Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de señoras diputadas y señores diputados.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 257 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (11:26 horas): Gracias, secretaria. Se abre la sesión.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Huerta que nos coloquemos. Dígame usted entonces desde su curul.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias presidente. Es que antes de votar del orden del día, nuestro grupo parlamentario está preocupado al leer rápidamente, y por los informes que nos dio la diputada Loretta, sobre el informe de Tlatlaya, que hoy se va a remitir la comunicación.
Insistimos ayer en la Junta de Coordinación Política, porque aunado al asunto de Apatzingán que dieron a conocer los medios de comunicación, estamos hablando sin duda de crímenes de lesa humanidad y, obviamente esta Cámara no puede ser frívola en estos asuntos.
Reconozco que el informe de la comisión es muy profesional, es muy fuerte, por lo tanto no puede dejarse discutir hoy en el orden del día ése informe. Le estoy solicitando que se abra en el orden del día la posibilidad de que los grupos parlamentarios fijen una opinión en torno a esto que por desgracia ocurre en el país.
Culmino diciendo que aunque en el último resolutivo del informe se propone a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva la integración de libros blancos para la ruta de elaboración de lo que pueden ser propuestas, análisis y demás, no podemos dejar en la sesión del día de hoy de tocar este tema. El Morena concretamente está proponiendo una fiscalía para juzgar a los criminales de lesa humanidad y evidentemente una comisión de la verdad que se haga cargo de investigar lo que realmente ha pasado tanto en Tlatlaya como en Apatzingán. No nos pueden negar hoy que debatamos ese tema, presidente, es nuestra solicitud.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, señor diputado. En principio debo señalarle a usted que todavía no hemos abordado este informa que está incluido en el orden del día, que reglamentariamente lo que corresponde es de enterada la asamblea y ése sería el despacho que esta Presidencia en funciones ordene.
Y, por otra parte, diputado Huerta, es como corresponde al derecho de quienes forman parte de la Junta de Coordinación Política plantearlo para eventualmente traerlo a la discusión a este pleno, así que estaremos atentos a ello.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Graciela Saldaña, dígame con qué objeto.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Gracias, señor presidente. Seré breve. Es con respecto a una petición de una movilización que se hizo en Cancún, Quintana Roo, en donde hubo una marcha de cientos de familias, en donde están reclamando un asunto delicado y que precisamente en el marco de los 45 años de fundada esta ciudad también ya se está dando en esta ciudad del estado un feminicidio con respecto a una niña, María Fernanda, una adolescente de 13 años, que fue abusada sexualmente y después asesinada por este agresor, donde le dio varias puñaladas.
Me voy a la petición, en donde hace toda esta comunidad un enérgico reclamo a toda esta política, que urge, y que es en cuanto se exige que todos los Hospitales Generales del estado de Quintana Roo tengan unidad de atención a la violencia de las mujeres, que la PGJ mejore las Unidades de Atención a las Mujeres Víctimas de Violación Sexual, que se edifique el Centro Integral de Atención de Violencia contra las Mujeres, que el Tribunal de Justicia garantice la impartición de justicia con enfoque de género y que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo capacite a su personal en derechos humanos a las mujeres. Son las peticiones.
Pero quisiera hacer énfasis a que se llegue al esclarecimiento de este asesinato y además donde pedimos que haya una política urgente nacional en materia de equidad o de igualdad de género, pero sobre todo en el tema de feminicidios, señor presidente, dado que también en esta Cámara se ha pedido por parte de mis compañeras de partido y de otros partidos, principalmente en el estado de México, Quintana Roo ya coloca el número 13 y el estado de México el primero.
En otro tema, rápidamente. El jaguar es otra especie que se encuentra en peligro y en riesgo, por lo que hago manifiesto que en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra un punto de acuerdo pendiente de dictaminar desde el 12 de febrero de este año, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal que a través de la Profepa, de la Semarnat y de la PGR realice diversas acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción y vista la importancia de coadyuvar y exigir a las autoridades acciones efectivas, es que hago un atento exhorto a efecto de que se dictamine a la brevedad.
Por último, señor presidente. El pasado 15 de diciembre de 2014 presentamos varios diputados de izquierda, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Luisa María Alcalde Luján, Martha Beatriz Córdova Bernal, iniciativa por la que se expide la Ley para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, misma que fue turnada para su dictaminación a las Comisiones de Energía, y Presupuesto y Cuenta Pública.
Al día de hoy –concluyo, compañeras y compañeros–...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, por favor, compañera secretaria Graciela Saldaña.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Sí, concluyo, señor presidente. Al día de hoy estas Comisiones no han emitido dictamen, precluyendo la facultad que tiene para hacerlo.
Le voy a entregar formalmente la petición por escrito, para que con fundamento en el numeral 1 del artículo 89, del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, emita declaratoria de publicidad y sea discutido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Graciela Saldaña, se incorpora lo que usted ha expresado al Diario de los Debates. Por lo que se refiere al último planteamiento, a la última petición para la dictaminación, le sugiero a usted de la manera más respetuosa la gestión correspondiente ante la Junta de Coordinación Política, a través de la representación de su grupo parlamentario, sin perjuicio de recibir y dar trámite a la petición por escrito. Diputada Loretta Ortiz, ¿con qué objeto?
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Presidente, es con relación al asunto del informe de la Comisión de Tlatlaya. Su servidora es integrante de dicha Comisión, además de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Ese informe fue adoptado por consenso y me llama la atención, o me llamaría la atención que no pudiéramos en su momento hacer uso de la tribuna para precisar algunas cuestiones de este informe fundamental. Fundamental porque está de por medio la comisión de un crimen de lesa humanidad.
Si en el caso del metro se les dio la participación y utilizaron la tribuna y que no son comparables los hechos que se realizaron en esta situación, me llamaría muchísimo la atención que para un crimen de lesa humanidad, donde hubo 22 ejecutados no tuviéramos uso de la tribuna. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Permítanme, por favor, señores diputados, diputadas. En principio, ha sido una práctica sensible de la Mesa Directiva escuchar y atender asuntos aún de manera informal, pero esta Presidencia en funciones no dará cabida a un debate no considerado así en el orden del día.
Adicionalmente, por lo que toca a este asunto relativo al informe del caso Tlatlaya, está contenido en el orden del día y en su momento se dará cuenta con él. No obliguen a esta Presidencia a que anticipemos el trámite, como está considerado. Por lo demás, les ruego su comprensión, a fin –ustedes mismos lo han planteado– de atender el orden del día con la prioridad que la propia asamblea reclama. Diputada Luisa María Alcalde Luján, por favor.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre el tema Apatzingán, la masacre... No puedo creer que griten así después de un tema tan terrorífico, como es el caso Apatzingán.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame. Permítanme que concluya, por favor, la diputada Luisa María Alcalde, inmediatamente les daré el uso de la voz.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Hoy surge una versión nueva donde testigos, personas que estuvieron presentes en los hechos, aseguran que fue la Policía Federal la que disparó, la que masacró a niños, a mujeres, a jóvenes ese día en Apatzingán. Es, me parece, evidente y muy importante que todo esto se aclare, tiene que salir el gobierno federal a decirnos exactamente qué pasó, porque si no es un caso más, como el caso Tlatlaya, como el caso Ayotzinapa, y verdaderamente la violencia que estamos viviendo todos los días y que se respira diariamente es impresionante.
No es un caso más, necesitamos considerarlo aquí, por eso les pedimos que abran un espacio en esta Cámara de Diputados, que muchas veces estamos discutiendo puras cosas superficiales, para que el entremos de fondo a los temas que le importan a la ciudadanía, que le preocupan, que le aterran a la ciudadanía.
Por eso les exigimos, por parte de Morena, que estos temas sean aclarados aquí y que le demos seguimiento a lo que tenga que decir el gobierno federal...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputada Luisa María Alcalde.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Se trata de una masacre, hay muertos, hay heridos, y eso se tiene que aclarar.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Manuel Añorve Baños, dígame, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Señor presidente, le queremos pedir, de manera muy atenta, que podamos continuar con el orden del día. O sea, no es posible que teniendo enlistados temas muy importantes, cada quien quiera poner sus temas de su agenda personal. Con todo respeto, quiero pedirle, a nombre de mi grupo parlamentario, continúe con el orden del día.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta, no le voy a otorgar el uso de la palabra, en virtud a que se le ha otorgado al inicio. Permítame usted, vamos a continuar con el orden del día.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta, tenga usted consideración, no solamente en el ejercicio de su derecho legítimo hacer uso de la palabra, sino el superior derecho de la asamblea a atender el orden del día y a las prioridades marcadas en el propio orden del día. Le ruego me disculpe para que podamos continuar. Es su derecho, cuando la Presidencia lo determine reglamentariamente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe, por favor, la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron los oficios: dos de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por los que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Protección Civil, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Protección Civil, presentada el 12 de febrero del año en curso.
Y para que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la iniciativa con proyector de decreto que reforma los artículos 9 y 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 12 de marzo del año en curso.
De la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada el 7 de octubre de 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, con el que informa la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese. Permítame, ciudadana secretaria. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, esta Presidencia, como lo hemos señalado, esta Presidencia en funciones y la Mesa Directiva ha sido más que sensible en permitir la apertura a la participación de manera informal.
Podemos reconocer no solo el derecho de usted para hablar sino de todas y de todos los legisladores. Le voy a dar el uso de la palabra, ponderando, permítame usted, ponderando la participación de los grupos parlamentarios. Diputada Aleida Alavez, dígame usted. Sonido en la curul de la diputada Aleida Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo que usted adelantó un trámite, que por eso nos alertó en el sentido de dar conocimiento de este informe que concluye los trabajos del grupo de trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, usted solo mencionó el trámite de conocimiento al pleno y enterado, eso es algo que no entra en la dinámica en la que han hecho del informe de las diferentes comisiones de trabajo o de investigación o especiales, que al concluir no solamente se da cuenta al pleno sino también se comunica a todos los Poderes. Más aún cuando en este caso estamos encontrando de la negativa del Ejecutivo federal y del Ejército a brindar la información necesaria para aclarar un crimen de lesa humanidad.
Por eso creo conveniente que se rectifique el trámite y que en su momento cuando en el orden del día se aborde se especifique que se va a comunicar al Ejecutivo, es muy delicado el tema y lamentablemente a pesar de que la mayoría lo quiera negar, a esto se suman hechos como el de Apatzingán, efectivamente. Y no podemos omitir que estamos nosotros requiriendo...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Aleida Alavez...
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Permítame terminar, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya entonces. Concluya.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Sí, pues es que les estoy diciendo que es un trámite que están abordando en la Mesa Directiva de manera incorrecta, ya que cuando se trata de un informe conclusivo se comunica a todos los Poderes, no solamente se queda en el seno del pleno de la Cámara de Diputados, por eso le exijo corrija este informe de un crimen de lesa humanidad.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Usted lo ha señalado, el asunto no ha sido abordado en el orden del día y en todo caso lo publicado en la Gaceta Parlamentaria que es del conocimiento de la asamblea, de no satisfacer su pretensión le sugiero también de manrea comedida, haga el planteamiento correspondiente ante la Mesa Directiva.
El diputado Gaudencio Hernández Burgos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Gaudencio Hernández Burgos.
El diputado Gaudencio Hernández Burgos (desde la curul): Solo para pedir, presidente, que se continúe con el orden del día por respeto a todos los diputados, por favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo registramos, diputado.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Cárdenas Guizar, por favor, adelante.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar (desde la curul): Gracias, presidente. Yo quiero ser muy breve, presidente, y quisiera a nombre de mi grupo parlamentario, pero lo más importante de los ciudadanos de Veracruz, solicitarle muy respetuosamente a la PGR que actúe de manera imparcial, que actúe de manera inmediata sobre las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre el supuesto desfalco millonario, 2 mil 500 millones de pesos que desvió el gobierno del estado de Veracruz en materia de salud y de educación.
En otro tema de igual relevancia, hace algunas sesiones tratamos aquí el tema de la delincuencia en nuestro estado. Hace dos días al candidato a diputado federal por mi partido y por mi distrito, Luis Granvalet Mujica, lo amenazaron de Muerte, un convoy, una camioneta cuyos integrantes tenían armas largas lo detuvieron en la carretera y le dijeron que le bajara o se atuviera a las consecuencias. Eso no se puede admitir en un régimen que se precia de ser democrático cuando a todas luces no lo es. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Quedan incorporadas sus manifestaciones al Diario de los Debates, diputado Cárdenas Guízar.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Belaunzarán, dígame con qué propósito.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul). Gracias, presidente. El viernes pasado la periodista Katia D’ Artigues dio a conocer en su blog, en el blog de El Universal, un asunto que verdaderamente nos tiene que avergonzar a todos los diputados. Si bien es cierto que es un error de la pasada Legislatura de agosto de 2010, está en nuestras manos arreglarlo.
Lo que da a conocer Katia D’ Artigues es precisamente cómo ese Reglamento del Cendi de la Cámara de Diputados –que depende de la Cámara de Diputados– que fue aprobado en 2010 es absolutamente discriminador. No puede ser que nosotros que hemos apoyado e impulsado leyes contra la discriminación tengamos un Cendi que –les doy algunos datos– impide el ingreso de los niños.
Cito: Se negará el acceso a los infantes que padezcan alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida y que requieran atención especializada o personalizada y que a saber son cardiopatías congénitas y adquiridas, ceguera, epilepsia, secuelas severas de fiebre reumática, nefropatías que requieran diálisis, hemofilia, hipotiroidismo congénito, diabetes insípida, labio y paladar hendidos, neoplasia que produzca incapacidad, sordera o hipoacusia, alteraciones del sistema osteomuscular invalidante, retraso mental grave, autismo infantil y atípico, parálisis cerebral severa, síndromes genéticos, enfermedades de reflujo gastroesofágico, etcétera. Es decir, están discriminando a los niños con capacidades distintas.
Esto me parece inaceptable y hay que preguntar cuál es el autismo típico, ya que hablan de atípico. Pero no sólo eso, además de otras negaciones absurdas también se discrimina hacia los hombres trabajadores y de familias diversas. Doy ejemplos.
Artículo 1o. Tienen derecho al servicio Cendi las madres trabajadoras y los padres trabajadores que acrediten ser viudos, divorciados que comprueben tener la custodia legal de los hijos en tanto no contraigan matrimonio o entren en concubinato. Qué vergüenza. ¿De veras apoyan la discriminación en la Cámara de Diputados?
Artículo 4o. No se dará servicio a los hijos de los beneficiarios acreditados que por su edad se encuentren en las áreas de lactantes y maternales, cuando los beneficiarios acreditados gocen de vacaciones, incapacidades médicas, licencias, etcétera.
Es decir, hay discriminación tanto a los niños con capacidades distintas como discriminación a los trabajadores hombres. Obviamente ese fue un error de la legislatura anterior, pero queda, está en el Reglamento que es esta Legislatura la que lo puede remediar porque es la que hace en Reglamento.
Hay un punto de acuerdo hoy en la Gaceta precisamente exhortando a que se haga un nuevo reglamento que no viole los derechos humanos y no viole el artículo 1o. constitucional porque es una vergüenza que en el Cendi de la Cámara se viole esto. Y termino...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Concluyo nada más llamando la atención hacia una iniciativa que hoy se publica, que despenaliza y regula la eutanasia activa en México; un problema de derechos humanos que en un Estado laico debiera ser natural porque tenemos derecho –como dice el artículo 24– a la libertad de convicciones éticas. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Zárate; desde la curul de donde se ubica el diputado Zárate.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Le agradezco, presidente. Le propongo que le empecemos a dar ritmo a la sesión y cumplimiento estricto al orden del día, so pena de empezar a discutir otros temas relevantes en este momento, como los rufianes de Leonel Luna y su esposa, que hoy tiene candidatura en Cuajimalpa, y el desvío de recurso del Fondo de Capitalidad.
O nos ajustamos a los temas que se han discutido ya previamente en la Mesa Directiva, o con todo respeto empezamos a plantear la agenda electoral en otro momento.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia en funciones, atendiendo las reiteradas peticiones de continuar con el orden del día, le pido a la Secretaría continúe con el apartado de declaratorias.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, presente. Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficios suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la procuradora general de la república, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del primero de agosto del 2015 en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la presidencia dictó el siguiente trámite: Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Atentamente, senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:
“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí”.
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió oficio del Grupo de Trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, con el que remite su informe final de actividades.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, ciudadana secretaria. El trámite con relación al informe del grupo de trabajo que usted le ha dado lectura, esta Presidencia en funciones declara: de enterado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputado Huerta. Sonido en la curul del diputado Huerta. Dígame, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias presidente por cumplir su palabra. Mire, yo no pido trato especial, yo lo que solicité al inicio de la reunión es que se incorporara al orden de día el debate sobre este tema. No se votó el orden del día. Posteriormente solicité en el acta anterior la palabra, no se me dio.
Se remite a que la Junta de Coordinación lo plantee, Morena lo planteó ayer, no lo quieren discutir, pero es derecho de la Mesa Directiva –como quedó claro ayer en la Junta de Coordinación– proponer el orden del día, era lo que yo apelaba.
Obviamente lo entiendo, presidente, que el PRI no quiere que se discuta aquí lo que ocurre en el país. Represión sistemática, desaparición forzada...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): ...tortura –culmino, presidente– ejecuciones sumarias. Todo eso que el PRI hace por órdenes de Peña Nieto son crímenes de lesa humanidad y aquí o a nivel internacional, el Morena va a ser valer el derecho de los ciudadanos. No podemos vivir en un país, es vergonzoso que la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones sumarias sean las prácticas del gobierno de Peña Nieto. México no se merece eso, y eso es lo que queremos discutir los diputados. Le agradezco que me dé la palabra y ojalá enmiende usted y se discuta esto que le estamos proponiendo. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En obvio de repetición, esta Presidencia en función le reitera a usted lo expresado con relación al tema. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que en el mes de marzo de 2015 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputada Aleida Alavez, ¿con qué objeto?
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente, un poco más de respeto a quienes integramos este pleno. Estamos pidiendo la palabra exactamente cuando se aborda el punto correspondiente al orden del día para pedirle que rectifique el trámite de este informe conclusivo de una comisión de trabajo.
No le veo caso que, como Cámara de Diputados, habilitemos grupos de trabajo que se den a la tarea de revisar un hecho tan lacerante como esta masacre en Tlatlaya, para que solamente nos quedemos enterados todos de lo que concluye el grupo de trabajo.
Le solicito, de acuerdo al artículo 143 del Reglamento, que ponga a consideración del pleno ese trámite que acaba de dar al punto, porque finalmente el pleno es soberano y tiene que decidir si vamos a encubrir a un más estos crimines de lesa humanidad que se documentan en el informe conclusivo de la comisión de trabajo o vamos a dar pauta a que esto lo conozcan y de una vez por todas abran la información, qué papel tuvo que hacer ahí el Ejército y por qué nos están negando esa información.
Acabamos de aprobar una Ley de Transparencia y, en este caso, en el que requerimos de saber qué papel está jugando el Ejército en estas masacres, se oculta la información. Creo que el pleno tiene que votar, y así entonces que haga de una vez por todas valer los grupos parlamentarios si verdaderamente estamos a favor de la transparencia o queremos seguir ocultando el papel que está realizando el Ejército en estas masacres.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada García Rojas, ¿con qué objeto?
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Del conocimiento del pleno, que este acto contra los candidatos del PAN deben ser denunciado. Luis Grandvallet, candidato de Cosamaloapan, fue emboscado, amenazado y realmente son hechos que no tenemos otra oportunidad de denunciar.
No más violencia en Veracruz. Un alto. Necesitamos seguridad para todos los ciudadanos de Veracruz. Lauro Becerra fue baleado en su casa. Ex diputados federales; Marisol Mora Cuevas, muerta sin investigación todavía. Gregorio Barradas Miravete, asesinado y todavía al día de hoy no hay respuesta. El ex diputado Eduardo de la Torre, agredido en Veracruz.
Solamente hacer del conocimiento del pleno que queremos seguridad para los veracruzanos, para los ciudadanos y obviamente en el periodo electoral seguridad para todos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. En consideración al respeto de la asamblea. En consideración al respeto y para el debido desarrollo de esta sesión y para todos los efectos legales, expresarles a ustedes que por lo que hace al informe del grupo de trabajo de Tlatlaya, cuyo trámite ha mandatado esta Presidencia en funciones y para cualquiera planteamiento sobre ese particular, expresarles que no hay prevención normativa alguna en la ley y en el Reglamento, respecto a los informes de grupo de trabajo.
Tampoco lo prevé el acuerdo de creación del propio grupo trabajo en el que concurrieron la representación de todos los grupos parlamentarios incluyendo quien se queja con relación al trámite que se ha decretado. Por eso le pido a la Secretaría continúe con informes y comunicaciones.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite...
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Hay una petición.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, ciudadana secretaria. Hay una petición y con lo que he expresado se le ha dado respuesta y en todo caso le pido a usted, diputada Aleida Alavez, con el conocimiento y la práctica parlamentaria que es suya, de que en todo caso haga su planteamiento a la Junta de Coordinación Política para que sea incluido en esos términos en el orden del día. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el primer informe trimestral relativo a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2015, del sector medio ambiente y recursos naturales. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2015, de los programas sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase al promovente, para su conocimiento. Se recibió solicitud de licencia del diputado Jaime Bonilla Valdez. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Héctor Ireneo Mares Cossío, Christian Manuel Narváez Romero, Erwin Francisco Arreola Doroteo y Edith Avilés Cano, diputados federales electos.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley, a los siguientes diputados y diputadas. Mirna Esmeralda Hernández Morales, diputada; diputada Martha Gutiérrez Manrique, diputado Enrique Domínguez Maganda, diputado Francisco Antonio Eduardo Mora Molina, diputada María del Rosario Pariente Gavito, diputado Alfonso Durazo Montaño, diputada Luisa María Alcalde Luján y el diputado Roberto Jiménez del Ángel.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadanos: Héctor Ireneo Mares Cossío, Christian Manuel Narváez Romero, Erwin Francisco Arreola Doroteo y Edith Avilés Cano, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Ciudadanos Edith Avilés Cano, Héctor Ireneo Mares Cossío, Christian Manuel Narváez Romero y Erwin Francisco Arreola Doroteo: Sí, protesto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. Bienvenidos.
Si me permiten, el diputado Kamel Athie Flores ha invitado a este recinto a alumnas y alumnos del segundo y el sexto grados, y maestros de la escuela primaria Félix María de Samaniego. Los saludamos y les damos la bienvenida a nombre del diputado Kamel, aquí presente, y del nuestro. Gracias, por su visita.
De la misma manera, saludamos a invitados especiales líderes del municipio de Mazatlán, Sinaloa, invitados por el señor diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Gracias por su visita, gracias por el interés y la atención prestada a los trabajos de este cuerpo colegiado. Continúe, ciudadano secretario.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Con proyecto de decreto por el que se declara el día 6 de abril de cada año como el Día del deporte, la actividad y salud física.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Gobernación para el dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 29, fracción VI, y 35, primer párrafo, y se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la facción V, recorriendo el contenido actual del artículo 389 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Salud, de igual manera, para dictamen. Continúe.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Salud, de igual manera, para dictamen.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos que presenta el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe, ciudadana secretaria.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de lo que dispone el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
Honorable asamblea, en virtud de que el jueves 16 de abril en curso, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de justicia para adolescentes, se cumple con la Declaratoria de Publicidad, de conformidad con lo que establece el invocado artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país en materia de justicia para adolescentes.
Por esa virtud y para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, hasta por 10 minutos. Adelante, señor diputado.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: El posicionamiento del dictamen que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es muy importante resaltar el reconocimiento por la coordinación, diálogo y trabajo conjunto que se llevó a cabo con los grupos parlamentarios que participaron activamente en la elaboración y aprobación del dictamen en discusión. Pero también es oportuno reconocer a las organizaciones sociales que con su empeño han trabajo para encumbrar el interés superior del menor, han ayudado a la materialización de esta reforma, la cual dentro de sus principales características destacan las siguientes.
Para establecer un sistema integral de justicia para los adolescentes, armonizar los párrafos mencionados de modo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves.
Se sustituyen los términos conductas tipificadas como delito y conductas antisociales, por hecho que la ley señala como delito. En lugar de derechos fundamentales, se dice derechos humanos. En lugar de decir para toda persona, se dice para todo individuo.
De igual forma es importante hacer notar que los individuos menores de 12 años que realicen hechos que se consideren delitos, serán sujetos a una asistencia social en instituciones especializadas y competentes, lo cual permita que a una edad temprana el poder tener una reinserción social sin que se desarrolle aún más su potencial delictivo.
El sistema de justicia a partir de 2005 se caracterizó por su concordancia con los principios y las disposiciones de la Convención Sobre los Derechos del Niño, pero en este año 2015, con este proyecto pretendemos ir más allá y garantizar de forma contundente el respeto a los derechos de los adolescentes en dicha situación, estableciendo que todos los juicios contra adolescentes sean orales, delitos graves y no graves pues con ello apelamos a las virtudes que este sistema pretende demostrar.
El sistema oral es más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso. Los operadores deberán estar capacitados para el desempeño de sus funciones. La investigación de los delitos se realiza utilizando métodos científicos. Se rige por el principio de presunción de inocencia por el cual una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Se prioriza la reparación del daño a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los jueces estarán presentes durante el desarrollo de todas las audiencias. Todas las audiencias son públicas y orales, transparentando la impartición de justicia.
Esta modificación constitucional refuerza aquél cambio de paradigma efectuado en el 2005, que fortaleció a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y que permitió abandonar de manera definitiva el viejo modelo tutelar basado en la doctrina de la situación irregular, para dar paso a un sistema más justo y proporcional, sustentando en la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.
En el marco de un Estado democrático de derecho, con esta reforma los estados de la república quedarán obligados a adecuar su legislación para dar cuenta de los principios de juicio oral, así como a implementar un nuevo sistema de justicia especializado en el ámbito de sus respectivas competencias.
Pero no sólo se trata de instaurar un proceso con las debidas garantías, sino de desarrollar un sistema especializado, comprensivo y sensible de las situación, capaz de otorgarle a nuestros adolescentes oportunidades reales de asumir sus responsabilidades y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus virtudes y potencialidades útiles para el desarrollo de esta sociedad nuestra.
Se reforma –de igual manera, compañeros legisladores– el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la ley suprema, para señalar que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de justicia para adolescentes, como se hizo con el Código Único de Procedimientos Penales. Es decir, hay una ley general y cada entidad adecuará su legislación.
El segundo párrafo del segundo transitorio, se dice que “la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal, en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la ley nacional”.
Pero esa ley ya fue abrogada al expedirse la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año 2012.
Diputadas y diputados, esta es una reforma que consolida el sistema de justicia penal oral acusatorio. No obstante, podemos afirmar que la tarea nacional es la prevención del delito y brindar oportunidad a este trascendental grupo de la población.
Dejamos en manos, en la reflexión de este honorable Congreso de la Unión de esta Cámara de Diputados este proyecto de dictamen de minuta a su consideración, esperando contar con su aprobación del mismo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Está presente en este recinto y los saludamos fraternalmente, lo hacemos con respeto, don Julio Martínez Ramírez, es un profesional de la comunicación social, y ha sido invitado por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sea bienvenido, gracias por su visita.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura de agrupación Morena, con relación al dictamen que se discute tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío. Adelante, señor diputado, hasta por diez minutos, pero puede ser por el tiempo que usted lo vea pertinente. Adelante.
El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es ineludible que la falta de un eje rector de regulación normativa del sistema de justicia penal para los adolescentes infractores, excluye la procuración y respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución.
La función que tiene la asistencia social sobre el menor infractor asiste a la reinserción, la reintegración familiar y la reintegración social del adolescente; sin embargo, es necesario la determinación, creación y, en su caso, la ampliación de medidas preventivas y no sólo paliativas para este fenómeno social.
Es imperioso valorar que en todo momento se vele por el respeto de los derechos humanos universales, que se legitimen en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, justificando el acceso a las garantías básicas procesales de los menores juzgados, a quienes se les brindará durante la custodia en la que se encuentren una justa asistencia social, educacional, profesional, médica y psicológica.
Si bien es una iniciativa que tiene como principal objetivo garantizar que los juicios penales a los que se enfrente una persona de entre 12 y 18 años se apeguen al respeto de sus derechos humanos, así como procurar su reinserción social y familiar. Se deja de lado el estudio y análisis de las verdaderas causas de este problema.
Las políticas neoliberales excluyentes, impulsadas por este gobierno, alejado cada vez más de la sociedad, arrastran con los adolescentes a quienes se ven desprotegidos, forzado a encontrar por otros medios la satisfacción de sus necesidades, como: la alimentación y la salud.
Esta falta de inclusión es a todas luces contrario al más elemental respeto de los derechos humanos y en particular de la niñez y la adolescencia. Nuestro país ha ratificado varios tratados internacionales en esta materia, incluso el mismo dictamen lo refiere; pero pareciera como si fuera letra muerta, que puede ser echada al olvido con facilidad por parte de los gobiernos que prefieren atender grandes capitales que grandes potenciales.
No es, para todos, desconocido que los adolescentes en este país se enfrentan a la falta de oportunidades para obtener un empleo o acceso a la educación, lo que limita las posibilidades de un sano crecimiento. Ello ha generado, en no pocos casos, que los grupos de delincuencia organizada aprovechen la precaria situación de los adolescentes para incorporarlos a sus filas, engrosando el número de jóvenes delincuentes.
Así, el sistema que se discute quedaría completo si también se procurara una atención a este fenómeno, sin embargo sería mucho pedir a un gobierno que no se ha preocupado por este sector de la población, basta con ver las limitaciones que se les imponen con recortes presupuestales a la educación o apoyo a emprendedores.
No basta con garantizar juicios justos, no basta como edificar la ley para asegurar que sus derechos estén blindados, apremia que exista un interés real por parte del Estado de prevenir que los adolescentes incurran en delitos, generando más problemas de los que supuestamente intentan solucionar. Es cuanto, presidente. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Mares Cossio. Saludamos a un grupo de jóvenes, un nutrido grupo de jóvenes de la escuela preparatoria oficial anexa a la Normal de Tejupilco, invitados e invitadas por la diputada María Guadalupe Jaramillo Villa, aquí presente, que nos acompaña Mesa Directiva. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias también por su consideración y por su visita a la Cámara de Diputados.
Diputadas Sonia Rincón Chanona, tiene usted el uso de la palabra para fijar la postura a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por diez minutos.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo hoy dispone las precisiones necesarias en nuestro texto constitucional, a fin de crear una base jurídica para establecer un Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.
El nuevo Sistema de Justicia Penal de carácter acusatorio y oral, requiere de un marco jurídico específico para los adolescentes, si esperamos una aplicación eficaz de la norma. En este sentido, la reforma que hoy estaremos aprobando es un avance significativo para proteger los derechos humanos de los adolescentes que hayan cometido o participado en un hecho delictivo.
En primer término, se establece claramente en el precepto constitucional que los menores de 12 años a quienes se atribuya participación o comisión de algún delito, únicamente podrán ser sujetos de asistencia social. La reforma pretende alentar la aplicación de los principios de reinserción y de normalización social, la finalidad es que el poder público pueda aportar elementos para superar las limitaciones y carencias de quien haya sido responsable de la participación o comisión de un hecho delictivo, y que mientras se encuentra privado de la libertad su vida se asemeje a una con acceso a la sociedad.
En congruencia con las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, se establece que las medidas de internamiento para los menores de edad en conflicto con la Ley Penal, sean proporcionales al hecho cometido y tengan como fin la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente.
La reforma especifica la necesidad de crear un cuerpo normativo único en materia de justicia penal para adolescentes. Por lo que se faculta al Congreso de la Unión para tal efecto.
Si bien en Nueva Alianza coincidimos con los argumentos planteados en el dictamen y votaremos a favor del mismo, consideramos que es importante señalar que estas disposiciones atienden las consecuencias y no las causas de la delincuencia entre los adolescentes.
Por esta razón, mi grupo parlamentario quiere ser enfático al subrayar que no debemos ver a los adolescentes como un problema social, sino como actores estratégicos del cambio social en la construcción de una mejor sociedad.
La falta de oportunidades de desarrollo suscitada por la carencia de espacios en la educación media superior y superior, así como la incertidumbre de contar con un trabajo estable, son elementos que contribuyen a que la delincuencia encuentre un caldo de cultivo en nuestros adolescentes.
En Nueva Alianza sabemos que es en la educación y en la creación de oportunidades de desarrollo donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que los adolescentes no sean presa fácil de quienes pretenden arrebatarles el futuro.
Somos enfáticos con las reformas que se plantean. Las consideramos indispensables para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
Seremos parte activa en la creación de la legislación correspondiente, para que en todo el proceso penal se respeten los derechos humanos de los adolescentes. Sin embargo, en Nueva Alianza buscamos ir más allá y ser partícipes en la construcción de una sociedad más justa con los adolescentes, que hoy vislumbran un panorama sombrío para su desarrollo.
Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Rincón Chanona. Señor diputado Ricardo Cantú Garza, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los artículos 18 y 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito central es establecer con claridad los derechos de los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18, cuando enfrenten un proceso por haber cometido alguna infracción a la Ley Penal.
Los párrafos cuarto y sexto, de ese artículo 18, ya establecen la base constitucional para que los adolescentes en las edades antes citadas pudieran ser enjuiciados. Sin embargo, el mérito del presente dictamen es establecer a favor de ellos todos los derechos humanos que el Estado mexicano ha suscrito en la materia, considerando que la edad que tienen no los hace comprender cabalmente la ilicitud de las conductas que realizan.
También, considerando la aplicación, en todo el país, de los juicios orales a partir del 2016, en el párrafo sexto de ese artículo 18, se establece que todos los procedimientos en los que los adolescentes sean enjuiciados, tendrán que desarrollarse bajo este nuevo sistema.
En el artículo 73, fracción XXI de la reforma, el inciso c) para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una legislación única en materia de justicia penal para adolescentes, cuya aplicación en toda la República en el ámbito federal y local.
Compañeras y compañeros legisladores, si bien es cierto, en el aspecto formal coincidimos con el propósito del dictamen, no podemos pasar por alto las condiciones adversas que enfrentan millones de jóvenes en el país, que de alguna forma los orillan a cometer conductas ilícitas.
La pobreza, la falta de acceso a la educación formal, de espacios deportivos, de cercanía, incluso, con sus padres y el bombardeo constante y sistemático de violencia televisiva los hace reproducir conductas que tal vez no sean las adecuadas.
Es más, los hacen adquirir hábitos de consumo que son nocivos para su salud. Fuman porque eso ven en la televisión. Consumen bebidas alcohólicas porque eso es lo que ven. Y reproducen esquemas de violencia intrafamiliar porque eso es también lo que ven.
También debemos tener claro que las conductas de nuestros jóvenes son expresión de un modelo político, económico que ha pauperizado a la sociedad, porque todos los integrantes de la familia tienen que buscar allegar recursos a sus casas.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de que se amplíen los espacios educativos, culturales y deportivos que impidan que nuestros jóvenes cometan actividades ilícitas.
También que cuenten con elementos reales para acceder a empleos debidamente remunerados que permitan contribuir a la manutención de ellos y sus familias.
También debemos pugnar para que en la hipótesis de que los jóvenes sean sancionados con restricción de su libertad en los espacios donde van a estar, la educación y el trabajo sean el mecanismo que logre su reinserción en la sociedad y que esos espacios dejen de ser, como lo son ahora, escuelas de la delincuencia.
Por las consideraciones anteriores votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Ricardo Cantú. Señor diputado, gracias a usted.
Me doy oportunidad para saludar a niños, a niñas de la escuela primaria Redwood School. Igual a los maestros que les acompañan, gracias, gracias por su visita. Bienvenidos, bienvenidas.
Diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Tiene usted el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado Orihuela, estamos en la fijación de postura de los grupos parlamentarios, no es posible interrumpir por ahora a quien está fijando la postura. Le ruego a usted, me dé oportunidad de que continúe el desarrollo de esta parte de esta fase del proceso legislativo de una reforma constitucional. Adelante, diputado Danner González.
El diputado Danner González Rodríguez: Gracias, presidente; con su permiso honorable asamblea. Aportar alternativas y estrategias para la protección y garantías de los derechos de los niños y adolescentes es una obligación ineludible del Estado mexicano, máxime cuando la calidad de vida de los jóvenes se ha ido deteriorando en nuestro país por el estancamiento económico, la precarización del empleo, la marginación de las aulas educativas y por el desencanto con las autoridades y las instituciones públicas.
La justicia para adolescentes es una necesidad que el Estado mexicano tiene que resolver a la brevedad, pues tiene que cumplir con los compromisos derivados de la ratificación en 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consistente en el respeto a los derechos fundamentales de este sector poblacional.
Estas reformas constitucionales son modificaciones legales de gran trascendencia, debido a sus profundas implicaciones y a los importantes retos que plantea para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes que se aleja de manera definitiva del antiguo modelo tutelar derivado de la doctrina conocida como de la situación irregular para dar paso a un sistema más justo sustentado en la protección integral de los derechos de la infancia.
No obstante, el fenómeno de los adolescentes acusados o declarados responsables de la comisión de una conducta que la ley tipifica como delito, debe ser analizado teniendo presente los problemas sociales a los que se enfrentan.
Este dictamen es también un claro reflejo de lo que se ha dejado de hacer, hoy los adolescentes en nuestro país enfrentan una crisis de expectativas y la falta de políticas públicas que resuelvan sus problemáticas, los han colocado en una situación de riesgo y vulnerabilidad, la exclusión, la pobreza, la desigualdad debilitan los lazos familiares y los valores morales, pero propician además que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas y caigan en el consumo de drogas.
El estudio Adolescentes en Conflicto con la Ley, señala que el año pasado en nuestro país aproximadamente cinco mil menores entre 14 y 18 años estaban presos por haber cometido delitos graves. De este número 32 por ciento consumía droga diariamente, el 44 por ciento alcohol y 28 por ciento dijo no tener futuro.
Vamos a votar en Movimiento Ciudadano a favor del presente dictamen, pero hay un tema de fondo que no podemos dejar a un lado. La dignificación de la juventud mexicana pasa por la recomposición del tejido social por más espacios públicos para su desarrollo y esparcimiento, por aulas educativas que permitan formar jóvenes que destaquen en educación, ciencia y tecnología y por una mayor participación política en la toma de decisiones de la vida pública.
Por ejemplo, la reforma educativa está parada –dice hoy un instituto del Instituto Mexicano para la Competitividad– porque se destinaron siete mil 349 millones para obras en 20 mil escuelas, de las cuales se han entregado apenas 375 mil pesos y solamente 671 planteles han iniciado obras. En el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países, nos dice también la UTLA y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado.
Éste es el debate de fondo. Un modelo de nación fallido, producto de gobiernos irresponsables de partidos tradicionales que por razones obvias se rehúsan a discutir hoy aquí.
¿Pero saben qué es más grave para los jóvenes y para los adolescentes? El clima de terror que vive todo el territorio nacional. Nuestros pueblos están sumidos en la descomposición, en el horror. No quieren tratar estos temas porque dicen que es agenda personal. ¿Entonces qué temas sí podemos tratar aquí?
Justicia para adolescentes, sí. ¿Y qué justicia para los hijos de los masacrados en Tlatlaya, en Apatzingán? ¿Qué les vamos a decir a ellos, a los hijos de las víctimas, a los padres de Ayotzinapa? ¿Qué justicia si están dispuestos a discutir? Es el horror, presidente. El horror. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde. En su lugar le otorgamos el uso de la palabra al diputado Felipe Arturo Camarena, del propio grupo parlamentario del Partido Verde. Adelante, señor diputado, hasta por diez minutos.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Dentro de la triste historia de El Hijo de la Parroquia, Oliver Twist, en personaje enemigo de Oliveiro lo describe así: el niño reveló hermosas disposiciones para todo cuanto fuera hipocresía, ingratitud y perversidad, que cerró su carrera en su país natal intentando asesinar de la manera más cobarde.
Charles Dickens escribió esta novela en 1836 y 1839, llamando la atención a la sociedad inglesa sobre la forma en que los criminales utilizaban o enseñaban a los niños a cometer delitos amparados en la pobreza, y alertando –sobre todo– los males que podía provocar la descomposición de lo que hoy llamamos tejido social.
No dejo de pensar en que cada adolescente que se encuentra en algún proceso penal en nuestro país, exista una gran responsabilidad de la sociedad al haber formado, al haber construido el piso y los cerrojos que lo llevan a fallar el pacto social.
La norma que hoy aprobaremos casi concluye un proceso que se inició el 12 de diciembre del año 2005 cuando fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación al artículo 18 de nuestra Carta Magna, para iniciar la construcción de un sistema integral de justicia para adolescentes menores de 18 años en materia penal.
El sistema de Val debería responder a diversos principios, asistencia social para los menores de 12 años, la sujeción a cuidado, orientación, protección y supervisión para los de edades entre los 12 y los 14, y advertía que solamente se sometería a medidas restrictivas a las adolescentes entre los 14 y los 18 años cuyas conductas se consideraban como graves.
Dichas reformas provocaron la acción de inconstitucionalidad en el expediente 37 2006, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.
La acción de inconstitucionalidad buscaba declarar la invalidez de la Ley de Justicia para Menores del estado, pues atendía a otros principios, entre ellos que la ley preveía sujetos a los mayores de 16 años, mientras que los menores eran puestos a disposición del consejo tutelar.
Esta acción a favor de los derechos humanos detonó una modificación en la construcción del Sistema Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.
Entre las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la acción contra la ley de Estado en el estado de San Luis Potosí.
Se observó los nueve principios a favor de los adolescentes que son del interés superior del mismo, el que respete a los derechos fundamentales de toda persona sujeta a proceso penal, el de la reintegración social y familiar del adolescente, el de la intervención mínima del derecho penal, el de la especialización, el de la igualdad y la no discriminación. Y, desde luego, el de la presunción de la inocencia.
Desde entonces la construcción de este sistema está en marcha a la luz de las normas internacionales que protegen a los adolescentes y tras las expectativas vividas.
En menos de nueve meses un nuevo sistema penal estará en marcha en nuestro para fortalecerlo. El decreto que hoy votamos permite que los procesos en materia de justicia penal sean bajo el marco de un sistema acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, cuyos fines serán la reinserción en la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
Las cifras son contundentes de acuerdo con el censo nacional del gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario del 2014 a través de los resultados que nos da el INEGI. Durante 2013 ingresaron 10 mil 963 adolescentes y egresaron 10 mil 407 internados, quedaron 4 mil 691 y en tratamiento externo 6 mil 358.
En cada uno de estos adolescentes se encuentra a la sombra de este Oliveiro, que por culpa de la exclusión social, pobreza y desinterés de la sociedad, delinquió y se encontró con la escuela de delincuencia que hoy son muchas cárceles de nuestro país.
Ahí, cada uno de estos adolescentes está la derrota de la sociedad, de nuestras normas y de nuestras instituciones al que no sabemos revertir dicho proceso. La reforma constitucional que hoy votaremos a favor, amén de promover la necesaria armonización de todos los estados de la República Mexicana, a través de que fortalece la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año 2006, también garantiza los derechos humanos de estos adolescentes que deben ser incorporados o reincorporados a nuestra sociedad.
Al describir el pilluelo Gavroche de su novela Los Miserables, Víctor Hugo escribió: corre espía, pierde el tiempo, frecuenta las tabernas, es amigo de los ladrones. Al votar a favor de dicho dictamen que reforma los artículos 18 y 73 de nuestra Carta Magna, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce que el sistema justicia penal para adolescentes necesita fortalecerse sobre la base del respeto a los derechos humanos de ellos, pero sobre todo, apuesta a que la delincuencia no sea el cerrojo ni la vea trunca para su futuro y que éste sea cada día mejor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias señor diputado Felipe Arturo Camarena. Les damos la bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México, de su plantel en Izcalli. Han sido invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos. Gracias por su visita.
Lo mismo, el señor diputado Salvador Romero Valencia ha invitado y nos acompañan en este recinto estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Venustiano Carranza. Gracias también por su visita. Bienvenidos y bienvenidas.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el señor diputado José Ángel Ávila Pérez. Hasta por 10 minutos, señor diputado Ávila. Tiene usted la palabra señor diputado Ávila Pérez.
El diputado José Ángel Ávila Pérez: Le agradezco mucho, señor presidente. Con su venia. Diputadas y diputados, estamos justamente hoy tratando, discutiendo y seguramente procederemos a aprobar un dictamen sobre la minuta del Senado, relativo a la reforma al artículo 18 constitucional y al 73 de la misma Carta Magna.
La importancia que reviste el tema implícito en el dictamen de que se trata parece no ser correspondido adecuadamente por la importancia que el Estado mexicano en su conjunto le ha restado al tema de la justicia para adolescentes. De ahí que hoy nos complace que por fin se dé un paso fundamental en la construcción del sistema de justicia para adolescentes.
Y digo lo anterior porque ustedes juzgarán. En el 2005 se reformó el 18 constitucional para definir establecer los principios generales de un sistema de justicia para adolescentes tan necesario en nuestro país, pero fue hasta 2012 cuando el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Fueron siete años en los que se sujetó todo el proceso, tratamiento a los jóvenes que por desgracia habían incurrido en faltas a la ley, a una ley que no responde a los principios ya consagrados en la Constitución y desde luego asegurados por los convenios y los pactos internacionales de los que México ha sido parte.
No obstante ello y toda vez que la importancia del tema radica en que aun cuando éstos casi 40 mil jóvenes que hoy en nuestro país están sujetos a medidas por haber incurrido en alguna falta a la ley, no constituyen la realidad de nuestro país, porque afortunadamente tenemos la brillantez y la luminosidad de los jóvenes que diario a diario estudian y buscan la oportunidad de ser mejores y de contribuir a la grandeza de nuestra patria.
Pero aun cuando contamos con esas luces, como los jóvenes estudiantes que hoy aquí nos han visitado; como los que ganan concursos en el extranjero; como los que se dedican a hacer deporte y ponen en alto el nombre de México, no obstante eso tenemos una deuda con estos jóvenes que por una o por otra causa han incurrido en violación a la ley.
Pero no solamente la deuda de darles mejores condiciones para que no se repita. No solamente la deuda de todos nosotros para con ellos de darles oportunidades de estudio, de trabajo, de bienestar, sino también la deuda que tiene el Estado mexicano porque no contamos con un sistema de justicia que permita darles a estos jóvenes que incurrieron en las faltas que la ley castiga, darles pleno respeto a sus derechos, pleno respeto al debido proceso penal; responder a los principios de especialidad, de progresividad que todo sistema de justicia para los jóvenes, para los adolescentes requiere.
En efecto, con esta reforma que hoy se pone a consideración del pleno se logrará incluir entre los principios que regulan este sistema, los principios derivados de las reformas constitucionales recientes, porque por su inclusión en este artículo 18, hoy uno de los principios deberá ser el pleno respeto a los derechos humanos de los jóvenes adolescentes, de que el proceso será acusatorio y oral y de que habrá una legislación única para toda la República en la materia.
No obstante ello, quiero desde esta tribuna llamar la atención al gobierno federal, específicamente al Ejecutivo federal sobre la necesidad de disponer cuanto antes de la creación de un órgano adecuado, un órgano especializado, un órgano que constitucionalmente responda a la integración del sistema de justicia para adolescentes.
La política pública que acompañará necesariamente a una reforma constitucional como la que hoy aquí discutimos impone contar con un órgano adecuado, como digo, un órgano especializado que no podrá ser ninguno de los que hoy se dedican a la implementación del sistema de justicia penal, por obedecer al principio de especialización y, por lo tanto, urge la construcción de este órgano y la consecuente integración del sistema.
Es imprescindible que desde hoy en el gobierno federal se dediquen a la construcción de una iniciativa para esta ley nacional que derivará de la reforma constitucional, una vez que el Constituyente Permanente la acuerde. Y también es imprescindible que desde hoy se prevean los recursos presupuestales necesarios para dotar a este sistema de los mínimos indispensables para su funcionamiento.
Complace a mi grupo parlamentario el contenido del dictamen. Vamos a votar a favor del mismo, pero no podemos dejar de señalar que esta, afortunadamente, minoría de jóvenes que han incurrido en faltas a la ley, deben ser cuanto antes incorporados a la gran mayoría de jóvenes que tienen oportunidades y que van en búsqueda de superación día con día.
Por último, me parece importante agradecer y reconocer el trabajo dado al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales para abordar este tema, tema que tenían guardado ya varios meses en los cajones pero que hoy, por fin, resuelve de manera definitiva el contenido constitucional en la materia y da pie para que pronto se cuente con una Ley de Justicia para adolescentes. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado José Ángel Ávila Pérez. Fijará la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el señor diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, en un lapso similar hasta por diez minutos, señor diputado.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con la anuencia de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Buenas tardes, compañeras y compañeros. “Educar a los niños hoy y no será necesario castigar mañana a los hombres”, eso decía Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. Hoy en pleno siglo XXI esta frase sigue teniendo vigencia.
Desgraciadamente en nuestro país existen muchos menores infractores que deben ser juzgados, debido a que el Estado mexicano ha fallado en educarles. El proyecto que hoy discutimos aborda el tema de estos menores, tanto niños como adolescentes.
Cabe resaltar, que esta minuta conjuga documentos, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, lo que refleja la genuina preocupación que tiene este honorable Congreso de la Unión sobre este sensible tema.
Los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos instrumentos internacionales, con el fin de garantizar los derechos de los menores, como son la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, o bien, conocidas como las Reglas de Beijing. En concordancia con dichos instrumentos, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 18, diversas garantías específicas para tratamiento de los menores de edad infractores.
La citada reforma constitucional, que se encuentra en vigor desde diciembre del año 2005 y que instituye el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, fue un gran logro. Hoy contamos con principios y reglas jurídicas de un nuevo modelo de justicia penal para los jóvenes en conflicto con la ley.
Dicha modificación constitucional representó el reconocimiento definitivo del adolescente como sujeto con derechos especiales. La eliminación del juzgamiento discrecional sin garantías de un grupo de personas. El replanteamiento de la relación del Estado con la infancia infractora y el punto de partida de la transformación del sistema penal, consagrado definitivamente en el año 2008.
A consecuencia de esta reforma, los estados de la República y el Distrito Federal se vieron obligados a crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local. Sin duda fue un reto que se afrontó con el mayor de los compromisos.
Sin embargo, a siete años de la puesta en marcha de los órganos especializados, es importante reconocer que queda muchísimo por hacer. Admitir lo contrario sería asumir una postura conformista que nuestros adolescentes no merecen.
Las dificultades y retos que plantea la adecuada instrumentación de este nuevo sistema no son menores. No solo se trata de establecer un proceso con las debidas garantías sino de desarrollar de manera comprensiva un sistema especializado, capaz de brindar a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva para la sociedad.
Es preciso reconocer que la justicia para los adolescentes no ha corrido con la mejor suerte en los últimos años. Dado su escaso tratamiento legislativo y escaso abordaje institucional. Ello nos obliga a crear normas firmas y duraderas que en verdad atiendan a nuestra juventud, sobre todo, la que está en esta situación desafortunada y compleja.
Cuando un menor comete un delito, el deber del Estado es ubicarlo frente a un sistema penal de responsabilidad juvenil en el que goce de todos los derechos y que la respuesta sancionadora sea inminentemente educativa al agresor y reparadora a favor de la víctima, pues el propósito es llevar a cabo un proceso restaurativo donde el castigo no sea la solución sino el acceso a un juicio justo con respeto a sus derechos humanos.
El día de hoy será recordado como el día en que transformamos integralmente la impartición de justicia a los menores infractores. Éste es un día en el que estamos estableciendo un nuevo paradigma en la historia legislativa de nuestro país.
Entre los beneficios que traerá la reforma en discusión se encuentra el de brindar mayor certeza y seguridad jurídica para los menores. La unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas y una mayor coordinación entre los operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal.
Con esta reforma estamos pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio para los adolescentes, incluyéndolos así en el conjunto de reformas que benefician a los implicados en un proceso penal. La aplicación de este nuevo sistema nos permitirá reducir significativamente el número de injusticias, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.
Con esta reforma se respetan cabalmente los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Una mayor certidumbre jurídica para todos los adolescentes involucrados en un proceso penal nos servirá como una herramienta para combatir la corrupción y la impunidad, se evitarán las inconsistencias y los vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, y se adecuará el sistema de justicia penal de acuerdo con las tendencias del derecho internacional moderno.
Está plenamente demostrado en la práctica mundial, que los modelos garantistas del sistema de justicia para jóvenes en conflicto con la ley producen resultados positivos para reducir la delincuencia juvenil, así como para evitar su reincidencia. Las y los jóvenes son personas en desarrollo, con derechos y responsabilidades y como tales tienen una dignidad que no disminuye cuando delinquen, por ello más que privarles de su libertad y hacerles objetos de abusos debemos analizar cuál es nuestra corresponsabilidad para con esto comenzar a reorientar su vida.
No omito mencionar mi reconocimiento a la labor de mis compañeros legisladores de ambas Cámaras y a los distintos grupos parlamentarios para la concreción de este noble proyecto.
Finalmente quiero hacer mención, que el sistema que hoy se implementa a todo el país es resultado de una constante lucha del Partido Acción Nacional. Fue el presidente Felipe Calderón quien realizó una intensa labor para concretar la implementación de este sistema. El 18 de junio de 2008 se establecieron reformas en materia de derechos humanos y de un nuevo proceso penal, y se estableció en junio de 2016 como fecha límite para la implementación de juicios orales en todo el país.
En el Partido Acción Nacional nos congratula enormemente la implementación de este nuevo sistema, parteaguas en la vida de nuestro país. En el PAN seguiremos impulsando reformas encaminadas al respeto de los derechos de los niños, los derechos humanos, la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Finalmente solicito que la presente intervención conste íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cárdenas Guizar. Como lo ha solicitado se incorpora de manera íntegra al Diario de los Debates su participación y si ha dejado a la Secretaría algún documento con relación a la misma.
Le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos, diputada Bárcenas.
La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.
La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Compañeras y compañeros legisladores. La comisión de hechos delictivos por parte de los adolescentes en nuestro país constituye una realidad de la cual no podemos abstraernos. Su existencia debe ser motivo de un profundo esfuerzo dirigido a proteger a uno de los sectores de la población más expuestos al flagelo de la delincuencia.
Al día de hoy y de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de este año más de cinco mil adolescentes estaban sujetos al cumplimiento de medidas de internamiento por la comisión de conductas tipificadas como delito. Del total de ellos, el 22 por ciento asesinó a una o más personas; el 15 por ciento intervino en algún plagio y el 17 por ciento usó alguna arma prohibida. De este número, ocho de cada 10 tienen edades entre los 16 y 18 años. Muy lamentable.
De igual manera, la PGR dio a conocer que de los casi seis mil adolescentes detenidos durante la administración anterior, cerca de cinco mil estuvieron involucrados en delitos contra la salud.
El ámbito criminal es tan solo una cara del problema a que nos enfrentamos. Desde el ámbito sociológico las conclusiones a las que nos enfrentamos tampoco son alentadoras. Una encuesta que dio a conocerse hace dos años por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos indica que en ocho entidades del país el 26 por ciento de los estudiantes de secundaria entrevistados manifestaron que los personajes a quienes sus amigos o la gente de su edad les gustaría parecerse son los narcos o los sicarios.
La existencia de este problema no es casual. El propio Presidente Enrique Peña Nieto reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo que hay 6 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela.
Esto nos lleva a concluir que no podemos pedir a nuestros muchachos respeto a la ley y vocación por el trabajo si hemos fallado en brindarles un entorno en el cual puedan explotar sus habilidades, mejorar sus condiciones de vida y llevar sus sueños a la realidad.
La indignación que causa entre la población la comisión de conductas antisociales, nos pudo haber llevado a la implementación de medidas excepcionales en perjuicio de nuestros jóvenes.
La adopción de una política de esta naturaleza seguramente habría recibida una acogida favorable entre algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo nuestra vocación y la del gobierno de la república, fue la de no incurrir en la tentación del aplauso fácil en detrimento de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Por ello nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, optó por el sentido de obrar con justicia. Lo anterior es así, ya que la presente reforma busca el equilibrio entre la reinserción social, el apoyo a las víctimas y el combate al fenómeno delictivo.
La historia nos avala en este sentido. Nuestro instituto político aprobó con su voto la reforma constitucional del año 2005, a través de la cual se obliga tanto a la Federación como al Estado, a contar con un sistema de justicia especializado para los adolescentes acusados de haber cometido un delito.
Tal enmienda fue reconocida por UNICEF como una garantía en el marco de un Estado democrático de derecho que salvaguarda tanto los derechos de los adolescentes como el interés de la sociedad.
Nuestro partido también apoyó en 2012 la expedición de la actual Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, la cual constituye un verdadero catálogo de normas tendientes al respeto de las garantías procesales de los jóvenes acusados de la comisión de un ilícito.
No podemos ir en contra de nuestro sentir, por eso es que hoy votaremos a favor del presente dictamen. E invitamos a todos nuestros compañeros legisladores que lo hagan en el mismo sentido. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Fabiola Bárcenas Nieves.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro del dictamen le otorgo el uso de la palabra al diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, y hemos dicho, en pro del dictamen, señor diputado. Le va a ir muy bien, señor diputado Domínguez Martín del Campo.
El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo: Gracias, presidente. Si queremos ejercer una real influencia benéfica entre los adolescentes y los jóvenes, es indispensable participar en sus alegrías. Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.
El diputado Luis Fernando Domínguez Martín del Campo: Pocos ordenamientos fundamentales poseen un catálogo de derechos humanos tan amplio como el nuestro, prerrogativas tales como el derecho a la salud, la vivienda y la educación, entre otros muchos, han sido incluidos acertadamente en nuestra ley fundamental, pues el cumplimiento de ellos debe ser una meta constante para el Estado mexicano.
Si la extensión de derechos es tan amplia en nuestra Carta Magna, entonces lo que vale la pena preguntarse es qué tanto hemos hecho para lograr que éstos puedan ser ejercidos a cabalidad por la población.
Sobre esta cuestión debemos aceptar, que en el ámbito de derechos procesales nos encontramos en una etapa de transición, deriva de la entrada en vigor de la reforma procesal del 2008, la cual está aún pendiente de permear en los foros en la academia y en la práctica.
La existencia de un nuevo paradigma de justicia no es casual, sino que su inclusión en el texto constitucional obedece a distorsiones del antiguo modelo inquisitorio. En este sentido, y si actualmente coexisten dos modelos de justicia, uno desprestigiado y otro en inicios, tenemos que el reto al que enfrentamos es mucho más de fondo, pues lo que está en juego no es la implementación de nuevas reglas procesales, sino hacer de la justicia un bien que, intangible, puede estar al alcance de todos.
En efecto, si el siglo XX mexicano significó el reconocimiento de numerosos derechos a favor de la población, entonces la presente centuria debe significarse por hacer que estas prerrogativas sean ahora sí una realidad.
Es justo en ese sentido hacia dónde va dirigida la reforma que ahora nos disponemos a aprobar, a hacer que la justicia sea efectiva en los casos de adolescentes, cuyas conductas los han hecho entrar en conflicto con nuestra ley.
El documento que ahora se pone a nuestra consideración es el resultado de un minucioso trabajo parlamentario que busca insertar el nuevo modelo de justicia al que nos hemos referido en el ámbito de la impartición para los adolescentes. Se trata de una enmienda que contempla tiempos y modalidades para expedir una ley nacional en esta materia, cuya entrada en vigor deberá ser acorde con la etapa del proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio.
La expedición del ordenamiento de mérito significa un profundo cambio en la estructura procesal de las entidades federativas y de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en el Distrito Federal, pues en materia de fuero común y para todos en la república en materia federal, así como una legislación vigente en materia de justicia para adolescentes, expedida por las Legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal, dejaran de estar en vigor una vez que inicie el proceso de vigencia de esta nueva legislación nacional que expida el Congreso.
La entrada en vigor del nuevo modelo procesal para adolescentes se dará en un entorno de orden y certeza jurídica, ya que los procedimientos de la ejecución de las medidas sancionadoras indicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de las medidas sancionadoras.
Asimismo, y con gran importancia, representa la viabilidad financiera de las presentes reformas, que tiene que estar garantizada, ya que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán prever los recursos necesarios para su debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes.
Si tal como hemos señalado el acceso a la justicia es uno de los grandes retos nacionales entonces las legisladoras y los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, esto en virtud de que el mismo apunta hacia la consecución de tan noble objetivo. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Luis Fernando Domínguez. Aparece registrada, y le otorgamos el uso de la palabra, la diputada Zuleyma Huidobro González para hablar en contra del dictamen hasta por cinco minutos.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Algo que debería en lo particular darme gusto hoy –debo decirlo– es una simulación nuevamente por parte de esta Cámara de Diputados, y me explico.
El 28 de noviembre de 2012, tan sólo 19 diputados votamos en contra de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial casi un mes después, y hoy ustedes mismos, con el primer artículo transitorio la van a abrogar. La están abrogando con esta reforma constitucional, pero esto no es lo peor, sino que cuando se discutió la reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar un Código Nacional de Procedimientos Penales, también se advirtió de esta reforma y ustedes fueron oídos sordos.
En la Ley de Adolescentes se encuentran normas que son más rígidas aún que para los adultos. Por señalar un ejemplo, el catálogo de delitos graves a los que es aplicable la medida de internamiento permanente es aún más extenso que el catálogo previsto en la Constitución para adultos, sin contar la parte de tortura hacia los adolescentes, que inclusive diputados de todos los grupos parlamentarios reconocieron que habría de reformarse posteriormente. Sí, el artículo 26 en su fracción VIII y que nunca, nunca se reformó.
Tampoco fueron consideradas en aquel momento leyes de los estados que se encuentran más avanzadas en este tema, como es el caso de los estados de Veracruz y Tamaulipas. La ley que ustedes aprobaron y que hoy están abrogando es ambigua y en ocasiones omisas en esclarecer cuáles son las premisas o el modelo de reintegración social a seguir, cuáles son los protocolos terapéuticos necesarios o cuáles son las prácticas coercitivas genuinamente especializadas.
En marzo de 2011 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior legislatura de esta Cámara de Diputados informó de los resultados del estudio y análisis que llevaron a cabo del proyecto de decreto que hoy consideramos, el aplicar una ley para adolescentes. En opinión de aquella Comisión, el impacto presupuestario para establecer el Sistema de Justicia para Adolescentes ascendería a la cantidad de 676 millones, 405 mil 820 pesos sólo en el primer año de ejercicio.
La fuerte erogación presupuestal y que por supuesto no está actualizada, era un presupuesto de 2011, que implica la ejecución de la ley que examinamos, resulta a todas luces significativa y abrumadora.
En verdad creen ustedes que con las políticas del gobierno federal, al establecer un Presupuesto base cero, recortes al Presupuesto y la simulación, creen que este Presupuesto, para prevenir en vez de sancionar, en crear más burocracia de la calle en México y que no se va a destinar mejor a la cultura o a la educación en los adolescentes de nuestro país. Es pura demagogia de su parte. Este sistema de justicia para adolescentes va a traer más desgracias para nuestros niños y adolescentes.
Lo que realmente necesita nuestro país, repito, es cultura y educación. En un país como el nuestro, donde las carencias están al orden del día, donde los problemas, la marginación, la inseguridad pública o educación prevalecen de manera alarmante, como consecuencia de las irresponsables políticas económicas del Estado mexicano, resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia, que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleta, por no decir retrógrada. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro. Nos damos oportunidad, porque nos acompañan en el recinto, de saludar a alumnos y alumnas del Churchill School, del Colegio. Sean ustedes bienvenidos, sean bienvenidas.
De igual manera, saludamos a alumnos y alumnas de la secundaria número 321, Acamapichtli, del Distrito Federal, que han sido invitados, que han sido invitadas por nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez Ruiz.
Y de una vez también y con todo afecto, saludamos a alumnos y alumnas de la escuela primaria Francisco y Madero, del municipio de Chimalhuacán, del estado de México, invitados e invitadas por el diputado Luis Ricardo Aldana Prieto. Sean bienvenidas, sean bienvenidos todos. Muchas gracias por su visita.
En la lógica de la discusión del dictamen de reforma constitucional, ahora le otorgo el uso de la palabra al diputado José Luis Contreras Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar justamente en pro del dictamen y hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis Contreras Rojas: Buenas tardes a todos. Con la anuencia de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.
El diputado José Luis Contreras Rojas: Fue apenas a mediados del siglo pasado que los menores comenzaron a consolidarse como un campo específico de estudio. Áreas como la medicina, la psicología y la pedagogía comenzaron a especializarse en menores.
El derecho es una de esas disciplinas que no pudo escapar a dichos cambios modernos, es así como en el año de 1924 la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual establece el reconocimiento por parte de los Estados miembros de dicha Organización, que los menores son personas con derecho a una protección especial, requieren apoyos para desarrollarse de una manera saludable y se establece que deben promulgarse leyes que protejan el interés superior del niño.
En nuestro país se realizaron los primeros esfuerzos por regular a los menores en la década de los sesenta y setenta, en Oaxaca, Morelos y el Distrito Federal. En 1985 la Asamblea General de la ONU ratificó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, también conocidas como Reglas de Beijing.
En este documento se define la necesidad de contar con leyes e instituciones especializadas para la atención de los menores infractores, que al mismo tiempo que satisfagan las necesidades de justicia respeten sus derechos como niños y hagan hincapié en el bienestar de los mismos.
Algunos autores sostienen que el número de menores infractores no sólo se ha incrementado, sino que también existe mayor interacción con la delincuencia organizada.
En los años ochenta, las causas asociadas a este fenómeno eran la marginación, la marginación económica y cultural, así como la deserción escolar, familiar y laboral. Las conductas de estos menores eran fundamentalmente una respuesta agresiva contra el mundo de los adultos, pero a partir de los años noventa los menores infractores interactúan cada vez más en mayor medida con el crimen organizado, planean con mayor amplitud los objetivos de su conducta y asumen un mayor liderazgo.
Lo anterior, no significa que deban ser juzgados como adultos, sino por el contrario, utilizar el derecho penal como ultima ratio y encausar a los jóvenes a una vida que les permita integrarse a la vida en sociedad.
El proyecto que hoy discutimos pretende abonar en el encauce de nuestros niños. Con la presente reforma pretendemos dejar este problema en manos de los representantes en todas las entidades, o sea, los legisladores federales, de modo que podamos abordar este problema desde una perspectiva nacional al transformar la justicia para los adolescentes de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, nos permitirá otorgarles mejores garantías y un proceso judicial más garantista y justo, acorde con los compromisos internacionales.
En el Partido Acción Nacional nos pronunciamos a favor de los derechos de los niños, de los derechos humanos y del respeto y del reconocimiento de las libertades de las personas que les permitan desarrollarse plenamente y convivir en armonía en la sociedad.
Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen.
Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Y así será. Se incorpora al Diario de los Debates de manera íntegra su intervención.
Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Juárez Piña, hasta por cinco minutos, diputada Juárez Piña.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los juicios penales para adolescentes en nuestro país se han caracterizado por ser procedimientos predominantemente escritos, secretos y tardados.
En ellos podemos constar una serie de formalismos caducos y obsoletos, como son las grandes montañas de expedientes, la violación sistemática de derechos humanos y garantías, altos índices de impunidad y el aumento indiscriminado de las medias cautelares, entre otros, contrarios a la Convención de los Derechos del Niño.
Estos elementos son factores que hacen necesario transitar de un sistema de justicia penal para adolescentes, de corte tutelar a uno plenamente garantista.
Para nuestro grupo parlamentario uno de los ejes rectores de nuestra agenda legislativa fue el hacer accesible la justicia para todas y todos los adolescentes de este país. Profesionalizar la investigación de los hechos que la ley señala como delito, y otorgarle, además, a las víctimas, un papel preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes.
De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen.
Somos conscientes de que México requiere urgentemente una transformación radical al sistema penal para adolescentes, para otorgarle a la justicia un papel central en la lucha contra las modernas formas que utiliza la delincuencia organizada. Siempre en un marco de respeto a los derechos humanos y al debido proceso penal como se caracteriza en cualquier país democrático.
Congruente con estos principios, no queremos dejar de advertir que al inicio de esta Legislatura nuestro grupo parlamentario pugnó siempre para que se reformara el artículo 18 constitucional, para regular el proceso penal acusatorio y adversarial en el que se observe la garantía del debido proceso legal, se garanticen los derechos humanos que tiene todo ser humano, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas de tratamiento.
Creemos que estos aspectos han sido considerados en el presente dictamen, ya que se trata de un cambio radical del sistema de justicia penal para adolescentes que va a permitir entre otras cosas, disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia y que necesariamente también va a obligar a los operadores del sistema de justicia penal a capacitarse en el sistema acusatorio, pero sobre todo los juicios serán, deberán ser, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.
Además, impactará enormemente en la administración y la procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración para adecuar salas de audiencia, sistemas de grabación, así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación. De igual manera, con la capacitación de Ministerios Públicos, policías de investigación y personal de los servicios periciales, así como los defensores públicos, abogados y centros de internamiento especiales para adolescentes en todo el país.
Estos son los objetivos que deben alentar al legislador para garantizar plenamente el sistema de justicia para adolescentes. Estamos conscientes de que aún falta también implementar la nueva ley secundaria, como sería la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, que cuente con un sistema acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Éste sin duda será un gran reto en la agenda de los derechos de las y los adolescentes.
Solo para tener una idea del alcance de esta nueva ley federal, digamos que será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que actualmente se encuentran internados en los 56 centros para adolescentes, conocidos también como Centros de Tratamiento Interno, que existen en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, cuya cifra de población asciende a los cuatro mil 734, entre los cuales se encuentran cuatro mil 448 hombres y 286 mujeres.
De este universo, mil 841 se encuentra sujetos a procedimiento y dos mil 893 están cumpliendo una medida de tratamiento. Asimismo, cuatro mil 438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal, según datos que se han presentado en el informe especial por los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que presentó el día pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También será un reto el lograr que ellas y ellos reciban la atención adecuada para su reintegración a la sociedad, así como la restitución de sus derechos. Por lo anteriormente expresado, compañeras y compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Juárez Piña.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluida la lista de oradores y participado quienes solicitaron hacerlo y de que, conforme al artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor secretario, en lo general y en lo particular en un solo acto, por favor.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En lo general y en lo particular en un solo acto, presidente, así es.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío (desde la curul): A favor.
La diputada Edith Avilés Cano (desde la curul): A favor.
El diputado Christian Manuel Narváez Romero (desde la curul): A favor.
El diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz. Permítame, señor secretario. Hay pendiente de emitir voto.
El diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (desde la curul): A favor.
El diputado Antonio Sansores Sastré (desde la curul): A favor.
El diputado José Arturo Salinas Garza (desde la curul): A favor.
La diputada Ana Isabel Allende Cano (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 398 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 del ordenamiento supremo antes invocado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Por la comisión para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas, diputados de esta LXII Legislatura. Vengo a esta tribuna a presentar la fundamentación respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria, presentada por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y turnada a esta Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
El presente dictamen que nos ocupa el día de hoy pretende establecer la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo excedan los límites de la pequeña propiedad.
El territorio de nuestro país se conforma en más del 50 por ciento por propiedad social, distribuida en ejidos y comunidades y a partir de la reforma agraria de 1992, la figura del latifundio fue prohibida, pero aunque ya han pasado más de 20 años de la citada reforma, no se ha eliminado del todo esa práctica, pues en muchos lugares de nuestro país la tierra sigue estando en manos de unos cuantos, provocando que no se respete la prohibición que tuviera a bien establecer el Legislativo en 1992.
El artículo 27 constitucional en su fracción XV dice: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios, y se define con mucha claridad lo que se entiende por pequeña propiedad agrícola, pequeña propiedad ganadera, así como los efectos de sus equivalencias.
También define las sociedades mercantiles, elevando considerablemente los límites señalados en la fracción XV, asunto que sería un pendiente de revisar de manera integral su estatus para cumplir el mandato constitucional.
En este sentido, la Comisión de Reforma Agraria que me honro en presidir, con el objeto de fortalecer la prohibición al latifundismo establecido en la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para entender la presente hay que recordar que el latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario. Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad y cuantas excedan los límites establecidos.
Por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria dictaminó de manera favorable el presente, con obvio que lo anterior, que ha sido discutido en varios foros de tener tierra propia para las y los mexicanos en este país, como un principio fundamental, en eso mismo se fincó los principios de la Revolución Mexicana y ha complicado y sigue complicando la situación actual al campo, pues orilla a campesinos, a campesinas a emigrar a las grandes ciudades y fuera del país para buscar mejorar sus condiciones de vida. Ojalá que eso en poco tiempo pueda cambiar.
La iniciativa presentada por la legisladora no contraviene ninguna disposición constitucional y la prohibición que pretende establecer no ha sido considerada en ninguna otra ley secundaria. Por lo que cumple con requisitos de fondo que se requiere.
Por otra parte, de aprobarse por esta honorable asamblea el dictamen en comento, se evitarán en cierta medida los numerosos problemas generados por la tenencia de la tierra, que en todo momento y más en la situación crítica por la que atraviesa el campo mexicano, se debe favorecer de manera urgente un mejor reparto y una mayor equidad en la tenencia de la tierra, siendo esta una de las labores principales en esta Cámara de Diputados y que mañana, 22 de abril, es Día de la Madre Tierra.
Sólo destacaría que el espíritu de la ley debiera acompañarse de voluntad política, acciones legales y respeto irrestricto a las mismas. Que una parte importante de la población y su servidora, en particular, no estamos de acuerdo en privatizar grandes extensiones de las playas de nuestro país y que millones de hectáreas de tierra en sexenios anteriores hayan pasado al régimen de propiedad privada para varios fines. Pero, principalmente, la actividad minera, sin que los dueños originarios hayan obtenido beneficio alguno. Y mucho menos estamos de acuerdo y descalificamos, descalifico enérgicamente que se desplace a la gente de sus terruños, con hostigamientos, engaños y amenazas y se lucre con su pobreza o ignorancia.
¿Qué pedimos? Congruencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, civiles, agrarios, de arraigo de todas las personas de este hermoso país. Es lo que pedimos y aspiramos muchas y muchos.
Para evitar circunstancias semejantes a las que imperaban en la época del porfiriato y el respeto irrestricto a la prohibición de los latifundios en el país, la Comisión de Reforma Agraria exhorta a esta asamblea a votar en pro del presente dictamen. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, diputada.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Habiéndose fundamentado el dictamen por la Comisión de Reforma Agraria, tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena, para fijar la postura hasta por cinco minutos.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputada.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Compañeras y compañeros legisladores, nos resulta sorprendente la selectividad de los temas que se tocan con respecto al campo en esta legislatura, mientras hoy discutiremos esta adecuación mínima al marco regulatorio vigente quedan en el aire otros temas importantes, como el efectivo rescate al campo, con una bolsa de protección a los productores y cooperativas que resulte de una política de austeridad en el gobierno.
Ojalá y con el mismo ahínco que se dictaminó esta iniciativa, se reciban a los campesinos que reiteradamente se manifiestan todo el año en el exterior de este recinto en búsqueda de soluciones técnicas, económicas y políticas para la producción, distribución y comercio justo de sus productos.
En Morena estamos en contra del acaparamiento de las tierras, de los latifundios, tanto como nos oponemos al uso de la biotecnología nociva de transgénicos, que se permite con una laxa regulación en materia de bioseguridad.
Hacemos hincapié en que la concentración de la riqueza en unas cuantas manos va en contra de la población, las condiciones de trabajo se asemejan las actuales a las del periodo colonial y a la dictadura de Porfirio Díaz. La esclavitud en el mercado somete al campesinado a una situación de vida por debajo de los niveles mínimos de dignidad.
En el diezmado artículo 27 de nuestra Constitución, se conserva todavía en su espíritu el combate al latifundismo y los principios torales de la reforma agraria, que precisamente se centran en devolver la tierra y los insumos necesarios a quienes la trabajan.
La armonización del artículo 115 de la Reforma Agraria con la prohibición de los latifundios en superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales es algo que apoyamos en congruencia con los ideales que nos motivan como fuerza política.
Nuestro voto al dictamen va a ser favorable. Sin embargo, quedan muchas dudas sobre el porvenir, sobre todo después de los arteros golpes en materia energética, que regularon o dieron vida a la ocupación temporal de tierras ejidales y de pequeños propietarios y que no va a favorecer el impulsar, en absoluto, la actividad agrícola.
Estamos ante un gobierno de fracaso que no resuelve la crisis de seguridad alimentaria y que encuentra un paliativo con la apertura indiscriminada de cupos de importación, cuando la gran revolución que se necesita en el campo es la del financiamiento por la vía del crédito justo y accesible.
¿Cómo podemos hablar de combate al acaparamiento de las tierras y recursos, cuando la quinta parte del país está concesionada, además, a empresas mineras que ponen la ganancia por encima del medio ambiente, los derechos de las poblaciones cercanas y hasta el patrimonio cultural de la nación?
¿Cómo hablar de desarrollo si está sobre la mesa la privatización de los recursos hídricos y con ello el riesgo de crisis humanitaria en corto plazo?
Éstas son las interrogantes que exceden al ánimo selectivo temático que se impone en esta Cámara, que se prohíban los latifundios, sí. Pero también que se resuelvan los temas centrales como los asuntos de Tlatlaya y los de Apatzingán. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para fijar postura sobre el dictamen. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros diputados. La tenencia de la tierra fue un aspecto central de la reforma agraria, cuyo origen histórico se enmarca en la Revolución de 1910.
Recordemos que una exigencia del Plan de Ayala, impulsado por Emiliano Zapata, fue el reparto de las tierras, las cuales estaban concentradas en las manos de los hacendados y latifundistas.
La magnitud de tal exigencia fue tan profunda en la conciencia revolucionario que el reparto agrario se convirtió en una condición para la pacificación y sirvió de base para legitimar la Constitución de 1917, plasmado en el artículo 27 constitucional, el reparto de tierras se convirtió en un mandato constitucional y político del Estado mexicano.
Un elemento que contribuyó al proceso complejo de la reforma agraria fue precisamente la prohibición constitucional del latifundio, prohibición que a partir de la reforma constitucional de 1992, favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras cuya propiedad social por parte del ejido ha evitado el despojo y la concentración.
Consideramos positivo el dictamen que propone la armonización de la Ley Agraria al texto constitucional, para que de manera expresa se establezca en el artículo 115 de la ley reglamentaria, la prohibición del latifundio, aspecto que había sido abordado y que no había sido abordado cuando se expidió la nueva Ley Agraria en el año de 1992.
Al avanzar en la armonización de las leyes mexicanas buscamos que los postulados legales que rigen nuestro país encuentren su aplicación más clara a fin de que no se vulnere el derecho de los mexicanos y que se reduzca en los resquicios legales en esta materia.
A fin de evitar que el principio de justicia sea vulnerado desde las propias leyes, hoy, compañeras y compañeros, subsanamos esa laguna que no se encontraba en la ley de la materia y cuyo significado histórico fue fundamental para la construcción del Estado mexicano postrevolucionario.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos en la imperiosa necesidad de impulsar una reforma profunda e integral al campo mexicano. Reconocemos los avances de la reforma agraria y su reforma en la década de los noventa. No podemos entender el reparto de tierras más que como un principio de justicia social, su contribución a la estabilidad, gobernabilidad y al desarrollo de México en el siglo XX es innegable. Tampoco podemos ignorar su aportación para la construcción de un país urbano, industrial y con un sector importante de servicios.
Sin embargo resulta evidente que aún falta mucho por hacer para lograr una verdadera justicia social para el campo, una justicia que no se limite solo a la tenencia de la tierra sino al bienestar de las y los campesinos, quienes viven hasta ahora sumidos en la pobreza extrema.
Estimadas compañeras y compañeros legisladores, sin duda el paso que se establece a la Ley Agraria abona a dar certeza de la propiedad en el agro mexicano; sin embargo, es obligado señalar que actualmente el agro mexicano enfrenta problemas mayores que debemos atender en el menor tiempo posible, como la escasez de créditos, la falta de políticas destinadas al aumento de la productividad, el abandono constante y el envejecimiento del campesinado mexicano. Desafortunadamente ésta ha sido una constante en nuestro país, por lo que es obligación nuestra avanzar en una reglamentación clara que posibilite hacer efectivo el principio de justicia social.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen debido a que permitirá que en la Ley Agraria se establezca la previsión del latifundio. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, diputado. Diputado Javier Gutiérrez Reyes, tiene el uso de la tribuna para fijar la postura de su Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: La Comisión de Reforma Agraria ha presentado a este pleno su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Al respecto consideramos que el espíritu que dio a la Revolución mexicana se debe respetar, refrendar y proteger.
Hoy día cabe mencionar que ese precepto se está quitando de la vida diaria del campo. El campo como nunca hoy está desprotegido. Las reformas que se han hecho le han dado a las minas y han quitado miles y miles de hectáreas a los campesinos a cambio de unos solos centavos. Las reformas que se han hecho aquí de los hidrocarburos dejan en completa indefensión a todos los productores del campo.
Al respecto volvemos a considerar que el espíritu que dio inicio a la Revolución Mexicana hoy lo debemos de rescatar. En este sentido la lucha contra el latifundio, la gran propiedad y el acaparamiento de tierras es más vigente principalmente en la frontera de tierra agrícola o urbana en zonas de grandes recursos naturales, minerales y petroleros.
Recordemos que uno de los fundamentos de la gesta revolucionario se encontró en la lucha contra el latifundio y el acaparamiento de tierras por parte de unas cuantas familias terratenientes que hoy vuelve a ser realidad. Otro se encontró en la lucha contra el robo y el despojo de grandes territorios que históricamente habían pertenecido a los pueblos originarios ricos en tierras fértiles, agua y recursos naturales. Hoy eso sigue sucediendo. Hoy los tenemos en un estado de indefensión.
Por ello hay que recordar que el Constituyente del 17, reconociendo la justicia y las demandas y reivindicando las luchas mencionadas, incluyó en aquel momento, en la naciente Constitución, la prohibición de los latifundios que hoy esta soberanía no debe de permitir que regresen.
Sin embargo la ley secundaria en la materia, la Ley Agraria, no incluye una prohibición expresa a los latifundios.
Por eso el proyecto que se nos presenta nos parece pertinente dar certidumbre jurídica y evitar que las condiciones que dieron lugar a la lucha revolucionaria se repitan; es una de las principales tareas que hoy tenemos como legisladores.
¿Cuál es? Es la certidumbre jurídica en torno a la propiedad que permite la obtención de créditos y apoyos al sector agrícola, que de otra forma le son negados. Asimismo la pequeña propiedad fomenta la competencia y la productividad del campo bajo premisas de cooperación y apoyo comunitario.
Reparte –de alguna forma– los beneficios de forma más equitativa y justa en función al trabajo y al esfuerzo individual, siempre en torno a un proyecto comunitario.
Por eso reconocemos la necesidad de una nueva reforma agraria que impulse la producción del campo, la soberanía alimentaria del país y aumente los niveles de vida de todos los mexicanos, así como buscar la organización de los campesinos en cooperativas, unidades colectivas y demás figuras asociativas para que controlen y eleven la calidad de la producción, comercialización, abasto e industrialización; para que incorporen la modernización tecnológica acompañada de educación y capacitación que hoy por hoy está ausente en todo el campo.
Por lo tanto el Partido del Trabajo defiende y defenderá al ejido, la propiedad comunal, ya que representan el beneficio social más amplio e integral; fomenta la solidaridad y cooperación y avanza en torno a un sistema humano y autodeterminado de las comunidades agrarias y campesinas.
Hoy a más de 100 años del inicio de la lucha revolucionaria contra un tirano dictador, las condiciones históricas parecen ser las mismas. Es más, son las mismas; formas de trabajo semiesclavo, movilización de grandes grupos humanos de una zona a otra en busca de trabajo, la entrega de nuestro territorio y recursos naturales al extranjero y a empresas privadas; la creciente dependencia al capital financiero internacional; el crecimiento de la deuda pública –entre otros elementos– nos hace pensar aún en la situación anterior a la independencia y pensar que aún el porfiriato está muy vigente en nuestro país. Nos hace pensar que los motivos y la lucha por lograr el México justo, democrático, equitativo y feliz que inició la Revolución Mexicana aún está vigente.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya esta minuta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para fijar la postura sobre el dictamen. Y aprovecho el momento para saludar, a nombre del diputado Gerardo Hernández Tapia, sus invitados que están el día de hoy aquí con nosotros, con vecinos de Coatepec Harinas, estado de México, conformado por distinguidas mujeres y maestros jubilados. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado, tiene usted la palabra.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Mucha gracias. Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La tenencia de la tierra en México surge por la necesidad de darle un uso adecuado a los recursos naturales que de ella emanan. Acumular grandes cantidades de tierra fuera de los límites establecidos por las disposiciones agrarias, es una ilegalidad que tiene que terminar, en razón de que se realiza en perjuicio de la productividad del campo mexicano y de la repartición equitativa de la tierra.
Actualmente los ejidatarios se encuentran en una constante lucha social para hacer valer sus derechos agrarios, pues a pesar de que constitucionalmente la calidad de ejidatarios se encuentra claramente reconocida, aún así no se respeta su estatus de grupo vulnerable. Por ello, se requiere una mayor atención a este sector de la sociedad a efecto de mejorar la certeza y la seguridad jurídica de sus tierras.
En el país, el 53 por ciento de la superficie total de la tierra son ejidos y comunidades, siendo el equivalente a 31 mil ejidos y comunidades. Acorde a estas cifras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los ejidatarios pueden poseer extensiones de tierra siempre y cuando su uso y aprovechamiento sean destinados a actividades del campo.
A partir de la repartición que otorga la tenencia de la tierra para fines agrícolas, y se encuentre determinado bajo la figura del ejido, resulta como consecuencia el surgimiento del acaparamiento de tierras, que no es más que la posición de la tierra por parte de un solo individuo y no de todo el núcleo de población ejidal como legalmente se debe establecer, excediendo claramente los límites de la pequeña propiedad agrícola que la legislación señala para tal efecto.
La legislación agraria determina que los máximos territoriales que puede poseer un ejidatario para que se considere pequeña propiedad agrícola será en promedio un total de entre 100 a 300 hectáreas, dependiendo de los productos que se cultiven en dicha área, regulando con ello la cantidad de tierra que pueden poseer los ejidatarios para que sea considerada como pequeña propiedad agrícola.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación agraria, desde su creación, no permiten la aparición de latifundios en el territorio nacional, por lo que este proyecto en comento precisa de forma más clara la innegable aparición de los latifundios en todo México, pues en esencia dicha prohibición revertirá el arrebato de tierras que se hizo a sus propietarios y otorgará la seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizar a sus gobernados con la aplicación de las leyes.
El proyecto de decreto que hoy se vota garantizará la distribución equitativa de la tierra y fortalecerá la eliminación de latifundios en el territorio nacional, obligando con ello a los poseedores de la tierra a repartir de forma equitativa la tierra entre los miembros de los núcleos de población ejidal, generando con ello una mejoría en la economía de los ejidatarios y prevaleciendo el Estado de derecho en nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del proyecto de dictamen consistente en reformar el artículo 115 de la Ley Agraria, relativa a la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganadera o forestal, que siendo propiedad de un solo individuo exceda los límites de la pequeña propiedad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras, compañeros.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias a usted, diputado Hurtado Gallegos. Muchas gracias. Para fijar la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la tribuna el diputado Felipe Arturo Camarena García.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. El origen eminentemente popular de nuestra Carta Magna y su trascendencia como garante de la democracia y la justicia social compromete al Estado mexicano a procurar bienestar para la población en lo general, y para nuestros campesinos en lo particular, grupo que desempeñó un papel protagónico en la lucha armada que tuvo lugar en nuestro país en los albores del siglo pasado.
En este sentido, resulta fundamental atender aquella que ha sido una de las principales reivindicaciones de nuestros campesinos del México postrevolucionario. Me refiero a la aspiración de miles de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, de obtener por parte de las instituciones estatales seguridad en la tenencia de la tierra.
Para enfrentar de mejor manera el problema de la pobreza que aqueja a nuestro país y que se recrudece en el ámbito rural, es necesario impulsar políticas destinadas a captar nuevas inversiones, así como fomentar la creación de empleos en el campo y elevar su productividad con la intención de abonar al mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
Para lograr lo anterior es imprescindible contar con un marco jurídico que dé certeza a todas las formas de propiedad de la tierra, de manera tal que desde el ámbito legislativo se contribuya en la tarea de inyectar dinamismo al agro mexicano y éste sea capaz de ofrecer un futuro más atractivo para las generaciones venideras de campesinos, avanzando con ello en el objetivo de alcanzar en el largo plazo la deseada sustentabilidad alimentaria de nuestra nación.
Se trata pues de reformar la ley para detonar el desarrollo del campo, promoviendo normas que otorguen mejores condiciones para producir y mayores beneficios a los productores rurales, especialmente a quienes tradicionalmente han dependido de una agricultura de subsistencia, hoy tan vulnerable ante lo impredecibles que han sido y vuelto nuestros fenómenos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, cuya ocurrencia ha terminado por empobrecer hasta a niveles lacerantes a los campesinos mexicanos, a quienes el Estado no ha sido capaz de brindarles los apoyos suficientes para hacer frente a situaciones de este tipo.
Por otra parte, el fenómeno conocido como latifundismo ha sido desde la época colonial uno de los problemas más grandes con los cuales ha lidiado nuestro país a lo largo de su historia, y que es casi todos los científicos sociales de las más diversas tendencias, coinciden en que la excesiva concentración de riqueza territorial en unas cuantas manos, tiene efectos nocivos que obran en detrimento de la gran mayoría de la población.
El latifundio representa un obstáculo para el óptimo aprovechamiento de la tierra, que se le asocia con un bajo nivel de productividad de la misma.
A pesar de que la Constitución de 1917 estableció en su artículo 72 que en nuestro país están prohibidos los latifundios, el sistema de tenencia de la tierra sigue estando altamente polarizado entre un pequeño grupo de grandes unidades de producción, las cuales generan la mayor parte de producto agrícola y las miles de parcelas cuya explotación en ocasiones no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades más básicas de una familia. Motivo por el cual actualmente sigue siendo necesario impulsar la realización de acciones en contra de la concentración de la propiedad rural.
Si bien la Ley Agraria vigente planteó en su exposición de motivos como uno de los principales objetivos dejar debidamente establecidos y documentados los legítimos derechos de toda forma de tenencia de la tierra en nuestro país para quedar como definitivos, 22 años después de su publicación siguen existiendo rezagos en materia, uno de los cuales pretende subsanarse a través de la presente reforma, la cual responde a la necesidad de dar plenitud y coherencia a los ordenamientos jurídicos relacionados con la materia agraria. De manera tal que la ley que se pretende modificar refleje aquello que establece nuestra Carta Magna respecto a los latifundios. Es decir, la prohibición expresa de los mismos.
Lo anterior, como ya lo expresamos, tiene la finalidad de dar mayor seguridad y certeza al régimen de la propiedad agrícola en nuestro país y promueve con ello mejores condiciones de vida para los campesinos. Por ello, el Partido y el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista votarán a favor del decreto puesto a discusión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchísimas gracias, diputado Camarena. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta Presidencia le otorga el uso de la voz al diputado José Humberto Vega Vázquez.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, incluir en la Ley Agraria la disposición expresa de que en México están prohibidos los latifundios tiene la mayor relevancia para el Partido de la Revolución Democrática.
Como es de todos conocido, el latifundismo en México no significa únicamente grandes extensiones de tierras ociosas o mal aprovechadas. Significa, sobre todo, el despojo violento de las tierras comunales de los pueblos originales y la explotación inhumana de campesinos, comuneros y obreros agrícolas. Ejemplo, Valle de San Quintín, Baja California Sur.
Significa uso de la represión y de guardias blancas para perseguir y asesinar. Desgraciadamente no es tampoco un tema que haya quedado en el pasado de nuestro campo mexicano.
Como lo dice bien la exposición de motivos de la iniciativa en discusión, el latifundismo en México arrastra un negro historial de atropellos desde La Colonia, el porfiriato y en la actualidad.
Para que el latifundio fuera ilegal y para que se repartieran las haciendas de miles de hectáreas en los tiempos de Porfirio Díaz, los campesinos tuvieron que hacer una revolución bajo el lema histórico de Tierra y Libertad, que costó un millón de vidas por este anhelo. Y luego, promulgar en la Constitución, en el artículo 27, que en la nación mexicana estaban prohibidos los latifundios agrarios.
Hacer realidad este principio constitucional significó una larga lucha de campesinos y comuneros por el reparto agrario, por recuperar lo que en otros tiempos había pertenecido a sus abuelos y tatarabuelos, tierras comunales, bosques, aguas y selvas.
Con Zapata y Villa, pasando por Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la lucha de cientos de organizaciones campesinas y luchadores sociales, se hizo posible reflejar en nuestras leyes la propiedad social de la tierra y dar vida a 31 mil 426 núcleos agrarios en el país, con una superficie además de 100 millones de hectáreas.
Por desgracia la lucha contra los latifundios y los terratenientes de viejo y de nuevo cuño aún no terminan. Tenemos nuevos procesos de privatización y concentración de la tierra, tan insultantes para los mexicanos, como los latifundios en tiempos de Porfirio Díaz.
En las reformas de la presidencia de Salinas, en 1992, en la fracción IV, del artículo 27 constitucional se estableció como límite el equivalente hasta 25 veces la pequeña propiedad para sociedades mercantiles por acciones. Esto es, que se considera legal una propiedad de hasta 20 mil hectáreas, mientras que por otra parte, en esa misma reforma se dio por concluido el reparto agrario y se permite que las tierras, aguas y bosques de ejidos y comunidades se puedan rentar, comprar y vender libremente. Además de los muchos núcleos agrarios que siguen reclamando o defendiendo sus tierras ante los tribunales agrarios, tenemos nuevas amenazas sobre la propiedad social con las nuevas leyes y políticas neoliberales, alimentando el voraz apetito por las riquezas del subsuelo.
En los últimos 20 años se han entregado concesiones a compañías mineras, nacionales y extranjeras, por cerca de 100 millones de hectáreas, con lo que prácticamente se restablecen los antiguos latifundios.
También la reforma energética, al señalar que las actividades de exploración y de extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos tienen preferencia por cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, anuncia las nuevas amenazas que se ciernen por el latifundismo moderno contra las tierras de ejidos, comunidades y de la pequeña propiedad.
Los nuevos latifundistas van por las riquezas del subsuelo, por el petróleo, por el gas, el agua y los minerales, pero para llegar a esas riquezas antes deben apropiarse de las tierras por cualquier vía. Los ejidos y comunidades de los pequeños propietarios están en riesgo.
Aquí quiero hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque a miles de campesinos y ejidatarios comuneros y pequeños propietarios que fueron despojados por el paso de servidumbre ya no los quieren indemnizar, a pesar de que hayan hecho sus trámites.
Por estas razones, compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD considera relevante establecer en la Ley Agraria que en México están prohibidos los latifundios y votará a favor del dictamen de esta comisión. Es cuanto, compañero presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputado Vega Vázquez. Tiene el uso de la voz para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción y además quien es autora de esta iniciativa de la Comisión de Reforma Agraria, a la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez.
La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante.
La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Amigos, diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional reconoce la imperiosa necesidad de establecer de manera expresa en la Ley Agraria la prohibición de los latifundios en México.
A pesar de que la reforma del artículo 27 constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1992, tuvo entre sus elementos destacables la prohibición del latifundio y el establecimiento de mecanismos para su fragmentación, no así en la reforma agraria y su artículo 115.
Para evitar irregularidades, el dictamen en comento señala que: el acaparamiento excesivo de tierras por una sola persona no es un problema de ayer, es actual y por ello hay que impedir que no se vuelva a generar, por lo cual es conveniente homologar la ley de la reforma agraria a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 27, con el fin de evitar ambigüedades en su interpretación.
Acción Nacional de manera reiterada y permanente desde hace décadas ha demandado el crecimiento humano del campesino, un régimen justo y seguro de la tenencia de la tierra, el impulso de su productividad económica y la integración complementaria positiva y necesaria del sector agropecuario con el resto de la economía nacional e internacional, preferentemente en los procesos de industrialización como prioridad para resolver el problema del sector agropecuario.
De igual manera, insistiremos en dar soluciones a los problemas agrarios en el acompañamiento de propuestas de terceros al respecto o en la implementación de políticas públicas agrarias pertinentes. Siempre hemos actuado de manera congruente y responsable, desde el ejercicio del poder y como posición.
En esta ocasión impulsamos una política agraria que proporcionará certeza y seguridad en el campo, a través de la ordenación de la propiedad de los núcleos agrarios, otorgándoles los certificados, los títulos a los que por ley tienen derecho regularizando las posiciones de las tierras que constitucionalmente le corresponden a la nación e incorporando al nuevo régimen reglamentario las colonias agrícolas y ganaderas respetando siempre los derechos políticos y sociales de los productores rurales.
Por ello Acción Nacional votará a favor del siguiente dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria que se somete a consideración de este pleno. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que siendo propiedad de un solo individuo exceden los límites de la pequeña propiedad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, diputada Ramírez Diez Gutiérrez. Felicidades por su iniciativa. Tiene el uso de la voz para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el diputado Darío Badillo Ramírez.
El diputado Darío Badillo Ramírez: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Adelante, diputado Badillo.
El diputado Darío Badillo Ramírez: Con el gusto de saludarnos, compañeras, compañeros legisladores. El voto del Grupo Parlamentario del PRI desde luego que emitirá un voto a favor del dictamen que aquí nos ocupa, por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria en la idea de dejar claro que para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundios en la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.
Lo anterior refrenda la vocación reformista y revolucionaria que ha sentado las bases bajo el ideal de justicia social que nos ha permitido construir y la República que ahora tenemos.
Coincidimos con los argumentos de la proponente y las consideraciones de la dictaminadora, toda vez que como acertadamente lo señalan, aunque los latifundios se encuentran prohibidos ya por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester en la ley secundaria hacer la correlación respectiva tendiente a evitar problemas generados por la tenencia de la tierra a través de normas que propicien una mayor equidad y establezcan las condiciones que impidan que la nueva realidad –por una u otra razón– provoque una regresión histórica en detrimento de las mayorías y de los valores que nos han unificado.
En suma, hoy se presenta a nuestra consideración una propuesta acorde con la jerarquización de las normas jurídicas que tienen por objeto central, evitar nuevas tensiones y conflictos sociales derivados del crecimiento poblacional, así como de la productividad y competitividad que exige el mundo globalizado.
A mayor abundamiento, es preciso señalar que el perfeccionamiento y adecuación de las normas jurídicas deben ser la constante de esta Cámara, toda vez que éstas deben ser tan dinámicas como la sociedad misma y responder de manera oportuna a los nuevos fenómenos y necesidades sociales.
La adición propuesta a la ley secundaria es no sólo pertinente desde el punto de vista jurídico, sino también reivindicadora de la historia de nuestro país y de sus próceres, la cual lleva en su espíritu el eco de la máxima que nos motivó hace varias décadas “tierra y libertad”, motivación que sólo podrá cesar cuando la brecha de la pobreza y la desigualdad sea inexistente, cuando el campo mexicano se convierta en motor de desarrollo y en todos los rincones del país cada mexicana y cada mexicano, accedan de manera efectiva a los beneficios del desarrollo. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputado Badillo.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Para hablar en pro del dictamen, tiene el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, son bien sabidos los objetivos reivindicatorios de la Revolución de 1910, me refiero a que los campesinos encontraron respuesta a sus demandas en el artículo 27 y los trabajadores en el artículo 123 de la Carta Magna de 1917.
Por esto se ha afirmado que dichos preceptos constituyen la base del constitucionalismo social mexicano, pionero en el mundo en este aspecto. Así, la Constitución de 1917 proscribió los latifundios y ordenó el reparto agrario y la restitución de tierras a las comunidades despojadas de ellas.
En estas condiciones, el objetivo del dictamen que discutimos en precisamente trasladar esa prohibición constitucional a que se refiere el artículo 27 a la ley secundaria reformando el artículo 115 de la Ley Agraria. No hay razón para oponerse, la adecuación es acertada por lo que nuestro voto será a favor.
Sin embargo, quiero manifestarles una situación sumamente preocupante, esta reforma establece que en el país quedan prohibidos los latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.
De acuerdo con la fracción XV del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, el pequeño propietario es aquél que tiene en propiedad hasta 100 hectáreas de riego, 200 hectáreas de temporal, 300 hectáreas sembradas de frutales, cacao, café, etcétera, 800 hectáreas de bosque y quien tenga la suficiente de agostadero, necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, según la capacidad forrajera del terreno.
Lo anterior quiere decir que en terrenos de pastizales si el coeficiente de agostadero es de 10 hectáreas, se cataloga como buena calidad. Un individuo ganadero puede tener hasta 5 mil hectáreas o si el coeficiente es de 20 hectáreas, puede tener hasta 20 mil hectáreas. En todos los casos anteriores al productor agrícola se le considera pequeño propietario.
Evidentemente no comparto la idea de que estas personas sean pequeños propietarios agrícolas, por el contrario, son personas que acaparan grandes extensiones de tierras en detrimento de las clases campesinas económicamente débiles.
Los reales pequeños propietarios son la mayoría de los productores particulares del país, dueños únicamente del 10 por ciento o menos la pequeña propiedad, lo que equivaldría a superficies que van de 0 hasta 10 hectáreas de riego, 20 de temporal y así sucesivamente.
Compañeros diputados, este país necesita de una verdadera reforma al campo, una reforma que entre otras cosas proteja a las clases más desfavorecidas del medio rural y que no se les excluya en la asignación de recursos públicos como siempre pasa.
Los 500 diputaos pertenecientes a la LXII Legislatura tenemos la obligación de apoyar al campo para sí poder garantizar la alimentación a todos los mexicanos, evitando la opacidad en la asignación de los recursos aprobados por esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, diputada. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García.
El diputado Javier Orihuela García: Compañeros y compañeras, espero que nos pongan un poquito de atención. Este tema de la reforma agraria es algo importante y el tema del latifundismo es algo fundamental. Quiero llamar la atención a todos los compañeros diputados del PRI y del PAN, porque efectivamente tenemos que estar en contra del latifundio. Eso es un principio de la Revolución Mexicana, estar en contra del latifundismo, sin embargo es un tema totalmente desfasado de la situación económica por la que atraviesa nuestro país.
Hoy el latifundismo, el latifundismo al que se refiere nuestra compañera Gloria, efectivamente es un latifundismo en el que tenemos que estar en contra, pero más en contra acerca de las formas en como se ha ido instrumentando un latifundismo rapaz que no solamente ha dejado al país... yo le quiero pedir al licenciado Manlio Fabio, porque vamos a... licenciado Manlio Fabio, yo creo que tenemos como mexicanos la responsabilidad de actualizar el concepto del latifundismo y hoy el latifundismo mexicano está representado en ese latifundismo que extrae la riqueza de nuestro país, la riqueza más importante de nuestro país.
Hoy se han creado muchos latifundios a raíz de las concesiones mineras. Yo creo que es necesario que esta Cámara de Diputados tome en cuenta que necesitamos reformar la Ley Minera, necesitamos que se cancelen todas las concesiones mineras que están expoliando a nuestro país.
Hoy que tenemos el riesgo de que el Presupuesto de Egresos de la Federación ya no tenga el mismo ingreso mercede la reforma energética, merced a la baja en el precio del petróleo, hoy tenemos la oportunidad que el país asuma la soberanía en materia minera, en materia de explotación y aprovechamiento de los recursos minerales para que pueda allegarse más recursos económicos para el Presupuesto de Egresos del país, para el desarrollo de nuestra economía nacional.
Compañeros, no cerremos los ojos a esta realidad nacional, el interés de las grandes compañías y de los grandes consorcios que en 1910 tenían el interés por el azúcar, por el café, hoy ya no lo tienen, a ellos ya no les interesa el latifundio, aquel latifundio ganadero, agrícola, porque han impuesto un tratado de libre comercio en nuestro país que nos ha dejado en el desabasto alimentario y hoy las compañías extranjeras son las que nos abastecen.
Las consecuencias nefastas del latifundismo de aquella época siguen prevaleciendo, la falta de alimentos, México sigue importando maíz, sorgo, arroz e increíblemente leche. Vemos a los productores de Jalisco tirando su leche protestando porque tengamos, porque se cancele el Tratado de Libre Comercio. Ése es el verdadero latifundismo que nos ha dejado en la dependencia alimentaria, compañeros.
Necesitamos otro acuerdo aquí en esta Cámara de Diputados; cancelar el Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria que ha creado miseria y abandono del campo porque ya no es negocio el campo. Todo lo estamos importando y la política agroalimentaria de nuestro país ha dejado en el desabasto a grandes zonas rurales.
En primer lugar entonces yo reitero a esta Cámara de Diputados, requerimos que tomemos el acuerdo de cancelar el Tratado de Libre Comercio, que lo discutamos.
En segundo lugar, que pudiéramos revisar la Ley Minera para cancelar las concesiones mineras, ¿por qué? Porque solamente –y corrijo al compañero diputado Vega– en nuestro país hay 36 millones de hectáreas concesionadas a los consorcios mineros y ese es el verdadero latifundismo, que extrae el capital, que extrae la riqueza de nuestro país necesaria para promover el desarrollo. Ahí está una de las vetas que pudiéramos ser soberanos para mejorar las condiciones de ingresos, el Presupuesto de nuestro país.
En 2016 está el riesgo de que el Presupuesto de Egresos baje. Pero compañeros, está en nuestra responsabilidad como diputados buscar otros ingresos. Y ahí están, cancelar las concesiones mineras y que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de explotarlas en beneficio de la nación y, desde luego, de las comunidades agrarias que hoy están siendo despojadas del subsuelo, que debe ser parte también de ellas, compañeros.
Quisiera pedirle a la Comisión de Reforma Agraria que estando de acuerdo en ratificar la...
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Concluya, por favor, diputado.
El diputado Javier Orihuela García: Permítame. Quisiera pedirle a la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, que estando de acuerdo en ratificar nuestro compromiso como mexicanos de abolir los latifundios, que se revise la Ley Minera, el artículo 6 de la Ley Minera para que se cancelen esas concesiones y pudiéramos ahí tener un gran recurso económico para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: A usted, diputado Orihuela.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
(Votación)
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprovecho el momento para saludar a estudiantes de la Universidad de las Naciones, de Veracruz, invitados por el diputado Humberto Alonso Moreli. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Cierre el sistema de votación.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El diputado Héctor Irineo Mares Cossío (desde la curul): A favor.
La diputada Edith Avilés Cano (desde la curul): En favor del dictamen.
El diputado Cristian Manuel Narváez Romero (desde la curul): A favor.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz(desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Señor presidente, se emitieron 389 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señor secretario diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Batalla de Celaya.
Estando a discusión en lo general y en lo particular, fijará postura por Agrupación Morena, la diputada Lorretta Ortiz Ahlf, hasta por cinco minutos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Declino mi participación, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En razón de que declina de su participación, le otorgamos el uso de la palabra, a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Compañeras, compañeros legisladores. Estamos a favor del presente dictamen, porque el acto de conmemorar los grandes hechos y los grandes personajes de la historia fortalece la consciencia cívica de la población y tiene efectos pedagógicos en las nuevas generaciones.
La moneda conmemorativa de los 100 años de la Batalla de Celaya es una ocasión para reflexionar sobre el significado de este hecho, que enfrentó a los más grandes genios militares de la historia mexicana.
La Batalla de Celaya registró el momento más violento y decisivo de la Revolución Mexicana, el momento del enfrentamiento entre las facciones revolucionarias que destruyeron el antiguo régimen y que de forma inevitable debían confrontar sus propios proyectos para darle rumbo al país.
En abril de 1915, el Bajío fue el escenario de guerra donde emergió triunfante el Ejército Constitucionalista encabezado por el general Álvaro Obregón. Obregón, representaba el ala institucional de la Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, partidario de la legalidad y la transformación gradual de la realidad política, económica y social.
Los constitucionalistas tenían un proyecto de nación articulado del que carecían las demás facciones revolucionarias. Del otro lado estaba la División del Norte encabezada por Francisco Villa que abanderaba una agenda de profundas transformaciones sociales y contaba con enorme apoyo popular.
Formalmente a las órdenes de Carranza como primer jefe de la revolución, Villa nunca se sometió a las necesidades estratégicas de Carranza, porque ello implicaba quedar relegado de las prioridades del nuevo gobierno surgido de la revolución.
La División del Norte es para muchos historiadores una de las más grandes construcciones populares independientes, diseñada y articulada bajo la hostilidad, primero, del régimen Porfirista encarnado por Victoriano Huerta y después bajo el acoso de Carranza. La destrucción del aparato militar y las bases sociales del antiguo régimen se deben en gran medida a la acción de la División del Norte.
En abril de 1915 Francisco Villa encabezaba las demandas históricas de justicia, tierra y libertad. Ya había ocurrido la Convención de Aguascalientes donde concluyeron las visiones de las masas campesinas y populares del norte y del sur, encabezadas éstas por Emiliano Zapata. El Plan de Ayala zapatista, con su programa de reivindicación histórica de los campesinos se incluyó en la agenda de la convención.
La fortaleza militar, social e ideológica de las fuerzas convencionistas se reflejó en la toma de la Ciudad de México y la salida de Carranza rumbo a Veracruz para reorganizarse.
Finalmente, la Batalla de Celaya mostró que la visión histórica, la habilidad política y el sentido institucional de Carranza, le permitieron generar las condiciones para enfrentar y derrotar a la División del Norte.
La capacidad política y la visión de Estado se impuso a los impulsos revolucionarios de las masas. La ausencia de un proyecto institucional impidió a las fuerzas de Francisco Villa acumular apoyos entre las clases dirigentes y del exterior, concretamente en Estados Unidos donde la inminencia de la primera guerra mundial apremiaba a forzar la pacificación de México.
A 100 años de la Batalla de Celaya podemos derivar muchas lecciones. Una de ellas es que la violencia no siempre es el único camino para conciliar los proyectos encontrados. En todo momento es posible encontrar la forma de solucionar las diferencias sin que ello implique aplastar al adversario.
Las estructuras políticas del antiguo régimen no permitían la conciliación de los proyectos de las acciones revolucionarias triunfantes, sin embargo el Estado surgido de la Revolución Mexicana que hoy tratamos de fortalecer y democratizar, debe ser capaz de procesar nuestras diferencias, de solucionar conflictos y de evitar fracturas, todo por la vía pacífica e institucional.
Con la moneda conmemorativa cuyas características se definen en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se preserva la memoria de este hecho.
De igual forma el dictamen de la Comisión de Gobernación que se discute a continuación y que establece el 15 de abril como aniversario de la Batalla de Celaya, contribuye a reconocer su trascendencia.
En Nueva Alianza –mi grupo parlamentario– creemos firmemente que las nuevas batallas que debamos enfrentar los mexicanos, tienen que ser en el terreno del debate, de la discusión, de la negociación, de los acuerdos, y de los consensos democráticos.
Así demostraremos a las nuevas generaciones que aprendimos cabalmente las lecciones de la historia. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cerda Franco. Don Ricardo Cantú Garza, tiene la palabra.
El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): Declino, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Declina usted en aras de contribuir a la economía del procedimiento legislativo. Gracias. Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, tiene la palabra.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): También declino, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: También le reconoce la asamblea su contribución. Diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, por favor adelante; guanajuatense.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. Quisiera al igual que mis dos compañeros anteriores también declinar pero o puedo hacerlo –señor presidente– porque es mi distrito, el distrito que represento...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sería una omisión.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: ...es el que hoy tratamos en este punto y es muy importante por lo que sucedió para nuestra historia y por esa gran batalla en la ciudad de Celaya.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra y seguramente sería reprochable el que no lo hiciera, por favor.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, presidente. La identidad nacional es la sensibilidad efectivo emocional que produce el apropiarse del pasado, del presente y del futuro de una nación.
En este sentido la celebración de las batallas y gestas militares nos sirven en gran medida para tener una identidad nacional sólida, uniforme.
No cabe duda –pues– que en el periodo comprendido entre la Independencia y la Revolución Mexicana está repleta de hazañas y gestas heroicas en las cuales nuestros antepasados han luchado en contra del enemigo que han amenazado la integridad de nuestra nación.
Una de estas disputadas se dio en la ciudad que me toca representar en mi distrito, en la ciudad de Celaya, del estado de Guanajuato, y pasó a la historia como un evento militar decisivo, el cual acaeció el 15 de abril del año 1915, entre las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa y el Ejército Constitucionalista, el cual era dirigido por el general Álvaro Obregón.
Es importante comentar que Francisco Villa contaba con la ventaja de poseer mayor número de tropas, ya que entablarse las hostilidades, Obregón disponía de 15 hombres y Villa de 25 mil. Pero el general Obregón tenía la ventaja táctica, pues conocía mejor el terreno, esto le permitió establecer ventajosamente sus posiciones y esperar siempre los ataques del impulso de Francisco Villa.
Lo anterior, lo logró mediante posiciones defensivas bien articuladas, contando con una fuerte cantidad de ametralladoras y alambradas, la combinación de todos estos factores contuvo las famosas cargas de caballería de la división de norte para posteriormente contraatacar con la artillería.
Por lo tanto, desde el punto de vista militar, en el escenario bélico de Celaya, se enfrentaron la modernidad obregonista y el atraso villista.
Todo lo anterior contribuyó a la victoria del general Álvaro Obregón en la ciudad de Celaya, que aunque para muchos, el famoso manco había perdido la mano derecha en esa ciudad, no fue ahí, sino fue en una batalla posterior dos meses en la ciudad de León y la comunidad de San Pedro, El Monte, lo cual marcó un parteaguas, pues así definió Obregón que en la ciudad tuvo rumbo la revolución de nuestro país, la Revolución Mexicana, ya que con el tiempo se logró la erradicación del villismo y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo presidente de la República.
Seguidamente Carranza convocó al Congreso Constituyente de 1917, el cual elaboró nuestra Constitución Mexicana y la cual nos rige en la actualidad y da origen y sustento a todas nuestras instituciones democráticas.
Por lo antes mencionado, a 100 años de lo ocurrido, dicho acontecimiento nos permite reforzar nuestra identidad nacional, conocer la historia de lo ahí acontecido, y compartirla con todas nuestras generaciones de jóvenes, y es que debido a la trascendencia de este evento, en el devenir histórico de nuestra nación, se nos pone a consideración el presente proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya.
Con esta acción se busca la difusión de ideas y la dispersión del conocimiento de nuestro legado histórico y cultural, lo cual se logra gracias al amplio uso de las monedas como medio para la compra y venta de bienes y servicios.
De igual manera, también se pone a consideración el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se reforma la fecha de 15 de abril para quedar como 15 de abril aniversario del fin de la Batalla de Celaya de 1915.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de dichos puntos de acuerdo, en primer lugar por la trascendencia de dicho acontecimiento que propició para la construcción de una nueva etapa en la vida institucional del México que hoy tenemos, en segundo lugar porque esta conmemoración nos permite resaltar la importancia histórica de Celaya y finalmente porque nos sirve para recordar a las personas que murieron, que dieron su vida en este campo de batalla, defendiendo todos sus ideales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Camarena García. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Por supuesto que la Batalla de Celaya tuvo una enorme importancia en lo que sucedió con la Revolución Mexicana, en el desenlace de la Revolución Mexicana por decirlo de alguna manera, fue la derrota de los ejércitos populares, de los ejércitos populares que sostuvieron la Convención de Aguascalientes, fueron derrotados por un general muy bueno tácticamente, le decían el general invicto a Álvaro Obregón, pero él representaba otros intereses.
Representaba otros intereses a pesar de que la Casa del Obrero Mundial tuvo la muy desafortunada idea propuesta de pactar con Obregón y formar sus batallones rojos para combatir a los ejércitos populares de Villa y Zapata, derrotados por Álvaro Obregón, quien había estado en un inicio en la Convención de Aguascalientes, pero como no le gustó el resultado de la Convención de Aguascalientes la verdad es que luego se fue con Carranza, porque le convenía a sus intereses.
Así que me disculpen los insignes sonorenses de esta Cámara de Diputados, pero nosotros, en la izquierda, creo, no podemos celebrar, conmemorar la derrota del general Villa y de los ejércitos de la Convención de Aguascalientes, que cambiaron la historia.
La verdad es que si bien no se trata tampoco de estigmatizar, creo que ése es un momento en la historia que nos divide, lo que nos une es la lucha contra la tiranía que era la lucha contra Victoriano Huerta y el triunfo de los ejércitos revolucionarios sobre ellos, pero no creo que sea de unión la derrota definitiva fundamental que fue la Batalla de Celaya, de los ejércitos populares encabezados por Villa y por Zapata de alguna manera, aunque ellos estaban más en la guerra de guerrillas tratando de evitar, pero allá habían soltado la Ciudad de México y nosotros creo que no me lo perdonaría mi querido amigo y maestro Adolfo Gilly si nosotros avaláramos celebrar la Batalla de Celaya, que insisto fue la derrota de los ejércitos populares de Villa y Zapata y otros que sostuvieron la Convención de Aguascalientes.
Así que si bien puedo guardar y tengo respeto por estos de la, creo que les llama Aguilar Camín la frontera nómada en Sonora, tengo respeto, sé que son el grupo que finalmente quedó al frente de la revolución una vez después de que se deshicieron, que barbas de chivo, así le decía sin mucho cariño Villa a Carranza, después de que quiso poner a su Juanito enfrente de la presidencia y que por el Plan de Agua Prieta lo evitaron en una gran... eso sucedió posteriormente.
Pero nosotros, el grupo parlamentario consideramos que la derrota de Villa no puede ser o no debería ser conmemorada. Se supone que los tenemos a todos en el Monumento a la Revolución, ahí vemos si justificamos las luchas justas de todos. Buscamos este asunto tal vez un poco contradictorio porque es un panteón entre personas que se confrontaron entre ellas mismas y representaban proyectos de nación distintos, pero hay algunos aquí en esta Cámara que nos sentíamos o nos sentimos identificados con lo que representaba el ejército o la División del Norte, con lo que representaba el ejército de Zapata en el sur, en Morelos y consideramos que no es correcto que nosotros, al menos nosotros no estamos de acuerdo en que se conmemore esta derrota que definió la Revolución Mexicana a favor de una facción sobre otra, sobre la que en nuestro punto de vista representaba las fuerzas más populares, más socialmente comprometidas, etcétera.
Evidentemente es una parte de historia muy estudiada y si bien es cierto la historia ya no se puede cambiar, pero nosotros podemos decidir qué conmemorar y la verdad es que no nos llama la atención conmemorar la Batalla de Celaya, en donde fue derrotado mi general Villa. Es cuanto, presidente.
También porque le dejó de hacer caso al general Ángeles, era un poco intempestivo el general Villa, pero eso no quita que representaba a la parte más popular, más auténtica de la Revolución Mexicana.
Quizás algo que pudiéramos hacer con la historia, por ejemplo, luego como provocación es las tremendas violaciones a los derechos humanos, la discriminación por la comunidad china durante la Revolución Mexicana. Eso fue general de los Ejércitos del norte, también de los sonorenses, etcétera, de muchos otros donde hubo una tremenda discriminación, violaciones y asesinatos a la comunidad china.
Ojalá algún día tengamos la madurez y la conciencia de pedirle disculpas a la comunidad china, que fue masacrada y discriminada en la Revolución. Eso fue parte de un defecto de los Ejércitos Revolucionarios que habría que aceptar. Pero nosotros como grupo parlamentario decidimos y no queremos conmemorar la derrota de mi general Villa. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Gutiérrez Reyes, desde su curul dígame, ¿con qué objeto?
El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): Habíamos pedido que no íbamos a hacer uso de la palabra, el licenciado Cantú, porque iba yo y ya llegué; entonces, quiero hacer uso de la palabra, de favor. Hubo una confusión en el nombre.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como ya llegó usted y estamos respetando los registros...
El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): No, no. Ya estaba, pero cuando dijeron eso no...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo que haremos, señor diputado, respetando el derecho legítimo que corresponde a su grupo parlamentario, vamos a registrar en pro, pero una vez que concluyan la fijación de las posturas de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del PRI.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar la postura que considere pertinente su propio grupo y a su visión.
El diputado Jesús Oviedo Herrera: Gracias, presidente. Con su venia. Amigas y amigos legisladores, conmemorar el centenario de las batallas de Celaya, conclusión de la Revolución Mexicana, implica reconocer la trascendencia que dichas batallas han tenido, tanto para la vida constitucional de México, como la conclusión de una etapa histórica militar.
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, se ha celebrado el centenario por medio de una serie de exposiciones artísticas, desfiles militares, una representación escénica de parte del Ejército Mexicano, la cancelación de una estampilla postal, la emisión de un billete de Lotería, etcétera.
En este marco histórico, la acuñación de las monedas conmemorativas de gestas heroicas o deportivas, permiten transmitir a la posteridad el recuerdo del acontecimiento que ha marcado de manera profunda y decisiva nuestra existencia social. Además, permiten recordar nuestro pasado, sentirnos orgullos de él y reavivar nuestros anhelos de construir un México más próspero y más sólido.
Fue en virtud de lo anterior, que se han acuñado diversas monedas conmemorativas de uso corriente, basta recordar la moneda conmemorativa por la gesta heroica de Veracruz durante la invasión norteamericana en 1914 y que fue aprobada por esta soberanía.
El Banco de México ha realizado encuestas para saber el sentir de la población, un dato revelador es saber que la mitad de los encuestados opinó que les gustaría que fueran personajes históricos de México, con un 52 por ciento, grandes batallas de México con un 36 por ciento, flora y fauna autóctona de México y trajes típicos con 19 por ciento cada uno de ellos.
La importancia de las monedas como vehículo de comunicación, es porque estas pequeñas obras de arte, a través de los mensajes e imágenes que incorporan, son capaces de promover valores gracias a su lenguaje universal, comprensible en cualquier parte de la nación.
La Casa de Moneda es una de las instituciones más antiguas e importantes de México, creada el 11 de mayo de 1535. La agraciada manufactura lograda con el paso de los años, además de ser reconocida por su alta calidad, es un vehículo excepcional para llevar a cada parte de nuestro país la historia que hoy nos enorgullece a todos.
Nuestra moneda, con justificado orgullo, enaltece a México y a todos los mexicanos, aprovechemos esta ocasión e identifiquemos todo aquello que hay que conservar y proteger, para sentirnos identificados y satisfechos como pueblo y unidos como mexicanos.
Porque estos símbolos conforman nuestro amor propio, individual o colectivo, nos ennoblecen y encarnan nuestro sentido de lo justo, significa nada más y nada menos acrecentar nuestra nacionalidad.
La tierra del genial arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras se encuentra satisfecha con este centenario de la Batalla de Celaya, conclusión de la Revolución Mexicana por la gran promoción que recibe también, coincidiendo con el denominado auge de la ciudad de Celaya.
A cien años de las batallas de Celaya, hoy nos corresponde librar otras lides, otros frentes.
Y otra batalla importante es la que tenemos que hacer contra la impunidad y la corrupción. Y para ello debemos disponer cuanto antes del sistema nacional anticorrupción e implementarlo lo más pronto posible, porque es una batalla que se librará a lo largo y ancho de nuestra nación, y así esperamos reducir y desterrar con esto, sensiblemente, este flagelo.
Por esta razón, solicito su voto favorable porque al hacerlo hacemos honor no solo a Celaya sino a todos los municipios de México donde se han desarrollado acontecimientos claves para nuestro ser como nación. Muchas gracias, es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Rangel Segovia para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alejandro Rangel Segovia: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, celebro a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el que la Comisión de Hacienda y Crédito Público nos proponga este decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la batalla de Celaya.
Hace un siglo los campos de Celaya fueron regados con la sangre de hermanos que, tras no lograr acuerdos sustanciales que definieran el rumbo de la nación, encontraron en la guerra la única manera de resolver sus diferencias.
Cierto es que de este hecho histórico y doloroso se pueden resaltar las virtudes militares del general Álvaro Obregón. La consistencia ideológica del general Francisco Villa y un momento fundacional para el heroico Ejército nacional mexicano.
Pero también debemos tener la satisfacción de la lectura puntual a la que hoy se privilegia la confrontación de ideas y la necesidad de agotar todos los recursos que nos ofrece la lucha política, aun a pesar de lo graves y profundas que puedan ser nuestras diferencias.
Aun entre pensamientos revolucionarios que en la actualidad tratan de interpretar la ruta del bienestar social que más pronto otorgue las mejores condiciones de vida a todos los mexicanos.
Cierto es, que hoy con la aprobación del presente dictamen estamos rindiendo un homenaje a todos aquellos que participaron en la Batalla de Celaya, tanto vencedores como vencidos, pero esta fecha también debe, en aras de imponer ideas o programas, servir para expresar nuestro deseo de que los exaltos de los ánimos que se dan en la lucha ideológica, nunca más un mexicano vuelva a empuñar un arma en contra de otro de sus hermanos.
Seguros estamos que el diálogo respetuoso y apegado a la ley dará mucho mejores resultados que cualquier acción armada. La vehemencia de la defensa de los ideales debe ser ardua, convincente, documentada y consistente, sin duda, más no faltando al respeto ni ofendiendo las inteligencias de unos sobre los otros.
Muchos temas han desfilado aquí. Muchos pros y muchas contras se han expresado también de muchas maneras: oratoria, pancartas, mímicas, música, entre otras expresiones menos mencionables. Todas con tal de llamar la atención y convencer, lo cual sin duda es más importante que simplemente vencer.
El respeto de las instituciones por la población y el respeto de la población por las instituciones y la convicción que los Poderes instituidos, Ejecutivo, Legislativo y Judicia,l deben tener para respetarse unos a otros, es el reconocimiento a que todos tienen sus responsabilidades, pero también sus alcances y limitaciones, y que cada cual debe reconocer el que las haga valer cada poder instituido. Todo ello hace posible que los mexicanos encontremos rutas de acuerdos posibles ante retos actuales, pero igualmente, enormes como lo fueron en 1915.
Hoy hay nuevas revoluciones, revolución energética, revolución para la movilidad, revolución ecológica, revoluciones tecnológicas que siguen a la espera de su encuentro, el México que hoy tenemos, donde están inscritos ya no los ciudadanos con carrilleras sino los ciudadanos que están al frente de las maquinas, que están en los pasillos de la producción y de los ciudadanos que tienen en su mente las innovaciones y que tienen en su mente las nuevas tecnologías que deben ser trasladadas para su mejor uso, para la mayor productividad y para la mayor competitividad que este México está anhelante de poseer.
Consideramos, pues, de vital importancia difundir entre toda la población mexicana sobre todo en las generaciones de niños y adolescentes el hecho histórico al que nos referimos en este momento. Un episodio que derivó, en conjunción con otros más, en la creación de leyes es instituciones que reflejaran los principios de igualdad, justicia y libertad que dieron origen a la revolución mexicana.
El periodo comprendido del 6 al 15 de abril representa el hecho histórico que aquí mencionamos. Esa fue la aún no cabalmente comprendida lucha de Celaya, la que debemos explicar una y otra vez, puesto que las concepciones de nación que se tenían en ese momento por diversos grupos revolucionarios siguen siendo hoy en día muestra del debate de las diversas concepciones que de nación tenemos aquí y que están representadas por los diversos grupos parlamentarios de partidos políticos que debaten con ahínco en esta Cámara.
Por ello el Grupo Parlamentario del PRI celebra y está contundentemente a favor de que hagamos esta conmemoración mediante la medalla a que se ha hecho mención reiteradamente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Alejandro Rangel. Antes de concederle el uso de la palabra al señor diputado Javier Gutiérrez Reyes para hablar con relación al dictamen, permítaseme saludar –y se encuentran en el recinto– a un grupo de invitados especiales de la diputada, y también de este pleno, de la diputada Mirna Hernández Morales, provenientes del municipio de Pachuca del estado de Hidalgo. Sean bienvenidos.
Ahora sí, señor diputado Gutiérrez Reyes, para hablar desde la tribuna sobre el dictamen materia de esta discusión.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Compañeros de la Presidencia, gracias. Señores diputados, señoras diputadas. La intervención que tengo yo a bien hacer, es para hacer un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión que a veces nos cuesta trabajo en esta soberanía.
La batalla de Celaya es una batalla que decide el rumbo interno que tiene que tener la Revolución Mexicana.
Para muchos ciudadanos de nuestro querido México, esa batalla la perdió una de las fuerzas que más carisma tenía en todo el país en ese momento y que incluso ahora en estos momentos, el derrotado tiene más carisma que el vencedor.
La batalla de Celaya que fue a muchos kilómetros de Celaya –por cierto– muestra el triunfo de una corriente que no era la mejor, que mostraba un proyecto económico diferente encabezado por la Convención de Aguascalientes, cuyos principales líderes eran del vox populi, eran los más queridos del país y que por esa razón Venustiano Carranza no asistió, y después se fue.
Ganaron ellos la batalla, efectivamente. En términos generales fue una lucha de dos clases sociales, fue una lucha de dos concepciones de la lucha revolucionaria y del México que queremos.
Los pendientes que quedaron hasta la fecha existen. Hoy nuestro querido país es una fosa clandestina; nuestro querido país por gobiernos de “oposición” dejaron más de 100 mil muertos; nuestro querido país hoy está en venta. Las concesiones que se les han dado a todas las mineras que hoy controlan más del 33 por ciento del territorio nacional; las concesiones que se están dando, una vez que se extrae el petróleo para privatizarlo; las concesiones que se quieren dar para el agua, para que tenga el mismo destino, es la concepción de aquellos que votaron y ganaron, y dicen que ganaron esa batalla.
Sin embargo en esta soberanía de hombres libres, lo que venimos a informarles y a pedirles, es que razonemos el voto. Es una batalla que si bien fue importante, cambió el sentido social de la revolución mexicana y el espíritu por lo que había surgido.
Oradores aquí ya han hablado de esto y no creo que sea bueno estarlo manteniendo así, pero bueno.
Quisiera decirle al diputado que habló de Guanajuato, no quiero decir nombres, para que no se sienta aludido personal; como dicen los mayores o decían los mayores, hay que tratar con respeto a los agentes, a las gentes mayores, y cuando él se refiere con tanto desprecio a Francisco Villa, yo creo que el señor diputado no conoce la historia mexicana y no es Francisco Villa con ese desprecio.
Yo le insto a que cuando se refiera a él, hable de lo que fue, es el general Francisco Villa, y para terminar, hacemos el llamado a que razonemos el voto.
Y en esta ciudad de México le quiero informar a ese diputado, que cuando hablamos así de Francisco Villa es un son de guerra, y decimos Francisco Villa. Viva Francisco Villa... La palabra que sigue se las dejo a su imaginación... ¿La oyeron, verdad? Viva Villa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Gutiérrez Reyes. Para hablar en contra del dictamen...
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame diputado Javier Orihuela, desde su curul, dígame.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Como diputado del estado de Morelos, no podemos aceptar que la batalla de Celaya sea una conmemoración, una fiesta. Fue una lucha entre mexicanos donde se dirimieron dos proyectos de desarrollo, y efectivamente, el grupo de los hacendados, el grupo de los que no querían perder el poder, ganaron, porque a Villa le fue negado el parque; a Villa le fue negado desde Estados Unidos el parque. Y desde ahí tenemos dos grandes proyectos nacionales que mi general Emiliano Zapata, jefe del Ejército libertador del sur, planteaba que todo mexicano tiene derecho a vivir de la tierra, a vivir sanamente de la tierra. No acaparar la tierra, no hacer latifundios que provocan la inestabilidad, provocan el desempleo, provocan el tener tierras ociosas. Hoy no podemos conmemorar una batalla fratricida.
Lo que digo, lo que propongo, coordinador del grupo parlamentario del PRI, lo que propongo es que sirva esta batalla para reflexionar acerca de cómo debemos dirimir...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, permítame diputado Orihuela, permítame, por favor...
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): ... los dos proyectos nacionales que nos permitan tener un verdadero desarrollo, justo y sustentable para todos los mexicanos, y no solamente para un grupo social que dilapida y contamina nuestro medio ambiente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Orihuela. Tiene el uso de la palabra el diputado Rosendo Medina Filigrana, para hablar en contra del dictamen, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Compañeras diputadas y compañeros diputados, mi voto a este dictamen va a ser en contra porque no estamos aprobando la medalla conmemorativa de una batalla cualquiera, es una medalla conmemorativa de la derrota de las fuerzas populares de la Revolución, es una moneda que va a conmemorar la derrota de la Convención nacional y soberana de Aguascalientes, porque –si ustedes no lo recuerdan– unos meses antes de esta Batalla de Celaya todas las fuerzas revolucionarias se reunieron en Aguascalientes en una Convención, donde estuvo el propio Álvaro Obregón, donde estuvo Emiliano Zapata, Francisco Villa y todo un cúmulo de generales que se declararon soberanos y formaron sobre la Bandera un pacto para reencausar al país sobre una nueva senda de progreso.
El único obstáculo que tuvo la Convención nacional de Aguascalientes fue la obsesión por el poder de Venustiano Carranza, que desconoció a la Convención y volvió a inundar de sangre los campos mexicanos con la lucha entre constitucionalistas y convencionistas.
Aquí no es la batalla de la modernidad lo que se está celebrando, aquí es el triunfo del conservadurismo de Carranza frente a la esencia de la Revolución que representaban Zapata y Villa.
Es una pena, compañeras y compañeros, que vengamos a votar un dictamen que conmemora en todo caso la derrota temprana de la Revolución Mexicana y de sus grandes postulados. Por eso, compañeras y compañeros, respetuosamente les pido que reflexionemos nuestro voto.
Ya entregamos las playas a los extranjeros, ya privatizamos el petróleo y la energía eléctrica, no desvirtuemos la historia para las futuras generaciones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rosendo Medina.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está abierto el sistema electrónico. Cierre el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, preguntamos al diputado Héctor Ireneo Cossío, el sentido de su voto.
El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío (desde la curul): A favor.
La diputada Edith Avilés Cano (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): A favor.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (desde la curul): A favor.
El diputado José Ángel González Serna (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Flores Suárez (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 288 votos a favor, 67 en contra, 15 abstenciones, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya. Pasa al Senado de la República para los correspondientes efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, por esa virtud consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento al artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y como lo he señalado, lo son en sentido negativo.
Por esa virtud, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan y ello será publicado en la Gaceta Parlamentaria. Nos referimos al turno que se les dé.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (15:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 22 de abril a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas, como se estila. Muchas gracias.
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