Declaratoria de inicio del periodo de sesiones
Comunicaciones oficiales
Calendario legislativo para el periodo de sesiones
Acuerdo de la Junta, sobre creación del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional
Dictámenes de las diversas comisiones
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Solicitud de licencia de la diputada Laura Barrera Fortoul
Acuerdo de la Junta, relativo a la vacante y designación de Secretaría de la Mesa Directiva
Elección como secretaria de Mesa de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales
Votación en lo general y lo particular
Agenda política
Comentarios relativos al informe de la Comisión Especial sobre la Línea 12 del Metro
Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente de la Comisión
José Alberto Benavides Castañeda, PT
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Morena
Roberto Carlos Reyes Gámiz, PRD
Jorge Francisco Sotomayor Chávez, PAN
Martha Gutiérrez Manrique, PRI
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 261 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano aureoles Conejo (11:20 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano aureoles Conejo: Consulte la secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Estimadas legisladoras y legisladores, vamos a pedirles a las y a los legisladores si nos hacen favor de ponerse de pie. Es un favor, les pedimos de favor, si son tan gentiles.
La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, 3 de febrero del año 2015, declara formalmente iniciado el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.
La Mesa Directiva participará por escrito que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica que durante el primer receso del tercer año de ejercicio se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados para reiterar iniciativas y proposiciones, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica que se recibieron diez dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo atendidas, así como en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De la Junta de Coordinación Política se comunica que durante el primer receso del tercer año de ejercicio se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y de la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquense.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibieron oficios de la Comisión Permanente, por el que se comunica que se concedieron 27 licencias a diputados, de los cuales se han reincorporado cuatro.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Llámese a los suplentes.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron oficios de la Comisión Permanente por los que comunican la reincorporación de cinco diputados a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Comisión Permanente por el que informa que se dio cuenta con el oficio de licenciado Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual comunica la designación del diputado Ricardo Anaya Cortés, como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Comisión Permanente, con el que remite de diversas dependencias informes y contestaciones a puntos de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Educación Pública, con la que remite la información de las unidades responsables, correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior al cuarto trimestre del ejercicio de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite el informe anual de 2014 que contiene el listado e información de las concesiones emitidas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron dos oficios de la Comisión Federal de Competencia Económica, con los que remite el cuarto informe trimestral de 2014 de resultados alcanzados y acciones desarrolladas, y el programa anual de trabajo correspondiente a 2015.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Se da por concluido su proceso legislativo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Solicitudes de licencia de los diputados Enrique Alejandro Flores Flores y Francisco Alberto Zepeda González.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense. Diputado Salinas, me pidió la palabra. ¿Con qué objeto?
El diputado Javier Salinas Narváez (desde la curul): Presidente, para comentar en torno a la audiencia en el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas el día de ayer, del gobierno mexicano. Gracias, señor presidente.
Lastimosa fue la participación del gobierno mexicano en el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, el día de ayer. Pudimos atestiguar la enorme incapacidad del gobierno para responder a una demanda clara, legítima y a un reclamo social compartido en todo el territorio nacional, porque se conozca el destino de miles de desaparecidos en el país.
De acuerdo con la información periodística que se manejó, el único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y de Servicios a la Comunidad, Eliana García Laguna, quien señaló que actualmente se se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros del 1 de diciembre de 2012 al pasado 31 de octubre.
En otras palabras, no sabemos de manera certera cuántos desaparecidos existen en el país ni de dónde son y menos aún quiénes son los responsables de ese delito de lesa humanidad.
La carencia de datos duros deja al desnudo la profunda incapacidad del aparato de administración de justicia en México, exhibe el clima de intemperie, de inseguridad y de injusticia que se vive todos los días en nuestro país.
Ahí, frente a los padres de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el mes de septiembre...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado Salinas, permítame.
El diputado Javier Salinas Narváez:... el gobierno repitió una vez más el mismo guión que ha dicho aquí en México, que el crimen no quedaría impune, que se tienen encarcelados a los presuntos responsables y que el caso no se encuentra cerrado. Pero lo único cierto para los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos es que la justicia mexicana debe ser llevada hacia instancias internacionales para que sea la presión la que obligue a una verdadera investigación.
Ni la movilización de cientos de miles de mexicanos de la comunidad internacional y de muchos medios de comunicación que se solidarizaron con la causa de Ayotzinapa fue capaz de sumar...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Javier Salinas, ¿me permite?
El diputado Javier Salinas Narváez: Sí, señor.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto? Les informo que estamos en el apartado de Comunicaciones.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Para presentar una moción, presidente. El diputado Salinas solicitó el uso de la palabra y usted se la concedió.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Es correcto.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: A usted le corresponde vigilar el cumplimiento del orden del día, orden del día que llega una propuesta por Junta de Coordinación Política y que Mesa Directiva avala. En consecuencia, respetuosamente presidente, es obligación suya la conducción de la asamblea conforme al orden del día.
Estamos en el apartado de comunicados y licencias, y el diputado Salinas está tocando otro tema, no con esto digo que no es importante el tema y el diputado Salinas pidió autorización, lo que no es correcto es que usted la conceda.
Entendemos que no quiere entrar en un conflicto, pero hay un orden en esta asamblea, por lo que le exigimos, respetuosamente, que cumplamos con el orden del día, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Gutiérrez de la Garza, por su moción. Señor diputado Salinas, vamos a continuar con el orden del día, estaba usted concluyendo un comentario, le ruego termine, por favor.
El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias. Un gobierno impune, marcado por los escándalos, atrincherada su esfera de poder pero cada vez con menos legitimidad. Un gobierno incapaz de corregir la ruta genocida de Felipe Calderón y que no sólo prosiguió en el mismo camino, sino que trató de maquillar una realidad con las reformas estructurales que no sólo las hizo el gobierno, sino que las modificó y aprobó el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
La audiencia de Ginebra sólo puso de manifestó que Ayotzinapa es una mancha imposible de borrar, a la que por más intentos que se haga no se podrá dar carpetazo porque no será posible olvidar, sobre todo, para los padres, los hermanos y los amigos de los caídos que hoy llevan el luto a cuestas.
Por último, los legisladores tenemos que impulsar la creación de una ley exprofeso para el tema de las desapariciones forzadas, y promover que las instancias legales correspondientes lleven un registro pormenorizado de todas esas personas. Pero no son cifras lo que verdaderamente importa, sino los seres humanos que no se conformaron...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Salinas, le ruego concluya.
El diputado Javier Salinas Narváez (desde la curul): ...sino por el hueco que dejó la vida de los seres queridos. Concluyo. Solo la presión internacional podrá doblegar la cerrazón del gobierno y su soberbia, y su desdén por las víctimas. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Queda registrado su comentario en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 bis y 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 y se adiciona un artículo 76 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales par dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto por el que reforma el numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma el inciso c) del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de diciembre de cada año, Día Nacional de la Cultura Maya.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, numeral 1, 10 y 126 y derogan el artículo 125 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que adiciona la fecha 20 de julio Aniversario de la muerte del general Francisco Villa en 1923 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se recibió informe de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la Línea 12 del Metro.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Esta asamblea queda debidamente enterada. Honorable asamblea...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Quiero continuar con el orden del día, señor diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Le pido la palabra, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Para impugnar su trámite, presidente. El informe que presenta esta comisión especial trae diversas recomendaciones a diversas autoridades. Por lo tanto no puede ser sólo enterada la asamblea, debe comunicarse a las autoridades correspondientes.
Y el trámite que dio esta presidencia, es sólo de enterado. Tendrá que señalar que es comuníquese, porque de otra manera –con justa razón– los propios o aquellos que se sientan dolidos por lo referido en el documento, con justa razón van a decir que por qué es público.
Entonces tendrá que ser de enterado y que se comunique a las diversas autoridades. De otra manera es un informe interno, que no es la intención de la propia comisión especial.
Por lo que respetuosamente le solicito rectifique el turno y ojalá sea aceptado de esa manera, y si no que se inicie el debate que se prevé en el Reglamento para la impugnación del turno. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Debo de informarle, señor diputado Gutiérrez de la Garza, primero que es mi facultad dar el turno correspondiente al comunicado.
Segundo, está previsto en el orden del día para que a la 1:30 de la tarde se abra en agenda política para hacer los comentarios correspondientes al comunicado que hoy hemos entregado. Continúe la Secretaría...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, a ver, diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Yo no he señalado que usted no tiene atribuciones para manifestar un turno, en ningún momento. Lo que sí he señalado es que estoy impugnando el turno manifestado por usted, y es derecho de cualesquier diputado impugnar el turno, por lo que solicito, respetuosamente, se abra el debate para que la asamblea determine cuál debe ser el turno correspondiente. Es así de sencillo, presidente.
No estoy de ninguna manera señalando que usted no tiene ése derecho, pero es derecho de cualesquier diputado impugnar el turno de la Presidencia, que es lo que estoy haciendo en este momento, y el Reglamento prevé que se abra un debate sobre el particular, que eso sería el trámite que sigue. Así de simple, presidente, y que la asamblea decida si es o no correcto que sólo quedará en la agenda política del día de hoy, y las autoridades no tendrán formalmente comunicación de lo resuelto por la comisión especial.
Gracias, presidente, y respetuosamente le insisto que se abra a discusión la impugnación del trámite que usted ha manifestado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Deje le informo, señor diputado Gutiérrez de la Garza que me asiste el derecho con base en el artículo 23 numeral 1, inciso f). Yo no le estoy limitando su derecho a impugnar, impúgnelo, solamente no procede su solicitud en virtud de que estamos en comunicados y que hay para el efecto, en el orden del día, espacio para el debate del tema que a usted tanto le interesa. Continúe la Secretaría.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente, le estoy solicitando el uso de la palabra.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente, le estoy solicitando el uso de la palabra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítanme, diputadas, diputados. A ver, diputado, tiene usted la palabra.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Usted, efectivamente en agenda política se va a debatir el fondo de este asunto, se va a debatir y cada grupo parlamentario fijará oportunamente lo que considere sobre el particular, pero es absurdo que a comisión especial rinda un informe que va dirigido a diversas autoridades y esta Presidencia lo quiera guardar en el cajón de esta Cámara de Diputados. Es mi derecho impugnar el trámite.
Y, últimamente que ha andado aquí en boga el tema de la libertad de audiencia, no tiene atribuciones esta Presidencia para no aceptar una impugnación y empezar el debate, y que la asamblea resuelva si lo que usted ha señalado por turno es o no correcto.
Presidente, creo que es una muy mala manera de iniciar el periodo ordinario violentando de su parte el procedimiento en varias ocasiones. Entendemos que no quiere entrar a conflicto, pero para nosotros es muy importante que lo resuelto por la comisión especial tengan conocimiento formal las diversas autoridades para que no sean sólo testigos de oídas de la documentación correspondiente. Insisto, presidente, que estoy impugnando el trámite y le solicito que se abra el debate sobre el trámite por usted manifestado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, le informo que está usted en su derecho de impugnar el trámite, solamente le pediría que siga el cauce correspondiente para impugnar el trámite que he dado a esta comunicación, porque lo que usted está expresando es que no está de acuerdo con el trámite que se le ha dado, empezando por que he precisado que esta asamblea queda debidamente enterada del informe al que se ha hecho referencia y que más tarde, en el orden del día está previsto agenda política para que se abra el debate sobre el tema. Eso es lo que vamos a hacer en la agenda política.
Si usted está inconforme con el trámite lo que yo le ruego es que entonces se solicite para que la Mesa Directiva pueda rectificar el trámite correspondiente. Escuchemos al señor diputado y luego continuamos con el orden del día.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente, a ver, presidente. No vamos a jugar a procedimiento parlamentario.
Usted sabe perfectamente que en agenda política no hay ningún trámite, ninguno. Después de concluir agenda política no hay absolutamente por parte de la Presidencia facultad alguna para dictaminar un trámite.
Si en este momento no se aprueba la modificación de trámite, en agenda política es muy tarde, así es de que no juguemos a trucos de procedimiento. Quisiera recordarles que el presidente en sus resoluciones está subordinado al voto del pleno.
Tengo derecho a impugnar su trámite y deseo que en este momento, presidente, como está previsto en nuestro Reglamento, se abra el debate sobre el trámite o que esta Presidencia, como debe de ser, rectifique y que comunique a las diversas autoridades que vienen señaladas en el informe correspondiente.
No es forma, presidente, de iniciar el periodo ordinario de sesiones. Respete el Reglamento y respete el derecho que tenemos los legisladores. Estoy impugnando el trámite, es mi derecho, está previsto en el Reglamento que se abra un debate sobre el particular.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Y está usted en su derecho de impugnarlo, solamente que le ruego respete también el Reglamento en la facultad, en la ley, que me corresponde. Continué la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Calendario legislativo del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Primero. Se establece el calendario legislativo para el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura febrero-abril 2015.
Febrero 2015.
Domingo 1, sesión de Congreso General; martes 3, sesión ordinaria; jueves 5, sesión ordinaria; martes 10, sesión ordinaria; jueves 12, sesión ordinaria; martes 17, sesión ordinaria; jueves 19, sesión ordinaria; martes 24, sesión ordinaria; jueves 26, sesión ordinaria.
Marzo 2015.
Martes 3, sesión ordinaria; jueves 5, sesión ordinaria; martes 10, sesión ordinaria; jueves 12, sesión ordinaria; miércoles 18, sesión ordinaria; jueves 19, sesión ordinaria; martes 24, sesión ordinaria; miércoles 25, sesión ordinaria; jueves 26, sesión ordinaria.
Abril 2015.
Martes 7, sesión ordinaria; miércoles 8, sesión ordinaria; jueves 9, sesión ordinaria; martes 14, sesión ordinaria; jueves 16, sesión ordinaria; martes 21, sesión ordinaria; jueves 23, sesión ordinaria; martes 28, sesión ordinaria; jueves 30, sesión ordinaria, clausura.
Segundo. Este órgano determinará lo conducente en caso de que en la dinámica de los trabajos legislativos se haga necesaria la modificación del presente calendario.
Tercero. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firmado por los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso pleno de sus facultades soberanas, en atención a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas de sus integrantes, reconoce la agrupación de diputadas y diputados federales afiliados al partido político nacional denominado Movimiento de Regeneración Nacional.
Segundo. Que al momento en que se acreditó el partido político Movimiento de Regeneración Nacional, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados ya estaban constituidos en la etapa fundacional, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación vigente aplicable en la materia, por lo que la agrupación de diputadas y diputados afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional podrá actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el pleno de la Cámara de Diputados, pudiendo participar en las deliberaciones y decisiones de la asamblea, en el orden que la Presidencia de la Mesa Directiva determine y atendiendo a las disposiciones que para tal efecto establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y las que se establezcan a través de acuerdos parlamentarios. Para ello, se reconocerá con carácter de coordinador de sus trabajos legislativos en el pleno de esta Cámara, a quien las diputadas y los diputados tengan a bien designar.
Tercero. La agrupación de diputadas y diputados afiliados a Morena podrá contar con un representante con voz y sin voto ante la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La agrupación de diputadas y diputados que se reconoce como materia del presente acuerdo no podrá acceder a los derechos y prerrogativas contenidos en los artículos 17, numerales 1 y 4, 18 y 37, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, otorgados por dicho ordenamiento a los grupos parlamentarios constituidos conforme a lo señalado en el artículo 14 de la referida Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinto. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria el acta constitutiva, las normas internas y el acuerdo de la agrupación de diputadas y diputados federales afiliados al partido político nacional denominado Movimiento de Regeneración Nacional, designado su coordinador para los trabajos legislativos en pleno.
Sexto. Actualícense los registros parlamentarios de las diputadas y diputados federales afiliados al partido político nacional denominado Movimiento de Regeneración Nacional, colocado en la identificación del partido político nacional el logotipo correspondiente y denominación Morena.
Séptimo. Hasta en tanto los coordinadores de los grupos parlamentarios de los que formaron parte las diputadas y diputados afiliados a Morena, acuerdan y solicitan lo conducente a la Junta de Coordinación Política, estos conservarán su ubicación actual en las curules del salón de sesiones, las oficinas que ocupan y las posiciones en comisiones legislativas en las que participan conforme al acuerdo de la integración de comisión ordinarias aprobado por el pleno el 16 de octubre de 2012 y que corresponden a los grupos parlamentarios de los que formaron parte previamente.
Octavo. La agrupación de diputadas y diputados afiliados a Morena tendrá derecho a subvenciones de acuerdo al número de legisladores que lo conforman, para que pueda desempeñar sus atribuciones de representación popular, salvo la subvención ordinaria fija de carácter general destinada a los grupos parlamentarios.
Noveno. Para que surta efecto el presente acuerdo de la agrupación de Morena, deberá entregar a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados el acta constitutiva con firma expresa de sus integrantes, normas internas y acuerdo designado al coordinador parlamentario.
Décimo. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política asumen el compromiso de elaborar, promover y dictaminar al inicio del segundo periodo de sesiones del actual año legislativo, una iniciativa con proyecto de decreto de reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, que establezca con claridad el momento fundacional de cada legislatura y el procedimiento y fechas únicas para la constitución de los grupos parlamentarios.
XI. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados, sujeto al cumplimiento del acuerdo noveno que antecede.
XII. Comuníquese a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a las coordinaciones de los grupos parlamentarios y a la Secretaría General.
XIII. Lo no previsto en el acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.
XIV. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a los 13 días del mes de enero de 2015.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, secretaria. Se han inscrito para hablar en pro de este punto de acuerdo el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Primero que nada para dar la bienvenida a este nuevo agrupamiento parlamentario que hoy se pone a consideración de este pleno y que constituye una expresión del derecho constitucional a la libre asociación.
A ningún individuo o grupo se le puede negar el legítimo derecho a constituirse como partido, como expresión parlamentaria o como asociación.
Nosotros, en Movimiento Ciudadano hemos considerado darles la bienvenida en este nuevo rol, pero seguramente seguiremos compartiendo luchas, causas y propósitos, porque lo que nos mueve es el interés nacional, las causas justas del pueblo de México y luchar contra las reformas regresivas, autoritarias del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por eso no es sino una división del trabajo parlamentario, porque en la izquierda y en las fuerzas progresistas es tiempo de unidad, es tiempo de concordia frente a la envestida autoritaria de un régimen que está mal gobernando el país, de un régimen que tiene colapsada la economía, de un gobierno que persigue a los adversarios y es parte de la desaparición forzada de estudiantes y luchadores sociales.
Por eso compañeros de la agrupación Morena, en Movimiento Ciudadano les damos la bienvenida como expresión parlamentaria, es lo que nos ha expresado también nuestro dirigente nacional, Dante Delgado. Nosotros somos compañeros, somos amigos, somos compañeros de lucha y vamos a seguir coincidiendo en defensa de la nación, en defensa de México y en la construcción de un proyecto alternativo frente a la debacle política, económica y moral que hoy vive México con el mal gobierno de Peña Nieto. Enhorabuena y seguiremos coincidiendo por la izquierda y por las mejores causas de México. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente. Este día es importante para Morena y no puede pasar desapercibido para los que creemos en un cambio verdadero para el país. En primer lugar quiero expresarme con beneplácito, con agradecimiento, respecto de quienes votaron en la Junta de Coordinación Política en favor de la Constitución de esta agrupación o grupo parlamentario. Aun con las limitaciones correspondientes y con la eliminación de subvenciones, ha sido nuestra decisión aceptar que tales prerrogativas y privilegios nos sean suprimidos.
Quiero reconocer la actitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios: del PRI, el diputado Manlio Fabio Beltrones; del PAN, Chabelo Trejo, en un principio, ahora Ricardo Anaya; del PRD, Miguel Alonso Raya; del Partido Verde, Arturo Escobar; del Partido Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez; y, por supuesto, la comprensión y tolerancia de Movimiento Ciudadano ahora presidido y coordinado por el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.
Soy de los que piensan que la gratitud enaltece al ser humano y también soy de los que piensan que la ingratitud lo invilece. Aunque esta última en política es lo más socorrido, lo más usual, porque pesa más el poder económico y el poder político del momento que los intereses de la patria y mucho más que la amistad y la lealtad recíproca.
El entorno en el que nace Morena en este parlamento es sumamente grave. Nuestro país está herido y agraviado por una crisis sistémica y terminal que lo mismo afecta la economía que a la sociedad y a la política.
La violencia y la inseguridad afectan a las empresas, las familias y las personas. El desempleo y la carestía de la vida obligan a miles de mexicanos, especialmente a los jóvenes, a emigrar o a incurrir en conductas antisociales. Pero el agravio más insultante de todos es la corrupción.
En medio de esta desesperanza, decepción y frustración nacionales, Morena surge como una opción válida para millones de mexicanos que quieren una transformación profunda de las instituciones del país. Un cambio verdadero. Hemos optado –y aquí lo reafirmamos como movimiento social—, por el camino de la urnas del parlamento, cambiar nuestro país.
Hoy nace un grupo de diputados que provenimos de distintas organizaciones. Somos el primer grupo de diputados de Morena en la historia parlamentaria del país, y nos alegra no disponer de ningún tipo de prebendas ni canonjías adicionales al ingreso de cada integrante.
Lo más importante para nosotros es tener voz y voto para denunciar, proponer y promover iniciativas de ley que desean los mexicanos.
Por último decirles que tengo muchos años de participar en la vida pública. Este momento para mí es el más preocupante que he vivido. Estoy preocupado más que como miembro de un partido, como un ciudadano, como un hombre de la república, como un hombre que pertenece a este Estado nacional. Estoy muy preocupado por lo que está aconteciendo en mi país. Por eso es que intentaremos coadyuvar a esta transformación profunda de las instituciones.
A todos les expreso mi respeto y mi reconocimiento, antes de la votación que será libre. Sé que muchos contribuyeron a que se aceptara. Uno de ellos, el diputado Morfín; muchos, los coordinadores y vicecoordinadores.
Gracias por ver con beneplácito el nacimiento de una agrupación o grupo parlamentario. Finalmente aquí nos seguiremos viendo, encontrando y reencontrando. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente tiene la palabra Alfonso Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Muy brevemente para reiterar algunas de las expresiones que ya ha hecho aquí el coordinador de la ahora propuesta Fracción del Movimiento de Regeneración Nacional.
Decía Marco Aurelio que “la gratitud no sólo es la primera de las virtudes, sino la progenitora de todas las demás virtudes”.
Y es en virtud de ello que subo a esta tribuna a agradecer a los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones en esta Cámara, la simpatía con la que recibieron la propuesta de constitución de nuestra fracción.
Es un derecho ciertamente, pero su extraordinaria disposición ha facilitado totalmente el procedimiento de su constitución y eso es motivo de agradecimiento institucional y personal.
Quiero en particular, expresar la gratitud que personalmente siento a las y los compañeros diputados de Acción Nacional, quienes por unanimidad respaldaron esta iniciativa. Gracias por ese apoyo.
Quiero resaltar también, expresar mi reconocimiento al apoyo solidario que recibimos del diputado Beltrones en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política.
Finalmente deseo agradecer a las fracciones del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano de donde procedemos en este momento por la generosa recepción, el extraordinario trato y respeto con el que invariablemente nos trataron. En particular, al diputado Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo y al licenciado Dante Delgado, estoy seguro, dado que hay mucho por hacer todavía en el país y la coincidencia de puntos de vista, que volveremos a coincidir en el futuro.
Y a los ciudadanos que nos trajeron aquí con su voto, decirles que en reciprocidad a ese respaldo que nos dieron, hemos actuado invariablemente con los postulados de la plataforma electoral contenida en el nuevo proyecto de nación que nos trajo aquí a esta Cámara.
Y en reciprocidad seguiremos actuando en congruencia con esos postulados. Ni un ápice nos moveremos de lo que ofrecimos a los electores en nuestra campaña electoral. Gracias a todos por su respaldo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Martha Guadalupe Villarreal Rangel, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Simón Lomelí Cervantes, María Lucrecia Arzola Godínez, Rocío Baca Bonifaz y María de Lourdes Medina Valdés, diputados federales electos en el primer, segundo y octavo distritos electorales de los estados de Baja California Sur y de Nuevo León; y de la primera, segunda, cuarta circunscripciones plurinominales.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley a los siguientes compañeros legisladores: don pedro Pablo Treviño Villarreal, doña María Fernanda Schroeder Verdugo, don José González Morfín, doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, doña Joaquina Navarrete Contreras, doña Carla Alicia Padilla Ramos, doña María Elena Cano Orantes y doña Dora María Talamantes Lemas.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: También en galerías.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadanos Martha Guadalupe Villarreal Rangel, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Simón Lomelí Cervantes, María Lucrecia Arzola Godínez, Rocío Baca Bonifaz y María de Lourdes Medina Valdés, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Los ciudadanos Martha Guadalupe Villarreal Rangel, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Simón Lomelí Cervantes, María Lucrecia Arzola Godínez, Rocío Baca Bonifaz y María de Lourdes Medina Valdés: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran que la nación se los demande. Felicidades.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados se cumple así con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, hasta por cinco minutos. ¿Está don Harvey? No está. Está levantando la mano. Más que levantar la mano, que hable. El diputado Ossiel, hay un cambio. Tiene usted el uso de la voz si es a nombre de la Comisión, que está el señor presidente de la Comisión que lo avala. Adelante. Aquí viene, con un enorme gusto lo esperamos.
Compañero diputado Ossiel, le ruego disculpe la confusión, no es peyorativo, pero éste que conduce no es adivino. Adelante.
El diputado Ossiel Omar Niaves López: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, agradezco al presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, al diputado Jorge de la Vega Membrillo y a mi grupo parlamentario, para poder hacer el posicionamiento con respecto a este dictamen de la iniciativa que presenté hace unos meses. Y también agradezco a todos los miembros de la Comisión de Educación que aprobaron este dictamen que ahora se somete a esta honorable soberanía.
Este dictamen pretende reformar los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y tiene como principal motivo prevenir el conflicto de normas, donde una prohíbe y otra permite, a lo que la doctrina jurídica ha llamado como antinomias.
En la materia del ejercicio de la profesión de abogado, la reforma laboral vino a prohibir el ejercicio de la defensa legal o de fungir como abogado patrono a quien no ostentara cédula profesional debidamente registrada.
En el caso de la actual Ley de Profesiones, Reglamentaria del artículo 5 constitucional, se prescribe la permisión del ejercicio de esta profesión sin el requisito de contar con una cédula profesional.
Lo mismo sucede con los litigios de las sociedades cooperativas, forman parte, no obstante que la Ley General de Sociedades Cooperativas ahora remite a tribunales civiles la solución de sus controversias, con lo cual está implícito que los apoderados que intervengan en los procesos debieren contar con un título de licenciado en derecho y estar debidamente registrados ante la Dirección General de Profesiones en la Secretaría de Educación.
Ahora bien, como legisladores tenemos como encomienda perfeccionar las leyes, a fin de que nuestro sistema jurídico sea coherente en las disposiciones que regulan las conductas humanas, siendo necesario en este caso suprimir estas deficiencias que presenta nuestro orden jurídico.
Es por ello que se ha propuesto adecuar la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a lo que se expone en las demás leyes que regulan el ejercicio de la profesión de abogado para así evitar cualquier conflicto suscitado con motivo de la aplicación de las disposiciones vigentes de esta Ley de Profesiones, ya que atendiendo el espíritu de la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Sociedades Cooperativas, se debe atender a la necesidad de que las partes cuenten con un patrocinio profesional que permita defender eficazmente sus derechos.
Es por lo anterior que les pido su voto a favor del presente dictamen, a fin de suprimir una posible contradicción de las leyes mencionadas, ya que esta propuesta tiene dos objetivos, la de actualizar la Ley de Profesión para armonizarse a los ordenamientos que se relacionen con el ejercicio de la profesión de abogado y de garantizar la defensa adecuada de las partes. Esto en virtud de que en el Distrito Federal es donde tienen un gran número de litigios laborales y de las cooperativas, por lo que se debe tener la pertinencia de sistematizar y eliminar las antinomias en el sistema jurídico para esta materia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Dora María Talamante Lemas, tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar posición de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, uno de los mandatos constitucionales como legisladores es el de establecer en un marco jurídico sólido, en donde la diversas disposiciones legales guardan la congruencia necesaria entre ellas, siendo importante modificar estos ordenamientos vigentes, a fin de evitar las contradicciones entre diferentes leyes y que dan pie a interpretaciones contradictorias.
Ante ello, el dictamen que hoy se presenta ante este pleno por parte de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos es congruente con esta obligación constitucional, pues establece una actualización de la norma jurídica para hacerla compatible con la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de eliminar la excepción de no contar con un título profesional registrado en aquellos asuntos que versen sobre cuestiones laborales y corporativistas en el ejercicio de la práctica de abogados patronos o de asesores técnicos en el Distrito Federal.
Es preciso señalar, que en la redacción actual de los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, rompe con el espíritu de legislador plasmado en la fracción II del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, pues ésta establece la obligación de abogados patronos de acreditar, precisamente, ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional, mientras en la ley que hoy se busca reformar no es así.
Sin duda, la acreditación que se establece como obligatoria en la ley laboral contribuye a que las partes gocen de una defensa adecuada, brindada por profesionales, con capacidades suficientes para llevar a cabo diligencias necesarias a favor de sus intereses. Además, la profesionalización en el caso de abogados patronos contribuye a la mejoría en la presentación de este servicio, siempre en beneficio de quienes así lo soliciten.
Uno de los compromisos del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que plasmamos en nuestra agenda legislativa, es impulsar y apoyar todos los instrumentos necesarios que tiendan a preservar el orden social y que abonen a la consolidación del Estado de derecho que anhelamos como mexicanos. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen.
Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Talamante. Ahora viene don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa presentada ante esta soberanía, contenida en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, es saludada por el Grupo Parlamentario del Partido Trabajo, porque abona el espacio a que no se creen confusiones por la aplicación de términos que no precisan ni aclaran, sino que confunden.
El promovente hace la propuesta en su iniciativa para que se evite la antinomia que prevalece en la norma jurídica correspondiente. Y en ese sentido, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos recoge y hace suya la propuesta a que se hace mención.
Se trata de actualizar y más que ello, armonizar el texto de los artículos señalados en el proemio de este posicionamiento, de tal manera que se elimine la posibilidad de confundir la materia legislada.
En efecto, en el texto actual del artículo 26 del ordenamiento en comento, en el párrafo tercero se menciona que se exceptúan los casos de los gestores en asuntos obreros, agrarios y cooperativos, y el caso de amparos en materia penal a que se refieren los artículos 27 y 28.
Ello legisla que se rechazará la intervención en calidad de patronos o asesores técnicos del o los interesados que no tengan título profesional registrado.
Lo mismo ocurre con el artículo 27 del ordenamiento aludido. Aquí se presenta el caso que critica el promovente, el de la antinomia, que se conoce como aquella situación en la que se encuentran dos normas, cuando una de ellas obliga y otra prohíbe o cuando una obliga y otra permite. Se trata de contradicciones en un mismo texto.
En tanto el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, las personas que representan a los obreros y sociedades cooperativas tienen la opción de no contar con cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente, la Ley Federal del Trabajo no lo permite.
Para corregir esta situación el promovente propuso que en tanto el artículo 26, en el párrafo tercero, como en el artículo 27, se eliminen los términos obreros y cooperativos y así haya congruencia en las propias normas mencionadas.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano de MC.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Movimiento Ciudadano respalda este posicionamiento de la modificación del artículo 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo a la profesionalización de los que defienden y atienden precisamente a toda la comunidad agraria. Es evidente que los intereses de la comunidad agraria deben contar, invariablemente con la asesoría y patrocinio de abogados titulados, por esa razón votaremos a favor.
Sin embargo quiero aprovechar el tiempo, señor presidente, para hacerle el comentario a todos nuestros compañeros diputados, que la Comisión de Educación debe sesionar para atender el tema de los maestros que están inconformes con la reforma educativa. Esto va a generar un movimiento nacional que va a paralizar al país y va a ser la llama que puede incendiar todo un movimiento social que va a poner en riesgo la estabilidad política del país, no lo dejemos pasar.
Sí es importante la revisión de cuáles son los artículos que afectan a los maestros en su seguridad laboral, por lo tanto, señor presidente, yo le pediría que se pudiese proponer que la Comisión de Educación sesione en especial para atender ese tema. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya el señor presidente de la Comisión de Educación lo escuchó y hará lo que considere pertinente. Se estrena como agrupación de Morena, don Gerardo Villanueva Albarrán.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Estamos el día de hoy ante este pleno representando al Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, anunciando desde luego nuestro voto a favor de esta reforma necesaria, ya se ha explicado aquí por parte de diversos diputados, el propio promovente transcribe en su iniciativa la definición del término Antinomia.
Cita a Norberto Bobbio, quien en su diccionario de Ciencia Política define la antinomia de este modo: Aquella situación en la que se encuentran dos normas, cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, o cuando una obliga y la otra permite, o cuando una prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento. Para no abundar en los argumentos que aquí se han planteado, cero que valdría la pena hacer simplemente dos reflexiones.
Una que tiene que ver con la necesidad de que el sistema jurídico mexicano, no obstante que está dando pasos hacia el debido proceso, la publicidad de los juicios y los juicios orales, todavía no madura ni siquiera en la cultura jurídica de las facultades de derecho de nuestro país la idea de la defensoría de oficio. Países como Chile tienen una envidiable defensoría nacional de oficio que ayuda a la gente que no tiene recursos económicos a una defensa jurídica de calidad.
Todo mundo sabe que la justicia se imparte de manera parcial y que muchas veces los jueces, ministerios públicos y diversos funcionarios del Poder Judicial actúan como operadores del poder. La desprotección para grandes franjas de la población es evidente y es muy normal el dicho que en la cárcel no están los peores delincuentes, sino los más pobres.
La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es precisamente sobre esta definición que nos regala Norberto Bobbio a través del ponente de esta iniciativa. Creo que la antinomia más delicada que está viviendo este país y que es responsable en mucha medida la Cámara de Diputados, es precisamente tener una Constitución Política que obliga al Estado mexicano a cumplir con todo un catálogo, todo un programa de derechos humanos y sin embargo tenemos un presupuesto que prohíbe el cumplimiento, la actualización y el avance de estos derechos humanos, particularmente los sociales.
No veo por ningún lado ni el ánimo y mucho menos la vocación, obviamente cero convicción de que el gobierno federal aplique un programa serio, real de austeridad republicana.
El recorte que se anunció apenas esta semana que golpea prácticamente a todas las secretarías –incluyendo programas de carácter social–, son un verdadero insulto al pueblo de México. Y aquí, retomando el concepto de Norberto Bobbio, tenemos una terrible antinomia política, jurídica y moral.
Por un lado estamos muy felices aprobando reformas y avalando reformas constitucionales que dizque protegen y amparan derechos, y por otro lado el gobierno federal con el silencio cómplice de este parlamento, prohíbe la actualización de estos derechos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Mario Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz.
El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la creación, modificación y adición de cualquier norma, es una de las tareas del trabajo legislativo que todas las diputadas y los diputados desempeñamos en esta Cámara.
La armonización entre las leyes vigentes y de nueva creación, parecen ser una labor lógica y mecánica. Sin embargo frecuentemente nos enfrentamos a la falta de adecuación y armonización de las mismas.
Como bien se indica en el dictamen que hoy está a consideración de esta asamblea, nos encontramos ante una antinomia jurídica.
Ya quienes nos han precedido en el uso de la voz han explicado perfectamente cuál es el concepto de antinomia jurídica y citan a Norberto Bobbio; en qué situaciones se da esa situación.
Por supuesto, hoy sabemos que los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; en dichos preceptos jurídicos se señala que las personas que representan a los obreros y sociedades cooperativas, cuentan con la salvedad de no contar con la cédula profesional para el ejercicio de sus labores de defensa.
Lo anterior es una clara incompatibilidad que lo señala en la fracción II del artículo 692, la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece que de acuerdo con el ejercicio de profesiones, es obligatorio que las personas físicas presenten la acreditación de la profesión con la que se ostenta, misma que deberá ser expedida por la autoridad correspondiente para el ejercicio de las funciones propias de su profesión.
Es por ello que esta iniciativa que hoy estamos discutiendo, busca que se subsane dicha antinomia. Lo anterior por un principio básico de armonización de las normas y de certeza jurídica para las partes que se encuentran involucradas en un proceso de defensa.
En virtud de lo que hemos expuesto, hago uso de esta alta tribuna para expresar el voto de mi grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México a favor del dictamen, por lo que se reforma el párrafo tercero del artículo 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional relativo al ejercicio de las profesiones y mediante el cual se establece la obligación de contar con cédula profesional en los casos de gestores y representación jurídica en asuntos obreros y cooperativos, dejando a salvo sólo la materia agraria para ambos supuestos.
Estamos convencidos que con dichas reformas se garantiza la actualización y coordinación de las normas jurídicas. En el caso particular, ello además abonará a la erradicación de prácticas ilegales en perjuicio no sólo de la sociedad, sino en general a la correcta impartición de justicia en nuestro país. Muchas gracias presidente. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Socorro Ceseñas Chapa, está usted inscrita para posicionar a su grupo, aunque me dice que preferiría hacerlo en contra. No habiendo reservas, por qué no toma este turno, de tal suerte de luego convocar a una votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Tiene usted el uso de la voz, y la escuchamos con la atención que siempre usted nos merece.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias. Con su permiso, señor presidente. El dictamen que presente la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, nos parece debe ser votado en contra.
El proponente señala una preocupación en cuento a la correcta funcionalidad del sistema a través de las normas. El diputado menciona que las normas jurídicas tienden a preservar el orden social, por tanto no deben prestar contradicciones, ya que podría darse el problema de antinomias jurídicas.
Uno de los casos de antinomia que refiere el dictamen son los de los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
El tema de manera puntual es la permisibilidad existente el día de hoy para que las personas que representan a los obreros y sociedades cooperativas tienen la opción de no contar con cédula profesional expedida por las autoridades correspondientes, mientras que la Ley Federal del Trabajo no lo permite.
La argumentación central de la dictaminadora es que se elimine esta antinomia, para que las partes gocen de una defensa adecuada brindada por profesionistas con capacidad suficiente para llevar a cabo diligencias necesarias en favor de sus intereses.
Sin embargo, la ley actual es muy exacta, la permisibilidad sólo es para gestionar, ya que las leyes determinan quiénes se encuentran o no legitimados para llevar a cabo ciertos actos procesales. Omitir la materia laboral y la de cooperativas, como se pretende, contradice el espíritu de conciliación y arbitraje en lo laboral y establece que el espíritu de conciliación y arbitraje en lo laboral, perdón, un dique a las cooperativas para plantear sus necesidades o insumos ante la autoridad correspondiente.
Pretenden eliminar esta antinomia, despoja derechos a ciudadanos, a ciudadanas, que no cuentan con los recursos técnicos y económicos para gestionar recursos o algunos procedimientos. Un gestor tan sólo presenta documentos, los entrega, se les autoriza para escuchar y recibir, etcétera. De proceder cualquier solicitud entonces intervienen los representantes legales o técnicos especializados con títulos, con certificaciones.
Si deseamos realmente eliminar el coyotaje debemos entender que éste no descansa exclusivamente en los gestores, se encuentra en las instituciones, con funcionarios corruptos y funcionarias corruptas, con aparatos viciados, ávidos de dinero y no en la solidaridad, sentimiento que da vida a la gestoría.
Quizás tenga una idea noble esta propuesta, pero es absolutamente equivocada. Los y las invito a votar en contra y encontremos la mejor forma de elevar el nivel técnico de los gestores, dotemos de instrumentos a las cooperativas, a las trabajadoras y a los trabajadores para los temas que tengan a bien gestionar, pero sobre todo combatamos a la corrupción en las instituciones que menoscaban a los cooperativistas y a las y los trabajadores, conculcando su derecho como el de la organización y los instrumentos para fortalecerse.
Yo recuerdo, le recuerdo al promovente y a quienes avalan estas reformas, que argumentar con antinomia, y con todo respeto se excede. Parece un exceso porque debemos de recordarles, cada código en la materia tipifica, especifica hasta dónde le permite al abogado o abogada y hasta dónde le permita al gestor y a la gestora.
Me parece que es una fetichización, quieren aparentar lo legal sin que esté legal a través de sus representantes, sin tener a sus representados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. ¿Está el diputado Bueno? Tiene usted el uso de la voz en representación del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Bueno Torio: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El dictamen que hoy se discute tiene por objeto dar fin a la antinomia presente entre lo dispuesto en el texto vigente de este ordenamiento jurídico y lo señalado en la Ley Federal del Trabajo.
En el texto actual del artículo 26 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, se establecen como excepciones, como aquí ya se ha dicho, los casos de los gestores en asuntos obreros, agrarios, operativos y el de amparo en materia penal. Nosotros estamos de acuerdo en que se elimine esta antinomia, sin embargo no estamos de acuerdo en que se mantenga la antinomia en los temas agrarios.
Es importante resaltar que Acción Nacional no está en contra de los gestores de buena fe en materia agraria, sin embargo, en concordancia con las reformas que hemos realizado tanto al Código Penal como a la Ley Federal del Trabajo en los tiempos recientes, implica que con estas reformas, que profesionales se encarguen de atender los asuntos administrativos y jurídicos implica una modernización, una mayor competitividad de nuestro sistema jurídico.
Es por ello que nosotros consideramos que no se debe mantener la antinomia en el tema de los asuntos agrarios, y por lo tanto, debemos reformar las leyes correspondientes en pro de los ciudadanos que a diario acuden ante estos gestores jurídicos o administrativos de carácter agrario, para que se profesionalicen y den garantías de un servicio que beneficiará sustancialmente a quienes acuden ante ellos.
Por esta razón, consideramos que este tipo de gestores deben contar con título profesional y sobre todo en esta materia agraria, en donde hemos visto a través de los años que quienes sufren las consecuencias de los gestores por la falta de profesionalización son los más vulnerables en este sector productivo de nuestro país y en este sector social de nuestro país.
Por eso consideramos que debemos tener congruencia y consistencia como legisladores, debemos armonizar toda la legislación conforme hemos venido avanzando en este sector y por ello garantizar que la asesoría y la gestoría en materia agraria debe contar con profesionales en estos elementos, profesionales que tengan su cédula profesional, su título como abogados o como licenciados en derecho para atender estas cuestiones.
Por ello el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al considerar insuficiente esta reforma decidimos votar en contra del presente dictamen, porque no actualiza en términos generales, en su totalidad, las normas jurídicas ni tampoco contribuye a darle coherencia a nuestro sistema jurídico en aras de que las partes gocen de una adecuada defensa brindada por profesionales con capacidad suficiente para llevar a cabo diligencias necesarias en favor de los intereses de las partes, sobre todo de las envueltas en los litigios de carácter agrario. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Juan Bueno.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la propia en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Maricruz Cruz Morales (desde la curul): A favor.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda (desde la curul): En contra.
El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): En contra.
El diputado Ricardo Villareal García (desde la curul): En contra.
La diputada Karina Labastida Sotelo (desde la curul): En contra.
La diputada Leticia López Landero (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 262 votos a favor, 124 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura a una comunicación de nuestra apreciada diputada, doña Laura Barrera Fortoul.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva. Presente.
Con esta fecha me permito comunicar a usted mi separación definitiva del cargo de secretaria de la Mesa Directiva, que me he honrado en desempeñar desde el 1 de septiembre de 2014.
Respetuosamente le informo lo anterior para los efectos conducentes en el marco de lo establecido en el artículo 19, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. Diputada Laura Barrera Fortoul.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Esta Presidencia reconoce el trabajo dedicado, oportuno y de buena fe de la diputada doña Laura Barrera.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, solamente en los puntos resolutivos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Primero. Se solicita a la Mesa Directiva que se declare vacante una Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en razón de que la diputada Laura Barrera Fortoul comunicó su separación definitiva del cargo.
Segundo. Que una vez declarada la vacante citada y en virtud de la postulación referida en el considerando quinto del presente acuerdo, se someta a consideración del pleno la designación de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, sea electa como secretaria de este órgano de gobierno a partir del 3 de febrero de 2015 y hasta la conclusión del tercer año del ejercicio de la presente legislatura.
Tercero. La elección de la Secretaría de la Mesa Directiva se realizará utilizando el sistema electrónico de votación en términos de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 139, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para estos efectos se ruega a la Secretaría consultar, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, se declara vacante la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio, correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para proceder a la elección de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales como secretaria de la Mesa Directiva a partir de esta fecha y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 3 minutos, para proceder a la elección de la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 341 votos en pro, 1 en contra y 15 abstenciones. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se declara electa para ocupar el cargo de secretaria, a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados.
Se ruega a la diputada tomar su lugar en la Mesa, a efecto de rendir protesta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Compañeras, compañeros, les ruego ponerse de pie.
Diputada Francisca Elena Corrales Corrales, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para cumplir el periodo correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Sí, protesto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Si así no lo hiciere que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señora diputada, secretaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley Federal de Derechos, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General de Salud.
Para fundamentar el dictamen, no hay quien fundamente el dictamen. Para fijar la postura de las fracciones parlamentarias, tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia y de todas y todos los presentes. El dictamen de la minuta que se pone a consideración de la soberanía representa la posibilidad de atender un tema muy sensible que muchas veces ha sido ignorado. Me refiero a las personas con discapacidad y la armonización de la legislación mexicana con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el pasado, las formas de referirse a una persona con discapacidad en nuestras leyes eran discapacitados, incapacitados, personas con capacidades diferentes, entre otras. Todos estos términos ponían de relieve al sujeto y no a la condición que padecen generando de esta manera la discriminación.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es de gran importancia que en nuestras leyes se establezcan con precisión los términos adecuados para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos, pues una política pública de eficacia eficiente comienza por una correcta definición de su población objetivo. En este sentido es de suma importancia reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por la sociedad civil durante varios años en la construcción del término que hoy se propone.
A través de los representantes de organizaciones civiles, de personas con discapacidad y profesionales sobre el tema, se ha puesto en la mesa una y otra vez el debate acerca de cuál sería el término correcto para definir a este sector de nuestra población. Lo anterior generó no sólo en México sino en el mundo que se diera un debate respecto al término de personas con discapacidad teniendo como antecedente los siguientes sucesos.
En 1983 el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo utilizaría el concepto de personas inválidas. En 1985 la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de promover la prevención de la discapacidad y la rehabilitación efectiva, utiliza la palabra impedidos al crear el Fondo de Contribuciones Voluntarias en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos que inició ese año y concluyó en 1995.
Uno de los principales resultados del decenio fue la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, de la resolución 48/96, titulada Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que estableció que el término correcto debía ser discapacidad y no minusvalía.
El concepto es reevaluado junto a todo el entorno que implica la atención a este grupo de la población.
Así la comunidad internacional expresada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, decide aprobar el 13 de diciembre de 2006, la Convenció sobre los derechos de las personas con discapacidad, refiriendo en su preámbulo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de las barreras derivadas de la actitud y el entorno que impide la participación activa de las personas con discapacidad en la vida de la sociedad.
Es importante mencionar que el concepto que propone la convención y el dictamen que hoy nos convoca, no restringe la cobertura a personas concretas, sino que por el contrario, detalla las diferentes formas de discapacidad, a saber, entre ellas, discapacidad física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo.
En el grupo parlamentario Nueva Alianza reconocemos que el concepto de discapacidad ha evolucionado con el paso del tiempo conforme a los adelantos en materia de derechos humanos.
En este sentido las definiciones establecidas en nuestras leyes son un paso para la concientización de y sensibilización de todos los ciudadanos, ya que la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad para participar como miembros activos de la sociedad y a gozar plenamente de sus derechos establecidos en nuestra Constitución, es la discriminación.
Por lo anterior el grupo parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que es imperativo actualizar el marco jurídico en beneficio de toda la población mexicana, incluyendo a las personas con alguna discapacidad. Es cuanto y gracias por su atención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Caamal Mena. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el cual se reforman diversas disposiciones de las leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos y General de Salud.
El objetivo de la misma es armonizar las diversas disposiciones anteriormente citadas en torno al concepto “personas con discapacidad”, tal y como es establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, para de este modo habitar conceptos peyorativos erróneos. Aunque estas modificaciones pueden considerarse adecuaciones lingüísticas, en el fondo tratan de un tema sustantivo para el desarrollo armónico, justo, equitativo, democrático del país. La aceptación y atención de las diferencias individuales para lograr la desigualdad social.
Recordemos que la discapacidad refiere a la cualidad de un discapacitado, es decir, de aquella persona que tiene impedidas algunas de las actividades cotidianas consideradas normales por alteración de sus funciones intelectuales o físicas.
Esto lleva a que las personas que se encuentran en esta condición presenten mayor propensión a ser vulnerables, a sufrir algún daño físico, emocional o moral debido a su condición de desigualdad.
Por ello, la atención *servicio bien o infraestructura que requieren para tener la oportunidad de aquellos generales son distintas a las que requieren las personas no discapacitadas.
En este sentido establecer en la legislación la figura de personas con discapacidad para ser sujetos de beneficios y atención por parte de programas y acciones de gobierno, es un avance sustantivo.
Compañeras y compañeros, vemos sin duda que esta iniciativa es correcta y necesaria, pues es un reconocimiento de facto de las necesidades de las personas con discapacidad. Recordemos que nuestro país aproximadamente, el 5 por ciento de nuestra población vive con alguna discapacidad aunque algunas otras estimaciones sugieren que pueden ser el doble de ésta.
Por esto es menester legislar y fortalecer la política pública y la cultura de inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, aún falta mucho por realizar en materia de inclusión y respeto de los derechos humanos de las minorías en general y de las personas con discapacidad, en particular.
Sin duda, donde mayor avance en la materia se ha dado, es en las zonas urbanas del país; sin embargo, en las zonas rurales y en las de alta de marginación aún existe una cultura de exclusión que es necesario revertir.
La discriminación más preocupante y dolorosa es la que sufren los niños con discapacidad, pues no sólo ataca una condición en muchos casos congénitos o acusados por accidentes graves, con las que debe de lidiar el niño toda su vida sin que ataque su autoestima y lo excluya de los mecanismos de sociabilidad y participación comunitaria.
Por ello, avanzar en una cultura de inclusión desde los primeros años de vida es un menester para el buen desarrollo de nuestra sociedad. Por lo anterior, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para fijar la postura de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, es para mí un beneplácito ocupar esta máxima tribuna para felicitar a todos los compañeros que hoy conforman la fracción legislativa de Morena, los felicito por ese gran logro y es de reconocer el voto a favor de todas las fuerzas políticas que aceptaron la integración de esta fracción.
Ya en materia, Movimiento Ciudadano va a votar a favor de este dictamen, para que no se asusten, ¿verdad?, que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud.
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, en esta Legislatura, hicieron su mayor esfuerzo, obteniendo con ello una armonía entre la legislación federal y las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con la Ley General de las Personas con Discapacidad, en lo concerniente a eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos o erróneos para referirse a ellas, adoptando el término de personas con discapacidad.
La coincidencia y el consenso en términos generales con las reformas y adiciones que se pretenden realizar a las leyes es para homologar y armonizar nuestra legislación, para que esté acorde con las convenciones internacionales y sobre todo con nuestra Carta Magna.
Las reformas a las leyes en comento también sustituyen el término de personas de la tercera edad, para que cuando se refiera a ellas se haga con el término de personas adultas mayores. Lo anterior está establecido en la misma fracción X del artículo 15, para el efecto de homologar y armonizar este último término previsto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 3o.
En relación con la reforma de la fracción XIII del artículo 4o de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta Comisión considera que no es procedente ni viable toda vez que no concuerda lo que se pretende reformar con lo previsto en lo vigente artículo 40 de dicho ordenamiento jurídico. Es decir, no tienen relación alguna la reforma pretendida con el artículo 40 de la nueva y vigente Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, toda vez que éste establece; tratándose de activos fijos por tipos de bienes en el caso de estos contribuyentes.
Quiero decirles que siempre que la enfermedad, en el caso de una atención médica o quirúrgica, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos, aunado a esto los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que le enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de los derechos, también gozarán de los servicios de atención quirúrgica.
Por lo antes expuesto, y sobre todo con un análisis necesario para beneficio de la sociedad mexicana, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Córdova Bernal. Tiene ahora la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con la venia de la Presidencia. La peor discapacidad es la de no darse cuenta que somos iguales. No hay palabras inocentes, afirman los teóricos, ante todo uno siempre le dice algo a alguien, no hay palabras al aire. De ahí que la palabra y el uso del lenguaje sean de fundamental importancia.
En ese sentido, la ley resulta estratégica, en tanto orientadora de conductas. Lo que decimos y cómo lo decimos traspasa la esfera individual y le importa también al derecho, toda vez que constituye también una relación jurídica.
Por ello, el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración tiene el objeto de homologar y armonizar nuestra legislación para que éste, acorde con las convenciones internacionales y la Carta Magna, resulte de vital importancia. De ahí que se propone que el término de discapacitados sea sustituido y modificado por el de personas con discapacidad, un cambio de nomenclatura que abarca todo un término, el cual no sólo evita la calificación que en sí misma es indeseable, sino que alude a toda una manera de ser, de vivir y de enfrentar el mundo.
El lenguaje también construye nuevos paradigmas y puede ayudar a impulsar una cultura incluyente y no discriminatoria. El lenguaje sirve para nombrar y también para concebir el mundo y a quienes lo habitan de manera diferente. De ahí la trascendencia de la propuesta que hoy discutimos, compañeras y compañeros.
La palabra es propia del ser humano, sólo a nosotros nos corresponde. Por ello es fundamental impulsar un lenguaje no discriminatorio, el cual esté libre de todas las fobias que tanto han lastimado a la humanidad.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como propósito promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.
Debido a lo anterior, los estados que ratificaron esta convención, entre estos México, están obligados a introducir las medidas necesarias a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación.
Por lo tanto, el presente dictamen pretende acatar las recomendaciones de la Convención, sustituyendo los términos establecidos en las diversas leyes en las cuales se utilizan términos discriminatorios para referirse a las personas con discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto, apoyamos este dictamen que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud, el cual tiene la finalidad de plasmar de forma correcta el término personas con discapacidad, y de esta manera armonizarlas con las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Romo Fonseca. Tiene ahora la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, de la fracción parlamentaria del PRD.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su venia, diputado presidente. La iniciativa que da origen a este dictamen, fue presentada en esta Cámara de Diputados en la LX Legislatura, en noviembre de 2007, aprobada por el pleno año después y turnada al Senado, donde fue congelada por dos legislaturas.
Finalmente, en agosto de 2013 las Comisiones Unidas, en el Senado, aprobaron en sentido positivo, con modificaciones, la minuta con proyecto de decreto. La minuta tiene como objeto armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de las Personas con Discapacidad, en lo concerniente a eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos erróneos para referirse a ellas, adoptando el término de personas con discapacidad.
La Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura aprobó el proyecto enviado por el Senado, pero con nuevas modificaciones, porque otra vez llegamos, si no tarde, sí muy lento a los cambios requeridos para la sociedad.
Mi grupo parlamentario, el de la Revolución Democrática, está a favor de los cambios contenidos en este dictamen, que tiene por objeto armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
La Convención supone un cambio de paradigmas en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social, a un modelo en que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para dignificar sus derechos.
Ese enfoque considera que las barreras de la sociedad como los obstáculos físicos y las actitudes negativas a que se enfrentan las personas con discapacidades son los principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos.
Desde 1990 los gobiernos del mundo y las organizaciones internacionales regionales o locales asumieron la aplicación del término discapacidad, siendo congruente con la importancia de buscar en dicha definición eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial.
La Organización Mundial de la Salud estableció en 1980 un criterio único en la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía.
La definición lingüística de discapacidad fue resultado del consenso efectuado entre más de 70 países que en el marco de las Naciones Unidas aprobó el término en inglés y que la traducción en español fue discapacidad. Aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990.
El término de personas con discapacidades diferentes proviene de la campaña electoral del año 2000, con el entonces candidato Vicente Fox, como un slogan de su campaña. En un afán de querer suavizar el término o resaltar las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad, sin darse cuenta que el uso y abuso de alusiones es un comportamiento egoísta y discriminatorio que tiene como fin la negación de la realidad.
El uso inadecuado de este término ha causado graves confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales. Incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Porque al utilizar un término ambiguo resulta igualmente confuso determinar quiénes son los poseedores de estos derechos.
El término personas con discapacidades diferentes no es correcto y tampoco son los vocablos, personas con capacidades especiales, minusválidas o inválidas. Que más bien suena ofensivo y discriminatorio.
De acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención, las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
El Inegi reporta, en el 2010, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270. Lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.
Es necesario reconocer el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades y que la promoción del pleno goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales para las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza.
Por estas razones los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del decreto porque se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y General de Asentamientos Humanos y General de Salud.
Además, reiteramos nuestro exhorto al gobierno federal para que dentro de todas las acciones que sean emprendidas y que afecten en cualquier forma el desarrollo de la población y sea tomando en cuenta este amplio sector de la sociedad y sus necesidades, a fin de garantizar su adecuada integración. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Salinas. Tiene ahora la palabra, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas y mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación óptima, plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial de manera permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.
Según todos estos ordenamientos, el término adecuado para referirse a una persona con alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, es el de persona con discapacidad. Por otra parte, es importante considerar lo previsto en el párrafo quinto del artículo 1o. constitucional en el que se prohíbe la discriminación motivada por las discapacidades.
En este sentido, en Acción Nacional coincidimos en la necesidad de incorporar o sustituir en la legislación que lo amerite el término personas con discapacidad, toda vez que de acuerdo con los acuerdos internacionales, a la Constitución Política y a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad el término adecuado para referirse a ellas tiene que ver con personas con discapacidad. Repito. En Acción Nacional estamos convencidos que es el término correcto y el más adecuado para promover el respeto a la dignidad de este grupo de personas vulnerables.
Desafortunadamente, aun cuando existe un nuevo paradigma en el tema de la discapacidad cimentado en los derechos humanos y la inclusión social, se sigue presentando el empleo de un lenguaje equivocado y peyorativo que a la vez se convierte en discriminatorio.
Hace un momento la diputada que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia de que esta iniciativa fue presentada desde el año 2008 y había estado congelada en el Senado por todos estos años y hasta ahora, al interior de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, hemos atendido esta iniciativa para modificar en toda la legislación actual y cambiar el término de personas discapacitadas por personas con discapacidad.
Prácticamente en todas las legislaciones locales de los estados estos términos han sido cambiados y se ha adecuado la ley modificando el término, cosa que no habíamos hecho en la legislación federal.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, votaremos a favor del dictamen que hoy discutimos porque coincidimos en homogeneizar el término de personas con discapacidad, toda vez que es inconcebible hablar sobre derechos e igualdad de oportunidades sin que se plasme correctamente en la ley el término para referirse a estas personas.
En Acción Nacional los invitamos a contribuir con la cultura del respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada; gracias. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica Clara Molina, de la Fracción Parlamentaria del PRI.
La diputada Mónica Clara Molina: Con el permiso de la presidencia y de todos los compañeros y compañeras legisladoras.
En el año 2006 se efectuó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, representando un paso de gran envergadura, destinado a que los Estados cambien la percepción de la discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible.
Nuestro país no ha sido la excepción, ya que ratificó la convención en el año 2007, asumiendo su compromiso reflejado en la realización de diversas reformas a la Carta Magna y a las leyes secundarias, así como la creación de mecanismos e instituciones públicas tendientes a reconocer y garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Hoy hacemos hincapié de la reforma constitucional que modificó el artículo 1o., mediante el cual –entre otras cosas– reconoció el adecuado uso del término discapacidades en vez de capacidades diferentes, para referirse a este grupo vulnerado, marcando el uso del término apropiado para identificar a las personas con discapacidades, lo que conlleva a realizar las acciones pertinentes como lo son las legislativas, para crear, modificar o derogar leyes que sean acordes a lo que mandata nuestra Constitución, evitando confusiones jurídicas que impliquen una ambigüedad en los términos.
Según datos del INEGI, más de 5 millones de personas padecen de una disminución en sus funciones intelectuales o físicas, ocasionando una alteración que afecta la realización de sus actividades cotidianas, por lo que es vital generar acciones destinadas a esos millones de personas para hacer valer sus derechos, logrando su bienestar y dándoles un trato digno e igualitario, evitando aseveraciones negativas hacia este grupo de personas.
Por ello los legisladores integrantes de grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos y General de Salud, para cambiar el término discapacitados por personas con discapacidad, a efecto de homologar la legislación, utilizando los términos adecuados, evitando conceptos erróneos.
Compañeros legisladores, debemos crear acciones tendientes a generar una sociedad más inclusiva, instar para que las personas tengan oportunidades y desarrollen sus habilidades, así como evitar alguna barrera que implique un menoscabo hacia el respeto de las personas con discapacidad, por lo que instamos a que voten a favor del dictamen, porque de esta manera se homologarán las leyes evitando cualquier deterioro lingüístico o laguna jurídica que pudiera interferir en garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En virtud de que no hay artículos reservados en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): A favor.
La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 399 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad el dictamen en lo general y en lo particular con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley Federal de Derechos, la Ley General de Asentamientos Humanos, y la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es: comentarios relativos al informe que presenta la Comisión Especial de seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, a cargo de los grupos parlamentarios.
En consecuencia tiene la palabra el presidente de la comisión especial, el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, para referirse al informe, hasta por siete minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí. Diputado Mejía, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para objetar que le den el uso de la voz al presidente, toda vez que el Grupo Parlamentario del PRI tiene su oportunidad de esa agenda política, donde cada grupo hará comentarios.
No tiene ninguna razón que el presidente de la comisión participe en tal calidad, porque no está fundamentando un dictamen. Es totalmente irregular, porque en todo caso las observaciones del PRI debe hacerlas valer en su turno como grupo parlamentario. Esto es parte del manejo faccioso y tramposo con que se han conducido en el caso del informe de la Línea 12.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, señor diputado. El punto que estamos abordando es el acuerdo notificado por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, en consecuencia no procede su impugnación. Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo: Gracias. Con su permiso, señor presidente.
Honorable asamblea, el informe que hoy presentamos cumple con lo dispuesto en el numeral 4 del acuerdo de fecha 9 de abril del año 2013, de la Junta de Coordinación Política, y sustenta el trabajo de la Comisión Especial. No es un informe final, sino un corte necesario en el cumplimiento de la responsabilidad de este pleno que nos confió y de cara da cuenta de los resultados de nueve meses de trabajo.
Como se expone en el cuerpo del informe, consideramos pertinente continuar con nuestras labores con el propósito de seguir colaborando al esclarecimiento del destino de los recursos federales asignados a la Línea 12 de Metro en todos sus aspectos y en todas sus consecuencias.
No podemos ignorar que hablamos de más de 22 mil millones de pesos erogados del año 2007 a 2012, de los cuales más del 60 por ciento son recursos federales. Además, se han destinado más de 62 millones de pesos para identificar fallas y más de 100 millones de pesos para el servicio emergente de la red de transporte de pasajeros del Distrito Federal, a los que se agregan más de 5 millones para cubrir las afectaciones de predios y aún se desconoce el costo total que tendrán las reparaciones correctivas que se necesiten.
Se trata de la obra de transporte público más ambiciosa de las últimas décadas, se concibió para cerrar la brecha de desigualdad de los niveles de desarrollo de la zona sur-oriente del Distrito Federal y del Valle de México, para garantizar la movilidad física de sus habitantes.
Tendría un impacto metropolitano, ya que trasladaría a más de 450 mil personas diariamente, reduciría los tiempos de recorrido y los costos de traslado, beneficiando con ello la productividad y la economía de las familias trabajadoras en una amplia zona de la ciudad y áreas circunvecinas. De ahí que la suspensión de sus servicios y las inversiones adicionales que se requieren para reanudarlos afecten gravemente las finanzas públicas, impacten en la economía de la ciudad y causen un gran perjuicio al público usuario.
A partir del mes de abril del año 2014 solicitamos información a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Investigadora de la Línea 12 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y cruzamos para su análisis los diversos elementos de información que nos fue proporcionado.
Asimismo cumplimos con la inspección física del tramo afectado y realizamos reuniones con los secretarios de finanzas, el de obras públicas, el contralor del Gobierno del Distrito Federal, así como el director del Proyecto Metro y los representantes del consorcio ICA-Alstom-Carso y de las empresas participantes en el proyecto, además de la empresa proveedora de trenes CAF.
Hoy presentamos los primeros resultados y recomendaciones sustentados en elementos documentales, informativos y testimoniales que permiten identificar con precisión lo que no podemos sino calificar como un desastre financiero en la Línea 12, mismo que requiere una investigación más profunda que escapa a las facultades de esta Cámara y requiere a juicio de la Comisión de la intervención de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades de funcionarios públicos y de las empresas involucradas, porque el daño causado al erario público es evidente e innegable.
Apunto a continuación los hechos más evidentes. La creación del órgano desconcentrado Proyecto Metro con una entidad ad hoc. Se propició la duplicidad de funciones, decisiones discrecionales en la gestión del proyecto, arbitrariedades y despilfarro de los recursos públicos.
El Gobierno del Distrito Federal aceptó una propuesta racionalizada del consorcio formado por las empresas ICA-Alstom-Carso consorcio constructor, que implicó modificar el diseño original que era 100 por ciento subterráneo y terminó con cuatro diseños de construcción a mayores costos. Se eligió el sistema de rodadura férrea, aunque los estudios preliminares señalaban el inconveniente de usar este tipo de tren en tramos elevados por presentar un mayor número de fallas y requerir mantenimientos intensos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Calzada, permítame. Diputado Huerta, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, presidente, para mí es muy importante, ya que pusieron a hablar a este señor que preside la comisión, que informe a la asamblea los nombres de los funcionarios, de los altos funcionarios, que lo informe él quiénes son esos altos funcionarios, que nos dé los nombres, por favor.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: No procede. Señor diputado Huerta, hay una intervención de usted en la lista, permita que el orador termine de hacer su intervención.
No proceden las preguntas, en virtud de que está fundamentando el informe. Continúe el orador, por favor.
El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo: Gracias, presidente. Se hicieron modificaciones al contrato original que otorgaron ventajas al consorcio constructor, la falta de supervisión y diversas omisiones provocaron el incremento de costos, que se pagaran mayores anticipos a las compañías, por lo que hay elementos para presumir dolo.
Hubo un claro conflicto de intereses en la firma de por lo menos un convenio modificatorio del director general de proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, que es hermano de Luis, de los mismos apellidos, quien fue promovido de director general de Construcción a vicepresidente ejecutivo del Grupo ICA del consorcio constructor.
No ha quedado suficientemente explicado por qué se optó por rentar trenes en lugar de comprarlos. Un punto adicional, igualmente grave, es la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro que firmó con la empresa española Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, CAF, un contrato de prestación de servicios a 15 años por más de mil 588 millones de dólares americanos, más de 20 mil pesos, costo que supera otras ofertas como la de la empresa Norinco.
Además, una de las partes del contrato que representa alrededor del 60 por ciento del total del mismo, se firmó con un tipo de cambio de 16.75 centavos por dólar, lo que significa un sobreprecio de 3 mil millones de pesos, pues el tipo de cambio en el momento de la firma del 31 de mayo del año 2012, era de 12.91 centavos pesos por dólar, condiciones a todas luces contrarias al interés público.
Las autoridades del Distrito Federal en el periodo 2006-2012 no garantizaron una adecuada coordinación y supervisión integral, los representantes del consorcio constructor y de CAF reconocen que trabajaron por su cuenta sin coordinarse. Uno, contrato por proyecto Metro, y el otro, por el Sistema de Transporte Colectivo.
Proyecto Metro pagó a un consorcio alemán para certificar la seguridad en el funcionamiento de la línea, pero sólo verificó las vías y los sistemas, pero no los trenes. Además, de que entregó su estudio horas antes de la inauguración, el 30 de octubre del año 2012 y no en julio como se había contratado.
A partir del cierre parcial de la Línea 12 el 11 de marzo pasado, el dictamen elaborado por la empresa Cistra puso en evidencia otros defectos de construcción y se demostró que el elemento determinante provocó el desgaste ondulatorio y fue la incompatibilidad con el material rodante y la vía.
La Contraloría General ha impuesto inhabilitaciones y otras sanciones a diversos servidores públicos. Hay auditorías, investigaciones abiertas, denuncias presentadas ante la Procuraduría General del Distrito Federal y también hay litigios por resolverse. La Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Distrito Federal también tienen controversias con el consorcio constructor.
Es inconcebible que se hubieran dejado pasar tal cantidad de irregularidades sin el conocimiento de las autoridades del más alto nivel. Nos referimos al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo y al ex titular del proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.
Por ello solicitaremos al procurador general del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, que con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General proceda al desglose correspondiente dentro de la Procuraduría General de la República, a efecto de que ésta realice la averiguación de posibles delitos federales.
A la Auditoría Superior de la Federación se le solicita continuar con las labores de fiscalización y cuanto antes se determinen los procedimientos para fincar responsabilidades a los funcionarios y ex funcionarios del gobierno del Distrito Federal por el probable desvío de recursos federales en la construcción de la Línea 12 del Metro.
Al efecto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsar en coordinación con el proyecto Metro y con la Contraloría General los procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas privadas, y la ejecución de garantías para entregar la Línea 12 a la brevedad posible.
Consideramos que debe darse prioridad jurídico-administrativa-económica, para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro, ya que el valor de los proyectos para la prestación de servicios PPS representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes.
En síntesis, el gobierno de la ciudad entonces y las empresas constructoras entregaron trenes equivocados, sobre vías equivocadas y construidas sobre un paso equivocado. Por esto debemos deslindar las responsabilidades que procedan. Es cuanto. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, para hablar a nombre de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados. En representación del Grupo Nueva Alianza, reiteramos que lo que no debemos perder de vista es el grave daño patrimonial, social y laboral que ha causado la ciudadanía en la suspensión del servicio de gran parte de la Línea 12 del Metro, obra que se construyó con los recursos que a través de los impuestos han pagado los propios ciudadanos y que son seriamente los afectados. Urge por lo tanto que tengamos ya de una vez la determinación plural de todo y cada una de las causas que motivaron la suspensión del servicio.
La obra en cuestión, es evidente que no se realizó de manera correcta, sin embargo los recientes sucesos al interior de esta comisión ponen de manifiesto la inaplazable necesidad de despolitizar y despartidizar la formar de abordar y debatir los temas en la agenda nacional general.
Consideramos que deben fincarse las responsabilidades pertinentes a todas y cada una de las partes que hayan estado involucradas sin excepción ni impunidad y a deslindar las responsabilidades que se hayan incluido a todo el contexto jerárquico que en tiempos y cadena de mando estuvo relacionado con esta graves faltas que no debieron haberse presentado en ningún momento, pero las deficiencias que se han puesto en manifiesto durante los trabajos de esta comisión, así como las reacciones políticas de diferente naturaleza de los involucrados, no hacen sino desviar la atención del tema central que son nuestros ciudadanos.
Son las autoridades jurisdiccionales las que en su caso y en el ámbito de sus atribuciones deben realizar las investigaciones e indagaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones que se establecen en las disposiciones legales, porque es la población la que enfrenta y padece diariamente los graves efectos de esta suspensión de manera particular.
La reestructuración del servicio de autobuses de la red de transporte de pasajeros que se habilitó para cubrir la demanda del transporte que fue ya ampliamente rebasado por los ciudadanos.
Los ciudadanos han tenido que hacer filas de 30 a 40 minutos para abordar uno de los 300 camiones de la RTP. Los tiempos de traslado se volvieron excesivos transformándose de 45 minutos a hasta dos horas. Lamentablemente un grave caos vial en la zona pese a los intentos de agilizar el tránsito vehicular.
Compañeras y compañeros legisladores. Debemos asumir la responsabilidad de esta decisión con seriedad y serenidad. Estamos sentando un precedente que debemos de aplicar en consecuentes determinaciones de las comisiones presentes y futuras que investiguen este tipo de situaciones. Es por ello que nuestras decisiones deben estar orientadas a dar certeza y seguridad a los actos que como legisladores nos compete.
Por lo anterior, nos pronunciamos porque prevalezca ante todo la absoluta protección al interés de los ciudadanos y de la población en general, que son los principales perjudicados con la suspensión del servicio de la Línea 12 del Metro. Por lo tanto, demandamos que se restablezca a la mayor brevedad posible este servicio de transporte con la mayor seguridad y el menor de los costos para los usuarios, que es el principal demandado de la ciudadanía, que es con quienes debemos y tenemos la obligación en trabajar en primera y última instancia por todos ellos.
Aquí quiero decirles, compañeros, que lo primordial es que tenemos que defender a los ciudadanos que nos trajeron hasta acá. Olvidarnos en este momento que tenemos procesos políticos y lo primordial en los ciudadanos, que es lo que les está costando un costo económico bastante fuerte para todos ellos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Olvera Barrios.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado José Alberto Benavides Castañeda, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
El diputado José Alberto Benavidez Castañeda: Con su venia, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Es verdaderamente lamentable cómo damos inicio a este nuevo periodo de sesiones, con un asunto que evidencia el trato tendencioso y mezquino que se le da a la izquierda de nuestro país.
El domingo pasado la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, aprobó un informe sesgado en el cual se usaron criterios parciales que lejos de buscar la verdad buscan un castigo que no se ha logrado justificar.
El eje central que debe de regir el funcionamiento de esta comisión especial es –sin duda- la imparcialidad y la apertura a distintas fuentes de información con la finalidad de rendir informes detallados, claros, precisos y objetivos que informen al resto de los diputados y principalmente a la ciudadanía sobre un asunto tan importante que ha afectado a un sector de la población en la ciudad de México y desgraciadamente desde la instalación de la comisión esto no ha sido así.
Es evidente que sólo la historia nos acerca a la naturaleza de los problemas y para ello es imprescindible escuchar las voces y los argumentos de todos los involucrados en un problema tan complejo, cuyas minucias son piezas clave en la contribución al propio entendimiento del mismo.
El PT presentó en tiempo y forma una serie de observaciones que no fueron atendidas. Dichas observaciones no era para proteger a una persona ni a partido ni a gobierno en particular, sino simplemente para encaminar los trabajos de la comisión a un rumbo objetivo y coherente.
Por desgracia los trabajos realizados de manera independiente en esta comisión, han dejado en evidencia la clara intención de daño meramente político, haciendo declaraciones absurdas y en muchos de los casos totalmente fuera de lugar.
Es evidente que lo político forma parte de la inspiración, pero nunca se debe de anteponer ésta como excusa de manipulación.
En el PT no pretendemos encubrir nada ni a nadie, pero tampoco podemos aceptar omisiones claras en tan delicado tema.
Los puntos que hemos expuesto son los siguientes:
Uno. La comisión especial se extralimita en su objeto y en sus atribuciones; no cumple puntualmente con su preciso objetivo de dar seguimiento a los recursos federales que se hayan destinado a la Línea 12 del Metro.
Dos. La comisión especial aún no está en condiciones de hacer un informe final, las tareas y revisiones han sido superficiales; la comisión especial no ha solicitado toda la documentación importante; no ha citado a todos los actores involucrados, consorcio certificador, empresas supervisoras, la UNAM, IPN, CAPF, funcionarios públicos, consorcio constructor.
Se exhorta a la comisión especial que continúe y complete su investigación con seriedad en la materia que es de su competencia. Debemos allegarnos de toda la información, bitácoras, minutas y actas que no se han revisado.
Tres. Esta comisión especial ha asumido que la Asamblea Legislativa, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y la Auditoría Superior de la Federación, están actuando de forma impropia, deben estudiarse y tomarse en cuenta con seriedad los resultados de estos órganos fiscalizadores.
Cuatro. El informe que se aprobó tiene graves errores y se busca firmar, sin prueba alguna, que la línea 12 tuvo una inadecuada coordinación de los trabajos, un mal diseño sobre costos, irregularidades en contratos y uso de recursos, incompatibilidad de trenes con vías y certificaciones endebles. Repito, sin prueba alguna.
Cinco. Esta comisión especial toma atribuciones de tribunal que no le corresponden. Es por tanto, un proceso de defenestración por motivos político-electorales y una intención para procesar sin ningún fundamento ni derecho de audiencia al ex jefe de gobierno ante la PGR.
Seis. Se debe de atender la solicitud de Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno para conocer su información y escuchar su postura y experiencia sobre el caso. Condenamos que desde que fue creada esta comisión se ha querido analizar desde un enfoque que sobrepasa las facultades de la misma, así como del órgano que representamos.
Se ha denostado la imagen de los órganos de fiscalización, que también forman parte de esta Cámara de Diputados y de funcionarios a quienes ni siquiera se les da la oportunidad de participar en la aclaración de temas fundamentales.
Se ha pretendido hacer de un espacio al cual le debemos de guardar el máximo respeto a un lugar para promocionarse y para desinformar, como Partido del Trabajo podemos decir que es absurdo que la opacidad que se critica sea la misma con la que ahora se presenta un informe.
Es lamentable que ni siquiera la opinión de todas las fuerzas políticas haya sido considerada en su realización. Es obvio que el informe fue elaborado sólo por la Presidencia de la comisión y con un propósito político, destruir el prestigio del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y otros ex servidores públicos.
Ninguno de ellos está sujeto a procedimiento alguno, porque no han encontrado imputaciones que lo ameriten ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Auditoría Superior de la Ciudad de México, antes Contaduría Mayor de Hacienda, ni la Procuraduría General de la República ni la del Distrito Federal, ni la Contraloría General del DF. El informe en cuestión se asemeja a un juicio sin otorgar si quiera derecho de audiencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Benavides Castañeda.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Desde abril que se constituyó esta comisión especial ha habido un tratamiento partidista, un tratamiento faccioso. Y hoy el informe que se presenta con prisa y descuido de los procedimientos y de las normas parlamentarias no solamente es faccioso, sino que es mentiroso y parcial.
Acuso que fue dictado desde Los Pinos por Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de Enrique Peña Nieto. El presidente de la comisión ha actuado por consigna, al igual que sus testaferros. Lo hace como manejaba el cabildo de Tultitlán, donde destituía regidores y los tribunales le ordenaban que no cometiera esas arbitrariedades. Lo hizo clandestinamente, como fue denunciado, por tomas clandestinas cuando era dirigente partidista.
De ese nivel ha sido la operación de esta comisión, que se ha constituido en un tribunal inquisitorial. Pero además es mentiroso, porque en el informe se señala por ejemplo que en la operación del contrato de prestación de servicios a largo plazo se establecía un tipo de cambio de 16.27 pesos por dólar, cuando en ningún momento en el contrato se habla de ningún tipo de cotización, simplemente se da una cantidad en dólares al tipo de cambio que corresponda.
Hoy que ustedes tienen casi ya a 15.30 el dólar, se asustan de sus desvaríos, pero aquí finalmente lo único que viene en el contrato es la cantidad en dólares y ésta es una mentira de la que está plagado el informe.
Por otro lado, no dicen que 6 de los 30 trenes, 7 de los 30 trenes fueron recibidos por la actual administración de la Ciudad de México. Todo lo que han hecho ha sido por consigna para golpear políticamente al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón.
Es una venganza urdida en el Palacio de Los Pinos porque se le acusa a Marcelo Ebrard de haber sido quien filtró el tema de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150. Se le acusa de haber armado los documentales de periodistas tan prestigiadas como Carmen Aristegui, o medios de comunicación internacional, como el Wall Street Journal. Lo acusan de haber difundido la enrome corrupción de Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano, empezando por su esposa Angélica Rivera.
El problema es la corrupción, y esto es una cortina de humo frente al desastre de la administración presidencial, frente al descrédito internacional por su corrupción y la violación a derechos humanos que hoy tienen al gobierno en Ginebra, a juicio internacional. Y hoy queremos señalar que le han negado el derecho de audiencia a Marcelo Ebrard y al senador Mario Delgado.
El gobierno de Peña Nieto no solamente participa en desapariciones forzadas, sino que ahora le da línea a los priistas, sobre todo a los del estado de México, para que le nieguen el derecho de audiencia a un opositor. Eso sólo se da en las dictaduras. En un Estado democrático de derecho debe haber derecho de audiencia.
Quien juzga sin escuchar a la contraparte comete una aberración, comete un despropósito y yo le pido a los compañeros del PAN que, al margen de diferencias políticas no avalen que se juzgue a alguien sin ser escuchado y sin alegar en su defensa.
Se rasgan las vestiduras, porque vino Marcelo Ebrard y quiso ser escuchado. Ojalá viniera Angélica Rivera aquí y decir de la casa blanca de Los Pinos, ojalá viniera Enrique Peña Nieto y explicara su conflicto de interés, ojalá procedieran en el caso de Oceanografía, que ya le dio carpetazo el procurador Murillo Karam.
Ojalá viniera Angélica Rivera aquí a aclarar todas las propiedades, o viniera Luis Videgaray a aclarar el tema de la propiedad de Malinalco o Peña Nieto la propiedad de Ixtapan de la Sal.
Y cuando viene alguien que se le somete a juicio y quiere ser escuchado ustedes le cierran el micrófono. Le cierran el micrófono al pueblo de México, como le cerraron las puertas al pueblo de México en las reformas regresivas.
Hoy con actitudes porriles de la guardia pretoriana de Peña, que son los diputados del estado de México, que protegen sus corruptelas y que quieren llevar el modelo de corrupción, de cinismo, de clientelismo electoral a todo el país, hoy quieren juzgar a un ciudadano sin haberle sido escuchado.
Dicen mentiras, como que la Auditoría Superior de la Federación culpó al jefe de Gobierno, cuando lo exoneró. Es una versión incompleta este informe y ustedes quieren juzgar para salvar las frustraciones presidenciales y las frustraciones de su mal gobierno. Y les gustó el ex jefe de Gobierno para juzgarlo, porque no tienen la cara para que Peña Nieto responda por todas sus corruptelas...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja:... y por eso han violado procedimientos y por eso cometen este informe falas y arbitrario y no escuchan a la parte, al elemental derecho humano a la audiencia.
Les pido a todos los partidos de oposición que cerremos filas, porque no es contra Marcelo Ebrard, es contra un Estado democrático de derecho, donde debe ser escuchado...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja:... Corrupción la de Peña Nieto, corrupción la de Angélica Rivera, corrupción la de Luis Videgaray. Ahí debieran actuar.
Todas las comisiones de investigación están congeladas. Todas las comisiones especiales están sin actuar.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, permítame. Señoras diputadas, señores diputados, les ruego permitan que termine el orador, en virtud de que se ha agotado el tiempo, diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Que me reponga el tiempo, presidente, porque estos porros no dejan hablar a uno.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya, señor diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias. Quiero denunciar que además ha habido un doble tratamiento, la Comisión de Monex, la de Pemex-Oceanografía, la del Tren México-Querétaro, todas están congeladas porque atienden temas de corrupción, del régimen y del presidente de la república, y esta comisión se ha constituido en un juzgado para culpar a un ex jefe de gobierno.
Ustedes quieren la línea 13, la de Los Pinos-Bucareli-San Lázaro, que les da línea. Vergüenza debían tener por ser testaferros del régimen más corrupto que ha habido en la historia del país. El régimen más corrupto en la historia del país es el de Enrique Peña Nieto, y ustedes son cómplices.
No este informe faccioso, no este informe mentiroso, no este informe de Tultitlán, que quieren hacer un informe del país. No vamos con este informe y vamos a acudir a los órganos internacionales para denunciar que en México se violan los derechos humanos de los líderes opositores.
¿Que en México qué sigue, señores? ¿La desaparición física de los opositores? ¿El asesinato político? ¿Eso es lo que quieren ustedes? Hacia allá vamos con este régimen autoritario, depredador y corrupto del viejo PRI que ustedes representan. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En nombre ahora de la agrupación de diputados de Morena, tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Dictamen que hoy discutimos, tienen razón, el informe, lo votaron 8 diputados del PRI, uno del PAN que parece del PRI, uno del Panal y uno del Verde Ecologista que es del PRI, 11 de 19, y hoy hasta aparece otro informe del PRD.
En qué medida el informe que se presenta contribuye a que esta Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. Miren, diputados, el tema, en efecto, es de importancia nacional, la opinión pública tiene que ver la funcionalidad y costo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, y esta Cámara se encuentra obligada, en el ámbito de su competencia, al combate a la corrupción. Por lo que el objeto de la comisión es loable y es procedente.
Sin embargo, el juego político a través de la representación de los grupos parlamentarios induce a algunos miembros de la Comisión Especial para hacer una campaña sucia, parcial e ilegal del tema.
El objeto por el cual creada la comisión, dar seguimiento de los recursos federales destinados a la Línea 12 del Metro, se ha desviado en el informe que se presenta. Como se acredita con esta intervención, el informe es vago e impreciso y sus conclusiones tienen el objeto de presentar impactos mediáticos a través de la prensa nacional y líderes de opinión sobre supuestos actos de corrupción de los gobiernos de la ciudad de México, con calificación aprobatoria de los ciudadanos.
No cabe duda que el informe que se presenta, más allá de la encomienda a sus integrantes, se convierte en un instrumento de propaganda política dentro del proceso electoral 2015.
De ahí la insistencia de hace unos minutos de Gutiérrez de la Garza, de turnar el informe a las autoridades que se recomiendan en el mismo, en la política trapera, desleal. Hay que ser cínicos, pero intentar guardar las formas, porque si no hacen evidente y más evidente lo evidente.
No obstante el descaro de esta estrategia política de linchamiento y reafirmamiento de mi postura y del Morena de combatir frontalmente a la corrupción, yo me podría atrever hasta a citar al clásico de la corrupción, aquel, y obviamente lo parafraseo diciendo como él dijo, no te preocupes Rosario. Yo le podría decir: no te preocupes Marcelo.
Sí, diputados, en política existen principios y se exige congruencia. Si la finalidad es el combate a la corrupción, en la Línea 12 del Metro de la ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la misma Procuraduría del Distrito Federal, el propio jefe de gobierno, la propia Asamblea Legislativa pueden iniciar procedimientos administrativos y penales contra los actos de corrupción que se pretenden imputar a los funcionarios de alto nivel que toleraron contratos ilegales y desvío de recursos.
Diputado Gutiérrez, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como la Secretaría de la Función Pública, ambos bajo el mando superior de Enrique Peña Nieto pueden iniciar las investigaciones necesarias en contra de estos altos funcionarios del gobierno de la ciudad de México, por el supuesto desvío de recursos federales.
No es necesario que usted, su fracción parlamentaria del PRI con sus comparsas y socios de Verde Ecologista y el diputado del PAN que parece del PRI, justifiquen su actuación arbitraria, soportadas con un informe parcial infundado de la comisión especial para que un procurador General de Justicia, que se ha negado a conocer e investigar actos de corrupción de verdad: como el de la Casa blanca de la primera dama, la de los amigos y compadres de Peña Nieto, los del Grupo de Higa, que hasta dicen que son sus prestanombres. Juan Armando Hinojosa Cantú, de Ricardo San Román Dunne, de la Constructora Cuisa, que se han enriquecido con la asignación de obra pública.
Esta Cámara no puede ser comparsa de una estrategia de comunicación política-electoral del PRI, que pretenda investigar ex funcionarios de la Ciudad de México a partir de supuestas recomendaciones de esta comisión especial de esta Cámara. La desesperación por el descrédito de un presidente, Enrique Peña Nieto, marcado y señalado por la corrupción, la ineficiencia administrativa y las erráticas medidas económicas, así como la complicidad y la incapacidad para frenar a la delincuencia organizada en este país, obligan al gobierno federal a crear estrategias fallidas a costa de la inconstitucionalidad y la legalidad con la que debe de conducirse esta Cámara de Diputados.
El exhorto a los diputados y diputadas de las distintas fracciones a no caer en el uso político que pretende Enrique Peña Nieto y su partido el PRI, es para no convertir esta estrategia electoral que está implicando ya una guerra sucia.
En el informe que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el apartado de conclusiones, refiere diversos temas. Nada más quiero destacar uno o dos, cuando en la página 68 habla del origen del problema, deficiencias de diseño y la falta de coordinación de los trabajos, existe un tratamiento errático en estas conclusiones falsas que muestran la falta de oficio legal de quien las redacta.
Es de destacar la parcialidad con que se usa la información obtenida por la Contraloría General en la página 69 y 70 del informe, en un primer momento reconoce el sentido de resarcimiento administrativo y social que tiene el fincamiento de sanciones a servidores, quien elabora las conclusiones del informe de motu propio valora y juzga a los alcances de la responsabilidad administrativa que ha determinado la Contraloría del Distrito Federal, posicionándose como una instancia segunda sancionadora para señalar que es insuficiente la responsabilidad en la base de la pirámide por la que debe procederse a sancionar a mandos superiores, ¿y a quién se responsabiliza? Para el juego mediático del tema, las declaraciones de priistas y panistas no existe otro más que Marcelo, al afirmar en las conclusiones que es necesario llegar a los últimos responsables, etcétera.
Esta imperiosa necesidad de llegar a las autoridades de nivel superior es ambigua y confusa, no se señalan responsables directos ni se acredita sobre todo responsabilidad alguna. Ustedes nada más dan elementos de prensa para justificar toda la corrupción, pero no van ni siquiera a los datos de la propia Auditoría Superior de Hacienda.
Esta superficialidad y simpleza de las acusaciones es lo que me llevan a mí a chacotear con este: no te preocupes, Rosario. Pues no te preocupes, Marcelo, no sólo por el contenido del informe errático y mentiroso, sino además y fundamentalmente porque los habitantes de la Ciudad de México no creen en el PRI ni en Peña Nieto. Saben y conocen de la corrupción que infesta al Poder Ejecutivo federal. Saben y conocen que de las estrategias electorales de medrar con la pobreza de los mexicanos, no cambia voluntades de ciudadanos conscientes de combatir a la corrupción.
Sabemos que la corrupción, el nido de la corrupción está en Los Pinos y ahí es a donde tenemos que llegar. No con ese discurso de hace un rato de Peña Nieto de que bueno, ya era difícil ir atrás del decálogo dichoso. Pues está peor que el decálogo lo que acaba de decir. Bueno, querer poner como el artífice de limpiar de la corrupción al país al licenciado Virgilio Andrade, un ex priista de viejo cuño totalmente manipulable por el poder, qué carajos le va a limpiar a toda la corrupción que emana de Los Pinos y del propio Peña Nieto.
Yo quisiera retar a que Peña Nieto hubiera dicho: Quiero que me investigue el Congreso, quiero que me investigue una comisión independiente, autónoma. Le falta valor porque sabe que tiene una cola de aquí a Campeche, a la playa de Campeche, de toda la corrupción que emana de la Presidencia de la República. Obviamente no vamos a esperar a que él pida la investigación. La comisión de investigación ya es un mandato de alrededor de 200 diputados federales. Es derecho de minorías y vamos a investigar la corrupción. El que nada debe, que nada tema. Esto es lo que vamos a hacer los diputados federales.
Yo finalmente apelo a ustedes, legisladores, legisladoras con dignidad e independencia política, a determinar la devolución del informe a la comisión para que se ajuste al objeto para el cual fue creada. Que ésta se conduzca con legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad sin caer en el juego político ordenado por Los Pinos y Bucareli. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente; con la venia también de esta asamblea. Me parece una desfachatez y un atrevimiento que vengan a decirnos que nosotros recibimos línea para definir cómo vamos a votar en este informe.
Quienes al mismo tiempo vienen a abogar directamente por Marcelo Ebrard o quienes yendo en contra de una responsabilidad constitucional, el domingo pasado le cedieron el uso de la palabra provocando –desde luego– una afectación grave, una vulneración a la soberanía de este parlamento, al orden de la comisión. Pero no me extraña nada.
Están pretendiendo desviar la atención de aquello que nos interesa. Otra vez la teoría del complot.
Pero déjenme platicar con ustedes cuándo fue que empezó el complot, y déjenme recordárselo también a ustedes.
En el Distrito Federal anteriormente, hace una docena de años, podría construirse cualquier casa, cualquier inmueble mediante la obtención de una licencia de construcción. Y las licencias de construcción las expedían las jefaturas delegacionales.
Repentinamente se modifica el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y basta ya nada más la presentación de un aviso o de una manifestación de construcción de obra nueva para que esto se pueda.
Pero no se puede obtener una manifestación de obra nueva, sino hasta que se obtiene primero un certificado de zonificación de uso de suelo.
¿Quién entrega los certificados de zonificación de uso de suelo? El gobierno central del Distrito Federal. Éste es tema. Al final del día se trata de una simplificación administrativa y todos entendimos cuál era la simplificación administrativa cuando en la televisión vimos a un empresario, Carlos Ahumada, denunciando con fajos de dinero y ligas, en qué consistía la simplificación administrativa que se había propuesto.
¿Qué es lo que sucedió? En el momento en que se tuvo que enfrentar al gobierno del Distrito Federal y decirle “a ver, sal y juzga y actúa como tiene que ser y sancionen a quienes son responsables de estas acciones”. Se desvió por completo el tema. Se dijo “no, no es inmoral lo que se hizo, lo indebido fue quien filtró los videos. Cómo es que alguien se atrevió a exponer lo que nosotros estamos haciendo”.
En el informe hoy está sucediendo exactamente lo mismo y vienen a traernos otra vez la teoría del complot. Y ¿saben qué? No vamos a caer en la teoría del complot.
En esta ocasión el informe tiene datos duros, el informe, es el sentir de la ciudadanía que todos los días no se puede desplazar en el Distrito Federal por un desfalco de 42 mil millones de pesos y lo vamos a atender.
Y la forma de atenderlo es con apego a lo que establece la Constitución en sentido estricto y no con esta interpretación sesgada que ustedes le quieren dar, quizá no de manera dolosa sino por ignorancia.
Y aquí sí quiero decirles nada más, que a pesar de que ustedes invoquen repetidamente que se ha violado un derecho de audiencia, quiero pedirles que estudien el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución y entiendan bien en qué consiste el derecho de audiencia. La audiencia es ese juicio previo a un acto de privación, el informe no es un acto de privación, el informe contiene recomendaciones que nosotros estamos emitiendo como representantes de los intereses de la sociedad porque ése es el sentir de la gente que está fuera, ése es el sentir de la gente que a pesar de que paga cinco pesos diarios, desde hace muchos años viene viendo cómo se deteriora el servicio de transporte colectivo en la capital.
Ustedes quieren que haya garantía de audiencia, la van a tener, ¿cuándo? En el momento en que se cumplan las resoluciones de privación. ¿Cuándo? o bien cuando el juez emita la sentencia de condena, de prisión en contra de los responsables de este quebrando de 42 mil millones de pesos o de los 3 mil millones de pesos que gratuitamente fueron a dar por cobertura cambiaria en este contrato, pues ahí en el proceso penal ustedes van a poder ofrecer sus pruebas y formular sus alegatos, o bien, ante las autoridades de la administración pública del Distrito Federal, ante la Contraloría General del Distrito Federal, con las inhabilitaciones porque ahí van a poder ofrecer todas las pruebas.
Yo quiero que las preparen y que nos digan cómo van a lograr desvirtuar los datos duros que arroja el informe, no necesitamos más. Son datos que nos fueron proporcionados durante la tramitación de todas las reuniones de esta comisión precisamente por el Distrito Federal, ¿por qué? Porque el gobierno del Distrito Federal es quien debe tenerlos.
El único legitimado para ejercer los derechos que derivan de los contratos, el único legitimado para tener la información que tiene que ver con este proyecto es el Distrito Federal y es el que nos lo proporcionó. No quieran ustedes venir a decirnos que necesitamos escuchar más cuando tenemos los datos que nos está proporcionando, precisamente, quien es responsable de pagar. Ahora, además, 2 mil millones de pesos más para que eso se eche a andar ¿cuándo? Posiblemente en noviembre o diciembre de este año.
Explíquenle a la gente que ustedes son precisamente el partido que está con las clases más desfavorecidas, porque hoy, los 42 mil millones de pesos que se gastaron no sirven para nada. Ustedes le han echado mano a las arcas del metro y del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, porque saben perfectamente bien que ése es el monedero de la capital. Ustedes están desviándolo y no son nada transparentes en el manejo de estos recursos.
Terminó el informe, el informe ya lo votamos, lo votamos la mayoría porque tiene los datos duros y cumple lo que establece la Constitución.
Son ustedes tan transparentes, déjenme decirles, que así como se elaboró este informe seguramente va a haber otro que va a tener que tener con la fiscalización de todos los contratos para la construcción del segundo piso del Periférico. Estoy seguro que las manos también ahí las van a tener igualmente.
Desde luego que acompañamos a la mayoría que firmó este informe, que lo votó, y desde luego que estamos conscientes de que tiene que haber a partir de todos los indicios que se han presentado el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales contra todos los servidores públicos que tuvieron que ver con este desfalco de 42 mil millones de pesos, de 3 mil por cobertura cambiaria, de los 21 mil millones de pesos que tuvo que ver con el arrendamiento injustificado del material rodante, como también y sobre todo en representación de las 500 mil personas que todos los días están viendo afectada su calidad de vida y, eso sí, el derecho a la movilidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Cuéllar.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, de la fracción parlamentaria del PRD.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: En manos de unos irresponsables está la conducción de la vida pública de este país; de los irresponsables que tienen el precio del dólar en el techo y el precio del petróleo en el piso; de los irresponsables que han manchado instituciones importantes, como el Ejército, para en la opacidad querer resolver asuntos como Tlatlaya; en manos de irresponsables que no han podido detener la inseguridad y han mostrado la incapacidad para no poder hacer valer el Estado de derecho.
Pero en esta ocasión quiero tomar la palabra para en esta Cámara dirigirme a los verdaderos demócratas, a los que están aquí y piensan que es muy útil e importante construir la vida política de este país con auténticas convicciones. Sé que los verdaderos demócratas nunca podrían avalar lo que ha sucedido en esa Comisión especial. Sé que los verdaderos demócratas jamás podrán estar de acuerdo en la instrumentalización de la política.
Hablo con ustedes porque sé que van a prestar oídos a las claras razones por las cuales no podemos estar de acuerdo con este informe de trabajo que detrás postula aviesas y negras intensiones.
El PRD tiene plena disposición, absoluta, por afrontar la problemática de la suspensión de la Línea 12. Que quede claro. Nosotros hemos respaldado en todo momento la decisión de nuestro jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de priorizar la seguridad de los usuarios y desde luego dar atención a las soluciones de fondo.
Apoyamos también y nos hemos sumado a la disposición de todos los ex funcionarios de gobierno involucrados en este proyecto, para que comparezcan y aporten los elementos para la investigación. Y fíjense ustedes, diputadas y diputados verdaderos demócratas, nosotros reconocemos el trabajo plural que ha realizado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque eso ha ayudado a contribuir a la transparencia y al esclarecimiento de los hechos con imparcialidad y apertura.
No podemos dejar nosotros de reconocer que la Auditoría Superior de la Federación, ante esa instancia, que fue la que observó, evaluó todos los recursos federales destinados a la obra, han sido solventadas las informaciones.
No podemos tampoco dejar de reconocer que las observaciones que la Contaduría Mayor de Hacienda del órgano local legislativo también ha trabajado sobre las observaciones del contrato, y esas observaciones han quedado cabalmente atendidas. Así pues, verdaderos demócratas de esta Cámara, el PRD está por la transparencia, no queremos cuotas de impunidad.
¿Saben ustedes dónde está nuestra inconformidad? Nuestra inconformidad estriba en un informe parcial, porque detrás de ese informe parcial hay una evidente consigna de instrumentalizar el debate sobre la Línea 12 como un ataque, ante el declive electoral del PRI y sus testaferros, como un ataque a todas las izquierdas.
Por eso hablo y lo digo con claridad, coordinador Ricardo Anaya, no podemos convalidar una aviesa, obscura y torcida pretensión, que desde la oficina de la Presidencia se nos quiere aquí venir a endilgar.
El uso que le ha dado el PRI a este informe de trabajo evidencia sus intereses, que solamente pueden ser interpretados en clave electoral. Han presentado, votaron y aprobaron un documento lleno de falacias, que omite o menciona datos según conviene a su posición política y que no ha atendido ni tiene interés en mostrar todos los elementos de investigación con los que diferentes instancias de fiscalización y análisis ya han aportado a la discusión.
En tal virtud, lo que quiere el PRI y esa es la parte que les molesta, no es que les moleste que se quiera guardar en un cajón el análisis de esta Comisión, que quienes de por sí extendieron cartas de defunción fueron los priistas, cuando de manera unilateral e imparcial quisieron avasallar.
Lo que quiere el PRI, demócratas de verdad, quiere adueñarse de la capital del país. El PRI quiere arrebatar a la Ciudad de México su autonomía, quiere además atropellar la propuesta vanguardista de las instituciones que aquí se han erigido, quiere desatender la vocación democrática, que ya durante varios años aquí se ha sostenido.
El PRI no quiere hacerlo por la vía democrática, el PRI no quiere hacerlo a través de la contienda electoral, el PRI no se desprende de sus malas costumbres, se le olvida que ya no estamos en esas épocas en que todas las instituciones eran instrumentos para lograr sus intereses, aunque tanto se esfuercen por volver a esos tiempos de perversas glorias.
El PRI no quiere nunca ni le interesa ni ha querido que se conozca la verdad sobre este tema, porque si no, no hubiera actuado tan desaseadamente. A ver qué cuentas le rinde Manlio Fabio Beltrones al señor presidente.
El PRI solamente quiere sacar ventajas, no le importa la afectación que sufren quienes necesitan soluciones de transporte, al PRI lo único que le importa es cómo construir obstaculizaciones y verdaderamente sacar raja de un tema en donde carecen de la autoridad moral.
Por eso, y con eso voy a concluir, el PRD está de acuerdo en que las instancias de ley diluciden. Estamos de acuerdo en que de un análisis y de un debido proceso, si hubiera necesidad se finquen responsabilidades.
Lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que nos quieran venir aquí a avasallar, que nos quieran generar un atropello ilegítimo e ilegal, que lo único que buscan demostrar es cómo opera la maquinaria priista, movida por sus palaciegas intenciones.
Pobres reyezuelos. Pobres reyezuelos que no saben aceptar que se les acabó, es verdad, tiempo. Se acabó el tiempo, se acabaron las épocas monárquicas, incapaces de medirse en las batallas democráticas.
Por la fuerza, con la ilegalidad, avasallando, aniquilando y pretendiendo atropellar quieren desaparecer a la izquierda, pero fíjense ustedes, señoras y señores, que eso no se va a poder. En lo esencial, en lo esencial, escúchenlo bien, las izquierdas estamos unidas y en aras de la verdad daremos la batalla siempre.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, de la fracción parlamentaria del PAN.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con la venia de la asamblea, he escuchado con atención los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios. He visto ofensas entre uno y otro. Pero lo que no he visto es empatía y solidaridad con el más de medio millón de personas que mientras nosotros discutimos, hoy no se pueden transportar en la ciudad de México.
No he escuchado a una sola persona, a un solo diputado que se exprese sobre las más de 150 familias de las delegaciones Benito Juárez, Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac, que hoy en día tienen sus casas a punto de colapsar. Familias que tienen siete años, siete años pidiéndole al gobierno del Distrito Federal que se les reparen sus viviendas.
Compañeros legisladores, la Línea 12 del Metro ha sido un ejemplo vivo de corrupción. Los gobiernos de la ciudad de México en los últimos años se han distinguido por construir obra pública a través de procedimientos sin licitación o contrataciones sumamente opacas.
Así ocurrió y ya se dijo hace un momento, los segundos pisos del Periférico y ahora con la Línea 12 del Metro.
Hoy, esta mal llamada línea dorada, en cuya construcción ya se han gastado más de 55 mil millones de pesos entre la obra civil y los trenes, se encuentra inservible por causa de errores directamente imputables al gobierno capitalino.
Es imperdonable que hoy el gobierno del Distrito Federal no ofrezca una respuesta seria sobre el tiempo que tardarán los trabajos para la reapertura de esta línea.
Las dudas sobre la falta de licitación, sobre las consideraciones técnicas y sobre la reparación de la misma siguen, desafortunadamente, en el aire.
Los ciudadanos hemos perdido nuestra capacidad de creer en este gobierno. Es por eso que el PAN se ha comprometido con los ciudadanos. Nos hemos comprometido para impulsar una batalla en contra de la corrupción y es por eso que tenemos tan enérgicamente puestas todas nuestras acciones en impulsar un sistema anticorrupción.
Lo que en el PAN queremos son tres cosas. Primeramente que la línea funcione, que la línea sea de calidad, que la línea sea eficaz. En segundo lugar, que se reparen las viviendas de quienes así lo han exigido por más de siete años, primero con un gobierno y luego con el otro, y simplemente les dicen: nos vemos en 15 días para una próxima reunión. Que los culpables –en tercer lugar– de este fraude, sean llevados ante la justicia. Que esta comisión especial de la Línea 12 del Metro sea un medio para que funcionarios y exfuncionarios vengan y digan lo que a su derecho convenga.
Quiero decirles que este informe trae puntos muy importantes, por ejemplo: dice que este contrato que se firmó trae unos puntos en los que se dice que habrá reparaciones por vicios ocultos. Estamos pidiendo que se hagan esas reparaciones. Dice también este contrato, que se debió haber contratado a una aseguradora para que hubiera una fianza, también lo dice este documento.
También quiero que sepan que se ha dicho ya por muchos legisladores, que la auditoría ya auditó esta obra, y sí aquí está. Pero les falta decir que la Auditoría Superior de la Ciudad de México no ha auditado aún los trenes, y aquí también lo dice puntualmente.
Es por eso que yo les pido que tengamos sensibilidad con los vecinos de Tláhuac, de Iztapalapa, de Benito Juárez y de Coyoacán. Es momento de hacer parteaguas en México. Es momento de ir, o una revolución en la que los culpables respondan por las afectaciones a la ciudad y porque en el país tengamos un verdadero sistema anticorrupción. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Sotomayor Chávez.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hacer los comentarios o manifestaciones en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Gutiérrez Manrique, hasta por siete minutos.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra, diputada.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Señores, hoy hemos escuchado la defensa de la supuesta izquierda y yo les digo: La gente les va a cobrar en las urnas que ustedes estén defendiendo a un político. Que estén defendiendo a uno de los suyos, en lugar de estar defendiendo a los ciudadanos que han sido afectados y que diariamente están siendo afectados 500 mil usuarios –diariamente– y los recursos de los mexicanos que han sido utilizados de una manera irregular.
Hoy nuevamente se acusa complot. ¿Será complot el que no corresponden trenes, vías, tramos en la Línea 12? ¿Será complot que se firmaron irregularmente contratos a un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar, superior al tipo de cambio que en el 2012 era de 12.90 pesos por dólar? Aquí están las pruebas señores, hay documentos.
¿Será complot que se dio uso indebido a 45 mil millones de pesos, recursos públicos de todos los mexicanos; recursos públicos que los ciudadanos del Distrito Federal están prácticamente tirados a la basura?
¿Será complot que se afecta social y económicamente día a día a más de medio millón de capitalinos? ¿Será complot que la Línea 12 del Metro no funciona desde el 12 de marzo de 2014? ¿Será complot que ya está a punto de cumplir un año y sigue sin funcionar? ¿Será complot todo esto, señoras y señores?
No, esto es un desastre financiero, esto es un fraude, el que ustedes están defendiendo, porque insisto, están defendiendo a un político en lugar de defender a los ciudadanos y los recursos de todos los mexicanos.
Señoras y señores, existen claras evidencias de complicidades, de irresponsabilidad, de negligencia, de abierta corrupción.
Prácticamente en cada fase del proceso de contratación de construcción del proyecto de transporte más ambicioso del gobierno del Distrito Federal, ha habido irregularidades tan grandes como la ambición desmedida de quien encabezó el sexenio 2006-2012, el señor Marcelo Ebrard, porque hay que decirlo, si hay que hablar con la verdad detrás del cúmulo de irregularidades, hubo dolo, confabulaciones, un verdadero saqueo a las arcas públicas que llevó a inaugurar a como diera lugar, el servicio, aún a costa de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, que por cierto hicieron un uso efímero de un servicio que hoy no están disfrutando.
Rentabilidad política, rentabilidad electoral. ¿Cuál era la intención de inaugurar bajo esas condiciones un servicio público?
Los responsables tienen nombre y apellido. Ya es mencionado el ex jefe de gobierno, el secretario de Finanzas, el titular del proyecto del Metro.
Hay que deslindar el grado de responsabilidad de quienes estén involucrados en la participación de este desastre.
Por supuesto que hay mucho que declarar, por supuesto que ya están citados a la comisión a declarar, para el próximo viernes a las cinco de la tarde.
Las autoridades están obligadas a responder ante la ley porque hay evidencia suficiente de que se cometieron delitos y se traicionó la confianza de los ciudadanos a quienes se dijo servir.
Las autoridades del gobierno del Distrito Federal están obligadas a poner en manos del ministerio público –si es que se considera que hay ilícitos– la investigación de inmediato ante las instancias correspondientes.
La cuenta de más de 45 mil millones de pesos gastados aún no termina, seguirá revisándose, seguirá analizándose lo que de inicio ha presentado irregularidades. ¿A quién han beneficiado todas estas irregularidades? ¿A quién se benefició la renta de trenes cuya rodadura no coincide con las vías? ¿No era más óptimo comprar los trenes? No puede ser que no existan responsables.
Que quede claro, no estamos en contra de la izquierda a quienes respetamos, estamos combatiendo a la izquierda corrupta, a la de doble discurso. Hoy están defendiendo a una persona, a un político en lugar de defender a los millones de capitalinos, a los millones de mexicanos cuyos recursos no están siendo aclarados.
Estamos a favor de la ciudadanía y de que se transparenten los recursos aplicados en la línea 12 del metro. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias diputada Martha Gutiérrez.
El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Calzada.
El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo (desde la curul): Gracias, presidente. Ya nada más para tranquilidad de todos los compañeros y de todas las personas en lo general, aquí mismo quiero que se asiente que se invita al señor Marcelo Ebrard Casaubón este viernes 6 de febrero a las 17:00 horas en las instalaciones de esta Cámara y ante la Comisión Especial de la Línea 12, lo cual haré el procedimiento correspondiente escrito para convocar a los integrantes a la hora mencionada.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado. Su participación queda registrada en el Diario de los Debates, pero en todo caso usted tendrá que hacer la invitación por los cauces correspondientes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:17 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 5 de febrero a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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