Comunicaciones
Presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Solicitudes de licencia de diputada y diputados y reincorporación de senador
Iniciativas
Diputada Yolanda de la Torre Valdez, PRI
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, PRD
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, PVEM
Diputada Norma Xochitl Hernández Colín, Morena
Dictámenes
Solicitud de licencia de diputado y trámite de los asuntos contenidos en el orden del día
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Pase lista de asistencia)
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Señor presidente, hay una asistencia de 25 legisladores. Hay quorum, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:25 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaria a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden de día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de Comunicaciones.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron oficios de la senadora Dolores Padierna Luna y del diputado Juan Romero Tenorio, por los que solicitan el retiro de dos proposiciones con puntos de acuerdo.
1. Por el que se condenan las acciones en contra de la libertad de expresión por parte del gobierno de la República de Turquía, presentada el 20 de enero del año en curso, y
2. Relativo a la protección de los derechos humanos de Juan Gómez Domínguez, presentada el 13 de enero del año en curso.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de diciembre de 2015, el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el que informa que durante el ejercicio presupuestal 2015, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el que remite la Memoria Anual del año 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Dirección General de Servicios de Documentación, de Información y Análisis, para consulta de las diputadas y los diputados, y a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2015 de los programas sujetos a reglas de operación detallado en el artículo 30, Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio del senador Manuel Bartlett Díaz, por el que comunica que la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, se acredita como representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite:
1. La información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2015, correspondiente al cuarto trimestre del sector medio ambiente y recursos naturales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: 2. El cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2015 de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U a cargo de la Secretaría de Economía.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron de diversas autoridades veintidós contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron de diversas autoridades treinta y dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de dicho organismo. Se designa en comisión para recibirlo a los siguientes legisladores:
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, la diputada Araceli Saucedo Reyes, al senador Jorge Aréchiga Ávila, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín y al diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo.
Se pide a la comisión cumplir con su cometido.
(La comisión cumple su cometido)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para presentar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al año 2015, tiene la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la misma.
El ciudadano Luis Raúl González Pérez: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; senadora Ivonne Liliana Álvarez García y senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidentes; diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, diputada Teresa de Jesús Lizárraga y diputada Araceli Saucedo, secretarios; señoras legisladoras y señores legisladores; miembros de la sociedad civil que asisten a este acto; representantes de los medios de comunicación; señoras y señores.
A casi 100 años de promulgado nuestro texto constitucional y a poco más de 4 años de que se realizó la trascendente reforma de 2011 en la materia, es inaceptable que los derechos humanos aún sean para muchas personas una mera construcción doctrinal o teórica que no encuentra un reflejo objetivo en su vida diaria, y que también la estabilidad y vigencia de nuestras instituciones se cuestione y se ponga en riesgo por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, las cuales nos hablan de un entramado de impunidad, corrupción y de falta de aplicación de las normas, frente al cual no hemos tenido la capacidad de actuar con la pertinencia y oportunidad que serían necesarias.
Lo anterior ha propiciado la desconfianza en las instituciones, agravada por la inseguridad, la desigualdad y la violencia que nuestra sociedad constata de manera cotidiana.
La colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado, así como la falta de respuesta pronta, debida y ejemplar por parte de las autoridades ante las afectaciones al entorno de convivencia pacífica en el que todas las mexicanas y mexicanos tendríamos que poder llevar a cabo el desarrollo integral y armónico de nuestras personas y vidas.
En este contexto, el organismo nacional a mi cargo se planteó ejercer a cabalidad sus atribuciones para atender los legítimos reclamos de las personas y asumir la promoción y defensa de sus derechos fundamentales, maximizando sus capacidades y recursos.
De este modo, durante 2015 la CNDH inició el trámite de 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 980 correspondieron a quejas propiamente dichas, 8 mil 252 fueron orientaciones directas, 9 mil 3 remisiones y 632 inconformidades.
Se presentó un incremento aproximado del 12 por ciento en el número de expedientes registrados por la CNDH respecto del año anterior, al contabilizarse 27 mil 867 frente a 24 mil 889 de 2014. Es decir, cerca de 3 mil expedientes adicionales.
Por otra parte, este organismo nacional atendió y orientó de manera directa a 160 mil 307 personas durante el periodo que se reporta.
Se hay advertido la necesidad de reforzar las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional para que la sociedad conozca y entienda de mejor forma las funciones que ejerce este organismo nacional y el alcance que pueden tener las mismas.
Por una parte, es un hecho que más del 50 por ciento de las personas que recurren a la CNDH plantean asuntos que no representan por sí mismo violaciones a derechos humanos o que sean competencia de la misma. Por otra parte, sería ingenuo suponer que la totalidad de violaciones a derechos humanos que ocurren en el país son oportuna y debidamente denunciadas, razón por la cual nuestro objetivo ha sido –y lo continuará siendo– mejorar nuestra cobertura y disponibilidad en esta al respecto.
Del total de expedientes que se registraron en la CNDH, el porcentaje de aquellos que corresponden a quejas propiamente dichas se incrementó en un año en cerca del 18 por ciento, ya que en este periodo se radicaron 9 mil 980 expedientes de este tipo en comparación con 8 mil 455 del 2014.
De manera similar, los expedientes registrados por orientación directa, remisión e inconformidad durante 2015 registraron un incremento porcentual con relación al año previo de 12, 4.7 y 33 por ciento, respectivamente.
Al inicio de 2015 existía un considerable rezago en la resolución de asuntos, el cual implicaba 2 mil 366 expedientes, equivalente al 36.5 por ciento del total de asuntos en trámite a esa fecha.
Abatir este rezago se asumió como una prioridad y aunque la magnitud y complejidad del mismo hacen que su solución sólo sea posible en el mediano plazo, ante el incremento en el número de quejas, podemos señalar que se han registrado avances en este campo, si bien aún se encuentran en trámite mil 77 asuntos radicados en 2014 o antes, nos hemos fijado como objetivo concluir su atención durante el presente año.
Aunado al abatimiento del rezago, durante 2015 se concluyó un total de 28 mil 634 expedientes, lo que representa poco más del 25.5 por ciento de lo que se concluyó el año anterior, que fueron 22 mil 822. Es decir, cerca de 6 mil expedientes resueltos más que en el periodo previo.
De ese total en lo relativo a expedientes de queja, el porcentaje comparativo es mayor, llegando al 44.6 por ciento toda vez que en este periodo se concluyeron 10 mil 157 expedientes de este tipo, en comparación con 7 mil 22 del 2014.
Durante 2015 este organismo nacional emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan, el IMSS señalado en 13 recomendaciones, la Comisión Nacional de Seguridad en 7, el gobierno del estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones.
De estas recomendaciones sólo una no fue aceptada por el honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Tepuxtepec, del estado de Oaxaca, ante lo cual la Comisión Nacional actualmente analiza los argumentos de la autoridad, con el objetivo de definir una posición ante ello y actuar en consecuencia conforme a derecho.
Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, el daño o menoscabo al patrimonio cultural de la nación, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como a nivel de vida y desarrollo de las personas.
Es de destacarse la emisión de la recomendación 3BG2015 por violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, imputadas a la Policía Federal.
Vale precisar que la recomendación también fue dirigida al secretario de la Defensa Nacional, al gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, y al presidente municipal de Apatzingán de la Constitución, aunque los hechos imputados a estas autoridades no fueron considerados como graves.
La atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones, ya que es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten. Así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento.
En razón de ello, como consecuencia de las recomendaciones emitidas, este año, 2015, se dio atención y seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, mismas que han dado origen a la aplicación de sanciones administrativas a 41 servidores públicos, y 58 denuncias consignadas ante las distintas procuradurías.
El cumplimiento de las recomendaciones aún enfrenta demoras sensibles, por lo que en 2016 se buscará fortalecer esta área. La promoción, integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales es una forma en la que la CNDH puede lograr que el contenido de sus recomendaciones efectivamente se cumpla.
Los resultados obtenidos hasta ahora son modestos, pero indudablemente marcan los primeros pasos en una ruta que de manera previa no se había explorado con toda la intensidad de interés por parte de este organismo.
Desde el inicio de la gestión se planteó la necesidad de lograr un esquema de atención efectiva a las víctimas, es decir, buscar que los problemas o las situaciones que motivan que las personas recurran a este organismo nacional se atiendan o se subsanen de la mejor forma y en el menor tiempo posible por la vía de la conciliación de las partes involucradas, cuestión que está prevista por el artículo 36 de nuestra ley.
Esta vía se ha revelado como una opción viable ejercida en los términos que marca la ley para dar solución satisfactoria, y en el corto plazo a un elevado porcentaje de los casos que conoce la Comisión Nacional.
Durante el periodo que se reporta, del total de quejas registradas se lograron resolver, durante el procedimiento o por la vía conciliatoria, 4 mil 370 expedientes, lo cual representa cerca del 43 por ciento del total de expedientes de queja concluidos.
Las recomendaciones son el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad del organismo nacional, pero no en todos los casos son el medio más inmediato para la resolución de un expediente de queja y la atención efectiva de los planteamientos hechos por quienes acuden a la CNDH.
Las recomendaciones hacen evidente ante la opinión pública parte del trabajo de la Comisión Nacional al tener la difusión mediática. Los procesos conciliatorios, en cambio, quedan entre las partes involucradas, no requieren difusión, pero para un gran número de asuntos constituyen la vía más efectiva para lograr la atención de las presuntas violaciones que se hubiesen planteado, así como la reparación del daño causado a las víctimas.
Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a derechos humanos.
Durante 2015. la Comisión Nacional emitió dos recomendaciones de este tipo. Una relacionada con las condiciones de aislamiento que prevalecen en diversos centros penitenciarios del país y la otra con el tema del matrimonio igualitario.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2015 tres informes especiales, mediante los cuales se ponen de manifiesto problemáticas de derechos humanos en los que atañe a la situación de mujeres en reclusión, al estado prevaleciente en los centros de Tratamiento para Adolescentes que infringen las leyes penales y a la operación de grupos civiles armados en el estado de Michoacán. Del mismo modo, se elaboró y publicó un pronunciamiento respecto de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.
En 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió 29 acciones de inconstitucionalidad, lo cual representa el 42.6 por ciento del total de acciones de este tipo que este organismo nacional ha interpuesto desde 2006, año en que se le concedió dicha atribución.
Con esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace visible los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y contribuya a mejorar el sistema legal de nuestro país por la vía de impulsar la acción del máximo tribunal como institución garante del orden constitucional.
Nada menos el día de ayer, por excitativa de la Comisión Nacional, la Suprema Corte de Justicia concedió la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus argumentos, para declarar inconstitucional algunos artículos del Código Civil del estado de Jalisco. Es parte de la labor que hacemos con las acciones de inconstitucionalidad.
En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja fueron: el IMSS en 2 mil 185 casos, el Órgano administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308; la Policía Federal 783; la PGR 761; el ISSSTE 705; el Instituto Nacional de Migración 688; la Sedena 620; la SEP 548; la Semanart 373 y la CFE 316.
Si agrupamos las autoridades señaladas como presuntamente responsables de algún abuso de poder por sectores, tendríamos que respecto del sector salud se habrían presentado 3 mil 70 quejas, mientras que en el sector seguridad se habrían registrado 3 mil 24 y en el sector educativo 702.
Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: el Distrito Federal en 2 mil 350 casos; estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302, y Michoacán 299.
Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia fueron presentación indebida al servicio público en tres mil 152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, mil 871; omitir proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria, 879; trato cruel, inhumano, degradante, 663; acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes, 602; negligencia médica, 490; omitir fundar el acto de autoridad, 481; omitir motivar el acto de autoridad, 452, y prestar indebidamente el servicio de educación, 431.
Es de destacarse que en el ámbito de la CNDH durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 423 personas. De este conjunto en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada de personas. En cuanto a los lugares en los que se señaló la desaparición de personas con mayor recurrencia fue el estado de Guerrero seguido por Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
Con base en las cifras antes mencionadas es claro que este organismo nacional no puede permitirse demoras o burocratismos en la atención de los asuntos a su cargo. Por el contrario, debe mejorar sus capacidades y procedimientos para lograr mayor efectividad y eficiencia en este ámbito.
Cada hora podríamos decir se reciben y se concluyen tres expedientes, lo cual sujeta a nuestro personal, cuya capacidad y entrega deben ser reconocidos a grandes cargas de trabajo y presiones para el desempeño de sus funciones con los estándares de calidad y profesionalismo que se les está exigiendo.
Cada expediente concluido, con independencia de la vía por la cual se haga, implica una valoración y gestión institucional sobre los hechos planteados, así como una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, en el caso de los expedientes de queja.
Se ha buscado que la CNDH aplique en el trámite y gestión de sus asuntos los parámetros de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad inherentes a los derechos humanos, lo cual ha repercutido en la manera de proteger y promover los mismos incidiendo de manera directa en la forma en que el organismo nacional a mi cargo ejerce sus atribuciones.
El mandato de este organismo nacional implica no solo la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, sino también la observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos; funciones que en conjunto constituyen su objetivo esencial.
El informe que hoy se presenta detalla puntualmente las actividades que se llevaron a cabo durante 2015 en estos ámbitos.
Es pertinente hacer notar que para el informe de actividades este organismo nacional con el ánimo de abonar a la sustentabilidad la economía de recursos y la transparencia, por vez primera ha privilegiado el formado electrónico, habiéndose impreso únicamente un resumen ejecutivo al cual se acompaña una memoria USB con la información relativa a la actividad institucional, en una plataforma que, con el auxilio de herramientas interactivas permitirá una consulta más ágil, integral y personalizada del trabajo de la CNDH en el periodo que se reporta.
En el informe se alude a casos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato, los cuales han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba las instituciones, incluida la CNDH, y evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, desde hace muchos años, a diversas problemáticas sociales, así como la debilidad del Estado de derecho en varias regiones del país. La CNDH ha atendido todos estos casos desde sus primeros momentos y lo continuará haciendo.
No hemos estado ausentes o se han desatendido los hechos. Ninguno de estos asuntos guardaría el estado que actualmente tiene sin la intervención de este organismo nacional, en tanto que se han vigilado y en su caso hecho notar las deficiencias y omisiones de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades responsables de las mismas, lo cual busca inhibir que se verifiquen nuevos hechos violatorios de derechos humanos.
Son casos complejos que por su propia naturaleza y características requieren que las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad.
El esclarecimiento de estos asuntos exige trascender el nivel de la mera denuncia para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales, que estén sustentadas en elementos concretos que se desprendan de una investigación científica e integral de los mismos.
Con relación al caso Iguala, desde el mes de julio el organismo nacional a mi cargo presentó el documento denominado “Estado de la investigación del caso Iguala”, en el cual se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos y coadyuvar al debido desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes, comprendiendo todos los planteamientos hechos por los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos, sus representantes, organizaciones sociales y académicos.
En dicho documento se advierte la necesidad de fortalecer las investigaciones que las autoridades llevan a cabo, consolidando los medios de convicción que la sustenten, ya que en caso contrario, podrían existir omisiones o deficiencias en las mismas que trajeran como consecuencia que los responsables no pudieran ser sancionados, y los hechos quedaran impunes.
Para la CNDH el caso Iguala es un expediente abierto cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual es preciso, que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas.
En Apatzingán, como lo he referido, este organismo nacional emitió una recomendación que ha puesto de manifiesto la subsistencia de prácticas tales como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, así como omisiones e inconsistencias en las actuaciones ministeriales, cuestiones que es necesario sancionar conforme a derecho y prevenir que se vuelvan a presentar.
En ningún caso podemos permitir la impunidad. Por el contrario, la investigación de estos asuntos debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto a la dignidad humana.
Durante este año, se tuvo una colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, habiéndose sostenido distintas reuniones de trabajo con la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con diversos relatores y expertos independientes de dicha comisión, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como diversas participaciones con grupos de trabajos y comités del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tales como el desapariciones forzadas y derechos de la infancia, por citar tan solo algunos casos.
Asimismo, se fortaleció la vinculación y colaboración con otros organismos nacionales de derechos humanos para incidir en la atención de problemáticas regionales relevantes en esta materia.
En este contexto, podemos citar las reuniones internacionales en las que se asumieron compromisos para la atención a migrantes de la frontera sur de México. Aquí debo de mencionar que convocamos en la ciudad de Tapachula a todos los ombudsman de Centroamérica, convocamos a todos los cónsules de Centroamérica a las autoridades nacionales, organizaciones nacionales, internacionales porque pensamos que el tema es un tema no solamente del país, sino de varios países involucrados.
Así también tuvimos reuniones para darle seguimiento a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, esta última citando en Mérida, Yucatán, a 53 ombudsman del mundo, 15 días después de que la ONU asumiera la agenda por el desarrollo sostenible. Y los ombudsman nos hemos comprometido precisamente a trabajar en favor de los 17 objetivos que la configuran.
México cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana que se presenten en nuestro país puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado. El reto de todas las autoridades es sujetar su conducta al cumplimiento de la ley y al respeto, vigencia de los derechos fundamentales de las personas.
El reto de la CNDH y de los organismos locales de protección y defensa de los derechos humanos es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad mexicana en el sistema de protección no jurisdiccional de los mismos.
Para que estos mecanismos cumplan sus objetivos se requiere no solo que las instancias federales y locales encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos desempeñemos adecuadamente nuestras funciones, es preciso un compromiso y actuación responsable por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para atender los requerimientos y solicitudes de información que se les formulen, así como la aplicación irrestricta y oportuna de la ley para sancionar a aquellos servidores públicos que hayan violado los derechos fundamentales y prevenir que tales hechos se repitan.
Pese al amplio reconocimiento constitucional de los derechos humanos, así como a los llamados excitativas y recomendaciones que durante sus 25 años de existencia ha hecho la CNDH para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, se siguen preservando prácticas y conductas que nuestro país tendría que haber superado, tales como: la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias.
Lo anterior cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones.
Hay temas que demandan acciones urgentes y respeto de los cuales aún no hemos dado la respuesta que los hechos nos reclaman. Entre ellos, como lo he señalado, el problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos y en la atención a las inaplazables demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
De igual forma, la tortura es un flagelo inadmisible e indignante que representa un serio retroceso en el Estado de derecho. Con independencia de la frecuencia con que se presente o de lo extendido de este fenómeno las autoridades federales y estatales deben garantizar que cada caso que ocurra será investigado y sancionado. Es un problema que requiere ser reconocido, visibilizado y que demanda la adopción de medidas efectivas para su prevención y abatimiento.
Hoy vuelvo a reiterar que la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos o de cualquier naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicación de la ley.
Señoras legisladoras y señores legisladores, más allá de los casos que por su gravedad y trascendencia han conmovido e indignado a la sociedad, día con día las mexicanas y los mexicanos convivimos con la debilidad de nuestro Estado de derecho, la impunidad, la corrupción, la inseguridad y no en pocos casos con la violencia.
La colusión de autoridades con el crimen organizado y condiciones de verdadera indefensión ante los abusos de poder y las acciones delictivas. Lo anterior, aunado a la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, que son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático de derecho y vulneran la dignidad de las personas que la sufren, impidiendo el desarrollo tanto de las personas como de su colectividad.
El Estado debe ofrecer a sus ciudadanos el espacio para que los individuos se puedan desarrollar plenamente, en el que el reconocimiento de su dignidad trasciende el campo discursivo y adquiera vigencia.
La efectiva persecución de los delitos, así como la aplicación de la ley y el desarrollo de la economía, no deben ser excluyentes o ajenos al ámbito de los derechos humanos.
Las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, desarrollo social, así como las relativas al ámbito presupuestario deben tener como condición necesaria un enfoque de derechos humanos. Es necesario para que como nación asumamos un compromiso con la verdad, la legalidad, el respeto a los otros y la convivencia pacífica.
Es preciso encarar de manera efectiva y coordinada el tema de las desapariciones, de las cosas clandestinas, de la trata de personas, de los abusos a migrantes, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios no resueltos, de los agravios y ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos, de las deficiencias e irregularidades en el sistema penitenciario, de la exclusión y discriminación de nuestras comunidades indígenas, de los abusos y agravios a niñas, niños y adolescentes, de las violaciones por cuestiones de género y preferencia sexual, de las discriminación y falta de inclusión de las personas con discapacidad, de las afectaciones a nuestro medio ambiente, de la destrucción y pérdida de nuestros patrimonios culturales, así como la falta de acceso real a una justicia para todas y todos.
Lucrar o pretender obtener un beneficio de los problemas que aquejan a nuestro país o del dolor y sufrimiento de las víctimas es algo que, como sociedad, debemos condenar y actuar de manera decidida para que se prevenga.
México, lo he dicho, tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos que nos ofrece la posibilidad de optar por que se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos, fortalezca y consolide nuestro estado democrático y social de derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y los demás vicios y prácticas que debemos desterrar de una vez por todas de nuestra realidad como país.
Si 2011 fue el año en que se aprobó la histórica reforma constitucional en materia derechos humanos, 2016 debe ser el año de la implementación efectiva de la misma por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, de la mano con la sociedad en su conjunto.
El compromiso que las distintas instancias del Estado mexicano han expresado en materia de derechos humanos debe fortalecerse en acciones concretas que dejen en claro que realmente sea asumido como una prioridad.
La formulación de leyes pertinentes y debidas, así como su aplicación efectiva, no es algo que se pueda o deba negociar ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio entre intereses de ninguna índole.
El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, tiene capacidad de incidir de manera positiva en el ámbito de los derechos humanos de nuestro país. Son asignaturas pendientes, entre otras, la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, la armonización normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país, así como para que los organismos de derechos humanos sean efectivamente autónomos y gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones.
En septiembre de 2014, el caso Iguala nos indignó y movilizó ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado. Hoy, a poco más de un año, un caso como el de Tierra Blanca, en el que pareciera repetirse ese vínculo funesto nos hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender el pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones.
Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente.
Los problemas que enfrentamos no podemos asumirlos como parte de una normalidad sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción. Los costos de las lecciones no aprendidas son muy altos, no podemos eludir o voltear la cara a la realidad que tenemos, es nuestra responsabilidad empezar a transformarla.
–Termino–. Es necesario que tomemos en serio los derechos humanos, que comprendamos que los mismos son el elemento básico para sustentar los cambios que como país demandamos, para logar un México más justo e incluyente, con un verdadero Estado de derecho y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuentan con un entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno.
México necesita que todas las instancias, recursos y capacidades actúen y se apliquen a la causa de la dignidad humana. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, licenciado González Pérez. Se turna el informe a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Y en virtud de que se está entregando el informe en versión electrónica, instruyo a las Secretarías General y de Asuntos Parlamentarios para que se publique de inmediato en la Gaceta Parlamentaria, para conocimiento de la totalidad de las y los legisladores. Es un documento de indiscutible e innegable importancia para la vida del país y para el quehacer legislativo. Gracias.
Se pide a la comisión designada acompañar al licenciado Luis Raúl González Pérez cuando desee retirarse de este recinto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió solicitud de licencia del diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, para separarse de sus funciones como diputado federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al ciudadano Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió solicitud de licencia del diputado Quirino Ordaz Coppel, para separarse de sus funciones como diputado federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igualmente, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al ciudadano Quirino Ordaz Coppel, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII Distrito electoral del estado de Sinaloa, a partir de esta fecha. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió solicitud de licencia del diputado Miguel Ángel Yunes Linares para separarse de sus funciones como diputado federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, para separarse de sus funciones como diputado electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de 25 de enero del año en curso. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió solicitud de licencia de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez para separarse de sus funciones como diputada federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente
Punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Liliana Ivette Madrigal Méndez para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el IV Distrito electoral del estado de Tabasco, a partir de esta fecha. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio de reincorporación del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de presentación de iniciativas, y en consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, diputado presidente; con su venia, diputado coordinador César Camacho Quiroz; senador Ismael Hernández Deras.
Legisladoras y legisladores, me permito presentar ante ustedes, la presente iniciativa de reforma integral y de armonización de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia. Esta ley, materia de la presente iniciativa, es producto de una larga lucha de las mujeres en este país, legisladoras federales, académicas, campesinas, obreras, investigadoras, funcionarias, organizaciones de la sociedad civil y de muchos, muchos aliados y comprometidos con los derechos humanos, como lo han sido un gran número de legisladores, varones que nos han acompañado a las mujeres.
Especialmente me parece oportuno reconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con las mujeres, y para muestra un botón. Me refiero a la iniciativa de paridad que envió al Congreso y que hoy, hoy es una realidad, porque hoy somos 211 mujeres legisladoras en la Cámara de Diputados que con nuestra visión, compromiso, talento y amor por México, legislamos con perspectiva de género, pero especialmente legislamos con mirada de mujer.
La violencia contra las mujeres es la raíz de muchos problemas sociales y afecta el avance de los estados democráticos y el desarrollo familiar. La violencia de género, no solo daña, lastima y lacera la dignidad de las mujeres, ofende y agrede a la sociedad en su conjunto.
La intención de la presente iniciativa se inscribe dentro del proceso de armonización legislativa del 1o, del 4o y del 133 constitucionales y recomendaciones a tratados internacionales suscritos por nuestro país, además incorpora buenas prácticas de las legislaciones estatales.
Entre otras cuestiones plantea la incorporación de nuevos principios rectores para ser observados por la misma. Igualdad sustantiva, pluriculturalidad, interés superior de la niñez, accesibilidad, transversalidad. Además se propone la adición de nuevos derechos de las víctimas como la reparación integral del daño y la garantía de no victimización secundaria, entre otros derechos más.
En el capítulo de definiciones incorporamos nuevos conceptos al mismo que permitirán una clara interpretación y alcance de la ley, además se incorporan dos nuevas modalidades de violencia:
La primera, la violencia obstétrica. Todos y todas sabemos de familiares, de amigos, de amigas o en plena campaña, especialmente las mujeres cuando nos dicen que labor de parto, que no es común pero pasa, y es una realidad; cómo les gritan, las regañan, les dicen cállate, no grites, o hacen alusión a su vida sexual, o las obligan a pujar cuando aun no están en labor de parto. Lo que pasa en las salas de parto lo sabemos en todas las familias.
Hemos cambiado en México pero falta mucho por hacer y consideramos que debe quedar: Además se propone crear programas de capacitación para el personal de salud para identificar y evitar la violencia obstétrica contra las mujeres con un enfoque de protección y garantía de derechos humanos.
Además se propone incorporar la violencia política y conceptualizar este tipo de violencia que la propia Convención sobre los Derechos de Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (SEDAW) mandata a los Estados parte a trabajar en ella, así como la obligación de los partidos políticos de diseñar programas con perspectiva de género al interior de su militancia encaminadas al empoderamiento de las mujeres, poniendo y previendo toda forma de violencia y discriminación.
En materia de las órdenes de protección y emergencia se consagra en la propia ley que ya están ahí, las cuales son personalísimas e intransferibles y hasta por 782 horas se propone la ampliación de la temporalidad de las mismas vía la prórroga, con el fin de que el juzgador esté en posibilidades de valorar la situación en el caso concreto, con el fin de mejor proveer en la eficiencia de la protección de la víctima.
Contempla la armonización con perspectiva de inclusión para incorporar la protección más amplia a las mujeres y niñas con discapacidad considerando además la inclusión de la lengua de señas mexicana o cualquier otro medio alternativo o aumentativo de comunicación que las mujeres con discapacidad requieren, y por supuesto, considerar la disposición de intérpretes que garanticen la accesibilidad de las mujeres con discapacidad a la información. Todos los derechos para todas las mujeres.
Estos aspectos enumerados, entre otros más, son motivo de la presente iniciativa. Erradicar la violencia contra las mujeres significa erradicar la violencia de la sociedad. La realidad social está en permanente movimiento, la realidad jurídica debe de estar a la altura que se demanda. Por su apoyo y atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada De la Torre. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se me desespere.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia sus señorías; compañeras y compañeros, como es de su conocimiento y a riesgo de caer en obviedades, el país vive una situación delicada, la corrupción, la infiltración del crimen organizado en los diferentes niveles del Estado mexicano, se ha traducido en una menor potencia, credibilidad y seguridad de las instituciones.
Es de la mayor urgencia fortalecer al Estado, y creo que estaremos de acuerdo que la mejor forma de hacerlo es combatiendo a la corrupción. Cuando hablamos de esto normalmente pensamos en el Ejecutivo o los titulares de los ejecutivos de los estados, o incluso en los legislativos.
Hoy quiero llamar su atención sobre la necesidad de disminuir los riesgos de corrupción en el Poder Judicial. El Poder Judicial no es ajeno a la realidad nacional. De acuerdo con Yamila Mizrahi, experta en el combate a la corrupción en América Latina y consultora del Banco Mundial, “uno de los mayores focos en el país de corrupción, es el sistema judicial, donde impera la impunidad, lo que no ayuda a fortalecer el combate a la corrupción”, señala.
Nadie niega esta realidad, incluso podemos citar al ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco, que reconoció que los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte o del Poder Judicial en genérico, no están exentos de que entre los servidores públicos haya quien caiga en conductas indebidas. Señala con puntualidad, estas conductas no deben de ser toleradas por el Poder Judicial, por el contrario, han de ser perseguidas y sancionadas. Y adicionaría, mejor aún prevenirlas.
Quiero ser muy claro, ni se presume ni se generaliza la existencia de la corrupción, pero tampoco se puede negar el riesgo o la existencia de la duda razonable. Por esto, la presente iniciativa tiene como objeto dar mayores herramientas al Consejo de la Judicatura para establecer procesos de evaluación y control de confianza para los juzgadores y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a fin de determinar la idoneidad de su perfil, y en su caso la probidad al momento de ingreso, permanencia y desarrollo dentro de la carrera judicial.
Los indicadores globales no señalan que hay un reto importante, por ejemplo está The World Justice Project, Rule of Law, el índice de 2015 que evalúa varios factores. Voy a tocarlos de manera muy sucinta.
En cuanto a ausencia de corrupción, México ocupa el lugar 88 de los 102 países, con una puntuación de 0.33 sobre la base de uno, y el Poder Judicial de la Federación nos reporta el documento, se ubica en 0.39 sobre uno.
En cuanto a justicia civil que evalúa la eficacia del sistema para el acceso a la justicia libre de discriminación, libre de corrupción, en estos parámetros México ocupa el lugar 82 de 102 países, con una puntuación de 0.44 sobre uno.
En el caso de justicia penal, el tema tampoco es mejor. México ocupa el lugar 93 de los 102 países, con una puntuación de 0.31 sobre uno. Estos datos muestran el tamaño del reto y el camino por delante, en la agenda de justicia ya es conveniente fortalecer los mecanismos de control de confianza. Podemos afirmar que estamos avanzando en seguridad y justicia, a partir de estos datos honestamente creo que no.
Afirmar que ya existen candados, resulta desproporcionado y fuera de la realidad. Los instrumentos actuales son obviamente insuficientes, los magros resultados del Consejo de la Judicatura como órgano de control, muestran la falta de herramientas para hacer su trabajo más efectivo, y si a eso le sumamos que los pocos que son sancionados son reinstalados después de un proceso, pues el escenario es más pobre aún.
Es preciso señalar que este poder, el Poder Judicial, es el único que no tiene un control democrático, por su misma naturaleza, no está sujeto a la auditoría ciudadana ni a una elección posterior.
Por ello es sano para la república que quienes tienen en sus manos asuntos de tal complejidad e importancia, como la libertad y el patrimonio de las personas, cuenten con un control de confianza con absoluto respeto a sus derechos humanos, pero que genere la confianza en las instituciones que es necesaria.
Básicamente la propuesta consiste en incluir la facultad y mandato al Consejo de la Judicatura para la evaluación y control de confianza de jueces, magistrados, secretarios y altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Esta iniciativa es respetuosa del Poder Judicial de la Federación, ya que se elaboró sobre la base de la premisa del control interno realizado por la misma institución, atendiendo a la función de disciplina y vigilancia del cumplimiento a la legalización aplicable.
Queda claro que es conveniente que los juzgadores sean sometidos a exámenes de control de confianza en respeto a su dignidad, autonomía y derechos humanos, como una medida que potenciaría al Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es una medida que sería armónica con otras que se están tomando en interés de la república con otras instituciones.
Una democracia constitucional se basa en la división y contrapesos, pero también en la confianza y el autocontrol. El control de confianza no vulnera ni la autonomía ni los derechos humanos, pero sí fortalece a las instituciones.
Los hechos de los últimos meses nos muestran que es posible el peor de los mundos, un Estado con una gran capacidad militar y policiaca, pero con capacidades legales e institucionales, civiles limitadas. Esta simetría no la podemos ignorar, y así esta propuesta es parte de un paquete de medidas que presentaremos para potenciar al Estado y disminuir la corrupción.
Con franqueza comparto que mi optimismo sobre esta iniciativa es limitado, porque es probable que el destino de esta sea la resistencia o, peor aún, la indolencia, porque es probable que duerma el sueño de la inacción y no sea dictaminada, porque a momentos pareciera que no hay prisa en combatir a la corrupción.
Sé que habrá resistencias y que todos los argumentos son atendibles, pero un argumento que tenga como origen la defensa del status quo disfuncional, la comodidad o de plano la ignorancia pues no puede ser un contrapeso contra la conveniencia para el Estado y la nación mexicana.
Por eso, de manera muy especial, les pido su apoyo a esta iniciativa con independencia de los símbolos políticos. Hay que hacerlo, hay que hacer que pase, porque con estas acciones se incrementa la credibilidad y el prestigio del Poder Judicial de la Federación, disminuimos los riesgos de corrupción y ayudará a dar mayor certeza jurídica frente a la ciudadanía y fortalecer el verdadero sentido de justicia, pero principalmente –principalmente– porque es lo correcto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Fernández. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, con permiso, presidente. Buenas tardes, honorable asamblea. Como ya lo he venido manifestando, en el proceso de aprobación de la reforma política del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, esto va a implicar un cambio estructural y un cambio en las instituciones y en nuestros órdenes de gobierno; por lo que debemos asumir un mayor compromiso y eficiencia para solucionar las peticiones de los capitalinos, innovar los modelos de participación y autogobierno para tener una visión metropolitana y no solamente municipal.
Con la aprobación de la reforma constitucional, como ya sabemos, se van a crear y reformar diversas leyes y reglamentos, por lo que podemos empezar ajustando nosotros nuestro marco jurídico normativo y que esté acorde a lo que se ha plasmado en la Constitución. Es por esto que la iniciativa que hoy presento es para reformar la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
En este sentido, atendiendo el papel tan relevante que tiene la Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del Distrito Federal fue creada para el estudio, análisis, dictaminación y desahogo de los asuntos que le competen al Congreso de la Unión, con fundamento en nuestra Carta Magna.
Considerando que la Ciudad de México con esta reforma seguirá siendo la sede de los tres Poderes federales, la existencia de esta comisión es indispensable aún. Por ello, es oportuno que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal cambie por Comisión de la Ciudad de México.
Es importante precisar que esta propuesta de denominación no implicaría ningún cambio estructural. Inclusive en el régimen transitorio estoy proponiendo que los asuntos que están actualmente turnados a esta comisión permanezcan en el estatus que se encuentran sin tener ninguna modificación, simplemente el cambio de denominación de la misma comisión.
Igualmente, adicional a esta propuesta de denominación de la Comisión de la Ciudad de México, en la iniciativa propongo que se quite la palabra Distrito Federal en otros artículos para regular toda la normatividad de nuestro Congreso.
En el Partido Verde estamos trabajando para beneficio de la ciudadanía y ya se aprobó esta reforma constitucional que en los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto va a promulgar. Ahora hagámoslo realidad, y como lo refiero, podemos empezar haciendo lo nuestro en las leyes que nos rigen en este Congreso. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 141 y 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, las comisiones son órganos del Congreso que permiten una adecuada división del trabajo y un estudio especializado de las diversas materias, que hacen posible un funcionamiento más eficaz de la Cámara en el Poder Legislativo.
El nivel de complejidad que ha adquirido este poder, fruto de la pluralidad política que en este se expresa, ha conducido a fortalecer un régimen de comisiones permanentes. Dentro de estas se encuentran las comisiones bicamarales, concebidas para atender asuntos específicos.
El funcionamiento del Canal del Congreso y los servicios que ofrece el Sistema de Bibliotecas está regulado por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los temas relacionados con la seguridad nacional también son atendidos desde la óptica del control parlamentario por una comisión bicamaral, que se desprende de la Ley de Seguridad Nacional.
El Canal del Congreso tiene como función fomentar la difusión del análisis, la discusión y el debate de los problemas nacionales para fortalecer la opinión pública, que dicho análisis se realice con plena libertad y tolerancia, así como construir un vínculo entre el Congreso, los órganos que lo integran y la sociedad y que permite establecer una mutua, sólida y fluida relación entre todas las partes.
De acuerdo con su Reglamento, el Canal tiene, entre otras funciones, realizar la cobertura de aquellos espacios en los que se produzcan eventos relacionados con su objeto, contribuir a colocar en el espacio público los intereses de la nación por encima de los intereses particulares o de grupo, en el marco de la pluralidad democrática y tolerancia, y considerar a la información y al conocimiento de la realidad nacional como un bien y un derecho público a los cuales deben acceder y ejercer todos los mexicanos.
El Canal del Congreso ha realizado una labor muy importante en la tarea de difusión del trabajo legislativo en comisiones, en los debates, en los análisis que se han llevado a cabo, en los foros, durante las comparecencias, en las barras informativas, en los programas de análisis sobre la realidad nacional e internacional, así como en la transmisión de programas culturales.
El Canal del Congreso será un instrumento fundamental para conseguir el objetivo de contar con un parlamento abierto en un régimen democrático al que aspiramos.
Por otra parte, el Congreso mexicano realiza una labor de divulgación a través de su sistema de bibliotecas. Su misión es apoyar las labores institucionales de los diputados, su cuerpo de asesores y los órganos de la Cámara, mediante el suministro oportuno de un servicio de información integral basado en los recursos bibliográficos, documentales y electrónicos.
Los servicios de bibliotecas también se ofrecen al público en general. Las políticas que se definen en el seno de la Comisión Bicamaral, son de vital importancia para la prestación eficiente de los servicios bibliotecarios.
No obstante, la relevancia de estas dos actividades, en los artículos 141 y 143 de la Ley Orgánica del Congreso, se limita a la participación de todos los grupos parlamentarios en la conformación de las comisiones bicamarales del canal de televisión del Congreso y del Sistema de Bibliotecas.
En otro orden de ideas, preservar la seguridad nacional es una de las tareas primordiales del Estado democrático, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Y corresponde al titular del Ejecutivo federal la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.
Así, la seguridad nacional es concebida como el conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Sin embargo, el papel del Ejecutivo es primordial, la seguridad nacional está sujeta a un control parlamentario.
De esta manera, el artículo 56 de la ley de la materia establece, que las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional, estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por tres senadores y tres diputados. En este artículo se limita la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
El Grupo Parlamentario de Morena considera, que es importante que estos asuntos que se conceden a esta Comisión Bicamaral exige el concurso de las agrupaciones políticas del país, sin exclusión.
No hay ninguna razón legal ni política para que existan restricciones en la composición de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. Aceptar la integración más plural en las comisiones bicamarales, como lo proponemos, en donde estén representados todos los grupos parlamentarios.
En tal virtud, se propone ampliar la representación política de las tres comisiones bicamarales mencionadas, con el propósito de que se encuentre representada la diversidad de las opiniones que conforman esta nueva realidad mexicana. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación de la Cámara de Diputados para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día son los dictámenes a discusión de proposiciones con puntos de acuerdo. Y corresponde a la discusión de dictámenes de la Segunda Comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría dar cuenta de los enunciados.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: 1. Por el que se hace un reconocimiento a los ciudadanos mexicanos ganadores de los Globos de Oro.
2. Para considerar acciones de accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el programa Escuelas al cien.
3. Relativo a la promoción de la actividad física en los planes y programas de estudio de educación básica.
4. Por el que se exhorta al INAH a informar sobre la implantación de planes de manejo de las zonas arqueológicas del país.
5. Por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán para fortalecer las relaciones diplomáticas con ese país.
6. Por el que se condena el ensayo nuclear efectuado por la República Popular de Corea.
7. A fin de recomendar al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.
8. Para dar puntual seguimiento a las labores de monitoreo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, realizada periódicamente en la frontera sur de Estados Unidos de América, sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes.
9. Para continuar promoviendo el intercambio comercial, cultural, social, académico y turístico entre México y Taiwán.
10. Para firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de promover el ejercicio efectivo de estos derechos en nuestro país.
11. Por el que se rechaza cualquier acto que vaya encaminado a criminalizar la protesta social pacífica y la utilización de la fuerza pública, con el objetivo de callar voces opositoras, y expresa su total rechazo a cualquier uso indebido de los recursos del erario público.
12. Para que se garantice la educación de calidad en el sistema educativo de telesecundarias.
13. Para que se difunda el contenido de los convenios de coordinación celebrados con el gobierno federal para ejercer recursos del programa Escuelas al Cien.
14. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública revise y, en su caso, actualice el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar.
15. Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar los estudios necesarios respecto a la duración del calendario escolar.
Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban, excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 2, 3, 7, 8, 10 y 15, que se separan para su discusión.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Y por lo que se refiere al último de estos, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Vamos e entrar al punto dos, por el que se Exhorta a los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las Entidades Federativas y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a considerar acciones de accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el programa Escuelas al Cien.
Tiene la palabra, la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro, hasta por tres minutos.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, diputado presidente. Con su venia, señor vicecoordinador, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. En México los derechos humanos son un asunto de Estado. Son una causa que nos convoca y nos une a todos; o a eso debe llevarnos, a que trabajemos en un solo frente –Enrique Peña Nieto, Los Pinos, 10 de diciembre de 2015.
Compañeras y compañeros legisladores. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala a la sensibilidad como uno de los principios centrales para que las personas con discapacidad gocen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones.
México, como Estado parte de la convención, está obligado a realizar acciones pertinentes a fin de acondicionar, adaptar y proyectar debidamente el entorno donde las personas con discapacidad acceden a sus derechos. Estas acciones deben incluir identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
En materia de educación la convención en su artículo 24 nos dice que para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, los Estados parte deben de asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primera gratuita obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad.
Además nos dice que se deben realizar todos los ajustes razonables en función de las necesidades de los niños y de las niñas. La convención de referencia y los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión de acuerdo al 133 constitucional.
Por otra parte, las personas con discapacidad se encuentran en severas desventajas en relación a la educación contra sus pares sin discapacidad. En materia de asistencia social, por ejemplo, las personas con discapacidad entre tres y 23 años presentan una tasa de asistencia escolar menor en un 16 por ciento que las personas sin discapacidad.
En el nivel de escolaridad, el 27.9 por ciento no tiene estudios; el 45 por ciento terminó apenas un año de primaria; el 13 por ciento ha concluido apenas un año de secundaria; el 7.3 por ciento apenas un año de educación media superior y solo el 5.2 por ciento uno de educación superior. El 29 por ciento de las personas con discapacidad física son analfabetas.
Por estas y muchas razones más que estuvieron en las exposición de motivos, es importante la aprobación de este punto de acuerdo, y que va dirigido a los operadores en las entidades federativas, porque sin edificios escolares accesibles, las niñas y los niños con discapacidad no tendrán oportunidad de ejercer su derecho a la educación; si no tienen derecho a la educación no podrán aspirar a trabajos mejor calificados y no serán adultos independientes. Su destino será la marginación, la discriminación y la exclusión social. Por ello agradezco mucho a la comisión por el apoyo y aprobación de este punto, y a ustedes, legisladores, porque sé que estarán de acuerdo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada De la Torre. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. Ahora pasamos al dictamen número tres con punto de acuerdo relativo a la promoción de la actividad física en los planes y programas de estudio de educación básica, y tiene la palabra la senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro, por tres minutos.
La senadora Anabel Acosta Islas: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago el uso de esta tribuna para referirme al presente dictamen, el cual tiene como propósito la promoción de la actividad física en los planes y programas de estudio de educación básica.
La Organización Mundial de la Salud señala que “en el mundo más de mil 900 millones de personas de 18 años o más, tienen sobrepeso y de las cuales más de 600 millones presentaban obesidad, y además el 39 por ciento padecían sobrepeso”.
De acuerdo con el informe Kilos de más pesos de menos, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2015, nuestro país vive una epidemia de obesidad, donde el 73 por ciento de los adultos y el 35 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas se encuentran en esa condición.
El sobrepeso como la obesidad son un problema multifactorial, por lo que debemos analizar todas aquellas alternativas que nos conduzcan a su prevención y combate. El sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte de los mexicanos. Además, genera altas pérdidas económicas, además de mayores costos al erario para tratar las enfermedades asociadas.
Por eso, la activación física representa una oportunidad para revertir la tendencia de estos padecimientos, de ahí la trascendencia de analizar la eficacia y fortalecer, en su caso, los planes y programas de estudios en esa materia desde la educación básica.
Para avanzar en el cumplimiento de este objetivo, resulta indispensable la creación de mayores espacios deportivos dentro de los planteles escolares y promover una mayor capacitación, y actualización de los docentes de esta materia.
Debe apostarse a la calidad de los programas de educación física y a la calidad del profesorado que imparte esta asignatura, misma que enseña a niños y jóvenes a potenciar sus capacidades físicas.
La educación física permite lograr un comportamiento asertivo y de confianza en uno mismo en diversas situaciones, y además permite a los jóvenes descubrir formas de gestionar las emociones negativas y el estrés de una manera constructiva.
Es necesario que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, rediseñen y fortalezcan los planes y programas de estudios en materia de educación física, así como los programas de formación docente en la materia, a fin de que atiendan a los criterios internacionales sobre la activación física.
Es importante seguir trabajando para impulsar políticas públicas que permitan prevenir y combatir la obesidad en este sector de la población. Por ello, los invito, compañeras y compañeros a votar a favor del presente dictamen para promover la activación física en los planes y programas de estudios de la educación básica. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Acosta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
Ahora abordaremos el dictamen número siete, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que analice la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su caso, valore su pertinencia a fin de recomendar al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a dicha convención.
Y tiene la palabra la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro hasta por tres minutos.
La senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, presidente. Efectivamente hoy que escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bueno, pues hay grupos con mayor vulnerabilidad, y uno de ellos son las personas adultas mayores.
Nuestro país está inmerso en el compromiso con los derechos humanos a través del marco internacional y de nuestro marco nacional. Es importante que se valore precisamente para que podamos ratificar, podamos sumarnos a esta convención que garantiza el que no solamente ya haya una ley específica para adultos mayores a nivel nacional, sino que podamos tener un marco más completo y que haya mayores garantías para nuestros adultos mayores.
Sabiendo de la protección de los derechos humanos para las personas mayores, la importancia que tiene es que hoy venimos a sumarnos a que el dictamen de esta comisión pueda ser aprobado por la Comisión Permanente.
Entre los diversos problemas a los que se enfrentan las personas adultas mayores están el abandono, la discriminación, el maltrato, la violencia en todos sus tratos, la desigualdad, la negligencia, la falta de acceso a muchos cuidados y a los servicios de salud en lo general. Estos son de los más graves, pero todos sabemos que pues el acceso a la inclusión es lo más importante.
Y, si bien históricamente México se ha pronunciado a favor de diversos instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos, hoy pues queremos que este grupo pueda sumarse a que nuestro país dé garantías y se mejore el bienestar social de nuestros adultos mayores. Nuestra población sí es joven, pero también necesitamos que haya esta facilidad en los accesos, en la inclusión y en el respeto a los derechos humanos.
Quisiera, señor presidente, al mismo tiempo sumar también sobre el tema de derechos humanos el dictamen para que las autoridades migratorias de Estados Unidos sean investigadas, que se investigue a fondo sobre las violaciones a los derechos humanos de nuestras mexicanas y mexicanos que estén en proceso de deportación; ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir. Y que sea a través de otro instrumento, otro organismo internacional como la Organización de Estados Americanos que pueda ser apoyada, y así que la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país pueda exhortar y apoyar a que estas investigaciones se den.
Todos sabemos que estamos pidiendo un trato justo, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y es importante que estas deportaciones no sean criminalizadas, que no sean vistas como delincuentes sino como sujetos al respeto de derechos humanos. Hay quienes trabajan, hay quienes van a estudiar, hay quienes se movilizan en todo el mundo y es importante que la migración siga teniendo las garantías en ese sentido.
Por ello es que, compañeras y compañeros, la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y las personas que son deportadas debe ser investigada. Y nos sumaríamos también, les pedimos que sea un voto aprobatorio para que nuestro país sume ante los organismos internacionales de este continente y nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el área del Ejecutivo y que puedan respaldar esta iniciativa. Por su atención y su aprobación, muchas gracias.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muy bien. Aprobado. Comuníquese.
El siguiente dictamen es por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la OEA dé puntual seguimiento a las labores de monitoreo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza periódicamente en la frontera sur de los Estados Unidos de América sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes.
En este tenemos la participación de la senadora Lucero Saldaña, que ahorita mencionó en su participación ya hablar a favor de este dictamen. ¿Con eso quedaría ya concluida su participación?
La senadora María Lucero Saldaña Pérez (desde la curul): Sí, presidenta.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: ¿Habrá algún otro senador o diputado que quiera hacer uso de la palabra en este dictamen? De no ser así, le pediría a la Secretaría someter este dictamen, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el presente dictamen. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Aprobado. Comuníquese.
Siguiente dictamen, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y al Senado de la República, a valorar y en su caso firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el fin de promover el ejercicio efectivo de estos derechos en nuestro país.
Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Con su permiso, presidenta.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Adelante.
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Compañeras y compañeros diputados, México siempre se ha caracterizado por ser un actor internacional responsable, con una política exterior constructiva y activa.
Nuestro interés por apoyar y sumar en el contexto internacional nos ha permitido impulsar firmemente la agenda de derechos humanos en foros multilaterales, mediante la interacción en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y, de esta manera, contribuir en el fortalecimiento de estos derechos intransferibles en el ámbito interno.
Es precisamente ese interés por fortalecer y mejorar nuestras políticas públicas por lo que consideramos constructivo abrirnos aún más al recuento de las instituciones como la ONU, a través del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un instrumento de las Naciones Unidas que promueve entre los Estados el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de todos los miembros de su población.
En este tenor México, desde que ratificó este pacto en 1981, ha promovido y ha hecho los ajustes necesarios en sus normas para fortalecer el derecho al trabajo, la educación, la seguridad social, la salud y el derecho a una vida adecuada, por mencionar algunos de los preceptos previstos en este Pacto Internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sumado a estos esfuerzos, el presidente Enrique Peña Nieto ha promovido iniciativas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la reforma educativa y el programa Prospera, que ha demostrado su efectividad y le han valido el reconocimiento por parte de organizaciones internacionales y otros países alrededor del mundo, al pueblo y al gobierno mexicano.
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permitirá al comité, a cargo del mismo, brindar sus observaciones y recomendaciones sobre el respeto de estos derechos por parte de nuestro país. Recomendaciones que nos permitirán enriquecer y perfeccionar nuestra normatividad.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos ciertos de la labor realizada por los tres Poderes de la federación, por promover y vigilar el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país.
Es por esto que consideramos pertinente someter a la valoración del presidente de la república, la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, procurando siempre el interés superior de nuestra nación. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, diputada. No habiendo más oradores del presente dictamen, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el presente punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Aprobado. Comuníquese.
El dictamen a discusión con punto de acuerdo, el siguiente, es por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar los estudios necesarios respecto a la duración del calendario escolar. En el uso de la palabra, para hablar a favor, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín.
¿No se encuentra la diputada? ¿Ningún otro orador, diputado o senador que quiera hacer uso de la palabra? Pasamos a la votación. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente dictamen.
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el presente dictamen. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Aprobado. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: El siguiente punto en el orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Pido a la Secretaría dar cuenta de los enunciados.
La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: 1. Con relación al pago de adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de la ciudad Lerdo, Veracruz.
2. Para valorar el incremento de los recursos destinados a los pescadores yucatecos por motivo de la veda del mero y de las demás vedas pesqueras en 2016.
3. Relativo al proyecto Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados en el ejido Noria de Sabina, Coahuila.
4. Por el que la Comisión Permanente solicita al jefe de gobierno de la Ciudad de México informe a esta soberanía respecto al servicio de foto multas.
5. Relativo a las construcciones en el malecón de Tajamar, Benito Juárez, Quintana Roo.
6. Por el que se solicita a los titulares de la Sener, de la Conagua y de la Secretaría de Salud un informe sobre la radiación encontrada en los pozos de agua, en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato.
7. Para verificar y evaluar si el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.
8. Para que se atiendan de forma oportuna, eficaz y con total transparencia el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación.
9. Para considerar a la población total del estado de Campeche en los lineamientos sobre la operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal 2016.
10. Para que se auditen los proyectos, concesiones y contratos en los que participa la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban, excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 4, 5, 9 y 10 que se separan para su discusión.
La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no separados para su discusión. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora pasamos a discutir el dictamen número cuatro, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta soberanía respecto del servicio de fotomultas.
Tiene la palabra, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El tema que nosotros presentamos como punto de acuerdo, exponía con mucha precisión y mucha claridad que exhortáramos al Gobierno del Distrito Federal a que echase atrás el convenio de las fotomultas, sin embargo hubo una serie de situaciones en donde solo el punto de acuerdo indica que se solicita un informe de dichos convenios, porque además son dos convenios los que están en esta situación.
Tal como lo presentamos en la comisión dictaminadora, hicimos la indicación de que no correspondían los argumentos, prácticamente echamos abajo todos los argumentos en donde nos decían que no era posible acceder a nuestra solicitud porque se referían a contratos que solo se habían conocido en redes.
Sin embargo estos contratos están establecidos en el micrositio de la Secretaría de Seguridad Pública que se abrió el 10 de enero.
Estos contratos son reconocidos y conocidos, no obstante también que toda la serie de elementos que se estuvieron promoviendo nos permiten a nosotros como Cámara hacer ese exhorto. No hay ninguna circunstancia en donde se nos indique que no podemos hacer el exhorto para detener ese contrato. Por ende, mi participación en esta tribuna no es una participación en que esté de acuerdo con esta situación. Estoy hablando en contra de este dictamen.
Por otro lado, nos parece importante que aun cuando nosotros propusimos el punto de acuerdo no reúne las características; y no se trata de un tema que nosotros pudiéramos poner un asunto de berrinche –por supuesto–, sino que es un tema que tiene que ver con el gran negocio que se está haciendo en esta gran ciudad. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, aquí la tengo anotada en pro de lo que es el punto de acuerdo –en los términos en que está el punto de acuerdo–, hasta por tres minutos.
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. Sí, es para hablar en pro del dictamen que además dictamina varios puntos de acuerdo que fueron presentados por diversos grupos parlamentarios ante esta Comisión Permanente. Me parece muy importante hacer hincapié en este tema, porque ha sido de manera recurrente en la Comisión Permanente prácticamente en todas las sesiones.
Porque se ha iniciado una campaña en redes sociales, me parece que desde las empresas que están involucradas, para tratar de desvirtuar el tema que compete a las fotomultas y la posición que tenemos contra la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México, pretendiendo decir que quienes hemos manifestado nuestro desacuerdo no estamos a favor de una cultura de la vialidad.
Por eso es muy importante dejar en claro cuál es el problema que está aquí. En la Ciudad de México desde el 2005 existe un sistema de fotomultas. En diferentes vialidades de la ciudad de México se había instalado este tipo de sistema para precisamente identificar con radares de velocidad a quienes exceden estos límites de velocidad. Y es una política pública que había venido funcionando bien, que los capitalinos nos habíamos adaptado, sin duda, a que se utilizara este tipo de mecanismos para poder infraccionar a quienes exceden la velocidad, teniendo muy claro que eso puede contribuir a disminuir precisamente los accidentes de tránsito.
Sin embargo es a partir de la administración de Mancera, que esto ha cambiado, que ha cambiado no solamente con el Nuevo Reglamento de Tránsito, sino particularmente con los contratos que están involucrados. Y desafortunadamente a todas luces esto parece, además de un abuso contra los ciudadanos con un mero fin recaudatorio a través de las fotomultas que es muy lamentable lo que está sucediendo, lo que está de por medio, y hay que decirlo con todas sus palabras, es hacer un negocio de lo que es público. Hacer un negocio con las empresas porque los montos que están involucrados en los contratos, sobrepasan cualquier realidad.
Y aquí solamente algunos datos: del 10 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, más de 20 mil 462 fotomultas fueron aplicadas, sobre todo por no respetar el semáforo y los pasos peatonales.
En el mes de octubre se contabilizaron 10 mil 789 fotografías que después de pasar por el proceso de validación se desecharon el 92 por ciento, y se impusieron 898 infracciones. Este es un dato que revela que no es precisamente infalible el sistema de las fotomultas.
El contrato de vigencia del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre del 2017, obliga a la empresa a imponer durante este periodo, un mínimo de 4 millones 200 mil multas con un valor superior a los 149 millones de pesos, más el IVA, por supuesto. Esto es a lo que nos referimos.
No estamos en contra de un nuevo reglamento de tránsito que genere las posibilidades de una mejor convivencia entre quienes transitamos en la ciudad de México; nos oponemos rotundamente a que esta sea la vía para abusar de la ciudadanía, y además para hacer un negocio de un bien público. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Tagle.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí a la diputada Hernández Colín, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Para hacer uso de la palabra sobre el dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya hizo uso de la tribuna al respecto, según todos nos dios cuenta. Perdón, pero... Continúe la Secretaría...
La Secretaria diputada Araceli Saucedo Reyes: En votación económica se consulta a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. El siguiente punto a discusión es el dictamen...
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Hernández, por favor.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Por razones de fuerza mayor, no pude estar cuando me anunciaron, y llegué tarde en el dictamen número 15. Le solicito de manera muy atenta me puedan hacer partícipe en ese dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El hecho real, con todo respeto, diputada, es que es un punto que ya se votó, que fue agotado por lo tanto en el orden del día la discusión y votación del mismo, y yo en todo caso le sugeriría que para que quede consignada lo que podría haber sido su participación, si la tiene por escrito en los términos en que lo considere, que se pueda dar por presentada y que se inscriba en el Diario de los Debates. Si no romperíamos el orden en que hemos estado trabajando aquí.
El diputado Edgar Romo García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Romo, por favor.
El diputado Edgar Romo García (desde la curul): Nada más una intervención por aclaración. Yo creo que no habría objeción alguna para que la legisladora pudiera expresar lo que le correspondía en la lectura del dictamen que ya se votó, por nosotros no habría ningún inconveniente.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Döring, por favor.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Señor presidente, a mí me parece que es mucho más pulcra la salida que usted ha propuesto. Lo que tenga que manifestar y a su derecho convenga puede estar plasmado en el Diario de los Debates sin que generemos un precedente de que se repita, en donde la asamblea conozca de algo que ya se votó y se sancionó procesalmente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pues el Reglamento lo hicimos para respetarlo y así fuera alguien de la bancada a la que pertenezco le estaría diciendo exactamente lo mismo, con todo respeto, de veras, y desde luego reconociendo la disposición a la que en esta sesión de la Comisión Permanente pudiéramos dar satisfacción a todos quienes quieran expresarlo, que además no ha habido limitantes dentro del curso normal de los puntos que hemos ido abordando y en el momento procesal oportuno.
Entonces, les pediría que continuáramos dando ya por agotado; y expresando y reiterando lo que ahorita manifestaba para que quede inscrito en todo caso su sentir y su punto de vista en el Diario de los Debates.
Continuamos entonces con el dictamen número cinco, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que exhiba la manifestación de impacto ambiental presentada por Fonatur correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, Benito Juárez, Quintana Roo, e informe sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre.
Y tenemos una lista significativa de participantes. En consecuencia tiene la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en pro hasta por tres minutos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. No voy a usar esos tres minutos para narrar una vez más el desarrollo de estas atrocidades contra el medio ambiente cometidas en Quintana Roo, el depredado estado de Quintana Roo.
Simplemente quiero destacar para fundamentar mi petición de apoyo a este dictamen la falta de solidaridad que esto significa. Miren ustedes, los seres humanos desde que nacemos recibimos de las generaciones anteriores una serie de bienes que nos van a beneficiar a lo largo de nuestra vida, recibimos la vida misma, cuidados médicos, cuidados paternales, la educación tanto de la familia como de la sociedad, recibimos la posibilidad de armonizar para trabajar y desarrollarnos de acuerdo a nuestras inclinaciones y vocaciones en este mundo, y recibimos como máximo obsequio de esta sede de generaciones a nuestro planeta, al medio ambiente.
De tal manera que es un principio fundamental de la convivencia y perpetuación de la especie la solidaridad lineal o vertical, que significa simplemente que una generación que recibe tantos bienes los pase a la siguiente conservados, y si es posible, mejorados.
Es obvio que a partir del advenimiento del área industrial, cuyos beneficios no niego, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, hubo un progresivo deterioro del medio ambiente simplemente por el advenimiento de la industria, del consumo de energía. Pero esto ya está llegando a niveles catastróficos causando huracanes en Las Antillas, inundaciones en América del Norte y nevadas inenarrables. El descongelamiento del Ártico, de la Antártica y demás.
De tal manera que qué bueno que el mundo ya el año pasado, en diciembre, se puso de acuerdo en París y ya se decidió frenar el calentamiento global para que no pase de más de dos grados en el área industrial y, de ser preferible, se quede en 1.5 grados. Pero esto debe ser adicionado por una serie de medidas locales, como es el cuidado de algo tan importante como los manglares que, por un lado, ayudan a que no se deteriore el medio ambiente y a que no haya más calentamiento; y por otro lado, permiten la conservación y desarrollo de la flora y de la fauna.
De tal manera que estos sucesos de Quintana Roo contradicen la tendencia mundial, contradicen la vocación de muchos hombres y mujeres de bien que queremos resolver el problema; pero sobre todo, son un atentado contra el principio de solidaridad vertical o lineal que nos obliga a los que estamos presentes en ese momento en este mundo cuidarlo para entregarlo en mejores condiciones a las generaciones que vienen, empezando por las que están por nacer.
Así que yo los invito, compañeros y compañeras, a votar en favor de este noble dictamen que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a dar explicaciones, a decirnos qué fue lo que pasó, qué fue lo que autorizaron, hasta dónde llegó su intervención o sus omisiones, para así obrar en consecuencia y contribuir desde esta Cámara de Diputados y desde el Senado a cumplir con el principio de solidaridad vertical y dejarles a los que vienen un mejor mundo del que hemos recibido. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro hasta por tres minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. En la Comisión Dictaminadora sentimos que el dictamen fue un dictamen corto, muy corto.
Más allá de lo que pudiera establecerse como definición de manglares y el ecosistema, lo que estamos viendo en realidad es un gran ecocidio y además una falta de respeto a nuestra madre tierra, a esta madre tierra que nos ha generado, que ha sido bondadosa y que nos ha dado mucho más de lo que en realidad necesitamos.
Como se ha dado a conocer, actuando como delincuentes, la madrugada del 16 de enero, una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó al manglar para preparar la construcción de un desarrollo inmobiliario, proyecto Malecón Cancún-Tajamar, sin que previamente se hayan llevado a cabo las acciones necesarias para que la fauna del lugar fuera reubicada.
Como parte importante de esta fauna se tienen alrededor de 100 especies, de las cuales 13 están bajo la categoría de protección en la norma oficial mexicana 59, que protege las especies nativas de México de flora y fauna silvestre. Dentro de las especies más importantes de este manglar se tiene el cocodrilo moreletti, cuyo estatus en dicha norma es el de sujeta a protección especial, además de 44 especies de aves, algunas nativas, otras migratorias que eligen este sitio para alimentarse y refugiarse.
De tal forma que además de la irreparable destrucción del hábitat varios ejemplares de cocodrilos, iguanas, garzas y otras especies fueron enterrados vivos cuando la maquinaria pesada irrumpió en el lugar.
Pero el asombro y la indignación crece cuando vemos que en esta irracional destrucción participaron funcionarios en instituciones locales y federales, desde el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, esta última institución federal, autora material del ecocidio.
Previo a este, se dedicó a litigar en contra de los habitantes de Cancún, cuando estos por medio de amparos trataron de evitar el acto que aconteció ese 16 de enero.
A esta fecha, los funcionarios federales tratan de justificar su actuación, alegando que la reforma a la Ley General de Vida Silvestre actualmente, que adiciona el artículo 60 Ter, protege a los manglares y fue promulgada con fecha posterior a que se dieran los permisos por parte de la Semarnat.
Cabe señalar, que no es la violación primera a la normatividad ambiental. En Agosto de 2015, Profepa dictaminó la suspensión total temporal de todas las actividades y obras del cambio de uso de suelo, en 10 lotes del proyecto Malecón Cancún Tajamar, por incumplir los términos y las condiciones respectivas a las autorizaciones otorgadas al margen de la ley por la dependencia en 2005 y 2006.
Ahora el problema no ha concluido, se agrava, y si bien es cierto los medios judiciales en algunos momentos han podido detener esta devastación, pues el asunto persiste.
En Morena nos oponemos a este ecocidio y apoyamos todas y cada una de las medidas, que desde nuestro ámbito se encaminen a detener esta injusticia. Por el bien de la humanidad detengamos este ecocidio. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos, en pro.
El senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, senador, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, Tajamar es un ejemplo de la unidad social y parlamentaria que debemos continuar en este Congreso.
Aquí estamos demostrando que la protección del medio ambiente es tarea de todos y es posible siempre y cuando exista la convicción de que nuestros recursos naturales son parte esencial para la supervivencia del ser humano.
Como legisladores debemos generar las herramientas necesarias para lograr la protección de nuestros recursos naturales y fue por ello que en el 2007 logramos la protección de los ecosistemas del manglar, a través de la prohibición de cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hídrico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia.
Sin embargo, este trabajo debe continuar con el cabal cumplimiento de la ley. Por ello, en el Partido Verde estamos a favor de exhortar a la Semarnat a exhibir las autorizaciones correspondientes a las construcciones del malecón de Tajamar, y a informar sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada.
Recordemos que la transparencia es una herramienta que nos permitirá contar con todos los elementos que permitan demostrar si las autoridades están cumpliendo con sus funciones bajo el estricto apego de la ley.
En el tema de Tajamar y en cualquier otro que involucre la pérdida de recursos naturales y el reto de las autoridades competentes, es encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y conservación ambiental, pues en ello consiste precisamente el concepto de sustentabilidad que mandata encontrar un modelo que permita el desarrollo, sin comprometer que las generaciones futuras tengan esa misma posibilidad.
Es indudable que el interés de garantizar el derecho humano de todos los mexicanos a un ambiente sano y equilibrado debe prevalecer por encima de cualquier interés económico.
Sin embargo, México es un Estado de derecho en el que, tal y como ocurre actualmente con desahogo de juicios de amparo y suspensiones de actividades del malecón Tajamar, se deben agotar todas las instancias legales que procedan, con la finalidad de salvaguardar todos los derechos involucrados.
Confiamos que las autoridades competentes resolverán con estricto apego a derecho, y que el interés general de proteger el ambiente de nuestros recursos naturales será cabalmente respetado.
Proponemos tres salidas a este conflicto: Primero. Que jurídicamente se aplique la retroactividad positiva, en el entendido que puede aplicarse en beneficio de los derechos humanos, de conformidad con nuestro artículo 4 constitucional que nos reconoce nuestro derecho a un medio ambiente sano.
Segundo. Que se revoque, modifique o suspenda la autorización respectiva, tal y como lo establece el artículo 100 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Y por último, no perdemos de vista que la expropiación es un instrumento que nos permite, por causas de utilidad pública, recuperar bienes en beneficio de la sociedad y Cancún sin duda lo merece. Gracias por sus atenciones.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Aréchiga. Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro, hasta por tres minutos.
La diputada Araceli Saucedo Reyes: Con su venia, señor presidente. Nuestros grupos parlamentarios, en las dos Cámaras, hemos presentado este punto de acuerdo con respecto a este tema que nos parece algo trágico, algo devastador de Tajamar. Lo hicimos para esta sesión y también desde la semana pasada por la magnitud del problema.
Este dictamen sobre el trágico tema de la destrucción de manglares en los terrenos del proyecto de Tajamar, malecón, Cancún, Tajamar, señala que la Semarnat presente tanto la manifestación de impacto ambiental, como un informe pormenorizado sobre este caso.
Con seguridad es oportuno tener información a detalle de esta secretaría, respecto a la presentación de la manifestación de impacto ambiental, esa se puede obtener en el propio sistema de información de la misma, así como la respectiva resolución de su evaluación, pero siempre tener información de uno de los principales actores en un tema que ha logrado una impresionante movilización social.
Es importante, por eso votaremos nosotros a favor este dictamen, aunque sin embargo consideramos que es insuficiente. Queremos que se investigue, cómo fue posible tal ecocidio. Cómo fue posible que una institución pública como Fonatur vendiera terrenos para la especulación inmobiliaria en áreas de humedal o manglares cuando sabía que existían una serie de restricciones para llevarlo a cabo. Cómo fue posible que entrarán con maquinaria pesada a destruir la vida que en ese lugar existía, sin importar que existían mamíferos, reptiles, aves, causando su muerte y su destrucción de esos espacios de vida.
Por eso no queremos impunidad, queremos que se castigue a los responsables y se repare este terrible daño ambiental. Finalmente debemos de reflexionar cómo es posible que en México nuestro país precisamente en Cancún, se vaya a desarrollar este año la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas y que con esto se esté mandando un mensaje con el aval de su gobierno, de una erosión biológica a todas las naciones del mundo.
Como Partido de la Revolución Democrática, queremos dar un mensaje muy claro en contra de la impunidad y la devastación ambiental por negocio de unos cuantos.
Estamos explorando la posibilidad de impulsar juicio político para los funcionarios involucrados en este crimen a la naturaleza.
Nuestra intención con esto es que no vuelva a suceder jamás un hecho como el que hoy ha sucedido en Cancún y en cualquier área de nuestro país. Mandamos toda nuestra solidaridad a la ciudadanía de Cancún.
Nuestro partido está en este momento triste con este terrible suceso. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Saucedo. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN para hablar en pro, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señor presidente. La madrugada del sábado 16 de enero fueron destruidas 57 hectáreas, lo que es equivalente a destruir el 10 por ciento del bosque de Chapultepec o una quinta parte del Central Park del manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo.
Las zonas de humedales, en particular los manglares y por lo tanto Tajamar, son ecosistemas de incuestionable relevancia respecto del equilibrio ecológico, de la conformación del patrimonio biocultural del que todos tenemos el derecho a participar y a vernos beneficiados por él la seguridad ciudadana de los habitantes, pues el manglar es un medio de contención a fenómenos naturales como son los huracanes que en dicha zona conocemos el grado de afectación económica y social que pueden llegar a ocasionar.
Por lo tanto gozan, los manglares, de un esquema jurídico de especial protección nacional e internacional que imponen obligaciones específicas al Estado mexicano. No obstante, las autoridades locales y federales dieron prevalecencia al potencial desarrollo económico y no al de la comunidad, no al de la ciudadanía, sino al de las empresas constructoras.
Las omisiones en las que incurrieron dichas autoridades son contrarias a sus obligaciones constitucionales contenidas en el artículo 1o. y 4o, párrafo quinto, que imponen al Estado y a sus autoridades la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos y por supuesto garantizar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como las obligaciones internacionales como es la de proteger los derechos humanos resguardada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el medio ambiente y cualquier condición que pudiera supeditar la dignidad humana.
No cabe duda que las autoridades conciben al patrimonio biocultural como un instrumento de libre disposición para beneficios personales o de terceros en lo individual, no como un objeto de protección, y por lo tanto bienes protegidos por los derechos de los que todos somos titulares.
Al día de hoy la controversia no se ha resuelto. Las instancias involucradas han dado respuestas esquivas y carentes de argumentos, y la realidad es que estos hechos nos privaron de un ecosistema fundamental para garantizar la biodiversidad en nuestro país.
Por lo tanto los diputados de Acción Nacional exigimos al gobierno federal tomar las medidas necesarias para detener de manera inmediata el daño ambiental que vamos a sufrir todos los mexicanos.
Sin duda habrá quien afirme que esta administración no otorgó el permiso y que lo único que están haciendo es dejar que en realidad es dejar de hacer respetar un permiso otorgado hace 11 años. A esas voces les respondemos que el argumento resulta pueril.
El ejercicio delo poder público trae aparejada una gran responsabilidad tener el valor de hacer lo correcto, cosa que no siempre sucede. Dese aquí exigimos a los servidores públicos que cumplan con su obligación constitucional de respetar los derechos humanos.
Existen recursos legales para detener este ecocidio sin tener que pagar indemnizaciones millonarias, como por ejemplo el juicio de lesividad, argumentando que la manifestación de impacto ambiental se trata de un derecho precario; es la figura jurídica que los tribunales mexicanos resumen como aquella que tiene una vigencia y se adapta a las necesidades colectivas imperantes en diferentes condiciones y tiempos, por lo tanto puede ser sujeta de revocación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Piña. Tiene ahora la palabra el senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro, hasta por tres minutos.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, miembros de esta Comisión Permanente del Congreso, creo que no hay lucha más importante en el planeta que la que debemos librar todos, por cuidar el ambiente, por cuidar ésta que es la casa común de todos. No nos cansaremos de repetir que el desarrollo económico tiene que encontrar puntos de equilibrio con el cuidado al medio ambiente.
Si bien es necesario, tener perfectamente claro que contar con fortalezas tan importantes en recursos naturales como los tiene este país, también es importante que logremos encontrar la manera de que cuidando ambas, los habitantes de este país, de este planeta, podamos beneficiarnos de alguna manera con esos recursos y esas riquezas naturales.
Para el Grupo Parlamentario del PRI, es importante reiterar con mucho acento que tenemos un compromiso ineludible con el cuidado del medio ambiente y con la protección de los ecosistemas. Que nuestro compromiso con los recursos naturales, con la flora y con la fauna, es un compromiso que reiteramos desde esta tribuna siempre.
Decir con mucha claridad que en el Grupo Parlamentario del PRI, también reprobamos cualquier acción que vulnere nuestro entorno y que ponga en peligro los recursos naturales.
Por eso todos los días, por ejemplo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República de la que formo parte, tomamos decisiones después de debatir y analizar los acuerdos necesarios para que el marco jurídico y las políticas públicas ambientalistas sean las adecuadas para que sin ninguna duda y con toda certeza, conduzcamos la política ambiental de este país hacia un desarrollo sustentable.
No en balde los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, y que ha sido avalado por todos los países del mundo, ahora tienen dentro de sus argumentos fundamentales precisamente el desarrollo sustentable en armonía con el desarrollo social y el desarrollo humano. Por eso tenemos que hacer pronunciamientos también puntuales con relación a los hechos suscitados en Benito Juárez, Quintana Roo.
Todos sabemos que puede haber diversas aristas desde el ámbito y desde el punto de vista jurídico, eso es innegable. Nosotros confiamos plenamente y pedimos, con acento también, a las autoridades correspondientes para que determinen si existen responsabilidades administrativas y, en su caso, determinen también las sanciones administrativas correspondientes.
El tema jurídico sin duda también es fundamental para deslindar responsabilidades y para aplicar la ley. Y en todo momento –lo volvemos a decir– debemos cuidar y preservar el medio ambiente, esa es la premisa fundamental.
Quiero resaltar, al menos así está dejada la constancia, que en todo momento las instituciones involucradas en este asunto han mostrado disposición para que, de manera transparente y oportuna, se conozcan los expedientes. Así ha quedado demostrado en medios de comunicación con respecto a este tema.
Por lo tanto, y de manera formal, desde esta Comisión Permanente la fracción parlamentaria del PRI pide la información necesaria y pormenorizada, debidamente sustentada y argumentada, para que con la información este Congreso, esta Comisión, nosotros tengamos los elementos para asumir una posición objetiva, responsable y también una posición que le permita a la gente allá afuera, a los miles de ciudadanos que se encuentran ofendidos saber que aquí se ha escuchado su expresión y su voz, y que eso nos permita también teniendo esta información determinar con mucha solvencia las acciones legislativas que tomaremos al respecto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Pozos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto es el dictamen número nueve con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar a la población total del estado de Campeche en los lineamientos sobre la operación del Fondo para Fronteras del Ejercicio Fiscal de 2016. Tiene la palabra el senador Raúl Pozos Lanz para hablar en pro hasta por tres minutos.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, ahora vengo a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, con relación a un punto de acuerdo presentado por mis compañeras y compañeros diputados, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se lleven a cabo el análisis y los estudios correspondientes para una revisión a los lineamientos de operación del Fondo para Fronteras del ejercicio fiscal 2016 y que tiene que ver con el estado que represento en el Senado de la República y, desde luego, aquí en la Comisión Permanente.
Y es un dictamen que es muy importante para mi estado y probablemente para otros estados que también tienen frontera internacional. Es importante señalar que Campeche es el único estado en este país que tiene frontera con dos países, con Belice y con Guatemala y que nosotros queremos, buscamos, pedimos que se analice para que este Fondo Fronterizo pueda alcanzar con sus beneficios a todos los estados, a todos los municipios de mi estado.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014, se estableció que este fondo tenía por objeto el otorgamiento de subsidios para que contribuyan a abatir la pobreza mediante una estrategia de inclusión y de bienestar social.
Se asignaron 2 mil 500 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social, que se distribuyeron a través de la tarjeta Sin Hambre, el programa de Abasto Rural, el programa de Empleo Temporal y el programa de Comedores Comunitarios. Además, se asignaron recursos para impulsar el desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos destinados a la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en las entidades federativas, en cuyo territorio se encuentran las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.
Para este propósito se asignaron a la Secretaría de Economía recursos que fueron canalizados a través del Fondo del Fideicomiso México Responde, y el Fondo Nacional Emprendedor.
En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la pertinencia del Fondo para Fronteras, porque permite dar respuesta a algunas de las principales problemáticas de las entidades que tienen esta condición.
No obstante, consideramos que los lineamientos para la operación del Fondo para Fronteras 2016, es necesario. Queremos y pedimos que se consideren a todos los municipios de las entidades federativas fronterizas, y que sea a través de una fórmula equitativa y que permita lo que muchos deseamos y buscamos en este país, que haya un equilibrio entre el desarrollo del norte y del sur.
Compañeras y compañeros, el otorgamiento del Fondo para Fronteras a todos los municipios de Campeche, especialmente al municipio que presenta los más altos indicadores de pobreza y marginación, como es Calakmul, les permitiría promover su desarrollo, tener estímulos y eso podría también dar oportunidad a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
En virtud de estos argumentos, el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Pozos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto es el dictamen número 10 con el punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación continúen con los trabajos en materia de auditoría a los proyectos, concesiones y contratos en los que participa la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Y tiene la palabra la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario del Morena, para hablar en pro, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, presidente. El dictamen a discusión que nos ocupa retoma solo una parte de las preocupaciones de Morena sobre un asunto muy delicado para el país.
Nuestro Grupo Parlamentario puso a consideración de esta Comisión Permanente la solicitud de renuncia de los directores generales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en los que incurrieron al adjudicar el contrato para construir la Central de Generación de Ciclo Combinado, Empalme Uno, adjudicando a un consorcio en el que participa OHL. Solicitó que además ambas empresas hicieran públicos todos los contratos firmados con dicha empresa, y que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación los auditaran, incluyendo el contrato Empalme uno.
En las consideraciones del dictamen se argumenta que solo se puede proponer una resolución a partir de las facultades que legalmente tiene conferidas esta Comisión Permanente. Sin embargo, para Morena la Comisión Permanente no está impedida para solicitar la renuncia de algún funcionario que se haya visto involucrado en presuntos actos de corrupción. Sobre todo si son del dominio público y se sustentan en los hechos ventilados en diferentes medios de comunicación frente a los cuales las autoridades corresponsables han sido omisas.
Un pronunciamiento como el solicitado se desprende de las atribuciones del control político que tiene el órgano parlamentario, y de la obligación de los representantes populares de velar por el ejercicio honesto de los funcionarios.
Los elementos entregados a la comisión dictaminadora, y no tomados en cuenta para reforzar nuestra petición son hechos turbios en los que se han visto envueltos servidores públicos federales y locales en la realización de proyectos de infraestructura a cargo de la empresa OHL que tenemos documentados. Y solo citaremos algunos:
El 9 de mayo del 2015, ante la presunción de actos irregulares por la empresa OHL en la operación del viaducto elevado Bicentenario, el gobernador del Estado de México instruyó a la Contraloría estatal a realizar una auditoría en asuntos financieros de construcción y contables, con apoyo de la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y Transparencia Mexicana.
El 17 de mayo del 2015 el mismo gobernador informó que derivado del resultado parcial de la investigación que se realiza respecto al título de concesión del Viaducto Bicentenario y a las llamadas telefónicas difundidas en Internet, la contraloría estatal consideró que en el caso del secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, no se observaron diversos principios de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Por ello y con base en la mencionada ley, la contraloría impuso una multa mínima de 189 mil pesos. Qué bueno, no corresponde a la gravedad del daño y también presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el titular del Poder Ejecutivo estatal.
En mayo de 2015, el 27, luego de que se diera a conocer que directivos OHL supuestamente planearon sobornar a magistrados, de acuerdo con los audios filtrados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió a la secretaría de la empresa de la Función Pública, auditar los contratos vigentes que tiene con esta empresa OHL a efecto de que se corroborara que los procedimientos licitatorios que se dieron en las contrataciones se llevaran a cabo con apego a la legalidad.
En la comparecencia del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, realizadas el 18 de noviembre de 2015, éste informó que la dependencia a su cargo tiene abierta una auditoría de nueve obras, que se han llevado a cabo en las presentes administraciones con la empresa OHL, debido a las diferentes denuncias, respecto a las irregularidades que presenta esta empresa.
Sin embargo, se desconoce si el contrato central de generación del ciclo combinado Empalme I, está considerado en dichas auditorías. A dos meses de dicha comparecencia no se sabe del compromiso hecho por el secretario Virgilio Andrade, aun cuando en ésta se adelantó que a finales de 2015, o sea el año pasado, estarían listos los resultados y que en caso de encontrar responsabilidades de esta corrupción, los responsables serían removidos.
En virtud de lo anterior, la proposición que presentó Morena, está plenamente sustentada, ya que el mismo gobierno del estado de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, han solicitado que se investigue y auditen las concesiones, contratos y proyectos en los que participa OHL, así como las actuaciones de diversos funcionarios, sin que hasta el momento se conozca la conclusión de estas acciones.
Por ello, mientras no se presenten los resultados de las auditorías y las investigaciones respectivas, los titulares de las dependencias federales que han otorgado contratos a dicha empresa, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, deben separarse de sus cargos hasta que no se determine la situación de las mismas.
Solicitar a los titulares de dichas dependencias cesen de su cargo durante los mencionados procesos, claro que devolvería la confianza de la ciudadanía hacia un gobierno sumido en el descrédito. Para el Congreso de la Unión representaría un acto de autonomía asumir una posición crítica frente a un gobierno que desafortunadamente no acierta a enfrentar con eficacia la corrupción en su seno.
Aprovecho para hacer también un extrañamiento de la comisión que sesionó el día de hoy en donde no se presentaron los compañeros, y es parte de nuestro deber estar atentos a esta responsabilidad que la ciudadanía nos dio. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra la diputada Sharon Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista para hablar en pro, hasta por tres minutos.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias. Con su venia, presidente. Hablaré a favor del dictamen que está a discusión toda vez que considero que el resolutivo en el que se concluye este punto de acuerdo atiende lo solicitado por las proponentes y voy a decir por qué, en particular en los dos primeros puntos del punto de acuerdo original.
El primero establece: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la renuncia de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex y de Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en los que incurrieron al otorgar la adjudicación del contrato para la construcción de la Central de Generación de Ciclo Combinado Empalme 1 al consorcio formado por las empresas Senermex, Ingeniería y Sistemas, SA de CV, Sener, Ingeniería y Sistemas, SA y Epi México, SA de CV y OHL Industrial.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Pemex y CFE para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales.
Estas dos peticiones se dan por atendidas de alguna manera, toda vez que en primer lugar Pemex no tuvo participación en el proyecto de Empalme 1. En el caso de CFE, todo lo que se trabajó con la empresa OHL está publicado en la página de la Función Pública y en la página de CFE –todos los contratos–, inclusive Transparencia Mexicana participó como testigo social en esta licitación –todo está ya publicado–. No podemos hacer un exhorto de algo que ya está en manos de la ciudadanía.
Respecto a todas las concesiones y contratos y proyectos en que hayan participado CFE y Pemex, donde se pide también que se hagan públicas, en este sentido Pemex ha hecho públicos los cinco contratos que ha tenido con OHL, reitero, el Empalme I no tuvo que ver Pemex, y CFE también todo lo que ha tenido con OHL que es el Empalme I, lo tiene público, y simplemente es referir los argumentos que están en el dictamen y así se aprobó en la Tercera Comisión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba, incluyéndose a usted misma.
La Secretaria diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió solicitud de licencia del diputado Abdies Pineda Morín, para separarse de sus funciones como diputado federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Abdies Pineda Morín, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir del primero de febrero del año en curso.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. A ver si ya no concedemos más licencias. En razón de que el resto de los asuntos contenidos en el orden del día de esta sesión tendrán el trámite reglamentario que corresponda, continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Los informes que remitan las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, se tendrán por presentados, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (14:06 horas): Se levanta la sesión. Si hubiese algún motivo para que sesione esta Comisión Permanente, la Presidencia a mi cargo estará atenta y, en su caso, los convocará oportunamente. Y nos veremos el próximo lunes, de cualquier manera. Muchas gracias por todo y buena tarde.
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