Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre de 2015
 
Primera parte

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; de la Cámara de Senadores, con acuerdos, proposiciones, minuta e iniciativa; del Congreso de Nuevo León, con iniciativa

Iniciativas

Braulio Mario Guerra Urbiola, PRI

Nelly del Carmen Márquez Zapata, PAN

Guadalupe Hernández Alcalá, PRD

María Ávila Serna, PVEM

Norma Xochitl Hernández Colín, Morena

Comunicaciones de la Cámara de Senadores, con proposiciones relativas al PEF 2016

Matías Nazario Morales, PRI

Exaltación González Ceceña, PAN

Waldo Fernández González, PRD

Rafael Yerena Zambrano, PRI

Julio Saldaña Morán, PRD

Daniel Torres Cantú, PRI

Maricela Contreras Julián, PRD

Armando Luna Canales, PRI

José Luis Orozco Sánchez Aldana, PRI

Declaratoria de publicidad de dictamen

Receso

Segunda parte (Presupuesto)


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 400 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: (12:17 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se dispensa su lectura.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Una vez que concluyamos la aprobación del acta, con todo gusto, diputada. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobada el acta. Sonido a la curul de la diputada Araceli Damián. ¿Con qué objeto?

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Quiero condenar los hechos de ayer, que fueron atacados de nuevo estudiantes de Ayotzinapa por la policía estatal de Guerrero.

Se escudan porque los estudiantes tomaron de nuevo camiones, sin embargo, debemos de reconocer que el Estado mexicano no ha aclarado la desaparición de los jóvenes y mientras esa situación continúe la situación en Guerrero va a seguir subiendo de tono, exijo al gobierno federal y al del estado de Guerrero a que aclaren la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa cuanto antes y que dejen de estar golpeando a los alumnos, hay heridos graves, están en el hospital y hay algunos que tuvieron que escapar a los cerros por miedo a que los volvieran a desparecer. Esto no puede seguir así.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Jorge Álvarez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Presidente, creo oportuno que este Congreso brinde un reconocimiento por lo menos a través de la mención al escritor mexicano Fernando del Paso, que acaba de ser galardonado con el Premio Cervantes, que es el premio del mundo de la literatura en lengua hispana más reconocido en el mundo.

Fernando del Paso se suma a la lista de mexicanos que han contribuido a la literatura en lengua hispana y que han ganado este premio, como Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Octavio Paz o Carlos Fuentes.

Creo que Fernando del Paso es un orgullo de todos los mexicanos, que hoy debemos también de celebrar este reconocimiento que se le hace en el mundo de las letras y en el mundo de la cultura a este brillante novelista mexicano. Y creímos oportuno en la bancada de Movimiento Ciudadano hacer este reconocimiento al escritor mexicano Fernando del Paso.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputados. Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Dennisse Hauffen.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Gracias. Muy buenos días a todos. El día de hoy a los 367 años del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, siendo la primera mujer representante del municipio de Amecameca, cuna del nacimiento de esta décima musa Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, diversos sectores de la población me han solicitado venir ante esta soberanía y solicitar el Festival Cultural Nacional Juana de Asbaje Flor de Volcanes, y de esa manera continuar con el legado que hace 20 años se realizó inscribiendo con letras de oro el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz en este recinto. Un homenaje a la mujer mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada. Sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Continúe la Secretaría con comunicados oficiales.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se recibieron de diversas autoridades, tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su trámite.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Remítanse a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite tres acuerdos aprobados y 13 proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados y a los Congresos de las entidades federativas que aún no cuentan con una Comisión de Familia, a conformar dicho órgano legislativo.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su atención.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve expediente por el que desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción II del artículo 5o de la Ley Federal de Radio y Televisión, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Por lo que se refiere al artículo segundo, relativo a la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Braulio Mario Guerra, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo se comenta que va a presentar dos iniciativas más: iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. Adelante, diputado.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Muchas gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva, de los compañeros y compañeras, legisladores y legisladoras en este día álgido, el tema presupuestal sin duda que subraya la agenda de esta mañana y esta tarde. Pero quiero referirme particularmente con esta oportunidad que se me da de presentar en tribuna las iniciativas que desde la perspectiva del grupo del Partido Revolucionario Institucional tienen una gran relevancia.

Propongo en lo particular la reforma al artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución. En ellas se encuentran las directrices de los principios internacionales que el jefe del Ejecutivo federal federal tiene que seguir respecto de los cánones de la política internacional de México.

En ello debo también subrayar, que por varias décadas, después de la posguerra en 1945, el mundo entero ha fijado su postura internacional en torno a una fijación al Estado nacional, en donde la ius cogens, es decir, la norma imperativa internacional ha girado en torno a la no intervención de los Estados, a la autodeterminación de las naciones, a la proscripción del uso de las armas y de la fuerza en las relaciones internacionales, a la solución pacífica de las controversias internacionales, a la igualdad jurídica entre los estados y a la lucha por la paz y la seguridad internacional y la cooperación internacional para el desarrollo.

Si aquí anotamos, estos principios giran en torno a las relaciones entre los Estados, solamente en el 2008 vino un cambio paradigmático en nuestra Constitución. Se logró que se añadiera como un ius cogens adicional la promoción y la protección de los derechos humanos, pero de acuerdo a la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas hay un gran vacío en nuestra Constitución por armonizarse.

Un principio que contenga la protección a los daños y al deterioro que el ser humano le ha proferido a nuestro planeta, al planeta Tierra. Un principio que hoy a nivel internacional es una nueva ius cogens que gira en torno al desarrollo sostenible y al medio ambiente.

Por ello, estamos proponiendo que se incorpore un nuevo principio internacional para que sea observado por el Ejecutivo de nuestro país y por toda la nación, que establezca la colaboración internacional para promover el desarrollo sostenible del planeta Tierra como un bien jurídico a tutelar por el derecho internacional, combatir la degradación ambiental y las acciones humanas que la provoquen.

En este sentido, hace 100 años en nuestro país éramos solamente 13 millones de mexicanos, hoy somos 120. En el planeta entero éramos, hace 100 años, mil 500 millones los que habitábamos en este planeta. Hoy somos más de 7 mil y en prospectiva los científicos y los expertos en el desarrollo ambiental de nuestro planeta advierten que se elevarán los océanos en alrededor de uno y tres metros, lo que transfigurará la forma y la manera en la que comprendemos a nuestro planeta y los desastres naturales que esto pueda conllevar en el impacto a nuestras sociedades y en el impacto incluso a nuestras economías.

Por ello, se hace fundamental que así como en el tránsito histórico desde Hugo Grocio, desde Francisco de Vitoria, que plantearon el derecho de gentes, el ius gentium, que después Jeremy Bentham, en 1989, planteó el concepto del derecho internacional, el derecho entre los Estados, hoy tenemos retos que no se pueden asumir solamente desde la perspectiva del Estado nacional, sino que tenemos que trascender a perspectivas que impliquen un derecho universal, un derecho de la globalidad, un derecho que trasciende las fronteras y que protege supranacionalmente lo más valioso que tenemos como planeta, que es su ecosistema y las sociedades, el ser humano, los pobladores de todo el mundo.

Por ello, también en este sentido hemos propuesto reglamentar en la Ley de Cambio Climático, en su artículo 26, fracción XIII, que sea política nacional de México el hecho de promover acuerdos internacionales y generar un impulso a través del liderazgo en nuestro país en torno al combate al cambio climático.

En ello también estamos proponiendo una reforma al artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde se subrayan algunos fondos de Conacyt que son preponderantes o deben ser preferentes para distintos rubros.

Aquí estamos señalando que aquellos proyectos que tengan por destino el mejorar las condiciones tecnológicas y las condiciones para combatir el cambio climático se conviertan en fondos preferentes, preponderantes y prioritarios para Conacyt.

En este sentido, dejamos estas tres iniciativas a consideración de este pleno, con la visualización de que nuestra Constitución como en su tiempo fue considerada la primera constitución social del mundo, hoy por hoy México se erija con la primera constitución ambiental del planeta y tenga un compromiso ineludible no solamente con las generaciones que hoy se encuentran presentes, quienes poblamos en este planeta sino que vayamos más allá para quienes todos aquellos que no se encuentran aquí, que aún no han nacido y que esperan les heredemos un mejor mundo para vivir. Sería cuanto, Mesa Directiva, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Guerra. En lo que se refiere al decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

En lo que respecta al proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen.

Y al proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Con su permiso. Señoras y señores diputados, la eficiencia en términos de la explotación sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas constituye una obligación fundamental por parte del Estado, que debe garantizar de manera total y responsable la salvaguarda del capital ecológico, en aras de velar por el bienestar de toda la población.

Para cumplir con estos objetivos, en el año 2001 se creó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Sagarpa para ser responsable de la administración, coordinación y desarrollo de políticas en los recursos pesqueros y acuícolas.

Desde su creación, la Conapesca estableció su domicilio en Mazatlán, Sinaloa, justificando que llevaría a un incremento de la productividad y competitividad del sector. Sin embargo, a catorce años de su creación, se debe observar que su ubicación no ha sido idónea para su quehacer y para la totalidad de los productores del sector acuícola y pesquero.

Si bien Mazatlán es una ciudad portuaria, cuya entidad cuenta con 46 mil 652 pescadores, de un total nacional de 271 mil 533, según datos del Anuario Estadístico de Pesca, sólo se beneficia 17 por ciento de los productores. Aun sumando los 14 mil 549 del estado de Sonora, los 12 mil 167 del estado de Nayarit y los 7 mil 69 de Baja California Sur, estos en su conjunto integran el 12.38 por ciento de los pescadores y acuicultores del país. Es decir, la Conapesca tiene una buena ubicación geográfica, solo para el 29 por ciento de los productores del país.

Esto significa, en primer lugar, que la mayoría de los productores del país no se beneficien de contar con una sede cercana, que facilite un mayor acercamiento a sus necesidades y expectativas.

En segundo lugar implica costos de tiempo y económicos para realizar cualquier trámite, gestión, apoyo, reunión de trabajo, entre otros aspectos, que demande realizarlo en las oficinas centrales.

En tercer lugar impide a Conapesca cumplir de mejor forma muchas de las funciones de coordinación que le corresponden con instituciones y dependencias que están asentadas en el Distrito Federal, lo que implica gastos e ineficiencias en su actuación, como las de las instancias con las que debe de coordinarse.

Esta comisión tiene la obligación de constituir y participar en los comités consultivos nacionales de normalización que correspondan al sector pesquero y acuícola y de participar en representación de la Sagarpa ante los órganos de gobierno de entidades, públicas o privadas que se dediquen y fomenten actividades acuícolas y pesqueras, además de coordinar el Consejo Técnico y el Consejo Nacional de la Conapesca, así como el Comité Mixto del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.

Es por ello que hoy pongo a su consideración esta iniciativa para cambiar el domicilio de la comisión y establecer en el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que la sede de Conapesca sea en la Ciudad de México  y que cuente con delegaciones en todos los estados, además de las oficinas que estimen necesarias.

Por supuesto que no es un escenario ideal, está reglamentando la sede de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal. Pero dado que en algunas ocasiones se afecta a los propios beneficiarios y el cumplimiento de su quehacer, se considera que es necesario establecerlo en la ley.

Es así que con esta iniciativa se busca incidir en una mayor cercanía de los productores a fin de impulsar el desarrollo acuícola y pesquero del país, y contribuir a que Conapesca mejore sus actividades y procesos en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad en un marco de corresponsabilidad y participación plena con sus actores directos, como establece su decreto de creación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Márquez. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de Salud.

El diputado Guadalupe Hernández Alcalá: Con su venia, diputado presidente. Saludo con respeto a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados. Presento ante esta soberanía iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 280 de la Ley General de Salud, para la expedición de normas oficiales que prohíban el uso de plaguicidas peligrosos en desuso, que actualmente existen en nuestro país, y que se implementen de manera progresiva sistemas de agricultura ecológica.

Compañeras y compañeros, el uso de estas sustancias para el control de plagas, está generando desde hace muchos años un grave problema de salud en nuestro país, y no solamente de salud pública, sino también del medio ambiente.

De acuerdo a investigaciones que generan evidencias científicas, existen en el ser humano, en las mujeres, en los niños, en los hombres, lesiones en la piel, en el sistema respiratorio; pero lo más grave, produce lesiones cancerígenas, cáncer de diversos tipos, entre los cuales destacan los linfomas malignos.

Pero además generan estas sustancias una pérdida importante de la cubierta forestal, general efectos muy negativos en la biodiversidad, y además nos genera una contaminación importante del suelo, del aire y del agua que consumimos.

La presente iniciativa tiene por objeto regular las prácticas de la agroindustria que está causando daños irreversibles de manera directa e indirecta a la salud de la población de nuestro país, pero también –repito–al medio ambiente.

La prohibición progresiva del uso de plaguicidas peligrosos y en desuso, pero además obsoletos que actualmente están en nuestro país, son el objetivo directo de esta iniciativa.

En la República mexicana se utiliza el 60 por ciento de los 22 plaguicidas clasificados como perjudiciales para la salud a nivel internacional. Aquí utilizamos el 22 por ciento. El 42 por ciento se fabrica en el país, y la mayor cantidad de estados que los consumen o donde se utilizan, evidentemente es en todo el país, pero hay lugares donde más, entre ellos destaca Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Tabasco, estado de México, Puebla y Oaxaca.

Es importante señalar, compañeras diputadas, compañeros diputados, que nosotros debemos atender de manera urgente, y desde aquí, desde este recinto, esta problemática, puesto que de ello depende el fortalecimiento de la agroindustria, depende también la aportación que ésta le genera al producto interno bruto, y además genera –todos lo sabemos– sostenimiento a economías regionales y economías locales.

Debemos siempre considerar lo anterior, pero focalizando la salud humana y, por supuesto, la protección a nuestro medio ambiente. La amenaza directa y creciente para la salud humana y el medio ambiente, por la existencia de plaguicidas obsoletos, plantea por sí mismo su eliminación.

Los instrumentos internacionales actualmente disponibles, tales como los convenios de Rótterdam y de Estocolmo, pero además el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, nos proporcionan un marco excelente para poder generar una transición a lo que aquí estamos planteando.

La sustitución de plaguicidas sumamente tóxicos por medidas de protección fitosanitarias menos peligrosas constituye una obligación esencial de los gobiernos, de las asociaciones intergubernamentales, pero también de la sociedad civil.

Si bien la población mundial se ha duplicado desde la década de los 50, la superficie cultivada para alimentar a nuestro país sólo se ha incrementado en un 10 por ciento. Y las presiones para proporcionar un alimento a bajo costo en terrenos cada vez más degradados y a medida que se despoja a la tierra de nutrientes son cada día mayores.

Los impactos, por supuesto, son amplios y variados, por ello ha aumentado rápidamente la comprensión científica de las consecuencias que estos plaguicidas generan para la salud humana y, ya lo he dicho también, para el medio ambiente.

El único enfoque seguro para reducir la exposición a los plaguicidas tóxicos es avanzar hacia una forma de producción de alimentos más sostenible a largo plazo, un cambio de paradigma que se aleje de la agricultura industrial y química dependiente en gran medida de los productos que ahí se generan. Y por ello es importante pues, compañeras diputadas y compañeros diputados, que apoyen esta iniciativa.

Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía la reforma al artículo 280 de la Ley General de Salud para que quede de la siguiente manera:

Para la reducción de riesgos, la Secretaría de Salud emitirá la Norma Oficial que incluya la provisión progresiva de plaguicidas altamente peligrosos y la transición hacia la utilización de sustancias naturales, garantizando así estos que son ambientalmente irracionales. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Araceli Madrigal.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo para preguntarle al diputado Guadalupe Hernández Alcalá si me permite suscribir también su iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado ha mostrado su anuencia a esa adhesión. Queda a disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Cynthia García.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Buenos días, presidente. Buenos días, diputadas, diputados. Solicito muy respetuosamente me permita el diputado suscribirme a su iniciativa, pero también quiero comentar como bien lo ha sustentado, el uso de pesticidas representa un riesgo para los seres humanos, pero también para los no humanos.

El uso de estos tóxicos ha ocasionado una tragedia muy fuerte en Baja California en las últimas dos semanas, por el uso de pesticidas no regulados que son traídos de Estados Unidos y cruzados por la frontera de Mexicali. Entonces yo pido que este tema se atienda, porque realmente es un tema que no nada más, vuelvo a repetir, afecta a los humanos, sino a los no humanos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada García. El diputado Hernández ya ha manifestado su decisión de que se puedan realizar las adhesiones y como en otros casos, queda la propuesta en la Mesa para que se haga lo correspondiente. Sonido a la curul del diputado Jorge Tello.

El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Pedirle al compañero diputado nos permita poder suscribir tan importante iniciativa, desde luego. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Mariana Trejo.

La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Así es, efectivamente, que nos permita, diputado, que nos permita adherir a su importante y tan prestigiada iniciativa, que puso en rubro y que no ha tenido algo restringido para lo que es la salud y no se le da el rubro correspondiente de los pesticidas.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado Ernesto Ibarra.

El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (desde la curul): Muy buenos días. También incluirme a la iniciativa del doctor diputado, y la verdad lo felicito por esta iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Queda a disposición en la Mesa Directiva, donde podrán suscribir la iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Ávila Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María Ávila Serna: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la licencia de paternidad consiste en un breve periodo de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento para atender al recién nacido y a la madre. Según los investigadores, hay una relación directa entre la licencia del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y el desarrollo infantil.

En este sentido, los padres que utilizan la licencia, en especial los que hacen uso de dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más posibilidades de interactuar con sus vástagos. Lo anterior puede tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y ser el principio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como los estereotipos predominantes.

Y es que la licencia de paternidad brinda una excelente oportunidad para que durante el periodo próximo al nacimiento los padres alimenten a sus hijos, brinden apoyo a las madres en cuanto a las numerosas necesidades físicas y emocionales relacionadas con el parto y cuiden de los recién nacidos.

No cabe duda que la utilidad de la licencia de paternidad se está reconociendo progresivamente en todo el mundo y si bien es cierto que ninguna norma de la Organización Internacional del Trabajo exige explícitamente que los Estados ratificantes concedan licencias de paternidad, tal derecho figura ya en las legislaciones nacionales y convenios colectivos de varios países.

Así también la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer determina como obligaciones del Estado las de modificar estereotipos y patrones socioculturales de conductas asignados a cada sexo a partir del género, y la Convención sobre los Derechos del Niños establece que ambos padres tienen obligaciones comunes en los que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.

Observando los principios anteriores, la concesión de una licencia para los padres es común en las economías desarrolladas y la duración de esta varía, pero solo cinco países, Eslovenia, Finlandia, Islandia, Lituania, Noruega y Suiza conceden periodos de licencia que superan las dos semanas, el resto otorga menos de dos semanas. Así, por ejemplo, Bélgica concede 10 días, Dinamarca 15 días y España 15 días.

En nuestro continente las licencias de paternidad no son benévolas, en Bolivia y Paraguay la ley permite tres días hábiles, en Perú son cuatro, mientras que en Brasil y Chile se aseguran cinco días de descanso. En Colombia son ocho días hábiles, en Uruguay 10 continuos, pero en el 2016 serán 13 y en Venezuela son 14 días continuos después del nacimiento o la adopción de un menor de tres años. Lo anterior, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.

En lo referente a nuestro país, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XXVII Bis, dispone que se otorgará el permiso de paternidad de cinco días laborales, con goce de sueldo, a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Sin embargo, padres de familia y diferentes organizaciones no gubernamentales enfatizaron que la ley, como está lejos de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, refuerza el estereotipo machista de nuestra sociedad. Asimismo, miembros de la sociedad civil consideran que dicha normativa se queda en unos simples días de asueto para el hombre.

Nuestro país está muy por debajo de los criterios internacionales en cuanto al permiso de paternidad y los cinco días contemplados en la Ley Federal del Trabajo, no alcanzan para que un padre pueda disfrutar del nacimiento de su hijo ni para que colabore en las tareas del hogar y cuidados domésticos que lo anterior implica.

La licencia no son vacaciones por el recién nacido, sino que tiene como objetivo la distribución de tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Cinco días son muchos para cuidar al recién nacido, pero pocos para realizar las tareas de cuidado y de atención.

En el Partido Verde estamos convencidos que resulta primordial establecer las medidas apropiadas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y desterrar los estereotipos y roles que prejuzgan por género o sexo y encasillan a las personas en determinadas conductas.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, aumentando el permiso de paternidad de cinco a diez días laborales, con goce de sueldo, a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

De esta manera, abonamos al fortalecimiento del equilibrio entre la vida laboral y la familia de las mujeres y los hombres en las labores domésticas, a la erradicación del estereotipo del padre ausente y al respeto del principio de progresividad de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Y compañeros, por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ávila. A la promovente, pregunta la vicepresidenta Daniela de los Santos si le permite adherirse a su iniciativa, y también solicita la vicepresidenta Bárbara Botello si es permisible la adhesión a su iniciativa. Bien, ha manifestado que sí. Queda a su disposición en esta Mesa Directiva. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La Cámara de Diputados les da la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

Asimismo, a estudiantes de la Preparatoria Regional de Temascaltepec, estado de México, invitados por el diputado Ulises Ramírez Núñez.

A los jóvenes universitarios de Ixtapaluca, invitados por el diputado Román Francisco Cortés Lugo. Sean todos ustedes bienvenidos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros. “El derecho de petición es el derecho imprescriptible de todo hombre en sociedad. Los franceses gozaban de él antes de que os hubieseis reunido, los déspotas más absolutos jamás osaron rehusar formalmente este derecho a los que ellos llamaban súbditos”. Robespierre.

El derecho de petición es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la ley fundamental, en la que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir respuesta. El ejercicio por el particular y la obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos siguientes.

Uno. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir respuesta.

Dos. La respuesta.  La autoridad debe emitir en breve término, entendiéndose por este el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido.

Esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a lo que provea de conformidad lo solicitado por el particular, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por otra diversa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales en términos del artículo 7, numeral 5 y 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos está determinada por la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una discusión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate.

El órgano jurisdiccional internacional ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial. La complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

Los elementos que determinan la razonabilidad no instituyen plazos para dar cumplimiento al derecho de petición por parte de la autoridad. La respuesta al gobernado queda sujeta a los elementos ya señalados, los cuales han sido formados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el artículo 8 de la norma fundamental no se establece de manera expresa un plazo para dar respuesta a las peticiones de los gobernados. La expresión breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto sea necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva, sin que desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al breve término no emitió criterio en cuanto a éste o plazo para las autoridades que den respuesta a las peticiones hechas por los gobernados. Es por ello que proponemos que se deben atender a los criterios de razonabilidad emitidos por el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, los plazos de razonabilidad no podrán exceder de 90 días naturales, con excepción de aquellos señalados expresamente en otros ordenamientos jurídicos. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Dé cuenta la Secretaría con la comunicación de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron de la Cámara de Senadores, cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de Diputados, que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar tres iniciativas, el diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

1. Proyecto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 4 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Adelante, diputado.

El diputado Matías Nazario Morales: Gracias. Con su venia, señor presidente. Hago referencia de mis tres iniciativas para que sean oportunamente turnadas a comisiones.

El México del siglo XXI requiere cambios, no solo en apariencia sino que realmente modifiquen de manera tangible al país en el que vivimos. Para esto debemos plantearnos cuáles son los ideales del pueblo mexicano y los principios por los cuales buscamos que nuestra sociedad sea enorme.

El mío, compañeros, es la formación. Es bien sabido que una de las principales palancas que han encontrado los países altamente desarrollados ha sido la educación. El incorporar el concepto de calidad al tercero constitucional fue una gran virtud de la reforma educativa, con lo que se pretende mejorar el sistema nacional de educación, pero la calidad académica que necesitamos para mejorar nuestro capital humano todavía está lejos de conseguirse. La reforma fue un primer paso que hay que consolidarla todos.

El Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal va cambiando hacia un México productivo, pero el trance de un país manufacturero a un generador de bienes de capital, depende directamente de la cultura de una nación. Podemos invertir en nuestras carreteras, aeropuertos, plazas, etcétera, pero si no invertimos en educar a las siguientes generaciones de mexicanos seguiremos igual. Debemos buscar planes transexenales que planteen a la educación como un eje rector del Estado mexicano.

Compañeros, debemos identificar el costo de oportunidad e invertir en nuestros jóvenes, la inversión no es sólo económica, sino también práctica y de conocimientos. En este sentido he elaborado tres iniciativas que van orientadas hacia la lectura, vía bibliotecas digitales, el deporte en escuelas de tiempo completo y educación sexual efectiva en los fines de la formación académica de nuestro país.

Los estudios son claros. Los países cultos son los países ricos. Según la UNESCO la biblioteca es la fuerza viva de la educación, genera individuos con decisiones autónomas y con un gran progreso cultural. En este sentido creo que se debe impulsar en gran medida la difusión de las bibliotecas en el Sistema Educativo Mexicano, no sólo en materia. de instalaciones físicas, sino diseñar acciones colectivas con la iniciativa privada y la sociedad civil para introducir la lectura dentro de nuestro país, y la mejor manera de lograrlo es en las escuelas por medio de bibliotecas virtuales también.

Las nuevas formas de comunicación obligan al Sistema Educativo Nacional a generar las herramientas útiles para las nuevas generaciones de niñas, niños, jóvenes, y futuros ciudadanos, acercando los temas educativos de su interés.

Por esto me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en el cual propongo adicionar una definición más precisa y actualizada de biblioteca, para entenderla como el repositorio en el cual se administra, organiza, preserva y difunde el conocimiento concentrado de un acervo de libros, revistas, documentos o cualquier otro medio en el formato físico digital; en razón a la predominancia de estos últimos puede denominarse como virtual o digital o tradicional, razón por la cual también se busca la reforma del artículo 4o., de la misma para incluir  en los objetos de esta el fomento y apoyo al establecimiento y desarrollo de librerías y bibliotecas tradicionales y virtuales.

De igual manera otorgar a la Secretaría de Educación Pública la tarea de promover el acceso y distribución de libros en formato físico y digital.

A través de las bibliotecas y otras herramientas se puede reproducir la información de manera veraz. Estos instrumentos digitales permiten transmitir cultura en una comunidad y generar decisiones más asertivas de sus individuos.

De acuerdo a la información provista por organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, ONUSIDA, entre otras, en el documento orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad.

La ignorancia o la deficiente educación sexual generan vulnerabilidad ante la coerción, el abuso y la explotación sexual, una deficiente planeación familiar y las infecciones de transmisión sexual.

Es por ello, que en la segunda de las iniciativas que propongo a la Cámara de Diputados, es la adición de la fracción X Bis del artículo 7o de la Ley General de Educación para incluir dentro de los fines de la educación en nuestro país el promover el desarrollo pleno de la sexualidad del individuo en función de la edad del mismo, sin menos cabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana.

La dignidad y el bienestar humano, como centro de legislación nos permiten hacer programas educativos como los antes expuestos, pero el cuidado de las personas que se multiplican en las sociedades, también debe ser físicamente. Por eso, creo que es vocación del estado velar por la salud de las personas, especialmente de los niños y los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 60 minutos diarios de actividad física, de moderada a vigorosa, para lo cual de la edad de los 5 a 17 años la actividad física en los jóvenes también contribuye a un buen desarrollo social.

Un problema que ha ido en ascenso en los últimos años es la obesidad. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, es por esto que expongo en esta tercera iniciativa incluir dentro de esta misma ley, en su artículo 33, que en las escuelas de tiempo completo se realice como mínimo 60 minutos diarios de actividad física y también en las que se puedan.

Esta iniciativa forma parte de un mismo lugar, las escuelas. En mi experiencia, los centros de educación son un lugar de interacción donde convergen muchos actores de la vida social en México.

Estas iniciativas que presento ante este pleno de la Cámara de Diputados son necesarias y darán paso a su ejecución en políticas públicas que fortalecerán la reforma educativa apoyada por el Ejecutivo federal donde todos debemos poner nuestro mayor esfuerzo, por una mejor educación en el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Nazario. Diputado Nazario, la diputada vicepresidenta Daniela de los Santos solicita si es conveniente adherirse a su propuesta.

El diputado Matías Nazario Morales (desde la curul): Es un honor para mí. Gracias.

La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado.

El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra el diputado Alexander Zetina.

El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (desde la curul): Presidente, en el mismo tenor, para preguntarle al diputado Matías Nazario si nos permite igual adherirnos a sus iniciativas.

El diputado Matías Nazario Morales (desde la curul): Gracias. Es un honor para mí.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado ha manifestado que sí.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Liliana Oropeza.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): Gracias, diputado. En el mismo sentido, solicitarle al diputado Nazario poder sumarnos a esta iniciativa tan importante.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Bolaños también solicita su adhesión. Queda a su disposición en esta Secretaría de la Mesa Directiva.

A lo que se refiere al decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.

En cuanto al proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.

Y para el proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 4 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Exaltación González Ceceña: Gracias, presidente. Con su permiso. Saludo a toda la teleaudiencia del Canal del Congreso, y en toda la república. Y saludo a todos los habitantes del primer distrito electoral federal de Mexicali, Baja California, que me honro en representar.

Señoras diputadas y señores diputados, el campo mexicano es uno de los pilares que sostiene la estructura económica de nuestro país. Más allá de su participación en el PIB nacional, que es de apenas el 4 por ciento, por sus efectos multiplicadores el sector agropecuario incide sustancialmente en el desarrollo económico, social y ambiental.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 28: Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación.

Indudablemente las actividades agropecuarias son prioritarias, de ahí se desprende que el gobierno federal apoye a este sector mediante subsidios. Estos apoyos se otorgan a cualquier persona que se dedique a actividades agropecuarias y están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, en la práctica, una vez que los solicitantes cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del subsidio se enfrentan a grandes dificultades para poder recibirlos, esto como resultado de la falta de normatividad que establezca en qué momento se entregarán los apoyos.

La presente iniciativa busca atender esta falla en la ley adicionando una fracción a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establezca que dentro de las reglas de operación se señalen fechas exactas para la entrega de los subsidios a las personas seleccionadas como beneficiarios de los mismos. La redacción que propongo es la siguiente.

Artículo 77, fracción II, inciso b), fracción IX: Deberán establecer los plazos y calendarios con fechas establecidas de entrega de los apoyos o subsidios a los beneficiarios, a fin de garantizar la ministración y aplicación oportuna de la totalidad de los recursos en los conceptos y montos autorizados.

Señoras y señores diputados,  es urgente garantizar que los apoyos dirigidos al sector agropecuario efectivamente lleguen a los destinatarios. No podemos ignorar la importancia estratégica de este sector para el crecimiento económico ni las necesidades de la población rural.  Por su carácter rector, el Estado tiene un papel central en el desarrollo y a través de su acción subsidiaria debe contribuir a corregir las desigualdades económicas de nuestro país.

Con la medida propuesta avanzaremos en la construcción de un sector agropecuario que identifique su vocación y sus ventajas comparativas y que sea capaz de aprovecharlas para competir en los mercados internacionales.

En Acción Nacional nos pronunciamos por iniciativas que coadyuven a un campo mexicano productivo y generador de empleos. Por ello concebimos al sector agropecuario, no como un problema, sino como una ventana de grandes oportunidades.

Hago un llamado sentido a las diputadas y diputados que tienen una relación directa con el campo mexicano para que se sumen a esta iniciativa. El campo de México no debe entender de colores partidistas, el campo de México requiere de apoyos directos y de fácil acceso. El campo mexicano quiere resultados y los resultados, amigas diputadas y amigos diputados está en nuestras manos y podemos cambiar las leyes para beneficiar a los agricultores de toda la República. Estoy a sus órdenes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado González. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa...

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Paniagua.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (desde la curul): Gracias, diputado. Para pedirle al diputado Exaltación González, nos permita suscribirnos a esta importante iniciativa que le va a dar certidumbre al sector agropecuario.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado González.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Adelante.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Jesús López.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Buenos días. Para pedirle al diputado Exaltación González, me permita adherirme a su propuesta y sobre todo felicitarlo, porque provengo de un pueblo que es eminentemente agrícola y la verdad cada día los productores agrícolas están más desprotegidos.

Actualmente en esa área de Sinaloa se les adeuda alrededor de 3 mil 500 millones de pesos.

Es importante apoyar a los agricultores, porque precisamente son quienes producen los alimentos que nosotros nos comemos. Considero muy importante, hoy que estamos en épocas de presupuesto, apoyar el tema de la agricultura, porque finalmente si no tenemos dinero para hacer producir la tierra, difícilmente vamos a tener certidumbre en la vida de esta gente que se dedica a ello.

Desafortunadamente, amigo Exaltación, cada día los insumos son más caros y el costo de las cosechas son menores. Necesitamos apoyarlos. Felicidades. Muchas gracias.

El diputado José Everardo López Córdova (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado José López.

El diputado José Everardo López Córdova (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, sumarme a las felicitaciones del diputado Exaltación González, y pedirle se nos permita suscribir, ya que representamos al estado de Sonora que, sin duda, es un estado agrícola y ganadero.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Juan Blanco.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Qué tal, presidente diputado. Para pedirle también al diputado que nos haga el favor de permitirnos sumarnos a su propuesta.

También en el estado de Chihuahua ahorita tenemos un problema muy fuerte, los agricultores tienen tomados varios puestos, varios tramos de ferrocarril en el municipio de Ahumada, en el municipio de Cuauhtémoc, en el de Delicias, precisamente reclamando precios justos a sus productos hidrocarburos a precio de mercado, y yo creo que ésta es una propuesta que tenemos que llevar pronto a buen término.

Nuestro medio agrícola y ganadero está verdaderamente descuidado, desatendido y tiene una serie de asuntos que les están haciendo mermar el mercado. Estamos con la propuesta del diputado.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado. Queda a su disposición de la Secretaría, para suscribir la misma.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud. Un momento, por favor, diputado. Adelante, diputado.

El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Hoy presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para que los medicamentos a que se refiere el artículo 226 de la Ley General de Salud puedan ser prescriptos por unidades adquiridos a granel y distribuidos por farmacias que cuenten con la acreditación de la autoridad sanitaria.

Dichos medicamentos deberán ser empaquetados en envases que contengan como mínimo la siguiente información: denominación genérica, nombre del paciente, datos del médico que prescribe, datos de la farmacia que expende, forma de ser administrado, lote y fecha de caducidad.

Esta propuesta parte de un diagnóstico sobre la dinámica demográfica en nuestro país, del análisis concreto de los altos costos de los medicamentos, del estudio sobre el impacto económico que tiene sobre las familias adquirir las medicinas que necesitan. Y parte del hecho de que millones de personas deben comprar los medicamentos porque no los encuentran o no se tienen en los diferentes servicios de salud que ofrecen las instituciones.

Tenemos una problemática relacionada con la producción, comercialización y precios de los medicamentos, así como derivada de su presentación comercial.

Al mismo tiempo, y según datos de la Encuesta Nacional de Salud, en medicina ambulatoria 65.2 por ciento de las personas encontraron su medicamento en el lugar en donde les dieron la receta. Esto significa que el resto tuvo que comprarlo, y además ocurre que debe comprar el paquete de medicina completo aunque no necesite todo el medicamento.

También sucede que cuando se surte la receta en una institución de salud pública se otorgan medicamentos en cantidades innecesarias, hasta el punto en que se tiene una farmacia en casa.

En los años por venir y ante el proceso de envejecimiento de la población y la prevalencia de otra seria de enfermedades los gastos médicos tenderán a incrementarse, lo que nos obliga como legisladores a plantear soluciones que beneficien a las personas y que garanticen el derecho constitucional de la salud, a partir de acercar medicamentos a las personas que los necesitan, en especial para los nueve millones de mexicanos sin protección de servicios de salud.

Es necesario considerar que millones de personas enfrentan y enfrentaran en el futuro enfermedades crónico-degenerativas que les supondrán un gasto permanente. Ocurre que los gastos catastróficos y la descapitalización son recurrentes para los hogares de nuestro país, más aún si se considera el incremento en los precios de medicamentos en los últimos años para tratar enfermedades como cáncer, hepatitis, diabetes, nefropatologías y VIH Sida. Lo anterior, sin desestimar los efectos en los precios que tienen las patentes y otra serie de contradicciones que hace años se plantearon en la Cumbre de Doha.

Ante esta situación, que es común a diferentes países, la Organización Mundial de la Salud diseñó una lista básica de necesidades de medicamentos mínimos para un sistema básico de salud, enumerando los medicamentos más eficaces, seguros y rentables para condiciones prioritarias.

En ese marco, se considera necesario realizar cambios a la Ley General de Salud para que puedan otorgarse medicamentos a granel, de conformidad con la lista de medicamentos que elaboró la Organización Mundial de la Salud.

Los medicamentos son bienes básicos y públicos, por ello debemos encontrar fórmulas que medien entre el derecho humano a la salud, que debe garantizar el Estado, y las dinámicas económicas de la industria de la medicina.

En nuestro país, de cada 100 pesos que se gastan en salud, 65 corresponden a la adquisición de medicamentos y materiales de curación.

Un estudio que se cita en esta iniciativa muestra que dispensar medicamentos en dosis unitarias en las unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social puede generar beneficios económicos considerables, derivados de los ahorros potenciales del manejo, uso y distribución racional y especializada de los medicamentos que se prescriben a los pacientes internos.

Se trata de que todos podamos acceder a medicamentos a granel, pues con ello se generarán ahorros públicos, lo cual contribuirá a enfrentar la crisis financiera que experimentan los sistemas de seguridad social y salud a población abierta, en sus diferentes modalidades a lo ancho de nuestro país.

El carácter público de las finanzas de las instituciones de seguridad social y de salud en general, muestra la necesidad de que los medicamentos se utilicen con racionalidad y apego a tratamientos necesarios. Lo que no puede prevalecer es que los hogares de menores ingresos sean los que más gasten en medicamentos, y que además sean los que compren las medicinas más caras. Lo que no puede prevalecer, ante todo, es el desperdicio, los inventarios innecesarios, la obligación de comprar lo que no se va a utilizar, el marco negro de medicinas y la automedicación.

Por eso hoy se propone una breve reforma que generará una ruta amplia de acceso a los medicamentos con beneficios claros e inmediatos para la economía de las personas, de las instituciones de salud pública y en sí, para la ciudadanía en su conjunto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Fernández. Diputado Fernández, solicita la diputada secretaria, Guadalupe Perea, si es aceptada su solicitud de adhesión.

El diputado Waldo Fernández González (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Ha dicho que sí.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada patricia Aceves.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Felicito al diputado Fernández por su iniciativa y quisiera pedirle su anuencia para para adherirme.

El diputado Waldo Fernández González (desde la curul): Adelante, diputada.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Así lo ha expresado ya, queda a su disposición de esta Secretaría para las adhesiones correspondientes. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de reciente expedición ha significado un gran avance en el cuidado del medio ambiente, pues ha venido a establecer el proceso ex profeso para la reparación de daños ocasionados al ambiente.

Todos los habitantes de este país tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente sano, pero también todos tenemos la obligación de no causar daños ecológicos en nuestro entorno.

Esta ley sienta las bases para llevar a cabo los procedimientos y aplicar las sanciones que correspondan a quienes dañen y causen perjuicios al ambiente. Asimismo se ha establecido el derecho que tienen las organizaciones de la sociedad civil protectora del medio ambiente a participar e interponer acciones judiciales para investigar daños causados al ambiente en general ya que se le reconoce su interés legítimo.

No obstante, consideramos que los requisitos establecidos en el artículo 28 de esta ley para organizaciones sociales son restrictivos en la medida de que condicionan el derecho de acceso a la justicia y a un medio ambiente sano. Esto ha sido calificado como violatorio de garantías en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 501/2014. En este juicio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalo que resultaron inconstitucionales las normas que desalienten e inhiban la promoción y condición injustificadamente el acceso a un derecho fundamental en virtud de que el artículo 28 vigente, impone restricciones para las organizaciones proambientales para demandar el resurgimiento y compensación de daños causados al medio ambiente, pues les exige la antigüedad de tres años al interponer la demanda, así como la representación de un habitante de la comunidad o que resienta el daño ambiental.

En ese sentido el órgano de nuestro máximo tribunal determinó que toda vez que en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establecen los mecanismos de reparación por daños ambientales en las denominadas acciones colectivas señalando el requisito contar solamente con un año de haberse constituido.

Por lo anterior venimos a proponer la eliminación de estos dos requisitos, pues con la imposición de estos no se promueve el derecho de acceso a la justicia y no se aseguran los mecanismos que garanticen su cumplimiento y goce.

Este requisito para la procedencia de las demandas presentadas por las organizaciones civiles, inhibe las acciones para la protección del medio ambiente y por lo tanto limita la participación de cientos de asociaciones civiles pro-ambientales.

Es por ello que se propone homologar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el Código Federal de Procedimientos Civiles para que se elimine la restricción de tres años de antigüedad a las ONG y de cualquier persona moral cuyo objeto sea el cuidado del medio ambiente, ya que con ello no sólo se estará armonizando nuestro sistema de reparación de daños ambientales, sino que también se estará cumpliendo con los principios que protegen el ejercicio de los derechos humanos, como es el acceso a la justicia y el goce, disfrute de un medio ambiente sano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Julio Saldaña Morán: Gracias, presidente. Diputadas y diputados, el panorama que viven los trabajadores mexicanos es complejo, pues no se han podido resolver los problemas de desempleo y la falta de liquidez de las familias.

Hoy en día 9 millones de mexicanos no gozan de un puesto de trabajo que establece, y aquellos que lo tienen, cuentan con prestaciones mínimas y con la incertidumbre de perder el empleo en cualquier momento sin que el patrón pueda corresponder por el servicio prestado.

El salario mínimo de los trabajadores mexicanos es de los más bajos registrados en América Latina. Así lo establece el mismo Banco de México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

También se ha agudizado la problemática que viven jóvenes recién egresados de las universidades al no poder colocarse en el mercado laboral por la falta de espacio y por el argumento de no contar con experiencia para desempeñar un trabajo. Lo mismo pasa con mujeres, adultos mayores y con personas discapacitadas.

Es difícil pensar que la reforma laboral solucionara la falta de empleo si no hay un crecimiento suficiente para el desarrollo del país. Tampoco se resolverá la precarización del empleo con la subcontrataciones o con contrataciones temporales y de prueba.

Ante esta situación, es importante que desde el Legislativo se promueva la revocación de esta reforma tan dañina para los trabajadores y se incentive la premisa de que todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno, con justa remuneración y sobre todo, que satisfagan las necesidades de un jefe de familia de esta sociedad mexicana.

La incorporación de la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo profundiza la precarización del empleo, los salarios, las prestaciones y representa un golpe de muerte a los sindicatos, mientras que las modalidades de contratación a prueba o de capacitación inicial desestabilizan el trabajo y, por ende, los proyectos de vida de los trabajadores, se legalizan la terminación de la relación de trabajo sin haber obtenido indemnización alguna, lo que perjudica principalmente a jóvenes y mujeres, haciendo imposible acceder a una pensión.

De esta manera, diputadas y diputados, la presente iniciativa plantea alternativas para no seguir afectando los derechos laborales de los trabajadores y se establecen cambios en los apartados de subcontratación, contrataciones a prueba y con capacitación inicial.

El proyecto propone que en la subcontratación el contratante y el contratista serán responsables de la seguridad, salud, medio ambiente, del trabajo y de seguridad social; que los contratos deberán estipularse por escrito e inscribirse en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social; y que los trabajadores que presenten sus servicios bajo la modalidad de capacitación inicial y por contratación a prueba tendrán los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo determinado. Ya termino, diputado.

Además fija que el periodo a prueba no podrá extenderse más de 40 días, mientras que la capacitación inicial tendrá una duración mínima de tres meses y cuatro para los trabajadores en puesto de dirección.

Diputadas y diputados, el espíritu de esta iniciativa es poder defender a los trabajadores que en este momento están careciendo de lo ya mencionado en el texto que ya expresé. Muchas gracias por su atención, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

Contamos con la presencia de los alumnos de la escuela de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, con sede en San Luis de la Paz, al frente del grupo la licenciada Luisa Manríquez Huerta y la licenciada Esperanza García Flores, invitadas por el diputado Timoteo Villa Ramírez, del distrito 1 de Guanajuato. Sean todos ustedes bienvenidos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o y 32 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Daniel Torres Cantú: Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Compañeros diputados, la iniciativa que voy a presentar ante esta Cámara, ante la asamblea, va enfocada a la Ley General de Desarrollo Social.

Tenemos una desigualdad en la repartición de los apoyos en materia de desarrollo social porque todos los programas están enfocados en los polígonos de pobreza, y en un principio podríamos decir que está correcto que se combata la pobreza en estos polígonos de pobreza, pero mi propuesta va enfocada a que podamos adicionar un párrafo tercero en el artículo 3o de la Ley General de Desarrollo Social y un párrafo al artículo 32 de la misma ley, para establecer el principio de universalidad que está consagrado en la Constitución en la reforma de 2011, el artículo 1o, donde todo ciudadano debe tener derecho a todos estos programas que el gobierno emprende por lo largo y ancho de nuestro país.

Quiero comentar que esta preocupación emana de lo que está sucediendo en la población. Aquellas colonias, aquellos sectores, aquellos segmentos de la población que no viven en ese polígono de pobreza en automático no tienen la posibilidad de poder acceder a un programa de gobierno de apoyo asistencial.

Qué pasa con esa madre de familia que es viuda, que es divorciada, que es discapacitada, que es discapacitado, aquella madre que tiene un hijo discapacitado pero vive en una colonia que su casa mide más de  100 metros de construcción. Está fuera de las reglas del polígono de pobreza y no tiene este apoyo del gobierno.

¿Por qué presento esta iniciativa? Porque estamos violando este principio de universalidad, porque tenemos que hacer  que todos tengan derecho mientras tengan esa necesidad,  y por eso me di a la tarea de revisar esta ley y ver qué es lo que está sucediendo a la hora de aplicar estos programas.

Las reglas de operación permiten únicamente a los estados hacer alguna excepción para poder llegar a esta gente que tiene esta condición de necesidad, pero hoy con esta iniciativa vamos a poder de origen, en el marco legal, poder tener esta condición de que solamente el 70 por ciento de estos apoyos en materia de desarrollo social puedan ser dirigidos a un solo segmento de la población.

¿Qué sucede? Si hemos bajado los índices de pobreza en muchos estados, pero hay estados que no tienen la misma suerte, por nombrar algunos, estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz han disminuido sus niveles de pobreza, igualmente Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Pero no corren con la misma suerte otros estados, que por ende tienen una condición se supone que más favorable, pero al mismo tiempo, al momento de no tener esta oportunidad de que le lleguen los apoyos, pues simplemente ahí crecen los pobres, aunque estemos disminuyendo en los polígonos de pobreza, y es por eso que me di a la tarea de presentar esta iniciativa.

Concluyo haciendo de conocimiento del pleno el proyecto de decreto, y sería adicionar una fracción XI al artículo 3o. y un segundo párrafo al artículo 32, ambos de la Ley General de Desarrollo Social.

En la fracción XI del artículo 3o. La universalidad garantiza el reconocimiento inherente a toda persona de gozar los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su acceso pleno al desarrollo social.

Y el artículo 32. En ningún caso se podrá destinar más del 70 por ciento de los recursos de un programa social exclusivamente a la población de las zonas de atención prioritaria.

Compañeros diputados, tenemos que legislar para todos y todas las mexicanas y mexicanos de este país, para que todos aquellos que tengan esta necesidad de ser apoyados con estos programas de desarrollo social no tenga una limitante al marco legal y que podamos cambiar esas vidas que tanto esperan de nosotros. Es cuanto, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Torres. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado José Orozco.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (desde la curul): Muchas gracias. Solamente para felicitar al diputado Daniel Torres y pedirle si es tan a bien, me permita suscribir su importante iniciativa. Lo digo como ex alcalde y como diputado federal de Jalisco. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Torres. Muy bien.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Tania Arguijo.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (desde la curul): También para felicitar al diputado y paisano Daniel Torres. Adherirme a tu iniciativa, que también ya hacía falta en el tema de desarrollo social. Si me permites adherirme, sí, okey. Muchas gracias.

El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Gianni Ramírez.

El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (desde la curul): Gracias. Felicitar al diputado Daniel Torres, de Nuevo León, y pedirle también adherirme a su iniciativa.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Yarith Tannos Cruz.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): Solicito a mi compañero diputado Daniel Torres me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Torres ya manifestó su aceptación, queda a disposición en la Secretaría para la suscripción de la misma. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Maricela Contreras Julián: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la promulgación en 2014 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue resultado del trabajo conjunto, realizado entre la sociedad civil, la academia y organismos internacionales y todas las fuerzas políticas del Congreso.

Su aporte radica en reconocer a estos sectores de la población como sujetos de protección de derechos, de los derechos fundamentales y asumir la obligación del Estado para la aplicación de acciones que garanticen su pleno desarrollo en todos los ámbitos de la vida pública, política, comunitaria.

Esta importante ley establece una serie de instrumentos articulados con los cuales se pretende organizar, planear, articular y ejecutar acciones armónicas que hagan más eficaz y eficiente la aplicación de recursos con los que cuenta el Estado para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Si bien la legislación hace referencia a la defensa de los derechos, falta profundizar y plasmar una estrategia que agrupe los esfuerzos que provienen principalmente de los sectores sociales y de los sectores académicos en materia de prevención, educación y promoción como instrumentos para evitar las posibles conductas que vulneren los derechos fundamentales.

La iniciativa que ponemos a consideración toma como base la promoción de los derechos como medio para empoderar a las niñas, niños y adolescentes a través del conocimiento de sus derechos y contribuir a su participación protagónica en el ejercicio de los mismos y la construcción de la ciudadanía. Es decir, esto tiene por objetivo que en el transcurso del desarrollo lleguen a ser ciudadanas y ciudadanos con ética, con conocimientos, con orgullo de su país.

No debemos olvidar que aun con la responsabilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas públicas para garantizar el acceso efectivo y pleno a los derechos, esta obligación debe extenderse a escuchar, respetar y tomar en cuenta a este sector, a estos segmentos de nuestra población.

Con esta iniciativa estamos proponiendo reconocer el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados; muy en armonía con las observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, del Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, donde se recomendó al Estado mexicano a incluir esta visión y asegurarla en nuestra ley.

A través de esta reforma se van a crear los mecanismos donde participen representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de instituciones de los sectores sociales y privados; además de las niñas, niños y adolescentes, y se puedan llevar a cabo acciones de educación, orientación y visibilización de problemáticas y capacitación.

La reforma plantea diseñar acciones para la protección y defensa de los derechos que propicien su goce y pleno ejercicio, y proponerlas a los organismos de protección de los derechos humanos contemplados en la presente ley. Además de promover e incidir en el reconocimiento del papel prioritario de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, así como fundamentar su participación en los mecanismos de protección de las mismas.

En suma, será una reforma que venga a fortalecer el sistema nacional de protección integral, pues se trata de la articulación de esfuerzos.

Hago un llamado respetuoso desde esta tribuna al gobierno federal para la instalación del sistema de protección integral que está contemplado en la ley. Hasta el día de hoy no ha sido posible su instalación.

Debemos lograr que los 40 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en el país ejerzan su opinión sobre los asuntos que les atañen y hagan de lo público un espacio cotidiano e incidan en él, para que avancemos en la eliminación de toda forma de violencia, pero sobre todo, los encaminemos a ser una sociedad más democrática con ciudadanos responsables y solidarios. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Contreras. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, señor presidente; integrantes de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy acudo a esta tribuna, a fin de plantear un problema y a poner a su consideración una iniciativa que contempla la derogación de dos disposiciones de nuestro ordenamiento penal, una contenida en la Ley General de Delitos Electorales y la otra contenida en el Código Penal Federal.

Al día de hoy, publicar por cualquier medio o difundir por cualquier medio una encuesta o un sondeo electoral durante el periodo de veda, es decir, durante los tres días previos a la elección. Si hacemos caso a la Ley General de Delitos Electorales, o bien durante los ocho días previos a la celebración de esta elección, si nos remitimos al Código Penal Federal, constituye un delito que además de sancionarse con multa implica la posible privación de la libertad hasta por tres años.

Esta disposición obedece sin duda a la necesidad de respetar y de privilegiar el voto libre e informado de todas las personas. Esta disposición prevé sin duda dar privilegio a una de los principios básicos de nuestro sistema electoral. Sin embargo la sanción penal para este delito y sobre todo también la sanción a la restricción a la libertad de expresión es sin duda un derroche, un exceso de coerción de parte de las autoridades y de parte de nuestro sistema legal hacia una acción que si bien es cierto es reprochable no debiera hacerse en el ámbito penal.

Nuestras leyes ya contemplan el día de hoy la posibilidad de aplicar sanciones económicas, de aplicar multas y de aplicar otro tipo de sanciones en el ámbito administrativo. Al día de hoy pudiéramos nosotros también decir que una situación tan sencilla como dar un retuit o compartir o poner incluso algún medio de difusión a estas encuestas que pudieran legalmente haberse elaborado y difundido durante el proceso electoral o durante la campaña.

Hacerlo durante este periodo implicaría la posibilidad de al momento de nosotros difundirlo, constituir la conducta que estamos hablando, de incurrir en un delito sencillamente por compartir una opinión o por compartir una publicación. Este caso que pudiera parecer hipotético lo vemos materializado en el caso de periodistas, en el caso de reporteros y el caso concreto, en mi estado en Coahuila, del director de un medio de comunicación que hoy día enfrenta la posibilidad de una sanción privativa de la libertad de hasta de tres años por haber hecho un análisis de las distintas encuestas que se presentaron durante la campaña, se hizo durante este periodo de reflexión, durante los ocho días previos a la elección, y el día de hoy tiene no sólo la orden de aprehensión, sino que está sujeto a proceso penal por esta difusión.

Creo, y creo que compartimos esta opinión no sólo algunas personas y abogados con quienes lo hemos hecho, sino también con el área especializada de sancionar estos delitos, incluso en la propia Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales, comparten la opinión de que es excesiva esta aplicación de una sanción en el ámbito penal.

Por eso hacemos esta iniciativa que espero que tenga el apoyo de todos ustedes y todas ustedes, compañeras y compañeros diputados, para derogar estos dos delitos. Dejarlo en la Ley de Instituciones que regula las elecciones, y dejarlo para que sea una instancia administrativa la que pueda aplicar una sanción que sin duda pudiera ser económica y dejarlo en ese ámbito, dejar en la esfera penal para conductas que verdaderamente lesionen el bien jurídico tutelado, para conductas que afectan la voluntad de los electores y para conductas que en verdad ponen en riesgo un proceso electoral.

Restringir innecesariamente la libertad de expresión, y sobre todo poner en riesgo a personas que de manera inocente, incluso, pudieran compartir estas encuestas o estos sondeos de opinión a través de sus redes sociales o en cualquier otro tipo de medio, constituye, creo yo, un exceso que en esta asamblea tenemos la posibilidad de corregir.

Ponemos esta iniciativa a su consideración y espero contar con el apoyo de todas y de todos ustedes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos...

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: A ver, sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto, por favor.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias, señor presidente. Creo que es una iniciativa del compañero, por cierto presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, a lo que veo abogado, adherirme a tan importante iniciativa; creo que hoy en día implica un riesgo para los periodistas cuando hablan y dicen la verdad. De ahí la gran estadística de periodistas desaparecidos. Si el ponente me permite me permite adherirme a su iniciativa, para hacerlo. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Luna, asimismo solicita su adhesión la diputada vicepresidenta Bárbara Botello.

El diputado Armando Luna Canales: Con todo gusto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado ha aceptado; queda a su disposición en esta Secretaría.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad los factores sociodemográficos han sido tema de especial atención, no sólo como aspectos de estadística, sino también como asuntos concernientes al futuro de cualquier sociedad.

En nuestro país, un ejemplo de ello es el relativo a los adultos mayores. En México asumimos como adultos mayores aquellas personas que cuenten con 60 años o más de edad.

Un sector de nuestra población con el cual históricamente se han tenido y se tienen enormes deudas pendientes, situación que nos ha derivado en condiciones para este vulnerable sector de la sociedad que no sólo son alarmantes, sino también hirientes.

En México podemos afirmar que los adultos mayores en su gran mayoría carecen y sufren. Carecen de falta de oportunidades trabajo, de condiciones favorables para su desarrollo integral, de asistencia social, de acceso al disfrute en plenitud de todos sus derechos, marcadamente elementales, y en síntesis de un entorno de privaciones en todos los aspectos.

Como se dijo anteriormente, también sufren de enfermedades altamente incapacitantes, de marginación social, exclusión, discriminación y además de violencia. Al respecto se tiene registrado que tres de cada cinco adultos mayores en México, la violencia que sufren proviene de su entorno familiar.

En otras palabras, los adultos mayores son víctimas, incluso, de quienes deberían de ser sus protectores. Ante ello, vemos con preocupación que somos una sociedad que tolera, solapa, sobrelleva y disimula las vejaciones, carencias y violaciones sistemáticas en sus derechos humanos.

La situación hoy es crítica y se augura en un futuro inmediato catastrófica, porque nos referimos a 11 millones 670 mil personas adultas, y en el 2030 la población adulta mayor respecto al índice registrado desde el año 2000, se incrementará en un 330 por ciento en contra de un 45 por ciento que se estima crecerá la población joven en el país para este mismo período de tiempo; es decir, en el año 2030seremos una población conformada en su mayoría por adultos mayores, la situación es seria si consideramos que el 82 por ciento del total de adultos mayores viven en pobreza, que 8 de cada 10 no tienen los medios para cubrir sus necesidades.

Aunado a lo anterior tenemos que la gran mayoría de los adultos mayores no tienen un lugar seguro, estable y digno para vivir, en muchos casos son despojados de su patrimonio, tanto de inmuebles como dinero, o bien desplazados hacia un rincón en su propia casa.

En contraparte, no hay los suficientes ni los adecuados sitios parta atenderlos, como se puede apreciar, las opciones para nuestros adultos mayores para tener una mejor calidad de vida son escasas o prácticamente nulas.

Por esta razón es que hemos visto con preocupación que han estado surgiendo lugares improvisados que ofrecen servicios de albergues o centros de atención para nuestros adultos mayores, espacios que carecen de lo requerido para atenderlos de manera profesional y especializada.

Además hay todavía problemas de cuestión cultural, respeto a apreciar estos lugares como espacios para el abandono y el desentendimiento absoluto de nuestros adultos mayores. Es por esta razón que considero necesario contar con un registro nacional único de los centros de atención para nuestros adultos mayores, un registro que brinde un orden sobre estos lugares y que al ser obligatoria su inscripción en él se impida que surjan más lugares improvisados.

Este esfuerzo es además parte aguas para ir abriendo espacios y políticas públicas exclusivas para los adultos mayores en nuestro país y, de igual forma, abrir los espacios de la consciencia entre nuestra sociedad respecto de la obligación histórica que tenemos con ellos.

Esta soberanía, y quienes la integramos, debemos de estar conscientes que ignorar a nuestros adultos mayores es lo mismo que ignorar a nuestra niñez porque esto equivale a darle la espalda a nuestro futuro como sociedad. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputado Orozco. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Noemí Guzmán, por favor.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Gracias, señor presidente. Primeramente para adherirme, si así me lo permite mi compañero diputado José Orozco, a esta importante iniciativa de reconocimiento a los adultos mayores.

Y, segundo, señor presidente, permítame externar en este pleno una calurosa felicitación a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz, quienes obtuvieron medalla de oro, plata y bronce en la Octava Edición de la Competencia Internacional de Robótica, Robot 2015, en Rumania, y los resultados fueron dados ya a conocer.

Fueron estudiantes de mi estado, son paisanos a quienes quiero felicitar, a ellos por ese logro tan importante internacional, y a sus familias. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias y nuestras felicitaciones desde luego, y nuestra bienvenida a quienes ha mencionado la diputada Guzmán.

Usted escuchó ya que solicitan la adición. El diputado proponente Orozco acepta y está a disposición de la asamblea para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Daniel Torres, por favor.

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Diputado presidente, sólo para también solicitarle al diputado promovente, y además felicitarlo por esta iniciativa, porque es un tema muy sensible de los adultos mayores y creo que velar por su seguridad y por su integridad y por sus condiciones de vida siempre será algo muy favorable para nuestros viejitos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. El diputado proponente ha reiterado su aquiescencia para que pueda ser suscrita también por usted. Sonido en la curul del diputado Daniel Gaeta.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Únicamente para que a través de usted se consulte al diputado si nos permite adherirnos a su iniciativa a los diputados de Jalisco. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En el mismo sentido así lo manifiesta. Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar respetuosamente al diputado José Luis Orozco nos dé la oportunidad de adherirnos a su iniciativa, que es precisamente en razón a la protección, al cuidado y al no abandono de los adultos mayores.

La fracción parlamentaria del PRI de Hidalgo asume este compromiso en razón a la solidaridad con él. Ojalá nos lo permita.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En el mismo sentido, también se expresa la disposición. Sonido en la curul de la diputada Evelyng Flores, por favor.

La diputada Evelyng Soraya  Flores Carranza (desde la curul): Gracias, señor presidente. También igualmente felicitar al diputado José Luis Orozco por esta iniciativa. Necesitamos proteger a nuestros adultos mayores, la mayoría se encuentra en un estado de Vulnerabilidad. Solicito respetuosamente adherirme también.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Está a disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido también en la curul de la diputada Yolanda López, por favor.

La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): Gracias, presidente. También felicito al compañero por esta iniciativa, el reconocimiento a los adultos mayores de nuestro país, a quienes les debemos todo lo que somos. Por eso le pido su anuencia para poderme adherir a esta interesante iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, así lo ha manifestado, diputada. Y entonces está aquí a disposición la iniciativa presentada para ser suscrita por quienes lo consideren conveniente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las pantallas de sus curules, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria. Por lo tanto y de conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad del dictamen en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (14:16 horas): Con las facultades que confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General a esta Presidencia y en atención a la solicitud de los grupos parlamentarios, se decreta un receso. Esta Mesa Directiva estará atenta para notificar con la suficiente anticipación la reanudación de esta sesión, en cuanto estemos en condiciones y tengamos la materia que nos presentará la Comisión de Presupuesto.

(Receso)

(Sigue turno 41)