Comunicaciones
Dictámenes
Toma de protesta como diputado del ciudadano Fidel Cristóbal Serrato
Gonzalo Guízar Valladares, PES
Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM
José Erandi Bermúdez Méndez, PAN
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a diputación vacante del PAN
Refugio Trinidad Garzón Canchola, PES
Jesús Rafael Méndez Salas, PAN
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Irma Rebeca López López, Morena
Hortensia Aragón Castillo, PRD
Erika Araceli Rodríguez Hernández, PRI
Votación en lo general y lo particular
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Luis Manuel Hernández de León, PNA
Juan Manuel Cavazos Balderas, PRI
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Gina Andrea Cruz Blackledge, PAN
Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM
Alicia Barrientos Pantoja, Morena
Verónica Delgadillo García, PMC
Carmen Victoria Campa Almaral, PNA
María Concepción Valdés Ramírez, PRD
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 312 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:56 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que se comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales, comité y grupos de amistad que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron 10 solicitudes de retiro de iniciativas y proposiciones de los diputados Alejandro González Murillo, José Máximo García López, Flor Estela Rentería Medina, Ulíses Ramírez Núñez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila y Karina Padilla Ávila, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa que se recibió el oficio del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por el que se comunicó la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 1 de diciembre del año en curso.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Secretaría de Desarrollo Social con el que se remite el Informe Final de la Evaluación de Diseño del Programa E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”, así como un análisis y valoración sobre la modalidad presupuestaria del programa y sobre el cumplimiento al mandato de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de la rectoría de la política nacional en favor de las personas adultas mayores.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que se remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda externa e interna, correspondientes al mes de octubre de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de la radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al quinto bimestre del Ejercicio Fiscal 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas dependencias tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a las Comisiones de Transportes y de Marina para opinión.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: El Congreso del Estado de Baja California remite las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: 2. Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4o. Bis y 993 Bis a la Ley Federal del Trabajo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: 3. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Justicia Terapéutica para el Tratamiento de Adicciones en Materia Penal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió del Congreso del estado de Michoacán iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.
2. De Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
3. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.
4. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.
5. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
6. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.
7. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 6 de la Ley General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
8. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.
9. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Fidel Cristóbal Serrato, diputado federal electo en el distrito 2 electoral del estado de Nayarit. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A la diputada Jasmine María Bogarín Rodríguez, al diputado Efraín Arellano Núñez, al diputado Rafael Valenzuela Armas, al diputado Julio Saldaña Morán, a la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, a la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz y al diputado José Alfredo Ferreiro Velazco.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ciudadano Fidel Cristóbal Serrato, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado federal que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Fidel Cristóbal Serrato: Sí, protesto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, compañero diputado.
Diputadas y diputados, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, esta Presidencia, a nombre de los integrantes de esta Legislatura, desea enviar un abrazo fraterno y solidario y nuestros deseos de pronta recuperación a nuestro compañero diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, secretario de la Mesa Directiva, por el sensible fallecimiento de su señor padre Enrique Fernández del Valle de la Vega. Descanse en paz.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 4, y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Germán Escobar Manjarrez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Germán Escobar Manjarrez: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Vengo a nombre de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego a posicionar el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
El artículo 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica; asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público”.
En ese sentido se considera importante especificar que los apoyos que brinda el Estado para la conformación y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas, deben dirigirse de manera exclusiva a empresas nacionales que con el objetivo no sólo de fomentar la seguridad alimentaria, sino también para evitar su desventaja frente a empresas extranjeras que se dedican a la producción y distribución de semillas.
La producción de semillas en México la concentra en un 94 por ciento, solamente las empresas privadas; en cuanto al sector público, únicamente el 6 por ciento. La semilla original la produce el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Inifap; el Colegio de Postgraduados; la Universidad Autónoma de Chapingo; la Universidad Agraria Antonio Narro, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo; y los sectores privado, público y social son los encargados de reproducirla y venderla.
La virtud de ese sector más afectado por el cambio climático, los resultados de los análisis multimodelos, indican que la combinación del incremento en la temperatura con el escaso nutricional por la falta de nitrógeno, ve reducir de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos de las regiones productoras de nuestro país.
Ante este escenario nos encontramos en un momento decisivo para generar políticas públicas para reconvertir áreas productivas, producir nuestros propios alimentos que mitiguen nuestra propia dependencia alimentaria con otros países, y a su vez incrementen la actividad primaria con opciones de crecimientos reales.
El dictamen que se presenta busca fortalecer por parte del gobierno federal la creación de empresas semilleras nacionales, así como utilizar las herramientas tecnológicas que permitan la investigación en el mejoramiento de variedades de semillas que contribuyan a dotar al productor del insumo semilla a mejores costos, y de mayor resistencia a las variaciones del cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto solicito a los integrantes de esta soberanía, el apoyo para la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes podrán hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos cada uno:
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Tiene el uso de la tribuna el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia saluda a integrantes de la secundaria número 319, de la colonia Lomas de San Lorenzo, invitadas por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Asimismo, saludamos a estudiantes de la Universidad Popular de Tehuacán, de la licenciatura en derecho 1o, 3o, y 5o. semestre de Tehuacán, Puebla, invitados por el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, señor diputado.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los estudiantes y, por supuesto celebramos con mucha firmeza legislativa en materia de ir en pro en este dictamen, por lo que acaba de comentar el diputado presidente de la comisión de manera muy concreta.
Es un acto de elemental justicia en materia de agricultura, hablar de semilla es hablar de los frutos de las plantas, lo que siembras, si bien lo siembras, bien vas a cosechar. Creo que es un principio elemental.
Y, en ese sentido, el Partido de Encuentro Social se refiere estrictamente a su programa de acción, fortalecimiento al campo mexicano, porque esta reforma al artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas se refiere precisamente a una de sus generosidades, a fortalecer a los centros y a las empresas nacionales, toda vez –amigas diputadas y amigos diputados– que el 6 por ciento únicamente estás empresas nacionales producen la semilla que nosotros consumimos; el 94, el resto, lo generan empresas internacionales, extranjeras.
De tal forma que este dictamen va a permitir, como bien se dijo anteriormente, a generar una política pública que sirva para el fortalecimiento de las empresas nacionales en nuestro país y de esta manera ser más competitivo, generar empleos con nuestra gente.
Hoy que la crisis económica genera desempleo, la gente productiva, la gente de campo no encuentra qué hacer en sus parcelas, hoy tenemos con esta iniciativa la posibilidad real de darles una vía de empleo a nuestra gente de campo. Es un acto, decía yo, de elementar justicia y por ello el Partido Encuentro Social va a favor de este dictamen por varias cosas.
Pero, miren, a casi 10 años en México producimos solo el 6 por ciento, decía yo; el porcentaje remanente, el 94, es de empresas extranjeras; hoy vamos a fortalecer a la investigación, vamos a fortalecer a los productores nacionales que no tienen acceso el día de hoy a estas posibilidades de desarrollo en materia agropecuaria.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, realizado en agosto de 2015, la producción de semillas certificadas en nuestro país alcanzó un total de 320 toneladas, cultivos básicos, como el maíz, es el que más se genera y se consume en nuestro país, el frijol, el arroz y la soya.
¿Qué significa esta, amigas y amigos? Que estamos fortaleciendo, estamos direccionando el campo en materia básica alimentaria. Un país que no es autosuficiente en la vía alimentaria es un país dependiente, subdesarrollado. No podemos pensar en ser un país independiente que esté en el alto nivel de competitividad si no tenemos asegurada la alimentación de los nuestros.
Creo que ahí está de acuerdo el señor presidente de la comisión, ahí estamos de acuerdo totalmente, por eso toda nuestra fuerza, los votos que tenemos en nuestro grupo parlamentario irán a favor, porque es un acto de elemental justicia en materia de campo. Lo haremos con la convicción, lo haremos con la visión correcta porque también ahí está la Universidad de Chapingo, que está generando estudios de avanzada.
Es un mensaje a estas instituciones de carácter educativo agropecuaria que estamos pensando en ellos para su fortalecimiento, estamos pensando en ellas como instituciones educativas en materia de campo para darles políticas públicas y que detonemos de una vez y para siempre en este país la suficiencia alimentaria, que es un anhelo permanente de toda institución y de todo ser que realmente se distinga por querer a México. Muchas gracias, muy amables.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gonzalo Guízar Valladares.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Ángel García Yáñez: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En 2008 una profunda crisis financiera, energética y alimentaria impactó a nivel global, colocando en el escenario mundial la importancia de la seguridad alimentaria.
En México se implementaron programas a fin de combatir la pobreza alimentaria. No obstante, pese a que ello significó un gran avance, sigue siendo necesaria la estrategia integral encaminada a solventar los requerimientos alimenticios de la población. Atender dichas necesidades implica forzosamente incrementar la producción y la calidad de los alimentos, y para ello es fundamental hacerlo desde la producción de las semillas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el suministro de semillas de alta calidad es fundamental para garantizar una real seguridad alimentaria.
En México, la producción de semillas se encuentra básicamente en manos del sector privado tanto nacional como internacional al concentrar el 94 por ciento del mercado, en tanto el sector público representa el restante, el 6 por ciento.
En Nueva Alianza entendemos que atravesamos por momentos complejos y que es indispensable fortalecer el mercado nacional. Por ello nos manifestamos a favor del presente dictamen de la Comisión de Agricultura, con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
El objetivo consiste en robustecer a las empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas. Para ello se requiere establecer en la ley los apoyos que brinda el Estado para la formación y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas, deben dirigirse de manera exclusiva a empresas nacionales, en aras de fomentar la soberanía alimentaria y, del mismo modo, hacerlas más competitivas frente a las empresas extranjeras.
Asimismo, es importante señalar que la modificación propuesta al artículo 18 de la ley mencionada, busca que los programas para el desarrollo de investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas también contemplen la promoción de las redes de conocimiento para la constitución de empresas para la producción y comercialización de semillas.
En Nueva Alianza estamos convencidos que será a través de un sector agropecuario eficaz, productivo y sustentable como se logrará aumentar en México la producción de alimentos que nos permita dejar atrás la dependencia alimentaria y solventar las necesidades de millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ángel García Yáñez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Moisés Guerra Mota: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, esta legislatura le ha quedado a deber a nuestros productores. Ellos son los que nos proveen de nuestros alimentos y, sin embargo, los dejamos desprotegidos ante los embates de las grandes empresas trasnacionales.
El mercado nacional es reflejo del poder de las empresas extranjeras. En la producción de semillas en México, solo el 12 por ciento están en manos de las firmas de origen extranjero. Sin embargo, administran más del 90 por ciento del capital que se maneja en el país al año.
El sector semillero tiene una importancia de trascendencia nacional, ya que de forma directa reserva la diversidad genética de los productos agrícolas del país. Sin embargo, permanece la ausencia de un organismo que regule este mercado e impulse la producción nacional para evitar la concentración de mercado de semillas en manos de las empresas trasnacionales que, como sabemos, anteponen el interés económico sobre el cuidado a la biodiversidad, los cultivos originarios a la ecología e incluso sobre la salud de las personas.
Se requiere alentar a los productores para que inicien programas de suministros de semillas para pequeños agricultores, a precios accesibles y acordes a las condiciones de cada región, para así fortalecer el desarrollo en las zonas donde los campesinos no cuentan con los recursos financieros que les permitan disponer de tecnologías avanzadas.
Son 10 las grandes corporaciones semilleras que controlan aproximadamente la tercera parte del comercio mundial de granos, valuado en 23 millones de dólares. Cinco empresas dominan el 74 por ciento del mercado: Syngenta, Avantis, Monsanto, DuPont y Dawn.
El futuro en los próximos 20 años depende de que el gobierno tome de forma urgente medidas para estimular la productividad agropecuaria. Si no enfocamos ahí nuestros esfuerzos, corremos el riesgo de generar una fuerte crisis alimentaria que padeceremos nosotros y nuestros hijos.
Los diputados ciudadanos votaremos a favor del presente dictamen, porque representa la oportunidad para refrendar las políticas públicas del campo mexicano que le dan la certidumbre y visión de largo plazo. Además, de fortalecer la vinculación entre la industria y las autoridades en aras de armonizar programas de gobierno sin que estos vayan en detrimento de las competitividades de las empresas.
Pero también votaremos a favor, como bien lo dice el dictamen, es un mandato constitucional en el que el Estado promueve las condiciones para el desarrollo rural integral. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra Mota.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel Alva y Alva: Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen porque estamos convencidos de que en su esencia es fortalecer el campo mexicano a partir del respaldo a las empresas nacionales productoras de semillas.
A finales del 2015 la Comisión Federal de Competencia publicó su Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario. En el mismo se hace una revisión muy particular del mercado de las semillas. De acuerdo con este Reporte, el total de insumos utilizados en la actividad agrícola, siendo éstas el insumo variable que mayores costos pueden implicar al productor, estos altos costos hacen que solo en un porcentaje mínimo de la superficie sembrada se utilicen, por ejemplo, semillas mejoradas que aumenten los rendimientos y productividad.
En el caso del frijol, solo el 16 por ciento de la superficie sembrada recibe semillas mejoradas. En el caso del maíz es apenas el 33 por ciento. Para la calabacita y el jitomate, el 32 y el 43 por ciento respectivamente.
Además, la probabilidad de que los productores utilicen semillas mejoradas disminuye cuando el número de hectáreas sembradas es menor, dejando en situación de vulnerabilidad ante el mercado, por baja productividad, a los productores dedicados a la agricultura en pequeña y mediana escala. Es decir, aquellos que son los que más pueden aumentar sus rendimientos. Al mismo tiempo que son ellos los que menos ingresos tienen tanto para la actividad productiva como para satisfacer sus necesidades básicas.
El mismo estudio señala que poco más del 60 por ciento de las semillas certificadas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas son inscritas por Semillas y Agroproductos Monsanto.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias para el caso particular de Monsanto, entre 1971 y 2014, esta empresa inscribió el 80 por ciento de las semillas del maíz del total de semillas que pudo certificar.
Como ustedes escucharon, una de las empresas productoras y patentadoras de productos para el campo, fertilizantes y agroquímicos con mayor poder monopólico en el mundo, que es Bayer, ejecutó la compra de Monsanto, casi igual de grande.
Con esto se ha generado un gigante en la comercialización de semillas, cuyas magnitudes e impactos no han sido capaces de calcular las autoridades de competencia económica. Lo que es cierto es que con la conformación de este monstruo de los monopolios los más afectados son los pequeños y medianos productores.
Es indudable que la falta de competencia en la agricultura ha traído buena parte de la devastación del campo mexicano. Es indudable también que esta falta de competencia se traslade en costos de castigo a los productores y altos costos de alimentos a todos los consumidores, que somos todos los mexicanos.
Lo que está en nuestras manos es generar mejores condiciones para los productores. Para la economía nacional esta propuesta que busca fortalecer la creación de empresas nacionales productoras de semillas será una herramienta de mayor utilidad. Primero, para traer competencia al mercado de semillas, a la agricultura y a la alimentación en su conjunto.
Segundo. Creará nuevas fuentes de empleo dedicadas a mejorar el futuro del campo desde el campo.
Tercero. Deberá ser el detonante para que el Estado vuelva a promover las participaciones de la iniciativa privada nacional y del mismo Estado en ramas tan importantes como la agricultura.
Queda mucho por hacer si no queremos que nuestro campo quede en el abandono y las tierras nacionales sean solo moneda de cambio para las industrias extractivas. Si queremos reimpulsar el crecimiento de México es indispensable retomar el crecimiento en las ramas primarias de la producción. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Alva y Alva.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Compañeras y compañeros legisladores, los saludo con afecto; pero saludo con más afecto a esas curules que están vacías. Es una señal negativa para el pueblo de México.
La fracción parlamentaria del Partido Verde votará a favor de este dictamen por una simple y sencilla razón. Tenemos que resolver la problemática que existe en nuestro país. Miren, el 94 por ciento de la producción de semilla que se concentra en nuestro país, lamentablemente la tiene un oligopolio de empresas privadas extranjeras como el caso de Monsanto, de origen alemán, de Syngenta de Suiza y dos empresas norteamericanas como es Hainer y Car Works. Éstas concentran el 94 por ciento y solamente el seis por ciento están en empresas nacionales y públicas.
¿Qué se pretende o qué pretendemos en la comisión con este dictamen? Primero, adecuar nuestro marco normativo para crear una red de conocimientos conformado primero por recursos humanos, pero también en segundo, con centros de enseñanza e investigación en el ámbito agropecuario.
Por ejemplo, aquí pueden participar y ayudar en mucho el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional reconocido por la OCDE en este ámbito, por la misma Universidad de Chapingo, por el Colegio de Postgrados, entre otros.
¿Cuáles son los beneficios, si nosotros aprobamos este dictamen? Primero, se van a impulsar la creación de empresas nacionales para que se dediquen a la producción y mejoramiento de semillas a efecto que puedan competir con mayores ventajas a estas empresas extranjeras. También, al haber mayor competencia en la producción de semillas lógicamente el productor podrá acceder a ellas, pues con precios menores, cumpliendo con la ley del mercado.
Número tres, se van a vincular a las instituciones de educación superior dedicadas al estudio de agricultura, pero ya en el ámbito agropecuario, abriéndoles un nicho de empleos a los egresados de esas instituciones, profesionalizándose la producción del principal insumo de los productos agroalimentario.
También traerá otro beneficio que es, que al controlarse la producción de semillas se va a dejar de depender de las empresas extranjeras, también se va a impedir la manipulación de precios y por ende los productores ya no van a estar a merced de la voracidad comercial de estos oligopolios que lamentablemente controlan en la actualidad el mercado.
Pero sobre todo –y lo venimos discutiendo en trabajos de comisión–, debemos de atender también un principio constitucional que es garantizar la soberanía agroalimentaria.
Para esto, nosotros en comisiones se ha fortalecido esta iniciativa de reforma al artículo 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas en nuestro país. Desde la historia, siempre México se ha caracterizado de tener soberanía en la producción de semillas. Recordemos el maíz.
Ya dejémonos de legislar para favorecer oligopolios de empresas de privados y, peor aun, de extranjeros. Los mexicanos tenemos la capacidad suficiente para crear empresas nacionales en beneficio de los productores de nuestro país, y también ayudando siempre a los pequeños productores de México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bernardino Vargas.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Presidencia saluda a integrantes del Telebachillerato número 59 de Atizapán de Zaragoza en el estado de México, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Felipe Reyes Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. La semilla en el campo es el inicio de la vida y un instrumento de transmisión de tecnología, innovación y desarrollo.
Como bien lo dice el diputado proponente en su iniciativa, la semilla es un ente vivo, lo que la hace notablemente sensible a su deterioro con consecuencias en los rendimientos de los cultivos.
Nuestro país ha tenido un déficit de semillas certificadas en cultivos básicos, de ahí la importancia de impulsar el acceso a las semillas de calidad y en cantidades suficientes.
El 85 por ciento de las semillas de maíz, son producidas en México, sin embargo el 95 por ciento de las semillas de hortalizas que utilizamos, son importadas.
Hoy en día en nuestro país se ofrecen más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos, de ahí su importancia. Por ello es necesario señalar la importancia de este dictamen pues los actuales canales de comercialización y distribución de las semillas de instituciones oficiales, universidades y algunos particulares, han sido coartadas en su natural salida al mercado por la falta de alianzas y capacidades de transferencia, por lo que los agricultores marginados y de bajos recursos, no tienen acceso a las semillas de alto potencial genético en sus parcelas.
Lo anterior a pesar de que el sector semillero genera un valor aproximado de mil 850 millones de dólares al año en el mercado nacional de semillas en nuestro país. Asimismo genera 100 mil empleos directos y 300 mil empleos indirectos, y además este proceso involucra un beneficio a 10 millones de agricultores mexicanos de manera directa.
Compañeras y compañeros, sin embargo continúa siendo un gran reto de producir semillas con calidad y en la cantidad requerida por los agricultores.
Debo subrayar que al inicio de la presente administración mucho se habló de la reactivación de los insumos estratégicos para el campo; se anunciaron convenios de concertación de Pemex con Sagarpa para producir fertilizantes; se anunció retomar la producción de semillas mejoradas, de ampliar y detonar las áreas de riego, incluso de una reforma integral para cambiarle el rostro al campo mexicano, y esto no ha sucedido.
Pero hoy tenemos una oportunidad de colaborar con el objetivo señalado por la presente administración, y para ello necesitamos alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
Por ello, en el PRD, apoyamos la postura del diputado proponente, de generar, impulsar y apoyar políticas públicas para reconvertir áreas productivas, producir nuestros propios alimentos, para atenuar nuestra dependencia alimentaria de otros países y a su vez que se incremente la actividad primaria con opciones de crecimiento reales.
Ese apoyo a los pequeños productores es una inquietud creciente debido a que el valor comercial, los mil 850 millones de dólares son controladas solamente por cinco empresas trasnacionales, es una realidad pues que existe una concentración de la producción del 94 por ciento en manos privadas, y desde luego de carácter internacional.
Por ello, consideramos conveniente lo que se suscribe por la dictaminadora al señalar que el Estado debe de brindar los apoyos suficientes para la conformación, para la consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas nacionales, y asimismo que éstos deben de dirigirse de manera exclusiva o, en su caso, prioritaria a las empresas de nuestro país.
Por ello, el Grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen reconociendo que el crecimiento de la producción agrícola está asociado con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Es claro que para fortalecer el sector agropecuario nacional, se necesita, además de fomentar las empresas nacionales, del apoyo a los pequeños agricultores con semillas mejoradas. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Reyes Álvarez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Con el permiso, diputado presidente. Para mí el día de hoy es un gusto estar aquí ante ustedes en esta tribuna. Hablando a favor de este dictamen que hoy analizamos y discutimos, que corresponde a una iniciativa que un servidor presentó.
Mis compañeros que me antecedieron lo comentaban muy bien, de la gravedad que tiene el campo mexicano y de qué debemos hacer nosotros, las diputadas y los diputados, para mitigar el rezago y el desequilibrio que sucede. Hoy tristemente, como bien lo decían ellos, el 94 por ciento de las semillas de este país son importadas y son manejadas solamente por 5 empresas.
Hoy vemos, y hace un ratito lo platicábamos con el diputado Telésforo, algo que en el país vecino del norte el presidente electo está queriendo hacer para proteger a las empresas de su propio país imponiéndoles una tarifa de un 33 por ciento a aquellas empresas que quieran salir de su país o aquellas empresas que quieran sacar esa inversión.
¿Y nosotros, como mexicanos, qué estamos haciendo por nuestros agricultores? ¿Qué estamos haciendo por esos 25 millones de mexicanos que menos tienen, que menos pueden y que menos saben?
Hoy queremos que esta iniciativa lleve esa transferencia de tecnologías a esas instituciones que le han dado gloria también a este país, a la UNAM, al Politécnico, a la Narro, a Chapingo, al Colegio de Posgraduados, a estas instituciones agrarias que se han dedicado a la investigación durante muchos años para que nuestro país, para que nuestros agricultores tengan las condiciones adecuadas para poder generar.
Pero les hace falta el instrumento, les hace falta ese vehículo de cómo poder llegar a esa transferencia de tecnología. Y, si vemos cómo todos esos países, si vemos el ejemplo del país vecino del norte, lo que está haciendo, qué haremos nosotros hoy para proteger a nuestros agricultores.
Es triste saber que cada tres años los que provenimos de un distrito agrícola y rural siempre escuchamos al productor que nos dice: nos venden el insumo caro y vendemos la cosecha barata. Siempre. Y siempre todos decimos. Vamos a hacer todo lo posible por poder mitigar o para poder contrarrestar esa situación.
Hoy esta es una oportunidad que tenemos, es un granito de arroz que tenemos que aportar nosotros, esta soberanía, para que la investigación que ya desarrollan nuestras instituciones pueda ser incentivada y que pueda haber la creación de esas empresas nacionales para que pueda desarrollarse la investigación y, sobre todo, poner en marcha aquellas semillas que son propicias para el desarrollo del campo mexicano.
Muchas veces importamos semillas que fueron desarrolladas en Argentina, en otros países que sus condiciones son totalmente distintas a las que tenemos en nuestro país. Hoy por eso quiero agradecer a la Comisión de Agricultura, al diputado Escobar, a los integrantes de esta comisión, por atender el llamado de esta iniciativa que presentó un servidor a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
Hoy quiero agradecer y dar gracias también a esa visión que el Grupo Parlamentario del PAN está teniendo para poder mitigar este tipo de cuestiones, y agradecer al presidente, a los diputados y a toda esta soberanía por estar en consonancia con quien menos tiene, menos puede y menos sabe, que son los agricultores de nuestro campo mexicano. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado José Erandi Bermúdez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Más allá de los colores, de las identidades partidistas, hay que reconocer que somos capaces en esta asamblea de ponernos de acuerdo cuando se trata de que le vaya bien a México.
Sin importar qué tan urbana sea nuestra vida, todos vivimos de la agricultura. Esta es la riqueza más emblemática de la nación, pues es fruto de las bondades de su tierra y del trabajo de sus hijos.
Convencidos de que no existe mejor cosecha que la sembrada en casa, los priistas , que hablo a nombre de este Grupo Parlamentario al que pertenezco, tenemos como objetivo prioritario impulsar una política de Estado para robustecer el campo nacional, que impulse la soberanía nacional y seguridad agroalimentaria y nutricional; armonice el marco legal e institucional con capacitación, organización, infraestructura, fomento productivo y financiamiento para un desarrollo sustentable, así como fomento de la producción nacional de semillas y fertilizantes.
México, amigas y amigos, es cuna de alimentos como el maíz, como el frijol, como el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao, que son hoy en día ya parte de la dieta de muchos hombres y mujeres no solamente de nuestro país, sino del orbe.
Nuestra nación, y quiero compartirles algunos datos que me parecen importantes, tiene prácticamente 22 millones de hectáreas cultivables y es el sexto país con mayor número de tierras fértiles. Sin embargo, y aquí lo hemos escuchado en cada una de las intervenciones que me han antecedido, el 94 por ciento de la semilla original se concentra en empresas privadas...
... de la semilla original se concentra en empresas privadas y solo el 6 por ciento es el que aporta el sector público. Además, la semilla original solo se produce en cinco instituciones nacionales y los sectores público, privado y social son los encargados de multiplicar, disminuirla y venderla.
En este contexto, compañeras y compañeros, debemos impulsar que más empresas e instituciones mexicanas sean productoras y distribuidoras de semillas y apoyar a las que ya existen con más financiamiento público para el desarrollo, investigación y producción para estar a la vanguardia.
Comprometidos con consolidar un campo más justo, productivo, competitivo, rentable y sustentable, el presidente Enrique Peña Nieto transformó la otrora Secretaría de la Reforma Agraria en la Sedatu, a la cual se le asignaron criterios enfocados al ordenamiento territorial y al desarrollo sustentable. Eso fue más que un solo cambio de siglas.
México registró entre enero y agosto de este año un superávit agroalimentario por 2 mil 143 millones de dólares en su balanza comercial con el mundo.
Hoy, amigas y amigos, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron este año 19 mil 174 millones de dólares. Un aumento del 4.9 por ciento, y ya se ubican, además, por encima de otros ingresos como el petrolero y las remesas.
Por otro lado, vale la pena recordar y a través de los medios de comunicación, que las diputadas y los diputados aprobamos hace apenas unos días un Presupuesto de Egresos para el próximo año, que invertirá 318 mil 900 millones de pesos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Otorgará incentivos económicos a productores, con base en la productividad, por 8 mil 439 millones de pesos.
Incrementará en 5 mil 100 millones de pesos más de lo previsto para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento del sector agrícola. Como se advierte, estamos robusteciendo al campo.
Sin embargo, prevalece, amigas y amigos, la necesidad de mejorar la calidad, sobre todo de la alimentación y el incremento de la producción agrícola. Dicha situación evidencia la urgencia de tecnificar al campo. Este concepto que también hemos escuchado en las voces anteriores y de capacitar al productor, particularmente al que menos tiene.
Para la agricultura la semilla representa un insumo estratégico, indispensable para generar productos de calidad, pues este es el sustento de cualquier producción agrícola.
En suma, amigas y amigos, el dictamen que hoy aprobaremos robustece la seguridad alimentaria y permitirá que las empresas mexicanas dedicadas a la producción de semillas compitan, en igualdad de condiciones, frente a las extranjeras.
Para terminar, los diputados y las diputadas que tenemos un origen en el campo, que gracias a esos hombres y mujeres estamos aquí, por eso vale la pena recordar que todo lo que convenga en retribuirle todo lo que nos ha dado el campo, de legislar a favor del sector primario de México será muy importante, será una deuda que se cumple en materia de justicia social.
Los desafíos del país y particularmente ante el escenario internacional y en la relación binacional con los Estados Unidos, hoy nos recuerda la importancia de ser competitivos y de ser más justos con el campo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, quien hará uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Dentro de los insumos estratégicos para las actividades agrícolas, como lo son, el agua, la tierra, los fertilizantes, el trabajo humano, las semillas, todos estos elementos tienen un carácter primordial, pero sin semilla no hay agricultura, no hay producción de alimentos ni de materias agrícolas.
Justamente por ello, una de las peores decisiones del Estado mexicano, en estos tiempos neoliberales, fue cancelar la producción de semillas por el sector público, junto, además, con la producción de fertilizantes, la cancelación de créditos y el desmantelamiento de la infraestructura del sector agropecuario, todo lo cual nos ha llevado al drama humanitario que vive el campo mexicano y a la insuficiencia alimentaria en que se encuentra el país al importar más del 40 por ciento de los alimentos que consumimos.
Al inicio de la presente administración mucho se habló de la reactivación de los insumos estratégicos para el campo. Se anunciaron convenios de concertación de Pemex con la Sagarpa para producir fertilizantes, de retomar la producción de semillas mejoradas, de ampliar y detonar las áreas de riego e incluso, de una reforma integral para cambiarle el rostro al campo mexicano. Todo quedó en promesas.
Sin embargo, en nuestra opinión, el giro que han tomado los acontecimientos mundiales y en México con la elección de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de América y sus declaraciones de romper el Tratado de Libre Comercio, en cuanto tome posesión, según él, se abrirá un nuevo paradigma para el campo mexicano, al margen del giro concreto que tomen las negociaciones sobre el TLCAN y sin menoscabo de considerar otros mercados internacionales, lo cierto es que a México se le presenta la oportunidad histórica para corregir el modelo orientado a las exportaciones y redirigir nuestro desarrollo a fortalecer el mercado interno y el apoyo del productor nacional, especialmente a los millones de pequeños productores.
Por ello tiene relevancia el dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego que ahora discutimos. Se trata de reformar la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas para poner el énfasis de fomentar y proteger por el Estado a empresas semilleras y redes de conocimiento de carácter nacional, ya que el panorama que tenemos actualmente en el mercado de semillas mantiene a las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, de simples peones de los grandes consorcios agroindustriales.
En efecto, de acuerdo con los datos de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, actualmente el mercado de semillas de México tiene un valor comercial de mil 850 millones de dólares y lo controlan cinco grandes empresas: Monsanto, Syngenta, Bayer, Pionner y Dow AgroSciences.
Por eso, nosotros en el Grupo parlamentario del PRD vamos a favor. Vamos a favor porque tenemos que seguir incentivando la producción, porque tenemos que seguir apoyando a los pequeños productores y porque tenemos que darle oxígeno al campo mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Barón Ortiz.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a integrantes de la Universidad Humanitas y Colegio Holandés de Los Reyes, La Paz, en el estado de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Igualmente, saludamos a alumnos del bachillerato del Instituto Metropolitano de Monterrey, del estado de Tlaxcala, invitados por el compañero diputado Juan Corral Mier. Igualmente bienvenidas, bienvenidos.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 404 votos a favor, sin votos en contra, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 4o. y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo
Primero. En razón de que el ciudadano Miguel Yunes Linares, solicitó licencia para ejercer el cargo de diputado federal a la LXIII Legislatura, por el Partido Acción Nacional, electo en la tercera circunscripción plurinominal y ha protestado como gobernador constitucional del estado de Veracruz, por lo que se infiere que no regresará a ocupar dicho cargo por el tiempo que resta de la Legislatura.
Y que por su parte, el ciudadano Enrique Pérez Rodríguez, diputado suplente ha solicitado licencia para dejar de ejercer el cargo de diputado federal y ha informado formalmente que no regresará a ocupar el cargo, se considera vacante dicha fórmula, por lo que resulta necesario actuar conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice lo siguiente:
La vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertos por la fórmula de candidatos del mismo partido que sigue en el orden de la lista regional respectiva después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.
Así como de conformidad con lo señalado en el artículo 23, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice lo siguiente
Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.
De igual forma, el artículo 11 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece: Las vacantes de diputados o diputadas electos por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, se cubrirán conforme a lo dispuesto en la Constitución en sus artículos 63, primer párrafo y 77, fracción IV.
Segundo. Dese cuenta al Instituto Nacional Electoral a efecto de que dicho órgano constitucional autónomo informe a esta soberanía de la fórmula de candidatos que sigue en el orden de la lista regional de la tercera circunscripción plurinominal del Partido Acción Nacional, para efectos de que los miembros de dicha fórmula puedan ser llamados a ocupar el cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura.
Tercero. Notifíquese a los ciudadanos Miguel ángel Yunes Linares y Enrique Pérez Rodríguez.
Cuarto. Comuníquese a los grupos parlamentarios representados en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Quinto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Firman los integrantes de la Mesa Directiva.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Secundaria Técnica número 7 de Colón, Querétaro, invitaos por el amigo y compañero diputado Hugo Cabrera Ruiz. Bienvenidas y bienvenidos.
Saludamos a los alumnos de 4o., y 5o., año de la Escuela Primaria Federal licenciado Adolfo López Mateos, invitados por el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín. Bienvenidas, bienvenidos.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto. Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 395 votos a favor y ningún voto en contra, presidente. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, presentamos el presente dictamen con proyecto de decreto en sentido positivo de las iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En primer lugar, quiero agradecer a nombre de la comisión y reconocer el gran trabajo de las diputadas proponentes, me refiero a mis compañeras Gloria Hernández, Yarith Tannos y Lia Limón, por ese compromiso indiscutible en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Las comisiones dictaminadoras reconocemos que la vigencia y el respeto de los derechos humanos de las mujeres es el reto más grande del Estado mexicano, reconocemos también que hay diferentes esfuerzos para asegurar la plena protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, en nuestro país aún las mujeres y las niñas siguen viviendo acciones de discriminación y de violencia en su contra.
La Convención Belém do Pará establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sin embargo en el Estado mexicano tenemos grandes tareas todavía por cumplir. Tenemos que asegurar que las mujeres tengan precisamente el pleno derecho para vivir una vida libre de violencia y que las autoridades conocedoras de cualquier acto de violencia o de abuso en contra de las mujeres actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres.
No obstante que el Estado mexicano ha avanzado en diferentes marcos jurídicos para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, aún seguimos viendo cómo diariamente son asesinadas en nuestro país 7 mujeres por el simple hecho de ser mujeres, seguimos viendo cómo año con año la cifra estadística de violencia en contra de las mujeres reconoce que 6 de cada 10 mujeres en este país sigue siendo víctima de violencia en cualquiera de sus modalidades y en cualquiera de sus diferentes tipos.
También reconocemos que cada año se presentan casi 1 millón de casos de violencia sexual en contra de mujeres y en contra de nuestras niñas. El acceso a la justicia sigue siendo la gran deuda que tenemos las mujeres mexicanas y que el Estado mexicano debe garantizar para nosotras.
El día de hoy sometemos a consideración de esta máxima tribuna del país un dictamen que contiene cuatro iniciativas en este mismo dictamen, las cuales tienden a reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a un vida Libre de Violencia; en específico la fracción III del artículo 17, el último párrafo del artículo 28 y el último párrafo del artículo 31; así como diversas también disposiciones que se reforman del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta reforma destacamos lo siguiente:
En primer lugar se faculta al Ministerio Público para que, de manera oficiosa, pueda emitir las órdenes de protección y de emergencia para proteger la vida de las mujeres, sin requerir ninguna autorización judicial y sin que esto prive de la posibilidad de también poder en su momento establecer alguna medida de protección o providencia establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En segundo lugar, se fortalece la información del Banco Nacional de Datos. De esta manera contaremos con información oportuna, de acuerdo con los tipos de órdenes de protección, y también el seguimiento de las mismas, y el incumplimiento de las mismas órdenes de protección.
Modificamos. Este punto es muy importante, modificamos la temporalidad de las órdenes de protección, y pasan de tener una vigencia de 72 horas para cumplir con un requisito que establece el Comité de Expertas de la CEDAW y que fue una obligación del Estado mexicano, las órdenes de protección cambian su temporalidad y de 72 horas pasan con una vigencia hasta que las víctimas dejen de estar en riesgo.
Asimismo, se establece que las mismas deberán expedirse de manera inmediata y como máximo en un transcurso de seis horas, como máximo, pero lo principal de esta reforma es que precisamente la temporalidad de órdenes de protección garantizará la protección de la vida de nuestras mujeres.
En cuanto a la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, aumenta la vigencia de las diferentes medidas precautorias, estableciéndolas de 60 a 90 días, así como la posibilidad de prórroga de 30 días más en caso de que aún subsista la causa que le dio origen a esta medida.
También se establece que el Ministerio Público actuará de manera inmediata sin necesidad de que la víctima u ofendido solicite alguna medida cautelar. Asimismo, se establece en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que para cualquier delito cometido en contra de las mujeres por razones de género, habrá de aplicarse de manera supletoria los criterios que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Compañeras y compañeros diputados, con este dictamen damos respuesta no solamente a las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW que le hizo al Estado mexicano, estaremos también garantizando la actuación de manera adecuada de las diferentes autoridades para asegurar que las mujeres en México que sufren violencia, tengan las debidas actuaciones de parte de las diferentes autoridades, asegurando también la diligencia correspondiente en cada una de las diferentes actuaciones.
También cabe destacar que es muy importante en este dictamen. Fortalecemos la base de datos del Banco Nacional de Datos de órdenes de protección, en específico por ejemplo el tipo de órdenes de protección y sobre todo también en su momento los diferentes incumplimientos de las diferentes órdenes de protección.
Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Justicia solicitan su voto a favor de este dictamen, de que es un voto a favor de la vida de las mujeres y un voto a favor para erradicar de una vez por todas la violencia en contra de la mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Plascencia Pacheco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, para los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la protección de las personas en condición de mayor vulnerabilidad es una prioridad.
Para abordar el dictamen que hoy nos ocupa debemos estar conscientes de la situación que muchas mujeres viven, al presentar una denuncia por violencia, la que además de sentirse desprotegidas perciben dilatoria y, en muchos casos, inútil la actuación de la autoridad cuando son violentadas.
El objeto del dictamen a discusión es impedir que se presente un daño irreparable. Para ello se requieren medidas efectivas, expeditas y oportunas.
Nuestro marco jurídico prevé medidas de protección para aquellas mujeres que han decidido denunciar los abusos y maltratos de que han sido objeto e iniciar el procedimiento penal correspondiente. Sin embargo, cuando denuncian para que el Ministerio Público pueda aplicar medidas de protección, este debe solicitarlas a la autoridad judicial. En tanto ello ocurre, se deja desprotegida a la víctima, quien puede ser objeto de nuevas agresiones, que puedan llegar a generarle incluso hasta la muerte.
Ahora bien, aun cuando la resolución judicial otorga la medida de protección al tener una duración limitada por 72 horas, se puede repetir sistemáticamente por falta de protección.
Por tratarse de actos de urgente aplicación por encima del control judicial sobre los actos del Ministerio Público debemos privilegiar la protección oportuna de las víctimas de violencia.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, y para dar cumplimiento a la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Encuentro Social votará a favor de este dictamen, en el que se prevén las siguientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Primero. Complementar el Banco de Datos sobre órdenes de protección, ya existente, con los datos de víctimas, las personas sujetas a ellas, el tipo de orden, así como el seguimiento e incumplimiento del caso, con pleno respeto a lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Segundo. Que las órdenes de protección de emergencia y preventivas se emitan como máximo durante las siguientes seis horas al conocimiento de los hechos y que duren hasta que la víctima de violencia deje de estar en riesgo.
Tercero. Facultar al Ministerio Público para que de oficio, es decir, sin necesidad de autorización judicial, dicte las órdenes de protección al efecto.
Ahora bien, en cuanto a la propuesta de reforma al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dictamen resuelve, con gran tino.
Primero. Establecer como duración máxima de medidas de protección y providencias precautorias 90 días, prorrogables hasta por 30 días más y que de subsistir el riesgo podrá prorrogarse hasta por un plazo igual, con miras de ejercer la acción penal, sin regatear el reconocimiento al acierto. Se antoja deseable decir, si dicho plazo denominado igual equivale a 90, 30 o a 120 días.
Segundo. Asimismo, la reforma también establece, acertadamente, que tratándose de delitos que por razón de género se aplique de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, finalmente.
Tercero. Que el juez que conozca de un caso de violencia contra las mujeres en el Ministerio Público o a la víctima, no hubieran solicitado la medida cautelar alguna. Se debería emitir la orden de protección preventiva de emergencia a que haya lugar.
Por lo anteriormente expuesto, Encuentro Social votará en pro del dictamen que abonará a la vida libre de violencia, sea una vivencia que fortalezca nuestro tejido social. Es todo y es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Garzón.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas.
El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es fijar de manera explícita en la norma la obligación del Ministerio Público para dictar las medidas de protección, de emergencia y previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin necesidad de autorización judicial en los casos donde haya un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de las mujeres.
El artículo 1 de nuestra Carta Magna incluye, entre sus preceptos, la discriminación por motivo de género. México es signatario y parte de muchos tratados, convenciones y acuerdos internacionales que buscan erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Entre ellos se puede mencionar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, más conocida como Conferencia de Beijín.
También existe legislación nacional al respecto. Basta mencionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, entre otras.
A pesar de esto, la violencia contra las mujeres sigue siendo una situación común a nivel mundial. Y lamentablemente, nuestro país ocupa un lugar preponderante.
Nuestro sistema jurídico contiene diversas disposiciones que contemplan diferentes tipos de medidas para proteger a las mujeres. Una vez que se ha iniciado un procedimiento penal o cuando éstas han acudido a alguna autoridad a poner en conocimiento los abusos de que han sido objeto.
Sin embargo, en la acción cotidiana para aplicar una de esas medidas de protección por parte del Ministerio Público, es preciso acudir ante la autoridad judicial para solicitarlas.
Lo anterior no solo implica un penoso trámite sino que se convierte en una acción disuasiva y evita que la víctima acuda ante la autoridad, quedando a merced de su agresor.
Es por esta razón que el dictamen que estamos discutiendo propone que el Ministerio Público dicte oficiosamente cualquiera de las órdenes de protección preventivas o de emergencia, sin necesidad de autorización judicial previa o posterior y sin perjuicio de que pueda sustituirla por alguna medida de protección o providencia precautoria prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
También es común que las solicitudes hechas por el Ministerio Público sean negadas por la autoridad jurisdiccional o que pese a ser dictadas, su duración sea limitada, lo que hace que la víctima quede sin protección. Precisamente para romper este círculo vicioso es que se pretende mediante esta reforma que si subsistiere la causa que dio origen a la medida o providencia detectada, esta podrá prorrogarse hasta por un plazo igual durante el cual el Ministerio Público procurará ejercer la acción penal correspondiente y en su oportunidad solicitar la medida cautelar que corresponda.
Las cifras de violencia contra las mujeres en nuestro país son escandalosas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 10 por ciento de las defunciones de mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años registradas durante 2015 fueron por homicidio, lo que significa que fueron la primera causa de muerte en este grupo de edad.
De 2013 a 2015 se estima que fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. Es urgente poner alto a esta violencia, para ello se requiere dotar al Ministerio Público para que actúe de oficio en estas situaciones.
En Nueva Alianza estamos comprometidos a terminar con la impunidad, por ello coincidimos con el texto propuesto por la dictaminadora. Digamos no a la violencia contra las mujeres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Méndez Salas.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Candelaria Ochoa Ávalos.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Compañeras y compañeros diputados, ya se ha dicho aquí las bondades de la iniciativa que se presenta hoy y creo que es muy importante no solamente proponernos que las órdenes de protección se actualicen en el Banco Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Yo presenté aquí un punto de acuerdo en ese sentido. También la diputada está presentando la iniciativa y hoy la dictaminamos. Pero quiero decirles, que el viernes pasado en la reunión del Instituto Nacional de las Mujeres en la junta de gobierno, discutimos ampliamente que el propio presidente, considera que este banco no nos está sirviendo a las mujeres, y no nos está sirviendo porque las procuradurías no lo actualizan y por qué no tenemos datos certeros. Desde 2013, el Banco nacional contra la Violencia ha sido un banco que no se alimenta, que no se actualiza, que no se retroalimenta.
Por eso es que el viernes propusimos en la Junta de Gobierno, una revisión de este Banco nacional contra la Violencia, porque las órdenes de protección deben ser una prioridad, porque como bien se dice, no solamente debemos fortalecerlo sino precisamente las órdenes de protección tenemos que tenerlas en ese banco para garantizar que cualquier mujer que haya presentado o que se le haya extendido una orden de protección, no se muera; que garanticemos que esa mujer tenga su vida protegida.
Y es preocupante lo que les voy a decir, porque de 2011 a la fecha los homicidios de los hombres han bajado, lo cual está muy bien, pero los de las mujeres aumentaron. Ya aquí se ha dicho, todas las mujeres que han vivido violencia, cuántas mujeres mueren al día en este país y no quisiera abundar en eso sino decirles que las órdenes de protección son un mecanismo que ya existen, pero que necesitamos que se fortalezcan.
En ese sentido, uno de los primeros elementos de reacción debe ser poder avanzar en la prevención de la violencia de género y el feminicidio, por eso cualquier mujer que tenga una orden de protección debe garantizársele la vida. Por desgracia en la legislación actual la violencia contra las mujeres todavía se considera un problema doméstico, un problema privado y sin embargo tenemos que generar acciones públicas y privadas para que la protección se garantice de antemano.
Agilar las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia es imperante, pues actualmente hay una serie de procedimientos que complican la eficacia y protección y hace que las mujeres estén en una condición vulnerable. Urge, que las principales quejas de las mujeres son en muchos casos la negligencia o el exhorto de los propios Ministerios Públicos, a decirles que no continúen con la denuncia.
Por ello no solamente tenemos que garantizar ministerios públicos sensibles, sino que ya deben estar capacitados precisamente para garantizar la vida libre de violencia de las mujeres. En ese sentido, necesitamos agilizar los trámites para eliminar las barreras administrativas y obligar a los ministerios públicos a declarar las órdenes de protección.
Una parte de las formalidades tienen que ver con la burocracia, pero la iniciativa precisamente lo que permite es que en ese escenario se coadyuve de mejor manera para la protección de las víctimas.
Los hombres que violentan a las mujeres en su casa, en las escuelas, en la calle, en la comunidad, no son bienvenidos. La violencia es una práctica de poder y debemos generar ejercer un comportamiento cultural y social para el cambio de conductas violentas.
Por eso, el proceso de este comportamiento tiene que ver con garantizar y ampliar la protección de las mujeres, pero con que los hombres tomen conciencia que la violencia no es bienvenida, que la violencia no es una forma de trato, sino de maltrato hacia las mujeres.
Los diputados y las diputadas ciudadanas vamos a favor de esta iniciativa que nos parece muy importante. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Irma Rebeca López López.
La diputada Irma Rebeca López López: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Erradicar la violencia contra las mujeres es nuestro deber.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, en el marco de su periodo de sesiones de 2014, hizo la recomendación número 16 del gobierno de México con respecto a las medidas de protección para las mujeres que en su inciso establece: “Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantiza que las autoridades pertinentes sean sensatas de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan al riesgo de adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo”.
Este dictamen recoge esta preocupación y da un paso adelante para la protección de las mujeres que sufren violencia. Las reformas presentadas pueden salvar la vida a muchas de ellas, al incluir modificaciones alargando la duración de las medidas precautorias, a su vez disminuyendo el tiempo expedido de las órdenes de protección de emergencia.
También ayuda a la solución del problema que actualmente se presenta en cuanto a la falta de base de datos, que son necesarias para el debido análisis de la problemática con los que se pueda legislar sobre fundamentos claros; contar con una base de datos confiable sobre las órdenes de protección, ayudará al reconocimiento de la problemática y al mejoramiento de la política gubernamental.
Otra de las modificaciones importantes de este dictamen es que las órdenes de protección podrán ser dictaminadas por el Ministerio Público, sin necesidad de autorización judicial previa y posterior.
Las medidas precautorias deben de ser de urgente aplicación, ya que las mujeres que sufren el daño físico o las amenazas se encuentran en riesgo latente. Sin duda estas medidas ayudarán a dar celeridad a las medidas y a las providencias precautorias que tanto se necesitan para que las mujeres que sufren violencia sean protegidas y así disminuirá el riesgo de seguir siendo el blanco de agresión física que la pueden llevar a la muerte.
Es por esto que en Morena votaremos a favor de este dictamen. En esta Cámara debemos de actuar con sensatez por este seguimiento demandando la salida del licenciado Miranda, por ejercer violencia contra nuestra compañera, la diputada Araceli Damián. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada López López.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos la diputada Lia Limón García.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, presidenta. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación grave de derechos humanos y lamentablemente las cifras de violencia son altas, y es una práctica socialmente extendida.
En México, de acuerdo con el Inegi, seis de cada 10 mujeres han sido en algún momento víctimas de violencia, han experimentado violencia, y a menudo, lamentablemente en manos de personas conocidas, de personas queridas, y en muchas ocasiones en manos de su pareja sentimental. Incluso, los homicidios que llegan a dar contra mujeres, muchas veces son en manos de la pareja sentimental.
Aunado a lo anterior, muchas mujeres no solamente son víctimas de violencia por parte de individuos, sino que además cuando por fin se deciden a denunciar, son revictimizadas por las instituciones, y son revictimizadas de diversas formas: en el trato que reciben por parte de las autoridades, la falta de capacitación de los operadores para manejar los asuntos con perspectiva de género, a pesar de los protocolos que hoy hay existen en la materia, o porque las autoridades son lentas en su actuación y no toman en cuenta que cuando una mujer acuda a denunciar violencia doméstica, tanto su integridad como su vida corre peligro.
El combate a la violencia en contra de las mujeres es una tarea que requiere esfuerzos transversales multidisciplinarios e interinstitucionales.
Por ello aplaudo que hoy estemos discutiendo en esta sede legislativa este dictamen, y agradezco el impulso puesto por la diputada Laura Plascencia, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y por el diputado Álvaro Ibarra, para que estas iniciativas se dictaminaran, que contienen reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de dotar de mayor efectividad y tutela las medidas precautorias de protección en favor de las mujeres.
La reforma tiene por objeto que, cuando exista un riesgo inminente contra la vida o integridad o libertad de las mujeres, las autoridades que intervienen durante el procedimiento penal pueda dictar las medidas de manera oficiosa.
Así, durante la investigación y de manera inmediata que se hace una denuncia, el Ministerio Público podrá dictar las medidas de protección de emergencia y preventivas, sin tener que esperar la orden judicial que hasta hoy se tenía que esperar, aunado a que el juez pueda dictarlas de manera oficiosa, cuando ni la víctima ni el Ministerio Público lo hubiesen solicitado, pero el juzgador identifique que existe riesgo.
Es verdad que actualmente en los ordenamientos, materia de esta reforma, existen disposiciones legales en que se prevén diversos tipos de medidas de protección. Sin embrago, no basta con establecer un listado de medidas de protección, se requiere de manera necesaria y urgente que estas medidas de protección se puedan dar en tiempo oportuno. Y las reformas que hoy estamos discutiendo justamente van enfocadas a que estas medidas se puedan dar de manera oportuna.
Y justamente esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, porque el tiempo que transcurre –en que una mujer va y denuncia, y el juez conoce del caso y dicta una medida de protección– puede ser el tiempo en que la mujer puede perder la vida. Que el Ministerio Público pueda dictar esta medida sin la necesidad de esperarse a que lo haga el juez puede sin duda alguna salvar su vida y salvar su integridad.
Por otro lado también son reformas que establecen que las órdenes de protección se puedan dar por un tiempo más amplio; porque el tiempo que estaba establecido hoy en la ley es un tiempo muy limitado, que impedía que estas reformas pudieran durar el tiempo necesario garantizando la seguridad de la mujer.
Y, por último, la reforma que tiene que ver con la iniciativa propuesta por la propia diputada Laura Plascencia, de fortalecer la información del Banavim, que es el Banco de Datos de Violencia contra las Mujeres, para que sirva y sea útil para todo el país, para hacer políticas públicas en la materia. Necesitamos información exacta y precisa para poder trabajar en la construcción de políticas públicas.
Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, toda vez que abona al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las mujeres. Como impulsora de la iniciativa materia del dictamen que hoy se discute, una de ellas porque estamos dictaminando varias, solicito a ustedes sumen su voto para contribuir a la creación de un marco jurídico que se constituya en una herramienta eficaz para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sólo en la medida en que los derechos humanos de las mujeres se protejan, se castigue a los perpetradores y se dote a las mujeres de servicios que ayuden a reconstruir su vida y se les otorguen medidas efectivas de prevención y de protección temprana, se podrá combatir de manera efectiva y frontal la violencia de género. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Lía Limón García. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de alumnos de la escuela preparatoria de educación medio-superior, Distancia Número 27, de Río Verde, San Luis Potosí, invitados por la diputada Fabiola Guerrero Aguilar. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
De igual forma, saludamos la presencia de la escuela primaria Daniel Cosío Villegas, de la colonia Zapotitlán, invitados por el diputado Raymundo Martínez Vite. Sean ustedes de igual forma bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Hortensia Aragón Castillo.
La diputada Hortensia Aragón Castillo: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, el dictamen que pone hoy a consideración este pleno deviene del trabajo conjunto de la Comisión de Igualdad de Género y de la Comisión de Justicia.
Tienen por objeto el contenido de este dictamen salvaguardar la vida de las mujeres en México, y cuando uno usa esa frase, salvaguardar la vida de las mujeres en México, tiene que remitirse a las estadísticas y preguntarse por qué ambas comisiones consideraron importante dictaminar al respecto.
Yo me congratulo de que lo hayan hecho así, y felicito la sensibilidad que muestran al reconocer que efectivamente mientras pareciera, aunque sea de manera muy leve, que la violencia o los asesinatos de hombres disminuye, en sentido inverso, en los últimos cuatro años la violencia hacia las mujeres que genera la muerte de estas ha aumentado en el 46 por ciento.
No son palabras menores, la verdad estamos ante un problema que ni siquiera es un problema que tengamos que estar expresando de manera exclusiva las mujeres en este recinto. Es un problema que tiene este país de brindarle seguridad a la mitad de la población que habita aquí.
Por supuesto que las medidas que el dictamen ha venido tomando para reformar los instrumentos que hacen posible que se sea más eficaz, deben ser reconocidos. Si hemos dicho en otras ocasiones que cualquier cosa que se haga en el sentido de beneficiar a las personas es importante para esta Cámara, con mucha más razón es importante cuando se trata de la vida, que es el valor supremo que debemos estar defendiendo.
Es por ello que nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estará votando a favor este dictamen. Dictamen que adiciona una fracción III al artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el restablecimiento de eso que se ha dicho, un banco de datos que concentre la información relativa a la emisión de medidas precautorias, con el objeto de que las autoridades posean los insumos necesarios para el establecimiento de políticas públicas eficientes, que permitan el abatimiento de estos altos índices de violencia.
Asimismo, en el dictamen que se nos presenta, se reforma el último párrafo del artículo 28, estableciendo la temporalidad de la vigencia de las medidas de protección, que era de 60 días para subir a 90 días como máximo. Se deberá dictar en ese plazo la protección que no exceda de seis horas para las víctimas, y las modificaciones que se ponen a nuestra consideración para el artículo 31, se pretende facultar al Ministerio Público para que pueda dictar las medidas de protección que considere adecuado de oficio, sin necesidad de obtener para ello la autorización judicial, haciendo con ello más ágil la protección de las mujeres víctimas de la violencia.
En una segunda parte, este dictamen propone la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la ampliación de la vigencia de las medidas de protección a las víctimas a 90 días en vez de los 60 que contempla en la actualidad.
Adicionalmente, se faculta al Ministerio Público para que pueda prorrogar hasta por otros 90 días esta medida precautoria, y en el caso de los delitos por razón de género, en consonancia con las modificaciones anteriores, se establece su atemporalidad al establecer la supletoriedad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Y por último, en las modificaciones que se proponen para el artículo 154, se establece la facultad del juez para poder dictar medidas de protección, aun cuando no hayan sido solicitadas por la víctima o el Ministerio Público, en los casos de violencia contra las mujeres.
Este dictamen, por supuesto, que prevé muchas de las cosas que aquí se han presentado, como elementos que eran deficientes en la aplicación de la justicia oportuna, pronta y expedita, y por ello, el Grupo Parlamentario del PRD hace la invitación para que pueda este pleno pronunciarse a favor del mismo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Aragón Castillo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Patricia García García.
La diputada Patricia García García: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros, en Acción Nacional cuando hablamos de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sabemos que con ello no se trata únicamente de acciones para dar a conocer cuáles y cuántos son los derechos de las mujeres, su naturaleza y fundamento, sino, sobre todo, de instituir mecanismos seguros para garantizarlos, para impedir que sean continuamente violados.
En este sentido que Acción Nacional reconoce la relevancia de la propuesta, que se propone a disposición del pleno, a través del dictamen que hoy se discute, ya que la misma tiene como principal propósito consolidar la efectividad de uno de los mecanismos más importantes para la protección pronta y expedita de las mujeres víctimas de violencia, que se han instituido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hablamos de las órdenes de protección de emergencia y preventivas.
Éstas son medidas de protección y providencia precautoria y tienen por objeto el proteger a las personas de daños irreparables frente a situaciones de gravedad y urgencia.
Así, a través del dictamen que se pone a consideración en este pleno, se proponen reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales con los siguientes objetivos:
Especificar algunos contenidos concretos que deben de tener el banco de datos sobre las órdenes de protección de las personas sujetas a ella, por ejemplo, datos de la víctima, el tipo de orden, el seguimiento e incumplimiento de las mismas, todo con estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Materia de Datos Personales.
Establecer que la temporalidad de la orden de emergencia y preventiva estará sujeta a su exposición al riesgo y que deberá expedirse en el transcurso de las seis horas siguientes al conocimiento de los hechos que la generen.
Instituir que el Ministerio Público tendrá la facultad de dictar oficiosamente las órdenes de protección preventivas o de emergencia sin necesidad de autorización judicial previa o posterior, sin perjuicio de que pueda sustituirla por alguna medida de protección o providencia precautoria de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señalar que en casos de violencia contra las mujeres, si el juez advierte algún riesgo para la víctima ofendida, deberá emitir alguna orden de protección preventiva o de emergencia prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Como se observa, todas las propuestas van en sentido de dotar de mayor seguridad jurídica a las mujeres víctimas de violencia, cuya integridad física, psicológica, libertad y seguridad se encuentren en grave riesgo.
Para Acción Nacional, indudablemente, la justicia debe tener un lugar central en los esfuerzos destinados a ayudar a las mujeres a convertirse en socias igualitarias en la toma de decisiones en el desarrollo del país.
Reconocemos que sin justicia ellas carecen de representación y poder y no ocupan el lugar que les corresponde por derecho.
Es por eso que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se votará por la aprobación del presente dictamen, pues estamos ciertos de que el mismo está en la defensa de los derechos básicos de las personas a través del acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, aspectos que para nosotros se han constituido en una demanda ciudadana constante que sin duda pugna por que, como legisladores, cumplamos con la tarea de mejorar los mecanismos de acceso a los servicios judiciales de calidad.
Compañeras y compañeros, con un ordenamiento jurídico y sistemas judiciales adecuados las mujeres pueden prosperar y contribuir mejor al progreso a la sociedad en su conjunto. Actuemos con consecuencia y refrendemos nuestro compromiso con la ciudadanía, dando nuestra aprobación a proyectos como el que hoy se discuten y que garantizan los derechos y la libertad de las mujeres, en este caso el derecho a una vida libre de violencia impulsa al mismo tiempo el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada García García.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Con la venia de Mesa Directiva. compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores de los medios de comunicación, acudo a esta tribuna para posicionar en nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, el proyecto de decreto que presentan mis compañeras diputadas Laura Plascencia, Lía Limón, Gloria Hernández y Yarith Tannos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Nacional de Procedimientos Penales que el día de hoy se somete a esta soberanía.
La violencia contra las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, representan un gran problema para México, que produce la violencia sistemática de sus derechos humanos y devela las condiciones de discriminación social y judicial que viven.
La desigualdad agudiza e incrementa las distintas formas de violencia en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito privado y en el ámbito público, que van desde la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y violencia política. Estas manifestaciones de violencia contra las mujeres laceran, denigran la integridad física y emocional que impide el desarrollo de las mujeres mexicanas.
Las y los diputados de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional coordinados por el diputado César Camacho Quiroz, nos hemos comprometido con la igualdad sustantiva, una igualdad sin adjetivos donde las mujeres ejerzan sus derechos plenamente, sin restricción, ni atavismos culturales. Es por ello, que nos comprometemos a generar políticas de apoyo a las víctimas de violencia y sexual. Privilegiar el establecimiento de servicios especializados para la denuncia de delitos de género y fortalecer el enfoque de género en la procuración, impartición y administración de justicia.
En suma, estamos trabajando para eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia de las mujeres de nuestra patria. Hoy, las niñas y las mujeres de México contamos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como aliado impulsor de la ley de paridad en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales y en los ayuntamientos.
Asimismo, el gobierno de la República ha trabajado en la construcción de centros de justicia para mujeres en el país, impulsó tipificar el feminicidio en los códigos penales, en los estados, hoy 31 entidades federativas ya lo han adoptado, incluyó a las dependencias federales a que de inmediato se certifiquen en la Norma Mexicana 025 para la Igualdad Laboral y la No Discriminación, que incluyen en sus reglas de operación y programas la perspectiva de igualdad de género.
Bajo esta convicción las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI hemos coadyuvado con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantizando la coordinación entre los niveles de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres, creando el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres, facultando al Ejecutivo para elaborar un protocolo especializado en atención a víctimas de violencia.
Actualmente las medidas de protección de emergencia previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tienen una duración solo de 72 horas y amenaza, y prevalece, sin embargo, a pesar de ello la vida de las mujeres está permanentemente en riesgo.
Además, la institución del Ministerio Público debe esperar la determinación de un juez o de una jueza que dicte una medida de protección para las mujeres afectadas.
Por esta razón, no dudamos en que el Ministerio Público debe de dictar oficiosamente las órdenes de protección preventivas o de emergencia, sin necesidad de una autorización judicial en aquellos casos donde exista un riesgo inminente contra las mujeres salvaguardando su vida y su libertad.
Así también ampliar la duración de medidas de protección más allá de las 72 horas, hasta que la víctima deje de estar expuesta al riesgo y fortalecer el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, incorporando mayor información y generando elementos valiosos que darán mayor efectividad a las medidas preventivas.
Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen tiene como propósito primordial realizar las adecuaciones en materia penal para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su acceso a la justicia en aras de salvaguardar su vida, y en todo momento hacer valer el derecho a una vida libre de violencia y garantizar los mecanismos para su acceso a la justicia pronta, expedita y con la debida diligencia en cumplimiento al mandato constitucional de la reforma en materia de derechos humanos 2011.
Visibilizar, reconocer y atender cualquier tipo de violencia es un compromiso de mi partido, el Revolucionario Institucional, que nos exige como diputadas y como diputados configurar y legislar con enfoque de igualdad de género para diseñar políticas y programas más eficientes de seguridad ciudadana para las mujeres, encaminadas a eliminar las brechas de desigualdad que impulsen la autonomía económica, su empoderamiento y liderazgo.
En este sentido, señoras y señores diputados, los convoco a que votemos a favor de este dictamen en referencia para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. El compromiso es irrenunciable de esta LXIII Legislatura. Que la historia nos registre por nuestras acciones y no por omisiones. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Rodríguez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se considera lo suficientemente discutido en lo general. Y en virtud de que, como lo señala el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema, compañeros. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 405 votos, 0 abstención, 0 en contra, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 405 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Enrique Dávila Flores para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La Comisión de Economía, que me honro en presidir, somete a consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en materia de combate a la corrupción. Quiero resaltar que este dictamen fue aprobado por unanimidad en el seno de nuestra comisión.
La adición señala que las cámaras y confederaciones empresariales tendrán por objeto, además de las ya contempladas, el promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción en su interacción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público.
A nombre de los integrantes de la comisión hago un reconocimiento a nuestra compañera, la diputada Claudia Anaya, promovente de esta iniciativa, ya que es fundamental que el sector privado participe en conjunto con los tres órdenes de gobierno en la lucha para erradicar la corrupción.
La corrupción es considerada un fenómeno que aumenta la incertidumbre y reduce la calidad y eficacia de los servicios públicos. Si bien no existe una sociedad en el mundo que esté libre de corrupción, el objetivo final que todos debemos perseguir debe ser erradicarla totalmente.
Por lo anterior, esta propuesta representa un esfuerzo complementario al realizado durante el primer año de esta legislatura, cuando entre todos nosotros aprobamos las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, al cual se destinarán más de cinco mil millones de pesos durante el próximo año, esto con el fin de garantizar su implementación en todo el país.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción incluye a los tres niveles de gobierno, y establece como corresponsables a los ciudadanos en el combate a la corrupción, al señalar que los particulares y empresas que participen en este tipo de conductas también puede ser sancionados, incluso con la disolución de las mismas. Además, es importante resaltar que este sistema incluye un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos electos por la sociedad civil.
El científico Albert Einstein dijo que dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, y dijo: es la única manera de influir sobre los demás, porque los actos siempre hablan más alto y más claro que las palabras, y predicar con el ejemplo es el mejor argumento.
Un buen ejemplo de esto es que algunas organizaciones empresariales ya han suscrito códigos de integridad y ética empresarial, que contienen principios mínimos a ser respetados por las empresas en sus relaciones con otras empresas o con otras dependencias del sector público.
Ciertamente las empresas deben ser parte activa necesariamente de la solución al problema de la corrupción, fortaleciendo o estableciendo mecanismos de control interno para detectar y erradicar esa conducta.
Al aprobar el presente dictamen estaríamos haciendo aún más partícipes a las cámaras y confederaciones en la prevención y combate a la corrupción, otorgándoles la facultad de promover entre sus agremiados los mejores principios de ética e integridad empresarial para combatirla.
Diputadas y diputados, en la lucha contra la corrupción la mejor estrategia es la unidad. Trabajaremos junto con las cámaras empresariales y sus confederaciones en la búsqueda de un México más trasparente y honesto, por lo que les pido que votemos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Dávila Flores.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno: la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado René Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Esta Presidencia saluda a un grupo de niños de la colonia Lindavista, en Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Honorable asamblea, muy buenas tardes. La corrupción es un mal prolijo, que merece ser combatido por todos los frentes. Según datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Competitividad, la corrupción tiene un coste de 890 mil millones de pesos al año. Eso significa que cada mexicano sufraga 165 pesos diarios a favor de la descomposición social.
Asimismo, de acuerdo con la encuesta sobre transparencia y rendición de cuentas, que dio a conocer el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, siete de cada diez mexicanos piensa que no se ha hecho nada por abatir la corrupción, por lo que no confían en presentar la denuncia correspondiente, pues sostienen que se protege a los corruptos.
En mayo del 2015 se aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y hace tan solo unos meses se expidieron cuatro leyes nuevas y se modificaron tres más.
A saber, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización de Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, reforma al Código Penal Federal, y por último, reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con ello, sentamos las bases para la instrumentación del denominado sistema nacional anticorrupción. Sin embargo, la labor contra este terrible mal es diaria y nos corresponde a todos los mexicanos.
Ante los importantes avances logrados en esta materia, hoy más que nunca resulta necesario insistir en que para que existan actos de podredumbre se ocupan dos, el que ofrece y el que recibe.
Por tanto, es desde el sector público como desde la iniciativa privada, debemos seguir trabajando coordinadamente para combatir de manera efectiva todas las formas de corrupción, apuntando hacia un México más justo, en el que ante todo prevalezca el Estado de derecho, ya que no basta con que cambien los servidores públicos, el cambio está en todos nosotros, gobierno y sociedad juntos.
Tengamos en cuenta que México se transforma gracia a la fuerza de sus ciudadanos y en la medida que esto se actúe con valores y con valor. Por ello, el papel de las cámaras empresariales y sus confederaciones cobra especial relevancia, pues al ser quienes representan los intereses de sus agremiados, deben de implementar cada uno de ellos principios y directrices de conducta pulcra, capacitando a sus afiliados en tan trascendental materia, maximizando así el rendimiento de los esfuerzos en el combate contra tan endémica forma de comportamiento.
En ese sentido, la fracción parlamentaria de Encuentro Social respaldamos el espíritu y la letra del dictamen que hoy nos ocupa, pues mediante la modificación a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones se hace posible que las cúpulas promuevan, entre sus afiliados, principios éticos y de rectitud, que vengan a prevenir acciones de corrupción en sus relaciones con el Estado y los particulares.
En lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, robusteciendo así el sistema normativo mexicano, a lograr importantes avances en materia política de integridad de las personas morales, acercándonos más como sociedad en tan anhelado deber ser de nuestro Estado mexicano.
Compañeros diputados y diputadas, con leyes como la que hoy aprobamos estamos avanzando en la dirección correcta hacia un encuentro social. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández de León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Luis Manuel Hernández de León: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la corrupción es un complejo fenómeno que frena el desarrollo económico y social de toda la sociedad. Y sin duda, es uno de los principales problemas que aqueja a nuestro país.
En los últimos años la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad han ocasionado un profundo daño a nuestro país, no solamente económico sino también dañando severamente la confianza ciudadana en sus instituciones.
Si bien la percepción de la corrupción se asocia fundamentalmente a los políticos y servidores públicos no son la última fuente, pues para que exista un corruptor debe haber un agente corruptor. En este sentido, las empresas privadas también son generadoras, lamentablemente, de incontables actos de corrupción.
En Nueva Alianza nos hemos propuesto impulsar una vida sin corrupción, con legalidad y transparencia. Congruentes con ello, en junio pasado apoyamos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como un mecanismo que permita enfrentar con mayor fuerza y efectividad este terrible problema que está consumiendo a nuestra comunidad.
De igual manera, hoy coincidimos con el dictamen que nos presenta la Comisión de Economía, por el que se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
El objetivo es promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público, pues de acuerdo con el estudio Anatomía de la Corrupción, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el 43 por ciento de las empresas de México reconoce haber sobornado, al menos una vez, a la autoridad para conseguir algún beneficio.
En mi grupo parlamentario estamos convencidos de que solo mediante una renovación de los valores de la ética y del compromiso permanente de las instituciones, de las empresas y de la sociedad en general es que podrá generarse una transformación sustantiva de esta materia. El futuro de México no está en la corrupción, está en la transparencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hernández León.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Compañeros legisladores, los miembros de esta legislatura tenemos diferentes puntos de vista y una ideología política diversa que enriquece el debate, pero tenemos convergencias en asuntos de vital importancia para el desarrollo económico y político de este país.
Una de nuestras preocupaciones y coincidencias es la corrupción. Si bien en los últimos años se han discutido e implementado estrategias nuevas para combatir este cáncer que carcome a nuestra sociedad, los esfuerzos no han sido suficientes, aunque se ha avanzado en esta materia.
La corrupción se encuentra enquistada en lo más profundo de las estructuras públicas, sociales y políticas; por lo tanto, como una enfermedad que tiene mucho tiempo desarrollándose, no se puede erradicar ni extirpar de manera inmediata.
Por ello, es de suma importancia atacar la corrupción desde distintos frentes y con una estrategia que se diversifica, que va desde una vigilancia más intensa en los organismos públicos y privados que participan en el ciclo de la productividad, a una nueva gestión en el ámbito educativo para generar un cambio cultural en combate, pero también de prevención en el ámbito de la corrupción.
¿Por qué es tan importante la inhibición de la corrupción, como el castigo de la misma? Porque además de las condiciones de desigualdad que genera, el impacto negativo monetario es muy alto.
Está comprobado que la corrupción detiene el desarrollo económico de las naciones, entorpece los ciclos productivos, deja de estimular la inversión, afecta incluso la creación del empleo y a generación de nuevas empresas, por lo tanto es imperante la difusión de los principios éticos que impidan el desarrollo de la corrupción.
Por ello, el Partido de Movimiento Ciudadano se suma con beneplácito a esta propuesta de decreto que ha de ser analizada y votada por esta soberanía., con las miras de fortalecer recomendar e impulsar las nuevas prácticas en la lucha contra la corrupción.
Con la modificación presentada de la Ley de la Cámara Empresarial en su artículo séptimo, fracción XIV, señala: promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción contra las dependencias de los tres niveles de gobierno y además de todas las dependencias en el sector público.
Estaremos encaminados a fortalecer los valores éticos y morales que inhiban el ejercicio de una práctica tan desdeñable como la corrupción. Debemos de difundir y demostrar que la corrupción no es solo un fenómeno cultural sino una práctica errónea que debe de ser erradicada y esto solo se conseguirá con modelos de vigilancia más estrictos y eficaces, pero también con el cambio de discurso para disuadir las acciones de corrupción en todos los niveles de gobierno.
Nuestro partido, Movimiento Ciudadano, seguiremos participando y apoyando todas aquellas iniciativas e ideas que busquen crear un clima de certidumbre, de transparencia, de legalidad en los procesos administrativos en los que intervenga el Estado y estaremos en la mejor disposición de seguir fortaleciendo las instituciones, así como coadyuvar en que la iniciativa privada siga viviendo el impulso gubernamental para que los juguemos todos con reglas claras y justas y parejas.
Si se ha dicho que la corrupción la hacemos todos, entonces entre todos podemos combatir y vencer, ésa es nuestra misión y por ello trabajaremos por el bien común de los ciudadanos en México y que termine la corrupción que padecemos toda la nación y este país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lomelí Bolaños.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Esta Presidencia saluda a biólogos e investigadores de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, presentes aquí en el pleno. Bienvenidas y bienvenidos.
Igualmente, saludamos la presencia en el pleno de líderes comunitarios de Movimiento Migrante de Chicago, Illinois. Saludamos a don Jesús Cabrera, consejero del IME de Milwaukee; a Michel Chávez, exdiputada local de Cicero, Illinois y a Araceli Nava, integrante de medios de difusión de Chicago, Illinois, invitados por la diputada María Victoria Mercado. Bienvenidas y bienvenidos aquí al pleno de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Serrano Lora: Gracias, presidente. Diputadas y diputados. Vengo a expresar la posición de Morena en la discusión de esta iniciativa que promueven entre los afiliados de las organizaciones empresariales, principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público.
Nosotros la votamos a favor en la Comisión de Economía y no obstante que estamos a favor de la adición, me parece necesario comentar que no es suficiente. Es necesario señalar que un verdadero comportamiento ético de los empresarios en México debería comenzar por reconocer que son solo un sector de la economía y que no siempre sus intereses coinciden con los de los otros conjuntos de la sociedad.
Que existe un marco legal que les permite desarrollarse plenamente sin afectar a terceros respetando los derechos laborales y la protección del medio ambiente que, debido a la complicidad entre funcionarios y algunos representantes empresariales, la mayoría de los empresarios, así como los ciudadanos, sufrimos los efectos de la corrupción que con la impunidad y la falta de transparencia se han vuelto una grave enfermedad para el país.
Hoy existe mucho en el combate a la corrupción y en la transparencia y claro, en el comportamiento ético, pero no vamos al fondo, solo se simula. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en una reunión reciente de la Coparmex que la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, también está en el privado y a veces van de la mano. Y para mostrar este dicho del Ejecutivo federal de la corrupción compartida, bastan algunos ejemplos.
Caso emblemático de corrupción es el siguiente. La promoción que se hizo en alianza con funcionarios y exfuncionarios y la cúpula empresarial de la reforma energética como el detonante desarrollo económico, ha generado la realidad, la economía del país. Hasta el momento, nulos resultados, y sin embargo casualmente los exfuncionarios ahora ya son funcionarios.
Ellos incurrieron en todo tipo de chantajes, se coludieron y seguramente sobornaron para concretar esas reformas que nadie puede negar; han significado la expropiación del patrimonio de todos los mexicanos como los de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos para ponerlos en unos cuantos. Ese fue un verdadero atraco, esa es la total corrupción que prevalece en este país.
Otro caso emblemático de la corrupción, una investigación periodística desató el mayor escándalo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se supo que tuvo una casa de 86 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, construida por la empresa IGA, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro y que levantó obras cuando Peña Nieto fue gobernador.
Un año después de este reportaje y mucho escándalo, el extitular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, cercano a Peña Nieto, informó que el presidente no había incurrido en conflicto de intereses en la compra de una casa a un contratista del gobierno, y que en la adquisición de la millonaria mansión por parte de la esposa del presidente, no existió una participación indebida.
Siguiendo la lógica que el sector público es corrupto, lo que ha hecho la cúpula empresarial no es denunciar y promover una verdadera ética nacional, sino que se han coludido para beneficiarse de la mala administración, el desmantelamiento del gobierno, quedarse con las partes y todo ello, al tiempo que simulan combatir la corrupción.
El efecto sobre la sociedad es terrible, por eso si hoy aprobamos esta reforma, aclaramos que no es suficiente. Reflexionemos nuestras decisiones y sobre todo reconozcamos que como lo señala el artículo 25 constitucional del sector privado y el sector público, deben contribuir conjuntamente en el fortalecimiento de la actividad económica sin buscar beneficios indebidos.
Combatir la corrupción requiere la vigilancia, la supervisión y la sanción a conductas indebidas, verdaderos avances sin simulaciones, y eso debe ser el objetivo de todos los diputados aquí presentes. Ojalá tengamos conciencia para que nuestros nietos y nuestros hijos no nos lo refrieguen en nuestra jeta. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Serrano Lora.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados, para México no hay ninguna duda de que las empresas son un recurso indispensable para el desarrollo económico ya que constituyen un pilar fundamental de la economía al ser el motor del ciclo económico.
Las empresas contribuyen al crecimiento, a la generación de empleo y al desarrollo regional y local, pero para que esto ocurra, es necesario que quienes las dirigen pongan como elemento central el crecimiento de las mismas, y no las acciones ilegales que puedan perjudicarlas.
Una de las condiciones para que México pueda alcanzar su máximo potencial, es la inversión nacional y extranjera en los sectores que detonen el crecimiento sostenido y sustentable.
La iniciativa privada puede, a través de procesos de licitación, colaborar en la construcción de infraestructura pública. La inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México, porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave, sin duda alguna, para incrementar la competitividad.
En consecuencia, el sector privado juega un papel de enorme importancia en el desarrollo de nuestra economía, puesto que es el principal generador de empleos y de inversión.
Ante la menor inversión pública prevista para este año y el 2017, las empresas son el motor para la reactivación de la economía. Al ser las empresas el pilar fundamental de la economía y proveedoras del Estado, deben contar con planes y con acciones anticorrupción.
De acuerdo al reciente ranking de competitividad global 2015 del Foro Económico Mundial, México está ubicado en la posición 57, y la corrupción es el principal factor que impide hacer negocios en nuestro país.
Asimismo, según el índice de percepciones sobre corrupción 2015, elaborado por transparencia internacional, desafortunadamente nuestro país figura como el más corrupto entre los 34 miembros de la OCDE y ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con la lista publicada en transparencia internacional.
La corrupción gubernamental, según datos del Fondo Monetario Internacional, anualmente cuesta al país más de mil 100 millones de dólares en inversiones y afecta la productividad y el crecimiento.
Erradicar la corrupción trae grandes beneficios a los países y ciudades que se comprometen a hacerlo, pues se incentiva el empleo, se favorecen el nacimiento de nuevas empresas, se estimula la inversión privada y se brinda certidumbre, confianza y seguridad a los dueños de los capitales.
Según la titular del Fondo Monetario Internacional, la corrupción termina por introducir enormes cantidades de imprevisibilidad a los negocios y por ello el sector privado debe ser un aliado para su erradicación, ya que por cada soborno aceptado por un funcionario público hay una persona de la iniciativa privada ofreciéndolo.
La lucha contra la corrupción ayuda a contar con un buen ambiente de negocios, ya que un país corrupto genera incertidumbre para los negocios, porque no hay certeza en el retorno del capital, sino para unos cuantos.
La inversión de largo plazo se atrae con certeza jurídica y Estado de derecho, mientras que las que se benefician con la corrupción son las de corto plazo, las que dependen de relaciones políticas, y esto genera un incentivo perverso para el crecimiento de un país.
La reforma que hoy estamos discutiendo aquí contribuye en la prevención y erradicación de la corrupción para apoyar el desarrollo económico del país, al establecer que las cámaras de comercio, servicios y turismo, que representan a comerciantes; y las cámaras de la industria, que representan a industriales, tendrán por objeto promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con la dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público.
Esta reforma se compagina con la adhesión del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana al Código de Integridad y Ética Empresarial, el cual es el resultado del compromiso y la responsabilidad del sector empresarial de participar en el combate a la corrupción y a la promoción de una cultura de legalidad.
El principal beneficio de la reforma a discusión para las empresas y sus trabajadores es prevenir y combatir actos de corrupción que ponen en riesgo la salud financiera del negocio, y en consecuencia la fuente de empleo de miles de mexicanos.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de esta iniciativa, porque estamos convencidos de que la erradicación y la prevención de la violencia, perdón, y de la corrupción en nuestro país es tarea que nos compete a todos.
Y cada quien desde su distinta trinchera debe hacer su parte, la iniciativa privada en los retos que enfrenta México por combatir la corrupción juega un papel fundamental y debe participar de manera activa en esta prevención y erradicación, para que en los próximos años México sea un país más transparente, un país de rendición de cuentas y un país que en el ámbito internacional esté evaluado y rankeado en mucho mejor posición en el combate a la corrupción. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lia Limón.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Esta Presidencia saluda a las delegadas estatales de la Fundación México con Valores, del estado de Jalisco y del estado de México, Angelina Estrada Pérez y Cristina Calderón Rosario, invitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas al pleno. Adelante, diputado.
El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, señor presidente. Agradecer a la diputada Lluvia por el espacio para posicionar esta iniciativa. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática queremos hacer patente nuestro apoyo al dictamen de la Comisión de Economía que el día de hoy votaremos, porque ataca una de las cuestiones más graves que afectan a la economía nacional; la corrupción dentro de vida económica del país.
Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el estudio México. Anatomía de la Corrupción, el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado al menos alguna vez un soborno, lo que en el sector de los bricks nos ubica sólo por arriba de Rusia y muy por debajo de India, Brasil y China, además los encuestados respondieron que el 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales.
Según Transparencia Internacional, los niveles de percepción de la corrupción de México son alarmantes y no son pocos los intentos para reducirla, sin embargo se ha fracasado. Tan solo en 2014, nuestro país obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países evaluados.
De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la corrupción se ubicó en el segundo lugar entre los problemas que más preocupan a los mexicanos, con 50.9 por ciento, solamente por detrás de la inseguridad y la delincuencia, que alcanzó el 66.4 por ciento. Además, esta encuesta arrojó que la tasa de prevalencia de la corrupción fue de 12 mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que la incidencia fue de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Transparencia, objetividad y competencia en las contrataciones de la Oficina para el Control de Drogas y el Delito, de la ONU, reporta que las conductas más frecuentes que se dan entre el sector privado y el gobierno, son la emisión de ofertas ficticias para aparentar competencia, sabiendo de antemano quién de ellos ganará.
La supresión de ofertas que consiste en la no presentación o el retiro de ofertas presentadas, con el fin de que la licitación quede adjudicada al proveedor pre acordado.
La rotación de ofertas que supone el pacto entre empresas para ganar escalonadamente en el tiempo el contrato público, y la asignación de mercado, en la que a la manera de las líneas aéreas o ciertas cadenas de supermercados se dividen el territorio y respetan zonas en las que cada proveedor, contratista o licitante pueden presentar ofertas.
De acuerdo con ello, las empresas son una pieza clave en el combate al fenómeno de la corrupción, particularmente en un país como el nuestro, donde el motor de la economía es el gasto público. Por lo que nos sumamos a la propuesta para establecer la obligación de las cámaras empresariales y sus confederaciones, para que promuevan entre sus afiliados principios éticos que prevengan la corrupción.
Hacer ciudadanía, cultura de legalidad. Pero, sobre todo, hacer patria, es responsabilidad de todos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Waldo Fernández González.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado René Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado René Mandujano Tinajero: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, la estrategia en el combate a la corrupción que hemos venido diseñando en esta soberanía debe ser atendida desde todos los ámbitos, en la que participa el gobierno federal, así como en aquellos sectores privados que son fundamentales para la economía y desarrollo de nuestro país.
En el marco del sistema nacional anticorrupción, se completa la facultad de los tribunales de justicia administrativa para sancionar a los particulares que intervengan en actos vinculados con las faltas administrativas graves, por lo que es preciso y conveniente que en el sector privado se implementen acciones tendientes a evitar la realización de este tipo de conductas, así como en aquellas otras que pudiera llegar a considerarse como delito, de acuerdo a la legislación federal.
Es por ello que resulta oportuno que desde el marco jurídico que regula a las cámaras de comercio y sus confederaciones, se comiencen a reforzar las acciones al interior de sus administraciones para erradicar la comisión de dichos actos, al otorgarles a estas la obligación de promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público.
Con la aprobación de esta reforma se estarán fortaleciendo las acciones para prevenir la corrupción en el sector privado, pues estas acciones se sumarán a aquellas otras que por ley deben realizar.
En efecto, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas las personas morales tienen la obligación de contar con políticas de integridad, las cuales deben contener, entre otras cosas, un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos sus miembros de las organizaciones.
Deben contar con un sistema adecuado y eficaz de control, vigilancia y auditoría que examine de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en todas las organizaciones, así como en el sistema adecuado de denuncia y procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúen de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana.
Compañeras y compañeros, en Acción Nacional hemos hecho énfasis en que el combate a la corrupción es una condición indispensable para poder continuar en el desarrollo de nuestro país en todas sus esferas, y por ello, con este tipo de propuestas avanzamos en la implementación de acciones en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de integridad.
Por todo lo anterior, es que Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, reiterando nuestro compromiso por erradicar prácticas de corrupción en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado Mandujano Tinajero.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, según investigaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones financieras internacionales, existe una estrecha relación entre el bajo desarrollo económico de algunos países y los altos niveles de corrupción que ahí se registran.
La falta de inversión y de desarrollo económico que genera la corrupción en un país, afecta las oportunidades de crecimiento de las empresas, ya que cuando en una sociedad hay corrupción esta contamina todas las esferas de la vida afectando también a las empresas.
Asimismo, los inversionistas nacionales y extranjeros cada vez le dan un mayor paso al nivel de corrupción de una sociedad, en su análisis de riesgo la corrupción aumenta la incertidumbre y reduce la calidad y eficacia de los servicios públicos, alejando a los inversionistas que podrían invertir en nuestro país. México pierde oportunidades para crecer y sus empresarios pierden oportunidades de contar con socios capitalistas.
Las cámaras empresariales y sus confederaciones tienen un enorme potencial multiplicador en la lucha para abatir la corrupción. Y por ello, mediante la propuesta de modificación a su marco jurídico es necesario facultarlas para la promoción, entre sus afiliados, de principios de combate a la corrupción.
Algunas de estas políticas de rechazo a la corrupción ya han sido instrumentadas con éxito por empresas de todo el mundo. Si cada vez más empresas deciden emprender este gran paso y se convierten en empresas transparentes, contribuirán enormemente a liberar a nuestro país de la corrupción.
Los beneficios a mediano y largo plazo para las empresas superan por mucho los costos iniciales de rechazar los incentivos del mercado, que invitan a las empresas a actuar deshonestamente.
En la lucha contra la corrupción, gobierno y sociedad pueden y deben compartir esfuerzos y responsabilidades. El sector privado es el principal motor de la economía, por lo que el compromiso de los empresarios en el combate a la corrupción es indispensable.
Con la experiencia, la capacidad de alcanzar a los sectores más amplios de la sociedad y con ideas innovadoras de los empresarios, el sector privado puede convertirse en un aliado esencial del gobierno en la lucha contra la corrupción.
A todos nos interesa erradicar la corrupción. La adición a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones que se discute, permite integrar el esfuerzo de las empresas hacia el objetivo que todos deseamos, el abatimiento de la corrupción.
Diputadas y diputados, la corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad. Por ello, con la finalidad de abonar en medidas que fortalezcan el combate a la corrupción, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cavazos Balderas. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a efectuarla en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Mientras transcurre la votación, me permito, con su venia, saludar al licenciado Fausto Aguilar, a la licenciada Guadalupe Bistrain, a la señora Paola Acasuso –que es mi esposa–, a don Edmundo Javier Bolaños Campos, mi padre, y Carolina Aguilar Freder, mi madre. Muchas gracias.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Amigas y amigos, diputados, informarles que el siguiente dictamen va a tener solamente un orador, así es que les pedimos que permanezcan aquí en el pleno, porque la próxima votación se dará en un corto tiempo una vez que hayamos terminado con la que está transcurriendo. Gracias.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 394 votos a favor y ningún voto en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 394 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden día es la discusión del dictamen de la Comisión de Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene la palabra la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores y medios que nos acompañan, comparezco ante esta soberanía en mi nombre y en representación del diputado Alejandro González Murillo, coordinador de mi grupo parlamentario y proponente de la iniciativa, a efecto de manifestar nuestra posición respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En Encuentro Social no nada más nos preocupamos, también nos ocupamos por el desperdicio del bono demográfico en que vivimos como país. Al efecto resulta relevante resaltar que actualmente se estima que en México habitan más de 30 millones de jóvenes de los cuales 16.2 millones son económicamente activos, sin embargo a pesar de los importantes esfuerzos para reducir la desocupación juvenil, la mayoría de ellos tienen un ingreso menor a los dos salarios mínimos y carecen de acceso a la seguridad social.
Lo anterior aunado a su empuje, creatividad y energía que les caracteriza, los convierte en un grupo que requiere reconocimiento y apoyo por parte de nosotros sus representantes populares.
Ante tal situación la iniciativa que dio origen al dictamen que hoy nos ocupa, propuso el combate de la desocupación del sector juvenil por medio de seis ejes:
Primero. Garantizar el seguimiento de programas o políticas destinados a la micro, pequeña y medianas empresas que han reportado buenos resultados para el desarrollo económico, social de los jóvenes, así como crear programas prioritarios de apoyo para impulsar la vocación emprendedora de estos.
Segundo. Establecer la inclusión financiera de los jóvenes emprendedores a través de créditos o tasas preferentes para la creación de Mipymes.
Tercero. Establecer una serie de conceptos que posibiliten la puesta en marcha de políticas que favorezcan el desarrollo emprendedor de las y los jóvenes, el desarrollo e innovación tecnológica y el desarrollo empresarial de la planta productiva.
Cuarto. Fortalecer y ampliar las facultades del Instituto Nacional del Emprendedor.
Quinto. Agilizar los procesos de operación y toma de decisión al interior del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, mediante la reducción de sus miembros.
Y finalmente: sexto. El dotar de seguridad jurídica a los usuarios de la ley mediante su armonización con la reforma constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México.
Tras el importante proceso analítico llevado a cabo por la comisión dictaminadora que respaldó con responsabilidad el último de los puntos mencionados entendemos que los desafíos son grandes y nos demandan como Congreso y Sociedad.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, celebramos el avance que el dictamen representa para la armonización de nuestro sistema jurídico y nos mantenernos firmes en el acceso de la ley para todos los perfiles de lectores, así como la obtención de mejores condiciones de crecimiento y autonomía emprendedora.
Para nuestros jóvenes, especialmente con la incertidumbre con la relación que se presenta con el país del norte, les reconocemos y apoyamos, como esperanza del presente, especialmente para un futuro más digno y generoso de nuestros jóvenes.
En razón de lo anterior, las y los diputados de Encuentro Social, votaremos a favor el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Ana Guadalupe Perea Santos. No habiendo oradores inscritos consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Algún diputado o alguna diputada falta por votar? ¿Algún diputado o alguna diputada falta por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 380 votos a favor, 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió, del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto d decreto que reforma y adiciona los artículos 25, 53, 54 y 55 de la Ley de Coordinación Fiscal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Social, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la comercialización de mascotas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o y 29, de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de peleas de especies, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
Se recibió del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Igualmente, damos la bienvenida y saludamos con mucho respeto a la señora Brenda Ruacho de Vega, esposa del señor gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid. Bienvenida al pleno de San Lázaro. Adelante, diputada.
La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge: Con el permiso de la Presidencia. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas la naciones y, de hecho, de la civilización humana.
Compañeras y compañeros diputados, expongo ante esta soberanía a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quienes orgullosamente representamos a Baja California.
El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales firmados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este derecho se hace efectivo cuando se inscribe ante el Registro Civil, el nacimiento de un ser humano y se expide la constancia oficial de su existencia. Más aún, gracias a ese registro se conoce a la persona ante la ley, se le dota de una identidad y se establecen sus vínculos familiares, culturales y nacionales.
La Convención sobre los Derechos del Niño señale en su artículo 7o, con mucha precisión, que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Agrega que los estados firmantes velarán por la aplicación de estos derechos, de acuerdo con las propias leyes y conforme a las obligaciones contraídas en los acuerdos internacionales en la materia.
Por su parte, el estudio titulado Derecho a la identidad, la cobertura del registro de nacimiento en México, en 1999 y 2009, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, destaca que la ausencia de inscripción del nacimiento en el Registro Civil constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad.
Esta situación se confirma con casos como el estado de Chiapas, donde según datos del propio Inegi, dos de cada 100 personas, principalmente en las zonas altas, no cuentan con acta de nacimiento; es decir, carecen de identidad.
Además, la Comisión Económica para América Latina señala que alrededor de 6.5 millones de niños no cuentan con certificado de nacimiento en toda la región y cada año, 1.3 millones de nacimientos no se registran.
Para atender esta problemática, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó que desde 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, que busca fortalecer las instituciones del Estado, responsables del conocimiento legal de las personas, tanto para promover la identidad civil universal, como para garantizar una mayor confiabilidad de los documentos de identidad.
Una de las estrategias que propone dicho programa es el registro hospitalario, el cual consiste en la conexión, sea física o virtual, de un hospital con las oficinas del Registro Civil, de manera que sea posible realizar una inscripción de nacimiento en las instalaciones hospitalarias.
La Organización de Estados Americanos establece que el registro hospitalario permite evitar el subregistro de forma permanente y promueve la importancia de la identidad civil, tanto para los niños y niñas, como para los padres.
Los beneficios son múltiples, por ejemplo, facilita el acceso inmediato a los recién nacidos a servicios de salud públicos, brinda seguridad a las actas emitidas y evita el tráfico de menores, entre otros.
Ahora bien, en México se han realizado grandes esfuerzos para garantizar el derecho a la identidad mediante el registro inmediato de nacimientos y la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Pero aún falta mucho por hacer.
Diputadas y diputados, a partir de los resultados positivos obtenidos en el estado de Baja California, en donde se realizaron reformas legales para propiciar la inmediatez del registro de nacimientos, como la participación de las instituciones de salud públicas y privadas, propongo a esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, a fin de que en todo el país los registros de recién nacidos inicien en la institución donde tenga lugar su nacimiento y que de esta forma todos los niños cuenten con identidad en México.
En este sentido, agradezco la confianza de la señora Brenda Ruacho de Vega, quien tuvo la visión de promover esta iniciativa en el estado de Baja California. Con esta reforma estamos seguros de que brindaremos mayor certeza y garantías de identidad a todos los recién nacidos de nuestro país. No más niños invisibles. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Cruz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 36, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Alfredo Anaya Orozco: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El sistema de transporte constituye un elemento vital para cualquier economía, es por ello que hoy presento ante este pleno, de esta soberanía, una iniciativa de ley que busca mejorar las condiciones de seguridad, calidad y competitividad del autotransporte federal para consolidar a nuestro país como una plataforma logística a nivel global.
Históricamente, en México el modo que mayormente se ha empleado para movilizar personas y mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional ha sido el terrestre y particularmente el autotransporte desde hace décadas.
Los servicios asociados a esta actividad del sector terciario se consideran indispensables para el funcionamiento de todos los mercados, así como para el desplazamiento de millones de personas que utilizan de manera regular la extensa red de carreteras, autopistas y puentes federales. En México, el autotransporte terrestre representa el medio de transporte más utilizado con el 75 por ciento, frente al 17 del ferrocarril, 7 por ciento del marítimo y 1 por ciento el aéreo.
Como todo sistema, el autotransporte se compone de 4 factores esenciales, de cuya interacción y armonía dependen las condiciones de competitividad, calidad y seguridad del sector en su conjunto. Estos son la infraestructura, los vehículos, los servicios y los operadores.
Sin duda alguna, modernizar y mejorar la legislación que regula el sistema de transporte en nuestro país implica adoptar un enfoque integral que contemple estos cuatro aspectos. En el caso de infraestructura, el gobierno federal ha llevado a cabo grandes esfuerzos para desarrollar infraestructura carretera que el país necesita. En los primeros 4 años de este sexenio se han profundizado las obras para ampliar la infraestructura carretera nacional.
El gobierno de la República ha destinado una inversión histórica de más de 300 mil millones de pesos, lo que han permitido construir 34 nuevas autopistas y 57 de las 80 carreteras federales planteadas como meta por la presente administración.
En el caso de los vehículos, el principal reto que nuestro país enfrenta en este rubro es la antigüedad de las unidades que presentan los diferentes servicios de autotransporte, ya sea de carga o de pasajeros.
De acuerdo con la estadística básica de autotransporte federal del año 2015, el parque vehicular de autotransporte de carga en nuestro país se encuentra conformado por poco más de 800 mil vehículos. De este universo de vehículos el 36.5 por ciento, es decir, 294 mil tienen más de 24 años de antigüedad, lo que los convierte en verdaderos factores de riesgo sobre ruedas, sobre todo cuando no reciben un mantenimiento mecánico adecuado y regular.
Se estima que la edad promedio de las unidades del autotransporte federal de carga en México es de 17.4 años, lo que nos coloca en una situación de desventaja frente a otras economías, como es Brasil, Francia o Estados Unidos, cuyas edades promedio son de 13, 7 y 5 años respectivamente.
En el caso de los servicios asociados al autotransporte federal, estos desempeñan un papel crucial para su correcto desenvolvimiento.
En lo que va de la actual administración se han llevado a cabo importantes acciones para mejorar aspectos como la seguridad vial, las inspecciones, el pago de peaje y la modernización de los vehículos.
Por otra parte, en el rubro de los operadores los servicios de autotransporte en México son prestados básicamente por cuatro tipos de actores: el hombre-camión, que es de 1 a 5 camiones; la pequeña empresa, que es de 6 a 30 camiones; la mediana empresa, que es de 31 a 100 camiones; y las grandes empresas, que son más de 100 camiones.
Los operadores de los vehículos de autotransporte actualmente trabajan extensas jornadas no reguladas, mismas en las que no gozan de un tiempo obligatorio de descanso, lo que ocasiona mucha fatiga, que es la causa de una gran parte de los accidentes que ocurren en las carreteras; ya que muchas veces los vence el cansancio y pierden el control de los vehículos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, la presente iniciativa busca mejorar las condiciones de seguridad, calidad y competitividad del autotransporte federal para consolidar a nuestro país como una plataforma logística a nivel global.
México, como una de las principales economías del mundo, merece un sistema de transporte más competitivo, más seguro y de mejor calidad en beneficio de las personas y de la economía nacional.
Bajo este tenor, los legisladores todavía tenemos la tarea pendiente de aprobar una reforma integral que comprenda, además de la infraestructura, los otros componentes del sistema de autotransporte federal; es decir, los vehículos, los servicios y los operadores.
Para tal efecto, esta iniciativa propone lo siguiente. Primero, incrementar la edad mínima y definir una edad máxima para otorgamiento de licencias.
Segundo. Establecer un tiempo obligatorio de descanso por jornada de trabajo para los operadores.
Tercero. Mejorar la capacitación y certificación de los operadores.
Cuarto. Establecer como obligación para los vehículos de autotransporte federal la instalación de videocámaras en su interior.
Quinto. Fijar un límite de 20 años para el tránsito de unidades del servicio de autotransporte federal de carga, así como un candado de cinco años para la importación de esos vehículos.
Sexto. Establecer límites para la carga máxima y dimensiones del autotransporte de cara con base en la opinión del Instituto Mexicano del Transporte.
Compañeras, compañeros, los invito a analizar y apoyar esta iniciativa, pues considero que, de aprobarse estas disposiciones, estaríamos dotando a nuestro país de nuevas herramientas para consolidarlo como una plataforma estratégica en el comercio internacional con un sistema de transporte eficaz, seguro y competitivo, y con ello coadyuvar en el desarrollo integral de la sociedad mexicana. Además de que es nuestro deber velar por la seguridad, tanto de los operadores...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, diputado.
El diputado Alfredo Anaya Orozco: ...como de los usuarios. Y para ello es que propongo que estas...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, diputado.
El diputado Alfredo Anaya Orozco: ...medidas, las cuales no tengo duda que mejorarán sustancialmente la calidad del autotransporte en México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Anaya. Asimismo haremos llegar la exposición de motivos, como usted lo solicitó, a la comisión correspondiente. Túrnese a la Comisión de Transporte, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, señor presidente. Uno de los problemas más graves que observamos en materia de seguridad pública y procuración de justicia se refiere al rol que juegan y deben de jugar nuestro s policías civiles, la policía ministerial, los Ministerios Públicos y los peritos en la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
Para ingresar al servicio de seguridad pública o de procuración de justicia, se requiere de cumplir con un gran cúmulo de requisitos y exámenes que dichos requisitos deben observarse en todo tiempo y los exámenes de control de confianza deberán presentarse de tiempo en tiempo para permanecer en el empleo, incluso cuando de manera retroactiva se estatuyen requisitos y exámenes cada vez más rígidos y difíciles de cumplir.
También soslayamos que los servidores públicos en cuestión, se desempeñan en un oficio de alta peligrosidad, generalmente mal pagado, en jornadas que normalmente exceden las ocho horas diarias, frecuentemente sin la capacitación ni el armamento adecuado, ignorando o pretendiendo ignorar que también tienen familia y obligaciones con ésta, además de aspiraciones personales que colmar, sin que tengan estabilidad en el empleo y perciban una remuneración adecuada por los riesgos.
La inestabilidad laboral de los cuerpos policiacos y ministeriales se encuentra prevista en el artículo 123 constitucional, apartado B, segundo párrafo, mismo que dispone que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen, para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Dado el caso, refiere dicho dispositivo, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido. Esta disposición es discriminatoria.
En este sentido, uno de los mayores reclamos de los servidores públicos de nuestras fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia, es el hecho de que al término de una administración frecuentemente son despedidos sin mayor argumentación que supuestos procesos de depuración en razón de no gozar de estabilidad en su empleo, situación que los hace blanco de ataques por parte de la delincuencia cuando dejan de laborar, independientemente de que pierden su fuente de ingresos y el sustento para sus familias.
Esta situación ocasiona que tales elementos busquen otras fuentes de empleo ya sea en empresas de seguridad privada y, ¿por qué no decirlo?, ante la desesperación pueden caer en las manos de la delincuencia organizada que aprovechan su experiencia en el manejo de las armas, conocimiento táctico y comportamientos policiales.
Por su parte, el Estado se enfrenta a la problemática derivada de haber invertido en la capacitación, el adiestramiento y equipo en los elementos, pero ese esfuerzo se va al traste cuando cambian las administraciones federal, estatal y municipal, renovando al personal de las policías.
Mucho se ha avanzado en la implementación del servicio civil de carrera, pero mientras no exista estabilidad en el empleo para los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y ministerial, la incertidumbre seguirá siendo un factor en contra de su desempeño.
En opinión de expertos, tal inestabilidad en la carrera policial y ministerial y el fracaso de los métodos de depuración y selección de los elementos, lejos de fortalecer a las corporaciones ha llevado a la desarticulación de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia.
El problema se origina en el año 2008, cuando en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció que los miembros de las instituciones policiales, ministeriales y peritos podrían ser removidos de su cargo si no cumplen con las leyes vigentes en el momento de la remoción y no podrán ser reinstalados o restituidos al servicio.
Después de ocho años es claro que la reforma de 2008 vino a dar al traste a los intentos de fortalecer los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia porque despojó a los servidores públicos responsables de los mismos, de su derecho fundamental a la estabilidad en el empleo, dejándolos en estado de indefensión.
En vista de lo anterior considero necesario retomar el segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 123 constitucional para restablecer el derecho a la estabilidad en el empleo de los policías, ministerios públicos, peritos y policía ministerial, para lo cual se propone la redacción mencionada.
La reforma que se propone no sólo es lo que corresponde en justicia, no sólo es reconocer que nuestros servidores públicos de seguridad pública y procuración de justicia también tienen derechos humanos, sino es un eslabón fundamental para establecer una nueva relación de confianza entre dichos servidores públicos y la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Fernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25, 39 y 43 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Presento ante esta soberanía iniciativa que reforma diversos artículos a la Ley General de Partidos Políticos, al artículo 43, al artículo 39 y al artículo 25, con los siguientes propósitos:
Primero. Obligar a todos los partidos políticos del país con registro nacional o estatal para conformar un órgano de decisión colegiada encargados de prevenir y erradicar actos de corrupción, ya sea de sus militantes cuando ocupan un cargo de dirigencia o a los aspirantes o candidatos que los postulan para un cargo de elección popular.
El segundo propósito de esta iniciativa es establecer en el catálogo de la Ley General de Partidos Políticos, en el capítulo de sus obligaciones, generar el mandato para verificar la probidad garantizando así que algún aspirante o candidato esté lejos de cualquier interés económico o comparsa de algún grupo fáctico que le impidan trabajar con honradez, ya sea en la administración pública o como de un cargo de elección popular.
El tercer propósito es mandatar a los partidos políticos, obligar a los partidos políticos para que reformen sus estatutos que los rigen para que establezcan normas generales de probidad que deberán de cumplir cuando postulen a sus candidatas o candidatos.
Hoy en día la clase política sufre un elevado desprestigio debido a los excesos cometidos en el ejercicio del poder, y a veces, en los partidos políticos se comete el error de postular a personas sin probidad.
Recuerden que en muchos casos la persona es la que gobierna y no el partido, el partido es el vehículo para llevarlo al poder, pero antes de subirlo al vehículo es importante revisarlo, revisar su probidad e impedir el efecto chapulín que es: si un partido político me postuló a un cargo y fui corrupto, voy a buscar otras vez otro cargo por otro partido, generando un círculo vicioso en el ejercicio del poder.
Recordemos que este Poder Legislativo en coordinación con el Poder Ejecutivo y los ciudadanos diseñamos un sistema anticorrupción, con la finalidad de poner fin al ejercicio indebido del poder público, y utilizar el poder público como una minita de oro para enriquecerte personalmente o también para enriquecer a un grupo.
La presente iniciativa establece la obligación para que los partidos políticos verifiquen a sus candidatos y que gocen con buena reputación, tengan un modo honesto de vivir, no tengan intereses que pongan en riesgo su conducta aprobada como servidores públicos o como funcionarios partidistas.
Voy a poner un ejemplo que pasa lamentablemente en algunos municipios, algunos presidentes municipales son dueños de constructoras y a la hora de licitar la obra pública son juez y parte, dejando fuera a muchas constructoras que no se dedican a la política y que sí hacen bien sus cosas, pero no entran en la licitación. Eso es no tener moral. Eso no es tener ética en el ejercicio del poder.
Por eso, esta Cámara, les pido que nos ayuden en su momento para que se pueda aprobar esta iniciativa, que tiene como propósito evitar que por unos cuantos que son corruptos no nos manchen a los que en realidad trabajamos en beneficio del pueblo de México. Esa es, esa es la finalidad de esta iniciativa.
Ya basta de simulaciones. Debemos ir al combate de la corrupción de fondo, para eso es importante que los partidos políticos se integren como órganos de vigilancia, un órgano o una Comisión Anticorrupción en cada uno de los institutos políticos, y evitar que se filtren personas corruptas o, peor aún, personas vinculadas con el crimen organizado. Ese es el objetivo de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Bernardino. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, presidente. El cutting, o también llamado risuka, se refiere a los continuos cortes en la piel que algunas personas se realizan de manera intencional sin el propósito inmediato de atentar contra su vida.
Esto se convierte en adicción y en ocasiones hasta en un grito de ayuda, y que podría resultar peligroso subestimar las consecuencias que se generan de estos actos, pues al final de cuentas es un problema que hace referencia al control de los impulsos, en otras palabras a la incapacidad para resistirse a realizar los pensamientos agresivos que aparecen de manera repetitiva y repentina.
Las huellas físicas del cutting pueden hallarse en diversas partes del cuerpo, muñecas, brazos, piernas o incluso en el vientre. Los jóvenes que lo practican suelen esconder sus heridas con muñequeras, playeras de manga larga, suéteres o algunos otros accesorios. Esta conducta incluso puede convertirse en un hábito o en una práctica de moda en internet, por ejemplo.
Existen sitios web donde se pueden hallar cientos de videos o fotografías que han sido vistos miles de veces, donde se da muestra de diversas formas para autolastimarse a quienes las visitan cotidianamente. Así también, como un dato importante, hay estimaciones en Estados Unidos de que una de cada 200 niñas o jóvenes de ese país que tienen entre 13 y 19 años de edad se cortan a sí mismos con regularidad, lo que es un indicio de lo que puede estar pasando en nuestro país.
Desafortunadamente, en el caso de México no contamos aun con estadísticas confiables que proporcionen información sobre este tema, lo que sí está claro es que aunque es una actividad mayormente llevada a cabo por jóvenes menores de edad, los adultos también suelen practicarlo bajo las mismas motivaciones.
Es un gran problema que en nuestro país no haya cifras oficiales al respecto, dada la tremenda magnitud que toma este mal a nivel nacional, pues se estima que una de cada 10 personas que sufren trastornos de conducta se autolastiman y que este fenómeno va aumentando.
Acaso podremos mencionar que datos del Instituto Nacional de Psiquiatría señalan que el cutting ocupa el tercer lugar como causa de muerte entre niños de 5 a 14 años de edad, mientras que es la décima causa de muerte entre las personas de 18 a 44 años.
Otras fuentes independientes señalan que el 85 por ciento de los casos son jóvenes que se lesionaron por primera vez cuando tenían entre 12 y 13 años, aunque la práctica más frecuente es entre los 15 y 16 años y continúa hasta los 20 o 21 años. Así entonces, el cutting o autoflagelación es una adicción más común de lo que parece entre los jóvenes.
Al no tener una política de salud adecuada para atacar este mal, es difícil para las dependencias del sector informar sobre los síntomas físicos y psicológicos que se presentan en quien padece esta enfermedad.
Según datos de la Secretaría de Salud federal, mencionan que las personas que practican el cutting lo mantienen en secreto, pues esto les provoca vergüenza o estigmatización. El cutting es una forma del ya que deber por ser degradado tejido social de la actualidad, que lacera a nuestro país y nuestros hogares. Nuestros jóvenes son víctimas potenciales de este mal que produce además deserción, bajo rendimiento escolar, rebeldía y retraimiento. Es una afección que debe tomarse en serio, pues el trastorno en sí puede evolucionar a autoflagelaciones más graves y puede llegar a ser el preámbulo del suicidio.
Esto es un problema que requiere de especialistas, dada su gravedad. Es prioritario informar a padres, maestros y los mismos jóvenes, a fin de generar estrategias y actividades formativas que ayuden a frenar, en todos los espacios de su entorno, estas prácticas. Dotar de ayuda psicológica, que fomente la reflexión a través de las pláticas, conferencias y acciones informativas sobre la presencia del cutting, como las que ya hay del bullying y las diversas violencias.
Por lo que los invito, señores y señoras diputadas, a respaldar la presente iniciativa de ley, que pugna por el derecho a la salud mental de nuestros niños y jóvenes y que privilegia el derecho superior de los menores con la modificación al artículo 112 de la Ley General de Salud y que pretende, en el marco del párrafo tercero del artículo mencionado, sea incluido el bullying y el cutting en las actividades de orientación y capacitación referidas en el texto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Barrientos. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 262, 268, 295 y 376 Bis de la Ley General de Salud.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros, señoras y señores, hoy voy a hablar de algo que públicamente no se habla, que a pesar de ser algo tan natural, está cargado de un gran estigma social, la menstruación. Sí, la menstruación, eso que nos pasa a todas las mujeres durante un gran periodo de nuestra vida, cada 28 días.
Al cerrar la discusión sobre las opciones que tenemos las mujeres para vivir cada periodo, también estamos cerrando la discusión sobre la salud de nosotras las mujeres. A las mujeres nos han quitado la posibilidad de elegir, por ejemplo, los productos de higiene íntima que más nos convengan, condenándonos a utilizar productos que está comprobado son dañinos para la salud, son altamente contaminantes y son muy costosos.
¿Y por qué nos han quitado la posibilidad de elegir? Porque al parecer a la Cofepris le parece mejor privilegiar los intereses de las grandes industrias sobre la salud y la libertad de todas las mexicanas.
Esta institución sólo avala el uso de tampones y de toallas sanitarias, rechazando completamente una alternativa, que se ha demostrado es saludable, es económica y sobre todo es muy amistosa con el medio ambiente, esa alternativa es la copa menstrual.
Y el pasado 3 de febrero la Cofepris, al desconocer la calidad de los materiales con los que están elaboradas las copas menstruales y la supuesta falta de evidencia científica sobre el uso de la copa menstrual, emitió una alerta sanitaria en contra de la copa menstrual.
Y compañeras y compañeros, esta, esta es la peligrosísima copa menstrual que la Cofepris decidió prohibir, y esta peligrosísima copa cumple con los estándares internacionales de calidad, por lo que es vendida y comercializada fácilmente en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en España.
Esta peligrosísima copa menstrual para las mujeres representa un ahorro de al menos 14 mil pesos en productos de higiene, por lo que es un producto que además ayuda a reducir la desigualdad y a garantizar el acceso a la salud en mujeres en países, como Kenia, Tanzania y Ghana, en África.
Además, esta peligrosísima copa menstrual evita que cada año se produzcan 65 kilos de desechos que siguen lastimando a nuestro planeta. Ante esto vale la pena preguntarnos, ¿qué y por qué es peligroso para la Cofepris? ¿Por qué mientras decide prohibir un producto sin argumentos, permite la venta de productos como las toallas sanitarias y los tampones, que según la OMS provocan alrededor de 68 por ciento de las infecciones vaginales por los componentes tóxicos que están hechas, como el cloro o los residuos de plaguicidas que contienen estos dos productos?
¿Por qué la Cofepris permite la venta de productos que obligan a las mujeres a contaminar nuestro medio ambiente? ¿Por qué fomenta, por ejemplo, la cultura del consumo y el desecho que solo beneficia a los intereses de las grandes empresas?
Detrás de la alerta sanitaria está la intención de restarle libertades a las mujeres, libertades que nos ha costado muchísimos años de alcanzar.
Detrás de la negación de la Cofepris está también la desigualdad para acceder a los derechos fundamentales como la salud y la educación que todas las mujeres, que todas nosotras tendríamos que tener garantizados.
Por eso, la iniciativa que hoy presento ante este pleno busca que la Secretaría de Salud primero, es muy básico, deje de considerar a la menstruación como una enfermedad, y que reclasifique los productos de higiene femenina a la par que desarrolle una campaña de educación sobre estos productos y que la Cofepris haga su trabajo, que se ponga a defender los intereses de todas las mexicanas y no los intereses de las grandes empresas.
Compañeras y compañeros, es nuestra responsabilidad quitarle el miedo, el tabú y la vergüenza a estos temas. Es nuestra responsabilidad que de esto se desprenda un tema fundamental, que se trata de un tema de salud y de libertad. Se trata de que entendamos que son nuestras reglas. Y ahí nosotras decidimos. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sí, diputada Candelaria Ochoa, ¿con qué objeto?
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, me da mucho gusto que la diputada Verónica Delgadillo, compañera nuestra, haya presentado esta iniciativa. No solamente por salud de las mujeres sino que es un derecho a utilizar la copa menstrual por...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sí, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Estoy en el argumento, presidente. No solamente es un derecho de las mujeres a decidir...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Es que no está a discusión, diputada.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Por lo tanto, le pido a la diputada Verónica si me permite firmar la iniciativa con ella.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Delgadillo, ¿acepta?
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Queda a disposición de usted en la mesa de esta Mesa Directiva.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Jonadab Martínez, ¿con qué objeto?
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Además de felicitar a la diputada por esta iniciativa, tengo el deseo de suscribirla; por lo cual le solicito que usted le pregunte a la diputada si puedo suscribirla. Pero también quisiera hacer una observación. Sé que a lo mejor usted no lo ve tan bien, pero sí es importante mencionar que la Cofepris prohibió un producto derivado de la cannabis y hoy también, con otro mismo argumento, prohíbe otro instrumento medicinal que puede también atender la salud, la higiene de las mujeres. En este caso la iniciativa de la diputada Verónica. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Delgadillo, ¿acepta?
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Queda a disposición en esta Mesa Directiva para la suscripción de la misma.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: ¿Con qué objeto, diputada Araceli Rodríguez?
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Gracias. Erika Rodríguez, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Erika Rodríguez.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Para adherirme, si me lo permite la diputada Verónica, a esta importante iniciativa que habla de los derechos fundamentales de las mujeres. Y necesitamos sumarnos por la salud de todas las mujeres mexicanas.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a su disposición para la adhesión correspondiente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5o. de la Ley de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya finalidad es incorporar al texto de la ley el fomento y desarrollo de la capacidad funcional de las personas adultas mayores.
De acuerdo con el párrafo cuarto, del artículo 4o. de nuestra la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este concepto se extiende también a los supuestos establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Es un hecho que la transición demográfica del país y del mundo exige acciones contundentes para atender a la población de adultos mayores. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en la actualidad hay más personas mayores de 60 años que menores de cuatro años.
Ahora bien, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, la Conapo, para 2030 la población de adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representará el 14.8 por ciento. Las proyecciones de población prevén que prevalecerá un mayor número de mujeres que de hombres adultos mayores y que en el 2050, ellas representarán el 56.1 por ciento de la población de 60 años y más.
El aumento de este sector de la población hace que se incremente la demanda de servicios relacionados con la salud, con la vivienda, con las pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de estas personas. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid, en 2014 señalan que el total de adultos mayores de 60 años y más, el 26 por ciento tiene discapacidad, el 36.1 por ciento posee alguna limitación.
Entre los principales tipos de discapacidad se encuentran caminar, subir y bajar usando sus piernas; con 64.7 por ciento, el ver; con el 41.4 por ciento, escuchar y el 25.9 por ciento también para escuchar. Como se puede observar, el reto para nuestro país es mayúsculo, razón por la cual es preciso adaptar la ley para que las personas adultas mayores estén protegidas por políticas integrales que les permitan lograr trayectorias positivas de envejecimiento y procurar eliminar cualquier tipo de discapacidad funcional en su salud.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los cambios normales a causa del envejecimiento y los problemas de salud de los adultos mayores a menudo se manifiestan como declinaciones en el estado funcional. Estos problemas de salud condicionante del deterioro funcional en los adultos mayores pueden, de no ser tratados, conducir a situaciones de incapacidad, de incapacidad severa, como son la inmovilidad, la inestabilidad, el deterior intelectual, y además ponen al individuo en riesgo de hidrogenia y iatrogenia.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores contempla diversos derechos, sin embargo no se menciona el derecho a desarrollar su capacidad funcional de tal modo que se garantice su bienestar visto a través de la atención y cuidado de la vejez, proporcionándoles autonomía e independencia.
En Nueva Alianza consideramos que es preciso modificar esta situación e incorporar el derecho de las personas adultas mayores a desarrollar y a fomentar su capacidad funcional. Espero que compartan esta visión y acompañen esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa Almaral. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. La educación es un derecho humano plasmado en nuestra Constitución y en una cantidad importante de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de tal manera que el Estado mexicano tiene la obligación de impartir gratuitamente educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.
A la par de esta educación gratuita se contempla el derecho de los particulares de impartir educación en todos sus tipos y modalidades, lo que quiere decir que las madres y padres de familia tienen la oportunidad de decidir qué tipo de educación prefieren para sus hijos, pública o privada.
Al respecto, el 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos.
Así, el entonces jefe del Ejecutivo federal expidió un decreto a través del cual se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes y personas físicas a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.
Este decreto hacía referencia a la importancia de la educación para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso en nuestro país, y señala también que este estímulo permitirá a las madres y padres de familia disminuir el gasto correspondiente a los servicios educativos para destinar esos recursos a otros rubros de las necesidades familiares.
Que se haya introducido este estímulo fiscal representa un gran acierto y contribuye de manera significativa a mejorar la cobertura educativa e incentivar la permanencia en el sistema educativo, ya que contempla el beneficio para los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Por su parte el 26 de diciembre de 2013, fue publicado otro decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde se otorgan diversos estímulos fiscales, entre ellos el de la deducción de los pagos por servicios educativos señalados.
Dicho estímulo al estar estipulado en un decreto presidencial, corre el riesgo de que pueda ser eliminado de un momento a otro debido a la naturaleza jurídica del acto que lo creó, y por tratarse de un estímulo fiscal del que se benefician muchas familias mexicanas y que ayuda a perseguir objetivos prioritarios para el país como son el desarrollo y el progreso a través de la educación, por ello se hace necesario plasmarlo en un instrumento de naturaleza jurídica diferente y con mayor jerarquía como lo es una ley.
Si queda plasmado el estímulo fiscal de la deducibilidad de las colegiaturas justamente en la vigente Ley del Impuesto Sobre la Renta, la ciudadanía tendría a certeza de que es una disposición normativa cuya vigencia no será limitada ni podrá ser eliminada a arbitrio del ente que lo emitió, por lo que se cumpliría con el principio de la legalidad tributaria y se dotaría de seguridad jurídica a la población.
Por ello, pongo a consideración de esta soberanía que se adicione la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a fin de dotar de esta certidumbre jurídica que se requiere para seguir protegiendo, pero sobre todo beneficiando a los padres y madres de familia que optan por el pago de un servicio de enseñanza privada para sus menores hijos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Torres. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El diputado Enrique Rojas Orozco: Con su permiso diputado presidente. Compañeros diputados, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y de la Ley para la Transparencia, Ordenamiento de los Servicios Financieros, la propuesta que se presenta el día de hoy tiene como propósito resolver una fuerte problemática de las organizaciones de la sociedad civil en México. Esto es, del tratamiento erróneo que reciben en el sistema bancario, pues no existen productos diseñados para su naturaleza sin fines de lucro.
Que le sirvan para poder cumplir mejor su objetivo, un ejemplo de ellos es que las cuentas bancarias que les ofrecen, son iguales que para una empresa privada, por lo que se les cargan las mismas comisiones y obligaciones, lo que disminuye su capacidad para apoyar.
Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas constituyen un sector tan dinámico en su expansión como insuficientemente tratado, y precisamente una revisión a su gestión y organización interna revela áreas de oportunidad, siendo una de ellas el contar con un marco legal que permita la construcción de estas organizaciones sólidas, sustentables y eficientes, llamadas también tercer sector, consideradas así por enfocar sus acciones hacia objetivos públicos orientados a complementar la labor gubernamental y del mercado para buscar el bien común atendiendo las necesidades sociales y promoviendo la participación corresponsable de la sociedad.
Por su naturaleza y lugar preponderante en el país, los aportes se enriquecerán más que la administración y a las propias organizaciones a toda la sociedad, pues se han constituido como una fuerza generadora que permite a través de la participación social voluntaria el desarrollo de diversos sectores vulnerables, siendo un brazo solidario de la gestión pública.
Entre los retos y desafíos de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro enfrentan que se encuentran ante la falta de recursos suficientes el acceso a la acreditación como donatarias autorizadas y el acceso a servicios bancarios, específicamente en cuanto al tratamiento que reciben como persona moral, entrando –insisto– en el mismo régimen financiero que las empresas privadas que sí tienen fines de lucro.
La iniciativa pues daría lugar a que las organizaciones pudieran ser tratadas como tales por las instituciones financieras, uno. Alienta la formalidad. En este momento apenas 1.7 de estas organizaciones tienen un nivel de institucionalidad óptimo y solo 14.7 pueden recibir donativos, lo que significa que cuentan con reconocimiento legal y con los instrumentos financieros que se requieren.
El resto de estas organizaciones no tienen ni acta constitutiva y no poseen si quiera una cuenta bancaria para manejar los recursos, por lo que se ven impedidos de poder recibir apoyos gubernamentales y beneficios internacionales, principales argumentos a favor de esta iniciativa.
Más clientes para las instituciones financieras también, porque –acorde a su naturaleza por la organización de la sociedad civil en el sistema financiero mexicano y al ahorrarse el recurso económico de la gestión de la cuenta bancaria– muchas organizaciones tendrían la posibilidad de acceder a una cuenta y pues convertirse en clientes a su vez de los diversos productos que estos ofrecen.
Disminución de los costos de funcionamiento. Las organizaciones que actualmente tienen cuenta bancaria están obligadas a pagar la misma membresía mensual que las empresas con fines lucrativos, lo que podría estar en el rango desde 300 a 500 pesos cada mes. Con la aprobación de la iniciativa estas organizaciones ahorrarían alrededor de 6 mil pesos anuales, lo que les ayudaría a sobrevivir o apoyar a un poco más de ciudadanos.
En la actualidad, las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro no existen como tal para el sistema financiero mexicano, pues son tratadas y se les otorgan los derechos y obligaciones que a las empresas lucrativas. Ayudemos pues a quien se dedica a ayudar. Es cuanto, presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Rojas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 8 y 10 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Gabriela Ramírez Ramos: Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Me presento ante ustedes e día de hoy para honrar un compromiso, me he comprometido, como estoy segura que muchos de ustedes lo han hecho también, con los más pobres de entre los pobres, con aquellos a los que la pobreza y la marginación golpean diariamente, pues además de estas condiciones sufren, a diferencia de nosotros, con alguna discapacidad, ya sea por edad, accidentes o por nacimiento, que les impide no solo desarrollarse a plenitud como personas, sino incluso insertarse en muchos casos en actividades fundamentales a nivel económico, laboral, educativo y social.
Requieren de mucho más esfuerzo para obtener los mismos resultados, aunado a que debido a la falta de atención y tratamiento especializado resultan marginados desde los primeros años de la educación básica, al carecer las escuelas e instituciones de educación de instalaciones y de personal capacitado para atender la diversidad de necesidades y requerimientos especiales de aquellas personas con capacidades diferentes.
Conozco a muchas y a muchos, los atiendo todos los días en mi casa de enlace. Son personas no solo dignas de respeto y consideración, sino también, y quiero señalarlo con claridad, son dignas de admiración. No se doblegan, no se rinden, no claudican. Su vida es vida es una lucha diaria, constante, permanente, sin pausa y sin descanso.
Desde esta tribuna, la más alta del país, quiero reconocer a todas esas personas en estas condiciones, que sin importar que en muchas ocasiones sin ayuda salen adelante, incluso sacan adelante a su familia. No dejaré nunca de reconocer y admirar el temple y la determinación que son necesarios para superar una discapacidad, cualquiera que esta sea.
Reconozco también que ese esfuerzo se lleva con mucha mayor facilidad en el seno de una familia amorosa y comprometida, por lo que hago extensivo este mensaje a todas aquellas familias que superan juntos estas difíciles situaciones. Para ellas es mi intervención el día de hoy, pues he podido apreciar de primera mano cómo en la ejecución de los programas federales que combaten la pobreza estas personas son excluidas de los mismos, pues en muchas ocasiones no les resulta posible cumplir con obligaciones y con responsabilidades establecidas. Esto provoca que quienes más requieren apoyo y consideración sean hechos a un lado de los beneficios de los programas del gobierno federal.
Por ello pongo a consideración de todos ustedes reformar los artículos 3o y 8o y 10 de la Ley de Desarrollo Social, para asegurarnos del establecimiento en dicho ordenamiento de lo siguiente:
Primero. Reconocer la obligación que tiene el Estado mexicano con las personas con capacidades diferentes, estableciendo con toda claridad que son y serán considerados grupos vulnerables y, por lo tanto, sujetos prioritarios de las acciones en materia de desarrollo social.
Segundo. La obligatoriedad de establecer en las reglas de operación la inclusión de un porcentaje mínimo de familias con un integrante discapacitado, con la intención precisamente de que sean incluidos en los beneficios de los programas de combate a la pobreza.
Tercero. Establecer la obligación legal para que las reglas de operación contemplen las circunstancias especiales de las personas con capacidades diferentes y de sus familias, respecto del cumplimiento de las obligaciones de corresponsabilidad para facilitarles la inclusión y permanencia a los programas sociales.
Invito a todos a que apoyemos decididamente a quienes de entre los pobres requieren de más de nuestra ayuda. No permanezcamos indiferentes ante el drama que viven día con día ante la lucha cotidiana de las personas con capacidades diferentes.
Por su respaldo a esta propuesta en beneficio de las personas con capacidades diferentes y de sus familias, en nombre de todos ellos, les expreso mi más sincero agradecimiento. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ramírez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Si me permite. Diputada Delfina, ¿con qué objeto? Adelante.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias. Nada más para pedirle a la compañera diputada que ahorita presentó su iniciativa, si es tan amable de permitirme adherirme a esa iniciativa, que efectivamente es en un acto de justicia para esas personas con discapacidad. –Te felicito por la iniciativa, gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada Ramírez acepta. Queda a su disposición en la Mesa Directiva para lo conducente. Adelante, diputada Valdés, por favor.
La diputada María Concepción Valdés Ramírez: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, como es sabido, la figura del arraigo penal en nuestro país ha generado un panorama de ideas encontradas desde su incorporación en el Código Federal de Procedimientos Penales en 1983, hasta su elevación de corte constitucional y, posteriormente, contemplada en la actual Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En el año de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de esta medida cautelar, dando origen a diversas tesis jurisprudenciales que asentaron la idea de que el arraigo penal contraviene a la figura del debido proceso y diversas garantías procesales constitucionales, como los propios derechos humanos.
Posteriormente y de manera antinómica, en el 2008, al seno de este honorable Congreso de la Unión, se eleva la controvertida figura del arraigo penal a rango constitucional, mediante reforma al artículo 16 de nuestra Carta Magna. Subsecuentemente en 2009, la misma es instrumentada en el artículo 12, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ya mencionada.
A nivel de nuestro sistema legal, el arraigo no es una medida idónea, puesto que a pesar de ser una medida excepcional, no deja de ser una medida que carece de proporcionalidad y es contraria al principio de presunción de inocencia, su dinámica se desarrolla en un ámbito de arbitrariedad e irracionalidad, que sólo lleva a dejar al descubierto las carencias en materia de investigación del ente encargado de la procuración de justicia, esto debido a que es utilizado como una detención con fines de investigación, lo que contraviene igualmente a la teleología del actual sistema acusatorio penal.
En lo tocante a las obligaciones internacionales que nuestro país ha contraído, el arraigo penal ha venido a corromper el espíritu de lo contemplado, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Finalmente, en lo relativo a la postura de los organismos internacionales, estos se han pronunciado en contra de dicha medida cautelar en nuestro país, como lo es en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos en México de 2015.
Por lo referido, la presente iniciativa con proyecto de decreto plantea la derogación de los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la eliminación de la figura del arraigo en materia penal.
Es así que es inconcebible pensar en el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho a la par del arraigo, figura cuyo objetivo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio.
Es decir, la investigación no se lleva a cabo previa la detención de una persona, sino que esta es detenida arbitrariamente para ser investigada, contraviniendo a los principios básicos de justicia en una democracia, así la persona afectada queda sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada, lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora.
La reforma penal de 2008 y la normativa procesal tuvieron como fecha límite para entrar en vigor el 18 de junio de 2016, es ahora el momento oportuno para impugnar la figura violatoria de derechos humanos que es el arraigo, y lograr desterrar de nuestra Carta Magna una restricción constitucional que se advierte enemiga de los derechos fundamentales y del espíritu de las reformas en materia penal y procesal penal para así poder tener un punto de partida para mejorar la impartición de derechos y justicia en nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Valdés. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 87 de la Ley de Vivienda, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del PRI. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Gracias, señor presidente, con su venia. La iniciativa que hoy presentamos los diputados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional tiene como propósito atender la sustentabilidad de la vivienda, y en consecuencia, la preservación del medio ambiente.
La propuesta guarda congruencia con dos de los derechos que consagra nuestra Constitución, como son el derecho a la vivienda y el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo.
De acuerdo con el Registro Único de Vivienda, a partir del año 2007 se ha aumentado considerablemente la construcción de viviendas con eco tecnologías. Esto quiere decir que ha crecido el interés social por atender la calidad de las viviendas en términos de sustentabilidad.
El derecho a la vivienda digna es para todas las personas sin distinción de la zona del territorio nacional en la que vivan. En este sentido, las poblaciones rurales tienen derecho a contar con viviendas que tengan los servicios básicos de luz, agua potable y drenaje, por lo que debe existir una coordinación entre las diferentes autoridades para promover la utilización de tecnologías para el aprovechamiento y uso eficiente del agua en la vivienda y en su entorno.
Recordemos que en el año 2012 uno de los derechos elevados a rango constitucional, en el artículo 4, fue el del acceso al agua en su disposición y saneamiento para el consumo personal y doméstico.
Uno de los argumentos más sólidos de la reforma se sustentó en que el agua es un líquido vital, es el sustento de nuestros ecosistemas y elemental para atender nuestras necesidades básicas como el beber, la preparación de alimentos y la higiene.
Entendemos que a nivel mundial uno de los mayores retos que enfrentarán las naciones será precisamente el de atender las necesidades de agua para la población. Ante ello, resulta necesario tomar las medidas necesarias para hacer un uso planificado y eficiente del agua, es decir, contar con la infraestructura e instrumentos adecuados y eficaces en beneficio de la vida humana y de los ecosistemas.
En este sentido, la reforma al artículo 87 de la Ley de Vivienda que proponemos tiene la finalidad de contribuir al entorno ambiental y al equilibrio ecológico al incluir un sistema de captación de aguas pluviales en las viviendas que se construyen en el medio rural y se pueda fomentar el reúso del vital líquido.
Los diputados del Partido Verde y el del PRI reiteramos que el derecho y el acceso al agua es un bien fundamental que implica el sustento de la vida, de la salud, de nuestros ecosistemas. Es en sí un elemento que dignifica el bienestar de toda persona. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente y compañeros diputados y diputadas que están presentes en este recinto; pueblo de México y los que nos sintonizan a través de las redes sociales y el Canal de Televisión.
Las licencias son aquellos permisos otorgados al personal para ausentarse legalmente de sus labores por un tiempo determinado, a solicitud del propio trabajador; o bien, puede ser por un certificado médico.
Recordemos que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y útil para la sociedad y solo gracias a estas licencias se puede garantizar nuestro salario y nuestro medio de subsistir para satisfacer nuestras necesidades.
Esto lo encontramos fundamentalmente en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en su fracción XXIX, que establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, de guardería y cualquier otro encaminado para la protección y bienestar de los trabajadores, de los campesinos y de otros sectores tales como lo es la familia en lo social.
Es por esta razón que se considera necesario instrumentar esquemas que permitan ampliar el sistema de medidas complementarias a la seguridad social, que permita reconocer los derechos de los trabajadores para que se beneficien al obtener licencias con goce de sueldo, por cuidado materno, por cuidado paterno, para el cuidado de los hijos menores de edad enfermos.
Pero la figura de incapacidad por enfermedad de un hijo no se encuentra desgraciadamente reconocida en la Ley Federal del Trabajo, ni mucho menos en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, se debe evaluar esta situación como una medida que tienen los trabajadores en el desarrollo de las actividades relacionadas en su ámbito de cuidado y atención a su familia, a sus hijos.
Por lo anterior, la incapacidad no es el tiempo que el padre o la madre del hijo enfermo necesita para que este se recupere sino el tiempo específico que necesita el enfermo para sanar.
No obstante, es importante revisar las legislaciones antes señaladas, con el objeto de dar licencia de cuidados maternos para el menor de edad que sufre y que convalece una enfermedad y que requiere del cuidado de los padres;, hay tanto suspensión para que pueda subsanar esa deficiencia.
También se menciona las edades de los menores, ya que en algunas licencias otorgadas de manera especial se dice que solo hasta la edad de los seis años, once meses se puede incapacidad a las madres o padres de los menores, lo cual resulta una incongruencia puesto que la patria potestad y el cuidado de los padres se ejerce hasta los 18 años, cuando se cumple la mayoría de edad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta enorme soberanía, el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, la cual dice así: otorgar licencia a la madre o padre para la prestación de cuidados maternos o paternos con una duración de ocho días hábiles prorrogables, por certificación médica y con goce de sueldo, por enfermedad de los hijos de edades de cero, hasta su mayoría de edad o si el trabajador fuera el tutor de dicha persona. Es cuanto, señor diputado. Un placer estar con ustedes. Buen día.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con el permiso de las diputadas, de los diputados presentes, de los diputados que integran la Mesa Directiva. Efectivamente, lo que presentamos es una reforma a la Constitución, a varias disposiciones secundarias que tiene por objeto regular el tema de los salarios en el país.
Este es un país en el que hemos utilizado un criterio muy distinto para establecer los salarios de los funcionarios públicos, incluyéndonos a los diputados, y para abordar el tema de los salarios de la inmensa mayoría de los mexicanos.
Esta semana se dio a conocer en los últimos días que los mexicanos se van a tener que conformar con un salario mínimo de 80 pesos para el próximo año. Mientras, aquí los diputados estamos discutiendo el tema del bono navideño, mientras se aprobó un aguinaldo para los consejeros del INE de medio millón de pesos por consejero, mientras tenemos a un Poder Judicial que está nadando en recursos para ministros, para magistrados.
Le queremos decir a los mexicanos que el incremento del nueve por ciento es un paso en la dirección correcta. Nosotros que debe de haber un tope mucho más firme al tema de los salarios establecido desde la Constitución.
Que no hay ningún argumento para que un funcionario o para que un servidor público de origen político gane más de 100 mil pesos al mes, y para que un funcionario de características técnicas gane 150 mil pesos al mes.
El argumento de quienes defienden los altos salarios es que desincentiva o que combate la corrupción. Que un funcionario, que un político bien pagado va a tener incentivos, estímulos para no robar, para no ser un corrupto. La pregunta que nos tenemos que hacer ante la realidad es si eso funciona.
Los gobernadores ganan bien. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los gobernadores ganan alrededor de 100 mil pesos mensuales, y Javier Duarte se robó, según los cálculos más conservadores de Veracruz, 12 mil millones de pesos; Miguel Alonso, es la primera plana del Reforma de hoy, a través de también un conjunto de empresas fantasmas, de una estrategia de lavado de dinero, se robó 3 mil millones de pesos de las y los zacatecanos. ¿Cuántas veces su salario se robaron estos funcionarios? En el caso de Javier Duarte, 120 mil veces; en el caso de Miguel Alonso 30 mil veces. Eso nos da una cuenta de 10 mil años de salario o de 2 mil 500 años de salario en el caso de Miguel Alonso. ¿Les tuvimos que haber pagado 2 mil 500 veces más para que no robaran? Es un absurdo.
Roban porque hay impunidad. Los gobernadores, que es esta la peor generación de gobernadores de la historia, roban porque no tiene consecuencias, y además porque la voracidad no tiene límites; se trastorna el sentido humano.
Nosotros mismos no tendríamos ningún argumento, ningún argumento lógico para justificar nuestras percepciones. Da vergüenza cuando se habla de ejercicios de política comparada, que países más desarrollados que el nuestro, tengan una mejor regulación para los salarios, para los sueldos, para las prestaciones de los altos funcionarios y de los representantes populares.
Da vergüenza y debería de darnos, que los diputados mexicanos ganemos más que los de España, que los del Reino Unido o que de los del Europarlamento incluso.
Y lo que tenemos que hacer es generar una limitación constitucional para el tema, al mismo tiempo que volteemos al otro asunto; también da vergüenza que México tenga el segundo salario mínimo más bajo del continente, que estos 80 pesos, nosotros lo estamos planteando en esta iniciativa, se haga una propuesta multianual para que en un sexenio el salario mínimo al que cualquier mexicano pueda aspirar sea al menos de 200 pesos; paulatino, gradual el aumento, que cuide el tema inflacionario; pero es increíble que sigamos en la cápsula política más papistas que el Papa.
Es increíble que la Coparmex sea más progresista que esta Cámara de Diputados; que la Confederación Patronal de la República Mexicana diga “nosotros estamos dispuestos a pagar un salario mínimo 23 por ciento por encima de lo que hoy fija la ley”, y que nosotros seamos incapaces, cuidando el interés no sé de quién, de voltear a tomar medidas.
Hagamos un ejercicio de política comparada y debatamos con seriedad. Cuando uno plantea este tipo de cosas, se habla de populismo, pero cuando se trató de rescatar a la banca, cuando se ha tratado de rescatar intereses particulares, y de utilizar el dinero de los mexicanos para unos cuantos, no se ha fijado nunca el mismo adjetivo.
Nosotros creemos que el tema de los salarios es un tema que ya no aguanta más el pueblo de México y que tiene que discutir esta Cámara de Diputados. Gracias. Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Jorge Álvarez Maynez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la misma forma, la parte que le corresponda para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia presidente. Compañeras y compañeros diputados, saludo a los ciudadanos que nos siguen a través del Canal del Congreso.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La seguridad pública es un derecho humano que conlleva a la exigencia de resguardo del orden público, el cual debe ser garantizado por el Estado, a través de medidas aplicadas de forma oportuna y eficaz.
Durante los últimos años la violencia y la inseguridad se han profundizado en amplias zonas de nuestro país; el robo, el secuestro, las extorsiones, los asesinatos masivos y demás actividades delincuenciales, están presente en la vida cotidiana de todos los mexicanos recorriendo las calles en acecho de los ciudadanos que cada día se sienten con mayor miedo y en zozobra.
Todo ello ha obligado al Estado a replantear las estrategias de seguridad pública y en consecuencia a tomar la decisión de solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para contribuir en tareas de seguridad pública con el propósito de proteger a la población y evitar que el fenómeno criminal escale niveles que pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos.
En este sentido, en Nueva Alianza reconocemos los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad pública, no obstante consideramos que es fundamental proporcionar los instrumentos jurídicos que impriman certeza legal a esas tareas de seguridad emprendidas para protegernos a los ciudadanos.
Por ello hago uso de esta tribuna para poner a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, el objetivo es incorporar elementos normativos que coadyuven a dar claridad y privilegien la prevención, pero al mismo tiempo agilizan la capacidad de reacción frente a las contingencias adversas.
De igual manera, se pretenden modificaciones para que en todo momento se protejan y salvaguarden los derechos humanos de la ciudadanía. En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de mantener y fortalecer la confianza de nuestras Fuerzas Armadas, siempre anteponiendo el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de que los ciudadanos vivamos en un país seguro; garantizar la tranquilidad de los mexicanos, de los hombres, mujeres, niñas y niños, por ello mantenemos nuestro firme compromiso de propiciar medidas necesarias para lograrlo.
Compañeros, los exhorto a que nos sumemos a una demanda que la ciudadanía a lo largo y ancho del país está padeciendo y es el momento de que actuemos y les demos resultados para garantizar la seguridad de los mexicanos. Es cuanto. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mirna Saldívar. Sonido en la curul. Listo.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle a la diputada María Eugenia adherirnos a su importante iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, diputado presidente, compañeros legisladores. Para el Partido Encuentro Social la nueva forma de hacer política que en nuestro país de forma urgente requiere pasa necesariamente por incentivar fuertemente la participación ciudadana.
La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles es precisamente una herramienta solemne, eficaz y digna que tiene nuestro orgullo por lograr la motivación justamente para la participación ciudadana. Incentiva la participación de nuestros ciudadanos.
Dicha ley, no siempre suficientemente valorada, lleva intrínseca un esfuerzo que no solo tiene que ver con el reconocimiento a la persona concreta y particular a quien se le otorgan los honores públicos, sino que tiene que ver también con el reconocimiento y estimulación de acciones de impulso a determinados valores y temas, cuya existencia el Estado y la sociedad en general consideran valiosos o prioritarios.
Es decir, no es solo la conducta particular la que se reconoce a través de esta ley, sino lo que origina que haya reconocimiento a partir del trabajo que se hace por ciudadanos o por organizaciones. De ahí proviene de hecho el nombre de los diferentes tipos de reconocimientos y premios considerados en el artículo 6o de la ley en comento.
Se trata pues de un ordenamiento que representa los valores que son prioritarios para un Estado, para una nación. Regula la manera en que un gobierno estimula a sus mejores ciudadanos a seguir siendo pilares de dicha sociedad, cada uno en el área, valor o en la conducta en la cual se ha desenvuelto.
La selección de los premios y su objeto, por tanto su denominación, no es cosa menor y por supuesto tampoco ociosa. Los temas prioritarios para una sociedad deberían estar exhaustivamente, pero asertivamente reflejados en sus premios y en sus reconocimientos.
Ahora bien, la atención a la primera infancia en cualquier sociedad, pero particularmente en un Estado democrático y por supuesto también para el Partido Encuentro Social, debe ser una prioridad y lo es del más alto nivel.
Artículos científicos, estudios, investigaciones e incluso teorías acreedoras de Premios Nobel de Economía, han mostrado evidencias sólidas acerca de la rentabilidad en capital humano, el aumento de resultados educativos, la reducción del gasto público, la reducción de la violencia y el desarrollo físico y psico-afectivo de los mexicanos en general. Es más, me atrevo a decir que hoy que se lanzan los resultados de la prueba Pisa, si México pone atención a este tema, estoy segura y no lo digo yo, lo dicen grandes investigadores, que el resultado deberá de ser necesariamente diferente.
Es por ello que el día de hoy presento ante ustedes, queridos compañeros diputados, la presente iniciativa que busca incluir en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el premio nacional de impulso a la primera infancia, para reconocer a aquellos mexicanos que de manera ejemplar han promovido significativamente el desarrollo infantil temprano, y al mismo tiempo evidenciar con esta reforma la nueva conciencia, muy actual y oportuna, de la tremenda importancia y prioridad que la primera infancia tiene en la economía y en el desarrollo de un país.
Es más, en el desarrollo de nuestro país, pues como dice el gran psiquiatra español, Enrique Rojas: Casi todo lo humano está en la infancia. Cuando esa etapa ha sido feliz, sana, llena de afecto y bien enfocada, uno sale fuerte para todo.
Necesitamos incentivar que en México esto, desde estudios desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, desde estudios desarrollados por el Premio Nobel de economía James Heckman, necesitamos conseguir que en México se incentive el trabajo dirigido a fortalecer a nuestros niños en sus primeros pasos por la vida y necesitamos asegurar que la creatividad, riqueza y la genialidad de los mexicanos sea reconocida a partir de este premio, que podrá luego convertirse en acciones políticas, estrategias y, por supuesto, un presupuesto público justo para nuestros niños. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política:
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expresa un firme y respetuoso llamado de atención al secretario de Desarrollo Social, licenciado Enrique Miranda Nava, por las expresiones vertidas durante la comparecencia en el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social. Asimismo expresamos nuestra solidaridad con la diputada Araceli Damián González, como integrante de esta Cámara y representante de las diputadas de la misma.
Segundo. La Junta de Coordinación Política expresa su convicción de que entre Poderes nuestras relaciones deben tener como base el respeto y, por lo tanto, nos pronunciamos y hacemos un llamado de atención para que esta relación se apegue siempre a los valores de pluralidad, civilidad y ética, indispensables para el diálogo político.
Tercero. Túrnese al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.
Firman integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Virgilio Dante Caballero. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Muchas gracias. Gracias, presidente. Compañeros, quiero simplemente subrayar, destacar la importancia de este punto de acuerdo que es histórico, no tiene precedentes, se ha defendido, no solamente la dignidad de todas nuestras compañeras diputadas, todas las mujeres de la Cámara también, sino además la soberanía de esta entidad, de nuestra Cámara de Diputados.
Por eso, yo creo que debemos tomar en cuenta que estamos ante un hecho histórico sin precedentes. Mandarlo además, a la Presidencia de la República culmina el movimiento que se creó alrededor de este asunto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado. Quedan sus expresiones asentadas en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (17:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana, miércoles 7 de diciembre de 2016, a las 11 horas.
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