Minuto de silencio por el fallecimiento de Graciela del Rosario Aceves Pérez y Rafael Moreno Valle
Comunicaciones
Protesta como diputado del ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia
Iniciativas
Cecilia Guadalupe Soto González, PRD
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Francisco Javier Pinto Torres, PNA
José Alfredo Ferreiro Velazco, PES
Minuto de silencio por el fallecimiento de Braulio Manuel Fernández Aguirre
Alejandra Gutiérrez Campos del, PAN
Próspero Manuel Ibarra Otero, PRI
Maricela Contreras Julián, PRD
Sharon María Teresa Cuenca Ayala, PVEM
Norma Rocío Nahle García, Morena
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Agenda política
Comentarios relativos a la situación económica del país
Efeméride
Con motivo del XX aniversario de la suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar
Acuerdos de la Junta, con cambios en comisiones
Acuerdo de la Conferencia, con calendario de sesiones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 357 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:31 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes –perdón–. Sonido en la curul de la diputada Blanca Cuata, por favor.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Compañeras diputadas y diputados. Este gobierno nos está llevando al despeñadero. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto para evitar el precipicio? Es una reflexión. Es hora de actuar, hay que defender los intereses del pueblo. Somos sus representantes, recuérdenlo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Cuata, estamos en el asunto del acta, de su lectura. Hay un punto, por cierto, en el orden del día, que es el de la agenda política sobre la situación económica del país, en donde podrán fijar posición los grupos parlamentarios. Continúe la Secretaría por favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta. A ver, tengo dos solicitudes de uso de la palabra desde la curul, la diputada Verónica Delgadillo, sonido en su curul ¿Con qué propósito, diputada Delgadillo?
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para no dejar pasar, el día de ayer se conmemoró el Día de la Mujer Mexicana, y más que ser un tributo a las mujeres, se trata de hacer un llamado a todos mis compañeros diputados para que trabajemos para generar condiciones de igualdad; en nuestro país, en México, existe una gran brecha entre hombres y mujeres en cuanto a nuestros derechos, en cuanto al salario que percibimos, y en cuanto a la seguridad que cada uno de nosotros tenemos.
En México dos de cada tres mujeres sufren y experimentan violencia cada día; a siete mujeres se les arrebata la vida por causas de género. Es así que invito a todos mis compañeros a que podamos hacer una reflexión y que podamos trabajar juntos por transformar esa condición que tanto lastima a todo nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, se registran sus expresiones, diputada Delgadillo, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Apolinar Casillas, por favor.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Con el objeto de pedir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la maestra Graciela Romero Aceves, quien falleció este sábado pasado 13 de febrero. Fue la segunda diputada federal mujer, además de haber sido una constante promotora de los derechos humanos, de los derechos de los adultos mayores, y de una educación de calidad. En paralelo a su carrera política se dedicó al ejercicio de su carrera magisterial. Su vida y su memoria son ejemplo para todos los mexicanos, en especial para aquellos que luchan por los derechos de los jubilados y pensionados. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Debo informar, para la ilustrar a la asamblea, que doña Graciela del Rosario Aceves Pérez, distinguida militante del partido Acción Nacional, fue diputada federal en la XLVII, en la XLIX y en la LI Legislaturas; fue galardonada en foros de jubilados y pensionados en países como: Venezuela, Costa Rica, Chile y Argentina, y reconocida como promotora de los derechos humanos de la tercera edad. Por lo que desde luego que expresamos a sus familiares y amigos y al Grupo Parlamentario de Acción Nacional nuestras sentidas condolencias, y se invita a la asamblea a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, perdón antes. Sí, diputado Juan Pablo Piña. Sonido en su curul, disculpen.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido, el sábado murió el general y doctor Rafael Moreno Valle, quien fuera senador, secretario de salubridad del gobierno federal y gobernador de mi estado, y quisiera también pedir que aprovecháramos este minuto de silencio para honrar a su memoria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si no hay inconveniente en la bancada solicitante, expresamos también este minuto de silencio para don Rafael Moreno y, desde luego, para lo que he mencionado de la diputada Graciela del Rosario Aceves Pérez.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron los siguientes oficios:
Del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de la Ley del Seguro Social, presentada el 4 de noviembre de 2015.
De la diputada Daniela de los Santos Torres, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de octubre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite el calendario de sesiones para el segundo período ordinario del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los que se remiten los siguientes asuntos:
1. La evolución de la actividad recaudatoria 2015, y programa y presupuesto de 2016.
2. La información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de enero de 2016, desagregada por el tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondiente al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de diversas autoridades nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y al promovente.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la Cámara de Senadores expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. El siguiente capítulo del punto del orden del día es el de las solicitudes de licencia. Entonces, se recibió solicitud de licencia de la diputada Janette Ovando Reazola. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Primero. Se concede licencia, a la diputada Janette Ovando Reazola, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha y hasta el 238 de marzo del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentra las puertas de este recinto el ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, diputado federal electo en el cuarto distrito electoral del estado de Tamaulipas. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados.
Diputado Edgardo Melhem Salinas, diputada Elvia Lidia Valles Olvera, diputada María Cristina Teresa García Bravo, diputada Sasil Dora Luz de León Villar, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado Mariano Lara Salazar y diputada Ana Guadalupe Perea Santos.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A las y los presentes, para que todo mundo se dé aludido.
Ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Sí protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades y bienvenido.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo es el de la presentación de iniciativas. En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, el avance de nuestro país es una prioridad para mí y para quienes confiaron su voto en pasada elección. Para lograr que México avance es necesario hacer un análisis de los factores que resultan ser susceptibles al cambio.
La educación, eje de vital importancia para el engrandecimiento de cualquier país y, sobre todo, para el desarrollo de nuestros pueblos, nos permite alcanzar una serie de satisfacciones y mejorar la calidad de vida de las personas que se benefician con ella, tal y como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por diversos organismos internacionales, como la OCDE, SITEAL y Unesco.
Pese a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, México aún cuenta con un gran rezago educativo importante que debe ser erradicado.
De acuerdo con las cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, muestra que en México viven 32 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo, dentro de los cuales 5.4 millones son analfabetas, 10 millones no concluyeron la primaria y 16.4 millones dejaron trunca la secundaria.
El pasado 14 de noviembre de 2015, el periódico Excélsior publicó un reporte de capital humano del Foro Económico Mundial, donde ubicó a la educación de México como una de las más de menor calidad en el mundo, situándolo en el lugar 102 de 124 países en mediación educativa de escuelas primarias.
Sin duda hay muchos causantes que provocan y fomentan el rezago educativo. La deserción escolar por falta de recursos económicos es una de las principales causas de este rezago y el cual no se ha atendido ni mucho menos se ha resuelto.
La organización Mexicanos Primero presentó un diagnóstico de ello y los resultados arrojaron que de 100 niños que se inscriben en la educación primaria, solamente un tercio o más deja de estudiar, 64 la terminan, 46 acreditan la primera, 23 la preparatoria y sólo el 10 por ciento la licenciatura y 2 o 3 el posgrado.
Actualmente se cuentan con las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, que resulta ser una herramienta de fácil acceso y potencialmente fuerte para combatir esta problemática.
Las tecnologías de la información y comunicación pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, además del desarrollo profesional de los docentes, así como la dirección y la administración más eficiente del sistema educativo.
Los niños y jóvenes que tienen acceso a las herramientas tecnológicas, tienen una inclinación más natural a involucrarse e interactuar con ellas frente a problemas y situaciones que requieren de habilidades específicas.
Esa disposición apunta a que las TIC puedan y deban usarse para llevar a cabo actividades asociadas al aprendizaje, a la reflexión y a la autoestima. Pueden favorecer a que los estudiantes se motiven para logros educativos importantes, tanto en el aspecto cognitivo como el emocional.
En el marco normativo del programa sectorial de educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre del año 2013, se hace la siguiente mención: Una debilidad del sistema educativo, que reiteradamente se ha señalado y documentado, es el estado que guarda la infraestructura física y educativa.
A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Estas nuevas tecnologías permiten llegar a un gran número de personas al mismo tiempo y a lugares donde no llegan, de modo personal y de forma presencial, los maestros.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa
Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 33 de la Ley General de Educación, con el objeto de prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas como refuerzo, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo.
Compañeras y compañeros diputados, es momento de dar un paso adelante y fortalecer nuestros sistemas educativos. Luchemos, luchemos para sentar las bases, para hacer que las cosas buenas pasen en México. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Muñoz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La diputada Nadia Haydee Vega Olivas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el próximo 8 de marzo todos y cada uno de los grupos parlamentarios subirán a esta tribuna a asegurar que están a favor de los derechos de las mujeres, de la equidad de género y de las acciones de gobierno a favor del sexo femenino.
Escucharemos pues palabras emotivas, listas de buenos deseos y también se mencionarán los retos que millones de mujeres mexicanas enfrentan día tras día para salir adelante en este país.
Sin embargo, estoy convencida de que no debemos esperar a que se conmemore el Día internacional de la mujer para impulsar acciones y reformar los ordenamientos legales para seguir avanzando en el largo camino de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Por tal motivo, hoy vengo a presentar esta iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en varios aspectos fundamentales para el desarrollo laboral de las mujeres y de sus familias. Y es que a pesar de que nuestra Constitución señala en su artículo 1 el reconocimiento de los derechos humanos, y el artículo 4 la igualdad de género, lo cierto es que nuestra legislación secundaria continúa con vacíos legales que no permiten abatir el problema de la brecha salarial, lo cual afecta a muchas mujeres que perciben ingresos menores a los de los hombres, a pesar de prestar los mismos servicios, y eso es por la razón de ser mujer.
Diversos organismos internacionales estiman que en México la brecha salarial de las mujeres respecto a los hombres es de entre el 15 y el 20 por ciento, aun cuando ambos desempeñen trabajos iguales. Esto significa que la brecha salarial de todas las mujeres trabajadoras en México deriva en prejuicio de la calidad de vida no solo de la trabajadora sino también de los menores o familiares que dependen económicamente de ella.
El porcentaje de la brecha salarial en México se incrementa hasta 40 por ciento cuando se trata de mujeres en puestos de alta dirección, de acuerdo con el documento Mejores prácticas de diversidad e inclusión laboral.
Estos estudios demuestran que las actuales políticas públicas, así como el marco jurídico con el que contamos en México, han sido insuficientes para disminuir las inequidades contra las mujeres. Esto se origina porque tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como la Ley Federal del Trabajo establecen solo mecanismos parciales para preservar la igualdad sustantiva.
Entre los citados mecanismos se encuentran las certificaciones de igualdad empresarial a las que se refiere el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Norma Oficial Mexicana en materia de igualdad laboral y no discriminación que tiene como objetivo avanzar hacia un mecanismo acorde con el estado actual del marco jurídico.
Otros documentos de planeación gubernamental reconocen a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral, incluyendo la brecha salarial y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, desde la expedición de la norma en 2008 solamente se han reconocido 220 empresas; es decir, un promedio de 31 empresas a favor de la equidad laboral por año.
Por estos motivos, resulta imperativo dar certeza al marco jurídico para preservar la igualdad sustantiva y disminuir la brecha salarial, empezando por reconocer que el trabajo es un derecho humano.
De igual forma, considero necesario dar claridad en la Ley Federal del Trabajo a la garantía de preservar la igualdad sustantiva al trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada, eficiencia y salario, a través de una modificación al artículo 56.
La tercera reforma de esta iniciativa va enfocada a que las empresas eleven la integración de su plantilla laboral a 50 por ciento para que se les expida certificados de igualdad y no al 40, como se establece actualmente.
También se propone incrementar al 20 por ciento del total de la plantilla puestos directivos ocupados por mujeres. Para que esto se realice en la práctica, no podemos obligar a las empresas a incluir un mayor número de mujeres, pero sí podemos incentivar a las empresas otorgándoles beneficios económicos para contratar mujeres.
Por ello, en las próximas semanas presentaré la iniciativa complementaria por la que se otorgan incentivos fiscales a aquellas empresas que decidan adoptar estas prácticas en materia de equidad.
Probablemente algunos pensarán que estas medidas son excesivas, pero quisiera recordarles que en materia electoral este Poder Legislativo se vio obligado a establecer el 50 y 50 en candidaturas para mujeres, como la única forma de garantizar mayor inclusión de nosotras, tanto en las candidaturas como en las Cámaras. Gracias a esto, hoy somos la legislatura con más mujeres.
Pero si analizamos cuantas mujeres nos desempeñamos en cargos de elección popular contra el número de mujeres que trabajan en la iniciativa privada, nos daremos cuenta de que es muy poco lo que hemos hecho en materia laboral por el género. Por lo cual, apoyar la iniciativa que hoy presento no sería más que una muestra de congruencia y una señal de que si en el servicio público estamos avanzando, la igualdad sustantiva, la iniciativa privada debe hacer lo propio. Por ello, porque es ahí donde mayormente las mujeres se desempeñan laboralmente. Espero el apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad de Género, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos y personal de la Preparatoria Oficial, número 68, del Municipio de Tultitlán, estado de México. Invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Igualmente también, la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Efraín Huerta, 3B, 6A y 6B de la delegación Iztapalapa de aquí de la Ciudad de México. Invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Cecilia Soto González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Con su venia, señor presidente. Estimados colegas, diputadas y diputados, subo aquí en mi calidad de presidenta de la Comisión del Distrito Federal, precisamente para pedir su autorización para el cambio de nombre. Subo además, con la doble alegría de que esta iniciativa está suscrita por una gran mayoría de los integrantes de la Comisión del Distrito Federal.
El pasado 20 de enero de 2016, la Comisión Permanente y el Congreso de la Unión, en voz de su presidente, el diputado Jesús Zambrano, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso, como por un número significativo, 22, en ese momento, Legislaturas locales.
El 29 de enero próximo pasado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En dicha reforma se modifica la denominación de la entidad federativa que pasa a ser de Distrito Federal a Ciudad de México con plena autonomía, mayor soberanía y asiento de los poderes federales, en su carácter de capital de la República.
Cómo lo explicita hoy en un artículo el ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cosío, no se trata de un simple cambio de nombre ni de meros bordados jurídicos. Constitucionalmente –dice el ministro de la Suprema Corte– el DF debe ser una parte integrante de la federación en conjunto con todos los estados.
Para estos últimos, para los estados, existía un régimen de competencias residuales respecto de las asignadas a los poderes federales. Ello quería decir que los órganos de las entidades podrían actuar en todo aquello que no hubiera otorgado una competencia expresa a los órganos federales.
Sin embargo con el Distrito Federal acontecía exactamente lo opuesto. Las autoridades de éste únicamente podían hacer aquello que expresamente les confiriera la Constitución. En consecuencia todo lo relativo a la actuación de las materias no conferidas de esa manera a los órganos del DF, sí implicaba el otorgamiento de una competencia residual en favor de los órganos federales, primordialmente el Congreso de la Unión.
Con la reforma constitucional mencionada el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir leyes que establezcan las bases para la coordinación entre poderes federales y los poderes de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital del país, así como la Ley de Coordinación Metropolitana entre la federación y sus demarcaciones territoriales, los estados, municipios conurbados y las bases de organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano.
Es por ello que se requiere un cambio tanto de denominación de la Comisión del Distrito Federal como de las funciones. Anteriormente en el artículo 40 solamente se otorgaban dos facultades a la Comisión del Distrito Federal. Con la reforma que nosotros proponemos, integrada como el resto de las comisiones ordinarias en el numeral 40, el numeral 39, la Comisión del Distrito Federal tendrá derecho a las cuatro facultades que tienen las demás comisiones de informar, resolver, dictaminar y opinar.
Todas estas materias, las materias que acabo de mencionar que están definidas en el artículo 122 de la Constitución, son fundamentales para la Comisión de la Ciudad de México ya que es la que dictaminaría estas leyes derivadas de la reforma constitucional mencionada.
En consecuencia la modificación propuesta en esta iniciativa, permite que la comisión realice las facultades de dictamen, opinión, resolución e información, cuando se trate de asuntos de la ciudad de México que impliquen atribuciones al Congreso de la Unión.
Quiero comentarles, compañeros, que esta propuesta, esta iniciativa, fue firmada por todas las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con la excepción de los colegas de Morena, que se abstuvieron. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Soto. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra,, por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 337, del Código Penal Federal.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia; buenas tardes. Saludo a todas y a todos los aquí presentes, a quienes nos siguen por internet y por el Canal del Congreso.
Hoy, desde esta tribuna presento una iniciativa de reforma a los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a efecto de tipificar el delito de abandono a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad.
Según datos del último Censo de Población, hay en nuestro país 10.8 millones de adultos mayores, que corresponde casi al 11 por ciento del total de la población. Las personas adultas mayores son el cuarto grupo de población vulnerable; esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, del año 2010.
Por su parte la Organización Mundial de la Salud calcula que entre el año 2015 y 2050, la proporción de personas adultas mayores que implicará, previendo un aumento de 900 millones, a casi 2 mil millones de personas mayores de 60 años en el año 2050. Es por esto que México debe prepararse ante un acelerado envejecimiento poblacional.
El Poder Legislativo en diversos momentos ha legislado para salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores. Hace más de 13 años se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores aquí en nuestro país, misma que enumera de manera enunciativa, más no limitativa, las prerrogativas o los derechos a que son acreedores todas las personas a partir de que cumplen 60 años de edad.
Asimismo, esta ley establece que la familia debe velar por cada una de las personas de la tercera edad, que forman parte de la misma, y que debe ser responsable de proporcionar las satisfacciones necesarias para su atención y para su desarrollo integral.
No obstante a la ley anterior, el abandono de las personas mayores hoy es una triste realidad en nuestro país. Todos los aquí presentes, diputadas y diputados de los diferentes distritos o las diferentes regiones de nuestro país, seguro estoy que han sido testigos de innumerables casos de abandono en sus estados.
Personas que hemos visto que comen una vez al día, que están sin hogar porque se lo entregan todo a sus hijos. Esto, con todos los esfuerzos que los gobiernos de los estados, que el mismo gobierno federal y nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha llevado a cabo.
Pero no podemos dejar la atención de los adultos mayores solamente en manos de gobierno, tenemos que entrarle todos, y la familia debe ser responsable. Muchas veces, la propia familia, aprovechando de la fragilidad de las personas adultas mayores, de la falta de la memoria o la dependencia que ellos tienen por su estado de salud, se apoderan hasta de sus bienes materiales dejándolos en un abandono total.
El abandono cobra sentido cuanto el adulto mayor se le inmola o se le agrede, ya sea física o verbalmente, y en ocasiones se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad, ocasionándole problemas que afectan directamente a sus emociones y a su salud.
Y aunque el Código Civil Federal se estipula en el artículo 304 que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, y a falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado, esta reglamentación no es suficiente.
Por tal razón, y a efecto de perfeccionar nuestro andamiaje jurídico, resulta de gran trascendencia elevar los estándares de protección a las personas adultas mayores, por lo que propongo la reforma a estos artículos del Código Penal, a efecto de sancionar a quien abandone a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad, teniendo obligación de cuidarlo.
Además se aclara que se entenderá que un adulto mayor se encuentra en estado de vulnerabilidad cuando se trasgreda alguno de sus derechos estipulados en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Diputadas y diputados, la vejez es una etapa de la vida a la que, si Dios nos presta vida, todos los que estamos aquí podremos llegar, donde evidentemente se requiere de mayores atenciones, por ello presento esta iniciativa. Y los invito, compañeras y compañeros, a que se sumen para que juntos logremos proteger a los adultos mayores de nuestro país; y garantizar la observancia de los familiares responsables en cuanto a sus obligaciones alimenticias, económicas, de salud y de bienestar social. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Sandoval. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Los diálogos de San Andrés son un compromiso incumplido. El día de hoy se cumple 20 años de los diálogos de San Andrés Larraínzar, en donde hacían las negociaciones entre el ZLN y el gobierno mexicano con la intención de lograr una nueva relación entre el Estado y el mundo indígena, a fin de revertir sus condiciones de explotación y marginación en las que viven.
San Andrés constituye antes que nada la primera ocasión en 500 años en que nuestros pueblos indígenas participan como parte consciente de la nación mexicana. En ese sentido, tiene un carácter histórico invaluable y es un aporte definitivo a la democracia en el mundo, que es impensable si no se inicia con un respetuoso reconocimiento de todas y de todos los que forman parte de la población mundial.
Este hecho histórico se llevó a cabo en el pueblo tzotzil de San Andrés, apellidado Larraínzar por el gobierno y rebautizado como Sakamch´en de los pobres por los Zapatistas, con la intención de traer a la memoria la historia prehispánica.
Esta conciencia se dio para dialogar y pensar, repensar el proyecto de nación. Es decir, el puente que fue San Andrés implicó el ensayo de un nuevo proyecto de nación, un nuevo pacto social y político.
El proyecto central de estos acuerdos era terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indígenas. Ahí se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de sus derechos. Es decir, no sólo derechos individuales sino derechos colectivos de los pueblos, sean tzeltales, náhuatls, tarahumaras, mixtecos o de cualquier otro pueblo que habite dentro del territorio nacional.
El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, sin embargo durante seis meses, desde febrero hasta septiembre de 1996 el gobierno no dio ni un solo paso encaminado a dar cumplimiento a los acuerdos firmados, en cambio se extendió la... de las comunidades indígenas y no sólo en el estado de Chiapas, se identificaron también las actividades impunes de los grupos paramilitares y de las guardias blancas. El puente se quemó y lo quemó el Estado mexicano.
Ni el gobierno firmante ni sus sucesores cumplieron con su palabra, todos simularon que la cumplían, sin embargo intentaron apropiarse del discurso indígena, pero esto era imposible porque la lógica de aquel es transformar al país para que sus derechos puedan concretarse, mientras la lógica del gobierno es seguir administrando los intereses del gran capital que es la realidad de quien toma las decisiones fundamentales en nuestro país.
El gobierno federal y muchos gobiernos estatales insisten en considerar que la única vía posible para atender las demandas y dar solución a los problemas de los pueblos y comunidades indígenas de México consiste en la distribución desmedida de despensas y de espectaculares promocionando los actos de gobierno, pero no, compañeros y compañeras, el problema no radica en cuántos programas sociales más se implementen o cuántos menos existan; el problema radica en que el Estado mexicano tiene que modificar y cambiar su relación con nuestros pueblos originarios, tiene que modificar su relación con nuestra sociedad.
También este problema radica en que la ley aún concibe a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público. A tal definición subyace la consideración nociva de los pueblos y comunidades como sujetos vulnerables a los que el Estado tiene que tutelar y no como lo que realmente son; sujetos históricos capaces de idear y emprender sus propios desarrollos.
Por todo lo anterior propongo a este pleno una reforma constitucional que modificando los párrafos segundo y cuarto, así como la fracción VIII del apartado A del artículo 2o de nuestra Carta Magna, permita el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonios propios, y confiera a las comunidades indígenas la atribución para el ejercicio de las facultades otorgadas a los pueblos en su calidad de sujetos de derecho público.
Una reforma así será capaz de corregir omisiones pasadas, garantizando para los pueblos indígenas el más pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación, de territorio y de representación política.
Una reforma como la que aquí se plantea no busca otorgar derechos especiales o de compensación contra las miserias prolongadas, sino más bien apoyamos los derechos indígenas, no porque sean derechos especiales, sino específicos; no porque impulsen fuero a cierto sector cultural étnico, sino porque son derechos que reconocen la diversidad cultural existente.
En suma, porque la defensa de los derechos indígenas encierra un compromiso ineludible: la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión en nuestro México.
A dos décadas de la instalación de las mesas de diálogo de San Andrés, es imperativo que el Estado mexicano, especialmente el Congreso de la Unión, en su carácter de representación de la nación y el Pacto Federal, honren los acuerdos suscritos en aquel entonces mediante la emisión de reformas y nuevas disposiciones que den cabal cumplimiento a las reivindicaciones que hoy, como hace 20 años, continúan enarbolando los cientos de pueblos y comunidades indígenas de este país.
La esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México.
Es momento de otorgar plenos derechos a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Santiago Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul de la compañera diputada, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Buenos días, señor presidente. Nada más para pedirle al diputado Guillermo Santiago, si nos podemos suscribir a su iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ha otorgado su aceptación el diputado. Estará a su disposición la iniciativa aquí en la Mesa de la Secretaría.
Este Congreso saluda a los estudiantes de octavo semestre en derecho del Centro de Estudios Universitario Horacio Zúñiga, provenientes del municipio de Otzolotepec, Estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, pongo a su consideración de esta soberanía la presente iniciativa para adicionar el inciso c) al numeral 1 del artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el cual propongo insertar la figura del fiscalizador ciudadano y, asimismo, adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la misma ley, en la que por convocatoria pública se plantea la participación ciudadana.
En Movimiento Ciudadano observamos cuando menos cuatro razones de peso social que justifican el ciudadanizar la fiscalización de los recursos públicos. Primera, el diseñar un Presupuesto de Egresos de la Federación cada año no es tan sólo un puro trámite.
Como integrante de esta Cámara, quiero creer que existe la convicción de que el Presupuesto de Egresos se diseña anualmente con un propósito y con una visión de Estado, para detectar necesidades prioritarias de todos los habitantes de este país y atender esas necesidades a través de los programas y acciones públicas que realiza el gobierno federal.
Pero lo que ocurre en la realidad es un ejercicio con muchas reorientaciones presupuestales que han servido para cerrar números, dejando en segundo lugar la importancia del impacto social.
Como segunda razón, debo mencionar que la bancada ciudadana, en esta Cámara, ha propuesto, insistido en varias ocasiones en la necesidad de fortalecer los controles presupuestales, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal federal.
Por ello, es nuestra intención dar otro paso en transparencia y plantear con esta iniciativa el inicio de ciudadanizar la fiscalización, primero, coadyuvando a fortalecer la función tan importante que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, pues resulta primordial la vigilancia y revisión del ejercicio antes y durante el proceso.
Compañeros diputados, estamos a mediados de febrero y muchos programas del gobierno federal ni siquiera han firmado los convenios locales que marcan las reglas de operación, siendo que el presupuesto federal se publicó en el Diario Oficial desde el mes de diciembre.
Tercera razón. Para la vigilancia del ejercicio presupuestal se cuenta ya con la experiencia de la contraloría social, pero lamentablemente no todos los programas y acciones federales han querido instrumentar correctamente este mecanismo de transparencia. A grado tal que reduce la Contraloría Social a simples buzones de consulta.
Cuarta razón. El proceso del ejercicio presupuestal lleva un ritmo lento, por razones técnicas y de proceso, que carece de eficiencia y de eficacia para demostrar el trabajo de las áreas administrativas y delegaciones federales encargadas de operar el ejercicio de los programas en pro del impacto social.
Compañeros, lo que no se mide no se puede corregir. Lo que no se mide no se puede evaluar. Se requiere revisar constantemente el ejercicio presupuestal por programa, para poder detectar cuellos de botella antes y durante el ejercicio que lo hace tan lento.
Compañeros y compañeras diputadas, pongo a su consideración esta iniciativa con la finalidad de ciudadanizar la fiscalización del presupuesto y la cual pretende brindar más herramientas para mostrar que los programas y acciones públicos realmente ejerzan los recursos presupuestales para los que fueron autorizados. Es cuanto, señor presidente, compañeros diputados.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen. Esta Presidencia saluda a un grupo de periodistas de Zamora, Michoacán invitados por la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones. Bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia. En Nueva Alianza tenemos la convicción de que la defensa del medio ambiente debe sustentarse en un cambio de visión económica y política, visión que introduzca las mejores prácticas regulatorias y tecnológicas a fin de promover el desarrollo económico y social de México, sin dañar la extraordinaria riqueza biológica y ecológica de nuestro país.
México es uno de los 17 países con mayor diversidad en el mundo, que en conjunto representa 70 por ciento de la diversidad mundial en especies. Por ejemplo, somos el primer lugar en el mundo en diversidad de reptiles; el segundo, de mamíferos; y el cuarto, de anfibios y plantas. En ese sentido las áreas naturales protegidas representan el dispositivo primordial en la conservación de la biodiversidad, así como de los bienes y servicios ecológicos.
En Nueva Alianza nos preocupa la flexibilización e incluso, en algunos casos, la omisión en cuanto a la protección jurídica de este patrimonio natural. Sabemos que la actividad productiva de generación de energía eléctrica conlleva a altos riesgos de deterioro ambiental, sin embargo, la Ley de la Industria Eléctrica no prevé medidas específicas que prevengan daños en estas áreas naturales protegidas.
En congruencia con estos principios, expongo a esta soberanía la presente iniciativa que propone reformar los artículos 2, 42 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de incluir una restricción a las actividades de esta industria dentro de las áreas naturales protegidas.
La propuesta de reforma no tiene el propósito de prohibir el desarrollo de la industria eléctrica, lo que se plantea es regular la modalidad de producción y operación de esta actividad económica dentro de las áreas referidas bajo una modalidad específica de generación distribuida a partir de fuentes renovables para fines de abasto aislado.
En Nueva Alianza nos preocupan los impactos negativos que la generación de energía eléctrica pudiera acarrear a nuestro patrimonio natural. Sabemos que tanto la energía como el medio ambiente son indispensables para la vida, por ello es insoslayable enmendar las omisiones que tiene la ley, corregir sus deficiencias y eliminar los vacíos jurídicos. De esta manera proteger, por mencionar algunos o algunas áreas protegidas, la reserva de la biosfera de Manantlán, el Nevado de Colima, la Laguna del Jabalí.
En Michoacán, por ejemplo, los manantiales de Parácuaro, el Parque Urbano Uruapan. En Baja California, El Parque Nacional Cabo Pulmo, El Parque Nacional Archipiélago del Espíritu Santo y en la Península de Yucatán y El Caribe mexicano, El Parque Nacional Arrecife Alacranes, el de Cozumel o El Parque Nacional de Tulum, insisto, por mencionar algunos.
Estamos convencidos de la necesidad de desarrollar un sector energético con criterios de sustentabilidad que defina las reglas de seguridad industrial que protejan el ambiente y con ello crear una industria que pueda ser competitiva, que pueda ser transparente, que pueda ser productiva, pero que también sea responsable con el entorno y comprometida con las futuras generaciones.
Compañeras y compañeros diputados, hagamos las enmiendas necesarias para que el Estado cumpla con esa obligación. Es tiempo de armonizar el desarrollo económico con el desarrollo sustentable del país. La trascendencia social y económica de cuidar el medio ambiente requiere que asumamos la responsabilidad de impulsar energías limpias que nos permitan alcanzar un desarrollo humano sustentable y que nos transformen en un mejor país.
En Nueva Alianza, estamos comprometidos a impulsar un esquema legal, administrativo y regulatorio que privilegie la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Es por eso que compañeras y compañeros, solicitamos el apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen. Esta Presidencia, da la bienvenida al señor presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante. Invitado por el diputado Herminio Corral Estrada. Bienvenido, señor presidente.
De la misma forma, saludamos al señor presidente municipal de Villa de Hidalgo, Sonora, ingeniero Manuel de Jesús Durazo Salcido y el ingeniero José Gutiérrez. Invitados por la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola. Bienvenidos a este recinto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que Expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, un servidor integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, viene a presentar una iniciativa que es parte de la agenda legislativa que este Congreso habrá de cumplir antes del 28 de mayo de 2016.
Lo anterior, según el artículo segundo transitorio de la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, mediante el cual quedó completa la reforma constitucional que habilita a este Congreso a emitir aquellas leyes de carácter general que se requieran para perfeccionar el sistema nacional anticorrupción. Ante este panorama, la iniciativa de una Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción es no solamente factible, sino es inaplazable.
Es por lo anterior que con fundamento en el artículo 113 –reformado– de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las reformas a la Constitución antes mencionada en materia de transparencia y anticorrupción ordenan la creación de un sistema nacional sujeto a las bases siguientes mínimas que debe tener.
La operación del sistema nacional anticorrupción será competencia de la federación, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El establecimiento de las instancias de coordinación. El establecimiento de mecanismos de coordinación.
Se determina la participación ciudadana que coadyuvará, entre otras cosas, en los procesos de nivelación de las políticas de prevención de la corrupción. El establecimiento de instancias regionales y locales. Desde esta perspectiva la iniciativa que se presenta es acorde a los fines del sistema nacional anticorrupción.
Esta iniciativa que hoy someto a consideración de esta honorable soberanía toma en cuenta la necesidad de instituciones académicas, ciudadanos organizados y esfuerzos de funcionarios de los tres niveles de gobierno en la atención de la demanda ciudadana que ante el fenómeno de la corrupción se presenta en nuestro país.
Además las justificaciones expuestas creo importante mencionar algunos datos relevantes. En el análisis económico del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, al medir los impactos económicos de la corrupción alertan sobre los siguientes efectos.
Se incrementa la desconfianza de las instituciones, se reduce la inversión, se estimula el sector informal, se desacelera el crecimiento económico, además de ser la corrupción una amenaza para el buen gobierno y los procesos democráticos de nuestro país.
Según el Centro de Estudios Económicos del Consejo Coordinador Empresarial, el costo de la corrupción en México se estima en alrededor del 9 por ciento del producto interno bruto, lo que equivale a un promedio de 1.5 billones de pesos; qué no alcanzaríamos a hacer con ese recurso.
No atendido a fondo el problema de la corrupción a pesar de estas consecuencias, conllevaría a una falta de credibilidad en quienes tenemos la encomienda pública y el compromiso de preservar la confianza en las instituciones y de garantizar los derechos de los ciudadanos.
A través de esta propuesta se busca que en las entidades federativas se establezcan sistemas locales anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades de los respectivos estados, quienes trabajan en conjunto con el Comité Coordinador Nacional, el cual será instancia superior de coordinación del sistema, estará integrado, primero, por un representante del Comité de Participación Ciudadana, que se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.
Segundo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción, de la Procuraduría General de la República.
Tercero, la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente de la organización garante que establece el artículo 6o., de la Constitución; el representante del Consejo de la Judicatura Federal; el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y demás autoridades en razón de sus atribuciones que deban contribuir directa o indirectamente al objetivo de esta ley.
El esfuerzo que se hace en México con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es acorde a lo que ya realizaron y están realizando en países como: Colombia, mediante el Estatuto Nacional de Anticorrupción; el caso de Italia, a través de una política de anticorrupción, y Estados Unidos, a través de la Fiscalía Anticorrupción Pública.
En conclusión, por una parte la presente iniciativa busca dar cumplimiento al artículo 113 reformado de la Constitución, y por otro, busca que este Congreso inicie el análisis correspondiente respecto a la agenda que está pendiente en el tema del combate a la corrupción. Y también por una gran demanda ciudadana que busca que México salga de este gran flagelo que hace más pobres a los pobres y que frena el desarrollo del país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Sonido en la curul de la diputada Flor Rentería, por favor.
La diputada Flor Estela Rentería Medina (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero pedirles muy respetuosamente que hagamos un minuto de silencio para honrar también la memoria del senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, quien fuera senador en la LXIII Legislatura y en dos ocasiones diputado de esta Cámara, y el 12 de febrero falleció lamentablemente en la ciudad de Torreón. Quienes lo conocimos sabemos que hemos perdido un gran político, un gran coahuilense. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rentería. Al expresarles nuestras más sentidas condolencias igualmente a sus familiares y amigos y, desde luego, al Grupo Parlamentario del PRI, de quien fue integrante en la legislaturas que se ha hecho mención, se invita a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de don Braulio Manuel Fernández Aguirre.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Alejandra Gutiérrez Campos del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, como resultado de la tóxica reforma fiscal, aprobada en la legislatura pasada, nos enfrentamos a un escenario que desalienta la inversión y el crecimiento económico. Más aún, esta reforma dificulta que los mexicanos puedan acceder a un empleo digno, bien remunerado y con prestaciones sociales adecuadas.
La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta limita la deducibilidad de los pagos, que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, tales como: previsión social, cajas y fondo de ahorro, gratificación anual, horas extra, prima dominical, entre otros. En este caso, las limitaciones a la deducibilidad tienen fines recaudatorios, pero funcionan en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos trabajadores.
Como ejemplo veamos los fondos de pensiones, es bien sabido que hoy día nos encontramos ante un escenario adverso en los que respecta a los ingresos durante la vejez. Poner un tope de 43 por ciento a los fondos de pensiones significa dificultad aún más que los adultos mayores pueden tener acceso a una pensión digna.
Esto, señoras diputadas y señores diputados, es inadmisible. Debemos actuar para reactivar la inversión y el desarrollo económico del país, buscar en todo momento un salario digno para todos.
Debemos corregir la reforma fiscal del gobierno, la cual no solo no incentiva el crecimiento económico, además bloquea la generación de nuevos empleos con valor agregado y salarios dignos para los trabajadores. Los patrones dejarán de otorgar prestaciones de previsión social superiores a los que marca la ley; a menos que contribuyamos y construyamos incentivos, y apliquemos medidas efectivas en beneficio de los trabajadores.
La competitividad económica de México necesita alcanzar y seguir peleando justamente para evitar la dañina reforma fiscal. Por ello, compañeras y compañeros, los invitamos a sumarse a esta iniciativa, que tiene como propósito hacer deducibles en su totalidad los pagos que, a su vez, sean ingresos exentos para los trabajadores, tales como: previsión social, cajas y fondo de ahorro, gratificación anual, horas extras, prima dominical, entre otros.
La presente iniciativa forma parte del paquete de propuestas que el Grupo Parlamentario del PAN presentará con el objetivo de mejorar nuestro sistema tributario e impulsar la inversión, la productividad y la competitividad, para hacer frente al pobre desempeño económico que nos aqueja en la actualidad, pero sobre todo para migrar de un salario mínimo a un salario digno.
En el PAN intentaos revertir los efectos de una reforma que ha generado incertidumbre económica y la falta de crecimiento, pero aún más, que obstaculiza la mejora de la calidad de vida de cada uno de los mexicanos. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alejandra Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la meta sexenal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de incrementar el consumo per cápita de pescado y mariscos está a punto de concretarse debido a que en la presente administración se ha pasado de 8.9 kilos per cápita a 11.5, siendo 12 la meta según Conaspeca.
Lo anterior refleja que estamos transitando hacia un repunte en el consumo de productos en el sector pesquero y acuícola nacional, repunte que no puede ser entendido sin destacar la labor de los pescadores y los empresarios de la cadena productivo-comercial del sector pesquero y acuícola, tales como acuicultores, armadores, procesadores, distribuidores y comercializadores.
En este sentido, rescatar la labor de los acuicultores y velar porque se beneficien quienes subsisten de esta actividad ha sido objetivo que nos hemos trazado desde el inicio en esta legislatura y en conjunto con mis compañeros diputados que integramos la Comisión de Pesca.
La iniciativa que el día de hoy presento a esta soberanía versa sobre el sector acuícola, sin embargo no es tema nuevo, pues a partir del año 2014 se multiplicaron las inconformidades de los productores acuícolas por el incremento de las tarifas que les resultan impagables, por lo que han acudido en reiteradas ocasiones al Legislativo federal para solicitar nuestra intervención para que se eroguen estos pagos excesivos impuestos por la Comisión Nacional del Agua.
Han manifestado que un acuicultor en años anteriores pagaba en promedio 17 mil pesos por año en uso de agua, con las multas excesivas cuáles deben pagar el día de hoy hasta 60 mil pesos.
Con esta iniciativa se pretende modificar el marco legal correspondiente al nivel de prelación en la acuicultura, frente a otras actividades productivas primarias dentro de la Ley de Aguas Nacionales, para otorgarle reconocimiento a un sector que aporta bienes favorables a la seguridad alimentaria y al desarrollo nacional.
La eventual reforma al marco legal, que preceptúa el nivel de prelación en la acuicultura en cuanto al uso de agua, estaría posibilitando el aseguramiento de la producción, incluso la seguridad jurídica permitiría integrar medidas tecnológicas que mejoren la calidad de agua por unidad de producción.
Esto constituiría un detonante, que permitiría al sector un mejor desarrollo en cuanto a la integración de nichos de mercado con productos de calidad, que contribuyen a mejorar la salud de los mexicanos, así como ser factor de impulso al desarrollo sustentable en el sector primario.
La legislación en materia establece que no se pagará el derecho por extracción o derivación de aguas nacionales que realizan personas físicas dedicadas a actividades acuícolas, pecuarias, debido a que estas guardan un buen nivel de prelación, ya que resulta un contrasentido que para diversos efectos se enmarque a la acuicultura como una actividad económica que pertenece al sector primario, con alto potencial de desarrollo y que para otros propósitos, como lo es la materia que ocupa esta presente legislativa, sea considerada en un orden preferente lejano al que se otorga al carácter pecuario y acuícola y agricultura.
Dado lo anterior, la presente iniciativa tiene por ello como objeto central homologar el uso de agua dulce para las actividades acuícolas en el uso del agua, de las actividades primarias, disminuir las cuotas que se establecen en los sectores productivos, asegurando beneficios tangibles para el sector y las familias que subsisten de esta actividad.
Para la acuicultura, según datos de Conapesca en este 2015, alrededor de 56 mil 250 personas en nuestro país se relacionan directamente con esta actividad, lo que representa el 21 por ciento del total de personas del sector pesquero y acuícola nacional.
Actualmente, en el país se cuenta con alrededor de 120 mil hectáreas acuícolas en territorio nacional y el gobierno federal estima llegar alrededor de 125 mil hectáreas para finalizar este 2016.
Específicamente, los acuicultores operan en un total de 9 mil 230 granjas para la producción de camarón, tilapia, ostión, carpa, trucha, bagre, entre otras especies de cultivo.
Granjas de cultivo que requieren tarifas eléctricas y de agua preferenciales, que contribuyan a un pleno desarrollo del sector y en beneficio directo para los productores y sus familias.
Tal es la importancia de la acuicultura y de la producción actual en el sector pesquero acuícola nacional, que el 70 por ciento de la captura total se realiza en los mares y el 30 por ciento restante es de la acuicultura. Sin embargo, con respecto al valor el 60 por ciento corresponde a los mares y el 40 por ciento a la acuicultura.
Con información de Sagarpa y Conapesca para el próximo año se tiene la meta a establecer 5 mil hectáreas más de acuicultura en el país, a efecto de aumentar la productividad y ofrecer una mayor oferta en estos productos.
Como puede observarse, la acuicultura no se trata solamente del negocio de unos cuantos, se trata de la gran oportunidad de empleos de miles de mexicanos, por eso ante esta tribuna quienes estamos comprometidos con el sector venimos a defender este derecho, mediante la modificación de Ley de Aguas Nacionales.
Compañeros diputados, espero un dictamen favorable a esta iniciativa por parte de las comisiones que correspondan. Estaré solicitando nuevamente ante ustedes su apoyo y su respaldo reiterado, con la finalidad de que la reforma propuesta otorga estabilidad y seguridad económica a los beneficiarios del sector. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
El diputado Virgilio Mendoza Amezcua (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido a la curul del diputado Mendoza, por favor.
El diputado Virgilio Mendoza Amezcua (desde la curul): Sí, señor presidente, nada más pedirle al diputado Ibarra, si me permite adherirme a su propuesta.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma.
El diputado Fernando Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para solicitarle amablemente al diputado nos dé la oportunidad de suscribir su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Ibarra. Hace así, supongo que quiere decir que sí. Entonces, está manifestando su aquiescencia a señas, y desde luego, aquí está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa presentada por el diputado Ibarra. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 146, 147 y 148 del Código Civil Federal.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución debiera ser el punto de partida para comenzar procesos de eliminación de estigmas, de prejuicios y negativas de derecho en una sociedad cambiante como la nuestra.
Hay que quitar la carga moral, religiosa de desaprobación social o ideológica que estigmatiza a la comunidad gay, lésbica, bisexual o transexual. Los integrantes de esa comunidad por siglos han sido discriminados, extorsionados y humillados. Muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias. Otros más han sido encarcelados o incluso asesinados.
En nuestro país el Informe de la comisión ciudadana contra crímenes de odio por homofobia revela que en los últimos veinte años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes solo después de Brasil.
Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores, discapacitados y todas las personas, con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos y no limitarlos.
Una forma de lograrlo es reconocer la libertad de todas las personas a decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos los derechos. En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la construcción del derecho a decidir de las personas y el reconocimiento a la diversidad de la integración de las familias en nuestro país.
Por ello, ha declarado como contrarios a la Constitución los Códigos Civiles de los estados que consideran únicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.
La iniciativa que proponemos a su consideración busca poner el ejemplo en nuestro país para modificar el Código Civil Federal en su definición de matrimonio, pues la actual atenta contra la autodeterminación de las personas, excluyendo la posibilidad de contraer matrimonio a las personas del mismo sexo.
De esa manera se propone una definición de matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Se quita la referencia sobre que su propósito es la perpetuación de la especie, pues es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias.
Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma parte de la diversidad sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda del respeto al derecho a la identidad y a la libertad de elección.
No debemos usar la ley para limitar ninguno de los derechos y escatimar el reconocimiento a la diferencia como un paso para consolidar una sociedad democrática. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, perdón, sonido en la curul del diputado Sergio Cancino, por favor, acá.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Sí, muchas gracias y muy buenos días. Mi intervención es para solicitar adherirme al planteamiento de iniciativa que está proponiendo la diputada. Pero también recordar que en Morena el diputado Vidal Llerenas ha hecho un planteamiento similar, precisamente en el marco y en la demanda de los reconocimientos de derechos para la Fundación LGBTI, lo cual nos parece un mecanismo oportuno a ir apuntando a este pleno reconocimiento.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cancino. La diputada Contreras manifiesta su aquiescencia para que pueda suscribirla y está como lo hemos estilado, aquí a disposición de quienes quieran hacerlo en la Secretaría de la Mesa Directiva.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Sofía González, por favor.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Muchas gracias, presidente. De igual manera solicito adherirme a esta iniciativa. Me parece excelente y espero que la diputada me dé chance.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pues al diputado le dijo que sí, pero acá no veo que le haya puesto atención. Diputada Contreras, está echando novio. La diputada Sofía, le pregunta.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Desde luego que sí.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Desde luego que sí. Ya me dice que sí. Bien. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. Ahora sí, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, una disculpa por hacerla esperar unos segundos, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Sharón María Teresa Cuenca Ayala: Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Buenas tardes, honorable Cámara. La iniciativa que hoy presento, reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el objetivo de crear un nuevo Centro de Estudios.
Los Centros de Estudios con los que cuenta esta Cámara fomentan y construyen información analítica, objetiva, imparcial y oportuna. Actualmente tenemos cinco Centros de Estudios, de Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Estudios Sociales y de Opinión Pública, Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, los cuales también brindan apoyo técnico a las comisiones y a todos los grupos parlamentarios con la finalidad de que el trabajo legislativo contenga un soporte técnico, práctico, que contribuya a generar documentos en la decisión del cumplimiento de la agenda legislativa.
Estos centros también generan conocimiento en investigaciones en áreas financieras, sociales, de opinión pública, jurídicas, derechos humanos, entre otros.
En este contexto, en los últimos 13 años en los temas de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, políticas, anticorrupción, conservación de archivos, gobierno y parlamentos abiertos, se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional.
El presidente Enrique Peña Nieto tomó este gran reto en colaboración con la sociedad civil, con los partidos políticos, académicos e investigadores impulsando reformas constitucionales y legales.
Estos acuerdos han sentado las bases para el sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales y el sistema nacional anticorrupción.
Es así que el Estado mexicano ha adoptado postulados internacionales de gobierno abierto y con ello se ha impulsado el tránsito hacia un modelo de parlamento abierto. En este sentido, en el Partido Verde reconocemos la importancia de generar estudios e investigaciones para hacer análisis en estas áreas de continuo debate en la Cámara.
Es necesario crear una instancia donde el conocimiento y las herramientas teóricas, analíticas y técnicas para el trabajo parlamentario sean una prioridad para atender eficazmente estos temas de interés nacional.
Por ello se propone crear el Centro de Estudios para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas Anticorrupción, el cual contribuirá al intercambio del conocimiento con otras instancias del sector público, de sociedad civil, Academia e investigadores.
Se pretende este estudio de apoyo técnico y sistematizado a todos los legisladores, a todas las comisiones para poder generar los documentos adecuados. Los trabajos que ahí se realicen servirán como información, análisis, estadístico, bibliográfico y documental especializado, el cual evidentemente será público.
También fortalecerá lo dispuesto en el artículo 6o. de nuestra Constitución. Se pretende también que cuente con apoyo técnico de personal especializado y capacitado en estas materias.
Seamos promotores del conocimiento y la investigación. Dotemos el trabajo parlamentario de esta Cámara con los insumos técnicos necesarios, con la única finalidad de mejorar día a día nuestro desempeño como legisladores y qué mejor que teniendo a la mano un centro de estudios como el que el día de hoy se propone. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deroga el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Deuda Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, perdón, perdón. Sonido en la curul de la diputada Aurora Cavazos, por favor.
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (desde la curul): Presidente, solamente para solicitar mi adhesión a la iniciativa presentada por la diputada Sharon.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Cuenca, preguntan, solicitan su aprobación para suscribir su iniciativa.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (desde la curul): Sí, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí. Entonces está a su disposición acá como lo hemos estilado. Perdón, diputada Nahle, ahora sí, adelante, por favor.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Esta es una iniciativa que se deriva de la mal llamada reforma energética. Vengo a presentar, con la que buscamos comenzar a establecer las condiciones adecuadas para el fortalecimiento de Pemex.
Parece increíble que estamos viendo que el soporte económico, la columna vertebral de la economía de México se desmorona y no hacemos nada; tenemos más simpatía por agradar lo político que ver por el beneficio económico de lo nacional. Son dos propuestas concretas.
Primero, destinar los remanentes del Banco de México a la inversión en Refinación y Petroquímica, y derogar el artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de agosto del 2014. Esto para facilitar que el gobierno asuma en este año los pasivos laborales de Pemex para liberar a la empresa de esa carga.
Paralelamente en los transitorios de esta iniciativa exigimos que se auditen los pasivos laborales, los pasivos financieros y los contratos de bienes y servicios para identificar y poder sancionar y eliminar los manejos indebidos, sobreprecios, y en general, las consecuencias de la corrupción registrada durante las últimas administraciones de la paraestatal.
Aquí debemos de hacer una reflexión, y pedir que se auditen los fideicomisos que tienen en paraísos fiscales, a los cuales no podemos tener acceso. Ahí hay mucho dinero; que no nos digan que es por el pasivo laboral de los trabajadores.
Todo esto porque reconocemos en Pemex a la empresa que a pesar de los administradores, brindó a todos los mexicanos innegables beneficios. Cabe señalar que de no contar con las divisas petroleras, no se habría vivido la estabilidad de la que se ufanan los funcionarios del sector económico, y no tendríamos las reservas que hoy subasta el Banco de México día con día; subasta los dólares baratos que se hizo de Pemex, y los coloca caros, por eso el Banco de México tiene sus números muy bien posicionados.
Se critica a la corrupción que caracteriza a sus líderes sindicales, pero no se advierte que ése es un problema que en realidad afecta a todo el país, y que por cierto, en el caso de Pemex, es una corrupción promovida por funcionarios y asesores gubernamentales que se caracterizan por lo mismo, con el propósito primero de desprestigiar a la empresa pública y, segundo, de obtener apoyo de esos líderes que han traicionado y que han estado prestándose para desmantelar la empresa.
Con el objetivo de abrirla a favor de negocios privados, se critica a Pemex por muchas cosas, por no obtener mejores precios en los combustibles, en el mercado interno, pero no se dice, no se aclara que eso no es atribuible a Pemex, sino a la carga fiscal, que por cierto, proporciona miles de millones de dólares a los últimos gobiernos y actualmente a la Secretaría de Hacienda.
Hoy, el Banco de México, Hacienda y otros más, le echan la culpa a Pemex y al petróleo de los problemas económicos que nos afectan, y se anuncian medidas de ajuste para la paraestatal, los cuales giran en torno a los activos. Lo peor que pueden estar haciendo hoy en día, es tratar de subastar o de asociarse en petroquímica y en refinados de donde ya tenemos infraestructura con privados.
Hoy, no deberíamos de estar sacando un solo barril del petróleo si no lo vamos a procesar, si no vamos a obtener valor agregado, el precio del petróleo está por los suelos y no es negocio, no nos conviene estar rematando un recurso no renovable.
La propuesta de Morena es que si bien vista por los técnicos y profesionistas comprometidos con Pemex, que es la de dejar de exportar crudo y aumentar la capacidad disponible en refinación y petroquímica.
Desafortunadamente las administraciones no escuchan, nada más están viendo por negocios de privados. Esto lo hemos dicho los últimos diez años. Hoy sabemos que Pemex nada más en el 2015 importó 12 mil 500 millones de pesos en gasolina, y 12 mil 500 millones de pesos de diésel, con eso hubiéramos hecho una o dos refinerías. Tenemos años diciéndole lo que tienen que hacer, pero no ven más allá porque obedecen lineamientos internacionales.
Por eso debemos rediseñar la estrategia de desarrollo de nuestra industria petrolera, suspendiendo la apertura de campos y yacimientos a la inversión extranjera y en cambio fortalecer a Pemex para que produzca el petróleo suficiente y alimentar la capacidad actual de nuestras refinerías y de nuestra petroquímica. En ese sentido es nuestra propuesta.
Por eso, compañeros de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Energía les pido de manera respetuosa que vayamos al tema, que lo discutamos, que lo analicemos para hacer este dictamen favorable. Es por el bien de todos, es por el bien de México. Esperemos tener la aprobación de dicho dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cuata, por favor.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Si nos permite, la diputada Nahle, que el grupo parlamentario nos suscribamos a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Nahle manifiesta su aquiescencia y, por lo tanto, está aquí a su disposición para que, quienes quieran suscribirla, lo hagan. Aquí, en la Secretaría de la Mesa Directiva.
Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Juan Rulfo, del municipio de Chicoloapan, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes al recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Educación Emocional del País, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, primero hacer un reconocimiento y agradecer que varios diputados de diversas fracciones parlamentarias se sumaron a esta iniciativa y la suscribieron, al igual que mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la educación, y en su artículo 3o. señala:
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la consciencia en la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
La educación requiere nuevos modelos que eduquen y preparen a las personas para la vida en sociedad.
La educación formal que brinda la escuela no debe estar centrada únicamente en lo académico, es decir en los conocimientos técnicos, sino que también debe aportar habilidades en la vida, las que permitirán la óptima ejecución de esos conocimientos técnicos, teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha transformado en un espacio de contención social para los chicos en situación de vulnerabilidad.
Es indispensable que los educandos puedan conocerse mejor para regular sus emociones, además se debe lograr que se sientan felices y competentes en sus relaciones, en su familia y en el aprendizaje. Los espacios educativos deben brindar herramientas para que estos chicos sepan enfrentar las situaciones conflictivas.
La educación emocional puede resolver las situaciones de violencia, de acoso escolar, de adicción y de embarazos adolescentes, por ello es necesario tomar medidas en el ámbito educativo que dará sus frutos a mediano y largo plazo. Esto representará un cambio trascendental para los individuos y la sociedad.
Es importante que como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje se incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá comprender cómo resolver conflictos sin violencia, el no recurrir a ningún tipo de droga para solucionar problemas, el formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más seguridad y respeto. De eso se trata la educación emocional.
Uno de los grandes problemas que nos encontramos en la actualidad es la dificultad para enfrentarnos a los cambios sociales y afectivos que se presentan en forma demasiado rápida para su asimilación, y encontramos algunos alumnos que adolecen de útiles, habilidades y recursos como la tolerancia, asertividad, empatía, cuando no un notable rechazo o aversión hacia ciertos grupos, características personales diferentes a las propias o simplemente novedades.
Una propuesta para ayudar a solucionar dicha problemática es la promoción de la salud desde un ámbito educativo, en donde se les brinde educación emocional así como se hace en muchos países del mundo.
La educación emocional promueve desde un enfoque absolutamente educativo, el desarrollo emocional y creativo del alumnado, asumiéndolo desde una perspectiva integradora y transversal. La educación emocional busca formar una personalidad integral, no solo fortaleciendo las capacidades intelectuales, sino principalmente los aspectos socioemocionales, motivacionales y los valores.
Con ella se busca mejorar en rendimiento académico y también las habilidades para el desarrollo personal integral de los niños y las niñas.
La misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países miembros que generen herramientas para que los estudiantes puedan acceder a una educación emocional que les permita contar con las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo íntegro de su personalidad.
Es por ello que el día de hoy estamos presentando el proyecto de Ley de Educación Emocional, con el que se generen obligaciones para que en las aulas se desarrollen actividades para el fortalecimiento de las prácticas socioeducativas.
La educación emocional se impartirá en los niveles básicos y deberá hacerse mediante un trabajo conjunto y colaborativo entre autoridades educativas, especialistas y padres de familia.
En este sentido, también se propone crear una comisión técnica interdisciplinaria para la educación emocional.
Debemos concebir a la educación como un proceso para formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de su valor, conscientes de sus motivaciones y dispuestos a construir comunidad y espacio público.
En este sentido, la educación emocional juega un papel central para abonar al desarrollo de comunidades más sanas, creativas e inteligentes. Es cuanto, compañeras y compañeros, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada año, como Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Gracias. En las próximas dos horas, por lo menos una mexicana habrá muerto por cáncer cervicouterino. Debemos prevenir más muertes, esto es posible. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con afecto y respeto. La iniciativa que pongo a consideración de esta honorable asamblea, tiene como finalidad declarar el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino, lo anterior con la finalidad de crear conciencia en la población para disminuir la incidencia de este padecimiento.
La sola mención de la palabra cáncer nos infunde temor. Cáncer es sólo el término genérico para referirnos a un vasto número de enfermedades, que según la Organización Mundial de la Salud son más de 100 tipos.
La principal característica del cáncer, es una veloz multiplicación de células anormales que se extienden más allá de los límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos. A esta propagación se le denomina metástasis y esta es la principal causa de muerte por cáncer.
Existen diversos factores de riesgo para contraer cáncer cervicouterino. Según los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, la principal causa es el Virus del Papiloma Humano, mejor conocido como VPH.
Dicho virus se contagia por contacto sexual y aunque el cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección, algunas veces el virus puede conducir al desarrollo del cáncer.
Estas circunstancias hacen que el padecimiento sea particularmente dañino en poblaciones con alta marginación y en la que los derechos de las mujeres están limitados por las tradiciones y la falta de educación.
La prevención de este tipo de cáncer se convierte así en un tema cultural relacionado con la equidad de género, el acceso a la salud y la educación sexual. No es sorpresa entonces, que en los estados se presente una mayor incidencia de mujeres con este padecimiento, sean los que poseen un alto grado de marginalidad, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.
Una vez más, quienes más sufren son las mujeres cuyas oportunidades de desarrollo están más limitadas. En este sentido, la nueva Guía de la Organización Mundial para la Salud en la prevención y el control del cáncer cervicouterino, publicada en diciembre de 2014, establece que es preciso tratar el tema de la discriminación por motivos de género y otras situaciones de desigualdad, en relación con diversos factores sociales, como recursos económicos, clase social, educación, religión y etnia, en el momento de diseñar políticas y programas de salud.
En Nueva Alianza somos un partido cercano a la sociedad, por eso hemos hecho eco a una propuesta que diversas organizaciones no gubernamentales han promovido para hacer oficial la conmemoración del Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino, con el fin de incidir en la conciencia de la población mexicana para tomar las medidas de prevención que recomiendan las instituciones de salud.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2008 se le atribuyeron a estos padecimientos 7.6 millones de muertes. El cáncer cervicouterino en particular, cobró la vida de 275 mil mujeres en ese año. Una cifra similar se registra cada año.
Un dato que subraya este organismo es que más del 70 por ciento de las defunciones por cáncer se registraron en países de ingresos bajos y medios. Se prevé que la cifra de muertes se incremente a nivel global, superando los 13.1 millones para el 2030.
Según estadísticas del Inegi, en México las principales causas de muerte por tumores malignos o cancerosos en mujeres mayores de 20 años, en 2011, fueron el cáncer de mama con un 13.8 por ciento, y el cervicouterino con un 10.4 por ciento. La pasividad y la inacción no son una alternativa, es preciso tomar medidas para mitigar estas estadísticas.
Reconocemos las medidas que al respecto se han tomado en nuestro país. Tan solo basta mencionar que en el Programa sectorial de salud 2013-2018 existe la estrategia 2.5, la cual consiste en mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente el cáncer cervicouterino.
La propuesta de Nueva Alianza es que nos sumemos a estas acciones. Es necesario que las mujeres de México tomemos nuestra salud y bienestar en nuestras manos.
Hay que subrayar que el riesgo de desarrollar una infección por virus de papiloma humano comienza con el inicio de la actividad sexual. La prevención y la educación sexual son las herramientas más poderosas.
Todas estamos en riesgo de contraer una infección por virus de papiloma humano, y esta infección es capaz de ocasionar cáncer cervicouterino. Un tipo de cáncer que crece lentamente y carece de síntomas.
El 4 de febrero se celebró en todo el mundo el día internacional en contra del cáncer. Quiero recalcar el lema del mismo que será utilizado hasta 2018. Nosotros podemos, yo puedo.
En Nueva Alianza hacemos nuestro ese lema y queremos, con su ayuda, llevarlo a la práctica. Nosotros podemos declarar el 9 de agosto como Día nacional contra el cáncer cervicouterino. Espero que todas las diputadas y todos los diputados se unan con gran sensibilidad a esta propuesta. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Saludamos la presencia de visitantes del distrito I, de Huejutla de Reyes, procedente de la sierra hidalguense y la huasteca hidalguense. También a estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Huejutla; de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, Campus Huejutla; y de la Universidad Tecnológica de la Sierra, Campus Tehuacán de Guerrero.
También a un grupo de amigos de diversas organizaciones, todos ellos invitados por la diputada Carolina Viggiano. Sean todos y todas ustedes bienvenidos, amigas y amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con el punto de declaratoria de publicidad.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. de las Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
2. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
3. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
4. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
6. De la Comisión de Infraestructura, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos, Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre de la Comisión de Seguridad Social vengo a presentar ante este pleno el proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
La minuta tuvo su origen en la Cámara de Diputados en la Legislatura anterior, siendo enviada al Senado de la República, soberanía que la devolvió agregando un artículo segundo transitorio.
La relevancia de la modificación a los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, radica en que se busca que los trabajadores del Estado que obtuvieron un beneficio de un primer crédito para la compra de una vivienda, tengan una nueva posibilidad de solicitar un crédito adicional a lo que ahora no es posible.
Para ello el texto del dictamen establece que la trabajadora o trabajador deberán cumplir con los mismos requisitos que se les solicitaron para otorgar el primer crédito, relativos a contar con más de 18 meses de depósitos constituidos a favor de las subcuentas del fondo de vivienda. Demostrar también que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que el pago se realizó de manera regular.
El artículo segundo transitorio que propone el Senado, busca dar certeza en el orden de prelación para el otorgamiento de los créditos estableciendo que la junta directiva del instituto incluirá en las reglas operativas los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo los cuales se otorgue el segundo crédito, estableciendo el criterio de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores que aun no ejerzan este crédito. Asimismo, aprobará las modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes.
Por lo anterior expuesto la Comisión de Seguridad Social somete a consideración del pleno este dictamen, con el que se busca no sólo promover la adquisición de una vivienda para los trabajadores del Estado mexicano y con ello fomentar el desarrollo nacional, sino garantizar con las consideraciones incluidas en el segundo crédito, a aquellos trabajadores que hasta el momento no han ejercido un crédito hipotecario a través de Fovissste, hoy lo puedan ejercer en este derecho fundamental establecido en nuestra Constitución mexicana. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión en lo general y en lo particular, y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya se han inscrito compañeras y compañeros diputados, y en consecuencia tiene la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos. Con todo mi afecto, coordinador Valles, adelante, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, para Nueva Alianza es de suma importancia el dictamen que se somete a consideración de esta soberanía, ya que como grupo parlamentario hemos pugnado por construir un sistema de seguridad social basado en principios de universalidad, integralidad, sostenibilidad, solidaridad, redistribución, portabilidad, pero, sobre todo, administrado con eficacia, honradez y transparencia.
La reforma propuesta, surgida de una iniciativa presentada por Nueva Alianza, modifica los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que el Fovissste pueda otorgar un segundo crédito hipotecario a los trabajadores del Estado que ya han cubierto totalmente el primer crédito.
Al aprobar estas modificaciones se contribuye a homologar el sistema de seguridad social en cuanto a las coberturas y normas que aplican las distintas instituciones que lo integran, dado que el Infonavit ya tiene en su legislación el derecho de los trabajadores para obtener un segundo crédito de vivienda.
Por lo que otorgado el derecho a un segundo crédito de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado significa un paso adelante para trascender en las limitaciones del sistema de seguridad social y también representa reconocer que las condiciones demográficas, familiares, urbanas y económicas, plantean nuevas necesidades en materias de vivienda.
Como partidarios de esta reforma, no podemos ignorar el justo señalamiento de que en el otorgamiento del segundo crédito a la vivienda se garantice también que los trabajadores que por primera vez solicitan se les respete íntegramente sus derechos y prerrogativas.
Asimismo, estamos a favor de garantizar la capacidad operativa de la Junta Directiva del ISSSTE, pero que sea equitativa cuando emita las reglas bajo las cuales el Fovissste podrá otorgar los segundos créditos a los trabajadores que cumplan los requisitos.
No obstante, la adición de este transitorio en Nueva Alianza consideramos que la reforma es positiva en la medida en que se garantiza el otorgamiento de un segundo crédito de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado, lo que significa un paso adelante para trascender las limitaciones del sistema de seguridad social y reconocer que las condiciones demográficas que se plantean en la actualidad en materia de vivienda, son totalmente inéditas.
Miles de familias que ya tienen una casa adquirida a través de un crédito hipotecario, en la actualidad requieren un segundo crédito para ampliar, para remodelar o para adaptar su vivienda a las necesidades derivadas de la expansión de la familia.
Compañeras y compañeros, con esta reforma se garantiza que los trabajadores que hayan liquidado totalmente el pago del primer crédito y tengan más de 18 meses de depósitos a su favor en la subcuenta de la vivienda podrán recibir un segundo crédito por parte del Fovissste.
Por sus alcances en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los trabajadores, y los beneficios que representa para sus familias, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vota a favor de este dictamen, que reforma los artículos 167 y 169 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Con ello estamos cumpliendo con los postulados políticos de nuestro Partido Nueva Alianza, que busca mejorar las condiciones de desarrollo de las familias en el marco de un mejor desarrollo material sustentado en un medio ambiente sustentable y de calidad en los servicios comunitarios.
En Nueva Alianza seguiremos trabajando para presentar propuestas que promuevan la construcción de un sistema de seguridad social con enfoque universal, el cual permita cimentar un piso de protección social básico para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Y tiene ahora la palabra la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El derecho a la vivienda ha sido históricamente reconocido en nuestro país y cuenta con profundas raíces y fundamentos que llevaron a plasmarlo en el propio cuerpo de la Constitución; primero, en su artículo 123, fracción XII, y posteriormente ya en una etapa de urbanización y desarrollo industrial más avanzada se crearon los principales organismos nacionales de vivienda.
En 1963 el gobierno federal constituyó en el Banco de México el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Fovi, como una institución promotora de la construcción y de la mejora de la vivienda de interés social que otorgaba créditos a través de la banca privada.
En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, surgió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. En mayor de ese mismo año se creó por decreto el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Fovissste, para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores del Estado, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, fue hasta 1983 cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual, consagrándolo en el artículo 4o de la Constitución, en donde permanece desde ese entonces y ha adquirido la calidad de derecho humano.
El derecho a la vivienda digna es de tal importancia que nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 hace mención expresa al derecho a la vivienda.
No obstante, pese a los avances obtenidos no podemos mantenernos estáticos, pues este derecho no es una realidad para la mayoría de la población en nuestro país. Conforme cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe, el impulso al sector vivienda casi 36 millones de personas carecen de una vivienda digna en México. En su informe, la dependencia indicó que la tercera parte de la población del país carece de acceso a vivienda digna y más de dos millones de personas viven en hacinamiento.
Ante estas preocupantes cifras se debe garantizar que el derecho a la vivienda se mejore, de tal manera que si la cobertura aún no se aplica de manera universal a toda la población, por lo menos se garantice que atienda la totalidad de los derechohabientes que lo requieren.
El otorgamiento de un segundo crédito garantiza que quienes ya han sido beneficiados con un crédito inicial y obtuvieron una vivienda puedan mantenerla en óptimas condiciones, sobre todo si se considera que hay personas que recibieron este beneficio hace 30 o 40 años.
En este sentido, no debemos olvidar que el eje de las políticas públicas en materia de vivienda debe tener un carácter predominantemente social, buscando ampliar el acceso especialmente a las familias de menores recursos, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida.
La propuesta del dictamen de la Comisión de Seguridad Social por el que se modifican los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, a fin de otorgar un segundo crédito a los derechohabientes cuando se cubra el primer empréstito y se tenga más de 18 meses de cotización al Fondo de la Vivienda, y que en todo momento respete el derecho de prelación de quienes no han disfrutado este beneficio sobre quienes ya lo han aprovechado, garantiza la operatividad financiera del Fovissste así como el efectivo cumplimiento del mandato constitucional para los trabajadores al servicio del Estado.
En Movimiento Ciudadano creemos y apoyamos el derecho a las y los trabajadores de obtener una vivienda digna y que una vez obtenido cuenten con los medios necesarios para mantener su patrimonio con dignidad y en plena seguridad. Es por ello que las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano apoyamos el sentido del dictamen mediante el cual se reforma la Ley del ISSSTE en sus artículos 167 y 179, porque de esta manera se amplía el ejercicio de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, pues consideramos que es un paso importante hacia una verdadera implementación del derecho humano a la vivienda digna.
Para terminar, compañeros, debo reconocer mi alegría y emoción por este logro para los trabajadores al servicio del Estado. Gracias por su atención. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Toledo. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Mariana Trejo Flores: Con la venia de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras legisladoras y legisladores. Antes de abordar el tema que me ha traído a estar al frente de esta tribuna, aprovecho para enviar un reconocimiento a todos los niños que están luchando en contra del cáncer, el cual el día de ayer fue conmemorado.
Los sistemas de seguridad social en la actualidad han sido muy golpeados. Es necesario hacer una crítica a las reformas planteadas y aprobadas, que han sido la desprotección a los trabajadores mexicanos.
Como legisladores federales hemos sido rebasados por intereses malversados y tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros, que es velar por las garantías de las y los ciudadanos.
México requiere leyes que nos ayuden a sortear los difíciles momentos por los que atravesamos como nación, como sociedad. No permitamos que se gobierne con ocurrencias ni con un desdén de la realidad mexicana.
En este día se somete al pleno el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, donde se establece que los y las trabajadores podrán recibir créditos del Fondo de Vivienda hasta por dos ocasiones, una vez que se haya solventado el primer crédito y esté liquidado el mismo.
Esta reforma es una respuesta propuesta, una respuesta a una demanda sentida de la clase trabajadora, la demanda de tener una vivienda digna, un techo, un hogar de residencia propio.
Las estadísticas indican que la mayoría de los mexicanos, principalmente los jóvenes, se encuentran en pobreza patrimonial; es decir, no cuentan con una casa o una vivienda digna o propia, la cual es el resultado de una política de vivienda insuficiente ante el crecimiento de una demanda exponencial. Es decir, nuestras políticas públicas no han podido ajustar la demanda de la sociedad, el proyecto de decreto no expone las finanzas del instituto ni pone en riesgo la capital social del ISSSTE.
Cabe mencionar, que es necesario que las medidas como estas, con bajos intereses y sin intervención de la banca privada, se lleven a cabo para dar una respuesta a las necesidades de los trabajadores.
Actualmente existen 2 millones de trabajadores en activo que aún no ejercen su crédito de vivienda, de un universo total de 2.5 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE. Al término del 2015, únicamente 397 mil 346 trabajadores cuentan con un crédito a la vivienda.
Señores legisladores, les invito a que se sensibilicen en este proyecto de reforma, en el sentido que su voto sea pensado en millones de mexicanos trabajadores del Estado y que no tienen una vivienda propia, ellos necesitan de nuestro proyecto y de nuestro apoyo para resolver este problema.
Sabemos en Morena que esta reforma no resuelve la problemática de los mexicanos que no cuenten con un trabajo formal, pero es un paso para que en lo posterior ayudemos a todos los ciudadanos de manera legal, fortaleciendo la política nacional de una vivienda pública para los mexicanos.
Al analizar esta reforma muchas dudas saltaron sobre la mesa, sin embargo la civilidad pública y política y transformación gradual de este país está en nuestras manos. Aunado a los gobiernos estatales, hoy no ha tenido el interés de generar criterios de construcción y crecimiento urbano, siendo que el apoyo crediticio y subsidios otorgados por el Estado son insuficientes y no satisfacen las necesidades de los trabajadores de menores ingresos.
Velemos responsablemente por los trabajadores, velemos y concertemos a los ciudadanos, impulsemos leyes y reformas que beneficien a los ciudadanos, a favor de los trabajadores de nuestro México, trabajadores al servicio del Estado. Hagamos nuestro compromiso por velar también por aquellos que no cuenten con un empleo formal, para que tengan una vivienda digna. En Morena asumimos la responsabilidad de trabajar por y los intereses del pueblo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Trejo. Tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Compañeras y compañeros diputados, hablar de la reforma de este proyecto de decreto por el que se dan modificaciones a los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consideramos que es un acto de justicia social elemental. Darles acceso a un segundo crédito. Permitir a los trabajadores que ya cumplieron con el primero, de manera requisitada, totalitaria, es por supuesto pensar en que hay más de 36 millones de personas en este país, de más de 112 millones de habitantes.
Treinta y seis millones que por un lado quieren dignificar su vivienda y por otro lado desean adquirir una porque no tienen. Es ahí el primer paso que damos para darle la posibilidad a esas familias de contar con una vivienda digna y con una vivienda a la altura de las circunstancias.
Hoy la clase trabajadora lo sabemos, está atravesando una gran crisis, una pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores, los pensionados, jubilados, los activos más aun. Pero también hoy, con esta decisión de modificar y de permitir esta reforma, amigos diputados, es el momento de impulsar a la industria inmobiliaria, y por supuesto, a la de construcción.
Es ahí, a la industria de la construcción que podemos estimularla para que se generen empleos. Más allá de dignificar la vivienda logramos un segundo efecto positivo en la economía.
De ahí que Encuentro Social, un partido comprometido con las finanzas públicas sanas, porque este decreto no pone en riesgo las finanzas de los institutos involucrados en ella, en esta iniciativa.
Esta decisión de nosotros el día de hoy, pone de manifiesto alentar y fortalecer a las inmobiliarias y a la industria de la construcción que hoy está atravesando, ustedes saben que es un segmento de la economía que genera muchos empleos. Estamos fortaleciéndola también con esta decisión.
Por todo lo anterior, el Partido Encuentro Social, hoy venimos a refrendar un compromiso elemental de justicia con los trabajadores. Hoy venimos a decirles a ustedes, a los amigos aquí presentes, diputadas y diputados, y a los televidentes del Canal del Congreso, que deseamos dignificar la función del diputado haciendo cosas que fortalezcan al sector social. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Muy buenas tardes. Con el permiso de los presentes. Desde siempre la vivienda ha tenido para el ser humano una gran importancia que representa su principal patrimonio material y fuente de seguridad personal. En virtud de que la finalidad básica de la vivienda es posibilitar el desarrollo del núcleo familiar, esta resulta imprescindible para el ejercicio de otros derechos.
La vivienda representa uno de los principales activos que conforman el patrimonio de la familia y en muchas ocasiones se considera incluso como una forma de ahorro o inversión para preservar sus recursos.
En el ámbito familiar una vivienda con frecuencia sirve como base para que los ocupantes inicien una actividad empresarial. Una casa, en particular en los países en vías de desarrollo, se convierte así en un recurso comercial. Por ello el acceso a la vivienda por parte del mayor número posible de personas ha sido una preocupación constante de muchos gobiernos en el mundo, sobre todo a partir del siglo XX.
La necesidad de vivienda es hoy uno de los principales problemas en la agenda pública, tanto de nuestro país como de otras naciones. En México existe un déficit habitacional de 14 millones 600 mil hogares, lo cual exige a las instituciones públicas y organismos de vivienda trabajar de manera coordinada para revertir esta situación mediante el financiamiento a las soluciones habitacionales, el diseño de nuevos esquemas de renta, el otorgamiento de créditos para la mejora y la atención de nuevos segmentos de la población.
Por otra parte, desde el punto de vista macroeconómico la vivienda es un motor para el desarrollo basado en dinamismo que imprime a una economía, el sector de la construcción y las industrias asociadas siendo una fuente importante para la generación de empleos, tanto directos como indirectos.
El presente decreto propone que se establezca la posibilidad de que un trabajador afiliado al ISSSTE pueda tener acceso a un segundo crédito de Fovissste durante su vida laboral, una vez que concluya y haya pagado este primer crédito.
Los argumentos vertidos en aquellas ocasiones en que se hizo un primer planteamiento en el 2014, fueron la necesidad de otorgarle a los trabajadores la oportunidad de tener un segundo crédito derivaba fundamentalmente del hecho de que en muchos casos la vivienda adquirida o construida gracias al primer crédito se encontraba en deterioro por el paso del tiempo, o bien las circunstancias familiares hacían que la vivienda ya no satisficiera las necesidades de la familia, es decir, se requería un nuevo préstamo para actualizar o remodelar la vivienda.
No obstante la importancia de lo anterior para mejorar las condiciones de la vida de miles de familias, la colegisladora, el Senado, tomando en cuenta que a pesar de los esfuerzos del gobierno de la República para abatir el rezago en materia de vivienda, aún existe un porcentaje de trabajadores que no han tenido acceso ni siquiera al primer crédito para hacer realidad el sueño de tener una casa propia.
Es por esta circunstancia que decidió agregar al decreto aprobado en esta Cámara, durante la Legislatura pasada, un artículo transitorio con el cual estamos completamente de acuerdo y este artículo transitorio consiste en que se dé prioridad, se dé preferencia a aquellos trabajadores que nunca hayan obtenido un crédito y después posteriormente a quienes ya habiéndolo obtenido lo hayan finiquitado. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra, la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Con su permiso, diputado presidente. Acudo a esta tribuna, a dar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, respecto al dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estableciendo el derecho de los trabajadores a recibir un segundo crédito hipotecario una vez liquidado el primero, aplicando criterios de equidad y prelación que garanticen el derecho de los trabajadores que aun no lo ejercen.
De lo que se trata es que logremos garantizar que quienes aun no hayan sido beneficiados con este tipo de crédito hipotecario para la vivienda lo sean, y que prevalezca este criterio antes de beneficiar con un segundo crédito a otros trabajadores y/o trabajadoras.
El derecho a la vivienda es una de las garantías contenidas en nuestra Constitución. Esta ha sido instrumentada a través de esquemas de financiamiento gubernamental accesibles permitiendo que un importante número de mexicanos cuenten con un espacio adecuado y digno para la convivencia familiar. Es el caso de los trabajadores al servicio del Estado.
Con el paso del tiempo, los trabajadores beneficiarios del financiamiento de vivienda con el uso normal de estos espacios y el crecimiento del número de integrantes de sus familias, cambiaron las necesidades de espacio afectando la calidad y dinámica de vida de estas familias.
Esta circunstancia nos obliga a abrir espacios de oportunidad para que los trabajadores que hayan sido beneficiados con un primer financiamiento y lo hayan saldado, puedan acceder a un segundo crédito con la finalidad de otorgar mejores condiciones de vida para sus familias. Esta es la finalidad de la presente propuesta de dictamen que votaremos en breve.
Bajo estas condiciones, el Grupo Parlamentario del PRD se pronunciará a favor de la propuesta. Con su aprobación un número importante de familias de estos trabajadores se verán beneficiadas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Castelán. Tiene ahora la palabra el diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.
El diputado Enrique Cambranis Torres: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., “que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, sin embargo este derecho se ve frenado principalmente por razones de índole financiero.
La crisis económica en la que hoy nos encontramos impide que los mexicanos tengan solvencia para efectuar un gasto como el que implica adquirir una vivienda. Por ello la importancia del dictamen que hoy nos ocupa, pues parte de una demanda social sensible y que es urgente de atender.
El dictamen que discutimos permitirá que los trabajadores del Estado tengan acceso a un segundo crédito de vivienda, con el requisito, como aquí se ha dicho, de haber liquidado en su totalidad el primer crédito.
Trabajadores que adquirieron una vivienda en décadas anteriores, ahora necesitan de financiamiento para hacer frente al deterioro de sus hogares, o bien, para acondicionar su espacio de acuerdo a las nuevas necesidades familiares.
En Acción Nacional reconocemos que muchos trabajadores que ya ejercieron su primer crédito de vivienda, requieren de un segundo para mejorar, ampliar o incluso adquirir otra vivienda.
Coincidimos con el texto del dictamen porque reformando los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, se podrán mejorar las condiciones para el otorgamiento de créditos hipotecarios que actualmente tiene el Fovissste, y beneficiar directamente a millones de trabajadores al servicio del Estado con un segundo crédito de vivienda, como actualmente ya se hace en Infonavit, para los trabajadores del sector privado.
Nos parece justo que los trabajadores tengan acceso a un segundo crédito que les permita mejorar su patrimonio familiar. Con ello se otorgaría un reconocimiento al esfuerzo realizado al cumplir con la obligación de finiquitar el primer crédito.
Esta propuesta conforme a las modificaciones que realizó el Senado, de ninguna manera afectará a los trabajadores que aún no ejercen su primer crédito, porque les dará preferencia a quienes no han sido beneficiados respecto de quienes soliciten su segundo crédito.
La situación económica nacional es desastrosa y el deterioro del ingreso del trabajador mexicano se acentúa año con año, por lo que el derecho a recibir un crédito para la vivienda es la única opción que millones de familias tienen para acceder a un hogar digno.
Los diputados del PAN votaremos a favor de este dictamen, porque otorgar un segundo crédito de vivienda no es un lujo, es una necesidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cambranis. Tiene ahora la palabra el diputado Pablo Bedolla López, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
El diputado Pablo Bedolla López: Con su permiso, señor presidente. El disfrutar de una vivienda digna y decorosa, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución federal, el cual ha sido garantizado por el Estado mexicano a lo largo de los años.
En este sentido, se han creado programas a través de los cuales todos los mexicanos tenemos la posibilidad de acceder a la adquisición de un hogar y por ello se han creado instituciones como Fovissste e Infonavit.
Así, estos dos organismos han sido la principal fuente de créditos hipotecarios para las y los trabajadores, quienes a través de ellos han podido comprar o construir su vivienda. El reto ahora, es que miles de familias que han hecho uso de su crédito hipotecario, tiene la necesidad de nuevos recursos para que les permita ampliar sus casas, remodelarlas, adaptarlas a las necesidades derivadas de la expansión de la familia o, en su caso, venderlas y adquirir otra.
De acuerdo con cifras del ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste, ha otorgado históricamente alrededor de un millón 300 mil créditos en todo el país, y con ello ha logrado consolidar su estructura financiera.
Debido a las transformaciones que ha tenido el Fovissste, hoy día se encuentra en posibilidades operativas y financieras para otorgar un segundo crédito a los trabajadores que cumplan con mínimo requisito que establece la ley del ISSSTE en vigor, es decir, contar con más de 18 meses de depósito constituido a su favor en la subcuenta de vivienda.
Además, tal y como se propone en el dictamen, deberá demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado, garantizando el ejercicio de este derecho bajo criterios de equidad y de la prelación por parte de los trabajadores que aún no lo ejerzan.
Con la aprobación de este dictamen se contribuirá también a ordenar y homologar el sistema de seguridad social en cuanto a las coberturas y normas que aplican las distintas instituciones que lo integran, dado que el Infonavit ya tiene en su legislación el derecho de los trabajadores para obtener un segundo crédito de vivienda; por lo que, otorgar el derecho a un segundo crédito para los trabajadores al servicio del Estado, significa un paso adelante para trascender las limitaciones del sistema de seguridad social, y también representa reconocer que las condiciones demográficas, familiares, urbanas y económicas plantean nuevas necesidades en materia de vivienda.
En definitiva, estaremos dando un paso adelante en el reconocimiento de los derechos más elementales en un sentido amplio de protección. Una de las tareas imprescindibles del gobierno para los próximos años será redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para poder hacer frente al déficit habitacional existente.
En la actualidad estos organismos buscan la manera de otorgar más y mejores beneficios a los mexicanos. Con mucho agrado, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos el presente dictamen, que cumple con uno de los objetivos sociales del Estado, que es el de garantizar el derecho a la vivienda digna. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bedolla.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de ciudadanas y de ciudadanos procedentes del municipio de Alfajayucan, estado de Hidalgo, invitados por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no tenemos morosos. Adelante.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 425 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto, por el que el Honorable Congreso de la Unión, en el primero, declara el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, y el segundo por el que declara el día 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano.
Tiene la palabra el diputado Erick Lagos Hernández, para fundamentar ambos dictámenes en una misma intervención, de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.
Adelanto que se van a fundamentar y se van a fijar posicionamientos en una misma intervención para los dos dictámenes, aunque la votación en términos de nuestro Reglamento tiene que darse por separado en cada uno de los dictámenes.
El diputado Erick Alejandro Lagos Hernández: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado lunes 1 de febrero se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, durante la cual se acordó instituir dos efemérides. En primer lugar se aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de mayo como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, reafirmando con ello el compromiso del Congreso de la Unión para que las mujeres mexicanas accedan a los cuidados adecuados durante el embarazo y para que sus partos sean supervisados por personal médico.
Además, consideramos que eventos como la recién propagación del virus Zika y su transmisión de madre a hijo, han subrayado la relevancia de fomentar el cuidado materno y perinatal. Asimismo coincidimos con la necesidad de reforzar los mecanismos para sensibilizar a la población de la importancia de asegurar todos estos cuidados.
A pesar de que los trabajos en este tema deben ser permanentes y perseverantes, es inminentemente necesario dedicar en específico una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no solo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la salud materna y perinatal.
Una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social, para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en esta materia.
Por otra parte, compañeras y compañeros, se aprobó la iniciativa al decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año Día Nacional del Urbanista, reconociendo la importancia de estos especialistas con la sociedad y la contribución que realizan al desarrollo planificado de cada una de las ciudades con la protección al patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico de todo México.
El vocablo urbano deriva de las raíces latinas urbis, que significa la ciudad. Históricamente el vocablo toma su origen con relación a la ciudad ur de la civilización sumeria, de la Baja Mesopotamia.
Mediante esta conmemoración se exalta el conocimiento y las habilidades de los urbanistas, necesario para hacer realidad el derecho a la ciudad, reconocido en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que promovió la Organización de las Naciones Unidas.
El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Es por eso que reconocemos, las y los integrantes de la comisión, que la función social de estos especialistas resulta fundamental para dar cabal cumplimiento a este derecho.
Así, al declarar el 8 de noviembre como Día Nacional del Urbanista Mexicano se reafirma nuestra convicción de participar en la búsqueda de soluciones inteligentes, que en el ámbito del desarrollo urbano hacen más incluyente a nuestras ciudades, más habitables, y sirve para equilibrar el crecimiento de su productividad con el disfrute común de los espacios públicos, y por supuesto, al asumir la sustentabilidad como una condición necesaria y una responsabilidad que nos incluye a todos los ciudadanos.
Por ello, es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades, como recordatorio de la vida en sociedad que queremos en el mediano y largo plazo.
Por las anteriores consideraciones, compañeras y compañeros, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a su consideración los asuntos antes señalados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lagos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez. Bueno, están a discusión en lo general y en lo particular, se entiende, y en consecuencia tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para referirse a ambos dictámenes en una sola intervención.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias. Honorable Mesa Directiva, compañeros legisladores, en cuanto al tema del dictamen que declara el día 9 de mayo como el Día Nacional de Salud Materna, quiero comunicarles que en el Partido Encuentro Social reconocemos que la maternidad es un gran bien para la mujer, para la familia y para la sociedad, que recibe ahí en su seno a un nuevo ser que deberá ser acogido.
La maternidad es un privilegio exclusivo de la mujer, pero que se comparte y se simboliza con la sociedad entera en la unión de un hombre y una mujer. La maternidad debe ser afirmada, protegida y cuidada.
En ocasiones la maternidad conlleva en lo físico y en lo psicológico complicaciones en los que el Estado debe responder con respeto a todo ser humano, con responsabilidad, con profesionalismo y con prontitud.
En la iniciativa de la que estamos hablando se insiste en definiciones presentadas por la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla que la salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer, desde el embarazo al parto y al posparto.
Este organismo enlista cinco complicaciones que están directamente relacionadas con el 70 por ciento de las muertes maternas. Las complicaciones son: hemorragias, preclamsia y eclampsia, infecciones, parto obstruido y abortos peligrosos.
En este punto me detengo para hacer notar la obviedad de unir sustantivo y adjetivo cuando es claro que no se necesite comprobar lo evidente.
Solo una postura ideologizada, esto es, cuando se habla de abortos peligrosos, podría perder tiempo en confundir con esas expresiones. ¿Alguna persona intelectualmente honesta podría plantear abortos seguros? Eso es verdaderamente imposible.
Es importante que cuando nosotros hablemos de aprobar este dictamen que celebra el 9 de mayo como el Día de salud materna, nos aseguremos que no se incluyan temas que en la legislación federal mexicana son un delito.
Me congratulo con todos los que apoyan y que apoyaron esta iniciativa, preocupados verdaderamente por la salud de la mujer mexicana. Porque estemos bien, porque los embarazos y partos sean alegría y no sufrimiento físico o psicológico.
Pero a ellos me dirijo. Debemos asegurarnos que ese sea el espíritu de lo que hoy se aprueba. Que de manera honesta nos centremos en la preocupación por la salud de nuestras mujeres mexicanas, de cada una de nosotros que lo que necesitamos es apoyo, cuidado y promoción de nuestra salud y de la salud de nuestros hijos, y no el acceso a un servicio que no es saludable sino que por el contrario, deja serias repercusiones físicas y psicológicas, y por si fuera poco, además es ilegal.
Celebremos el 9 de mayo asegurándonos que cada mujer embarazada reciba la atención prenatal y posnatal que necesita. Un espacio adecuado para tener a su hijo con personal humanizado que cuente con los medicamentos y equipos necesarios en un espacio digno y suficiente.
Que a partir del día de hoy, dando el primer paso con la aprobación de este dictamen que la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, sin duda alguna, votará a favor, celebremos que cada mujer en México reciba el apoyo y la asistencia necesarios para preocuparse únicamente en acoger a la vida que nace.
En cuanto al tema del día del urbanista mexicano, el dictamen viene a reconocer a todas aquellas personas que día a día se esfuerzan porque nuestras ciudades tengan una mayor funcionalidad.
Los urbanistas de nuestro país son pieza clave en el mejor desarrollo de nuestras ciudades, quienes planifican y diseñan una movilidad urbana que sea sostenible. Son visionarios porque van más allá de lograr un reconocimiento respetuoso con su entorno. Tienen el reto de que los grandes núcleos urbanos se consoliden como espacios de integración social que contribuyan a la mejor calidad de vida de sus habitantes.
Urbanizar es hacer ciudad y la ciudad es el escenario de vida personal y social donde confluyen las personas de manera importante. Por ello, votaremos también a favor de esta propuesta por la importancia que reviste con su labor y profesionalismo que trasciende en la vida personal de cada uno de nosotros y en la convivencia social. Es cuanto, diputado, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta oportunidad abordaré los dos dictámenes que presenta la Comisión de Gobernación para establecer dos fechas como días nacionales: del Urbanista Mexicano y la Salud Materna Perinatal.
En cuanto al Día del Urbanista Mexicano, en Nueva Alianza apoyamos que se declare el 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano. Las ciudades son sistemas muy complejos en las cuales un gran número de personas interactúan y se relacionan en un territorio. La manera en como se construyan, organicen y estructuran esos centros de población determinará en gran medida la calidad de vida de sus habitantes.
El crecimiento demográfico ha ocasionado procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del ambiente con severas repercusiones económicas, políticas y sociales.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que una planeación urbana efectiva contribuye a aminorar el impacto ambiental que produce el desarrollo de las grandes ciudades y los profesionales de la organización juegan un rol preponderante en el estudio, planificación y ordenamiento de esas ciudades.
Por ello, es reconocer su trabajo, talento y aporte a nuestra sociedad; es una justa retribución por su labor, ya que ellos hacen posible no solo la estética de los centros de población, sino también su funcionamiento en términos de orden, infraestructura, comunicación y servicios básicos.
Instaurar el Día del Urbanista representa, además, una excelente oportunidad para atender la planificación urbana desde una perspectiva global. Desafortunadamente en México la formación de asentamientos irregulares frecuentemente pone en peligro a la población, ya que se localizan en zonas de alto riesgo, susceptibles a la degradación ambiental, a la pobreza, a la marginación y, en consecuencia, a la inseguridad pública y jurídica.
En ese sentido, es preocupante el surgimiento y crecimiento desordenado de las ciudades. En Nueva Alianza entendemos que se deben propiciar esquemas de urbanización que admiten un crecimiento poblacional sostenible, que sea armónico y respetuoso de la comunidad como son los servicios básicos, equipamiento urbano y atención social.
Por otra parte, en Nueva Alianza nos manifestamos a favor del dictamen que presente la Comisión de Gobernación, por el que se declara el 9 de mayo de cada año, como el Día Nacional por la Salud Materna y Perinatal. Es inadmisible que en 2016, se sigan presentando casos de muerte por complicación en el embarazo, ¿dónde está la garantía de la salud para la mujer?
El tema que nos ocupa esta tarde es de mayor trascendencia para todos, compañeros, diputadas y diputados, garantizar el derecho a una salud en un momento vulnerable de la mujer, como es el embarazo, es un tema que nos debe de ocupar a todos y que atañe a todo el territorio de nuestro país, es preciso reconocer que nos referimos precisamente a la salud materna.
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer a partir del embarazo, incluyendo al parto y postparto. Lamentablemente para muchas mujeres en nuestro país y el mundo, la maternidad no es un estado de gozo, esperanza y dicha, se convierte en un sinónimo de sufrimiento, de enfermedad e incluso la muerte.
Existen diversas circunstancias que contribuyen a esta lamentable realidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud son cinco las complicaciones a las que se atribuye el 75 por ciento de las muertes maternas, éstas son hemorragias graves en su mayoría tras el parto, infecciones generalmente en el parto, la hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia y las complicaciones en el parto y abortos peligrosos que ponen evidentemente en peligro la vida de las madres.
La mayoría de las muertes maternas son evitables, existen soluciones para prevenir o tratar las complicaciones que se presentan en el parto, pero para eso es necesario garantizar un efectivo acceso a la salud materna y perinatal.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren aproximadamente 2.7 millones de recién nacidos y 2.6 millones nacen muertos.
En México como en el mundo, la mortalidad materna afecta a los sectores de población más vulnerables y desprotegidos. Más allá de las cifras expuestas, de lo que hablamos es de la vida, de la vida de las mujeres que se pone en riesgo por falta de atención oportuna y de calidad, situación lamentable que hace necesario visibilizar la calidad del servicio que se les da a todas las mujeres en el sector de la salud.
En Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen porque estamos convencidos de que declarar el Día de la Salud Materna y Perinatal es fomentar, es hacer conciencia y es contribuir a reducir las muertes en las mujeres mexicanas por complicaciones de embarazo.
Compañeras y compañeros, hagámoslo. Es la oportunidad de ser congruentes y darle buenos resultados a la sociedad que ha confiado en nosotros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Ahora tiene la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Les confieso, compañeros y compañeras, les confieso que no soy muy partidario de las efemérides, de andar estableciendo días federatorios. Se pierde el tiempo y estas efemérides y días abonan a esta cultura de simulación que es tan frecuente en nuestro país.
Sin embargo en esta ocasión acepté con agrado y entusiasmo la encomienda de mi bancada para hablar a favor del establecimiento del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal por dos motivos.
En primer lugar porque este tema tiene que ver con el amor. No se alarmen, no voy a hablar de esa celebración curiosa, sincrética y cursi del 14 de febrero. Voy a hablar del amor tal como lo expresó Sigmund Freud en su obra que decía –no sin veracidad– que los seres humanos a lo largo de nuestra vida nos debatimos entre dos impulsos fundamentales: Eros y Tanatos.
Eros, el amor erótico que nos impulsa a vivir, a convivir, a compartir, a cuidarnos, a cuidar, a promover la vida y por el otro, Tanatos, la cultura de la muerte que finalmente acaba venciendo en esta existencia, nos lleva a fundirnos con el infinito en una suma de energías, pero que a lo largo de esta vida se alimenta inevitablemente pero ominosamente también, cuando somos crueles, envidiosos, nos enojamos y demás.
El amor tiene como máxima expresión la procreación, la vida en pareja, la perpetuación de la vida de ese mundo, y es por eso que cuidar a la madre y a los niños por nacer o recién nacidos es importantísimo como forma que son ellos mismos máxima, comprensiva, casi absoluta del amor humano, de tal manera que hay que mencionarlo como una de las razones por las cuales debemos establecer este día tan importante.
Y la segunda razón es también científica, aunque también tiene sus raíces filosóficas, tiene que ver con la perpetuación de la especie. Volteamos a nuestro alrededor, somos muchos ciertamente, pero no dejamos de tener riesgos como especie. Estamos atentando contra nosotros mismos a través de la falta de cuidados a la naturaleza. Puede venirse un holocausto nuclear, puede haber epidemias; ya ven que siguen apareciendo virus y bacterias; puede haber catástrofes naturales, de tal manera que esta concepción freudiana del amor como una manera de convivir y cuidarnos unos a otros y procrearnos y la perpetuación de la especie, nos basta de fundamento para conmemorar la salud materna y prenatal.
Sin embargo no quiero que esto quede en conmemoración, ojalá no sea nada más una fecha en el calendario y un pretexto para ceremonias frívolas y banales; ojalá y este compromiso que estamos hoy adquiriendo redunde en más recursos para salud, en más atención a hospitales materno infantiles, en más responsabilidad para médicos y enfermeras, en más equipamiento para ellos, en estudiar y catalogar mejor enfermedades de la mujer embarazada que ya se han mencionado aquí: la preclamsia, la diabetes gestacional, el cuidar cuando haya amenaza de aborto, cuidar cuando haya abortos de alto riesgo que ciertamente existen, y en fin, hay mucho que hacer para cuidar a nuestras mujeres y a nuestros niños, pero sin olvidar que finalmente de esto depende una expresión de amor y que sigamos en este planeta indefinidamente. Gracias por su atención, buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, diputadas y diputados, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto nuestra posición respecto al proyecto de decreto que en el honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año como Día Nacional de Salud Materna y Perinatal.
Día a día fallecen en nuestro país mujeres embarazadas, lo que representa un grave problema de salud pública, porque se pone en peligro la vida de la mujer y de los recién nacidos.
Resulta intolerable que en el conocimiento actual la mayoría de estos casos pueden controlarse y prevenirse. La mayoría de las muertes maternas representan una violación a los derechos humanos.
Por otra parte es indicador fundamental del desarrollo social y sanitario de un país, ya que este problema se encuentra estrechamente relacionado con las condiciones socioeconómicas de la población.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Año tras años unos 8 millones de niños mueren por causas evitables, y más de 350 mil mujeres mueren por complicaciones evitables relacionadas con el embarazo y el parto.
En nuestro país, a partir de la Ley de Planeación de la Ley General de Salud y del Programa Nacional de Desarrollo se han instrumentado programas en los cuales se establece que la atención materno-infantil es prioritaria y a formar parte de una salubridad nacional.
Actualmente se cuenta con el programa de acción conforme al acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública en los estados. Existe un presupuesto focalizado para programas y acciones específico, pero pese a éste, casi en todas las entidades hubo una reducción mínima del número de fallecimientos maternos evitables, y con esta tasa de muerte materna, cinco de los nueve estados reciben más recurso presentando una disminución baja de 10 al 21 por ciento; sin embargo, representaron un 66 por ciento del crecimiento de muertes evitables en términos absolutos.
Datos del observatorio de la maternidad materna en México, nos revelan que un número absoluto total de muerte maternas en México en 1990 al 2010, ascendió a 27 mil 71 mujeres fallecidas por complicaciones en el embarazo, aborto, parto y puerperio.
En Morena compartimos esta preocupación, por ello hemos venido pugnado porque se destine más presupuesto al gasto social, al gasto destinado a la salud, para que en este caso las mujeres durante el embarazo, parto y postparto tengan acceso a recibir una atención médica oportuna y adecuada de calidad y calidez para así hacer efectivo. Éste es un derecho humano.
En Morena estamos convencidos de que la salud materna y perinatal es una prioridad, un elemento de justicia social por lo cual votaremos a favor de este dictamen, pero no con la idea de que se quede como una fecha más en el calendario de conmemoraciones, sino como la idea de visualizar la problemática que nos ocupa para hacer referencia a que tenemos un país con un compromiso pendiente con las mujeres y con los recién nacidos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guzmán. Y ahora tiene la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sofía González Torres: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el urbanismo es la planificación de los lugares de ambientes en los que se desarrolla la vida cotidiana, nos ayuda a proyectar ciudades y comunidades con orden y mayor calidad de vida.
El Día Mundial del Urbanismo se conmemora a solicitud de la Organización Internacional de Urbanistas, una institución fundada el 8 de noviembre de 1949, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Esta tiene el fin de promover la creación de comunidades sostenibles y abrir espacios de reflexión sobre los impactos ambientales que produce el desarrollo de cada una de las ciudades.
Los integrantes de mi grupo parlamentario nos sumamos y celebramos esta declaratoria como Día Mundial del Urbanista Mexicano, ya que consideramos de suma importancia reconocer la gran labor de estos profesionistas mexicanos y sus aportaciones al país.
En cuanto al segundo dictamen que se somete a consideración de esta asamblea por la Comisión de Gobernación, respecto a la conmemoración del Día de la Salud Materna y Perinatal, me gustaría compartir con ustedes algunos datos relevantes de la Organización Mundial de la Salud.
Al día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas relacionadas a embarazo y a partos. La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y comunidades más pobres, además son las jóvenes adolescentes quienes siguen siendo las que tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte a causas del embarazo.
Sin duda la atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles la vida tanto a las mujeres como a los bebes. Por ello resulta fundamental que todas las mujeres mexicanas tengan acceso a la atención perinatal durante la gestación, durante el parto y después del mismo.
Hoy en día la atención prenatal ha aumentado en muchas partes del mundo, no obstante solo el 51 por ciento de las mujeres de los países de ingreso bajos reciben una atención especializada durante el parto, lo que significa que millones de partos no son asistidos por médicos, sino por una matrona o una enfermera diplomada.
Para mejorar la salud materna hay que reconocer y eliminar dichos factores, sumando a los obstáculos el acceso a los servicios de salud materna y de calidad. El Partido Verde Ecologista se suma a la declaratoria de salud materna y perinatal para crear conciencia ante la población y los órganos de gobierno en todos y cada uno de los niveles. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Y tiene ahora la palabra el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado David Gerson García Calderón: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las y los diputados.
En primer término, el Grupo Parlamentario del PRD considera de suma importancia que se declare el día 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano, y más allá de reconocer la labor de los urbanistas mexicanos debe de ser una fecha para reflexionar sobre la situación que ha alcanzado el urbanismo en México.
El primer asunto conceptual es preguntarnos si tenemos ciudades sustentables e incluyentes en México, para lo cual utilizamos una definición del año 2000 del Programa Nacional de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, donde nos dice que una ciudad sustentable es una ciudad donde los logros alcanzados en el desarrollo social, económico y físico son perdurables. Una ciudad sustentable posee una oferta continua de los recursos naturales en los que basa su desarrollo. Una ciudad sustentable mantiene una seguridad permanente frente a los riesgos ambientales que pueden amenazar su desarrollo.
La respuesta es que ante tal definición en México aún no la tenemos, y exponemos que existe un crecimiento del deterioro de las estructuras físicas de las ciudades que se refleja en la inseguridad, en el equipamiento urbano, en los servicios públicos básicos, la falta o los problemas con que operan las áreas recreativas y culturales, y nuestras ciudades tienen hoy más sombras que luces.
Por eso es necesario preguntar qué hacer para evitar esta situación. Se deben de lograr políticas públicas que nos permitan transitar hacia las ciudades incluyentes y sustentables en México. Por eso el Grupo Parlamentario del PRD propone promover una nueva política urbanista que garantice un desarrollo ordenado y racional de las ciudades mexicanas. Queremos una nueva cultura del territorio basada en un desarrollo responsable y sostenible para todas las comunidades.
En el segundo de los dictámenes, el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, los diputados del PRD nos pronunciamos a favor de que se declare este día, puesto que con ello reafirmamos nuestra exigencia de lograr un sistema de salud público incluyente y de calidad.
Tener un día de referencia significa hacer un corte en el camino y evaluar las políticas de salud implementadas para evitar este tema, en particular. Sin embargo, no debemos olvidar los pendientes que aún tenemos en este tema.
Compañeras diputadas y diputados, en México la atención de la salud materna y perinatal, aunque ha logrado avances presenta dos grandes desafíos, por un lado continúa siendo un sistema desigual y, por otro lado, es insuficiente en la protección pregestacional.
Pero nos pronunciamos a favor de estos dos dictámenes, para que se tomen medidas en relación a estos temas. Muchas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Tiene ahora la palabra la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Jacqueline Nava Mouett: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la mejora de la salud materna fue uno de los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio adoptados por la comunidad internacional en el año 2000, comprometiéndose a reducir la mortalidad materna en un 75 por ciento, entre 1990 y 2015.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren en todo el mundo un promedio de 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, prácticamente todas estas muertes se producen en países con bajos ingresos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado.
Las complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto, o después de ellos, causan el 75 por ciento de las muertes maternas. Estas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles y tratables, otras pueden ser presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria de la mujer.
Entre las complicaciones más comunes pueden mencionarse las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional, complicaciones en el parto, los abortos peligrosos.
Este dictamen, que hoy se pone a consideración del pleno, resulta oportuno porque recién ha terminado el 2015 y con él ha concluido el plazo para que nuestro país cumpliera con la reducción de las muertes maternas.
Lo anterior resulta pertinente si consideramos que en nuestro país mueren un promedio de mil 190 mujeres cada año en el momento del parto, debido a una mala o inoportuna atención médico-hospitalaria.
Como ejemplo de lo anterior, no deben quedar en el olvido los 14 casos de mujeres indígenas en el estado de Oaxaca, que se vieron obligadas a dar a luz en plena calle ante la negativa de salud de estado, de proporcionarles atención oportuna, con calidad y con respeto a su dignidad.
Detrás de la ocurrencia de la mortalidad materna infantil, frecuentemente nos encontramos con actos de discriminación, de negligencia, ignorancia, pobreza y falta de acceso efectivo a los servicios de salud, entre otros muchos factores.
Por ello, también nos congratulamos de que el pasado 12 de noviembre de 2015 finalmente se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación las adiciones a la Ley General de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE, que establecen la obligación para prestar atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, independientemente de la derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
Por cierto, reforma que derivó de una iniciativa presentada en esta Cámara por nuestro grupo parlamentario. No obstante, este importante avance, los legisladores de Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con mujeres de este país, votando a favor del presente dictamen y manifestándoles, desde esta tribuna, que redoblaremos nuestros esfuerzos para que el trabajo legislativo en esta Cámara rinda frutos en beneficio de la salud materna y de todas ellas y de sus hijos.
Por otra parte, el urbanismo se mide por calidad de los espacios públicos y por su capacidad de promover dinámicas transformadoras y articuladoras del tejido urbano. Al declarar el 8 de noviembre como Día del Urbanista Mexicano se reafirma el compromiso del Estado mexicano con esta importante profesión, al tiempo que nos permite adherirnos a la conmemoración del Día Mundial del Urbanismo, que estableció en 1949 la Organización de las Naciones Unidas y que hoy celebran más de 30 países, en cuatro continentes.
México es un país en su mayoría urbano y su población demanda día con día una mejor calidad de vida, que le permita establecer derechos humanos asociados al territorio, a la vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a la salud, a la movilidad y a un medio ambiente sustentable.
De ahí que lograr ciudades sostenibles y sustentables es un reto para las autoridades de los tres ámbitos de gobierno involucrados, a fin de lograr una planeación ordenada que dé respuesta a los compromisos internacionales establecidos por Naciones Unidas, relacionados a la Agenda 230 para el desarrollo sostenible. Por ello es que Acción Nacional votará a favor de estos dos dictámenes. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nava. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados que integran la Mesa Directiva. Agradezco la confianza que me brinda mi coordinador parlamentario, el diputado César Camacho, para hablar a nombre de mi grupo, los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Saludo con afecto a mi compañera diputada Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación.
Compañeros diputados, tanto en la vida cotidiana como en el calendario cívico, el establecimiento de fechas conmemorativas conducen a la construcción de identidad y a la existencia de una cultura que nos haga recordar las prioridades y aspiraciones que tenemos como sociedad, reconociendo también a quienes contribuyen con esa labor.
Como mexicanos, la protección de la salud de nuestras familias, y en especial de las mujeres y la niñez mexicanas son una de las más grandes aspiraciones que como nación hemos tutelado desde la Carta Magna.
¿Y por qué es deber de esta soberanía seguir estableciendo mecanismos que conduzcan a la realización de esa aspiración que como sociedad tenemos? En donde todos participen.
El Grupo Parlamentario del PRI de esta Legislatura avalamos a plenitud que el 9 de mayo de cada año sea considerado dentro del calendario cívico nacional como el Día Nacional de la Salud Materna y Prenatal.
Creemos que esto permitirá arraigar aún más en la conciencia colectiva lo importante que resultan desde nuestro propio hogar los establecimientos hospitalarios de la red de salud pública y privada y en la sociedad en general, el tener siempre presente que para cuidar de la salud materna y prenatal se requiere de la participación de todos. Fundamentalmente para concretizar los objetivos de las políticas públicas que existen en materia de prevención y promoción de la salud.
Pero también para seguir difundiendo esa política de cero rechazo a las mujeres embarazadas cuando tengan alguna circunstancia de gravedad, que sean atendidas en cualquier establecimiento hospitalario público, tal y como también lo ha dispuesto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, desde siempre como sociedad tenemos la legítima aspiración de que nuestras familias vivan y cuenten con espacios que privilegien el orden, la movilidad, la conectividad y la seguridad, y que en conjunto permitan tener mayor calidad de vida, producto, además, de una planificación adecuada y sustentable.
En este sentido, el trabajo del urbanista adquiere suma importancia para el cumplimiento de estos objetivos. El trabajo del urbanista impacta en la forma de vida y en la plenitud de los pueblos. Por ello, es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México, quienes a diario, con su talento y sus propuestas contribuyen a construir un hábitat más agradable y funcional.
En este sentido, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI respaldamos que se establezca en México el 8 de noviembre como el Día del Urbanista, recordando que vivir adecuadamente es un derecho básico, humano, fundamental. Es un esfuerzo por generar un mejor entorno para la sociedad.
Compañeros diputados, este es el momento de confirmar nuestro absoluto respeto y reconocimiento a los mexicanos que contribuyen a espacios más habitables y con la movilidad que aspiramos para tener una vida digna y de calidad. Pero también es el momento para refrendar el aprecio, protección y solidaridad con la salud de quienes resguardan con amor en su vientre la esperanza del país, una esperanza que vive y late fuerte desde el corazón de la patria. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sulub.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Todavía está abierto el sistema de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor emitieron 420 votos a favor, cero en contra.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En estos momentos vamos a votar el proyecto de decreto, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 8 de noviembre de cada año, como el Día del Urbanista Mexicano. Favor de emitir su voto.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 397 votos a favor, 0 en contra.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos...
El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Camacho, de viva voz por favor.
El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul). A favor.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se registra el voto a favor del diputado Camacho, para los efectos legales correspondientes. Queda registrado el voto del diputado Jorge López, a favor.
Aprobado en lo general y en lo particular por 399 votos el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el día 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la agenda económica y la situación actual de la economía. Esta Presidencia ha recibido la lista de oradores de cada uno de los partidos políticos. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, para comentar lo relativo a la agenda económica y a la situación actual de la economía el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado Clouthier.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente, nada más esperaría que en esta agenda política se me diera la oportunidad también de participar. Me sorprende que no estuviese convocado un servidor.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Vamos a continuar con el uso de la voz del diputado Flores, y en un momento informamos su solicitud, diputado Clouthier. Adelante, diputado Flores. Perdón, diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para manifestar, por instrucciones de mi coordinador, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la lista empezara con el ingeniero Clouthier, en todo caso.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Vamos a tomar el siguiente acuerdo: continúa el diputado Flores, que ya está en tribuna, y enseguida se le dará el uso de la voz al diputado Clouthier. Adelante, diputado Flores.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Compañeras y compañeros diputados, es claro que el entorno económico de nuestro país nos obliga a todos a poner luces amarillas. Es claro también que afortunadamente la fortaleza estructural de la economía en estos momentos nos permitirá seguramente tener herramientas e instrumentos que en el pasado, en las distintas crisis económicas cíclicas en este país, no se tenían.
Hace unos años cuando los mexicanos le apostamos todo al petróleo, el precio del barril del petróleo era más de 100 dólares por barril. Hoy hay omentos en los que está por debajo de los 20.
Afortunadamente hemos despetrolizado la economía de nuestro país, de tal manera que al tener un sector completamente industrial y distinto a solamente estar centrado en la parte del petróleo, hoy podemos navegar por aguas distintas, completamente diferente a lo que hubiese sido hace unos años.
Desde luego que hay y debe de haber preocupación por el tema del dólar. Desde luego que tener los niveles arriba de 19 pesos el dólar, no es una buena noticia. Por eso desde esta máxima tribuna del país instamos a las autoridades hacendarias porque lo más importante en estos momentos es mantener la inflación controlada.
No podría haber peor noticia para los mexicanos que después de esta crisis con la que se está comenzando este año, en todo el mundo, que no tuviéramos control sobre los distintos indicadores de la inflación.
Afortunadamente hoy tenemos la obligación –vuelvo a insistir, desde esta tribuna– a pedirle al secretario de Hacienda que se sigan haciendo los mejores y los mayores esfuerzos para que la inflación siga controlada.
Hace unos años, la rigidez de nuestra economía, nuestra deuda pública, las altas tasas de inflación, nos hubieran tenido al borde de una catástrofe económica. Hoy esos indicadores económicos nos permiten asegurar que sólo tenemos las herramientas para que no ocurra una catástrofe en nuestro país; un nivel de reservas internacionales muy importante, que rebasan los 175 mil millones de dólares.
Un crédito en el Fondo Monetario Internacional que lleva a nuestras finanzas a la seguridad de poder contar con casi 250 mil millones de dólares entre las reservas y el crédito. Una deuda pública que está controlada porque se ha venido cambiando la estructura de la deuda.
Una deuda interna que también tiene mejores plazos, pero por favor, no lo descuidemos, porque si bien es cierto que hoy hay buenos indicadores económicos, también es cierto que la alta volatilidad que están experimentando los mercados internacionales en estos momentos de economía globalizada, nos hacen que los mexicanos estamos muy atentos porque hay peligros y hay peligros importantes.
No nos cabe la menor duda que sí, están bajando los precios del petróleo, y por lo tanto, hay también mejores precios en nuestro país. Que sí, están bajando las tarifas eléctricas y hoy hay más competitividad en nuestro país en este sector.
Sí, si bien es cierto que todos los índices económicos nos dicen que, el consumo sigue estando en muy buenos niveles en nuestro país, hoy lo que nos queda por hacer, es estar atentos y seguir viendo qué vamos a hacer con respecto al gasto corriente del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales.
Ha llegado el momento de pensar seriamente cómo le vamos a hacer para no tener ese gasto corriente tan amplio en todos los niveles de gobierno de nuestro país.
Y le queremos pedir a la Secretaría de Hacienda que se revise, no con impacto al gasto productivo, sino al gasto corriente, los recortes no solamente del año que entra, sino que desafortunadamente posiblemente este año también se tengan que hacer en nuest5ro país, siempre cuidando el gasto social y la inversión productiva del gobierno que tantos empleos sigue generando en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Clouthier Carrillo, hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, señor presidente. El reciente informe de la Secretaría de Hacienda sobre el estado que guardan las finanzas y la deuda pública al cierre de 2015 nos da cuenta de graves problemas: primero el fracaso del gobierno federal para contener el gasto público, el informe indica que el gasto total del sector público resultó superior en 200 mil millones de pesos a lo presupuestado y aprobado por este Congreso de la Unión.
Esto quiere decir que, a pesar de la caída en los ingresos petroleros, el gobierno sigue gastando irresponsablemente, incluso gastando más de lo presupuestado y aprobado por esta soberanía. Esta realidad evidencia lo fallido del intento del presupuesto base cero que anunció el año pasado el secretario Videgaray, al tiempo que indica que no hubo un recorte efectivo en el gasto público como lo habría anunciado la propia Secretaría.
Por otro lado, también en este informe de marras nos habla de la crisis económica por la que atraviesa Petróleos Mexicanos.
Pemex, en 2015, mis compañeros, perdió dinero incluso antes de que el gobierno federal le cobrara los derechos de explotación de crudo. Esta pérdida antes de impuestos ascendió a 120 mil millones de pesos, y como toda pérdida debe ser financiada, esto impacta en la deuda de la institución.
Compañeros, la crisis económica del gobierno federal es una crisis estructural y no coyuntural como se nos quiere plantear. La crisis económica del gobierno federal, si bien está impactada por la caída en los ingresos petroleros, también es cierto que esta crisis es una gran oportunidad como lo dijimos oportunamente, para hacer una transformación sustancial en las finanzas públicas del país, tanto en los ingresos como en los gastos, y por supuesto en el control de la deuda.
El mismo informe al que hago referencia nos dice que la deuda pública ronda ya cercana la cifra de los 8 billones de pesos. Representa el 48 por ciento del PIB. Este dato es impresionante porque ésta era la estimación a la que se aspiraba llegar para finales de sexenio. Es decir, mientras el gobierno sigue gastando más, su déficit sigue creciendo y ese déficit está teniendo que ser financiado con deuda pública y esto lo está poniendo ya en situación grave.
Los parámetros internacionales nos hablan de que la deuda no debe ser superior por ningún motivo al 60 por ciento del PIB, y eso nos lo plantean para países desarrollados. México como país emergente tiene que ser obligadamente más conservador.
Otra manera de medir la deuda ya no es sólo comparado con la producción de bienes y servicios del país, entiéndase el PIB, sino también lo tendríamos que medir con los ingresos del gobierno. Hoy la deuda del gobierno federal asciende cercano al 170 por ciento de sus ingresos. Es decir, la deuda en estos tres años ha crecido en un 50 por ciento, una cantidad cercana a los 2.5 billones de pesos.
Compañeros diputados, esto no es vacilada, no es queriendo lucrar tampoco con la crisis, sino es haciendo un llamado a tiempo para que atendamos como soberanía que nos corresponde en sistema republicano mexicano, como Poder Legislativo somos el único órgano encargado de la aprobación y la fiscalización de presupuestos y por consecuencia, también los que deberíamos de ser contrapeso en el sistema republicano y vigilantes del gasto del Poder Ejecutivo.
Hago un llamado a todos nosotros, porque faltan todavía tres años. Ninguna de las crisis que se han denunciado en su momento, en gobiernos estatales, llegaron al grado de deuda de la noche a la mañana, fueron creciendo paulatinamente. Faltan tres años y esta soberanía tiene que tomar cartas en consecuencia.
Hago pues un llamado a todos nosotros y a ustedes, a que consideremos seriamente este tema, porque se considera que los próximos dos años todavía seguirá habiendo una baja en los ingresos petroleros y, por consecuencia, tendremos que actuar en consecuencia con responsabilidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier.Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Mariano Lara Salazar: La adversidad económica no es una situación privativa de nuestro país. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el entorno económico de México se vislumbra difícil. De eso somos conscientes.
La caída de los precios internacionales del petróleo ha afectado sensiblemente la política económica del país. Esta situación se debe a la existencia de una sobreoferta mundial del hidrocarburo y dado a que los países que integran la OPEP, se han negado a disminuir su producción, los daños que se causan a una economía altamente petrolizada, como la nuestra, son evidentes.
Derivado de lo anterior, nuestra moneda se ha visto depreciada, lo que ha originado un alza en el precio del dólar, misma que ha llevado al Banco de México a realizar subastas de dólares, como una forma de disminuir la devaluación del peso.
El dólar ha alcanzado máximos históricos, llegando el pasado 11de febrero a ofrecerse en un precio máximo de 19.50 pesos por dólar en algunos bancos de la Ciudad de México. Esta situación de sobrevaluación del dólar es global y nuestro país ha sido afectado como muchas otras monedas en el mundo.
La Reserva Federal de los Estados Unidos ha elevado sus tasas de interés, circunstancia que también ha provocado que los flujos de capitales regresen a mercados más estables, como lo es Estados Unidos y esto afecta a economías emergentes como la nuestra.
Otro factor que contribuye a la depreciación de nuestra moneda, es que vivimos en una economía globalizada. La situación de uno de los principales consumidores del petróleo como lo es China, tiene una repercusión en la estabilidad económica mundial.
Si bien el peso se ha visto muy afectado por el incremento del dólar, hay países que han sufrido una caída mucho más pronunciada, como lo es el caso de Argentina, Brasil, Sudáfrica, Colombia, Turquía, entre muchos otros países.
Ahora bien, es necesario subrayar que la política cambiaria del país, es un conjunto de acciones que el Banco de México realiza para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias de los precios, y que la evolución de estos sea congruente con el objetivo de mantener un entorno inflacionario estable y bajo.
Lo anterior quiere decir que estas acciones no son competencia del gobierno federal, sino del Banco de México, que como se establece en el artículo 28 constitucional, en su párrafo sexto, es un órgano autónomo y cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda.
El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 115.954 durante enero de 2015, para enero de 2016 fue calculado en 118.984, este indicador, así como el de la inflación, han incrementado, ya que en 2015 la inflación se calculó en 2.1, y al mes de febrero de 2016 se ubicó ya en un 2.61.
La situación de Pemex es particularmente inquietante, por esta razón reclamamos la necesidad de que se tomen las acciones necesarias para dar solución a los problemas de esta empresa.
Para Nueva Alianza la prioridad es que las medidas que se tomen en materia de disciplina financiera afecten lo menos posible a la población, motivo por el cual es imperativo hacer más eficiente el gasto público.
Lo anterior cobra particular relevancia, dado que si bien la Ley de Ingresos de 2016 no se contrató una deuda externa, el 80 por ciento del actual se encuentra en dólares, sobra mencionar la afectación que este rubro tiene sobre el tipo de cambio.
Resulta fundamental que exista una verdadera disciplina fiscal y una ejecución adecuada y transparente de los recursos públicos. La austeridad y la transparencia tienen que convertirse en el estandarte de la administración pública, hacerlo de otro modo sería una afrenta a la sociedad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que a pesar del panorama pesimista de la economía mundial existen oportunidades para mejorar nuestra economía interna. Fortalecer el sector de las exportaciones. Promover el turismo y contribuir a consolidar un esquema tributario saludable son acciones necesarias para enfrentar la adversidad financiera global. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Saludamos la presencia de representantes indígenas del estado de Puebla, invitados por el diputado Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Bienvenidos, amigos líderes, a San Lázaro.
Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y los compañeros presentes en la sesión, lo que plantea Movimiento Ciudadano respecto a la situación económica que está viviendo nuestro país es que el gobierno debería asumir con más seriedad esta discusión.
Si ante una emergencia de carácter natural, ante un desastre natural el gobierno toma medidas que le explica a los ciudadanos para saber cómo reaccionar frente a ellas, ¿por qué frente a la situación económica que vive México no tenemos a un vocero de carácter oficial, a un vocero del gobierno explicándole en términos prácticos a los ciudadanos cuáles son las previsiones, cuáles son las medidas que deberían de tomar frente a lo que sucede?
¿Por qué opta el gobierno por los espacios en los programas del corazón, para a través de voceros no oficiales tratar de hacer no una explicación sino una justificación de la situación económica?
Ya dijo algunos de los argumentos de la situación que está viviendo nuestro país el diputado Clouthier, que no es menor y que no está de más volver a enlistar.
El peso mexicano, contrario a lo que han querido decir los voceros no oficiales del gobierno, es una de las monedas que más se ha devaluado en lo que va del año frente a las monedas más fuertes del mundo.
El precio del petróleo se encuentra en un mínimo histórico y no hay razones para creer que viene una evolución de mejoría en su cotización.
La deuda es del 45 por ciento del producto interno bruto, triplicándose o aumentando en un 30 por ciento, mejor dicho, en lo que va del sexenio, pasando del 34 por ciento del producto interno bruto al 45 por ciento. Y tenemos a un gobierno que, contrario a lo que dice, que es un modelo económico liberal de un Estado respetuoso del mercado, ha incrementado su gasto de manera irresponsable, incluso por encima de lo presupuestado, por encima de lo que esta soberanía ha definido hasta en 156 mil millones.
Nosotros, que siempre hemos puesto el pretexto de la economía de Estados Unidos, nuestra industria está creciendo menos que la industria de Estados Unidos.
Frente a eso, lo que Movimiento Ciudadano propone es precisamente sin caer en el juego de ser aplaudidor o ser abucheador del gobierno, como se quiere convertir la discusión en este Congreso por momentos, es plantearle preguntas muy específicas que van mucho más allá de la especulación.
¿Qué se ha hecho durante los últimos tres años para llevar la economía a este punto? ¿Por qué se ha incrementado la deuda de una manera tan acelerada que incluso ese manejo de la deuda ya hizo que el Banco Mundial y que el Banco de México hablen de que tiene que haber ajustes dolorosos pero necesarios?
¿En qué se ha invertido esa deuda? ¿Por qué no llevamos la discusión de la economía a la realidad inmediata de los ciudadanos? Si es importante para nosotros combatir la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica. Pero, ¿qué está pasando con el poder adquisitivo de los ciudadanos y con la calidad de vida de las y los mexicanos? ¿Cuánto le está costando a los mexicanos aspirar a una vida digna y quiénes lo están logrando? ¿En qué se gastaron los 156 mil millones de pesos que sobreejerció el gobierno federal en 2015 y por qué este gobierno no le apuesta a sectores económicos pujantes, de empuje internacional como la cultura, a la que le reduce el presupuesto y ha aumentado sistemáticamente el gasto en un rubro que no tiene prácticamente multiplicador de la inversión como es la publicidad oficial?
¿Por qué los criterios que aplicamos en un sector de la economía no se aplican para otros? ¿Por qué autonomía sí al Banco de México, con la que compartimos y siempre hemos dicho que hay que defender? Pero no ese nivel de autonomía al Ifetel o a la Comisión Federal de Competencia.
¿Por qué a un sector se le protege con el argumento de la soberanía, como es el sector de telecomunicaciones en donde la televisión no se puede ni invertir y otro sector se abre a los sectores energéticos a la inversión privada de los extranjeros?
Frente al tema del ajuste presupuestal, ¿cuáles son los sectores del gasto que el gobierno está planeando recortar y qué implicaciones van a tener esos recortes para los ciudadanos?
¿Qué previsiones hay que tener frente a la política cambiaria y qué es lo que los ciudadanos tendrían que decidir a inicios de este año para enfrentar de una mejor manera la situación económica que está por venir?
Nosotros creemos que ya acabó el modelo de capitalismo de compadres, que ya acabó el modelo monopólico con el que este gobierno ha pactado y ha disfrazado un supuesto libre mercado que no es tal. Aquí hay grupos de interés y poderes fácticos determinando la política económica de México que no está al servicio de los ciudadanos sino está al servicio de unos cuantos.
Por eso anticipamos que nuestra propuesta es invocar la figura de pregunta parlamentaria fundamentada en el artículo 93 constitucional, para solicitar al Poder Ejecutivo federal una explicación clara de la situación económica que tiene el país, de las condiciones que nos llevaron a esta situación y de las acciones y las políticas que se van a emprender para reordenar el gasto público y alentar nuestra economía.
Nosotros creemos que es tiempo de ponerle fin a un modelo económico al servicio de grupos de interés y poderes fácticos y alentar una política económica al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos de México. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del diputado presidente. En el 2006 se decía que uno de los candidatos presidenciales era un peligro para México, en ese momento la proporción de deuda pública con respecto al PIB era de 25 por ciento y hoy es de más de 50 por ciento.
Este país logró por algún momento finanzas públicas sanas y esas finanzas públicas sanas no se convirtieron en crecimiento económico. Este país crece algo así como uno por ciento en términos per cápita en los últimos sexenios. Ni en mejor distribución del ingreso. El uno por ciento más rico del país tiene más del 25 por ciento de la riqueza. Uno por ciento que no gravamos como en otros países con impuestos, adherencia o al patrimonio. Hubo estabilidad, pero no hubo crecimiento y no hubo distribución. Ahora, tampoco tenemos estabilidad.
El gobernador del Banco de México dejó en claro, que uno de los factores que explican la caída del peso más que otras monedas en el mundo tiene que ver con el nivel de gasto público en México, tiene que ver con la enorme deuda que le hemos puesto a Petróleos Mexicanos y a su inviabilidad financiera por la falta de inversión.
De acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de esta administración, el año pasado la inversión productiva cayó en 8.3 por ciento y el gasto corriente se incrementó en casi 6 por ciento. Esas son las prioridades de este gobierno.
La deuda pública se incrementó en 4.3 puntos del producto interno bruto del país. Es un incremento que nos lleva a niveles que tuvieron ya países como España o como Italia, antes del rescate bancario.
Dejemos en claro que las finanzas públicas de este país están en riesgo porque los momentos en los que los altos precios del petróleo pudieron financiar el petróleo, en esos momentos nos endeudamos.
Nos endeudamos sin invertir en grandes proyectos de infraestructura que lograran que el país fuera más productivo y que se generara empleo. Nos endeudamos para nada y es lo que hoy tenemos que pagar y por eso vamos a tener que enfrentar un recorte del gasto público que tendría que ser discutido por esta Cámara de Diputados.
No podemos permitir este recorte, se decía de manera unilateral, por la Secretaría de Hacienda porque entonces va a ser un recorte no al gasto corriente, no a los privilegios, pero sí que va a afectar a los mexicanos, y a muchos mexicanos honestos, que podrían perder su empleo.
No a las políticas de austeridad que generen más recesión. Eso no lo podemos permitir. Es una discusión que tenemos que dar en esta soberanía. El gasto se tiene que discutir en la Cámara de Diputados. Esa es nuestra principal atribución y, por tanto, si hay un recorte, este tendrá que ser decidido por nosotros.
Lo que enfrentamos hoy es la crisis de un modelo económico. Hacia eso hemos llegado. ¿Cómo es posible que el tipo de cambio se ha depreciado en más de 30 por ciento y nuestras exportaciones hayan caído?
México tiene un mayor déficit comercial a pesar de que la moneda se ha devaluado, porque no tenemos una política industrial que genere valor agregado en nuestras actividades; porque lo que exportamos es lo que importamos también; porque no hemos invertido en infraestructura suficiente para que ese país pueda salir adelante y en estas condiciones pueda exportar más.
Es una crisis de modelo porque no tenemos un gasto público capaz de incentivar la economía en el momento en el que el ciclo económico está abajo y entonces poder crecer. Es una crisis de modelo económico porque hoy las finanzas públicas no son sanas. La famosa reforma fiscal fue insuficiente.
El año pasado cuando cayeron los precios del petróleo los sustituimos por el incremento en las gasolinas. Más de 250 mil millones de pesos recaudamos el año pasado de los mexicanos de las gasolinas que pagamos.
Hoy no tenemos ni un país estable, ni un país que crece, ni un país que distribuye, ni un país que tiene política industrial para generar crecimiento. Por eso este país requiere un cambio político de fondo, de un proyecto progresista que recupere al Estado como el capaz de generar crecimiento y el capaz de generar la distribución del ingreso. Un nuevo proyecto del país que se proponga redistribuir, que se proponga generar capacidades productivas para realmente crecer.
El neoliberalismo, el neoliberalismo del PRI y del PAN, ha fracasado, y la crisis que hoy enfrentamos es su principal muestra. Necesitamos cambiar el modelo económico. Esa es la gran lección. Esto ha llegado a un punto en donde no hay estabilidad, no hay crecimiento, y no podemos dar buenas cuentas a los mexicanos.
Insisto, ojalá y las decisiones difíciles que se van a tomar en los próximos días en materia de recorte de gasto público, sean decididas por esta soberanía, y podamos contar en algo en hacer un país mejor. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Señor presidente, con su permiso. Le digo al presidente que hablamos ya para los que quedan, y tiene razón, rápido, antes de que queden menos. Para mis compañeros presentes, primero, gracias, gracias. Primero...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero son de calidad, así que...
El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: ...nadie puede negar la situación que vive el país, que es difícil y no la óptima que quisiéramos. Esto es lo que está pasando y nadie lo puede negar, es lo que la gente dice, es lo que repetimos, es lo que sabemos. Mal haríamos en quererlo disfrazar acá.
Sin embargo no voy a ponerme aquí a dar los números que ya dieron todos mis compañeros para dar una clase de economía ante lo obvio, un dólar caro, un petróleo muy barato, y necesidad de ajustar el gasto económico el gasto del gobierno, el gasto corriente.
¿Qué ha hecho el gobierno? Primero, controlar la economía. Nadie puede decir que no hay estabilidad cuando los factores siguen estando muy controlados. Se redujo el gasto, a pesar de las peticiones de gastar más, se redujo el gasto.
¿Qué hay que hacer? Primero que nada, pensar en la gente, pensar en los que están afectados, pensar en los que no han tenido la justicia social que requieren. Hay que gastar menos y gastar mejor.
Pero no sólo gasta el gobierno federal, gastan los estados, gastan los municipios, y tenemos que decir que más allá de partidos, los estados, los municipios y la federación, tiene que gastar de mejor manera.
Y por eso hay que darle al OFSCE, al órgano de fiscalización, a la Auditoría Superior de la Federación y a los de los estados, las herramientas para que cuando haya observaciones puedan proseguir hasta las últimas consecuencias. La gente está cansada de la impunidad de quien mal ejerce los recursos del gobierno municipal, estatal o federal, hay que decirlo.
Pero tampoco podemos decir que se no ha hecho nada. ¿Qué hacer? Seguir un gobierno responsable, hacer los ajustes económicos necesarios, pero sin afectar a la gente.
Recordemos que estamos acá porque nos debemos a la gente y tenemos que actuar con responsabilidad. Sin ser los que abuchean todo, sin ser los que aplauden todo, pero sí siendo los más responsables, y para no hay partido, para eso hay responsabilidad, para eso somos mexicanos. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salazar. Tiene ahora la palabra el diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Candelario Pérez Alvarado: Con su venia, diputado presidente. Hoy existe un hecho evidente, las proyecciones que presentó el Ejecutivo para el ejercicio fiscal no son sostenibles. De hecho, ninguna de las proyecciones de esta administración han sido sostenibles, aunque no sea clase de economía. La realidad está en cada uno de los habitantes de este país.
La justicia es la misma, la economía mundial es volátil. La justificación es la misma, la economía mundial que es volátil, ocurrieron fenómenos que el gobierno no supo interpretar.
Eso es un gran problema para este país, pone en evidencia que quienes se dedicaron a hacer análisis con profesionalismo, se supone, en torno a la conducción de la economía, no hicieron su trabajo correctamente.
¿Qué debe de hacerse desde ahora? Lo primero es reconocer que las cosas no han funcionado y que se requiere un cambio, el peor escenario es que el gobierno se empecine en decir que las cosas están bien. La situación a largo plazo no es mala, sino que nos digan que se debe a un entorno nuevamente volátil.
Hoy tenemos una crisis de finanzas públicas que obliga a debatir alternativas, el PRD está dispuesto a trabajar y a poner en sus argumentos con honestidad sobre la mesa, una demanda de gobierno que haga las cosas que necesita nuestro pueblo.
Se requiere reconocer la realidad en materia de ingresos, deuda y gasto. En materia de ingresos el problema es que los nuevos ingresos fiscales no se usaron como recursos adicionales para el desarrollo, se usaron para compensar la caída de la producción y el precio del petróleo.
¿Qué significa? Que un 35 por ciento de los ingresos proyectados no existen, aunque eso fue un alivio y es obvio que sin esos recursos la situación sería peor para este país. El caso es que los logros de la reforma se destinaron a mantener la inercia prevaleciente.
Nuestro país no puede seguir financiando los privilegios de unos cuantos, ya no se puede seguir en las devoluciones ni en las consolidaciones de beneficios de los grandes contribuyentes por miles de millones de pesos. Eso no puede ser tolerado, se requiere acordar reformas que reduzcan la discrecionalidad, los beneficios fiscales para las megaempresas, las personas más ricas de este país.
La situación de pobreza, desigualdad y acceso a los servicios y falta de infraestructura no se van a resolver solas. Hay que financiarlas. ¿Y, para eso, se requiere que mejoremos y protejamos a los ricos? No. ¿Darle el mismo trato que reciben en otras partes del mundo? El pago del ISR en México es menor al de los países de la OCDE, el cobro de las ganancias en bolsa es menor al de Estados Unidos y el conjunto de impuestos al patrimonio de las personas es más bajo en México.
La pregunta es: ¿Eso es justo para la mayoría de los mexicanos que sí pagan impuestos? Es evidente que no. Lo que debemos discutir es si en este momento de crisis es ético y justo mantener los privilegios o si ha llegado la hora de revisarlos y eliminarlos.
En materia de deuda hemos llegado al límite, nuestro requerimiento es ya de la mitad, ya no del presupuesto federal, sino del total de la riqueza de este país. En el PIB esto significa un saldo de 7 mil billones 978 mil millones de pesos. Ahora hay una carga mayor a las siguientes generaciones, y esto es totalmente irresponsable.
En el 2013 el saldo era del 38.8 del PIB, en las propias cifras del gobierno; hoy se tiene un saldo del 44.9, pero –que quede claro– sobre los datos que da Hacienda en materia del presupuesto actual. Vivimos una simulación legal, porque las cifras del endeudamiento incluyen obligaciones que sin duda son inadecuadas.
Se dice que Pemex y CFE más el Fobaproa y los rescates carreteros y otras obligaciones de pago son una simulación... esas ficciones del marco jurídico y reconozcamos que el déficit es déficit.
Además tenemos un gran riesgo porque están sumiendo en enormes pasivos sin la adecuada supervisión del Congreso. El gobierno y la mayoría del PRI impulsaron los pasivos laborales de Pemex y CFE fueran asumidos como una deuda pública, de manera que no se requiera la autorización de este Congreso. Estamos hablando de un billón 474 mil millones de pesos de Pemex y 201 mil millones en CFE.
Otro gran riesgo es que los proyectos denominados de alto impacto se han usado como justificación para obtener la autorización del Congreso a mayores niveles de endeudamiento, pero en realidad el dinero se destina a otros proyectos.
Para el Ejercicio 2015 se autorizó un endeudamiento que debió de usarse para proyectos como el tren México-Querétaro, el Túnel Emisor Oriente, pero todos sabemos lo que pasó ahí. El ferrocarril fue cancelado por un escándalo de corrupción y que existieron problemas de ejecución en el Túnel Emisor Oriente.
En el Ejercicio Fiscal 2016 se autorizó un déficit de 3.5 del PIB, pero de este monto se destinó el 1 por ciento para conceptos de proyectos de alto impacto sin que la Ley de Egresos o el decreto de Egresos señalara de forma específica su destino.
Lo que estamos señalando no es una hipótesis, es un hecho. El gobierno ha argumentado que se requiere un mayor endeudamiento y que su destino será de proyectos de alto impacto, pero no los ha hecho como tal. Entregar una lista específica de cuáles son esos proyectos y buscar redacciones con la obtención de flexibilidad para usar el dinero en cualquier otro proyecto. Eso no puede volver a suceder.
Por lo que es al gasto los recortes han sido un engaño, una simulación para este país. El primer engaño fue la campaña del gobierno en la que se dijo que se centraría el recorte del gasto corriente y que se protegería la inversión pública. Eso fue falso porque el recorte se concentró en Pemex y CFE, donde se dejaron de invertir 72 mil millones de pesos, lo cual presentó un 58 por ciento del recorte de 2015. Es decir, el gobierno simplemente dejó de un lado las cosas, que resultaba socialmente aceptable reducir el gasto corriente, pero hizo lo contrario; reducir el gasto de inversión.
Segundo engaño. Estuve en el manejo del recorte preventivo, el 30 de enero de 2015, el gobierno anunció un recorte de 124 mil millones de pesos, pero en realidad el resultado del ejercicio 2015 no se ajustó a ello, sino se incrementó.
El gobierno autorizó...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Busque concluir, diputado Pérez.
El diputado Candelario Pérez Alvarado: –En un momento termino, diputado presidente–. El gobierno fue autorizado por esta Cámara de Diputados el ejercicio de gasto de 4 mil billones 763 millones de pesos, pero en el cierre del 2015, el ejercicio fue en pagos de 4 mil billones 891 millones de pesos. Esto implica 128 mil millones de pesos adicionales.
¿Qué proponemos? El PRD pide, y que se hable claro y de frente, pedimos cosas básicas para el debate, pedimos que se elimine la simulación jurídica sobre el endeudamiento público, pedimos se incremente el déficit sin controles, pedimos mayor transparencia, vigilancia en el asunto de los pasivos de Pemex y CFE. Pedimos que el déficit se destine a proyectos de alto impacto de infraestructura.
En este periodo estamos solicitando que vengan las autoridades de la Secretaría de Hacienda, para que de frente discutamos la reducción al Presupuesto, si eso es lo que está planteando el gobierno federal.
Le pedimos debatir alternativas para solucionar la debilidad de las finanzas públicas, pero no como un fin en sí mismo. México no tiene tiempo, necesitamos rescatarlo entre todos. México requiere de recursos para financiar el desarrollo y eso es incompatible con los privilegios de la elite.
No nos interesa venir a denostar, por supuesto que somos oposición y vamos a criticar los errores, pero no queremos encasillarnos en un diálogo sordo, queremos que el gobierno reconozca que debemos impulsar acciones nuevas y planteamos que esa nueva ruta sea construida con acuerdos transparentes.
Con ese ánimo convocamos al gobierno a ratificar y a dejar de lado la idea de que un simple ajuste de gasto resolverá los problemas de fondo.
Es hora de que el gobierno escuche el mensaje de la sociedad, es hora de enfrentar la desigualdad, acabar con los privilegios y atender a la gente que es más humilde. Este es un momento en que la política...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.
El diputado Candelario Pérez Alvarado:... económica debe verse obligada a una reorientación. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Tiene ahora la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su venia, diputado presidente. Apreciables diputadas y diputados, hace días la Secretaría de Hacienda dio cuenta del comportamiento de la economía en el último año.
Un crecimiento económico del 2.5 por ciento, un crecimiento del 27 por ciento en los ingresos tributarios, un crecimiento del 3.5 por ciento a las entidades federativas y municipios vía participaciones y aportaciones, y un crecimiento de 644 mil plazas, derivado de los trabajadores afiliados al IMSS.
Pero omite el gobierno federal reconocer que los resultados se quedaron cortos ante sus propias expectativas de crecimiento con las llamadas reformas estructurales, sobre todo la fiscal y la energética.
Hay que hacer una reflexión más profunda, porque lo que verdaderamente sucedió en 2015, fue un mayor endeudamiento que ya hoy alcanzan la mitad del valor de la economía de la nación, una reducción de la inversión muy alta, un crecimiento del gasto corriente también del orden del 6 por ciento, y lejos de haberse cumplido con el recorte presupuestal, se ejerció un mayor gasto que fue cubierto mediante los aprovechamientos, por cierto, mismos que se habían subestimado en 175 mil millones y alcanzaron los 400 mil millones de pesos.
El crecimiento económico fue insuficiente para abatir significativamente la pobreza y la desigualdad del país, y si bien crecieron los ingresos tributarios se debió en gran medida a los contribuyentes de siempre, a los asalariados y al consumo de la clase media, que son quienes sostienen la recaudación impositiva, no así a la supuesta eficacia derivada de la reforma fiscal.
Los recursos canalizados a entidades federativas y municipios sólo se han venido traduciendo en una mayor deuda pública. Al cierre de 2015, esta deuda se incrementó hasta 536 mil 200 millones de pesos, endeudamiento que no ha servido ni para impulsar el crecimiento económico ni tampoco la competitividad en nuestro país.
El crecimiento de afiliados en el Seguro Social y a su vez la disminución de más de 4 mil millones de pesos en sus ingresos, sólo se puede explicar por la precariedad de los salarios en México.
Si no se presentan subejercicios presupuestales, tampoco es debido a una eficiencia administración del gasto, sino a los ajustes arbitrarios que el gobierno federal ha venido realizando.
Es incongruente que los diputados aprobemos, en esta soberanía, un presupuesto y que el Ejecutivo lo amplíe hasta un 55 por ciento en el gasto de la oficina de la presidencia, y en contra parte lo reduzca en un 147 por ciento en el gasto de hospitales generales y de alta especialidad.
¿Dónde quedó la racionalidad y austeridad del gasto cuando la Cofece, por ejemplo, reporta cursos para la prevención de emboscadas y manejo de vehículos blindados, siendo que su objeto es garantizar la libre competencia económica.
O cuando paradójicamente se otorgan a discreción más de 3 mil millones de pesos para donativos y subsidios cuyo destino carece de absoluta transparencia.
El gobierno federal presume la baja en el costo de luz, gasolina, telefonía móvil y larga distancia nacional, situación que no se refleja en los bolsillos de los mexicanos. Se tiene que reconocer que las reformas estructurales no están reduciendo el costo de la vida ni tampoco están protegiendo la economía de las familias mexicanas.
La ciudadanía se pregunta cuáles serán las consecuencias en su propia economía derivadas de los ajustes a la baja en el crecimiento económico, la inestabilidad cambiaria, la baja de los petro precios, el déficit en los ingresos de Pemex y su propia deuda, así como la certidumbre en la ejecución de los programas presupuestales aprobados.
Hacienda dice estar analizando recortes en Pemex y demás programas sociales. Nosotros en el PAN creemos que más que recortar el gasto se requiere de medidas responsables dotadas de una buena dosis de transparencia, encaminadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la protección del patrimonio de las familias mexicanas.
Sin duda, los escenarios en que aprobamos el paquete económico son diferentes a los que hoy estamos viviendo. La situación económica es delicada, y por tanto, los legisladores de Acción Nacional exigimos al gobierno federal implemente políticas responsables que supriman decididamente el gasto no prioritario y que en los ajustes no se limiten a recortar programas y plantillas laborales.
Esta soberanía demanda a las autoridades hacendarias conocer y debatir sus propuestas en materia económica para realmente mover a México.
En Acción Nacional queremos fortalecer un diálogo permanente con el gobierno federal en la búsqueda de esquemas que favorezcan el empleo formal, mejoren los salarios, impulsen la inversión productiva y preserven las fuentes de trabajo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac: Con el permiso del señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Primero que nada, me da mucho gusto que en las diferentes participaciones se reconoce que no ha sido por decisiones erróneas del gobierno de la República o por malas políticas públicas el que México enfrente una situación difícil en materia económica y que el mundo atraviese por una crisis internacional.
Se ha reconocido que es la desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo el de China, el que ha provocado una reducción de la demanda de materias primas. Que ha bajado también, entre otros, el precio del petróleo y el inminente crecimiento ya de las tasas de interés en Estados Unidos.
Lo que sí es responsabilidad del gobierno de México y de este Congreso es haber en su momento tomado las medidas necesarias para poder enfrentar futuras crisis. Eso provocó que en México se hiciera la reforma hacendaria que ha logrado que se reduzca en 50 por ciento la dependencia del presupuesto federal sobre los ingresos petroleros, al pasar de cerca de 40 por ciento a menos de 20 por ciento, al tiempo de incrementar los ingresos tributarios de 8.4 por ciento del PIB al 13 por ciento, lo que representa un incremento de 50 por ciento en 3 años de los ingresos tributarios.
Al mismo tiempo, el gobierno de la República ha cumplido su palabra, y este Congreso así lo ha avalado, de ir reduciendo los requerimientos financieros del sector público al haber logrado para este 2016, ponerlos en 3.5 por ciento del PIB e ir cumpliendo la meta para 2018 de 2.5 del PIB, cuando en el sexenio anterior tuvimos un promedio de 4 por ciento respeto al producto interno bruto.
También en términos de deuda pública, si bien ha crecido la deuda pública con respecto al producto interno bruto en México, hoy en México es de 46 por ciento, cuando en Alemania es del 71 por ciento. En Estados Unidos, un país referencia, rebasa a 100 puntos de producto interno bruto y en Japón casi es de 300 puntos del producto interno bruto.
Pero ¿qué sí se ha logrado en estos años? Por ejemplo, empiezo a dar algunas estadísticas y puntos que pueden avalar esta posición. México ha crecido gracias a las reformas económicas 17 posiciones en desarrollo del mercado financiero, según el Foro Económico Mundial. Seis posiciones en materia de infraestructura y preparación tecnológica. Cuatro posiciones en la eficiencia del mercado de bienes.
También en México se ha logrado en tan solo tres años disminuir por primera vez el costo de la energía en nuestro país, con una disminución de 3 por ciento en los precios de las gasolinas y el diésel. Han decrecido en estos dos últimos años 4 por ciento las tarifas eléctricas domésticas.
También el crédito ha crecido de una manera importante en estos últimos años, incrementándose en 5.5 puntos porcentuales con respecto al PIB.
También las tarifas telefónicas han bajado en México, 41 por ciento en tarifas de larga distancia internacional; 17 por ciento en tarifas de telefonía móvil y se ha eliminado el costo de la tarifa de larga distancia nacional.
Respecto a algunas otras cifras que pueden avalar que el gobierno ha actuado con responsabilidad, con seriedad, que ha enfrentado la crisis con suma consciencia de lo delicado de la situación macroeconómica de nuestro país, podemos ver también algunas cifras que pueden avalar el mejor desempeño de este gobierno respecto a otros periodos de gobiernos anteriores.
Se han creado cerca de un millón 800 mil empleos en estos primeros tres años de gobierno, contra 600 mil de los primeros tres años de gobierno del sexenio anterior.
También la inflación ha estado en estos tres años en un promedio de 3.4 por ciento y no llega ni al 3 por ciento en el primer mes de este año, las reservas internacionales han crecido 15 por ciento en promedio anual, la inversión extranjera directa 34 por ciento y los Cetes se encuentran en sus mínimos históricos respecto a sexenios anteriores.
También la tasa de desempleo, que es lo que más nos debe interesar, que genera ingresos para los mexicanos, se encuentran en el menor nivel, 4 por ciento en diciembre respecto al menor nivel que fue en 2007. Es decir, hemos mejorado el desempleo, respecto a ocho años para atrás y al mismo tiempo tenemos un crecimiento en el empleo para el mes de enero de 3.8 por ciento anual.
Y lo que también nos debe importar mucho, que son los salarios. Por fin estamos logrando que en México la gente gane más y que los salarios crezcan más que la inflación. Hemos logrado para enero de este año, un crecimiento del 1.5 por ciento real anual de los salarios, lo cual ha provocado que el consumo interno en México crezca de una manera importante y sea logrado un récord histórico del crecimiento de las ventas del ANTAD para tiendas iguales del 5.8 por ciento real anual, y también las ventas de automóviles reflejan el mayor crecimiento histórico desde que existe este indicador, con un crecimiento de 119 mil unidades para el primer mes de 2016.
Respecto al crecimiento económico de nuestro país, si bien no hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto, respecto al crecimiento en este entorno internacional difícil que han tenido otras economías, México refleja resultados importantes. México ha crecido a la par de lo que ha crecido Estados Unidos, muy por arriba del promedio de Latinoamérica y muy por arriba también de otros países como Brasil y Rusia que han decrecido.
Pero si bien estas cifras son cifras duras y cifras claras, quisiera decir algunos planteamientos de algunos organismos que avalan esta situación. El Fondo Monetario Internacional hace algunas semanas señaló, la economía mexicana ha mostrado resistencia durante el año pasado en un entorno complejo, esta resistencia refleja el compromiso de México con políticas macroeconómicas prudentes, esto al avalar para tres países en el mundo, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario.
Hoy, Víctor Herrera, director gerente para América Latina de Standard & Poor’s, señaló en Blumberg, que los esfuerzos de México por reducir los subsidios a la energía y ampliar su base impositiva contribuyen a aislar su calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, compañía que controla el Estado en momentos en que ésta enfrenta una caída en los precios.
Finalmente, la madrugada del día de hoy en Europa México colocó dos mil 500 millones de euros de deuda pública, habiéndose habido una demanda de casi cinco mil, del doble de lo que México colocó, a tasas casi en el nivel mínimo histórico y a plazos de casi 15 años.
Así que son los mismos mercados los que avalan no solo lo que dicen los analistas y lo que vengo a señalar aquí, así que ratificamos que si bien las cosas están difíciles, vamos por buen camino y la economía se encuentra guiada de una manera adecuada. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Estefan.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del vigésimo aniversario de la suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Esta Presidencia –a propósito– saluda y da la más cordial bienvenida a los expresidentes de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación del Estado de Chiapas, conocida coloquialmente como la Cocopa.
Al diputado Jaime Martínez Veloz, que lo fue en la LVI y en la LVIII Legislaturas; al diputado César Chávez Castillo en la LVI Legislatura; al senador Oscar López Velarde Vega, que lo fue en la LVI y LVIII Legislaturas; al diputado Marco Antonio Michel Díaz, en la LVI Legislatura; y tengo aquí anotado pero no lo veo, a menos que ande en otra parte al diputado José Narro Céspedes, en la LVI, LVIII y LXI Legislaturas. Bienvenidos, amigos expresidentes de la Cocopa. Están acá al frente.
Tiene la palabra para referirse al tema hasta por cinco minutos el diputado Diego Valente Valera Fuentes, presidente de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Adelante, diputado.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Hablar de la Cocopa para muchos es desconocido. Algunos han sugerido que su existencia ya no está fundamentada. Que lleva 20 años inerte, viviendo del recuerdo. Lo cierto es que un año antes del 16 de febrero de 1996, cuando la idea de la palabra y la razón se cerraban, cuando las condiciones para la violencia estaban dadas, fue este Poder Legislativo quien intervino responsablemente emitiendo como Congreso, una ley que trazó la conveniencia y la ruta de diálogo y la negociación con el EZLN.
Desde la pluralidad que somos, por encima de las diferencias partidistas, reconociendo justas las causas y privilegiando el bien de la nación, esa ley de diálogo y conciliación generó como instrumento a esta comisión bicameral que ofertara una salida de paz a través del diálogo y negociación como alternativa a las armas.
Después de meses de negociación, de presencia en la zona de conflicto, de mesas y mesas de trabajo, de convivencia, de respeto, de valor, un día como hoy de hace dos décadas, el gobierno mexicano firmó, ante los ojos atentos del mundo, los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Acuerdos que son los más significativos en nuestra historia reciente.
Quiero reconocer la presencia, como mencionó el Presidente de la Mesa Directiva, de hombres que vivieron en carne propia y que hicieron posible ese momento histórico. Muchos se nos han adelantado en el camino; quiero mandar un especial reconocimiento a un panista ejemplar, a don Luis H. Álvarez, a quien le envío un gran saludo hasta su casa, y dedicar este mensaje a la memoria de don Heberto Castillo, un hombre ejemplar, un mexicano reconocido; y también aprovechar este momento para reconocer a un hombre que no sólo fue parte de este momento histórico, sino que lleva 20 años siendo parte, estando cerca, estando pendiente, a mi amigo el arquitecto Jaime Martínez Veloz.
Un proceso que reconocía los derechos colectivos de carácter político social, cultural y económico para las comunidades indígenas, su libre determinación y autonomía, el reconocimiento de sus sistemas normativos, el derecho de sus tierras y territorios, y los derechos de las comunidades como sujetos.
Este acuerdo no sólo irradió esperanza a nivel nacional e internacional, sino más importante aún, penetró las entrañas de nuestros pueblos indígenas, que veían un acto de justicia ante esta deuda histórica que nuestro país arrastraba.
Pero cuando aún los ecos de las marimbas alegres se escuchaban en la selva, el entonces presidente de la República desconoció los acuerdos mutilando esas esperanzas nacientes y sembrando un silencio en las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Los argumentos utilizados por el gobierno, me avergüenza decirlos, como mexicano, porque balcanizaban y fragmentaban a nuestro país los acuerdos de San Andrés, se generaban estados dentro del Estado; ése fue el argumento que puso el gobierno.
Y yo me pregunto, cuándo fragmentar, es el horizonte de nuestros pueblos originarios. Cuándo ésta ha sido su naturaleza. Si los pueblos originarios han participado de manera directa en la construcción de nuestra nación, su nación, y que lo han hecho y que lo han construido con hechos, porque su sangre corrió en la Independencia de México a lado de Hidalgo y de Morelos, porque sangre zacapoaxtla defendió la soberanía nacional en intervenciones extranjeras, porque sangre de yaquis en el norte y de náhuatl en el sur, también corrieron en la Revolución Mexicana.
¿Cómo argumentar la fragmentación del país cuando un indígena en el uso del poder restauró la República? Era de Oaxaca y de apellido Juárez, su espíritu hoy está en las letras más grandes en este Congreso legislativo.
Compañeros legisladores, a 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ante la deuda histórica que aún persiste yo pregunto, ¿para qué esperar más tiempo? ¿Por qué dejar pasar la oportunidad histórica de la presente legislatura? Un gran honor sería para todas y para todos nosotros hacer realidad las reformas en materia indígena, que se reconozcan los derechos colectivos que los pueblos exigen y por los cuales han estado luchando por tanto y tanto tiempo.
Si bien es cierto que han existido intentos en los últimos años, ninguno de ellos abraza el espíritu de los acuerdos de San Andrés, ninguno ha sido suficiente. La exigencia por el reconocimiento de derechos no puede pasar desapercibida para nosotros, es el reclamo de 15 millones de mexicanos indígenas.
Han pasado muchos gobiernos, los que lo prometieron hacer en cinco minutos y lo que simplemente prefirieron ignorarlo. Por eso hoy sin posturas partidistas, sin posturas políticas, quiero celebrar lo hecho por el presidente de la República en septiembre de 2014, al anunciar en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas que después de tanto tiempo incorporara a la agenda nacional la armonización de la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas que no solo abraza, sino también complementa los tratados de San Andrés.
La vía para el cumplimiento está trazada, las condiciones políticas son propicias para que hagamos historia. La armonización legislativa de los tratados internacionales es el camino, una tarea del Estado mexicano, una deuda con los pueblos originarios, un compromiso del presidente de la República y una obligación de este Poder Legislativo.
Pido, con todo el respeto que puedo ofrecerles, con toda la voluntad de la Cocopa para con ustedes, que sin banderas, sin intereses de grupo, con el legítimo deseo de construir un México que conviva en paz a pesar de sus diferencias culturales, nos unamos para sacar delante de una manera responsable los trabajos encaminados a otorgar lo que por derecho corresponde a nuestros hermanos indígenas.
Hace 20 años generamos una salida de diálogo y conciliación como alternativa a las armas. Hoy, 20 años después, generemos reformas que salden esta deuda, con soluciones justas al problema que ya no podemos seguir ignorando, que construyan un mundo donde quepan muchos mundos, un México para todos los mexicanos, donde el reloj del poder político marque la misma hora que el reloj de nuestros pueblos en nuestros pueblos indígenas. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valera. Tiene ahora la palabra el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo largo de la historia han surgido diversos movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana. También han manifestado su inquebrantable voluntad de lucha en la defensa de la nación.
En la revolución mexicana combatieron con férrea determinación por su derecho a la tierra, de la cual históricamente han sido despojados. Han dado fuerza y legitimidad a las grandes transformaciones históricas de México, sin embargo han quedado al margen de los beneficios del desarrollo.
En la época postrevolucionaria sufrieron las consecuencias de la política integracionista que prohibió el uso de sus idiomas y les impuso como modelo de éxito la llamada cultura occidental.
El levantamiento del EZLN en 1994 cimbró la conciencia nacional cuando nuestros hermanos tzotziles y tzeltales tuvieron que recurrir a las armas para reclamar justicia, libertad y una vida digna.
Para la pacificación se creó la Cocopa, de cuyas negociaciones se derivaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados un día como éste en 1996, en los que se reconocen los derechos de nuestros pueblos y el ejercicio de sus culturas.
De estos acuerdos se derivó la reforma al artículo 2o constitucional en 2001, lo que constituyó un importante avance porque se reconoció la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación y a su autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos También se elevó a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar su desarrollo integral y sustentable.
A 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar aún existen temas pendientes por legislar, como son los derechos de las mujeres, la consulta indígena y principalmente el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. De esta manera se da validez a sus sistemas normativos internos, legitimidad a sus sistemas de gobierno interno, a sus asambleas donde se resuelven sus conflictos y deciden sus formas de organización económica, social y cultural.
El desarrollo sostenible es otra asignatura pendiente. Resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias, desechar las políticas asistencialistas que inhiben la creatividad y generan dependencia, porque la pobreza solo se comparte generando riqueza.
En la ruta para encontrar soluciones es muy alentador el pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas realizada en el 2014, donde manifestó que México se compromete a impulsar el proceso de armonización de la legislación nacional, siguiendo el espíritu de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el mejoramiento de su calidad de vida mediante la generación de mayores oportunidades de desarrollo.
Por ello resultan importantes las acciones estratégicas instrumentadas por el gobierno de la República para brindar una educación de calidad, mejores servicios de salud, vivienda digna y la cruzada contra el hambre.
En materia de justicia se ha dado un paso muy importante con la firma del convenio para implementar el nuevo sistema de justicia penal con visión intercultural y multilingüe, suscrito en octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias del Poder Ejecutivo federal.
Desde esta tribuna de la nación saludo y agradezco al Jefe del Estado Vaticano, por su solidaridad con la causa de los pueblos indígenas.
Señoras y señores diputados, honremos la memoria de quienes arriesgando su vida levantaron sus voces para reclamar justicia, enarbolemos su causa para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación, su autonomía y su derecho al desarrollo y al bienestar, y concretar su representación en los Congresos estatales y al federal.
Este es el momento histórico para actuar y dar respuesta a los añejos reclamos de quienes nos legaron este gran país y le dieron rostro propio e identidad a nuestra nación. Reivindiquemos y construyamos con los pueblos originarios, el Estado y la sociedad, una nueva relación con justicia y dignidad.
Pasemos de la ley a las acciones, para traducir las reformas legislativas en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social, para que nunca más la desesperanza de nuestros pueblos los orille a tomar nuevamente el camino de las armas. Trabajemos por nuestros hermanos, tienen ese derecho legítimo a ser felices, a crecer y a ser parte de esta gran república. Está en sus manos.
Compañeras y compañeros diputados, vamos con los indígenas, vamos por su libertad, vamos por el respeto a su dignidad y a devolverles sus territorios. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Coheto. Y tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Con el permiso de todos ustedes, diputado presidente, sin detrimento de los logros que se han obtenido en estos acuerdos desde hace 20 años, por supuesto con el reconocimiento de las personas vinculadas, que le han apostado al diálogo para construir y no a la guerra que es la que destruye, no a las armas.
La guerra de las ideas, el debate creo que es digno siempre de reconocer como una alternativa real para desarrollarnos de manera civilizada, donde la barbarie se quede atrás y la gente racional construya una mejor sociedad.
En ese contexto quiero hacer unos comentarios, precisamente dos décadas después de esta firma de acuerdo de San Andrés Larráinzar. México, amigas diputadas y amigos diputados, Guatemala, Perú y Bolivia cuentan con las mayores poblaciones de origen indígena del continente. Más del 80 por ciento del total regional, es decir, 34 millones de indígenas.
Actualmente, la población indígena del país es superior a los 15 millones de personas repartidas en 56 grupos étnicos que hablan 92 lenguas autóctonas.
Un 78 por ciento del total de la población indígena habita en 7 de los 32 estados, siendo estos, los siete, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo y Guerrero.
Un informe del Banco Mundial sostiene que la pobreza afecta a 43 por ciento de los hogares indígenas en la región, el doble de la población no indígena y el 24 por ciento de las familias indígenas viven en pobreza extrema.
El mismo informe del Banco Mundial establece que los indígenas son los más pobres entre los más pobres del continente. Es la comunidad indígena la más relegada que el resto de la población. Son datos oficiales, datos duros, datos que nos llevan a reflexionar en este ánimo de recordar esos Acuerdos de San Andrés, que por supuesto, hay mucho qué construir, y por supuesto también, algo qué festejar.
A 20 años de los Acuerdos de San Andrés tenemos grandes asignaturas pendientes con nuestras comunidades de origen. Tenemos asignaturas como la pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia, discriminación.
Como vemos, hay un gran pasivo social. Hay mucho discurso pero pocos hechos. Hay muchos anhelos pero pocos logros en el corazón de los indígenas. Hay un gran pasivo que tenemos que ver, por supuesto, y estamos de acuerdo, sin tintes partidistas y como una elemental responsabilidad ética y moral.
Tenemos un gran compromiso con esta comunidad. Solamente en el último punto, el de la discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, dio a conocer una encuesta según la cual el 44.1 por ciento de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas.
Se trata del porcentaje más alto, por encima de quienes creen que no se respetan los derechos de personas. Este es un dato que nos debe llenar de responsabilidad, por ello, amigas y amigos, nosotros, como Partido de Encuentro Social, vertimos dos reflexiones básicas.
A 20 años de los Acuerdos de San Andrés hay algo que festejar, desde luego, y respetar sus logros; pero hay mucho por hacer en materia legislativa. A 20 años de los Acuerdos de San Andrés debemos reconocer el espíritu de aquellas mesas de trabajo, aunque en el terreno de los hechos fue un asunto del que todavía falta mucho por lograr en esos acuerdos.
A 20 años de los Acuerdos de San Andrés, debemos honrar a los demócratas que sentaron ese histórico momento y relanzar el anhelo de colocar a nuestros pueblos de origen en el verdadero esfuerzo y en el verdadero lugar que les corresponde. Estricta justicia social. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra a diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: México es una nación pluricultural, lo que se refleja en los 68 pueblos indígenas que lo habitamos y que representa el sustento del origen de nuestra nación. Más de 15 millones de mexicanas somos indígenas.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, fue una declaración de guerra al Estado mexicano lo que cimbró al país el 1 de enero de 1994: la declaración de la selva lacandona. No provenía del extranjero sino de las entrañas de nuestro pueblo mexicano, los indígenas y las indígenas hablamos.
Con ella, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas para poner en el centro de la atención nacional y también internacional la precaria situación de los pueblos indígenas en México, y exigir la reivindicación de sus derechos.
Por primera vez un ejército de indígenas lograba que el Estado volteara sus ojos y lo reconociera, reconocía la deuda histórica con los pueblos originarios y motivaba a todo el país a defender sus derechos humanos, sociales y políticos.
Históricamente nuestros pueblos indígenas han sido objeto de múltiples formas de subordinación, desigualdad, discriminación, que nos han mantenido en una situación estructural de pobreza, explotación, marginación y exclusión. Atender el justo reclamo social era una obligación. Dialogar y alcanzar acuerdos es una necesidad.
El 16 de febrero de 1996, a dos años del levantamiento se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que contenían los compromisos para que la Comisión de Concordia y Pacificación, elaborará una ley en la materia de derechos y cultura indígena que atendiera las demandas de justicia e igualdad y reconociera a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público con capacidad para organizarse de manera autónoma.
Con el levantamiento zapatista, México fue testigo del proceso del diálogo constructivo, horizontal y democrático más importante que se ha llevado a cabo en el último cuarto del siglo.
Diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno construyeron los acuerdos que presentarían la oportunidad de transformar la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. A 20 años de la firma de estos acuerdos y pese a que la Constitución consagra la igualdad de derechos y la promoción de un desarrollo integral de las comunidades originarias, la realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial. Las leyes en materia de protección y derechos indígenas son insuficientes, lo que ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación.
Para Nueva Alianza, es claro que se requiere una transformación profunda para cambiar la situación que viven nuestras comunidades indígenas en el país y que siguen padeciendo problemas de salud, de hambre, de pobreza extrema, de discriminación, de marginación, pero sobre todo de injusticia.
Al igual que hace 20 años, las y los indígenas mueren de enfermedades curables y no tienen acceso a una educación de calidad, continúan siendo víctimas de atropellos sistemáticos a sus derechos individuales y colectivos, y también son despojados y desterrados de sus territorios, costumbres y recursos naturales.
No obstante a ello, hoy es tiempo de que sean plenamente reconocidos, valorados y respetados sus derecho. No hacerlo ahondará la brecha de desigualdad e injusticia social porque hoy, como hace 20 años, consolidar sus derechos económicos, políticos y sociales sigue siendo una deuda pendiente.
Como juarista lo digo: ¿Estamos dispuestos a pagar esa deuda? Honremos a nuestros ancestros. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Tiene ahora la palabra la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros aun presentes en la sesión. Bienvenidos, señores expresidentes de la Cocopa. Es un gusto recibirles esta tarde.
Hace 20 años en una de las comunidades más pobladas de una de las etnias indígenas –tzotzil–y de las poblaciones centrales a donde en Chiapas todavía los derechos más humanos de los indígenas tiene la federación grandes deudas hacia ellos, hoy Movimiento Ciudadano se pronuncia por la reivindicación de las mismas.
Aprovechamos a decir que abrazamos y apoyamos lo dicho por mis compañeros de la Cocopa y mi compañero de la Comisión de Asuntos indígenas. En las manos del PRI, del Verde, como del PRD y de la mayoría de todos los que aquí estamos, está el darle solución no solo a estas deudas de la población originaria más importante que da origen a nuestra cultura y esencia a nuestra lucha, a nuestros hermanos indígenas.
Haciendo un recuento de la visibilidad de los pueblos indígenas a raíz del 94, tras siglos de opresión por las capacidades de pueblos es que sobrevino una coyuntura política. Esta abrió el espacio de expresión para este mundo indígena igual y tratado a veces distinto. Fue hasta entonces cuando nuestros pueblos originarios comenzaron a hacer escuchar sus necesidades y sus posiciones ante la segregación centenaria y la globalización. Es así como en octubre de 1995 se instauraron las mesas de diálogo para propiciar la atención jurídica de los reclamos indígenas; estas tuvieron derechos muy humanos para pronunciarse.
El primer tema, Los Derechos y Cultura Indígena.
Como producto de esa mesa surgieron tres documentos que implicaron varios de los siguientes compromisos: el reconocimiento a su autonomía. La libre determinación de autogestión de los pueblos indígenas. Su reconocimiento a la Constitución. La ampliación de sus esquemas de representación política en apego a sus usos y costumbres. La garantía de un acceso pleno a la justicia con traductores, con jueces y con ministerios públicos que conozcan, que hablen la lengua y que puedan entenderse.
La promoción de sus manifestaciones culturales para que no sean robados de sus esquemas artesanales ni en su calidad. El aseguramiento de su educación y su capacitación, sus necesidades básicas. El impulso a sus empleos productivos, siendo el campo su mayor origen, tecnificarlo y capacitarlos para que puedan seguir siendo proveedores de lo que si en este México muere, que es la tierra, entonces comenzarán graves problemas para la nación.
Todo esto trajo y derivó de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados el 16 de febrero de 1996, en este pueblo hermoso y colorido del estado de Chiapas.
Al año siguiente se promulgó lo que debió haber sido el primer avance en el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo la reforma que se materializó no atendió remotamente lo pactado; planteó vagos reconocimientos constitucionales en materia de tierras, y en los artículos, sobre todo, en el 27.
Posteriormente en la transición del poder, ese poder que atiende con discurso pero no en acciones, se retomaron los temas relacionados con los Acuerdos de San Andrés, y se inició una nueva etapa de reformas que generó una ampliación de reconocimiento de los indígenas en la Constitución y en la promulgación de las leyes como la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo a 20 años de la firma de los acuerdos, el tema pendiente continúa siendo generar los contextos y mecanismos para poder juntos implementar las transformaciones. Estas son el único camino para la realidad: las aspiraciones de los pueblos indígenas.
A pesar de los intentos por la lucha de los derechos, vemos más violencia hacia ellos en muchos rincones del país. Muchas voces, muchos dichos, muchos pronunciamientos y muchos discursos. Precisamente ayer en previo al vigésimo aniversario de los acuerdos de San Andrés, en este aniversario en el que se enmarca de manera significativa por la visita del Papa Francisco el día de ayer al estado de Chiapas, cuna de la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas, dirigió un mensaje que llamó nuestra atención.
Destaco lo siguiente: muchas veces de modo sistemático han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, otros han despojado de sus tierras o han realizado acciones contaminándolas, qué tristeza. Perdón hermanos. Que el mundo de hoy despojado por la cultura del descarte los necesita a ustedes. Perdón es un buen sentimiento, pero la acción y el actuar de este gobierno sería mejor para esta patria nuestra mexicana.
Es tarea del legislativo y de todos y de cada uno de ustedes, lograr impulsar nuevas modificaciones que permitan que las comunidades sean reconocidas con mecanismos diseñados y apegados a sus tradiciones.
Desde la perspectiva indígena se busca el reconocimiento explícito a todos sus derechos. Es momento compañeras y compañeros, de dejar de regatear el reconocimiento que exigen nuestros pueblos indígenas. El reto de nuestra generación debe ser romper con esa inercia por pensar que nuestro país tiene un solo rostro.
Empecemos a reconocerlos en nuestra riqueza multicultural, sólo así encontraremos la única salida viable para construir una globalidad que no implique la extinción de nuestra esencia, de nuestra cultura, de nuestro México que sin color pueda tener y hablar de su historia para reconocer y dignificar nuestro origen, comencemos por dignificar a nuestros pueblos originarios y a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Orantes. Tiene ahora la palabra la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, señor presidente. Diputados, diputadas, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, habrían pasado a la historia si el gobierno hubiera cumplido con lo pactado con los pueblos indígenas.
En un llamado contra la explotación y la pobreza el 1o. de enero d 1994 tuvo lugar un levantamiento armado, movimiento social que derivó en la demanda del cumplimiento del Estado mexicano ante los indígenas que habitaban el territorio nacional.
En febrero de 1995 el Estado federal lanzó una ofensiva militar para eliminar el movimiento zapatista, pero paradójicamente se creó la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas, de la cual emanó la Comisión de Concordia y Pacificación, mejor conocida como Cocopa.
Posteriormente, y después que la comandancia del EZLN consultó a sus bases y el movimiento indígena a las suyas, se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los que el gobierno mexicano reconocía el yerro histórico de excluir a los pueblos indígenas y se comprometía a reformar el Estado para incluirlos dentro de la sociedad nacional reconociendo sus derechos.
Estos acuerdos despertaron la esperanza de lograr un pacto social y político por medio del diálogo, donde se planteaba el reconocimiento de los pueblos indígenas, quienes han estado presentes en los momentos más destacados de los conflictos sociales en la construcción del Estado nacional.
La estrategia del Estado radica en no reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, pues solamente se han ratificado convenios y declaraciones internacionales con el objetivo de crear una buena imagen en la política exterior, sin que esto signifique un verdadero compromiso.
Existen numerosos temas pendientes con respecto a estos acuerdos. Como legisladores debemos luchar por que se reconozcan en nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho público, situación que daría legalidad a sus sistemas normativos internos. Es importante pugnar por la prevención de sus territorios y crear propuestas de solución a los problemas agrarios que prevalecen en las regiones indígenas.
Desde la mesa de negociación en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, donde firmaron los acuerdos para dar paso a la autonomía y libre determinación de las comunidades, hasta las promesas que se hicieron en la Marcha del Color de la Tierra hacia la Ciudad de México, todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas.
En Morena estamos convencidos de que debemos sentar las bases para una nueva iniciativa que permita retomar los Acuerdos de San Andrés, para diseñar nuevas políticas públicas que permitan la participación política de todas las comunidades. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez López, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Jorge Álvarez López: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Saludo a los amigos de los medios de comunicación a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso. Saludo con afecto y respeto a los ex presidentes de la Cocopa. Bienvenidos.
El 1 de enero de 1994 nuestro país despertó con la noticia de una declaración de guerra hacia el Estado mexicano, lanzada desde la selva Lacandona por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se trató de un hecho insólito que en esencia buscaba el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios, quienes durante siglos fueron víctimas del menosprecio y el maltrato de una sociedad y un gobierno que a menudo incurría en prácticas que lastimaban profundamente la dignidad de nuestros pueblos indígenas.
Luego del impacto provocado por el surgimiento de un levantamiento armado de un país que aspiraba a alcanzar la modernidad, debieron pasar dos años de intensos trabajos con diversos actores políticos y sociales para que en el poblado de San Andrés Larráinzar, en el estado de Chiapas, el 16 de febrero de 1996 se firmaran los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena.
A 20 años de la firma de estos acuerdos no podemos negar que México sea hoy un país más incluyente y con mayor conciencia de la relevancia que tiene respetar y hacer efectivos los derechos de todos los miembros de la sociedad, sin importar la raza, la religión, el origen étnico y la condición socioeconómica de quienes lo reclaman. No obstante aún queda mucho por hacer para poder saldar la deuda histórica que tenemos como nación con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Si bien es cierto que la rebelión zapatista llevó en un primer momento que este Congreso de la Unión estableciera en nuestra Carta Magna que los pueblos y comunidades indígenas requieren de especial protección.
Del mismo modo que en materia electoral se nos reconoció la libre determinación para elegir a nuestras autoridades, así como el respeto a nuestros usos y costumbres, tenemos que reconocer que esto aún no alcanza.
Actualmente, solo por citar algunos ejemplos, no se reconoce a la mujer indígena como titular de derechos de la tierra y tampoco contamos todavía con una ley nacional indígena. Esa es la deuda que el Legislativo de este país tiene con nosotros.
Derivado de esta situación, hoy más que nunca, como legisladores debemos trabajar para la concordia y la pacificación. Y en este aniversario los invito a coadyuvar y apoyar los trabajos que continuará desarrollando la Comisión para la Concordia y la Pacificación, encabezada por el diputado Diego Valente Valera, la cual está integrada por todas las fuerzas políticas y que tiene por objetivo avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de nuestros indígenas del país.
Desde esta tribuna quiero expresarle al presidente de la Cocopa, un chiapaneco que conoce a profundidad el problema de los desplazados, las mujeres, los niños y los adultos mayores de origen indígena, todo nuestro respaldo para construir un país en el que los indígenas nunca más volvamos a ser excluidos.
Uno de los objetivos de esta Legislatura debería ser el de trabajar para que México siga avanzando en cuanto respecta a armonizar su legislación y dar cabal cumplimiento de los acuerdos, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos indígenas.
El gobernador de mi estado, Chiapas, el licenciado Manuel Velasco Coello, ha manifestado de manera reiterada la necesidad ineludible de que este Congreso haga lo necesario para cumplir los acuerdos de San Andrés, que hoy está cumpliendo 20 años.
No atender este llamado de crear leyes incluyentes que den mayor certeza y seguridad jurídica a nuestros indígenas, sería como negar una vez más a 15 millones de personas que son nuestros hermanos y que en muchos casos, lamentablemente, siguen lidiando aún con la pobreza, la exclusión y la marginación.
Los acuerdos de San Andrés van más allá del estado de Chiapas, representan a todos y a todas las personas indígenas de nuestro país. Es a ellos a quienes debemos dar respuesta con nuestro trabajo, porque es inaceptable que ser indígena en nuestro país significa estar condenado a la pobreza.
Hoy, a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, honrando nuestros principios de amor, justicia y libertad hacemos un llamado a caminar juntos para lograr que éste sea un país a la altura de la dignidad de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Ahora tiene la palabra la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Saludo con aprecio a los ex presidentes de la Cocopa. Bienvenidos a este recinto legislativo.
Acudo a esta tribuna a propósito de la conmemoración de los 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráizar, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los cuales contienen un piso mínimo de derechos y criterios para establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
El camino que han debido transitar los pueblos y comunidades indígenas para colocar en la agenda nacional sus reivindicaciones y ser reconocidos como tales, así como su derecho a la libre determinación de autonomía, ha sido largo y sinuoso.
Para ello fue necesario un levantamiento armado. Un levantamiento armado que fue emblemático, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Esto posibilitó reunir al gobierno de México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y organizaciones indígenas afines, con el objetivo de buscar respuestas a sus demandas.
Estos esfuerzos realizados en un proceso de construcción de acuerdos amplios dieron como resultado, el 16 de febrero del año 1996, la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Vale la pena recordar que estos acuerdos no expresan el conjunto de demandas enarboladas por estos actores políticos, son derechos mínimos demandados por el EZLN y el Movimiento Indígena Nacional, como señaló el grupo armado en su documento Punto y seguido.
Quedaron fueran de estos Acuerdos las autonomías municipales y regionales indígenas. El reconocimiento de sus territorios, el ser sujetos de derecho público, el acceso a los medios de comunicación y destacadamente, la falta de reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas, entre otros temas.
La reforma constitucional del año 2001 en la materia, apenas dibujó algunos de los derechos y demandas de los pueblos indígenas contenidos en los Acuerdos, ya que excluyó partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos indígenas, acuerdos que se tomaron en San Andrés Larrainzar.
Las palabras de los comandantes zapatistas Esther, Cebedeo y Tacho, expresadas en esta tribuna de la nación, demandando el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el estado de Chiapas fueron ignoradas por las fuerzas mayoritarias de aquella legislatura.
Hoy, igual que ayer exhortamos a la legislatura actual a empeñar la palabra comprometida, y a la brevedad sometamos a la aprobación total de este pleno la iniciativa de la Ley de Concordia y Pacificación sobre Derechos y Cultura Indígenas.
A pesar de las innumerables declaraciones del gobierno federal respecto a la atención de la pobreza y desigualdad ancestral en que se encuentran los indígenas, y los cuantiosos recursos ejercidos para su atención, estos pueblos presentan un avance lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos índices de pobreza, las mayores carencias sociales y los menores niveles de ingreso. La pertenencia étnica se asocia siempre a mayores niveles de precariedad que los de la población total. Según Coneval, 3 de cada 4 personas que hablan lengua indígena y poco más de cada 10 integrantes de hogares indígenas viven en pobreza.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados hemos insistido en diferentes propuestas legislativas para reconocer plenamente el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. Muestra de ello son las diferentes iniciativas presentadas desde el año 2001 a la fecha, que recogen los acuerdos tomados en San Andrés Larráinzar.
En esta LXIII Legislatura las diputadas y los diputados del PRD reiteramos nuestro compromiso de incorporar a la legislación los pendientes que han quedado en el tintero. Por ello, hemos presentado propuestas para la aprobación de la Ley General de Consulta Indígena, conforme a los estándares internacionales y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, una consulta indígena previa, libre e informada, así como la representación indígena en los órganos de representación nacional y su derecho al desarrollo desde su propia perspectiva.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es momento de que el Estado mexicano sea una expresión real de todos los que habitamos en este país, en donde los pueblos indígenas sean un componente fundamental que reclama la plena inserción en el desarrollo nacional. Es la hora de la construcción del Estado mexicano pluriétnico y pluricultural.
Los conmino a comprometerse con acciones concretas para construir una legislación e instituciones desde esta perspectiva. Solo así demostraremos nuestro compromiso con los indígenas de todo el país mexicano. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Madrigal.
Tiene ahora la palabra el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el día de hoy se cumple el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, un acontecimiento que pareciera lejano en el tiempo, pero que se encuentra cercano en la memoria.
Fue a partir de la década de los noventa, derivado del levantamiento armado del EZLN, a través de la Declaración de la Selva Lacandona, en diciembre de 1993, e inmersos en los grandes debates acerca de la transición a la democracia en México, sobre la globalización, mundialización, regionalismos, entre otros temas de índole geopolítico y social, que los sectores políticos, sociales y económicos del país, así como la comunidad internacional, comenzaron a voltear la mirada y prestar atención a temas tan sensibles y descuidados por el Estado durante décadas, como lo son los derechos indígenas.
Los acuerdos firmados en San Andrés en 1996, significaron la reivindicación histórica de las comunidades más alejadas y excluidas de la mano del Estado y el reconocimiento de una realidad silenciosa y negada por los gobernantes federales y locales.
Acción Nacional, fiel a sus principios de doctrina, participó activamente no solo en la búsqueda de alternativas para distender el conflicto en Chiapas, con su participación en la Comisión de Concordia y Pacificación, sino también proponiendo reformas a nuestro marco jurídico, en pro de dotar de mejores condiciones de vida y reconocimiento sociocultural a las comunidades indígenas.
Para nuestro partido no era suficiente la firma de acuerdos, si estos no iban acompañados de acciones concretas y de una legislación capaz de resumir e integrar las demandas y el clamor de justicia de quienes por décadas vivieron bajo la injusticia del rechazo y la discriminación.
El PAN fue el primero en proponer en el Senado de la República, una iniciativa que asumió la esencia de los Acuerdos de San Andrés, la esencia para lograr la paz en Chiapas y el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, con el objeto de que fuera tomados en cuenta en los juicios y procedimientos en que participen individual o colectivamente los indígenas.
Propusimos, que las comunidades indígenas fueran sujetos de derecho y que tuvieran pleno reconocimiento por parte del Estado, con las consecuencias jurídicas que se establecieran en la Constitución y en la legislación federal y local.
En aquel entonces, como ahora, impulsamos la participación de estas comunidades en la formulación de planes y programas de desarrollo y educativos con la finalidad de que sus características culturales sean tomadas en cuenta en el diseño de las políticas públicas.
En el PAN nos congratulamos porque la primera iniciativa constitucional de la alternancia política presentada por el presidente Fox y aprobada en el Congreso de la Unión en el 2001 era una deuda histórica del Estado mexicano y que tuvo como base los Acuerdos de San Andrés, el reconocimiento en nuestra Carta Magna de las garantías jurídicas y derechos políticos y sociales de los indígenas mexicanos y el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana.
Compañeras y compañeros diputados, conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, nos hace ver que la tarea está inconclusa; y estará inclusa hasta en tanto la pobreza y la discriminación sigan siendo una realidad en México.
No podemos hablar de una democracia consolidada mientras en nuestro país no haya la inclusión de todos a las mismas oportunidades, mientras se piense en favorecer a unos cuantos y no a todos los mexicanos sin importar su origen o condición social.
Ese es nuestro reto como legisladores. Es el reto que asumimos en Acción Nacional, legislar para hacer de México una nación que se reconozca a sí misma en el valor de cada persona, de cada comunidad, de cada visión del mundo, de cada realidad. El reto de legislar para una nación más justa de legislar para todos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Nunca más un México sin nosotros, fue la voz que sacudió las conciencias en el año de 1994. Fue un abrupto despertar a una realidad de atraso, marginación y pobreza.
Los hijos del maíz y del color de la tierra dijeron “aquí estamos”, y reclamaron legítimamente sus derechos como ciudadanos mexicanos. Tuvo que ser un grito desesperado para que volviéramos los ojos a los originarios de México. Tuvo que ser un golpe virulento para que pudiéramos dar inicio al reconocimiento de que existe más de un México y que uno de ellos, el de nuestros hermanos indígenas, con una oprobiosa realidad de hambre y de miseria.
A los que hablan con la palabra verdadera, a los que se rigen con el corazón y conviven con principios de verdadera democracia y justicia, simplemente los teníamos olvidados. Fue su decisión reclamar el reconocimiento a sus derechos lo que lo puso repentinamente en la agenda pública, fue su lucha lo que no obligó a volver los ojos a su mundo, este mundo tan cercano y a la vez tan lejano de todos.
La importancia de los Acuerdos de San Andrés, estriba en que es el primer documento elaborado por los pueblos indígenas en este país, que habían estado relegados por más de 500 años. Nunca se les había mencionado en el entramado jurídico nacional ni se habían podido manifestar de ninguna manera en la construcción de instituciones nacionales.
En los documentos suscritos en San Andrés Larrainzar, se compactaron las demandas y los reclamos con el fin de convertirlos en norma jurídica para darles viabilidad institucional.
La importancia de los documentos estriba en que se logró discutir de manera abierta y de cara a la sociedad, la problemática de una parte de nuestra población que se encontraba segregada del resto del país. Así también de importante es el hecho de que se consiguió un reconocimiento a un movimiento político y social, como interlocutor del gobierno.
Ciertamente no está todo cumplido. Hay mucho que deliberar en torno a temas como el de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos que profundizar el análisis colectivo y lo individual en términos jurídicos. Sin embargo hay que reconocer que los acuerdos son un logro histórico porque significan la concreción del único debate nacional que se haya dado sobre el tema étnico en el país, y porque significan el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas, que por muchos años habían sido ignorados.
Como diputado representante del distrito donde se gestó el Movimiento Zapatista y se firmaron los acuerdos, los convoco, compañeras y compañeros, a seguir avanzando en el reconocimiento pleno a los derechos de nuestros hermanos indígenas. Ellos son nuestro origen, son producto de la montaña, de los valles y de los ríos primeros de este mundo.
Por lo anterior expuesto en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que la nueva relación gobierno-pueblos indígenas sea de respeto, de diálogos y acuerdos, donde juntos construyamos un nuevo México sin poblaciones vulnerables, un México para todos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Orantes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de junta directiva de comisiones ordinarias que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas, comuníquense.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la asamblea que se encuentra disponible en el monitor de sus curules, el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (17:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 18 de febrero a las 11 horas. Buena tarde.
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