Comunicaciones
Iniciativas
Alma Carolina Viggiano Austria, PRI
Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, PVEM
Cuitláhuac García Jiménez, Morena
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Jorge Enrique Dávila Flores, PRI
María Elena Orantes López, PMC
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 307 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:27 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.
La Secretaria Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Junta de Coordinación Política y al promovente, para su conocimiento respectivamente.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 66 Bis a la Ley General de Salud y se reforman y adicionan los artículos 7 y 66 de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Karina Barón, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para pedir a esta asamblea pudiéramos pronunciarnos para el efecto de pedirle a Pemex, al gobierno del estado de Oaxaca, a Protección Civil, que actúen de forma inmediata sobre la explosión que acaba de suceder en Pemex Salina Cruz. Creo que es importantísimo revisar que haya vidas, que todo esté bien y, sobre todo, que los daños sean menores. Pido su intervención y el apoyo de nuestros compañeros de esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tomamos nota, diputada Barón, sobre su planteamiento para que nos hagamos de la información suficiente de los alcances de este acontecimiento. Y, desde luego, interceder en lo que nos corresponde en los términos en que usted lo ha planteado. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de presentación de iniciativas de diputadas y diputados. Tiene la palabra para presentar dos iniciativas en una sola intervención, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; e igualmente para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, este día tengo la oportunidad de presentar ante ustedes dos iniciativas.
La primera de ellas, es una iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de protección de derechos de los trabajadores del campo.
En nuestro país la producción agrícola es una actividad importante. No obstante, las condiciones en que se desarrolla, ha facilitado la explotación laboral de la que han sido víctimas muchas personas.
Indicadores, como el flujo migratorio demuestran que quienes emigran hacia las zonas donde se brinda trabajo en campos agrícolas o ganaderos, normalmente son personas de muy escasos recursos y educación, lo que los coloca en condiciones de vulnerabilidad frente a sus patrones.
Estas personas normalmente son captadas por personas conocidas como enganchadores, quienes haciendo uso de la radio se dedican a reclutar trabajadores del campo en zonas muy marginadas, con promesas muchas veces falsas y que son simplemente usadas para que las personas se animen a trabajar aunque después las condiciones sean desfavorables.
El trabajo infantil también forma parte de los problemas que se han detectado, de ahí que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su sexagésimo periodo de sesiones, haya recomendado, en sus observaciones finales sobre el combinado cuarto y quinto informes periódicos a México, que el trabajo en la agricultura se prohíba textualmente para las personas menores de 18 años.
A pesar de todo lo anterior, el marco normativo actual no contempla mecanismos rigurosos que protejan debidamente a estos trabajadores, de tal manera que no evita que sean explotados.
Esta iniciativa propone crear la obligación de realizar inspecciones periódicas y que los patrones lleven un registro especial de trabajadores eventuales o estacionales, cuya copia deberá ser vendida al inspector del trabajo que resulte competente en cada entidad federativa. Así como un informe de los trabajadores permanentes, donde se establezcan datos mínimos que aseguren que los trabajadores del campo no están siendo víctimas de explotación ni de ningún otro delito o falta.
De igual manera, plantea crear un permiso a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que sea ésta quien autorice la transmisión de publicidad en radio y televisión que tenga por objeto reclutar o captar a estos trabajadores.
Por último, consideramos necesario que en el capítulo especial de los trabajadores del campo, de la ley, se establezca la prohibición de usar el trabajo de personas menores de 18 años de edad en este tipo de actividad, dado que promueve la deserción y el abuso.
Por lo que hace a mi segunda iniciativa, se trata de una propuesta de adición al artículo 4 de nuestra Constitución federal para reconocer el derecho a la ciudad en todo el territorio nacional.
La población urbana ha ido en aumento desde hace un siglo, debido a que un porcentaje considerable de la población rural ha migrado a poblaciones urbanas, y en éstas desarrollan su vida y la de sus descendientes.
El derecho a la ciudad es una forma de democratizar el espacio público y dotarlo de una función social que potencialice el desarrollo humano de todos los que habitemos en ella. Este derecho también alcanza a las poblaciones rurales, porque en la medida en que su población incremente y que el Estado actúe para organizar su espacio, tienen derecho a decidir sobre cómo quieren su espacio público.
De acuerdo con el Inegi, en 1950, poco menos de 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas. Para 1990 el porcentaje era de 71 por ciento y para 2010 ésta aumentó a 78 por ciento.
La migración rural urbana tiene su principal motivo en que las grandes ciudades concentran gran parte de la industria y de la riqueza del país. Sin embargo, no todos tienen acceso al cúmulo de oportunidades que se generen.
En las ciudades el espacio público se desarrolla principalmente en función de intereses económicos, obviando el interés ciudadano y la necesidad de combatir la pobreza, la provisión de viviendas dignas y decorosas.
El acceso a la cultura, la educación, a un ambiente sano, al esparcimiento, al deporte entre otros, y ha favorecido el establecimiento de los llamados cinturones de miseria.
De acuerdo con la ONU los cinturones de miseria son símbolos casi naturales de crecimiento económico desordenado de nuestro tiempo y están frecuentemente asociados con estos grandes asentamientos precarios en que miles de personas sobreviven sin servicios básicos, en casas de cartón, hacinados, en medio de profunda descomposición social, pobreza, violencia y desencanto.
Ante ello la presente iniciativa tiene el propósito de devolverle al ciudadano el derecho a decidir sobre su ciudad, tanto en el sentido físico del espacio, como el de la vivienda o de la experiencia.
El derecho a la ciudad va más allá de una obligación del Estado, de urbanizar al país. El derecho a la ciudad es un derecho universal que plantea que el crecimiento de las poblaciones sea ordenado y que en él se ponga especial énfasis en los intereses locales del ciudadano que ha hecho de la ciudad su hogar, brindándole mecanismos efectivos de participación. Espero estimados compañeros, que puedan sumarse a estas iniciativas. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese la primera de las iniciativas a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones, para su dictamen. Y la segunda de ellas, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. Decía Cicerón que los pueblos que no conocen su historia suelen repetir sus errores, hace poco más de 30 años nuestro país vivió un ciclo de reformas político-económicas importantes, similar al que vivió los tres años anteriores en el Pacto por México.
El error que se cometió hace poco más de 30 años es que la transformación política económica no vino acompañada de una transformación social y en este sexenio el presidente presume todas las reformas estructurales, pero no ha tenido una sola reforma estructural en materia social y el país reclama una reforma estructural de calado social.
Lo que vengo a proponer es lo que con éxito hicimos el gobierno de la ciudad, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional en la Ciudad de México en materia de salario mínimo. Creamos la figura del proveedor salarialmente responsable, y aquellas empresas que aspiran a tener contratos de parte del gobierno de la Ciudad, pueden acreditar con un elemento diferenciador para verse beneficiadas con los resultados de las licitaciones o adjudicaciones directas que si están pagando el salario mínimo por encima de la unidad de medida que establece la Conasami, es un elemento diferenciador.
Lo que vengo aquí a plantear es exactamente esa legislación en materia federal. Que es un elemento diferenciador y un estímulo a quienes quieran contratos del gobierno federal que demuestren en los hechos que están pagando el doble del salario mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Pero no solo eso. Vengo a plantear que no se cometa el mismo error de hace 30 años y que todo lo que le resta por licitar y concursar al gobierno federal derivado del Pacto por México, es decir todas las rondas pendientes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la nueva banda de 700 megahertz que va a licitar el Ifetel, todo aquello que nuestro país va a licitar con un valor agregado derivado de las reformas estructurales, que en ese caso no sea un estímulo.
Que en ese caso, como lo dice el tercero transitorio, sea una obligación para quienes aspiran a tener la nueva cadena de televisión que se va a volver a concursar y todos los ejemplos que conocemos, que tengan que acreditar que en ese proyecto van a pagar dos salarios mínimos respecto de lo que establezca la Conasami, si no, hacemos que el Pacto por México sea solo una reforma político-económica, sino que sea una reforma política económica que se refleje en el bolsillo de los mexicanos, vamos a tener el mismo ciclo de reformas de hace 30 años con mayor crecimiento económico como país y mayor desigualdad.
Acción Nacional quiere que el salario mínimo sea lo que establece la Constitución. La Corte no permitió que lo consultáramos a los mexicanos, pero hoy venimos a proponerlo. Ojalá el partido en el gobierno esté de lado de la agenda del salario mínimo y no de la agenda de solo las reformas estructurales que no tienen calado social.
No vamos a combatir la pobreza regalando televisores, compañeras y compañeros. Hace 30 años se pensó que con Solidaridad bastaba para paliar la desigualdad social. Necesitamos reformas estructurales y políticas sociales. Más que televisiones, salario mínimo para todos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
Ahora tiene la palabra por tres minutos el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Sergio López Sánchez (desde la curul): Presidenta, si pudiera demorar mi turno, por favor. Nos ha pedido demorar un poco su intervención.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: En consecuencia tiene la palabra por tres minutos el diputado Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con la venia de la presidencia. Compañeras diputadas y diputados, una de las funciones primordiales del Poder Ejecutivo es garantizar la seguridad púbica en todo el territorio nacional. Esta seguridad es aquella de la cual debemos disfrutar todos los miembros de la sociedad para ejercicio de las libertades públicas y de todas las actividades ciudadanas que en el marco de la ley tienen lugar en el ámbito privado. La garantía de estos derechos está expuesta claramente en las constituciones políticas cuando se refieren a la protección de la vida con todos sus atributos.
Si bien queda claro que la tarea de garantizar la seguridad pública, es una función que corresponde esencialmente al Poder Ejecutivo, lo cierto es que también los otros dos poderes del Estado juegan un papel fundamental en la materia, principalmente como garantes del respeto al Estado de derecho, ejerciendo de esta manera un control sobre los cuerpos de seguridad de los que dispone el Estado.
En México durante mucho tiempo o existió la posibilidad de llevar a cabo un control democrático sobre los aparatos estatales de seguridad que garantizan el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Es hasta fechas recientes que se instauró en virtud de la cultura republicana y del pluralismo que hoy impera en nuestro régimen político. La transición democrática ha hecho posible poner en la mesa del debate temas como la conveniencia de la participación del Poder Legislativo en asuntos relacionados con la seguridad pública.
Del mismo modo que se ha propuesto una mayor colaboración con el Ejecutivo federal y con los demás niveles de gobierno, las entidades federativas y los municipios. Más aún, a la luz de los buenos resultados que han acarreado los procesos de ciudadanización, de los cuales han sido objeto de modelo de seguridad pública en varios países. Lo que se discute hoy es la pertinencia de incluir a cada vez más actores en espacios donde se toman decisiones encaminadas a preservar la vida, la familia y la posición de los ciudadanos.
Uno de estos espacios es precisamente el Consejo Nacional de Seguridad. No obstante la importancia de las atribuciones que la ley establece a favor del Consejo, hasta ahora el Poder Legislativo se ha mantenido al margen de esta instancia, pues ninguno de sus representantes tiene la posibilidad de incidir de manera directa en las decisiones adoptadas por el pleno de ese organismo.
En este sentido, la iniciativa que hoy presento ante ustedes pretende modificar el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que en el Consejo se cuente con dos representantes del Poder Legislativo.
Con lo anterior se busca avanzar en el esfuerzo de adecuar nuestro marco jurídico para permitir una mayor participación del Congreso de la Unión en las tareas de planeación y supervisión de las acciones relacionadas con la seguridad pública.
Creemos pertinente que en el Consejo de Seguridad Pública Nacional, se vea reflejada más fielmente la nueva dinámica del sistema político mexicano, que cuenta hoy con una auténtica división de poderes y con una sociedad crecientemente participativa. Es cuanto, Presidencia.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García y el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidenta. En el artículo 35 de nuestra Constitución, se pretendía otorgarles a los ciudadanos el derecho a ser consultados a través del mecanismo que se establece en el inciso c) de la fracción VIII de ese articulado.
Desafortunadamente cuando muchos ciudadanos nos organizamos para determinar qué se hacía con respecto a la reforma energética pretendida, y que finalmente se llevó a cabo, fue rechazado por la Corte aduciendo unos argumentos restrictivos, cuando realmente se trataba de un asunto incluso de soberanía nacional.
Esta propuesta la estamos promoviendo para ser efectivo y posible el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los asuntos, todos, que tengan que ver el patrimonio nacional y aquellos por tanto de trascendencia nacional.
La parte fundamental de nuestra propuesta, estamos sustituyendo los términos impositivos que ahí se declaran, sobre los cuales no se puede realizar la consulta popular con términos más restrictivos para que quede específicamente cuándo no se puede, determinado, cuándo no se puede realizar o poner a consulta popular ciertas cuestiones.
Hemos, en mi propuesta, en la propuesta de nosotros se pone que lo único en cuestiones impositivas que no se pueda someter a consulta popular sean la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos. También adicionamos otro punto, establece ahí que la iniciativa de consulta popular puede llevarse a cabo a propuesta de un tercio de los diputados. Nosotros proponemos facilitar esto para que sea sólo el 25 por ciento de esta Cámara los que puedan llevar a cabo la iniciativa de consulta popular.
Espero que con esta reforma no tengamos mayores restricciones y permitamos a los ciudadanos que representamos decidir sobre las cuestiones trascendentales de nuestro país, como lo era la reforma energética. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros regidores, la lucha de las mujeres por alcanzar el derecho a elegir y ser electas se remonta a 1917, cuando Hermila Galindo lo propuso ante el Constituyente. Desafortunadamente un conjunto de prejuicios lo impidió.
Posteriormente, en 1934 las mujeres conformaron al Frente Único Pro-derechos de la Mujer, a través del cual recorrieron el y país y lograron más de 25 mil firmas en un país en donde no había comunicaciones. Presentaron al presidente Lázaro Cárdenas, quien decreta el derecho al voto para las mujeres, pero esta honorable Cámara nunca lo publica, según análisis de expertas, porque todavía se nos consideraba dependientes de los hombres y no requeríamos una representación propia.
Pero las mujeres no cejamos en el empeño de lograrlo, y finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 1953 el decreto que anunciaba que las mujeres tendrían derecho a elegir y a ser electas para puestos de elección popular, impulsándose así una de las primeras nociones en nuestro país de la igualdad de género y de los derechos políticos de las mujeres.
Si bien es cierto que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o que está prohibida cualquier tipo de discriminación motivada, entre otras cosas por el género, y que la misma Carta Magna fue reformada en su artículo 4o, en donde se señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley, en nuestro país aún prevalecen prácticas que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Como país, hemos firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y por tanto estamos obligados a cumplirlos, a respetarlos y a observar su estricta vigilancia.
Un ejemplo es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en donde se establece que los Estados deberán evitar cualquier restricción basada en el sexo y adoptar todas las medidas adecuadas de carácter legislativo para combatir la discriminación, la exclusión y la desigualdad.
La presente iniciativa tiene por objeto plasmar estos principios en la integración del Poder Judicial de la Federación, adecuando las disposiciones correspondientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfatizando que la paridad de género será un principio rector en los procesos de nombramientos respectivos.
Hemos avanzado mucho en los últimos años de la cuota a la paridad, prueba de ello fue la aprobación, en 2014, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen las nuevas condiciones en derechos políticos y ello fue producto también de la sentencia 12 mil 624 de la Suprema Corte. De esta manera, los partidos políticos y las coaliciones deben observar el cumplimiento de la paridad vertical.
Hemos avanzado también del derecho al voto, a la cuota, a la paridad. Y este principio debe servir de antecedente para impulsarlo en todas las esferas institucionales. Por ello el Poder Judicial no debe estar exento. Todos los titulares del Consejo de la Judicatura son hombres y en los demás órganos jurisdiccionales, en promedio, por cada 81 hombres solo participan 19 mujeres. Esta falta de paridad respecto a la asignación de cargos en el Poder Judicial de la Federación en todos sus niveles nos preocupa.
Por ello es que creemos que se debe modificar lo señalado en el artículo 36, para establecer lo que dice: Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el Servicio Civil de Carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El presente decreto creemos que es muy importante que lo aprobemos, porque la paridad debe alcanzar al Poder Judicial. Este órgano legislativo fue el que asumió el dictamen del Poder Judicial. Hoy le pedimos al Poder Judicial, que ha obligado a los partidos políticos a incorporar a las mujeres, que este Poder Legislativo tiene la posibilidad de hacerle un llamado para que se dictaminen a favor de las mujeres las modificaciones, y el Poder Judicial asuma la paridad de género. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Sustentable.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenos días, compañeras, compañeros, diputadas, diputados del PAN, del PRI, del Verde Ecologista, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena, los independientes, mi bancada. La sustentabilidad no es un tema de moda, es una urgencia global. Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que someto a su consideración el día de hoy, crea la Ley General de Desarrollo Sustentable que tiene como finalidad regular la implementación de la sustentabilidad como eje transversal en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el país, en todos los órdenes de gobierno.
Muchos hemos pasado a esta tribuna diciendo que la sustentabilidad es un tema importante. El día de hoy tenemos la oportunidad de impulsar esta Ley General de Desarrollo Sustentable, que pongo a su consideración.
Queremos conducir una política económica, con mejores prácticas regulatorias, para la preservación de los mismos. Tenemos la firme convicción de que el desarrollo sustentable debe vincularse necesariamente con la innovación tecnológica y el avance social, previendo de forma efectiva el daño de nuestro medio ambiente.
Reconocemos las acciones realizadas en este tema. Sin embargo, es necesario aceptar que nuestro marco normativo en materia de sustentabilidad resulta ineficiente, ha sido superado y no ha podido resolver los enormes retos que enfrenta nuestro país. Aspiramos a construir una verdadera política de desarrollo sustentable cuyo diseño y ejecución sea interinstitucional e intergubernamental.
En México, según la carta de uso de suelo y vegetación de 2011, tan solo un 36 por ciento de las selvas y 62 por ciento de los bosques no estaban afectados por factores antrópicos o naturales. De acuerdo con la estimación más reciente de la Comisión Nacional Forestal, entre 2005 y 2010, alrededor de 155 mil hectáreas fueron deforestadas anualmente.
La disponibilidad hídrica en México se ha reducido de manera considerable. En 1950 era de 17 mil 742 metros cúbicos por año. Para 2010 la cifra fue de 4 mil 90 metros cúbicos anuales por habitante. Todos esos datos son muestra de que si bien existen esfuerzos normativos también hay una evidente falta de coordinación de los mismos.
Compañeras y compañeros legisladores, es indispensable que la política en materia de sustentabilidad sea integral y transversal. Para ello se requiere una ley que coordine y enlace esfuerzos. La normatividad, las acciones, programas e instituciones dedicados a ese objetivo.
Compañeras y compañeros de todas las bancadas, sé que una preocupación, porque ustedes o la mayoría lo ha externado, es tener un México mejor y un México sustentable. Dejemos el discurso y pasemos a los hechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidencia.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley General de Salud. Adelante.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Saludo a la distinguida Mesa Directiva y a los legisladores de esta Honorable Cámara. Para Encuentro Social, la justicia es no sólo uno de los pilares de la esencia y supervivencia de la sociedad y la política, sino que es además una condición suspensiva de todo gobierno democrático.
Los principios de legalidad y de constitucionalidad de nuestro derecho mexicano, no tienen otro sentido sino dar certeza a la justicia, que si bien los antiguos romanos definían como dar a cada quien lo que le corresponde, no se da en tanto no haya criterios generales, no sólo democráticos sino inderogables protegidos por el orden público para hacer concreta en las decisiones de un juez esta justicia.
Tal justicia descansada principalmente en el derecho formal y cuyas columnas son el principio de legalidad y por la arbitrariedad de este el principio de constitucionalidad, se da en la medida en que se respeta la Constitución y se hace cumplir en cada una de las leyes y reglamentos.
Pues bien es de particular interés analizar a fondo la constitucionalidad de las normas oficiales mexicanas, conocidas como NOM, así como su naturaleza jurídica y la manera en que a modo de comuna se ha dejado en manos de particulares y de autoridades de mando medio, facultades que sólo corresponderían al Ejecutivo, como una excepción del principio de división de poderes.
Según este principio de división de poderes cuya antigüedad va más allá de Francia, remontándose a Cicerón y Aristóteles, el poder legislativo tiene como función a través del Congreso General de la República, plasmar la voluntad del pueblo en leyes generales y obligatorias a través de un proceso formal y materialmente legislativo. Al Poder Ejecutivo le corresponde a través del presidente, la administración del gobierno, siempre conforme a la Constitución y a las leyes emanadas por el Poder Legislativo. Y finalmente al Poder Judicial se le asigna la tarea de aplicar las normas emanadas por el Poder Legislativo.
De la definición de norma oficial mexicana y de los elementos de su naturaleza jurídica se puede deducir también su correcta disposición en la escala del principio de legalidad y del principio de constitucionalidad.
La definición de la norma oficial mexicana no es capaz de desentrañar o siquiera asomar su naturaleza. Aun siendo legal, esta definición es anticonstitucional, pues vulnera el artículo 89 fracción I de nuestra Constitución, que otorga al presidente de la República la facultad reglamentaria, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de la ley.
Es por ello, que al definir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la NOM, como una regulación técnica obligatoria, provoca lo que se ha venido dando en los últimos años: El uso y abuso de las NOM configurándolas como herramientas o vehículos de disposición que por su materia, contenido y disposición en relación con otras normas, son una clara violación al principio de legalidad.
Si nosotros revisamos esta norma y le damos el sentido constitucional que requiere, podríamos ayudar a evitar conflictos de interés en donde una norma oficial en materia de salud podría obligar a hospitales de forma arbitraria a contar con equipo cuya intromisión en el sector debiera ser materia de ley y, lo anterior por el voto de actores que directamente lucran con la distribución y venta de dicho equipo médico, se ha venido dando como una práctica totalmente equivocada.
Por eso es que por lo anteriormente expuesto, es que pongo a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos y fracciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y finalmente de la Ley General de Salud. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Salud para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para opinión.
Saludamos y damos la bienvenida a los alumnos de la escuela primaria profesor Gerardo Bruno Sevilla Hernández, de la colonia Presidentes de México de la Delegación Iztapalapa, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, deseándoles que esta visita les ayude a su formación académica y cívica.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra por tres minutos el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Sergio López Sánchez: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros diputados. La defensa del municipio es una tarea constante e impostergable. Todos los esfuerzos encaminados a fortalecer este nivel de gobierno tendrían que estar abanderados y asumidos por todas las fuerzas y actores políticos de nuestro país. Tristemente el municipio en México lo adolece por ser un elemento reducido en el contexto histórico constitucional y legal.
La consecuente debilidad institucional del municipio se enmarca en un sistema federal con tendencias centralizadoras que ha dado al traste con el pleno desarrollo de este nivel de gobierno, lo que nos sitúa como una nación donde la brecha de desigualdad es alarmante.
Sin embargo y aunque muchos de los esfuerzos se han visto traducidos en un número significativo de modificaciones normativas de diversa índole, la realidad que vive el municipio mexicano en muchas de las entidades federativas de México, dista mucho de los objetivos fundamentales de los reformadores.
El presente proyecto pretende ser una herramienta normativa que se sume a los múltiples esfuerzos realizados por los que pensamos que es imposible la lucha para fortalecer esta unidad primigenia de gobierno, y que es, sin lugar a dudas, el lugar donde se encuentran las personas que carecen de oportunidades para alcanzar una vida digna, ya que si logramos dotar al municipio de dichos medios jurisdiccionales, no sólo abonaremos en la tutela efectiva de sus atributos, facultades y derechos en materia de coordinación fiscal, también estaremos dando un paso firme en aras del fortalecimiento del federalismo en nuestro país.
En tal sentido la autonomía fiscal municipal suscribe su relevancia ya que conforma el sustento de otros aspectos de la autonomía municipal como la política y administrativa. Por ende el fortalecimiento de la facultad fiscal de los municipios se justifica mediante dos razones principales: la que tiene que ver con el orden político en términos de su descentralización territorial y la relativa al orden administrativo que se traduce en la eficacia de la gestión.
De tal manera que es clara la responsabilidad de la suprema Corte de Justicia de la Nación en resolver las controversias entre los municipios y los demás órdenes de gobierno mediante la controversia constitucional, convirtiéndose en una especie de tribunal constitucional.
Por ende la tutela jurídica de este instrumento procesal es la protección en el ámbito de atribuciones que la Constitución prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que emanan del sistema federal y del principio de división de poderes, como lo es el municipio que encuentra su pleno reconocimiento desde el punto de vista constitucional, económico y jurídico en el federalismo mexicano.
Es así que la propuesta fundamental de nuestra iniciativa está centrada en la oportunidad constitucional y legal de los municipios para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica y la garantía de su autonomía fiscal en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
Damos también la más cordial de las bienvenidas a los alumnos de la secundaria diurna número 223, José María Velasco, de la delegación La Magdalena Contreras, invitados por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo. Bienvenidos.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las medidas fiscales propuestas para 2016 contemplan modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para promover el ahorro y la inversión.
Me refiero a una disposición de carácter temporal que permitirá en todo el país la deducción inmediata de inversiones de empresas medianas y pequeñas, que son aquellas con ingresos de hasta 50 millones de pesos.
Esto sólo será aplicable a las inversiones realizadas en el 2016 y 2017. La medida se aplicará para pagos provisionales de 2016 y para los proyectos de inversión de los últimos meses del 2015, se podrán deducir en el pago anual del ISR 2016.
Sabemos que la reducción inmediata de activos fijos es un incentivo fiscal que estuvo vigente hasta 2013, y permitía a las personas morales y físicas con actividad empresarial y profesional deducir del pago del ISR en un solo ejercicio, un porcentaje elevado de la inversión en activos fijos. Una de las ventajas que tenemos por invertir en bienes de capital, es la utilización de esta deducción inmediata.
Compañeras y compañeros diputados, por supuesto que ponderamos las políticas fiscales para 2016 porque incentivan la inversión, pero en este caso se requiere ampliar el círculo de inclusión, y no limitarlo a empresas de menor actividad. Es por ello que mediante esta iniciativa se propone ampliar este rango a empresas con ingresos de hasta 120 millones de pesos.
Sabemos que la estructura productiva del país está conformada predominantemente por unidades económicas de menor tamaño. De acuerdo con el censo económico de 2014, publicado por el Inegi, el 99.8 por ciento de los establecimientos son micro, pequeños y medianos negocios. Sin embargo, estos establecimientos sólo contribuyen con el 19 por ciento del valor de la producción nacional.
La baja participación en el valor de la producción nacional se explica, entre otros factores, por los reducidos niveles de capitalización e inversión. Con las medidas fiscales propuestas se permitirá que en el pago del impuesto sobre la renta las empresas puedan deducir el monto en que los activos se van depreciando cada año.
Es conveniente que las empresas con ingresos de hasta 120 millones de pesos participen en esta propuesta de deducibilidad, porque con ello contribuirán con su participación en el valor de la producción nacional reforzando la cadena productiva y generando un círculo virtuoso. A mayor inversión, mayor competitividad y mayor generación de empleo.
Por las consideraciones expuestas someto a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona el artículo único de disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo único. Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las siguientes disposiciones:
II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que a continuación se señalan:
I) Quienes hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de hasta120 millones de pesos.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por tres minutos la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 124 y vigésimo noveno transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
La diputada Leticia Amparano Gamez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, con la reforma energética se buscó desarrollar la industria petrolera con la participación privada, pero bajo la rectoría del Estado. El nuevo marco legal permitirá que muchas empresas inviertan en la exploración y extracción de gas natural, lo que significará en su momento que a mayor competencia en el mediano y largo plazo en caso de la energía eléctrica, se pase de combustóleo y diésel a gas natural, al ser entre cuatro a seis veces más barato y menos contaminante, llevando a la reducción de las tarifas eléctricas y del precio del gas.
Asimismo, al ser el gas natural más barato se espera un mayor uso de fertilizantes de mejor precio y por ende alimentos más baratos. Por tanto, la promisoria participación privada en el sector energético y la mayor competencia derivarán en que las familias, comercios y la industria vean los efectos positivos de la reforma energética en el bajo costo de sus recibos de luz y gas.
Con la reforma energética, a partir de 2016 se podrá importar la materia prima para el gas, lo que significa que bajo un ambiente de competencia presionará a la baja los precios hasta un 30 por ciento, según estimaciones de la Asociación de Distribuidores de Gas LP.
Para 2017 los precios al público de gas LP se determinarán bajo condiciones de mercado, por lo que se espera que bajarán los precios y habrá más hogares que transiten a su uso. Mientras esto se da se estableció en la Ley de Hidrocarburos un Transitorio Vigésimo Noveno, para establecer que el gobierno federal deberá instrumentar un programa de apoyos focalizados a más tardar el 31 de diciembre de 2016, el cual deberá promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la mayor generación posible de valor agregado y el uso eficiente de recursos.
También este transitorio considera que hasta en tanto no se implemente el programa de apoyos focalizados a los consumidores de gas licuado de petróleo, los precios máximos al público serán establecidos por el Ejecutivo federal mediante acuerdo, el cual considerará aspectos de costos de transporte y distribución, como la volatilidad que representen los precios internacionales.
La instrumentación de la reforma, como se ha mencionado, requiere maduración, por lo que en el momento presente y en el corto plazo se hace necesario establecer medidas transitorias que permitan a la población hacer frente al alto precio que significan algunos bienes de primera necesidad que no están al alcance de todos, como es el Gas LP y el Gas Natural.
Cabe comentar que el Gas LP sigue siendo el mayor consumo entre los mexicanos, 80 por ciento, de las 8.6 millones de toneladas que se consumen en el país, va al sector doméstico y que existe una deliberada campaña entre la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Reguladora de Energía para que los consumidores hagan una buena elección para su hogar o negocio entre Gas LP y Gas Natural.
Sin embargo, como se ha observado, los precios del gas dependen de referentes internacionales, costos de producción y comercialización, mientras que en el mediano plazo estarán determinados por las condiciones de libre mercado.
Esto significa que no existen criterios que consideren las características socioeconómicas de la población, su capacidad de ingreso para pagar este bien necesario ni mucho menos condiciones climáticas que obligan a muchas familias en temporadas de frío a aumentar el consumo doméstico de gas.
De tal forma que con esta iniciativa que hoy presentamos buscamos establecer en la Ley de Hidrocarburos que se considere la reducción de las tarifas actuales, ya que en los meses de diciembre a febrero, marzo, bajan las temperaturas considerablemente en las regiones del norte de nuestro país, que van desde 0 grados hasta menos 16, como se ha dado en mi municipio, que es Nogales, frontera en Sonora.
Hay veces que hay una baja en la temperatura de menos 10 a menos 16 grados centígrados, por lo que se genera mayor consumo del Gas LP y esto afecta directamente en el ingreso de las familias.
Para el acuerdo de precios máximos al público de Gas LP, que debe emitir el Ejecutivo federal para los apoyos focalizados que permitan a la población precios asequibles. Y de estos combustibles y para el subsidio focalizado que se pretende aplicar a partir del 2017, lo cual significará impactar efectivamente en la calidad de vida de las familias y en un medio ambiente sustentado en energías limpias, como pretende la reforma energética.
Compañeros, este es un tema muy sensible. Nosotros, los municipios con temperaturas de menos grados centígrados. No podemos accesar a las tarifas preferenciales eléctricas, porque nuestros veranos son muy cortos, nuestros inviernos son muy fríos, muy largos.
Podemos desde aquí apoyar a estos municipios. Les pido de su sensibilidad y que nos aliemos para llevar estos beneficios a nuestros municipios, a nuestros estados. Es todo, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Energía, para su dictamen.
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Pide la palabra el diputado Exaltación González, del Partido Acción Nacional, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado, por favor.
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Presidenta, la propuesta que ha hecho la diputada Amparano tiene un amplio sentido social y desde luego también repercutiría de manera positiva a Mexicali, Baja California, de donde soy representante, y le pido le solicite a la diputada que sea posible adherirme a esta iniciativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Diputada promovente.
La diputada Leticia Amparano Gamez (desde la curul): Sí.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante. Si no tiene inconveniente, queda a disposición de esta Secretaría la iniciativa referida.
Damos la bienvenida también a este recinto al alcalde de Apatzingán, Michoacán, el señor César Chávez, quien está aquí con nosotros, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esa encomienda.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con la venia de la Presidencia. El día de hoy, compañeros y compañeras diputadas y diputados, vengo a presentar iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, con el objeto de entregarle facultades al Banco Central o al Banco de México, para efectos de que este a su vez tenga esa posibilidad, dentro del marco legal, para fijar un tope al cobro de intereses por los créditos o servicios bancarios que se prestan hoy por hoy en el sistema financiero nacional.
La facilidad con la cual los bancos y otros entes, no necesariamente pertenecientes al sistema financiero, ofrecen los créditos hoy en día sin ninguna regulación. Asimismo, el crédito de tarjetas bancarias o cualquier tipo de crédito, permite que podamos adquirir cualquier tipo de cosa que queramos y que en otras circunstancias nos llevará a tenerlo en meses o años.
Eso es lo que hace atractivo un crédito para un consumidor, sin importar a veces el interés que les fija el banco. Es por ello, que existe una gran demanda por adquirir cualquier tipo de crédito y eso ha hecho que la tasa de interés se vaya elevando abruptamente.
De acuerdo a un análisis realizado con la información que proporcionan las instituciones bancarias, es notorio el gran margen que existe de ganancia aquí en México, de determinados bancos que operan en nuestro territorio nacional pero que tienen su matriz en el extranjero. En algunos de los casos cobran el doble, a diferencia de otros países.
Por ejemplo, Banco Bilbao Vizcaya cobra en Uruguay el 17 por ciento, en Chile el 13.68 por ciento y en México el 39.56 por ciento. Citibank aplica en México un 85 por ciento del cobro de intereses, en contraste con el 9 por ciento que aplica en los Estados Unidos de Norteamérica. Bancomer aplica en México un 80 por ciento, el cual es muy superior al 25 por ciento que aplica en España.
Conforme con un reporte emitido por el Banco de México en febrero de 2014 precisó que los bancos que presentaron las tasas más altas en tarjetas de crédito para clientes tolerados fueron Bancotel con 52.9 por ciento. Consubanco 52.4 por ciento y CrediScotia con 44.2 por ciento.
Con base en la metodología del Costo Anual Total reportada por la Condusef, la tarjeta de Bancoppel cobra 104.9 por ciento, BBVA Bancomer 76.75 por ciento, Banamex 76.01 por ciento y Santander 92.54 por ciento.
Es de destacar que en México se paga el doble de interés a diferencia de otros países, con el llamado dinero de plástico que se utiliza en la actualidad por parte de mucha gente que prefiere traer plástico y no utilizar de esa menara dinero en efectivo.
Con esto se demuestra que los mexicanos tenemos una gran desventaja y que los cobros son usureros, debido a que en la práctica se demuestra que tanto los bancos que son de origen nacional como los extranjeros que se encuentran establecidos en nuestro país, sin duda cobran intereses que provocan que encuadren en la figura de la usura, ya que el interés que cobran para cualquier tipo de crédito o préstamo es superior al 50 por ciento. Ya que se considera usura la tasa de interés que se cobra por un crédito que supera el 50 por ciento del interés corriente, vigente para el periodo en cuestión.
Los intereses que cobran los bancos en la actualidad y los demás prestamistas en México, corresponden a una tasa superior en la mitad a la tasa de interés corriente por sus créditos de libre designación, ya que el mismo mercado financiero es el que fija la tasa de interés.
La Condusef ha manifestado que es el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a quien compete regular respecto a las comisiones. Es por ello que es indispensable que se le faculte al banco central para que pueda fijar la tasa de interés que se podrá cobrar por cualquier tipo de crédito que puedan otorgar las instituciones financieras, ya que hoy en día muchos de los clientes terminan pagando hasta un monto doble o lo triple del crédito contraído originalmente.
Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que estamos proponiendo reformas al artículo 28 constitucional para quedar como sigue. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diría de la siguiente manera.
Artículo 28. ...
Párrafo séptimo: No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del Banco Central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios así como la intermediación, los servicios financieros y fijará como tasa de interés máxima el 35 por ciento para cualquier tipo de crédito otorgado por las diversas instituciones de crédito, reguladas por el sistema financiero y entes no regulados, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.
Viene la continuación del artículo 28, pero lo sustancial es otorgar de esta facultad al Banco Central para efectos de que el tope en el cobro de intereses por el uso de créditos financieros no exceda del 35 por ciento. Es cuanto, diputada presidenta, y le solicito que el resto de la iniciativa sea agregada en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
Damos también la más cordial de las bienvenidas, a los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, con sede en el municipio de Naucalpan, estado de México. Invitados por la diputada Angélica Moya Marín.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Diputada Teresa Lizárraga, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, en la curul.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Para solicitarle al diputado Santana, si me permite adherirme a su iniciativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Si la diputada proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, la Secretaría deja a disposición la iniciativa. El diputado, perdón.
El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Adelante, con gusto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Queda a disposición en la Secretaría. Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por tres minutos, la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, suscrita por las diputadas Sofía González y Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Sofía González Torres: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para invitarlos a sumarse a una iniciativa de ley que busca resolver una realidad muy dolorosa. Me refiero a las niñas y los niños que nacen y viven junto a sus madres en los centros penitenciarios. Estos niños pasan los años más importantes para la construcción de su personalidad en sitios que no permiten su descanso, su recreación y su sano desarrollo.
Hoy no se cuenta con un número exacto de ellos, ya que no integran formalmente las poblaciones de los sentenciados. Se estima que podrían ser más de 800 niños que viven en esas condiciones deplorables. En todo caso, se trata de recientes fortuitos que no reciben la alimentación y el vestido adecuados para su edad, y mucho menos atención pediátrica ni la educación que merecen. Por lo anterior crecen con traumas y resentimientos que pueden orillarlos a la comisión de delitos.
Desafortunadamente la suerte que corren estos niños está en función del centro penitenciario donde les tocó vivir. Los centros federales de readaptación social aceptan a los niños hasta los seis años, en contraste con las penitenciarías locales en donde no existe un criterio uniforme para su admisión y para su egreso.
Algunos permiten una estancia muy corta, de únicamente seis meses, para cumplir con el periodo de lactancia. También hay casos lamentables de niños de 12, 15, 16 años que nunca han abandonado los centros de reclusión.
La situación es inquietante. Por un lado el Estado debe de garantizar el derecho del menor a permanecer junto con su madre para llevar a cabo la lactancia y convivir con ella. Por otro no debe permitir que el niño permanezca en reclusión más allá de los tres años de edad, ya que esta es la edad que internacionalmente está aceptada para facilitar la inserción social del menor.
Este es el equilibrio al que se busca llegar con esta iniciativa; tres años de manera pareja para todos los centros de reclusión en el país. Los centros federales, los municipales y los estatales. Cumplida esta edad, los niños deben salir de los centros y entrar a una nueva etapa de inserción a la sociedad bajo la supervisión del Estado o de algún familiar.
Asimismo, esta iniciativa durante el periodo de reclusión les garantiza a los niños una alimentación diferente a la que reciben los adultos, que sea acorde a su edad, que les reconozcan su derecho de salud y reconocer así también su derecho a la educación.
De obligar a las autoridades penitenciarias a realizar gestiones necesarias con la federación, estados y municipios, para brindarles vestido adecuado a su etapa de desarrollo, atención pediátrica permanente y una educación inicial.
Finalmente se realizará el primer censo nacional de niños en reclusión que permitirá tener certeza del número de infantes que viven con sus madres. Los invito a todos a sumar voluntades en torno a una iniciativa que no pertenece a ningún partido político, sino que obedece a un interés superior. En esta LXIII Legislatura tenemos la oportunidad de corregir el vicio legal que hoy invisibiliza a los niños en reclusión. Debemos reconocerlos como un grupo vulnerable del país, merecedor de acciones prioritarias en los tres niveles de gobierno.
Es momento de propiciar un trato digno para las niñas y los niños en reclusión, que sea homogéneo en todo el territorio nacional. Legislar por los niños en reclusión es un tema de congruencia, de justicia y de humanidad. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su dictamen.
El diputado Jesús Valencia Guzmán (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante, diputado Jesús Valencia Guzmán. ¿Con qué objeto?
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Con objeto de adherirme a la iniciativa que ha presentado la diputada González torres. Además si me permiten aprovechar este momento para llamar la atención de este pleno, que de manera extraordinaria se haga un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se dote del presupuesto necesario al Sistema Nacional de Atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que no fue contemplado en el pasado Presupuesto. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Si la proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión.
La diputada Sofía González Torres: Con gusto, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Esta presidencia deja a disposición la iniciativa.
La diputada Daniela de los Santos Torres: Presidenta, quisiera adherirme también a la iniciativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Pide también la diputada Daniela de los Santos adherirse a dicha iniciativa, si la proponente no tiene inconveniente.
La diputada Sofía González Torres: Con gusto, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: La ponemos a disposición en la Secretaría.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Pide la palabra el diputado Juan Blanco, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Si, gracias, señora presidenta. Para pedirle a la diputada también si no tiene inconveniente que nos dé la oportunidad de adherirnos; es una muy buena propuesta que rebasa los grupos, el partido. Creo que todos deberíamos de tener un sentido de solidaridad con esta propuesta, y felicitarla.
La diputada Sofía González Torres: Sí, con gusto.
La diputada Lía Limón García (desde la curul): Presidenta.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante, tiene la palabra la diputada Lía Limón, del Partido Verde Ecologista.
La diputada Lía Limón García (desde la curul): Con el mismo fin, las diputada Alma Arzaluz, María Ávila y una servidora, quisiéramos solicitarle a la proponente que si nos permite sumarnos a su iniciativa.
La diputada Sofía González Torres: Adelante.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ha mostrado la disposición la proponente, por lo tanto queda a disposición en esta secretaría la iniciativa para la adhesión correspondiente. Ha quedado ya la iniciativa a disposición en la Secretaría.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidenta.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Con el objeto de comunicar como una buena noticia que justamente en la Comisión de Niñez se aprobó un diagnóstico y evaluación de la situación que tienen los niños, con un presupuesto este diagnóstico para poder generar legislación, políticas públicas y programas adecuados para ellos. Es cuanto.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Quedan también esos comentarios para la Comisión de Derechos de la Niñez.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Tello López, de Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento ante esa soberanía reforma con proyecto de decreto en la iniciativa del Ejecutivo federal presentada ante la Cámara de Senadores para incorporar el Apartado B al artículo 123 constitucional.
Los principios de protección para el trabajo de los servidores del Estado se reconocía que éstos, por diversas y conocidas circunstancias no habían disfrutado de todas las garantías sociales, que tal precepto consignaba para los demás trabajadores al distinguir a unos y a otros, señalaba que mientras los primeros laboraban para empresas con fines de lucro, los segundos trabajaban para instituciones de interés general constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Aseveraba también que el trabajo no era simple mercancía, sino que formaba parte esencial de la dignidad del hombre, por lo cual debía ser legalmente tutelado.
Garantías sociales que son escamoteadas hoy en día por todos los gobiernos de la república, de las entidades federativas, del Distrito Federal, municipios y demarcaciones territoriales, los Poderes de la Unión de las entidades federativas y los órganos de gobierno del Distrito Federal no escapan a esta práctica de suprimir las prestaciones sociales de los trabajadores de confianza al servicio del Estado. Esta soberanía nacional lejos de dignificar sus derechos, que fue obra del Constituyente Permanente, se ha encargado de socavar sus prestaciones sociales.
El artículo 123 del Código Político de 1917 era considerado como una conquista histórica de la Revolución Mexicana, que no debía ser motivo de modificaciones ni esenciales ni literales de ninguna naturaleza. Las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Primera del Trabajo de la Cámara de Senadores en su dictamen reiteraron que siguiendo la tradición establecida por el Constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales, como para garantizar el respeto de sus derechos, se elevaba a rango constitucional la adición a la ley fundamental.
En la discusión de esta iniciativa se destacaba que, después de 35 años de lucha continúa por elevar su condición económica y social, los trabajadores al servicio del Estado verían cristalizados sus más caros anhelos.
Además sostenía los puntos en las oficinas públicas, eran considerados en términos generales como botín político y solamente tenían acceso a ellos los compadres y amigos de los jefes en turno con grave perjuicio de la buena marcha de la administración y en contra de quienes por su conocimiento y honradez, y casi por indispensables, ya que realizaban todas las labores de sus oficinas lograban conservar sus empleos, soportando arbitrariedades e insolencias de los favoritos que quedaban en calidad de dueños de vida y consciencia de los empleados de sus órdenes, dedicándose a realizar negocios personales y a lucir su autoridad con trabajadoras que necesitaban de su empleo para subsistir, mientras los abandonados de la fortuna trabajaban, las más de las veces jornadas de 10 a 12 horas diarias, sin pago de tiempo extra, sin día de descanso a la semana, sin estímulo que le permitiera superarse y sin derecho a ser la menor reclamación al jefe inmediato por los malos tratos y vejaciones de que eran objeto.
Diciembre marcaba el momento trágico del trabajador, ya que en aquel tiempo en lugar de recibir felicitaciones de fin de año o del acostumbrado aguinaldo de nuestros días, era casi seguro que se le comunicara el término cese, con objeto de acomodar a su recomendado o un favorecido a partir del 1 de enero del siguiente año.
Al Constituyente Permanente le daría pena constatar que subsiste esa realidad, pues los trabajadores de confianza siguen soportando arbitrariedades e insolencias y día con día ven escamoteadas sus prestaciones sociales con la anuencia de los poderes constituidos y de los órganos de gobierno del Distrito Federal.
La justicia social producto del Constituyente de 1916 y 1917, lejos de haberse consolidado a 99 años de su promulgación, es minada por Constituyente Permanente o por el legislador ordinario. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
Les damos también la más cordial de las bienvenidas a los jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán, invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres. Bienvenidos.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por tres minutos la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32-Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada María Elena Orantes López: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 32-Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, al tenor de lo siguiente.
Es nuestra obligación cuidar la calidad del medio ambiente, porque éste determina la capacidad para sustentar la vida. Debemos reconocer que está produciendo un declive cada vez más acelerado en su calidad, sobre todo por el rápido crecimiento de la población humana y del desarrollo tecnológico.
El crecimiento de la población ha llevado al hombre a utilizar indiscriminadamente una serie de recursos para obtener energía, carbón, gas natural, petróleo, minerales radioactivos, así como minerales y elementos para la fabricación y la construcción de sus espacios.
Por ello, es necesario comenzar a preocuparse por el uso irresponsable de dichos recursos y fomentar el equilibrio del medio ambiente y el desarrollo sustentable en beneficio de la humanidad. Lo que se busca es lograr un desarrollo sostenible. Este concepto quiere decir el hecho de lograr el mayor desarrollo de los pueblos, sin poner en peligro el medio ambiente.
Lo que se pretende con esta iniciativa es fomentar un cambio en la cultura en el sector productivo, concientizar el uso sostenible de los recursos energéticos, la protección de las especies animales en peligro de extinción y evitar así la contaminación marina.
En suma, lo que se propone es que el Estado contribuya al cambio de cultura empresarial, reconozca los esfuerzos y el compromiso del sector productivo y rectificar y eficientar sus operaciones para no dañar al medio ambiente.
Por todo ello, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Artículo Primero. Se reforma la fracción XIII del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica.
32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
–Como dice: XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Y adherimos: y organismos no gubernamentales especializados.
Artículo segundo. El artículo 32 Bis de la Ley Orgánica. A la Secretaría de Medio Ambiente, expedir a las personas físicas o morales que lo soliciten, la certificación de empresas ecológicamente responsables a aquellas que dentro de sus operaciones acrediten procedimientos tendientes a mejorar la preservación y restauración en la calidad del medio ambiente. Los ecosistemas naturales, la capa de ozono eficiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la flora y la fauna silvestre, terrestre y acuática, con la incidencia ecológica y políticas encaminadas al cumplimiento de las acciones y mitigación de adaptación del cambio climático.
Le ruego, presidenta, que de acuerdo como fue entregado se ponga en el Diario de los Debates, ya que por espacio de tiempo tuvimos que reducirla. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Están con nosotros los estudiantes de la Universidad Veracruzana, Facultad de Derecho, campus Poza Rica, del estado de Veracruz, invitados por el diputado Leonardo Amador Rodríguez. Y nos acompañan también los alumnos de la licenciatura de derecho, de la Universidad ETAC, del campus Chalco, invitados por el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Y nos acompañan también los alumnos y profesores de la preparatoria UNAM, plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera, del turno matutino, invitados también por el diputado José Santiago López. A todos ellos les damos la más cordial de las bienvenidas y les deseamos que sea de gran utilidad para ustedes la visita a esta sesión.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por tres minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Adelante.
El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los jóvenes son agentes estratégicos del desarrollo nacional, en Nueva Alianza lo entendemos y por ello, atendiendo a nuestro compromiso de propiciar las mejores condiciones para su desarrollo, pongo a su consideración la presente iniciativa que reformará la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Ley para Impulsar el Incremento de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.
El objetivo es impulsar las capacidades y potencialidades de los jóvenes a través de la creación, implementación y ejecución de políticas pública y programas destinados al fomento y activación del desarrollo económico y productivo de los jóvenes.
Dato del Censo de Población 2010, indican que tenemos una población de 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, desafortunadamente la mayoría de estos jóvenes no cuentan con un futuro prometedor, la realidad es que los jóvenes no tienen garantizada su educación, su derecho humano a un trabajo digno y bien remunerado, y por si fuera poco, están expuestos a una violencia cotidiana que obstaculiza su desarrollo.
No hemos podido generar las condiciones que permitan a los jóvenes acceder a empleos estables. Casi el 70 por ciento de los jóvenes mexicanos que trabajan lo hacen en el sector informal, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad económica, de seguridad social y laboral. Además, que no les permite contribuir con el erario, debilitando así al Estado.
Compañeras y compañeros legisladores, el desempleo y la falta de oportunidades son una mezcla que representa un factor determinante en la explotación de jóvenes por parte de la delincuencia organizada.
Su inclusión e integración en los procesos de desarrollo y crecimiento productivo debe ser una prioridad para México. Debemos generar condiciones que propicien su desarrollo, el cual estamos seguros, se traducirá en beneficios tangibles para la sociedad.
En Nueva Alianza estamos convencidos que crear más y mejores empleos para los jóvenes, así como fomentar y apoyar su capacidad emprendedora es una medida preventiva contra la inseguridad que nos aqueja en nuestro país.
Si queremos un país en crecimiento y una sociedad estable. Si queremos resultados hagamos algo para conseguirlos. Para Nueva Alianza la apuesta es por los jóvenes. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Competitividad para dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras, compañeros diputados, los adultos mayores continúan siendo víctimas de maltrato, discriminación, soledad y abandono.
Muchos de ellos terminan en la calle o en asilos que no operan en óptimas condiciones. Este tema es muy importante porque en muy pocos años seremos un país de adultos mayores. Y si no se contempla la problemática que vive este sector de la población y no consideramos que las políticas públicas vigentes deben ser adecuadas a la circunstancia que México vivirá en muy pocos años, nuestro futuro y en específico de los adultos mayores será cada vez más complejo y difícil.
Con el aumento en la esperanza de vida de la población, la disminución de la natalidad y la mortalidad han traído como consecuencia un cambio en la estructura demográfica de México, la proporción de personas adultas mayores de 60 años o más, respecto al total de la población está en constante crecimiento.
Tenemos actualmente personas adultas mayores que demandan actividades de acuerdo con sus necesidades y vocaciones y exigen la garantía del ejercicio de sus derechos.
Hay datos, que nos deben de llamar la atención de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial de las personas de 60 años o más constituye alrededor de 700 millones de personas y se tiene estimado que para el año 2050 las personas adultas serán 2 mil millones, esto representa más del 20 por ciento de la población mundial.
En nuestro país la situación es alarmante, pues según cálculos del Consejo Nacional de Población, Conapo, en México viven 12 millones 85 mil 796 personas adultas mayores, lo que representa el 10 por ciento de la población nacional actual. Para 2030 representarán más del 17 por ciento de los habitantes del país y en 2050 llegarán al 28 por ciento, respecto al crecimiento proporcional.
Con estos datos resulta evidente que como legisladores debemos garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los adultos mayores, es responsabilidad de todos los individuos, familias, asociaciones, gobiernos y organismos internacionales, combatir las necesidades que particulares de este sector de la población y los problemas a que se enfrentan.
Por ejemplo: la falta de protección y atención, maltrato, violación de sus derechos fundamentales, falta de oportunidades, empobrecimiento progresivo, restricción de su derecho a la salud, exclusión social, abandono.
Las legisladoras y los legisladores de Encuentro Social, proponemos un encuentro de clases, partiendo de valores firmes y principios claros, reconociendo al núcleo familiar y el respeto a la ley y a la dignidad del ser humano.
Si bien es cierto que nuestros objetivos políticos más importantes se orientan en luchar contra la desigualdad y ayudar a los más vulnerables y proteger a los necesitados, también es cierto que nuestra esencia ideológica nos obliga a desarrollar acciones de sensibilización, tolerancia y fortalecimiento de una cultura a favor de los adultos mayores en todos los niveles educativos.
Debemos seguir avanzando en la creación e implantación de legislaciones, políticas, programas planes y servicios para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores.
En este sentido confío en el entusiasmo y motivación de todas y todos ustedes, además de la sensibilidad y compromiso demostrado para mejorar la calidad de vida de la población y en especial de las personas adultas mayores.
En razón de lo anterior, existe la necesidad de creación de una comisión ordinaria que dé cauce y seguimiento a la preocupación de los legisladores por este sector de la población y que de manera muy específica legisle con dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que contribuyan al cumplimiento de atribuciones constitucionales de esta Cámara en materia de adultos mayores, por lo que someto a la consideración de esta honorable soberanía la aprobación de la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al apartado segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de Adultos Mayores. Es cuanto, señora presidenta. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Por lo tanto el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Bernardo Quezada Salas para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado José Bernardo Quezada Salas: Vamos por un México más fuerte. Apoyemos a la ciencia y a la tecnología. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros legisladores, saludo a las instituciones académicas, a la comunidad científica, que aquí están hoy presentes en esta su ley.
A nombre de todos los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, me presento ante ustedes como portavoz de una propuesta que cambiará al país en un futuro cercano, beneficiando no sólo a un sector, sino absolutamente a todos los mexicanos.
El desarrollo de las naciones requiere de elementos esenciales para su óptimo crecimiento. Indiscutiblemente la ciencia, la tecnología y la innovación son parte de estos.
La historia ha demostrado que la investigación científica y el desarrollo tecnológico son factores determinantes para el crecimiento, el progreso, de la industria y economía de un país, por lo que su óptimo aprovechamiento resulta clave para la competitividad de las naciones. Por ello requiere de diversas condiciones: una de ellas es la invención de sectores que debe ser constante y firme.
De acuerdo con estimaciones internacionales México puede pasar de ser la economía número 11, a ser la quinta a nivel mundial en el 2050, siempre y cuando quienes tomamos las decisiones entendamos la importancia de la ciencia y de la tecnología y aumentemos la inversión en este rubro.
El próximo año México invertirá 91 mil 650 millones de pesos en este sector: ciencia, tecnología e innovación. Esto corresponde aproximadamente al 0.57 por ciento del PIB.
Estamos Unidos invierte en 2.77 por ciento del PIB; Japón el 3.3; Corea del Sur el 4.03 e Israel el 4.38 de su producto interno bruto. Incluso economías similares a la nuestra como Brasil, invierte más del 1 por ciento en este sector.
En todas ellas, sin embargo, encontramos una relación inversa a nuestra realidad. La mayoría de las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, provienen del sector privado hasta de un 70 por ciento.
En nuestro país el financiamiento para desarrollar la investigación científica y tecnológica provienen, en su mayoría, de recursos públicos, y en menor proporción, del sector privado, solamente un 30 por ciento. Esto nos habla de una deficiencia de política integral que estimule e incentive la participación del sector privado en México.
La experiencia internacional ha demostrado que las universidades e instituciones de investigación son los nichos que albergan las principales innovaciones que impactan en la sociedad mundial.
Evidentemente se requiere la participación del sector privado para que en alianza con los investigadores y las instituciones se puedan masificar los resultados de las investigaciones en beneficio de la sociedad. Es así como la vinculación entre las instituciones de investigación y el sector privado en beneficio de la sociedad, es decir, la transferencia de tecnología, se convierta en una herramienta crucial para el desarrollo económico de las naciones.
Para una eficiente transferencia de tecnología se requiere certeza jurídica. Certeza jurídica que está garantizada en todos los países desarrollados, y en la mayoría de los países en desarrollo, en México no es así.
Hasta hoy, la mayoría de los investigadores del país no pueden participar directamente en la vinculación con el sector privado, pues existen barreras legales que se los impiden. Una de ellas es la que nos ocupa en este dictamen. Nos referimos al conflicto de intereses que se genera debido a que los investigadores son considerados servidores públicos y por tanto, están sujetos a la normatividad en la materia.
No es posible que los investigadores, creadores de patentes u otras figuras de propiedad intelectual sean castigados por su ingenio y su capacidad. Es lamentable saber que pueden, incluso, ser juzgados legalmente y encarcelados en caso de vincularse con la iniciativa privada, pues la legislación actual así lo establece.
Cuando un investigador quiere convertirse en empresario, con lo resuelto por su investigación y para beneficio tanto de su institución como de la sociedad, se le impide debido a la disposición de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y su correlativo en la Ley de Ciencia y Tecnología.
Este obstáculo es el que se inserta y se pretende resolver con la aprobación de este dictamen. Evidentemente se ha cuidado los candados para asegurar la transparencia en el proceso de vinculación y que la herramienta sea realmente una opción de crecimiento económico y social para la población.
Ahora bien, me gustaría compartirles a todos ustedes que esta propuesta nace de la comunidad científica, no es asunto de algún partido o ideología, realmente viene de los generadores de del conocimiento.
La propuesta ha pasado un camino difícil, fue aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, modificada y aprobada en la Cámara de Senadores este año y ahora está ante nosotros este dictamen, cuya aprobación beneficiará no sólo a la investigación o a sus instituciones, sino a toda la sociedad en su conjunto.
Las instituciones en su conjunto, los investigadores, las cámaras empresariales, los estudiantes, la sociedad en general, se han manifestado para que este dictamen sea aprobado. Realmente este trabajo es de ellos.
Quiero agradecerles, como mexicano, por tratar de ver la importancia de este tema, por hacernos conscientes de su validez y por no dejar de impulsar su propuesta, aun cuando el resultado fuera totalmente incierto. Su coraje, su valor y su responsabilidad son muestra de compromiso para nuestro país.
Y esto no es una ocurrencia sin fundamento. Quiero transmitirles a ustedes la urgencia de aprobar estas reformas. En, nuestros vecinos del norte, Estados Unidos fueron aprobadas en 1980, hace 35 años, en la Ley Bayh Dole; en Europa y Asia, hace 25 años. Realmente tenemos un atraso totalmente en la materia.
La Ley Ley Bayh Dole es considera la pieza legislativa más importante en los últimos 100 años en Estados Unidos, y se rige como responsable principal del desarrollo tecnológico de Estados Unidos.
Por su parte, el desarrollo tecnológico permite más de la mitad del crecimiento económico de esa nación en la última década, siendo beneficiadas ampliamente todas las naciones con sus avances científicos y tecnológicos, principalmente en el sector de salud. Es decir, estamos realmente entre una oportunidad histórica para la ciencia, para los investigadores, para la sociedad y para México.
Por otro lado, y con un reconocimiento implícito, me permito agradecer a todos los diputados integrantes de esta comisión por anteponer el desarrollo científico y tecnológico de México a su agenda legislativa personal. Realmente su apoyo ha sido valioso y en este sector será prioritario continuar en unidad para lograr los grandes avances en beneficio del país.
Como mexicanos tenemos el talento, tenemos los recursos humanos, con el intelecto para crear e innovar productos, procesos o servicios necesarios para esta sociedad. Démosle la oportunidad de internarlo, de lograrlo, de fallar si es necesario; nuestros investigadores tiene hoy muchas barreras que superar, quitémosles una, es todo lo que les pido el día de hoy.
Los invito a ser parte de este logro. Les pido su voto a favor como parte de nuestro compromiso y servicio por México. Hagamos historia con la aprobación de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Diputado Clouthier pide la palabra. ¿Con qué objeto?
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Es con el ánimo de adherirme a esta propuesta, sin embargo el problema que visualizo es que, leyendo lo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, parecería que trae un error porque el objetivo es permitirle a estos servidores públicos que puedan hacer convenios de vinculación y poder incurrir en utilidades, regalías, etcétera. Sin embargo lo que dice en el último párrafo en la Gaceta es, dice: Dichos servidores públicos incurrirán en conflicto de intereses.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Si me permite, diputado. Vamos a entrar a la discusión en lo general. Por favor.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Vale.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Damos también la más cordial de las bienvenidas a los alumnos estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, de la Cecyte de Puebla, invitados por la diputada Genoveva Huerta Villegas.
Nos acompañan también los alumnos de la escuela primaria Cristóbal Colón, del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos y que sea de gran utilidad para su formación cívica.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: El dictamen está a discusión en lo general y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su Grupo Parlamentario las siguientes diputadas y diputados, que harán el uso de la palabra por cinco minutos.
El Partido Encuentro Social, el Partido Nueva alianza, el Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el PRI. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES, por cinco minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias. Hablar de ciencia y tecnología, diputadas y diputados, sin duda es hablar de un tema que tiene que ver con el desarrollo de las naciones. No podemos pensar que un país de primer mundo tenga un presupuesto mínimo en ciencia y tecnología, un presupuesto público direccionado a este rubro, o tenga a la comunidad científica amarrada en una cuestión legal de imposibilidad de hacer que la ciencia no solamente le brinde bienestar a la sociedad que representan, sino a ellos mismos como familia.
Por eso hoy nosotros, como Encuentro Social, venimos en un sentido de responsabilidad y de agilizar un tema tan importante para la comunidad científica, a hablar a favor de este dictamen.
Escuchábamos en el planteamiento del ponente del dictamen de la comisión del mismo ramo, del 0.57 por ciento del PIB. También sabemos y entendemos que hoy la Ley de Ciencia y Tecnología obliga a destinar el 1 por ciento del PIB; es decir, más de 120 mil millones de pesos.
Hay un gran esfuerzo, hay que reconocerlo, en materia de presupuesto, de disponibilidad para este rubro. Se ha ido incrementando gradualmente, que es para bien. Pero esta reforma, en paralelo a esa posibilidad de incrementar el presupuesto de gasto público de manera gradual en forma positiva, vienen a cerrar el círculo y darle a la comunidad científica la posibilidad de motivación y la posibilidad de dedicarse con más esmero, por supuesto, con un enfoque gerencial también de la ciencia, como todo ente lo puede hacer.
En este sentido, nuestro grupo parlamentario asumimos el compromiso de fortalecer el andamiaje jurídico e institucional de nuestro sector científico y tecnológico.
Es por lo anterior, amigas y amigos diputados, que votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Con dicha reforma se habrá de contribuir al desarrollo e innovación científica y tecnológica de nuestro país, pues se dará un primer gran paso a la inclusión de la investigación científica y tecnológica en el desarrollo e innovación productiva del sector industrial nacional. Algo realmente importante, la instancia de gestión para las transferencias tecnológicas, es un tema de suma importancia para nosotros y por supuesto para la comunidad científica.
Igualmente se elimina el requisito legal que tienen hoy los investigadores, por ser considerados servidores públicos, para participar en actividades de vinculación con el sector privado, mediante la conformación de consorcios, alianzas tecnológicas, empresas creadas exprofeso para el desarrollo tecnológico, pudiendo participar, incluso, en calidad de socios.
Todo eso, amigas y amigos diputados, es parte fundamental de que tenemos que invertir esta pirámide del 70 por ciento del gasto público o de presupuesto público destinado a la ciencia, debemos de invertir que sea el 30 por ciento, con esta reforma del 30 por ciento al gasto público y el 70 que sea al sector privado, de tal suerte que estemos nosotros estimulando a los investigadores a participar en calidad de protagonistas de su propio bienestar a través de la ciencia y de la tecnología.
Nada más un ejemplo para terminar mi exposición a favor de este dictamen. El 16 de noviembre de 2015, ya hace unos días, hubo un concurso de robótica en Bucarest, en Rumania, cuatro veracruzanos científicos del Tecnológico de Poza Rica, ganaron oro y plata: Israel Ortiz Hernández, Louis Brayant Mora, Sergio Abraham Reyna, Aarón Román Aparicio; 198 participantes en 10 categorías, ellos ganan oro y plata en robot de 500 gramos.
¿Qué significa esto? Que estas personas con talento científico, desde muy jóvenes, no se pierdan en el universo de la dinámica social, sino que estos jóvenes, como tantos otros hay que ganan concursos, que participan con excelencia en sus escuelas, como el Politécnico Nacional, como todas las escuelas e instituciones públicas y privadas tengan la posibilidad, con estas reformas, de ser incentivados, adquiridos por las grandes firmas e incorporados en sus plantas de científicos, a fin de darles un futuro de certeza jurídica y por supuesto de elemental justicia, de bienestar financiero y económico para la sociedad y para sus familias. Enhorabuena, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra también, por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Partido Nueva Alianza.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores de la comunidad científica que hoy nos visitan.
Creo que comparten y están de plácemes al igual que Nueva Alianza y la Comisión de Ciencia y Tecnología que nos honramos en presidir. Porque una iniciativa que ha recorrido un largo camino para poder llegar a este día en que el pleno de los diputados habremos de validar y de dar hacia adelante a un tema en el que nuestro país va demasiado atrás en el concierto mundial.
Decirles a todos ustedes que en Nueva Alianza tenemos la convicción que es mediante el desarrollo tecnológico e innovación científica que podremos acceder a una economía de bienestar, basada, desde luego, en el conocimiento. Por ello, la necesidad de propiciar y fomentar la generación de nuevos conocimientos que sean útiles para la sociedad.
Para Nueva Alianza impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología es un compromiso que hemos asumido desde nuestra conformación.
En ese sentido apoyamos este dictamen que tiene la finalidad de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovación del país, al incentivar la creación de instancias de gestión para la transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades en la materia.
Desde la LX Legislatura que hemos tenido oportunidad de presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología, nuestro compromiso por impulsar la ciencia y la tecnología ha quedado demostrado. Muestra de ello es que en el tiempo que estamos haciendo referencia, esta comisión ha triplicado la inversión pública en este rubro, pasando de 33 mil millones de pesos en 2006 a 91 mil 650 millones de pesos que se proyecta se ejercerán en el año 2016.
En términos reales pasó del 0.4 por ciento del PIB en el 2006 a casi el 0.6 por ciento en este 2016.
En México hay una sólida comunidad de científicos, pese a ello en el campo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica se encuentra entre los países más atrasados a nivel global. En nuestro país tenemos más de 500 instituciones de educación superior con al menos 20 mil investigadores, además de 21 mil 359 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y por lo menos 14 mil investigadores insertos en la iniciativa privada.
La vinculación entre la academia y la industria es fundamental para poder transitar a la economía del crecimiento, a la economía del conocimiento, condición básica para un país desarrollado.
Hasta el día de hoy en nuestro país no existen las condiciones para una efectiva vinculación. Los descubrimientos científicos y su aplicación en el desarrollo de nuevas tecnologías tienen un impacto muy importante en la economía de los países al estimular la productividad, la competitividad y por ende la generación de ingresos.
El dictamen que hoy se somete a votación, abona a que el conocimiento pueda ser realmente la palanca de desarrollo, pues facilitará y proporcionará mayor certeza en la transferencia de tecnología entre las instancias educativas y de investigación al sector empresarial.
Compañeras y compañeros, impulsaremos el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como pilares para el progreso económico y social de México. Hoy, la mejor forma de incrementar la competitividad y combatir el rezago, es a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. Seamos audaces. Actuemos por México. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Basáñez: Gracias, diputado. Les damos la más cordial de las bienvenidas a 160 alumnos, a docentes y a padres de familia de las escuelas primarias Moctezuma y doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero, del Distrito 39 del estado de México. Bienvenidos.
Tiene la palabra también por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada Mirza Flores Gómez: Con su permiso, presidenta. Antes de comenzar quiero darle la bienvenida a las personalidades que hoy nos acompañan de la comunidad científica y académica de este país. Ellos que han sido el motor invisible para que nuestro país en vías de desarrollo se salve de no quedarse en el anonimato. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí apoyando lo que el día de hoy estamos presentando.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el contexto de la globalización e integración económica, el desarrollo científico y tecnológico tendría que jugar un papel central en las políticas públicas, porque países que están inmersos en una creciente competitividad por la apertura de los mercados, de ahí que se requiera disponer de una fuerza laboral calificada, de alta productividad. Esta última depende fundamentalmente de contar con trabajadores con conocimientos, habilidades, objetivos que se logran invirtiendo mayores recursos en investigación y desarrollo.
A esto también se deben de sumar los efectos de políticas públicas gubernamentales orientadas a promover los productos en los mercados internacionales, la ampliación del gasto en innovación y desarrollo.
En las economías globales, a la inversión de ciencia, tecnología e innovación, se realiza por tres agentes: por empresas, por universidades y por sector público.
Quiero hacer una cita del doctor Javier Lozoya Legorreta que penosamente dice: “el veloz tren de desarrollo científico y tecnológico que caracteriza a la ciencia occidental del siglo XXI, se fue hace rato ese tren de nuestro anden, y si antes desde México era difícil subirse aunque fuera en el último vagón, hoy todo indica que ya no hay forma de participar de sus trayectoria y viaje”.
Yo opino lo contrario. Desde este recinto legislativo tenemos la oportunidad histórica, histórica, compañeras y compañeros, de posicionar a México como un país que deje de importar conocimiento y sea generador de proyectos de ciencia y de innovación. Hoy tenemos la posibilidad de dar un paso más para la consecución de este fin.
Si votamos a favor del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la minuta con proyecto de decreto, estaremos ganando una vez más territorio en el andén del veloz tren al que se refiere el doctor Lozoya.
Diputadas y diputados, tenemos la posibilidad de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en México al incentivar la conformación de instancias de gestión para la transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones de educación superior, administración pública federal y en los centros públicos de investigación.
Tenemos la posibilidad también de decir que sí a los investigadores que participen en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Tenemos también nosotros la posibilidad abrir un panorama laboral diferente para los investigadores de nuestro país. Si esta reforma se aprueba, los investigadores podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y por qué no, también estar en condiciones de recibir beneficios económicos.
Recordemos que el vínculo efectivo entre ciencia y desarrollo lo constituye la formación de capital humano; es decir, las y los investigadores. La solidez de este vínculo depende de la interacción entre educación e investigación. La educación como proceso de aprendizaje y la investigación como proceso de generación y adaptación del conocimiento.
La iniciativa que hoy se presenta se somete a la consideración del pleno que será respaldada por los diputados ciudadanos, ya que sin duda alguna beneficiará a la comunidad científica, ejemplo de ello, que en otros países en donde se ha modificado la legislación con este mismo objetivo como en América que es Estados Unidos y Brasil, se ha multiplicado o triplicado el número de patentes que las y los científicos han desarrollado, pero sobre todo, tendrá un impacto directo en la generación de conocimiento en beneficio de todas y todos los mexicanos.
El tema de tecnología e innovación a personas de mi generación hacia arriba, genera a veces sensación de ansiedad, pero si le preguntamos a la gente de la generación de mi hija, genera sensación de mucho entusiasmo.
Qué necesitamos para que México se pueda convertir en una potencia educativa de tecnología, de innovación, pero sobre todo de inversión.
Me pregunto y les pregunto: Existen empresas de tecnología y de innovación que están a la punta del mundo, empresas transnacionales que todos conocemos, como Google, Facebook, Yahoo, Twiter, ¿qué tienen en común estas empresas transnacionales, que fueron generadas por estudiantes, por gente joven, con su creatividad en su máximo esplendor?
Está en nuestras manos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que desactivemos candados que detienen el crecimiento de nuestro país y apoyemos a las personas que de manera silenciosa han fortalecido la educación y nuestro lugar en este país.
Muchas gracias a todos los integrantes del Politécnico Nacional que nos están ahora acompañando. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora también por cinco minutos tiene la palabra la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: ¿Se escucha? Compañeros, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Diputadas y diputados, señora presidenta, el dictamen que estamos discutiendo representa un parte aguas en la historia de nuestro país, pues las reformas legales que se proponen –tanto a la Ley de Ciencia y Tecnología como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos– permiten integrar a la ciencia y a la tecnología como un elemento fundamental del desarrollo.
El Estado y el gobierno no pueden concebir a la ciencia y a la tecnología como un proceso accesorio en el devenir del país, porque los indicadores internacionales coinciden con el hecho de que la investigación constituye un factor crítico en el desarrollo humano y en el crecimiento económico.
Las reformas que nos ocupan en este rubro posibilitan que el conjunto de las instituciones y de los actores implicados en la generación de conocimiento puedan aplicar este conocimiento generado de manera inmediata en la transformación de productos, procesos y modos de gestión, entre otros.
El presente dictamen también pone de manifiesto que no sólo es necesario incrementar la inversión nacional en ciencia y tecnología, sino que se requiere contar con una legislación que favorezca la formación de un enclave de innovación adecuado en el que la inversión permee en la sociedad y produzca los resultados esperados en el bienestar social y económico del país.
Para tal fin hay que tener en cuenta que en el último informe mundial sobre la ciencia se señala que la desigualdad científico-tecnológica en Latinoamérica con respecto a otras regiones es aún más marcada que la desigualdad económica.
Son muchos los indicadores desfavorables para la región. Uno de ellos es la población universitaria, auténtico combustible del desarrollo científico-tecnológico. Mientras que en los países desarrollados la población estudiantil universitaria ronda el 50 por ciento con respecto a su grupo de edad, en los países latinoamericanos se mueve alrededor del 17 por ciento y México no es la excepción.
Respecto a investigadores per cápita, la cantidad en Latinoamérica es 10 veces menor que en los países industrializados y las universidades siguen sin preparar los recursos humanos necesarios para corregir este déficit. Además, la mayoría de los investigadores son hombres, por cada 10 investigadores sólo 3 son mujeres.
La experiencia mundial indica que al menos se requiere destinar una inversión del 1 por ciento del producto interno bruto en ciencia y tecnología para que sus beneficios se derramen en la sociedad. De hecho, los países más desarrollados invierten entre el 2 y el 4 por ciento del producto interno bruto y en esta inversión participan el sector público y la iniciativa privada, en una relación que varía en cada caso.
El presupuesto federal para 2016 en nuestro país sólo destina al sector de ciencia y tecnología un raquítico 0.57 por ciento, lo cual es a todas luces insuficiente. Aunado a lo anterior, la apertura indiscriminada del mercado, la falta de apoyo y de estímulos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen un elemento fundamental del trinomio investigación-desarrollo-innovación, impide que este sector industrial que representa el motor de la economía nacional, no se vea favorecido a pesar de que otorga más del 80 por ciento de los empleos de nuestro país.
En México, mis colegas, no se puede hablar de desarrollo sin considerar la justicia social y una distribución más equitativa de la riqueza. Por ello es necesario que el Estado ponga en marcha políticas públicas decididas de promoción de ciencia y tecnología, que apoyen y vinculen a las industrias nacionales, a la educación superior, a los centros y laboratorios de investigación y a los nichos de oportunidades comerciales.
Estas metas –hay que decirlo– están todavía en la retórica del discurso del gobierno y distan mucho de ser una realidad, tal como se refleja en el Presupuesto de 2016.
Estimados colegas, estamos muy lejos de lo que sucede en Estados Unidos, Japón, Francia e Inglaterra, países en los que la ciencia y la tecnología forman parte de la cultura nacional.
Cito el caso de la Abadía de Westminster, en Inglaterra, donde en el sitio principal en lugar de imágenes de santos está la tumba de Newton y a su lado la del químico Robert Boyle. En estos países, sus calles, plazas y libros de textos están plagados con los nombres de sus científicos. Aquí en México también los hemos tenido y los tenemos, pero nadie los conoce.
Sin duda el presente dictamen representa un esfuerzo en la dirección deseada, por lo que la bancada de Morena lo votará a favor. Asimismo aprovechamos la ocasión para expresar nuestras felicitaciones a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la pasada y actual legislatura. Enhorabuena a la comunidad científica nacional. Muchas felicidades.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar: Con la venia de cada uno de ustedes, de los diputados y de la Mesa. Es un hecho que son tiempos de cambios, cambios que deben significar progreso; un progreso basado en la unión y, en este caso, una unión legislativa, que pugne a través de la ciencia y tecnología para mayores y mejores innovaciones que harán de México un México más grande.
Sabemos que la diferencia entre ser bueno y ser mejor es superarse. Sabemos también que en México existe capacidad en las diferentes universidades, en los investigadores sociales de la iniciativa privada y de las demás instituciones.
Que las estrellas y que la capacidad, que en su momento ilumina a nuestros inventores e investigadores académicos de las diferentes ramas, no se conviertan en estrellas fugases que iluminen otros firmamentos, que se queden en México esas estrellas iluminando el firmamento mexicano, con constancias y perseverancia.
Que es necesario la apropiación de inventiva, que son necesarios los estímulos, como se hace en otros países. Que si bien es cierto, la canalización de los recursos para la apropiación de la inventiva, a través de la ciencia y tecnología, es escueta y muy marcada y limitada.
También hay aquellos pensadores, no sólo sociales, académicos o de la vida social que pugnan por hacer de México, un México más grande. Que es bien cierto, que los investigadores y científicos e innovadores tienen, en el fondo de su corazón y su pensamiento, un espíritu indomable, un espíritu independiente, y es necesario darles no sólo rienda suelta a esos conocimientos, quitarles los obstáculos que en su momento impiden un avance sostenido, darles la flexibilidad necesaria, apoyarlos con mayores y mejores recursos.
Tenemos, en términos generales, partiendo de situaciones aritméticas promedio, 20 años de atraso en cuestiones de invención, en cuestiones de desarrollo tecnológico, que no son difíciles necesariamente.
La anterior comisión y las demás merecen nuestro reconocimiento, que nosotros los que conformamos esta comisión, al mando de mi amigo Bernardo Quezada, estamos prestos a obedecer no sólo los mandatos, sino los impulsos necesarios para mayores inventivas de nuestros investigadores, porque en Chiapas hay, perdón, me ganó la emoción, porque en México talentos y hay capacidad.
Es necesario, en su momento, que el sector académico tenga en su momento una ventilación con el sector productivo, que es base necesaria de todas las demás investigaciones sin descuidar las situaciones analógicas en materia de salud e invenciones varias.
Que es bien cierto que el líder marca la pauta, pero es el equipo el que triunfa. Que no podemos olvidar que se trata de una alianza y no de partidos, sino de una conjugación de conocimientos, con conciencia, para alentar a nuestras estrellas que iluminan el firmamento mexicano.
Que es de reconocerse, y no vengo a hablar de un partido determinado, que a pesar del presupuesto base cero, que a sabiendas no de un dictamen sino de los parámetros legales del artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, que el 1 por ciento del producto interno bruto debe canalizarse a la investigación, a la ciencia y la tecnología. Que de 86 millones de pesos fuimos beneficiados y aún falta más, con 91 mil millones de pesos que servirán, en su momento, para revertir y desafiar aquellas cuestiones que nos hacen estar en apartados pero que es necesaria la innovación para un mejor futuro y para la grandeza del pueblo mexicano.
A las universidades, a la UNAM, al Politécnico y a todas las demás, muchas gracias por su presencia y que Dios los bendiga a todos.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora también por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Con su permiso, diputado presidente. El día de hoy, a través del Grupo Parlamentario del PRD traigo la voz de aquellos estudiantes, investigadores que por mucho tiempo han trabajado en proyectos propios y de su institución. Aquellas mentes brillantes que subestimamos, sin embargo, son más listos que muchos.
Si supieran lo que pueden llegar a hacer si hubiese incentivos para seguir motivándolos. Pues es muy sencillo. Esta ley que hemos traído como Comisión de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación al incentivar el establecimiento de instancia de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros.
Y para lograr esta propuesta fue necesario modificar la Ley de Ciencia y Tecnología en los artículos 40 Bis y 51. Entonces los servidores públicos de las instituciones de educación, los centros y las entidades de la administración pública federal al que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, servidores públicos que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado, social y recibir beneficios.
Lo anterior para argumentar algo muy sencillo, tenemos un atraso de 30 años en promedio comparado con otros países que ya cuentan con esta ley, así lo ilustra el caso reciente de los países del este asiático y países de alto desarrollo o industrializados como nuestro vecino del norte, Alemania, Inglaterra y demás.
Estamos inmersos en la llamada Economía del conocimiento y tenemos que hacer el mejor esfuerzo como país para insertarnos en la misma. No podemos quedarnos atrás, no más. Por qué los investigadores tienen que pedirnos a gritos ayuda para ser incentivados, nosotros somos los que en campaña recogimos el sentir de todos los sectores, pero muy pocos han traído a esta tribuna el sentir del científico. Recuerden que sin ellos aún estaríamos en tiempos medievales. Nunca es tarde, trabajemos por el bien común y verán que todos los sectores serán beneficiados.
Creo que en este sector al igual que muchos es un sector noble que no se merece un rechazo y muy al contrario, todos aquí podemos aportar. Hemos dado un paso importante y nuestro primer resultado como como Comisión de Ciencia y Tecnología. Sabemos que falta mucho, pero la comisión está muy comprometida, así como la fracción del PRD en el área científica.
Cerremos el año con buenos resultados y rescatemos la confianza de estudiantes e investigadores, y como lo dije al principio, no subestimemos el sector científico. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Le damos también la más cordial de la bienvenida a 160 alumnos, docentes y padres de familia de la Escuela Secundaria José María Velasco, del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero, del distrito 39 del estado de México. Bienvenidos.
Ahora tiene la palabra, también por cinco minutos, el diputado José Máximo García López, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Máximo García López: Con la venia de la Mesa Directiva. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios –Benjamín Franklin–. Saludo con mucho aprecio a los investigadores, científicos y académicos que el día de hoy se encuentran entre nosotros, y por supuesto a mis compañeras y compañeros legisladores.
Debemos tener claro hoy más que nunca que el conocimiento científico y la aplicación tecnológica son vitales para impulsar el desarrollo de México para afianzar el crecimiento de la economía, para hacerlo con justicia y equidad para todos y para avanzar en diversos frentes y ante los desafíos que tenemos por delante.
El superar desde luego la desigualdad, la marginación, la pobreza, el encontrar los mejores mecanismos para poder generar empleo con los recursos disponibles; el poder detonar el enorme potencial de desarrollo integral de las personas en nuestro país, son los desafíos que tenemos en el presente.
En todos los países, es el caso también de México, la colaboración de los académicos en el sector privado y social juegan un papel relevante como motor del desarrollo científico y la innovación, lo que permite impulsar su desarrollo con mayor fuerza.
Precisamente con la aprobación del presente dictamen se atiende este tema fundamental al promover la transferencia de tecnología a través de una mayor vinculación entre los actores académico, industrial y del gobierno, con el fin único de coadyuvar en el desarrollo económico y social, en el desarrollo científico y tecnológico del país.
El dictamen a nuestra consideración es de gran importancia pues subsana los vacíos legales existentes en el artículo 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. El primero de ellos solo consideraba a las universidades e instituciones de educación pública superior y a los centros públicos de investigación como los únicos que pueden crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, dejando de lado otras entidades de la administración pública federal.
Mientras que el artículo 51 solo consideraba a los centros públicos de investigación como los responsables de promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, dejando un vacío en relación con instituciones de educación superior y aquellas entidades de la administración pública federal que tienen actividades de innovación y de desarrollo.
Asimismo también es fundamental en el ánimo de alcanzar una mayor transparencia en la función pública, pues con la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se establece que los servidores públicos que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social y recibir beneficios; además se norma el acceso a estos últimos.
Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este dictamen se atiende una petición de la comunidad científica que data desde hace dos décadas, y con ello se logrará una mayor vinculación de los investigadores con el sector industrial de nuestro país. En Acción Nacional tenemos muy claro que las ventajas competitivas de México están asociadas en gran medida al desarrollo científico y tecnológico del más alto nivel.
Tengo la certeza de que seguirán contando con nuestro apoyo, de que seguiremos apostando por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación porque sabemos que esas son las claves de un México fuerte y de un México mejor.
Quisiera concluir para reconocer el trabajo de los diputados de la pasada legislatura; pero muy en especial a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la actual Legislatura, y muy en especial al diputado presidente Bernardo Quezada, y a la comisión por su excelente labor y por haber logrado este gran acuerdo y que seguramente será el inicio de una nueva era para transformar la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro país. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora por el Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo.
La diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo: Con la venia de la presidencia. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. El día de hoy tomo esta máxima tribuna para hacer manifiesta la satisfacción que representa para el Partido Revolucionario Institucional, así como para quienes conformamos el sector científico, académico o de investigación, el que una reforma de este calado vea la luz de su pronta aplicabilidad y nos apreste la base del desarrollo que la comunidad científica ha esperado desde hace ya muchos años.
Como bien se ha informado, son tres las modificaciones que se realizan: el artículo 40 Bis y artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y por razón aplicativa modifica el artículo 8o de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Celebramos que con esta reforma se impulsará el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país, puesto que se estimula el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y la vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo; a su vez, se eliminan los impedimentos para participar en dichas actividades con terceros.
A partir de esta reforma, los investigadores, científicos y tecnólogos que hacen ciencia en nuestro país, podrán trabajar en proyectos conjuntos con la iniciativa privada, conformar asociaciones estratégicas o crear nuevas empresas privadas de base tecnológica participando como socios, colaboradores o beneficiarios de la misma.
Asimismo, promueve la creación de redes regionales de innovación. Es decir, se retiran los candados que impedían a los investigadores beneficiarse de los trabajos que realizan sin incurrir en conflictos con terceros.
Con esta reforma se masificarán los productos logrados a partir de las investigaciones en los centros de investigación de las instituciones de educación superior, así como de las instancias paraestatales en donde se lleva a cabo la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
En la Cámara de Diputados no relegamos ni somos ajenos a la implicación de la ciencia y la tecnología en el contexto económico nacional, así como el posicionamiento de los productos mexicanos en la economía mundial, ya que esta reforma estimulará la productividad e incrementará la competitividad de los productos mexicanos en los mercados internacionales, propiciando así una mayor generación de empleos, lo cual se traducirá lógicamente en la transformación e inversión económica en el sector social.
Los legisladores del PRI nos enorgullecemos del largo recorrido que esta iniciativa a trazado, del esfuerzo de quienes han antecedido a este proyecto, de manera especial a nuestro correligionario el ex diputado Ángel Rangel Segovia, promotor impulsor de esta idea que había sido y que ha sido el anhelo del sector científico y tecnológico en México.
El día de hoy, en esta asamblea, queremos saludar a todos aquellos que pertenecen al sector científico y tecnológico; o que desde la academia aportan su ciencia, su tecnología y sus ideas de innovación al desarrollo de nuestro país.
No omito mencionar también a aquellos luchadores incansables de esta propuesta, quienes hasta el día de hoy continúan pendientes de este trabajo. Felicito a la comisión que me honro en participar, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura, que hoy concreta los anhelos de muchos mexicanos y de quienes hacen ciencia en nuestro país, pero que también aportan al desarrollo de nuestro querido México.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, con su voto a favor coadyuvaremos a la transferencia tecnológica entre las instancias educativas y de investigación en el sector empresarial. Con esta reforma le decimos basta a la fuga de nuestros científicos, de nuestros genios, de nuestros talentos nacionales.
En nuestro país están ya dadas las condiciones para que la investigación y la innovación, junto con la educación superior y la industria, sean esa triple hélice que transforme la ciencia en auténtico desarrollo; y sea así, sólo así que la ciencia será en nuestro México el gran motor de nuestra economía y de la transformación social del próximo siglo XXI para los mexicanos y quienes habitamos aquí. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados.
Por el PRD, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios. Por el Partido Acción Nacional, el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez. Por el PRI, el diputado Bernardino Antelo Esper, y por el PRI la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix. En consecuencia tiene la palabra también por tres minutos, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del PRD.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Estimada amigas y amigos de la comunidad científica de nuestro país, sean ustedes bienvenidos. Es imposible pensar en el desarrollo sin ciencia. No hay forma de establecer métodos de avance colectivo mayores sin la llave de la tecnología. Es estéril reinventar nuestro mundo para mejorar sin innovar.
Por estas razones incontrovertibles es que hago uso de este espacio el día de hoy. cambiar las reglas del juego para incentivar el desarrollo de la ciencia, el avance de la tecnología y el impulso a la innovación hoy son sinónimo de reconstrucción de los cimientos en los que se ha sostenido hasta hoy un sector elemental para nuestro país, del que todos nos enorgullecemos pero con el que muy pocos nos hemos comprometido.
Es tiempo de reconocernos como una entidad diferente y dispuesta a cambiar, por eso en la presente modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de redoblar los apoyos para la transferencia entre las diferentes instancias dedicadas a estas tareas, abrimos la puerta de regreso a miles de investigadores y científicos a quienes sólo se les había permitido hasta ahora crear y concebir en un solo lado de la cancha, pero nunca entrelazando a la academia con los sectores público y privado conjuntamente, sin incurrir en conflicto de interés.
Adiós a esa barrera, hoy tendremos más ciencia, más empresas de base tecnológica y mayor crecimiento en nuestro país. Cuidemos, sin embargo, esta positiva reforma para que nadie abuse de ella. No podemos echarla a perder.
Hay grandes ideas esperando mayores apoyos. Hay grandes intenciones de revolucionar nuestro México que tenemos que alentar e impulsar. Por ello debemos destinar mayores recursos a esta importante tarea y definir políticas públicas acorde con el dinamismo del sector.
Estados Unidos, como ya se señaló, dio este paso hace más de tres décadas. Hoy debemos decididamente tomar las medidas necesarias hacia la consolidación y desarrollo del sector y hacia el otorgamiento de un voto de confianza para miles de creadores, científicos e investigadores, empresarios y emprendedores que trabajan en nuestro país y que con su talento relanzarán no solo al sector científico, sino que impactarán positivamente a la actividad económica nacional.
Hoy es un buen día, es su día, estimadas amigas y amigos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy es sin duda un buen día para México. Votemos a favor de esta reforma. Muchas gracias, es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora, por el Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez.
El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y legisladores, en Acción Nacional apoyamos y promovemos tanto la innovación científica como la tecnológica, en aras de la prosperidad de la nación.
La innovación científica y tecnológica depende de la participación conjunta y coordinada, tanto de las instituciones públicas como de las privadas y debe vincularse en el desarrollo nacional. La inversión en investigación y en la formación de investigadores debe ser una prioridad para el Estado mexicano.
El dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Ciencia y Tecnología abona a un marco jurídico que fomente y proteja la investigación de las nuevas tecnologías y estimula además la innovación con el sector productivo.
Entre otras bondades de este dictamen es que permitirá impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de nuestro país, al fomentar el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo.
Se elimina además el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros, en los siguientes rubros.
Conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, entre otras, por lo que se constituirá todo un sistema de innovación.
Asimismo, con esta reforma se podrá incluir a investigadores de las instituciones de educación, los centros públicos de la investigación y entes de la administración pública federal que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Actualmente como está redactado en el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, sólo se consideran a las universidades e instituciones de educación pública superior y los centros de investigación como aquellos entes públicos que pueden crear unidades de vinculación y transferencia del conocimiento, excluyendo a las demás entidades de la administración pública federal, lo que sin duda nos resta competitividad en materia de innovación tecnológica y científica en un entorno global más tendiente a la tecnología y el avance de descubrimientos científicos.
Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque estamos a favor de generar instrumentos legales de coordinación entre los entes públicos y privados para beneficio de México.
Votaremos a favor, porque en nuestra visión toda investigación debe ser ética y socialmente responsable en atender las ideas de las personas y es algo a lo que el Estado debe abonar y el gobierno promover, en aras de estimular la investigación científica en nuestro país y estar en posibilidades de ser mucho más competitivos. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Están presentes, en este recinto legislativo, ciudadanos del municipio de Nicolás Flores, del estado de Hidalgo, invitados por la señora diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Sean ustedes bienvenidos. Ahora tiene la palabra el diputado Bernardino Antelo Esper, del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.
El diputado Bernardino Antelo Esper: Con la venia de la Presidencia. Quiero mandar un saludo a todos los integrantes de la comunidad científica que hoy nos acompañan y que estoy seguro que tendrán un día muy interesante para festejar lo que, estoy seguro, hoy estaremos votando a favor.
Compañeras y compañeros legisladores, la soberanía y el bienestar de una nación se apoyan en la generación de nuevos conocimientos que sean útiles para la sociedad. En ese sentido, los incentivos a la innovación, tecnología representan el futuro para que las cosas sigan avanzando.
México se encuentra en un momento de enormes retos. Como legisladores tenemos el deber de proporcionar las herramientas necesarias para impulsar el despegue de la nación en materia de desarrollo económico. Una de las vías más eficientes para lograr este objetivo ese el desarrollo científico y tecnológico, así como la innovación que pueda surgir de ella.
El gobierno federal ha tomado con fuerza esta premisa y ha impulsado cambios en materia de ciencia, tecnología e innovación. Uno de ellos ha sido el aumento al presupuesto, que va encaminado a cumplir los objetivos planteados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es alcanzar el 1 por ciento de inversión en el sector.
Como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología reconozco y felicito al presidente de la República, al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y a mis compañeras y compañeros diputados por haber discutido y logrado un presupuesto mayor para este próximo ejercicio del 2016.
La comunidad científica tiene muchos pendientes que nos han solicitado atender en nuestra responsabilidad por crear las herramientas de política pública que nos permitan aprovechar las oportunidades que nos brinda el conocimiento. De tal manera que podamos abandonar la era de las décadas perdidas y transitar a una nueva etapa de recuperación con un gran futuro de esperanza.
Nuestro país está ubicado entre las principales economías del mundo, pero existen muy pocas empresas de base tecnológica, y este tipo de empresas son las que nos permitirán alcanzar ventajas competitivas que nos permitan poner a México en el plano internacional en ese sentido.
El dictamen que hoy nos ocupa busca propiciar la vinculación entre los académicos, la iniciativa privada, para así tener mayores oportunidades de empleo, capital y servicios para la sociedad mexicana.
Los investigadores deberán cumplir con las normas que dicte su institución, acordes a la legislación vigente, de manera que sea una relación transparente, óptima, beneficiosa tanto para la institución, los investigadores, las empresas y sobre todo para la sociedad.
Por lo anterior les comparto que el sentido de mi voto será positivo y los invito a que hagan lo propio y sean parte de este gran logro que hoy tendremos la oportunidad todos de presenciar. Muchas gracias y es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. También para hablar de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix.
La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo con gran beneplácito al grupo de maestros, investigadores científicos que hoy aquí, bienvenidos siempre al Congreso de la Unión.
La iniciativa que hoy tenemos por objeto precisar elementos a los que deberán sujetarse las instituciones y los servidores públicos que realicen actividades de investigación científica y tecnológica.
Se indica que las instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y otras entidades paraestatales de la administración pública federal, que de acuerdo con su instrumento de creación tengan por objeto predominante realizar dichas actividades, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos, innovaciones realizadas en los mismos, así como en su personal.
Promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones estratégicas, alianzas, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento; nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación en las que también procurará la incorporación de los desarrollos referidos que se realizan en dichas entidades e instituciones. Se promueve la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades.
Los órganos de gobierno o equivalente deberán aprobar los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores académicos y personal especializado, que los haya generado hasta un 70 por ciento de las regalías que se generen.
Esta iniciativa tiene el antecedente de mucho trabajo, de compañeros, de diputados y senadores que la impulsaron. Nuestro reconocimiento a todos ellos. Pero sobre todo, de los ciudadanos mexicanos que han dedicado su tiempo a la investigación, a la innovación, a la ciencia, pero sobre todo a motivar con su enseñanza a miles de jóvenes.
Con esta iniciativa, que se llevará a cabo la vinculación de la iniciativa privada y pública con la academia, nos dará elementos a las instituciones de educación superior para orientar también carreras pertinentes al desarrollo de las regiones económicas, creando mejores empleos mejor remunerados a miles de jóvenes que tienen la esperanza de que llevemos a cabo actos como este, que realmente les apoyará para enfrentar el presente y los retos del futuro, con mejor educación, con mayor innovación y calidad.
En nuestro Grupo Parlamentario del PRI aprobaremos e impulsaremos esta iniciativa y muchas más que, sabemos, son por el beneficio de nuestro país, de su desarrollo económico, educativo y por el bien de todos.
Felicito a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es un honor pertenecer a ella y nos sumaremos en lo personal a esta iniciativa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Partido Nueva Alianza.
El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz: Con el permiso de la Presidencia. Saludamos con mucho gusto a la comunidad científica, a la tecnológica y a la académica que se encuentran en ese recinto; de la misma manera a los directores de los diferentes planteles educativos de educación media y superior; al secretario de Investigación y Posgrado, y por supuesto al secretario general del Instituto Politécnico Nacional.
Para Nueva Alianza la ciencia, la tecnología y la innovación representan pilares fundamentales para el desarrollo del país. La investigación y la innovación tecnológica poseen un valor estratégico fundamental tanto económico como social para el desarrollo integral de cualquier país.
Conscientes de la importancia que el sector tiene para la nación, nuestro partido decidió formar parte activa de la formación de una política de Estado en materia de desarrollo científico y económico, mismo que redundaría en crecimiento económico.
El día de hoy nos encontramos ante ustedes con el motivo de la votación de un dictamen de elevada trascendencia e importancia. Resulta necesario fomentar la vinculación de los investigadores con el sector empresarial a fin de propiciar mayor inversión en la creación y transferencia de tecnología científica, lo que permitirá contar con más y mejores inventos. Se incrementarán las patentes, lo que redundará en una mayor competitividad y los investigadores podrán ser copartícipes de estos beneficios.
En México tenemos grandes mentes. No permitamos que estas mentes brillantes y sus ideales salgan de nuestro país por falta de incentivos necesarios, por falta de certeza jurídica, por falta de oportunidades para concretar todos sus anhelos en cuestiones de investigación y en todos sus proyectos. Evitemos, pues, la fuga de cerebros y hagámoslo brindándoles la oportunidad para desarrollarse, pero también regulando su actuar.
México necesita del compromiso y la participación de todos, por tanto reconozco la participación y el apoyo de todas las fuerzas políticas integradas en esta LXIII Legislatura. Confiamos en ustedes y les compartimos que por las razones antes expuestas nuestro voto será a favor del dictamen y por lo tanto a favor de México. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo general, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Isaura Ivonova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se le pregunta a la asamblea si hace falta algún diputado o diputada por votar. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 438 votos a favor y 0 en contra.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado en lo general y en lo particular por 438 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2o de la Ley General de Cultura Física y Deporte, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Deporte antes mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Gamboa Miner para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Pablo Gamboa Miner: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con honrosa representación de las diputadas y de los diputados que integran la Comisión de Deporte de esta legislatura acudo a esta máxima tribuna para fundamentar el dictamen que muestra nuestra preocupación para contribuir a promover una cultura de deporte con mayor apertura, inclusión y alcance.
Coincidimos plenamente en la importancia que conlleva la precisión de la letra de la ley, sobre todo lo que representa con mayor claridad para la comprensión de nuestras garantías constitucionales.
La reforma propuesta a la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte impulsa simultáneamente nuestro interés por promover el deporte y la activación física como mecanismo para resolver muchos de los problemas sociales y comunitarios de salud, así como inseguridad, delincuencia y violencia.
El deporte no puede ser visto solamente como deporte, es prevención del delito, es sacar a los jóvenes del ocio, es sacar a los jóvenes de la drogadicción, del alcoholismo, es por eso que la cultura de deporte que impulsamos en esta legislatura reconoce la contribución del deporte en el terreno de los valores y el desarrollo humanitario integral. Fomenta la participación y mejora uno la preparación para la participación.
El deporte desarrolla también la capacidad solidaria con los compañeros de equipo y el reconocimiento al esfuerzo del oponente. El deporte desde cualquiera de sus perspectivas estimula el desarrollo de las personas en el trabajo; en el trabajo del equipo; permite el desarrollo de las habilidades de estrategia, de dirección, de esfuerzo, lo que también aporta beneficios en los terrenos laborales.
Una cultura de deporte como la que nos proponemos impulsar considera los aspectos de salud, los aspectos educativos, considera el desarrollo de habilidades y también el desarrollo económico, el desarrollo social y demanda al desarrollo urbano la construcción, el equipamiento y sobre todo la rehabilitación de instalaciones de infraestructura deportiva.
Por ello es importante saber hacer equipo. Nuestro país lo demanda, es necesario que luchemos conjuntamente por un mejor México, por un México con mejores expectativas de seguridad, de justicia, de más altos niveles en nuestra calidad de vida y mayor número de oportunidades para aprovechar el gran potencial del que sentimos tanto orgullo, y alcanzar las mejores metas no sólo con respecto al resto del mundo, sino respecto de nosotros mismos.
Es tiempo de dejar al lado las diferencias, en el tema de deporte no hay colores, no hay formas; el tema que es cuando hay un objetivo, que es México, es tiempo de sumar y aportar desde el ámbito de responsabilidad de cada institución, del Congreso y de nuestro mayor esfuerzo para contribuir en el desarrollo del deporte, en el desarrollo de México.
Señoras y señores diputados, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que hoy nos ocupa, es una buena oportunidad para enfatizar nuestro compromiso con el deporte, que considera que toda población en el sentido humanista más profundo, por lo que es consciente con el espíritu de nuestra Carta Magna y no puede negar por ningún motivo el gran potencial del beneficio que hace el deporte en nuestras vidas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Para nuestra bancada resulta prioritario prevenir y sancionar cualquier acto discriminatorio que atente contra la dignidad de la persona. En este sentido, resulta de gran relevancia el fortalecimiento de nuestro marco jurídico para erradicar cualquier acto de discriminación que afecte el desarrollo integral del ser humano.
Resulta importante referir que en México existen 7 millones de indígenas y 450 mil afromexicanos, que por su raza o color de piel son discriminados.
Según la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, hoy sabemos que en México el 23.3 por ciento de nuestra población no estaría dispuesta a compartir casa con personas de otra raza y el 54.8 por ciento afirma que a la gente se le insulta por su color de piel.
Con la reforma a la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se garantiza de manera efectiva la no discriminación por origen étnico o preferencia sexual en los programas de desarrollo que se implementen en materia de cultura física y deporte, formando con ello la igualdad de oportunidades para el acceso a dichos programas, para lo cual se incluyen los términos origen étnico y preferencias sexuales, a fin de promover una cultura de respeto, de derecho a la igualdad y de denuncia contra prácticas discriminatorias.
La reforma resultaba necesaria, debido a que la ley es omisa al respecto y no garantiza de manera adecuada la igualdad de oportunidades por cuestiones y preferencia sexual, lo cual favorece la toma de criterios excluyentes y discriminatorios.
La presente reforma es una medida más de inclusión dentro de nuestro marco jurídico, para garantizar la protección de las personas ante cualquier situación que lastime su dignidad o implique su exclusión.
Al ser el deporte una actividad formativa, resultaba contradictorio que no se incluyeran dichos términos en nuestra ley en la materia. En este sentido, resulta prioritario erradicar la discriminación que sufren muchos de nuestros deportistas de alto rendimiento, que por su condición de indígenas o preferencia sexual padecen de actos discriminatorios, que se traducen en abusos y en un trato desigual e injustificado, que obstaculiza el desarrollo pleno de sus potencialidades físico-atléticas.
Las y los diputados federales de Encuentro Social, habremos de votar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pues tenemos claro que la práctica deportiva es un derecho que tenemos todos los seres humanos y el Estado debe, en todo momento, garantizar el ejercicio del mismo en beneficio del desarrollo pleno de la persona. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Se encuentra en este salón de plenos la presidenta del DIF, del municipio de Cuapulhuac, estado de México, así como los integrantes de esta dependencia, personas que han sido invitadas por la diputada federal Leydi Fabiola Leyva García. Sean ustedes bienvenidos. Ahora tiene la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, como grupo parlamentario Nueva Alianza se ha distinguido por sus acciones legislativas a favor de una sociedad incluyente y en contra de todo tipo de discriminación. La exclusión y la discriminación no solo atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, sino que también impiden el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.
Nuestro compromiso como representantes populares ha sido trabajar en la generación de mejores condiciones para la población menos favorecida de mexicanos que engrosan las estadísticas de la exclusión y la marginación social, pero que están fuera de las acciones gubernamentales para mejorar su condición de vida.
La discriminación sigue siendo uno de los principales obstáculos en el desarrollo del país. Nuestra determinación es acabar con esta situación que nos limita en la construcción de una nueva cultura de inclusión social. Respeto a diversidad y a la convivencia solidaria entre las diferencias.
El deporte constituye uno de los instrumentos que tenemos para estos propósitos, por lo que en su oportunidad aprobamos la iniciativa que dio origen a esta reforma y lamentamos que nuestra colegisladora haya hecho lo contrario. Respetamos sus argumentaciones pero no las compartimos. El deporte promueve la no violencia, la tolerancia y la paz.
No solo enseña valores como el trabajo de equipo y la justicia y la comunicación, sino también la interdependencia, la cooperación y el respeto entre ellos.
Es congruencia con sus propósitos, en la ley debemos fortalecer las condiciones que atentan contra dos de los más identificables fenómenos de discriminación, tanto por cuestiones étnicas como por las preferencias sexuales de las personas.
Compañeras y compañeros, durante esta Legislatura Nueva Alianza ha promovido que en nuestras leyes se garantice la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación, así lo seguiremos haciendo para la construcción de un México más justo y equitativo para todas y todos los mexicanos.
En consecuencia votaremos a favor de este presente dictamen, ratificando la convicción y el compromiso por una cultura de inclusión, de respeto y tolerancia en nuestros semejantes. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora también por cinco minutos tiene la palabra el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado Luis Ernesto Munguía González: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El acceso a la cultura física y el deporte forma parte integral del desarrollo de todo ser humano y como tal debe ser reconocido dentro del espectro de los derechos humanos fundamentales.
Como lo señala la Carta Internacional de Educación Física y Deporte de la Unesco en su artículo 1o., cito: Todo ser humano tiene derecho fundamental a acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo, como el de los demás aspectos de la vida social.
En tal sentido, el Estado mexicano debe de garantizar el acceso irrestricto de todo mexicano a la cultura física y el deporte sin ninguna clase de discriminación por motivos étnicos o de preferencias sexuales, como lo señala nuestra Carta Magna y los tratados internacionales signados por México.
Es por ello, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebramos la presente reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, pues establece por primera vez como un deber de la federación y de todos los estados de la República, la no discriminación por motivos étnicos o de preferencia sexual en el acceso al deporte, misma que desafortunadamente se ha presentado en el pasado.
Las minorías étnicas de nuestro país y la población con diferentes preferencias sexuales han padecido tradicionalmente la discriminación en el acceso a la protección y garantía de sus derechos por parte del Estado y por ello es de celebrarse que esta soberanía reivindique sus derechos y en tal sentido exhortamos a que se privilegie su acceso, pues lo que establece la misma Carta Internacional de la Unesco, los programas deportivos de los estados han de dar prioridad a las necesidades de los grupos desfavorecidos de la sociedad.
El Senado de la República desechó y nos devolvió a los diputados esta reforma, argumentando que en el texto actual de la ley se sobreentiende que el Estado debe de garantizar la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen sin distinción de origen étnico ni preferencias sexuales. Sin embargo los diputados ciudadanos consideramos que cuando se trata de garantizar la mayor protección de los derechos humanos no podemos obviar nada.
La no discriminación comienza por las políticas de reconocimiento, y en este sentido la presente reforma contribuye a reconocer que en nuestro país existe un rezago en materia de acceso a los programas de cultura física y deporte para ciertos grupos vulnerables.
Es por eso que debe de ser el primer paso para impulsar una política integral de reconocimiento y protección de la dignidad y los derechos de las y los mexicanos en el deporte con estricto apego a lo que señala la Constitución.
Esperamos que los distintos organismos para la promoción de la cultura física y el deporte tanto federales como estatales lleven a cabo programas de concientización y difusión sobre la no discriminación por motivos étnicos o de preferencia sexual.
Esperamos que la Colegisladora rectifique su postura en torno a esta reforma, e igualmente el Poder Legislativo en los estados emprendan las reformas necesarias para que las respectivas leyes locales en la materia sean reformadas en el mismo sentido.
El deporte es un motor de motivación, salud física y mental. Debe ser alcanzable para todas y todos sin distingos. La activación y la práctica deportiva es una excelente ruta para recobrar en la materia de la grandeza de nuestro México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Munguía. Tiene el uso de la tribuna el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena., hasta por cinco minutos.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Buena tarde, diputadas, diputados. Para Morena la inclusión y la diversidad son valores fundamentales, expresados tanto en nuestros documentos básicos como en nuestro proyecto de nación. Por ello celebramos el sentido positivo de este dictamen trabajado y aprobado por los miembros de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, mismo que garantizará la no discriminación de la persona por origen étnico o preferencias sexuales.
Como bien lo sabemos hoy en día persisten diversas formas sistemáticas y violentas de exclusión a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, ya sea por su condición socioeconómica, origen étnico o preferencia sexual. Estas lamentables situaciones se reproducen en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. La cultura física y el deporte no son la excepción.
Más allá de las profundas diferencias ideológicas y de partido que tengamos, debemos trabajar como representantes del pueblo, reconociendo y sobre todo garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos, y en este caso, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, evitando así todo tipo de discriminaciones.
Abrazamos el contenido del dictamen. No obstante aún queda mucho trabajo por hacer en este par de asuntos que hoy se concatenan y nos convocan. Debemos de ser conscientes de la realidad que existe en las comunidades indígenas y de las precarias condiciones de vida y por tanto del deterioro absoluto de las instalaciones deportivas, en dado caso de que existan.
Esto como un resultado de la exclusión que han vivido estas comunidades por su condición de pueblos originarios. En este mismo sentido podemos observar la constante discriminación hacia los miembros de la comunidad lésbico gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, de los espacios públicos, donde el deporte no queda exento. Hagamos un esfuerzo para implementar campañas de sensibilización y conciencia de respeto absoluto y de integración de estas comunidades que forman ate de nuestra sociedad.
Esta reforma tiene como objetivo reforzar lo que establece el último párrafo del artículo 4o., de nuestra gran Carta Magna que a la letra dice: “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.
Hacemos un llamado para que sigamos trabajando por las mayorías de este país fomentando el deporte y la cultura física como el complemento ideal para generar bienestar en el país, evitando que todos nuestros jóvenes, independientemente de su origen étnico y preferencias sexuales, se vuelvan un grupo vulnerable al contexto de violencia, inseguridad y puedan desenvolverse en un ámbito sano que les permita acceder a oportunidades de desarrollo intelectual y multiplicar la capacidad corporal, emocional y creativa. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora también tiene la palabra para hablar sobre la Ley General de Cultura Física y Deporte el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, “el objetivo final de la educación es desarrollar la disposición a reconocer y respetar las semejanza esencial de los humanos más allá de nuestras diferencias de sexos, étnicas o determinaciones naturales”. Fernando Savater.
La palabra étnico se refiere a un grupo de personas que pertenece a una misma etnia, a su vez, etnia significa nación o pueblo. Por lo tanto, se pretende considerar el grupo étnico como la agrupación de individuos que comparten las mismas costumbres, tradiciones, cultura, música, alimentación e idioma; es decir, poseen semejantes características lingüísticas o culturales por el hecho de pertenecer al mismo territorio o espacio geográfico.
Por otro lado, cuando hablamos de preferencia sexual nos referimos a un patrón de atracción a personas definidas por su sexo, es decir, una elección voluntaria dada por la identidad de género y la identidad sexual.
Los dos conceptos anteriores tienen en común que, en su definición, se incluye el sentido de identidad, entendido como el conjunto de rasgos que distinguen a una persona de otra.
Otra característica que tienen en común dichos preceptos, es la capacidad de distinción que hace que una cosa se diferencie de otra por medio de alguna particularidad. Hago hincapié en lo anterior, con la finalidad de esclarecer nuestra postura respecto de presente dictamen sometido a discusión por parte de la Comisión del Deporte.
Consideramos de la más alta relevancia incluir en la redacción del artículo 2o de la Ley General de Cultura Física y Deporte la terminología origen étnico y preferencia sexual. Esta modificación a la norma genera una mayor precisión respecto a dichos conceptos, además deja de ser limitativa como lo es en su redacción actual.
Nosotros, como legisladores, tenemos la responsabilidad en todo momento de crear, reformar y derogar leyes. Una de nuestras principales funciones es clarificar los arcos normativos a fin de generar certeza jurídica entre la ciudadanía.
En este sentido, y como lo establece el documento propuesto ante esta soberanía, la intención final es garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte sin importar su origen étnico o preferencia sexual. Y derivado de estos razonamientos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Olga Catalán Padilla, del PRD.
La diputada Olga Catalán Padilla: Compañeras diputadas y compañeros diputados, es objeto del presente dictamen que los derechos humanos se encuentren claramente establecidos en todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que componen el sistema normativo mexicano, puesto que en el párrafo quinto del artículo 1o. de nuestra Carta Magna se encuentra la base de todas las obligaciones, planes, programas, políticas públicas y acciones que debe implementar el Poder Ejecutivo.
También se insertan los criterios reguladores de la actuación del Poder Judicial, y mediante sus fundamentos establecen las directrices a seguir para la expedición de leyes que emite este Poder Legislativo.
Tal y como lo expone el dictamen de la Comisión de Deporte que nos ocupa esto es congruencia a lo establecido en nuestra Carta Magna y en los acuerdos internacionales de los que México es parte.
En este marco México se ha comprometido a tomar medidas para realizar el propósito de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, considerando además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma sin distinción alguna, y además considerando que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la misma.
Además uno de los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la medición del desarrollo humano por país, se basa en el acceso de las personas a una vida larga y saludable, y que este concepto no se refiere únicamente al derecho de las personas a disfrutar de los derechos elementales como lo son la salud y la educación, sino también al libre acceso a actividades que enaltezcan su espíritu, al tiempo que desarrollan sus capacidades físicas e intelectuales.
Es por ello que las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, de esta LXIII Legislatura, consideramos pertinente confirmar el sentido positivo de este dictamen enviado a la Cámara revisora, en lo que respecta a la fracción XI del artículo 2o de la Ley de Cultura Física y Deporte, toda vez que se considera que en materia de derechos humanos la ley secundaria debe estar acorde a lo que mandata nuestra Ley Fundamental.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2o de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de incluir los conceptos de origen étnico y preferencias sexuales. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora por el Partido Acción Nacional tiene la palabra la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval.
La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen representa un avance en el incentivo, apoyo, protección y fomento de los aspectos relacionados al correcto desarrollo del derecho de la cultura física y la práctica del deporte, para hacerlo acorde a la normativa que existe en materia de discriminación.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición a toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o de salud, la religión, las preferencias sexuales y el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por otra parte, los artículos 3o. y 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece la obligación para que cada una de las autoridades y de los órganos públicos federales adopten las medidas que estén a su alcance para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos, libertades e igualdad real de oportunidades consagrados en nuestra Constitución, así como las leyes y tratados internacionales de los que México forma parte.
La nueva Ley General de Cultura Física y Deporte es el principal instrumento con el que cuenta el Estado mexicano para garantizar a toda persona el derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, este ordenamiento no se encuentra alineado con lo establecido en el artículo 1o. constitucional, por lo que carece de un enfoque pleno de igualdad y se encuentra rezagada como instrumento jurídico para la protección y garantía máxima de los derechos humanos.
Es por ello que el presente dictamen que contiene la propuesta de decreto que reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley en comento, que hoy ocupa la discusión del pleno de esta Cámara de Diputados, propone garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas del desarrollo en materia de la cultura física y deporte, sin distinción a causa de origen étnico y las preferencias sexuales, además del género, edad, discapacidad, condición social, religión o estado civil, y permitirá a la legislación estar en concordancia con lo que establece el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la no discriminación.
Es por ello que los diputados de Acción Nacional consideramos que resulta pertinente que esta Cámara de origen confirme el sentido positivo de su primer dictamen, y en oposición al dictamen emitido por la Cámara revisora para sus efectos constitucionales.
Deseamos ratificar nuestro compromiso con toda aquella causa que constituya avanzar un peldaño para garantizar que toda persona goce del respeto de sus derechos humanos, su dignidad y sus derechos constitucionales. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra, por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez.
La diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, mucho agradezco la oportunidad de poder estar aquí y hablar a favor del presente dictamen en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
El presente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se suma a la pretensión de las diputadas y los diputados de esta LXIII Legislatura, que tiene para impulsar una cultura al deporte incluyente y abierto. Una cultura del deporte que sea capaz de contrarrestar mucho de los efectos negativos que amenazan principalmente los jóvenes, adolescentes y niños.
En diversos foros hemos advertido, con profundo interés, la importancia que conlleva a la promoción del deporte y el fomento de las actividades físicas en todos los grupos sociales, relevancia que tiene que ver con la salud, porque una muy buena cantidad de enfermedades pueden prevenirse y otras tantas resolverse mediante la promoción de una cultura del deporte en nuestra ciudadanía.
El presente dictamen es complementario a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de junio de 2011, que señala que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
El dictamen tiene por objeto establecer, que será finalidad de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como la federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implemente, agregando que no habrá distinción ni por origen étnico ni por preferencias sexuales.
Asimismo, determina que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
El interés de promover la consolidación de una cultura del deporte transversal para nuestras instituciones es porque además de la salud y la educación, en donde desde luego se tiene un impacto muy trascendente, el deporte proporciona beneficios para los temas de prevención de conducta de riesgo que tiene qué ver con la violencia, con las adicciones, con la delincuencia y con la apatía para superar los retos y desafíos que la sociedad actual impone en todos los ámbitos.
Estamos convencidos de la importante y necesaria contribución al deporte para desarrollar actividades no solo de dirección y liderazgo respecto a las reglas e instituciones, sino la aportación en el sentido de la solidaridad, la igualdad, el apoyo, el compañerismo, el trabajo en equipo y en otros muchos aspectos el desarrollo humano integral que nuestra sociedad demanda en la construcción de un México de mayor justicia, solidaridad y paz.
Lo anterior en concordancia a las políticas públicas que en materia deportiva impulsa nuestro presidente de la República para que en México más personas practiquen algún deporte sin distinción alguna, en donde nuestros deportistas cada vez tengan más éxito en competencias internacionales.
Diputadas y diputados, por lo anteriormente expuesto y convencida de que éste es un dictamen noble, humano, pero sobre todo garantiza la inclusión y la igualdad en los programas deportivos a todos los individuos sin ninguna distinción es que le agradezco de antemano su apoyo para que sea aprobado en sus términos. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: De conformidad al artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES. La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México. El diputado José Santiago López del PRD. La diputada Montserrat Arcos Velázquez del PRI. La diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza. Y el diputado Benjamín Medrano Quezada del PRI. Tiene la palabra, por tres minutos para hablar en contra, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Buenas tardes, diputada presidenta; Mesa Directiva y compañeros legisladores. La promoción y respeto de la alta dignidad del ser humano por el simple hecho de serlo desde la concepción hasta la muerte natural es una condición sine qua non en todo orden social y especialmente de la nueva forma de hacer política que propugnamos.
Vale la pena enfatizar en lo anterior el término de Nueva forma de hacer política, pues pareciera que políticos y partidos que anteriormente recordaban ese mismo principio de respeto a la dignidad de todo ser humano, ahora han abanderado colores de lenguajes ideológicos contrarios a su plataforma y a sus principios.
Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, esta propuesta puede resultar tremendamente discriminatoria, en un afán de supuesta inclusión y cumplimiento de compromisos del Estado mexicano, precisamente se lograría lo contrario, discrimina e incumplir lo que a la literalidad mandatan dichos tratados.
Todos los tratados internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por México, contemplan entre sus primeros capítulos el derecho a no ser discriminado. Podríamos citar cualquier tratado y leerlos todos y no encontraríamos el término preferencia sexual en ni uno solo de ellos.
Permítanme ser todavía más clara, la no discriminación por preferencia sexual no existe en el derecho internacional y por tanto en compromiso alguno para el Estado mexicano, quien diga lo contrario estaría usufructuando la confianza que en él depositaron los mexicanos esperando no ser engañados ni tratados como ignorantes.
Prueba de lo anterior, es que el término ha sido rechazado ya en más de tres ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por un simple y sencillo argumento: no están claros ni definidos los alcances jurídicos y relacionales de dicho término. Pues de significar una simple exclusión en el trato, ya estaría incluido en los términos fijados por los tratados arriba citados y por tanto sería ocioso o más bien sospechoso su inclusión. No lo digo yo, no lo dice un grupo parlamentario, lo dice la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por tanto cuando la comisión dictaminadora de esta iniciativa manifiesta en su dictamen que es menester dar cumplimiento a las diversas obligaciones que en la materia nuestro país ha contraído e virtud de los diversos instrumentos internacionales que tienen como finalidad la incorporación de un esquema de derechos más amplio y eficaz en la protección de los mismos, está argumentando que debemos dar el visto bueno a estos términos a la Ley General de Cultura Física y Deporte porque estamos obligados por compromisos que en realidad no existen.
Sobre lo anterior es curioso que incluso semántica y sintácticamente al calificar un sustantivo lo estamos delimitando, no lo ampliamos. Eso lo aprendimos todos desde la preparatoria en la clase de lógica. Por tanto, al agregar el adjetivo sexual al término preferencias, no está el proponente ni la comisión dictaminadora incorporando un esquema de derechos humanos más amplio, sino uno menos extensivo que deja fuera de la no discriminación por preferencia a todas las demás preferencias que no sean sexuales, o sea el 99 por ciento de las preferencias.
Tenía total razón el dictamen de la Cámara revisora al mencionar que no era necesario incluir esa palabra. En aras de ideologías estamos sacrificando la inclusión y comprometemos los derechos de nuestros deportistas.
Por lo anterior manifiesto mi posición en contra de ese dictamen, instando con preocupación a todos los aquí presentes a que consideren lo que es evidente. Delimitar la inclusión social y las preferencias solo a la cuestión de las preferencias sexuales, es quitarles derechos a nuestros deportistas mexicanos tan merecedores de nuestro apoyo.
Votar a favor de este dictamen es restar derechos, y restar derechos es todo lo contrario al principio de progresividad. Rechazar el dictamen es dejar los derechos sin exclusión, sin discriminación a todas y a todos sin distinción de cuestiones sociales, sin preferencias de ningún tipo. ¿No es esto lo que queremos? ¿No es precisamente lo que de forma equivocada busca el proponente en esta iniciativa?
Termino aludiendo a una acertada frase de José Martí. Tenemos que ser muy cuidadosos. Preferencias sexuales excluye a otras preferencias. Preferencias religiosas, preferencias políticas, cualquier otra. ¿Qué pasaría si quien está enseñando al deportista no concuerda con su partido político y lo protege un articulado que podría incluir cualquier tipo de preferencia?
José Martí lo dijo. El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exactamente en la frase. Tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea.
Celebro las grandes ideas de inclusión y desarrollo del deporte, contenidas en esta iniciativa, pero apelo a todos ustedes: no sepultemos las buenas ideas con un mal lenguaje. Por eso propongo que finalmente al dictamen, el dictamen se quede de la siguiente manera.
Artículo único, en la fracción XI: “Garantizar a todas las personas, sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo...
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Finalice su intervención, por favor, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: ...que en materia de cultura física y deporte se implementen”. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista.
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el deporte es un instrumento de desarrollo social vinculado en forma inmediata al bienestar y la salud de la población, así como también a la socialización de valores como la autosuperación, la lealtad en la competencia, el reconocimiento del mérito, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la lucha en contra de la discriminación.
El deporte es también una oportunidad para canalizar el esfuerzo humano hacia fines sociales útiles, y su promoción contribuye en la lucha contra flagelos como las adicciones y la violencia, abriendo los espacios necesarios para que los jóvenes desarrollen de manera integral tanto sus potencialidades físicas como mentales.
En virtud de lo anterior, el fomento y la promoción del deporte se han constituido como finalidades del Estado.
La postura del Verde Ecologista de México en torno a este dictamen es a favor, pues consideramos que la redacción de las leyes mexicanas en todo momento deben de ser clara y precisa con la finalidad de evitar vacíos jurídicos susceptibles de ser suplantados con interpretaciones erróneas.
Ahora más que nunca, dadas las circunstancias sociales que atraviesa nuestro país, el espíritu del legislador plasmado en la normatividad mexicana debe de ser carácter incluyente y transversal.
Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de velar porque las leyes cobijen a todas las minorías y grupos vulnerables, esto con la finalidad de otorgarle certeza jurídica a la legislación mexicana.
Además, mediante leyes de carácter incluyente, se logra garantizar a todos los pobladores el ejercicio pleno de sus derechos. Este tipo de enfoque en la creación y modificación de leyes, es el que sienta las bases para una sociedad igualitaria, donde se reconoce, respeta a todos por igual.
Estamos de acuerdo con el sentido del dictamen ya que éste tiene la finalidad de garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte implementados por el Estado. Respaldamos y reconocemos los trabajos y la labor de la Comisión de Deporte.
Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vota a favor el presente dictamen que somete a discusión la Comisión de Deporte de esta honorable asamblea. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora también, por tres minutos, tiene la palabra el diputado José Santiago López, del PRD.
El diputado José Santiago López: Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el deporte es una práctica cuyos beneficios son variados, pero muy positivos, genera desarrollo físico, mental y social de las personas; preserva y mejora la salud; complementa la educación y la productividad laboral, y favorece a la integración de la sociedad ya que inhibe la delincuencia y la violencia. Se trata en suma de un valioso instrumento para el bienestar social.
Por eso, el dictamen que hoy estamos discutiendo es muy importante, incorporar en el texto normativo de la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la obligación a garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte que se implementen, sin importar su origen étnico u orientación sexual, se incide en una obligación constitucional del derecho humano a la no discriminación.
Por eso invito a todos los legisladores, sin importar el color partidista o si la política, a que voten a favor de este dictamen, ya que es un avance para que la sociedad mexicana tenga mayor garantía de acceso a la cultura física y al deporte.
Por todo, a fin de volver a darle al deporte la relevancia que merece, ya que es un elemento virtuoso para la sociedad y para el disfrute pleno de los derechos y las libertades. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora por el Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Montserrat Arcos Velázquez.
La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez: Con el permiso de la Presidencia, los pueblos indígenas son reconocidos cultural, social y constitucionalmente, su acertada participación en el deporte ha contribuido a diversos triunfos, como ejemplo los logros que han tenido los niños triquis en el basquetbol recientemente, sin embargo la discriminación que sufren es un fenómeno que se ha presentado históricamente.
Dentro del mundo deportivo hay grupos que son víctimas de discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, el estado de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil, y otras diferencias pueden ser motivo de exclusión o restricción de derechos.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a sufrir de violencia, incluso en casos extremos a perder la vida.
La presente iniciativa tiene por objeto establecer que será finalidad de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de cultura física y deporte, garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, agregando que no habrá distinción ni por origen étnico ni por orientación sexual.
La igualdad de oportunidades que en materia de cultura física y deporte se implementen es de suma importancia, ya que resulta omisa en su contenido al no garantizar a las personas la igualdad de oportunidades, configurándose con ello un criterio excluyente para las personas que integran alguno de los grupos considerados como los más discriminados en nuestro país.
La promoción de la cultura del respeto del derecho a la igualdad debe de ser apoyada no sólo desde los órganos públicos, sino también por las instituciones incluidas dentro de la sociedad. Durante generaciones no sólo los pueblos indígenas han tenido que padecer pobreza, abusos y un trato desigual y en muchos casos injustificado sino también aquellas y aquellos mexicanos que han visto obstaculizada la posibilidad de satisfacer sus proyectos legítimos de vida en igualdad de condiciones.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI tenemos como principio fundamental legislar para que nuestras leyes garanticen la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación. En congruencia con este principio votaremos a favor del presente dictamen porque queremos un México próspero, que reduzca la brecha de desigualdad social, en donde las diferencias económicas, sociales, culturales, étnicas, físicas, de género o de cualquier tipo no sean impedimento para ejercer derechos o acceder a las oportunidades que legítimamente todas y todos los mexicanos nos merecemos. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. También para hablar sobre la Ley General de Cultura Física y Deporte, tiene la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Partido Nueva Alianza.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza los derechos humanos son un pilar fundamental en un Estado democrático, su protección y aplicación deben de ser una prioridad del gobierno en cualquiera de sus esferas.
Estamos a favor del dictamen, porque en un país con altos niveles de discriminación es necesario que las normas contengan de manera clara los preceptos que inhiban cualquier intento de conculcar derechos a las y los mexicanos, más aun si se trata de grupos vulnerables.
En el caso que nos ocupa, el dictamen que presenta la Comisión del Deporte cumple a cabalidad con los principios políticos que enarbolamos en Nueva Alianza, principios fundamentales que sirven para garantizar los derechos humanos y protegen la dignidad de las personas.
Nos pronunciamos a favor de la reforma a la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para garantizar a todas las personas, sin discriminación, sin distinción de origen étnico o de preferencias sexual, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.
Esto permitirá un desarrollo integral y que todos los mexicanos, sin importar nada más que su voluntad para realizar una actividad deportiva, tengan posibilidades de acceder a actividades de esparcimiento y de alto rendimiento.
Hoy la igualdad no debe ser un referente étnico, esto debe reflejarse en todas las acciones y programas que impulsa el gobierno. Solo de esa forma podremos garantizar una verdadera inclusión que conlleve al fortalecimiento de la cohesión necesaria.
El deporte y la cultura física son los medios idóneos para lograr un mejor nivel de vida, una vida saludable, que prevenga enfermedades crónico-degenerativas, que prevenga actividades delictivas. Es decir, todos sabemos la importancia del deporte en nuestra vida cotidiana. Por ello Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora, por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos, tiene la palabra el diputado Benjamín Medrano Quezada.
El diputado Benjamín Medrano Quezada: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas, diputados, compañeras y compañeros todos, hoy hemos visto con beneplácito cómo muchos de los grupos parlamentarios que integramos esta Cámara han decidido, igual que el PRI, dar en favor de este dictamen su voto. Seguramente lo expresarán en un momento.
Yo quiero felicitar al señor diputado Pablo Gamboa y a todos los integrantes de los grupos parlamentarios que integran esta Comisión del Deporte, porque hablamos del derecho que tienen muchas de las gentes que estaban siendo discriminadas.
Creo que lo más importante de este dictamen que hoy vamos a votar, será no solamente es un buen dictamen, sino el propósito fiel que tiene de erradicar en este país cualquier situación de discriminación. Eso es lo más importante de este dictamen.
Este dictamen que hace años, como ley, tenía como propósito generar un beneficio a los deportistas de este país, pero que lamentablemente segregaba a ciertos grupos y a ciertas personas de sus beneficios.
Hoy quiero decirles, sin embargo y a pesar de estar de acuerdo con este dictamen, que quiero precisar que en su oportunidad habré de presentar una senda iniciativa para precisar los conceptos de preferencia sexual y orientación sexual, que no es lo mismo. Decirles, amigas y amigos diputados, que desde este Congreso, el Grupo Parlamentario del PRI y su servidor habrá de hacer a esta iniciativa.
Quiero que al momento de que se vote nos ayuden, con la conciencia plena que hay más beneficios que perjuicios. Que hoy estamos siendo integrados a esta sociedad y a estas leyes todas las personas, pero más aún, los que con su esfuerzo físico, los que su diario devenir, con los que todos los días dedican a su cuerpo, a su alma el sacrificio de estar conscientes y sanos.
Que esto llegue también al Congreso, que también seamos partícipes los diputados y que ojalá que muchos de nosotros hagamos ejercicio. Muchas gracias por su atención y muy amables.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra, también por tres minutos, el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena. Nos comenta que declina a su intervención. Por lo tanto, está agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Diputada Lizárraga, ¿su voto?
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Abstención.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna otra diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 409 votos en pro, 6 en contra y 6 abstenciones.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado en lo general y en lo particular por 409 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez (15:52 horas): Cumplido el plazo que dispone el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con las facultades que otorga a esta Presidencia el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2015 a las 11 horas, el sistema estará abierto a partir de las 9:30 horas. Se cierra la sesión.
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