Comunicaciones
Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales
Comunicación de la Cámara de Senadores, con minutas
Iniciativas
Turno a comisión de iniciativa
Martha Cristina Jiménez Márquez, PAN
Hortensia Aragón Castillo, PRD
José Alberto Couttolenc Buentello, PVEM
Alicia Barrientos Pantoja, Morena
Verónica Delgadillo García, PMC
María Luisa Gutiérrez Santoyo, PNA
José Erandi Bermúdez Méndez, PAN
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
Rogerio Castro Vázquez, Morena
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, PMC
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, PRI
César Augusto Rendón García, PAN
María Elida Castelán Mondragón, PRD
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
Manuel Jesús Clouthier Carrillo, independiente
Alma Carolina Viggiano Austria, PRI
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, PAN
Karen Orney Ramírez Peralta, PRD
Alma Lucia Arzaluz Alonso, PVEM
Rodrigo Abdala Dartigues, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con su venia, diputado presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 444 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:37 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Verónica Delgadillo –allá, sonido en su curul, por favor– a ver, ¿con qué objeto?
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solo es para agradecer a todos mis compañeros diputados, a las diferentes fuerzas políticas de este Congreso por haberse sumado a la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano, en torno al Día Mundial sin Automóvil. Agradecer que se sumaron a este esfuerzo de agenda internacional a los diputados, a los trabajadores del Congreso, al secretario general y a todos que entendieron la importancia de replantearnos los sistemas de movilidad.
También para aprovechar el espacio y exhortar a todos los presentes, a hacer este ejercicio más periódico, poder acudir a trabajar en medios de transporte alternativos y no solo en el vehículo privado para poder estar en cercanía con la gente y con la realidad que experimenta nuestro país en torno a los temas de movilidad. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el de las comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio de la Secretaría de Comunicación, con el que remite el informe de avances 2015 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento. Se informa a la asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta en tanto se apruebe la integración de las comisiones.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el segundo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa de la Transición a la Televisión Digital Terrestre, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de diversas autoridades, seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentario para su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de agosto de 2015 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son trasferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite los siguientes asuntos:
El calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Comunicación del senador Ismael Hernández Deras, por la que informa que a partir del 27 de agosto de 2015 asumió la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para el primer año de la LXIII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para diversos rubros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Tres comunicaciones por las que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Diputados que desechan las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio;
3. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo de los asuntos mencionados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe con el siguiente punto del orden del día.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Secretarios de la Cámara de Diputados, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficio suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la Procuraduría General de la República, con el que se solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la Presidencia dictó el siguiente trámite: Remítase a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto del primer párrafo del artículo Segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración
Atentamente, senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo previsto en el primer párrafo... Perdón, falta uno más.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Secretarios de la Cámara de Diputados, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores dio cuenta en un oficio suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la procuradora general de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como el Distrito Federal.
El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la Presidencia dictó el siguiente trámite: Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.
Senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:
El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Y partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal.
Publíquense en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el de las iniciativas de diputadas y diputados, y a nombre de cada grupo parlamentario.
Se informa que se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General de Salud.
A ver, nos solicitan ceder el turno al siguiente orador y por tanto, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos.
La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el tema de precios de gas LP, gasolina y diésel constituye un tema prioritario para el Grupo Parlamentario del PAN, para los diputados Jorge López, Javier Neblina, para la suscrita, pero sobre todo, para la población de México en general, no solo con respecto a la calidad en la prestación del servicio, sino primordialmente en lo injustificado de su precio, sin que al día de hoy el gobierno federal demuestre una auténtica preocupación respecto del contenido y los alcances que este tema conlleva.
En materia de precios de gasolinas y diésel, el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos y el acuerdo correspondiente, emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, establecieron entre otras cosas que: a partir del primero de enero de 2015 y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2017, la regulación de precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal mediante acuerdo y que hasta el primero de enero de 2018, los precios se determinarán bajo condiciones de mercado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá fijar los precios máximos de las gasolinas así como del diésel, que reflejen los ajustes a los precios máximos de dichos productos.
Ahora bien, conforme a lo anterior y tomando en consideración:
1. Que el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos dispone que los precios al público, de gas LP, gasolinas y diésel, se determinarán conforme a condiciones de mercado.
2. Que la Comisión Federal de Competencia Económica se encuentra facultada para emitir declaratoria referentes a la existencia de condiciones de competencia efectiva.
3. Que es necesario facultar a dicha Comisión, para emitir de oficio y de manera bimestral, la declaratoria de condiciones de competencia efectiva sin que medie petición o requerimiento de autoridad alguna.
Por tanto, se propone reformar el párrafo segundo y adicionar un último párrafo al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, para garantizar la vigencia de un mecanismo que de manera periódica y constante, revise la existencia de condiciones de competencia efectiva a efecto de adecuar los precios y tarifas de expendio al público de gasolinas y diésel conforme a las condiciones de mercado. No se reformará ni se adicionarán párrafos a fin de establecer disposiciones potestativas para dicha autoridad.
Por el contrario, de la emisión de la declaratoria que realice la Comisión Federal de Competencia Económica, forzosa y necesariamente deberá seguirse en su caso la adecuación de precios y tarifas de expendio al público consumidor.
Por lo expuesto anteriormente, me es grato someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto, por el cual se reforma el párrafo segundo y se adiciona un último párrafo al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de establecer que los precios de expendio al público de gas LP, gasolinas y diésel se determinarán conforme a condiciones de mercado que resulten de la declaratoria referente a las condiciones de competencia efectiva que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, lo cual se realizará de oficio.
Es decir, sin requerir la petición previa de ninguna autoridad, teniendo para ello los 10 primeros días hábiles posteriores a la conclusión de cada bimestre del año a efecto de adecuar los precios y tarifas de expendio al público de gasolinas y diésel, conforme a las condiciones de mercado. Esto se propone que entre en vigor a partir del ejercicio fiscal 2016.
Para Acción Nacional, la reducción de precios en combustibles es una oportunidad real de reactivar la economía. No podemos permitir que el gobierno siga vendiendo al extranjero petróleo barato, comprando gasolinas extranjeras baratas y vendiéndolas caras en nuestro país. Lo justo es, si el petróleo baja de precio, la gasolina también baje.
La despetrolización de la economía no se puede limitar al precio del petróleo que vendemos al extranjero. Empecemos apegándonos a justicia, al sentido común. Así incentivamos la economía interna desde la producción, distribución hasta el consumo.
Esto, señores diputados, es justicia social; que baje la gasolina. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Jiménez. Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora sí, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General de Salud.
El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, las zonas de desarrollo turístico año con año reciben a miles de turistas tanto nacionales como extranjeros.
Anta la afluencia nutrida de turistas, México ha sido un punto preferido de miles de viajeros en el mundo, lo cual ha hecho que la actividad turística sea de las que más divisas generan para la economía del país.
Fortalecer, fomentar y cuidar el turismo ha sido una de las prioridades establecidas en el ámbito económico ya que su derrama genera miles de empleos en toda la República. En este sentido ha sido la atención de un servidor sumarse a este esfuerzo mediante la iniciativa que he tenido a bien presentar ante esta honorable soberanía.
Esta iniciativa propone establecer una serie de medidas de coordinación entre los despachos gubernamentales que tienen la encomienda de atender los asuntos de salud y turismo, ello en razón de que la salud es un elemento importante que debe tomarse en cuenta al planear la factibilidad turística, pues en la salud se incluye tanto a la población que vive en los lugares receptores, como a los visitantes.
Frecuentemente los viajeros experimentan grandes y abruptos cambios en las condiciones ambientales que pueden tener efectos en detrimento de su salud y el bienestar, en virtud de que el viaje puede implicar importantes cambios de actitud, temperatura y humedad. Asimismo los turistas son blancos fáciles de muchas enfermedades infecciosas, importantes, mismas que se transmiten a través del agua, alimentos contaminados e insectos.
En este tenor la prevención sanitaria es una constante que debe integrarse a la atención brindada al viajero, ya que el deterioro en la salud de los turistas constituye un riesgo para toda la industria turística.
Por lo anterior creemos que la prevención sanitaria juega un papel fundamental en el cuidado de la salud de la población. Esta labor –por autonomía– es competencia de la Secretaría de Salud; pero atendiendo a la competitividad y a la complejidad que se presenta con los turistas, es razonable que la Secretaría de Turismo pueda coadyuvar con el sector salud para diseñar y llevar a cabo estrategias para la prevención sanitaria en todos los ámbitos turísticos que por su necesidad así se requiera.
De esta manera los prestadores de servicios turísticos, así como las autoridades, podrán cumplir con mayor eficacia las disposiciones tendientes a la prevención sanitaria y así inhibir el impacto de las contingencias que se pudieran llegar a presentar.
La coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud vendrá a fortalecer a los prestadores de servicio en sus actividades, a proteger a los turistas y a los lugareños y, sobre todo, a prevenir y atender oportunamente las contingencias sanitarias que menoscaban al turismo.
Amigas diputadas, amigos diputados, considero que es necesario establecer por ministerio de ley que estas dependencias colaboren estrechamente para mantener a nuestro país como un referente en el turismo mundial, en donde se garanticen las medidas en materia de salud para dar así la seguridad a los turistas, mantener la confianza de éstos y dar el mensaje que nuestro país, el turista, se le atiende y se le cuida bien. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Yerena. Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Hortensia Aragón Castillo: Gracias presidente. Compañeros diputados y diputadas, con beneplácito he seguido, y muchos hemos seguido las declaraciones que los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias han hecho con relación al adelgazamiento y buen uso de los recursos públicos que se destinan para el funcionamiento de esta Cámara.
Este tema, igual que otros, deben de darle a la Cámara de Diputados una visión frente a los ciudadanos y ciudadanas distinta, pero no sólo en ése tema, hay otros en los que también debiéramos de ser un buen ejemplo.
Me refiero a lo que ha venido avanzando este país en el tema de la paridad de género sustantiva, no sólo en lo que se conoce como la verticalidad de la misma, sino lo que hoy los tribunales electorales han resuelto en el tema de la horizontalidad.
Por ello, y a sabiendas de que es un asunto que varias diputadas y que varios diputados han venido procesando son sus fracciones parlamentarias, y que recientemente lo acaba de tocar la Junta de Coordinación Política, órgano máximo de este pleno, en el sentido de que pudieran la mitad de las comisiones ser encabezadas por mujeres, es que traigo en este momento ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la intención fundamentada en lo que establece el artículo 1o. y 4o. constitucional, de que este Congreso revise su normatividad y se actualice a lo que hoy los preceptos en materia de derechos humanos establece.
Es sabido, porque es uno de los temas en los que México ha destacado en los últimos años, que a partir de las reformas que en materia de derechos humanos se establecieron en el 2011 ha sido posible un gran avance que permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tener los instrumentos suficientes para hacer que la discriminación deje de ser un flagelo para nuestro país no solo en el tema de la desigualdad de las mujeres, sino la discriminación en todos los sentidos, me refiero por su condición sexual, me refiero por sus preferencias, opciones religiosas, condición étnica, en fin.
Sería lamentable que este Congreso no fuese capaz, esta Cámara de Diputados, de modificar su propia Ley Orgánica y adaptarla como se han ido adaptando Constituciones Políticas de muchos estados, así como otros instrumentos en esta materia. Es por ello que, cuando hablamos del tema de la desigualdad, estamos planteando la importancia que para México representa caminar en el sentido de la democracia sin desigualdades.
Y algunos pueden expresar que el número de diputadas en esta Cámara es más que suficiente. Las feministas tenemos muy claro lo que hemos denominado el techo de cristal, que no es otra cosa de llegar muchas abajo y muy pocas arriba.
No tenemos, no es cierto que tenemos muchas más diputadas que la legislatura anterior, solo cuatro mujeres más. En la legislatura anterior fueron 209 y hoy somos 211, pero en la legislatura anterior solo 13 diputadas encabezaron las presidencias de 56 comisiones ordinarias, y eso es lo que decimos que no puede pasar en esta legislatura.
Hoy tiene que ser de manera proporcional al crecimiento de las mujeres su representación en las presidencias de comisión. Tendrá al mismo tiempo que plantearse en todos los ámbitos, comités y espacios que determina para su organización y trabajo este Legislativo, porque siendo pares como nos reconoce la ley, no somos así al momento de ocupar los órganos de representación. De ahí que nuestra propia Junta de Gobierno en la pasada legislatura y en esta solo tenga y se le reconoce, una mujer coordinadora integrándolo.
Termino con lo que la dos veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha dicho al respecto: Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer; cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Diputados, diputadas, es tiempo de cambiar la política en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aragón. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Para solicitarle a la diputada Hortensia Aragón que podamos algunas de nosotras, en mi caso en particular, sumarnos sin duda a esta iniciativa, y le pediría si nos permite sumarnos a ella.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Diputada Aragón, nos manifiesta que por supuesto no tiene inconveniente y por lo tanto, como ha procedido en anteriores ocasiones, quedará a disposición de las y los diputados que quieran suscribir esta iniciativa, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Sí, presidente, compañeras, compañeros diputados, lo que acaba de decir la diputada Hortensia Aragón, no solo nos urge como país hacer un cambio de mentalidades, sino de las prácticas políticas. Y si acepta la diputada Aragón, que esta lucha la hemos dado desde hace 30 años juntas, espero que acepte que firmemos con ella esta iniciativa. Los conmino a que los hombres también la firmen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ya se ha manifestado la aquiescencia de la diputada Aragón. Reitero que estará a disposición aquí en la Secretaría de la Mesa para los efectos correspondientes.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá, la diputada Alejandra Gutiérrez. Sonido en la curul del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (desde la curul): Considerando la importancia del tema, también nosotros nos sumamos a esta propuesta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Araceli Damián.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Es para otro tema. Morena condena enérgicamente la agresión sufrida hacia estudiantes hace unas horas que salieron de Ayotzinapa y fueron detenidos por policía antimotines y desafortunadamente los medios están reportando que hay heridos, tanto civiles como de policías.
Estamos en un momento crucial, a casi un año de lo sucedido, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y no es posible que la policía no garantice el libre tránsito de los estudiantes.
Queremos que esos estudiantes que fueron regresados a Tixtla, se les garantice la posibilidad de llegar a Chilpancingo, para que participen en una manifestación pacífica por los hechos sucedidos hace casi un año.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registra.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Soraya.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (desde la curul): Señor presidente, dada la importancia del tema que acaba de presentar nuestra compañera diputada Hortensia Aragón, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza solicita que ella nos pueda permitir firmar la iniciativa, todo el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Bien.
El diputado René Cervera García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, acá, sonido en la curul del diputado Cervera, ahí está ya.
El diputado René Cervera García (desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que se acaba de pronunciar la diputada que me antecedió en el uso de la voz, quisiéramos, la bancada de Movimiento Ciudadano, si la diputada Hortensia Aragón está de acuerdo, sumarnos a esta iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien.
La diputada Janett Ovando Reazola (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Janett Ovando, por favor, acá, de la bancada del PAN.
La diputada Janett Ovando Reazola (desde la curul): Presidente, para hacer de su conocimiento, que también el Grupo Parlamentario del Acción Nacional, nuestros compañeros también, hombres de la bancada, han pedido suscribirse a esta iniciativa.
También tenemos un acuerdo, no formal, con nuestro coordinador, de respetar esta proporcionalidad, a pesar de que no se encuentra escrito en la ley. Nuestro coordinador Marko Cortés tiene un compromiso con las mujeres que integran el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Bien. Continuamos con el orden del día.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 223 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, amigos todos, me presento hoy ante ustedes, no como un experto en el tema del cambio climático, sino como un ciudadano preocupado, una de las miles de millones de personas que quieren resolver este nuestro problema. Un problema que cada día crece y amenaza con desbordarse.
Cada semana estamos sufriendo nuevas e innegables pruebas, muestra que se aceleró el cambio climático. Sabemos que las sequías están intensificando, nuestros mares se están calentando. Cada vez son más extremos los fenómenos meteorológicos que nos aquejan.
Nada de esto es retórica, esto es un hecho. Fingiendo que el cambio climático no es real, fingiendo que no pasa nada, que a nosotros no nos va a afectar no va a solucionar el problema ni va a hacer que éste desaparezca.
Mis amigos, quienes estamos aquí reunidos sabemos que nos enfrentamos a una tarea difícil, se trata de tomar acciones y que estas acciones sean ya.
En el ámbito legislativo, el Partido Verde Ecologista durante legislaturas pasadas y ésta no será la excepción, trabajó arduamente y colaboró con otras fuerzas políticas para implantar dos iniciativas para el cuidado del medio ambiente. Por un lado, el derecho a un medio ambiente sano. Y por otro, el derecho al acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente, salubre y aceptable del agua.
Ambas exigencias se convirtieron en una obligación para el Estado desde el año 2012, pero el problema del desabasto y la falta del vital líquido sigue aquí.
Vemos con preocupación que las regiones del país arrojan realidades contradictorias respecto al tema del agua. En México, amigos míos, la distribución del agua potable está polarizada. Por un lado, en el sur del país se encuentra con una importante cobertura de ecosistemas que captan y producen agua. Pero también en esta región es donde tenemos los mayores rezagos en infraestructura para su disponibilidad. Caso contrario sucede en la región norte del país, en donde la disponibilidad natural del agua es mucho menor. Esto trae consigo un incremento en los conflictos sociales por agua y se dificulta una buena gestión del recurso.
En este sentido, y a fin de abatir la brecha y garantizar una cobertura universal es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México plantea el establecimiento de un vale por el pago de la generación natural del agua a favor de aquellos propietarios o poseedores de predios, cuyas características naturales tengan aportaciones de infiltración y recarga de los mantos freáticos. Es decir, impulsa en la producción natural del agua.
De este modo, el programa Pago del agua a los dueños de los bosques que la producen es un instrumento adecuado y podrá otorgarse a través de vales mensuales a quienes demuestren tener terrenos forestales en buen estado de conservación y que garanticen su mantenimiento.
Por eso, creemos importante e impostergable impulsar la política hídrica de nuestro país. Aire, agua limpia y un clima habitable son derechos humanos inalienables. Y la solución de esta crisis no es una cuestión política sino es una obligación moral. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Couttolenc. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito, para dictamen.
Saludamos la presencia de periodistas originarios de Río Verde, San Luis Potosí. Invitados por la diputada Fabiola Guerrero Aguilar. Así como estudiantes de bachillerato de Acaxochitlán, del Colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo. Invitados por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Alicia Barrientos Pantoja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y diputados, la educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave en el desarrollo de nuestro país.
A lo largo de la historia de México, la educación ocupó un lugar privilegiado en sus documentos fundacionales, tal es el caso de los Sentimientos de la Nación. Morelos otorga a la educación una jerarquía esencial para lograr la igualdad entre los mexicanos. Aparece en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado en Apatzingán en 1814 y en la concepción educativa de los liberales del siglo XIX, que quedó plasmada en la Constitución de 1857, como un compromiso programático con la escuela pública y gratuita.
Estos principios fueron ratificados por el Constituyente de 1917, que amplió su alcance social como un derecho de todos los mexicanos.
Esta iniciativa forma parte de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, que propone asumir clara y expresamente a lo largo de la LXIII Legislatura, el fortalecimiento de la educación pública y el derecho de todo individuo a la educación en todos sus niveles. La suscriben y la hacen, o impulsan además, las diputadas Patricia Aceves Pastrana, Delfina Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas y la diputada Guadalupe Hernández Correa.
De acuerdo con el último informe de gobierno, en el ciclo escolar 2015-2016 se estima una matrícula en el sistema educativo de nivel superior escolarizado de tres millones 663 mil alumnos. Es decir, que el sistema educativo nacional del nivel superior absorbe menos de una tercera parte de la demanda potencial de los jóvenes de 19 a 23 años con posibilidad de estudiar, pero hacer obligatoria la educación superior como un medio para ampliar su cobertura no bastaría para convertirla en realidad como derecho humano.
Se requiere un compromiso presupuestal del Estado y de colocar el incremento de su financiamiento en el centro de las prioridades nacionales, lo cual no implica la adquisición o aumento de la deuda pública.
Organismos educativos, investigadores, alumnos y organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por un aumento sustantivo y creciente de la inversión estatal en educación y se han propuesto alcanzar como mínimo un monto anual al dos por ciento del PIB para educación superior y del uno por ciento del mismo indicador para la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas, propuesta que el Grupo Parlamentario de Morena hace suya con este proyecto de decreto.
Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para la función de educación en todos sus niveles fue de 667 mil 990 millones de pesos, equivalentes al 3.70 por ciento del PIB, del cual se asignaron para gasto de la educación superior 123 mil 160 millones de pesos equivalentes al 0.67 por ciento.
Todo ello a pesar de que el artículo 25 de la Ley General de Educación establece que se destinará a la educación el equivalente al ocho por ciento del PIB y que de éste, el uno por ciento se destinará a investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones públicas de educación superior.
Elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación superior será un gran paso adelante y generará expectativas de futuro para millones de jóvenes. Destinar mayores recursos a este nivel educativo y a la investigación científica y tecnológica por mandato constitucional, como lo proponemos en esta iniciativa, será una determinación histórica que nos permitirá acercar la Norma Suprema a la realidad nacional que nos exigen mejorar la calidad en las nuevas generaciones.
Por lo expuesto, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforma el artículo 3o, párrafos primero y tercero, fracción II, inciso d) y fracción V; y el artículo 31, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 3o. “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; esta, la media superior y superior, serán obligatorias”.
Tercer párrafo. “El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen al máximo, logros de aprendizaje en los educandos. El monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública superior, no podrá ser menor al equivalente al 2 por ciento del producto interno bruto del país ni menor del 1 por ciento de este indicador al que se destine a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, en las instituciones de educación superior pública”.
Fracción II, inciso d). “Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Para conseguirlo los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como las empresas privadas, contribuirán a su formación profesional y desarrollo laboral”.
Fracción V. “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación inicial, necesarios para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y tecnológica; alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
Artículo 31: “Son obligaciones de los mexicanos:
Fracción I: “Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, y reciban la militar en los términos que establezca la ley”.
Concluyo, señoras y señores diputados, no sin dejar de recordar que la educación no es un privilegio, es un derecho. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra –por cinco minutos– la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.
La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en las curules de las diputadas Godoy y Damián, por favor, acá a la izquierda.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Sólo quiero adherirme a la iniciativa de la diputada Alicia Barrientos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene su consentimiento de la diputada Barrientos. Diputada Godoy.
La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Para el mismo fin, sumarme a la iniciativa de la diputada Alicia Barrientos, por favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Como hemos procedido en anteriores ocasiones, se le pide a la Secretaría que ponga a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa de la diputada Barrientos, misma que ha dado su aquiescencia para este propósito.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Xochitl Hernández, igual, ¿en el mismo sentido?
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Para el mismo efecto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Correcto. Gracias.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Nahle.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente. Para decirle que todos los integrantes de la bancada de Morena queremos suscribirnos a la iniciativa de la diputada Alicia Barrientos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Adelante, diputada Delgadillo.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con su venia, señor presidente. “La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno”. Kofi Annan.
Compañeros diputados, la realidad de nuestro país es muy compleja y muy distinta al ideal de país que todos nosotros aspiramos. Cada día millones y millones de hombres y mujeres padecen los males que aquejan a nuestra sociedad, son víctimas de violencia, de corrupción, de desempleo, de falta de oportunidades, de inseguridad. Las promesas de un buen gobierno siguen en el mundo de la idea y de la utopía, basta con ver las enormes brechas de desigualdad que persisten entre los mexicanos.
A pesar de las múltiples reformas y de los programas sociales, los gobiernos no han tenido la capacidad para brindar las condiciones mínimas indispensables para el pleno desarrollo de los hombres, y mucho menos de todas las mujeres.
Es aquí, en esta inmensa distancia de inequidad entre hombres y mujeres donde existe una gran herida que no sólo lastima a la sociedad, sino que también impide el desarrollo integral de nuestro país.
Esta profunda herida se mantiene abierta entre tantas causas por una visión jurídica, social y cultural que se alimenta cada día del machismo. Un machismo que no ha permitido dignificar a la mujer en la vida pública, un machismo que ensombrece el desarrollo social, un machismo que pone en injusta desventaja a nuestras niñas, jóvenes y mujeres.
A pesar de las múltiples batallas conquistadas por hombres y mujeres durante mucho tiempo a favor de la equidad las mujeres en nuestro país seguimos experimentando una profunda desigualdad. El día de hoy, compañeros, los invito a reflexionar solo en una de estas condiciones de inequidad, la marcada brecha salarial que transgrede los principios básicos de los derechos humanos de las mujeres.
En México, el simple hecho de ser mujer es una de las razones que obstaculiza el acceder a una fuente formal de empleo; 4 de cada 10 mujeres forman parte de la fuerza laboral activa, mientras que 10 de cada 10 hombres lo hacen. Y una vez conquistado este espacio formal de trabajo las mujeres debemos enfrentarnos a una injusta realidad de un ingreso inferior, pues estamos destinadas a ganar entre un 185 y un 20 por ciento menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, con las mismas funciones y con las mismas responsabilidades.
Esta situación, de verdadera discriminación hacia las mujeres, se vuelve incomprensible y ajena a lo establecido en los tratados internacionales, a lo que establece nuestra Constitución Política y también lo que marca nuestra legislación en el tema de derechos humanos.
Esta iniciativa que hoy presento ante este honorable pleno tiene el objetivo de construir garantías para eliminar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Esta es una acción que pretende sanar una de tantas y tantas capas de desigualdad social que persisten en nuestro país.
Esta iniciativa se reconoce en la búsqueda de la eliminación de la brecha salarial y además busca identificar las medidas para su total erradicación. Se busca promover la eliminación de diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo o que tiene el mismo valor, al tiempo también que se fomenta la paridad salarial en el diseño de la política nacional de igualdad entre hombres y mujeres.
Tenemos que ser conscientes en que la desigualdad y la discriminación son una forma de violencia que atenta contra lo más importante que tiene un ser humano, su dignidad. También estas brechas de desigualdad lo único que logran es impedir que las personas ejerzan sus derechos y su plena ciudadanía.
Por ello, los progresos en la conquista de los derechos políticos de las mujeres son insuficientes si no garantizamos que se hagan efectivos mediante el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales y humanos fundamentales, como pretendemos con esta iniciativa de paridad salarial.
En esta legislatura resulta indispensable el compromiso de todas y todos los legisladores por un trabajo serio y profundo, en una amplia agenda de género y también en el combate a la desigualdad en todas y cada una de sus formas.
En Movimiento Ciudadano compartimos el anhelo de todos los mexicanos que quieren vivir en un país donde hombres y mujeres cuenten con los mismos derechos y las mismas oportunidades, donde en nuestro país el camino elegido sea la justicia.
Cualquier tipo de injusticia cometida hacia una mujer es una injusticia que se comete contra todo el país. Compañeros, en México lo que le duele a una mujer le duele al país entero. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañera diputados, en mi Grupo Parlamentario, Nueva Alianza, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres es una labor que realizamos día a día. Somos la bancada de la igualdad y esa es nuestra bandera.
En este contexto es que presento esta iniciativa que busca eliminar la discriminación hacia los varones que son padres y que necesitan acceder al servicio de guarderías, varones discriminados que trabajan y requieren cuidar a sus hijos para poder sacarlos adelante, tal como lo hacen 4 millones de madres jefas de familia todos los días, hombres jefes de familia que parecería que no tienen derecho a hacerlo.
El número de padres trabajadores que tienen que asumir la responsabilidad de cuidar a sus hijos es cada vez mayor y diariamente se enfrentan a múltiples retos como resultado de ser responsables del cuidado de los menores.
Un padre trabajador soltero, viudo, divorciado o casado enfrenta dificultades económicas, problemas logísticos, emocionales y sociales del mismo modo que nosotras las mujeres. Es por ello que debe tener el mismo derecho de contar con el apoyo de guarderías, donde pueda dejar a sus hijos con la plena confianza de que están seguros. Es un tema de igualdad de género, de no discriminación y de derechos fundamentales.
En ese sentido, existe en nuestras leyes una evidente discriminación hacia los hombres trabajadores que requieren el servicio de guarderías. Si bien la Constitución prohíbe toda clase de discriminación y establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, existen contradicciones entre este mandato, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El artículo 123 de nuestra Carta Magna estipula que las mujeres disfrutarán del servicio de guarderías infantiles, pero dicho artículo no contempla a los hombres, es una omisión disfrazada de discriminación.
En tanto, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé la prestación del servicio a hombres viudos o divorciados, excluyendo a una gran cantidad de varones trabajadores con diferentes circunstancias, como lo es estar casados. Aquí también hay exclusión, también es discriminatoria esta ley.
Es por ello que resulta evidente la necesidad de armonizar las leyes, a fin de evitar contradicciones que generen discriminación por razones de género, pues los progenitores indistintamente del sexo, o la condición que guarden de viudos o divorciados deben tener garantizado su derecho al servicio de guarderías.
No solo estamos hablando de padres o madres que necesitan el derecho de una guardería para poder trabajar, estamos hablando de millones de niños y niñas mexicanos que merecen un espacio y tiempo para tener cuidados como los recibirían en casa.
Estamos hablando de toda una generación de mexicanos que depende de que este derecho se ejerza con plenitud.
En este sentido y refrendando el compromiso de Nueva Alianza con la igualdad de género, se propone agregar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, donde se consagre el derecho de las personas trabajadoras, que incluye a hombres y mujeres a los servicios de guardería. De igual manera, propongo modificaciones a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para especificar que los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil y de guarderías, se otorgará a las personas trabajadoras aseguradas, independientemente de su sexo y su estado civil.
Compañeros y compañeras, son modificaciones con una visión de igualdad entre hombres y mujeres, sustanciales para alcanzar un México con conciencia moral, no discriminación y baluarte de los derechos universales. Somos una bancada de la igualdad y estamos honrando nuestra palabra con los padres de México. Por su atención, compañeras diputadas y diputados, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para opinión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Históricamente, el juicio de amparo se ha constituido como la institución jurídica de control constitucional más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En la actualidad, es el medio para cuestionar la constitucionalidad y convencionalidad de la actuación de toda la autoridad del Estado. Es al mismo tiempo, el mecanismo más eficaz que tienen los gobernados para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público que lesiona o vulnera los derechos fundamentales, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.
En ese sentido, el juicio de amparo o juicio de derechos fundamentales, tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado, y para ese fin es necesario proporcionar a la legislación que regula su trámite y resolución, así como a los juzgadores federales en materia de amparo, de instituciones procesales que hagan claro el procedimiento correspondiente y resuelvan problemática que se presente, para que de esa manera se garantice su eficiente y eficaz trámite y resolución.
Con fecha 6 de junio del 2011 se publicó una reforma importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impactó directamente en la administración e impartición de justicia, al reformarse los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con motivo de esa reforma, con fecha 2 de abril del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política del país.
Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo no se incluyó ni se previó, en ninguno de sus títulos ni de sus capítulos lo referente a la figura procesal de la acumulación de juicios de amparo o de recursos de la misma índole, ya que el legislador fue omiso a ese respecto.
Omisión legislativa que ha venido a acarrear una problemática en los tribunales del Poder Judicial de la Federación al no tener un sustento legal que les permita realizar la acumulación de juicios de amparo o recursos conexos, ya que ante la ausencia de normas que regulan esa institución los juicios de amparo y los recursos de la materia que lo prevé los ha venido tramitando por separado como juicios o recursos autónomos e independientes, aun cuando sean conexos, con el riesgo de emitir sentencias contradictorias, como a la fecha está sucediendo.
Por esa razón, es urgente y necesaria la inclusión de esta institución jurídica de la acumulación, por formar parte del procedimiento del juicio de amparo, con el respeto irrestricto a las formalidades esenciales del procedimiento, y con el fin de garantizar una adecuada y eficaz impartición de justicia.
Esto porque los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforman el derecho fundamental de acceso a una justicia efectiva.
El juicio de amparo, al igual que cualquier otro procedimiento, debe ser respetuoso de aquellos principios fundamentales, máxime que es el mecanismo idóneo para defender aquellos derechos considerados como fundamentales.
La acumulación tiene un doble fundamento, uno práctico y otro jurídico. Por una parte se sustenta en el principio de economía procesal en tanto facilita que en un juicio se resuelvan todos los temas relacionados con respecto a todos los sujetos involucrados.
Por otra, tal vez la más importante, persigue evitar la concurrencia de fallos contradictorios. Se resuelvan cuestiones que son propuestas de otro, originando a la posterioridad la existencia de la cosa juzgada que incide en temas que impiden el análisis de otras cuestiones planteadas posteriormente, tornando insoluble la contienda, violentándose el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta, expedita y completa.
Así, resulta evidente que la nueva Ley de Amparo adolece de una grave omisión, pues no prevé la herramienta jurídica para evitar los vicios que excluían la acumulación y se corre el riesgo de que se pronuncien –como sucede ya– sentencias contradictorias con respecto a un mismo acto reclamado, criterios diversos para asuntos similares, según conozca uno u otro órgano de control constitucional y la proliferación de juicios de amparo promovidos por sujetos ímprobos para aprovechar los beneficios temporales que brinda la suspensión.
Por ello, resulta palpable y obvia la contradicción de la Ley de Amparo con las disposiciones constitucionales, en tanto que, por esa omisión legislativa, por un lado se permite la ineficacia de las sentencias de amparo cuando estas son contradictorias y por otro, se fomenta la inseguridad jurídica en tanto se impide la aplicación de criterios similares para asuntos similares.
Tan es necesario y urgente reformar en ese aspecto la Ley de Amparo, que el Consejo de la Judicatura Federal ha tratado de solucionar la deficiencia legislativa a través de una figura administrativa prevista en la actual ley de la materia denominada Concentración de asuntos, establecido en el artículo 13 de dicho ordenamiento legal.
Cuyo alcance fue ampliado a través del Acuerdo General 20/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que prácticamente se reiteraron las disposiciones de los artículos 57 y 65 de la anterior Ley de Amparo, mecanismo que no resulta jurídicamente correcto, pues para ello debe acudirse al Consejo de la Judicatura Federal para solicitar la concentración.
Cuando que la herramienta jurídica respectiva debe estar prevista en la Ley de Amparo y en manos de los jueces y magistrados para su aplicación por ser precisamente en el curso del procedimiento constitucional cuando se requiere de su utilización; y no por autorización de un órgano administrativo, ya que ello implicaría el ejercicio de facultades jurisdiccionales dentro de un procedimiento jurisdiccional constitucional cuya tramitación y aplicación corresponde a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Razón por la cual se hace necesario la reforma y adición que se propone. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Saludamos la presencia de amigas y amigos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, invitados por la diputada María García Pérez. Bienvenidas, bienvenidos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Con su permiso, diputado presidente. A modo de dar una aproximación inicial que define el fraude electoral como el recurso u acciones ilícitas que tienen por objeto el alterar los procedimientos y en consecuencia los resultados electorales, actualmente el voto ciudadano es el arma más grande, importante y valiosa que tiene la sociedad para hacer valer su derecho constitucional y elegir a sus gobernantes, que ha sido demeritado por el precio de una despensa o de unos cuantos pesos.
Dentro de las modalidades que presenta el fraude electoral y la violación de derecho a votar, no se ha considerado en las normas adjetivas que también este ilícito puede ser cometido con el uso de nuevas tecnologías como son celulares, cámaras fotográficas, escáner y distintos aparatos electrónicos.
La democracia en México ha sido devaluada con la compra de votos y los ciudadanos ven en aquéllos que compran sus votos al mejor postor que pague por una fotografía o un vídeo que muestre una marca, con la intención del voto del partido o del candidato en ese momento.
Las elecciones de junio pasado son la muestra inmediata de la coacción al ciudadano para elegir su voto. Esa libertad y ese secreto fueron violados en la mayoría del territorio donde hubo elecciones, por aquéllos que no entienden el valor de la decisión del elector y se ha perfilado como las elecciones más impugnadas por el delito de la secrecía de este voto, perdiendo esa validez y esa credibilidad ante los ojos de quienes nos eligieron para ser sus gobernantes.
Si queremos que las cosas cambien, los mexicanos vuelvan a creer en la política y quienes la hacemos, es urgente que demos certeza, respeto y autonomía al voto secreto. Hagamos el cambio verdadero, regresemos a convencer y mover almas no solo con el discurso y buenas acciones, cumpliendo compromisos y trabajo y legislando en favor de la gente.
Es importante señalar que esta propuesta en mérito no pretende limitar el acceso a los centros de votación de ningún ciudadano. Se pretende que los integrantes de la mesa de casilla, así como los representantes de los partidos políticos, brinden las garantías necesarias al ciudadano, y como autoridades electorales, velen por el cumplimiento de la ley a lo largo del desarrollo de la jornada electoral, y que la secrecía del voto se cumpla.
Con eso lo que pretendemos es que aquel ciudadanos que menos tiene, menos puede y menos sabe, no sea coaccionado ni obligado a que tenga que entregar una fotografía de la persona o del candidato o del partido por el que votó; que su libertad no se coaccione porque él tendrá el derecho de mostrar su boleta al salir de la mampara. Lo que queremos es que no se les permita a los ciudadanos que puedan entrar con este celular a esta casilla, y esto nos obligue a que podamos seguir presumiendo de esta coacción o de esa compra de votos.
En el pasado informe del presidente de la República, convocaba a transitar en un ambiente democrático que diera certeza. Esta iniciativa es una herramienta para pasar del discurso al hecho.
Esta certidumbre debemos de retomar como confianza que le debemos de dar al ciudadano para que siga yendo a votar libre y pacíficamente.
Es por ello que como legisladores es nuestra obligación impulsar reformas que vayan encaminadas no solamente al bienestar social, sino también a la certeza jurídica, y que este libre voto y secreto pueda seguir siendo garante en la democracia mexicana.
En virtud de lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se adicione el numeral 7 del artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue.
Artículo 280, numeral 7. “En ningún caso se permitirá el acceso a las mamparas de votación a personas que porten celulares, cámaras fotográficas, de videograbación, escáner, o algún aparato electrónico que se presuma contribuir a la realización de alguna actividad fraudulenta”.
Yo los invito, amigas, amigos, a que demos esta certeza a los ciudadanos, que nosotros como legisladores estemos legislando para que en este país sigamos transitando en un ambiente democrático, de respeto a la secrecía de lo que cada ciudadano quiere para sus gobernantes. Es cuanto, diputado presidente.
Solicito a esta Presidencia que lo anteriormente expuesto se integre en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bermúdez, así se hará. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Daniel Ordoñez Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Daniel Ordoñez Hernández: Gracias, diputado presidente, con su permiso. Amigos, amigas diputados y diputadas, el día de ahora, a nombre propio y de mis compañeros diputados y diputadas Eva Florinda Cruz Molina, Lucia Virginia Meza Guzmán, María Cristina Teresa García Bravo, Isaura Ivanova Pool Pech, Agustín Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Javier García Chávez, José Guadalupe Hernández Alcalá, Sergio López Sánchez, Felipe Reyes Álvarez, Guadalupe Acosta Naranjo y Erika Irazema Briones Pérez, vengo a compartirles a ustedes una idea que espero podamos verla cristalizada en una reforma a la Ley General de Salud.
Se trata de apoyar a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a la mujer que ha sufrido desafortunadamente la enfermedad de cáncer de mama.
Cuando una mujer padece esta enfermedad, una de las vías para poder reinsertarla y salvarle su vida, es la llamada mastectomía, que implica el quitarles uno o ambos senos. Esto trae consecuencias en la mujer, consecuencias desde la seguridad en ella misma, desde la feminidad, incluso físicas, molestias en el cuello, les afecta el equilibrio, en fin.
Ya hubo una iniciativa en la anterior legislatura, la propuso Acción Nacional, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, que hay que dar el reconocimiento. La desecharon, desafortunadamente, con dos argumentos desde mi perspectiva, erróneos.
Uno diciendo que ya estaba en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, está el programa, lo leí, es muy pequeñito y no viene considerado el tema de la reconstrucción mamaria. Yo estoy proponiendo que sea un derecho universal en la ley, que todas las mujeres que les falte uno o ambos senos, se los reconstruya a costa del Estado, es justo y es correcto.
La segunda argumentación que hizo la anterior legislatura para desechar la propuesta es que era muy onerosa. No, compañeros, más o menos son 800 casos anuales que cuestan alrededor o la operación va desde los 20 mil pesos hasta los 2 millones, dependiendo el médico y el hospital. Pero, miren, la reconstrucción mamaria a 800 mujeres anuales nos cuesta alrededor, nos costaría, 160 millones de pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en rubros de flores, de arreglo a sus coches, de telefonía celular y –aquí lo tengo también por si alguien quiere revisarlo– en rumbos de zumba y de ballet, y otras cosas que se pagan, gasta 175 millones de enero a junio. Estamos pro aprobar el presupuesto, de base cero vamos a empezar a revisar.
Sería bueno que la Suprema Corte de Justicia revirara sus rubros y nada más con quitar esas cuantas cositas, nada más con la telefonía celular, el tema de fotocopiado, el tema de sus viajes, que gasta hasta 600 mil pesos en un día, y aquí está, y solo de enero a junio, podríamos estar reconstruyendo y regresándoles esa fuerza que tiene la mujer, el núcleo de la sociedad, en la reconstrucción mamaria. Son más mujeres ya. Aprueben la ley, de veras que vamos a ayudarles a todas nuestras mujeres y a todas las que son el motivo por el que estamos acá. Muchas gracias a todas y a todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ordoñez. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Araceli Madrigal, por favor. Sí, diputada.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle al diputado Ordoñez si me permite adherirme a su propuesta. Y también agregar que los hospitales de la Secretaría de Salud, los de tercer nivel, todos cuentan con cirujanos plásticos que podrían hacer esta cirugía. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Ordoñez, ¿da su consentimiento para que así suceda?
El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Sí, presidente, por supuesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y desde luego que, como lo hemos hecho en anteriores puntos, estará a disposición de las diputadas y de los diputados que quieran suscribir la iniciativa que ha presentado el diputado Ordoñez para que pueda ser suscrita también acá en la Secretaría de la Mesa Directiva. Diputada Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Diputado presidente, también para sumarme a la iniciativa del diputado Ordoñez y al mismo tiempo también para felicitar y sumarme y solicitar autorización para sumarme a las iniciativas de Nueva Alianza, sobre derecho a estancias infantiles a las personas, a hombres y mujeres, y la iniciativa de la diputada perteneciente a Movimiento Ciudadano para eliminar la brecha de género en el salario entre hombres y mujeres. Solicito pida su autorización.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Bernardino Vargas.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente, que si nos permite suscribirnos todo el Grupo Parlamentario del Partido Verde, a esta iniciativa tan noble y también que considero que no tiene efectos de tintes partidistas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha dado su aquiescencia. El diputado Elías Íñiguez.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Gracias, diputado presidente. De la misma manera para adherirme a esta iniciativa y si el compañero diputado también tiene a bien agregarle ahí más medidas de prevención al cáncer de mama, será interesante y adherirme a su iniciativa de que sean operadas nuestras mujeres y tengan esos implantes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya será parte de la discusión en la Comisión de Salud. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muy bien, continuamos. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con su venia, diputado presidente...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Sandoval, disculpe. Sonido en la curul de la diputada María Sandoval. La diputada María Sandoval hay un problema de sonido en su curul, pero es para el mismo propósito.
La diputada María Soledad Sandoval Martínez (desde la curul): Así es, diputado presidente. Nada más de la fracción del Partido Revolucionario Institucional adherirme a la iniciativa del diputado Ordóñez, si me lo permite, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ahora sí, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, adelante, por favor.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias, presidente, con su venia. Uno de los problemas más comunes de la sociedad en México es la inequidad en el acceso de la población a los servicios de salud.
Si bien es cierto que el gobierno de la República ha incrementado el presupuesto destinado del sector salud durante los últimos años y se han efectuado inversiones importantes en materia de infraestructura hospitalaria, todavía persisten obstáculos en la consolidación de un sistema que haga efectivo el derecho a la salud de las y de los mexicanos, derecho que está establecido en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política.
Esta iniciativa que hoy presentamos pretende contribuir a generar las condiciones propicias para brindar a las mexicanas y los mexicanos una atención médica oportuna y de calidad que satisfaga integralmente sus necesidades en materia de salud.
Existen diversos sistemas de seguridad social que buscan atender a la mayor cantidad de personas posibles. Sin embargo, para nadie es un secreto que muchas veces estos centros de salud son rebasados por la alta demanda de los usuarios.
El IMSS, el ISSSTE, los sistemas de protección de Petróleos Mexicanos, los de la Secretaría de la Defensa Nacional, los de la Marina, desafortunadamente no cuentan con la infraestructura suficiente para atender a todos sus derechohabientes.
Desde hace unos años, el gobierno federal implementó el Seguro Popular, que brinda protección a la población no derechohabiente mediante un esquema de aseguramiento de salud pública y voluntario.
El Seguro Popular es operado por los regímenes estatales de protección social en salud, con el apoyo de los servicios estatales de salud. De acuerdo al informe de resultados de sistemas de la protección social en salud del año 2013, en el primer semestre de ese año el Seguro Popular contaba con poco más de 53 millones de afiliados. A esa cifra anterior hay que sumarle los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, que suman alrededor de 42 millones.
De lo anterior, se desprende que gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones públicas del sistema de salud, más la aportación de la medicina privada, es posible afirmar que en México un alto porcentaje de la población cuenta actualmente con un esquema de protección financiera para la atención de la salud. Sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer en cuanto respecta a garantizar que sus derechohabientes tengan una atención, de verdad, oportuna, y de verdad, de calidad.
De igual forma, debemos destacar que nuestro país presenta un rezago en cuanto al número de camas de hospital disponibles para la población, pues de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2013, existían en nuestro país 1.7 camas por cada mil habitantes, cifra muy inferior al promedio de todos los países que componen esta organización. El promedio de esta organización se ubica en 4.8 camas por cada mil habitantes.
Lo que es aún más preocupante, es que del total de las camas disponibles en nuestro país, 24 por ciento de ellas pertenecen al sector privado, con lo cual el número de camas pertenecientes al sector público es solamente de 1.3 por cada mil habitantes.
Aunado a ello, México tiene un atraso de cobertura en términos de personal médico, adecuado al número de pacientes que se atienden, pues hay 2.2 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil pacientes, cuando la recomendación internacional establecida es de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras por cada mil habitantes.
La razón por la cual los mexicanos, aun contando con la cobertura de algún régimen público de protección en materia de salud, prefieren ir a los servicios privados, incluyendo las farmacias que tienen consultorios, es fundamentalmente porque perciben que en estos lugares la atención resulta mucho más oportuna y de mejor calidad.
La burocracia, la demora o, incluso, la negativa en la atención a los pacientes, así como la tardía canalización de los mismos a los servicios de especialidades u hospitalización, trae como consecuencia que la salud de quienes enfrentan una enfermedad empeore a grado tal de poder provocarles la muerte.
El sector salud se encuentra tan saturado, en muchos casos las personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad ponen en peligro su vida, tales enfermedades pueden ser como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o la misma diabetes. Estos pacientes tienen que esperar varias semanas o incluso meses para ser atendidos por especialistas, que además también esperan semanas o meses para que se les realicen los estudios de laboratorios necesarios.
Con esta pérdida de tiempo se atenta contra la esperanza de vida del paciente y contra su integridad física.
En este orden de ideas, la finalidad de esta iniciativa es proteger de manera universal a las personas del riesgo de muerte o discapacidad evitable, por falta de acceso a una asistencia médica de calidad y oportuna. Por lo que se prevé la celebración de convenios con instituciones privadas de salud para dar atención a los pacientes que padezcan alguna de las enfermedades con mayor índice de mortandad en México.
Para el Partido Verde, el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que implica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tengan la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En atención a lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud. Gracias por tu atención, es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Presidente y miembros de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y compañeras diputadas, los ciudadanos en las actuales circunstancias del país demandan legisladores que trabajen con eficacia, honradez, responsabilidad y compromiso. Los legisladores debemos poner el ejemplo, trabajar más, no únicamente en los asuntos burocráticos y de gestión sino también en la dinámica del diálogo parlamentario.
Debemos acostumbrarnos a proponer, a escuchar al opositor y tomar lo mejor de cada uno siempre y cuando no dañe y traicione al pueblo.
Esta iniciativa tiene como principal idea aumentar los días de trabajo, de seis meses y medio a ocho meses y medio de los diputados, como exigencia de la ciudadanía, como propuesta para mejorar el diálogo parlamentario y principalmente para desahogar con mayor reflexión y profundidad los temas de la agenda.
Esta iniciativa tiene su origen en el pueblo y en la historia. En las calles es claro que los diputados son los funcionarios con la peor calificación entre la opinión pública y es común que se haga mofa afirmando lo siguiente: que trabajan poco y ganan mucho. Cómo podemos justificarnos o defendernos de esta idea, si en realidad los diputados únicamente sesionan medio año y además se quedan muchos temas importantes sin resolver o simplemente se desechan sin analizar y establecer el diálogo parlamentario profundo.
¿Por qué tenemos que limitar lo que se discute o no a la Junta de Coordinación Política, o limitar la participación de los legisladores? Es evidente que siendo un país con muchas necesidades y problemas se lleven a cabo o se expongan una cantidad significativa de temas e iniciativas.
En este contexto resulta que la eficacia o capacidad de un legislador en la actualidad se mide por la cantidad de iniciativas o puntos de acuerdo que lleva a cabo y no por el dialogo parlamentario responsable que sirva para los intereses de la nación.
Por esta circunstancia, los legisladores trabajan con la consigna de proponer por proponer y de aprobar por aprobar, generando una carga legislativa excesiva e irreflexiva que no permite desahogar con mayor eficacia los temas.
Decía el filósofo positivista Herbert Spencer: Conserva la calma en las discusiones, porque el apasionamiento puede convertir el error en falta y la verdad en descortesía. Es decir, se comete el error por consigna o por las prisas de la dinámica legislativa de no hacer caso al opositor, haciendo acuerdos que faciliten el trámite para convertir en ley lo que poco se ha discutido y reflexionado.
Debemos andar con cuidado con lo que legislamos, pues toda modificación tiene una consecuencia histórica y social. Si nos sentáramos a reflexionar las implicaciones que tiene reformar, hoy no tendríamos los problemas que padecemos.
En la historia, el origen de esta propuesta se encuentra en la Constitución de 1824, cuando se establecía que las sesiones ordinarias del Congreso serían diarias, sin interrupción y no podían suspenderse por más de dos días. En tiempos de emergencia nacional, como durante la invasión norteamericana, también fue necesario sesionar de manera permanente.
Decía Benito Juárez: No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. Hoy miramos un reformismo que ha dañado al pueblo. Aquéllos que nos antecedieron, supongo que decidieron ignorarlo o no lo han reflexionado. Nosotros como nueva Legislatura no cometamos el mismo error. No por legislar más rápido, haremos más justicia.
Por poner un ejemplo, podemos observar varias de las reformas –pero no quiero ahondar en ese tema– y coincido con las voces que promueven o piden mayor participación de los diputados con la ciudadanía. Creo en el equilibrio del trabajo legislativo y territorial, pues la ciudadanía exige no solo diputados que trabajen para el pueblo, también quieren propuestas y acuerdos parlamentarios que velen por el interés colectivo.
Es una cuestión de madurez política que la libre expresión de las ideas fluya, en vez del diálogo sordo de los acuerdos por debajo de la mesa y los arreglos por consigna. Es crítica y reflexión al mismo tiempo. Lo digo con respeto, el pueblo exige y tenemos una deuda enorme con él.
Quiero terminar con una frase de don Benito Juárez García. No se puede improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Por eso, compañeros diputados, trabajemos todos los días. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias. Con su venia, señor presidente; buenas tardes. Voy a ser breve para no tomar mucho de su tiempo, amigos. Vengo a presentar una iniciativa encaminada a proteger nuestros manglares y a través de ellos a proteger nuestro planeta que se lo están acabando.
En particular me refiero al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, que dice así: “Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad de flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia, de su productividad natural, de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos, de las zonas de anidación reproducción, refugio, alimentación o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos”. Vean qué importante concepto, señoras y señores.
Agrega el artículo: “Se exceptúan de la prohibición: –y aquí viene la clave a que se refiere el párrafo anterior– las obras o actividades que tenga por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”.
En la protección de nuestros manglares el problema es esta seria de excepciones que menciona el segundo párrafo. Litigantes, gestores, especuladores inmobiliarios, promotores turísticos, promotores de fraccionamientos, han aprovechado esas excepciones que la propia ley marca, para incluir todo tipo de proyectos que en realidad vienen a dañar o a pretender eliminar los manglares. Incluso paradójicamente ha habido grupos pseudoecologistas de presión política, que han promovido iniciativas de ley que quieren aumentar estas excepciones en perjuicio de nuestro ecosistema.
Mi propuesta de reforma a ambos artículos, va en el sentido de exigir para la realización de cualquier obra en los manglares, un sustento en estudios o dictámenes técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología o peritos en la materia, acreditados por esta institución.
Creo que aquí nadie duda de la capacidad y honestidad de este centro, del Conacyt. Por lo tanto, creo que es conveniente poner un candado más a la aplicación de estas excepciones para evitar la depredación de estos manglares.
Con esto protegemos el ecosistema de humedales que representan los manglares, protegemos la fauna y la flora, y las especies en peligro de extinción que allá existen. Protegemos el entorno, protegemos su función cultural, cosa que es muy importante para muchas comunidades y pueblos que tienen el uso de manglares entre sus tradiciones. Es cuanto lo tengo que decir, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a pesar de que en el párrafo quinto del artículo 4o de nuestra Carta Magna establece claramente que el Estado garantizará el respeto al derecho a un medio ambiente sano. La realidad es que en nuestro país existe una laxitud en materia de protección al ambiente que conduce a un deterioro ecológico irreparable.
En Nueva Alianza nos hemos manifestado constantemente por robustecer el marco jurídico vigente, a fin de evitar el menoscabo y la destrucción de nuestros recursos naturales.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece en su artículo 28 las obras o actividades que para su realización requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para obtener la autorización requerida es necesario presentar una manifestación de impacto ambiental que deberá contener una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de la que se trate, así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el medio ambiente.
La manifestación de impacto ambiental es –según la ley– el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo, en el caso que sea negativo.
De una simple lectura nos damos cuenta que el marco jurídico no es suficientemente claro y da lugar a interpretaciones que pueden afectar gravemente el medio ambiente. A mayor abundamiento en el artículo 35 del mismo ordenamiento se establecen las causas por las cuales la autoridad, es decir, la Semarnat, puede negar la autorización solicitada, sin embargo solo estipula tres circunstancias para que esto ocurra. La iniciativa que ponemos a su consideración busca subsanar esa debilidad.
Para Nueva Alianza no basta reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, no hay daño al medio ambiente que se pueda atenuar, la ley vigente no es suficientemente rigurosa para exigir que los grandes consorcios garanticen la protección del medio ambiente o de las comunidades afectas por sus obras. Aun con esa falta de rigor existen muchas violaciones al marco jurídico en materia. Esa perspectiva nos ha conducido a un terrible e irreparable deterioro a nuestros recursos naturales.
Es imperativo robustecer la ley para evitar casos que no solo ponen en riesgo el equilibro ecológico, sino que vulneran la estabilidad social de las comunidades enteras. Basta recordar casos como ya los suscitados por el megaproyecto hidroeléctrico de La Parota, el conflicto minero de Wirikuta, el megaproyecto turístico en Cabo Pulmo, los conflictos en los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, el conflicto agrario de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, el caso del desordenado desarrollo de la Riviera Nayarit, las minas a cielo abierto de Baja California y el megaproyecto comercial de Dragon Mart en Cancún, entre otros muchos.
Por ello, la presente iniciativa, proponemos: nuevas causales para la negativa de la manifestación de impacto ambiental, como el hecho de que exista riesgo evidente y demostrable para la seguridad y la salud de la población del territorio donde se solicita realizar la obra o actividad de la que se trate, para salvaguardar los recursos naturales estratégicos.
También se negará la mía cuando no exista consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas de los territorios en donde se solicite la autorización en materia de impacto ambiental; o que existan alternativas de ubicación de la obra o actividad de la que se trate; o tecnologías que minimicen el impacto ambiental y los costos de construcción, operación y que maximicen el beneficio público.
Señoras legisladoras y señores legisladores, nuestro compromiso es con nuestros representados, con las mexicanas y con los mexicanos que votaron para que estuviésemos aquí protegiendo sus intereses. Eso es lo que queremos demostrar en Nueva Alianza.
Consideramos por ello que de ninguna manera es viable seguir con una política de medio ambiente al servicio del dinero, sin pensar en las consecuencias a futuro. El resultado lo sabemos bien; siempre será más costoso. ¿Cuándo vamos a entender que no hay dinero suficiente para limpiar un río o para rehacer un manglar? Los daños al medio ambiente no se pueden solucionar con dinero.
Por esta razón los invito, compañeras y compañeros, a ser audaces, a unirse a Nueva Alianza en esta propuesta. Incluyamos nuevos y más severos controles para proteger nuestros recursos naturales, pero que no se repitan los casos que ya referí anteriormente. En nuestras manos está poner un alto a esta situación. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez: Con su permiso, diputado presidente.
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados, el siglo XXI se caracteriza por un profundo cambio que se ha visto facilitado por el desarrollo de las tecnologías, la información y la comunicación, lo que ha permitido que en tiempo real podamos comunicarnos a los más apartados rincones del planeta, interactuando con personas de otras culturas dando origen a un auténtico diálogo cultural, más allá de fronteras políticas, más allá de fronteras económicas.
Este nuevo escenario mundial puede tener una gran limitante si no entendemos desde ahora que se convertirá inevitablemente una brecha cultural que se traduzca en rezago e inequidad.
Actualmente, el acceso a la información y al conocimiento ha pasado a ser preponderante y la educación ha de buscar formas para su democratización. Por ejemplo, el inglés es la lengua más ampliamente difundida a nivel mundial, convirtiéndose ahora en la lengua universal como en su momento lo fue el francés para la trasmisión de conocimientos de los negocios y la cultura.
Hoy en día la enseñanza formal de una lengua extranjera en nuestro sistema educativo básico se concentra fundamentalmente en las escuelas de educación privada. Con ello se está generando un modelo de inequidad con miles y miles de estudiantes de educación básica que cursan sus estudios en el sector público.
Hay que decirlo, pues la baja calidad en el aprendizaje de esta asignatura está provocando la creación de una brecha social, que a todas luces es inequitativa, que a la larga limitará las oportunidades del acceso a los nuevos escenarios mundiales de la economía y la cultura, lo que fortalecerá la desigualdad frente a los egresados del sistema de educación privado.
La enseñanza de una lengua extranjera, en particular del idioma inglés, a todos los estudiantes del sistema educativo nacional debe ayudar a mejorar las condiciones, tanto al acceso de información como a la diversidad e interacción cultural, por lo que hay que asegurar no solo la obligación de enseñar una lengua extranjera, sino que esta debe enseñarse desde una perspectiva intercultural socio crítica, que propicie un espacio más de respeto a las diferentes culturas, pero sobre todo el enriquecimiento a la transformación de México.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su tercera meta nacional, México con educación de calidad, señala como objetivo estratégico que el futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros niños y jóvenes. Por lo tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad del conocimiento, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional y esto no solo lo lograremos si desde el sistema educativo básico construimos una barrera entre los estudiantes del sistema educativo público y aquellos que acuden al sistema educativo privado.
Por ello reconozco el día de hoy que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno expresó la disposición de 10 medidas para fortalecer el Estado de derecho e impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad.
La sexta de estas medidas señala que se fortalecerá la capacidad de nuestros niños y jóvenes de México para competir y triunfar en un mundo cada vez más integrado y para ello incluirá el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 un programa nacional de inglés para los alumnos de educación básica. Lo cual en lo personal aplaudo, porque mejorará las condiciones de vida para nuestros niños y niñas de México, pero lo mejor, esta vez sí habrá una igualdad real.
En este contexto, con la finalidad de darle viabilidad normativa a dicha medida, esperando que la presente iniciativa sea apoyada por el pleno de esta soberanía, es que propongo adicionar las fracciones IV y XX del artículo 57 y el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de los Derechos de nuestras Niñas, Niños y Adolescentes, para que la enseñanza y uso de la lengua extranjera en la educación básica, además de obligatoria y permanente, sea un derecho de todos nuestros niños, niñas y adolescentes en México. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gamboa. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.
Damos la bienvenida y saludamos la presencia de estudiantes del quinto semestre de preparatoria del Instituto Fray Pedro de Gante, AC, de Apizaco, Tlaxcala, invitados por el diputado Clemente Castañeda y la diputada María Elena Orantes. Bienvenidos, bienvenidas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado César Augusto Rendón García: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, como todos ustedes saben, nuestra economía nacional no pasa por su mejor momento.
Nuestro mayor compromiso es con las familias mexicanas, pero sobre todo con aquellas que a pesar de no ser acaudaladas, con mucho sacrificio y esfuerzo cumplen con sus obligaciones y se mantienen dentro de la economía formal. Es en apoyar a estas familias donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ya que representan al México responsable y comprometido.
Es por ello, y en miras de aliviar su presente situación económica, que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para eliminar los límites en las deducciones personales.
El objetivo principal de la iniciativa que hoy presento, se centra en enmendar el artículo 151 de la Ley del ISR, para así respetar, en todo momento, los principios de proporcionalidad y equidad tal cual se consagran en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna.
Esto significa que las contribuciones a las que estamos obligados todos los mexicanos deben fijarse en función de la capacidad económica de cada individuo. Es decir, que las personas que más ganan tributen en forma proporcionalmente superior a las que menos ganan.
En este contexto, hasta antes de la reforma hacendaria, la ley del ISR permitía a los contribuyentes efectuar la deducción de gastos personales sin un límite o tope global, lo que representaba un respiro para los contribuyentes responsables.
Con la modificación al artículo 151 de la ley del ISR y el tope a las deducciones personales en lo que resulte menor entre el 10 por ciento del total de sus ingresos obtenidos en el año y el importe de 4 salarios mínimos generalizados, elevados al año, se trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, propiciando que el ISR sea regresivo en prejuicio de los que menos ganan.
Para explicar lo anterior en términos simples, basta decir que para que una persona pueda acceder al tope máximo de deducción actual deberá tener ingresos mensuales de más de 80 mil pesos. Como ustedes saben, son pocos los mexicanos que tienen este privilegio.
Algunos dirían que los que más ganan son los que más gastan. Sin embargo, les planteo un ejemplo muy sencillo sobre la deducción de gastos médicos. Supongamos que tenemos una familia que gana al año 200 mil pesos, y otra igual, pero que gana al año 1 millón de pesos. Si ambas tienen una contingencia médica, una emergencia familiar que les cueste 50 mil pesos, la familia que gana 200 mil pesos solo podrá deducir 20 mil pesos, mientras que la que gana 1 millón podrá deducir el monto completo. Esto representa una discriminación terrible para aquellos que menos tienen.
Y yo les pregunto, ¿a quién estamos beneficiando con la ley del ISR? ¿Estamos respetando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria? ¿Estamos considerando la capacidad contributiva de los ciudadanos?
La reforma hacendaria que fue promovida por el Poder Ejecutivo como una gran reforma social que pretendía acelerar el crecimiento y la estabilidad económica y que buscaba garantizar a todos los mexicanos una red de protección social, a un año y medio de su implementación vemos claros efectos negativos de la misma. La economía de los hogares que menos tienen se está limitando en su poder de consumo y eso está manteniendo nuestra economía nacional en condiciones de estancamiento.
Los diputados de Acción Nacional proponemos urgentemente la eliminación del límite en las deducciones personales para efectos de pago del ISR, ya que no solamente violentan los principios constitucionales y persiguen objetivos puramente recaudatorios sino que golpea directamente en los bolsillos a los mexicanos que menos tienen, pegándole en su consumo y en su capacidad de ahorro.
Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la derogación del último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar el tope global a las deducciones personales.
Por obviedad de tiempo omito la lectura del decreto y rogaría a la Secretaría se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rendón. Atiéndase la petición del diputado por parte de la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Tiene la palabra por cinco minutos...
El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Luis Marrón.
El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (desde la curul): Muchas gracias. Para solicitarle al diputado poderme adherir a tan importante iniciativa, si es tan amable de hacerle el cuestionamiento.
El diputado César Augusto Rendón García (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Rendón, expresa su consentimiento. Entonces está a disposición la iniciativa presentada para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 3o., y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y diputados. Ante el rezago en educación y salud que se registra en la población mexicana, es fundamental dar preminencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la salud y a la educación como derechos humanos fundamentales para el desarrollo social en el país.
Los derechos humanos que se integran en el contexto social para definir la obligatoriedad de acciones institucionales necesarias e indispensables en favor de cada persona, las más de las veces crean conceptos de integración irrenunciables en el ámbito de la corresponsabilidad del Estado, que no pueden ser solamente enunciadas sino que deben ser cumplidas en beneficio de la gente, particularmente en salud y educación.
Salud y educación –enfatizo– son principios fundamentales que son inherentes a cada uno de los miembros del colectivo, ya que como personas tenemos y podemos acceder a la prerrogativa de contar con una formación cognitiva integral y un estadío integral en nuestra estabilidad física, psíquica y social, sin embargo aún no se ha obtenido en el país, con independencia de las cuestionadas reformas estructurales, un sistema que realmente incida en paliar la pobreza, por ende es que el juridificar en la Carta Magna la preeminencia de la educación y la salud se enfoque en una política pública con mayor efectividad y funcionalidad.
Por tal motivo se realiza la propuesta de adicionar el artículo 1o. de la Constitución Política con la categorización primigenia en el sistema normativo de estos referentes centrales. Pero el ser educado o el tener salud no necesariamente garantiza que exista en nosotros el deber de ayudar a quienes por distintas razones no tienen acceso aun, pese a la juridificación constitucional a un digno nivel de vida. Hoy los derechos humanos son funcionales de manera general, pero no en lo individual.
Si bien es cierto que el sistema educativo y de salud cumplen con las expectativas básicas de la población, no hay una real ni efectiva socialización de lo que implica el espíritu de colaboración de quienes integramos a la sociedad.
Es de conocimiento general entendible y no por ello justificable, que quien estudia o quien está saludable, busca la más de las veces la satisfacción de necesidades personales sin que este logro personal esté vinculado al hecho de influir en su contexto.
Lo cierto es que precisamente porque convivimos en un estado de derecho con reglas que propenden más al bienestar individual que al desarrollo colectivo, nadie puede obligarnos a que ayudemos o colaboremos en el desarrollo de nuestros coterráneos, vecinos o conocidos, o de cualquier persona, ya que el contexto de una corresponsabilidad o solidaridad es una decisión autónoma, sin que esto necesariamente sea éticamente correcto.
Quien tiene el ánimo de incidir en el bienestar colectivo, ser altruista o humanista lo hará por sí, por los demás o para sí, siendo esto una realidad pero no por ello coincidente con lo que representa el valor axiológico y teleológico de la educación.
Más allá de lo epistemológico de la formación educativa es importante recuperar el sentido esencial de que el sistema formativo impulse un humanismo efectivo y afectivo, que los educandos no sólo sepan, sino que tengan valores y principios enfocados a impulsar un desarrollo social que beneficie a todos.
No se puede concretar una aspiración de desarrollo humano individual, dejando a un lado el bienestar social. No hay avances en lo personal sin que exista vinculación con lo que a la generalidad le ocupa, le preocupa, y que las más de las veces no puede resolver sin el apoyo colectivo.
Por tal motivo el concepto de corresponsabilidad, como un principio esencial en el sistema cognitivo, puede garantizar la confluencia de la participación social al incluirse en el artículo 3o.
Los expertos en teorías educativas y desarrollo social, han enfatizado en la importancia de que cada estudiante tenga claro que la educación es un sistema de valores, conocimientos y formación social que incide en la capacitación a un individuo para que este ayude al desarrollo de su sociedad.
Por ende, el considerar incluir dentro del precepto constitucional el concepto corresponsabilidad, establece un nuevo paradigma para consolidar lo que todos podemos y debemos hacer a favor de la sociedad.
Por ultimo me permito explicar que el término salud es la armonía física, psíquica y social; pero esto pocas veces es sabido, tal vez intuido, pero no por ello conocido, y menos aún llevado a la práctica, generando, ante tal laguna jurídica, el contraste que existe entre la sistematización normativa y la realidad que nos circunda. En tal virtud es menester incorporar tal concepto en el artículo 4o.
Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6o, numeral 1, fracción I; 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta representación nacional lo siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1o., y se reforme el artículo 3o. en su segundo párrafo, y el artículo 4o.en su cuarto párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Todos los derechos humanos tienen el mismo nivel de preeminencia; sin embargo, la salud y educación, son la base fundamental del desarrollo humano en el país. Por ello, todas las políticas públicas estarán encaminadas a hacer efectivo el acceso a toda la población a un sistema que garantice el pleno goce de estas prerrogativas.
Artículo 3o. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano impulsando una consciencia de corresponsabilidad social y fomentará en él a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la consciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la salud, teniendo como principio el garantizar un estado de bienestar en su integralidad biológica, psicológica y social tanto en lo individual como en lo social, establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Castelán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Saludamos la...
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada. Sonido en la curul de la diputada Rosa Alba Ramírez.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidente, le pregunte a la diputada, respetuosamente me permita signar esa propuesta de modificación a la ley. Realmente es de sumo interés el que hagamos consciencia que un pueblo sin salud y sin educación es un pueblo que está condenado a perderse. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Acepta, diputada, la suscripción?
La diputada María Elida Castelán Mondragón (desde la curul): Sí, acepto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Como para otros puntos estaría a disposición también dando su consentimiento la diputada Castelán para quienes quieran suscribir la iniciativa de reforma presentada.
Damos la bienvenida al ciudadano Ignacio López Sáenz, presidente municipal de Irimbo; así como al sindicato, secretario y regidores de ese ayuntamiento del estado de Michoacán, invitados por el diputado Antonio Martínez Soto. Bienvenidos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Ávila Serna, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Ávila Serna: Con la venia de la Presidencia. Nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice no solo una educación de calidad, sino también una educación integral y moderna que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio y libros de texto gratuitos nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar mayor equidad, empleo calificado, igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva capacitada y democrática.
En la búsqueda de una mejor preparación de nuestros estudiantes el Partido Verde Ecologista de México impulsa, mediante la presente propuesta, que las materias de inglés y computación se impartan de la misma cantidad de horas que las materias que hoy en día forman parte del tronco común, en virtud de que estudiantes con conocimientos de estas materias serán más competitivos y tendrán mayores y mejores herramientas de estudio y trabajo.
La educación pública en México es un tema de escepticismo social, puesto que existen diversos fenómenos que han desencadenado una grave deficiencia de conocimiento para muchos de nuestros niños y jóvenes, sin embargo debe ser un tema de prioridad para la gestión pública.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México este tema es de gran relevancia para el crecimiento social y económico de nuestro país. Sin una educación de calidad n podremos combatir los graves problemas a los que actualmente nos enfrentamos, la violencia, la desigualdad y la pobreza, fenómenos ocasionados, entre otras cosas, por el escaso nivel académico en los planteles de enseñanza, por la falta de competitividad educativa de nuestros niños y jóvenes y por el estancamiento de los sistemas de enseñanza.
Para nuestro grupo parlamentario la educación nacional constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para construir nuevas oportunidades de progreso. Es por ello que para lograrlo, además del trabajo en materia legislativa, habrá de acompañarlo de un esfuerzo adicional en temas fundamentales como el impulso al incremento en el presupuesto en materia educativa, orientado a aumentar la cobertura, la equidad, la calidad orientando la exigibilidad del derecho a la educación, el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos de México, la renovación de los maestros, la transparencia y la rendición de cuentas.
Estamos convencidos que se debe contribuir al fortalecimiento del sistema educativo nacional a través de proveer un marco legislativo federal adecuado a las condiciones actuales sociales, económicas y ambientales del país, vinculando y articulando esta tarea legislativa con todos los actores que confluyen en este sector y asegurando que las niñas y niños y adolescentes de México tengan satisfecho su derecho a la educación de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos disponibles.
Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos 2012 concluyeron que a México le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas, y más de 65 años en lectura, pues actualmente un estudiante mexicano con el más alto rendimiento apenas logra obtener el mismo puntaje que un alumno promedio en Japón, ubicado entre los 10 países con mejores resultados.
El 55 por ciento de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41 por ciento en lectura y el 47 por ciento en ciencias según dicho reporte, lo que implica un retroceso en comparación con los resultados de 2009, la última vez que se aplicó la prueba.
México se ubica en último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 de entre los 65 países que participan en la prueba, superando a Monte Negro, Uruguay, Costa Rica, Albania, Brasil, Argentina, Tunes, Jordania, Colombia, Catar, Indonesia y Perú.
Es por todo lo anterior que impulsaremos un cambio en la política nacional, en donde se reconozca que en México uno de los principales problemas no solo es la cantidad de recursos disponibles para la educación, sino la aplicación que se les da a estos y su adecuada fiscalización.
En este contexto, nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantiza no solo una educación de calidad, sino también una educación integral y moderna que rompa con los viejos esquemas, se incorpore a los planes de estudios y libros de texto gratuitos nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar mayor equidad, mayor empleo calificado, igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática, impulsando conocimiento y materias como inglés y computación.
Por todo lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa es dotar a la población educativa del nivel básico de más y mejores clases de inglés y computación, ya que en la actualidad la sociedad demanda educandos competitivos con herramientas de estudio que les garantice una educación de calidad.
Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública desarrollará programas de estudios prioritarios, a fin de lograr una preparación integral en los educandos para su incorporación en la actividad productiva demandada en el mercado laboral.
En este sentido, proponemos reformas a la Ley General de Educación, con el objetivo de conseguir que las materias de inglés y computación se impartan cuatro días a la semana, abarcando todos los niveles de educación básica, media superior y superior, a cargo de especialistas en la materia. Es cuanto, diputado presidente. Y por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ávila. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido sonido en la curul de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, allá. Adelante, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Gracias, presidente. Con el propósito de solicitarle a la proponente y a su grupo parlamentario, si me permiten adherirme a la misma.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí acepta. Por lo tanto, está a disposición la iniciativa que recién se acaba de presentar aquí en la Secretaría de esta Mesa, para quienes quieran suscribirla.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, diputadas y, sobre todo, un mensaje al pueblo de México. El pasado 8 de septiembre del año 2013, el presidente de la República haciendo uso de sus facultades constitucionales presentó ante esta soberanía un paquete de reformas fiscales, entre las mismas se encontraba la iniciativa de proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, LIVA.
Dentro de los cambios planteados por el Ejecutivo federal, dicho son la ley vigente que se derogó el artículo 2o. de la mencionada ley. Dicho artículo permitía que en los estados y las zonas que la propia ley en comento consideraba parte de la región fronteriza tuvieran un impuesto al valor agregado diferenciado, siendo este del 11 por ciento, a diferencia del resto de la república, donde el IVA ya era del 16 por ciento.
Desde que se planteó la medida recaudatoria, investigadores y académicos de El Colegio de la Frontera Norte señalaron de los graves efectos negativos que este aumento ocasionaría para los habitantes de la frontera. Por medio de modelos matemáticos, estos científicos advirtieron que la medida fiscal provocaría la salida de divisas; la fuga de consumidores al extranjero; la pérdida de la actividad económica y de sus efectos multiplicadores, entre otros males que han lacerado los bolsillos de cada mexicano.
El aumento del IVA empeoró la distribución del ingreso de las familias en Baja California y la zona fronteriza. Los más pobres están dedicando actualmente al consumo todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y el mercado externo, ya que con la mencionada homologación del IVA en la frontera, el incremento real no es realmente de un 5 por ciento, sino es del 45 por ciento de la tasa impositiva, lo que resulta en una carga fiscal más alta que en el resto del país.
Sin embargo, pese a estos resultados negativos que mostraban estudios científicos realizados a las opiniones en contra de empresarios y de la sociedad fronteriza en general, y la residencia de un número importante de legisladores de la anterior legislatura, el presidente de la República hizo caso omiso a las recomendaciones.
La reforma que propuso el Ejecutivo federal prosperó gracias a un mal llamado Pacto por México, suscrito principalmente por los dirigentes del PRI, del PAN, del Verde, entre otros, desoyendo las atenciones de la ciudadanía mexicana que gritaba que no se aprobaran porque sus bolsillos serían lastimados.
Pese al hecho de haberse presentado en la anterior legislatura, intentos de revertir la misma reforma hacendaria, ésta no hubiese prosperado de no haberse aprobado la reforma energética con el voto de las bancadas del PRI, del PAN y el Partido Verde, dado que ésta última entrega la parte de la renta petrolera a intereses privados, al igual que el de sus riquezas y el crudo a manos privadas.
Es importante señalar que México como país petrolero depende de la misma para solventar las necesidades de desarrollo nacional, a través de la íntegra renta petrolera, por lo que al entregarse el dominio directo de la industria petrolera se crea un hoyo fiscal que tiene como resultados la aprobación del aumento y la homologación de impuestos.
Por consiguiente, resulta para muchos de nosotros, en la bancada de Morena, algunos casos de simulación de aquellos que pretendan revertir la reforma hacendaria, cuando en sus hechos al aprobar la reforma energética, de facto aprobaron la reforma hacendaria. Ya que una sin la otra no puede existir, compañeros.
No olvidemos que la reforma hacendaria es producto de la reforma energética que muchos de sus antecesores aprobaron.
También, por su parte, el secretario de Hacienda argumentaba que los fronterizos vivíamos en un privilegio desproporcionado respecto al resto de la población y que debíamos de vivir equiparados en las mismas condiciones que el resto de la federación, para que no hubiese condiciones desproporcionadas según su criterio. Realmente una falsedad.
Lo cierto es que vivimos nosotros en una república federalizada, donde se debe respetar la autonomía y soberanía de cada entidad federativa. El Estado mexicano tiene la obligación de escuchar, comprender y apegarse a la realidad que vive cada entidad federativa, para que ésta pueda desarrollarse de acuerdo a sus circunstancias. Además, no está por demás expresar que la frontera norte de México colinda con el país más desarrollado del mundo, Estados Unidos de América.
Por otra parte, el Ejecutivo federal manifestó que la homologación del IVA garantizaba a contribuir de manera equitativa el pago de impuestos y que la población de la región de la frontera goza de niveles de bienestar mayores a los del promedio que imperan en el país.
La bancada de Morena, contradecimos rotundamente lo dicho por el Ejecutivo, porque en la frontera también tenemos pobreza, debido a las políticas económicas agresivas que comenzaron desde el año 2009, el supuesto gobierno del cambio. Cuando el gobierno de Felipe Calderón, con la venia del PRI y del PAN aprobaron el aumento y creación de impuestos, gasolinazos, además de sufrir un aumento en los índices de criminalidad.
Por ejemplo, Ciudad Juárez ocupa un alto grado de niveles de pobreza, carencias sociales. Una parte importante de la población sin accesos a seguridad social y rezago educativo, entre otros males.
El porcentaje es considerable, pues más del 50 por ciento de la población está en pobreza y con carencias sociales, por lo cual no podemos considerar que la zona fronteriza tenemos privilegios.
Históricamente está comprobado que un aumento del IVA en la frontera tiene efectos más severos para la economía de los hogares que el que se registra en los hogares fuera de dicha zona. Por ejemplo, en 2010, se dio un incremento generalizado del uno por ciento del IVA en todo el país, aprobado por el PRI, por el PAN y por el Verde, que no impacto de manera económicamente de la misma forma en todas las regiones mexicanas.
Es decir, que el incremento real de la tasa impositiva del 15 por ciento al 16 del IVA significó un aumento de 6.6 por ciento que en la tasa aplicable al resto del país, mientras que el incremento real de la tasa aplicable en la región fronteriza que fue del 10 al 11 por ciento representó un 10 por ciento del total de la tasa impositiva haciendo que la mortandad de empresas y desempleo aumentará.
Por principio, la entrada en vigor de la homologación del IVA no cumple en términos de justicia social, pues las regiones fronterizas tienen condiciones de mercados diferentes a las del resto del país.
De entrada podemos mencionar, que el comercio y la industria que se encuentra en nuestra zona fronteriza del norte, no compiten con la industria y comercio del resto de México, compite prácticamente con los estados de Estados Unidos, con los estados sureños de Estados Unidos.
Por ejemplo, estados fronterizos de Estados Unidos de América tienen un impuesto parecido al IVA, llamados los Tax. Para Nuevo México es de siete por ciento, para Texas es del 8.5 por ciento y para California ronda entre seis y ocho por ciento. Esta marcada diferencia entre los impuestos de Estados Unidos y el IVA lleva una fuerte fuga de divisas para nuestro país, tan solo antes de la homologación del IVA los bajacalifornianos gastaban un poco más de seis mil millones de dólares. En los Estados Unidos de América esto equivale a más del 35 por ciento del producto interno bruto del estado. Compañeros, les pido que escuchen porque esto le interesa al pueblo de México.
Abundando en lo anterior, para el caso de México, Baja California, el aumento en precios de alimentos son parte de las secuelas que aun se registran por la homologación del IVA:
De acuerdo con los datos de la canasta del Colegio Nacional de Economistas y el Colef, el precio de la Canasta Básica en Tijuana se disparó un 24 por ciento en los primeros cuatro meses del presente año al pasar de cinco mil 200 pesos a seis mil 450 pesos, lo que ha ocasionado que la pobreza alimentaria aumente pese a la campaña de la Sedesol que ha sido un rotundo fracaso.
Concluyo, compañeros. Cabe señalar que Tijuana hasta hace pocos años fue conocida como una ciudad de amplio empleo, donde sus ciudadanos podían darse el lujo de rechazar un empleo para conseguir otro en mejores condiciones. Pero debido a las malas administraciones locales como federales la situación ha cambiado. Tijuana vive en un estado de pobreza.
En resumen, el problema que está generando el incremento a la tasa del IVA es de una magnitud que podrá remedir con la salida de divisas, la fuga de consumidores, la pérdida de actividades económicas y en sus efectos multiplicadores.
Por tal razón la iniciativa que pretendemos mostrar ante ustedes propone que se reduzca el IVA al 11 Por ciento. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mirza Flores Gómez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros diputados. Esta tarde vengo con mucho honor a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a presentar esta iniciativa a nombre de mi compañera Claudia Corichi, Clemente Castañeda, María Elena Orantes, y todos los hombres y mujeres que integramos esta fracción ciudadana.
En reiteradas ocasiones a las mujeres se nos ha dicho que somos tratadas en igualdad, que de qué nos quejamos si ya contamos con los mismos derechos. Sin embargo cuántas de las compañeras legisladoras que estamos hoy aquí, fuimos –de inicio– discriminadas para acceder a un puesto público; cuántas de las que estamos en este recinto hacemos en condiciones nuestro trabajo de doble o triple jornada; cuántas hemos luchado históricamente y seguimos haciéndolo en contra de la barrera cultural basada en estereotipos que nos dicen que nuestro lugar es sólo el del hogar.
Las mujeres, a pesar de las reformas de las cuotas, de las endebles voluntades de algunos, del machismo, del feminicismo, de la violencia sistémica en contra de nosotras, seguimos luchando por tener voz, por incidir en las decisiones y representar a más de la mitad de la población que muchas veces pretende ser silenciada.
La transversalización de la perspectiva de género en los espacios públicos, ha tomado cada vez mayor relevancia en el desarrollo de las democracias actuales, y de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, es una de las prioridades del actual gobierno, pero en los hechos, las brechas de género están presentes en prácticamente en todos los ámbitos, y lo podemos ver reflejado en la conformación del gabinete del presidente o en la estructura de la administración federal y –por supuesto– en la ausencia o casi ausencia de las mujeres gobernadoras o presidentas municipales.
En nuestro país los avances más significativos con presencia de mujeres, han estado circunscritos al espacio legislativo. Tardamos 20 años para poder dar cumplimiento a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijín; 20 años. Hay que tomar eso en consideración.
Los efectos de estos cambios llevaron a que por primera vez en México –en 1996– se fijara la cuota de género del 70-30 para el Poder Legislativo. En 2002 se establecieron lineamientos importantes que articuló en el funcionamiento de las cuotas de género, pero no fue hasta 2008 que la cuota de género cambió para quedar 60-40 en la reforma electoral.
Sin embargo, un año después, en 2009, se cometió el fraude que violó el verdadero espíritu de esta ley con el fenómeno de Las Juanitas, mismo que denunciamos. Este nubló los pocos avances que se tenían, pero sobre todo se desarticuló la imagen de voluntad de las instituciones políticas por generar cambios concretos.
Ante eso, en noviembre del 2011, el Tribunal Electoral dictó la sentencia 12624, en la cual se estipuló la obligatoriedad de la cuota de género sin excepciones, así como el registro de candidaturas mediante la integración de fórmulas, de mujeres candidatas con suplentes, mujeres candidatas con el impulso de mujeres de diversas expresiones políticas y voces de la sociedad civil.
La aprobación de la reforma político-electoral de 2014, estableció la paridad como un principio constitucional del que luego dieran cuenta la nueva ley general de partidos políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las recientes sentencias en favor de paridad horizontal y vertical emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dan cuenta, sin embargo, que esta lucha por la igualdad desafortunadamente la tenemos que seguir peleando en los tribunales ante la falta de la voluntad política.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en reiteradas ocasiones, por señalar la necesidad, de que el principio de paridad sea reconocido en su dimensión vertical y horizontal. Por ello esta reforma pretende abrir el espectro de la paridad constitucional en todos los órdenes de gobierno, e incluso en el derecho a acceder a lo público en forma igualitaria.
La plena participación de las mujeres en la vida pública ya sea en los ámbitos políticos nacionales o locales, en las actividades productivas o en la academia, es fundamental para el perfeccionamiento de la democracia y esencial para lograr el desarrollo sostenible.
No podemos, compañeras y compañeros, hablar de democracia si no reconocemos y procuramos los derechos de más de la mitad de la población. La democracia en el siglo XXI demanda igualdad y presencia de las mujeres. Hoy toca el turno a los demás órdenes de gobierno, porque si las mujeres no están, la democracia no va. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente, para solicitarle –si la diputada lo permite– que pueda signar su iniciativa, que me parece de gran contenido en los temas que se han estado tratando afortunadamente el día de hoy.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Flores, ¿acepta?
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Sí, diputado, acepto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias. El promovente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión. La Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Adelante.
El diputado Ángel García Yáñez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, si pensamos en nuestros años de infancia podemos recordar momentos y experiencias que nos han convertido en las personas que ahora somos. Ser niños representa la parte buena del mundo, la inocencia, la paz, la bondad, la belleza, la ternura y el futuro.
Infancia es destino, y el destino de nuestra niñez está en peligro. Por eso esta etapa se debe cuidar aún más, ya que determina los aspectos fundamentales de cada individuo y con el cimiento de nuestro futuro como sociedad y como país. Niños sanos habrán de construir un México sano, por ello el desarrollo sano de la infancia es crucial para el bienestar de cualquier sociedad.
Las niñas y los niños deben de gozar de los derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. En ese contexto las niñas, niños y adolescentes deben ser una prioridad para el Estado; y tristemente no lo son.
En México hablar de la situación de la infancia no deja buen sabor de boca porque es hablar de sufrimiento, de pobreza, abandono, injusticia, miseria, humillación y desprecio que sufren millones de niños.
En nuestro país hay más de 20 millones de infantes que viven en crítica condición de pobreza, duermen en las calles expuestos a las drogas y a la explotación laboral y sexual. Niños que tienen hambre, están desnutridos y enfermos, con pocas probabilidades de tener un desarrollo físico, intelectual, afectivo y emocional adecuado.
¿Cuántas cifras más tenemos que enumerar para llamar la atención sobre este tema? ¿De qué tamaño es y ha sido el desdén del Estado, cuando se conforman con incluir los derechos de los niños en la Constitución?
No se cambia la realidad de los más pequeños por decreto, no se acaba la pobreza y el maltrato porque así lo mencione la Carta Magna. Se les ha negado el derecho a la dignidad, al juego, a la justicia y a la libertad.
De manera contraria a lo que debe ser su infancia feliz, son golpeados, maltratados, extorsionados, violados, explotados, forzados a abandonar la escuela porque tienen que trabajar. Todo ello deja a nuestras niñas, niños y adolescentes en indefensión y los condena a sobrevivir con serias desventajas y limitaciones para enfrentar su vida como adultos.
Para Nueva Alianza consolidar el bienestar de la infancia es una tarea pendiente, en la que pondremos el mayor interés, en la que habremos de insistir hasta garantizar su pleno desarrollo. Esta será una bandera más de la bancada de la igualdad.
En ese esfuerzo es que planteamos la presente iniciativa para adicionar el principio de interés superior de la niñez a los criterios que orienten el diseño de la política de desarrollo social no sólo como una expresión de papel, sino como un principio, que haya normas específicas para los niños y que se aplique la ley al tamaño de su estatura. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente las coyunturas políticas, sociales y económicas, que se asignen todos los recursos posibles para construir condiciones que les permitan desplegar sus potencialidades y tener una vida digna.
El interés superior de la niñez es una garantía para que el Estado pondere en sus políticas públicas y los derechos en nuestras niñas, niños y adolescentes, a fin de combatir y superar cualquier condición que los deje indefensos.
Son necesarias políticas públicas eficaces que atiendan las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, que se rijan bajo el principio del interés superior de la niñez, a fin de erradicar la pobreza que padecen.
Por ello, resulta fundamental que el proceso de concepción, diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política de desarrollo social, contenido en la Ley General de Desarrollo Social, se garanticen los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, conforme lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Compañeras y compañeros, no podemos ser una sociedad que olvida y margina a los niños, propiciar su desarrollo integral debe ser nuestra mayor responsabilidad. Si infancia es destino, estamos contrarreloj, los niños de hoy han recibido mucha más información de la que hemos recibido nosotros a su edad. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. El pasado 10 de junio de 2011, tuvo lugar la reforma constitucional más importante y trascendental en nuestro país desde 1917.
La reforma al artículo 1o. constitucional en materia de derechos humanos establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, así como de las garantías para su protección.
También obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a tener la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país.
Así es, todas las autoridades, sean estas ejecutivas, legislativas, o bien judiciales se dediquen a impartir justicia o a los procesos legislativos o de políticas públicas, todas están obligadas a hacer efectivo los derechos humanos, tanto a nivel constitucional como convencional, y recurrir, en la interpretación o la aplicación de las normas, al principio pro-persona, otorgando a estas la protección más amplia.
La respuesta para mejorar nuestra democracia, mis amigos, será siempre más democracia. Y en el primer paso es respetar a cabalidad los derechos humanos y en particular el derecho de todos los ciudadanos mexicanos, a poder participar y acceder a cargos y a los asuntos públicos de nuestro país en condiciones de igualdad.
En México, el ejercicio del derecho humano de participación política no basta que se reconozca constitucional y legalmente, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerse.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Castañeda, y al mismo tiempo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Sub-JDC-612/2012, han manifestado que el derecho humano de participación política, en su vertiente pasiva, es decir, el derecho a ser votado, es un derecho humano de configuración legal.
Mis amigos, las candidaturas independientes ya existieron en este país, de 1918 a 1946, y éstas se eliminaron en la legislación mexicana para consolidar el modelo de Partido Único o Partido de Estado, en 1946.
Después de 69 años los mexicanos reconquistamos este derecho que se nos había robado, y hoy tenemos reconocido en nuestra Constitución y en la ley el derecho a votar y ser votado, sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político.
Lo cierto, es que las candidaturas independientes se tratan de un derecho humano de participación política de todos los ciudadanos mexicanos y nadie puede anular este derecho con trabas legales que promueven requisitos arbitrarios, irrazonables, inequitativos, discriminatorios o desproporcionados.
Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay, en 2011, nos dijo: La protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a las reglas de las mayorías. Es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas.
Así pues, los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son referentes obligados en la tarea legislativa y establecen criterios convencionales y constitucionales que deben ser considerados en las leyes. Y en particular, ampliando el derecho de las candidaturas independientes.
Hoy buscamos, a través de la iniciativa que presento, que estos criterios constitucionales y convencionales se inserten en la ley para que garanticen el derecho humano de participación política de todos los ciudadanos mexicanos y no solo de aquellos que recurren a la defensa legal de sus derechos.
Y así, mis amigos, hacer de la Constitución y la ley el instrumento fundamental de nuestra democracia para garantizar la oportunidad real y efectiva de ejercer nuestros derechos políticos ahí reconocidos. Y no como algunos quieren, una carta de buenas intenciones, o peor, como otros señalan, un mapa recurrente de cálculo político, con intereses partidistas de cara al proceso electoral en puerta.
Queremos pues llevar resoluciones del Tribunal Electoral a que sean ley para que apliquen a todos los mexicanos y no tener que estar obligando a todos a tener que recurrir a instancias legales para que se les reconozca su derecho. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Gobernación para opinión.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Acosta Naranjo.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Solamente para solicitarle al diputado Manuel Clouthier me permita suscribir su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entiendo por el saludo que se dieron que tiene su anuencia. Como lo hemos hecho para anteriores puntos y ocasiones, estará a disposición aquí en la Mesa Directiva, para quienes quieran suscribirla, la iniciativa presentada por el diputado Cloutier.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Basave. Sonido en la curul ahí del diputado Basave.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Igualmente, presidente, para solicitar suscribir la iniciativa del diputado Clouthier.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Nava.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido que los diputados que me antecedieron, si lo permite el diputado Clouthier.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, gracias. Ya se ha dado su aquiescencia.
La diputada Ariadna Montiel Reyes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá, sonido en la curul de la diputada Montiel, por favor.
La diputada Ariadna Montiel Reyes (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, si el diputado Manuel Clouthier tuviera su anuencia para que firmáramos con usted la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Bien. Continuamos.
El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Martínez Neri, por favor. Ahí sonido en su curul.
El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): De la misma manera, para suscribir esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, mexicanas y mexicanos. En México de acuerdo al Inegi, la población ocupada que presta servicios domésticos en los hogares es de 2.3 millones de personas, de las cuales 95 de cada 100 son mujeres, más de 1.1 millones de trabajadores domésticos tienen entre 30 y 49 años de edad, y hay poco más de 90 mil trabajadores que tienen menos de 18 años, de los cuales más de la mitad son hombres.
El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo aprobó la Recomendación 201 sobre un trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el cual constituye un referente para actualizar nuestra legislación en nuestro país.
Entre los problemas que enfrentan las empleadas y empleados domésticos están la falta de prestaciones, malos salarios, deficiente acceso a la justicia laboral y nula posibilidad de desarrollo. Tan solo en educación, de acuerdo con datos del Inegi, se tiene registrado que 24 de cada 100 mujeres no concluyó la primaria, 34 de cada 100 solo terminó la primaria y 35 de cada 100 tienen secundaria completa, y por lo menos siete de cada 100 tienen estudios de educación media superior o superior.
Otro grave problema lo enfrentan los trabajadores y las trabajadoras domésticas, cuando residen en el mismo domicilio en donde prestan sus servicios, lo cual puede fomentar en buena parte de los casos situaciones de explotación donde las horas de descanso no son respetadas y las condiciones de vida deplorables.
Desde la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el derecho laboral fue una de las grandes conquistas del constitucionalismo moderno que surgió en México como ejemplo para el resto del mundo.
El primero de abril de 1970 se publicó en el Diario Oficial que aun se encuentra vigente, y que además de los derechos a favor de todos los trabajadores reconocía el derecho de quienes se dedicaban al trabajo doméstico a disfrutar de reposo suficiente para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche, el pago de un salario mínimo profesional establecido por la Comisión Nacional de Salarios.
La obligación del patrón de respetarlo, de brindarle un local cómodo, higiénico para dormir, una alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que asegurarán su vida y su salud.
En caso de enfermedad, se impuso la obligación del patrón de pagar al trabajador su salario hasta por el equivalente a un mes, asistencia médica si la enfermedad no es crónica y asistencia médica hasta por tres meses o antes si se hace cargo del trabajador, algún servicio asistencial.
Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, si el trabajador muriera, el trabajador está obligado a cubrir los gastos del sepelio.
Este conjunto de derechos ha sido modificado relativamente para hacer algunas precisiones sin que esto haya producido algún cambio sustancial. Tales cambios consistieron fundamentalmente en que los trabajadores domésticos deben disfrutar de descansos de por lo menos nueve horas consecutivas durante la noche y de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, así como de un descanso obligatorio de día y medio ininterrumpido semanalmente, preferentemente sábado y domingo, y se precisó que el local para dormir debe ser en realidad una habitación para el trabajador.
En consecuencia con la presente iniciativa se propone lo siguiente. La obligación de que en las condiciones de trabajo que deben constar por escrito se establezca la manera en que se suministrarán alimentos y habitación, así como la estimación de su valor que contará con salario sin que éste exceda del equivalente al 25 por ciento del salario.
La obligación de distribuir el horario de trabajo de los trabajadores menores de 18 años de edad pero mayores de 15, de tal forma que no sean privados de la escolaridad obligatoria y que no se vean comprometidas sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.
Se precisa que trabajador doméstico es toda persona, independientemente de su género. Esto con el fin de promover la igualdad de género mediante una precisión lingüística que favorece el cambio de paradigma de cómo se concibe normalmente a los trabajadores domésticos.
Se precisa que los trabajadores domésticos no están obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los periodos de descanso diario y semanal o durante las vacaciones.
Se establece que el salario mínimo de un trabajador doméstico será por lo menos dos veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. De esta manera se evita que su cálculo sea discrecional cuando la comisión nacional omita su estimación.
Además ese cálculo dependerá de las condiciones donde se laborará, el número de personas que deberá atenderse y el nivel de responsabilidad. Dentro de las obligaciones especiales se agrega que deberá respetarse la identidad cultural o ´étnica del trabajador; se deberá respetar en todo momento su privacidad, y la habitación que le sea asignada será privada.
Por último, cuando se establezca como condición laboral el uso de determinada ropa de trabajo, esta será a cargo del patrón, quien también deberá aplicar medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos cuando sea necesario.
Por lo expuesto, estimados compañeros, les solicito a todos ustedes, que puedan apoyar esta iniciativa. Está demostrado por diversos estudios, diversas encuestas, que la mayor discriminación se da –desafortunadamente– en este grupo de trabajadores. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada.
El diputado Enrique Rojas Orozco (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Enrique Rojas.
El diputado Enrique Rojas Orozco (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido pedirle a la diputada Alma Carolina, la posibilidad de sumarnos a dicha iniciativa, debido a que en el mismo orden del día viene un punto de acuerdo al que hago referencia, para exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal, a fin de que ratifique el Convenio 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Entonces por estar en el mismo sentido, y coincidiendo con la diputada de que es un sector que me alegra que salga de la invisibilidad y sea importante para el Estado. Si me lo permite, que me pueda sumar.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Enrique Rojas ha presentado su interés de adhesión a la iniciativa presentada por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria. Si la promovente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (desde la curul): No tengo inconveniente, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Adelante. De igual forma la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa.
La diputada María Gloria Hernández Madrid (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Gloria Hernández.
La diputada María Gloria Hernández Madrid (desde la curul): Presidente, para pedirle a la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, autorice a la fracción de la bancada hidalguense adherirse a su propuesta.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De la misma forma está a disposición en la Mesa Directiva para que se haga la suscripción.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Erika Arroyo.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Muchas gracias, presidente. De igual manera, para preguntarle a la diputada si nos permite suscribirnos a los diputados priistas de Guanajuato y a algunas otras compañeras.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Queda a disposición...
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada. Adelante, diputada Delia Guerrero.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Nada más solicitarle a la diputada Carolina Viggiano que nos podamos adherir, la bancada de San Luis Potosí, a su iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a su disposición en la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictaminar.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas, diputados, medios de comunicación, estamos en una sesión plena de adhesiones, esperamos que esta iniciativa que vamos a presentar el día de hoy les merezca la misma adhesión que se ha manifestado para algunas otras.
La economía de nuestro país no avanza como algunas veces quieren hacernos creer, y mucho menos al ritmo que necesita la población. Indicadores económicos y sociales, como el precio del petróleo a la baja y el crecimiento de la pobreza, nos llaman a revisar con mucha responsabilidad el paquete económico 2016.
Un aspecto central será la revisión de la carga tributaria impuesta a los mexicanos a casi dos años de que se puso en marcha la reforma hacendaria. Las diputadas y los diputados de Acción Nacional consideramos absolutamente necesario revisar la homologación del IVA en la región fronteriza del país y al Régimen de Incorporación Fiscal. Lo estimamos necesario porque el fortalecimiento de las finanzas públicas pasa necesariamente por la flexibilización de las reglas y por los incentivos y estímulos fiscales para dinamizar el mercado int6erno.
Esta iniciativa que hoy presentamos es el cumplimiento del compromiso que Acción Nacional hizo de manera formal con millones de pequeños comerciantes, y que suscribimos en Morelos con agrupaciones nacionales, el de la voz y mi compañero diputado Gustavo Madero en su carácter de jefe nacional.
Esta iniciativa que presento no implica regresar al pasado ni pretende romper la reforma hacendaria, es una propuesta legislativa que dentro del Régimen de Incorporación Fiscal reconoce que en el pequeño comercio está uno de los motores económicos del país.
Se trata, compañeras y compañeros, de reconocer lo que escuchamos en la calle, en el barrio y en los mercados públicos, donde quien tiene un negocio que apenas le permite sacar adelante a su familia, y no quiere vivir en la evasión ni en la informalidad, pide ayuda. Estamos hablando de más de 9 millones de personas, la mayoría mujeres, jefas de familias emprendedoras, que están dispuestas a contribuir con su país, pero que piden flexibilidad precisamente para el cumplimiento de sus obligaciones.
Amigos y amigas, vengo a hablar por miles de mexicanos que aman a su patria, que saben que es necesario aportar a las finanzas públicas, pero que no cuentan con acceso a Internet, porque no lo pueden pagar, y mucho menos a servicios de banca comercial.
Vengo a hablar por aquellos mexicanos y aquellas mexicanas que apenas sacan lo necesario para subsistir y hoy viven con la permanente presión de recibir la visita de los inspectores de Hacienda y perder lo poco que han ganado con su trabajo honesto.
Evitemos que el ciudadano tome el camino corto, porque resulta más fácil para el pequeño comercio convertirse en informal que entrar en un proceso legal y administrativo que ha sido sumamente complejo.
Esta iniciativa persigue cuatro objetivos fundamentales. Que los pequeños comerciantes decidan en qué régimen han de tributar; en el régimen de pequeños contribuyentes o en el RIF.
Se trata de liberar a los pequeños comercios de la obligación de expedir comprobantes fiscales cuando se trate de operaciones menores y que tengan la posibilidad de expedir notas de venta.
Que la recaudación que se obtenga específicamente por cuota fija en el régimen de repecos sea administrada al 100 por ciento, por las entidades federativas. Y por supuesto, buscamos simplificar las obligaciones fiscales de los pequeños contribuyentes.
Señoras y señores diputados, afuera de este recinto hay millones de mexicanos que esperan que en la revisión del paquete económico 2016 se discuta y analice con profundidad y seriedad el tema de los repectos y el de la homologación del IVA en nuestras fronteras. Quienes llegamos aquí gracias al voto directo de la ciudadanía tenemos ese compromiso.
Aquí está esta iniciativa de ley a su disposición como una propuesta, sí de Acción Nacional, pero que de veras espera que sea abrazada por todos los grupos parlamentarios, porque es una decisión, una iniciativa a favor de los ciudadanos que nos trajeron aquí con sus votos. Por su atención, muchas gracias y le solicito, diputado presidente, que el texto de mi intervención sea incluido íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Bolaños. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Sonido en la curul del diputado Taboada.
El diputado Santiago Taboada Cortina (desde la curul): Presidente, para solicitarle al diputado Bolaños si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: No tiene inconveniente. Queda a disposición en la Mesa Directiva para que se suscriba la misma.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Karen Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Karen Orney Ramírez Peralta: Con su permiso, señor presidente. Someto a consideración de esta soberanía proyecto de decreto que reforma el artículo 41 constitucional, con el fin de que se incremente la presencia de jóvenes en las instancias de decisión del Estado mexicano.
Es socialmente aceptado que se debe de incorporar en todos los órdenes de la vida el vigor, la preparación, el dinamismo, la perspectiva, la frescura de las y los jóvenes, pues ello influye positivamente en el ámbito social en donde participan, como en el conocimiento y experiencia que adquieren en el ejercicio directo que implica asumir responsabilidades.
Por ello resulta en extremo preocupante los miles de mexicanos y mexicanas menores de 30 años cuyos talentos, conocimientos, fuerzas y expectativas renovadoras no encuentran un lugar en donde desarrollarse y así mismo aportar lo mucho que tienen para engrandecer a nuestro país. Es energía que cotidianamente se desperdicia.
Las causas de esta triste y preocupante situación son múltiples y diversas, pero su denominador común es la ausencia de políticas públicas ideadas por jóvenes para jóvenes, incorporando sus realidades específicas y concretas.
El desempleo y, particularmente, la violencia azotan a todos, pero de manera más intensa a los menores de 30 años. Más del 80 por ciento de los miles que diariamente salen del país son jóvenes. En suma, cualquier problema grave que afecte a los mexicanos, como el narcotráfico, la drogadicción, hacinamiento carcelario o accidentes, el que sea, tiene como principales víctimas a los jóvenes.
El porcentaje de afectación es mayor que el que los jóvenes representan en el conjunto de la población. Por ejemplo, el 44.9 por ciento de los jóvenes sufre algún tipo de pobreza y siete de cada diez carecen de acceso a seguridad social.
Y ni qué decir de aquellos problemas en ámbitos que son propios de la juventud. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación o la deserción escolar han registrado en los últimos años incrementos alarmantes. Por ello consideramos necesario legislar para que desde la Carta Magna, que nos rige, se ordenen la inclusión de jóvenes en candidaturas a legisladores federales y locales, en un porcentaje proporcional a su presencia poblacional.
Esto sería en el segundo párrafo de la base I del artículo 41 constitucional, inmediatamente después de la parte relativa a las reglas para garantizar la paridad entre los géneros.
Está demostrado que este tipo de impulso normativo a la inclusión política da resultados positivos. En el caso de la paridad de género, ordenada constitucionalmente, los resultados han sido altamente positivos.
La LIX Legislatura, por ejemplo, de esta soberanía, estuvo compuesta por 384 diputados que representaba el 77.4 por ciento, y 112 diputadas que representaban el 22.6 por ciento; 12 años después, nuestra actual legislatura se compone de 287 diputados que representan el 57.6 por ciento, y 211 diputadas que representan el 42.4 por ciento, esto es un incremento cualitativo y cuantitativo del 20 por ciento, lo que sin duda ha repercutido en normas con perspectiva de género.
Una vez aprobada la reforma constitucional, deberán reformarse la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de los Partidos, planteando la inclusión de menores de 30 años en un porcentaje mínimo del 25 por ciento de las candidaturas, respetando, claro está en ellas, la paridad de género.
Nos parece que ese mínimo garantiza la adecuada proporción poblacional, pues la población joven de México entre 12 y 29 años está compuesta por 37.9 millones de personas, es decir, casi el 32.1 por ciento. Mientras que el porcentaje de los jóvenes en edad de votar, de 18 a 29 años, es del 29.6 por ciento.
Este porcentaje no está ni remotamente representado en los órganos de gobierno, en esta LXIII Legislatura sólo hay 4.2 por ciento de jóvenes que está representado en esta Cámara, por lo que resulta imperativo legislar para que mediante acciones afirmativas se establezca la obligación de los partidos políticos para que postulen jóvenes a los diversos cargos de elección popular en un porcentaje mínimo del 25 por ciento, en una perspectiva legislativa similar a la realizada para hacer realidad la paridad de género.
Tengan, compañeros, la plena seguridad que la presencia juvenil amplia en los órganos de gobierno traerá una perspectiva renovadora, dinámica, progresista, fresca, que favorecerá no solo a las y los jóvenes sino al país en su conjunto. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ramírez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Parra, por favor.
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Sí, buenas tardes. Para solicitarle a la diputada si me permite suscribir su iniciativa. Felicidades. Es muy importante que los jóvenes estén incluidos, porque necesitamos elevarlos a rango constitucional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Ramírez, ¿tiene inconveniente en que sea suscrito?
La diputada Karen Orney Ramírez Peralta (desde la curul): No.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Muy bien. Queda a disposición en la Secretaría para la adhesión correspondiente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, México es uno de los cinco países mega diversos, debido a su riqueza natural y diversidad biológica, prevaleciendo los bosques y las selvas, ya que cuenta con una superficie forestal de 64 mil 802 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento es propiedad ejidal y comunal.
La importancia de los bosques y selvas de nuestro país no se limita al costo estimado de la madera en el mercado, ya que proporcionan una serie de servicios ambientales que no solo benefician a las personas sino los propios recursos naturales que los rodean, o bien, que dependen de ellos.
Virtud a su importancia, uno de los problemas ambientales que actualmente genera mayor preocupación tanto a nivel nacional como internacional es la deforestación y la degradación de los bosques. Lo anterior, atendiendo al reporte de evaluación de los recursos forestales mundiales que señala que México forma parte del grupo de cinco países que registran mayor disminución, en los últimos 20 años, de la superficie de bosques primarios.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las principales causas de las pérdidas de dichos ecosistemas en nuestro país se deben a las actividades agropecuarias seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales.
Atendiendo a la gravedad de la situación desde hace décadas en nuestro país, se ha venido desarrollando una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, en cuya ejecución participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles y voluntarios.
No obstante lo anterior, los esfuerzos institucionales encaminados a prevenir dichos incendios forestales han sido insuficientes, de tal forma que resulta necesario que el Estado adopte medidas más estrictas, tal como lo propone la presente iniciativa, la cual tiene como objeto fundamental incrementar la protección jurídica de los recursos forestales de México.
Dicha iniciativa propone que las actividades dentro de terrenos afectados por incendios, se limiten únicamente a aquellas consideradas como acciones de restauración o manejo forestal sustentable, esto durante los siguientes 20 años, garantizando que solo estas actividades sean las autorizadas para ejecutarse en dichos predios.
Así también, se prevé un incremento en el monto de las multas impuestas por las autoridades ambientales, por la realización de conductas vinculadas a provocar incendios forestales ya que las vigentes no son lo suficientemente ejemplares como para evitar dichas acciones dolosas que atentan contra el medio ambiente.
En este sentido se garantiza que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no pueda autorizar el cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan transcurrido 20 años y que se acredite fehacientemente que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que, para efecto, se establezcan en el reglamento correspondiente.
Estamos convencidos que dichas modificaciones marcaran bases sólidas para la protección de nuestros ecosistemas, especialmente aquellos que se encuentran en virtud de las amenazas constantes en contra de su preservación.
Es por ello, que como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicito de la colaboración de todos ustedes, compañeros y compañeras, diputados, para la aprobación de una iniciativa que fija precedentes históricos en materia ambiental, como eje prioritario y propietario de mi bancada sino de los trabajos legislativos que desde este Congreso se deben impulsar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Gracias, presidente. Es la primera reforma constitucional en donde se habla en este país por primera vez de un sistema de partidos políticos en 1977.
En esta reforma los partidos son considerados como entidades de interés público. Estas entidades de interés público coadyuvarán a la construcción de la representación nacional, y en este sistema se reconoce la función social de la acción política-social de los partidos políticos. Repito: La función social de la acción política.
¿Esto qué quiere decir? Propiciar la articulación social, propiciar la participación democrática de los ciudadanos, promover la formación ideológica de sus militantes, coordinar acciones políticas conforme a principios y programas. Estimular las discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre objetivos nacionales y establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos.
Es en esta reforma, en esta misma reforma constitucional, la primera sobre este tema, en donde se incluye la figura de prerrogativas; en donde se establece claramente que las prerrogativas serán para
Uno. Acceso a tiempos de radio y televisión; dos, para disponer de los medios adecuados para tareas editoriales; en tercer lugar, contar con elementos mínimos para campañas y propaganda. Eso es todo.
En 1987 se establece claramente que estas prerrogativas emanarán del financiamiento público; pero es hasta 1993 –con la segunda reforma constitucional ilegal– en donde se reconoce que el financiamiento será, entre otros, público. Es decir, todos los demás financiamientos que no sean públicos serán privados, así de sencillo.
Esto al día de hoy, este financiamiento privado que se adecuó hace más de 20 años, ha llevado a los partidos políticos a trasladarse a un régimen mercantil y corruptor, carente de ideología, que no articulan socialmente, tampoco fomentan actividades hacia la cohesión social con una visión pública y política.
Hoy los partidos se mueven, se moverán a través del dinero. Prueba de ello es este Pacto mal llamado Por México, que elimina los objetivos principales del sistema de partidos políticos.
Retomando los objetivos principales establecidos en esta primera reforma constitucional de 1977, se debe decir que Morena nace y se articula a través de la sociedad. Morena sí cumple su función de articulador social; prueba de ello es la promoción de la discusión de temas trascendentales de la nación, y más específicamente la consulta popular llevada a cabo por una aprobación de una reforma energética en contra de los ciudadanos, misma que apoyaron más de 3 millones de ciudadanos mexicanos y que la Suprema Corte desechó de un plumazo sin tomar en cuenta la voz ciudadana –no me voy a tardar, tranquilos– sin tomar en cuenta la voz ciudadana y pretendiendo apegarse estrictamente a la ley.
Por esto y por todo lo anterior, el diputado Juan Romero Tenorio y su servidor Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, proponemos iniciativa que modifica la base segunda, inciso a), del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedando como sigue –ya tranquilos, ahorita ya la leo–:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Esa es la iniciativa y cabe aclarar –para los que están chiflando, que estoy seguro que ni han puesto atención y no saben ni lo que estamos hablando– que también se presentará una iniciativa para que –esto es con respecto al financiamiento público– para que el financiamiento privado también sea menor, también se elimine. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias diputado Abdala. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado Cuitláhuac.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente, para adherirme, solicitarle al diputado Abdala permita la adhesión de un servidor, a su propuesta.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Por favor, encantado.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El promovente no tiene inconveniente a la solicitud de adhesión. La Secretaría de la Mesa Directiva pone a disposición la iniciativa para lo conducente. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado el tabaquismo como una epidemia global debido al incremento en su consumo y los decesos relacionados con el mismo. Anualmente hay 6 millones de muertes por esta causa, de las cuales 66 mil aproximadamente suceden en nuestro país.
En México, cada año, alrededor de 150 mil personas sufren daños por consumo relacionado con el tabaco, lo cual se traduce en 75 mil millones de pesos que representa alrededor del 35 por ciento del gasto en salud de nuestro país.
Aunado a esto es importante recalcar que el tabaquismo representa un riesgo a la salud no solo por quien lo consumo, sino también por quien lo respira. La prevalencia de la exposición al humo de segunda mano es el 30 por ciento, lo cual representa un total de 12.5 millones de mexicanos que nunca han fumado, pero que se encuentran expuestos a este.
Además, el humo de segunda mano es responsable del 10 por ciento de los incidentes ya sea de muerte o enfermedad relacionadas con el consumo del tabaco. Actualmente contamos con una Ley General para el Control del Tabaco, la cual fue publicada en nuestro país en el 2008. Esta ley permite fumar en terrazas y al interior de lo denominado espacio interior aislado, el cual deberá contar con un sistema de ventilación y purificación de aire, sin embargo esta permisión genera tres problemas fundamentales:
1. Esos espacios interiores aislados se instalan en áreas de servicio, que resultan ser el espacio de trabajo de cientos de mexicanos, los cuales se encuentran en constante exposición al humo de segunda mano, siendo este un factor latente para presentar problemas de salud.
2. La legislación establece que los comercios pueden implementar espacios interiores aislados, sin embargo la mayoría de los comercios que se tienen que apegar a este reglamento no cuentan con el presupuesto ni el espacio necesario para acceder a esta prerrogativa, por lo tanto se genera de manera automática una competencia desleal en el país, que perjudica que el 95 por ciento de los negocios queden excluidos en este tema.
3. Está probado que no existe un sistema efectivo de ventilación y purificación de aire que aísle de manera real y efectiva el humo del tabaco, por lo que tanto trabajadores como otros usuarios están expuestos al humo de segunda mano.
Hoy en día en México hay 11 entidades que ya cuentan con legislación local que establece espacios interiores 100 por ciento libres de humo de tabaco, lo que significa que poco más del 48 por ciento de la población está protegida. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, compañeros, proteger al 52 por ciento que aún está expuesto.
Habiendo dicho esto, se propone adicionar y reformar los artículos 6, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad de eliminar la figura del espacio interior aislado en la ley y lograr espacios interiores 100 por ciento libres de humo de tabaco, teniendo como beneficios la adopción de prácticas que promueven el derecho a la salud, recortar el presupuesto destinado a salud gracias a la disminución del gasto por enfermedades relacionadas al tabaquismo, la generación de competencia comercial justa entre establecimientos al no crear una diferenciación basada en la capacidad económica de los comercios, y lograr una población más saludable gracias a la disminución de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen. El diputado Jonadab Martínez, por favor sonido en su curul.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente, solamente para pedir autorización de suscribirme a esta iniciativa, a ver si el diputado Germán Ralis no tuviera inconveniente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado, da su consentimiento por supuesto. Como en puntos anteriores, reiteramos que quedará a disposición la iniciativa presentada para que sea suscrita por quienes así lo estiman, entendiendo que hay un consentimiento del diputado proponente. Sí, diputado. Sonido en la curul.
El diputado David Gerson García Calderón (desde la curul): De igual manera y en el mismo tenor, si el diputado autoriza suscribirme a esa iniciativa, ya que es un tema interesante. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gerson.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces adelante. Proceda la Secretaría a dar lectura a acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con su venia, diputado presidente.
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que considere la ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, manifestando así el compromiso del Estado mexicano por implementar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de dichas normas internacionales.
Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se investigue de manera pronta y exhaustiva la causa del fallecimiento de 12 menores recién nacidos en el Hospital Regional Número 1 de Culiacán, Sinaloa.
Segundo. Se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social revise los programas preventivos existentes y ponga en marcha los que se requieran para que a través de la inversión y el adecuado mantenimiento se fortalezcan las áreas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención médica evitando casos futuros.
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que se emitan las declaratorias de emergencia y de desastre natural ante las inundaciones derivadas de la depresión tropical 16-E en los estados de Sonora y Sinaloa, y con ello agilizar la entrega de los recursos destinados a la atención de los daños ocasionados;
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente las acciones que permitan atender los posibles brotes de enfermedades y las afectaciones generadas por dicha depresión.
Firman los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada María Candelaria Ochoa, sonido en su curul, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Sí, presidente. Compañeras, compañeros diputados, me parece que la urgencia de la ratificación del Convenio 189 nos evitaría precisamente tener que estar insistiendo en las iniciativas que benefician a las y los trabajadores del hogar.
Me da mucho gusto que la Junta lo apruebe y espero que en el futuro estas personas, que como ya se mencionó por la diputada proponente de la iniciativa, tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano y ciudadana en este país.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Asimismo, se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:21 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 24 de septiembre de 2015, a las 11 horas, y como siempre se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones.
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