecto de largo alcance que modifiquen la calidad de vida de la población y redefinan el rumbo de la nación.
Tal información no carece de sentido si tomamos en cuenta la cantidad y calidad de las reformas estructurales aprobadas durante el último trienio. Al caudal de modificaciones constitucionales y legales que han contado con el aval del Congreso ahora se suma ésta en materia de trasparencia, que viene a fortalecer y dar mayor sentido al ejercicio de los derechos a la información y protección de datos personales.
Cierto es que las tecnologías de la información han venido a facilitar la comunicación, mostrándonos así un nuevo rumbo en la relación entre el poder y la ciudadanía, en el que cobra mayor importancia la eficiencia de los gobiernos.
Es por esto que el presidente Peña Nieto se propuso a encabezar un gobierno cercano y moderno que fomente el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a fin de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 constitucional, el cual establece que los recursos económicos de que dispongan los tres niveles de gobierno se administren con eficiencia, con eficacia, con economía, con honradez y con transparencia para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Uno de los resultados de esta voluntad política es precisamente el dictamen que discutimos en este momento, un documento que es fruto de horas de negociaciones que privilegiaron la adecuada regulación de los derechos de la ciudadanía por sobre cualquier visión partidista por legítima que ésta sea. El resultado de este ejercicio democrático está a la vista de todos y debemos congratularnos con él.
Las legisladoras y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos que éste promoverá, fomentará y difundirá la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, atendiendo las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región.
La expedición de la presente ley en materia de transparencia contará con nuestro aval, en virtud de que permitirá prevenir y sancionar todos aquellos excesos e irregularidades que tanto han dañado a la administración pública federal, estatal y municipal.
Otorgaremos nuestro voto favorable toda vez que el dictamen, una vez que entre en vigor, permitirá que los ciudadanos tengan pleno acceso a la información y hará ejercible el derecho de los ciudadanos a que los sujetos obligados rindan cuentas, generando con esto una nueva cultura política.
La presente ley vendrá a fortalecer el derecho humano de acceso a la información, el cual comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, ello en virtud de que la sociedad podrá conocer los presupuestos que se les asignan a sindicatos, a partidos políticos, al Congreso de la Unión, a organismos autónomos y hasta los fideicomisos de obra, así como la forma en que dichos presupuestos son utilizados.
Los procedimientos, las obligaciones y las disposiciones en materia de transparencia estarán más cerca de la ciudadanía y serán más comprensibles y accesibles para ella, mediante la creación de una Plataforma Nacional de Transparencia. Estamos hablando pues de un producto legislativo de largo alcance que vendrá a hacer efectivo el ejercicio de aquellos derechos previstos en nuestra Carta Magna y en diversos tratados internacionales, coadyuvando con ello a la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía.
No puedo de omitir, compañeros diputados, compañeras diputadas, que éste es un paquete de modificaciones legales de alto calado y de gran trascendencia que acompañan aquella primera reforma en materia de contabilidad gubernamental que aprobamos al inicio de esta legislatura. Acompaña también por supuesto la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, y también hay que reconocerlo, a la reforma constitucional en materia de disciplina financiera o lo que conocemos como Ley de Deuda de Estados y Municipios.
Si bien sabemos de la autonomía de esta legislatura, yo sí debo decir que muchos partidos políticos han tenido la oportunidad de promover y emprender este tipo de reformas cuando han sido gobierno y es el PRI, cuando le toca estar al mando del Ejecutivo federal cuando se decide a impulsarla y, finalmente, a que las reformas sucedan y se lleven a cabo.
Es por eso, compañeros diputados, que la bancada del PRI votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se informa a la asamblea que en cumplimiento con el artículo 109 del Reglamento, con esta intervención concluye el plazo para el registro de reservas.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Antes de proceder con el desahogo de las intervenciones, esta Presidencia saluda a alumnos del Instituto de Imagen Pública Marketing Político en el Distrito Federal, invitados por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez.
Asimismo les damos la bienvenida a los alumnos de la preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz, del municipio de Amecameca, del distrito XXXIII Chalco, estado de México. Y a alumnos del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la diputada Maricruz Reyes Galicia.
De igual forma, saludamos a alumnos de la Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla, campus Atempan, del distrito IV de Zacapoaxtla, Puebla, invitados por la diputada Josefina García García. Bienvenidos a todos.
Esta Presidencia da cuenta a la asamblea que en la discusión en lo general se tiene un registro previo de cinco oradores en contra y 10 oradores en pro. En términos del Reglamento, al concluir las primeras 11 intervenciones se consultará a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido o continuamos con las demás reservas.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): En contra, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Claro que sí, diputado. Se le da el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro González, para pronunciarse en contra hasta por tres minutos por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Hoy habré de razonar mi voto. Yo no hablaré de todos los avances que tiene esta ley, porque llega después de escándalos de transparencia y corrupción y sin que pueda tener un debate real, porque es producto, por lo menos en esta Cámara de Diputados, de los acuerdos populares y de las prisas.
Yo voy a hablar de lo malo, de lo feo y de lo peor que tiene esta ley. Sí, porque en el argumento de que todo puede ser perfectible siempre se deja todo para después, y será en otras legislaturas las que enmendarán varias omisiones y errores en la ley.
En el dictamen que seguramente se aprobará hoy, se encuentra una nueva facultad del IFAI de abrir la información relacionada con violaciones a derechos humanos, sin necesidad de esperar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, no hay claridad sobre los mecanismos a seguir por el propio IFAI para determinar qué información debe hacerse pública, por lo que al final será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decidirá cuál información podrá hacerse pública cuando se trate de violaciones graves.
Sí, esa misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por un constante violador de los derechos humanos, como lo es Eduardo Medina Mora.
En este dictamen se deja a las instancias, como la SEIDO, el Estado Mayor Presidencial, la Sedena, el Cisen, el Centro de Planeación de Análisis e Información para Combatir a la Delincuencia Organizada que no serán sujetos obligados, por ser quienes toman la decisión en temas de seguridad nacional.
Coincido el que obtener información de estas instituciones será casi imposible y por lo que se asume que estas instituciones funcionan como lo deben, lo que es evidentemente falso.
Además, el consejero jurídico de la Presidencia de la República podrá interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se considere que la información solicitada pone en peligro la seguridad nacional.
Tras múltiples escándalos sobre millones de pesos en impuestos que Hacienda perdonará a empresas como Televisa, hoy quiere engañar a los ciudadanos diciendo que la ley contempla dar acceso a la información sobre condonación de impuestos, cuando ésta será entregada de modo limitado hasta que un juez determine que no pone en peligro la estabilidad económica del país.
En otras palabras, se busca evitar la fuga de capital y la especulación en la bolsa, que tendría lugar si se revelara el nombre de las empresas o instituciones que obtienen trato preferencial del gobierno.
En resumen, todo lo que sea un peligro, a decir del gobierno federal, no será transparente y no lo será porque, efectivamente, pone en peligro pero los intereses personales de los servidores públicos.
Hace unas semanas alardeaban, en esta tribuna, que la aprobación del sistema nacional anticorrupción permitiría la publicación de la declaración patrimonial y de interés de todos los servidores públicos. Hoy, como se los dije en aquella ocasión, son solo mentiras, la incongruencia en todo su esplendor.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contradice todo lo que ustedes mismos aprobaron y que los senadores borraron de la iniciativa original.
La publicación de las declaraciones patrimonial, de interés y de impuestos, deberían ser obligatorias para cualquier servidor público, pero no solo eso, la Auditoría Superior de la Federación debería comprobar que todas y cada una de esas declaraciones fueran veraces.
Y sí, lamentablemente, aun a pesar de la aprobación de esta ley, escándalos como la casa blanca, las casas del secretario de Gobernación o de Hacienda seguirán apareciendo.
Entiendo cuando se dice que hay diputados, senadores, sobre todo de izquierda, que no desean hacer pública su declaración patrimonial por no poner en riesgo la seguridad de su propia familia.
Y sí, desafortunadamente vivimos en un país donde el ser transparente te convierte en un objetivo claro para la delincuencia. Ésa es la seguridad en México.
Pero lo más lamentable es que ni los propios defensores del gobierno federal tienen confianza en que la seguridad e impunidad puede cambiar en nuestro país. Y lo que demuestran con sus acciones, pareciera que prefieren mantener en la opacidad los bienes que han conseguido, producto de la corrupción, los moches y sus conflictos de interés.
Pero lo peor de esta ley es, sin duda, un solo artículo, el transitorio y el último, por cierto, donde se reconoce que el Congreso de la Unión ha manejado los recursos públicos de manera discrecional y en total opacidad.
¿Qué significa en realidad que la Cámara de Diputados disponga de cuatro meses para crear una reorganización administrativa? Es sencillo, ahora se podrá postergar indefinidamente la obligación de transparencia y se seguirá con la opacidad en el uso y destino del dinero público otorgado a los grupos parlamentarios, comisiones o cualquier recurso que reciban los legisladores.
Ya voy a lo que no quieren escuchar. Además, qué grave es que con la aprobación de esta ley, y pongo un ejemplo, que como servidora pública y sin fuero, no tendría protección alguna por revelar información de interés público.
Y eso es lo que ustedes pretenden, que los mexicanos no conozcamos de sus actos de corrupción, pero por eso no van a intimidarme.
Hace unos meses aseguré que en esta Cámara de Diputados se reparten bonos, ustedes los llaman subvenciones extraordinarias, otros los llaman sobornos y cada quien le da el nombre que quiere porque no existe en ninguna ley o reglamento. Es decir, no son legales y no son legales porque cada coordinador de grupo parlamentario lo maneja discrecionalmente. No tienen una finalidad específica y tampoco tiene que comprobarse en qué se han utilizado.
Estos bonos son los que debieron suprimir como medida de austeridad, en vez de despedir y dejar y dejar sin empleo al 50 por ciento de los trabajadores de honorarios en esta Cámara.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Concluyo. Por eso no sorprende que hoy no vayan a modificar este artículo transitorio, porque se han seguido repartiendo el dinero de todos los mexicanos, porque de acuerdo al último informe semestral que presentaron los grupos parlamentarios, revela que exclusivamente las subvenciones extraordinarias o bonos, o sobornos, los que integraban el Pacto por México recibieron: el PRI, 68 millones 760 mil pesos; el PAN, 31 millones 284 millones de pesos; el PRD, 33 millones 922 mil pesos; el Partido Verde, 12 millones 950 mil pesos y Nueva Alianza, 2 millones 500 mil pesos.
Ya sé, ya sé, van a querer las pruebas. Bueno, aquí las tienen, a disposición de quien quiera, los informes de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Concluya, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Y qué van a decir para justificarse, que han utilizado estos millones de pesos en fundaciones, o para promocionar a su partido en los cines, o que el que decida el uso final es el dirigente nacional de su partido. Pero ni siquiera en la página de Transparencia que están denunciando, no aparece.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada, evíteme la pena de cortarle el sonido, por favor.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Y tampoco están aquí las pruebas. ¿Qué puede ser tan extraordinario que justifique el despilfarro de dinero? Nada. Lo que pretenden es que ya no se siga cuestionando que ustedes vendieron la confianza de los mexicanos por unos cuantos pesos.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada, por favor, concluya.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Ustedes solo seguirán jugando a ser transparentes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia exhorta a los siguientes oradores a apegarse al tiempo de los tres minutos que les son concedidos, para hablar a favor o en contra.
Se le concede el uso de la tribuna, al diputado Nabor Ochoa López, para hablar en pro a favor, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su venia, compañero presidente, compañeras y compañeros, sin duda el día de hoy ha sido ejemplo la participación de algunas compañeras del colmo de la incongruencia. Cómo es posible que dos años y medio, dos años ocho meses han estado insistiendo, insistiendo, en transparentar en una mejor rendición de cuentas y el día de hoy que tenemos la oportunidad de lograr un gran avance, de atender un gran reclamo social, que es la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública en sus dos rubros, no sólo recursos sino también la toma de decisiones, cómo es posible que hoy vengan aquí a rechazar y a aportar elementos muchos de ellos totalmente falsos y otros fuera de lugar.
Porque bastaría leer esta iniciativa para saber que en esta oportunidad todos aquéllos sujetos que ya estaban obligados por ley pero que no cumplían con sus obligaciones porque seguían en la opacidad y en la falta de rendición de cuentas, con esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información va a ser posible cumplir. Incluso un pendiente de este poder, incluso el pendiente de las subvenciones a grupos parlamentarios, porque basta leer el quinto transitorio para ver que en efecto, también lo de las subvenciones a grupos parlamentarios tendrá que resolverse.
Éste es un camino sin retorno, por eso qué lástima que haya quienes vengan a esta tribuna a rechazar este gran avance. Gran avance. Imagínense ustedes el camino que ha recorrido desde aquella reforma política del 77 que generó la reforma al artículo 6o. constitucional hasta la Ley Federal de Transparencia en el año 2002. Ha sido un camino nada fácil.
Por eso aquéllos que quieren colgarse la medalla de que mi partido o la sociedad civil. Yo diría, como lo dijo ya un compañero aquí, es un logro de todos, porque si vamos también a decir que en el 2002 en el gobierno de Fox se aprobó la Ley Federal de Transparencia, entonces en automático podemos decir que en el 2015 con el Presidente Enrique Peña Nieto se aprueba la Ley General de Transparencia. No.
No creo que sea ése el elemento principal. El elemento principal es que en esta ley participaron sí Ejecutivo federal, sí partidos, sí Congreso de la Unión y también de manera fundamental, como aquí lo ha destacado sobremanera el diputado Belaunzarán, académicos, organizaciones de la sociedad civil que se han encargado durante muchos años de buscar el camino de una mejor transparencia y una mayor rendición de cuentas.
La importancia que debemos destacar –en mi opinión o en nuestra opinión, de esta iniciativa– es por un lado que se fortalece nuestro sistema democrático porque habrá una mejor rendición de cuentas, porque habrá una mayor transparencia en la gestión pública; pero también importante decirlo es que se atiende una exigencia social, una exigencia social que tiene que ver con no sólo transparentar mejor, sino ser mejores en el ejercicio público; ser mejores en el gasto público; ser mejores en las decisiones que tienen que ver con los gobiernos o con aquellos entes que recién recursos públicos.
Por ello, por la importancia de esta ley, por el gran avance que representa en nuestro sistema o para nuestro sistema democrático, es que la fracción del Partido Verde apoya y votará a favor. Es cuanto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna –hasta por tres minutos, para hablar en contra– al diputado Alfonso Durazo Montaño, de agrupación Morena. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañeras y compañeros diputados, rechazo la iniciativa por deficiencias, algunas de ellas en estos escasos tres minutos, las señalaré.
No voy a desestimar igualmente algunas de las ventajas de la iniciativa, mucho menos voy a desestimar la extraordinaria participación de diversas organizaciones que aportaron lo más rescatable de su contenido; pero tampoco vamos a desbordar nuestro entusiasmo por los términos del dictamen sujeto a discusión.
La ley que tenemos enfrente –pese a las fanfarreas oficiales– sigue en la lógica de conceder algunas gracias, al tiempo que deja fuera principios y procedimientos básicos en materia de transparencia.
La iniciativa no establece –por ejemplo– la obligatoriedad de generar información; abre con ello el umbral para que las dependencias recurran a la catalogación de inexistencia de la información y con ello eludir el bulto. Es una normatividad casuística, pues deja el árbitro del órgano regulador la interpretación de aquella reserva no prevista en la ley, esto es interpretable como un mecanismo para evadir las responsabilidades de los sujetos obligados.
Por otro lado, la iniciativa no obliga a los servidores públicos a realizar sus declaraciones patrimoniales, lo que representa una prueba más de ficción legislativa. Con esta reforma se cobija así la opacidad y en algunos casos, incluso, la impunidad.
Por qué seguimos pensando que los poderes fácticos que deciden participar en la arena pública no deben rendir cuentas a la ciudadanía si cuentan con el poder para influir en la opinión pública, construir candidatos y aún castigar o premiar, según sus propios intereses, los poderes fácticos, los verdaderos amos de la política logran de nuevo ubicarse en esta iniciativa en una posición blindada y por completo fuera de todo escrutinio, público.
Excluye la iniciativa la protección de servidores públicos que proporcionen información que pretenda ocultar el gobierno, los titulares de los órganos garantes como ya lo dijimos en la reforma constitucional en la materia, incluyendo al IFAI, son designados respondiendo al esquema de cuotas.
La posibilidad prevista en la ley para que el consejero jurídico del gobierno federal interponga el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, concede al Ejecutivo un instrumento muy poderoso para anular los efectos de la ley en asuntos de transcendencia.
Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información, y son mayores, incluso, a las que actualmente están en vigor. De particular preocupación es la XIII fracción del artículo 113, que abre la puerta a que las leyes federales puedan producir nuevas causales de reserva de información. Se reducen finalmente las obligaciones de transparencia en materia de deuda pública. Con este razonamiento expreso a ustedes los elementos por los cuales emitiré mi voto en contra.
Creo que estamos al mismo tiempo –termino, presidente– frente a un avance y al mismo tiempo frente a una iniciativa sumamente deficiente. En el mejor de los casos creo que sigue adornando a la clase política con propuestas de mucha forma, poco contenido y mucha fanfarria. Gracias a todos por su atención. Y a usted, presidente, por su flexibilidad, gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Durazo Montaño. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD. Compañera vicepresidenta, adelante, hasta por tres minutos.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias. Con su venia, presidente. La democracia no tiene una medida por medio de la cual se pueda determinar si un país es más o menos democrático, sin embargo podemos distinguir que el concepto de Estado democrático se encuentra determinado por la suma de ciertos elementos esenciales, en principio no se puede concebir un modelo de gobierno democrático sin una Constitución capaz de controlar y articular el poder político.
Uno de los elementos lo constituye la protección efectiva de los derechos fundamentales, indispensable desde la proclamación del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin el aseguramiento jurídico de los derechos y libertades de los gobernados el Estado democrático resulta inconcebible.
En México la falta de transparencia es precisamente uno de los principales lastres que nos ha llevado gobierno tras gobierno; y es tal cual que es hasta el término de esta Legislatura cuando se le está dando paso a la discusión y aprobación de esta ley, que debió haber sido una prioridad de este gobierno actual federal. Y esto gracias precisamente a la afortunada presión de las organizaciones ciudadanas y, claro está, de la oposición clara de este Congreso.
Este dictamen dentro de sus análisis en la Cámara alta fue enriquecido con importantes aportaciones del Grupo Parlamentario del PRD sobre todo en materia energética, fideicomisos, manejos de créditos fiscales hacia particulares y deuda pública.
Sin embargo, compañeros diputados, trae preocupantes omisiones, por ejemplo precisamente la corrupción de servidores públicos que mantienen relaciones comerciales de manera descarada con personas físicas y morales para la adquisición de otros bienes de lujo e inmuebles.
Un ejemplo de ello se observa precisamente en la obligación de hacer pública para quien lo solicite una versión de la declaración patrimonial de cualquier servidor público, pero omite considerar la posibilidad de conocer y obtener una versión pública de las declaraciones posibles de conflictos de intereses de dicho servidor público.
La sociedad reclama la necesidad de conocer sobre las actividades profesionales del funcionario, su participación e empresas, la existencia de deudas o bienes o servicios de su cónyuge, dependientes económicos, así como las causas por las cuales el servidor púbico pudiera incurrir en conflicto de interés.
Es vergonzoso decirlo, pero en México, conforme el último informe de la Organización de Transparencia Internacional, ocupamos el deshonroso 106 del número de 177 países evaluados. Es una pena, compañeros diputados legisladores, que en este gobierno desafortunadamente en ese tema no se ha mostrado la más ligera mejoría. Y cómo lograrlo si el propio titular de este gobierno está en entredicho así como sus colaboradores más cercanos, con este escandaloso caso de las casas Jet que incluso pasa por el inefable sospechosismo del despido de Carmen Aristegui.
Es un hecho que este problema no ha tenido ninguna mejoría ni mecanismos de control suficiente, peor en los casos precisamente de la poca aplicación y mala voluntad para poder aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, que pueda regular los excesos de los gobiernos federales y estatales en el uso y abuso de los programas sociales, lucrando precisamente con el recurso público.
Seguramente, como muchos de mis compañeros, coincido que esta ley no es perfecta, sin embargo esperamos que las normas se corrijan y el PRD siempre estará, como lo ha demostrado a través de los hechos en la historia, a favor de la transparencia.
Por ello este grupo parlamentario se sumará al voto a favor, sin embargo estaremos exigiendo su aplicación y mejora inmediata. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias, diputada Lizbeth Rosas. Para hablar en contra del dictamen, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil. Hasta por tres minutos, diputada. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. A mí me enorgullece un poco el hecho de que algunos diputados, sin hacer referencia a mi nombre, vengan a esta tribuna a hablar sobre los argumentos que hemos dado en ella para tener y aplicar el derecho que como legisladores del PT tenemos a ir en contra de esta iniciativa. Entonces, aparentemente la esquizofrenia no solamente está en la ley, sino también en algunos diputados.
La oposición responsable, compañeras y compañeros diputados, en efecto reconoce los avances, como se ha dicho en esta tribuna, pero también necesita y así lo hacemos, hacer un voto de conciencia, de señalar lo negativo y por qué creemos que este sistema de transparencia sobre el cual ya por ejemplo mi amigo diputado Fernando Rodríguez Doval ha venido a explicar con mucha claridad la evolución que ha tenido, se pone en riesgo, no por la participación de la sociedad civil, en lo que coincido que vino a salvar esta reforma, sino por las salidas que dan para la determinación del concepto de seguridad nacional, el derecho que se le da al consejero jurídico para recurrir decisiones basado precisamente en el concepto de seguridad nacional y, sobre todo, en lo que tiene que ver en la materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, que aunque digan que se compuso, la verdad es que no.
La ley no es precisa ni contundente en su artículo 5o. y no indica que nunca, bajo ningunas circunstancias, las autoridades podrán clasificar motivos de la información como reservada.
Desde el inicio de una averiguación previa, de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de cualquier procedimiento, la información debiese ser pública, ¿por qué? Porque la ambigüedad y la indefinición de la norma solamente permitirá que se siga escamoteando la transparencia.
Nosotros, con base a nuestro derecho, pero además en conocimiento de la materia, no más que unos y no más que otros, porque ese no es el debate aquí, es nuestra responsabilidad como legisladores. Primero, es muy fácil venir a decir a esta tribuna que porque conocemos los detalles ambiguos de la ley y que pueden dar retroceso en la transparencia estamos en contra de la misma.
No, señores, en el PT estamos a favor de la transparencia y creemos que es nuestra responsabilidad como legisladores legislar a fondo y adecuadamente. El viejo pretexto que se ha repetido en esta tribuna dos años y medio ya de que todo es perfectible, nos deja muy mal parados, porque pareciera entonces que estamos conscientes de los errores y los estamos llevando adelante bajo esta premisa pretextosa.
El concepto de transparencia tiene su base en la concepción de que la información le pertenece a los ciudadanos desde la concepción del Estado, porque el Estado existe gracias a la voluntad de los ciudadanos o para aquellos contratistas, con base al contrato social que entrega sus derechos al Estado.
La información debe ser pública, sin reservas, sin escamoteos y sin poner de pretexto la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque aunque digan que ya está en la Constitución, aunque digan que ya está en la ley, la verdad es que los ejemplos más claros de opacidad se dan en estos juicios y en estos caminos alternos.
No dejamos de reconocer los avances que se han dado gracias a la sociedad civil y a muchos políticos, de todos los espectros políticos de avanzada, pero no podemos venir ahora a decir que esta reforma es la quinta maravilla.
Con esto concluyo, señor presidente. Recordemos que el concepto de derecho a acceso a la información se integró a la Constitución en 1977, como un derecho a los partidos políticos, pero no olvidemos que la transparencia es derecho de los ciudadanos, les guste o no les guste.
Reconocerlo no es nuestra prerrogativa. No debemos solamente decir aquí que estamos haciendo pública la información para que la gente tome decisiones electorales inteligentes, lo que deberíamos de buscar es una contraloría social seria.
No vengamos a hacer defensas a ultranza, porque para ser gobierno o defensor de oficio del gobierno, también se necesita cierta inteligencia. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado José Alfredo Botello Montes, para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra, señor diputado, hasta por tres minutos, con la equidad del caso. Adelante.
El diputado José Alfredo Botello Montes: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en el año 2000 se inauguró la transición democrática en este país, cuando el candidato del PAN, Vicente Fox, llegó a encabezar la Presidencia de la República y fue precisamente en ese primer periodo de la alternancia en la que se dio cauce la primera Ley de Transparencia y la conformación de lo que ahora el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Dos días antes de morir quien fuera presidente del IFAI, don Alonso Lujambio Irazábal, habló por última ocasión de transparencia y dijo que los estados deben ser supervisados por el IFAI, comparando a ese instituto con lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Por lo que al dar paso a la reforma constitucional del artículo 6, propuesta por él cuando era presidente del órgano autónomo constitucional sería un parte aguas.
Y hoy el tiempo da la razón, porque aunado con el artículo 1 constitucional da pie a considerar que el derecho a la información es uno de los derechos humanos que el Estado mexicano, a través de sus autoridades, está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover.
Don Alonso, quien era un enamorado de la democracia y transparencia, tenía una frase simple pero a la vez trascendente, lo importante es que hay que cuidar la niña de los ojos del IFAI, que es la autonomía operativa y de decisión. Y por ello, gracias al impulso y vigilancia de los integrantes de la sociedad civil y de los propios comisionados, esa niña de los ojos ha sido cuidada y además fortalecida.
En esta ley se concretan las disposiciones y contenidos de la reforma del artículo 6 constitucional, que al inicio de esta Legislatura aprobamos como parte del constituyente permanente.
En esta ley se hacen realidad las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas que han apoyado y apoyan al Partido Acción Nacional, PAN, ya que se ha insistido del manejo responsable, transparente de la hacienda pública, por lo que ratificamos, una vez más, el depositar en los ciudadanos la vigilancia permanente en el uso de esos recursos, mediante el establecimiento de esta ley.
En esta ley se establecen las tres facultades en materia de información, búsqueda, recepción y discusión de la información. Aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, organice actos de autoridad.
En Acción Nacional seguiremos trabajando para generar todos aquellos medios que le permitan a la sociedad ejercer sus derechos humanos. Ésta es nuestra obligación y debemos continuar avanzando en ella. Ningún tipo de retroceso en esta materia permitiremos.
Por todo lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario votaremos a favor de la aprobación de este dictamen y además también invitamos a quien se han venido a expresar en lo particular en contra de este dictamen, que lo voten en lo general, porque si están seguros que están a favor de la transparencia –y ya lo han dicho aquí– ellos consideran que hay avances y únicamente en particularidades es donde no están de acuerdo.
Invitamos a estos otros partidos, integrantes de otros partidos, que voten también a favor de este dictamen en lo general y en lo particular, pues ya veremos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Botello. Para hablar en contra del dictamen, diputada Loretta Ortiz Ahlf, tiene usted el uso de la palabra en la tribuna, hasta por tres minutos, diputada.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Se han señalado las ventajas y desventajas de aprobar en lo general esta ley y de no aprobarla. Yo nada más el argumento principal que traigo es que no se puede aceptar la violación de derechos humanos y éste es el caso con esta ley.
Se viola el derecho a la información y está asentado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Campo algodonero y el caso Radilla que es un caso de desaparecido, en que obliga a las autoridades mexicanas a dar toda la información vinculada con la violación a derechos humanos y no cabe la excusa de que cuando sean violaciones graves o violaciones que podríamos denominar que estén vinculadas con crímenes de lesa humanidad.
Para muestra de un botón, en el caso de Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa, Sedena, nos acaba de mandar un informe. Informe que lo solicitamos hace más de tres meses, en el la respuesta de la Secretaría de la Defensa, que es un asunto de violación grave, crimen de lesa humanidad, que tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que seguramente va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciando en contra del Estado mexicano.
Ahí resuelve la Secretaría de Estado que se encuentra imposibilitada para proporcionar la información pública y versión pública, en razón de conformidad con el artículo 21, fracción III, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima que no es conveniente generar la información que pueda prejuzgar sobre los sucesos y en su caso atentar contra las garantías de seguridad jurídica que contempla la Ley Suprema. Ésta excusa por encima de cualquier disposición de nuestro Ordenamiento Jurídico, están las garantías individuales y los derechos fundamentales. Importa más los derechos de las personas que de las sillas, de las mesas, el dinero y todos los demás derechos.
No es posible que se tenga que estar mendingando por la información en caso de violación a derechos humanos. Hay miles de personas desaparecidas que sus familiares se han cansado de pedir información y hasta el momento no se las han dado.
Una última muestra de esa situación. Aurora de la Paz Navarro del Campo, 40 años desaparecida. A su hijo apenas le concedieron el amparo y le dieron información. ¿Dónde creen que está detenida y le han negado la información? En la Procuraduría General de la República. La desapareció el propio Estado.
¿Vamos a seguir soportando esto? No es posible. Si ustedes aprueban esta ley están violando derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Hablará en pro el diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del PRI hasta por tres minutos –en pro del dictamen.
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, puede usted hacer uso de la palabra para hablar en pro del dictamen. Perdón...
El diputado Salvador Romero Valencia: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Romero, adelante. Diputado, permítame; permítame, diputado Salvador Romero. Le había solicitado al diputado Medina Filigrana hiciera uso de la palabra en virtud de que la compañera Núñez Monreal nos solicitó también ocupar otro lugar en la lista, de modo que es correcto, por favor haga uso usted de la palabra diputado Romero.
El diputado Salvador Romero Valencia: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Durante mucho tiempo la función pública ha sido vista por los ciudadanos de manera plenamente justificada como un entorno de absoluta opacidad en donde se privilegia la cultura de la ausencia de rendición de cuentas y la discrecionalidad de los servidores públicos.
Es por eso que hemos llevado a cabo entre todos los grupos parlamentarios, los trabajos necesarios para cambiar esa visión ciudadana y para satisfacer plenamente el derecho de la sociedad a la rendición puntual de cuentas de los servidores públicos.
Trabajamos con la reforma del artículo 6o. de la Constitución publicada en febrero del año pasado y hoy estamos concretándola mediante la discusión del presente dictamen, con el establecimiento de los principios, las bases, los procedimientos y las sanciones que le garanticen plenamente a los ciudadanos el acceso a la información pública.
Con la creación del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se fomentará y protegerá el derecho humano de acceso a la información para solicitar, investigar, difundir, buscar o recibir información, de tal forma que toda la información generada, obtenida, adquirida y transformada, sean en posesión de cualquier sujeto obligado, será pública y accesible a cualquier persona.
Esta información sólo podrá ser clasificada excepcionalmente y reservada de manera temporal, por razones de interés público y de seguridad nacional en los propios términos dispuestos en la ley.
Estamos hablando –compañeras y compañeros– de que venimos a regular con esta ley, a los sujetos obligados. Cualquier autoridad, cualquier entidad, órgano y organismo de los poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona sea física o sea moral, o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos y realice actos de autoridad, con estas acciones y con la aprobación de este dictamen se establecen las normas para que los ciudadanos puedan, a plenitud, valorar la honestidad y la honradez de los servidores públicos y detecten desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública, porque lo que buscamos –y aquí lo dejamos perfectamente en claro– es que juntos, gobierno y sociedad, erradiquemos de una vez y para siempre el cáncer que ha afectado a los mexicanos y lo ha dañado profundamente que es la corrupción.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este dictamen. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Salvador Romero. Incluso me dan ustedes licencia para saludar y a nombre del propio diputado Romero Valencia, a invitados especiales del Club Providencia de Guadalajara, Jalisco, les damos la bienvenida. Gracias por su visita.
Para hablar en contra del dictamen le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Fernando Zárate Salgado, hasta por tres minutos, señor diputado.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante doctor.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Compañeros y compañeras. He puesto atención en el debate y he puesto particular atención a quienes creen que en una negociación siempre debe haber perdedores. He puesto especial atención en los discursos en donde se ha calificado este proceso de negociación como un proceso esquizofrénico.
He escuchado a quienes hacen alusiones a la intervención presidencial. Por otro lado, a quienes pretenden descalificar lo que se puede avanzar en México. Yo considero que en un proceso de negociación todos deben ser ganadores, sobre todo los ciudadanos.
Tengo entendido que venimos aquí, a este Parlamento, a discutir, a presentar iniciativas, a proponer, pero al final del día para aprobar la ley. Mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, quienes impulsaron esta tema de transparencia.
Mi reconocimiento al PRD por haber apoyado y haber enriquecido esta iniciativa. Mi reconocimiento al PAN que, a través nuevamente de su juventud, ha impulsado esta Ley de Transparencia hacia adelante. Pero también mi reconocimiento y, sobre todo, el apoyo al PRI por haber hecho –y ya que es mayoría en la Cámara de Diputados– esto posible.
Por supuesto que hay temas específicos que no vamos a quedar satisfechos, estos temas específicos y que no se han tocado hoy tienen que ver con dos conceptos:
1. La seguridad nacional. ¿Qué se entiende? ¿Y cómo se va a tratar el tema de seguridad nacional?
Es evidente de manera genérica que el sistema de transparencia se ensancha, es evidente que va a haber más transparencia en México, pero es evidente que los ciudadanos deberán exigir de manera más exhaustiva y con más vehemencia que las autoridades modifiquen su forma de actuar en dos sentidos. Seguridad nacional no puede ser un término abierto, no puede ser un término que como excusa esconda la información que los ciudadanos deben entender, deben comprender y deben recibir.
2. El tema financiero de estabilidad económica y, sobre todo, de estabilidad del país. Tampoco debe ser un tema que sea pretexto para esconder la información. Especial énfasis en consejería nacional y, sobre todo, en el Instituto Federal de Acceso a la Información para que el término sea acotado, sea interpretado de manera correcta, pero sobre todo para que enriquezca lo que a estos grupos parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados han hecho, que es cierto. Y darle un reconocimiento también al señor de las botas, a Vicente Fox, que fue una de las principales ideas.
En esta Cámara de Diputados debemos entender la política como una forma de construcción, no como una forma de destrucción. Debemos entender el debate para enriquecer las leyes que nosotros estamos dándole al pueblo mexicano no como una forma de afrenta o de vituperio político. Debemos tener la altura y debemos entender que como legisladores somos los principales responsables para mantener el debate sano y el debate abierto en México.
Hoy he escuchado todo lo que aquí ha querido decir los actores, sin lugar a dudas la Ley de Transparencia lo ha garantizado y sin lugar a duda la madurez de los actores podrá llevar cada vez más a una Ley de Transparencia más abierta, pero en general a una legislación más madura. Muchísimas gracias, presidente.
Y un reconocimiento al Partido Verde por haberse sumado también a esta iniciativa, y Nueva Alianza. De aquí todos ganamos. De aquí todos construirnos. Nadie debería estar pensando en la destrucción. Muchísimas gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Zárate Salgado. Ahora sí don Marcos Rosendo Medina Filigrana, señor diputado, para hablar en pro del dictamen y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRD vamos a votar a favor de esta importante reforma, no porque pensemos que la ley es perfectible y que vendrán otras legislaturas a perfeccionar las lagunas que hayan quedado en este dictamen. Vamos a votar a favor de esta reforma, vamos a votar a favor de este dictamen porque es parte de todo un proceso que se inició en esta legislatura cuando hicimos una reforma a la Constitución, para ampliar precisamente las facultades en materia de transparencia y los sujetos obligados, y hoy creemos que es un paso significativo que ahora vamos a votar una Ley General de Transparencia que va a permitir crear un Sistema Nacional de Transparencia.
Nosotros vemos cómo en el país, a base de esfuerzo de la sociedad y de los partidos que representan a la sociedad civil, hemos ido construyendo avances en la democracia y no tenemos una democracia perfecta a pesar de que hemos avanzado en la creación ahora de un órgano electoral ciudadano y con mayores facultades, incluso de fiscalización. Pensamos que lo mismo debe pasar en materia de transparencia, en que vayamos paso a paso abonando y construyendo un verdadero sistema general de transparencia.
Hoy con esta Ley General que vamos a aprobar vamos a obligar a que los gobiernos estales sean menos opacos en temas, como por ejemplo el otorgar corredurías y notarías públicas, que siempre ha sido un tema de privilegios de los gobernadores hacia quienes son afines con ellos.
Vamos a obligar a los ayuntamientos a que tengan gacetas municipales, a que nos informen la asistencia y el sentido del voto de sus regidores. Vamos a obligar a las instituciones de educación superior a que nos digan cómo distribuyen los beneficios, los apoyos, las becas a los estudiantes; cómo otorgan los años sabáticos para que no sean para beneficio de unos cuantos profesores, a veces inmerecidamente y en detrimento de quienes son verdaderamente catedráticos.
Vamos a obligar a los sindicatos a que informen de los bienes de origen público, tanto económicos, tanto donaciones, tanto en especie y también del destino final de esos recursos para que no vuelva a suceder lo que durante décadas ha acontecido en el sindicalismo mexicano y, por ejemplo, el Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Por eso vamos a votar a favor de esta Ley General de Transparencia.
Las leyes, como todo acto humanos, no son perfectas ni son imperecederas, la sociedad las tiene que ir adecuado conforme a sus necesidades. Pero en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que hay un bien jurídico superior y ese bien jurídico superior es que a la brevedad podamos echar a andar el sistema nacional de transparencia, que a la brevedad permitamos al IFAI tener mayores herramientas para realizar su trabajo y por eso la urgencia de esta ley.
No votarla y esperar a que sean otros legisladores que lo puedan hacer, es apostarle a que sigamos esperando en materia de transparencia y a que no tengamos pasos firmes para el beneficio, no solamente de quienes hoy pueden acceder a la transparencia, sino para beneficio de las futuras generaciones que merecen un México más transparente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Medina Filigrana. Finalmente tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Movimiento Regeneración Nacional. Hasta por tres minutos, señor diputado. Tiene el uso de la voz, don Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Les va a costar mucho trabajo, porque están defendiendo lo indefendible. Miren, si se sabe hoy de las casas de Peña Nieto y de Osorio Chong, es por el periodismo independiente que hay en este país.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Al tema.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El PRI lo que ha hecho es tapar esa información, cerrarla. Ahí está cerrar la información de los contratos de Banobras por 20 años, en relación a los asuntos del Hangar Presidencial y de otros temas. Son hábiles para tapar la información.
Y son hábiles hoy después de este secuestro del debate que pretendieron hacer. Tuvieron su beneficio, como los secuestradores, ¿verdad? Ya a algunos legisladores les dio el síndrome de Estocolmo, ya hasta sienten simpatías por estos avances que lograron. Pamplinas, aquí no hubo avances.
Miren, es de todos conocido que los partidos del pacto contra México, por no hablar ya de los achichincles, o como decía por ahí los adláteres, se pusieron de acuerdo hace dos días y qué dijeron, ustedes en la Cámara la Ley de Transparencia, y en paralelo en el Senado la Ley Anticorrupción.
Cuál costal, si decidieron no cambiarle ni una coma. Aquí se atreven a venirnos a decir: apruébenlo en lo general y en lo particular lo particular. Qué, en lo particular no va a cambiar nada, así van a quedar las cosas, y obviamente se adecúan a un discurso de campaña mientras los escándalos siguen, mientras la opacidad sigue.
Quién sabe las hijas del presidente con qué recursos andaban en Beverly Hills, con qué recursos andan las hijas de madero viajando, que da vergüenza nada más ver eso que la gente está viendo todos los días.
Obviamente ustedes están tapando el sol con un dedo, ustedes pretenden hacer eso, pero eso no lo van a lograr ni aún con el artículo 189, donde le dan al consejero jurídico del gobierno federal para que interponga el recurso de revisión en materia de interés público y seguridad nacional como una arma última después del veto que le otorgaron en la reforma constitucional al nombrar a los consejeros después de la partidocracia como se repartieron los puestos en el Consejo. Obviamente ustedes no van aquí nunca a abrir los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa.
Y por último, nada más para cerrar con broche de oro, meten un transitorio, el trece –culmino, presidente–, que me recuerda cuando hablan de la transparencia, el Congreso, a un Carnaval de Veracruz de hace dos o tres años, qué decía el eslogan del Carnaval de Veracruz, lo que pasó en el carnaval de Veracruz se queda en el Carnaval de Veracruz.
Pues aquí están legislando igual, lo que sucedió en la LXII Legislatura se queda en la LXII Legislatura. Ya vendrán otros, como dicen ustedes, que van a revisar, que van a ver. Que se los crea alguien, porque yo todavía ando buscando a un tonto que se los crea, pero la verdad todavía no lo encuentro, excepto en los diputados que seguramente van a votar a trompicones por esta ley que es pura tapadera de más de lo mismo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría, en términos reglamentarios y lo que ha anticipado el presidente de esta Cámara de Diputados, ha concluido la lista de oradores. De manera, señor secretario, que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo a esta asamblea que se han reservado para su discusión los artículos cuya relación dará cuenta el señor secretario.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículos reservados. Artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 38, 41, 42, 43, 50, 57, 65, 70, 71, 72, 79, 83, 100, 104, 113, 115, 151, 192, 209, quinto transitorio, décimo tercero transitorio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora pido a usted abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Nos damos oportunidad para saludar alumnos, alumnas de la Universidad Humanitas, Campus Cancún, del estado de Quintana Roo. Sean ustedes bienvenidos a invitación de la diputada Alicia Ricalde. Gracias, por su visita.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia saluda a alumnos y directora de la Escuela Primaria Insurgentes, en el estado de México. Invitados por la diputada Daniela Díaz Magaña, por el diputado Javier Gutiérrez Reyes y por la diputada María de Jesús Hernández Martínez. Bienvenidos.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre el sistema.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.
El diputado Roberto Jiménez del Ángel (desde la curul): A favor.
La diputada María Ruiz Fraga (desde la curul): A favor.
El diputado Alfonso Godínez Mendiola (desde la curul): A favor.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada Leticia López Landero (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que se emitieron 385 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 385 votos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Vamos a proceder con la discusión en lo particular, de los artículos reservados. Antes si me permiten, concedo el uso de la palabra –desde su curul– a la diputada Amalia García.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, quisiera llamar la atención de esta honorable Cámara de Diputados sobre un asunto que considero de la mayor importancia.
México es un país de migrantes; hay 33 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos.
Después de la caída del precio del petróleo, las remesas se han convertido –seguramente– en el principal ingreso de divisas de nuestro país. Y sin embargo cuando reclamamos respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, no está actuando con congruencia México cuando se refiere a los migrantes centroamericanos.
Yo deseo llamar la atención sobre un viacrucis, una caravana de migrantes centroamericanos que han llegado a Oaxaca y que arribaron en primer lugar al albergue Hermanos en el camino, que ha construido el padre Solalinde.
Ahí estos más de 300 migrantes centroamericanos, muchos de ellos huyendo de la violencia y tratando de salvar su vida en sus lugares de origen, han sido detenidos, es decir, impedidos de transitar a la ciudad de México por la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración.
Es inaceptable que teniendo el artículo 1o. en nuestra Constitución, como prioridad el respeto a los derechos humanos estos migrantes que están en condiciones de altísima vulnerabilidad, ahí hay mujeres, hay niños, estén en una situación de acoso que resulta insoportable.
El padre Solalinde ha pedido –y yo he unido mi voz– y aquí quisiera que uniéramos todos y todas nuestra voz, al reclamo para que se respeten sus garantías y sus derechos humanos, y se les permita transitar y llegar a la Ciudad de México.
Ya hizo lo mismo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Amnistía Internacional está planteando pidiendo que se les permita transitar y llegar a la ciudad de México, piden dialogar con las autoridades, con la Secretaría de Gobernación. Llegarán en primer lugar a la Basílica, porque vienen en ese viacrucis y el tema es derechos humanos.
Quiero expresar y agradezco su amabilidad, señor presidente, de usted y de la Mesa Directiva de la Cámara, hacer eco de este reclamo, de esta demanda y pedir que nos solidaricemos con estos centroamericanos hermanos nuestros, que viven una situación extrema, y quiero subrayar y termino con esto, que es inaceptable la deportación fast track y en caliente, porque muchos de ellos lo que están pidiendo es la posibilidad del refugio, cómo garantizarle el refugio que es además una de las enormes cualidades de México que ha sido un país hospitalario y abierto, con aquellos que ha buscado protección a su vida, cómo garantizarles el refugio si no se revisa su situación.
Pido, a quienes piden tiempo, preguntarles si no hay migrantes en sus estados, y no hemos reclamado respeto a los derechos de nuestros migrantes en los Estados Unidos. Actuemos con congruencia también en México, con nuestra Constitución y con la solidaridad que reclaman estos migrantes.
Pido que se garanticen las medidas cautelares que ya pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que demanda Amnistía Internacional, para que lleguen a salvo, protegidos y resguardados, a la ciudad de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Diputada Magdalena Núñez, ¿para qué objeto?
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): Gracias, presidente, solamente para sumarme a la demanda que hace la compañera, la diputada Amalia, como Partido del Trabajo estamos en la defensa y rechazando estos actos violatorios de los derechos humanos de los migrantes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado José Luis Muñoz Soria para referirse en los artículos reservados al artículo 1o., párrafo segundo. Adelante, diputado, hasta por tres minutos.
Esta Presidencia hace del conocimiento de la asamblea que el diputado José Luis Muñoz Soria hará uso de la tribuna para presentar cuatro reservas. Adelante, diputado. Por siete minutos tiene el uso de la palabra.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, dentro de cinco meses todas y todos, quienes estamos hoy aquí, estaremos dejando esta LXII Legislatura en cumplimiento a lo marcado en nuestra Constitución y en nuestras leyes.
Me parece que son momentos de reflexión sobre si lo que hemos hecho era lo que esperaban aquellas ciudadanas y aquellos ciudadanos que nos dieron su confianza hace tres años.
De manera particular me parece que les quedamos debiendo a los habitantes de este país, que han estado demandando de manera general un marco legal que permita que este país avanzara o que avance en un régimen que pueda garantizarles mejores condiciones de vida y que pueda también garantizar el cumplimiento de sus derechos y sus libertades. Respetuosamente les planteo que considero que les quedamos a deber a las ciudadanas y a los ciudadanos de este país.
Hace dos años y medio un joven diputado, cuando se estaba discutiendo la reforma laboral, subió a esta tribuna a plantear que en esos momentos faltaban 23 días, era el mes de septiembre, principios, para que quienes aquí estábamos votáramos a favor de los trabajadores de este país para que tuvieran un empleo y un empleo digno, que garantizara el ingreso para sus familias. Fue una arenga que se hizo aquí que era lo que iba a llevar a nuestros trabajadores a una situación que permitiera resolver sus problemas económicos y satisfacer sus necesidades.
Yo les pregunto, ¿eso ha pasado? ¿Cuál ha sido el crecimiento de la economía y cuál ha sido la generación de empleos que se ha tenido durante estos dos años y medio? Y así hay varias cosas que podría señalar.
En el caso concreto de transparencia insisto en lo mismo que hemos venido planteando. Quedamos a deberle a las ciudadanas y ciudadanos de este país, no hemos tenido la voluntad real de plantear un sistema que realmente permita que aquellas o aquellos que hacen uso incorrecto, hacen desvío de los recursos públicos, puedan ser sancionados de acuerdo a lo que marquen las propias leyes o aquellas que ahora hemos modificado.
De manera particular en todo este tiempo y en las reformas estructurales estuvimos planteando la necesidad de que fuéramos más allá. Entendemos lo que es el Parlamento, no venimos a desgañitarnos ahora a hacer todo un eco de que pudimos haber votado en contra, porque no salió lo que nosotros quisimos. Así es el Parlamento, lo entendemos, pero sí considero, compañeras y compañeros, que no estamos respondiendo de manera real a las demandas ciudadanas.
Seguimos manteniendo un régimen presidencialista que creo que es uno de los grandes problemas de este país. Seguimos manteniendo las posibilidades de opacidad no solamente a nivel de la Federación, sino incluso en los estados y en los municipios y no se trata de culpar a alguien o de tapar a alguien. Yo decía el día de ayer en la última sesión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría que me tocó presidir, que parecía que que estábamos cubriendo todo lo que ha sido un sistema de corrupción por goteo, como el sistema de riego, porque los dineros públicos se van por los caños de la corrupción de infinitas formas. Eso es lo que creo que debiéramos de estar al pendiente.
Vamos a votar a favor de esto, lo quiero decir con toda responsabilidad. No es lo que algunos de nosotros pensábamos, pero entendemos y, sobre todo, lo vamos a hacer porque hemos hecho una experiencia que ha permitido que avancemos en lo que se plantea a nivel internacional con las mejores prácticas de transparencia lo que sería el Parlamento abierto. Hoy las organizaciones de la sociedad civil que han planteado esto han dado sus comentarios y plantean que es adecuado que avancemos en este sentido.
Vamos a votar a favor, pero me parece, insisto, que quedamos a deber mucho a quienes vivimos en este país.
Les agradezco, quiero aprovechar un minuto más. A partir del día lunes he pedido licencia para ir a competir en la delegación Cuauhtémoc por la jefatura delegacional. Quiero agradecer a todas y a todos, el trabajo, el respeto, la tolerancia que hayan tenido hacia un servidor.
Pero quiero también comentar que vamos a hacer una campaña de propuestas, que todas aquellas o aquellos que han hecho de su campaña una descalificación sin pruebas, que a veces se han subido a esta tribuna a mencionar que son los que vienen como grandes espadas flamígeras contra la corrupción, decimos sin hacer acusaciones, que deberían de poner cuidado hacia dónde escupen, porque seguramente lo que escupen les cae en la cabeza.
Muchas gracias a todas y a todos. He pedido una licencia no definitiva y por aquí volveremos. Muchas gracias a todos. Con su permiso, es todo, presidente, gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia se desechan las reservas al artículo 1o., 6o., 13 párrafo segundo, y 23 que presentó el diputado Muñoz Soria.
Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos para presentar una reserva referente al artículo 1o., párrafo segundo, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de agrupación Morena. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Por qué es necesario e importante adicionar la recepción y ejercicio de recurso bajo cualquier moralidad a los sujetos obligados a que habla este artículo? Simple y llanamente porque tenemos una cultura política que hace cotidiana la corrupción y la opacidad en la administración pública en los supuestos órganos de control. Desde Los Pinos se autoriza esto, se promueve.
Tenemos servidores públicos que eluden los principios constitucionales y las garantías para hacer efectivo el derecho a la información, servidores públicos campeones de la evasión de la ley. Asimismo, la administración pública o los sujetos obligados cuentan con leyes que permiten la opacidad y la corrupción.
La supuesta revolución en la transparencia, que aquí han venido a decir algunos legisladores, es demagogia, si nos atenemos estrictamente a la operación de la ley. Sólo una muestra, miren, esta Cámara, el 9 de diciembre de 2014, aprobó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
Les recuerdo que se adicionó el artículo 1 Bis, a través del cual se determina que quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de dicha ley. Es decir, de las garantías de transparencia, competitividad, eficacia y eficiencia, incluso el citado Compranet, las obras que se realicen a través de los órganos de Estado con autonomía constitucional, las obras y servicios que realicen las entidades de la federación con fondos señalados en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, subrayando a algunos de ellos, como son los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones Múltiples. Es decir, casi todo lo que tiene que ver con los gastos de municipios y de las delegaciones del Distrito Federal.
Las obras que requieran la prestación de servicios concesionarios, entre los que podríamos mencionar el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión. Las obras y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas de Estado y sus subsidiarias. Ejemplo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Las que se tengan que realizar por los fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal. Y las obras que deben ser ejecutadas o prestadas en territorio nacional, cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizar en el extranjero.
En complemento de este veto legal para la transparencia y la aplicación de recursos públicos, en el dictamen que ustedes hoy aprueban, se determine en el 113, fracción XIII, que como información reservada podrá clasificarse aquella que por disposición expresa de una ley tenga ese carácter. Subrayo, se clasifica como reservada aquella que por disposición expresa de una ley tenga ese carácter.
Entonces, ¿por qué tanto rollo? Yo sé que no van a aprobar aquí nada. Vamos a pasar a demostrar que es puro rollo, pura demagogia y que la única cosa que sí ocurre es que las leyes que está legislando Peña Nieto están hechas y concatenadas y amarradas unas con otras, no para hacer la supuesta reforma estructural de las reformas estructurales. Ya les dije, pamplinas, puro rollo, aquí lo que están legislando es cómo tapar la corrupción y la opacidad del régimen.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Juan Luis Martínez Martínez para referirse a una reserva sobre el artículo 2, fracción VIII. Adelante, diputado, por agrupación Morena.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, sobre las virtudes de esta Ley de Transparencia se desborda el entusiasmo en el dictamen, como si la corrupción y la opacidad se acabaran por decreto y no fueran estas maldiciones una acción reiterada del Estado mexicano, un componente orgánico y transversal en su estructura. Se vota pues un nuevo catálogo de sujetos obligados que toca a instituciones que antes se defendían de la realización mínima de cuentas, con el salvoconducto de ser sujetos indirectos.
Hacemos hincapié, cuando decimos rendición mínima de cuentas, porque los sectores que integran el desarrollo de la economía nacional son los capitales de los sectores público, social y privado, siendo éste último el más beneficiado.
Porque en un modelo de convivencia política viciada por la corrupción, es el capital privado del actor preponderante y opaco que opera con los recursos públicos, a cambio de eso entrega favores políticos y lo decimos por muchos casos, entre ellos algunos como el caso Monex, la empresa Soriana, las casas en las Lomas, si el capital anda desrregulado sería ingenuo pensar que la transparencia funcionaría de manera efectiva.
A esa mafia pública licitadora al servicio de los banqueros y grandes empresarios, se le debería expulsar del servicio público y establecer nuevos candados que permitan el correcto ejercicio de la contratación de obras y servicios con el dinero del pueblo de México
Sin reglas de contacto y códigos de ética, el principio de máxima publicidad que se amplía en su interpretación para el derecho de acceso a la información y para la orden de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, de poco servirá porque el ejercicio de las facultades no son meros hechos administrativos, son necesariamente relaciones públicas que dan al margen de la administración.
Ya en este tema se ha visto el caso de las licitaciones de las nuevas cadenas de televisión, los contratos de obra pública y los resultados que se han dado son una serie de encuentros y cabildeos no documentados para tomar decisiones.
En virtud de estos ejemplos y muchos más, sostenemos que existen servidores públicos que en la responsabilidad de sus encargos deben ser establecidos estos códigos de ética y reglas de contactos que nos permitan saber quiénes se sientan en las mesas de negociaciones para determinar el uso de los recursos públicos.
De las decenas de lineamientos, reglamentos y leyes para la contratación de obras y servicios para este Congreso de la Unión, nada se respeta. Hemos visto en esta Legislatura cómo están trabajando para justificar dinero del pueblo de México, remodelando según esos edificios, cuando servirían estos mismos para apoyar a los sectores más vulnerables, a las comunidades indígenas.
Compañeras y compañeros pues, para qué sirve la transparencia de papel, si los periodistas por informar, los periodistas con esa voz crítica, son acosados y despedidos por exhibir el contacto y los conflictos de intereses entre empresarios y políticos. Un catálogo más amplio de sujetos obligados con rutas tortuosas para acceso a la información poco aliento se aporta para la ciudadanía.
No podemos aspirar a una Ley de Transparencia cuando se carece de total autonomía. No podemos aspirar a una Ley de Transparencia cuando vivimos en el México de yo te nombro para que me investigues. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 3o, fracción XII. Hasta por tres minutos, señor diputado.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Muchas gracias, diputado presidente. Hice tres reservas, solamente voy a hacer uso de la presente y quiero relacionar los artículos 3o. y 4o. del dictamen de ley que nos ocupa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Hasta por siete minutos, diputado.
El diputado Uriel Flores Aguayo: En primer lugar decir que en este gran tema ha sido muy importante –hay que destacarlo– la participación de organizaciones de la sociedad civil, así como de académicos, intelectuales, periodistas, expertos en la materia. Es muy importante porque me parece que ayudaron mucho a pulir, a enfocar y a encaminar de manera más positiva esta ley.
Pero por otra parte, yo localizo un aspecto que me parece fundamental y que hace muy contradictorio todo el planteamiento. Yo soy de los que a veces dudan un poco en externar una opinión por ciertas consideraciones de reserva, pero a veces pienso que estamos ante el relato del rey desnudo, que algunos lo ven y otros no.
Fíjense, el artículo 3o. define el interés público ligado al interés de la sociedad, lo que sea relevante y benéfico para la sociedad. Así define el interés público. Pero en el artículo 4o. dice “todo se informará –todo– todo lo que tenga un ente público, pero se reservará por interés público y seguridad nacional”. Y lo pone en el mismo renglón.
No hay, no puede ser equiparable el concepto de interés público con el de interés de seguridad nacional.
Todos podemos estar de acuerdo en que hay que reservar la información que se refiere a la seguridad nacional, pero no puede ser que estemos de acuerdo en reservar la información que se refiere al interés público.
Ésta es una enorme contradicción. Yo esperaba escuchar más argumentos tanto de opositores como favorables a esta ley, al respecto, porque si queda en estos términos, prácticamente la ley deja de tener sentido, desde mi punto de vista; es lo que yo estoy interpretando. Es una enorme contradicción porque entonces se podrá ordenar, se podrá instruir que se reserve determinada información invocando el interés público y el interés público es todo. Debería de ser a la inversa. Tiene que liberarse toda la información por interés público y no reservarse por esa definición.
En fin. Es en realidad un aspecto que me parece muy relevante y por eso he querido expresarlo aquí y que quede constancia, que quede registro que por lo menos uno de los que estamos aquí, tiene esa inquietud.
Yo supongo que otros también la tendrán, y sería muy importante referirse al respecto, porque relean, por favor el artículo 4o. y dice ahí de manera muy concreta y clara: “se reservará temporalmente por causas de interés público y seguridad nacional”.
Para hablar de interés público, se puede hablar de cualquier cosa, de todo prácticamente Se tendría entonces que reservar por consideraciones de interés público. Yo creo que ahí hay una gran contradicción y en ese sentido es que he querido formular esta reserva. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación, es a los artículo 3o, 113 y un transitorio, el décimo tercero. Ciudadana secretaria.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria. Se desecha. Antes de pasar a la argumentación a la presentación de otras propuestas de modificación, denme oportunidad de saludar a hermanos, hermanas de la etnia otomí de San Cristóbal y San Pablo Autopan, del estado de México. Los saludamos y les decimos gracias por su visita en nombre de la diputada Shantall Zepeda Escobar, pero también del nuestro. Muchas gracias por su visita.
De igual manera tenemos invitados del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, alumnos de la Facultad del Derecho del Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz, de Poza Rica de Hidalgo, que visitan el día de hoy este salón de plenos. Gracias también por su visita, le reconocemos su interés en los temas de este cuerpo colegiado.
Ahora sí, le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez para presentar propuesta de modificación al artículo 4o, párrafo segundo, él es del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez: En relación con el derecho a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional, y al cuerpo del dictamen que nos atañe en este momento.
El derecho a la información no es absoluto, por lo que se haya sujeto a limitaciones o excepciones que se fundan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad, de tal forma que este derecho de acceso a la información pueden ser restringidos en razón de que su conocimiento público pues puede provocar daños a los intereses nacionales.
Quienes leímos el dictamen verificamos que la restricción al acceso a la información está clasificada en el capítulo segundo, en el artículo 115, fracción II, que determina que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
De lo anterior es posible señalar que los derechos de los particulares en materia de seguridad se encuentran delimitados por razones de interés y orden público, sin embargo no es un concepto equivalente a los de seguridad nacional o, bien, a los de paz pública.
Si la seguridad nacional es de interés público en general entonces el concepto de interés público puede ser utilizado como restrictivo de diversos derechos, ya que es relevante para la mayoría de una comunidad en un tiempo económico, político y social determinados.
El tema de interés público es de suma importancia, ya que al no establecer límites al concepto podría conducir a ciertos errores en la interpretación del mismo y en consecuencia a su incorrecta aplicación.
En el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es posible encontrar una propuesta de definición que señala que se entiende por interés público el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.
Actualmente las autoridades administrativas utilizan el argumento de no podemos conceder la información que nos solicita porque resulta contraria al interés público. Por lo anterior es importante detener a la brevedad el abuso de las autoridades de la utilización de dicho concepto y de que ninguna manera aprovecharnos de las potestades en el silencio legislativo que se puede otorgar.
Por lo anterior es que se propone se elimine interés público en la redacción del segundo párrafo del artículo 4o. del dictamen que nos ocupa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea si se admite a discusión la reserva.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Se desecha. Le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar una propuesta de modificación al artículo 4o, párrafo segundo, del dictamen en discusión. De una anunciada reserva.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente.
Compañeras y compañeros, ésta es una extraordinaria ley que proviene de una reforma constitucional de nosotros, esta es nuestra y debemos de apoyarla con ahínco, sin embargo del Senado nos llegó un pequeño error, a mi forma de ver, que debemos de acotar, debemos de corregir.
El error consiste en lo siguiente. Aunque la reforma constitucional habla de interés público y causales de seguridad nacional para los efectos de hacer excepciones a la apertura de la información, la ley secundaria conforme a la Constitución debe definirlas, no las puede dejar abiertas, porque así lo establece y lo dispone nuestra Constitución.
Ahora bien. El artículo 4o de esta minuta en su segundo párrafo, la última frase dice lo siguiente: Sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Al no acotar esta razón de interés público y de seguridad nacional, existe la posibilidad que los órganos garantes hagan interpretación abierta, sin embargo nuestra ley que estamos ahorita discutiendo, esta minuta tiene un artículo 113 que se ciñe perfectamente bien al mandato constitucional en donde se acota expresamente qué es interés público y qué es seguridad nacional, porque las causales que vienen ahí enumeradas casuísticamente son de interés público o de seguridad nacional.
Por lo tanto, para que quede perfectamente bien ligada esta acotación que señala claramente la Constitución y evitar este señalamiento genérico que hace el artículo 4o, mi propuesta es que después de que dice; como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, se le añada esa liga necesaria, únicamente en los términos dispuesto por el artículo 113 de esta ley.
De esta manera, compañeras y compañeros, queda perfectamente bien delimitado el interés público y la seguridad nacional conforme lo dispone claramente nuestra Constitución.
Compañeros, principalmente del Partido Revolucionario Institucional, los insto a que analicen esto de la manera más seria posible y no dar pie a que quede abierta la posibilidad de interpretación libre de lo que es sobre todo interés público, que interés público puede ser todo o puede ser nada. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva que ha presentado el diputado Angulo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional, hasta por tres minutos, si es el caso de presentar solamente una de las reservas de la decena que él ha reglamentariamente y en ejercicio de su derecho presentado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Hay que ubicar este debate donde es, porque nosotros la reserva la presentamos porque pretenden acotar la discrecionalidad en la calificación y determinación de la información con el carácter de reservada. Por eso el quid está en la palabra excepcionalmente y esa es la que nosotros proponemos suprimir.
Miren, la demagogia de la revolución en transparencia que pregonan también los panistas, avalado al PRI, y que sin lugar a dudas replicarán mañana los medios de comunicación –desde hoy– al servicio de la corrupción cerrarán el telón de esta parodia de transparencia.
¿La ley determina sanciones para quienes abusen en la clasificación de información con el carácter de reservada? No, existe un recorrido legal que debe agotar el solicitante de la información para hacer efectivo su derecho de acceso a la información cuando toque temas de interés público o económico que involucre a los poderes fácticos. Se dispone que la reserva será por razones de interés público y seguridad nacional. La generalidad para realizar la reserva de la información abre la puerta a la discrecionalidad del sujeto obligado para incumplir con los principios de transparencia y máxima publicidad.
Miren, diputados, dejen ese discurso demagógico, como el que me antecedió, y aprendan a leer y a entender la ley inoperante, que ustedes aprobarán sin lugar a dudas. Eso sí, porque ustedes sí legislan para la opacidad, la corrupción, para el moche, para el diezmo. Miren lo que legislaron los panistas también, con el PRI y sus achichincles.
En materia de petróleos tenemos un claro ejemplo de opacidad y de discrecionalidad de la reserva de información. La Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en los artículos 35, faculta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para definir la confidencialidad y los criterios y plazos, conforme a los cuales hará pública la información que reciba. Existe discreción para clasificar la información vinculada con petróleos.
Por otra parte, el artículo 29 de la Ley de Petróleos Mexicanos determina, que las decisiones del Consejo de Administración y de sus comités serán públicas por regla general, pero podrán reservarse de manera total o parcial conforme a las políticas que al respecto determine el propio Consejo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a la materia.
Hacer viable el derecho a la información en materia donde existe un interés real de los poderes fácticos será imposible para el ciudadano, puesto que tendrán que emprender procesos legales para el caso que así lo determine la autoridad. Acceder a información que le interesa.
Por eso, es puro rollo, vienen aquí con San Benito –culmino, presidente–, de estas reformas, de decir, vota en lo general, voy en lo particular en contra y no le cambian ni una coma, y a las pruebas me remito.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Para presentar propuesta de modificación tiene el uso de la palabra la diputada Daniela Díaz Magaña, es el artículo 5o., párrafo primero y la adición de un párrafo, hasta por tres minutos, diputada.
La diputada Daniela Díaz Magaña: Con su permiso, señor presidente. Daré lectura a dos reservas a los artículos 5 y 70, que presento a continuación, son dos reservas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Hasta por cinco minutos, por favor, adelante.
La diputada Daniela Díaz Magaña: Gracias, presidente. En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente.
Por ejemplo, en el artículo 5 indica que nunca y por ningún motivo las autoridades podrán clasificar por esos motivos la información como reservada, ni dice que tratándose de esas materias, desde el inicio de una averiguación previa, de la interposición de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del inicio de cualquier procedimiento, la información relacionada debería ser pública en estos supuestos.
Esta ambigüedad es la que dio pie, hace unas semanas, a la que mediante un oficio, la respuesta oficial de la Procuraduría General de la República a una solicitud de información respecto al caso Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fuera negada, aduciendo, precisamente, que no había sido clasificada como violación grave a los derechos humanos y por tanto, no podría darse a conocer.
Qué más grave violación a los derechos humanos que la desaparición forzada de 43 estudiantes, delito concebido como de lesa humanidad por todos los tratados internacionales y la doctrina del derecho internacional humanitario.
Ah, pero qué bien, y simplemente un archivista en nombre de la PGR puede decirnos que no es una violación grave, así de simple, a los derechos humanos, y nos niega la información. Esto, señores, se llama simulación.
Éste no es el espíritu de la reforma constitucional, por ello, diputadas y diputados, con argumentos atendibles insisto y conmino para que reformulemos el artículo 5 de esta ley tal y como se propone, por el bien de la cosa pública.
La ambigüedad en definición de la norma permitirá que las autoridades sigan como hasta ahora, escamoteando la transparencia en esta materia.
En el artículo 70 la ley nos establece la obligación para que las declaraciones patrimoniales de intereses o declaraciones fiscales de los funcionarios sean públicas.
Solo podrá darse una versión pública de aquellos servidores públicos que así lo determine. Esto es una burla y atenta contra el espíritu de la transparencia que se supone motiva la ley, minimiza el reclamo nacional.
Para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios sean públicas y exista una obligación a declarar públicamente bienes y conflictos de interés, dejarlo a la libre buena voluntad de los servidores públicos, la publicación de su declaración patrimonial hace nulo el derecho de la población a saber cuándo llega un funcionario, cuándo asume un cargo público y cuánto dinero –casas, autos y joyas– se va al terminar su responsabilidad
Lo que la sociedad quiere es evitar el enriquecimiento ilícito, el saqueo de las arcas públicas y el abuso de poder que ha sido una característica marcada constante en nuestro sistema político. Y comento esto porque, nunca más una Colina de perro, nunca más un Partenón, como el Durazo, como la Casa blanca del hoy presidente Enrique Peña Nieto. Es cuanto, señor presidente, y lo dejo a su consideración.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva que es al citado artículo 5 y adicionalmente al 70, fracción XII de la minuta de que se trata. Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado José Luis Esquivel Zalpa, para presentar propuesta de modificación al artículo 7 de la minuta en cuestión. Presenta dos propuestas de modificación, el señor diputado, hasta por cinco minutos, 7 y 83.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, adelante.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Compañeras y compañeros diputados. La redacción del actual párrafo segundo, del artículo 7 de esta Ley de Transparencia es contraria a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución sobre la contradicción de tesis 293/2011, en virtud de que el Estado mexicano también está obligado por las sentencias y resoluciones de los organismos supranacionales de derechos humanos aunque éste no haya sido parte del asunto concreto.
La ley pasa por alto los criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de bloque de constitucionalidad. En medio de la peor crisis en materia de derechos humanos que afronta nuestro país, esto es un despropósito.
La exigencia de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional es pleno y absoluto respeto a los derechos humanos. La desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala y la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, deben ser ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir.
Éste es el debate. Los contratos de obra pública, el conflicto de intereses, el uso de los fondos públicos, las concesiones, la utilidad pública, los derechos humanos, seguridad, violencia, energéticos y el derecho al agua.
No estropeemos una reforma constitucional buena haciendo de la legislación secundaria una trampa para eludir el espíritu del Constituyente Permanente. El país no lo merece. La transparencia es una necesidad ineludible de la construcción de la democracia mexicana.
Tomás Jefferson afirmó que si tuviera que elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría un instante en preferir éste último, porque la libertad de expresión y el derecho a la información tiene un valor preferente a otros derechos y libertades. Son el fundamento de otros derechos y libertades. Son, como dice una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el balón de oxígeno de la democracia.
Por eso la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que los derechos y la libertad de expresión y la información sean reguladas mediante ley un acto como el que se va a realizar aquí. Para aprobar una ley que regule el derecho a la información en los Estados Unidos sería impensable y contrario a la primera enmienda de la Constitución de este país.
Con respecto al artículo 83 de esta ley en materia de transparencia energética, la norma es retórica al no prever el supuesto conflicto con las leyes secundarias en materia energética. Es decir, no queda claro si prevalecerá la Ley General de Transparencia o las leyes y reglamentos en materia de energía.
Nosotros pensamos que de persistir la redacción tal como aparece en el dictamen, sólo es un embuste institucionalizado legalizado para que en los hechos prevalezcan las disposiciones energéticas sobre las de esta ley.
Por lo tanto debe eliminarse del cuerpo de la ley toda alusión que haga confusa y ambigua la obligación de los sujetos obligados para garantizar la máxima transparencia, la supremacía de esta nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy discutimos y se pretende aprobar.
Debe quedar perfectamente explícita en materia de transparencia. Por ello debemos dejar en claro que se aplica esta norma y no las obligaciones en materia de transparencia que aparecen en otros ordenamientos del sector energético.
Un ejemplo puede ser el reciente robo de materia de radiactivo de iridio. Ahí la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias reportó que la noche del pasado 13 de abril se suscitó el robo de una fuente radiactiva de iridio 192, marcado como X571 que se utiliza en la práctica de radiografía industrial móvil, el cual se encontraba dentro e su contenedor.
La Coordinación Nacional de Protección Civil reporta que esta fuente, si no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría causar lesiones permanentes a la persona que lo manipule o que estuviese en contacto con ella durante un tiempo breve, incluso podría ser fatal.
En estos casos ¿qué la ley es la que aplicará en materia de transparencia para informar a la población? La Ley General de Transparencia o alguna ley o reglamento en materia de uso de energía, ese es el problema, leyes que protejan sobre todo a la industria o leyes que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos.
Desgraciadamente no son sujetos obligados los poderes fácticos que reciben una concesión, licencia o contrato del Estado.
El poder mediático y las petroleras también deberían de ser –en todos los casos– sujetos obligados por el simple hecho de recibir concesión, licencia, contrato, para realizar alguna función de transparencia pública en algún área estratégica y prioritaria.
El criterio para definir es si algo es público o privado, para efectos de transparencia y el acceso a la información pública, no debería ser solamente el ejercicio de los recursos públicos, sino también la función o tarea que realizan los sujetos privados.
Si los sujetos entes privados realizan una tarea que tiene consecuencia pública, social o que afecte la economía, esa función también debe ser pública. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión; es a los artículos las reservas presentadas, 7 y 83 de la minuta a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar propuesta de modificación al artículo 8, fracción IV, de la minuta, hasta por tres minutos, diputada Córdova.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la voz, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Yo sé que van a aprobar esta ley, porque ya la tienen más que planchada, sólo bastó una comida que costó 20 mil pesos de los coordinadores legislativos de esta Cámara y del Senado, y unos cuantos acuerdos de la grandes fuerzas políticas que aún siguen conformando ese moribundo Pacto por México. Fíjense, hasta barato les salió, tan barato que ni siquiera se toman la molestia de estar aquí presentes en la Cámara de Diputados, en este pleno. Le cuesta más caro a la nación que no estén aquí presentes.
Sólo les pregunto, ¿con esta ley vamos a saber en realidad cuántos bienes han adquirido los servidores públicos de la Federación, de los estados, de los municipios de los sindicatos o de las empresas que se ven beneficiados con estos contratos de trabajo? ¿Lo vamos a saber? ¿O de todos los ámbitos de gobierno? ¿O sólo vamos a conocer lo que la sociedad, lo que la ciudadanía adquiere a través de su trabajo, y que de ahí los delincuentes organizados, toda esta gente de la delincuencia organizada va a tener tela de dónde cortar para poder extorsionar o secuestrar a esa gente que sí esté obligada a transparentar sus bienes?
Transparencia. Señores diputados y diputadas, la transparencia no tiene sesgos, la transparencia es como el agua, limpia, es clara y los promoventes de esta iniciativa a la transparencia sólo le dan un eslogan publicitario que andan anunciando en los spots televisivos y de radio que dicen: “que no nos digan que no se puede”. Esos son los slogans publicitarios que traen.
Si han podido entrarle a los moches para qué hablan de transparencia. Para qué hablan de transparencia con estos conflictos de intereses, que ahora se le ha cambiado de nombre a la corrupción y se le llama conflicto de intereses. Sí han podido con esta ley y la han manejado a su antojo y a su real conveniencia.
Muchos vienen aquí a desgarrarse las vestiduras y a hablar de transparencia cuando en verdad lo único que quieren en este momento es una estrella más para que el duopolio televisivo salga diciendo: ahora ya vamos a ser transparentes. Cosa más ridícula y cruel que estén fabricando, que estén produciendo vacunas para seguir robando a la nación.
En Movimiento Ciudadano claro que estamos por los principios de transparencia, pero la urgencia de la votación en este decreto es sólo un circo, maroma y teatro, y aquí está la prueba, aquí está la muestra, porque dónde están quienes han diseñado todas estas iniciativas.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señoras diputadas y señores diputados, es una obligación del Estado mexicano para otorgar certeza jurídica para todos los ciudadanos en ejercicio de sus derechos primordiales, para que tengan acceso a la información pública, pero la ley que hoy discutimos no es otra cosa más que un traje a la medida para que se sigan escondiendo datos del enriquecimiento ilícito de unos cuantos servidores públicos que ven ahí al país como un botín político, como quien hoy nos gobierna.
Por este orden de ideas...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ha transcurrido en exceso su tiempo...
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Sí, diputado. Concluyo. Por este orden de ideas Movimiento Ciudadano reserva esta fracción al artículo 8 que contiene el proyecto que hoy se discute, y que me gustaría que los que están ahí gritando que se acabó el tiempo subieran a discutir en vías de la nación. Lo anterior debido a que no establece de forma precisa los principios rectores...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: De los organismos garantes en materia de transparencia...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Y acceso a la información. Es cuanto. Y muchas gracias por sus gritos. Les aseguro que la nación creo que se los va a agradecer, ¿verdad?
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias también por respetar a sus compañeros legisladores y a sus compañeras legisladoras. Compañera secretaria, consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación que ha presentado la diputada Córdova Bernal.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria. Se desecha. Le otorgamos el uso de la palabra al diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que presentará propuesta de modificación al artículo 8, fracción VI, de la minuta de que se trata. Tiene la palabra.
El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez: Con su venia, diputado presidente. La fracción VI del artículo 8o, relativa al término de máxima publicidad, a la letra dice: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. Sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán ser definidas y deberán de ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán de estar definidas y además de ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Honestamente nos preguntamos qué quisieron decir con el último párrafo, cuando dice; cuáles son las excepciones a las que se hace mención. ¿Por qué no ponerlas de una vez en el cuerpo del dictamen que estamos discutiendo y aprobando? Nuevamente dejamos la puerta abierta a la interpretación. Lo que puede ser legítimo conforme a usos y costumbres no es necesariamente legítimo conforme a derecho.
Yendo más allá y creer que el texto quedó redactado de tal forma que las legislaciones secundarias serán el instrumento jurídico en el cual quedarán definidas claramente estas excepciones, pero hay que ser honesto y solicitar a ustedes que la redacción pueda ser modificada de tal forma que desde este pleno salga perfectamente delimitada esta fracción, para quedar como sigue.
Artículo 8o, fracción VI. Máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. Únicamente en los casos de excepción establecidos en esta ley la autoridad podrá reservar o clasificar la información. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, que presentará propuesta de modificación al artículo 13, párrafo segundo. La compañera diputada es de Movimiento Regeneración Nacional.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. Presenté varias reservas que me gustaría –aquí las voy a comentar todas– que se puedan desahogar en este acto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Perdón, diputada Alcalde, ¿cuántas reservas?
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Son 11 reservas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Once reservas. Por ahora que se abra el reloj por 10 minutos, con la tolerancia del caso. Adelante, diputada.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: La transparencia no es una concesión generosa de las autoridades para la ciudadanía, sino es un arma que la ciudadanía se ha dado a sí misma para vigilar a la autoridad y exhibir sus abusos. De ahí la importancia de la participación activa de la sociedad civil organizada en este dictamen y en el Senado de la República.
Sin embargo, es muy importante hablar de las omisiones que preocupan en este dictamen y que dan origen a estas reservas. En principio, los servidores públicos no están obligados a revelar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, a pesar de que esto ha sido un ingrediente central en la crisis de confianza que vive la clase política.
También lamentamos que se haya retirado del dictamen la facultad del IFAI del exigir a los sujetos obligados generar la información que les sea solicitado cuando argumenten que no existe o que no está disponible. Los periodistas se topan a diario con solicitudes denegadas por la supuesta inexistencia de la información y en términos prácticos de poco vale una multa, si con ella puede evadirse su entrega. Asimismo las ambigüedades que diluyen el principio de jerarquía normativa de la ley general sobre otras leyes federales, permitiendo futuras regresiones a la Ley de Transparencia mediante supuestos de reservas introducidos en las leyes especiales, son un motivo de alerta.
Se dice, por ejemplo, que las obligaciones en materia energética serán reguladas, no por esta ley, sino por las leyes de la reforma energética. Lo mismo sucede con normas relativas al tema electoral.
En el mismo sentido, el dictamen prohíbe la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero omite precisar si será el IFAI quien pueda ordenar la entrega de dicha información determinando la existencia de tales crímenes, o si por el contrario, deberá esperar a que otra autoridad determine que en efecto constituyen violaciones graves.
Quisiera detenerme en un punto que para nosotros fue central y es la relevancia de este dictamen para la realidad laboral mexicana. El proyecto incluye un nuevo régimen de transparencia en materia sindical, éste no sólo complementa las obligaciones que actualmente tienen los sindicatos frente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sino que amplía las obligaciones, a fin de que cualquier persona pueda conocer los documentos del registro sindical, de las tomas de nota, de estatutos, de padrones de socios, actas de asambleas, contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de los sindicatos.
Tales documentos no serán entregados en relaciones simplificadas o amañadas, como se hacen hoy en día, por versiones supuestamente públicas. La autoridad laboral deberá entregar, a partir de ahora, al solicitante copias fieles de dichos registros, con excepción de los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios, fuera de eso absolutamente todos los demás documentos serán a partir de ahora público.
De igual manera se obliga a los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, actualizar y dar acceso de manera directa a los contratos y convenios que se celebran con las autoridades.
El director de su comité ejecutivo, el padrón de socios, y sobre todo, los recursos y bienes que se donan o reciben, así como el ejercicio y el destino de todos estos bienes, a partir de ahora será obligatorio que lo trasparenten.
Se trataron de hacer, por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, muchísimos retrocesos. Estuvieron insistiendo, insistiendo e insistiendo porque no están, por supuesto, que a favor de que todos estos temas se trasparenten.
La sociedad civil aguantó y aguantó bien, y es de reconocérsele. Sin duda estamos parados frente a un tema por supuesto que no concluido, y será la sociedad civil la que tenga que seguir organizándose para seguir presionando a los poderes, a los intereses y a los gobernantes para que no haya ya más ningún tipo de restricción al libre acceso a la información pública. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Alcalde Luján, Luisa María. Consulte la Secretaría, en votación económica a la asamblea, si son de admitirse a discusión las propuestas de modificación presentadas por la propia diputada, y son a los artículos 13, 19, 20, 43, 50, 57, 65, 70, 70 en la fracción XII, pero relativa textos diferentes y los artículos 100, 113 y 151.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria, se desechan.
Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 13, párrafo segundo, de la minuta que está discutiéndose en lo particular. Hasta por tres minutos, diputada.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. El artículo 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hoy estamos analizando marca, y lo voy a leer textualmente: los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
Como diputada indígena y como hace unos días, la sesión pasada hablamos de que la lengua materna tiene que ser reconocida, ya no solamente en su territorio sino a nivel nacional, tenemos también que hacer esta modificación.
Yo vengo a presentar la propuesta para que no solamente diga el párrafo que se procurará, sino que diga, y será garantizada su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas cuando sea solicitada por algún miembro de grupos o comunidades indígenas.
Esto porque hay comunidades que solicitan información, sobre todo, de cómo están gastando sus autoridades municipales el recurso, les llega un sobresote, un paquetote. Ahí hay gente que todavía no sabe leer. Y bueno, no saben ni qué están informando, hay una tremenda confusión. Por eso es que solicito al pleno esa modificación, si estamos, si la vez pasada aceptamos que fuera reconocido a nivel nacional, bueno pues no pasa nada, no afectamos al Ejecutivo, no afectamos, al contario, beneficiamos a la sociedad civil si damos esta modificación.
Por otro lado, presidente, yo desde aquí quiero hacer un llamado al gobierno mexicano, para que podamos respetar y sobre todo podamos garantizarle a nuestros hermanos y hermanas migrantes que hoy están su viacrucis por el territorio oaxaqueño, que vienen para la Ciudad de México, que sean escuchados y atendidos. México está obligado a tratar bien a nuestros migrantes, puesto que somos un país que más migrantes expulsamos al vecino país.
Por eso pido la solidaridad de este Congreso, por supuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se solidariza con la lucha que hoy está encabezando el hombre, que es el Padre Solalinde. También por supuesto desde aquí quiero decirles que a los ciudadanos que me están escuchando, que tal vez no crean hoy, porque ya es muy difícil creer en que las leyes que aprobamos se puedan aplicar.
Creo que hay posibilidades de que instrumentemos ya esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y que hagamos uso de él, porque a veces también nosotros como ciudadanos somos muy responsables de permitir, y estamos viendo que están malgastando el recurso público desde nuestras comunidades y no decimos nada. Pues hoy, no tengamos miedo, hoy podemos solicitarla.
Yo espero que no sea nada más un slogan de campaña. Yo creo que en este Congreso hemos hecho un esfuerzo porque salgan las cosas y hoy tiene que ser una ley que a todos los grupos nos beneficie, pero sobre todo a la sociedad civil que es la que tiene ya que solicitar de manera urgente cómo se está manejando el recurso público.
Reprochamos y reprobamos que faltó un análisis más minucioso para hacer una mejor Ley de Transparencia, pero por supuesto que es el inicio y las ciudadanas y los ciudadanos de México lo tienen que saber usar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal para presentar propuesta de modificación. Es al artículo 16, adicionar un párrafo segundo. Hasta por tres minutos, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: El párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse máxime que en materia de derechos humanos hay un desconocimiento de ellos por parte de la ciudadanía y sobre todo que los servidores públicos, quienes son quienes tienen la obligación de respetar y tutelar en favor de los beneficios de estos ciudadanos, son quienes reincidentemente los violentan y transgreden.
El artículo 6o. constitucional reconoce el derecho al libre acceso a la información como un derecho humano y en la fracción IV de los principios y bases del apartado A, señala que se establecerán los mecanismos de acceso a la información y procesos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
El dictamen en discusión en su artículo 6o. refiere que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El mismo dictamen en su artículo 8 señala que los principios rectores de los órganos garantes serán la certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Bajo este orden de premisas, es menester considerar la introducción obligatoria de mecanismos que garanticen el acceso a la información a las personas con discapacidad.
Dado que en México se estima que la cifra de quienes sufren alguna discapacidad, rebasa el 10 por ciento de la población total del país, y los tipos de discapacidad son muy variados.
Por lo tanto es oportuno y muy legítimo que en el presente dictamen se establezca la del deber de los sujetos obligados a introducir mecanismos y tecnologías que garanticen el acceso de la información a quienes sufren algún tipo de discapacidad, ya sea verbigracia, el sistema Brille, el lenguaje icónico o signado y lenguajes no lingüísticos.
Movimiento Ciudadano considera que es procedente incorporar un segundo párrafo al artículo 16 del dictamen en discusión en el que se precise que para el efectivo acceso del acceso a la información, los sujetos obligados introducirán mecanismos, sistemas y tecnologías que superen las barreras de discapacidad del solicitante.
Aún falta mucho por hacer, falta mucho para respetar y hacer valer los derechos humanos y más a favor de los grupos vulnerables. Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea esta propuesta de modificación. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Córdova. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Diputado Ignacio Samperio Montaño –de Movimiento Ciudadano– tiene usted la palabra hasta por tres minutos para presentar propuesta de modificación relativa al artículo 17 de la minuta de que se trata.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que en beneficio de la sociedad es realmente importante la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ayudará a construir un lazo de confianza y transparencia entre los ciudadanos y quienes los representan.
Por ello la presente reforma estipula que la autoridad que utilice recursos públicos, tiene la obligación de informar las remuneraciones completas que reciben bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones, así como toda la información referente al destino de los recursos públicos que en su cargo conlleve.
Por lo que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a transparentar y permitir el acceso a la información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, a los fideicomisos y a los fondos públicos. De igual manera a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal o municipal.
Asimismo y para garantizar que el derecho al acceso a la información pública sea de manera eficaz por parte de las autoridades hacia los ciudadanos, hemos detectado algunas observaciones que se consideran deben ser corregidas con el propósito de brindar un mejor servicio al solicitante, respecto a qué tipo de información tendrá un costo económico.
De esta manera, nuestro Grupo Parlamentario considera que es necesario que se apruebe la presente reserva a efecto de que se especifique en qué casos el trámite de acceso a la información tendrá un costo económico conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se estipulan los casos en que se solicita un pago para obtener la información, ya sea por los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la información, por el costo de envío el pago de certificación de los documentos cuando esto proceda.
Si bien la ley deja muy claro que el derecho a la información deberá de ser gratuito, conforme a lo anterior también nos deja en entredicho que existen casos en los que sí se tendrá que pagar, y que sólo podrá exceptuarse el pago siempre y cuando las unidades de transparencia observen las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
Por lo anteriormente expuesto, y a efectos de que la ciudadanía tenga un claro conocimiento del trámite de acceso a la información el cual requeriría de un costo o no, presentamos la presente propuesta de reserva.
El texto actual del artículo 17 dice que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
Proponemos se anexe lo siguiente, que conforme a lo establecido en el artículo 141 de la presente ley, se podrá requerir un cobro por la información que se requiera. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Samperio. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desecha.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, quien hará la presentación de dos reservas: una al artículo 23 y otra al artículo décimo tercero transitorio. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente. Con su venia.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Lamento que algunos valoren más lo poco que falta que lo mucho que se avanzó y que, diciendo que hablan y defienden los intereses del pueblo, hoy le den la espalda a la sociedad civil que conquistó esta Ley de Transparencia.
No es una concesión del poder, es una conquista de la sociedad civil. Es la presión que hizo la sociedad civil lo que hace posible este cambio. Va a haber un antes y un después de esta Ley de Transparencia.
Y creo que esta Legislatura si de algo tiene que enorgullecerse es de ésta, que además hizo que la sociedad civil fuera incluso parte redactora de esta ley. Ojalá muchas otras leyes también se procesaran con ellos.
Hago efectivamente dos reservas:
Una es al artículo 23 para agregar explícitamente a los grupos parlamentarios como sujetos obligados. En esto insistí en la reforma constitucional y ahora también. Hay algunos que piensan que como el Congreso ya está incluido, esto en un juicio en el IFAI, lo ganarían y obligarían a los grupos parlamentarios.
Digo, para qué lo dejamos a interpretaciones, para qué lo dejamos al litigio, que no quede duda que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados. Hay el avance de que entreguen su informe semestral, pero –decimos– no es suficiente y por eso estoy poniendo que junto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos se agregue en específico grupos parlamentarios para que no haya ningún debate.
La otra reserva es el décimo tercero, que es el que le llamo transitorio de la confesión de parte. ¿Por qué es el transitorio de la confesión de parte? Porque se da en el Congreso de la Unión, en las Cámaras, hasta el 30 de agosto de 2015 para arreglar la casa y decir: a partir de este momento se me puede exigir. Y uno dice: pues entonces qué está pasando en nuestras Cámaras que no podemos ser transparentes desde ahora.
Por cierto, en mi opinión esto es inconstitucional porque finalmente ya de la reforma constitucional el Congreso está obligado a dar información y esto sería en mi opinión retroactivo, pero en perjuicio de la ciudadanía, no en perjuicio de la Cámara de Diputados porque qué ganamos con esconder las cosas. No entiendo ese argumento y estoy pidiendo que se suprima este artículo transitorio que le llamo el de la confesión de parte, porque prácticamente estamos confesando que es impresentable o que tenemos cosas que ocultar o hay cosas que verdaderamente son indefendibles.
Termino diciendo en estos momentos una discusión. Se dice; es que puede el consejero jurídico de la Presidencia ocultar información, porque diga que atenta a la seguridad nacional. Lo del interés público se va a decir finalmente en el IFAI y es el IFAI el que va a ser el juez de este litigio, si es que alguna institución dice; no, generas más daño. Esto daña al interés público. El IFAI es el que tendrá que decidirlo con los principios de máxima publicidad, y si el IFAI está a la altura de las circunstancias tendrá que darse la información, a menos de que sean casos como qué tipo de papel moneda usa el Banco de México, cosas que efectivamente podrían generar daño y que creo que todos entendemos, pero en gran mayoría sería público.
Qué pasa cuando van a la Suprema Corte de la Nación, cuando dice el consejero jurídico; esto atenta contra la seguridad nacional. Eso ya está en la Constitución, y como ya está en la Constitución tenía que estar en la Ley General, pero eso que asusta a algunos a mí me entusiasma y yo hasta pagaría por ver.
Un debate público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde las partes actuantes sean el Poder Ejecutivo y este IFAI fortalecido, la verdad es que sería un gran acontecimiento. El debate público también es transparencia, y ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debata sobre la transparencia y haga visible esto, me parece que genera algo fundamental que es cultura.
La transparencia también es cultura y un debate en la Suprema Corte en mi opinión sería de gran lección, sería histórico un debate de esta manera. Y si el consejero jurídico dice; no des esa información porque atenta la seguridad nacional, lo que haría es darle relevancia, porque toda la sociedad y la opinión pública voltearían a ver qué es lo que quieren ocultar, por qué, y se generaría un debate público de grandes dimensiones.
Ojalá se diera alguna vez. Yo la verdad es que dudo que este acontecimiento suceda, me voy a quedar con las ganas muy posiblemente, pero esa posibilidad la verdad es que yo pagaría por ver ese debate sobre la transparencia en el máximo órgano de justicia entre el Poder Ejecutivo y el IFAI. No sería el ciudadano, sería el IFAI, este IFAI fortalecido que tiene que dar resultados.
Estas son las reservas. Uno para agregar grupos parlamentarios y otro para quitar eso que llamo el vergonzoso transitorio de la confesión de parte. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputado Belaunzarán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Belaunzarán al artículo 23 y al artículo XIII transitorio.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desechan las reservas, diputado Belaunzarán. Tiene el uso de la voz para presentar dos reservas, uno al artículo 23 y la otra al artículo 43, en la que se propone suprimir el párrafo quinto y modificar el párrafo sexto, por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de agrupación Morena. Tiene usted el uso de la voz, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, tenía razón Lilia, lo que natura no da, verba no resuelve, o como dicen en mi tierra: qué bruto el animal.
Miren, la reserva pretende ampliar la capacidad para determinar a los sujetos obligados en función de uso, aprovechamiento, explotación de bienes y servicios públicos bajo cualquier modalidad.
No somos ingenuos, sabemos que un gobierno que soporta su operación en la corrupción utiliza la administración para encubrir el robo, el desvío de los recursos públicos: Monex, Soriana, Higa, Teya, serán las marcas de este régimen.
El artículo 23 que se reserva determina quiénes son los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información. Los que serán responsables del cumplimiento de las obligaciones y procedimientos que establece esta ley general y en su momento la ley federal y las leyes de las entidades de la federación.
La ley que se propone determina condiciones generales para justificar la clasificación de la información con el carácter de reservada. Para combatir esta clasificación es necesario agotar una serie de procedimientos administrativos y en su caso procesos judiciales, para determinar la responsabilidad de quien en forma artificial clasifica la información como reservada para impedir su acceso. No existe un sistema claro de responsabilidad y de sanciones.
Ante la corrupción y la opacidad que existe en el proceso de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, y podría ser de la Comisión Federal de Electricidad, se clasifican como información reservada los contratos que se celebran con las empresas que asumen funciones de exploración y explotación de petróleo, como sancionar al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos si éste es quien aprueba a su auditor interno.
Aunado a ello, existen problemas de competencia para que el órgano garante federal pueda determinar y aplicar medidas de apremio y sanciones, en su caso. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la clasificación y reserva indebida de la información, para efecto de hacerla inaccesible a los ciudadanos.
Es esta inoperancia de la garantía de acceso a la información pública la que anula su denominada revolución en trasparencia. Es la inoperancia, ineficiencia para sancionar a los servidores públicos de órganos colegiados que definen y deciden cuestiones con enorme carga económica, en la que prevalece el interés de los poderes fácticos.
Diputados, diputadas, no existe tal revolución en la transparencia al hacer inaccesible el derecho a la información a través de procedimientos sencillos para el ciudadano, quedando la carga procesal y de pruebas para el ciudadano que no esté conforme con la clasificación de información pública reservada, con la motivación de ser información de interés público o de seguridad nacional.
Esta ley revolucionaria deja intocada la práctica de opacidad y corrupción en la manipulación de información pública. Por ejemplo, el contrato del Hangar Presidencial cuya información ha sido reservada por 12 años, aunque aquí vinieron a decir los del Instituto de Información Pública que ya estaban autorizando que se abriera, se pretende justificar que de otorgarse dicha información, dicen: pone en riesgo la vida del presidente por posibles actos de sabotaje, grupos delictivos y terroristas. Esto es lo que afirmó el documento suscrito por Mario Alberto Morales, gerente de Proyectos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Otros ejemplos, los contratos del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, el Acueducto Monterrey VI; la ampliación de los carriles de la autopista Guadalajara-Colima, los reservaron por 25 años bajo el esquema de asociaciones público-privadas.
Todos los contratos citados han sido otorgados al empresario favorito del presidente Enrique Peña Nieto, su amigo, compadre, prestanombres, como le quieran llamar, Juan Armando Hinojosa Cantú.
La ley que ustedes presumen no establece procedimientos para ser exigible y sancionar el abuso del denominado interés público o seguridad nacional.
Cuidar y encubrir el conflicto de intereses y la corrupción bajo la perspectiva presidencial y del pacto contra México son motivo de interés público, debido a que se daña la imagen presidencial, a la cual sí ha hecho juego el Consejo General del INE al retirar el spot que daña la imagen presidencial, o bien, son causas de seguridad nacional al acreditar la corrupción, culmino presidente, en el sistema político mexicano.
Sí, ha de ser mucha seguridad nacional quitar un spot para que no se ande diciendo que el presidente se llevó 200 invitados en su avión, ese avión que costó 7 mil millones de pesos y que para la operación son otros 3 mil millones de pesos y su comitiva de 200 para ir a entregarle y regalarle el petróleo a los inversionistas extranjeros ingleses. Eso sí, con una cena de la cual el pueblo se burla porque le dijeron, pues nada más vas a entregar el petróleo. Y la lo vimos en la carroza y bueno, no sabemos quién llevó los caballos y los burros. Mucho gusto.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Manuel Huerta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desechan. Tiene el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar dos reservas, una al artículo 23 y la otra al artículo 24, fracción II. Adelante, señor diputado.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la transparencia y el acceso a la información son dos pilares inalienables de todo régimen democrático en México, el parte aguas en torno al acceso a la información pública se dio con la reforma constitucional de 1977, estableciéndose por vez primera este derecho. Sin embargo, fue hasta el año 2002 cuando se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con ello se creó al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un organismo autónomo encargado de garantizar a todas las personas el acceso a la información pública y la protección de sus datos personales.
Por tal razón, es de suma importancia que en la nueva ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, no solo se obligue a transparentar los recursos públicos a los funcionarios sino además se debe ir más allá, en ese tenor es que también deben ser sujetos obligados, todos aquellos particulares con derecho de uso y aprovechamiento sobre algún bien o recurso de la nación.
Por tal razón, la presente reserva consiste en establecer en el artículo 23 del dictamen en comento, que serán sujetos obligados de transparentar y permitir el acceso a su información, los particulares con derechos de uso y aprovechamiento sobre algún bien o recurso de la nación.
La presente reserva es de suma importancia para fortalecer la vida democrática del país, pues como sabemos México es rico en una gran cantidad de recursos naturales, ya sea de minería, hidrocarburos, espectro radioeléctrico, en los cuales se deja un sinfín de antinomias cuando son explotados por particulares. Esto es grave, pues dichos recursos a pesar de que sean concesionados, son inalienables a la nación.
Es decir, a la soberanía popular. En ese tenor la sociedad mexicana debe también conocer en cualquier momento todo lo relacionado con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares en materia de algún bien o recurso público.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente reforma que tiende a modificar el artículo 23 de este dictamen, incorporándole en su parte final, el texto siguiente: Así como los particulares con derechos de uso y aprovechamiento sobre algún bien o recurso de la nación.
Por lo que respecta a la reserva al artículo 24 relativo a las obligaciones de los sujetos obligados, en su fracción II, señala expresamente designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular, del sujeto obligado y dice: Y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia.
Considero que se deben buscar los perfiles que cuenten con experiencia no con el término preferentemente, para asegurar la eficiencia en la instrumentación de la ley. Tenemos que exigir a los titulares de las unidades de transparencia que cuenten con experiencia en la materia desterrando las designaciones como consecuencia que se dan por compadrazgos, improvisaciones, recomendados y amigos.
Por lo anterior, la propuesta es que se modifique el artículo 24 en su facción II eliminando el concepto preferentemente y establezca que los titulares de las unidades de transparencia deberán necesariamente contar con experiencia en la materia. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Coronato. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Coronato al artículo 23 y al artículo 24, fracción II.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desechan las reservas. Tiene el uso de la tribuna para presentar dos reservas el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Agrupación Morena. Éstas serán al artículo 41, fracciones VI y VII y al artículo 42, fracción XV. Tiene el uso de la palabra, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Pretendemos discutir una ley a modo. Una ley de acuerdo a las necesidades que exige un gobierno corrupto que pretende limpiar una imagen en el contexto internacional que no salva la exhibición de una administración pública y un sistema de partidos, que hacen el juego a la corrupción.
Esta guerra artificial de denuncia de actos de corrupción a través de pautas electorales, que por cierto ofenden el sentido común de los ciudadanos y que en estos días han presentado el PRI y el PAN, muestran el grado de descomposición y corrupción nacional.
Unos mostrando relojes de 1, 2, 3 y hasta 6 millones de pesos; viajes multitudinarios en cumplimiento de una fantasía de convivencia real en donde privaron anécdotas de la frivolidad; otros mostrando lo que conceptualmente se ha denominado la cultura de consumo de los virreyes, que puntual y fantásticamente describe Ricardo Rafael en su libro Virreinato, en el que aborda casos de los hijos de los políticos o empresarios cuyas 3 mil familias tienen ingresos de 84 mil pesos diarios contra los 21 pesos que perciben diariamente más de 3 millones y medio de familias más pobres en el país.
Virreinato al que aspiran muchos de ustedes, por ello su juego en esta farsa revolucionaria en materia de transparencia.
No sean demagogos, descúbranse y declárense como aspirantes al virreinato; su bono y retiro como diputados no les alcanzará. Aún les falta más corrupción.
La reserva al artículo 41 y 42 que se presenta, toda vez que su contenido violenta la autonomía que la Constitución otorga a los órganos garantes federal y de las entidades de la Federación, ustedes son parte de la farsa de la autonomía simulada al jugar con cuotas partidarias para la integración de los órganos colegiados que dirigen a los órganos garantes de la información pública.
Ustedes los han corrompido y han limitado sus atribuciones al pretender que la obligación para garantizar la constitucionalidad de leyes y actos en materia de información se sujeta a la votación mayoritaria de sus integrantes.
No se puede exigir a un órgano autónomo, castrado, que garantice el derecho a la información cuando no se respeta su autonomía, toda vez que el proceso de integración del órgano titular, permite la intromisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Se subordinan sus integrantes a las cuotas partidistas y sus decisiones tienen que pasar por la autorización de los afectados.
La autonomía de un órgano constitucional existe cuando en el ejercicio de sus funciones, cuenta con facultades y atribuciones que hacen efectivas sus resoluciones; cuentan con instrumentos y capacidades para sancionar y exigir la observación de la ley.
Aunado a ello existen garantías de no intromisión de otros órganos de gobierno o de poderes fácticos. Sí, esos que tanto anunciaban en el pacto contra México cuando arrancaron, no hombre, vamos a acabar con los poderes fácticos y va a ver Televisa y va a ver el señor Slim y van a ver todos los poderes fácticos cómo los vamos a calmar, a parar, van a ver esto, ésta era la bandera del Pacto por México, que obviamente no está moribundo, está más vivo, acaban de cenar antenoche ahí, como ya se ha dicho muchas veces aquí.
Ese pacto contra México está más vivo que nunca, y es lo que está de fondo en estas reformas que ustedes hoy están aquí avalando. Eso es lo que está de fondo, ese pacto contra México, que viene a jugar con la demagogia legislativa de ustedes, ¿para qué? Para decir no, hombre, sí cómo combatimos la corrupción. No, hombre, cómo es transparente este país, cómo van a ver estas reformas, la reforma estructural de la reformas estructurales, puro rollo, como dicen los chavos.
En el caso de la ley que nos ocupa, nada de lo anterior sucede ni sucederá. El supuesto órgano garante federal se subordina al poder. No puede ni hará viables los derechos ciudadanos. Así, diputados, que para qué le hacen tanto cuento, mejor traten de cerrar con dignidad el telón de esta farsa legislativa. Hasta la próxima.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica, si se admiten las reservas presentadas por el diputado Huerta al artículo 41 y 42.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desecha en consecuencia. Tiene el uso de la tribuna el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar reserva al artículo 71, párrafo primero, fracción I.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Compañeras, compañeros diputados, voy a ser muy concreto en esta reserva.
En términos generales a nosotros, el artículo 71 nos parece un avance significativo, establece una serie de obligaciones a las cuales están sujetos –valga la redundancia– a los entes obligados, pero nos parece que es impreciso en relación a las autoridades del Distrito Federal.
Dice el artículo 71: Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivo federal de las entidades federativas y municipales deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información.
Es decir, no se considera ahí a las autoridades delegacionales del Distrito Federal que no son en estricto derecho autoridades municipales. Entonces, por eso nosotros estamos proponiendo en esta parte una reserva que diga: los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos federal de las entidades federativas, los órganos político-administrativos del Distrito Federal, y municipales.
Y, por otro lado, en la fracción I de este mismo artículo 71 se establece que: En el caso del Poder Ejecutivo federal, los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios. Aquí ya se engloba, se hace un señalamiento específico en torno a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, pero no en torno a las delegaciones del Distrito Federal.
Entonces, por eso en la fracción I nosotros estamos proponiendo también una reserva que diga: En el caso del Poder Ejecutivo federal, los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios, y órganos político-administrativos del Distrito Federal.
Creo que se trata de que esta Ley General de Transparencia abarque lo más posible, que no se generen lagunas, que no demos paso a la interpretación. Y me parece que sería muy grave dejar de señalar, de hacer un mandato específico en torno a las jefaturas delegacionales del Distrito Federal, máxime que son entes que manejan recursos públicos importantes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desecha la reserva. Tiene el uso de la voz el diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, quien presentará dos reservas: una al artículo 79, párrafo primero, fracción IV; y al décimo tercer transitorio. Tiene el uso de la voz, señor diputado. Perdón, el diputado me está pidiendo rectificar y va a presentar la reserva solamente al artículo 79. Adelante, diputado.
El diputado Danner González Rodríguez: Gracias, presidente. Esta es la asamblea de las mayorías por la negativa. El PRI y el PAN funcionan como aplanadoras mecánicas, quieren transparencia pero la quieren a modo, en los términos que ellos la presentaron. Miren, ya hasta pienso que la verdadera oposición son ustedes, se oponen sistemáticamente a todo lo que necesita este país para su transformación.
En Movimiento Ciudadano vemos con buenos ojos que haya avances en transparencia y rendición de cuentas, porque ello implica empoderar a los ciudadanos. Qué bueno que se obligue a los sindicatos a transparentar el uso y destino de los recursos, la actuación de los sindicatos se ha desviado de su objetivo original de defender a los trabajadores.
Un claro ejemplo de ello están en Pemex, la gallina de los huevos de oro no sólo está en focos rojos, está en quiebra. A la deuda de más de un billón, 143 mil millones de pesos se le aumenta el manejo oscuro de los Pidiregas, la falta de infraestructura e integración de la empresa y se le tiene que sumar la corrupción en los contratos de obras y proyectos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado, como el caso Ogarrio Sánchez o en el de la terminal marítima Dos Bocas.
Esta corrupción se traslada también al ámbito del sindicato, no queremos transparencia a medias, no se puede ser medio transparentes y menos tratándose del patrimonio de los mexicanos. Hay que decir las cosas con todas sus letras, poco se sabe de la utilización de los millonarios recursos que van destinados al gremio petrolero vía gasto corriente para pagar estratosféricos salarios de su burocracia dorada.
Pemex y su sindicato deben transparentar sus recursos, de lo contrario lo único que se logrará en esta ley es que sea materia de spots y pregones de las fuerzas que están muy interesadas en publicitar avances en trasparencia, combate a la corrupción, pero que a la hora de exigirle a sus sindicatos, a sus dirigentes, a sus gobernadores cuentas, pactan entre ellos y luego juntos se hacen como que la virgen les habla.
En fin, por eso es de gran importancia este artículo 79. Es necesario mejorarlo y complementarlo, porque excluye de la transparencia y rendición de cuentas el financiamiento que proviene del sector privado y que pudiera ir destinado a los sindicatos.
Por eso propongo que en el primer párrafo sea incluido el financiamiento privado y paraestatal, para que de esta manera los sindicatos queden obligados a transparentar los recursos, porque lo han dicho hasta la saciedad, que no rinden cuentas de las transferencias de la paraestatal porque son recursos de los trabajadores.
Por otro lado, propongo una modificación a la fracción IV de mera técnica legislativa. Me parece que es redundante incluir en esta fracción la palabra públicos, ya que los recursos públicos están incluidos en el supuesto del primer párrafo. Por ende, propongo eliminar también dicha palabra. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desechan en consecuencia. Tiene el uso de la voz el diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar dos reservas, una al artículo 83, párrafo primero y la segunda al artículo 209, párrafo segundo. Tiene el uso de la voz, señor diputado. Adelante, diputado.
El diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez: Con su venia, señor presidente. El diseño constitucional que se aprobó en materia de transparencia tuvo como uno de sus principales ejes articuladores la generación de un espacio de competencias concurrentes en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en el que confluyen tanto la esfera de temas que se mantienen vigentes de orden federal, como los temas que se integraron de la esfera local entre el IFAI y los órganos garantes locales dentro del instrumento normativo que se desarrolla en la ley general en materia del presente decreto, que preserva la vigencia de la ley federal y de las correspondientes leyes locales de las entidades federativas, mismas que deberán actualizarse conforme al texto del presente decreto.
Conforme a todo este nuevo marco jurídico y a la propuesta del presente decreto por el que se expide la ley general en la materia, se pretende establecer las bases de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un conjunto orgánico que coordinará y evaluará las acciones relativas a la política transversal en la materia.
Cabe señalar, que este sistema conserva una importante articulación, vinculación y correspondencia normativa con el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado por un amplio consenso por la Cámara de Diputados, por lo que hace indispensable la existencia de ambos, para que se constituyan como los pilares básicos de la política pública en materia de respeto de esos derechos fundamentales y del combate a la corrupción.
De ahí, la importancia de que ambos se aprueben por ambas Cámaras durante el presente periodo legislativo. Se dispone la creación de una plataforma nacional de transparencia, que contendrá la información debidamente organizada sobre los procesos de toma de decisión de los sujetos obligados, las solicitudes de acceso a la información, los procedimientos y medios de impugnación, así como las obligaciones de transparencia de los órganos garantes.
Se definen con mayor precisión las obligaciones de los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.
Cabe destacar, que los sujetos obligados deberán documentar todos sus actos, tratándose del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, por lo que no podrá darse un solo acto de autoridad sin que esté debidamente fundamentado, motivado y documentado, reduciendo con ello los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, con lo que se hace indispensable la elaboración de una nueva Ley General de Archivos.
En este sentido, siendo sumamente delicado todo lo que se relaciona al sector energético, después de que el gobierno y sus aliados el PRI y el PAN, optaron por abrirlo a la inversión extranjera, creo pertinente hacer una adición al artículo 83, para que no quepa duda en relación a los contratos celebrados, incluyendo en la redacción los contratos con la especificación de cual sea su modalidad e incluyendo también en esta redacción a los convenios y las autorizaciones.
En congruencia con esta propuesta, es de enfatizar ya en el presente dictamen se definen unas series de obligaciones específicas en materia de energía, estableciendo que se deberá garantizar la máxima publicidad en los contratos, asignaciones, permisos, alianzas estratégicas y comerciales y demás actos que el Estado, como las empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales lleven a cabo.
En este orden de ideas, también estoy presentando una reserva al artículo 209, para esclarecer que ante probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos agreguemos en la redacción los mandatos y contratos análogos, para evitar maniobras en el cumplimiento de estas normas. Es cuanto.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Pereyra Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Pereyra al artículo 83, párrafo primero y al artículo 209, párrafo segundo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desechan, en consecuencia, las reservas. Tiene el uso de la voz para presentar reserva al artículo 115, fracción II, la diputada Adriana Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Hasta por tres minutos.
La diputada Adriana Soto Martínez: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.
La diputada Adriana Soto Martínez: Compañeras y compañeros diputados. La presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo consagra en el artículo 20, apartado B, fracción I. Respeto a este principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sendos criterios jurisprudenciales que lo hacen aplicable a todas las materias jurídicas en las que existan procedimientos sancionadores sea en materia administrativa o penal.
En relación a este principio, la ministra Olga Sánchez Cordero, señala reconocer inocente a un hombre durante la secuencia del procedimiento y luego de ser procesado y sentenciado darle la oportunidad de alegar en su defensa circunstancias ineludibles que demuestran su no culpabilidad.
Son garantías de seguridad jurídica que le permiten a quien realmente es inocente en un procedimiento de orden criminal, demostrarlo no solo durante la secuencia del juicio sino durante el cual se presume inocente hasta su terminación, sino con posterioridad a él, cuando ya ha sido declarado culpable siempre que ocurran las circunstancias previstas en la ley.
Asimismo, el tema de presunción de inocencia ha sido ampliamente discutido e investigado por esta Honorable Cámara de Diputados, por lo cual resulta extraño que se permita que el proyecto de decreto sustente una clara violación al derecho fundamental de presunción de inocencia.
En primer término el proyecto del dictamen en su artículo 115, fracción II, señala: no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, lo cual significa que en actos de corrupción no aplica la reserva y en una interpretación a contrario se podrá dar el acceso a la información siempre que se cumplan los dos requisitos establecidos, que se trate de información relacionada con actos de corrupción y que esté de acuerdo con las leyes aplicables.
Lo anterior permite que los ciudadanos tengan acceso a la información en cualquier momento siempre que se cumpla con los dos requisitos de esta ley general señalada. Es decir, no es necesario que se concluya el procedimiento sancionador por actos de corrupción. Para que se pueda acceder a la información basta que esté relacionada con actos de corrupción para acceder a la información, lo que vulnera el derecho humano de presunción de inocencia.
En efecto, por lo cual la gravedad consiste en que como la ley general no regula el acceso a la información no es clara y precisa en su redacción y sólo establece que esté relacionada con actos de corrupción para no hacer aplicable la reserva de información, lo cual establecerá una lengua jurídica que las entidades federativas en este momento realizan sus respectivas leyes. Se aplicará la ambigüedad, por lo que se corre el riesgo que se cometan violaciones a los derechos humanos y principalmente el de presunción de inocencia.
Compañeras diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano comprende la urgente necesidad de luchar con toda la fuerza del Estado mexicano en contra de los actos de corrupción que laceran, corrompen y pervierten a nuestra sociedad, pero no podemos permitir que sea con actos arbitrarios.
Quedaría de la siguiente forma: No podrá involucrarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción y el procedimiento sancionador haya causado estado en términos de las leyes aplicables.
Con la presente redacción se eliminará la ambigüedad y se respetará el derecho fundamental de presunción de inocencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Soto Martínez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desecha la reserva. Tiene el uso de la tribuna el diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al artículo décimo tercero transitorio.
El diputado Danner González Rodríguez: Con su permiso, presidente. Ojalá que el Canal del Congreso tomara la aridez de este recinto, para que los ciudadanos vean cuánto les interesa a los diputados la transparencia. Este pleno –presidente– es ya como en la Muerte sin fin, de Gorostiza, La soledad en llamas. El buen juez por su casa empieza. Combatir la opacidad en el manejo de los recursos públicos es una obligación de todos los poderes y una exigencia de los ciudadanos.
Cómo es posible que el Congreso de la Unión apruebe una ley en materia de transparencia y sus cámaras sean las primeras en violentar el espíritu de dicha ley al actuar con reserva en el manejo de los recursos de los grupos parlamentarios.
Quisiera descubrir los entre fijos de las leyes, que vea a los transitorios. El proyecto de decreto en el segundo párrafo del transitorio décimo tercero, señala que las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión, se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa. Con ese transitorio se nos da el remedio pero falta el trapito.
Para respetar los principios de transparencia, lo correcto es que toda la reestructuración y programación administrativa, así como la presupuestal, se haga antes de que finalice el periodo ordinario.
Lo anterior con el objetivo de otorgar legalidad y certeza a los presupuestos de Egresos e Ingresos relativos a las prestaciones, apoyos y recursos que se programen para los diputados y senadores.
Debemos acotar –y ésta es mi propuesta– reducir el término para que las cámaras integrantes del Poder Legislativo realicen las acciones necesarias.
Propongo que en lugar del 30 de agosto, sea el 30 de abril. Miren qué cosas, en la minuta que nos envía el Senado, los senadores dijeron “seamos transparentes, pero dennos cuatro meses de gracia para barrer la casa”.
Este artículo transitorio en sus términos lo único que hace es dar tiempo a los grupos parlamentarios para que cuadren sus cuentas. Eso –señoras y señores diputados– es una burla a la inteligencia de los mexicanos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Danner.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se desecha en consecuencia. Tiene el uso de la voz para presentar cinco reservas el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Agrupación Morena, a los artículos 83, párrafo segundo; 113, que suprime la fracción VIII; el artículo 192; el quinto transitorio y el décimo tercero transitorio. Tiene usted, hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Lo único que es transparente es cómo a estos diputados del PRI le surge irse a sus casas. Miren, siguiendo este debate que pretende desenmascarar esta farsa legislativa. Esta ley no expresa la necesidad de transparencia que exige la sociedad civil. Han cortado a la medida sus exigencias para legitimar la imposición. Al tiempo y al criterio y evaluación de la sociedad civil, van a ver.
Quiero, en mis reservas, regresar al 43 de esta ley, que se propone, donde señalan a los órganos de gobierno e instancias administrativas que no están sujetos a la autoridad de los comités de transparencia, como el Cisen, el Centro Nacional de Planeación, Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro Nacional de Protección a Personas, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o bien, las unidades administrativas que los sustituyen.
Entidades responsables de información sensible en materia de derechos humanos, como ya aquí lo expresó la diputada Loretta Ahlf. Veamos el nivel de la farsa, que ya lo dijo Loretta, pero hay que dejarlo ahorita que está feneciendo este debate en esta tribuna. El artículo 5 determina que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Mentira. El Estado es el principal interesado en encubrir o negar la información relacionada con la violación grave de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
¿Qué lograron las comisiones o grupos de trabajo vinculados con Ayotzinapa y Tlatlaya? ¿Qué se ha logrado con la información de la desaparición forzada de miles de ciudadanos y ciudadanas, de niños y niñas, que han quedado sin investigarse?
¿Dónde están los responsables de miles de víctimas colaterales, como les llaman? ¿Dónde queda Villas de Salvárcar, los miles de migrantes asesinados o desaparecidos? ¿Ya se les olvidó San Fernando, la impunidad, el encubrimiento y la complicidad con la delincuencia organizada? El, ya me cansé sin sanción alguna.
Esto le acredita a cada uno de ustedes la inoperancia e ineficiencia de la supuesta ley revolucionaria que aprobaran sin lugar a dudas, así nada más cuando les digan a votar y todos así con su dedito digital estarán aprobando esta farsa legislativa.
Ante la inseguridad y el dolor de miles de mexicanos y de mexicanas, de los miles de huérfanos y huérfanas, de las viudas y familiares que lloran pos sus muertos, dejamos esta farsa legislativa.
Seguros de que los ciudadanos no seguirán tolerando a los virreyes y sus progenitores. La decisión la tendrá el pueblo de México más temprano que tarde, de eso no nos queda la menor duda. Y, como dicen en mi tierra en materia de transparencia, mientras más obscuro está es seña de que pronto va a amanecer a pesar y en contra de ustedes. Buenas tardes.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: para concluir, se le va a conceder el uso de la tribuna al diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para referirse al artículo 104, fracciones I y II, así como al Décimo Tercero Transitorio. Adelante, diputado. Tiene usted el uso de la tribuna.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Señor presidente, quiero cerrar con una nota alegre. La nota alegre es que tenemos un gran avance legislativo a pesar de lo que algunas personas aquí dicen, con esta Ley de Transparencia, y este avance legislativo tiene una serie de caminos a seguir todavía, uno de ello es su debida implementación y precisamente para que esta reforma quede debidamente implementada es por la que presento dos reservas, la primera tiene que ver con la debida implementación de una posible interpretación de los conceptos esotéricos, a veces les he llamado, del interés público, y también del de seguridad nacional. Ése es un poquito menos esotérico, pero el interés público es definitivamente muy abierto.
Me voy a explicar. El artículo 113 tiene una descripción detallada de lo que se interpreta para los efectos de esta ley, como afectaciones que puedan poner en peligro el interés público o la seguridad nacional y acota perfectamente bien siguiendo el precepto constitucional, cuáles son esos casos en donde la transparencia se tiene que acotar por esos casos específicos.
El propio ordenamiento señala que para los efectos que un órgano, uno de los órganos garantes se niegue a entregar esta información tiene que basarse en el artículo 113 a través de un procedimiento que se llama la prueba del daño, que es regulada por el artículo 104.
El artículo 104 señala que en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar, y vienen dos fracciones, la primera y la segunda, que dicen que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
Si lo dejamos ahí como viene en la minuta con un punto puede quedar esto totalmente abierto a interpretación. Lo que quiero simple y sencillamente es vincularlo con los extremos precisos y constitucionales que señala el artículo 113, agregándole: en los términos del artículo 113 de esta ley.
La fracción II tiene una secuencia similar, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general que se difunda. Igualmente se le agregaría: únicamente en los términos señalados en el artículo 113 de esta ley.
Para concluir, compañeras y compañeros, me remito al artículo XIII transitorio. El artículo XIII transitorio es una situación de excepción que me llamó a mí mucho la atención, ¿por qué tenemos que poner excepciones para nosotros mismos respecto de lo que se tiene que hacer para transparentar?
Bueno, pues si se está enviando un mandato específico al Congreso de la Unión que para efecto del cumplimiento a estas obligaciones genéricas de transparentar hay que hacer una serie de situaciones, como la reorganización administrativa, con una serie de lineamientos, etcétera, ¿por qué entonces decir al final que las obligaciones genéricas y específicas que correspondan a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas? Es decir, entran en vigor conforme se vayan implementando los programas de reorganización administrativa. Esto no tiene caso de que hagamos una excepción con nosotros mismos, compañeras y compañeros.
Si le eliminamos esa última frase a este artículo XIII estamos mandando una señal de lo que debemos de hacer para cumplir, pero no la estamos acotando de que no vamos a cumplirla hasta que no hagamos ese tipo de actividades, que eso atentaría –creo yo– contra la generalidad que debe de aplicarse en toda ley, ya que toda la administración pública federal, la estatal, la municipal, los tres Poderes de la Unión, salvo nosotros, tendríamos esa excepción. No lo considero adecuado, compañeras y compañeros.
Insto a mis compañeros del PRI que lo tomen muy en cuenta para los efectos correspondientes. En el caso de que no sea posible por el tiempo y los compromisos hacia la Cámara de Senadores, presentaremos las reformas correspondientes para que procesen adecuadamente.
Yo estoy seguro que ustedes estarían de acuerdo en eso, por lo pronto hago yo esta moción para que se acepten, atentamente, estas reformas. Pero concluyendo, es una gran reforma que da un paso adelante, es una de las reformas estructurales de las reformas estructurales de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se desecha.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Una vez que se ha agotado la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, referentes al artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 38, 41, 42, 43, 50, 57, 65, 70, 71, 72, 79, 83, 100, 104, 113, 115, 151, 192, 209, y referente a los artículos transitorios quinto y décimo tercero.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 41, 42, 43, 50, 57, 65, 70, 71, 72, 79, 83, 100, 104, 113, 115, 151, 192, 209, los transitorios quinto y décimo tercero, en sus términos del dictamen. Corregimos, artículo 38, no 28.
(Votación)
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Cierre el sistema.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, se pregunta a los diputados. Por favor.
El diputado Roberto Jiménez del Ángel (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Carlos Velasco Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada María Ruiz Fraga (desde la curul): A favor.
El diputado Alfonso Godínez Mendiola (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Señor presidente, se emitieron 264 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada secretaria. En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 264 votos a favor el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el que comunica la designación de la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se recibió solicitud de licencia del diputado Mario Guillén Guillén. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo
Primero. Se comunican los cambios de representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a petición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Uno. Baja diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda; alta diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez como consejero titular.
Baja diputado Mauricio Sahui Rivero; alta diputado José Enrique Doger Guerrero, cargo: consejero suplente.
Baja diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, alta diputado José Luis Cruz Flores Gómez, cargo: consejero suplente.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado, comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de juntas directivas e integrantes de diversas comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobadas, comuníquense.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (16:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 21 de abril a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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