Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de enero de 2016

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación, para informar que el titular del Ejecutivo se ausentará del país; de diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo; del Instituto Nacional de Migración y de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, con informes

Declaratoria de reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México

Del Congreso de Chihuahua, con iniciativa; solicitud de licencia de senadores; y reincorporación de senador y de diputada

Iniciativas

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI

Senadora Sonia Rocha Acosta, PAN

Diputado Felipe Reyes Álvarez, PRD

Senadora Martha Palafox Gutiérrez, PT

Dictámenes

De la Primera Comisión

Minuto de silencio por el fallecimiento del hermano del diputado Gonzalo Guízar Valladares

De la Segunda Comisión

De la Tercera Comisión

Agenda política

Comentarios relativos a la detención del licenciado Humberto Moreira Valdés

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Pase de lista)

¿Falta algún legislador de pasar lista? Señor presidente, hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:32 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente,  mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de Comunicaciones.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 28 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación del presidente de la República del Ecuador, señor Rafael Correa Delgado, para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizará en Quito, Ecuador, el próximo 27 de enero de 2016.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para su conocimiento, y a las comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores y a la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron de diversas autoridades nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron de diversas autoridades veintidós contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente, correspondientes al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio del Instituto Nacional de Migración, los avances financieros correspondientes a diversos programas de protección a migrantes, así como los avances financieros con cifras preliminares y el acumulado correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio de la Secretaría de Salud, con la que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios y reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y reglas de operación correspondiente al periodo enero-diciembre del ejercicio fiscal 2015 e informa que el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación se encuentra disponible en la página electrónica oficial de la Secretaría.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a las Comisiones de Salud y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de diciembre de 2015 desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2014.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Damos la bienvenida, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que se encuentra aquí presente. Y en virtud de que el siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, lo invitamos cordialmente, doctor Mancera, que pueda acompañarnos acá en el presídium, acá en un sitio de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué objeto, diputado Víctor Sánchez? ¿Con qué propósito solicita la palabra?

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para mencionar que con respecto a la discusión que se está analizando aun sobre el mando único nacional, es importante señalar que ante la inseguridad que vive el país los diputados de Movimiento Ciudadano pedimos que haya una discusión donde se haga frente a los ciudadanos.

Que esta discusión también tome en cuenta a los presidentes municipales, dado que las últimas reformas constitucionales se han dado solamente entre la Conago, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo federal. En esta discusión, que es muy trascendente y que podría vulnerar la autonomía que tienen los municipios, pedimos que se tomen en cuenta todos los actores, los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Con todo respeto, pero no estamos en ningún punto que tenga que ver con el tema por usted planteado. En todo caso la atenta sugerencia es que lo pueda registrar para que en un momento determinado pudiera ser parte de la discusión. Se registran sus consideraciones desde luego.

Continuamos. El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México. Solicito a la Secretaría dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Arteaga: México, Distrito Federal, enero 19 de 2016.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Adjunto me permito enviar a ustedes para atención de la honorable Comisión Permanente los votos aprobatorios del proyecto de decreto por el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México recibidos en el Senado de la República, emitidos por las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, senador Roberto Gil Zuarth, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda ahora la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente, me permito remitir a ustedes las aprobaciones de los congresos de los estados de: Baja California Sur, Campeche, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y drogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la ciudad de México, para conocimiento de la Comisión Permanente.

México, D. F., a 19 de enero de 2016.

Diputado Juan Manuel Celis Aguirre, secretario.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 23 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la ciudad de México.

Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria:

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en materia de la reforma política de la ciudad de México. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Con fundamento en lo que dispone el artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto aprobado antes de que se remita al Ejecutivo federal, no podrá modificarse salvo para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes. Felicidades, muchas gracias.

Sin duda hoy comienza una nueva etapa para la Ciudad de México, la declaratoria de reforma constitucional que hoy se ha dado, será el último acto del Congreso de la Unión sobre el régimen interior de la Ciudad.

Damos el paso más importante desde la reformas de 1996 y 1998 que dejaron atrás casi siete décadas de concentración del poder en la autoridad federal, en el Departamento del Distrito Federal y en las delegaciones.

Con el renacimiento de la Ciudad de México, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial se fortalecen como poderes locales en su autonomía y las demarcaciones pasarán de gobiernos unipersonales a alcaldías que trabajarán de forma colegiada.

La LXIII Legislatura ha tomado una decisión histórica que ubica a la Ciudad de México a la par de los estados de la República, que apunta a la renovación del Pacto Federal, y que define las funciones de la ciudad capital sin limitar las prerrogativas de sus habitantes.

Se amplía así el camino para una relación de mayor respeto y cooperación de las autoridades capitalinas con los poderes federales en el que la descentralización, la autonomía y la soberanía popular, serán los factores para el equilibrio.

Se reconoce a las y los capitalinos el pleno derecho a contar con una Norma Fundamental e instituciones propias que reflejen la pluralidad y el carácter incluyente de la sociedad y, sobre todo, que sean capaces de concretar los avances por la igualdad y el bienestar de las últimas décadas.

Este año las y los capitalinos elegirán una asamblea constituyente. Ante ello, a los partidos políticos y a la sociedad civil les corresponde imaginar una Ciudad de México sustentable, justa, democrática, vanguardista, y a los constituyentes les corresponde diseñar un régimen para colocar a la ciudadanía en el centro de la vida pública.

El Congreso de la Unión celebra esta oportunidad para que la sociedad capitalina se expense en un proceso fundacional que inaugure un nuevo contrato social que conduzca hacia un futuro de igualdad, justicia y democracia. Que sea para bien de México y de las y los mexicanos.

Saludamos la presencia también del doctor Agustín Basave, ex colega nuestro, colega con licencia, presidente nacional del PRD. Al doctor Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México. Al licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de gobernación y enlace legislativo. Al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, también aquí presente. Al diputado coordinador de la bancada del PRD, al diputado Francisco Martínez Neri, así como al vicecoordinador Guadalupe Acosta Naranjo. A diputadas y diputados de distintas expresiones que están aquí presentes, bienvenidas y bienvenidos todos.

Se han registrado para referirse al tema recién declarado compañeras y compañeros legisladores. Y en consecuencia, tiene la palabra la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

 La senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros de esta Cámara de Diputados. Han dado el aval diversos congresos locales para que el Distrito Federal se convierta en la Ciudad de México en una forma inapelable como aquí lo explicó el presidente de la Mesa. El cual hasta este momento goza de un régimen político excepcional al de las 31 entidades federativas, por ser sede de los tres Poderes de la Unión.

Sin lugar a dudas es una reforma inclusiva en términos del pacto Federal. Recordemos que el federalismo apela al reconocimiento de fuerzas distintas al poder central, capaces de crear su propio marco jurídico-político, pero siempre acatando lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es decir, el federalismo puede ser entendido como el respeto a un pluralismo de las sociedades modernas, delimitadas territorialmente dentro de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, cómo apelar a un pluralismo de ideas cuando el artículo séptimo transitorio  del dictamen por el que se crea la Ciudad de México ordena que la Asamblea constituyente se compondrá de 100 diputados y 60 se elegirán según el principio de representación proporcional.

Por su parte, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión elegirá a 14 legisladores designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política.

Asimismo, el presidente de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal podrán designar, cada uno a seis integrantes de la Asamblea Constituyente. Lo ideal y lo realmente democrático para constituir una Asamblea Constituyente sería que los ciudadanos, que al 2014 eran 20 millones, 843 mil ciudadanos, pudieran elegir mediante el sufragio universal a todos y cada uno de quienes crearán, discutirán y aprobarán la Constitución de la Ciudad de México.

No obstante, la participación de la ciudadanía está limitada a elegir a unos cuantos diputaos que integrarán dicha Asamblea, mientras que otros serán designados por la partidocracia. Es decir, este proceso que pretende dotar de mayores instrumentos, mecanismos y estilos de vida democráticos para la capital del país, la cual se ha caracterizado por ser progresista y de vanguardia, surgirá en medio de la imposición por parte de los partidos políticos mayoritarios.

En este sentido, la partidocracia únicamente tendrá que ganar 11 de los 60 asambleístas para obtener una mayoría simple. Ante tal práctica se podría pensar que los partidos políticos de siempre, que son minoría en la Ciudad de México, busquen ser mayoría ilegítimamente y así reducir a la naciente fuerza partidaria a una minoría satelital.

Algo parecido a lo que pasaba en los periodos del partido hegemónico, quienes recibieron tan peregrina idea retrocedieron 78 años en la historia de México y solo demuestran su temor a que los procesos políticos escapen a su control.

La integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México será un atentado a la República y a la precaria democracia del país. Es contradictorio que se le pretenda otorgar de autonomía al Distrito Federal por medio de una imposición. La Constitución de la Ciudad de México tendrá de democrática y progresista lo que Antonio López de Santa Anna tuvo de revolucionario nacionalista.

Se debe entender que un gobierno democrático nace y se sostiene por medio de la participación activa de los ciudadanos y se garantiza a través de elecciones limpias, equitativas. Un gobierno democrático dialoga, hace acuerdos y respeta todas las expresiones ideológicas y, sobre todo, asegura la libre expresión y pluralidad de ideas, al mismo tiempo de respetar las críticas. Cuestiones que a simple vista no cumplirá la Asamblea Constituyente.

Por otra parte, resulta esencial que la nueva Constitución de la Ciudad de México empodere realmente a los capitalinos, a fin de que emitan su opinión sobre temas de interés general. Es lo mínimo que debiera tener una de las Constituciones más jóvenes y progresistas del mundo.

Apelamos y hacemos votos de confianza para que la integración de la Asamblea Constituyente tome en cuenta la opinión de los capitalinos, tome en cuenta la opinión al momento de realizar la Constitución de la Ciudad de México y que esta sea inclusiva, progresiva y, por supuesto, que el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 de la Constitución federal se haga valer.

Nos preocupa mucho, sobre todo ahora que tenemos un reglamento recaudatorio impositivo a la población.

También quiero dar crédito de este posicionamiento a mi compañero, el senador David Monreal Ávila. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Palafox. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, celebramos el reconocimiento que hoy se hace de la Ciudad de México y sus ciudadanos.

Este día la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cumple con el precepto constitucional establecido en el artículo 135, al hacer la declaratoria de constitucionalidad la reforma política de la Ciudad de México, una vez aprobada por la mayoría de los Congresos locales.

En Nueva Alianza nos manifestamos a favor de esta reforma, porque estamos convencidos de que los ciudadanos de la capital merecen que sus derechos políticos sean reconocidos a plenitud, siendo la metrópoli más activa y vital, la más informada y crítica, resultaba un sinsentido el que se negara a sus ciudadanos la oportunidad de tener un Congreso local, una Constitución y las prerrogativas de las que gozan los demás ciudadanos del país.

Hoy es un día histórico, en Nueva Alianza lo sabemos y así lo asumimos. Estamos ciertos que esta es la oportunidad de que la Ciudad de México tome su lugar como una de las más importantes del mundo y que esta nueva etapa en su historia la convierta en la vanguardia del país, como está llamada a serlo.

El reconocimiento que hoy se hace de la Ciudad no es una respuesta sencilla a problemas complejos. Hay enormes pendientes, el principal de ellos, disminuir la ingente brecha de desigualdad.

La realidad de los millones de capitalinos que todos los días se enfrentan a falta de servicios, a inseguridad, a la pobreza y a un transporte ineficiente, contrasta dramáticamente con la de las zonas residenciales, los departamentos de lujo y la indudable belleza de las zonas turísticas.

Los desafíos de la Ciudad de México son una muestra de lo que afecta al país en su conjunto, de ahí la trascendencia de su resolución. Con casi 9 millones de habitantes, según el más reciente censo realizado por el Inegi, la Ciudad de México es la entidad más importante del país a nivel económico.

De acuerdo con datos del 2013, el producto interno bruto local fue equivalente a 198.7 mil millones de dólares, cifra que supera por mucho a otras entidades de nuestro país.

La reforma que hoy se hace realidad constituye una nueva ocasión para que los ciudadanos de la capital den muestra de su madurez política. Pero más aún, para que quienes tendrán la enorme tarea y privilegio de conformar el Constituyente de la capital del país tengan en cuenta que de la redacción de esa ley suprema derivará el correcto funcionamiento de una metrópoli que debe estar acorde a las necesidades de todos sus habitantes, del país y del mundo.

La Ciudad de México es el crisol donde se funden las más diversas ideas, formas de vida, de familia, posturas políticas e intelectuales. Ahí radica su riqueza y su complejidad, y es ésa la paradoja que tendrá que verse representada en su nueva constitución.

En Nueva Alianza nos sentimos orgullosos de haber formado parte de la legislatura que por fin saldó una deuda centenaria con esta ciudad. Celebramos este acontecimiento y trabajaremos desde nuestro espacio para que nuestra ciudad sea ejemplo de una metrópoli inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, de la transparencia y de la sustentabilidad. Enhorabuena a los habitantes de esta ciudad y que sus retos sean nuestro impulso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Saludamos la presencia de nuestros amigos consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, a su presidente Mario Velázquez, el consejero Pablo Lezama, a la consejera Olga González, a la consejera Gabriela Wiliams, al consejero Yuri Beltrán, a la consejera Dania Rabel y al consejero Carlos González.

Igualmente, saludamos la presencia de la licenciada Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria de educación pública del Distrito Federal. Del ingeniero Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional en Gustavo A. Madero y del licenciado Raúl Flores, presidente del PRD en el Distrito Federal. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes.

Tiene ahora la palabra la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.

La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. El Distrito Federal es un referente nacional e internacional al concretar políticas que tienen como ejes rectores los principios de no discriminación e igualdad, en aras de alcanzar el reconocimiento pleno de los derechos humanos y una cultura cosmopolita. Ha sido el primero en implementar procesos participativos que se han retomado en otros estados.

Este avance democrático ha estado acompañado de la participación tenaz de diversos movimientos sociales, incluido el movimiento feminista a favor del fortalecimiento, de una ciudadanía plena para sus habitantes.

Desde hace años se encontraba sobre la mesa del debate, la necesidad de que el Distrito Federal le sea reconocido el estatus de entidad federativa, que habría la posibilidad de que las y los habitantes del Distrito Federal contáramos con una Constitución propia.

Hoy, después de un largo periodo y proceso, la reforma política de la Ciudad de México nos permite dar un paso más en esa dirección. Sin embargo, en voz de la ciudadanía, esta reforma le quedó a deber, ya que la reforma aprobada el 15 de diciembre pasado traiciona la vocación democrática de todo proceso constituyente que se legitima con la participación ciudadana, niega el derecho a la ciudadanía de participar en las decisiones que nos afectan y configura una asamblea constituyente definida en su integración por los partidos políticos y los Poderes instituidos del Estado generando, además, una sobre representación de los partidos por la vía de la designación de constituyentes.

Convencida estoy que esta ciudad merece una Constitución, fruto de una amplia participación de sus habitantes, que recupere la voz de todos los sectores, identidades, territorios y grupos de población, de las y los especialistas y ciudadanos con trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Dicho proyecto de Constitución Política debe fundamentarse en el respeto y garantía de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, un proyecto transversal de la perspectiva de género que permita afianzar una política de igualdad sustantiva de la que somos referentes, garantizando que no haya regresión de los derechos conquistados y se legisle bajo el principio pro-persona. Acorde a los avances en materia de participación política de las mujeres, es necesario que se garantice la paridad en la Asamblea Constituyente.

Punto álgido es la integración precisamente de esa Constituyente, el cual se integrará con un método mixto que no es completamente democrático. El 60 por ciento será electo y 40 por ciento será para la representación del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del presidente de la República y del jefe de Gobierno. Esto lesiona el principio democrático de integración del Constituyente y refleja el veleidoso acuerdo de los partidos políticos de siempre.

Toda persona integrante de la Asamblea Constituyente debiera ser electa democráticamente bajo el principio de paridad de género, evitando la partidocracia y abriendo canales de participación a la ciudadanía. Este sería el derrotero que consolide y legitime el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

Sin embargo no está pensando en mecanismos innovadores para impulsar la vida democrática. Hay una notable ausencia de procesos participativos para la inclusión de la ciudadanía quien, de estar inmersa en el Constituyente, oxigenaría la vida pública de la ciudad fortaleciendo el origen y concepción de la nueva organización política de la Ciudad de México.

Por ello, y aprovechando la presencia del jefe de Gobierno en este recinto, me permito solicitar que en aras de las facultades que tiene y en virtud de que le tocará designar a algunos de los constituyentes que participarán en este nuevo proceso democrático, que al menos la mitad de los que se integren sean mujeres para poder cumplir con la paridad.

En ese mismo sentido, solicitar al titular del Ejecutivo federal que también se garantice que la integración de los constituyentes que serán designados sea paritaria. Lo mismo pido para el Senado y la Cámara de Diputados, ya que cada una habrá de designar dentro de sus integrantes 14 constituyentes en cada una de las Cámaras y se requiere que también cumplamos con el principio constitucional en materia de paridad.

También quiero pedir –de hecho lo hemos inscrito a través de un punto de acuerdo y ojalá se consolide antes de que termine la Permanente– que en los lineamientos que habrá de emitir el Instituto Nacional Electoral,  y que sin duda se coordinará con el Instituto Electoral del Distrito Federal para la organización del proceso de selección de los constituyentes para que en los lineamientos que se emitan, también se considere este principio de paridad y se puedan garantizar condiciones de participación de la ciudadanía vía las candidaturas independientes.

Finalmente, y también es una solicitud al jefe de gobierno del Distrito Federal, en virtud de que con respecto a como quedó la ley, él será el responsable de presentan un proyecto de Constitución, solicitarle que este proyecto sea consultado ampliamente por la ciudadanía antes de presentarse como un proyecto a la asamblea constituyente.

Me parece que las y los ciudadanos del Distrito Federal merecemos un proceso participativo, democrático, en el cual se garantice la plena participación de la ciudadanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Tagle. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Voy a iniciar con una pequeña lectura de la convocatoria que hizo Carranza para los constituyentes de 1917. En el documento se establece la forma en que debe integrarse el Congreso constituyente.

“Se elegirá un diputado propietario y a un suplente por cada 60 mil habitantes o fracción que pase de 20 mil. Para ser electo diputado se exigen los mismos requisitos y los mismos impedimentos que los expuestos en el artículo 56 de la Constitución de 1857; pero se especifica que no pueden ser electas aquellas personas que hubieran ayudado con las armas o servido en empleo público, a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista, salvedad que excluye formalmente a todos los enemigos de Carranza y de su grupo”.

Con esto iniciamos con nuestra historia, con lo que somos los mexicanos, de dónde venimos. Un día que debe de ser de fiesta para todos los capitalinos; para todos los mexicanos es un día que no convence por la forma en que se llevó a cabo esta iniciativa.

Las diputadas y los diputados de Morena consideramos un deber histórico improrrogable dotar de derechos plenos a los habitantes del Distrito Federal. Coincidimos en que la Ciudad de México debe dejar de estar sujeta por los poderes federales.

Estaremos pendientes al proceso de elección de los diputados constituyentes y de los contenidos de la Constitución Política del Distrito Federal con pleno respeto a las atribuciones de la asamblea constituyente

Ya lo mencionaron, son 100 constituyentes que se formarán con una designación antidemocrática, por elección de partidos políticos y de personas que están en el poder. No es lo que Morena quería, no es lo que esta capital que por 20 años ha llevado a jefes de gobierno en una forma democrática a que conduzcan la administración pública y que de ello hoy se emane la gran capital y la gran ciudad que tenemos hoy.

Morena, vamos a promover de manera permanente, las acciones legislativas con la finalidad de lograr la democracia plena, que significa democracia participativa y directa, en la cual los ciudadanos deciden directamente los asuntos más importantes de la nación. Lo estamos haciendo en esta soberanía y lo haremos, sin duda, en la capital del país.

Para Morena, nuestro compromiso es combatir y denunciar la corrupción, las injusticias, al autoritarismo, los abusos de poder donde quiera y con quien sea que se presenten.

Es nuestro deber hacer frente a la adversidad, fortalecer nuestros principios y convocar al pueblo de México a un nuevo episodio en la lucha por su dignidad. Sin embargo, en esta declaratoria de aprobación de diversas disposiciones de la Ley Fundamental en materia de reforma política de la Ciudad de México, el Constituyente Permanente excede a sus atribuciones, pues a través de los artículos transitorios, instruyen la reinstalación de una asamblea constituyente de la Ciudad de México, compuesta por 100 diputados: 60 –como ya lo mencionaron– de facto serán designados por los partidos políticos, no por los ciudadanos del Distrito Federal. Por si fuera poco, los otros 40 diputados serán designados por el Poder Ejecutivo, el jefe de gobierno, el Senado y la representación nacional.

Esto será legal pero no legítimo, perdimos la oportunidad de hacer las cosas bien, es lamentable.

El artículo 39 de nuestra Ley Fundamental establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público se instituye para su beneficio. Con la designación de 40 diputados constituyentes de la Ciudad de la México, se somete la voluntad de los ciudadanos a los designios de un poder artificial agrupado en intereses puntuales.

Morena está a favor de que el Distrito Federal sea un estado más de la República Mexicana, un espacio cuya verdadera vocación sea la transparencia y la participación ciudadana, uno de los pilares fundamentales.

Usted, señor Mancera, doctor Mancera, fue electo democráticamente por una fuerza de izquierda, por un movimiento de izquierda que caracteriza a este país, va a tener usted el designio, va a ser el proponente, va poder nombrar constituyentes, lo menos que se espera es que se haga una herramienta democrática, se utilice una herramienta democrática.

Hoy por hoy esto nace torcido, esto nace mal, y nosotros los de izquierda sabemos que cuando esto nace así los resultados no van a ser satisfactorios, ojalá que nos equivoquemos. Usted llego por el impulso de un movimiento progresista y era lo que más esperábamos, que esta reforma, que esta ley, que esta constitución, que esta norma que va a regir a los capitalinos fuera en forma democrática.

La federación y los estados de la república tienen una deuda con el D.F, dotémoslo de una constitución en donde el gran hacedor de la ley fundamental de esta ciudad sea una asamblea constituyente electa democráticamente. La declaratoria que aquí se hace nace torcida, se pierde esta gran oportunidad, va a carecer de legitimidad, que tan lejos estamos de lo que hizo Carranza. Espero que podamos retomar el rumbo, espero que podamos actuar de una forma política y democrática a la altura de lo que esperan los capitalinos. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro González Murillo: Con su permiso, presidente. Honorable Comisión Permanente, hoy presenciamos y protagonizamos la declaratoria de reforma constitucional de la Ciudad de México, con lo cual tenemos la seguridad que estamos ante un hito en la historia de México.

La Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, consolida su evolución política a través de una reforma inclusiva, progresista y de avanzada en nuestra Carta Magna, que luego de pasar por las dos Cámaras en este honorable Congreso de la Unión tuvo el aval de la mayoría de las legislaturas locales en nuestro país, para hoy sea reconocida  como Ley Suprema de la Unión.

Para Encuentro Social, instituto político de puertas, mente y podio abierto a las personas y su complejidad, el avance que hoy atestiguamos es parte importantísima de la estructuración de un nuevo pacto social, que pasa obligadamente por la definición de los objetivos, prioridades y vocación ciudadana del gobierno en y de la Ciudad de México, la que hoy fortalece su vocación de capital federal y progresa en su sendero autonómico, pero respetuoso de la soberanía nacional.

No parece haber pasado tanto tiempo desde que en 1997, en que este Palacio Legislativo de San Lázaro la pluralidad se volvió una realidad que obligada a las fuerzas políticas a sentarse a negociar y conseguir acuerdos, a nivel local la Asamblea de Representantes se volvió Legislativa y un jefe de gobierno electo democráticamente enterró la figura obsoleta de regente de la ciudad.

Entonces la nueva realidad de la Ciudad de México y del país en que quienes solían ser oposición tuvieron que aprender a ser gobierno y viceversa, apuntalaba a la Ciudad de México como referente obligado a la vida nacional, la arquitectura legal y de sus instituciones no podían continuar un estado de clara inferioridad de derechos, por lo que en su momento los 18 años transcurridos desde 1997 a 2015, en que se aprobó en este Congreso de la Unión, ciertamente determinaron  el reconocimiento a una mayoría de edad sólida y en constante evolución.

Nuestra capital, que ha sobrevivido a desastres naturales como temblores e inundaciones y catástrofes de otra índole, como el delirante secuestro postelectoral en Paseo de la Reforma, ciudad sacudida y minada en 1985 por un sismo que transformó la experiencia de la organización ciudadana ante la parálisis del Estado frente a la emergencia, ahora vivirá, después de 87 años, el renacer de la experiencia política de inspiración municipal suprimida en 1928.

No más delegaciones políticas, ahora la noción de alcaldes y consejos elegibles con toda la fuerza del cabildo, revolucionarán la forma de gobernar las demarcaciones territoriales, con autonomía presupuestal, pero con límites de ordenamiento que a nadie razonablemente demócrata deberían disgustar.

Así, la sede de la primera imprenta en el continente y de la reina de México y emperatriz de América transita de un nivel que la hacía inferior políticamente que el resto de las entidades federativas, para igualarlas en lo general en su diseño legal e institucional.

No más un estatuto de gobierno desde la federación. Ahora no habremos de concluir el primer mes de 2017 sin que exista una Constitución propia, la creciente congresional, hoy día la Asamblea Legislativa será capaz de reformar y modificar con las restricciones usuales de la Constitución General.

Desde el Partido Encuentro Social queremos felicitar a las personas que habitan y hacen todos los días a la Ciudad de México, por tan significativo avance normativo institucional, demócrata, social. Transitar de los órganos de gobierno a la noción de los Poderes constituye una inconmensurable evolución que resulta justa, necesaria e imparable.

Nada nunca será igual y qué bueno por la Ciudad y su más grande valor: sus habitantes y visitantes.

Como posición edificante, constructiva y responsable, tanto en San Lázaro como en Donceles y Allende, nuestro instituto político seguirá respaldando a los gobiernos federal y local en todo aquello que se dirija al interés superior de las personas y de las familias, con una distancia siempre crítica y propositiva en todo nuestro andar.

Levantemos ahora la mano para participar en el nuevo Congreso Constituyente, aportando nuestros mejores esfuerzos por una mejor Ciudad, la capital, en nuestro amado y entrañable México, país y ciudad.

Si se trabaja con honestidad, se vela por la gente, le va bien al Ejecutivo y le va bien a todas las personas, es posible vivir siempre el mejor de los encuentros, el Encuentro Social. Es todo, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Tiene ahora la palabra la diputada Sharon Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. El día de hoy es un día, como ya se ha mencionado aquí, histórico, pero también creo que es un día de felicidad, de gozo, para las personas que vivimos en esta Ciudad, los que nos visitan, para los ciudadanos, toda vez que esta reforma es una reforma esperada, tiene muchos años que le debemos esto a la Ciudad de México.

Me congratulo que el día de hoy este Congreso, esta Comisión Permanente haga la Declaratoria, con la aprobación de 22 Congresos locales.

Con esta reforma próximamente la Ciudad de México se sumará al Constituyente Permanente, que será parte de las reformas constitucionales que posteriormente vendrán, y eso para mí es de festejarse.

La Ciudad de México ha sufrido diversos cambios, principalmente como consecuencia de transformaciones políticas, sociales, económicas que han acaecido últimamente. Y esta reforma constitucional que hoy se declara nombrará a la Ciudad de México como la entidad 32.

Le daremos una Constitución Política, ya no un Estatuto de Gobierno, una Constitución Política que nos pondrá en primer nivel a todos los ciudadanos. Se ha trabajado mucho por impulsar y llegar a los acuerdos necesarios que permiten que el día de hoy se logre esto, una reforma que va a beneficiar a los ciudadanos, habitantes, visitantes de esta Ciudad.

Y me congratula estar el día de hoy de manera especial como una mexicana nacida en la Ciudad de México. Nací, he crecido, mi vida se ha desenvuelto aquí. Y he seguido, desde hace años, como se ha llevado a cabo una reforma política para que el día de hoy se haya logrado, y eso a mí me congratula y me emociona mucho, porque sé que será en beneficio de nuestra Ciudad.

Esta reforma permite la evolución de la Ciudad de México como ente jurídico, político, con particulares propias de una entidad federativa. Está fundada y analizada para proteger las necesidades propias de los ciudadanos y considerar que el Distrito Federal tiene una acepción, una naturaleza jurídica distinta a las 31 entidades restantes.

Sabemos que el proceso de reforma constitucional aún continúa. Tenemos pendiente la Asamblea Constituyente que creará la Constitución de la Ciudad ya referida. Dicha encomienda debe ser visualizada como una reforma que atiende a los conflictos propios de una zona urbana, donde la movilidad y el mantenimiento de las zonas verdes debe ser prioridad y deben ser atendidas con prontitud sin dejar a un lado los problemas de marginación, pobreza y empleo.

Cabe destacar que esta reforma establece que el gobierno de la Ciudad de México tendrá un carácter de capital de la república y sedes de Poderes de la Unión, lo que implica que se debe de garantizar en todo momento las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

Los objetivos de la reforma política de la Ciudad de México darán inicio a un cambio estructural y a su aplicabilidad, y su aplicabilidad estará basada en un nuevo principio legal, el cual deberá garantizar el cumplimiento y la atención de todos y cada uno de los sucesos que suceden en esta gran Ciudad.

Por lo anterior, el día de hoy los legisladores del Partido Verde Ecologista de México nos congratulan todos los avances que se han alcanzado con estas reformas que beneficiarán a la ciudadanía y que se requieren para el bien y el progreso común. Con esta reforma a la Ciudad de México se estarán alcanzando.

Concluyo felicitando al presidente de la república, el señor Enrique Peña Nieto. Al jefe de gobierno, el doctor Mancera, que hoy nos acompaña. Y por supuesto, a la diputada Cecilia Soto, presidenta de la Comisión de Distrito Federal, por todo el trabajo que se ha hecho, de mis compañeros legisladores. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Tiene la palabra el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias, presidente. Saludo al jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, y a todos los precursores de esta reforma constitucional en materia del Distrito Federal.

Señoras y señores, adiós Distrito Federal, bienvenida Ciudad de México. La Ciudad de México, ciudad capital, sede de los poderes. Ciudad de México, epicentro de nuestra vida política, cultural y motor económico de nuestro país.

Con esta declaratoria la reforma política del Distrito Federal es una realidad e inicia un proceso de transformación profunda de nuestra ciudad, que culminará con la promulgación de una constitución política.

La Ciudad de México, nuestra ciudad, nuestra ciudad de todas y todos los mexicanos merece una constitución a la altura de su historia, de su sociedad y de sus aspiraciones como sede de los poderes de nuestro país.

La reforma política del Distrito Federal culminó so proceso de aprobación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales de los estados. Algunos consideran que esta transformación duró décadas. Otros que transcurrieron siglos para llegar a este momento.

Hay voces que la consideran insuficiente y otras que están conformes con lo logrado hasta el momento. Así es la pluralidad. Se avanza hasta donde los acuerdos y la buena política permiten llegar. La Constitución, los que se ríen que atiendan, por favor, senador Yunes, por esta última sesión.

La Constitución de la Ciudad de México es desde ahora un tema de gran relevancia para el Estado mexicano, una transformación mayor que definirá el futuro de la ciudad más importante de nuestro país. Los Poderes de la Unión y sus integrantes debemos tener claro, que lo que ocurra en la Ciudad de México tendrá efectos en toda la República.

La Constitución de la Ciudad de México deberá ser la más progresista, la más liberal, la de mayor justicia social. En su contenido tiene que expresarse el pacto fundante de la Ciudad de México. En sus artículos, plasmar los derechos y las libertades por los que la ciudadanía capitalina ha luchado durante muchos años.

Además, de ser sólida en su técnica legislativa y armónica en sus contenidos con la Carta Magna, la Constitución de la Ciudad de México deberá contener los preceptos más avanzados en materia de derechos humanos, justicia social, libertades individuales, transparencia y rendición de cuentas, justicia y seguridad pública, combate a la corrupción, desarrollo económico y consolidación de la democracia.

Integrar, analizar y aprobar una Carta Magna de estas características, implica una enorme responsabilidad, porque del resultado de este ejercicio, dependerá el futuro de la capital y marcará el rumbo del cambio político del país.

Se debe de tener la visión y la voluntad para integrar un proyecto de Constitución de amplio calado, una propuesta generosa con la ciudad y atenta a las aspiraciones de sus habitantes, una propuesta donde se exprese la sociedad en su pluralidad y diversidad.

Señoras y señores, la Constitución de la ciudad capital y sede de los Poderes de la Unión debe darse en el marco de un debate nacional. Si bien los transitorios de la reforma constitucional establecen que el Jefe de Gobierno elaborará y enviará el proyecto de Constitución, esto no implica ninguna limitación para que la academia, las organizaciones sociales, los gremios o los ciudadanos interesados participen en el proceso mismo de la definición del proyecto de Constitución. La ciudadanía con su voto establecerá cuántos diputados constituyentes corresponderán a cada partido y cuántos serán independientes.

Cada una de las Cámaras del Congreso definirá, de conformidad con las normas que las regularán, la correlación de fuerzas de la actual Legislatura. Definirán el número de diputados que correspondan a los grupos parlamentarios en San Lázaro y en Paseo de la Reforma.

Sería altamente saludable para este proceso que el jefe de Gobierno y el presidente de la República designaran como sus respectivos representantes a voces, visiones y opiniones que aporten a la construcción del Pacto Social de la Ciudad. No incondicionales, voces que aporten.

Hago un llamado a los partidos políticos para que incluyan en sus listas de candidatas y candidatos a diputados constituyentes a voces ciudadanas que aporten al análisis y debate de este importante proceso y no se sujeten, los partidos políticos, solo a sus cuadros partidarios.

Este pacto no puede ser producto de un acuerdo entre fuerzas políticas o entre poderes locales y federales. Estamos obligados a realizar un esfuerzo adicional y extraordinario para lograr acuerdos a favor de la ciudad.

Para la izquierda, para el PRD, para mi partido, la reforma política de la ciudad tiene un significado especial.  La lucha por su transformación viene de tiempo atrás. Desde 1985, cuando los sismos devastaron a partes importantes de esta ciudad, se inició un despertar ciudadano que ahora se materializa en una Constitución para nuestra ciudad.

Me es inevitable recordar que el 7 de noviembre del año 2012 en el Palacio de Minería, los grupos parlamentarios del Senado de la República y el entonces jefe de Gobierno electo, expresamos nuestra voluntad para avanzar en la reforma política del Distrito Federal, utilizando las armas que nos permite la democracia y la política.

Ahora reafirmamos nuestra disposición para avanzar en un contexto de pluralidad en la construcción de la mejor Constitución para esta ciudad, poniendo en el centro el desarrollo de nuestra capital, los derechos de sus ciudadanos y el bienestar de sus habitantes. Que viva, señoras y señores, que viva la ciudad de México. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Barbosa. Tiene ahora la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, diputado presidente. Le damos la más cordial bienvenida al jefe de gobierno del Distrito Federal, al doctor Miguel Ángel Mancera.

La lucha de Acción Nacional por más de 30 años para darle a la ciudad de México una reforma política, hoy alcanza un punto clave. Lo más importante es que hoy podamos contar con una Constitución propia, en donde ahora las facultades residuales las tenga el Congreso de la Unión.

Esta reforma es un avance, sin duda alguna, pero se queda muy corta. Esta reforma nos transforma, como lo aspiraba Acción Nacional, radicalmente a la ciudad de México. No crea un nuevo modelo de ciudad ni de capital; no dota de verdadera autonomía a las delegaciones; no convierte a los alcaldes en figuras de gobiernos más fuertes y con mayor capacidad de decisión; no rompe tampoco las dinámicas laborales que provocan una muy baja productividad de la burocracia capitalina; tampoco logra algo que desde nuestra doctrina es muy importante. Queda lejos de ser un mecanismo formador de ciudadanos.

Prácticamente la participación ciudadana sigue siendo un bonito adorno en el discurso, y al que sólo se le dan migajas como lo es el 3 por ciento del presupuesto participativo. Mucho menos podemos hablar de que es una reforma que piensa en el futuro a través de una clara visión metropolitana.

Esta declaratoria de constitucionalidad abre la puerta a cambios que podrán incorporarse en la Constitución de la Ciudad de México.

Legisladores de Acción Nacional estuvimos a favor porque si bien es una reforma parcial acotada e incompleta, es un paso para terminar con el aislamiento político y el retraso que ha sufrido el Distrito Federal en sus 191 años de existencia.

Con esta declaratoria se cierra un proceso de debate en el Congreso de la Unión, principalmente en el Senado de la República que estuvimos discutiendo a lo largo de tres años. Se cierra este capítulo de la reforma constitucional, se abre ahora una etapa igual de relevante que será la integración de la asamblea constituyente de la que emane en enero del 2017 la Constitución local.

Es deseable que de este proceso surjan soluciones que no pudieron incorporarse en la reforma al artículo 122. Hacemos un llamado y aprovechando que está aquí el Jefe de Gobierno, quien tendrá la facultad de elaborar y enviar el proyecto de Constitución a la asamblea constituyente para que no dé un solo paso atrás en la democratización de la ciudad.

No vamos a permitir que se intente concentrar de nueva cuenta facultades en el jefe de gobierno. No queremos más virreyes como nos ocurre en los demás estados de la República, no queremos más gobiernos autocráticos que le han hecho un enorme daño por décadas a México.

Pedimos que se piense en los 8.8 millones de capitalinos y no en intereses electorales o de partidos políticos. Es insostenible que el Distrito Federal ocupe entre 54 municipios y 16 delegaciones el lugar 33 por la calidad de vida, el lugar 41 por la satisfacción de servicios, el lugar 38 por la satisfacción en el desempeño de los alcaldes, según el estudio “Las ciudades más habitables de México”, hecho por Gabinete de Comunicación Estratégica.

Más aún, cuando es una entidad privilegiada económicamente. Somos la quinta entidad con mayor crecimiento de recursos del ramo 33, después de Chiapas, Estado de México, Puebla y Guanajuato, con un 13.5 por ciento más de recursos.

También recibimos, por ejemplo este año, 4 mil millones de pesos adicionales por el Fondo de Capitalidad, y hay muchos temas que no comprendemos. No comprendemos que se caigan escaleras eléctricas en el Metro, o no comprendemos tampoco que tengamos policías mal pagados y mal equipados, no comprendemos que los programas sociales no hayan sacado de la pobreza a un solo capitalino. Ya es hora de dejar atrás todo esto y que pensamos realmente en lo que conviene a la Ciudad de México.

La Constitución local debe sentar las bases para que la entidad puntero, en materia de crecimiento económico y generación de riqueza en México, también sea la que mejor calidad de vida ofrezca a sus habitantes. Si hemos llegado a este momento es para que podamos entre todos privilegiar el interés ciudadano.

En Acción Nacional, hacemos votos para que la Constitución local sea la herramienta que necesitan los capitalinos para vivir mejor, seguiremos presentando propuestas muy puntuales para que esta reforma no termine siendo letra muerta o solamente un cambio cosmético. Es ahora o nunca que logremos darle entre todos, insisto, satisfacción a la gente. De lograrse esta reforma política habremos cumplido con el objetivo, estoy segura de que los capitalinos harán su parte en junio de este año al elegir a sus diputados constituyentes.

En Acción Nacional, estamos decididos para que el Gobierno del Distrito Federal y las jefaturas delegacionales dejen de ser nichos para burócratas y se conviertan en verdaderos espacios para el servicio público. Desde el PAN decimos sí a la autonomía, decimos sí a los servicios de calidad, decimos sí a la austeridad, decimos sí a la rendición de cuentas en el gobierno, y decimos también basta a la manipulación y al crecimiento de la pobreza y de la marginación. Enhorabuena por esta reforma, enhorabuena por los capitalinos, y hagamos de la gente y para la gente la reforma política del Distrito Federal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gómez del Campo. Tiene ahora la palabra el senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI.

El senador Enrique Burgos García: Con su anuencia, señor presidente. Destacamos la presencia del señor jefe de gobierno de la capital de la república.

Honorable asamblea, en esta declaratoria está presente la convicción, el esfuerzo, el trabajo y sobre todo la voluntad política de quienes durante varios lustros, y ciertamente a lo largo de una generación, han aportado ideas  y propuestas al debate democrático de la transformación del gobierno de la capital de la república, como fue a cargo de una dependencia federal a una entidad federativa con sendos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la que cobran todo su vigor y su mayor realce los derechos políticos de los ciudadanos de esta gran capital de la república.

Esta reforma es a un tiempo, un tiempo de llegada y también un punto de partida. Es un punto de llegada porque arribamos a una nueva generación de instituciones políticas y de gobierno  y a un nuevo orden para normar las relaciones entre los Poderes federales y su sede, para el ejercicio de sus funciones y los órganos responsables del gobierno de la Ciudad.

Es, al propio tiempo, un punto de partida porque habrán de generarse con base en el nuevo régimen constitucional de la Ciudad de México, toda una serie de instituciones para impulsar las mejores condiciones de convivencia cotidiana para quienes residen, para quienes visitan y para quienes tenemos la convicción de que la Ciudad de México recoge la amplia pluralidad de la riqueza social, económica, política, cultural y regional de nuestra nación.

Entre las diversas posibilidades de solución que en los Estados nación que han adoptado la forma federal se da a la cuestión de la sede de sus Poderes, el conocimiento y análisis del fenómeno del desarrollo de una gran urbe, hasta antes el Distrito Federal y ahora lo que será Cuidad de México, y la conformación de la principal zona metropolitana del país, condujo a que sin dejar de contemplar experiencias propias de otros países, se articularan propuestas y acuerdos para alcanzar una reforma acorde a nuestras propias circunstancias.

Así se arribó a una solución que concilia lo que compete al Estado nacional y lo que corresponde a la gran ciudad que es sede de los Poderes de la Federación. Por un lado el otorgamiento constitucional de autonomía política para la Ciudad de México, lo que le permitirá dictarse su propia Constitución Política con base en una Asamblea Constituyente, que conjunta elementos federal y local y elementos de responsabilidad pública y de voluntad popular.

Y, por otra parte, un régimen constitucional de capital de la República para la Ciudad con base en las previsiones de la Norma Suprema y en la ley que expedirá el Congreso de la Unión para establecer las bases de coordinación entre los Poderes federales y los Poderes locales, a fin de asegurar que aquellos cuenten con las condiciones para el ejercicio de sus facultades constitucionales.

Con la reforma constitucional que hoy se declara, en el nuevo texto del artículo 122, se establecen las bases para la expedición de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Es y será la impronta de un nuevo orden constitucional para la capital.

Tendrá un Poder Legislativo electo popularmente, cuyos integrantes tendrán un mandato de tres años y serán susceptibles de ser reelectos en forma consecutiva por un periodo total de 12 años.

Tendrá un Poder Ejecutivo, no órgano Ejecutivo, depositado en un solo individuo electo popularmente para un periodo de seis años, sin posibilidad de ser reelecto, a cargo de las funciones de gobierno y de la administración pública local.

El actual órgano judicial se transformará en Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir de asumir las facultades, responsabilidades y recursos que a la fecha ha tenido el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

En las demarcaciones territoriales, sin demérito de que en la Constitución de la Ciudad de México se establezca un mayor número a las que ahora existen, habrán de elegirse órganos ejecutivos de naturaleza colegiada, encabezados por un alcalde y su consejo de carácter plural, que tendrá atribuciones para aprobar el proyecto de presupuesto anual, supervisar y evaluar la gestión pública y controlar el ejercicio del gasto público.

Por otro lado, la reforma permitirá que en la zona metropolitana de la Ciudad de México pueda avanzarse en la adopción de políticas metropolitanas con la participación de la federación, la capital del país y los estados y municipios de la conurbación del Valle de México, para dar atención a ese fenómeno geodemográfico y se establecerá, por tanto, un Consejo de Desarrollo Metropolitano.

También es preciso y válido señalar que en la reforma constitucional de la Ciudad de México los trabajadores de las instituciones de gobierno del Distrito Federal conservarán a plenitud los derechos adquiridos.

En la reforma cuya declaratoria se formula hoy, se ordena la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual tendrá la elevada responsabilidad en la pluralidad política que caracteriza a nuestro país y que es emblemática en la Ciudad de México, de deliberar y arribar a los acuerdos para la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Esa asamblea estará integrada por 60 diputados electos popularmente en comicios a celebrarse, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral, el domingo 5 de junio del presente año, mediante un sistema electoral basado exclusivamente en el principio de representación proporcional.

En tanto sede de los poderes federales, la reforma prevé que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal designen integrantes a la Asamblea Constituyente, así como el jefe de gobierno.

Cada Cámara nominará a 14 de sus integrantes, el presidente de la república a 6 diputados constituyentes y a su vez el jefe del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, designará 6 diputados constituyentes.

Se estructuró una integración con componentes federal y local, con base en el voto popular y también con base en la nominación de órganos que ejercen responsabilidades constitucionales, sustentadas también en el sufragio popular.

Bien podemos afirmar que no se trata de un órgano estrictamente local ni federal, sino de una asamblea supralocal para cumplir una tarea que atañe a una entidad federativa singular, la Ciudad de México y su condición constitucional de ser el asiento de los Poderes de la Unión.

Distinguidos integrantes de la Comisión Permanente, refrendo lo mencionado hace unos momentos, este es un momento que significa un punto de llegada y también un punto de partida, lo que ahora testimoniamos es y será la impronta de un nuevo orden constitucional para la Ciudad capital de los mexicanos.

En la pluralidad de la nación y con pleno sentido democrático e incluyente, hemos arribado a una reforma constitucional que realza los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México, ello implica reconocer una vez más que en materia política, que en materia de derechos políticos es permanente el avance hacia la participación del ejercicio pleno por los ciudadanos.

Pero también es un punto de partida, para que con renovados bríos de participación democrática, inclusión social y aspiración del mayor bienestar para la capital de la república, el nuevo régimen para las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México, sea el legítimo, amplio y generoso espacio para que esos derechos de los ciudadanos avancen y se fortalezcan aún más. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Burgos. Con esta intervención concluimos las participaciones y los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente. Y agradecemos, desde luego, también la presencia durante este tiempo, en este punto, del jefe de gobierno y le deseamos un buen día. Muchas gracias por su presencia.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para dictamen.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Estimado presidente, el suscrito, senador Alejandro Tello Cristerna, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción XIII, 11, numeral 1, 12 y 13, numeral 1, fracción IV del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a usted someta a la aprobación del pleno de la honorable Comisión Permanente, mi formal solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo que he venido desempeñando como senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a partir del 14 de enero del año en curso. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente solicitud, le reitero la seguridad de mi consideración. Atentamente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Alejandro Tello Cristerna, para separarse de sus funciones como senador electo por el principio de mayoría relativa en el estado de Zacatecas, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta a la asamblea, si se aprueba. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Distinguido, presidente, el que suscribe, senador Héctor Yunes Landa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción XIII; 11, numeral 1; 12 y 13, numeral 1, fracción IV del Reglamento del Senado de la República, le solicito respetuosamente con base a lo referido en el numeral 2 del artículo 13 del Reglamento citado, someta a la aprobación del pleno de la honorable Comisión Permanente, mi formal solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo que he venido desempeñando como senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a partir del día 20 de enero de 2016, fecha en que sesionará la Comisión Permanente o de no haber sesión, a partir de ese día.

No omito expresarles a mis compañeros senadores de la República y de manera especial a mi coordinador parlamentario, mi amplio reconocimiento a su ardua labor legislativa.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente solicitud. Le reitero mi respeto y distinguida consideración. Atentamente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Héctor Yunes Landa, para separarse de sus funciones como senador electo por el principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Presidente, quiero participar en este punto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, quien ha solicitado participar en este punto.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente para reconocer enormemente el trabajo profesional de un gran parlamentario como es Héctor Yunes Landa, un gran amigo, un hombre con una gran pasión, serio, responsable y que dio muestras en más de tres años de lo que está hecho, de un trabajo muy serio y responsable, especialmente como presidente de la Comisión de Protección Civil.

Nosotros le decimos, que le vaya muy bien, y le reconocemos ampliamente como persona, como un gran ser humano, como un gran parlamentario y un serio político. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. A nombre del grupo parlamentario un abrazo muy fraterno a Héctor Yunes Landa. Gracias.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Arteaga: Se consulta a la asamblea si se aprueba. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación)... Por la afirmativa, perdón. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Repita, repita por favor la votación.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Arteaga: Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese. No soy el único que comete gazapos, senadora Gómez del Campo.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Arteaga: Se recibieron oficios del senador Miguel Romo Medina y de la diputada Adriana Terrazas, por los que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de Iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecida, señor presidente, por esta oportunidad. El sector primario, llámese agricultura, ganadería y pesca, requiere más que nunca de una atención especial.

Yo vengo de un estado que se ha sostenido exactamente con estas actividades. Quién no conoce lo rico de las tierras de Sinaloa o de Zacatecas o de Guanajuato, pero la problemática que pasan los productores agrícolas, ganaderos, especialmente el tema de la pesca ribereña, que es la actividad primaria, nos debe de obligar a ver con otros ojos esta situación.

Es verdad que tenemos subsidios importantes como el Procampo, que fue una lucha que se dio por bastante tiempo a favor de la actividad agrícola, sobre todo la productividad agrícola; el Progan; y hace muy poco el Propesca, que hay que decirlo que las reglas de operación no han permitido avanzar con el paso que quisiéramos esos importantes subsidios.

Por eso hoy vengo a presentar esta reforma a la ley reglamentaria del artículo 25 constitucional, a la Ley de Economía Social y Solidaria. Y esto tiene antecedentes muy importantes como son: la Conferencia de Río Más 20, que se habló acerca de cómo impulsar la productividad, o el informe que entregó la CEPAL hace muy poco, acerca de este rubro.

Me refiero también al Plan Nacional de Desarrollo, en el apartado que tiene que ver con el Programa para Democratizar la Productividad. Y cuando este término lo trajimos a la mesa en el debate, en el Senado de la República, sonaba muy bien y suena, porque tiene que ver con el reparto equitativo de la riqueza en este país.

Por eso hoy presento esta iniciativa porque estamos proponiendo acciones económicas y sociales bien dirigidas, opciones productivas, proyectos productivos a zonas que se dedican a actividad primaria.

No son suficientes los subsidios que tiene la actividad primaria en este momento, porque tenemos a los agricultores también en la calle, pidiendo precios y pidiendo las líneas de comercialización.

Hace muy poco estuve en un municipio, en El Fuerte, en Sinaloa, y las heladas les pegan a los ganaderos, pero también  las sequías les pegan a los ganaderos. Y en el tema de los campos pesqueros, la pobreza, la marginación es muy importante.

A eso obedece esta iniciativa de poder impulsar este programa de democracia productiva, de democratizar la economía de este país, para ver también lo que tiene que ver con las acciones primarias, con la producción primaria que son estos tres rubros.

Por eso estoy proponiendo esta reforma a la Ley de Economía Social y Solidaria, y es un artículo único que adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria al Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Tratándose de zonas regionales donde imperen actividades económicas enfocadas a la producción primaria, como son la pesca, agricultura y la ganadería, el Estado impulsará de forma prioritaria la agrupación y organización de estos sectores mediante el apoyo en la creación de proyectos productivos que les permita impulsar, consolidar y expandir su producción. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias senadora Gastélum, túrnese a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos la senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La senadora Sonia Rocha Acosta: Buenos días, compañeros legisladores. Con su venia, diputado presidente. Es fundamental poder respetar y reconocer nuestra Carta Magna y, sobre todo, la potestad que garantiza en su artículo 1o, a velar que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tiene la obligación de responder por los derechos humanos.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para esto, no debe existir distinción ante dicha protección por ningún orden de gobierno.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligados todas las autoridades deben de apegarse a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Basta observar la realidad social en la que vivimos para reconocer que México se encuentre en un escenario donde los funcionarios públicos no pueden dejar de lado ser defensores y procuradores de los derechos humanos.

Es así que citando al licenciado Cuauhtémoc Manuel: toda la sociedad que no asegura la garantía de los derechos ni determina la separación de los poderes no tiene Constitución. Y esto, compañeros legisladores, me parece de gran trascendencia, pues si sólo podemos garantizar en algunos órdenes de derechos, mientras que en otros no tenemos la certeza de que se cumpla con la Constitución, algo estamos haciendo mal.

Por lo que antecede, manifiesto ante esta honorable asamblea a consideración la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 102, apartado B, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, al tenor de lo siguiente. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier actividad o servidor público.  Con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, quien emitirá recomendaciones generales sin pronunciarse sobre casos específicos que violen estos derechos.

De esta manera, con esta reforma podremos responder antes las necesidades que la sociedad reclama por las violaciones de los derechos humanos en el Poder Judicial que hasta ahora no se hace. Agradezco la atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.

El diputado Felipe Reyes Álvarez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La presente iniciativa que hoy proponemos contempla una serie de reformas y adiciones a la Ley de Migración, con el objeto de actualizar su contenido al marco constitucional promulgado en junio del 2011.

Eso es a favor del respeto a los derechos humanos universales y contiene otras modificaciones y adiciones que tienden a prevenir situaciones y conductas que reiteradamente han sido denuncias y que alientan la violación de los derechos humanos de los migrantes, población que resulta altamente vulnerable.

Para México la seguridad y protección de los migrantes es un problema real no resuelto a pesar de los diferentes esfuerzos institucionales realizados. De todos es conocimiento que los migrantes son víctimas de un número múltiple de delitos  por parte no sólo del crimen organizado, sino también de personal del Instituto Nacional de Migración y de policías de todos los órdenes de gobierno.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Población, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit son los estados considerados de alta intensidad migratoria o expulsores de migrantes de manera histórica, y de igual manera anualmente ingresan al país de acuerdo con las dependencias migratorias, 150 mil centroamericanos, aunque organismos de la sociedad civil y el Colegio de México estiman que son alrededor de 400 mil migrantes provenientes de la región y que ingresan a nuestro territorio.

Los focos rojos en el tema migratorio es el desempeño del personal del Instituto Nacional de Migración, ya que se han documentado diversas denuncias por actos de corrupción y delitos entre los que destacan secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios, robo de órganos, etcétera.

De 2006 a 2012 alrededor de 883 funcionarios del INM fueron sancionados por estar involucrados en actos ilícitos, y el 67 por ciento de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedieron en el sureste del país, en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, y el 29 por ciento ocurrieron en el norte del país. Estas cifras ponen en evidencia la vejación constante de los derechos humanos fundamentales de los migrantes.

También es de reconocer que existen serias dificultades para hacer la integración de las averiguaciones previas y los criterios jurisdiccionales diversos que provocan un sistema judicial poco efectivo y confiable. Por eso la iniciativa que proponemos establece que la protección y defensa de los derechos e intereses de los migrantes nacionales y extranjeros esté a cargo de una procuraduría federal de la defensa de los migrantes y que esta se cree como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo con autonomía técnica funcional y de gestión, agregándose que la prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones y alcances y organización se contendrían en una ley orgánica que al efecto expida el Congreso de la Unión.

El objetivo básico de este nuevo organismo consiste en proteger los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros ante el Instituto Nacional de Migración, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los tribunales federales.

Se ha incluido también en el artículo 17 de la Ley de Migración la prohibición expresa de que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de corporaciones policíacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales, podrán detener a las personas para comprobar su situación migratoria o por tener una situación migratorio irregular en el país, ya que esta facultad se reserva única y exclusivamente a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración.

Asimismo se hace una adición, en el sentido de contemplar expresamente que no se requiere Visa cuando se trate de pasajeros de vuelos internacionales en tránsito a un tercer país y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada.

También se establecen una serie de objetivos como el de todas las violaciones al artículo 17, en las conductas descritas en el artículo 148 de la Ley de Migración, que se consideren como delitos graves. Asimismo que se equiparen al delito de abuso de autoridad y que sus penalidades se aumenten en una mitad, cuando el abuso de autoridad lo cometan las autoridades migratorias.

Compañeras y compañeros legisladores, sin duda es muy importante el trabajo que hace el Legislativo para hacer visibles y sensibilizar estos temas. Pero al día de hoy tenemos vacíos a nivel preventivo, lo cual es el motivo fundamental de la iniciativa que hoy presentamos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Reyes. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta es una propuesta sensible, sencilla y muy humana, que todos los trabajadores, mujeres u hombres, hemos vivido y a veces nos pasa desapercibido el tamaño de la problemática, a la que más de uno hemos enfrentado para no perder nuestro empleo y atender la contingencia que se nos presenta.

Me explico. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el trabajo es el medio por el que cualquier ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas y afirmar su identidad. La forma en la que puede sustentar a su familia y vivir una existencia conforme a la dignidad humana.

Es decir, es un medio para cubrir las necesidades básicas de la familia, siendo este el elemento fundamental de la persona. En el caso de la sociedad actual mexicana, el trabajo se ha configurado además como elemento fundamental de la vida social, comunitaria y familiar.

Actualmente nuestro marco jurídico laboral no contiene ningún precepto en el que establezca las prerrogativas del trabajador cuando se presentan contingencias familiares, como la enfermedad o fallecimiento de un familiar cercano complica la rutina del individuo, además de constituir un imprevisto económico para el trabajador y su familia.

En ese sentido, en aras de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales del trabajador, proponemos adicionar la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, lo anterior con el propósito de ampliar los derechos de este, consistentes en la posibilidad de solicitar permiso de cinco días laborales, con goce de sueldo por  motivo de fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de los familiares del trabajador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

La propuesta de adición tiene como fin la protección de dos bienes jurídicos: uno de estos la protección del derecho al trabajo, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principales instrumentos internacionales suscritos por México.

Dicha protección se materializa a través del permiso conferido al trabajador, con el propósito de conservar y garantizar su empleo en circunstancias personales que reclamen su presencia del familiar.

En adición, otro de los bienes jurídicos tutelados es el interés superior del menor, ya que en la mayoría de los casos las contingencias familiares son derivadas por enfermedades de los infantes.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones, XXVII Ter, otorgar permiso de cinco días laborables, con goce de sueldo, por motivo de fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de los familiares del trabajador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, le solicito, diputado presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa, así como esta intervención, se inserten en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Palafox. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. Gracias, senadora.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría dar cuenta de los enunciados.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: 1. Relativo a la creación de una base de datos nacional de la viudez a cargo del Inegi.

2. Por el que se solicita emprender acciones para detener la escalada de secuestros en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

3. Relativo a los cadáveres exhumados en Teltecingo, poblado de Cuautla, Morelos.

4. Para garantizar los derechos humanos de la ciudadana Nestora Salgado García.

5. Relativo al cumplimiento de la decisión adoptada por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas que envió a México.

6. Relativo a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el estado de Jalisco.

7. Para que se incorporen al subsidio para la seguridad de los municipios de 2016, a diversos municipios de los estados de Oaxaca y Yucatán.

8. Para garantizar a los ciudadanos acceder de manera pronta y expedita a la información pública, concerniente al fideicomiso de la Central de Abasto.

9. Por el que se exhorta al gobierno federal, para que en coordinación con las entidades federativas de los estados afectados por las bajas temperaturas, fortalezcan las acciones y programas de atención a la población.

10. Para que se declare al año 2016 como Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán de 1916.

11. Retirado por la comisión.

12. Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de gobierno del estado de Veracruz, para abstenerse de intervenir en el proceso electoral de esta entidad.

13. Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que garantice la equidad en la contienda electoral en el estado de Colima.

14. Por el que se desechan dos proposiciones con punto de acuerdo, en relación con el lamentable atentado en el que perdió la vida la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo.

15. Por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua, de los habitantes de diversos municipios del estado de Veracruz.

Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 1, 6, 9, 11 y 15, que se separan para su discusión.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.,

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Y por lo que se refiere a los dictámenes en sentido negativo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Ahora entramos a la discusión de los puntos reservados.

El 1, relativo a la creación de una base de datos nacional de la viudez, a cargo del INEGI. Tiene la palabra el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI hasta por cinco minutos, en pro.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En el ejercicio gubernamental, como en cualquier otra actividad, contar con información precisa, completa, veraz y oportuna facilita la toma de las decisiones. Si poseemos información podemos hacer una planificación eficiente y eficaz, pero también podemos revisar y evaluar los objetivos trazados.

En el Grupo Parlamentario del PRI vemos con especial interés este dictamen porque se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía informe a esta soberanía sobre la conveniencia de establecer una base de datos sobre la viudez, con la finalidad de crear indicadores que permitan la construcción de políticas públicas específicas e integrales.

La viudez se puede definir como el estado civil de una persona que ha perdido a su cónyuge y no ha vuelto a contraer matrimonio. La pérdida se da por fallecimiento de la pareja por causas fortuitas de salud y por edad. Si bien la viudez es un estado de la vida que se suele vincular con la gente de la tercera edad, esta no es privativa de ninguna edad y se puede acceder a esta condición incluso aun siendo muy joven.

La Organización de las Naciones Unidas señala que a nivel mundial existe escasez de datos fidedignos y confiables sobre la viudez. Esto representa uno de los más importantes obstáculos para el desarrollo de políticas y programas que aborden la situación de pobreza, violencia y discriminación que sufren las personas con esa condición.

Tanto a nivel nacional como internacional solo conocemos cifras muy genéricas en cuanto a la condición social de la viudez. La ONU considera que en el mundo existen 115 millones de viudas que viven en pobreza, en tanto que en México tanto el INEGI como el Consejo Nacional de Población solo muestran datos generales y aislados.

Compañeras y compañeros legisladores, a la viudez siempre se le asocia con aspectos negativos en la vida de las personas, máxime si estas se encuentran en la etapa de la vejez. Sin embargo dependiendo del momento en que se experimenta este evento, es posible establecer programas y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

Por tal motivo consideramos necesario contar con información precisa sobre el tema en México, conocer datos sobre el número, género, causa, problemáticas que enfrentan, así como su situación actual. Con ello podríamos generar políticas públicas acordes a los cambios sociodemográficos que transforman a nuestro país.

Consideramos conveniente solicitar al INEGI este informe que evalúe la posibilidad y conveniencia de establecer una base de datos nacional de la viudez, como punto de partida en la toma de cualquier decisión, por lo que apoyamos el dictamen de este punto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Pozos. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados, comuníquense. El siguiente punto es el enumerado con el número 4 relativo a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de ciudadanos detenidos, pertenecientes a los mismos en el estado de Jalisco, y tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos, por cinco minutos, en pro.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, señor presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al hablar sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, incluidos aquellos para la determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como de las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos.

Respecto a la libre determinación de los pueblos indígenas plasmados en el artículo 2o., constitucional, se destaca el propio reconocimiento de las comunidades integrantes de un pueblo indígenas, como aquellas que por el simple hecho que formen una unidad social, económica y cultural, que se encuentren asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El artículo 2o también señala en el inciso a), el Apartado A, fracción V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución; acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de la materia.

Respecto a las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos, los artículos constitucionales 14 y 16 señalan las formalidades esenciales a las que la autoridad deberá de apegarse en todo proceso judicial.

Para la presente proposición de acuerdo es de mencionarse que en el estado de Jalisco, al igual que en todo el país, se encuentran registrados diferentes violaciones graves a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y que recientemente la detención del líder indígena Miguel Monroy, por parte de la Fiscalía del Estado, no es más que un eslabón de una cadena de injusticias y arbitrariedades contra la comunidad náhuatl del sur de Jalisco.

La Fiscalía giró una orden de aprehensión, por supuesto delito de despojo cometidos por Miguel Monroy, y lo hizo a pesar de que aún no termina un juicio agrario que será quien determine quién es el verdadero dueño de esas tierras.

La comunidad náhuatl asentada en la sierra de Manantlán, es blanco de una  persecución del Estado para favorecer los intereses de las mineras que al menos desde el 2007, extraen hierro en tierra del ejido de Ayotitlán, dichas compañías, además de afectar a la población originaria, están poniendo en riesgo un ecosistema único, cuna del maíz criollo protegido mediante la declaratoria de la reserva de biósfera de Manantlán. No podemos permitir que se sigan violentando los derechos humanos de comunidades indígenas y que se asedien a sus líderes.

La Fiscalía no ha cumplido con su trabajo, sigue sin resolver la desaparición de otro líder indígena de esa región como lo es el señor Celedonio Monroy, y hasta la fecha, se presta de tener a otro indígena beneficiando con esto sólo a intereses particulares.

Miguel Monroy y Gaudencio Mancilla han encabezado desde 2007 las protestas de la comunidad náhuatl contra los mineros. Movimiento Ciudadano ha demostrado un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos, no seremos aval de un gobierno que cierra los ojos ante poderosos intereses y se ensaña contra los más pobres.

Exhortamos a las autoridades estatales a liberar inmediatamente a Miguel Monroy a Marciana de los Santos López, quienes fueron ilegalmente detenidos.

Por último, pedimos y exigimos que las acciones de las autoridades de los funcionarios públicos contribuyan al pleno desarrollo de las comunidades indígenas, respetando en todo momento su autonomía, sus tradiciones y sus costumbres. Es cuanto, presidente.     

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica sí se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea sí es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación).  Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación).  Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

El siguiente punto es el enumerado en el dictamen 9, por el que se exhorta al gobierno federal para que en coordinación con las entidades federativas de los estados afectados por las bajas temperaturas fortalezcan las acciones y programas de atención a la población. Tiene la palabra el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, en pro, hasta por tres minutos.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Con su permiso, señor presidente. Estimados legisladores, a punto ya de concluir los trabajos de esta Primera Comisión y haciendo referencia al buen trabajo que se ha llevado a cabo por parte de esta importante comisión de trabajo, y particularmente, reconociendo la voluntad política del presidente de la misma, el diputado Bolaños Aguilar.

A esta comisión fue turnada una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, se fortalezcan las acciones y programas de atención a la población ante las afectaciones por bajas temperaturas. Misma que fue suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cada año, señoras y señores, durante la temporada invernal la población en general se encuentra expuesta a un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. Esto es tan solo una de las aristas que tiene este punto de acuerdo.

Del mismo modo, las actividades agropecuarias se ven afectadas por las nevadas de la temporada, siendo los estados de Sonora, Durango, Baja California, Coahuila y Chihuahua los que reportan al presente día daños en miles de hectáreas de siembra.

De acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional, las bajas temperaturas continuarán sobre la región norte y noroeste del país. Recientemente incluso dio a conocer que se pronosticaba  un descenso en la temperatura y la formación de lluvia congelante en las sierras de San Pedro Mártir y las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como heladas en Durango.

Asimismo, temperaturas de menos 5 a cero grados centígrados con heladas en las regiones altas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y de cero a 5 grados con posibles heladas en Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, estado de México y Distrito Federal. Es decir, prácticamente tres cuartas partes del territorio nacional.

De lo anterior, señores legisladores, resulta necesario presentar especial atención además a la población en condiciones de marginalidad, así como a aquellos que se encuentran en situación de calle o abandono, donde sin duda la implementación oportuna de albergues será una herramienta definitiva entre las acciones a considerar.

Respetable asamblea, conforme al estudio realizado por esta Comisión dictaminadora, es  necesario señalar que la Secretaría de Gobernación ha puesto en marcha una campaña en redes sociales y en su página electrónica, para emitir recomendaciones en la temporada de invierno. Asimismo, la Secretaría de Salud ha emitido recomendaciones para esta temporada.

Del mismo modo, habrá que destacar que la Comisión Nacional del Agua en su calidad de coordinadora nacional, ha emitido un aviso donde continúa la previsión de bajas temperaturas en el noroeste, norte y centro del país, recomendando a la misma población estar lejos de esta exposición prolongada.

Por lo tanto, el punto de acuerdo único, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por varios artículos, señala que solicitamos el voto favorable para este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cabrera. Tiene ahora la palabra la senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del PRI, por tres minutos.

La senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, presidente. Coincidimos con la comisión, con las palabras del compañero diputado Cabrera, que en días recientes varios estados del país han sido afectados por las bajas temperaturas por los diferentes frentes fríos que hemos estado resintiendo.

Para dimensionar la magnitud del problema que estamos tocando basta mencionar que las fuertes heladas han provocado la pérdida de la cosecha en distintas entidades. En el estado de Sonora nada más estamos hablando de más de 24 mil hectáreas de pérdidas que ya se han reportado en las distintas secretarías, así como diversos daños también a las vías de comunicación.

Ante las bajas temperaturas es urgente reforzar las medidas que contribuyan a salvaguardar la salud y el patrimonio de los ciudadanos. Es fundamental prevenir los riesgos de contraer enfermedades respiratorias, sobre todo entre las niñas y niños y personas de la tercera edad, que son quienes se vuelven más vulnerables.

Coincidimos en la dictaminación cuando señalamos que se debe prestar mayor atención a la población con mayor grado de marginación, así como a las personas en situación de calle, en virtud de que su situación de vulnerabilidad hace necesaria la instrumentación de programas de apoyo para que su vida no peligre ante las bajas temperaturas que actualmente se presentan.

Es fundamental también informar a la población sobre prácticas que ponen en riesgo su salud y, en casos extremos, su vida. Tal es el caso del uso de braceros y fogones que usan para mitigar el frío dentro de sus casas habitaciones, las cuales pueden provocar intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono.

En el Congreso de la Unión no podemos ser indiferentes ante la difícil situación por la que atraviesan los ciudadanos de distintas entidades del país, sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema meteorológico nacional ha pronosticado que las bajas temperaturas continuarán con la presencia de nuevos frentes fríos.

Reconocemos, por una parte, la gestión de los gobernadores de los gobernadores y la gobernadora de los estados más afectados. Reconocemos también las labores del Ejército, quien ha brindado la asistencia a la ciudadanía a través de acciones, como reparto de mantas térmicas, de alimentos calientes, remoción de hielo donde ha sido necesario y nieve en algunos tramos carreteros.

Sabemos que la Secretaría de Gobernación ha emitido las declaratorias correspondientes a desastres en distintos municipios del país, a fin de que estos puedan acceder a los recursos del Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales y de esta forma puedan solventar las pérdidas registradas por las bajas temperaturas presentadas en la región.

Es por esto, compañeros y compañeras, que el dictamen que el día de hoy se pone a su consideración es de gran trascendencia, porque busca garantizar la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía ante la persistencia de fuertes fríos y heladas en gran parte del territorio nacional.

Para el Grupo Parlamentario del PRI este punto de acuerdo es acorde a la cultura de la prevención que en los últimos años el Estado mexicano ha consolidado, razón por la cual votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Acosta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese. El siguiente es el enumerado con el 15, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, del estado de Veracruz.

Y tiene la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos, en pro.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, presidente. Efectivamente, el tema de Veracruz hoy es muy amplio. Presentamos un punto de acuerdo porque se concesionó el agua del río Jamapa, prácticamente a una compañía privada de origen brasileño y que no se ha respetado el derecho humano al acceso al agua, y hoy en esa zona conurbada tenemos grandes problemas.

El primer resolutivo del punto de acuerdo presentado por Morena, pedimos exhortar a la Comisión Nacional de Derechos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a proteger el derecho humano al agua a los habitantes de estos municipios, que ya mencioné, está concesionada y privatizada.

Es claro que este tema no es controversial. Y con respecto a la decisión de la dictaminadora de no exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a lo del agua, pedimos que ojalá que revisen el pedimento de cancelar la concesión.

Pero quiero aprovechar porque me queda un minuto y medio, también sobre el tema de Veracruz.

Hoy Morena presenta un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Gobernación que declare en estado de emergencia por la inseguridad que estamos viviendo, que intervenga en forma inmediata para que se rediseñe el sistema de seguridad, que revisen el mando único que no está funcionando. Tenemos cinco jóvenes levantados en Tierra Blanca, Veracruz. Hoy tenemos el asesinato del hermano del diputado Guizar en Coatzacoalcos, Veracruz. Y es una serie de hechos lamentables donde nos muestra un Estado fallido.

Es importantísimo y urgente que se rediseñe, que entre la Secretaría de Gobernación. Se les da muchísimo presupuesto al Ejército y a la Marina y Veracruz vive prácticamente un infierno.

Los veracruzanos lamentamos la situación que vivimos y es nuestra obligación, es la herramienta que me da esta soberanía de exhortar al Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad pública y de la Secretaría de Gobernación para solicitarle que en forma inmediata intervenga antes de que se vuelva un Guerrero, un Michoacán, un Tamaulipas. Estos estados que han salido de las manos.

Entonces, por los puntos de acuerdo de Veracruz, compañeros, les pido su apoyo, les pido que votemos a favor. Es nuestra obligación apoyar y preservar el Estado de derecho. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En el registro, ¿se está votando el número 15?

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sí, claro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, sí, sí. Está muy claro. Estamos votando el que enumeramos como punto 15, así es. Nada más que cada quien hace libremente uso de la palabra para argumentar. Bien. Está muy claro.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Estamos en votación. A ver, ¿es para precisar? A ver, el presidente de la comisión, Bolaños.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, solo para que quede claro, escuché que la diputada Rocío Nahle, estaba pidiendo que la comisión dictaminadora revisara el dictamen que se emitió para que se exhorte al Congreso del estado de Veracruz a retirar la concesión del Sistema Metropolitano de Veracruz, eso implica un cambio al dictamen que se está sometiendo a votación, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El dictamen en sus términos es lo que se está votando, ¿sí? Y eso es lo que ya vi que emitieron su voto en favor una buena cantidad de legisladoras y legisladores. Continúe.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Alejandro González Murillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado González, por favor.

El diputado Alejandro González Murillo: Con su permiso. No habiendo posturas partidistas y personales, leo hoy a las 8 de la mañana en Coatzacoalcos, Veracruz, lamentablemente fallece el hermano de nuestro compañero amigo y diputado Gonzalo Guízar Valladares.

Condenamos enérgicamente este acto de tan mala voluntad, un acto salvaje y por supuesto voy desconfiando de las autoridades de Veracruz. Pediríamos a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso. Pediremos a la Secretaría de Gobernación que haga lo propio, que haga lo conducente para que se esclarezca a la brevedad este terrible acontecimiento.

Les pido, señor presidente, por este acto, un minuto de silencio, si es tan amable.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nuestra sincera solidaridad con el diputado Gonzalo Guízar. Les pido a las y los legisladores presentes que nos pongamos de pie para obsequiar la petición que se ha formulado por el diputado González, de un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría dar cuenta de los enunciados.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Arteaga: 1. Por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar y en su caso sancionar el fomento del trabajo infantil en todo el país en todas sus modalidades.

2. Relativo a la situación que guarda la toma de nota de la Coordinación Ejecutiva Sindical elegida libremente por los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

3. Para impulsar una estrategia multilateral que disminuya los peligros inherentes y se atienda el fenómeno de la migración infantil y adolescente no acompañada.

4. Por el que se exhorta al secretario de Cultura del gobierno federal  a que considere medidas de ahorro y aprovechamiento de papelería y materiales.

5. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales a instalar a la brevedad el sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes en sus respectivas entidades federativas.

6. Para felicitar el pueblo de Venezuela por su reciente participación en el proceso electoral del 6 de diciembre y saludar a los 167 legisladores electos de la Asamblea Nacional.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban, excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 3 y 5 que se separan para su discusión.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados, para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

Entramos a la discusión del punto número III, por los que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar una estrategia multilateral que disminuya los peligros inherentes y atienda el fenómeno de la migración infantil y adolescente no acompañada;  tiene la palabra la diputada Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que uno de los sectores migrantes más desprotegidos son los menores de edad.

Es por ello que siempre manifestaremos nuestro respaldo a las acciones que el gobierno de la República realice para garantizar el interés superior de la niñez y los derechos humanos de los menores migrantes que cruzan nuestro país sin compañía de sus familiares.

Es por ello que solicitamos el voto a favor, de los integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que impulse de manera conjunta con los gobiernos de los Estados Unidos de América, y de los países que integran la región de Centroamérica, una estrategia multilateral que con base en la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos contribuya a disminuir los flujos migratorios de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Es a través de la cooperación internacional, el reforzamiento y creación de programas multilaterales como podremos cesar la creciente migración de menores no acompañados.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es de gran importancia frenar esta forma de migración donde los menores de edad sufren de una manera exponencial las dificultades geográficas y climatológicas que representa el hecho de cruzar nuestro territorio.

Finalmente y a fin de dar seguimiento adecuado al tema que nos compete, solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe periódicamente a esta soberanía los avances en la formulación de estrategias en colaboración con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países de Centroamérica que permitan proteger y reducir la vulnerabilidad del número de niñas, niños y adolescentes no acompañados que crucen nuestro país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Palomares. Tiene ahora la palabra la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos, en pro.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, presidente. Sin duda uno de los temas de mayor interés que esta legislatura, la legislatura que acaba de concluir tuvo en lo referente a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y uno de los debates más importantes que dimos, tenía que ver con la migración, el tema de la movilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Hace muy poco, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, dio una alerta humanitaria acerca del tema de transito de niños hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses muy, muy serio.

El flujo es muy alto, y un dato que tenemos a la mano, es que en el 2013 fueron alrededor de casi 10 mil niños, 9 mil 630 niñas, niños y adolescentes en tránsito, pero en el 2015 la cifra nos debe llamar la atención, son 30 mil.

Tenemos que hablar claro, el tema migratorio, ellos están huyendo de la violencia, están huyendo del hambre, están buscando un estatus mejor de vida y por eso es esta migración que se está dando.

Quiero llamar la atención acerca de una visita que tuvimos exactamente hoy a las 8 de la mañana, en el Senado de la República, estuvo la experta Gladys Acosta, de la CEDAW, y también Pablo que es experto para el tema de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores migrantes y sus familias.

El tema es que México va a ser evaluado dentro de muy poco, no solamente en el tema de CEDAW, de la eliminación de todo tipo de discriminación en contra de las mujeres, sino también hay un informe que tiene que ver con el trabajo, los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes y sus familias.

Por eso estamos a favor de esto, porque en el Senado en este Congreso de la Unión, tenemos que abatir esta problemática que pasa por el dolor, por la violencia que sufren nuestras niñas, niños y adolescentes en su tránsito por el país. Y hay que reconocer, el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos, de hecho junto con la esposa del presidente de Honduras, generaron un espacio en el sur de este país para resguardar de alguna manera el tránsito de niños hondureños. Pero esto no es suficiente, tenemos que ir por más, y además, tenemos que tener claridad que México será evaluado dentro de muy poco en el tema de Cedaw, y también, de los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes y sus familias.

Vale la pena luchar por salvaguardar la vida  y la integridad de estos, más de 30 mil niñas y niños por tránsito en este país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Gastelúm. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica sí se aprueba.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: En votación económica se consulta a la asamblea sí es de aprobarse el punto de acurdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).  Señor presidente, mayoría por al afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. El siguiente es el dictamen número cinco, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a instalar a la brevedad el sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes en sus respectivas entidades federativas. Y tiene la palabra la senadora Martha Palafox Gutiérrez. Dicen que no. ¿Entonces sí? Siempre sí. Entonces, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT, en pro, hasta por tres minutos.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. El Estado mexicano en el año 2011 ratificó sus compromisos con la defensa de los derechos humanos mediante la reforma constitucional en esta materia. Elevando al máximo rango estos preceptos que protegen la dignidad humana y los derechos mínimos de todas las personas.

Los derechos fundamentales sientan las bases para que los Estados generen las condiciones para el desarrollo personal y social. Estos preceptos propios del individuo, deben ser garantizados y respetados en todo momento por el poder público a través de un marco jurídico apropiado, que garantice a la ciudadanía el pleno respeto al Estado de derecho.

La Constitución federal consagra en su artículo 4, párrafo noveno, el principio del interés superior de la niñez como uno de los ejes rectores de protección de los derechos fundamentales de este sector.

En congruencia con el texto constitucional, en octubre de 2014 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción integral de los derechos humanos de la infancia.

Entre los mecanismos de protección la ley estableció la conformación de un Sistema Nacional de Protección Integral, así como un Sistema de Protección Local en cada entidad federativa, los cuales deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.

Sin embargo, el tema para las entidades se ha agotado, ya que contaban con 108 días para adecuar su legislación en la materia. La urgencia de constituir todos los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes es por demás obvia. El clima de violencia, la inseguridad que vive el país es propicio para que este sector poblacional quede desprotegido y al alcance del crimen organizado, ya sea para incorporarlos a sus filas o hacerlos víctimas de las drogas y la delincuencia.

De acuerdo con investigaciones periodísticas de 2006 a 2015, la Procuraduría General de la República hizo la detención de más de 7 mil niños menores involucrados en el narcotráfico. Tan sólo en el año 2010 se registraron mil 200 detenciones, para 2011, mil 212 y para el año 2013, mil 183, siendo este periodo donde hubo un incremento en las detenciones de menores de edad.

Por otro lado, el aumento en el consumo de algún tipo de droga por parte de niños y jóvenes debe ser un motivo más para que a la brevedad se instalen los Sistemas Locales. De acuerdo con especialistas en el tema, la edad promedio en que los jóvenes prueban por primera vez una droga da inicio y cada vez éste se reduce más. En la actualidad se estima que es a los 14 años, siendo la mariguana la de mayor consumo, seguida de la cocaína.

Tan sólo en el Distrito Federal, de 2009 a 2012 el consumo de drogas ilícitas entre estudiantes de secundaria y bachillerato se incrementó de 4 a 6 por ciento en el caso de la mariguana.

Si a esta situación se le suma que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en el país en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes menores de 14 años, además el 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida y 10.1 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 han sido víctimas de violencia sexual y un 16.6 por ciento por violencia emocional, lo que lleva a una categórica conclusión: el panorama resulta desolador.

En este sentido, es de gran relevancia y urgencia que a la brevedad el sistema de protección de la niñez en todo el país, en su conjunto, funcione de manera integral.

El trabajo del Congreso de la Unión de legislar en materia de protección de niñas, niños y adolescentes ha dotado, tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, de mayores facultades para trabajar y garantizar la protección de los derechos de la niñez. Sin embargo, si no existe voluntad política para constituir los sistemas locales, la ley será letra muerta.

En este sentido, el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo es a favor del presente dictamen, ya que los derechos de la niñez deben ser una prioridad para los tres niveles de gobierno y, por lo tanto, los Congresos locales deben redoblar esfuerzos para adecuar sus legislaciones y constituir su sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Frente a la protección del principio superior de la niñez no se deben escatimar esfuerzos ni recursos, ya que invertir en las niñas, niños y jóvenes es la mejor manera de garantizar un mejor futuro para todos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Palafox. Tiene ahora la palabra la senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del PRI, por tres minutos.

La senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, presidente. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos comprometidos con el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen en el que se exhorta a los gobiernos estatales a instalar el respectivo sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

En observancia al interés superior de la niñez, establecido en el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo dispuesto en diversos tratados internacionales suscritos por México, desde el Congreso de la Unión hemos impulsado reformas que han permitido establecer e incorporar diversos instrumentos enfocados a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Entre los esfuerzos más importantes está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instrumento jurídico que tiene como objeto garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción integral de los derechos humanos de la infancia.

Entre otras cuestiones, se estableció la creación del sistema nacional de protección integral y sus homólogos en las entidades federativas, cuyo buen funcionamiento es determinante para la concreción de programas y proyectos a favor de los menores.

Ante este panorama, no podemos ser omisos en decir que el sistema nacional de protección integral fue instalado apenas en diciembre pasado, mientras que al finalizar el año 2015 sólo dos estados habían instalado sus respectivos sistemas locales.

Pero más allá del cumplimiento de plazos, estamos ante un asunto que debe ser analizado con responsabilidad, empatía y sensibilidad con los derechos básicos de este sector de la población, entre los que destacan el poder vivir en familia, el poder vivir en igualdad, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a la salud, a la seguridad social, entre otras cosas muy importantes para ellos.

Compañeros y compañeras legisladoras, en el Grupo Parlamentario del PRI concebimos el interés superior de la niñez como uno de los ejes rectores del marco nacional e internacional, las niñas, los niños y los adolescentes merecen todos los esfuerzos, por eso los invito a que se pronuncien en favor del presente dictamen.

Aunque son incuestionables y motivo de orgullo los grandes esfuerzos que hemos alcanzado en la protección de sus derechos, no podemos negar que mientras no sean instalados los sistemas locales de protección, seguiremos con una deuda pendiente.

No escatimemos esfuerzos para que en todas las entidades federativas cuenten con esta instancia, que por imperio de ley es la encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que, como ha sido hasta ahora, una vez más se privilegiará el bienestar de nuestra niñez. Por ello, reiteramos el sentido de nuestro voto y hacemos el llamado a que se pronuncien en el mismo sentido. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Acosta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría dar cuenta de los enunciados.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: El siguiente punto del orden del día son los siguientes asuntos.

1. Por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar una estrategia que refuerce la copia de televisores inutilizados por el apagón analógico.

2. Por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Tulum a que consideren garantizar el libre acceso al público a la playa de la bahía de Akumal.

3. Por los que se exhorta al gobierno de Tabasco y a la Profepa a revisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yumká.

4. Para que se fortalezca la supervisión y vigilancia respecto del cumplimiento de las leyes en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en relación con el desecho de los árboles de Navidad.

5. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de autorizar la expedición de certificado o constancia de incapacidad correspondiente, con las cuales podrán deducirse los pagos efectuados por la compra o el alquiler de aparatos para el restablecimiento o la rehabilitación.

6. Por el que se exhorta a la Profeco a mantener las acciones necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población.

7. Para que las autoridades correspondientes instrumenten una estrategia coordinada que permita evitar el incremento de los precios injustificados de diversos productos y servicios en el mercado nacional durante la denominada cuesta de enero.

8. Por el que se reconocen las acciones emprendidas en atención de la emergencia ocurrida por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Río Sonora, así como la creación del fideicomiso Río Sonora y su ejecución.

9. Por el que se exhorta al Inapam a difundir a nivel nacional la existencia y objetivos de la red mundial de ciudades amigables promovida por la Organización Mundial de la Salud.

10. Por el que se exhorta a la  Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones considere la instrumentación de un programa de Detección Oportuna de Enfermedades Renales Crónicas.

11. Por los que se considera atendida la proposición con punto de acuerdo, que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a enviar a esta soberanía un informe sobre el estado actual de la infraestructura de la red del metro y las acciones y los recursos programados para su mantenimiento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban, excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 1, 6 y 10 que se separan para su discusión. Perdón, antes. La senadora, el mismo que está apartando el diputado.

Con excepción, decía, los enlistados con los números 1, 6, 8 y 10 que se separan para su discusión.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Por lo que se refiere al último de estos, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Perdón, diputado y senadora, habían pedido más que propiamente apartarlo para discusión, era para una votación especial, por aparte, ¿no? No para su discusión. Entonces, de una sola vez, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo número 8.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces entramos a discutir el punto de acuerdo enumerado como 1, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, ahí implementar una estrategia que refuerce el acopio de televisores inutilizados por el apagón analógico. Y tiene la palabra el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI por tres minutos, en pro.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Creo que ha quedado perfectamente claro que uno de los hechos más trascendentes en la vida tecnológica de este país ha sido la transición a la televisión digital terrestre.

Un gran esfuerzo, producto de la discusión, del debate y del acuerdo parlamentario en el Congreso, en la Cámara de los Senadores y de los Diputados, que permitieron a este país arribar y saludar una reforma en materia de telecomunicaciones que mostrara el rostro más moderno de México frente al mundo y que le diera oportunidad a millones de mexicanas y mexicanos, especialmente jóvenes y niños, a acceder a diversos medios de comunicación y a herramientas informativas.

La transición a la televisión digital terrestre también constituyó uno de los grandes esfuerzos del país, especialmente del gobierno de la República que con dinero proveniente del pueblo promovió, como lo establece la ley, el que esta transición pudiera concretarse el día 31 de diciembre de 2015 y que millones de mexicanos, de familias mexicanas pudieran tener acceso a la televisión digital.

Por cierto, quiero recordar que fue un exitoso ejercicio lo que se conoció como el apagón analógico y que a partir de un esfuerzo económico muy fuerte se pudieron entregar 9.4 millones de televisores a igual número de familias, lo que constituye un esfuerzo de que una de cada tres familias de este país recibieron este apoyo –una televisión–, con lo que permitía que pudieran recibir la señal.

Pero ¿qué sucedió, qué sucede, qué está sucediendo con todos los televisores analógicos que hoy ya no pueden ser usados o que ya no quieren ser usados? ¿Qué está sucediendo con toda esa basura electrónica que desde el principio, desde que iniciaron las pláticas para este proceso de transición; preguntamos y pedimos al gobierno de la República, particularmente a la Secretaría de Medio Ambiente, y de Comunicaciones y Transportes, que implementaran programas que permitieran el acopio ordenado y disciplinado de las televisiones.

Y este punto de acuerdo que la Tercera Comisión ha aprobado, tiene que ver precisamente con el, primero que nada, la petición, y segundo, reconocimiento de que sí se ha llevado a cabo la instrumentación del Programa Nacional de Gestión Integral de los televisores desechados, entre la Semarnat y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no ha sido suficiente.

No es suficiente porque necesitamos hacer un gran equipo; sí, también los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y los municipales. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo de concientizar a la ciudadanía para que puedan sensibilizarse y educarse en términos de que es necesario que ese aparato que ya no sirve, pueda ir a parar a un sitio en donde pueda ser acopiado y tratado de manera adecuada.

No hay que olvidar que es mucha la cantidad de televisores y que probablemente hoy todavía no hayamos terminado de ser eficientes, que los propios centros de acopio no sean suficientes. Por eso reiteramos nuestro llamado desde la Comisión Permanente al gobierno de la República, especialmente a la Secretaría de Medio Ambiente, y de Comunicaciones y Transportes, a que refuerce este Programa Integral de Gestión de los televisores en desecho y que pueda servir para que esa basura electrónica no contamine nuestro medio ambiente.

Por eso  nosotros estamos de acuerdo y pedimos el apoyo para este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Pozos. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras  y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. El siguiente es el dictamen enlistado como número 6, por el que se exhorta a la Profeco a mantener las acciones necesarias para evitar la práctica de abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población, y tiene la palabra el senador Ricardo Barroso a Agramont, del Grupo Parlamentario del PRI, por tres minutos.

El senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, el día de hoy hago uso de esta tribuna para hablar a favor de un dictamen que es de vital importancia para la población mexicana, porque busca que la Profeco refuerce las acciones para prevenir y evitar prácticas indebidas de las casas de empeño en prejuicio de sus usuarios.

Frecuentemente, quienes acuden a este tipo de instituciones prendarias lo hacen ante la premura de obtener recursos de manera pronta y no prestan atención en las cláusulas y prácticas que los pueden llevar a adquirir una deuda impagable, e incluso, a perder su patrimonio como lo hemos visto en algunos casos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Casas de Empeño, las tasas de intereses en este tipo de préstamos pueden llegar hasta un 372 por ciento provocando que esta deuda es impagable y poner en riesgo el patrimonio de estas personas, a fin de evitar el crecimiento desmedido de las casas de empeño irregulares. En esta legislatura impulsamos diversas disposiciones en la reforma financiera que previnieran y evitaran estos abusos que van en prejuicio de la gente de nuestro país.

Se dotó a la Profeco de mayores atribuciones para regular y supervisar las casas de empeño, las cuales ahora deben de estar registradas ante esta institución. Resulta primordial promover campañas informativas que proporcionen a la ciudadanía los elementos necesarios para que la contratación de los servicios de estas casas de empeño se den en condiciones equitativas y que verdaderamente resuelvan los problemas de nuestra gente.

La Asociación Nacional de Casas de Empeño señala que estos meses representan la segunda temporada con mayor solicitud de préstamos con prendas en garantía, sólo por debajo de las temporadas de regreso a clases, siendo una muestra clara que lo hacen por necesidad, la mayoría de las gentes.

Es de suma importancia recomendar a la Profeco reforzar principalmente en estas fechas los operativos de revisión y vigilancia en todas y cada una de estas casas de empeño a efecto de identificar aquellas que lucren con la necesidad de quienes van a solicitar una respuesta o una solución, y que desgraciadamente recae en prejuicio de su economía.

El Grupo Parlamentario, compañeras y compañeros del PRI, estamos en contra de las prácticas de las casas de empeño que abusan de la urgencia de sus usuarios para obtener grandes ganancias. Votaremos a favor del presente asunto, porque coadyuvara a garantizar el cumplimiento, las disposiciones que impulsaremos desde el Congreso de la Unión, para proteger a todos los usuarios. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Barroso. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por al afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado, comuníquese. Y el siguiente es el enumerado en el orden 10 por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones considere la instrumentación de un programa de detección oportuna de enfermedades renales crónicas. Y tiene la palabra la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, por tres minutos.

La senadora Mely Romero Celis: Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y todos los legisladores y a todos los presentes. El dictamen que se está presentando para discusión y aprobación, en su caso en el pleno el día de hoy, es uno concerniente a este asunto tan relevante que nos debe importar y preocupar a todos los mexicanos. Hay un padecimiento que afecta cada vez a más familias en nuestro país, un padecimiento que consume no solamente sus recursos económicos, su energía, su esfuerzo, su motivación, y que por lo tanto, debemos de ponerle mucha atención.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 10 personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica en nuestro país. A nivel de América Latina y el Caribe, también representa uno de los mayores padecimientos porque está ligada a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, enfermedad cerebrovascular, las artropatías y también enfermedades pulmonares crónicas.

Es realmente lamentable darnos cuenta como cada vez más hay en las familias una persona que tiene insuficiencia renal derivada y ligada a estos padecimientos. Son las familias que tienen que afrontar los tratamientos, que tienen que afrontar el llevar a los pacientes a los hospitales, a los centros de salud para que puedan ser atendidos. Padecimiento que conlleva muchas veces el tratamiento a través de las diálisis o hemodiálisis y cada una de éstas tiene un costo sumamente alto para muchas de nuestras familias.

De hecho, se estima que el tratamiento puede llegar a costar aproximadamente 200 mil pesos anuales por persona. Esto es un promedio de 4 mil, un poco más de 4 mil pesos por semana que tienen que cubrirse solamente para las diálisis o hemodiálisis.

Hay muchas familias en nuestro país que no pueden cubrir el costo de este tratamiento, muchas familias que por lo tanto se ven orilladas simplemente a resignarse  a que el padecimiento vaya consumiendo la vida de los seres humanos.

Esto es algo que no podemos permitir como legisladores, que tenemos que procurar también garantizar ese derecho constitucional a la salud. Es nuestra responsabilidad procurar las mejores condiciones de desarrollo óptimo para las familias de México y por lo tanto el punto de acuerdo toma una relevancia fundamental.

Por supuesto que la insuficiencia renal crónica es resultado de diversas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades como las que ya he mencionado, pero principalmente la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Estos son padecimientos también cada vez más frecuentes, que pueden ser prevenidos de manera oportuna.

Por lo tanto implementar un programa o un esquema que permita detectar oportunamente las enfermedades renales crónicas y que puedan ser tratadas debidamente, nos va a ayudar a prevenir que muchos de los pacientes puedan o caigan en insuficiencia renal crónica.

Es un tema de sensibilización, de concientización, de dar información oportuna y adecuada a las familias de México. Es un asunto que conlleva el involucrar a todas las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y por supuesto a todo el personal de salud. Hay mucho que podemos hacer y mucho que podemos prevenir; el gasto excesivo de las familias, pero también el gasto excesivo del sistema de salud, si actuamos oportunamente.

Son muchas las muertes que suceden cada año debido a estos padecimientos y por lo tanto debemos de actuar en consecuencia. El exhorto  es fundamental, el hecho de que la Secretaría de Salud pueda implementar un programa de detección oportuna y, ¿por qué no? También un registro nacional de pacientes con estas enfermedades. Sería benéfico, provechoso, para que en consecuencia todas las autoridades, la sociedad en general y todo el sector salud puedan actuar.

En el Grupo Parlamentario del PRI por supuesto estamos convencidos de seguir trabajando por el bienestar social para que todos los mexicanos gocen de buenas condiciones de salud y para que podamos fortalecer las políticas preventivas y de atención para este tipo de enfermedades. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el de la agenda política, referido a comentarios relativos a la detención del licenciado Humberto Moreira Valdés. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Solo para pedir, presidente, que se corrija el cronómetro, usted me ha autorizado cinco minutos, si es tan amable.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, por favor, ahí el reloj electrónico. Ya, gracias.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. La corrupción en nuestro país es un lastre que les cuesta a los ciudadanos, según el observatorio económico de México, 341 mil millones de pesos. Esto al año.

Por su parte, el Banco de México dice que la cifra alcanza más de un billón de pesos; es decir, el 9 por ciento del producto interno bruto. Cifra que también respalda el Banco Mundial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menciona que México se ubicó en el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de la corrupción, debido a la posición de estancamiento en el que se ha mantenido durante de una década. Es decir, México es uno de los países más corruptos del mundo.

La clase política mexicana, en su mayoría, es la causante de la grave corrupción de este país, amparados en la más absoluta impunidad, han perdido la vergüenza y la más mínima decencia. Por eso, personajes como Humberto Moreira se siguen burlando de la justicia mexicana, saben que el sistema político mexicano no permitirá que la mano de la justicia lo alcance, porque la mayoría de sus integrantes son sus socios en los delitos que cometió.

Resulta vergonzante que no sólo para la justicia mexicana, sino para nuestro país que otros gobiernos sean más efectivos en la investigación de los delitos y la aplicación de la justicia a políticos mexicanos que el propio gobierno mexicano, en particular que los gobiernos de Estados Unidos y España hayan acusado de corrupción a un político mexicano antes que nuestras propias instituciones.

Humberto Moreira es de esos políticos de los partidos tradicionales que se ha enriquecido al amparo del poder y a costa de todos los ciudadanos. Debemos recordar que endeudó a Coahuila con más de 30 mil millones de pesos y de los cuales por lo menos 3 mil millones de pesos desvió junto con colaboradores, entre ellos su tesorero sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero de alrededor de 50 millones de dólares, dinero que es de los ciudadanos mexicanos.

Por eso, el hecho de que políticos, que en México suelen ser intocables, enfrenten procesos judiciales en otros países, evidencia que algo está mal en el gobierno mexicano y que tenemos un problema grave en la impartición de justicia.

La detención de Humberto Moreira es un síntoma de que el sistema judicial mexicano no funciona de manera igualitaria para todos los mexicanos. Es igual de alarmante que después de tantos años de violaciones a las leyes, el gobierno de México siga callado con la detención de Moreira, más aún, parece un avestruz.

Hoy los mexicanos volvemos a dar una mala imagen al resto del mundo, cuando nuestro gobierno es incapaz de cumplir con sus obligaciones. El gobierno mexicano sigue teniendo misiones incumplidas, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las fugas del Chapo, las violaciones a los derechos humanos y la existencia de miles de desaparecidos, a la que se suma una más, juzgar al ex gobernador e identificar y castigar a los que por años se beneficiaron y fueron sus cómplices, entre los que me atrevo también a señalar al mismo hermano de él, que hoy es gobernador de Coahuila. Hasta entonces no se podrá hablar de ninguna misión cumplida ni de que México avanza por el rumbo correcto.

El gobierno federal, más que ofrecer asistencia diplomática y legal a Moreira, debe ordenar una investigación profunda de las actuaciones, como funcionario público de este ex gobernador.

Su detención en España es un ya serio llamado de atención para hacerlo. En pocas palabras, debe dejar de protegerlo.

Que el tema Moreira no sea solamente un tema para las columnas de los periódicos. Que el tema Moreira sea una lección de historia para que México vaya realmente por el rumbo correcto, no en el rumbo en el que nos ha puesto el partido del gobierno.

Es hora que nos sacudamos el lastre histórico de la cultura de la corrupción y que volteemos a construir un país donde la rendición de cuentas, la transparencia, la democracia y la eficiencia en llevar los recursos a donde tienen que ir, a los ciudadanos, y en que en pocas palabras, los gobernantes dejen de robar, sea la esperanza para nuestro país.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, por cinco minutos.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. La detención del ex gobernador de Coahuila es una ventana hacia el exterior y hacia el interior de la República de lo que vivimos, de lo que es México.

La aprehensión en España muestra una vez más que la procuración de justicia en México es deficiente y exhibe la corrupción e impunidad propiciadas por el actual grupo gobernante. Humberto Moreira, ustedes saben, gobernó el estado de Coahuila de diciembre de 2005 hasta el 2011 cuando solicitó licencia con el propósito de buscar la presidencia de su partido.

Durante su mandato endeudó a su estado como nunca antes se había hecho. La deuda creció de 323 millones de pesos a 36 mil 775 millones de pesos. Presumiblemente, una buena parte de los recursos fueron desviados.

Y en este rosario de quejas que ya sabemos que es el diario vivir de la clase política en  México y que hoy por hoy los ciudadanos tienen la desconfianza, el señalamiento hacia el gobierno, tenemos una lista y Humberto Moreira, en España, es solamente quien corona toda la lista de lo que pasó en Coahuila. En agosto de 2013, Jorge Juan Torres López, el gobernador interino, fue acusado también por las autoridades de Estados Unidos, de los delitos de lavado de dinero y fraude, por abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas. En julio de 2015, una corte federal de Texas dio a conocer un acuerdo de culpabilidad, firmado por el empresario Rolando González Treviño, en el que acepta haber sido cómplice de Humberto Moreira.

Hasta el momento se desconoce si la unidad de inteligencia financiera a cargo de Alberto Bazbaz, ha dado seguimiento a las cuentas bancarias del señor Moreira. No sabemos si el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, que solo se dedica a perseguir a funcionarios de mandos medios y deja pasar a los grandes, ha emprendido alguna investigación sobre las condiciones en que fueron contratados los créditos.

No se conoce alguna acción emprendida por el gobernador del estado de Coahuila, para recuperar los recursos enviados a Estados Unidos por funcionarios de la administración del señor Moreira y su hermano. Lo que sí sabemos y escuchamos, las declaraciones del presidente de la República, en su viaje a Dubai, pidiendo calma y que no nos apresuremos a juicios sobre el detenido.

Es un hecho que la impunidad, la corrupción, en este país es un lastre que cargamos. Tuvo que ser en España, tiene que ser en el exterior donde se exhibe. Hoy, nos da tristeza, lamentamos profundamente los mexicanos que estemos etiquetados como los países más corruptos del mundo.

El Grupo Parlamentario de Morena, ha señalado en múltiples ocasiones que el principal mal que afecta a la República es la corrupción y la impunidad para quienes cometen graves delitos en contra de la mayoría. La complicidad de funcionarios gubernamentales y dirigentes impiden que los delitos cometidos sean castigados y se aplique la justicia.

Hoy aprovecho y utilizo esta tribuna, para pedir nuevamente la liberación del doctor Mireles y de Nestora Salgado. Ésa, ésa sí sería justicia. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Tiene ahora la palabra, la diputada Sharon Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, por cinco minutos.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Con su venia, señor presidente. En el Partido Verde nos hemos pronunciado porque no se politice la justicia, ni se judicialice la política. En el caso de Humberto Moreira, como en todo proceso judicial debemos esperar a que los tiempos legales se cumplan. Nosotros como legisladores no estamos para condenar a nadie.

Hagamos un poco de memoria. Durante la administración pasada del expresidente Felipe Calderón se iniciaron cuatro averiguaciones previas en contra del mismo, –me refiero a Humberto Moreira– por los préstamos y falsificación de contratos para endeudar al estado de Coahuila y fueron exhibidos en vídeos; sin embargo fue el mismo gobierno panista quien lo exoneró por no encontrar elementos en su contra. No olvidemos que nadie puede ser juzgado, en este caso, por el mismo delito.

No debemos perder de vista que de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda acerca de las obligaciones financieras de entidades federativas a septiembre del año pasado, el gobierno del estado de Coahuila cuenta con una deuda total de 37 mil 242 millones de pesos que el Congreso del estado de Coahuila ha reestructurado para que sea programada a pagar en un lapso de 30 años, y que no afecte sustancialmente los compromisos financieros de este estado. Esta deuda es la número 5 en cantidad en el país.

En este mismo orden de ideas se destaca que hace apenas unos meses aprobamos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual dará mayores niveles de certeza y mejores argumentos para decantar múltiples vías de endeudamiento financiero y crecimiento económico a nuestro país.

Compañeros legisladores, nuestro sistema judicial descansa en dos pilares que son el respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso legal de cualquier persona inculpada y son la base del estado de derecho así como el respeto a los derechos humanos.

El día de hoy conocemos los hechos imputados a Humberto Moreira y consideramos que no se deben adelantar juicios ni sentencias inculpatorias. Se requieren elementos y pruebas suficientes para entender la situación de los delitos por los cuales se le acusa.

Por ello la mesura en este tipo de casos es la opción más ecuánime y el camino más profesional. Como legisladores somos respetuosos de las autoridades porque de pronunciarnos a favor o en contra sería un hecho irresponsable.

Sin embargo, si bien nosotros como Legislativo debemos ser mesurados, el gobierno de la República desde el primer momento lo ha sido también, y debemos de reconocer que ha manifestado el apoyo consular, diplomático y legal en este caso, así como lo ha hecho en otros casos más.

En estos momentos debemos dejar de lado la tentación de poner el tema en la palestra política porque si no, con la misma vara tendríamos que medir y condenar anticipadamente sin pruebas y sin haber terminado los procesos de investigación a otros gobernadores o exgobernadores, y la pregunta sería ¿dónde queda el estado de derecho?

Por todo lo anterior, quienes integramos este grupo parlamentario nos manifestamos en contra del trato político que se le está dando a este caso, así como ya lo hemos hecho en el pasado cuando se trata de la violación del debido proceso, porque lamentablemente en España como en México existen personajes que por un minuto de fama prefieren filtrar información que pone en riesgo las investigaciones pero, sobre todo, daña la integridad de la persona, independientemente de la opinión que se tenga respecto de la misma y de las consecuencias legales que haya. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Tiene la palabra ahora el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, por cinco minutos.

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, sus señorías. La detención de Humberto Moreira en el aeropuerto de Barajas, fue inesperada pero a nadie sorprende, a nadie sorprende por los antecedentes de todos conocidos, desde los procesos seguidos a sus cómplices y secuaces en los Estados Unidos, y la amplia cobertura que han tenido en los medios.

El imputado o el investigado Moreira, que en lo sucesivo me referiré a él así, para evitar adjetivos que prejuzguen sobre su calidad jurídica o personal, fue detenido por el gobierno español por blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, no por el tema de la deuda, dicho sea de paso.

Y se suman a las investigaciones realizadas en los Estados Unidos, por una red de desfalco de fondos públicos y también por lavado de dinero que supuestamente operó en el estado de Coahuila.

Nadie se puede sorprender, es público y conocido, como se señalaba, la deuda del estado que subió de algo así como 25 millones de dólares al inicio de la gestión, a 2 mil 500 millones de dólares al final, y con algunos créditos obtenidos con documentos presumiblemente falsos.

A nadie sorprende que fue exonerado, aunque después una corte en Texas involucró al imputado Moreira en operaciones de lavado de dinero a través de prestanombres. A nadie le puede sorprender por que en el 2013 la revista Forbes posicionó al imputado Moreira como el número siete de las personas más corruptas de México. Y a decir del diario El País, el gobierno del hoy imputado Moreira pasó del populismo a la cleptocracia.

Tampoco es de sorprender que la acción contra la corrupción y el delito nuevamente hoy viene del exterior. Todo el mundo lo sabe; primeras planas de los periódicos nacionales “Consignados y procesados en Estados Unidos”; pero las autoridades mexicanas son ciegas o cómplices o incapaces. Los procesos contra Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Moreira; sobre Juan Carlos Torres López, ex gobernador interino, y actualmente prófugo de la justicia de Estados Unidos, muestra la incapacidad a traer y sancionar los delitos de corrupción a estos niveles.

En México, se les exonera, más no se le juzga,  no  ha llegado a juicio, sin argumentos. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos los acusan de abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas, para mandar dinero a las Bermudas, fondos sustraídos presumiblemente a partir de la investigación realizada de la Tesorería de Coahuila, y además de eso, el procurador federal para el sureste de Texas, los acusa de conspirar para lavar dinero y defraudar al Banco J.P. Morgan.

La gran paradoja, el mundo los denuncia, el mundo actúa, el mundo los señala, pero para las autoridades mexicanas es invisible, sólo por omisión, incapacidad o complicidad podemos explicar la falta de acción. Es vergonzoso que en el mundo se combata más a la corrupción en México, que en México mismo. En México, en este rubro,  no pasa nada.

El mundo lo vio, los principales periódicos cubrieron la noticia: La Vanguardia, El País, el Daily Mail, la BBC, el Washington Post, el New York Times, por mencionar algunos, pero todo eso no ha bastado para que se active una investigación en México.

El caso del imputado Moreira es la prueba de la incapacidad del Estado para combatir la corrupción, pero no es un caso aislado, hay un problema de corrupción y complicidades en gobierno estatales.

Quiero ser muy claro, no voy a generalizar, hay gobernadores y ex gobernadores que hoy tienen una actividad pública y privada que viven en la serenidad de la paz de la conciencia, que no ocupan exilio, beca, amparo o redención.

Pero hablar de los otros, quiero hablar de los bribones, porque también hay gobernadores cuyas fechorías son de todos conocidas, sin que haya una acción del Estado. Del 2000 al 2013, fueron exhibidos 71 casos de corrupción de 41 gobernadores, de éstos, sólo cuatro fueron castigados, según el informe del IMCO.

Y cuando menos hay cuatro que fueron procesados penalmente en Estados Unidos y otros cuatro que tuvieron procesos penales en México y podemos pensar, por lo menos, en un par más de los salientes y en un par más de los actuales, que en su destino probablemente tengan algún tipo de reclusión.

Debemos de guardar mensaje, cuidado con el mensaje que le mandamos a la sociedad, en una sociedad con la fe que tienen las instituciones menguante, y que casos como el del imputado Moreira, ayudan a formar esta opinión en la ciudadanía. ¿Qué se les va a decir? Que seamos pacientes, que tengamos fe en el imputado, que el imputado Moreira es un hombre de honor y de bien. ¿Acaso caeremos en la apología de su buen gobierno? Macarela de argumentos frente al tiburón de la realidad.

¿Que se siembra con un silencio cómplice o con alguna pirueta retórica? Siendo pragmáticos ¿Qué sentido tiene la apuesta de tamizar, de mirar a un lado o esperar una explicación convincente que sabemos que no va a llegar? ¿Qué, esperar a que se pase? Todavía falta mucha información que los cómplices Héctor Javier Villarreal, Jorge Juan Torres y Vicente Chaires, están en proceso en Estado Unidos, van a rajar más información sobre el tema.

¿Qué se avanza con una solidaridad que toca las mismas notas de la complicidad? La esencia de estos males está en la incapacidad de reconocer la maldad en el compañero, de creer, de tener fe, de adoptar como principio de fe que la militancia redime y que es el bálsamo contra los delitos. Es de destacar la presencia de voces sensatas y brillantes como la de doña Beatriz Pagés, que en el caso dijo: la primera definición debe ser estar del lado de la ley. Creo que hay que hacerle caso.

La única respuesta a la ciudadanía –y con eso concluyo y le agradezco la flexibilidad–, la única respuesta a la ciudadanía hoy es la acción de la justicia, no se trata de buscar sangre o revancha, es simple y llanamente no ser omisos frente a una realidad que el mundo nos muestra, lo único que queda es una investigación objetiva y responsable en México que hasta hoy no la hay, el no hacerlo sería una vergüenza.

Por eso exhortamos a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, a la Secretaría de la Función Pública, a que investiguen estos hechos probablemente constituyentes de delito. También hay que investigar porque no fueron investigados con toda esta evidencia que ha sido mostrada.

Y por último, que la unidad de inteligencia financiera investigue la red de manejos de recursos del imputado Moreira, sus alcances, sus cómplices, y la ubicación de dichos recursos. Por la salud de la república, este Congreso debe de ser claro y debe de tener un compromiso efectivo para combatir la corrupción, el endeudamiento irracional y el lavado de dinero. Es cuanto, muchas gracias por la flexibilidad, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Fernández. Tiene ahora la palabra la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario de PAN.

La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, los servidores públicos tenemos una gran responsabilidad con la gente que representamos. Mientras más alto sea el cargo más alta es la responsabilidad que se tiene con la gente, y por lo tanto más se le debe exigir su pleno respeto y compromiso.

Nuestro compromiso no es con nuestros compañeros servidores públicos, es con la gente. Si asumimos fehacientemente la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, entonces debemos aceptar que las faltas cometidas en el desempeño de este gran honor deben ser investigadas y juzgadas.

Al asumir nuestro compromiso debemos comprender que las decisiones y acciones de un funcionario afectan miles de personas, territorios, trabajos, vidas e incluso generaciones futuras. Por ello debemos comprender que la conciencia histórica de nuestro pueblo recordará nuestros nombres ligados a nuestras acciones. Debemos velar no sólo por lo que ocurre bajo nuestra responsabilidad, sino exigir el cumplimiento cabal de la justicia, ya que si no lo hacemos nos volveremos cómplices y sin dudarlo la patria nos lo demandará.

Es importante recordar que el 15 de enero el ex gobernador del estado de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, profesor Humberto Moreira Valdés, fue detenido por la Policía Nacional española tras una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho, organización criminal. Por supuesto delitos muy graves.

La Fiscalía inició una investigación después de cierto tiempo de estar tras él, por la cantidad de 200 mil euros, equivalente aproximadamente a 3.9 millones de pesos. Sin embargo, les digo y les aseguro que ésta es la punta del iceberg y que en Coahuila hay 36 mil millones de pesos de deuda que todavía no nos han explicado dónde están, y eso que no estoy contando todos los millones,  17 mil millones de pesos aproximadamente que se han pagado ya a favor de esta deuda en los cuatro años de gobierno, y que sin embargo seguimos debiendo alrededor de 34 mil millones de pesos.

Independientemente de lo que pase en España, compañeros, compañeras, lo que es un hecho es que las autoridades judiciales de Estados Unidos de Norteamérica han acreditado durante los años 2012 y 2013 una red de corrupción de aproximadamente 13 personas, para lavar 3 mil millones de pesos en cuentas y bienes ubicados en dicho país, robados del erario estatal.

Quiero decir que espero la palabra del presidente de la República sea honrada, ya que en mayo de 2012, siendo todavía candidato a la Presidencia de la República, a pregunta expresa de los reporteros sobre el moreirazo respondió: Donde exista un delito, la autoridad debe investigar y deslindar las responsabilidades a que haya lugar. Que se castigue y sancione a los responsables. El compromiso de un servidor es que lo que hagamos en materia de justicia realmente sea aplicar la ley en quien sea, cualquiera que sea el responsable.

Por ello es necesario advertir la oportunidad que tiene hoy el Estado mexicano de demostrar que es capaz de aplicar la ley por igual a todos aquellos que cometen un delito en contra de los bienes jurídicos tutelados en nuestro país. Sería un error imperdonable que en México siga quedando impune el fraude más grande perpetrado en contra de la población coahuilense y que, en consecuencia, continúe la clara falta de interés por parte del gobierno mexicano de hacer justicia, perseguir a los culpables, transparentar el destino de los recursos obtenidos con la deuda y recuperar el dinero robado de las arcas del Estado.

Por último, quiero recordar que desde el 2011, Humberto Moreira ha caído en diversas contradicciones, ya que el 29 de julio de 2011 se tiene identificado a Coahuila como el estado con mayor deuda por habitante. Deslindándose afirmó que la deuda contraída fue después de que él dejó el gobierno del estado.

Es un hecho que a finales de 2011, la Auditoría del estado evidenció que la deuda venía del 2008.

No obstante lo anterior, temerariamente Humberto Moreira afirma que solo endeudó al estado con 22 mil millones de pesos y que los otros 12 mil fueron en la administración del gobernador sustituto, Jorge Torres.

Pero como hoy sucede con la autoridad española, que se encuentra haciendo nuestro trabajo, y qué decir de los fiscales de Estados Unidos, acusando de lavado de dinero a Javier Villarreal, el secretario de Finanzas, a Rolando González Treviño, dueño de medios de comunicaciones en la zona centro del estado.

Pregunto, dónde quedó Vicente Chaires, secretario particular de Moreira, y que de cargar el maletín del ex gobernador pasa a ser accionista de súper medios de Coahuila, donde se compraron múltiples radiodifusoras en Saltillo, en Monclova, en Piedras Negras, inclusive un canal de televisión.

Dónde quedó Samuel Rodríguez, ex dirigente estatal del PRI, que pasó de ser colaborador cercano a un exitoso empresario en medios, en diferentes partes del Estado.

Dónde quedó el ex secretario de la Función Pública Estatal. Dónde quedó el auditor, dónde quedaron todos los secretarios de esa administración, ya que según el documento de declaración de culpabilidad de Rolando González Treviño, las autoridades de los Estados Unidos afirman que entre marzo y julio de 2009, Moreira sostiene diversas reuniones en donde enteró a los secretarios de su Gabinete de sus transacciones.

Algo muy importante que quiero hacer del conocimiento de la opinión pública, es que el abogado que defiende a Humberto Moreira en Estados Unidos es Kent A. Shaffer, es el mismo abogado que defendió al narcotraficante comúnmente conocido llamado como La Barbie. Coincidencia, Moreira busca que lo defiendan abogados de pillos de grandes ligas, seguramente el lobo aprendió a aullar en la manada.

Por lo anterior, el PAN solicita que se cree una fiscalía especial para la investigación de este y de todos los casos similares, de cualquier color, aquí no estamos defendiendo colores, aquí estamos defendiendo el dinero que es de todos los ciudadanos en tanto no se nombre un fiscal anticorrupción.

Que la PGR, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades locales inicien ya una investigación de rastreo de cada peso de la deuda contraída con el dinero de los coahuilenses.

Sólo por mencionar algo, el hoy procurador de justicia del Estado, que fue el titular del IEPC, el árbitro de la elección, donde se elige y gana el profesor Humberto Moreira, seis meses después era el flamante secretario de gobierno, hoy procurador del Estado.

Que esas autoridades colaboren con las dependencias de Estados Unidos y España en las investigaciones sobre el caso y, en su momento, soliciten la extradición de Humberto Moreira a nuestro país.

Que se inicien las acciones de extinción de dominio de respecto a los bienes relacionados con los delitos de lavado de dinero, de todos los involucrados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Garza. Y por último, tiene la palabra el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Yerico Abramo Masso: Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, diputado presidente.

“Si se juzga por los diversos delitos, que se le dé un trato legal, que se le aplique la ley y que prevalezca la justicia. Éste es un caso más, independientemente de los cargos públicos y políticos que haya ocupado, por lo que Humberto Moreira merece solo un trato legal y justo como cualquier otra persona”. No lo digo yo, la cita corresponde a Diego Fernández de Cevallos el 17 de enero en el periódico Excélsior, en su declaración.

Veo con profunda extrañeza cómo algunos legisladores, más que buscar fortalecer las instituciones y el Estado de derecho, más que fortalecer, buscan lucrar con intereses 100 por ciento partidistas en épocas electorales.

Sin importar el daño a las instituciones buscan a toda costa desviar la atención a asuntos que son 100 por ciento de índole jurídico al territorio electoral. Porque en este y en cualquier caso que implique actuaciones judiciales, lo que debemos pedir a coro es que se aplique y se respete la ley, aquí y en China, aquí y en España. Porque peor noticia sería que existieran instancias, grupos o personas para procesar los temas políticos manipulando la justicia. Mal si es aquí, peor si es en otra parte. En este y en todos los casos es imprescindible separar a las personas de las instituciones.

El estado de Coahuila de Zaragoza es un estado mucho más que una persona o que cualquier persona. Es un pleno de crecimiento, por eso quisiera mencionar algunas de las cosas que no se saben del estado de Coahuila y que a veces no se dicen en esta máxima tribuna.

Coahuila fue el primer estado en armonizar su Ley de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales con la ley general.

Coahuila es el primer estado a nivel nacional en firmar un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dirigido a promover la integridad y buenas prácticas de compras públicas, colocándose en los parámetros internacionales en materia de integridad y combate a la corrupción.

Coahuila, de acuerdo a Fundar, Coahuila ocupa el primer lugar en el Índice de Derecho a Acceso a la Información en México, que mide la calidad de las leyes de transparencia en México con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

De acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, Coahuila ocupa el tercer lugar en la métrica de la transparencia que mide transparencia y acceso a la información de México. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco, Coahuila ocupa el primer lugar en el Índice de Información Presupuestal Estatal con cien por ciento de cumplimiento. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, los 38 municipios de Coahuila tienen un cien por ciento de calificación en el Índice de Información Presupuestal Municipal.

Fueron evaluados 413 municipios en México y delegaciones, y solo otros 10 municipios en el país alcanzaron el total del cumplimiento, aparte de los 38 de Coahuila. En Coahuila la cuenta pública es entregada mensualmente al Congreso del estado para su análisis y puede ser consultada en el portal de Coahuila transparente, al igual que la situación de la deuda de información relacionada con la infraestructura de la misma, la información es pública y cualquiera puede acceder a ella.

De acuerdo a Standard & Poor’s, calificadoras internacionales que son apoyadas y basadas por muchos gobiernos para ver su situación económica, Coahuila pasó de tener una calificación crediticia de triple D a doble A más. Esta calificación es poca en muchos estados que gobiernan diferentes partidos políticos.

Según la Encuesta Nacional de Envipe, de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, realizada por el Inegi, Coahuila es la entidad con la menor tasa de incidencia delictiva y la segunda con la menor tasa de prevalencia delictiva. El cien por ciento de los elementos de seguridad han acreditado las pruebas de control de confianza.

Esto es Coahuila. Coahuila es un estado pionero en materia de derechos humanos. Esto es Coahuila, un estado en crecimiento, un estado con total transparencia y que cuenta con un gobernador serio, responsable y que trabaja transparentemente por ser un estado de progreso.

Si quieren tocar el caso del ex gobernador Humberto Moreira, solo quiero decirles que en el PRI no necesitamos ni exonerar, ni juzgar a priori. En este punto hay que recordar que la Declaración del no ejercicio y de acción penal no provino de autoridades emanadas del PRI, ni ocurrió al llegar el PRI al gobierno federal.

Por si no lo recuerdan, en el gobierno del presidente Calderón, a través de la Procuraduría General de la República, máxima instancia de procuración de justicia de nuestro país, fue cuando se determinó el no ejercicio de acción penal contra el ex gobernador Humberto Moreira, por no existir elementos probatorios que implicaran alguna posible responsabilidad.

Cito esta resolución de la averiguación previa que antes acabo de comentar. La leo como dice la averiguación de la PGR: Es importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdez en la comisión de los referidos ilícitos ni tampoco se cuenta con imputaciones de ninguna índole que permitan sostener las mencionadas acusaciones –es decir, que no existen probanzas documentales ni testimoniales de las que se desprenda su pretendida participación en estos hechos–. Ignacio Sandoval Alviso, agente del Ministerio Público federal.

A Rubén Moreira quien lo exoneró fue un gobierno emanado de Acción Nacional. Sean serios, por favor, compañeros. Qué lamentable que cada que hay procesos electorales se utilice la justicia para iniciar guerras de lodo. Cada vez que en una democracia usamos los casos judiciales como argumento político, contribuimos a un desencanto doble: Se deja de creer en la ley y se deja de creer en la política.

Impunidad para nadie. Justicia para todos. La justicia no se hizo para hacer política. Se hizo para hacer justicia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abramo. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y la asamblea también.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 27 de enero de 2016 a las 11 horas. Buena tarde.

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