Comunicaciones
De la Segob, contestaciones a puntos de acuerdo e informe; de la Conagua, con informe
Dictamen a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
María Elena Orantes López, PMC
Vidal Llerenas Morales, Morena
Candelario Pérez Alvarado, PRD
César Augusto Rendón García, PAN
Propuesta de adición del séptimo transitorio, con votación nominal
Iniciativas
María Gloria Hernández Madrid, PRI
Javier Octavio Herrera Borunda, PVEM
Francisco Javier Pinto Torres, PNA
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:38horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al cuarto bimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Comisión Nacional del Agua con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, sobre los recursos asignados a diversos municipios prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos (Prodder).
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agua Potable y Saneamiento para su conocimiento.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Tiene, en consecuencia, la palabra, por cinco minutos, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Con su venia, señor presidente.
Diputadas y diputados, el pasado 8 de septiembre de 2015 el Ejecutivo federal envió a esta soberanía el paquete económico para el Ejercicio Fiscal del año 2016. Siendo la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos con las propuestas que lo conforman.
El 7 de octubre del 2015 se instaló formalmente la Comisión de Hacienda y Crédito Público que funcionará durante esta LXIII Legislatura y la cual me honro en presidir.
Desde ese día las diputadas y diputados que la integramos iniciamos los trabajos legislativos en base a nuestras atribuciones constitucionales y legales.
El pasado 13 de octubre la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó su primer dictamen para que esta Legislatura, de esa Legislatura correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y que será el primer dictamen que el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados considerará y votara en la Legislatura.
Quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto es resultado del análisis responsable y de la discusión abierta que dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público expresaron todos los grupos parlamentarios representados al interior de la misma, en un ambiente de total apertura y plural debate.
Es así, que los diputados que integramos esta comisión legislativa, nos reunimos el pasado 12 de octubre con representantes del sector privado, académico y social, con el fin de intercambiar opiniones respecto de las propuestas contenidas en la iniciativa a efecto de que los diputados contáramos con mayores elementos que nos permitieran analizar y valorar el contenido del paquete económico para 2016, en particular sobre este proyecto de decreto que sometemos a su consideración.
Asimismo, dentro de los trabajos del presente dictamen se tomaron en consideración los argumentos contenidos en las diferentes iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la materia, así como las propuestas de modificación presentada por los legisladores al momento de la integración de este proyecto de decreto.
El dictamen que está a su consideración plantea diversas modificaciones:
En primer lugar quisiera mencionar la modificación al artículo 5o. de la Ley Federal de Derechos, en el que se considera a cualquier organismo del gobierno federal que preste servicios públicos, con la finalidad de que estén en posibilidad de cobrar derechos por la prestación de dichos servicios, tales como la expedición de copia certificadas, reposición de constancias y compulsa de documentos, entre otros, sin que se encuentre limitado a las secretarías de Estado y Procuraduría General de la República, teniendo la posibilidad de cobrar una contraprestación por la prestación de sus servicios.
En materia de servicios migratorios, se reforma el párrafo primero del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, a fin de contemplar cada una de las etapas para la realización del trámite de expedición de documento migratorio que acredite la condición de estancia correspondiente.
Lo anterior, en virtud de que la prestación del servicio no solo se genera en el momento de entregar el documento migratorio sino desde que se realiza la solicitud del mismo, de ahí que debe contemplarse como supuesto para el pago de derechos desde la recepción de la solicitud, estudio y, en su caso, la emisión del documento migratorio.
Sobre el mismo tema, la propuesta del diputado Ricardo García Portillo, del Grupo Parlamentario del PRI, la comisión estuvo de acuerdo en aprobar un ajuste del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas pasando de 331 a 390 pesos, a fin de que corresponda con el costo de los servicios migratorios, y por el otro, que los turistas reciban servicios adecuados y modernos al momento de ingresar al país por lo cual a su vez se lograría atraer más flujo turístico a México.
Se incluye la figura de la reposición del documento que acredite la condición de estancia de residente temporal cuando el extranjero acredite ser ministro de culto o pertenecer a una asociación religiosa. Se considera viable toda vez que son aplicables los mismos requisitos y normatividad para el documento migratorio que acredite la condición de estancia de residente temporal entre los que se encuentre la figura de reposición.
Se exenta el pago del derecho por la autorización para realizar actividades remuneradas al residente temporal y al residente temporal estudiante cuando sean autorizados al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o convenios de cooperación internacional en consideración a aspectos de reciprocidad internacional.
Por otra parte, se adecúan los conceptos de cobro de los pasaportes oficiales eliminando las vigencias de uno y dos años, así como un refrendo para homologarlo a un solo concepto con un único cobro de 426 pesos.
En otro orden de ideas y en congruencia con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, se establece la exención del pago de derechos por servicios consulares por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Estoy por concluir, presidente. Respecto a la incorporación del cobro de derechos con cuota fija por la prestación de servicios en materia financiera tales como la autorización para que la Sofome se considere cono entidad regulada, se establece una cuota fija a fin de que se refleje el costo real que tiene la ejecución de un servicio. Dichas adecuaciones son acordes con las reformas en materia financiera publicadas por el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014.
Respecto al tema de energía se incorpora el cobro por la prestación de servicios consistentes en la expedición de los títulos de permiso que la Secretaría de Energía otorga para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural.
Por otra parte y con motivo de la reforma en materia de telecomunicaciones, se incluyen los derechos por los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como consecuencia de las reformas estructurales en materia de competencia económica, se establecen los derechos por las contraprestaciones del servicio que otorga la Comisión Federal de Competencia Económica.
Asimismo para el 2016 respecto al tema de espectros radioeléctricos se propone un régimen fiscal en materia de derechos por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de éstos con la finalidad de ampliarlo a la tecnología disponible y que su proceso licitativo sea competitivo, transparente y con plena rendición de cuentas.
Respecto de la extensión del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, a las personas físicas o morales del sector social y privado que usen y aprovechen las playas, las zonas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas para labores de investigación científica y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se otorga un apoyo a las actividades de investigación científica.
Por otra parte con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, relativas a la conservación de los recursos naturales y valores culturales, así como para impulsar la conservación y rescate de monumentos de valor universal, se hace extensivo el cobro de una cuota especial para acceder en horario distinto al normal de operación a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación.
En materia hídrica, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso ante el pleno de la Comisión de Hacienda adecuar el término de entidad u organismo en el artículo 231-A, a lo que quienes integramos este órgano legislativo dimos nuestro voto aprobatorio, ya que el nuevo término comprende toda una gama de contribuyentes beneficiarios de los programas a los que se aplican los destinos específicos en materia de agua, sean comisiones estatales de agua, ayuntamientos y organismos operadores, independientemente de su razón social, de carácter público o privado.
Asimismo en el proyecto que se somete a consideración de la asamblea, se precisó que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de trasvase de aguas nacionales se destinarán a la Conagua para la realización de programas que contemplen acciones de restauración, rescate, preservación de acuíferos y cuencas de las zonas o regiones florexportadoras, al ser la que puede ser afectada por el trasvase de aguas nacionales.
Con esta modificación se diferencia el ingreso por concepto de aprovechamiento de aguas nacionales asignadas para otorgar el servicio público de suministro de agua del ingreso del derecho por concepto de trasvase de las aguas nacionales, tal y como ocurre en la estructura de la Ley Federal de Derechos que distingue a ambos concretos.
Finalmente y sobre el mismo tema, se emitió necesario ampliar de tres a cuatro años el plazo de acreditamiento de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales para que sea hasta el quinto año cuando se pague el 100 por ciento del referido derecho, a fin de otorgar un año más al sector industrial para efectuar los ajustes necesarios en sus procesos productivos y permitiéndole con ello abatir sus consumos de agua. Esta medida fue propuesta como una reserva por el diputado Miguel Ángel González Salum, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, por lo que los contribuyentes no tendrán que cubrir incremento alguno.
Honorable asamblea, derivado de lo expuesto y reiterando que el proyecto que se somete a su consideración es el resultado de análisis serio, plural y profundo por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito solicitar a ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. Muchas gracias.
También aprovecho para entregar al presidente de la Mesa Directiva un ajuste de redacción por parte de las consideraciones del dictamen acordado por la comisión en relación con la reserva del Grupo Parlamentario del PRD, que no modifica el sentido de lo aprobado por la misma. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cruz. Damos por recibidas las observaciones a las consideraciones del dictamen presentadas por las diputada, mismas que serán integradas en el dictamen a discusión.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Claudia Anaya, por favor.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente, disculpe la interrupción. La gente de asistencia parlamentaria ha decidido que necesito tutor para tomar lista, y cada vez que llego a sesión tengo que andarlos buscando para que me hagan el favor de venir a tomarme asistencia. Entonces esto es reiterado cada sesión; buscándolos ahorita llevo más de 10 minutos. En este momento acaban de venir a tomarme lista.
Le quiero pedir que me dé autorización –porque me piden que lo haga de esta manera– de que sea independiente mi forma de tomar la lista y que yo pueda tener la clave de mi curul. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se atenderá, diputada Anaya su petición, su exigencia, para que en lo sucesivo no se presenten ese tipo de situaciones.
Se informa a la asamblea que ha dado inicio el plazo para la entrega de propuestas de modificación relativas al dictamen a discusión, lo que coloquialmente conocemos como reservas en lo particular al dictamen. Está a discusión en lo general, el dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios distintas compañeras y compañeros legisladores diputados.
Y, en consecuencia, tiene la palabra para fijar su posición a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la diputada Melissa Torres Sandoval, hasta por cinco minutos.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por mi conducto, viene a refrendar su postura política de origen, nos reconocemos liberales en asuntos económicos y sociales en temas de igualdad de clase.
En consecuencia, nos parece que el contenido y la forma del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos para 2016 si bien es necesariamente perfectible tiene el mérito de existir y de representar un altísimo nivel de consenso, si tomamos en cuenta que nuestro encargo como representantes populares no llega a los dos meses de ejercicio y que la integración de las comisiones apenas libra el mes.
En este brevísimo tiempo la vocación de Encuentro Social por transformar la cultura política de nuestro país encontró un extraordinario cause al escuchar tanto las voces de los altos funcionarios de Hacienda como de representantes del sector privado, académico y social, a fin de contar con los mayores y mejores elementos de sana crítica y análisis sereno a lo propuesto por el Ejecutivo federal.
Incluso se tomó en cuenta, e integró a la discusión, una iniciativa de la compañera diputada Arroyo Bello en torno a la figura del testamento, lo que confirma la riqueza y la diversidad de criterios y contenidos que se fusionaron en un producto legislativo que ahora se encuentra a consideración del pleno.
El principio fundacional de la promoción de un nuevo pacto social transversal al ser y quehacer de Encuentro Social concuerda perfectamente con lo que en el dictamen se contempla a la luz de la nueva realidad constitucional, legal e institucional de la reformas estructurales que a la pasada legislatura le tocó plasmar, así la incorporación de derechos por permisos para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, la reconfiguración de los cobros por servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, introduciendo nuevos trámites sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, o el cobro por los nuevos servicios con motivo del nuevo esquema legal que regula a las agrupaciones financieras por cuanto a su constitución, funcionamiento y operación.
Como ejemplo tangible del nuevo pacto social en ciernes y de la nueva realidad en que vivimos constituye el el hecho que el dictamen que hoy nos ocupa contempla la reducción en el costo del trámite de la licencia federal de conductor, si, y sólo si se ha solicitada a través de medios electrónicos.
Qué ventajas implica esta, al parecer discreta disposición, varias; la optimización en los recursos materiales y una mayor eficiencia en la atención de los trámites al reducirse los tiempos en la recepción de la solicitud y su respuesta.
Del mismo modo, ante la realidad y perspectiva económica a nivel mundial, así como el panorama financiero para México en torno a la producción y cotización petrolera, un acierto del dictamen que el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social saluda en esta oportunidad, constituye el aliento a la actividad turística, fuente de divisas e ingresos que emerge como la mejor alternativa posible para el desarrollo económico de nuestro país.
Así, la eliminación del cobro por los servicios relacionados con el Registro Nacional de Turismo estimulará necesariamente su actuación y vigencia, lo que seguramente repercutiría en el fortalecimiento del tan necesario como importante sector económico.
Rostro de la nueva realidad reconocida y tutelada por el dictamen en comento, es el apoyo a la investigación científica especializada marítima, actividad de inconmensurable relevancia en el concierto educativo internacional y que durante mucho tiempo se encontraba ignorada o devaluada.
De este modo es encomiable la exención para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles a las personas físicas o morales del sector social y privado que usen o aprovechen las playas, la zona federal del marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas para las labores de investigación científica y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
Una sociedad movilizada como lo prevén los documentos fundamentales de Encuentro Social, se inscribe en el contexto de una experiencia del Estado mexicano ante la comunidad internacional que cada vez más privilegie a la persona humana y su dignidad, especialmente en tiempo convulsionados y de tragedias humanitarias que favorecen grandes éxodos.
Por ello, es de resaltarse como una decisión luminosa de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la exención del pago de derechos por la autorización para realizar actividades remuneradas a los residentes temporales y a los residentes temporales estudiantes, cuando ingresen a territorio nacional al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o convenios de cooperación internacional, en consideración a aspectos de reciprocidad internacional.
Para concluir debo compartirles que la lucha contra la desigualdad y la ayuda a los más vulnerables son pilares de los dinamismos fundamentales de Encuentro Social, nociones que empatan muy adecuadamente con la enorme cantidad de derechos que no sufrieron cambio alguno, o con los derechos que únicamente se ajustaron de acuerdo con la inflación o el tipo de cambio.
Todo esfuerzo por no afectar los bolsillos de las personas y sus familias, especialmente si se trata de un documento consensado con tanta sensibilidad y aprecio por la diversidad política y el diálogo edificante, como el que ahora estamos abordando, merecerá el respaldo de un instituto político que sabe escuchar, sabe prestar el podio a la sociedad y promueve, decíamos ayer, una reconciliación nacional.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se manifiesta, por mi conducto, en favor de la aprobación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las contribuciones que hacemos por el uso, aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por los servicios que presenta el Estado, son fundamentales para que se cumpla con las obligaciones del Estado mexicano. En ello radica la importancia de adecuar la Ley Federal de Derechos.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que hoy se pone a consideración del pleno, tiene como objetivo adecuar el catálogo de costos administrativos que han caído en desuso, así como armonizarlos a las reformas estructurales que fueron aprobadas en el seno del Poder Legislativo.
En Nueva Alianza hemos impulsado, como un principio económico, la simplificación del sistema tributario y administrativo, ya que es sumamente complejo y dificulta que los ciudadanos den pronto cumplimiento a sus obligaciones, tanto fiscales como administrativas.
La excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y pago de las contribuciones implicando altos costos, situación que constituye un factor que desalienta no sólo su cumplimiento, sino que genera gastos innecesarios en el erario público en costosos aparatos burocráticos.
Al armonizar y derogar el cobro de derechos que han dejado de ser vigentes en la administración, nos orientamos hacia un sistema mucho más sencillo y menos complejo, la intención es facilitar el pago de los derechos a los contribuyentes y agilizar los trámites administrativos a los que deben acudir.
Cabe destacar, que en el dictamen de mérito se hicieron los ajustes derivados de la reforma financiera, otorgando una mayor certidumbre jurídica que les permita transitar esquema de cobro por los servicios que la autoridad en materia financiera llevará a cabo con motivo del nuevo esquema financiero.
Las nuevas atribuciones otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos obliga a reestructurar los derechos por los servicios que presta, incluyendo los nuevos trámites, así como el procedimiento para otorgar concesiones sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales.
Finalmente, se proponen una serie de medidas orientadas a exentar el pago de ciertos derechos, con la intención de apoyar a los ciudadanos de determinados sectores, tal es el caso de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento en los consulados mexicanos, o bien, liberar el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de uso común del dominio público federal, para labores de investigación científica.
Con lo anterior, se logrará obtener el horizonte de recaudación establecido en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016, de 41 mil 761 millones de pesos por el concepto de derechos, principalmente por la prestación de servicios, lo que se refleja en un 3.4 por ciento en términos reales de lo estimado a recaudar en 2015.
Como grupo parlamentario nos abocamos a que el sistema de derechos se apegara a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad a través del pleno respeto al costo del servicio que genera para el Estado la prestación de los servicios públicos.
El costo del servicio debe implicar la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho. Y de una razonable o prudente proporcionalidad entre ambos términos.
Este criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos, no solo con base en el costo total del servicio sino que se deben tomar en cuenta sus ingresos, aspectos y circunstancias especiales, como son el valor de oficinas, instalaciones, equipo, pago de personal y demás gastos que origina la prestación del servicio en sus diversos tipos, a efecto de que se genere un costo abstracto e igual para todos.
Hoy damos nuestro voto a favor del dictamen con la consigna de que Nueva Alianza seguirá proponiendo las adecuaciones que sean necesarias para mejorar las finanzas públicas del país y facilitar el sistema tributario y administrativo del país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Elena Orantes López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, para Movimiento Ciudadano la visión que ha regido en la conducción de la política nacional no ha sido la acertada. Se ha caracterizado por altibajos y contradicciones que durante los últimos años no han movido a México en el camino correcto.
La Ley Federal de Derechos es un instrumento que como todas las herramientas hacendarias y de derecho público debe perseguir criterios de equidad y racionalidad que permitan al Estado ordenar el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público sin dejar a un lado la visión estratégica que reconozca la realidad de nuestro país y de los distintos sectores de la sociedad, incluido en la economía de México.
Queremos hacer un llamado respetuoso a las comisiones dictaminadoras para poder entregar, por lo menos con 72 horas el dictamen a discusión, porque esto es importante para que los ciudadanos y ciudadanas sepan que sus representantes estamos con el compromiso de servir, no esperemos hasta el último momento.
Como ya lo hemos dicho, el paquete presupuestal en todo su conjunto debe asimilarse como una herramienta de desarrollo y como el reflejo de las prioridades del gobierno. En el caso de la Ley Federal de los Derechos, estamos convencidos que debemos aspirar a esquemas de simplificación, racionalidad y certeza jurídica que permitan tener instituciones sólidas que den certeza a los ciudadanos y a los contribuyentes, también a la inversión, pero siempre con una regulación y control que permita la correcta prestación de servicios de los bienes de dominio público.
La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, observamos que plantea varias incorporaciones en el cobro de algunos derechos por nuevos servicios y atribuciones derivadas de distintas formas y reformas legales recientes, al tiempo que también se proponen una serie de actualizaciones en materia migratoria, de relaciones exteriores, marina, turismo, agua, entre otras.
Al interior de la Comisión de Hacienda se realizaron algunas modificaciones importantes por concepto del aprovechamiento de aguas nacionales, por lo que proponemos hacer más eficiente, ágil y simple el proceso de devolución a las entidades federativas o municipios, así como a las cuotas relativas a los documentos migratorios.
Esas modificaciones nos parecen pertinentes y necesarias y en el sentido general votaremos a favor, ya que en materia de sanidad creemos que establecer el cobro por los servicios de expedición del dictamen técnico da efectividad biológica a los insumos de nutrición vegetal.
Por otro lado, muchas de las adecuaciones que hoy se están votando, como las relativas a los temas de telecomunicaciones, radiodifusión o energía, son producto de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal durante su primer trienio, y aunque no coincidimos con esta visión de país que impusieron los partidos de siempre a partir de ese pacto, entendemos que en materia de Ley Federal de Derechos, lo que estamos viendo el día de hoy son las adecuaciones y las actualizaciones respectivas.
En Movimiento Ciudadano nos asumimos como una fuerza política constructiva que busca soluciones para México, pensando fundamentalmente en las ciudadanas y en los ciudadanos, en la construcción de nuevas oportunidades, pensando en el fortalecimiento de nuestras instituciones y fundamentalmente en los mecanismos para regresarle el rumbo correcto a México.
Movimiento Ciudadano votará a favor en lo general de este dictamen, por lo que hemos sostenido desde el inicio de esta Legislatura.
Estamos dispuestos a mostrar voluntad política para sumar esfuerzos, siempre y cuando no se tomen decisiones a espaldas de los ciudadanos y no se lastimen los intereses y los anhelos de la gente. No asumiremos una postura de negación sin argumentos, sino que seremos una oposición responsable, crítica y constructiva.
Estamos seguros que una postura de diálogo y de apertura en esta primera etapa de discusión del paquete presupuestal sentará un buen precedente para la próxima toma de decisiones. Adicionalmente estamos convencidos de una correcta y profunda evaluación del impacto de estas modificaciones en la Ley Federal de Derechos, pues resulta indiscutiblemente necesario para México.
Finalmente, aunque votaremos a favor este dictamen en lo general plantearemos una serie de reservas de mi compañera y compañeros de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en temas que consideramos sensibles y que no fueron debidamente atendidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo, en particular en temas relativos a la equidad, a la justicia hacendaria y en algunos otros temas de telecomunicaciones, energía, agua, monumentos, museos en zonas arqueológicas y radiodifusión, entre otros.
Esperamos, compañeras y compañeros, que esas reservas que serán presentadas en el momento oportuno sean escuchadas por el resto de las fuerzas políticas, porque hoy tenemos la oportunidad las diputadas y los diputados de demostrar que en esta Cámara de Diputados hay apertura y voluntad para construir soluciones para dialogar, para buscar transformar nuestras instituciones y darle un rumbo correcto a México. Gracias, presidente, es cuánto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Orantes. Saludamos la presencia en este recinto de alumnos, maestros y padres de familia de la escuela secundaria general Ismael Villaseñor, de Tizayuca, Hidalgo, invitados por la diputada María Gloria Hernández Madrid. Igualmente de estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca, invitados por el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio. También de alumnos del plantel Octavio Paz del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, invitados por el diputado Alejandro Armenta Mier.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos el diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Sonido.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Ya; creo que ya está, muchas gracias. Con el permiso del diputado presidente. Hoy inicia la discusión del paquete presupuestal tributario en la Cámara de Diputados, un paquete que estamos discutiendo con enorme prisa, con enorme premura por el tema de las comisiones, y me parece que esto se refleja en esta discusión de la Ley de Derechos.
Habría que decir que nuestra fracción parlamentaria, la de Morena, fue la única fracción que votó en contra la legislación en materia de derechos y así lo haremos en esta ocasión en el pleno de la Cámara de Diputados, y creo que hay tres razones fundamentales para hacerlo.
Primero dejo la premura del tiempo, y esto nos impidió tener un análisis adecuado y puntual del tema de telecomunicaciones; en telecomunicaciones hay una serie de derechos que pagan los particulares y que serán disminuidos, y en virtud de esta ley que hoy se nos presenta.
Pudiera haber justificación en alguno de estos términos en virtud de la posibilidad de que un menor precio pueda hacer crecer una red compartida y otro tipo de servicios. Pero no tenemos un estudio en telecomunicaciones que nos indique que haya una sobre exclusión o una sobre inclusión que con virtud de la reducción en los precios. Es decir, no sabemos si estamos cobrando el precio adecuado a los particulares por este derecho.
Es posible que el Estado esté perdiendo recursos en una disminución que no es justificada. ¿Por qué? Porque la discusión y el planteamiento del Ejecutivo no fue acompañado por este tipo de análisis. Nos parece que en ese sentido es arriesgado poder acompañar una ley que no contempla un instrumento en este sentido.
En segundo lugar la Ley de Derechos en este momento refleja –como también se decía por otros diputados– las reformas que mal hicieron los diputados y los senadores de la pasada legislatura y que tanto mal hacen a México.
Por ejemplo se incluyen ya derechos que se van a cobrar a quien quiera explotar un pozo de petróleo o abrir una refinería.
Nosotros en congruencia con nuestra exigencia de derogar una reforma energética que no ha tenido sentido, que no ha tenido resultados y que pone en riesgo al país, no podemos acompañar el cobro de los derechos en ese sentido.
Y si uno revisa incluso todo el Paquete Económico, se da cuenta de que está lleno de la aceptación de que la reforma energética no funciona. Hay un subsidio de 2 mil millones de pesos a CFE, porque así es como se pretende bajar el precio de la electricidad, no a través de la competencia.
El único sector de la economía que tiene un incentivo fiscal es también el de la energía. ¿Por qué? Pues porque la reforma no está funcionando, además de caídas de más de 13 por ciento en el presupuesto de inversión de Pemex y de CFE.
El paquete económico es la demostración que la reformas que les impusieron a los mexicanos no están funcionando, y en parte, quien vote la Ley de Derechos está avalando ya esas reformas porque son el resultado de las mismas.
Otros también propusimos en la comisión –y lo vamos a sostener en este momento– la necesidad de incrementar las cuotas que están pagando quienes explotan las minas de los mexicanos. Los niveles de cobro que tenemos siguen siendo muy bajos en proporción al resto de América Latina, al resto del mundo y en proporción al daño que están causando a las comunidades.
Necesitamos gravar de manera adecuada a quienes explotan nuestros recursos naturales para que esos recursos se devuelvan a las comunidades, para que se resarza y se compense el daño que genera la minería en muchas comunidades.
Por eso nosotros vamos a proponer en una reserva la necesidad de que se incrementen también este tipo de cuotas y sean ellos, los mineros, los que financien el desarrollo y puedan menguar los daños que están generando.
Y finalmente también hay unos cambios que tienen que ver con el cobro de agua y que también abren la posibilidad de que se privatice este vital líquido. Hemos manifestado siempre en Morena la disposición y nuestra posición de no permitir la privatización del agua, fue un intento que hubo en la legislación pasada, fue un intento que gracias al trabajo de la izquierda se detuvo, pero que sigue latente y que también los cobros que hoy se van a aprobar, si no rechazamos esta Ley de Derechos, pues también forman parte de ése intento de privatizar el agua en México.
En ese sentido nuestro voto va a ser en contra, llamamos al resto de los grupos parlamentarios así a hacer un trabajo crítico en el análisis del paquete presupuestal. De no ser complacientes con un gobierno que está proponiendo una disminución enorme en la inversión, en los programas sociales, en la inversión pública y en la salud.
La posición de Morena va a ser defender a los mexicanos y exigir un paquete económico que sí beneficie a la gente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Vidal.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se propone a consideración del pleno y con el cual el Partido Verde está totalmente de acuerdo requiere de su aprobación para poder contar con un instrumento jurídico que permita al Estado generar los recursos necesarios derivados del cobro por la prestación de servicios públicos y el uso de los bienes de la nación, con ello se garantiza el mejoramiento en los propios servicios y el uso eficiente de los bienes públicos.
Con la aprobación del dictamen que hoy se discute se logrará simplificar una mejor operación de las distintas dependencias involucradas en la prestación de los servicios públicos que implica el cobro de derechos, otorgando certeza jurídica a los contribuyentes.
Poner en el centro del debate parlamentario al ciudadano, al contribuyente, como origen y razón de ser de la actividad legislativa fue determinante para aprobar el cobro de nuevos derechos y establecer medidas de simplificación o redundantes en una mayor eficacia de los servicios públicos, y un uso racional de los bienes de dominio público de la nación.
En el Partido Verde siempre hemos estado pendientes de las medidas fiscales relacionadas con la preservación de los recursos y la sostenibilidad de los bienes naturales. Es por ello que en esta ocasión hemos puesto especial atención en el tema del agua, como el recurso natural que día con día se está agotando, y apoyaremos las acciones concretas y eficientes para mejorar su uso.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como una de las estrategias del gobierno federal implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso. En ese sentido es necesario contar con medidas encaminadas a ordenar y regular los usos del agua en cuencas y acuíferos, y en específico establecer reservas de aguas nacionales superficiales para la protección ecológica.
Con las declaratorias de reserva de agua para uso ambiental en las cuencas se garantizará la sustentabilidad hidrológica. Así se propone en el decreto de reformas a la Ley Federal de Derechos un artículo transitorio que permite una gradualidad de los incrementos a los derechos por uso de agua por un periodo que no excederá de cinco años, a fin de otorgar una transición para los contribuyentes para que ajusten sus procesos productivos, al tiempo que también realicen accesos y acciones para el uso eficiente del agua mediante el tratamiento de aguas residual, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y también con el cuidado de este recurso escaso.
La pluralidad es palpable en este dictamen, en donde también se incluyeron modificaciones impulsadas por diversos grupos parlamentarios que todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso hemos avalado.
En este dictamen también probamos mejores soluciones y hemos fincado medidas que dan mayor certidumbre a los permisionarios del sector energético con las medidas que establecen que al momento de otorgar los permisos por tratamiento y refinación del petróleo o procesamiento de gas natural, se realice un pago de derechos en el marco de la ley.
Tenemos una Ley Federal de Derechos que salvaguarda la integridad de los bienes de la nación como el espectro radioeléctrico, los recursos naturales, los servicios mercantes, sanitarios, de medio ambiente y turísticos. Toda esta complejidad de los derechos que configuran una de las fuentes de ingreso del Estado que se traducen en una oportunidad para incentivar a cada uno de los sectores en los que se encuentran.
Es con solidez que el Partido Verde dará su voto a favor de este dictamen, porque estamos convencidos que representa una justa valorización de los bienes de la nación y de los servicios públicos que presta el Estado. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Sarur.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Candelario Pérez Alvarado, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Candelario Pérez Alvarado: Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para manifestar y fundamentar el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD en torno a este primer dictamen que forma parte de la discusión del paquete económico 2016.
Compañeras y compañeros diputados, en el PRD concebimos las leyes como un instrumento dinámico de la transformación social, como un instrumento para acceder a la justicia, a mejores condiciones de vida, a proporcionar mayores condiciones de equidad. Así lo expresamos en campaña, así pedimos el voto a la gente, convencidos de que las reformas que desde esta representación popular podamos llevar a cabo, incluso aquellas leyes que sean de carácter estrictamente fiscal o recaudatorio, pueden contribuir directamente, intangiblemente al bienestar de los mexicanos.
En el caso de la Ley Federal de Derechos en cuya reforma que hoy nos ocupa encontramos un excelente vehículo para distribuir una parte de los ingresos obtenidos por el gobierno federal, dándole un destino directo y específico.
Reforma que podrá ser aplicable a partir del próximo ejercicio fiscal si contamos con el voto favorable de la asamblea y con la brevedad que indica el tiempo constitucional del Senado de la República.
En el PRD hemos afirmado y sostenido que a los ingresos, por impuestos y cobros de derechos que se le pueda asignar un destino específico, ha sido una larga batalla, no siempre fácil, las más de las veces ardua con la Secretaría de Hacienda.
En ese sentido, es debido reconocerle a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, a los diputados que conforman la Junta Directiva, la receptividad mostrada para con las observaciones y propuestas emanadas por el Grupo Parlamentario del PRD en materia de destino específico que tendrá lugar con la devolución del pago de derechos de agua.
Con los cambios que propusimos lograremos garantizar la programación efectiva de obras, para la dotación de agua potable, para la construcción de obras de drenaje, el tratamiento de las aguas residuales, ya que todos los municipios y todas las entidades federativas, a través de las comisiones estatales u organismos operadores de agua podrán acceder a la devolución expedita del pago realizado por concepto de aprovechamiento de las aguas nacionales y destinarlo a construir es tipo de infraestructura que de manera oportuna, incluso desde los primeros meses del año. Pero la esencia fundamental de las observaciones y modificaciones propuestas por el PRD tienen que ver con el destino final que tendrá la devolución del pago de derechos por conceptos de trasvase.
En la óptica del PRD, los ingresos que se vienen captando por este concepto deben destinarse al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a las zonas o regiones que aportan el agua para el trasvase.
Se trata de un acto elemental, de mínima y necesaria justicia para las comunidades que aportan este recurso vital. Un acto que aporta criterios de sustentabilidad al destino y aplicación de los recursos.
Aunque debemos dejar claro que la práctica de trasvasar de agua no puede ser la base de la política pública para el abastecimiento de agua en el país, mucho menos si esta agua se destina para otros usos que no sean los de satisfacer las necesidades básicas de consumo de agua relacionados con la alimentación y la higiene doméstica.
Existe una realidad añeja que podemos desconocer, por ejemplo, el hecho de que poco más del 28 por ciento del agua que consumimos los municipios del estado de México pertenecientes a la zona conurbada de esta ciudad, algunas delegaciones del Distrito Federal, provengan de un trasvase, realizado a través del sistema Cutzamala.
Con los cambios que hemos propuesto y que se han aceptado por la Comisión de Hacienda, al menos, los recursos que se captan por el cobro de derecho de trasvase deberán aplicarse a las comunidades y regiones que reporta el recurso vital.
Durante el proceso de dictaminación, en el PRD consideramos necesario imprimirle un cambio sustancial a la recaudación originalmente propuesta por el Ejecutivo federal. De no modificarse aquella redacción, la medida propuesta tendría justo el efecto contrario de lo que hoy intentamos lograr.
En primer lugar, porque la devolución de los derechos se destinaría, sí, pero en obras para cuencas importadoras y no para las exportadoras. Para decirlo claro, beneficiaríamos a quienes consumen el agua y no a quienes la aportan.
En segundo lugar, porque la devolución del derecho se aplicaría, sí, pero con beneficio a los que en este momento, a través del articulado de la ley se denominan como empresas públicas o privadas.
Es así donde debimos alertar y tener mucho cuidado, porque en el país se realizarían trasvases de agua, no solamente a través del Cutzamala, también existe el acueducto Independencia, la presa El Realito en San Luis Potosí y Guanajuato, la presa El Zapotillo en Jalisco, todas ellas concesionadas a particulares. Y ya ni hablar del proyecto Monterrey VI, por fortuna en vías de extinción.
Entonces, con la redacción original se posibilitaba la devolución a empresas que han obtenido ya un beneficio previo al ser financiadas a fondo perdido hasta con el 42 por ciento del costo de la infraestructura de trasvase.
Debimos imprimirle cambios sustantivos a la redacción, que al ser aceptada por la comisión, ha determinado el voto favorable del PRD. Debimos modificar el término empresa por la de entidad u organismo, el cual comprende toda la gama de contribuyentes, sean estas comisiones estatales del agua, ayuntamientos u organismos operadores.
Serán todos los beneficiarios de incentivos de la devolución, pero no por concepto de pago de trasvase, este se aplicará –reiteramos– al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a zonas o regiones que aporte el agua.
Repetimos, se aplicará al rescate y preservación de las cuencas y acuíferos pertenecientes a la zona o región que aporta el agua.
Lo que también propusimos es establecer, con toda precisión en la ley, la obligación del gobierno federal de devolver a las comisiones estatales del agua, a los ayuntamientos y a los organismos operadores el pago de sus derechos trimestre por trimestre, puntualmente y no al finalizar el año cuando ya no podemos hacer uso de los recursos, el cual volvería a quedarse en manos de la Secretaría de Hacienda.
Pretendemos, con los cambios propuestos, aceptados, darle una efectiva operatividad al programa de Devolución de los Derechos, para que en cierta medida las grandes ciudades, también las comunidades puedan contar con obras para que el agua potable llegue a sus casas en forma continua. Para que los drenajes alivien el efecto de la acumulación de las lluvias. Para sanear el agua residual que se deposita en los ríos, pero sobre todo, para que las cuencas y acuíferos, donde nace el agua estemos en este momento en posibilidad de conservarlos y poderlos preservar.
Éste es un principio elemental para el PRD, absolutamente comprometidos. Y es la razón que acompaña el sentido favorable de nuestro voto en el presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado César Augusto Rendón García: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 8 de septiembre el Ejecutivo federal hizo llegar a esta honorable asamblea el paquete económico 2016, con el propósito de analizar y revisar temas en materia de ingresos y egresos del próximo ejercicio fiscal.
Derivado de las reuniones y trabajos para mejorar en una primera etapa el proyecto de Ley de Ingresos, el día de hoy emitiremos nuestro voto sobre el dictamen de la Ley Federal de Derechos.
Quiero aprovechar mi intervención para felicitar a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el buen trabajo que hasta el momento hemos realizado al interior de la misma.
Sin duda, estos han permitido integrar un primer dictamen, que es cierto, tiene sustento en el análisis técnico pero también en los acuerdos a los que hemos llegado los diferentes grupos parlamentarios, que nos asegura que en los próximos días integraremos una Ley de Ingresos sólida y responsable.
De igual manera, es importante resaltar el valioso aporte que realizaron los diferentes organismos que acudieron a las reuniones de la comisión y que mostraron interés en puntos particulares para mejorar la ley, ya que pusieron en la mesa de debate temas que en principio no habíamos considerado y que resultan de vital importancia.
De tal manera, que en Acción Nacional estamos seguros que en el dictamen se refleja no solo sus inquietudes y los intereses de cada grupo parlamentario, sino también soluciones a los problemas puntuales que derivan de las tendencias recientes en diversos sectores.
Por las razones anteriores, declaramos como Acción Nacional, nuestro voto a favor de esta ley. No obstante quiero señalar que además de los temas que contiene el dictamen de la Ley Federal de Derechos y que ya fueron expuestos por la Presidenta de la Comisión, como la eliminación de algunos derechos que buscan fomentar ciertas actividades y la simplificación del marco jurídico fiscal para evitar complicaciones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, quiero resaltar que el dictamen ve reflejado las prioridades de nuestro partido.
Un tema particular se vincula con el agua, la propuesta inicial del Ejecutivo federal era reconocer dentro de la ley la necesidad de que los contribuyentes cuenten con el tiempo razonable para la concreción de acciones del uso eficiente del agua mediante una disposición transitoria. Esta disposición buscaba que los sujetos obligados tuvieran posibilidad, que además de pagar el derecho por explotación, uso u aprovechamiento de las aguas nacionales, pudieran realizar un acreditamiento en los derechos a su cargo y con ello disminuir el impacto que resulta de la modificación de las zonas de disponibilidad de la cuenca donde se extrae el recurso hídrico.
Sin embargo, al interior de la comisión los diputados integrantes consideramos insuficiente la propuesta, en virtud de que para mantener la competitividad de las empresas, los contribuyentes deben contar con un lapso mayor para cumplir con el pago del derecho por la explotación, uso u aprovechamiento de aguas nacionales.
Por ello, con base en los acuerdos, creímos necesario modificar la redacción del artículo sexto transitorio de la ley, con el propósito de ampliar de tres a cuatro años el plazo de acreditamiento para que sea hasta el quinto año cuando se pague el cien por ciento de los derechos mencionados.
Con dicha modificación otorgaremos un año más al sector industrial para efectuar los ajustes necesarios en sus procesos productivos y permitirles abatir sus consumos de agua. Con esta medida durante el primer ejercicio fiscal, los contribuyentes no cubrirán incremento alguno.
Brevemente quisiera señalar, que el dictamen de la ley contiene una propuesta adicional al artículo 5o. para adecuar el concepto de cobro de derechos de entidades u organismos, así como el artículo 8o. para modificar la cuota que se paga por condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.
Estamos seguros que con las modificaciones damos la certeza a los ingresos federales del próximo año en materia de derechos. Por lo antes expuesto, Acción Nacional votará a favor de las propuestas contenidas en el documento y reiteramos nuestra disposición al diálogo y a los acuerdos para seguir trabajando con la firme idea de integrar una Ley de Ingresos responsable que dé certeza jurídica en materia fiscal a nuestro sector productivo, pero también reiteramos nuestro compromiso con cada ciudadano de ese país para conformar una ley que tenga como base el serio trabajo y responsable de cada uno de los diputados que integramos la Comisión de Hacienda. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rendón.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea. Quisiera iniciar ese posicionamiento a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional reconociendo a las fuerzas políticas representadas en esta Cámara la voluntad mostrada en los primeros trabajos de dictaminación del paquete económico en lo que se refiere al capítulo de ingresos.
Hoy votamos en el pleno el primer dictamen de esta LXIII Legislatura y percibo la voluntad y el ánimo de contribuir a una discusión que permita decidir lo mejor que le convenga al país.
Las legisladoras y legisladores del PRI refrendaremos siempre nuestro compromiso, esfuerzo y voluntad para construir acuerdos que garanticen la cristalización de los proyectos que el país requiere para lograr su desarrollo y crecimiento. Es por eso que hoy de manera puntual venimos a reiterar nuestro respaldo votando a favor del dictamen a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos.
Primero que nada es importante subrayar que como parte de la política financiera responsable que el gobierno de la República ha venido impulsando, la aprobación de este dictamen será un primer paso fundamental para concretar el paquete económico 2016.
Un paquete congruente con el entorno económico, pues prevé medidas que permitirán a los mexicanos tener la tranquilidad de mantener finanzas estables y propiciar un clima favorable que nos permita mejorar la competitividad.
En segundo lugar es importante señalar la necesidad de actualizar y mejorar el marco jurídico fiscal en cuanto al cobro de derechos, por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del país, a fin de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos que demandan del Estado la prestación de dichos servicios o el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, lo cual traerá como consecuencia, una mayor satisfacción de la demanda de los ciudadanos respecto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Entre las medidas contenidas en el dictamen de la iniciativa que hoy discutimos, destaca la incorporación de nuevos derechos derivados de reformas de carácter constitucional como es el caso de las reformas de telecomunicaciones, la cual pretende brindar acceso universal a los mexicanos que aún no gozan de estos beneficios, y fomentar la competencia de servicios, evitando los monopolios del sector a los que hemos estado sometidos durante varios años, para que en el corto plazo podamos gozar de mayores alternativas, mejores servicios y precios más accesibles.
Asimismo considerando la importancia que posee el sector energético en el país, resulta importante establecer el cobro de derechos equitativos y proporcionales tomando en consideración el costo en que incurre la autoridad competente por la prestación de los nuevos servicios que se derivan de la reforma constitucional en materia energética, toda vez que el aprovechamiento eficiente del petróleo y sus derivados, la apertura en la competitividad y la captación de nuevas inversiones en dicho sector, requiere de trabajo continuo cuyo resultado se verá reflejado en el corto plazo.
De igual forma con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde con las actuales condiciones económicas y financieras, el dictamen a la iniciativa que hoy nos ocupa, modifica el régimen vigente de las agrupaciones financieras, con lo cual se otorga una mayor certidumbre jurídica y un esquema de funcionamiento que permite a estas entidades transitar a esquemas más flexibles de operación que permitan su desarrollo ordenado; modificaciones que mi grupo parlamentario respalda, pues nuestro objetivo será siempre contribuir a que nuestra nación sea más competitiva, lo cual evidentemente redituará en un mejor desempeño de la economía nacional.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional reconocemos la voluntad para realizar un ajuste al marco normativo impositivo en materia del uso, goce o aprovechamiento de importantes bienes del dominio público de la nación como es el caso del agua.
Como verán, el presente dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda busca lograr beneficios claros y tangibles para los ciudadanos. Por lo que a fin de evitar cargas administrativas a los mismos, se elimina el cobro de derechos por algunos servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, promoviendo con ello una política de agilización y simplificación administrativa.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI, estima que las reformas contenidas en el dictamen que hoy se somete a consideración del pleno permitirá, sin lugar a dudas, impulsar el desarrollo de México, como lo ha señalado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ante un entorno económico mundial adverso, el paquete económico 2016 se plantea como un pilar de estabilidad desde una visión responsable y realista, con la clara convicción de disminuir la deuda pública, lo que indudablemente representa el fortalecimiento de la hacienda pública para los próximos años.
Preservar la estabilidad de nuestra economía es la prioridad, pero a la vez proteger los recursos destinados a las necesidades que más le importan a los mexicanos como el combate a la pobreza, programas de seguridad pública, educación, ciencia, tecnología y cultura.
Para concluir, manifiesto a nombre de la bancada del PRI, y en lo personal, mi reconocimiento y respeto hacia cada uno de mis compañeras y compañeros legisladores, y los invito a votar a favor de este dictamen porque es un voto a favor de la estabilidad, de la competitividad y del desarrollo de México.
Que nuestras diferencias sean las fortalezas que nuestro país necesita para hacer de él una democracia de resultados y un país de oportunidades. Logremos juntos las grandes transformaciones que México demanda. Hagamos historia y démosle a la nación el rumbo de progreso que reclama. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Benítez. Se informa a la asamblea que en cumplimiento con el artículo 109 del Reglamento, con esta última intervención de fijación de las posiciones por parte de los grupos parlamentarios, concluye el plazo para el registro de reservas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general diversas diputadas y diversos diputados. En consecuencia, para hablar en contra, tiene la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Mirza Flores Gómez: Con su venia, señor diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buen día. El día de hoy quisiera robarles un momento de su atención de su ocupada agenda que tienen aquí en esta asamblea, porque es necesario que hagamos hincapié en algunos puntos que es de mucha responsabilidad, de suma responsabilidad de nosotros los legisladores, porque no solamente es importante para nuestra tarea legislativa, sino que lo que devenga de esta asamblea será de importancia para todos y cada uno de los mexicanos.
Sí afirmo que para fortalecer la estructura del Estado como organización económica, política y social es necesario que todos contribuyamos de forma asequible al nivel de nuestro ingreso, debemos pagar impuestos justos y equitativos.
Lamentablemente la mayoría de los mexicanos se encuentra en situación de pobreza que deriva en un poder adquisitivo gravemente lesionado como causa del majeo erróneo de los recursos públicos, de la corrupción que impera en todos los niveles de gobierno y, sobre todo, por las políticas equivocadas, implementadas por la tecnocracia que desde hace 30 años toma las decisiones económicas en este país.
La propuesta que envía el Ejecutivo a esta soberanía claramente es un instrumento que va en contra del espíritu de nuestra Carta Magna, particularmente del artículo 31 constitucional, el cual ciertamente establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de la federación, como del Distrito Federal, de los estados o de los municipios.
Pero el incremento de ciertos derechos que prevé esta ley lo único que va a generar es una mayor evasión en el pago de los servicios prestados por el Estado, orillando a los mexicanos a actuar fuera del marco de la ley, ejemplo de ello es un arbitrario aumento que el gobierno federal realizará al cobro de una cuota especial a museos, monumentos y zonas arqueológicas, lo que constituye una violación al artículo 1o. y 4o. de nuestra Carta Magna.
No podemos negarle el acceso a la cultura o restringirla o condicionarla a situaciones económicas a los que menos tienen. La única esperanza que tiene nuestro país de salir adelante es la educación, la cultura y el deporte. La cultura es sinónimo de civilización, es progreso, es avance intelectual.
Por lo anterior la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano nos reservaremos los artículos del dictamen que a nuestra consideración resultan a todas luces excluyentes y discriminatorios. Ciertamente estamos a favor de reformas que generen avance en nuestro país, pero no estamos a favor y estamos en contra de todo aquello que vaya en detrimento de la economía de nuestros mexicanos.
Nos reservaremos estos artículos porque hay grupos contaminadores y explotadores que se les cobra un porcentaje pequeño, son parte de la estructura del poder, por ello vengo en contra de este dictamen y también porque no se debe permitir nunca, nunca, que se privatice el agua. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro.
E diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. El propósito de este dictamen es dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del marco normativo fiscal a través de diversas modificaciones tendientes a implementar medidas para mejorar la prestación de servicios públicos mediante la actualización de derechos fiscales y a través de la eliminación de derechos a fin de fomentar ciertas actividades, simplificando el marco jurídico fiscal con la finalidad de evitar complicaciones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, otorgar apoyos a determinados sectores que solicitan algún tipo de servicio, así como adicionar nuevos cobros de acuerdo a facultades recientes otorgadas en las legislaciones secundarias. Es decir, es un proceso de actualización legal para que las autoridades que están en estos procesos puedan cumplir cabalmente con su función.
En materia de derechos, por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, continuar con la política de fomento, conservación y el mantenimiento sustentable de dichos bienes.
Derivado de la reforma financiera del año 2014, se incluye en el régimen fiscal vigente el cobro por los servicios que la autoridad financiera llevará a cabo con motivo del nuevo esquema a través del cual se perfeccionan las reglas aplicables a las instituciones financieras en cuanto a su constitución, funcionamiento y operación. Lo que significa que habrá más candados para que los ahorradores cuenten con mayor certeza respecto a sus ahorros y sus bienes que están en manos de estos prestadores.
En materia ambiental es fundamental que quedan delimitados y claramente establecidos los criterios ambientales para orientar las acciones de preservación y restauración en materia de equilibrio ecológico.
El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al medio ambiente, que vaya que lo necesita, mismos que servirán de insumos para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de expedir la manifestación de impacto ambiental correspondiente, la cual constituye un servicio por el cual la Ley Federal de Derechos establece un cobro cuya determinación está a cargo del particular.
En materia de agua se prevé que en el caso de trasvase, cuando tenga lugar la devolución de derechos, será destinado a la realización de programas así mismo de restauración, rescate y preservación de acuíferos y cuencas de la zona o región exportadora, que es la que pudiera ser afectada con el trasvase de aguas nacionales.
Provengo de un lugar donde el agua es un bien fundamental para la vida de las personas y en esta Ley de Derechos se están protegiendo estos intereses.
En materia de sanidad se considera acertado la adición por los derechos del estudio, análisis de solicitudes, evaluación y, en su caso, el otorgamiento de la autorización a particulares, para operar como punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación, o como punto de inspección internacional en materia de sanidad vegetal.
Con la intención de promover la cultura, la pluralidad y la identidad propia de las comunidades y pueblos indígenas y toda vez que la Ley de Radiodifusión reconoce a las radios comunitarias e indígenas, coincidimos en otorgar un tratamiento especial en beneficio de determinados sectores desprotegidos, con la finalidad de fomentar su desarrollo para cumplir con su fin social, por tal motivo se considera factible otorgar una excepción en el pago de derechos a estos grupos de interés.
Por tanto, el Grupo Parlamentario del PRD se posiciona a favor de esta Ley de Derechos, haciendo la última manifestación. En democracia la pluralidad es una característica, pero la pluralidad con responsabilidad es una virtud. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Hoy, con el dictamen que envió la Comisión de Hacienda en relación con las reformas que propuso el Ejecutivo a la Ley Federal de Derechos, iniciamos la ronda de discusiones para decidir acerca de las iniciativas contenidas en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016.
Como todos sabemos, el paquete se apega a las líneas políticas, económicas impulsadas por este gobierno. Era de esperarse. Esta estrategia económica se ha caracterizado por fortalecer la concentración del ingreso en unas cuantas manos, a quienes les proporcionó la posibilidad de beneficiarse de los recursos estratégicos de la nación, sea en el sector energético, sea en telecomunicaciones o en la infraestructura o en el agua.
Por esa razón votaremos en contra. No estamos de acuerdo con esa estrategia y menos con sus resultados que han propiciado el debilitamiento de la capacidad productiva de nuestro país y la dependencia política del exterior. Eso ha provocado la acumulación de rezagos en infraestructura y en desarrollo social, lo que se refleja en que más de 50 millones de mexicanos vivan en condiciones de extrema pobreza.
Nos anima la confianza de que cada vez más mexicanos se convencen de que este camino, el trazado por Enrique Peña Nieto y su equipo de Hacienda no nos conduce a la fortaleza que deseamos para nuestro país y para nuestros conciudadanos.
Nuevamente, como se observó en las aprobaciones de las reformas estructurales de 2013, en la Comisión de Hacienda se comprobó que el voto se buscó para imponerlo. No reflexiona y tampoco busca la oportunidad de mejorar lo que se nos presentó.
La Ley Federal de Derechos no es perfecta. Es curioso cómo describe, sin analizar, los cambios introducidos. Es necesario mejorarla, hacerle cambios importantes.
En las reuniones previas con los funcionarios y en la Comisión no se abrió la posibilidad de por lo menos iniciar los trabajos de preparación para una revisión general de Ley Federal de Derechos, que podría ser un instrumento legal para inducir el desarrollo incluyente de nuestra economía.
En cambio, encontramos que la ley en comento se ha ido modificando de manera reactiva, respondiendo a diferentes factores como consecuencia de cambios en otras leyes por la pretensión de adecuarla a los avances en las tecnologías de los sectores normados, como sucede con las telecomunicaciones.
También se modificó en respuesta a las necesidades de algunos sectores privilegiados para flexibilizar, por ejemplo, las disposiciones relativas al uso del agua o cómo en la minería, en el que se han hecho cambios mínimos para mantener la debilidad estructural de articulado, con el fin de no afectar los intereses de las minorías extranjeras.
En lo que se pretende hacer ahora con este dictamen, adecuaciones, no hay un diseño estructural, no hay un esfuerzo para aprovechar el efecto inductivo de la norma. Y tampoco se ve el interés de hacer de este ordenamiento un instrumento de recaudación. En los términos en los que se encuentra actualmente la participación de los derechos en la recaudación total es mínimo y no tenemos un diagnóstico por parte del Ejecutivo para determinar la estrategia a seguir en cada uno de los sectores regulados.
Ese diagnóstico debe contar con la información suficiente que permita tener una visión integral de las diferentes cargas fiscales que con los derechos deben ser considerados por las personas físicas y morales que operan en los diferentes sectores de objeto de esta ley, debe evaluarse el desempeño económico de esos actores para evitar abusos con los bienes del dominio público, también debe evaluarse el impacto de las formas y el costo del derecho para el uso de estos bienes sobre los consumidores, y también por qué no, es importante conocer el resultado neto estimado que tendrá para la hacienda pública el empleo, la estrategia en la aplicación de los derechos, obviamente ese diagnóstico debe explicar el efecto del cobro alto o bajo de derechos y los argumentos que determinan su fijación en tal o cual nivel.
Es indispensable, incluso para la estrategia cortoplacista impuesta por la actual administración, que debido a su incapacidad administrativa, derivado de una buena medida de su propósito de facilitar los negocios a los grandes empresarios, pone cada vez en mayor riesgo el cumplimiento de sus obligaciones legales en torno al déficit que existe en nuestro país.
Y termino, por cierto, cómo explican los funcionarios de hacienda, que cada año envían al legislativo una subestimación de ingresos por derechos, que luego les permite contar con recursos extraordinarios. Porque consideramos que es necesario cambiar la estrategia, en Morena, votaremos en contra. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Tiene ahora la palabra, el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en pro.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle: Con el permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, este día comienza la discusión y la aprobación de la primera parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, en lo concerniente a la Ley de Ingresos de la Federación, específicamente a la Ley Federal de Derechos.
El dictamen que hoy se somete a la aprobación del pleno, es el resultado de largas jornadas de análisis y discusión al interior de los distintos grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En este sentido, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ratifico el voto a favor del presente dictamen porque entendemos el grado de responsabilidad que éste significa para México y para sus habitantes por los derechos que se cobran por el uso y aprovechamiento de los bienes públicos de la nación, así como los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
Asimismo en Acción Nacional estamos conscientes del compromiso asumido con la ciudadanía de revertir los efectos negativos de la tóxica reforma fiscal impuesta en el 2013, y en este dictamen podemos concluir que se alcanzan acuerdos que no afectan al sector privado; por el contrario, se enfoca a más actualizaciones y ampliaciones de conceptos necesarios que por lo tanto tienen el aval del Partido Acción Nacional.
Quiero señalar que el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración respeta en su mayor parte las propuestas de origen del Ejecutivo federal, pero se corrigió donde se había puntualmente que corregir.
Temas como los servicios migratorios que ya fueron señalados previamente por la presidenta de la comisión, así como también en temas importantes como son los créditos fiscales y plazos de acreditamiento de las personas vinculadas con temas hídricos que sin duda aseguran su competitividad y los tiempos para ajustar sus procesos productivos a partir de las modificaciones a la ley propuesta.
Con este primer ejercicio damos muestras claras del compromiso y responsabilidad en la construcción de acuerdos para generar una Ley de Ingresos responsable que revierta los efectos negativos de la reforma fiscal que ha resentido al sociedad mexicana, y les anunciamos que seguiremos trabajando de manera permanente y profunda para culminar este proceso de aprobación de la Ley de Ingresos que tendrá que culminarse a más tardar el 20 de octubre del presente año. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salim Alle. Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena en contra, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfredo Basurto Román: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados votará en contra del dictamen próximo a votarse, porque contiene graves omisiones que afectan a diferentes sectores, en particular a los emigrantes.
El modelo neoliberal es un modelo contradictorio; de origen facilita el intercambio de bienes y servicios, más no el libre tránsito de personas. La libertad y la paz sólo son buenos pretextos; pero por otro lado sirven para el sometimiento de los mismos migrantes.
Sería un asunto de justicia social en favor de nuestros compañeros migrantes exentarlos del pago del proceso de regularización migratoria, debido a las siguientes consideraciones, compañeros.
Hace unos meses había un convenio de exoneración de pago, debido a que muchos migrantes se encuentran imposibilitados de pagar una cantidad de dinero por dicho trámite.
Se han documentado cobros ilegales en la frontera sur que no son reportados a la Tesorería, debido a que les otorgan recibos que no son válidos.
El titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, ha reconocido públicamente en el año 2013, que “la corrupción que existe en el Instituto de Migración es generalizada. Se han destituido a más de mil funcionarios y el problema subsiste”.
Él mismo señaló en el Senado que “sería conveniente dinamizarlo, debido a la corrupción que impera en dicho instituto”.
“Dicha corrupción que impera en el Instituto Nacional de Migración, es alarmante”, compañeros, así lo señala Clai Box, oficial del programa de la oficina de Washington. Se ha infiltrado en el instituto migratorio mexicano, que urgió al gobierno federal a atacar los abusos de los funcionarios y oficiales contra los indocumentados, principalmente de Centroamérica que cruzan nuestro territorio.
Por otro lado la misma organización señala que “esos abusos se han visto en el Programa Plan Sur que implementó el titular del Ejecutivo el pasado 7 de julio para contener el flujo migratorio”.
A petición del presidente Barack Obama, el gobierno de México ha llevado a cabo en los últimos 15 meses una represión feroz en contra de los refugiados que huyen de la violencia de América central. Las autoridades mexicanas han impedido el paso de los migrantes a Estados Unidos y los han regresado a sus países de origen, donde algunos de ellos son asesinados, torturados y maltratados.
El The New York Times en un artículo reciente, publicó lo anterior, compañeros. Aunque el presidente Peña Nieto dijo en el Plan Frontera-Sur que buscaba proteger los derechos humanos de los migrantes por su paso por México, ha ocurrido lo contrario; ya que 72 mil migrantes han sido rescatados de secuestradores, además de ser sometidos a tortura y malos tratos.
El fenómeno de la migración nos resalta que el modelo económico ha fracasado, que los pobres tienen que migrar hacia las naciones ricas donde encuentran desgraciadamente en su camino la muerte, desigualdad y violencia, son los rasgos distintivos que padecen los migrantes en su travesía para conseguir un nivel de vida digno; el sueño americano que se convierte en una verdadera pesadilla.
Es por ello que los exhortamos a que sean congruentes con su responsabilidad como legisladores, y de verdad promuevan los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. En Morena pedimos su sensibilidad y exigimos no al cobro de la regularización migratoria, no les demos más pretextos y armas a la delincuencia gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto, ratificamos nuestro voto en contra, y siempre será nuestro compromiso en Morena velar por los intereses y derechos humanos de los migrantes. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro.
El diputado Ricardo David García Portilla: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Esta honorable Cámara de Diputados está cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en la ley para aprobar este paquete económico. Sin duda, este primer esfuerzo reflejado en la Ley Federal de Derechos refleja que estamos cumpliendo en tiempo y forma.
Debe quedar claro que no se aumentan o modifican impuestos vía la Ley Federal de Derechos por lo que no se viola el acuerdo de certidumbre tributaria.
Cuando el acuerdo de certidumbre tributaria se refiere a no modificar la legislación está acotado a no proponer nuevos impuestos, a no aumentar las tasas de los impuestos existentes y no reducir o eliminar beneficios fiscales o exenciones existentes.
La Comisión de Hacienda recibió a cámaras y representantes de diversas organizaciones sociales y organismos privados, ahí se definieron reformas que benefician sin duda al turismo, que benefician a la planta productiva de este país.
Por ello las citadas reformas o adiciones a la ley principalmente se están promoviendo con el objeto de incorporar derechos por nuevos servicios o por servicios que no se venían cobrando y, segundo, simplificar el marco jurídico fiscal, derogar los cobros de algunos servicios que ya no se prestan y actualizar algunas cuotas de derechos ya establecidos, como los migratorios.
En la propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos se establece el cobro de derechos por diversos servicios relacionados con la expedición de títulos de permisos para el tratamiento y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, así como por su prórroga, sesión y modificación a fin de reflejar en dicho ordenamiento el cobro por la prestación de estos nuevos servicios, derivado de la reforma constitucional en materia energética.
Debe quedar claro que el no establecer el cobro de derechos por los citados servicios no quiere decir que la autoridad administrativa no esté facultada a otorgar o emitir los permisos asociados, ya que ello fue regulado en la reforma constitucional. Lo que sí perdería este país con el derecho propuesto es que el Estado dejara de recibir la retribución que refleja el costo que implica prestar estos servicios.
La disminución del derecho que propone para la banda de 700 megahertz es fundamental para el país, esta banda es la que mayor cobertura le da al país, es la que menos costo tiene para implementar algo que es necesario en este país: acceso a Internet universal. Esto, en virtud del mandato específico que hay en la Constitución para el desarrollo de la Red Compartida.
Esta propuesta de modelo busca que la contraprestación venga fundamentalmente con la obligación de cobertura y su infraestructura asociada, así la obligación es compensada precisamente con la responsabilidad de cobertura de al menos 85 por ciento del país a escuelas, a comunidades, a municipios que actualmente no tienen acceso a este servicio.
Es cierto, también se adecua el marco jurídico en diversos aspectos, por ejemplo: En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los derechos por la inspección y vigilancia de las Sofomes y centros cambiarios al no recibir beneficio alguno por esta vigilancia. Con ello se propone ajustar el monto de las cuotas referentes a los dictámenes técnicos de la CNBV, reduciendo un subsidio y eliminando un subsidio que actualmente tienen las Sofomes y los centros cambiarios.
Así, este sector de la banca pagaría la cuota de 2015 más el 10 por ciento, con lo cual se aumentaría en promedio un 12 por ciento los servicios que se cobran por estos servicios que actualmente no tienen.
Como ustedes saben, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, esto significa replantear el esquema de derechos que anteriormente correspondía a la Cofetel. Esto precisamente es lo que se está regulando, es lo que se está actualizando.
Por ello también en materia minera se establecen cobros por el uso de los bienes de dominio público y éstos deben reflejar el grado de explotación de dichos bienes y no fijarse con base en los ingresos de las empresas, ya que para esto está la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por esto el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la Ley Federal de Derechos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Saludamos la presencia en este recinto legislativo de presidentes de diversas cooperativas de pescadores de la región del Valle del Mezquital, Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, invitados por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta.
Igualmente, amigas y amigos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, de la ciudad de Puebla, del ITES Campus Puebla, invitados por el diputado Diego Valente Valera Fuentes, y también de estudiantes de la Universidad del Istmo, Unistmo, del estado de Oaxaca, invitados por el diputado José Antonio Estefan Garfias. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes.
Tiene ahora la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, hoy se empiezan a tomar decisiones fundamentales para la economía de nuestro país, pero también para las condiciones de vida de miles de mexicanos, de la mayoría de mexicanos de nuestro país.
La propuesta que hace el Ejecutivo, en un sentido común al leer las grandes cifras, podría inducirnos a votar a favor, en particular en el rubro de derechos. Los derechos que se obtienen, ingresos que se obtienen por el uso y disfrute de recursos nacionales, que son bienes que pertenecen a todos los mexicanos, bienes de todos los mexicanos que en el proceso de comercialización vienen a abonar la ganancia privada de un puñado muy pequeño de mexicanos y de empresas trasnacionales.
Si vemos las cifras del apartado de derechos, que se presenta en la Ley de Ingresos, en 2015 se señalan 39 mil 200 millones de pesos, y para 2016 se proyectan 41 mil 761 millones de pesos. Esto es la aportación a través de derechos para el fisco federal, tiene un aumento porcentual de 3.40.
Esto es bueno y es positivo en el marco del discurso de Peña Nieto de no aumentar impuestos. Razonablemente diríamos que es positiva la propuesta y se podría votar a favor. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la información que soporta estas cifras empieza uno a dudar.
En el desglose de derechos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 20 mil 241 millones de pesos, tiene un decrecimiento a 19 mil 688 millones de pesos. Esto es, tiene una reducción de casi el 6 por ciento. Y en este apartado de derechos se incluyen los derechos sobre el agua.
Por otra parte, tenemos también un saldo positivo en Comunicaciones y Transportes. De 4 mil 808 de 2015, pasa a 5 mil 336 millones de pesos. Es positivo, nos pone en duda si votamos a favor o en contra. Sin embargo, bajamos más la información y tenemos que la Ley Federal de Derechos, en el artículo 223, establece que las empresas públicas y privadas que tengan asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, pagarán los derechos que se señalan en el apartado B de la fracción I de este mismo artículo, y esta tabla nos divide al territorio nacional en cuatro zonas, zonas que se clasifican por la disponibilidad del agua. Divide al país en cuatro zonas atendiendo la disponibilidad del agua.
Por cada mil metros cúbicos, en donde no hay agua, se pagan 427 pesos por derechos. En los lugares donde la cuenca aún tiene bastante agua se pagan 51 pesos por cada mil metros cúbicos. Si estos mil metros cúbicos los dividimos en razón del derecho que se paga, vamos a encontrar que en la zona donde hay mayor escasez de agua el consumo básico que hace un ciudadano tiene un costo de 6 pesos con 90 centavos, y en las zonas donde hay más agua tiene un costo de 5 centavos.
La tarifa que pagan los ciudadanos tiene un incremento muy absurdo, porque no se equipara el derecho que se paga con el precio final que paga el ciudadano. En Mexicali por una tarifa ordinaria se pagan 167 pesos, en Acapulco 893 pesos, podemos decir que atiende a la zona en función de la disponibilidad del agua, pero esto nos va dando elementos que presuponen ganancias millonarias para aquellas empresas que han sido beneficiadas con la concesión de los Congresos estatales para distribuir, para hacer llegar el agua a cada domicilio.
Es ahí donde empiezan nuestras dudas para votar este proyecto, en el cual los derechos no garantizan un ingreso real por los bienes nacionales que explotan empresas privadas, que explotan empresas públicas, pero que sin embargo no son transparentes y no rinden cuentas de los ingresos reales.
Es esta falta de información, esta lógica del costo-beneficio que nos lleva a razonar un voto en contra, de Morena, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de las administradoras del agua, como parte de los derechos de este país, deben ser revisadas para evitarla corrupción. Dejaré aquí esta reflexión para continuarla con nuestros votos de reserva. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento, para hablar en pro.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos sobre las modificaciones a la Ley de Derechos es parte fundamental del proyecto que votaremos la próxima semana sobre la Ley de Ingresos para el 2016.
Se plantean diversas modificaciones en materia migratoria de relaciones exteriores, de inversión extranjera, autotransporte federal, hidrocarburos, telecomunicaciones, marina, salud, turismo, medio ambiente y agua, entre otras.
En aras de apoyar a los ciudadanos el texto dice: exentará de varios pagos por derechos los menos, claro. Mi intervención, más que a favor por completo de la Ley de Derechos es a favor de las y los ciudadanos.
Algunas modificaciones tienen qué ver, sin duda, con simplificaciones administrativas, pero en tiempos donde la caída de ingresos por concepto de renta petrolera para el país ha significado una dinámica de ajustes, es obligatorio que pongamos énfasis en establecer los mecanismos para que en el marco jurídico se prevean los derechos que habrán de coadyuvar en el funcionamiento del Estado.
Creemos que el decreto a la Ley de Derechos debe considerar la progresividad en el cobro de los mismos como un principio que refleje no solo los montos congruentes con las áreas en las que tienen injerencias y en una visión de justicia social, ahí donde sea necesario. Esa visión es la que tendría que permear más que los montos, necesariamente.
Un ejemplo de ello son los cobros mínimos de los cuales reservamos ya varios apartados, que se establecen para permisos de refinación de petróleo, petroquímica y procesamiento de gas derivados de una reforma energética en la que esta bancada y nuestra visión ciudadana se opuso firmemente por considerar que ponía en riesgo la soberanía nacional y los recursos naturales que en teoría son propiedad de la nación.
Lo mismo ha sucedido con los cobros a particulares que solicitan permisos por concesiones de usos de espectros de radiodifusión con fines lucrativos, dado que estos en la práctica gozan de amplios márgenes de ganancia, y lo mismo sucede con los cobros de cuotas a aquellos que explotan la minería, sobre todo a aquellos que lo hacen a cielo abierto a pesar de sus enormes ganancias y de las cuantiosas afectaciones que generan al medio ambiente siempre siguen protegidos.
Dichos cobros no solo son incongruentes con la rentabilidad de estas industrias sino que olvidan generar las condiciones para que estos se conviertan en insumos estratégicos para la nación.
Creemos también que muchas de las cuotas nuevas establecidas son ambiguas y no claras, ya que no tenemos referentes de cómo se están asignando, con qué parámetros, con qué visión social.
Sin más, es necesario puntualizar que la Ley de Derechos debe convertirse en un instrumento clave en la proyección presupuestal del país, y para ello, el enfoque debe tener claro como prioridad la reducción administrativa y burocrática, con esta presente en diversos supuestos del dictamen. Sin embargo, los pagos de contribuciones deberán entenderse como actos que ayudan a cubrir los gastos generados por los procesos que estos exigen, pero a su vez como ingresos de los que el Estado deberá vigilar, sin duda, su destino e impacto.
La banca de Movimiento Ciudadano se ha pronunciado a favor en lo general de la aprobación de este dictamen, sin embargo en lo particular señalamos existen cobros por derechos que deberán ajustarse, toda vez que no corresponden con la realidad social, con la justicia económica o técnica en la que se implementarán.
Hago un llamado desde la bancada ciudadana, para que este dictamen de la Ley de Derechos sea considerado como un marco que genere las condiciones para que estos insumos contribuyan de manera estratégica a la nación y no solo sea un listado de cobros desconectados de las realidades en las que incide, y mucho menos que dichos cobros sean endebles en aquellas áreas donde el usufructo de nuestros recursos genera de manera lamentable riqueza a manos llenas para unos cuantos, no necesariamente mexicanos. Es cuanto, ciudadano presidente, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Tiene ahora la palabra, la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, en contra.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Señoras y señores diputados, presidente. Estoy aquí para explicar el porqué de nuestro voto en contra de estas reformas a la Ley Federal de Derechos, y me dirijo desde esta tribuna al pueblo de México, a la mayoría de los mexicanos que estuvimos y seguimos estando en contra de las reformas estructurales orquestadas desde el mal llamado Pacto por México.
A través de este decreto, el Ejecutivo federal pone en marcha el andamiaje institucional para echar a andar las reformas estructurales que fueron aprobadas por la Legislatura pasada, reformas a las que nos opusimos primero como ciudadanía en las afueras del Senado de la República y ahora ya como partido político desde esta tribuna y que fueron aprobadas sin el consentimiento de la ciudadanía, contraviniendo así sus intereses y los de la nación.
Fundamento la postura en contra a partir de las siguientes consideraciones:
1. Se pretende que esta Cámara de Diputados apruebe al vapor a semejanza de como se hizo para el caso de las reformas estructurales, sin contar con un análisis sistemático y profundo acerca del cobro de derechos que se pretenden establecer. Señoras y señores diputados, esto no es hacer un trabajo legislativo serio.
2. Mediante este decreto se legitima, y repito nuevamente, en contra de los intereses de la ciudadanía y de la nación el flagrante despojo de nuestros recursos naturales y culturales. Destaca el caso del agua, ya que mediante las reformas planteadas se favorece el modelo privatizador de este recurso que lejos de promover precios especiales para los más vulnerables mercantilizará y aumentará el precio, pues éste se rige bajo la premisa de la mayor rentabilidad y de la concentración de los recursos en pocas manos.
Esto en realidad, señores y señoras diputados, es un mandato del Banco Mundial del cual el gobierno mexicano sigue siendo un vasallo. Esta política está causando gran aflicción en muchos países del tercer mundo que temen que sus habitantes no puedan afrontar la tarifa del agua, tal como sucedió en Bolivia.
Primero. A este respecto la propia Organización de las Naciones Unidas ha advertido lo siguiente. El consumo mundial del agua se está duplicando cada 20 años; más de mil millones de personas carecen ya de acceso al agua potable. Si la tendencia continúa, para el año 2025 la demanda de agua potable se espera que aumente un 56 por ciento, lo que supera la cantidad de agua disponible actualmente.
Segundo. Las corporaciones multinacionales conocen estas tendencias y están tratando de monopolizar el suministro de agua en todo el mundo. Monsanto, Bechtel y otras grandes multinacionales mundiales están buscando controlar los sistemas de agua y su abastecimiento.
Tercero. Morena no puede hacerse cómplice de este intento privatizador que no solo encarecerá el acceso al agua potable de millones de mexicanas y mexicanos, sino que ocasionará un daño ecológico al subsuelo de la nación y a la atmósfera del país y, cabe destacar, del planeta, porque todas y todos sabemos que esta es la antesala del uso del recurso acuífero en la explotación del petróleo y del gas a través del fracking, práctica probadamente dañina del entorno ecológico y prohibida en distintas partes del mundo.
Señoras y señores legisladores, somos servidores de la nación y no podeos votar en contra del mandato de nuestros representados. En mi caso personal, no dejé la universidad para venir a esta Cámara de Diputados a llenarme de vergüenza y de oprobio. No me uniré al amplio grupo de legisladores que traicionan a su patria.
Por todo lo anterior, la bancada de Morena se opone a instrumentar desde esta Cámara el daño al patrimonio de las generaciones presentes y de las que están por venir. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aceves. Tiene ahora la palabra el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, en pro del dictamen.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Me permito saludar a los presidentes de las diversas cooperativas de pescadores de la región del Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados especiales de mi compañera la diputada Rosa Guadalupe Chávez, y asimismo a los alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria General Ismael Villaseñor, de Tizayuca, Hidalgo, invitados por mi compañera hidalguense diputada María Gloria Hernández Madrid.
Diputado presidente; compañeras y compañeros, los cambios que se están planteando para mejorar la prestación de los servicios públicos, así como la adecuación de las disposiciones tributarias, son medidas que favorecen el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Hoy más que nunca tenemos que ser críticos pero también constructivos. En el Partido Verde ha sido un elemento clave el escuchar las opiniones de las minorías con el objeto de enriquecer el debate, pero siempre con el firme propósito y objetivo de incrementar el grado de democracia y pluralidad de las ideas.
En aras de apoyar a los ciudadanos en diversos sectores económicos, dando seguridad y certidumbre para que puedan realizar sus cotidianas actividades productivas con el mejor de los fines.
La Ley Federal de Derechos busca los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de derecho; de ahí la importancia de este dictamen.
Tenemos que ser conscientes de que este instrumento jurídico es de vital importancia para el desarrollo de integrar una Ley de Ingresos consistente y comprometida con un mejor país.
Nuestro compromiso como grupo parlamentario es desarrollar, impulsar e innovar la operación de normas administrativas capaces de seguir la directriz del artículo 134 constitucional que marca la forma de administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Sabemos que la política nacional va por buen camino, esto lo demuestran los progresos en materia de crecimiento y desarrollo durante estos tres años de gobierno. Estamos convencidos de que podemos avanzar y seguir regulando en materia de derechos para llegar a sobresalientes puertos, derivando en mayores capacidades y adecuaciones financieras.
Las voces de todos han sido escuchadas y estrictamente valoradas. En el Partido Verde celebramos este ejercicio parlamentario como una muestra de civilidad, profesionalismo y esfuerzo. Por ello, abonaremos en esta misma dirección para progresar y crear bienestar en todo México.
En resumen, los cambios efectuados en la Ley Federal de Derechos son una clara muestra de avances y resultados de esta Cámara de Diputados, en general, y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en particular. Por eso en el Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Márquez. Tiene ahora la palabra la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos en contra.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Diputados y diputadas, nuevamente hoy, como los días siguientes, comprobaremos una y otra vez nuestras posturas diferentes frente a la administración de los recursos nacionales y la evaluación de las consecuencias.
Ustedes ven una administración responsable que ha fortalecido al país, con una economía que crece en la que todos tienen la oportunidad de desarrollarse y, por supuesto, que no hay pobres.
Esto no lo pueden demostrar, en cambio, nosotros sí podemos comprobar día a día la debilidad de la capacidad productiva, la afectación de las condiciones de vida de los trabajadores, la imposibilidad de los productores agropecuarios de superar los efectos de las políticas económicas y creciente desigualdad y la pobreza lacerante.
Tenemos visiones distintas, y es por esa razón que no encontramos en las reformas propuestas en el paquete económico para el 2016, elementos que permitan superar o suponer correcciones de fondo, más bien advertimos el riesgo de aumentar la entrega de recursos nacionales, y por esa razón registramos las reservas que podrían frenar esta intención.
¿Cómo podemos justificar disposiciones que facilitan o inducen el trasvase de volúmenes en una cuenca a otra, cuando ya se observan los efectos de aplicar este tipo de medidas? ¿Cómo podemos normar cambios en algunas actividades petroleras apoyadas en reformas que nosotros consideramos que deben revertirse?
Cabe insistir en el hecho de que imponer esta reforma no les dará más legitimidad. Ni siquiera sabemos cuál es el beneficio de los ingresos fiscales que tendrán las reformas que se propusieron. Los funcionarios de Hacienda estiman que se captarán 40 mil 761 millones de pesos en 2016, sin embargo aún si el entorno se mantiene estable no podemos garantizar que esto sucederá.
Pero además, hay que recordar que en 2011 la Cámara aprobó ingresos por otros derechos por 14 mil millones y se captaron 36 mil millones. En 2012 se aprobaron ingresos por 21 mil millones y se captaron 42 mil millones. En 2013 Hacienda estimó que se captarían 22 mil millones y recaudó 44 mil millones. Y, finalmente, en 2014 se programaron 36 mil millones y se captaron 45 mil millones.
Como se ve, los cálculos de Hacienda en materia de derecho siempre han sido inferiores al potencial. Y lo más grave es que esta Cámara no pide información para evaluar las posibilidades que tiene el país de aumentar su recaudación.
Es por eso que consideramos que la discusión en torno a este gravamen no se llevó a cabo como la población espera, y que actuemos los legisladores. Por eso, el Grupo Parlamentario de Morena votaremos en contra de este dictamen. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Falcón. Saludamos la presencia de alumnos y profesoras de la licenciatura en enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM –bienvenidas, bienvenidos–, invitados por la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano.
Bien. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, suficientemente discutido en lo general.
Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión diversos artículos del dictamen, de los que dará cuenta la Secretaría. Proceda por favor en consecuencia.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Señor presidente, se reservaron los siguientes artículos. 5o, 7o, 8o, 18 B, 30 C 31 A1, 61 A, 61 F, 86 D2, 148, 194 H, 231 A, 244 A, 268, 270, 288, 288 A1 y los transitorios Segundo, Sexto y Séptimo, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de ser la primera vez que se utilice el sistema electrónico de votación en esta legislatura, se pide a la Secretaría abra el sistema, por diez minutos, para proceder la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 419 votos en pro y 36 en contra.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 419.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Irma Rebeca López López, del Partido Morena, para presentar su propuesta de modificación al artículo 5o., párrafo segundo. Es hasta por tres minutos el uso de la voz.
La diputada Irma Rebeca López López: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, en la actualidad nuestro país vive una enorme transformación, tanto económica, política y social.
Transformación que va de la mano con las nuevas tecnologías, pero a su vez con el paso de las nuevas generaciones, mismas que han impulsado reformas y leyes para apoyar a los grupos vulnerables.
Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social, de las familias, grupos y personas.
Con esto queremos decir que las instituciones que brindan algún servicio se deben de sensibilizar con las diferentes situaciones que atraviesan los grupos vulnerables, brindado el apoyo completamente y cabal a los mismos, comenzando por quitarles a cada una de las secretaría de Estado y la Procuraduría General de la República el concepto de pago por derecho por la prestación de sus servicios públicos, en ejercicio de sus funciones que perciben por parte de esta sociedad en particular.
Derivado de lo anterior es que someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 5 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona, derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Artículo 5. Lo dispuesto en el presente artículo también será aplicable a cualquier órgano del Estado que preste sus servicios públicos en ejercicio de sus funciones, teniendo presente que los estados y municipios donde se presentan estos grupos vulnerables que comprenden los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por riesgos de trabajo, por invalidez, así como viudez, huérfanos, pensionados, adultos mayores sin ingresos fijos, escasos recursos, comunidades indígenas, los mismos tendrán derecho a condiciones del 100 por ciento de cualquiera de las secretarías de Estado y Procuraduría General de la República por el concepto de pago por derecho conforme a las cuotas que para cada caso se señalan, incluyendo aquellos casos que en esta ley se establecen expresamente.
Pido a las diputadas y diputados que voten a favor de esta propuesta de Morena en beneficio de quienes más lo necesitan. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada López. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, para referirse a artículos reservados que son el 7o., 268 y 270.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Le pediría un minuto más al presidente, en virtud de que son tres artículos reservados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Muchas gracias. En primera parte quisiera referirme a la propuesta que hacemos de modificar los artículos 268 y 270, que tienen que ver con el pago de concesiones y asignaciones mineras.
Proponemos: que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que facturen más de 15 millones de pesos anuales pagarán anualmente el derecho especial sobre minería aplicando la tasa de 15 por ciento a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta a la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo. Es decir, estamos proponiendo un incremento de 7 a 15 por ciento. Además, que los titulares y concesiones y asignaciones mineras que facturen menos de 15 millones tendrán la tasa de 7.15 por ciento.
Nos parece muy importante que esta actividad que genera empleos, claro, pero también grandes afectaciones a las comunidades y al patrimonio nacional, es parte de nuestro patrimonio, tengan un pago mayor al que están teniendo. México es uno de los países que menos está cobrando a las empresas mineras y es una gran oportunidad de que exista justicia en este orden y que el Estado pueda tener mayores recursos para resarcir los daños.
También por eso promovemos el cambio en el artículo 270 de la Ley de Derechos para que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que facturen más de 15 millones de pesos paguen actualmente un derecho ordinario sobre minería, aplicando una tasa de 2.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino; y para los que tengan concesiones y asignaciones mineras que facturen menos de 15 millones, pagarían anualmente el derecho extraordinario sobre minería aplicando una tasa de 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación de oro, plata y platino.
Creemos que es muy importante que el país, que la sociedad tenga una mayor retribución en este sentido y esta es una gran oportunidad para que esta Cámara de Diputados cumpla su papel de garantizar que quienes aprovechan el patrimonio nacional paguen lo suficiente.
Por otro lado, también vamos a reservar el artículo 7 de este ordenamiento para que la Secretaría de Hacienda informe los montos de ingresos por concepto de derechos y de aprovechamientos, y también para que lo haga en un formato de datos abiertos. Es momento ya de que todas las leyes fiscales incluyan formatos de datos abiertos que puedan ser manipulables y utilizables para el análisis público, y consideramos que es importante iniciar.
En la Ley de Derechos no vemos motivo para oponerse a esta propuesta. Es una propuesta que abona en la transparencia y también para aprovechar que el tema de aprovechamientos sea informado de manera oportuna por la Secretaría de Hacienda.
Hay más de cinco auditorías presentadas por la Auditoría Superior de la Federación donde señalan falta de información clara y oportuna por parte de la Secretaría de Hacienda en el tema de aprovechamientos.
Tan solo en este año en la propuesta que nos presenta el Ejecutivo hay un monto de alrededor de 150 mil millones de pesos que está clasificado en aprovechamientos como otros aprovechamientos. Es una fuente de financiamiento de la cual no estamos recibiendo información oportuna.
Por lo tanto pedimos la modificación del artículo 7 para que se informe sobre aprovechamientos y para que sea en un formato de datos abiertos que permita calcular y conocer a detalle los montos a que se pueda establecer lo que está en la Ley de Derechos.
Agradecemos su apoyo. Sabemos que la transparencia es un compromiso que tenemos todos en esta Cámara de Diputados y por lo tanto estamos seguros de que vamos a contar con su apoyo para esta reserva. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A juicio de esta presidencia es visiblemente mayoría por la negativa, diputadas y diputados. Repita, por favor, secretario, la votación económica, económica.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Con gusto, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas, por favor.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias. Quiero pedir que se vote por separado, de manera nominal, nuestra propuesta al artículo 7 y al 270 y 268, que se vote de manera nominal en el momento procesal oportuno, que se separe del resto de las reservas, y entonces que se vote de manera nominal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Eso se tendría que decidir o se decidirá, señor diputado Llerenas, al final de las votaciones en lo particular y con la autorización del pleno, por supuesto, en términos del Reglamento. Tiene ahora...
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García, por favor.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Sí, diputado, las reservas del compañero Vidal fueron en tres artículos...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así es.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Yo estoy sugiriendo que someta a votación uno por uno, en votación económica, si así usted lo gusta, pero son tres artículos los que están a discusión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya lo votamos, diputado García.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Por eso le pedí la palabra antes. Por eso antes de votar le pedí la palabra, pero usted me ignoró.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya nos referimos al tema, y al final de las votaciones en lo particular, tomaremos en cuenta lo que se está planteando tanto por el diputado Llerenas, como por el diputado García.
Ahora, para presentar propuestas de modificación a los artículos 8o, párrafo primero y 18 B, tiene la palabra el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, les vengo a hablar de un tema que hoy nos ocupa, como la fijación del pago de derechos por una serie de servicios que presta el Estado mexicano.
Les vengo a hablar sobre los refugiados. Refugiado es aquella persona o individuo que debido a una persecución política, un conflicto bélico u otra situación que pone en riesgo su vida, debe solicitar refugio en el extranjero. El refugiado, por lo tanto, se ve forzado a marcharse de su país, ya que de permanecer ahí se encontraría en peligro, de este modo, otra nación lo acoge en su territorio y le brinda la protección.
El trato a los refugiados en el país de acogida varía de acuerdo a las leyes de cada nación. Hay que destacar de todas formas que convenciones y protocolos internacionales obligan a los países a otorgar asilo y a no enviar por las fuerzas a los refugiados de vuelta a sus lugares de origen, el derecho al refugio por otra parte forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, interviene para velar por que esos derechos sean respetados.
Si de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1o. de la Constitución las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
México cuenta con una larga tradición en materia de asilo político y asistencia a refugiados: en la década de los años 30, cuando se les dio refugio a miles de españoles que huían de la guerra civil; en los 70 y en los 80 México se transformó en un oasis para aquellos quienes huían de las dictaduras del Cono Sur e incluso a mediados de los años 80 y principios de los 90 miles de refugiados guatemaltecos se asentaron en los estados del sureste mexicano, dando pie incluso intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNU en nuestro país.
Entonces no se explica el porqué de aplicar una condicionante administrativa por parte de la Secretaría de Gobernación a los refugiados, quienes por definición ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. El artículo 18-B de la propuesta que se nos presenta refiere estar exentos del pago de derechos por trámites migratorios, los refugiados deberán obtener de la Secretaría de Gobernación el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de condición complementaria.
Esto es un despropósito, exigirles a quienes han sido orillados a dejar atrás todo, su patrimonio, hogar, familia, patria. Que para darles ciertos beneficios primero se obtenga el reconocimiento de la condición de refugiado es un contrasentido de esta contra los tratados internacionales de los que México es parte, los cuales son de aplicación obligatoria para todas las autoridades en el país. Es simplemente absurdo.
No debemos impedir el ejercicio de los derechos humanos. El derecho a ser considerado refugiado y denigrar a nuestro país con una larga tradición internacional, con el solo propósito de cobrar unos cuantos pesos.
Por eso, señores diputados, los exhorto a que aprueben las modificaciones que se plantean al dictamen con respecto al artículo 18-B de la Ley de los Derechos que se está votando. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el artículo 8o. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Para presentar propuestas de modificación... Perdón, aquí hubo una confusión para la votación por separado de los artículos reservados.
Ahora sí, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión el artículo reservado 18-B.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión el artículo 18-B.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Ahora sí, tiene la palabra la diputada Modesta Fuentes Alonso, para presentar propuestas de modificación al artículo 8o, fracción I, del dictamen.
La diputada Modesta Fuentes Alonso: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el tema de los migrantes es un tema sensible para todos, que ha tenido como factor común el desdén y la poca atención de los gobiernos locales y federales.
Aunado a esto, se deja ver la ignorancia sobre la problemática y la desorganización en torno a él. Como consecuencia, se pasan sexenios sin resolver las demandas correspondientes.
Si bien es cierto que nuestro país cuenta con una Ley de Migración, así como los lineamientos y programas que buscan mejorar las condiciones de las personas migrantes en el país, está documentado que existen abusos y malos tratos por parte de las autoridades migratorias, lo cual desemboca en la violación permanente de los derechos humanos, tanto de extranjeros como de connacionales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la agenda nacional de derechos humanos expresa que las personas migrantes se encuentran con un alto grado de vulnerabilidad, situación que no ha cambiado en estos años.
México al ser un país de origen, tránsito y destino, presenta una problemática que repercute en agravio de los migrantes, quienes son objeto de las conductas directivas de mandos altos, impacto que se presenta en una sociedad.
De esta manera resulta urgente llevar a cabo una política en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y los tres órdenes de gobierno, para que garanticen la seguridad de las personas migrantes que transitan el país.
¿Cómo podemos reclamar un trato digno a nuestros paisanos, mientras que aquí se cometen abusos y violaciones a derechos humanos de los migrantes que se internan a nuestro país?
Creemos que se debe aumentar el monto del cobro del documento migratorio, por ello se debe implementar, monitorear y evaluar política pública en coordinación con los interlocutores sociales y en la sociedad civil, para una adecuada gestión de las migraciones.
Por lo tanto, consideramos en nuestra reserva que es menester aumentar por lo menos un salario mínimo, al artículo en mención, para el sector migrante, para ver si con ello ahora sí aplican los recursos para mejorar que se planee y no dejar pasar desapercibido el tema, como hasta ahora. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Fuentes. Ahora, para presentar modificaciones sobre los artículos... Perdón, perdón. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Fuentes Alonso.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sí, señor presidente. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 8o. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Para presentar propuesta de modificación sobre los artículos 30 C, 31 A-1 y segundo transitorio, tiene la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
Hará uso de la palabra, no a quien nos habíamos referido sino por disposición del grupo parlamentario proponente, el diputado Refugio Sandoval Rodríguez, para referirse a los artículos ya enunciados.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas gracias, diputado presidente. Son tres propuestas de reforma muy simples. De hecho vamos a retirar como grupo parlamentario la reforma, si me permite, diputado presidente, que habíamos propuesto al transitorio segundo. Ése lo retiramos. Quedamos únicamente con las reformas al artículo 30 C y al 31 A 1, para quedar como sigue:
El texto actual en el dictamen del artículo 30 C dice lo siguiente: Por la presentación de cada examen de acreditación de conocimiento de los actuarios que presten sus servicios a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros se pagará una cuota del mil 367 pesos con un centavo, por concepto de derechos por cada una de las pruebas siguientes.
La propuesta de modificación que hace el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista es la siguiente:
Artículo 30 C. Por la presentación de cada examen de acreditación de conocimiento de los actuarios que presten sus servicios a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, ya sea como persona física o moral, se pagará una cuota de mil 367 pesos con un centavo por concepto de derechos por cada una de las pruebas siguientes.
Eso es por lo que respecta al artículo 30 C.
En el artículo 31 A-1, el texto actual está como sigue: Por la presentación de cada examen de acreditación de conocimientos de los actuarios que presten sus servicios a las instituciones de finanzas, se pagará una cuota de mil 367 pesos con un centavo, por concepto de derechos por cada una de las pruebas siguientes:
La propuesta de modificación que hace el Grupo Parlamentario del Partido Verde es la siguiente:
Por la presentación de cada examen de acreditación de conocimiento de los actuarios que presten sus servicios a las instituciones de fianzas, ya sea como personas físicas o morales, se pagará una cuota de mil 367 pesos con un centavo por concepto de derechos por cada una de las pruebas siguientes –y hago nuevamente la rectificación, presidente– se retira la modificación al artículo transitorio segundo. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 30-C. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En consecuencia se admite a discusión.
No habiendo oradores registrados. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 30-C. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen con la modificación de la que se ha dado cuenta. Ahora, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión el artículo 31A-1.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 31A-1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se admite a discusión y no habiendo oradores ni en un sentido ni en otro, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta.
La Secretaria Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 31A-1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se acepta y se reserva para su votación nominal el conjunto en términos del dictamen.
Ahora para presentar propuestas de modificación a los artículos 61A, párrafo tercero; 86D-2, párrafo segundo y 231A, párrafo primero, tiene la palabra la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Muy buenas tardes a todos. En México cualquier intento de autorización representa millones tanto de inversión como de personas, convirtiendo a tal situación como la más jugosa en la administración pública.
Son estas situaciones las que nos obligan a estar en una alerta permanente y vigilar estrictamente todos y cada uno de los recursos aplicados a tan importantes obras, recordando que la omisión también es un delito.
En la revisión del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos, observamos la intención de apertura y facilitar el pago de derechos por distintos servicios públicos, logrando un equilibrio compensatorio con la extensión de los servicios menos solicitados y la reducción en la modificación y transferencia de algunos derechos autorizados.
En la inteligencia de que no serán utilizados los mismos elementos y recursos de revisión que en el otorgamiento del derecho original, sin embargo en algún lugar escuché que el mejor negocio de la era moderna es la compra de tiempo, y si lo dudan, analicen cuánto dinero representa para el hombre más rico del mundo la venta anticipada de tiempo aire.
Otro caso que viene a mi mente es cuando un líder de comercio ambulante sabe por anticipado cuántos espacios comerciales estarán dispuestos en la vía pública. Este no tendrá empacho en reservarse el derecho a su disposición al precio justo, y tiempo después, sobrevalorar su costo al tamaño de la necesidad del usuario del servicio. Estas actividades parecen lícitas ante el amparo de la ley que las permite. Sin embargo se trata del acto de corrupción más grande de la organización política.
Señoras y señores, estamos ante la regulación del conflicto de intereses, y esto no es una ocurrencia. En la participación comercial de nuestros energéticos, con las reformas de gran calado, ahora pretenden que seamos cómplices al permitir que un grupo de intermediarios con información privilegiada, tengan la oportunidad y la posibilidad de apartar derechos para el tratamiento de petróleo, refinación o procesamiento de gas natural por la módica cantidad de casi 126 mil pesos, y con 63 mil pesos más transferir o modificar dichos derechos.
En otras palabras, si alguno de los presentes tiene la capacidad de invertir cerca de 189 mil pesos, tendrá los derechos reservados para negociar el tratamiento, la refinación y el procesamiento de nuestros energéticos fósiles.
Amigas y amigos diputados, los conmino a dar seguimiento incansable a los posibles actos de corrupción y conflicto de intereses; que la ética y la moral sean y predominen el ejercicio de esta noble tarea que la ciudadanía ha depositado como nuestra responsabilidad.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea lo siguiente: el artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos, artículo 61-A, en su párrafo tercero del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos.
Único. Reserva al artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
La recepción y análisis de la solicitud, los títulos de permisos antes mencionados tendrán el carácter de intransferible e inmodificable desde el momento de la recepción de la solicitud y con una vigencia anual. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hauffen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta formulada sobre el artículo 61-A, párrafo tercero.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 61-A. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación hecha sobre el artículo 86-D-2, párrafo segundo...
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, permítame, parece que aquí hubo una falta de suficiente comunicación entre la diputada Hauffen, proponente, de tres artículos reservados, y sólo fundamentó... Sí, a ver, ha habido diputadas y diputados que han hecho reserva sobre distintos artículos, una sola legisladora o un solo legislador, y les hemos dado la palabra, así lo hicieron oradores que la precedieron a la diputada Hauffen argumentando sobre todas las propuestas que querían presentar de modificación.
Entonces, usted solo argumentó sobre uno, sobre el que acabamos de votar, no argumentó sobre los otros, tenía la palabra para hablar sobre el conjunto de las propuestas de modificación a distintos artículos.
Entonces, ahora en virtud de que hubo una confusión al respecto lo que procede es que usted concluya su argumentación ya en paquete sobre las otras dos propuestas de modificación, por elemental respeto nuestro, y ya la votación sí se hará por separado para cada una de las propuestas de modificación formuladas, para que así quede también entendido para quienes en lo sucesivo hagan uso de la palabra.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, perdón, diputado Ramírez Marín.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Le agradezco, señor presidente, la oportunidad...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito, diputada Hauffen, discúlpeme. A ver, préstenle ahí el micrófono en la curul donde está ahorita el diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, presidente. En primer lugar concordando con usted por elemental derecho que tiene nuestra compañera, pero solamente suplicarle que pueda aclararle a la asamblea el trámite de votación, porque si no me equivoco ya votamos el artículo del que sí fundamentó.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así es. Eso ya está votado y está desechado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Entonces, fundamenta los siguientes y votamos uno por uno.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Efectivamente, así es.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: La democracia en la sociedad perdura si se plantea como vocación, satisfaciendo las necesidades comunes, favoreciendo el crecimiento de todos los ciudadanos, especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo.
En la revisión del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos observamos la intención de optimizar la operación del Ejecutivo reduciendo sus gastos, dando apertura a los particulares con la posibilidad de operar como puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación o como punto de inspección internacional en materia de sanidad vegetal mediante su respectivo pago de derechos.
Aplaudimos y nos congratulamos por la oportunidad brindada a particulares profesionales y comprometido en tal y vital actividad, recordando simplemente de que es trata del estómago de nuestro pueblo.
Nos ponemos en tela de duda que las actividades desarrollada en estos sitios estarán fuera de cualquier acto que lleve en detrimento de los ganaderos y agricultores mexicanos.
Imagen lo que pudiera ocurrir si alguien que demuestre la capacidad técnica y profesional para el manejo de esta actividad tuviera la oportunidad de trasladar o modificar los derechos adquiridos con el 50 por ciento de su valor original. ¿Cuántos casos de extorsión, corrupción o abuso testimoniaremos?
Amparadas en la modalidad de conflicto de intereses a partir de la aprobación a la presente Ley Federal de Derechos, la actividad legislativa siempre estará basada en la atención al pueblo. A eso hemos sido invitados, compañeros, a eso hemos sido llamados, convocados por las urnas.
La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constante en muchos frentes, especialmente en las causas que la provocan. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva.
Artículo 86-D-2, párrafo segundo del dictamen con proyecto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos.
Único. Reserva al artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos.
Artículo 86-D-2, párrafo segundo tal cual debe quedar como sigue. En caso de los autorizados para operar algunos de los establecimientos según los derechos antes señalados, estos tendrán el carácter de intransferible, inmodificable y contarán con una vigencia anual.
Prosigo con la exposición de motivos del 231-A. la política debe servir al ser humano, no puede ser esclava de la economía y de las finanzas. La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común, resignar intereses particulares para poder compartir con justicia y paz sus bienes, sus intereses, su vida social.
El subsuelo y sus recursos son propiedad de los mexicanos, no existen mexicanos menos ni más capaces por simple apreciación. No subestimemos el esfuerzo y la responsabilidad de nadie.
Cuando expongo lo anterior, recuerdo el veredicto acusador contra el maestro Flores Magón. Se encuentra culpable de comunista, por el testimonio de una persona que dice que identifica en su comportamiento el de comunista. En otras palabras, si hace como pato, es pato.
En la revisión del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos, observamos la intención de que los ingresos que se obtengan de las entidades y organismos públicos o privados en el manejo de agua y drenaje, se destinarán a la Comisión de Agua para la realización de programas que contemplen acciones de mejoramiento, de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en una cantidad equivalente de hasta por el monto de los derechos cubiertos por las personas antes mencionadas en el ejercicio de que se trate.
Si bien es cierto que algunos responsables del servicio de agua y drenaje locales no cuentan con la capacidad y sensibilidad para el óptimo manejo del recurso hídrico, el limitarlos en la disponibilidad del pago de los derechos por la factibilidad de este servicio, los coartan la posibilidad de disponer del personal profesional y especializado que está formando en los planteles educativos en su región y limitarse simple y sencillamente a la continua tradición de no contar, no facturar y no cobrar el servicio. No subestimo la capacidad y desarrollo que esto conlleva, los aliento en este esfuerzo.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva:
231-A del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley de Derechos.
Único. Se modifica de la reserva del artículo único del dictamen con proyecto de decreto quedando de la siguiente manera: los ingresos que se obtengan de las entidades y organismos públicos o privados a que se refiere el apartado B, fracción I, del artículo 223 de esta ley, se destinará el 100 por ciento de los organismos públicos y el 30 por ciento de los organismos privados que originen los ingresos. El resto se transferirá a la Comisión Nacional del Agua, para que ambos realicen programas que contemplen acciones de mejoramiento, de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hauffen.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 86-D-2, párrafo segundo.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 86-D-2. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 231-A, párrafo primero.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 231-A. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Sofia Corichi García, para presentar propuesta de modificación al artículo 61 A, párrafo primero.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros, Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de la reforma energética por considerar que ponía en riesgo la soberanía nacional y los recursos naturales que son propiedad de la nación.
Esta reserva considera que siendo un tema en el que existe disenso en la opinión pública lo menos que se debe prever es, que los pagos de derechos en estos temas sean justos con respecto a las altas ganancias que representan para los privados la participación en un sector que resulte estratégico para el desarrollo del país.
No debemos permitir que teniendo ganancias de millones de dólares los privados que se benefician de la explotación de nuestros recursos naturales, que ante la vaguedad de la reciente Ley de Hidrocarburos, los cobros por derechos de expedición de permisos que podrían prolongarse por décadas sean ínfimos en comparación con sus rentas.
Solo como ejemplo quiero mencionar lo que sucede en el complejo petroquímico conocido como Pajaritos, en el que desde hace ya más de un año la participación de Pemex ha quedado reducida a 41.5 por ciento de las acciones y en que la empresa Mexichem ha obtenido el 58.4 por ciento.
Por dicha unión se creó la compañía Petroquímica Mexicana de Vinilo, misma que monopoliza la producción de cloruro de vinilo, material que se usa para la fabricación de PVC y que según documentos del proyecto de fusión para el caso de Pajaritos, se proyectó una producción estimada anual de 200 mil toneladas por año.
Si consideramos el precio por tonelada métrica de dicho material en el mercado internacional, que es de aproximadamente 705 dólares, es posible señalar que la ganancia anual de la petroquímica de Pajaritos ronde en poco más de los 141 millones de dólares, solo por el concepto de la producción de cloruro de vinilo.
Estas cifras deben poner en contexto los cobros que establecemos en la Ley de Derechos por concepto de expedición de permisos de tratamiento y refinación de petróleo, o por procesamiento de gas natural, ya que estos no representan ni el .1 por ciento de la rentabilidad anual de estos negocios.
Por lo anterior, propongo que la redacción del artículo 61 A del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos quede como sigue:
Por la recepción y análisis de la solicitud, y en su caso, la expedición de cada uno de los títulos del permiso de tratamiento de petróleo, refinación de petróleo o procesamiento de gas natural se pagarán derechos conforme a la cuota de 371 mil pesos, 880.
No se trata, sin duda, de desconocer que oponiéndonos a la reforma energética hoy está en vigor. Hoy está en vigor esta ley, pero por supuesto que se trata de que aquellos que pagan derechos, por lo menos lo hagan de manera justa.
Y ésta es la presentación, la participación que tenemos como Movimiento Ciudadano, como diputados y diputadas ciudadanos, planteando que al menos los que están usufructuando estos derechos lo hagan dejando mucho más recursos para nuestro país y para aquellos que menos tienen, cuando además muchos de ellos serán empresas internacionales. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 61 A. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Saludamos la presencia de amigos líderes de colonias en Cuernavaca. Invitados por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Igualmente, saludamos la presencia de miembros de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, que nos visitan. Bienvenidas y bienvenidos también.
Para presentar propuestas de modificación a los artículos 61-1 y 61-F, tiene la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Este artículo 61-A y 61-F, estoy proponiendo suprimir, y es una muestra del mal negocio de la reforma energética, del mal negocio de la Secretaría de Hacienda. Díganme ustedes si para un permiso, para una refinería, para un complejo petroquímico, para procesar gas, se va a necesitar que le paguen 125 mil pesos, y adelante.
Y es mal negocio porque en consecuencia se aprobó las alianzas estratégicas en la fallida reforma energética y no necesitan ni un peso para hacerse cargo de una administración como fue el Complejo Petroquímico Pajaritos. Entonces pues qué mal negocio, quieren dar permisos para refinar. Pero, ¿saben qué se necesita para hacer una refinería? Petróleo es lo que se necesita y quién va a hacer refinerías si la caída de la producción petrolera viene a la baja. ¿De dónde vamos a sacar petróleo? O los privados, ¿de dónde? ¿O vamos a esperar que los extranjeros traigan su petróleo de otro lado para venir a hacer refinerías?
Los complejos petroquímicos necesitan gas, y entonces estamos invadiendo todo el territorio nacional de ductos para traer gas, sabrá Dios de dónde, y hacer procesamiento de petroquímicos. Por ejemplo, en Tlaxcala están haciendo un ducto que va a pasar encima de vestigios arqueológicos porque necesitan llevar gas. A ver qué ocurrencias de inversiones.
Por eso Morena está planteando suprimir esto. Por eso estamos votando en contra esta Ley de Derechos absurda. Págame 125 mil pesos y ven a hacer el baile en mi casa y e entrego incluso a las bailadoras como son Cangrejera, El Morelos, Cosoleacaque, las seis refinerías. Eso es lo que tiene de fondo esta Ley de Derechos. Es por ello que nos oponemos y pedimos que se suprima.
Ustedes que votan a favor van a ser responsables en gran medida de las alianzas estratégicas y que vamos a perder gran parte del patrimonio nacional que nos costó más de 75 años establecer en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Acordado con la proponente, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten –en plural– a discusión las propuestas de modificación presentadas sobre los artículos 61A y 61F.
La Secretaria Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 61A y 61F. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Ahora para presentar propuestas de modificación sobre el artículo 148, apartado C, tiene la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenas tardes, diputado presidente; diputados, diputadas, hoy hago uso de la voz con la finalidad de reservar el artículo 148, inciso C del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Y la siguiente creo que es una fundación interesante y que invito a la reflexión. La seguridad de las personas no es un tema de debate. El Estado está obligado a garantizar la protección de los participantes y usuarios del transporte federal, desde conductores, ayudantes, automovilistas y trabajadores de los servicios prestados a lo largo de la red carretera.
Reducir el pago de derechos para la expedición, renovación o expedición de categoría adicional de la licencia de conducir cuando se efectúe a través de medios electrónicos, abre la posibilidad de que se reduzcan los controles de seguridad en la autorización de las licencias y propicie el incremento de la brecha de desigualdad, que de por sí, pues basta recordar que es mucha, ya que de nueva cuenta los sectores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías deberán de pagar hasta tres veces más en el pago de derechos, lo que ahonda el atraso de las clases desfavorecidas.
De acuerdo con los reportes de la Policía Federal, las causas de los accidentes en las carreteras federales se deben alrededor del 80 por ciento de las veces, a la responsabilidad del conductor; 7 por ciento al vehículo y 9 por ciento a los agentes naturales, entre otras causas.
Los principales factores humanos que causan accidentes carreteros, son conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes, realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor; conducir a exceso de velocidad, salud física del conductor y conducir con fatiga, cansancio o con sueño.
El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, señala que entre 2013 y lo que va del 2015, se registraron alrededor de 45 mil accidentes carreteros. Entre 2009 y 2013, se registraron por esta misma causa, casi 84 mil defunciones y casi 166 mil heridos graves. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños de entre 15 y 14 años, y la segunda entre jóvenes de 15 y 29 años de edad.
Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México un millón 462 mil 900 personas sufren discapacidad a consecuencia de los accidentes en general. Los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.7 por ciento del producto interno bruto. Este porcentaje resulta de la carga a consecuencia de costos directos e indirectos.
Por lo tanto, aunque compartimos la visión de impulsar el uso de nuevas tecnologías para realizar trámites y coincidimos en que se debe incentivar su uso, también creemos que se deben mantener los controles estrictos para el otorgamiento de licencias de conducir.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de este pleno, la siguiente reserva:
Al artículo 148, inciso c) del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 148, inciso c), sin modificación.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación del artículo 148. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 148, apartado C y 288-A-1.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeros diputados y compañeras diputadas, para Morena la discriminación en cualquiera de sus formas en nuestro país constituye un acto que viola los principios claramente dictados en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas señala la prohibición de la discriminación por diferentes causas con el objeto de eliminar el menoscabo de los derechos y libertades de las personas.
Por su parte, la legislación secundaria emanada de nuestra Carta Magna y materializada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 4o. prevé la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, en términos del artículo 1o. constitucional.
Por lo anterior, y debido a que en el dictamen que hoy nos ocupa, en su artículo 148, inciso C, que corresponde a la Sección Quinta, denominada Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, de la Ley Federal de Derechos, estipula la disminución del costo en las cuotas por la expedición de licencias de conducir cuando éstas sean solicitadas a través de medios electrónicos.
Dichas disminuciones se proponen en niveles de hasta por un 71.3 por ciento, dependiendo del tipo de trámite, situación que se considera una medida discriminatoria debido a que no toda la población que tiene la necesidad de solicitar la expedición o reposición de una licencia de conducir tiene acceso a medios electrónicos en sus comunidades, en todo caso que se apliquen los descuentos de forma general sin importar el medio de transporte de la solicitud correspondiente.
En este caso es muy marcada la desventaja que tienen, por ejemplo, los campesinos o los ciudadanos que viven y se desenvuelven en medios rurales o aquellos miembros de la sociedad que no solo no tienen los conocimientos suficientes para realizar por sí mismos una solicitud de licencia de conducir vía medios electrónicos, sino que en sus localidades ni siquiera existen dichos medios, siendo doblemente victimados y vulnerados en sus derechos debido a que, por un lado no cuentan con las facilidades del trámite que se sugiere en el dictamen, sino que además son discriminados al excluirlos de los descuentos a que se hace mención en la reforma que se pretende aprobar.
Es inaceptable que en todo momento las reformas o adiciones que propone y lleva a cabo el gobierno federal a los diferentes ordenamientos del marco legal en nuestro país, por mínimas que sean y en cualquier ámbito que se trate, siempre están elaboradas sin la sensibilidad que merecen para cuidar y proteger a los sectores de la población que más lo necesitan. De tal manera que siempre se termina afectando a la clase que menos recursos tiene, trasgrediendo el principio de imparcialidad que debe observarse en beneficio del bien común de la ciudadanía y procurar el bienestar de la población en general.
Que quede claro que no estamos en contra de la utilización de las tecnologías de información en la administración pública, siempre y cuando no atenten contra los derechos de la ciudadanía, como es el caso.
Asimismo, la reserva al artículo 288, compañeras y compañeros, para Morena en México la educación pública es un derecho fundamental de todas las y los mexicanos, consagrado en el artículo 3o de nuestra Carta Magna, lo cual fue plasmado por nuestro Constituyente desde el año de 2917 con el objeto de garantizar esta prerrogativa a favor de todas las y los ciudadanos. Se determinó que la educación a cargo del Estado debería tener las siguientes características: laica, gratuita y obligatoria.
El panorama actual nos revela que el Estado no ha destinado los recursos necesarios a fin de garantizar la impartición de una educación de calidad ni ha puesto en marcha las acciones pertinentes que permitan atender los problemas de financiamiento que enfrenta el sistema educativo en México, lo cual se ha visto reflejado en otros ámbitos.
Es decir, una de las razones más importantes de los altos índices de inseguridad, corrupción, impunidad, etcétera, es la falta de una adecuada educación tanto al seno de la familia como dentro de los planteles escolares.
Hoy una vez más vemos cómo los intereses y propósitos particulares están por encima del bien común, por encima de los intereses de la colectividad, evitando con ello trabajar en un mejor futuro para México.
Mediante una deformación progresiva hoy observamos cómo se sigue vulnerando aún más la educación en México, ya que el artículo, materia de la presente reserva contraviene lo establecido en el artículo 3o. constitucional, en su fracción V, el cual establece, entre otras cosas, que el Estado alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
De lo anterior, se desprende que el gobierno debe garantizar la educación básica. Pero no solo eso, sino que también debe fomentar las actividades que tiendan a fortalecer nuestra cultura como mexicanos.
El artículo 288-A-1 del presente dictamen establece la obligación para el ciudadano al pago por accesar a museos propiedad de la federación, estableciendo para tal efecto los montos correspondientes. Esto resulta verdaderamente alarmante y oneroso, puesto que nuestro máximo ordenamiento legal en el país refiere que se debe fomentar las actividades culturales por parte del Estado, mientras que el artículo en comento lo que hace es gravar el acceso a museos, que son espacios en los cuales se difunde nuestra cultura. Por lo tanto, lo que debe hacerse es eliminar todo costo para accesar a museos.
¿Dónde está la congruencia? ¿Cómo es posible que la educación, que tanto ha referido apoyar el titular del Ejecutivo en sus discursos, se vea afectada de esta manera? ¿De esta forma se pretende fomentar la cultura y dar cumplimiento al precepto constitucional? Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el primero de los artículos propuestos en modificación.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 148. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el segundo de los artículos propuestos en modificación.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 288-A-1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Para presentar propuesta de modificación sobre el artículo 194-H tiene ahora la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con permiso de la asamblea. La reserva al artículo 194-H es muy simple, tan simple que la mayoría va a decidir que no, porque no conoce la propuesta. Si se hubieran informado de qué es lo que se vota, su voto tendría un fundamento ético y político. Sin embargo, vamos a acreditar que no es así.
El artículo 194, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, pretende eliminar aquellos criterios cuya calificación resulta de complejo o subjetivo cumplimiento, con el propósito de establecer sólo tres criterios.
Para pagar derechos en impacto ambiental, el actual artículo 194-H establece 10 criterios. El Ejecutivo propone reducir estos 10 criterios a 3 criterios, reduciendo la parte de la autodeterminación que tiene el contribuyente, para definir si impacta o no el ambiente con la obra o actividad que va a desempeñar.
La propuesta de tres criterios facilita que se tengan los permisos ambientales para la ejecución de obras. Pongo dos ejemplos, el agua y la minería.
El trasvase de agua de una cuenca a otra, o de un centro receptor a otro, en cuestión de derechos, por cada mil metros cúbicos, en la zona de mayor escasez, se incrementa en 2 pesos con 60 centavos cada mil metros cúbicos, y en las zonas de mayor abundancia se incrementa en el valor en 91 pesos.
Ante la escasez y la crisis hídrica que tiene nuestro país, el trasvase se está convirtiendo en una actividad ordinaria. Habría que preguntar a sus electores si están dispuestos a quedarse sin agua en sus cuencas hidrológicas para trasvasarlas a otras cuencas, con un costo mínimo para quienes están haciendo negocio con el agua.
Para eso ellos tendrían que acreditar que no hay impacto ambiental. La propuesta del Ejecutivo reduce a tres criterios. Leo uno, el criterio dos. Para el desarrollo del proyecto se requiere la autorización de impacto ambiental por el cambio de uso de suelo de áreas forestales en selva o zonas áridas. Es un criterio general que puede contestarse sí o no.
Los criterios actuales son más específicos, y espero que también sea preocupación del Partido Verde.
El criterio cuatro vigente entra a detalle y dice: requirió evaluar impactos ambientales ocasionados por la pérdida de vegetación.
Criterio cinco. Se realizaron análisis específicos sobre especies bajo alguna de las categorías de riesgo en el área del proyecto.
El reducir a tres criterios queda a discreción del contribuyente o del impulsor de una obra para determinar qué cuota de derecho va a pagar.
Consecuentemente, la propuesta reduce el pago de las cuotas. Es un beneficio disfrazado con una reforma legal. Ese beneficio disfrazado de reducir el costo en derechos, pues no hace más que beneficiar a las grandes empresas vinculadas con el negocio del agua y la minería.
Por cierto que la minería es una gran industria que poco ha aportado a la riqueza y a los recursos de la federación.
Tenemos que recuperar un criterio más objetivo en el análisis de las propuestas y un compromiso más informado porque está impactando a nuestros electores.
Hay trasvase de cuencas en San Luis, en el mismo Chiapas, en Tamaulipas, en Baja California y eso está afectando los depósitos de agua y afectan a la naturaleza de su entorno.
Esperamos su comprensión y que estén informados sobre lo que se está votando. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 194-H. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Para presentar propuesta de modificación sobre los artículos 231-A párrafos primero y segundo, así como sexto transitorio. Tiene la palabra, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, pueblo de México, si bien el agua es un recurso renovable, la cantidad disponible en un cuerpo de agua o una cuenca no es constante, derivado de las condiciones propias de la cuenca, la disponibilidad del agua varía con mayor rapidez, con motivo del escurrimiento natural, la evaporación y su contaminación al estar en contacto directo con el medio ambiente y el ser humano.
La cantidad que podemos aprovechar depende, entre otras cosas, variables de la cantidad que requieran los ecosistemas para su continuidad, es decir, el caudal ecológico. Este parámetro que puede ser motivo para reducir la cantidad de agua que está disponible para las actividades humanas es de suma importancia.
Los que están a favor de los trabases parte de la idea de que en un mundo ideal esta práctica consistiría en llevar de forma segura el agua sobrante de una región hacia otra en la que haya escasez, sin perjudicar a la primera y garantizando el buen uso y el reparto justo de este recurso entre la región o las regiones destinatarias.
Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que los trasvases generan serias consecuencias sociales y ambientales para las cuencas, tanto para la que exporta agua, como para la que importa. En lo social, las comunidades que habitan la cuenca que sede el agua, ven como se deterioran sus condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas, al ser restringido el suministro o de plano se suprime la disponibilidad para su uso doméstico, para los cultivos o para su vida misma.
El daño causado a las comunidades por las obras necesarias para los trasvases, debe también tomarse en cuenta la actividad de trasvase a partir de la importación del agua desde otros acuíferos, mediante la construcción de presas y otras obras causa perjuicios a las poblaciones originarias y en relación con su cultura, la propiedad de sus tierras y sus medios de subsistencia.
Para las poblaciones rurales de la cuenca receptora, los problemas también son serios. Se podría pensar que estas poblaciones a raíz de trasvase tendrían agua en abundancia, pero recordemos, como ejemplo, el caso de la comunidad mazahua, misma que como resultado del proyecto Cutzamala ha visto sus recursos hídricos degradados al ser contaminados sus arroyos y ríos por los desechos químicos que se vierten en forma de lodos por el proceso de potabilización. Sus tierras agrícolas son inundadas por un inadecuado manejo de las obras hidráulicas. El azolve de las presas ha aumentado por la deforestación y erosión del suelo que conllevó las obras para el trasvase de agua.
En lo ambiental lo que la experiencia nos ha demostrado es que los trasvases ponen en riesgo a los ecosistemas y a las especies que los habitan, tanto de la cuenca que cede el agua como de la cuenca que la recibe, ya que ambos ambientes son el resultado de la evolución en determinadas condiciones.
La reducción del caudal y las modificaciones bruscas del mismo que tienen lugar en la cuenca de la que se extrae el agua afectan de manera negativa a la fauna y a la vegetación del lugar.
En la cuenca exportadora sus ecosistemas y especies son el resultado de adaptaciones a la cantidad de agua existente no a cantidades menores; mientras que en la cuenca destinataria pasa lo inverso: Sus ecosistemas y especies, como podrían ser cactáceas, están diseñadas para existir en escasez del vital líquido. Un exceso del mismo puede poner riesgo a las poblaciones de las especies adaptadas a ecosistemas de escasez.
Vemos también que el trasvase de aguas es una arista más del actual modelo económico, de los estilos de vida basados en el consumo insustentable, así como de la búsqueda de ganancias rápidas que por lo general afecta y deteriora el modo irreversible, las funciones y servicios ecosistémicos.
Entonces todos estaremos de acuerdo en que debemos de conservar esta cantidad de agua para los ecosistemas. En lo que diferimos es en que en el supuesto de reservarse esta cantidad de agua, las grandes empresas, que serían las únicas beneficiadas con la aprobación del sexto transitorio del presente decreto, sean sujetas de acreditar contra el derecho la diferencia que pagarán por el uso del agua bajo el supuesto de que llevarán a cabo un programa de acciones que tenga como resultado el uso eficiente de aguas nacionales extraídas en la fuente correspondiente a través del reúso de aguas residuales cuando esto debería ser una obligación.
Como ya señalamos, eficientar el uso del agua, reusar las aguas residuales y su tratamiento, debe ser una obligación sobre todo de las grandes empresas. El principio de que contaminar obliga al causante de la contaminación a que asuma su responsabilidad, implica reparar el daño que produjo al ambiente aunque no exista la intención de causarlo. El trasvase significa privar de agua a unas comunidades generalmente rurales para darles el vital líquido a otras generalmente urbanas y en mayor medida a la industria.
La solución a la escasez de agua de algunas regiones se debe de atacar de otra manera. La solución debe pasar por el uso racional del vital líquido por la recarga de los mantos freáticos, por el saneamiento de los cuerpos de agua, por el tratamiento de las aguas residuales, por la educación ambiental en todos los niveles escolares, por una cultura de la vida que respete el agua, entre otras acciones, y por la correcta gestión de las cuencas hidrológicas, cosas que a la fecha la autoridad del agua no ha logrado.
Se deben tomar medidas para que los que contaminen carguen con los gastos de prevención y control de la contaminación, que aseguren un estado aceptable del medio ambiente, en este caso que nos ocupa, a que no abusen o dejen inservible el agua que utilizan para sus procesos productivos.
En Morena nos oponemos a los trasvases y al trato preferencial de quienes por obligación deberían hacer uso responsable y sustentable del agua, y por lo mismo nos oponemos a estimular por medio del Programa de Devolución de Derechos o cualquier otro mecanismo que busque otorgar discrecionalmente esos recursos a los que realizan esta funesta práctica. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación al primero de los artículos que se ha propuesto.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 231-A. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la segunda de las modificaciones propuestas.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo sexto transitorio.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 233, fracción III.
El diputado Moisés Guerra Mota: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, presento la siguiente reserva al artículo 233 en atención a lo siguiente:
El fortalecimiento a la investigación científica es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país. El uso y aprovechamiento de la misma es determinante para detonar el crecimiento económico, por lo cual debe considerarse como prioritario dentro de la agenda nacional a través de la inclusión del párrafo a la fracción III del artículo 233, se propone que cuando algún inmueble sea destinado a las labores de investigación científica, el tratamiento fiscal sea homologado tanto al sector social como al sector privado, y estos actos queden exentos al pago de derechos.
Si bien es cierto, el impulso a la investigación científica requiere de estímulos fiscales e inversión, debemos dejar en claro que el sector social constituido por ejidos, organizaciones, trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente a trabajadores mexicanos como ustedes y como yo, que no tienen dentro de sus objetivos el lucro, sino el de ejercer dentro de sus actividades la economía social.
En cambio, el sector privado tiene como fines específicos el lucro, y los resultados que se obtengan de su investigación tienen como destino beneficios económicos a particulares. Considero que no deben ser exentos del pago a este derecho.
Si el Ejecutivo pretende impulsar el desarrollo a la investigación científica la vía correcta es destinar más presupuesto a este rubro, más dinero a la investigación, menos dinero al gasto superfluo, y no a través de la simulación de eximir el pago de derechos a grandes empresas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guerra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 233. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar propuesta de modificación al artículo 244-A.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández: Con su venia, señor presidente. Cuando se construyó el Pacto por México el maestro Juan Molinar, del Partido Acción Nacional, planteó una idea innovadora que se discutió y se aceptó, una propuesta que garantizara la cobertura de telecomunicaciones en el país y que generara condiciones de acceso a la infraestructura para el desarrollo de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Red Abierta o la Red Compartida, misma que quedó plasmado en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones y diversos artículos, el 6o., el 7o., el 27, el 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, y mismos que fueron publicados el 11 de junio de 2013, donde se establecía que el Estado a través del Ejecutivo federal en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizaría la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones.
Las características se establecieron en la Constitución para la referida red compartida. Fueron, entre otras, impulsar el acceso de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.
La red compartida impulsa el acceso de los servicios a la población en banda ancha y el acceso a los servicios de telecomunicaciones. También que se presten servicios bajo condiciones de no discriminación y que ningún prestador de servicios debería tener influencia en la operación de dicha red.
Es preciso que el Estado mexicano amplíe la cobertura de banda ancha, que conserve la soberanía de los bienes del dominio público de la nación, en particular del espectro radioeléctrico, y que promueva la competencia en servicios de telecomunicaciones.
Por la importancia que representa la banda de 700, es preciso que esa banda y el precio que se establece en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2016 sea únicamente para los servicios mayoristas y con ello se garantice el propósito de la red compartida y que se garantice la cobertura de dicha red.
Por lo anterior propongo la siguiente reserva al artículo 244-A, que debe decir: Ese precio que se está estableciendo sería para servicios mayoristas y para garantizar la cobertura de la red compartida.
Esta redacción fue entregada a la Mesa Directiva. Complementamos la palabra cobertura de la red con la palabra compartida, pero dicho anexo está entregado debidamente a la Mesa Directiva. Muchas gracias. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Talavera. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 244-A.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 288.
La diputada Mirza Flores Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reserva y la modificación que solicitamos del artículo 288 del presente dictamen, propone el Ejecutivo federal homologar en todo el país una cuota especial a las visitas que se realicen fuera del horario normal establecido en cada museo, monumento y zona arqueológica propiedad de la federación. Esto es horarios nocturnos.
Para nosotros, la bancada ciudadana, consideramos que lejos de promover la asistencia a estos espacios en los que se enriquece el conocimiento de todas las personas, esta intención ocasionará que si se aprueba como tal se inhibirá la presencia y la visita del ciudadano común y de a pie.
Estos recintos de por sí de difícil visita y que resulta complicado estimulan a los jóvenes a que vayan, este aumento de tarifa en todo el país inhibiría el acceso a la cultura y definitivamente violaría el precepto constitucional en su artículo 4o., que a la letra dice: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Por lo que homologar este artículo 288 a todo el país viola de manera indudable al precepto que dice: El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura. Aumentar las tarifas de manera significativa no promueve el desarrollo de la cultura.
En Movimiento Ciudadano compartimos la idea de poder extender el horario de acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas, sin que esto implique un aumento tan considerable y significativo.
La tarifa regular oscila entre 52 y 64 pesos, la tarifa que se pretende homologar es de 214 pesos, por eso creemos que no es aumentando la tarifa como se reciben mayores ingresos para el sector de la cultura, sino bajando las tarifas como generamos un incentivo para que la gente visite los museos y visite las zonas arqueológicas.
En este orden de ideas es importante mencionar, que debido a la nueva dinámica social, los horarios de trabajo, escuela o recreación son muy variados, así encontramos turnos matutinos, turnos diurnos y vespertinos para realizar las actividades descritas, por lo que es necesario otorgar las mismas oportunidades de acceso a la cultura y al disfrute de los servicios que presta el Estado en esta materia, a todos los mexicanos, en especial aquellos que cuentan con menores ingresos y que lamentablemente con esta propuesta se le excluiría aún más.
Yo, hace unos momentos recibimos, no yo, nosotros recibimos una propuesta de los compañeros del PRI, y debo decir que francamente agradezco la buena voluntad de construir una mesa con autoridades de museos, monumentos y zonas arqueológicas, y se ponga a consideración que estas tarifas cuánto le benefician a la ciudadanía si bajaran o si se homologaran en todo el país.
Yo agradezco esta oferta, sí, sí la agradezco, pero lo que sí tenemos que tener en consideración que esta homologación debe de ser debatible. Que exista en la ley esta cuota de 214 pesos no quiere decir que sea correcto, también hay gasolinazos y no son correctos, los asumimos como algo natural.
No podemos asumir como causas naturales que se homologuen aumentos, esto es a lo que yo los invito, a que lo reflexionemos y lo debatamos. Así las cosas, hacer extensivo el cobro de una cuota especial para el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas, propiedad de la federación, clasificadas como doble A, A, B y C, en horario fuera de su operación normal, aumentarlo y homologarlo constituye una violación al artículo 1 y 4 de nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Artículo 288, primer párrafo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones diversas a la Ley Federal de Derechos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 288. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 288 A-1.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Gracias, presidente; compañeras, compañeros. Es en el mismo sentido de los museos y recintos arqueológicos, me preocupa enormemente la preocupación que la diputada Mirza, compañera mía de Movimiento Ciudadano me antecedió.
Si se aumentan las cuotas en los museos, difícilmente vamos a tener una mayor cultura, visita a los museos, a pesar de que los tengamos y tengamos los mejores del mundo, porque les puedo asegurar que muchos de los extranjeros ven en nuestros museos y en nuestras zonas arqueológicas las mejores del mundo.
Y en este artículo que es 288-A-1, pues en el dictamen que se propone hay un aumento de cinco pesos que se van a redondear para el ingreso a los museos y a los recintos. Yo les propongo que también en este mismo sentido votemos por la cultura y por la educación.
Y entonces les propongo que en el artículo mencionado quede de la siguiente manera: están obligados al pago del derecho por el acceso a los museos, propiedad de la federación y administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, las personas que tengan acceso a los mismos, conforme a las siguientes cuotas: recinto tipo A, 48.61; recinto tipo 2, 40 pesos e igual como está el recinto tipo 3.
Por ejemplo, solo para mencionar algo, quisiera decirles que es incongruente lo que aprobamos en este recinto. Por ejemplo, en el artículo 173, en donde se propone el pago de derechos de 29 mil 582.17 por la expedición de título de concesión en materia de telecomunicaciones o radiodifusión, de la misma manera para los comerciales, los permisos comerciales que para las de uso social.
Y me preocupa enormemente porque la diferencia que quisiéramos hacer en este sentido es que para uso público y social la expedición de título de concesión sea solamente de 7 mil 395.54 y por la prórroga de 3 mil 130.20. Porque no es lo mismo usufructuar una concesión con fines comerciales que una concesión con fines educativos o sociales, como es el caso de las universidades. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 288A-1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto transitorio, párrafo segundo.
El diputado Alfredo Basurto Román: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, nuevamente les vengo a plantear una modificación a la propuesta de Ley de Derechos que se votará en este recinto.
El artículo sexto transitorio, tal y como se plantea, es un robo en despoblado en contra de la nación. El artículo plantea en su párrafo segundo que durante el primer ejercicio fiscal en el que se apruebe el programa a que se hace referencia en el párrafo siguiente, el contribuyente podrá acreditar contra el derecho a su cargo un importa equivalente al 100 por ciento a la diferencia citada en el párrafo que le anteceda.
Durante el segundo ejercicio fiscal podrá acreditar el 75 por ciento de la diferencia y en un tercer ejercicio fiscal podrá acreditar hasta el 25 por ciento, y finalmente para el quinto ejercicio fiscal se deberá de cubrir el monto total del derecho.
Esto no es un artículo hecho a modo; es una continuación de contrarreforma energética. Se trata de hacerles deducible a las empresas, fundamentalmente a las trasnacionales los costos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, y para ello presentan una fórmula incomprensible para utilizar agua de donde haya que llevarla, hasta donde las empresas trasnacionales la necesiten.
Y digo que es un artículo a modo porque con ello le pretenden deducir a las empresas que utilizan el método de fracturar hidráulica, mejor conocido como fracking, para extraer gas lutitas o gas shale.
Ahora además de la entrega del petróleo y del gas, con la reforma energética pretenden dotarlos de las exorbitantes cantidades de agua que se necesitan por cada pozo para extraer el gas lutitas.
Cada pozo requiere de millones de millones de litros de agua para que al ser mezclados con ciertas sustancias químicas que, por cierto aún desconocemos cuáles serán y sean inyectados a presión y con ello fracturen rocas y consigan el precio del gas.
Si de por sí es cuestionable a priori el uso del agua para conseguir gas sobre el consumo humano, ahora también pretenden extenderlo del costo que presentan traer agua de lugares muy lejanos, y lo hacen a sabiendas de que estos pozos tienen una vida útil de no más de cuatro años cada uno, por eso se les descuenta el 100 por ciento del primer año, el 75 por ciento del segundo y un 50 por ciento del tercero, y finalmente con un descuento del 25 por ciento del costo al cuarto año.
Todo en la medida que también decrece la productividad de los mismos. Así o más claro, compañeros diputados. No sólo les regalamos los recursos energéticos, como ya se vio, sino también pretendemos regalarles el uso más vital e importante para la nación como es el agua.
Por eso los exhortamos, diputados; tengan un poco de honor y de conciencia. Defiendan los intereses de las personas. No es posible que ahora también subsidiemos también a las empresas trasnacionales con la infraestructura que cuesta el trasverse del agua sino que además ahora todo lo que gasten les será deducido de sus millonarias ganancias. Eso atenta contra el país, contra la gente, contra las finanzas públicas que tanto dicen defender, y es un atentado contra ustedes mismos.
No se equivoquen, no le hagan el juego sucio a las empresas extranjeras; no dejen que pase esta propuesta, compañeros. Por eso los conmino a que si sienten el más mínimo apego por nuestra nación, por México, se modifique ese artículo transitorio y se eliminen los escandalosos descuentos que se les hacen a las empresas, compañeros.
En Morena no nos vamos a cansar, así estén votando en contra de nosotros y no acepten nuestras reservas de ley, seguiremos impulsándolas porque a nosotros, en Morena, nos respalda un gran sentido social y político de la nación de México, y si no, que el pueblo de México se los demande, compañeros, en las elecciones venideras. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Tiene ahora la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN... Perdón, perdón, diputada, aquí andamos con... Perdón. Ya estábamos brincándonos aquí indebidamente un paso procesal. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 6o transitorio, párrafo segundo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora sí tiene la palabra la diputada Minerva Hernández, para presentar propuesta de modificación al séptimo transitorio.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, diputado presidente. Apreciables diputadas y diputados, los saludo cordialmente.
Dentro del marco del análisis del paquete económico 2016, es de suma importancia destacar la menor atención que hasta el momento se ha otorgado la transparencia de los ingresos públicos que se han traducido y ha tenido como consecuencia que los documentos sobre las finanzas públicas y la propia Ley de Ingresos no presenten un desglose adecuado de los conceptos de ingresos que recibe la Federación, y en particular me refiero de los ingresos por concepto de aprovechamientos, cuyo reporte no tiene la transparencia suficiente para que se pueda entender de dónde es que provienen esos recursos.
En efecto, tratándose de los ingresos por aprovechamientos, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2016, no desglosa adecuadamente ese concepto, pues basta decir que alrededor del 95 por ciento de dichos ingresos, se etiqueta bajo el rubro de otros, impidiendo conocer con certeza su origen y su naturaleza.
Es más, este problema de opacidad no se subsana durante el ejercicio fiscal, pues en los informes trimestrales de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda no es posible saber cuánto ingresó exactamente por concepto de aprovechamientos, toda vez que lo reportan agrupado con el resto de los ingresos no petroleros y no tributarios.
En este contexto los ingresos por aprovechamientos constantemente obtienen recursos más allá de lo aprobado por esta soberanía, tan solo en 2013 se ingresaron 235 mil millones de pesos por concepto de aprovechamientos, cuando en la Ley de Ingresos se había estimado apenas 81 mil millones.
Lo mismo ocurrió para 2014, se aprobaron 112 mil millones y se recaudaron más de 249 mil. Para 2016 se está proponiendo una cifra de 152 mil millones, que de acuerdo con la tendencia una vez más se quedará corta esta cifra durante el año fiscal.
Por esta situación proponemos que, dentro de un artículo transitorio en la Ley Federal de Derechos, se establezca que la totalidad de la información relacionada con los montos de los ingresos obtenidos por concepto de derechos y de aprovechamientos sea publicada en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un formato de datos abiertos y que permanezca de manera pública.
En esta disposición transitoria proponemos que la información se presente desglosando los montos de ingresos por concepto de derechos y aprovechamientos, de tal forma que sea posible conocer cuál es su situación respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del año respectivo, lo cual no solo permitirá conocer su origen, sino que además servirá como memoria de cálculo para que nos permita determinar si los montos propuestos por el Ejecutivo federal en las Leyes de Ingresos de los próximos ejercicios fiscales están sustentadas en bases sólidas, razonables y objetivas. Presidente, solicito votación nominal. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sí, señor presidente. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo séptimo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). A juicio de la Mesa, es mayoría la negativa, señor presidente, pero usted dirá si se cuenta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretario. Con calma y nos amanecemos. A juicio de la Presidencia, preciso, de la Presidencia, hay duda en el resultado de la votación. Con todo respeto para la apreciación de la Secretaría. Por lo tanto, con fundamento en el propio Reglamento, en el artículo 139, fracción V, vamos a hacer la votación nominal. Ábrase el sistema de votación por diez minutos. Ábrala por cinco minutos.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.
Lo que se va a poner preciso a votación es si se acepta a discusión la propuesta presentada por la diputada Minerva Hernández. Eso es, si se acepta a discusión si así lo dice la mayoría de la asamblea en votación nominal, entonces entramos a la discusión de la propuesta. Ya después un segundo momento procesal es, si después de discutida la propuesta se acepta en sus términos o se desecha. Este es el procedimiento, para que le quede claro a todo mundo en qué momento procesal estamos.
Entonces ábrase hasta por cinco minutos el sistema electrónico para proceder a la votación si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 205 votos a favor, 230 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En consecuencia se desecha.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas, por favor.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Diputado presidente, triste ver que un partido político aplaude por votar en contra de la transparencia. Triste momento.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Concluida la...
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. En cambio es muy alegre ver que un secretario tiene un tanto exacto de las mayorías, pero ahí está en el tablero para que quede constancia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Quedan consignadas las consideraciones y manifestaciones de cada quien y desde luego que...
El diputado Héctor Peralta Grappin (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, sonido en la curul del diputado Peralta, por favor.
El diputado Héctor Peralta Grappin (desde la curul): Comentando, nada más en descargo de la Presidencia de la Mesa Directiva, yo creo que sí fue muy poco la diferencia y sí había duda, había duda si había mayoría por la afirmativa o por la negativa.
El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Miguel Ángel Yunes.
El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde la curul): Gracias, presidente. Comentando lo dicho por el diputado Ramírez Marín, el tablero no sólo sirve para medir mayorías o minorías, sirve también para disponer el sentido del voto y para dejar constancia histórica de quiénes estamos por la transparencia y quienes por la opacidad.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Estefan Chidiac, por favor. Y luego acá, el diputado Cuitláhuac García.
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Sí, señor presidente, solo para comentar que no estamos en este momento debatiendo un asunto de transparencia o no, sino un tema de técnica jurídica.
Estamos votando la Ley Federal de Derechos. Se está pretendiendo regular un aprovechamiento en la Ley Federal de Derechos.
De tal manera que yo ofrecí al diputado Vidal Llerenas, que traía la misma inquietud, y a la diputada Minerva, que cuando se discuta la Ley de Ingresos regulemos el tema de aprovechamientos y la publicidad que se puede hacer de estos temas. De tal manera que en su momento oportuno lo podamos discutir.
Y en segundo lugar, yo ratifico nuestra total voluntad siempre por estar a favor de la transparencia, en nosotros no es una moda sino es una forma de vida en el PRI.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García, por favor. Adelante, diputado.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Bien, nada más para corregir al que acaba de usar la voz. Lo que estábamos votando es si se somete a discusión la propuesta de la diputada del PAN. Si se somete a discusión. Lástima que este parlamento está siendo usado como una oficina de trámites y no una auténtica discusión de fondo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido ahí en la curul del diputado Noble, por favor. Pedro Luis Noble. Nomás. Pues no puedo obviar la petición de palabra. No puedo dejar de obsequiarla, diputado, con todo respeto. Adelante, diputado Noble.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Pedir a la Presidencia se ciña estrictamente a lo que dice el Reglamento. No es discusión. Y para temas de transparencia hay todo un catálogo que tenemos que ver, y que por cierto, la PGR está haciendo una investigación acuciosa. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido ahí en la curul de la diputada Minerva Hernández, por favor.
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Solo comentar que acepto la amable propuesta del diputado Jorge Estefan Chidiac, de su inclusión en las discusiones que vienen en Ley de Ingresos. Le tomamos la palabra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido ahora en la curul de la diputada María Candelaria, por favor, Ochoa.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Yo lamento muchísimo que este Congreso solo muestra la imagen de lo que es este país. Y lo lamento todavía más que se alegren de votar en contra de las y los mexicanos.
Y ojalá que quede evidencia y que los que están afuera sepan quiénes votan aquí de qué manera, y también espero que quienes hoy dicen que la transparencia es la tarea más importante no solo sea tema de hoy sino sea siempre.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores. Todos los grupos parlamentarios han pedido intervenir, así que tranquilitos.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Tenemos que dejar claro, y le solicito que quede inscrito en el Diario de los Debates, que el PRI siempre quiere posponer o por técnica jurídica o porque no les conviene, pero a los ciudadanos les urge que con o sin técnica jurídica se legisle por la transparencia y en contra de la corrupción.
Es por eso que nosotros los diputados ciudadanos representamos los intereses del país y por eso y en consecuencia, que quede constancia de quiénes votaron a favor y en contra.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Nada más porque ya prácticamente todos los grupos parlamentarios de una u otra manera manifestaron un punto de vista sobre una votación ya realizada sobre si se aceptaba a discusión o no una propuesta de adición. Pero insiste el diputado Llerenas, sonido en su curul.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias. Tomo la palabra por alusiones. Con respecto a lo que dice el diputado Estefan, pues hubiera estado bien discutirlo si el PRI nos hubiera dado la oportunidad, hubiéramos podido discutir en este pleno si había o no técnica jurídica en la propuesta.
Lo que sí hay es una serie de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que precisamente mandatan a esta Cámara a que sí legisle en materia de aprovechamientos. Vamos a ver mañana que se discuta en comisiones la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, si el PRI está dispuesto a normar aprovechamientos, mañana en la comisión.
No es en la Ley de Ingresos tampoco, la Auditoría Superior de la Federación dice que es en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que mañana se va a discutir en comisiones y mañana vamos a ver si el PRI de veras está dispuesto a votar en favor de la transparencia en el tema más opaco de los ingresos públicos. En este presupuesto se pide en el rubro de Otros, 150 mil millones de pesos en aprovechamientos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Esa será otra discusión en otro especio legislativo en otro momento procesal.
Simplemente para no dejar dudas, esta Presidencia refrenda su compromiso y su convicción de darle satisfacción al conjunto de esta soberanía y no solamente a una de las partes, cualquier que éstas sean. Por eso, para evita cualquier duda, ordené que se hiciera la votación en términos nominales y ahí ya no quedó ninguna duda.
Ahora sí, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder...
El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Tello, ya estamos entrando al proceso de votación, pero adelante, adelante.
El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Qué pena que en este recinto legislativo hace más de diez minutos esa área estaba semivacía; hubo el derecho a la votación y quién sabe de dónde apareció tanto traidor a la patria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así son estas cosas, diputado; apenas vamos empezando.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal en términos del dictamen considerando los artículos reservados y que fueron desechados para su discusión y que comprenden los artículos 5o, 8o, 18B, 61A, 61F, 86D-2, 148, 173, 194H, 231A, 233, 244A, 288, 288A-1 y segundo y sexto transitorios que no fueron aceptados para su discusión por la asamblea; así como los artículos 30C y 31A que sí fueron aceptados en el momento en que se presentaron por esta asamblea.
Entonces en términos del dictamen –en lo que acabo de señalar– se votará por quienes estén a favor y quienes estén en contra del mismo, y con las modificaciones aceptadas, para que quede muy claro, subrayando lo que acabo de decir.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 5, 8, 18-B, 61-A, 61-F, 86-D -2, 148, 173, 194-H, 231-A, 233, 244-A, 288, 288-A-1; segundo y sexto transitorios, en términos del dictamen, y los artículos con las modificaciones aceptadas por la asamblea, artículos 30-C, 31-A-1.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Secretaria, por favor.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Sí, señor presidente. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 380 votos en pro, 57 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la presentación de iniciativas. En consecuencia tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indios.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con su permiso, diputado presidente. Saludo respetuosamente a los integrantes de la Mesa Directiva y a las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura.
Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país tienen reconocimiento constitucional respecto a su conformación, desarrollo y organización interno como expresión jurídica de la pluriculturalidad de nuestra nación.
Ahora bien, cuando individual o colectivamente deben vincularse con las autoridades del Estado en materia de acceso a la justicia, las actuaciones procesales que se realicen en presencia de personas indígenas que no hablan o no entienden el español, deberán desarrollarse en su lengua indígena nacional o bien en español, con la asistencia de intérpretes que tengan conocimientos de su lengua y su cultura.
Lo anterior es de relevancia ya que con la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, éste puede concluir mediante diferentes mecanismos, pero con una sola vía para su desahogo, la oralidad.
En ese sentido, cuando el proceso se involucra a personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas que no hablan o no entienden el español, pero que deben ser entrevistados o rendir declaración ante el órgano jurisdiccional, o bien, les deba ser explicada alguna actuación como la formulación de imputación, la imposición de una medida cautelar, la prisión preventiva y desde luego el contenido y alcance de la sentencia dictada por la autoridad judicial, la oralidad como medio para que el justiciable indígena comprenda perfectamente el acto jurídico y sus consecuencias adquiere una doble naturaleza de derecho procesal, pero principalmente de derecho humano.
Paras cumplir con la exigencia planteada, toda la actividad procesal debe contar con tres características: la primera es que la persona pueda expresarse en su lengua indígena nacional, la segunda es que la autoridad que desarrolla la actividad o el proceso procesal comprenda lo que aquella expresa y la tercera es que la persona indígena comprenda con total claridad el acto que se desarrolla.
Sin embargo, contar con el derecho a ser asistido por intérpretes o traductores de lenguas indígenas en el proceso penal no es suficiente para materializar su acceso a la justicia, pues además es necesario garantizar la solvencia, credibilidad y calidad adecuada de traducciones que tienen relevancia o contenido jurídico y que hasta el momento no se encuentran reguladas.
Consecuentemente la pericia del intérprete o traductor es evaluada por el agente del Ministerio Público o, bien, por la autoridad judicial, sin que a su vez esto garantice que conozcan el contenido fónico, morfológico y cultural de las expresiones en lengua indígena, que no solo importan traslación de palabras de estas al español y viceversa, sino que deben ser además imparciales, conocedoras de los términos jurídicos que se utilicen y confiables para la autoridad respecto de lo que manifieste la persona indígena de que se trate.
Dicho lo anterior se puede afirmar que en el conjunto de leyes mexicanas de aplicación penal no existe una sola disposición que determine para el proceso penal quién es o puede ser un intérprete o traductor de lengua indígena, con el suficiente grado de pericia para hacer comprender a la autoridad respecto a la persona indígena y para hacer comprender a esta respecto de la autoridad.
Tal deficiencia es un proceso predominantemente oral, significa en términos de derechos humanos inaceptable por la trascendencia de la imposición de una sanción penal, como lo es la pérdida de la libertad. Para evidenciar aún más la problemática abordada en esta iniciativa es necesario citar:
1. Que de acuerdo con el Instituto de Lenguas Indígenas nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas indoamericanas.
2. La población indígena en México en el año 2010 fue de 11 millones 132 mil 552 personas y, por tanto, que hablan alguna variante de las 11 familias lingüísticas señaladas.
3. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reveló que en el año 2010 en México el 9.9 por ciento de la población provenía de algún pueblo o comunidad indígena.
4. En el mes de febrero del año 2015 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que en México existen más de 8 mil indígenas recluidos en alguna cárcel del país. El 96 por ciento son hombres y la mayoría se encuentran privados de su libertad por delitos del fuero común. Pero de acuerdo al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, únicamente se cuenta con 575 intérpretes traductores acreditados y certificados por esa institución.
Con lo expuesto, es evidente la necesidad de fortalecer y perfeccionar el derecho humano de las personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, a ser asistidos por un intérprete o traductor en el proceso penal y para ello debe reformarse el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sea la institución oficial encargada de la formación, capacitación, certificación y registro en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, del personal de las instituciones de procuración e impartición de justicia en los fueros federal y estatal que participan con esa calidad en el proceso penal cuando en éste intervenga alguna persona indígena de nuestro país.
Esta modificación tiene como objetivos que los intérpretes o traductores de lenguas indígenas que deben actuar en el proceso penal sean avalados por una institución pública que determine la suficiencia de sus conocimientos del lenguaje, de los usos y costumbres de la cultura indígena de que se trate, así como del proceso.
Impone como obligación a las autoridades de procuración e impartición de justicia de los fueros federal y estatal, que tengan personal capacitado, certificado y empadronado para actuar válidamente como intérprete o traductor de la lengua indígena, y por último brindar certidumbre y certeza jurídica a las personas indígenas respecto a que los intérpretes o traductores oficiales tendrán el nivel de pericia suficiente para interactuar con ellos en el proceso penal.
Como medida complementaria, considerando que las lenguas indígenas son válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público y que la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán leyes y reglamentos en la lengua indígena que corresponda a los beneficiarios, se solicita a la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, que tiene como objeto apoyar, fomentar y dar seguimiento a las acciones públicas, para que el Código Nacional de Procedimientos Penales se conozca y difunda entre los pueblos y comunidades indígenas en sus lenguas originales, del español a las lenguas indígenas que determine, sin que puedan ser inferiores a las familias lingüísticas indoamericanas contenidas en el documento denominado Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, variantes lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año 2008. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita también por la diputada María Eloisa Talavera Hernández, ambos del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, tan solo en 2015 el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos en los estados de la república ascendió a más de 3 mil 726 millones de pesos, por lo que considero oportuna una revisión a los montos erogados para tal fin.
Si a ese mismo cálculo agregamos el financiamiento para gastos de campaña y el financiamiento por actividades específicas, la cifra final del año pasado es mayor a 4 mil 659 millones de pesos. El costo a las arcas públicas es altísimo.
Por lo anterior, resulta necesario reformar las disposiciones relativas al financiamiento público a los partidos políticos, con el objetivo de reducir los gastos en nuestro país y, sobre todo, en las entidades federativas para así transitar a una democracia de calidad que no represente un gasto superfluo que atente contra los bolsillos de las familias mexicanas.
En consecuencia, es que pongo a su consideración la siguiente reforma a la Ley General de Partidos Políticos, que tiene por objetivo respetar la libertad configurativa que otorga la Constitución Política a las entidades federativas para determinar los montos de financiamiento público estadual a los partidos políticos, sin imponer desde la federación cantidades que merman las finanzas públicas que de suyo se encuentran gravemente lastimadas.
La presente iniciativa propone que los estados libres y soberanos sean los encargados de ponderar y priorizar el Presupuesto público, en atención a las necesidades que registre su población y en la medida de sus posibilidades.
Actualmente el artículo 41, fracción II, de nuestra Constitución dispone que las leyes estatales deben de garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y señalarán las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y las campañas electorales.
Esta regla tiene como objeto garantizar que los partidos políticos tengan una función activa en la promoción de la participación ciudadana, y por tanto, en la vida democrática del país.
Cabe resaltar, que esta regla únicamente está destinada a los partidos políticos nacionales y en consecuencia para el desarrollo de sus actividades en ese ámbito de organización política.
Por su parte, el artículo 116 constitucional, que regula la organización de las entidades federativas, en la parte relativa al financiamiento de partidos políticos, impone a los estados el deber de garantizar a los partidos un financiamiento público suficiente para el desarrollo y promoción de la participación ciudadana y en la vida democrática de las instituciones políticas locales, sin que exija las mismas reglas que aquellas destinadas a los partidos políticos nacionales.
Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 51 que los partidos locales tienen derecho al financiamiento público de sus actividades, estableciendo la misma fórmula que a nivel federal. Es decir, multiplicar el 65 por ciento del salario mínimo general vigente, en la región que se trate, por el padrón electoral, mismo que por cierto el Grupo Parlamentario del PAN ha propuesto reducir a 35 por ciento.
Con la redacción actual, la Ley General de Partidos homologa el criterio que deben de seguir los organismo públicos locales para definir el financiamiento público estadual, con el criterio aplicable a nivel federal, situación que no necesariamente debe de ser así. Insisto, no existe disposición constitucional alguna que obligue a los estados a retomar las fórmulas previstas en el propio artículo 41.
Por lo anterior, es claro que esta disposición secundaria excede lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e invade la competencia de las entidades federativas para decidir, según sus necesidades, la forma de ejercer su presupuesto.
Ante ello, es que con esta iniciativa se propone reformar los artículos 23 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que las legislaturas de los estados y los organismos públicos locales electorales, tengan la facultad de determinar los montos de financiamiento público a los partidos políticos, conforme a las posibilidades económicas propias de cada entidad federativa.
Con esta iniciativa, señoras y señores diputados, se estaría fortaleciendo el federalismo electoral mexicano al dejar en manos de los estados la forma de repartir el financiamiento público a los partidos, y también reduciríamos gastos ordinarios de nuestra democracia con criterios de eficiencia en el recurso y asignación de recursos públicos, trayendo consigo un beneficio para la sociedad mexicana que reclama que el dinero público se use para colmar las necesidades elementales de la población.
Que quede claro, en Acción Nacional promoveremos e impulsaremos siempre acciones contundentes para que se reduzca el financiamiento excesivo a los partidos políticos y apoyaremos la demanda social para que esos recursos sean encaminados a rubros como educación, seguridad y salud pública.
Apelo a la congruencia en el trabajo legislativo de las señoras y señores diputados y espero que esta iniciativa sea aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, sea aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Piña. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Se recibió, del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Igualmente, del mismo diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
También del diputado Francisco Martínez Neri, del PRD, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
De la misma manera, del diputado Martínez Neri se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
También se recibió del mismo diputado Martínez Neri iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Y por último, también se recibió iniciativa del diputado Francisco Martínez Neri, con proyecto de decreto que adiciona un artículo único transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene el mismo diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, la palabra por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17-L al Código Fiscal de la Federación.
El diputado Francisco Martínez Neri: Con su permiso, señor presidente. El día de hoy quiero llamar la atención acerca de la necesidad de introducir en el paquete de iniciativa fiscal diversos temas que resultan importantes para fortalecer nuestro sistema tributario, entre ellos se encuentran los siguientes:
1. Proponemos en primer término abrir la discusión acerca del dictamen fiscal voluntario, pero lo hacemos con una lógica distinta a la existente, en vez de limitar los alcances de ese instrumento fiscal histórico en México, proponemos robustecerlo con mecanismos de capacitación, certificación y aplicación de controles a los profesionales que realizan ese trabajo y eventualmente con sanciones que eviten prácticas que resulten ser irregulares.
Es necesario que el entorno legal del dictamen fiscal sea mejorado sobre la base de la profesionalización y la certificación y no dejar que se pierda ese importante instrumento de fiscalización.
2. Proponemos de igual manera dar agilidad y certeza a las devoluciones de impuestos que los contribuyentes tienen a su favor y evitar retrasos y procedimientos dilatorios en la entrega de sus recursos.
3. En materia de deducciones personales por servicios médicos, consideramos necesario permitir que se deduzcan sin límite alguno, aquellas erogaciones que realicen las personas físicas que padecen una enfermedad discapacitante, cuando exista un certificado que avale esa condición.
Es inhumano que quienes contribuyen al erario no tengan la posibilidad de deducir ilimitadamente esas erogaciones que son fundamentales para su sobrevivencia.
4. Por otra parte, consideramos que la cultura tributaria debe fortalecerse, el enfoque de la llamada Lotería Fiscal, propuesta por el Ejecutivo en su iniciativa, puede complementarse con otras propuestas como es el caso de los monederos que generen puntos canjeables por efectivo o compensables contra contribuciones.
Es necesario valorar el impacto fiscal de esa propuesta con un estudio que valore no solo el costo administrativo sino el potencial de esta medida en la mejora de la recaudación, al ser mucho más atractiva para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Finalmente en materia de autotransporte de carga, se requiere facilitar la incorporación al régimen de coordinados a quienes a la fecha no han ejercitado esa opción, pues constituye un número de contribuyentes que rebasa los 15 mil con lo cual se alentará su regularización.
Diputadas y diputados, este conjunto de temas no busca ni es con el ánimo de disminuir la recaudación tributaria. Existe conciencia de que la caída de los ingresos petroleros ha dejado en muy escaso margen de maniobra el manejo de las finanzas públicas.
Lo que anima estas propuestas es la intención de alentar la cultura tributaria, dar mejores incentivos a la recaudación, mejorar el instrumento denominado dictamen fiscal, permitir la regularización de sectores que tienen la voluntad de hacerlo y dar un margen de atención a las personas que sufren enfermedades discapacitantes que evidentemente limitan su capacidad económica y contributiva.
Espero que en el marco de la discusión de los ingresos estas propuestas puedan analizarse, debatirse y en su caso enriquecerse. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores. Durante el tiempo que dure mi intervención, en México morirá una persona por alguna enfermedad relacionada al consumo del tabaco. En México mueren anualmente 65 mil personas por el consumo del tabaco; 150 personas al día.
Pero lo realmente grave es que 10 por ciento de estas personas lo hacen si siquiera haber consumido un producto de tabaco en su vida. Son a los que denominados fumadores de segunda mano. El espíritu de la presente iniciativa es precisamente esto, velar por el derecho fundamental que tienen las personas no fumadoras a la salud. Lo anterior sin tomar en cuenta que también se pueden lograr ahorros sumamente importantes en el sistema de salud, el cual de por sí ya está sumamente estresado.
México gasta anualmente 75 mil millones de pesos en atender enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Esto es tan solo en costos directos; aquí no estamos tomando en cuenta los costos indirectos tales como pueden ser la pérdida de productividad que sufre el país dado el ausentismo laboral. La cifra, si la escalamos, puede subir hasta 140 mil millones de pesos los que pierde el país.
Las políticas públicas en contra del tabaquismo no deben de partir de una prohibición al consumo del tabaco, sino su regulación.
México suscribió en 2005 el Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco el cual ha servido de modelo y paradigma para muchos países, para regular el consumo de tabaco, la forma en que se hace la publicación de la misma, su exhibición, entre otras cosas.
En México desde ese entonces sólo 11 estados de la República han regulado en la materia, entre ellos se encuentra el Distrito Federal, Veracruz y Chiapas. Pero la pregunta que nos hacemos es a una década de que se suscribió este convenio internacional, México ¿cuándo realmente será libre de humo?
Por ello es necesario hacer una reforma integral a la Ley General del Control del Tabaco. Buscamos
Uno. Tener espacios libres de humo en todo espacio público interior. No se trata de establecer una prohibición al consumo del tabaco, porque esto sería una violación clara y franca a los derechos fundamentales del hombre, pero sí queremos defender las garantías de los no fumadores. Tampoco queremos afectar al productor; que este pueda seguir produciendo tabaco y lo pueda seguir vendiendo, simplemente que los fumadores lo hagan en espacios donde no afecten a terceros.
Dos. Regular aún más la publicidad que se le da a los productos de tabaco, ya que está probado que este ha sido un factor que hace y que induce a que la niñez adopte el vicio.
Según datos del INEGI en México hay niños que empiezan a fumar desde edades tan tempranas como los 12 años.
Tres. Hasta el día de hoy el interior de los vehículos está considerado como un espacio privado donde el conductor y el resto de los pasajeros pueden fumar libremente. Sin embargo está totalmente probado por la medicina que estos espacios son espacios donde la exposición a las toxinas del humo son realmente nocivas.
Lo que queremos es evitar que cuando haya un niño viajando en estos espacios adentro de un coche, sea este un fumador de segunda mano. Por lo tal queremos salvaguardar el derecho fundamental que tiene la niñez a la salud y prohibir esta práctica.
En lo que respecta a la contaminación del medio ambiente que es algo en lo cual luchamos día a día en el Partido Verde Ecologista, hay que reconocer que las colillas de cigarro son altamente contaminantes. Por tener otro dato, una colilla de cigarro arrojada en un cuerpo de agua logra contaminar hasta ocho litros de la misma, multipliquemos esto por millones de colillas y pensemos ahora en nuestros hijos.
Pretendemos también declarar las playas mexicanas, espacio libre de humo, son nuestro patrimonio y una de las fuentes de riqueza de nuestro país.
Con esta simple modificación, estamos pensando que podemos bajar los desechos de colillas en las playas en un 45 por ciento, según datos de expertos. Consideremos los graves daños que genera el tabaquismo.
La prevención, me queda claro, es la mejor política que podemos tener. Empecemos por ahí, le ahorraremos millones a México y haremos un compromiso con la salud. Queremos un México libre de humo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Herrera. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita también por el diputado Juan Romero Tenorio, ambos del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Romero Tenorio: Gracias, con el permiso del diputado presidente. La idea de estas modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es avanzar básicamente en la transparencia de la información que proporciona el Ejecutivo en materia presupuestal.
La Ley de Presupuesto fue definitivamente un avance en un tema que era normalmente o solamente normado por un decreto, un decreto de presupuesto, y que no tenía una normatividad clara en término de la administración global del gasto. Desgraciadamente la evolución de la ley no ha sido la adecuada, y muchas veces su interpretación.
Un punto clave que nosotros estamos proponiendo modificar en la ley o que quede claro en la ley, es que en la parte de los requerimientos financieros del sector público, que no es contabilizado como déficit, solamente sea la deuda de Pemex. Así lo establece la ley –valga decir– pero en distintas leyes de ingreso con la finalidad, creo yo, de ocultar el creciente déficit gubernamental, se han establecido otros conceptos como la deuda de CFE o los llamados proyectos de alto impacto.
Esto no está en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y queremos que quede claro que en otros ordenamientos no puede haber una clasificación de deuda distinta, esto con la finalidad de que quede claro cuáles son los niveles de endeudamiento del sector público y poder cumplir la meta de déficit que establece la propia ley, porque ahora no se está avanzando a cumplir la meta propuesta, sino que se están usando otro tipo de clasificaciones para evitar decir, por ejemplo, que este año por ser el tercer año consecutivo el déficit del sector público será de más de tres puntos del producto.
Queremos avanzar también en el tema de datos abiertos. El presupuesto, las finanzas públicas no han avanzado en datos abiertos. Las presentaciones de la información no son en bases de datos manipulables que nos permitan inmediatamente tomar decisiones, conocer qué pasa en términos de gasto.
El Presupuesto de Egresos de la Federación y todo el paquete que se nos entregó hace unas semanas no fue entregado, por ejemplo, en un archivo Excel, en donde uno rápidamente pues pude haber identificado en unas horas, en unos días, a qué correspondía cada partida de gasto, sino que tuvimos que solicitar a Hacienda –llegó días después, etcétera– este tipo de presentaciones, lo cual seguramente retrasó el asunto.
También consideramos muy importante que en materia tributaria, en materia de ingresos hay un desglose más fino de lo que cada persona tributa y su nivel de ingreso. Esto es fundamental para en el futuro poder diseñar impuestos que sean más progresivos, es decir, gravar a las personas realmente de altos ingresos.
Esto es una corriente que ha surgido con mucha fuerza a raíz del famoso estudio de Piketty sobre desigualdad y la necesidad de gravar al 1 por ciento más rico de la población, y cómo incluso los análisis y los indicadores que miden desigualdad cambian si uno utiliza encuestas ingreso-gasto o uno utiliza por ejemplo datos fiscales.
La desigualdad en México utilizando símiles de datos fiscales, porque no los tenemos claramente, empeora de manera muy importante si no se usa una encuesta de gasto y en su lugar se utilizan datos fiscales.
Y, en tercer lugar, queremos regular con mayor precisión tanto los fideicomisos como el Fondo Petrolero. En ambos casos consideramos necesario que cada trimestre haya un reporte no solo de los fideicomisos que creó la administración pública, sino también de los que participa.
Hay fideicomisos en donde su carácter público es discutible en el sentido de que no es el único que participa el gobierno, no es el único que lo creó el gobierno, pero sí participa y sobre ellos todavía tenemos una serie de información que nos falta establecer.
Todo esto viene a colación también con la disposición que pues que medio tuvimos el día de hoy y no tuvimos, en el sentido de que hay todo un rubro muy importante de los ingresos públicos que son los aprovechamientos y que la propia Auditoría Superior de la Federación ha pedido a este Congreso que legisle para que todo este gasto que puede venir o el Fideicomiso de Estabilización o del Banco de México o de la Banca de Desarrollo o de Pemex o de CFE, tenga una reglamentación para que no exista toda una rama de la administración pública que pueda ser utilizada por la Secretaría de Hacienda para financiar el gasto.
Creemos muy importante tener una discusión seria sobre la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. Mañana será abierta a discusión esta ley con la idea de discutir la manera de repartir el remanente de operación del Banco de México, y mañana también muchas de estas propuestas que estamos haciendo las haremos como reservas en la comisión. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Vamos a esperar a que se incorpore al salón de sesiones entonces, y en consecuencia tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. La participación ciudadana es un derecho fundamental cuyo ejercicio pleno a través de mecanismos legalmente establecidos garantiza a la ciudadanía el acceso a la información e incide en las decisiones públicas. Fortalecer dicha participación permitirá que las decisiones gubernamentales estén orientadas a proporcionar un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la gobernabilidad sustentada en la sociedad educada en sus derechos, así como en la autoridad responsable y transparente en su actuación.
En este sentido, presento a esta soberanía con todo el respeto que me merece, la iniciativa que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades medioambientales.
Asimismo, establecer la obligación de las autoridades correspondientes para que incluyan en sus actos de autoridad los motivos y fundamentos para incorporar o no las propuestas de prevención y mitigación sugeridas por los particulares, derivados de una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental.
Con ello los ciudadanos tendrán la posibilidad de incidir con su participación en la conservación del medio ambiente, expresar su opinión, prevenir graves daños ambientales y exigir a las autoridades medioambientales rindan cuentas sobre el sentido de la decisión.
La falta de una participación ciudadana integral informada y plenamente establecida en la norma medioambiental ha impactado de manera negativa en las comunidades en donde se han llevado a cabo diversos proyectos de desarrollo, sean turísticos, industriales, de comunicación o de extracción.
Muchos casos ampliamente conocidos, como el megaproyecto hidroeléctrico de La Parota, el conflicto minero de Wirikuta, las modificaciones de categoría del Nevado de Toluca, el megaproyecto turístico en Cabo Pulmo o los conflictos por los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec son solo algunos casos ejemplares.
En mi estado no se escapa, el caso de Zacualpan, en el municipio de Comala, es una muestra más de lo aquí dicho. No actuar ante esta problemática significa seguir fomentando el conflicto y el encono social, dado que las comunidades al ver afectadas de manera directa sus tierras, sus formas de subsistencia, su modo de vida y su salud, canalizan su descontento mediante manifestaciones y protestas.
En Nueva Alianza tenemos el compromiso de impulsar un sistema integral de justicia ambiental, que garantice de manera efectiva el derecho y la capacidad de los ciudadanos de influir en las áreas de las decisiones administrativas, de las áreas naturales en donde viven, dependen o son parte de su desarrollo.
Sin embargo, en estados como Nayarit, Sonora, Guerrero, el Estado de México, Colima o Baja California, y en el resto de la república existen ciudadanos a quienes se les han vulnerado su derecho humano de participar en aquellas decisiones que han afectado su medio ambiente.
No lo permitamos ni permitamos que sigan afectando ese medio ambiente, sus recursos naturales o sus medios de sustento. Tampoco gozamos de igualdad cuando a miles de indígenas, comuneros, campesinos, pescadores, se les niega o limita el acceso a la información medioambiental relevante y mucho menos expresar sus opiniones, a fin de que la autoridad tome la mejor decisión, cuando esta adquiere un carácter fundamental para su supervivencia y desarrollo.
Por esas ciudadanas, por esos ciudadanos del país que se han comprometido con el medio ambiente es que deseamos impulsar esta reforma.
La toma de decisiones públicas en los procesos de carácter ambiental ya no debe ser más un sustento ajeno y distante a la ciudadanía. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza queremos garantizarles adecuadamente en la ley el ejercicio de sus derechos humanos, de acceso a la información y a la participación pública que le corresponde.
Es cuanto, señor presidente, y esperamos contar con su apoyo. Gracias, compañeros diputados y diputadas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Gracias, presidente. Las pocas compañeras y compañeros que quedamos aquí, a partir de la reforma penal del 2008 México se encuentra en el tránsito de experimentar la reforma más trascedente y radical en la historia del sistema de procuración e impartición de justicia, se trata de un parteaguas en la protección de los derechos de víctimas de delitos e impulsados en un equilibrio procesal, para lo cual se decretó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que como instrumento adjetivo será aplicable por primera vez en todo el país.
Este Código Nacional de Procedimientos Penales establece directrices para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 y de acuerdo al artículo segundo transitorio del decreto publicado, gradualmente ha entrado en vigor en algunos estados de la república, con fecha límite para cobrar vigencia en todo el país el 18 de junio de 2016.
Es importante reconocer que esta inminente vigencia del Código Nacional entraña retos en su aplicación. Como toda legislación penal debe cumplir principios y estándares de protección a los derechos humanos, dentro de este marco legal de referencia, las y los operadores del sistema de justicia legal deberán procurar e impartir justicia bajo el enfoque de la perspectiva de género.
Es por ello, que aplicar la perspectiva de género del procedimiento penal implica que las y los operativos están llamados a ser agentes sensibles a los factores sociales y estructurales en el que se generan las desigualdades de género que provocan actos de violencia misógina para impartir justicia bajo el principio de la igualdad sustantiva.
La procuración de justicia e impartición de la misma con perspectiva de género y el combate a la impunidad de los delitos de violencia contra las mujeres deben ser realidades paralelas, porque una buena investigación con debida diligencia y perspectiva de género previene la violencia de género.
Subrayando el criterio de la Corte Interamericana, que estableció que la perspectiva de género se refiere a un estándar que se traduce en que la investigación tiene alcances adicionales cuando la víctima es una mujer que vive y sufre muerte, maltrato o afectación a su libertad personal, en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres.
Pero hubo un descuido muy grave de legisladores. En la confección de este código nacional se encuentra que en el tema del delito de feminicidio como conducta atípica penal, que merece prisión preventiva oficiosa que acusa el artículo 167 y que no puede ser subsumido a la voz de homicidio que contiene ese artículo por las siguientes razones:
A partir de 2011 en México se comienza a concretar la tipificación del feminicidio como delito autónomo de las legislaciones penales de los estados de la República.
En materia federal, el Código Penal Federal, a partir del 14 de junio del 2012 lo incluye en el artículo 325, denominado delitos contra la vida y la integridad corporal.
El feminicidio ha sido incluido en 22 legislaciones penales estatales y en el Código Penal Federal como delito autónomo del homicidio, porque desde la perspectiva de género que obliga a las y los legisladores, se debe interpretar que el feminicidio se distingue del homicidio porque afecta distintos bienes jurídicos, en virtud de la génesis propia de la violencia de género.
Por ello, queremos decir que es muy importante que el artículo 167 del código cuarto, denominado medidas cautelares, sección 1, de disposiciones generales, no incluyen el feminicidio.
Esta omisión puede ocasionar violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, de generarles acceso a la justicia con debida diligencia, y podría además, afectar asimismo los derechos procesales de las y los imputados. El feminicidio no figura en la lista de delitos que merecen prisión preventiva.
Por ello, los conmino a que modifiquemos este Código y que incluyamos ese delito porque es muy importante para la vida de las mujeres y de los hombres de este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Con gusto, presidente. Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes de diversas comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.
Esta Presidencia informa que en este momento las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, se encuentran reunidas en sesión permanente, para llevar a cabo la discusión de los dictámenes relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 de la Miscelánea Fiscal y de reformas a diversas disposiciones de las Leyes General de Contabilidad Gubernamental, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Asociaciones Público Privadas.
Una vez aprobados estos dictámenes serán remitidos a esta Presidencia para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
En tal virtud, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se hará la Declaratoria de Publicidad y previo y suficiente conocimiento de las y los diputados, se procederá a la discusión y votación en la próxima sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas. Asimismo se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.
Además se informa que el día de hoy se instalaron las Comisiones de Defensa Nacional, de Derechos de la Niñez, del Distrito Federal, de Reforma Agraria y de Competitividad, con lo que ya están legalmente instaladas 51 comisiones.
Por último, a petición de la diputada Sofía González Torres, del Verde Ecologista, se hace una atenta invitación a la exposición México Armónico del Programa de Apoyo a Orquestas Infantiles que se realizará del 19 al 30 de octubre en el vestíbulo A de esta Cámara de Diputados. Están en sus curules las invitaciones respectivas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (17:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 19 de octubre de 2015 a las 11 horas. Próximo lunes 19 de octubre de 2015 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas para un día que va a estar pesadito.
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