Comunicaciones
Iniciativas
Noemí Zoila Guzmán Lagunes, PRI
Santiago Torreblanca Engell, PAN
Andrés Fernández del Valle Laisequilla, PVEM
Alicia Barrientos Pantoja, Morena
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Flor Estela Rentería Medina, PRI
José Adrián González Navarro, PAN
María Cristina Teresa García Bravo, PRD
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Proposiciones
Efeméride
Con motivo de la instalación del Constituyente de 1857
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 313 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:40 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido ahí en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidente, metimos en tiempo y forma un posicionamiento con un punto único sobre los 10 años que han transcurrido sobre el accidente trágico de la Pasta de Conchos. Entonces, los familiares nos manifestaron, donde han agotado todos los recursos para exigir el rescate y ya no saben a quién recurrir.
Estas voces son de las familias de Pasta de Conchos, que siguen exigiendo el rescate de los restos mortales de los 63 mineros. Madres, esposas, hermanas, hijos y nietos siguen sin poder enterrar a sus deudos y las autoridades continúan bloqueando el rescate de los restos.
Germán Larrea, el director ejecutivo del Grupo Industrial Minera México, sigue gozando de total impunidad, llevan ya una década esperando justicia frente a uno de los homicidios industriales más evidente y doloroso del país...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputado...
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Y aún es fecha que el anhelado rescate no se concreta...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): La tragedia quedó empantanada en los juzgados nacionales y hoy la apuesta es con los organismos internacionales, las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Diputado Juárez...
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Han recurrido...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con todo respeto, pero, a ver, usted está expresando su preocupación por que dice que solicitaron la inclusión en el orden del día de un punto referido al décimo aniversario de este lamentable suceso, que está contemplado –aunque con otra característica, pero ahí está– en el orden del día, en el punto de efemérides, en donde se podrían hacer sus posicionamientos en todo caso.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Pero discúlpeme, presidente diputado, esto no es un asunto que celebrar, esto no es una efeméride sino es una denuncia de la opacidad que ha habido de parte de los gobiernos federales, estatales y municipales y es la voz de las familias que claman justica y que lo único que piden es poder enterrar a sus deudos. Si eso a usted le parece...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Las efemérides no son siempre celebraciones de algo, es el recordatorio de algo.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, nada más que el problema es que las efemérides muy rara vez llegamos a ese punto, porque parecería que aquí a las 3 checan tarjeta y corren porque han de tener muchas cosa qué hacer, y este punto que es importante y fundamental...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul. Ya se ha escuchado, háganos llegar el documento para que se pueda incorporar en todo caso con independencia de que en su momento se pueda abordar, porque está dentro del orden del día que ustedes tienen a disposición, aunque bajo el rubro de efeméride efectivamente, pero que se pueda incorporar íntegro tal cual usted desea que se haga en el Diario de los Debates. Sonido. Me estaba solicitando el diputado Ramírez Marín. Ya. Bien.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de proposiciones.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y al gobierno de la República, para que en el marco del Programa Nacional de Presentación de Servicios para la Atención Ciudadana y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018, se establezcan jornadas preventivas de información, promoción y verificación de las acciones en materia de protección civil, presentada por el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de enero de 2016. Se turna a las Comisiones Unidas de Derecho de las Niñas y de Protección Civil, para dictamen.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a construir el inmueble de la Clínica Número 58 del Seguro Social, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, presentada por el diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2016. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social, para dictamen.
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016. Lo firma el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron los siguientes oficios:
1. De la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, por el que solicita el retiro de la iniciativa que expide la Ley General de la Beca Salario, presentada el 29 de septiembre de 2015.
2. Del diputado Renato Josafat Molina Arias, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, presentada el 1 de diciembre de 2016.
3. Del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, por el que solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que promueva en todos los niveles educativos, la educación con responsabilidad ambiental, presentada el 27 de enero de 2016.
4. Del diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, por el que solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León continúe con los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neolonesa, presentada el 11 de febrero del año en curso.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que se remite el informe anual de las concesiones otorgadas durante el ejercicio fiscal 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, con el que se remiten los informes finales de las evaluaciones de los procesos del programa de Pensión para Adultos Mayores 2015, y del programa de Empleo Temporal 2015, así como de la consistencia y resultados del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que en el mes de enero de 2016, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el informe general del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis para Consulta de las y los Diputados, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, y la Comisión Permanente que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y a los promoventes. No se me duerman.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Se recibió oficio del Congreso del estado de México, con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora entramos al capítulo de la presentación de iniciativas. Y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar una iniciativa para considerar a los sistemas de alerta temprana como un elemento de vital importancia en las políticas preventivas y reducción del riesgo de desastres, iniciativa orientada a salvaguardar la vida de la población ante la presencia de fenómenos perturbadores, como son los hidrometeorológicos, los teológicos, los socio-organizativos, los tecnológicos y sanitarios ecológicos.
Una alerta clara recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en cada caso puede significar para las personas y sus comunidades la diferencia entre la vida y la muerte.
A 30 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil nuestro país no cuenta con un sistema de alerta unificado a nivel nacional que garantice la información y que llegue oportunamente a toda la población en riesgo a través de múltiples medios y canales de comunicación.
Por su ubicación geográfica, nuestro país se encuentra expuesto a una gran variedad de fenómenos naturales, como también a fenómenos generados por la propia actividad humana, fenómenos que seguirán ocurriendo, fenómenos socialmente construidos.
Más aún, los efectos ya visibles del cambio climático están provocando un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos, además del altísimo impacto económico y las implicaciones que los desastres tienen en el bienestar de la población y en el desarrollo del país. El mayor riesgo siempre es la pérdida de vidas humanas.
De acuerdo con el Cenapred, en los últimos 36 años más de 12 mil personas han perdido la vida con la presencia de fenómenos perturbadores.
La importancia de los sistemas de alerta temprana para salvar vidas ha sido señalada en diversos foros internacionales, como la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, donde los países participantes adoptaron el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que entre sus temas incluye precisamente la de aumentar considerablemente la disponibilidad y acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples.
Actualmente, existen en México dependencias e instituciones académicas encargadas del monitoreo, seguimiento, la emisión de alertas sobre diferentes peligros. Así, por ejemplo, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos del tiempo y presencia de ciclones tropicales; alerta sobre la actividad de los volcanes Popocatépetl y el de Colima; alerta sobre la presencia de tsunamis y la alerta sísmica de la Ciudad de México.
Por otro lado, la reforma en materia de telecomunicaciones muestra avances en la presentación de programas como México Conectado, el Sistema Mexal, la Red Compartida, entre otros, que mejorarán y ampliarán la cobertura de las telecomunicaciones en el país; lo que permitirá tener mayor acceso de las poblaciones a los alertamientos. Pero, a pesar de estos avances, aún quedan retos que superar para dar sustento y garantizar la operación de los sistemas de alerta temprana.
La Ley General de Protección Civil actualmente no define a los sistemas de alerta ni tampoco los incluye de manera específica en las acciones prioritarias de la protección civil. Por ello, lo primero que debemos hacer es reformar la ley para contar con un nuevo marco sólido y a partir de él mejorar aspectos técnicos, sociales y operativos de los sistemas de alerta en todos los niveles; desde lo comunitario, lo municipal, hasta lo nacional.
Ese es el propósito precisamente de la presente iniciativa que se propone, incorporar en la Ley General de Protección Civil a los sistemas de alerta temprana como acción prioritaria en materia de protección civil y la gestión del riesgo. Con ese mismo fin se propone modificar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para hacer obligatorio que los concesionarios participen en la difusión y comunicación de los alertamientos.
El objetivo en todo caso es salvar vidas, compañeras y compañeras, legisladores, proteger el patrimonio de la población, el medio ambiente y la infraestructura estratégica. Por ello los invito a aprobar rápidamente esta iniciativa que propone un sistema de alerta temprana para que el papel de esta Legislatura sea decisivo en salvar vidas patrimonio y entorno. Trabajemos juntos por una cultura de prevención para los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Radio y Televisión, para dictamen.
Saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Ciencia de Administración Pública. Invitados por el diputado Juan Corral Mier. Así como de integrantes de la Asociación Nacional Pro Dignificación del Jubilado del ISSSTE AC. Invitados por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.
Y también de alumnos y docentes de la Escuela Preparatoria Oficial, número 254, del municipio de Juchitepec, estado de México. Invitados por la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, pueblo de México. No voy a decir ninguna cosa que no sepan ustedes.
México presenta el segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad, y el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Esto es gravísimo, de entrada por las muertes que causan las enfermedades asociadas a este mal, simplemente por diabetes mellitus y sus complicaciones, cada año mueren 74 mil personas, la hipertensión arterial sistémica la sufren más de 15 millones de mexicanos.
Y el problema, no solo directamente la vida y la salud de las personas, sino el costo fiscal que implica esta cuestión. Miren, les doy cifras de cuánto cuesta tratar este tipo de enfermedades: los costos totales por diabetes atribuible al sobrepeso y obesidad oscilan entre los 82 mil y 98 mil millones de pesos, que representan la mayoría del gasto en salud, en el Ramo 12, en los años recientes.
Señores, nos estamos matando como sociedad lentamente por una mala alimentación. Ya existe en la Ley General de Salud y en la norma oficial mexicana la obligación de que exista un etiquetado frontal de alimentos. No sé si han visto cuando compran cualquier producto que en la etiqueta viene el contenido calórico, las grasas saturadas, otro tipo de grasas y sodio.
Sin embargo, amigos diputados, nosotros no somos doctores; la mayoría de la población no es médico, la mayoría de la población no estudió nutrición ni genera alimentos. Entonces de nada sirve que la gente lea que tiene tal cantidad de kilocalorías o tantos gramos de sodio, si con esa información no puede saber si el alimento que va a consumir es sano o no, bueno o malo para la salud.
En este contexto es que en la presente iniciativa se pretende reformar el artículo 212 de la Ley General de Salud, para que el etiquetado de alimentos tenga que contener un semáforo nutricional para que se tenga que expedir con base en esta reforma una norma oficial mexicana y, dependiendo del gramaje de sodio y del número de kilocalorías, de la cantidad de grasas saturadas y otras grasas que tiene el producto, se etiquete en rojo en el caso de que el producto sea dañino para la salud, en amarillo en caso de que sea intermedio su contenido calórico de grasas o de sodio y verde en caso de que sea sano.
Aparte, una razón adicional para apoyar esta iniciativa. No se está imponiendo nada a los ciudadanos, simplemente se le está dando la información al consumidor para que de manera libre y responsable decida si asume el riesgo de consumir un producto que es potencialmente dañino para la salud o, si por el contrario, no lo hace.
Esa es la verdadera responsabilidad del Estado. Informar adecuadamente a la ciudadanía para que tome las decisiones más acertadas. Es todo, muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados, especialmente a los de Comisión de Salud que van a aprobar a favor seguramente esta iniciativa, y a la gente que nos ve a través del Canal del Congreso.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torreblanca. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen. No será médico, pero parece que sí conoce de bariatria. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario...
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Antes sonido en la curul del diputado Íñiguez.
El Presidente diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Primeramente para pedirle autorización al promotor de esta iniciativa, que con gusto la vamos a recibir en la Comisión de Salud.
Pero el comentario también torna en giro que me gustaría mucho que en la Comisión de Educación lo comentáramos. Que el presidente de la Comisión de Educación y un servidor, junto con todos los integrantes de ambas comisiones y el promotor de esta iniciativa, pudiéramos platicarla. Pero es más que nada sumarme a la iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El diputado Santiago Torreblanca Engel (desde la curul): Sí, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí. Entonces está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa que se ha presentado por el diputado Torreblanca, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora sí tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
El diputado Sergio López Sánchez: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos, el problema de la vivienda en México es un tema prioritario para cualquier administración pública.
La grave situación por la que atraviesa nuestro país en materia de vivienda, no todo es causa de factores sociales y económicos, también debemos añadir el factor político. Lo anterior lo sostenemos en virtud de la incapacidad del gobierno federal para implementar medidas o políticas públicas eficaces que contrarresten la mala distribución del ingreso, las dificultades de los sectores mayoritarios de la población para acceder a mecanismos de financiamiento y a la falta de estímulos reales a la inversión privada en materia de vivienda.
Planes, programas, medidas, acciones y un sinfín de políticas públicas se presentan a la población para convencerlos de que ahora sí se resolverán los grandes problemas de la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Sin embargo la realidad dista mucho del discurso oficial. Los problemas subsisten en todo el país y las respuestas gubernamentales no se ven reflejadas en las condiciones de vida de las y los ciudadanos de México.
En tal sentido la atención a las necesidades de vivienda se convirtió en un tema que rebasó el ámbito privado para colocarse como un asunto prioritario para el Estado mexicano.
Debo reconocer que en esta Legislatura hemos aprobado recientemente reformas a la Ley del ISSSTE que permite a los trabajadores pedir un segundo crédito. Sin embargo es importante hacer las adecuaciones necesarias en el texto constitucional, pues advertimos una limitación normativa al establecer que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa se consagra para toda familia y no a todas las personas como correspondería al carácter universal de los derechos humanos y al principio de no discriminación.
Este aspecto restrictivo de nuestra norma fundamental constituye un impacto negativo sobre la protección de la tenencia de la vivienda en el caso de personas que no tienen relación de parentesco entre ellas.
Uno de los objetivos de la presente propuesta es de resolver la contradicción y homologar los artículos respectivos a efecto de incluir en el artículo 1o., de la Ley de Vivienda el concepto de “persona”, en concordancia con el artículo 3o., y en general con todo el sentido de la ley de mérito, y por supuesto, de nuestra Constitución.
Asimismo podemos observar que el principal vacío que encontramos en la regulación secundaria en materia de vivienda, es que no se atiende al sector informal de la economía en su legítimo derecho de contar con una vivienda digna, dada su condición, aunque informal de trabajadores.
Nadie pondría en tela de juicio que las personas que conforman el sector informal son trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de un 60 por ciento de los trabajadores en México se desempeña en empleos informales.
En este sentido, debemos apuntar que pese al bajo dinamismo económico de nuestro país, el mercado de trabajo mexicano se ha caracterizado por la vigencia de una baja tasa de desempleo abierto, sin embargo éste ha consistido con un alto y persistente empleo informal.
Bajo todo este contexto, nuestra propuesta de iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley de Vivienda y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de fortalecer las condiciones de todas las personas y de todos los trabajadores para que puedan contar con hogares dignos y accesibles sin importar sus condiciones particulares para privilegiar su legítimo derecho constitucional de ser trabajadora y trabajador.
Es por tales motivos que someto a consideración de esta Cámara esta propuesta legislativa confiando en que podremos contar con su invaluable apoyo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal.
El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México es uno de los países que cuenta con amplia diversidad de recursos forestales, los cuales albergan gran riqueza en especies vegetales y animales, muchas de las cuales cuentan con categoría de protección o de peligro de extinción.
Por lo que hace a la importancia de los recursos forestales, éstos en nuestro país representan el 85 por ciento de la superficie, y su utilidad no radica sólo en la producción de materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento del sistema natural.
Internamente nuestro país, como vía de acción para su protección se estableció la obligación de solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la cual es otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La vigilancia del cumplimiento a dichas autorizaciones lo efectúa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de acciones de inspección y vigilancia de la cadena productiva forestal, que está dividida en cuatro fases, aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento, teniendo como una de sus atribuciones recibir, atender e investigar y, claro, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental.
En nuestro país la investigación de los delitos ambientales está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, quien determinará la responsabilidad en comisión de delitos ambientales, así como las sanciones y penas. Al respecto, los delitos ambientales con mayor incidencia son, entre otros, el transporte de los recursos forestales maderables en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.
Actualmente, dentro del Código Penal, se contempla en el capítulo denominado De la biodiversidad todas las acciones que atenten o afecten los recursos naturales, así como sus sanciones y penas.
En el caso que nos ocupa las acciones contempladas en el artículo 419 de este Código, que señala que quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera acerrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.
El cumplimiento de este precepto jurídico es evadido e incluso burlado por prácticas dolosas que buscan engañar a las autoridades ambientales, ya que las personas que se dedican al transporte de estos dividen el cargamento total de los recursos forestales en distintos automóviles, de tal suerte que nunca rebasen los cuatro metros cúbicos establecidos, evadiendo con ello cualquier tipo de acción penal en su contra.
Es decir, el tipo penal señala que se iniciará la investigación por el delito de transporte ilícito de recursos forestales siempre y cuando este exceda el volumen de cuatro metros cúbicos o, bien, cuando se trate de cargamentos menores, siempre y cuando se trate de conductas reiteradas.
Si bien este último supuesto podría subsanar la imposibilidad de las autoridades ministeriales para acreditar el delito, lo cierto es que en la práctica su aplicación se torna ambigua, ya que podría hacerse la acumulación de dichos volúmenes siempre y cuando se acreditara una sola procedencia de dichos recursos forestales.
Una vía para garantizar la erradicación de estos actos abusivos y engañosos es modificar el Código Penal, otorgando herramientas a la autoridad ministerial para que puedan ejercer sus atribuciones y dar inicio a una investigación penal y con ello poder sancionar el tráfico ilegal de recursos maderables. Lo anterior como parte integral de los trabajos y políticas públicas dirigidas a la protección de nuestros recursos naturales, principalmente de los recursos forestales.
Por todo ello someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, para garantizar que al comprobarse que se trate de cargamentos de un mismo origen distribuidos en diversos transportes, cuya finalidad sea no exceder el volumen señalado y evadir con ello las sanciones a que se harían acreedores, no sea necesario alcanzar la suma permitida ya que bastará la comprobación de la acción referida para hacerse acreedor a las sanciones y penas señaladas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández del Valle. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Diputado Fernández el Valle, atención a la Presidencia, por favor. La diputada vicepresidenta Daniela de los Santos desea adherirse a su iniciativa. Dice que sí. La diputada Bárbara Botello igual. Entonces el diputado proponente de la iniciativa ha manifestado su aquiescencia para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen hacer y está a disposición como hemos estilado aquí en esta soberanía.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o y 8o de la Ley General de Educación.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su venia, presidente. Señoras y señores diputados, quiero saludar especialmente a mi Grupo Parlamentario de Morena, felicitarlos y celebrar que nuestro partido haya inaugurado ocho universidades, a pesar de la oposición. Morena aporta a la educación. Porque la educación es la que genera mejores condiciones de justicia, educar evita la necesidad de castigar. Dicho por el maestro Justo Sierra Méndez.
La corrupción no es propia de un país, una sociedad, cemento poblacional, cultura, profesión, régimen o partido u organización estatal. Tampoco es exclusiva del gobierno ni se encuentra extendida en toda la población.
La corrupción no se restringe a un solo tipo de práctica, pues involucra a una serie de formas y mecanismos con elementos muy variados. Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en gobiernos democráticos y no es privativa del sector público, afecta reglas, instituciones y costumbres que envuelven la economía, las relaciones políticas y sociales, así como la vida cotidiana de la sociedad.
Este fenómeno suele percibirse como una actividad que compete solo a la clase política, como resultado de un devenir histórico, como propio de un partido político, régimen o cultura.
Sin embargo, la corrupción es un fenómeno complejo que no puede definirse a través de reduccionismos y simplismos. La corrupción supone un beneficio privado para quien la practica, al mismo tiempo que genera un gran daño al resto de la sociedad, pues la suma de todos los beneficios que por ella recibe uno o varios individuos siempre es infinitamente menor a todos sus costos sociales y económicos.
En consecuencia, la corrupción afecta aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos. Pero aún pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad. La corrupción, por tanto, vulnera la soberanía nacional.
Es de gran importancia atacar este grave problema desde la raíz, pues si bien es cierto que debe castigarse de forma contundente, no es solo con acciones coercitivas por muy acertadas que estas sean como debe ser tratado, sino que es necesario además adicionar un enfoque formativo que lo prevenga desde los primeros años de educación formal en las aulas de nuestras escuelas.
La creación de las condiciones institucionales para la prevención, combatir y erradicar la corrupción desde los procesos educativos debe darse como una forma de favorecer el desarrollo del país, al atacar las prácticas que lo impiden e inculcando valores ciudadanos desde las primeras etapas del desarrollo humano.
Es necesario acentuar en los centros de formación, desde la básica hasta la universidad, la enseñanza de cómo crear ciudadanía responsable y menos corrompible a través de valores sociales, cívicos y éticos.
Que resalten las consecuencias que generan los ciudadanos y al país mismo, el seguir fomentando y siendo cómplices de este terrible flagelo social. Donde los alumnos comprendan la importancia de la contribución ciudadana y a no ser parte de la cadena de corruptelas.
Las modificaciones que se realicen en todos los niveles educativos se comenzarán a ver probablemente en los próximos 10 años. Es por eso que propongo a este pleno reformar los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, en el que se propone adicionar al final del texto vigente del artículo 7o. la frase: realizar acciones educativas y preventivas en todos los niveles escolares a fin de atacar la corrupción.
Y en el artículo 8o. se adiciona el criterio de: luchará contra la corrupción, entre otras enunciadas en el texto existente. La corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el mal gobierno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos y personal docente de la escuela primaria Profesora Paula Alegria Garza, de quinto y sexto grado, de la delegación Iztapalapa, de aquí de la Ciudad de México, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos todos ustedes.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Sergio Cancino, por favor, sonido ahí, espéreme, ahí está.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Por principio, en lo personal sumarme a este planteamiento de iniciativa y exhortar al Grupo Parlamentario de Morena a que lo haga también de manera general, porque precisamente es por cuestiones de corrupción que la educación pública está siendo fuertemente afectada, como la fuerte afectación que tiene en este momento la Universidad Veracruzana, a falta de pago por parte del gobierno del estado de Veracruz.
En ese sentido, yo creo que es bien importante ir constituyendo, desde la educación, precisamente, un freno a la corrupción para no vernos afectados de manera amplia y lacerante, como está sucediendo en nuestros días.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Barrientos, el diputado Cancino desea suscribir su iniciativa. Que sí, que con gusto. Entonces, acá está a disposición de quienes lo quieran hacer, en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, voy a presentar una iniciativa al artículo 115, pero también al artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La fiscalización de los recursos financieros es, sin duda, una de las principales herramientas que tienen los ciudadanos para saber de manera certera y oportuna la forma en que los gobiernos y las entidades administrativas ejercen el presupuesto nacional.
Asimismo, permite evitar la ineficiencia y la corrupción en el gasto público. Procura el Estado de derecho y fortalece la democracia.
Es por ello que ningún recurso financiero puede ser excluido de esta práctica.
Esto cobra mayor relevancia en el caso de las participaciones federales a estados y municipios, pues son recursos transferidos para que sean utilizados de forma autónoma, es decir, sin etiquetas a fines específicos.
Las transferencias federales a estados y municipios representan un tercio del Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos son de vital importancia para que las entidades federativas puedan llegar a representar, en algunos casos, más del 70 por ciento de sus recursos.
A pesar de representar casi una quinta parte del Presupuesto de la federación, estos han sido manejados de forma discrecional o como instrumentos de presión política de los estados a los municipios, especialmente cuando los gobiernos de los estados y los municipios no pertenecen a la misma opción política, debido en parte a la existencia de un marco legal ambiguo en torno a los recursos participables que ha permitido la opacidad y discrecionalidad en su manejo.
Si bien a partir de la Carta Magna los estados y municipios tienen autonomía en el manejo de sus estados financieros, esto no puede confundirse con opacidad y discrecionalidad. Por ello proponemos que la Auditoría Superior de la Federación requiera y adquiera la atribución de fiscalizar las participaciones federales, pudiendo ser de manera directa.
Respecto al 115 constitucional, es muy importante reconocer que el municipio como institución tiene un sólido arraigo en la vida del país, porque se estableció su existencia en 1917. Pero el propósito de establecer el municipio libre fue que esta institución pudiera realizar las funciones de gobierno en beneficio de sus habitantes, y en la fracción II del texto original se dispuso que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalan las legislaturas de los estados y que, en todo caso, serán suficientes para atender las necesidades.
Sin embargo, existe un grave problema de discrecionalidad también de las legislaturas locales para asignar los recursos a los municipios y con posterioridad la entrega de estos recursos a la hacienda municipal.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, el propósito de la presente iniciativa es establecer en la norma fundamental un procedimiento que haga ágil y oportuna la entrega de las participaciones federales a la hacienda pública municipal, y como ya dijimos, que sean fiscalizables en la reforma propuesta al artículo 1o.
En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que es necesario fortalecer económicamente el nivel de gobierno que está más cercano a las necesidades de la población. Por ello, hay que tener presente que con excepción hasta el momento de quienes viven en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, todos los demás mexicanos tienen su domicilio en algún municipio de las 31 entidades federativas. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es cuanto, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido acá en la curul de la diputada Teresa Lizárraga, por favor.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Para solicitarle a la diputada Candelaria si me permite suscribirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá a mi derecha.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí, la diputada Ochoa. Entonces aquí está igualmente a disposición de quienes quieran suscribirla.
Saludamos la presencia de Froilán Vargas Castro, que nos visita acá del municipio acá de Guasave, viejo conocido nuestro. Pero acá anda con un diputado del PAN. También de Juan Luis de Anda Mata, síndico procurador del municipio de Guasave, del ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. Ambos invitados por el diputado Jesús López Rodríguez, allá sinaloenses. Bienvenidos, amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.
El diputado Mariano Lara Salazar: La inestabilidad de entorno económico mundial nos obliga enfocar los esfuerzos en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Compañeras y compañeros, uno de los principales compromisos de la agenda legislativa de Nueva Alianza, consiste en presentar propuestas que permitan una mayor incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor y crear instrumentos jurídicos para fomentar el crecimiento productivo.
La iniciativa que presento el día de hoy busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, con el objetivo de dar un mayor impulso a las llamadas Mipyme mediante la Banca de Desarrollo.
En México las instituciones que forman la Banca de Desarrollo tienen como objetivo central facilitar el acceso a financiamiento a personas físicas y morales. De estas instituciones destacan dos, cuyos fines son particularmente compatibles con los objetivos de desarrollo y crecimiento de las Mipyme, me refiero a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior.
La primera dedicada al fomento del sector industrial y el segundo que se aboca a la comercialización.
Según datos del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, ha destinado más de 9 mil 800 millones de pesos para apoyar a 575 mil mipyme y a más de 932 mil emprendedores. Reconocemos los avances para incrementar los créditos a ese sector económico, sin embargo estos han sido insuficientes.
Si queremos avanzar tenemos que hacerlo mejor. Los datos no dejan lugar a dudas. A pesar que existen nuevos instrumentos, la realidad nos arroja un panorama desalentador. De cada 100 negocios que se crean en México 70 fracasan antes de cumplir los cinco años. Lo anterior de acuerdo con el estudio de esperanza de vida de los negocios presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en febrero del año 2015.
En el sector manufacturero, siete de cada 10 negocios llegan a cumplir el primer año, pero para sectores como el comercio y servicios privados no financieros, se reduce a seis de cada 10. El mismo documento señala que solo el 11 por ciento de los negocios llegan a los 20 años de vida. La esperanza de vida de los pequeños emprendedores es proporcional a nuestras expectativas de crecimiento como país.
No podemos permanecer pasivos ante estas evidencias. El estudio del INEGI menciona que la esperanza de éxito va en detrimento de acuerdo al tamaño del negocio. Esto quiere decir que la probabilidad de fracaso es mayor conforme los negocios sean más pequeños.
Así se señala que los negocios que tienen hasta dos personas ocupadas, cuatro de cada 10 negocios fracasan durante el primer año y su esperanza de éxito no excede los siete años.
Para Nueva Alianza es fundamental suscitar un mayor acercamiento de las Mipymes a las sociedades nacionales de crédito para ser sujetos de los productos que estas ofrecen. Con ello se puede contribuir a incrementar la creación de empleos, elevar la competitividad e influir en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
El acceso de las Mipymes a los soportes financieros y técnicos que por este ministerio de ley otorgan las sociedades nacionales de crédito es una medida que puede coadyuvar a que México enfrente la situación económica con mayor fortaleza y dinamismo.
Compañeras y compañeros, hace unos días aprobamos una reforma que posibilita la apertura de empresas de manera pronta y expedita. En esta ruta nuestra propuesta se inscribe en el siguiente paso que debemos asumir y es brindar el financiamiento suficiente para que subsistan las Mipymes y logren su cometido de generar los empleos que tanto se necesitan en nuestro país.
En Nueva Alianza los invitamos a sumar esfuerzos para generar las oportunidades de desarrollo que las y los mexicanos nos exigen, por lo que esperamos nos acompañen en esta propuesta. Si queremos resultados hagamos algo para conseguirlos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Competitividad, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Quiero hacer mención del hecho de que en su intervención en un turno anterior la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, en su intervención hizo referencia también a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o., de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en una misma intervención, y por lo tanto se escribe que se dé turno a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. Gracias.
Saludamos la presencia de un grupo de 70 personas de Alianza Joven, quienes han sido invitados a este recinto por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto legislativo de San Lázaro.
Igualmente saludamos la presencia de estudiantes provenientes del Instituto Villa de Cortés, invitados por, siendo que deben de ser de San Luis Potosí, porque son invitados por el diputado Francisco Xavier Nava Palacios. Bienvenidos igualmente, amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adelante, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Honorable Mesa Directiva y compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social los derechos humanos son anteriores al Estado, son el fundamento de todo contrato social y el objeto de todo derecho, de toda justicia. Su protección es el deber de cada uno de nosotros como seres humanos, pero también como miembros legislativos del Estado mexicano.
Decía Mary Robinson “los derechos humanos están inscritos en los corazones de las personas; estaban ahí mucho antes de que los legisladores escribiesen su primera proclamación; por supuesto, estaban ahí también mucho antes de cualquier comisión nacional de los derechos humanos; ya desde tiempos coloniales cuando ya estaba formada nuestra nación mexicana, aún sin llevar tal nombre”.
La Comisión Nacional no fue puesta al inicio de los derechos humanos en México, es tan sólo una adaptación de la obligación del Estado de garantizar tales derechos al constitucionalismo moderno que vio la conveniencia de los órganos constitucionales autónomos. Lo anterior es importante, pues como decía el autor anónimo: aunque la verdad de los hechos resplandezcan, siempre se batirán los hombres en la trinchera de las interpretaciones.
La genialidad de un órgano que sin depender de ninguno de los tres poderes pertenecería sin embargo al Estado, tuvo su origen también en un órgano político desconcentrado de la Segob. No obstante, para que la defensa de los derechos humanos tuviera un sentido legítimo sin intrusiones políticas y sin control jerárquico del Estado, era indispensable dotarla de la legitimidad y del prestigio social, intelectual, jurídico, político encarnado en una figura no institucional sino personal, cuyo antecedente era el ombudsman de la Constitución sueca.
En un estado hoy en el que se condena y encarcela al héroe, al que trabaja por la defensa de la vida y se deja libre al corrupto, esta legitimidad de autonomía del Estado, esta imparcialidad debiera ser la impronta, el sello brillante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No deberíamos poder rastrear huella o traza política o ideológica alguna en nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tales derechos son universales y objetivos.
La pregunta es: ¿dónde ha estado nuestra institución autónoma e imparcial promoviendo el derecho a los niños a ejercer su sexualidad desde antes de los 12 años? ¿Qué ha hecho en temas como la persecución ideológica o religiosa, las violaciones a la libertad de expresión, las desapariciones de personas? La eficacia de la comisión se sustenta en la figura personal y la trayectoria de su titular.
Perdonen, pero en este momento tenemos por realizar en Jalisco, justamente el próximo sábado 20 de febrero, una manifestación de más de 200 mil personas que han sido pisoteadas en sus derechos, no por una autoridad administrativa, no por un acto de poder del Ejecutivo, sino por acciones de quien se supone debiera defenderlos.
Qué diferencia con el ideal planteado por quien protagonizó el origen de la Declaración de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, cuando decía: He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, es un ideal por el que estoy preparada a morir.
Hoy el derecho una vez más se coloca como el garante, el piso base, el mínimo indispensable que debe suplir la falta de justicia ante la ausencia de candados en la ley que impidan que la Comisión Nacional emita recomendaciones sobre materias que aún no han sido declaradas ni derechos humanos ni constitucionales, y sobre todo que la misma comisión promovió como parte en una acción de inconstitucionalidad.
Con esta reforma lograremos que dicha comisión no pueda ser juez y parte, actor promovente y a la vez sentenciador de lo que no se ha juzgado. Poner en riesgo la constitucionalidad e imparcialidad de la comisión y cimbrar con ellos el cimiento de su legitimidad, dando paso a querer compensar dicha pérdida de legitimidad con capacidad coercitiva, sería el inicio de su agonía como institución constitucional autónoma.
Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Amparo, así como la fracción III del artículo 7o., los artículos 35 y 43, el inciso b) del 46 y el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y, pasamos a la segunda ronda de iniciativas, tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Flor Estela Rentería Medina: Buenos días. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Antes de presentar mi iniciativa quiero enviar un especial saludo y felicitación al pueblo mágico de Parras, que hoy está cumpliendo 418 años de su fundación. Enhorabuena, gente buena, gente trabajadora, gente honrada, gente alegre y generosa que siempre los espera con los brazos abiertos.
Compañeras y compañeros diputados, la juventud mexicana es uno de los elementos principales del tejido social. Su ubicación entre la niñez y la edad adulta los convierte en los forjadores de la siguiente generación y a la vez en parte activa de la actual.
Al día de hoy existen distintas consideraciones respecto a la edad en la que una persona se considera joven, sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha fijado que el periodo que comprende la juventud el cuerpo humano es de los 12 a los 29 años de edad. Este lapso ha sido aceptado y observado jurídicamente en varios países, en México, sin embargo, no existe una declaratoria expresa sobre la juventud y su duración, tan sólo una consideración tácita en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que establece en su artículo 2o que la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años será el objeto de las políticas y programas del Instituto.
Lo anterior, sin embargo, no legitima a la juventud ni la hace acreedora o prioritaria para la recepción de apoyos, políticas públicas y programas sociales de todos los entes públicos. En la realidad solamente establece el grupo poblacional de una entidad del gobierno de la República, lo cual deja a las políticas para la juventud con un marco jurídico incierto e indeterminado.
Compañeras y compañeros legisladores, los jóvenes mexicanos hoy enfrentan muchos retos. Las oportunidades laborales cada vez son más competidas; el embarazo adolescente es un tema alarmante y en salud en general, según el INEGI, el 32.7 por ciento de las y los jóvenes mexicanos no cuentan con afiliación a ningún servicio de salud, y para abonar a esta situación no obra en nuestra Constitución, en ninguna parte de ella, consideración alguna para la población juvenil.
Los problemas de la juventud, como los de cualquier espectro de la población, merecen la correcta intervención de los tres órdenes de gobierno para su solución, sin embargo, difícilmente podemos dar una atención adecuada si no contamos ni siquiera con una homologación en la ley, que permita marcar parámetros básicos para la pensión de la juventud.
La iniciativa que hoy presento propone incorporar al artículo 4o. constitucional un párrafo 12, que estipule con claridad la edad de la juventud en México y la obligación para los tres órdenes de gobierno a diseñar políticas públicas que prioricen la formación académica e inclusión al mercado laboral de nuestras y nuestros jóvenes mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados, hagámoslo por nuestros jóvenes, que son el presente, que son la riqueza, que son la esperanza de nuestro México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rentería. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley de Migración.
El diputado José Adrián González Navarro: Gracias, señor presidente. Esta iniciativa lo que busca es eliminar temas de inconstitucionalidad que actualmente están vigentes en la Ley de Migración.
Nuestro derecho constitucional actualmente se ha ampliado, no solamente a proteger los derechos fundamentales, sino también los derechos humanos y ahora aplica un principio pro persona para poder garantizar que toda persona que esté en nuestro país esté protegida por la Constitución.
El artículo 81 de la Ley de Migración establece que el Instituto Nacional de Migración puede hacer revisiones, no solamente en el cruce aéreo y marítimo de personas, sino también en el interior de la República, una vez que ellos ya están establecidos. Esta disposición, por el simple hecho de autorizar que sea el propio instituto a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien haga este tipo de revisión, ya sea en vehículos, en domicilios, carreteras o cualquier otro lugar del país, sin la intervención del Ministerio Público, atenta con lo que establece el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución, que dice que ninguna persona puede ser privada de sus derechos, posesiones, bienes, si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y que se garanticen las formalidades del procedimiento.
Entonces, lo único que se busca con esta reforma es que sea el Ministerio Público, a través de la autorización de un juez, quien autorice al Instituto Nacional de Migración el poder hacer este tipo de revisiones una vez que ya están al interior del país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, sin duda, la infraestructura carretera en México constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico.
Es de vital importancia que el país se encuentre perfectamente comunicado, a fin de lograr incentivar el intercambio comercial y la movilidad de las personas. En el país existen 94 carreteras y autopistas, de las cuales 44 corresponden a autopistas de cuota, las que para cumplir con los fines señalados se exigen que se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, razón por la cual se hace necesario que el Estado mexicano realice una importante inversión de recursos.
Hoy en día es impensable el intercambio comercial y el traslado de personas sin una infraestructura carretera idónea, adecuada, segura y en buenas condiciones de uso, que respondan a las demandas de movilidad de los distintos sectores, tanto del ámbito público como del privado.
Por lo que hace al crecimiento económico, la promoción de la inversión, el desarrollo comercial, la importación, la exportación de mercancías, el tránsito turístico y la generación de empleo, las autoridades deben de procurar siempre condiciones óptimas para estimular dichas actividades, por lo que la construcción de malas vías de comunicación representan para todos estos sectores el principal medio de comunicación.
En nuestro país, de manera frecuente, las autopistas se encuentran en reparación o en malas condiciones, lo que ocasiona al usuario utilice más tiempo en sus traslados, mayor consumo de combustible, incumplimiento de compromisos, incremento de accidentes automovilísticos, sin dejar de mencionar el desgaste físico que ello implica, lo que por ende se refleja en un menoscabo en la economía de los usuarios de todos los sectores ya mencionados.
En comparación con otros países, el precio que se paga por el uso de las autopistas en nuestras casetas es extremadamente alto, además de que en algunos casos el servicio que se ofrece es de mala calidad.
Se encuentra en reparación, mantenimiento, construcción, ampliación o en malas condiciones, ocasionado por fenómenos naturales como deslaves, inundaciones, derrumbes por la mala planeación o desgaste y la no previsión.
Como ejemplo, un comparativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del año 2009 señaló que las tarifas de las autopistas en varios países, en centavos de dólar, Japón, en 17 dólares 45 centavos. Para México en autopistas concesionadas 14 dólares con 15 centavos, para Francia en 12 dólares con 31 centavos, siendo México la segunda tarifa más alta en las carreteras del mundo.
Cabe de los datos mencionados, que en México se llega a duplicar el precio de la tarifa. Respecto de las características de las concesiones en México frente a otros países, también existen algunas diferencias que es bueno señalar, ya que en México, además de que el gobierno aporta una parte del presupuesto le garantiza al concesionario una parte de los costos y no a la inversa, como sucede en Argentina y en Brasil. Las empresas garantizan al gobierno, además de un buen servicio, el cobro de las tarifas más bajas acorde con el servicio prestado. Por otra parte, en México se pueden compensar pérdidas al concesionario mediante el incremento en la duración de la concesión.
Considerando que las autopistas, por lo general, constituyen una opción de mejor calidad respecto a la red de carreteras libres de peaje para viajes interurbanos, tales como menor tiempo de viaje, mejores condiciones de operación y de otros aspectos, como mayor seguridad.
Sin embargo, el acceso se encuentra restringido a usuarios debido al alto costo de las mismas. Esto se refleja en que al incrementar los costos del transporte por la problemática antes mencionada, las cuotas pueden crear barreras financieras para la movilidad de los grupos menos favorecidos y generar problemas de exclusión social.
Por ello, es indispensable facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y opinión de la Secretaría de Economía, a efecto de que ajuste las tarifas establecidas para las autopistas del país cuando éstas se encuentren en reparación, ampliación, construcción o en mal estado, y que implique una afectación de los usuarios al transitar por dichas autopistas.
Por ello es que se propone:
Único. Se adiciona una fracción XII Bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Adminisración Pública Federal para quedar como sigue:
XII Bis. Ajustar en favor de los usuarios las tarifas establecidas para las distintas autopistas del país cuando se encuentre en ampliación, construcción, reparación, en mal estado o que de algún modo sufra una alteración que implique afectación a los usuarios al transitar por dichas autopistas. Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con la opinión de la Secretaría de Economía, determinarán el ajuste correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y maestros de la Escuela Secundaria Luis Pasteur, del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos, amigos, amigas a San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Sofía González Torres: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el gobierno federal impulsa la estrategia nacional digital para facilitar el acceso de los mexicanos a las tecnologías de la información y de la comunicación. Este tiene por objetivo colocar a México como líder en la materia.
El uso de dispositivos móviles y el Internet, así como otras herramientas han transformado la manera en la que las personas organizan los estudios, el trabajo y su tiempo libre. Quienes las emplean obtienen nuevas perspectivas y ventajas competitivas dentro del mundo global.
En nuestro país existen comunidades que no han logrado entrar en la era de la información y el conocimiento debido a la marginación que enfrentan, mientras que en la esfera gubernamental aún existen múltiples áreas de oportunidad para que las tecnologías generan servicios más eficientes y cercanos a la ciudadanía. Tenemos que generar un cambio.
De manera general el acceso desigual de las personas, regiones e instituciones a las tecnologías de la información y la comunicación se conoce como brecha digital. Como esfuerzo para combatir esta brecha y dentro de las acciones de la estrategia nacional digital el gobierno federal ha entregado tabletas a estudiantes de primaria y ha creado espacios públicos conectados de manera gratuita a la red de Internet.
Con base en esto propongo la creación de un anexo transversal dentro del presupuesto de egresos que identifique los recursos destinados al cumplimiento de esta estrategia. De esta manera podremos colaborar de forma más estrecha con el Poder Ejecutivo para poner en día al país en materia de capacidades digitales.
En la actualidad la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé anexos transversales para identificar el gasto en áreas que exigen intervención de diversas dependencias y entidades. Por ejemplo, la igualdad entre mujeres y hombres, el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y la transición energética, al igual que ellas, la Estrategia Nacional Digital requiere un seguimiento oportuno.
Por ello, los invito a respaldar esta iniciativa sencilla y sin impacto presupuestario que fomentará la colaboración entre poderes y mandará una señal de compromiso con la información gubernamental, la competitividad y la sociedad del conocimiento. Respaldarla significa apoyar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del presupuesto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Damos la bienvenida a alumnos, maestros de la Escuela Primaria Simón Bolívar, de Morelia, Michoacán. Invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, señor presidente. La que suscribe, diputada Ariadna Montiel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Acudo a esta tribuna, para presentar la iniciativa de ley con el objetivo de abolir las corridas de toros.
La historia de la primera corrida de toros, se remonta al coliseo romano, donde solían sacrificarse a los toros y caracterizarlos como monstruos. En España alrededor del año 1400, dicho espectáculo consistía en encerrarlos en grandes corrales en los que eran perseguidos con caballos y armados con lanzas y picos hasta matar a los indefensos animales.
Esta matanza era presentada por el público asistente. La reina Isabel la Católica rechazó las corridas de toros, pero no las prohibió, mientras que el emperador Carlos V se distinguió por su afición a las matanzas de toros, evidenciando que desde aquellos tiempos se ha discrepado en torno a este sacrificio estéril.
La presente iniciativa pretende despertar la conciencia y propone una adición a la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de prohibir las corridas de toros en el territorio nacional y así dejen de ser un espectáculo vergonzoso, ya que en unos 20 minutos de duración se escenifica la falsa superioridad y la fascinación enfermiza contra toda lógica ética de quienes creen tener derecho a disponer a su antojo de la vida de otros seres sensibles, llegando incluso a justificar y a utilizar la muerte del toro como arte y diversión.
Un comportamiento patológico que nace de una incapacidad para afrontar el dolor de las víctimas y una morbosidad irrefrenable ante la posibilidad de ser testigo directo de alguna cornada o de la muerte del matador. Un riesgo fortuito y poco frecuente, un torero por cada 40 mil toros y sobre todo inevitable, que sin embargo incrementa el carácter macabro de la propia corrida.
Las corridas de toros además de carecer de sentido ético y apoyo social fomentan el desprecio hacia los animales y la insensibilidad entre los ciudadanos acostumbrados a permanecer impasibles ante el linchamiento de un ser vivo.
Indudablemente ha disminuido el apoyo popular a las corridas de toros. El fin de estas crueles exhibiciones dependerá del grado de respaldo de los medios de comunicación, de los intereses económicos y de las instituciones públicas y religiosas que tradicionalmente las han justificado y mantenido política y materialmente a cambio de un interés económico permitiendo la pérdida de valores éticos, del modelo egoísta de una sociedad actual intolerante y cruel que se manifiesta a través de las retransmisiones taurinas, de violencia deportiva y doméstica, las cuales se mantienen y se transmiten en horarios en donde los niños que no participan o asisten a estas corridas de cualquier manera tienen acceso a ellas.
Las corridas de toros en América, Francia y Portugal atravesaron las mismas vicisitudes que en España, decretándose prohibiciones civiles y eclesiásticas que salvo algunas excepciones no se respetaron, aunque contribuyeron al desarrollo de un estilo diferente del espectáculo igualmente cruel, basado en el tormento y la muerte de un animal sensible.
Los continuos esfuerzos de las instituciones en apoyo a las corridas de toros y las fiestas del sufrimiento animal en las que se torturan ejemplares de varias especies, se enfrentan al creciente rechazo de una juventud más crítica que busca una relación más sincera y armoniosa con los animales y la naturaleza, y a una opinión pública más escéptica y dispuesta a cuestionar las diversiones más aberrantes, lo cual posibilitaría el fin de la permanente fiesta taurina.
El sueño de erradicar las costumbres violentas y crueles como las corridas de toros, prohibidas hace más de dos siglos por nuestros ilustres antepasados como una enfermedad social que se manifiesta de múltiples formas, destruyendo nuestra sensibilidad y el sentido ético y estético de cuantos aceptan como normal que las partes mutiladas de un animal sirvan de recompensa, y fomentando, inclusive, el machismo y la violencia de género, ya que si se acepa que un animal puede ser torturado por lucro y diversión, también la condición humana puede ser objeto de la misma consideración.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, que adiciona la siguiente redacción:
“Asimismo queda prohibido en el territorio nacional cualquier tipo de espectáculo mediante el cual se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros”. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Montiel. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul). Presidente
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez López, por favor.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo preguntarle a la diputada Montiel si nos podemos suscribir, la banca de Morena a su iniciativa.
La diputada Ariadna Montiel Reyes (desde la curul): Claro que sí, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia, y entonces está a su disposición para quienes quieran suscribirla.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Agraria.
El diputado Moisés Guerra Mota: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, por todos es bien sabido que el derecho internacional y la doctrina han coincidido en que los derechos humanos son aquel conjunto de garantías inherentes a cada ser, y que pertenecen frente al poder público para preservar su dignidad como ser humano; dentro de este conglomerado de derechos, habita la seguridad jurídica, la cual ha sido considerada como la garantía de promover en el orden jurídico la justicia, la igualdad, en la libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que este responda a la realidad social en cada momento.
Para fines prácticos, la seguridad es certeza, tranquilidad y calma, elementos que permiten al ser humano encontrarse en un ambiente de certidumbre. Los avances en nuestro país en materia de derechos humanos han sido significativos en los últimos años. Sin embargo, la redacción actual del segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Agraria vulnera el principio de certeza en perjuicio de los avecindados.
Para arribar a esta conclusión es importante tener en cuenta que la regla prevista en el artículo 61 de la Ley Agraria en la cual se concede un plazo de 90 días naturales para impugnar la asignación de tierras por la asamblea, le es aplicable al ejidatario, poseedor regular, ya que éste ha sido citado legalmente a la asamblea y puede ascender a ella, pues al ser reconocidos con dicha calidad se les otorga un lugar dentro del núcleo de la población, lo cual acarrea consigo una situación jurídica particular con derechos y obligaciones propios convirtiéndolos así en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina.
Sin embargo, en el caso de los avecindados que son quienes aspiran a alcanzar la calidad de ejidatarios o poseedores regulares, al no formar parte de la asamblea general, en muchos de los casos ni siquiera se les pasa lista de asistencia, por lo que no existe constancia que tenga conocimiento de los actos que celebra la asamblea en general.
Por consiguiente, a efecto de abandonar a la seguridad jurídica, a los ejidatarios y avecindados, se requiere que éste haga del conocimiento público los acuerdos para la asignación de tierras tomados por la asamblea en general, los términos que ella misma determine. De esta manera estaremos contribuyendo a reforzar la seguridad en la posesión de las tierras para las mujeres y los hombres del campo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guerra. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos y personal docente del Centro de Estudios y Científicos y Tecnológicos de Hidalgo, plantel Huejutla, de alto aprovechamiento, sean invitados por la diputada Carolina Viggiano. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, a quien saludo afectuosamente, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución consagra que los legisladores somos representantes de la nación con facultades para expedir las leyes y decretos que regulen la vida del país; es decir, representantes de los intereses de la ciudadanía y a ella nos debemos. Para llevar a cabo este trabajo nos dividimos en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; y una de nuestras funciones es el procesamiento de iniciativas, minutas y puntos de acuerdo.
No es desconocido que el tiempo disponible para los periodos ordinarios de sesiones en muchas ocasiones resulta insuficiente para analizar, estudiar y desahogar todas las iniciativas de ley que presentamos. Esta situación genera un grave rezago legislativo, y propicia severas críticas y desaprobación de la ciudadanía. En Nueva Alianza, comprometidos a dignificar la política, fortaleciendo el papel de servicio a la sociedad, son principios que observamos.
En ese sentido, creemos conveniente ampliar los periodos de sesiones del Congreso con la finalidad de hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad en el Poder Legislativo. Actualmente el Congreso de la Unión divide su ejercicio en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero que transcurre del 1o. de septiembre al 15 de diciembre, y que puede prolongarse hasta el 31 de diciembre cuando el presidente de la República entra en funciones; el segundo del 1o. de febrero al 30 de abril. En caso de ser necesario se convocan a periodos extraordinarios de sesiones para atender asuntos urgentes.
El enorme rezago legislativo, que en el Senado de la República tiene pendientes más de mil 100 iniciativas y en la Cámara de Diputados mil 46, nos demuestra que la duración de los periodos ordinarios no es suficiente para resolver los asuntos de la agenda nacional. Para hacer nuestro trabajo con responsabilidad y dar buenas cuentas a la ciudadanía es insoslayable transitar hacia esquemas de mayor productividad y eficiencia.
La presente iniciativa busca reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política y los correlativos 4o y 6o de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar los periodos de sesiones ordinarias. Se propone ampliar los tiempos legislativos que actualmente son de seis meses y medio, a un total de nueve meses y medio de trabajo, que estarán divididos o que podrán ser divididos en dos periodos ordinarios. Es decir se propone sumar tres meses de actividades parlamentarias.
Por lo tanto planteamos que el primer periodo ordinario de sesiones pueda comprender del 1 de agosto al 15 de diciembre de cada año, mientras que el segundo periodo ordinario pudiera comprender del 1 de febrero al 30 de junio. Con esta propuesta el año legislativo se computaría del 1 de agosto al 31 de julio siguiente.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que con estos cambios se fortalece la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Congreso de la Unión.
Todos sabemos que el proceso para dictaminar una iniciativa, minuta o punto de acuerdo implica en muchas ocasiones realizar actividades como foros, talleres, reuniones con la administración pública y al interior de comisiones a fin de incluir todas las voces y elaborar dictámenes bien sustentados. De igual manera, aprobar en el pleno un dictamen requiere alcanzar consensos que generalmente se logran tras amplios debates.
Compañeras y compañeros, asumamos hoy el compromiso de trabajar con mayor intensidad para cumplir con la responsabilidad que el pueblo mexicano nos ha encomendado. Dignifiquemos el trabajo legislativo, recuperemos la confianza ciudadana, fortalezcamos el marco jurídico y atendamos oportunamente las demandas de la sociedad. Cambiar las cosas está en nuestras manos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfredo del Mazo Maza, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Alfredo del Mazo Maza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la infraestructura representa uno de los mecanismos más relevantes para dotar de equilibrio el desarrollo de las regiones y sus localidades.
La infraestructura fomenta la competitividad y al contribuir a la disminución de los costos de operación, a la reducción de los tiempos de traslado y al facilitar el acceso a los mercados impulsa la productividad. Pero lo más importante es que la infraestructura amplia las oportunidades de acceso a más y mejores servicios públicos.
La infraestructura de transporte es la responsable de una mayor integración entre regiones y mercados. A través de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles permite hacer efectiva la reducción de costos de traslado y dar al país sentido de unidad, mediante el fortalecimiento de su conectividad. A través de ella lograremos impulsar el potencial logístico que tiene nuestro país.
Es así, que quienes integramos la Comisión de Infraestructura analizamos la iniciativa que envió a esta soberanía el titular del Poder Ejecutivo federal, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes, Autotransporte Federal, de Puertos, Aeropuertos y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Bajo un clima de diálogo, apertura y pluralidad, la Comisión de Infraestructura presenta ante esta honorable asamblea el presente dictamen.
Reconociendo que el día de hoy la participación de la inversión privada representa un espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo de la infraestructura, es necesario fortalecer el marco regulatorio convirtiéndolo en una herramienta que propicie su participación.
Un marco que genere las condiciones de eficiencia y certeza jurídica para invertir, que permita asegurar la viabilidad de los proyectos, y contribuya a fortalecer los ejes del Programa Nacional de Infraestructura y el cumplimiento de sus objetivos.
Es por ello, que en el presente dictamen se contempla la participación coordinada entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda, para el otorgamiento y prórroga de concesiones, lo que permitirá fortalecer las finanzas públicas, hacer más eficiente el uso de los recursos y crear un mecanismo jurídico idóneo para el análisis de la rentabilidad económica.
Con la opinión de la Secretaría de Hacienda sobre la rentabilidad económica y el análisis financiero de los proyectos de concesión, se fortalecen los mecanismos de planeación, análisis y transparencia, disminuyendo la posibilidad de demoras y sobrecostos en su ejecución, así como el aprovechamiento eficaz y eficiente de los activos de nuestro país.
La presente iniciativa permite establecer bases claras para considerar, en los proyectos, los recursos destinados para la liberación del derecho de vía dentro de los costos totales del proyecto, esto permitirá evaluar de manera más clara las presiones de gasto y contar con estimaciones reales para la ejecución de las obras en tiempo y forma.
El dictamen propone homologar las diversas leyes, para registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todas aquellas concesiones que incluyan inversiones públicas y puedan ser contempladas en el Presupuesto de Egresos que aprobamos en esta Cámara.
Asimismo, se establece, con mayor claridad, las responsabilidades y procedimientos respecto a las contraprestaciones que deberán de cubrir los concesionarios en beneficio del Estado, con motivo del uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público.
Compañeras y compañeros, este dictamen lo que busca es fortalecer la planeación, el análisis y la evaluación del otorgamiento y la ampliación de concesiones, para que aprovechemos de manera más eficiente los recursos públicos y exista una mayor eficacia y eficiencia en el impulso a la infraestructura, con el apoyo del sector público y el sector privado.
Los invito a que podamos apoyar esta iniciativa de manera conjunta por el bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Del Mazo. Saludamos la presencia de alumnos de derechoderecho de la universidad CUCS, campus Cuauhtémoc de la Ciudad de México, invitados por el diputado Enrique Zamora Morlet. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y está a discusión, en lo general, el dictamen que ha sido presentado. Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios al respecto, ya tenemos aquí integrada la lista y en consecuencia tiene la palabra el diputado Gonzalo Guizar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares: Amigas y amigos diputados, por supuesto que hoy se va a votar una iniciativa que nos va a permitir dar viabilidad a los proyectos en términos de concesión.
Aquellos que estrictamente vayan a dar a la inversión privada o aquellos también que tengan qué ver con las subvenciones que tiene que dar el gobierno federal en estos casos.
Agregar y adicionar diversas disposiciones de las leyes de caminos, puentes y autotransporte federal de puertos, de aeropuertos y reglamentario del servicio ferroviario, el día de hoy es un paso que para Encuentro Social como partido es determinante para la vida económica del país.
Se tiene que ver mucho, amigas y amigos diputados, que aquí lo que hoy no se establece en ley, con esta iniciativa hoy quedaría debidamente establecido que el derecho de vía que ha sido motivo para estancar muchas inversiones al día de hoy sea parte del proyecto de la obra de infraestructura que se pretenda concesionar, en su caso.
Es decir, muchos proyectos, los sabemos nosotros como representantes populares y sociedad, se quedan estancados porque el derecho de vía, la afectación a ésta no forma parte del proyecto, en este caso, de la infraestructura que se considere. Tampoco queda claro al día de hoy, y con esta iniciativa se establecen con certeza las contraprestaciones que debe dar el concesionario. Y, por supuesto, lo que tampoco existe al día de hoy es que el criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, prevalezca ante la corrida financiera.
Es decir, actualmente la opinión no es obligación de ley y a partir de ahora será de manera conjunta una consideración invariable que tomar para el análisis, por supuesto, para asegurar la viabilidad del proyecto y en el análisis de la rentabilidad económica.
Por ello, amigas y amigos, consideramos importante votar a favor de este dictamen sabiendo que un país que le apuesta a la infraestructura, llámese carreteras, llámese aeropuertos, llámese vías férreas, es un país que por supuesto está dando los elementos para detonar económicamente el desarrollo. Es determinante esta iniciativa y por eso, Encuentro Social va a favor. Muchas gracias. Muy amables.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene la palabra el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por tres minutos.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Una de las prioridades legislativas del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es mejorar las condiciones que contribuyan al crecimiento personal y el bienestar social de las mexicanas y los mexicanos.
Por ello, coincidimos con el propósito de crear e incentivar cadenas de valor que generen polos de desarrollo regional, más y mejores empleos y que contribuyan a fortalecer nuestro sector exportador, aspectos que necesariamente requieren de una infraestructura acorde a las mismas exigencias.
La infraestructura de un país, su extensión, calidad y condiciones con la que esta cuenta es uno de los factores fundamentales que hoy se vinculan con su desarrollo y crecimiento económico.
Cuando esta infraestructura se encuentra en las condiciones más satisfactorias, impacta de manera sustantiva en la ampliación de la capacidad productiva nacional y su competitividad. También se observa un efecto multiplicador en la generación de empleos y en la disminución de brechas regionales, lo que contribuye a la reducción de la pobreza.
Dado sus elevados costos, éste es un sector en el que fundamentalmente se observa la participación del Estado en su planeación, promoción y financiamiento, a lo que tenemos que añadir su gestión y su administración.
Sin embargo, las limitaciones e insuficiencia del gasto público para cubrir los requerimientos financieros en la infraestructura del país ha hecho que se busquen alternativas para cubrir nuestras necesidades. De este modo, desde hace pocas décadas nos insertamos en la tendencia global de los gobiernos, a fin de lograr mayor participación del sector privado en el desarrollo y la administración de proyectos de infraestructura.
Y si bien los resultados alcanzados merecen reconocimiento, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincide con nuestra colegisladora en la necesaria reforma a las leyes motivo de este dictamen.
Reconocemos los afectos de dotar de certeza jurídica y económica los procesos que deriven de una concesión, ya sea en carreteras y autotransporte federal, puertos, ferrocarriles o en materia aeroportuaria. No obstante, acorde con los principios de Nueva Alianza al apoyar la aprobación de estas reformas, estamos convencidos que debemos mirar a un largo plazo.
Más allá de un gasto y finanzas públicas más sanas o una mejor coordinación entre dependencias del Ejecutivo federal, dotar de certeza jurídica y mejorar condiciones de procesos que llevarán a cabo concesiones en este país, impactará de manera significativa nuestra capacidad productiva y competitiva.
En el año de 2012, el Foro Económico Mundial nos ubica en el lugar 68 de 144 en el Índice de Competitividad en Infraestructura. De manera desagregada nos encontramos en el lugar 50 de infraestructura carretera, en el 60 en infraestructura ferroviaria y en 64 en lo que refiere a su capacidad portuaria y aeroportuaria.
En puertos alcanzamos el lugar 57, pero donde más mejoramos fue el rubro de infraestructura en transporte aéreo, al llegar en la posición 55. Esto gracias a un aumento en un 13 por ciento de pasajeros que transitaron por el país en el 2015, a las 250 nuevas rutas nacionales y a 180 internacionales concesionadas.
La inversión de más de 21 mil millones de pesos en infraestructura aérea fue un detonante de este crecimiento y de los cuales nueve mil 400 provinieron de capital privado.
Como nación México necesita infraestructura que reafirme su apertura comercial y vínculos con el mundo globalizado y que ante condiciones económicas actuales necesitamos concesiones que apuesten con el desarrollo de nuestro país.
Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de las reformas y adiciones a las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal; de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con la finalidad de detonar el crecimiento económico del país a través de la infraestructura pública nacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Se informa a la asamblea que al concluir el posicionamiento de los grupos parlamentarios termina el plazo para presentar propuestas de modificación a este dictamen a discusión, por si las hubiere. Ahora tiene la palabra el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos.
El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio: Con su venia, señor presidente. No obstante cada que se entrega una concesión, el pueblo tiembla; pero eso solo algunos, porque algunos solo se benefician.
Nos sumamos a las modificaciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, toda vez que las concesiones en materia de transporte tienen como propósito eficientar y acrecentar el desarrollo de la economía nacional.
Con las reformas que están por aprobarse se podrán comparar los ingresos susceptibles monetarios por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados con los costos generados por la realización de los proyectos que se pretendan.
Como una instancia especializada en evaluación de los proyectos de inversión, se encontrará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe resaltar que uno de los requisitos indispensables para que se obtenga el otorgamiento de la concesión o resolución de las prórrogas que se contemplan en las normas, será el registro de la cartera de programas y proyectos de inversión cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento.
Por otro lado, se establece que el concesionario tendrá que cubrir al gobierno federal las contraprestaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De esta manera podemos asegurar que al otorgar una concesión para la realización de proyectos de infraestructura de transporte que sean aprobados, se tendrá certeza jurídica de los mismos; beneficiarán desde el inicio a todos aquellos que participen tanto en la construcción, el funcionamiento y uso de los proyectos, permitiendo la creación de empleos en las regiones.
Consideramos que para el desarrollo económico y social de nuestro país, el transporte es considerado como uno de los aspectos más importantes, siendo el sector privado parte fundamental para la puesta en marcha de los proyectos que sean susceptibles de concesión.
Por los razonamientos antes expuestos, votaremos a favor en lo general, y presentaré una reserva en su momento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sosa. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las universidades de Morena son una realidad, y muy pronto de resultados. Agradecer a la Secretaría de Educación, quien tiene conocimiento de estas, y digo esto para que los medios de comunicación investiguen antes de alguna publicación.
El dictamen que hoy se votará esta tarde nos convoca a reflexionar de manera crítica las políticas que este modelo neoliberal ha implantado en nuestro país. No sólo en la forma en que se han desarrollado las directrices económicas, que han convertido a México en uno de los países más desiguales del orbe, sino que las prácticas de corrupción, conflicto de interés y el manto de impunidad que cubre las acciones de estos gobiernos, se han convertido en el denominador común del quehacer político en todos los ámbitos de la vida pública, y este dictamen que emana de la Comisión de Infraestructura no es la excepción.
No a los recortes presupuestales, ya que éstos permiten la generación de empleo. Sí a la eliminación de las pensiones vitalicias. Sí al recorte de los altos salarios de los altos funcionarios, incluyéndonos nosotros. Sí a la transparencia y fiscalización del gasto público. Sí a la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por no ser una obra prioritaria. Sí a la seguridad pública nacional. Sí a una atención de salud digna para las y los mexicanos. Sí a la educación de calidad, sólo votaremos a favor siempre y cuando desde este recinto tengamos la participación directa en la elaboración de este tipo de dictámenes. No más imposiciones.
Hablar de infraestructura, sin duda, es lo que le hace falta a este país. Hagámoslo con orden, porque quiero poner en este momento el tema relacionado Oaxaca y me refiero a los dos tramos carreteros que están en proceso de construcción. Hoy la concesionaria ICA se declara en banca rota, son ya casi 18 años que están en proceso de construcción, la carretera que va de Oaxaca al Istmo y la carretera que va de Oaxaca a la costa. No vamos a permitir que se sigan imponiendo empresas que lo único que hacen es beneficiar a unos cuantos, como el caso Videgaray o la Casa Blanca. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tello. Tiene el uso de la tribuna, para fijar postura a nombre del Partido Verde Ecologista, el diputado Edgar Spinoso Carrera hasta por tres minutos.
El diputado Edgar Spinoso Carrera: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor el presente dictamen porque estamos convencidos de que esta propuesta es un claro ejemplo de que el gobierno federal sabe el rumbo que se debe tomar para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Respaldamos las políticas públicas del señor presidente de la República. Por eso, la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal a esta Cámara de Diputados es de vital importancia.
En el entorno económico nacional pues a través de ella se busca la participación de capital privado en la ejecución de obras públicas con reglas claras, transparentes, de seguridad y certeza económica para quienes las ejecuten, estableciendo en las leyes que se están modificando la regulación y la rentabilidad económica integral de las obras concesionadas.
Pero también este dictamen le permite a nuestro país aprovechar la coyuntura económica internacional para generar riqueza, ya que ahora con las obras que sean concesionadas en temas como la construcción de caminos, la construcción de puentes, aeropuertos y ferroviarios tendrán que cumplir varios requisitos, entre los que me permito destacar.
Primero. Se busca que los proyectos sean registrados en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues de esta manera se dará certeza sobre la responsabilidad y el cumplimiento de las empresas para poder participar en la licitación de estas concesiones.
Segundo. Se establece que las contraprestaciones de las concesiones sean avaladas y aprobada por la Secretaría. Con esto se garantiza transparencia, se combate la corrupción y se da certeza del cumplimiento de las obras en beneficio de la población.
Tercero. Se tiene que analizar la rentabilidad integral de la obra. Esto permitirá que al emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su opinión favorable al proyecto, esta validación no solamente sea de carácter económico sino también tenga beneficio social para la comunidad donde se construya.
Cuarto. La inclusión del costo de la liberación de los derechos de vía. Esta incorporación es sin duda la piedra angular sobre la viabilidad de las obras y su ejecución total.
Sin duda alguna con este dictamen estamos moviendo a México hacia el camino de la planeación eficaz y eficiente para los estados, municipios y sus comunidades, en donde la inversión de recurso público y privado generará empleos de calidad y se incorporará a la sociedad al pleno desarrollo del país.
Señores legisladores, el invertir en infraestructura es dar rumbo al país, el que todas y todos sepamos cuáles son las reglas de inversión deriva en la disminución de los riesgos que en muchas ocasiones desalientan a los empresarios a invertir en infraestructura.
Finalmente, no debemos satanizar las concesiones. México está en el rumbo de tener un sistema eficaz en el tema de transparencia y rendición de cuentas, de dar certeza sobre los procesos no sólo de adjudicación, sino también de culminación de las obras para que los beneficios sociales lleguen a toda la población, para que esta generación y las futuras tengan un mejor México. Esto, señores, es un ejemplo más de que si los actores político nos ponemos de acuerdo podremos lograr mejoras sustanciales para nuestro país.
En resumen, quiero señalar que con este dictamen estaremos dando la ayuda al Estado mexicano para cubrir las necesidades de los estados, de dotar de infraestructura a sus pobladores sin que esto implique un incremento de recursos públicos en proyectos o en la realización de nuevas obras.
Por todo ello, señores, compañeros diputados y diputadas, el Partido Verde Ecologista de México, su Grupo Parlamentario votará y respalda este presente dictamen. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Spinoso. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos: Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acudo a esta tribuna a fijar nuestra postura en pro del dictamen a discusión.
El dictamen de la Comisión de Infraestructura se pronuncia en sentido positivo respecto de la iniciativa de la ley presentada en septiembre pasado por el titular del Poder Ejecutivo federal, mediante la que se plantea adicionar un artículo a las siguientes cuatro leyes: Caminos, Puertos y Aeropuertos y Servicios Ferroviarios.
Con esta reforma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá contar con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el otorgamiento o prórroga de las concesiones en las áreas de caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
Para tal efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá que elaborar una evaluación sobre la rentabilidad económica del proyecto, hacer el registro respectivo en la cartera de programas y proyectos de inversión e incluir las contraprestaciones del concesionario hacia el gobierno federal.
A nuestro parecer, las medidas que habremos de aprobar son adecuadas, porque fortalecen el control sobre los proyectos de infraestructura de comunicaciones y transportes, que son de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país. No obstante, existe un par de señalamientos que expongo en este pleno.
En primer lugar, quiero hacer notar que con estas modificaciones se da continuidad a la tendencia observada desde inicios de la actual administración de incrementar el ya de por sí vasto cúmulo de facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tan solo en esta legislatura se ha aprobado que dicha Secretaría se haga cargo de los destinos, remanentes de operación del Banco de México y ahora también dará el visto bueno para las concesiones del sector de Comunicaciones y Transportes.
En segundo lugar, quiero manifestar, y es un tema que nuestro partido hemos discutido y hemos pugnado para que así sea, que tenemos una preocupación sobre la poca inversión pública y la tendencia a reducirla todavía más, principalmente en vista de que la inversión privada no ha sido un bue sustituto.
Hasta inicio de los ochenta la inversión pública rebasaba los 10 puntos de nuestro producto interno bruto, desde ese entonces y hasta ahora dicha inversión apenas alcanza un promedio de 4 puntos del PIB. Para 2015 y 2016 la situación es todavía peor.
Acorde con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y de deuda pública de 2015, en dicho año los ingresos presupuestales fueron superiores en 242 mil millones de pesos respecto a lo previsto. Sin embargo, en el cierre del ejercicio fiscal se redujo 70 mil millones de pesos a este rubro.
El anuncio hecho ayer con relación al ajuste preventivo en el gasto de 2016, resulta preocupante en términos de inversión pública, pues de los 32 mil millones de pesos en que se reducirá el gasto de la administración pública federal, 40 por ciento de ellos, equivalente a 12 mil millones de pesos, que corresponden precisamente al gasto de inversión. Ese es uno de los temas que al Partido de la Revolución Democrática nos ha preocupado.
Estamos convencidos en el PRD de que México requiere de inversión pública que impulse la demanda agregada y el crecimiento económico de nuestro país. No vamos por buen camino y la reducción de inversión pública no es una buena noticia, compañeros. Es cuanto, querido presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Barrientos. Tiene ahora la palabra el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, una de las características más relevantes del dictamen en discusión, es que precisamente establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión técnica justificativa, que nos dé la información económica financiera de la viabilidad de este proyecto, de tal manera que el otorgamiento de cualquier concesión o prórroga de la misma nos den la certeza de la rentabilidad del mismo proyecto.
En la comisión dictaminadora concluimos que con esta medida no se le resta autoridad ni se le quitan atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ser la dependencia responsable que regula el sector caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión técnica complementa y da solidez a los proyectos que involucran a los particulares en el momento en el que el Estado no puede desarrollar los mismos. Esto nos da la certeza que México debe seguir adelante con o sin las condiciones, pero siempre revisando, como la autoridad rectora, para que este tema sigua siendo especializado del país.
No debemos de perder de vista que la figura de concesión permite, a través de los particulares, esa construcción, la operación, explotación, conservación, mantenimiento de las vías de comunicación cuando el Estado no esté en condiciones de desarrollarlo.
El Estado tiene la obligación de proteger la seguridad, la soberanía de la nación y otorgar concesiones o permisos, a fin de mantener el dominio, el dominio respectivo de las comunicaciones de acuerdo a las leyes que la establecen y la regulan.
Actualmente resulta imprescindible que en el momento de otorgar una concesión o una prórroga se tenga la certeza de que los proyectos son viables, que perdurarán en el tiempo, que se garantice su eficacia y sobre todo, que beneficie a todas y todos los ciudadanos de México.
Hoy la sociedad ya no quiere más rescates carreteros, como en el pasado, donde los mexicanos tuvimos que afrontar las malas decisiones que se tomaron y que fueron irresponsables en su momento.
Ante este escenario vemos factible que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la evaluación de la rentabilidad económica y la documentación e información que se utilizó para dicha evaluación como requisito para que se otorgue una concesión o una prórroga de la misma, según sea el caso.
En Acción Nacional pretendemos que los tiempos de los trámites gubernamentales no sean un obstáculo para el desarrollo de dichos proyectos tan importantes de todos los rincones del país para llevar estos proyectos carreteros, por lo que los 30 días que se establecen en la ley en comento sean suficientes para que la Secretaría de Hacienda, a través de la dependencia del registro de inversión, en su caso, de no dar la respuesta en esos 30 días se tomará como emitida en forma positiva, de tal manera que en 30días ya se da la autorización de dicho proyecto y vamos a continuar. Que no duerma el sueño de los justos durante muchísimo tiempo y que estos proyectos tan necesarios para desarrollar el país se queden guardados ahí, en esa área de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda. Es una medida que nosotros consideramos en la comisión de una alta rentabilidad.
De igual forma, vemos factible que los recursos que se destinen para liberar los derechos de vía también sean contemplados en el proyecto del costo total de dicho proyecto, ya que muchas veces se le destina a un producto y se dificulta y se atora porque no hay el recurso ni la ley establece de dónde va a salir el costo de los de vía.
En esta ocasión ahí sí están contemplados. Esa es otra de las ventajas y de las generosidades de esta iniciativa. Por ello, en Acción Nacional vamos a votar a favor del dictamen. Lo hacemos porque estamos convencidos de que estas reformas favorecen y mejoran los procedimientos de evaluación al momento de emitir una concesión o prórroga de las mismas, de las propias carreteras, de los aeropuertos, de los ferrocarriles.
Tenemos que ofrecer reformas en materia de comunicaciones y transportes como la rentabilidad económica, que es una de sus ventajas, la liberación del derecho de vía, el registro carretero en forma expedita y, por supuesto, las contraprestaciones en beneficio del erario del Estado, de la hacienda federal no tributarias. En este sentido, diputadas y diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Xitlalic Ceja García: Traje porra, presidente. Con su venia, diputado presidente. Quiero poner en contexto la importancia del tema y los alcances de esta iniciativa enviada por nuestro presidente de la República.
Con esta iniciativa se pretende garantizar el desarrollo eficiente de los proyectos de infraestructura, evitando cambios, retrasos y sobrecostos, ya que dichos proyectos deben representar un factor de cambio, un factor de desarrollo y no un peso para el gasto público.
La participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura representa un espacio de oportunidad para impulsar la conectividad de nuestro país, ofrecer certeza económica para quienes eligen invertir en concesiones del Estado.
Invertirle al sector de comunicaciones y transportes tiene un impacto directo en el crecimiento de la economía de nuestro país. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI, siempre impulsará medidas y apoyará propuestas que motiven y promuevan el desarrollo de México.
Esta coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generará, sin lugar a dudas, los mecanismos que proporcionen seguridad jurídica a las autoridades y a los particulares involucrados, pues con la evaluación de la rentabilidad económica que realice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la opinión financiera, producto de un análisis especializado que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reducirán los riesgos de pérdidas económicas, tanto para las empresas como para el Estado, fortaleciendo así la eficiencia en el uso de los recursos públicos, mismos que verán reflejados en una mejor infraestructura y un mejor servicio para los mexicanos.
Con la inclusión de la liberación del derecho de vía dentro de los costos totales del proyecto, se evitarán retrasos en las obras, ya que la dificultad de adquirir los terrenos para liberar el derecho de vía implique en ocasiones la modificación de los trazos, provocando de manera considerable un mayor gasto en el proyecto y esto definitivamente deja de ser rentable para la empresa y para el Estado.
Otra de las virtudes de esta iniciativa es que considera un tiempo límite de 30 días naturales, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión favorable, de no hacerlo se aplicará la afirmativa ficta y con esto se evitará el retraso en el proceso de autorización de una concesión, o bien en su caso sea de una prórroga.
Cabe mencionar, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propondrá las contraprestaciones que deberán cubrir los concesionarios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará dicho monto con motivo del uso, aprovechamiento y explotación de un bien de dominio público. Esto generará ingresos adicionales de carácter no tributarios para la federación por concepto de aprovechamientos.
Esta iniciativa abona al desarrollo económico de nuestro país, pues brinda comunicación permanente entre los centros de población, facilita el acceso a los servicios públicos como la educación, la salud, energía, agua potable, entre otros. Así mismo genera mayores oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida de las y los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, yo los invito a que aprobemos este dictamen, que genera certidumbre, derrama económica y que nos conecta y nos mueve hacia un rumbo de progreso, pues con ella estarán estableciéndose las bases necesarias que fortalecerán de manera ordenada la inversión en materia de infraestructura del transporte generando fuentes de empleo, mejores oportunidades y crecimiento para nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ceja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos.
El artículo 1o, referido a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 6o. El artículo 2o. de la Ley de Puertos en su artículo 23 Bis, también el artículo 3o. de la Ley de Aeropuertos, el artículo 10 Bis, así como el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su artículo 8 Bis. Todos ellos por el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Una vez más pregunto: si falta algún diputado o diputada de emitir su voto, por favor. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 402 votos, 0 abstenciones y en contra 33 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que por allá llegó barriéndose a la curul. Manifieste de viva voz. Sonido en la curul del diputado, por favor, diga su nombre para que se registre y el sentido de su voto.
El diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces fueron 403.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Exacto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 403 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 1o de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 6o. Bis; al artículo segundo del decreto, referido a la Ley de Puertos, en su artículo 23 Bis; al artículo tercero del decreto, referido a la Ley de Aeropuertos, en el artículo 10 Bis; y también al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del dictamen, en el 8 Bis. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio: Con su venia, señor presidente. Garantizar la viabilidad de las concesiones de los proyectos más importantes en materia de infraestructura y el promover la responsabilidad entre las instituciones involucradas debe ser el objetivo principal de esta reforma.
Debemos transparentar los trámites concernientes a las concesiones que lleve a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promover el acceso a la información de sus acciones y del uso de sus recursos. Para esto, las concesiones no solo deben ser analizadas y aprobadas por las instituciones del Poder Ejecutivo, sino que también se pueda contar con la opinión derivada del análisis del Poder Legislativo federal; que permita que el Poder Legislativo, que es la representación nacional, no sea solo membrete, sino contrapeso de las decisiones del Ejecutivo.
Por lo anterior someto a consideración de esta honorable asamblea la presente reserva que adiciona el párrafo cuarto en cada uno de los artículos reformados de las leyes incluidas en el dictamen, quedando de la siguiente forma:
La Secretaría deberá remitir a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que dicha Cámara emita su opinión al respecto.
Esperamos la sensibilidad mostrada por el presidente de la comisión para que sea ingresada. Esta es mi propuesta, ustedes toman la decisión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sosa. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas y propuestas de modificación presentadas por el diputado Sosa.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Habiendo sido las únicas reservas como dimos cuenta en su momento, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 6o Bis; del artículo Primero de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; del artículo 23 Bis, del artículo Segundo de la Ley de Puertos; del artículo 10 Bis de la Ley de Aeropuertos, y del artículo 8 Bis de la Ley Reglamento del Servicio Ferroviario, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por el presidente, en términos del dictamen.
(Votación)
Adelante, diputado, se encuentra abierto el sistema electrónico. Se pregunta si existe alguna diputada o diputado en el pleno que falte de emitir su voto. El sistema electrónico se encuentra abierto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y está a punto de cerrarse. Ya no se mueve. A ver, allá está todavía votando un remiso.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 370 votos en pro, 56 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 370 votos.
En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, a ver, sonido en la curul de la diputada Blanca Cuata, por favor.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Señor presidente, para solicitar que en los recortes anunciados no se afecte el presupuesto aprobado en los rubros de educación e investigación, ya que se pretende recortar a la SEP más de 3 mil millones de pesos y al Conacyt 900 millones.
No podemos escatimar en educación, cuando se pagan aviones para que el titular y sus funcionarios viajen a gran lujo...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputada, con todo respeto, diputada Cuata.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): ... asimismo, los ajustes se deberían poner a consideración de esta soberanía, como se hace con el PEF...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No. Con todo respeto, pero no estamos en el punto, diputada.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): ... ya que vemos que cortan a rajatabla sin priorizar, lo que denota que no existe una planeación por parte del gobierno federal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Búsquese en todo caso incorporar en el orden del día de una siguiente reunión, si el asunto en lo específico se desea discutir. Bien.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de proposiciones que el pleno considere de urgente resolución. Los dos primeros de ellos, enunciados al principio en el orden del día, fueron retirados y en consecuencia pasaríamos al tercero.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos la diputada Araceli Damián González, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los compromisos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en el caso del ataque a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Suscrito también el punto por el diputado Roberto Guzmán Jacobo, ambos del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, señor presidente. El día de hoy Morena presenta este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con el objeto de hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, instruya al secretario de la Defensa Nacional para que atienda los compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, particularmente los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, entreviste a los miembros del Ejército que, de acuerdo con sus investigaciones, considere puedan aportar información relacionada con la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Solicitamos que permita la entrevista de todos aquellos elementos que por razones de su cargo hubiesen tenido conocimiento previo o posterior, o hubieren estado presentes durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este esfuerzo está animado por una legítima preocupación por el curso que está tomando la investigación.
Es por todos sabido que durante la reunión de trabajo del 3 de febrero, de la comisión especial de esta Cámara de Diputados para el caso Ayotzinapa, convocado para acordar el formato a proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar una entrevista entre los elementos del Ejército con las y los diputados miembros de la comisión, la posibilidad de realizar fue desechada al someterla a votación a iniciativa del representante del Partido Verde.
Esta abrupta marcha atrás fue avalada por los partidos del PRI, Nueva Alianza y Encuentro Social a sabiendas de la importancia que tiene para la investigación que los militares aporten información para esclarecer el asesinato de seis personas, tres de ellas estudiantes, y de otros 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero.
La defensa de la razón de los padres no es una bandera partidista ni debe serlo, es una exigencia social y una obligación del Estado mexicano que nosotros cumpliremos y respetaremos porque estamos convencidos de que es el mejor camino para recuperar la confianza en las instituciones y abonar a la cohesión social.
Estaremos atentos de la respuesta del titular del Poder Ejecutivo a nuestro exhorto que hacemos, y les decimos a los militares que es muy importante que sean solidarios en la búsqueda de la justicia y la verdad, y la reparación de los daños a padres, familiares y colegas de los estudiantes de la Normal Ayotzinapa. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, no se considera de urgente resolución. Túrnese la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la instalación del Constituyente de 1857, y para referirse al tema ya tenemos una lista integrada de los respectivos grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Si puede en menos, se agradecerá.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, en la vida del hombre y las naciones el pasado debe estar presente todos los días para guiar las decisiones cotidianas.
Un 17 de febrero de 1856, hace ya 160 años, se inauguraron solemnemente en la Ciudad de México las sesiones del Constituyente de 57, que tenían como encomienda crear una Constitución y sus respectivas leyes orgánicas. El Constituyente cumplió en tiempo y forma con su mandato. Así, el 5 de febrero de 1857 fue sancionada y jurada por el Congreso Extraordinario Constituyente.
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por el presidente Comonfort el 11 de marzo del mismo año, aquel Constituyente de 57 estaba integrado por connotados juristas e intelectuales.
Se trataba de los mejores hombres de México, se encontraban entusiasmados con las nuevas ideas liberales, por lo que decidieron comprometerse con la tarea de transformar políticamente esta nación mexicana para transformarla de un régimen monárquico absoluto en una república moderna, organizada bajo principios democráticos y modernos; gracias a lo cual el Constituyente de 57 se encargó de crear el documento político jurídico más avanzado e importante del siglo XIX de nuestro país.
El Constituyente trabajó en una serie de ejes rectores que tenían como fin trazar un nuevo sistema político para nuestro país, entre los cuales se destaca un sistema federal como forma de gobierno, la separación de la Iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes de la Iglesia, la división de los Poderes y la enseñanza laica.
Los redactores de la Carta Magna de 57 sentaron las bases para convertir a nuestro país en una nación moderna.
El Constituyente creó las bases democráticas de las cuales hoy gozamos, así se encargó de garantizar el sufragio universal, las libertades de expresión, de asamblea, de imprenta y de enseñanza, la tolerancia del culto, la eliminación de la pena privativa por deudas de carácter civil, así como la desaparición de privilegios a militares y eclesiásticos y la prohibición para usar títulos de nobleza, honores hereditarios y monopolios.
El juicio de amparo es otra de sus grandes aportaciones, gracias a lo cual se dotó a la sociedad de garantía procesal moderna y novedosa, que tiene plena vigencia hasta nuestros días como garante del estado de derecho.
En este día, las y los diputados de Encuentro Social, nos permitimos conmemorar la labor realizada por la Asamblea Constituyente de 1857. Hacemos votos para que el Constituyente, que se habrá de integrar para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, trabaje comprometidamente en la elaboración de una Constitución que mire por el bien de todos los habitantes de esta ciudad. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Tiene ahora la palabra, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Liberal, progresista, moderna, republicana. Así es el texto de la Constitución de 1857 que hoy con orgullo recordamos y cuyos principios fueron la pauta para un México libre.
Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, hace 160 años, un 18 de febrero se instaló el Congreso Constituyente, que a la postre aprobaría la Constitución de 1857. Me honra enormemente referirme a dicho acontecimiento que marcó la vida de nuestra nación.
El artículo 1o. de dicho instrumento jurídico aún sorprende por su vigencia y claridad. Muy adelantada a su tiempo, establece de manera contundente: El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declaran que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.
El Congreso Constituyente, emanado de la Revolución de Ayutla, estaba integrado por una generación de hombres que sentían la necesidad de dar identidad a un país naciente que ansiaba terminar con su pasado colonial.
Anhelaban construir instituciones modernas, representadas en un sistema republicano y democrático en donde la libertad y el derecho al a propiedad, al trabajo y a la empresa se convirtieran en la senda hacia el progreso. En la República todos nacen libres. La enseñanza es libre, todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto.
La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
Todos estos principios y muchos más consagraba la Constitución de 1857. Las palabras usadas carecen de ornamentos, grandilocuencia o frases banales. Sus enunciados son precisos, de una contundencia y luminosidad que opacan las formas y métodos que hoy adornan los encabezados de los diarios, derivados de los discursos políticos.
En Nueva Alianza reconocemos la grandeza de los hombres que plasmaron sus anhelos de libertad en ese texto. Esos mexicanos que no tenían más motivo que el amor por su país, y por eso hoy debemos volver nuestra mirada hacia esos hombres ejemplares no solo por sus vidas, sino por sus acciones.
Cuánto le debemos a esos mexicanos que no se conformaron con la opresión, que se atrevieron a soñar con un México libre, con un México grande, ufano y orgulloso de su pasado, pero con la certeza de que estaban llamados a un futuro de esplendor.
En Nueva Alianza somos defensores de esa enseñanza libre a la que se refiere el artículo 3o. de la Constitución de 1857. Somos promotores de ese pensamiento autónomo y llamado a la grandeza.
La cimiente de las libertades, de las que hoy gozamos, se sembró hace más de 160 años. Honrar las palabras que fueron impresas en la Constitución de 1857, nos corresponde a todos, no sólo a la clase política, a toda la sociedad mexicana. El patriotismo que caracterizaba a los integrantes del Congreso constituyente de 1857, parece ser una cualidad en extinción.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que nos corresponde a todos rescatar este patriotismo, imbuir a nuestras hijas e hijos, de ese amor por México; es un elemento esencial para restaurar el tejido social de nuestro país. Como siempre, la educación es el camino.
Compañeras y compañeros legisladores, los invito a volver a leer ese texto que en 1857 nos dio fundamento; pero sobre todo a observar el proceso político en turno al constituyente del 57.
Más aún en la actualidad estamos discutiendo la formación de un Congreso constituyente para la ciudad de México. La pluralidad, la inclusión y deliberación democrática, deben de ser principios rectores de esa etapa histórica de la que formaremos parte.
Regresar a sus palabras y principios es una experiencia necesaria para recordar lo que soñaron nuestros próceres, pero sobre todo, para darnos cuenta de que las prerrogativas de las que hoy gozamos, son el futuro y el fruto de nuestra vida, pero sobre todo, son obra de grandes mexicanos.
Hoy más que nunca los retos de México son nuestro impulso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora...
El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul). Presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Si, diputado Álvarez. Sonido en la curul del diputado Álvarez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Una referencia al discurso que se acaba de pronunciar, que es un gran discurso...
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Diputado, con todo respeto, no está a discusión el...
El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): No, no, es a discusión. Mire, la mejor manera de honrar al Estado laico que esos grandes hombres...
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Disculpe, diputado, pero...
El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): ...imaginaron, sería no siendo oportunistas como la inmensa mayoría de la clase política de este país lo ha sido en los últimos días...
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Diputado, su grupo parlamentario es el que sigue...
El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): ...esa sería la mejor manera de honrar el Estado laico.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: ...en el orden. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con su venia, diputada Presidenta. Recordar el aniversario de instalación del Congreso Constituyente de 1856, y que daría como resultado la Constitución de 1857, es conmemorar una fecha trascendental para la vida democrática y política de nuestro país.
En el Congreso Constituyente se suscitaron amplias y profundas discusiones sobre el rumbo que debería seguir México, y quienes participaron ahí, como por ejemplo, Valentín Gómez Farías, Ignacio L. Vallarta, Francisco Zarco, Melchor Ocampo, se distinguieron por su conocimiento de la realidad de México y, sobre todo, por una voluntad y un profundo compromiso para transformarla.
Esta voluntad por transformar la complicada situación que vivía en aquél momento México, dio como resultado una constitución que planteaba, entre muchas cosas, la separación de los poderes para generar pesos y contrapesos, la libertad de conciencia, el sistema federal y la separación de la Iglesia y del estado tomando como base ideológica, las Leyes de Reforma.
Hablar de la Constitución de 1857, es hablar de la matriz de la democracia constitucional mexicana. Es hablar de ideales como libertad e igualdad, de ideales que pueden y deben regir la forma en cómo vivimos y cómo nos organizamos como sociedad.
Es hablar de la base que estableció los principios de nuestra Carta Magna que hoy está vigente y que fue la primera Constitución en el mundo en establecer los derechos sociales.
Es de vital importancia mencionar que el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857, llevaron consigo el espíritu republicano basándose en la austeridad, en la honestidad y en el compromiso con la libertad que serviría como el único vehículo para llevar al progreso a nuestro país.
Honrar esta fecha es entender que quienes participaron en el Constituyente de 1856 y que hoy tenemos sus nombres en los muros de este recinto, hicieron un profundo diagnóstico de la situación que vivía México y entendieron lo que realmente necesitaba para sacarlo del retraso y también proyectarlo bajo los ideales republicanos.
Estos hombres ilustres sentaron las bases del pensamiento republicano, que hoy deben ser entendidos como un legado, y este es el legado que deberíamos estar honrando. Deberíamos combatir los vicios como la corrupción, el despilfarro, el autoritarismo, la represión, la incapacidad para reducir la desigualdad, la falta de respeto del Estado laico desde los más altos niveles, todos esos vicios que tienen secuestrada la vida pública de nuestro país.
Conmemorar el Congreso Constituyente de 1856 y a la Constitución de 1857 es entender que ante esta realidad sí se puede hacer una política distinta; es entender que solo del lado de la gente sensible con su realidad, y sensible, y diagnosticando perfectamente lo que vive nuestro país podemos poner a México en la dirección correcta. Es cuanto.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Delgadillo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, presidenta. Mucho se ha criticado a las escuelas que patrocina Morena; sin embargo, informo, ante la falta de oportunidades en la educación superior por la ineficiencia gubernamental para ampliar la matrícula de este tipo de instituciones estas escuelas son la única opción para el pueblo mexicano.
Su régimen, aun siendo privado, imparte educación gratuita siendo las únicas en todo el país de este tipo. La plantilla de profesores es de reconocido prestigio, lo que garantiza el nivel académico de los alumnos. Son ejemplo que los ingresos de los diputados pueden ser destinados a mejorar las condiciones sociales de los jóvenes.
Compañeras y compañeros, hoy conmemoramos la instalación del Constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución de 1857 y estableció principios fundamentales para la nación mexicana como los siguientes:
Se consolida a nuestro país como una república democrática, reconoce que los derechos de las personas son la base y el objeto de las instituciones sociales, proclamó la libertad de imprenta y de manifestación de ideas, garantizó la libertad de enseñanza y de profesión, incorporó por primera vez en una Constitución un medio de defensa en contra de las leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, el amparo.
La laicidad del Estado, la cual es la base de la convivencia democrática y el ejercicio de las libertades, por cierto, tan olvidada en estos días en que reinó el populismo religioso del gobierno federal y local, que competían como adolescentes para ganar la mejor selfie con el papa a costa de nuestros impuestos.
Esta Constitución es resultado de la lucha de nuestro pueblo en contra de las fuerzas conservadoras y entreguistas, de los que pretenden conservar privilegios y transforman a la exclusión y la desigualdad como la base de un modelo de desarrollo.
El Constituyente de 57 recupera los sentimientos de la nación de Morelos y los postulados esenciales de la Constitución de 182. Imposible referir el Constituyente de 57 sin recordar a Ponciano Arriaga, liberal de mirada profunda y voluntad transformadora.
Arriaga señaló en su voto particular sobre el derecho a la propiedad: Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza sin industria ni trabajo.
Este pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso por más que 100 Constituciones y millones de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad.
Hoy más que nunca tenemos la obligación de darle sentido a las palabras y hacer tangibles los derechos, liberar a las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo. Es imperativo quitarles el poder a los herederos de Santa Anna y su pensamiento, a los poderes fácticos que controlan el poder público y se apropian del espacio social y político. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Godoy. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
No se encuentra la diputada. En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su venia, presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el siglo XIX fue un periodo turbulento, sangriento, caótico y angustiante, pero también fue una época llena de momentos heroicos, luminosos y brillantes, en la que participaron hombres y mujeres que destacaron por la defensa de sus ideales y principios.
Sin duda alguna el Congreso Constituyente de 1856 y la Carta Magna que redactaron sus integrantes forman parte de los eventos que destacan por mucho en nuestra historia patria.
Subo a esta tribuna para participar en este evento conmemorativo que obliga a la reflexión. La conmemoración de la Constitución de 1857 no debe ser un acto de nostalgia y melancolía, debe ser un homenaje a los ideales y principios que moldearon al Estado mexicano y a su esfera pública, entendida esta como el espacio para la reflexión y el debate respetuoso de las ideas y de los pensamientos.
Conmemorar la Carta Magna de 1857, es parte de un ejercicio reivindicatorio y afirmativo de los derechos civiles y libertades políticas de los que gozamos.
La Carta Magna redactada en 1856, promulgada el 5 de febrero de 1857, por el presidente Ignacio Comonfort, representa el vórtice del Estado mexicano. Fue la cristalización de esfuerzos de varias generaciones, que lucharon por constituir un Estado independiente y un modelo propio de nación.
Es también la suma de triunfos y fracasos de hombres que soñaron con una República laica, federalista y con división de Poderes, e independiente de los poderes fácticos de esa época, luchados que padecieron la cárcel y el exilio por la defensa de sus ideales.
En la Constitución de 1857 se integraron derechos y libertades, que sirven como punto de referencia del pensar y del actuar de muchos de nosotros.
El texto constitucional de 1857 fue el estandarte enarbolado por los hermanos Flores Magón en su lucha contra la dictadura porfirista. También sirvió como ideal reivindicatorio de Venustiano Carranza contra el usurpador Victoriano Huerta, además la Constitución de 1917 tuvo como referente a esta Carta Magna.
Los movimientos políticos y sociales contemporáneos no podrían entenderse sin los derechos civiles reconocidos en el texto constitucional de 1857. Las libertades de manifestación, creencia, opinión, tránsito, que fueron establecidas en la Constitución de 1857, son el cimiento de nuestra vida pública.
En el pasado, la lucha fue por construir un espacio público frente al poder militar y frente al clero. Hoy, la lucha es en contra de las grandes corporaciones económicas, el crimen organizado y en contra de los grupos conservadores.
La construcción del Estado laico es una de las grandes aportaciones de este modelo constitucional, al delimitar las esferas de acción política y religiosa. Los Constituyentes de 1856 sentaron las bases para la construcción de una sociedad armónica e incluyente, gracias a ello podemos convivir ahora millones de mexicanos con creencias religiosas diferentes sin que esto implique conflictos o agresiones.
El carácter progresista de la Constitución de 1857, basada en el reconocimiento de los derechos individuales del hombre, debe ser considerada entonces como un ejemplo para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, la cual, a su vez, debe fungir como ejemplo para impulsar una transformación en nuestra Carta Magna actual y dar así paso a la creación de una nueva Constitución política para nuestra república. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Alanís, le cambiamos acá la jugada. Tiene ahora la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Constituyente de 1856, su proceso de conformación, su participación, sus discusiones que dieron origen a la Constitución del 57 constituyen un proceso histórico que sentó las bases del proyecto de nación que somos hoy.
Nos conformó como una república representativa, democrática, laica y federal, bajo el principio de que el poder dimana del pueblo, con el reconocimiento de libertades y derechos para las personas.
Fue un proceso que aglutinó voces diversas, no sólo conservadores y liberales. Hubo también moderados matices e incluso cambios abruptos de posiciones ideológicas. Parecíamos en ese entonces la sinrazón de no saber hacia dónde íbamos como nación.
Después de un proceso de independencia, de turbulencia, de injerencias extranjeras, del ánimo de mantener los privilegios coloniales. No obstante, había una causa en común, la convicción de construir un nuevo Estado.
Nuestro país llegó a la mitad del siglo XIX con la falta de certeza de la forma de gobierno que habría de regirnos. El sistema colonial y monárquico que se pretendía limitar en la Constitución de Cádiz. Las declaraciones y manifiestos de los insurgentes durante la Independencia. La preclara visión de Morelos en los Sentimientos de una joven nación. Una incipiente Constitución de 1824 que era ajena a las formas y contenidos del Virreinato, incluso a las ideas liberales más profundas como el Estado laico. La tentación de una monarquía constitucional de corte europeo frente a un modelo americano poco entendible para las formas y concepciones de la época. El paso de un modelo centralista de poder en 1836, que pretendía imponer un orden con base en medidas autoritarias. Peligros de secesión, guerras internas, era eso básicamente el contexto en el que México se encontraba.
Además, el sentimiento de nacionalidad era incipiente. Las personas no sabían si eran indígenas, españoles, criollos, colonos o mestizos. Lo que igualmente nos alejaba de una concepción común, la de ser mexicanos. En suma, éramos un territorio inmenso, pluricultural, sin un sentido de pertenencia hacia su país.
Tras las luchas internas entre caudillos con ideologías distintas, con el apoyo de grupos económicos y de poder, según conviniera a sus intereses en 1853, regresa el tristemente conocido general Antonio López de Santa Anna. Ante su amago de permanecer en el poder surge la disidencia y el 1 de marzo de 1854 Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclaman el Plan de Ayutla, con el que destituían a Santa Anna y se convoca a un congreso extraordinario.
Tras la derrota militar de Santa Anna, Juan Álvarez asume la presidencia interinamente y expide el 16 de octubre del 55 la convocatoria a un congreso constituyente para el cual se elegía a 155 diputados propietarios, y precisamente un 18 de febrero de 1856, el presidente Comonfort inauguró la sesión del Congreso.
En ese parlamento histórico confluyeron hombres ilustres, tales como literatos, historiadores, jefes políticos, abogados, periodistas y militares. Hombres que tenían y representaban ideales y argumentos, con valores y principios diversos, pero que tenían en común la convicción de formar un Estado y superar las vicisitudes del México independiente. Un Constituyente formado por guerreros cuando se trataba de defender ideas, pero guerreros que sabían pelear con argumentos.
Pronto se definieron dos tendencias: la liberal y la conservadora y como un puente entre ambas la liberal moderada, que buscó mediar entre las dos posiciones extremas. A juicio de quienes han estudiado ese periodo de nuestra historia, durante casi un año se registraron las más brillantes sesiones de la historia parlamentaria mexicana.
Las discusiones fueron, sin duda, arduas y complejas; sin embargo, fueron discusiones que se centraban en el tipo de organización de Estado que hoy tenemos; debates profundos sobre nuestra forma de gobierno, sobre la soberanía popular, la libertad de expresión y de imprenta, y el génesis de la formación del Estado laico ante un poder religioso que, lejos de unidad, había provocado división con el ánimo de mantener privilegios.
En esta circunstancia, era necesaria la redacción de una nueva Constitución que permitiera dar satisfacción a las ideas de libertad y que permitiera un cambio real de las condiciones de vida de todos los habitantes. Y que, al mismo tiempo, también ayudara a que los mexicanos se identificaran con su nación y que se sintieran integrados en una misma sociedad. No solo por compartir un territorio, sino también por la vinculación que implica compartir derechos y obligaciones entre individuos integrados con una comunidad y con un objetivo común.
A 160 años de este hecho histórico, como Congreso, debemos profundizar en las experiencias, dichos y omisiones de legisladores de 56. Debe existir unidad de propósito, pese a las diferencias de intereses que cada partido representa en este Congreso.
Decía José Joaquín Fernández de Lizardi sobre las cualidades que debiesen tener los diputados: “Ante todo, debe haber mucho amor a la patria, regular talento y firmeza de carácter. El patriotismo une, el talento construye y la firmeza dirige”.
No quiero dejar de señalar que hoy estamos viviendo un nuevo proceso constituyente para el caso de la Ciudad de México, con la gran ventaja de que no emana de un proceso de guerra, de conflicto o de revolución; por lo que los legisladores constituyentes que en él participarán deberán tener mayor serenidad de ánimo, sin que ello sea un demérito de la pasión con la que defiendan argumentos y visión de lo que deba ser o no deba ser la Ciudad de México. Dicho ímpetu, sin duda alguna, debe estar acorde con la razón y con el firme propósito de garantizar mejores condiciones de vida para la población que habita en esta ciudad.
El cambio no debe ser semántico, esos legisladores, al igual que los legisladores del Constituyente del 56, deben tener altura de miras y asegurarse de plasmar en ese texto los principios rectores de la ciudad. Que el Constituyente del 56 sirva de inspiración para quienes participen en el proceso de construcción de la Constitución de la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra, el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, una vez consumada la Independencia, nuestro país se vio envuelto en conflictos severos por quienes buscaban hacer del poder, más por la fuerza de las armas que por las razones. Liberales y conservadores se preparaban para la lucha armada al finalizar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, es en ese contexto histórico en el que se redactó la Constitución de 1857.
El tono de los debates fue de manera predominante el de las convicciones personales de los constituyentes que habían sido electos el año anterior para conformar el parlamento responsable para dar al país el rumbo jurídico que necesitaba y la orientación política que requería, para que pudiera encaminarse de manera firme hacia el orden y el progreso de garantizar el futuro de la nación.
El discurso inaugural del Constituyente fue pronunciado por el nuevo presidente Ignacio Comonfort, quien en dicho acto pidió se elaborará una Constitución que fuera capaz de erigir un nuevo andamiaje jurídico y político en el que se garantizara para siempre la libertad y el orden que necesitaba el país.
Después de cuatro meses de reunido el Congreso, el 16 de junio de 1856, fue que el proyecto de la nueva Constitución se aprobó en lo general y en el quedaba ya claro que se trataba de un ordenamiento de orientación federalista, un ideal que ya había sido establecido en la norma de 1824 y que Santa Anna había derogado de facto atendiendo a sus muy personales intereses de dominación.
El 31 de enero de 1857, la Constitución Política de la República Mexicana fue finalmente sancionada, jurada por los diputados y promulgada el 5 de febrero del mismo año. Con ella se marcó desde entonces y, a pesar la breve monarquía de Maximiliano de Habsburgo, el carácter republicano del México que nacía después de tres siglos de dominación colonial.
En referencia a aquel momento histórico, Manuel Herrera y Lazo apuntó que la Constitución, consagrada por la victoria y convertida en bandera ensangrentada del pueblo y enseña de la República, fue recogida por nuestros gobernantes que la colocaron en el lugar de honor del templo de la patria; y descuidados y en cumplirla, organizaron empeñosamente en torno al suyo, el culto nacional.
Más allá de las pugnas políticas propias de la época, que aun era el reflejo de la edificación de una nueva patria, los Constituyentes de 1857 tuvieron la visión de consolidar la República representativa, democrática y federal como hoy la conocemos y gracias a la cual mantenemos hoy una identidad nacional.
Otro elemento relevante de la Constitución fue la inscripción de los derechos del hombre como garantías individuales, mismos que han perdurado y que seguirán siendo parte de la tradición y de la convicción de un Estado respetuoso de los eminentes derechos y de las libertades que gozan todas y cada una de las personas y que nadie, ni ningún gobierno, puede estar por encima de ellos.
El reconocimiento a las libertades individuales donde el ejercicio del poder no se convirtiera en una práctica autoritaria, donde las libertades de expresión, de tránsito, de reunión, de imprenta y de educación, fueran una realidad. Estas son el reflejo de las necesidades de una sociedad habida de reconocimiento.
Señoras y señores, compañeros, en Acción Nacional sostenemos que es fundamental para cualquier estado soberano contar con una Constitución que responda a la realidad imperante, y podemos destacar que la Constitución de 1857, además de sentar las bases de organización del Estado mexicano –que posteriormente se retomaron en la de 1917–, fue forjada en base a una rica historia de lucha de muchos mexicanos que sembraron con gran empeño lo que las nuevas generaciones estamos cosechando. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Olivas. Por último tiene la palabra la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su venia, diputado presidente. Saludo a mi coordinador, al doctor César Camacho Quiroz. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI acudo a esta tribuna para recordar el aniversario número 160 del inicio de sesiones del Congreso constituyente de 1856 y 1857.
En efecto, el 14 de febrero de 1856, aquí en la ciudad de México, se llevó a cabo la primera sesión preparatoria. En los días subsecuentes se revisaron las credenciales de los diputados electos y el día 18 de febrero se llevó a cabo la solemne apertura de las sesiones del Congreso constituyente.
La convocatoria al constituyente fue ofrecida por la revolución de Ayutla, encabezada por don Juan Álvarez y las grandes figuras del liberalismo mexicano. La revolución que iniciaba desde marzo del 54 derrocó la dictadura de Santa Anna y dio paso a un régimen de transición presidido, primero, por Juan Álvarez, y luego por Ignacio Comonfort.
Los liberales cumplieron su promesa, convocaron a elecciones, y el 18 de febrero ya estaban sesionando los constituyentes para dar paso a la reivindicación de las libertades. Ese día el presidente Comonfort acudió a la solemne apertura de las sesiones. Allí se dirigió al constituyente y les hizo ver que la nación esperaba de esta asamblea su felicidad.
Casi un año duraron las discusiones. Allí brillaron las ideas de Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, León Guzmán, Santos Degollado, Melchor Ocampo, Ignacio Luis Vallarta, Valentín Gómez Farías, y otros paladines de las libertades.
La Constitución de 1857 delineó los rasgos básicos del Estado mexicano moderno. Las principales decisiones fundamentales del Estado actual ahí estuvieron en el constituyente del 56 y 57. Basta resaltar algunos ejemplos de ello: el federalismo como forma de Estado y como aspiración de las entidades federativas de una verdadera autonomía en la toma de sus decisiones; la división de poderes, que tiene por fin hacer realidad aquel viejo anhelo de Montesquieu que expresó que “el espíritu de las leyes es que el poder se controle”; la separación del Estado y la iglesia que nos garantiza a todos la libertad de conciencia y de cultos, que asegura que el Estado no esté sometido a ninguna confesión religiosa y que garantice el respeto a la vida interna y a la organización de las iglesias. Un amplio catálogo, además, de derechos y libertades para los mexicanos; derechos humanos que son otra forma de limitar el poder y de procurar el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, y por supuesto el juicio de amparo como mecanismo de control constitucional y de garantía de los derechos a fin de que la Constitución sea eficaz y no sólo una hoja de papel, según la propia expresión de Ferdinand Lassalle.
En 1917 era tanto el prestigio de la Constitución del 57 que nuestra nueva Ley Fundamental fue titulada “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” que reforma la del 5 de febrero de 1857. Y no era para menos, los mexicanos de hoy somos legatarios de ése bagaje ideológico que nutrió a los hombres del Constituyente y de la reforma.
Nadie rebate hoy las decisiones fundamentales de 1857, señal de que han pasado la prueba de la historia y son la base de nuestro México actual, y a las generaciones subsecuentes nos ha tocado ahondar y fortalecer esas decisiones. Ejemplos: ampliando los derechos con la gran reforma del 2011, creando mayores mecanismos de control constitucional y reafirmando el federalismo con la reciente reforma que fortalecen la Ciudad de México como una entidad federativa en igual de condiciones que todas las demás.
Por esa luminosidad que tuvieron los constituyentes del 56 y 57, hoy a 160 años exactos de la instalación del Congreso, es justo recordar a quienes fueron parte de esa generación que sigue siendo la más brillante que ha tenido México. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Botello.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa para aprobarlo, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas, comuníquense. Continúe dándole lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, para que a través de los canales correspondientes remita al Senado de la República las listas de candidatos a magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios con el propósito de contribuir a la pronta impartición de justicia.
Dado en el Palacio Legislativo el 18 de febrero de 2016. Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Moisés Guerra, por favor.
El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Señor presidente, únicamente para felicitar a la Junta de Coordinación Política por este acuerdo, porque es muy importante que se nombre a los magistrados y resolver los problemas de las tierras. Es cuanto, presidente. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Recibido supongo con agrado por los integrantes de la Junta, porque alguien les reconoce algo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:19 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 23 de febrero a las 11 horas. Buena tarde.
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