Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con reincorporación de diputado; de la Cámara de Senadores, con minutas
Dictamenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 37 y 44, en términos del dictamen
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Propuesta de moción suspensiva
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación para admitir a discusión las propuestas de modificación al artículo 29
Acuerdo de la Junta, relativo a las comisiones especiales
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaria haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 365 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (12:12 horas): Se abre la sesión.
La diputada Bladina Ramos Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Blandina Ramos. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en su curul. Por favor, espéreme. Ahí está.
La diputada Blandina Ramos Ramírez (desde la curul): Señor presidente, hago uso de la palabra para hacer un llamado humanitario urgente a todas y todos mis compañeros diputados y a la opinión pública, debido a que hoy se cumple el décimo día de huelga de hambre realizado por jóvenes estudiantes del estado de Puebla, es demanda al acceso a la educación.
Ayer por la noche una compañera tuvo que ser ingresada al hospital universitario de la UAP ante el total desinterés de las autoridades involucradas en el conflicto.
Los integrantes del frente estudiantil Por una Educación Para Todos, su servidora responsabilizamos de cualquier daño en la salud de los muchachos, incluso su vida, a Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla y a Alfonso Esparza Ortiz, rector de la universidad, por hacer caso omiso a los múltiples llamados para resolver el conflicto.
Las autoridades de Puebla están haciendo maletas; prefieren ver morir a nuestros jóvenes antes de darles la oportunidad de estudiar. ¿Cuántas vidas vale un salón de clase? Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada; se registran sus expresiones, y en lo posible yo sugeriría que en lo posible se hiciera por las vías que ya hemos señalado, de, si se quiere un pronunciamiento de la Junta o desde la Junta de Coordinación Política a través de la coordinación de los grupos parlamentarios.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino, ¿con qué propósito?
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Gracias, señor presidente. En el sentido: exhorto a los tres órdenes de gobierno para que se coordinen, y en Michoacán poner un alto a los asesinatos en contra de mujeres, que analicen con objetividad y no como un hecho aislado si en realidad es una feminicidio; si es así, pues entonces hacer valer la fracción I del artículo 24 de la Ley General para Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No vamos y no tenemos que permitir que en Michoacán o en cualquier estado de la República aparezcan mujeres muertas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registran sus expresiones. Son temas, los que se han abordado, muy sensibles, y en todo caso, igualmente hay vías que tenemos aquí, conforme a nuestras normas, para buscar darle cauce institucional a las preocupaciones planteadas.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Juan Pablo Piña, por favor.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Gracias, presidente. Respondiéndole a la diputada Blandina respecto de los hechos que falsamente acusan el gobierno del estado de Puebla, quiero decirle que ahí todas las personas son debidamente atendidas en los hospitales públicos, y que si tiene pruebas de que no fueron debidamente atendidas, las presente en los lugares correspondientes y no venga aquí a tergiversar y a faltar al orden a este trabajo legislativo.
En el gobierno de Puebla se atiende y se atienden muy bien a todos los pacientes de los servidos médicos. Gracias, presidente, es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No vamos a abrir un debate sobre los temas, están expresadas posiciones. He hecho la sugerencia respetuosa de que se canalicen por las vías conducentes.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ángel Alanís. Acá, por favor.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza (desde la curul): Gracias, señor presidente. Únicamente para darle contestación a lo que manifiesta el diputado Bernardino, en el sentido de que ya es tiempo de que hable bien de Michoacán y que deje de tocar aspectos negativos de nuestra entidad. En nuestra entidad las cosas van bien, tenemos un buen gobernador y las manifestaciones que hace Noé Bernardino afecta no solamente la imagen de Michoacán, sino a todos los habitantes de Michoacán, y lo que tenemos de valioso en Michoacán, son sus habitantes, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Alanís.
La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Modesta Fuentes.
No vamos a abrir un debate sobre los temas, eh. No están en el orden del día además. Lo digo con todo respeto, no están en el orden del día. Vamos a escuchar la última intervención y vamos a darle curso a los trabajos para los que fuimos convocados. Lo digo con todo respeto, pero con toda responsabilidad ante el conjunto de esta soberanía.
Sonido en la curul de la diputada Modesta Fuentes, por favor.
La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): Un rechazo total a la represión ejercida por parte de la fuerza pública de la policía federal hacia los maestros en el Istmo de Tehuantepec y en todo Oaxaca.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan registradas todas sus expresiones.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aunque estuvo muy apretada la votación, pero aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de comunicaciones, por favor.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica la reincorporación del diputado Cuitláhuac García Jiménez a sus actividades legislativas a partir del 16 de junio de 2016.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Honorable asamblea, de conformidad con la propuesta aprobada el día de ayer para remitir a comisiones los asuntos que se recibieran de la Cámara de Senadores, se informa que se remitieron ayer mismo a las comisiones correspondientes, las siguiente minutas. Pido a la Secretaría dar cuenta de ellas, aunque ya se adelantó por ahí.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. Y de hecho se está trabajando ya en ello en estos momentos.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen. Y también ya están trabajando en el mismo sentido.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnó igualmente a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad, y en virtud de que se ha cumplido con dicho requisito consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se autoriza.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra la diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente.
La diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, muy buenos días. El día de ayer, en sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de devolver y fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, como dependencia encargada del control interno del Ejecutivo federal.
Lo anterior, en el marco del proceso para la reglamentación del sistema nacional anticorrupción y para generar las condiciones organizacionales y jurídicas para una cabal rendición de cuentas en nuestro país.
Debe señalarse que las iniciativas y demandas que tienen que ver precisamente con la transparencia y el combate a la corrupción son causas de interés general, expresan el sentir de todos los sectores de la sociedad mexicana, han convocado y reunido el compromiso de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.
Se trata de demandas que son, además, aspectos sustantivos del acuerdo nacional que ha venido transformando las instituciones nacionales, por lo que no pertenecen a nadie, en particular. Son causas a las que todos estamos convocados y ante las cuales todos debemos asumir nuestra responsabilidad.
De su éxito depende un cambio de fondo a favor de la integridad en el servicio público y en el establecimiento de una relación más cercana, confiable y directa entre autoridades y ciudadanía.
De la misma forma, como ustedes saben, para dar cumplimiento al transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a las que he hecho referencia.
En ese sentido, cobran importancia las coincidencias de los distintos grupos parlamentarios, representados en este Congreso, para dar curso a estas modificaciones. Así, con la aprobación de este proyecto, la Secretaría de la Función Pública será la autoridad encargada de organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
Podrá inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos en un marco que favorezca el desarrollo del gobierno digital, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.
En el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría contará con órganos internos de control, delegados y comisarios públicos que realizarán un constante trabajo de vigilancia en toda la administración pública federal.
Asimismo, coincidimos en que la Secretaría mantenga estrecha colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción y con el Sistema Nacional de Fiscalización, como máximas instituciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, que además permiten a la ciudadanía incidir directamente en el establecimiento de bases y principios para la integridad y la transparencia en la gestión pública.
Consideramos también necesario que la Secretaría tenga la facultad de revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, para prevenir responsabilidades administrativas y sancionar los actos u omisiones que constituyan responsabilidad sobre lo que deberá informar periódicamente a su comité coordinador y al Ejecutivo federal.
Estos informes serán la base para que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emita las recomendaciones pertinentes a la Secretaría de la Función Pública y demás dependencias y entidades en la implementación de las acciones necesarias que incidan en una mejor gestión gubernamental.
Por su parte, al ser encargada de llevar y normar el registro de servidores públicos de la administración pública federal, así como de recibir, registrar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses que estos deban presentar, podrá conocer e investigar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas, pudiendo aplicar sanciones y en los casos que ameriten, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Así pues, se trata de que el Legislativo cumpla su tarea ante la reiterada demanda de transparencia y combate a la corrupción. De responsabilizarnos con la creación de las instituciones y los mecanismos para garantizar a los mexicanos un sector público con datos abiertos, soportado con un marco jurídico completo, accesible y con altos estándares en su aplicación y cumplimiento, por lo cual, las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a su atenta consideración el asunto señalado.
Asimismo, señor presidente, con fundamento en el artículo 26, numeral 1, 27, numeral 1 y 28 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, hago de su conocimiento que se presentó una propuesta de modificación al presente dictamen, por lo cual le solicito respetuosamente ponga a consideración de la asamblea esta propuesta de adenda presentada por la Junta Directiva de esta Comisión de Gobernación. Por su atención, a todos muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guillén. Pido a la Secretaría dé cuenta para ilustrar plenamente a la asamblea, de la propuesta de modificación a la que se refirió la diputada Guillén.
¿Lo tenemos ahí a la mano? Si no... Bien.
Dijo que había una propuesta, pero no se sabe cuál es. Entonces lo pertinente y aconsejable es que se diga en qué consiste. Por eso le pido a la Secretaría que dé lectura, y si no, le pedimos a la diputada proponente que esté pendiente porque anunció la inclusión de modificaciones, pero no se presentaron expresamente. Están acá. ¿Sí tiene claro la Secretaría en qué consisten?
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sí.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Sí? Adelante, entonces. Nada más le pido que esté pendiente, por si hay algo que no queda claro. Gracias.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En el artículo 31, fracción XII debe decir: Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. La fracción XXI: Establecer normas... Debe decir en la fracción XXIX: Conducir a la policía inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo-terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales.
Administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no están asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar al registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente.
Fracción XXX: Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la federación, expedir las normas y los procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos de dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar directamente o a través de terceros los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación.
Fracción XXXIII: Reivindicar los bienes propiedad de la nación en los términos de las disposiciones aplicables. Y
Fracción XXXIV: Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Como lo expresó la diputada Guillén, que fundamentó el dictamen a nombre de la comisión, estas modificaciones vienen consensuadas y avaladas por la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación. Entonces en tal virtud y ya dadas a conocer a la asamblea, consulte la Secretaría si se aceptan las modificaciones.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, a ver, antes. Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor. Adelante, diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, ayer se votó en Comisión de Gobernación, este dictamen en la tarde. Este adéndum no estaba. Este adéndum ahorita aquí en el pleno, después de que la presidenta presenta el proyecto, nos lo están presentando al pleno. No ha llegado. No lo hemos analizado. Esto es un albazo prácticamente. Yo creo que esto es una falta de respeto para los integrantes, para los diputados, en que nos estén informando de las adiciones de esta manera.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido ahí en la curul del diputado Macedonio Tamez, por favor.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Haciendo eco a lo que ha dicho mi compañera Rocío Nahle. Hay una imprecisión que se acaba de hacer, no ha habido ninguna reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, de tal manera que avalo lo dicho por mi compañera, y sí hago un extrañamiento y cuestionamiento público. Gracias, señor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aquí en las propuestas de modificación que tenemos, que se señala de entrada que vienen suscritas por la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, vienen también las firmas correspondientes. Yo no quiero contradecir o contravenir los dichos de quienes han cuestionado el asunto. Están por ahí teniendo un diálogo los inquirentes con la diputada presidenta de la comisión. No sé si sugieran algo, qué curso darle a la propuesta.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado. Perdón, nada más diputado Ramírez Marín.
Diputada Guillén, ¿se ratifica la propuesta para que el pleno pueda admitir o no admitir, en su caso, las propuestas de modificación, se mantiene la propuesta? Que le presten el micrófono en la curul de la diputada Nahle. Diputada Guillén, adelante.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para decir que efectivamente se mantiene la petición de la adenda y que estamos, o ya aclaramos con la diputada Nahle y con el diputado, con el doctor Tamez, para aclarar de que era un simple error. Pero sí se mantiene, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul). Gracias, presidente. Solamente era sugerir que mientras se desahogaba la explicación pudiéramos continuar con los posicionamientos, pero creo que ya ha quedado claro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez. Continuamos. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Guillén a nombre de la Comisión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Guillén. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea el dictamen en su conjunto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Por lo tanto tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Las intervenciones serán hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Ferreiro. Sonido en la curul del diputado Clouthier, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul). Entiendo que pedí en su oportunidad el participar también en posicionamiento, entonces creo que por tradición siempre voy primero yo, pero usted manda.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo creo que lo que manda es la cortesía parlamentaria y en este caso ya le habíamos otorgado la palabra al diputado Ferreiro. Yo sugeriría que lo escucháramos e inmediatamente después, a menos que el diputado Ferreiro... Ya está aquí, dice, entonces inmediatamente después de esto, diputado Clouthier, con todo gusto, atendiendo a lo que hemos establecido ya prácticamente como procedimiento, como costumbre, aquí. Sonido en la curul del diputado Clouthier de nueva cuenta.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Yo no tengo inconveniente, presidente, en la medida nada más de que se me dé la voz.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así será en cuanto...
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ...concluya la participación del diputado Ferreiro. Muchas gracias. Adelante, diputado, por favor.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia, señor presidente; diputadas y diputados. Antes que nada, una disculpa al diputado Clouthier por haber pasado yo primero, pero no teníamos conocimiento de que iba a pasar.
El control interno del Ejecutivo federal es una parte central de la administración pública, por ello resulta de vital importancia la operación de la Secretaría de la Función Pública, y que además su función sea armónica con los demás instrumentos que en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, traerá consigo el nuevo Sistema Anticorrupción.
Esta reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública federal en materia de control interno del Ejecutivo federal, busca precisamente esa armonización, de tal suerte que la Secretaría de la Función Pública sea eficiente y efectiva, sin caer en la burocratización de su ejercicio. Salvar ese aspecto era preocupación del Partido Encuentro Social, por eso presentamos en marzo pasado, una iniciativa en materia de control interno del Ejecutivo federal, a través de lo que se buscaba devolverle las facultades a la Secretaría de la Función Pública.
El propósito lo vemos cumplido con este dictamen, fue revisar el control interno, el Sistema Integral de Control y Evaluación Gubernamental, fueran congruentes con el Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular con el Sistema Nacional de Fiscalización, en el ánimo de evitar duplicidad de algunas acciones con la Auditoría Superior de la federación.
Se armonizó el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo previsto en el proyecto ciudadano de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que la secretaría se encontrara habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas.
Además un punto importante es que se incluyó a la Procuraduría General de la República como uno de los sujetos a los que se le aplica la presente reforma, así como a las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que por su grado de especialización y fin específico, requieren de control especial.
Ese fue el espíritu de nuestra propuesta, fortalecer el control interno de la administración pública federal. Por ello venimos a esta tribuna a cohesionar este dictamen que votaremos a favor, ya que consideramos que todo esfuerzo dirigido a mantener un marco jurídico actualizado, no es cosa menor cuando estamos por entrar en un esquema más fuerte de combate a la corrupción en nuestro país.
La iniciativa que nos ocupa consiste en devolverle a la Secretaría de la Función Pública atribuciones para que pueda cumplir con su encomienda en un contexto de entrada en vigor del nuevo modelo de control y rendición de cuentas, de todas las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno de todos los poderes del Estado.
Coincidimos que el fortalecer a la Secretaría de la Función Pública se le otorguen mecanismos de control suficientes y necesarios para que pueda actuar apoyando de manera significativa al Ejecutivo en su tarea de control y prevención de la administración interna.
Señoras y señores diputados, no podemos dejar a un lado las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deben verse como un complemento a lo establecido para el Sistema Nacional de Anticorrupción y que fortalecer a la Secretaría de la Función Pública se busca armonizar con los demás engranajes, uno de los cuales es el Sistema Nacional de Fiscalización, y el fin último es evitar la duplicidad de funciones, y que sea más clara, más eficiente y más eficaz el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Entiendo que había por ahí alguna confusión sobre los dictámenes puestos a discusión. Vamos a continuar el orden en que los habíamos enumerado. El diputado Clouthier está interesado en participar en la discusión de otro de los dictámenes que en esta sesión se pondrán a discusión.
Continuamos, tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: La tarea de impulsar la transparencia y el combate a la corrupción, si queremos que nuestras instituciones funcionen es prioritario dotarlas de las facultades necesarias para ello.
Con su venia, señor presidente, me dirijo a esta asamblea para manifestar la aprobación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza al dictamen que reforma y adiciona las diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo federal.
Como recordaremos, las reformas a esta ley llevadas a cabo en enero de 2013, eliminaron una amplia diversidad de funciones conferidas a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, con la creación de un nuevo modelo de control y de rendición de cuentas, conformado por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, se hace necesario retomar la existencia de una Secretaría de la Función Pública, cuyas funciones y atribuciones le permitan insertarse adecuadamente en el engranaje operacional de la administración pública federal, a fin de que funcione como un verdadero órgano de control interno.
Mediante esta reforma las facultades otorgadas a la citada secretaría contribuyen a integrarla de manera armónica con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y fiscalización, evitando con ello duplicidades que, como sabemos, socaban la investigación y fincamiento de responsabilidades.
Vemos hoy con optimismo que la presente reforma habilita a esta dependencia del Ejecutivo, para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de unidades especializadas u otros entes que tenga adscritos de forma directa.
También resaltamos la inclusión como sujetos de aplicación de este ordenamiento a la Procuraduría General de la República, a las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que, por su grado de especialización y fin específico, requieren de un control especial previendo un régimen específico para las tareas de vigilancia, auditoría, atención a quejas y denuncias, así como la investigación y sanción de faltas administrativas acorde a su particular naturaleza.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de derecho. Congruentes con nuestros principios nos sumamos a todos los esfuerzos que se realicen para restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y fundamentalmente en los servidores públicos. Por este motivo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros, los mexicanos no estamos de mal humor. Los mexicanos no estamos de mal humor, los que están de mal humor son aquellos que ya se están dando cuenta de que la gente no los quiere. Aquellos que habiendo pretendido gobernar como si fuesen grandes estadistas este país y conducirnos a mayores o más altos niveles de civilidad y de bienestar, están logrando lo contrario a través de dejar hacer, a través de acciones y omisiones, a través de su banalidad y su incapacidad.
Yo creí que iban a leer el mansaje y no lo han leído. Pasa como decían las señoras de antes, ven la tempestad y no se hincan. Obviamente no pretendo que se hinquen, es una metáfora, pero sí que reaccionen ante una sociedad desesperada, insatisfecha, inconforme que está cada vez optando por otras alternativas, que ojalá y siempre sea la política, la alternancia que aunque no ha dado los resultados esperados, algún día los habrá de dar. Espero que la alternativa no sea la violencia ni el radicalismo.
En este caso me refiero al Sistema Nacional de Seguridad en lo general, un sistema que está quedando ligero, bajo en calorías, light, valga el anglicismo. Un sistema que podría ser mucho más contundente y efectivo para evitar la corrupción, y que se está quedando en una nada honrosa medianía.
En particular la ley que estamos comentando, la Ley de la organización del gobierno federal, es una ley que pudo haber sido reformada todavía con mayor contundencia para tener transparencia y dar más acceso a la sociedad. No fue así, se quedó corta y por lo tanto anuncio que los diputados de Movimiento Ciudadano, a pesar de que votaremos en lo general a favor, porque ciertamente tiene sus ventajas, nos hemos guardado unas reservas que junto con las de otros partidos pretende darle más armas, más luz, más efectividad a esta reforma de orden legal.
Mientras tanto dejo este mensaje, dejo esta inconformidad personal, de mi partido, de la sociedad ante esta medianía, y espero que a través de la discusión que se está abriendo y de las reformas que se habrán de aprobar y de las reservas que se habrán de discutir, se logre un mejor Sistema Nacional Anticorrupción. Es lo que México requiere, es lo que México demanda. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes.
Hace tres semanas el Grupo Parlamentario de Morena y el Partido del Trabajo presentamos una iniciativa de ley para reformar el artículo 108 constitucional. El propósito es que en la Carta Magna se establezca una medida para combatir realmente la corrupción desde la cabeza del sistema y no solo medidas que no resuelven el problema de fondo.
Para Morena, el punto más importante es que el país cuente con un sistema anticorrupción robusto. Para ello se requieren mecanismos eficientes que permitan medir resultados y, sobre todo, un profundo cambio de régimen.
En enero de 2013, el Ejecutivo federal propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Hoy la reviven para reasumir todas aquellas funciones que le habían sido asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como órgano fiscalizador, lo cual ha sido un error.
El Grupo Parlamentario de Morena presentó el 25 de mayo una iniciativa, mediante el cual se reforman los artículos 26, 31, 44 y 50 y se adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de contribuir a la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo y crear un real sistema nacional de fiscalización.
Lamento que no se retomara en forma íntegra en esta ley que hoy se presenta.
Para el Grupo Parlamentario de Morena propusimos que esta Secretaría debe cumplir con tres objetivos básicos: regular, vigilar y evaluar. Para cumplir con estos objetivos es necesario que esta Secretaría goce de independencia y autonomía. Lo más correcto es que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Congreso, no solo por los senadores.
Esto representa un pequeño paso para la independencia. La independencia de este órgano de control es de gran relevancia, ya que esta Secretaría es la autoridad encargada de sancionar a los servidores públicos del Ejecutivo federal que incurran en algunas responsabilidades administrativas.
Hasta el momento la designación por parte del Ejecutivo ha constituido un área de opacidad y complacencia en la actuación de las personas adscritas a este órgano de control, en perjuicio de la legalidad.
Hasta hoy el gobernante en turno designa al titular de control interno federal. Las expectativas de este funcionario son altas, ya que es el encargado de vigilar el cumplimiento de la norma administrativa y, por lo tanto, se esperaría que este personaje deba cumplir con un perfil profesional en la materia de experiencia reconocida y en lo personal tener un código de conducta intachable, en donde la congruencia entre ética profesional y personal se vea reflejada en el trabajo diario, y esto no se cumple.
La impunidad, el abuso del poder y el tráfico de influencias ha permeado el actuar de los funcionarios de esta Secretaría. Quién puede olvidar a la esposa de un ex secretario de la Función Pública, que aparece con averiguación previa por la PGR en torno a una red de corrupción y extorsión que cobraba cuotas y sobornos a los gasolineros, que amparada por su cónyuge y como subprocuradora de verificación de la Profeco operaba para dar avisos anticipados.
Actualmente, el encargado de esta Secretaría, Virgilio Andrade, tiene la tarea gubernamental, pero se ve implicado en una serie de complicidades y tráfico de influencias, con secuaces gubernamentales de la misma convicción, consiguiendo empleos para fines personales, ignorando y pisoteando el principio de honradez en un código de conducta, que él mismo publicó y que con la protección de su jefe se placea con impunidad.
Esperando que esta impunidad no sea un pago por los servicios de exoneración que se brindaron, por ejemplo, en el caso Higa. Por ello, es necesario contar con una Contraloría Interna del Ejecutivo federal, que sea objetiva y cuya función se apegue a los más altos estándares de cumplimiento normativo. Lo ideal, es que sea autónoma. Debe estar encabezada por un secretario de la Función Pública eficiente y racional, que abarque todo el sector público.
Las reformas a leyes, como la Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deben propiciar las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. Estos principios deben de abarcar a todo el sector público, incluyendo a las empresas productivas del Estado, que hoy en esta ley se están excluyendo.
Si no se robustece el Sistema Nacional de Fiscalización con órganos bien estructurados, con una Secretaría de la Función Pública fortalecida, pues esto no va a llegar a buen fin. Morena propone, concluyo, que los órganos internos de control deban ser auditados y revisados por este Congreso, ya que las experiencias anteriores reflejan que estos entes se extralimitaron con mandos medios y encubrieron a los altos mandos.
Esperemos que las reservas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena sean aprobadas para así abonar en esta ley necesaria, y poder votar a favor para dotar de un sistema de supervisión más justo.
Queremos que los consejeros independientes de Pemex, de la CFE que están designando y que están tomando decisiones importantes en las empresas productivas que más presupuesto manejan, estén dentro de esta ley para ser auditados. Porque esta ley los está amparando, los excluye. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, estamos en un proceso de modernización del país, de las instituciones y la administración pública toda no es la excepción.
Por tal razón, diversos diputados, senadores y grupos parlamentarios propusieron modificaciones a diversas leyes, entre ellas, la de la administración pública federal.
Las dos Cámaras, Senadores, Diputados, hemos venido trabajando en el tema de anticorrupción, de transparencia, de rendición de cuentas.
Es por ello que para darle cauce a este tema, dentro del Ejecutivo federal se requiere de reconocer, darle atribuciones y fortalecer sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.
Siguiendo esta línea de acción es necesario que sea la misma administración pública federal la que se convierta en ejemplo para todos los órganos de gobierno del país. De manera que el presente dictamen que está a discusión tiene como objetivo mejorar las bases en las cuales se fundamentan las actividades de la Secretaría de la Función Pública, al tiempo que se realiza una adaptación necesaria, derivada de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción.
La Secretaría de la Función Pública requiere de los ajustes que se mencionan en el dictamen, a fin de que pueda cumplir con su función como órgano interno de control de la administración federal, para prevenir y sancionar la corrupción, para investigar y sustanciar faltas administrativas, para realizar auditorías a tiempo, para fortalecer la profesionalización.
En síntesis, es el órgano inmediato en cada dependencia del Ejecutivo donde se revisa cualquier anomalía de los servidores públicos y de los procesos administrativos; se le regresen atribuciones que anteriormente tenía y se le asignan nuevas. Asimismo, se armonizaron sus funciones de manera que no existiera confusión con otros instrumentos que conforman ahora el sistema nacional anticorrupción. Algunas de las atribuciones que se le suprimieron siguen la lógica de que ya se encuentran consideradas dentro de otros marcos normativos del ámbito federal.
Somos Cámara de origen de esta ley, que forma parte no de tres sino de siete leyes que se están modificando para darle un fuerte sustento al sistema nacional anticorrupción. No quitemos importancia a ninguna, no desviemos la atención sobreponiendo a una sobre todas las demás.
Seamos responsables y hablemos claro. Todo es importante, todo ayuda, todo es para combatir la corrupción. Todos debemos estar interesados en que las modificaciones se aprueben y formen parte de este cambio que estamos realizando nosotros, junto con los ciudadanos.
Es por lo anteriormente expuesto que quienes integramos el Grupo de Partido Verde respaldamos este dictamen. Votaremos a favor, el cual consideramos de vital importancia para la administración pública federal. Pero sobre todo, que permita a las instituciones de gobierno recobrar la confianza de los ciudadanos. Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Izquierdo. Saludamos la presencia de integrantes de Estructura Infantil, del municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por el diputado Román Francisco Cortés Lugo. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene ahora la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD. Andaba cabildeando por otro lado o lo andaban cabildeando. Quién sabe. Esperemos que sea lo primero.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Una de las principales condiciones que se establecieron en la reforma constitucional en la materia anticorrupción del 2015 es que cobrara vigencia en el sistema nacional anticorrupción las modificaciones para la figura del órgano de control interno con más facultades, hoy fortalecida Secretaría de la Función Pública.
De tal forma, que hoy los diputados estamos cumpliendo con nuestro compromiso y hemos hecho nuestras las exigencias de una sociedad que está cansada de tantos abusos y de tantos excesos por parte de quienes detenta el poder en este país. Nuestro precario régimen de responsabilidades ha hecho proliferar la impunidad y la corrupción en el servicio público, lo cual ha vulnerado gravemente nuestras instituciones y amenaza seriamente nuestra seguridad, estabilidad y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.
Votaremos a favor de esta reforma, porque sabemos que este país se encuentra en una situación límite y porque estamos conscientes de la urgencia de edificar un nuevo régimen de responsabilidades que fortalezca el ejercicio de la función pública. Esta reforma va a tener un impacto directo en el desempeño de los servidores públicos federales, de las secretarías de Estado, así como las empresas paraestatales y de manera temporal en la Procuraduría General de la República, en tanto ésta se consolide como una fiscalía con rango de órgano constitucional autónomo.
La Secretaría de la Función Pública será uno de los eslabones principales del sistema nacional anticorrupción, que se coordinará con el Inai, con la Auditoría Superior de la Federación, con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, bajo la dirección del Comité de Participación Ciudadana.
La renovada secretaría, se encargará de organizar y coordinar el sistema de control interno, evaluará la gestión gubernamental e inspeccionará el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos. También establecerá las bases para generales para la realización de auditorías internas, trasversales y externas, y expedirá las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno con las dependencias y entidades de la administración pública federal.
La Secretaría de la Función Pública se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistema de registro, contabilidad y contratación de adquisiciones, arrendamientos y ejecuciones de obra pública.
La reforma a la Ley Orgánica también incluye la disposición para que el nombramiento del secretario de la Función Pública que haga el presidente sea ratificado por el Senado de la República e incorporará la obligación de presentar su declaración de intereses por una cuestión de ética.
Nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la República para que una vez que entre en vigor esta nueva reforma, se inaugure un nuevo comienzo en la asignación de un nuevo titular que concite el más amplio consenso entre la sociedad. Esta solicitud no es menor ya que un nuevo nombramiento dotaría de nueva legitimidad mayor a este órgano de control con nuevas facultades y altas expectativas para la sociedad mexicana. El titular actual simboliza la ineficacia y un tanto la simulación que son características de la etapa que queremos dejar atrás.
Con esta reforma los legisladores del Congreso de la Unión le estamos dando al Ejecutivo el instrumento y el marco jurídico necesarios para emprender cambios de fondo y el presidente tiene ahora en sus manos la posibilidad de demostrar que también quiere una transformación real presentando un nuevo nombramiento ante la Cámara de Senadores para que sea ratificada una persona con alta calidad, ética, que prefigure el nivel de compromiso con el combate a la corrupción que el servidor público necesita.
Como promovente de una de estas iniciativas que dieron origen al presente dictamen reconozco la inclusión que hizo la dictaminadora de nuestras propuestas, pero insisto, las y los legisladores hemos cumplido. Ahora el presidente tendrá la última palabra de ir a fondo con las transformaciones y renovaciones de esta institución. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas. El día de hoy, en el marco de las reformas que crean las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, esta soberanía estará en este momento poniendo a consideración de ustedes el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en ese sentido yo quisiera aquí con todos ustedes hacer una recapitulación de algunos de los antecedentes que nos llevaron precisamente a estar el día de hoy aquí analizando el dictamen de esta iniciativa.
Primero que nada decirles que en el mes de enero del 2013, una vez que el Ejecutivo federal propuso que se eliminara la Secretaría de la Función Pública, que se le quitaran las atribuciones que tenía esa secretaría y se distribuyeran a diferentes dependencias de la administración pública federal, y que estas atribuciones se incorporaran en otras dependencias, pero de manera particular en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esto se aprobó en esta Cámara, el desaparecer la secretaría, de quitarle atribuciones y distribuirlas en otras dependencias de la administración pública federal, con el propósito, con el compromiso de que se iba a establecer un órgano constitucional que se encargaría de realizar estas funciones de control interno, un órgano constitucional que nunca fue creado y que nunca fue aprobado. Esto originó que durante muchos meses esta secretaría se quedara sin titular, y con ello no tenía esa fuerza necesaria, y es el motivo que hoy nos ocupa el día de hoy aquí, que tenemos que restablecer a esta secretaría y regresarle las atribuciones que le fueron quitadas.
Fue hasta el año pasado, en un ambiente de un escándalo de corrupción por la investigación que tenía que hacerse en el caso de la Casa Blanca, que fue nombrado el actual titular de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, desde el 2013 hasta el 2015, la secretaría no tenía titular, y de 2015 en que se nombra al titular, precisamente con motivo de este escándalo, nos damos cuenta que el funcionamiento de la secretaría, bajo una subordinación, no es el más adecuado.
Bien, derivado de todo ello estamos el día de hoy atendiendo a la reforma constitucional que se da para que se puedan reestablecer las funciones a la Secretaría de la Función Pública, y sí me gustaría recordar que esto se da y tiene su origen en la iniciativa presentada en noviembre de 2014, por los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Es importante resaltar también que este análisis, esta discusión, se empezó a dar precisamente a finales del segundo período de sesiones, aun y cuando desde el mes de noviembre del año pasado este tema estaba puesto sobre la mesa para su análisis y discusión.
Esto lo menciono porque quiero hacer énfasis en el compromiso que en todo momento el Grupo Parlamentario del PAN ha tenido con la aprobación de las leyes secundarias de este Sistema Nacional Anticorrupción.
En todo momento hemos buscado la participación de la sociedad civil, escucharlos porque ellos obviamente han estado muy activos y en ese sentido hemos estado muy atentos a todos sus planteamientos y sus observaciones.
Es por ello, compañeros y compañeras diputadas, que el día de hoy queremos, desde esta tribuna, solicitar que voten a favor del presente dictamen para que así podamos responder a una exigencia compartida por todos los sectores de la sociedad en el efectivo combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alfaro. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, y con la intervención de la diputada González, se terminará el plazo para la presentación de reservas a este dictamen.
La diputada Martha Hilda González Calderón: Con la venia de la Presidencia. La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.
La corrupción no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado de derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas.
La administración pública federal es fundamento en la función del gobierno, por ello es necesario establecer las bases de operación de la Secretaría de la Función Pública en el marco de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, que le permitan fungir como órgano de control interno de la administración.
En razón de lo anterior, el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación establece as facultades para que la Secretaría de la Función Pública pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan su adecuado funcionamiento para fortalecer su capacidad de control y prevención en la actividad administrativa.
Por ello se armoniza la operación de la Secretaría de la Función Pública con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en especial con el Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por autoridades de los tres poderes y de todos los órdenes de gobierno, que le permitirán la correcta realización de sus atribuciones sin caer en la burocratización y propugnando por la simplificación administrativa en aras de mantener un ejercicio transparente y focalizado en la rendición de cuentas.
Reconocemos el trabajo de todas y de todos los integrantes de la Comisión de Gobernación; a su presidenta, nuestra compañera diputada Mercedes Guillén; y a todos, y a todas las diputadas y a todos los diputados que integran esta comisión de los distintos partidos políticos representados en esta soberanía, por contribuir en la construcción de acuerdos y la promoción del trabajo legislativo a favor de lograr un gobierno transparente, en donde nadie, nadie, esté por encima de la ley.
Es nuestra obligación como representantes de la ciudadanía lograr un México donde las políticas públicas promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Desde el inicio de la presente legislatura las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI nos hemos comprometido a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las autoridades del Estado mexicano en todos los niveles y órdenes de gobierno, con la garantía del escrutinio constante de su actividad, y con la certeza del ejercicio diligente, responsable, honesto y legal de los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Saludamos la presencia de alumnos de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la ciudad de Puebla, invitados por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos aquí a este recinto parlamentario.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra para hablar en pro, el diputado Edgar Spinoso Carrera, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Edgar Spinoso Carrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma constitucional de enero de 2013 en materia de combate a la corrupción mandata al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones de ley en la administración pública federal, con el objeto de que la secretaría responsable del control interno del Ejecutivo, es decir la Secretaría de la Función Pública asumiera las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la propia reforma y en las leyes que se deriven de ella.
No obstante que se preveía la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, una vez que se concretara la reforma constitucional ello no ocurrió, por lo cual dicha reforma no puede considerarse como derecho vigente, en virtud de que la condición prevista para su vigencia no se actualizó. Por el contrario, en consonancia con el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en 2015, la pasada legislatura decidió ratificar la existencia orgánica de la Secretaría de la Función Pública y revalidar su competencia funcional.
No se puede soslayar que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción conformó un régimen de cooperación entre las instituciones que de forma directa o indirecta, antes o después del hecho, previenen o combaten la corrupción en México. Es decir, la Secretaría de la Función Pública, la nueva Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el cual será puesto a determinar y sancionar las violaciones de tipo administrativa.
En este sentido, resulta imprescindible restablecer y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, a partir de las disposiciones constitucionales en la materia, necesarias para hacer frente al control interno de los entes públicos del Poder Ejecutivo federal.
En esencia, la reforma propuesta contempla nuevas atribuciones para la Secretaría de la Función Pública, así como la reasignación de otra respecto a aquellas que en su momento se propuso otorgarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Conforme al nuevo régimen de responsabilidades, se pretende sentar las bases para transitar hacia una profesionalización de los servidores públicos. Estos, los responsables de desempeñar funciones de control interno, lo cual resultará en un gran avance en los índices de eficacia y mejora de la gestión pública, así como en mejores prácticas de prevención y de responsabilidades administrativas.
Las funciones de investigación deben ser desempeñadas por personas con la correcta capacitación, académica y técnica, así como la experiencia profesional que les permita detectar la conducta que la sociedad más reclama: la honestidad y la honradez.
En cuanto a las entidades paraestatales, se considera pertinente actualizar la regulación de las mismas, dejando atrás esquemas rígidos que no guardan congruencia con las necesidades operativas y de control, que actualmente requieren dichas instituciones. Pero eso sí, respetar el régimen especial de control y vigilancia que ya existe en el seno de las mismas, en virtud de su propia naturaleza.
Lo anterior, es sin que se pretenda de manera alguna que dichas entidades paraestatales dejen de sujetarse a todas las disposiciones en materia presupuestal, de contrataciones públicas, de fiscalización ni de responsabilidades administrativas, entre otras que deben de regir el sector paraestatal.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos seguros que la presente reforma contribuirá significativamente para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado y, en particular, de la administración pública, garantizando la actuación de los servidores públicos y que en la conducta de ellos se apegue a los principios de legalidad, de honradez, de lealtad e imparcialidad que mandata y están establecidos en el artículo 113 de nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Spinoso. Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Sin duda el acto legislativo que en esta Cámara se está discutiendo, que es la reforma a una de las piezas legislativas que han de ser modificadas por mandato ciudadano y también por mandato constitucional que integran en su conjunto todo el Sistema Nacional Anticorrupción, debemos de reconocer en esta Cámara que se nos había olvidado, se les había olvidado a las legislaturas anteriores atender una demanda ciudadanía que es el combate, de verdad, al lastre que representa la corrupción y esto denota la importancia de la ley que estamos discutiendo.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se están presentando y que fueron discutidas ampliamente en la Comisión de Gobernación, tienen precisamente como objeto trasladar las facultades que había perdido, en la reforma de 2013, la Secretaría de la Función Pública y con ello darle su espacio a esta Secretaría, que es una de las siete piezas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.
Se determina también trasladar otras más a Hacienda, como hasta ahora, a partir de la reforma de 2013 las venía ejerciendo, de ahí la importancia de lo que estamos discutiendo.
Estamos dando un mensaje a la demanda ciudadanía, que sin duda en las discusiones que tendremos en las siguientes horas en este pleno, habremos de encontrar algunas dificultades, algunos defectos de las piezas que estaremos aprobando, pero que en su conjunto nadie puede regatear que significa un paso histórico a una demanda y un clamor social.
Como parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática informo que votaremos en pro, por la trascendencia y la importancia de la reforma. Sin embargo, es menester señalar que todo el bagaje normativo que vamos a modificar también tiene que estar a prueba en su aplicación, y de acuerdo a los especialistas, tardarán 10 o 15 años en demostrar la eficacia de todo el sistema.
Cuando un funcionario se corrompa, o un particular que también lo hiciera sea sancionado y haya sanciones ejemplares, estaremos dando muestras de su eficacia.
Por eso, en esta ocasión solicitamos al Ejecutivo federal que para que tenga buen inicio esta aplicación del sistema nacional anticorrupción, reconsidere la permanencia del secretario de la Función Pública, que por todos es sabido, nos une una relación de amistad y fue puesto en su encargo, precisamente, para cubrir con la impunidad actos de corrupción en los más altos niveles de la administración pública federal.
El que lo haga será un buen gesto a sus declaraciones que hace algunos días realizó ante los hombres de negocios, algunos de los más importantes del país, en el sentido de que sí hay una voluntad real para erradicar la corrupción de una vez por todas, y aceptar que no es un asunto cultural, que es un asunto institucional y requiere de decisiones legislativas y decisiones de gobierno. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Se informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: el 37 en sus diversas fracciones y el artículo 44.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes sonido en la curul del diputado Triana Tena, por favor.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer un respetuoso extrañamiento a la Comisión de Gobernación. Se circuló una adenda, una solicitud de modificación al dictamen que estamos a punto de votar. Tenemos acceso al documento, de rebote nos enteramos –prácticamente por terceras personas– que existía esta adenda o el contenido de la misma porque no fue circulada a nuestros diputados integrantes de la mesa directiva. Tenemos tres secretarios y no estaban enterados del contenido de la misma.
Consideramos que esta es una falta al procedimiento. Consideramos que no se está respetando la reglamentación interna y queremos hacer este respetuoso señalamiento, insisto, a la presidenta de la Comisión de Gobernación. Es cuanto, presidente. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más le recuerdo, diputado, con todo respeto, que en el momento procesal oportuno, cuando se presentó la propuesta de adenda, de modificación el pleno mismo la votó, la decidió.
En todo caso, creo que este asunto deberá ser retomado internamente por la comisión en su momento. Aquí, de hecho, ya estamos sobre esta base terminando la discusión en lo general. A ver, de nueva cuenta sonido ahí en la curul del diputado Triana.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Sí, diputado, entendemos esta parte y además la compartimos. Nos dimos por enterados en el momento procesal que usted está señalando de manera muy puntual.
Nuestro señalamiento es simplemente porque no se circuló a nuestros tres secretarios integrantes de la Junta Directiva para que pudieran llevar a cabo la firma respectiva de la adenda. Es un tema de procedimiento y nada más quiero que esto quede asentado. Es todo, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan recogidas sus expresiones, diputado Triana. Entonces, continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sí, señor presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la propuesta de la comisión aceptada por la asamblea.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos de la Telesecundaria, número 1023, de la comunidad la Norita del Refugio, del municipio San Luis de la Paz, Guanajuato. Invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Todavía está abierto. ¿Todavía falta algún diputado, alguna diputada por votar? Adelante, diputada; adelante. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 447 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 447 votos; unanimidad de los presentes. Tiene ahora la palabra...
La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada por favor.
La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul). Mi voto sería a favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a tomar extemporáneamente la votación, para que se incorpore, por 448 votos.
El diputado Virgilio Dante Virgilio Caballero (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Virgilio Caballero también a favor. Un voto más. Ya. Tan, tan. Otro más allá.
El diputado Timoteo Villa Ramírez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Timoteo Villa, a favor. Entonces ya. No se me retrasen porque luego retrasamos todo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo 37 en sus fracciones X, XI y XII.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, ahora que se revive a la Secretaría de la Función Pública otorgándosele ciertas atribuciones de control, no han quedado claramente establecidos muchos de los procedimientos para la correcta fiscalización y control interno de la administración pública; se prestaría a arbitrariedades en la designación y remoción de funcionarios, por eso es que propongo reforma a las fracciones X, XI y XII, que se refieren a la asignación y remoción de funcionarios, pero que esta se hace según las, no se establecen los criterios para realizarlo, y consideramos que se tiene que fundamentar y tiene que quedar en la ley que cualquier asignación, y sobre todo, remoción de un funcionario que esté relacionado con estas funciones, tienen que estar establecidas claramente las razones por las cuales se le remueve, porque si no, van a empezar a entrar y salir funcionarios a contentillo de quien encabece la Función Pública.
También estamos proponiendo una reforma a la fracción XXII del artículo 37, en la que se otorgan facultades al secretario de la Función Pública para que establezca lineamientos de transparencia que pueden contravenir lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le otorga únicamente al INAI estas facultades: transparencia, anticorrupción, y una verdadera fiscalización sobre la administración pública; es lo que busca Morena, y lo que se pretende hacer con estas reservas. Y espero que la aplanadora ¿verdad? apoye estas modificaciones y estas reservas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 37 en sus fracciones XI, XII, XXVII y al 37 Bis. Además al artículo 44, en su párrafo quinto.
Vamos a dejar el mismo tiempo, y vamos a ser tolerantes con el mismo, sabiendo que va a presentar tres propuestas de modificación, para que no lo presionan allá abajo, pero para que no abuse tampoco usted, de la asamblea.
El diputado Macedonio Tamez Guajardo: Gracias, presidente. Compañeros, traigo tres reservas, pero voy a ser muy breve, porque verdaderamente se redunda mucho en este medio y no es bueno.
En primer lugar es una adición que proponemos al artículo 37. Proponemos un artículo 37 Bis, en donde pedimos que para ser secretario de la Función Pública se establezcan requisitos en donde al candidato propuesto por el presidente, se le desvincule de cualquier partido político, se prohíba que alguien que ha sido miembro de un partido, o que es miembro de partido haya sido candidato, pueda ser secretario de la Función Pública.
Y miren, ustedes me darán la razón, uno de los lastres que tiene nuestro sistema político, es precisamente esa ominosa mezcla que se hace en este país entre la administración pública y la política electoral y partidista.
Esto contamina campañas, contamina precampañas, establece compromisos inenarrables, de esos que son inenarrables pero que deberían narrarse en expedientes judiciales, de tal manera que debemos avanzar hacia un sistema con un servicio civil de carrera que incluya a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, y en particular al titular, separar a la política y a la administración pública, y en particular aquella que tiene a su cargo la supervisión y el control de la Función Pública.
En segundo lugar, proponemos una modificación al artículo 37, en sus fracciones XI y XII, es muy sencillo, así como el Secretario de la Función Pública tiene la facultad de nombrar a los titulares de los órganos de control de cada dependencia federal, lo que pedimos es que los escojan no libremente, sino dentro de una terna que proponga el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esto es para blindar esos nombramientos para evitar que suceda lo que viene sucediendo, que se escoja un favorito para que haga las funciones de control y de esta manera lograr más credibilidad y mejores resultados de los órganos de control.
Y finalmente, el artículo 44, pedimos que los informes que den los titulares de los órganos de control también sean turnados al comité coordinador y al Comité de Participación Ciudadana para hacerlos del conocimiento de todo mundo. Es una reserva que hago en favor de esa transparencia que tanto necesitamos. Gracias, y buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Ya ven, ni los tres minutos se llevó. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 37 en su fracción XXI.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Presidenta de la Comisión de Gobernación, he estado señalando sobre esta reserva al artículo 37, fracción XXI, donde a la Secretaría de la Función Pública le corresponde establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez: emitir normas y lineamientos.
Sin embargo, en toda esta descripción señala este artículo que corresponde a esta Secretaría, varias secretarías de Estado, pero maneja, señala que con excepción de las empresas productivas del Estado. Es decir deja a Pemex y a la CFE fuera de esto, precisamente donde más adquisiciones, donde más obras de arrendamientos y contratos se llevan a cabo.
Me comentan: Es que fíjate que ya está en otra ley. ¿Por qué no ponerla aquí, por qué incluso colocar excluir a las empresas productivas del Estado? Es ahí donde hacen negocios, es ahí donde se dio Oceanografía, es ahí donde estuvieron los hijos de Martha Sahagún. Es ahí donde han estado un sinfín de corruptelas y dice: Es que tiene su propio órgano interno de control. Sí, pero dependen de la Secretaría de la Función Pública y tienen como intermediario al propio director de Pemex como jefe.
Eso es lo que hace que no funcione la Secretaría de la Función Pública. Eso es lo que a Morena decimos necesitamos una ley, sí, pero una ley a profundidad porque si no es lo mismo, es simulación, es nada más una secretaría para tapar a los amigos e irse con los mandos medios y tapar a los altos mandos.
Hay denuncias interpuestas contra los propios contralores de las diferentes subsidiarias. No pasa nada. En este artículo señalan con excepción de las empresas productivas. ¿Qué propongo?, que se elimine la palaba excepción y se añada y empresas productivas del Estado. Esa es mi reserva. Solicito de la manera más atenta que este pleno considere y vote a favor esta reserva. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 37 y 44 en términos del dictamen modificado por decisión de la propia asamblea.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos 37 y 44 en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Modificado.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar? Está abierto el sistema, por favor. ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar todavía? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 388 votos a favor, 7 votos se abstuvieron y en contra 58.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 388 votos. En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y disponible en el monitor de sus curules, el dictamen con proyecto de decreto que expiden y reforman la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se reforman los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
En virtud de que se ha cumplido con este requisito de la declaratoria de publicidad, del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y se reforman los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se autoriza.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y en consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y se reforman los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y tiene la palabra, por la Comisión, para fundamentar, por la Comisión de Transparencia, para fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro Vázquez, hasta por cinco minutos.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Estamos aquí a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para presentarles el dictamen que emite la Comisión con relación a las diversas iniciativas con proyecto de decreto que expiden y reforman la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
A partir de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción se hicieron diversas reformas a lo que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación en cuestión de la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y la armonización para la creación del sistema nacional anticorrupción. En este contexto de reformas constitucionales se establecía la creación de leyes secundarias para combatir la corrupción y también con referencia a la Auditoría Superior.
A este honorable Congreso llegaron diversas iniciativas por parte del Partido Acción Nacional, por parte del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario de Morena. También por parte de la Junta de Coordinación Política se creó un grupo de trabajo para analizar los temas referentes a la Ley de Fiscalización y a las diversas iniciativas presentadas anteriormente.
En este sentido, se avanzó y se tomó como base el documento del grupo de trabajo y se realizó una propuesta por parte de la Presidencia de la comisión, junto con la base que ya teníamos.
En ese sentido se logró un consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios, quedando los siguientes temas importantes, que se incluyen en el dictamen. Uno de ellos es que se eliminan los principios de posterioridad y anualidad para el ejercicio de la función fiscalizadora.
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente y podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos para efecto de sus trabajos de planeación.
Se faculta también a la Auditoría Superior de la Federación para que en los términos que establezca la ley fiscalice, en coordinación con las entidades locales de fiscalización, las participaciones federales, ampliando así el objeto de fiscalización a la totalidad de los recursos federales que son transferidos a otros órdenes de gobierno.
En cuanto a la facultad que ya tenía la Auditoría Superior de la Federación, de fiscalizar los recursos federales que hayan sido transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, la reforma añade que serán fiscalizados tanto los de carácter público como los de carácter privado, por lo que con ello se amplía nuevamente el objeto de fiscalización. También se establece que derivado de denuncias y con previa autorización de su titular, la Auditoría podrá fiscalizar durante el ejercicio fiscal en curso o anterior a las entidades fiscalizadas. Al respecto, se señala que las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se les solicite en los plazos y términos que la ley establezca.
La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados sobre los resultados de dichas auditorías y promoverá las acciones correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que estamos igual por reformar la Fiscalía Especializada también en combate a la corrupción y las autoridades competentes.
En términos generales, este dictamen, las propuestas que vienen, las iniciativas que se presentaron van a llevar a una nueva forma de organizarse y de trabajar de la Auditoría Superior de la Federación, en algunos sentidos fortalecida y en ese sentido nosotros estamos visualizando que la Auditoría podrá tener nuevos mecanismos para las auditorías en los estados y en general de la cuenta pública federal. Muchas gracias. Antes, perdón, presidente, si me permite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, adelante.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Anunciar. Hay una adenda con respecto a los transitorios, que se está trabajando con los grupos parlamentarios, ya estamos terminándola nada más. Vamos en el proceso a presentarla, mientras los grupos parlamentarios están posicionando. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Efectivamente, como el diputado, el presidente de la Comisión de Transparencia lo señaló, ya había avisado a la Presidencia antes de su participación, se está procesando una adenda con el consenso de los grupos parlamentarios, se está afinando y en el momento en el que esté lista la someteremos a consideración de la asamblea, desde luego antes de pasar al siguiente momento procesal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión en lo general y ya se ha integrado una lista de compañeras y compañeros diputados, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Y por lo tanto, tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados. A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro social manifiesto nuestra posición respecto al proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El artículo 74 de nuestra Carta Magna establece que es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados el revisar la cuenta pública con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de los entes públicos. Asimismo establece que esta revisión se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación.
Como sabemos, el objetivo de fondo del mencionado precepto es hacer eficaz y eficiente la autorización de los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y los organismos político-administrativos, además que dichos recursos sean administrados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y, sobre todo, con honradez.
Todo lo anterior debe ser así a fin de que dichos recursos se utilicen para satisfacer las necesidades de los distintos entes públicos, y satisfacer las necesidades de la población mexicana.
Por lo tanto, el dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno debemos entenderlo como una respuesta a un reclamo social, pues el modelo actual del proceso de fiscalización ya no es eficaz en el nuevo modelo actual del proceso en que vivimos y en donde avanza un esfuerzo muy importante en contra de la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Es por lo anterior que el actual diseño institucional de la fiscalización debe ser fortalecido, renovado y actualizado en facultad de las capacidades administrativas para con ello lograr que el órgano de fiscalización cumpla con su propósito en este nuevo entorno.
Las bases de este nuevo marco jurídico que se propone deberán permitir al Estado mexicano combatir de manera frontal aquellas prácticas tan nocivas para la sociedad y el servicio público como es la corrupción y la falta de transparencia en la rendición de cuentas.
Por ello la nueva ley que se propone permitirá fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en su capacidad para analizar las cuentas públicas, formular observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir informes que correspondan a esta Cámara de Diputados y además denunciar hechos de omisiones ante las autoridades competentes para que se investiguen vicios ilícitos.
Además de lo anterior, resulta necesario e impostergable expedir una nueva Ley de Fiscalización que contenga las nuevas atribuciones que se establezcan en la Constitución Pública (sic) de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de la reforma del 27 de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción.
En Encuentro Social (sic) se pronuncia por las leyes que combatan la corrupción, que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas, por leyes que fomenten la equidad y la distribución de los recursos, y leyes que busquen la homologación de la contabilidad gubernamental y que busquen la eficacia, la eficiencia administrativa, sobre todo en manejo honrado de los recursos públicos.
Y algo muy importante, que vamos a tener la oportunidad todos los diputados, de solucionar en este mes de diciembre, cuando aprobemos los presupuestos, que estas reformas que estamos haciendo, si no van acompañadas con presupuesto, no van a ser eficaces. Es por eso que hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, que nos sumemos a dotarle de recursos suficientes al órgano de fiscalización. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Saludamos la presencia de estudiantes de diversos municipios de Guadalajara, Jalisco, bueno, de diversos municipios y de Guadalajara, y de Guadalajara, Jalisco, o del estado de Jalisco, invitados por el diputado José Hernán Cortés Berumen. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia. El presente dictamen es de la más alta prioridad para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, al ser parte fundamental de este nuevo andamiaje jurídico, considerado en su aplicación, será un total para conseguir los objetivos de sí mismo.
Como sabemos, derivado de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se dispuso que el Congreso de la Unión debería aprobar las leyes generales respecto a este tema.
Entre las disposiciones se encuentran las que hoy nos ocupan. A saber, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley de Coordinación Fiscal; y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A fin de construir el marco jurídico necesario para dar pleno funcionamiento al Sistema Nacional Anticorrupción, es preciso establecer claramente el principio de la fiscalización superior de la gestión y recursos públicos, así como los entes facultados para ello.
Es decir, estamos en la antesala que fortalecerá el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados, así como de las entidades de fiscalización en las entidades federativas, vigorizando los principios y alcances de la fiscalización y rendición de cuentas en las facultades que tienen para analizar las cuentas públicas, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos. Todo ello, en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Estos últimos aspectos incluidos en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de precisar coadyuvancia entre las entidades fiscalizadoras locales con la Auditoría Superior de la Federación en este proceso de fiscalización.
Vemos con beneplácito que entre otros aspectos, la fiscalización comprenderá el escrutinio de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
En cuanto a la deuda pública comprenderá la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales y toda la información financiera contable, patrimonial, presupuestaria, y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en las mismas.
De esta manera, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera directa las operaciones que involucren recursos públicos federales en prácticamente todas sus modalidades, sea a través de contrataciones, subsidios, transferencias, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.
Otra de las nuevas facultades de la Auditoría consiste en la atribución que le confiere para investigar, sustanciar y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, en especial aquellas que se adviertan del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y que deriven en el daño al erario público, que es lo que tanto nos exigen nuestros compatriotas mexicanos.
También podrá denunciar ante los órganos internos de control la comisión de faltas administrativas no graves y, de este modo, sancionar efectivamente a los servidores públicos que cometan faltas graves, principalmente aquellas que deriven, insisto, en un daño al erario público.
En el mismo sentido, otro aspecto fundamental que nos gustaría subrayar consiste en que en concordancia con los reclamos provenientes de la sociedad mexicana, que es a quien nos debemos, la Comisión de Vigilancia podrá recibir y procesar solicitudes de la sociedad civil en relación al Programa Anual de Auditorías, que realiza esta instancia fiscalizadora, así como de su funcionamiento.
Esto otorga a la ciudadanía la oportunidad de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de este ente fiscalizador. Sin duda fortalece la estructura de fiscalización del país en aras de contribuir a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para concluir, si buscamos dignificar el servicio público es indispensable hacer una revisión de las normas jurídicas que lo tutelan, a fin de construir un andamiaje que nos proporcione las herramientas que mejora el control del cómo y en qué se gastan los recursos públicos.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, sabemos que estas son poderosas herramientas para combatir la corrupción, por lo que movidos únicamente por el bien de México tenemos toda la intención de votar a favor de este dictamen y estaremos atentos a la adenda que se acaba de hacer mención hace unos momentos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias, presidente. A nombre de los diputados ciudadanos vamos a fijar nuestra postura sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Durante el último mes trabajamos incansablemente para revisar este documento. Con esta nueva ley esta soberanía expide las leyes que dan contenido a la reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015, en materia anticorrupción. Espero que en esta semana terminemos de diseñarlo. Tenemos de retraso un año y ojalá que se cumpla y que las y los ciudadanos entiendan que fue canalizada esta demanda.
Con esta nueva Ley de Fiscalización se pretende conocer el destino y ejercicio de todos los recursos públicos que esta Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta Cámara anualmente determina el monto y destino del gasto público y tiene la atribución por medio de la Auditoría Superior de la Federación, de supervisar el correcto ejercicio del mismo, y en caso que los ejecutores del gasto no lo apliquen con los principios de honestidad y transparencia, fincar responsabilidades legales que corresponda y sancionar a quien sea responsable.
Esta nueva ley se inscribe en el Sistema Nacional Anticorrupción como una exigencia unánime de la sociedad mexicana para que los recursos se ejerzan de manera correcta y que la riqueza de la nación no sea patrimonio de unos cuantos que impunemente se roban lo que es de todos. El recurso que se etiqueta aquí es de todas y de todos los mexicanos.
Algunos de los elementos que los diputados ciudadanos impulsamos y que contienen este dictamen, se plasma en el artículo 5o y tiene que ver con la publicidad de la información relacionada con el informe general de la fiscalización de la cuenta pública, el informe específico derivado de denuncias presentadas ante la Auditoría y los informes individuales relacionados con las entidades fiscalizadas.
Toda esta información deberá ser publicada en la página de internet de la Auditoría de la Federación y en formatos abiertos, conforme a los principios de máxima publicidad de toda la información, pero además logramos incidir para que la denuncia ciudadana sea tomada en cuenta. Auditar las participaciones que estaban fuera y que sin duda son muchas de las partes de deuda que se esconden, y creemos que hay que destacar que la Auditoría tendrá la facultad de fiscalizar a los estados y municipios que cuenten con garantía del gobierno federal para la contratación de deuda, pero que ésta sea contratada en los mejores términos y que dicha deuda no se convierta en una cueva de Alí Babá.
Sin lugar a dudas, esta nueva ley es un avance que permitirá sancionar desvíos presupuestales; sin embargo, todavía tenemos pendientes y ha quedado de lado el caso de las auditorías excepcionales, en donde los diputados ciudadanos planteamos como un derecho de los legisladores y como una potestad, la realización de auditorías excepcionales, como resultado de las denuncias que como representantes populares recibimos de los propios ciudadanos y que los ciudadanos lo puedan solicitar.
Consideramos que solicitar estas auditorías cubre un principio que necesitamos contemplar. No podemos renunciar a una atribución que tenemos y que deriva de la aprobación del Presupuesto, esta Cámara finalmente requiere que la Auditoría tenga la última palabra y determine y valore si procede o no la solicitud de auditoría, dependiendo de los elementos sobre las irregularidades reportadas.
Todas y todos los funcionarios tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de los recursos públicos, porque ese recurso es de todas y de todos. Tenemos todavía pendiente la reparación del daño y ahorita seguramente eso requerirá de las reservas que presentaremos. Votaremos en lo general a favor y esperemos que salga adelante esta nueva Ley de Fiscalización. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del diputado presidente. La Ley que hoy discutimos básicamente tiene dos propósitos, uno reglamentar el cambio constitucional que le permite a la Auditoría Superior de la Federación, o la mandata, a fiscalizar las participaciones federales.
Esto significa que prácticamente podrá fiscalizar todos los recursos públicos de las entidades federativas, porque entre participaciones, convenios y aportaciones, pues esto representa en promedio el 90 por ciento de los recursos de las entidades. Esto es, este Congreso cuando hizo el cambio constitucional, pues de alguna forma rompió el pacto federal y ahora cualquier recurso, incluyendo los que teóricamente son de las entidades por haber renunciado a sus facultades tributarias, ahora también podrán ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.
Para ese efecto, se establece la posibilidad de que lo haga directamente o con una serie de convenios en las que las entidades federativas, en sus auditorías superiores, se subordinan a la Auditoría Superior que mandata la manera de fiscalizar.
El segundo cambio constitucional tiene que ver con la posibilidad de que en el año de ejercicio de manera excepcional también se puedan fiscalizar recursos.
Y también vayan acorde con los cambios, especialmente el de responsabilidades que permite o que mandata la auditoría que haya, cuando se encuentra una falla grave, haya una investigación y haya una sustanciación de esta falla, para que ante las autoridades competentes, ante el tribual o ante la Fiscalía Anticorrupción de la PGR se haga un caso sólido que pueda terminar en una sanción, tanto administrativa como penal.
Hoy tenemos una Auditoría Superior que hace auditoría de buena calidad, que encuentra hallazgos importantes, así hemos conocido los excesos de los gobernadores de Veracruz, de Chihuahua, etcétera. Sin embargo, las consecuencias de esto son pocas, porque no se ha fortalecido la manera de sustanciar y de presentar las pruebas ante los órganos que van a penalizar.
Creo que debimos haber ido más lejos. Creo que la ley tiene lo justo, lo justo que establecen las otras leyes y lo que mandata la Constitución, pero debimos haber aprovechado esta oportunidad para fortalecer los instrumentos de vigilancia que tiene la auditoría y que sirven a este Congreso.
Las fallas principales me parece que están, uno, en la poca referencia que tiene la actividad fiscalizadora de la auditoría en conjunto con las auditorías superiores locales en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
En la ley que vamos a votar en un rato más se establece, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, un Sistema Nacional de Fiscalización que tiene como objetivo armonizar los procesos de fiscalización, y prácticamente no hay referencia en esta ley a este sistema.
Entonces, estamos creando un sistema que no estamos utilizando en la misma ley que estamos estableciendo.
Segundo. Esta Cámara de Diputados no tendrá la posibilidad de que un número de diputados solicite al auditor superior de la federación una auditoría en algún momento.
Esta es una propuesta que teníamos, creemos que puede ser, porque se garantizaría la autonomía técnica de la auditoría, porque solamente estaría obligado esta misma o hacer la auditoría o a dar una contestación de por qué no se hace. Por cierto, es una facultad que se está dando al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional, pero no se está dando a esta Cámara de Diputados.
Consideramos también, que la revisión que tiene que hacer la auditoría al año anterior del ejercicio a la cuenta pública.
Debería terminar en un documento que se presente en el mes de septiembre para conocer lo que sucedió el año anterior y mejorar la discusión presupuestal.
Mucho de lo que conocemos hoy del Presupuesto de Egresos de la Federación lo hacemos porque la Auditoría ha encontrado evidencia en los famosos casos de los aprovechamientos. Conocemos más porque la Auditoría sí pudo ir a fondo y no hay razón por la que no contemos con un documento previo. Así también, por lo que no hay razón de que en lugar del informe de avance financiero, que es un informe muy sencillo, sea el informe trimestral el que sea analizado por la Auditoría Superior de la Federación, y así los diputados tengamos más insumos para la discusión de ingreso y de gasto.
Creo que cumplimos, cumplimos a secas, pero no fuimos más allá de tener una Auditoría Superior de la Federación que auxilie de mejor manera a esta Cámara para vigilar el gasto público.
Hay temas pendientes que yo no veo la razón por la que en esta oportunidad no se incluyan. Falta un tema importante también, que ojalá haya la apertura para incluirlo en el dictamen, que tiene que ver en que tendría que ser la propia Auditoría Superior la que interprete esta ley. La capacidad de interpretación no está clara, de hecho no se menciona quién la tiene que interpretar, si tendría que ser la Auditoría.
Esto va a servir, sí va a servir porque vamos a tener hoy un instrumento que puede auditar todo el gasto público de estados y municipios. Puede servir porque ahora tenemos un instrumento que en el propio año de ejercicio puede fiscalizar el gasto.
Todo esto va a depender de la voluntad de hacerlo. Todo esto va a depender de la voluntad de que de verdad vayamos a fondo en las investigaciones y que los funcionarios públicos que sí incurrieron en violaciones graves a la ley puedan ser sancionados. Eso es algo que no hemos visto hasta el momento.
Vemos auditoría que tiene una buena calidad pero no vemos las consecuencias de la misma. Esto y todo el sistema nacional anticorrupción tendrán resultados solamente si hay la voluntad de cambio, solamente si el próximo auditor de la Federación sea una persona independiente, capaz y con la credibilidad suficiente para llamar a cuentas a miles de funcionarios públicos que en este país no están haciendo su trabajo.
Queremos un auditor superior de la Federación con la fortaleza suficiente como para llamar a cuentas, por ejemplo, al ex director de Pemex que dejó el cargo casi de manera confesa por acusaciones de corrupción y hasta este momento no vemos consecuencias.
Queremos un auditor superior de la federación fuerte para que llame a cuentas a todos esos gobernadores que endeudaron sus estados, que no sabemos en qué gastaron la deuda, que desviaron recursos públicos, que están ahí y que no ha habido ninguna consecuencia.
Queremos un país en donde haya consecuencias. Por eso, hoy nos comprometemos a que la Auditoría Superior de la Federación tenga mejores instrumentos. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes. La presente reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a la Federación es vital y muy importante en todos los sentidos, porque armoniza varias normas en comento con múltiples ordenamientos que ya se han aprobado aquí y que pronto aprobaremos como minuta que viene del Senado.
Me refiero a la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, que establece ahí mismo también el sistema nacional de fiscalización y que, evidentemente, también es una base fundamental para esta ley. Y la base más importante, como ya se ha mencionado, es la reforma constitucional de mayo del año pasado. Con esta reforma se va a dotar al Estado mexicano de herramientas más adecuadas para la fiscalización y control de recursos públicos a nivel federal y, evidentemente, local.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde queremos destacar la labor realizada, en primer lugar, del grupo de trabajo en materia de fiscalización, donde trabajamos todos los grupos parlamentarios.
En segunda instancia, también hago un reconocimiento a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, donde se finalizaron y se hicieron los acuerdos necesarios para tener el documento que hoy estamos discutiendo.
Queremos que haya un marco jurídico que genere confianza a la ciudadanía, a través de acciones concretas. Que se puedan alcanzar resultados visibles en materia tan sensible como es el manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto en el cual los recursos han sido y están siendo escasos, condición que nos obliga con mayor razón a vigilarlos y a que se haga un uso de manera eficiente.
Dicha fiscalización comprende múltiples tareas establecidas en esta ley, como son: la revisión de los ingresos, los egresos, los subsidios, transparencias, donativos, fondos, gastos fiscales y la deuda pública. Así como el manejo eficiente, la custodia permanente y la aplicación eficaz de los recursos públicos federales en el orden de información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática, conforme a las leyes y disposiciones aplicables.
Un escenario complejo responde al trabajo conjunto de muchas voces ciudadanas y grupos parlamentarios, ya que el análisis se realizó con la participación activa de personas que son especialistas en estos temas y tenemos hoy el resultado, esta Ley de Fiscalización, encaminada a evaluar los procesos y mecanismos de vigilancia con los más altos estándares internacionales en la gestión financiera, siempre con el objetivo de que los recursos asignados a las entidades fiscalizadas sean ejercidos correctamente y se use para atender los temas prioritarios para nuestro Estado.
En síntesis, se está avanzando en la senda correcta al vincular armónicamente los cuatro principales ejes jurídicos: legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Con ello, todo requerimiento u observación estará en el marco jurídico de la ley sin descuidar el tema fundamental, es decir, lograr que se ejecute al cien por ciento cada peso del presupuesto de la federación, con estricto apego a los objetivos para los programas designados, para todos los programas federales. También en este escenario quiero destacar el fortalecimiento que se le da a la Auditoría Superior de la Federación, tendrá mayores herramientas y mayor autonomía de gestión y autonomía técnica, lo cual va a dar certidumbre al gasto público.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, reiteramos la postura a favor de esta reforma y el combate a la corrupción, evidentemente esta ley es una herramienta más para combatir este mal que tanto nos ha aquejado. Queremos que la gestión financiera sea más eficiente en todas las organizaciones que se administren o ejerzan recursos públicos, así como cualquier organismo u asociación que reciba estos mismos recursos.
Esta reforma significa realmente poder monitorear a todo conjunto en los gastos del erario federal, a todas las entidades fiscalizadas con el propósito de ubicar y transparentar cómo se distribuyen monetariamente las cuentas públicas de los organismos dependientes de la federación y de las entidades federativas.
Con la aprobación de la legislación secundaria del sistema nacional de anticorrupción de la cual esta iniciativa constituye una pieza fundamental, avanzamos sin duda en el plano normativo, pero lo esencial es que la transparencia y el combate a la corrupción se conviertan en una prioridad de la agenda nacional. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Tiene ahora la palabra, el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. A nombre del Partido de la Revolución Democrática hago uso de la tribuna para respaldar el dictamen y dar entrada a la expedición de una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Nuestro grupo parlamentario ha participado con ánimo constructivo para que esta nueva norma aborde las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y en especial para investigar y substanciar las denuncias que ahora recibirá sobre presuntos hechos de corrupción.
En este punto es muy importante destacar que el PRD propuso, para fortalecer la denuncia y participación social, que toda persona tenga la posibilidad de presentar la denuncia que considere en los términos del artículo 59 de la ley. Es decir que no serán los diputados ni los senadores ni ninguna otra instancia la que quede facultada de forma exclusiva para presentar las denuncias. Lo podrán hacer desde luego –subrayo– cualquier persona física o moral.
Existen otras virtudes en este texto por las cuales debe respaldarse el dictamen. Sin ser exhaustivo quiero señalar algunos aspectos que apoyamos y promovimos en el Partido de la Revolución Democrática.
La Auditoría federal podrá fiscalizar el financiamiento incluyendo emisiones bursátiles, asociaciones público-privadas y cualquier otra modalidad que involucre obligaciones de pago. Esto cancela la opacidad en esa materia y que ha sido manejada de manera artificiosa en otros tiempos.
También se fiscalizará todo ejercicio o recepción de recursos públicos, lo cual incluye al Infonavit, por ejemplo, y todos los entes que sean autoridad fiscal con independencia de que estén o no señaladas como entidad paraestatal.
Además se revisarán de forma innovadora los criterios generales de política económica de cada ejercicio fiscal, con lo cual se podrá señalar si el gobierno cumple o no sus promesas anuales de crecimiento y control de la inflación, para que se acaben las simulaciones.
De igual modo se establecen prohibiciones claras para la contratación de despachos que pueden apoyar las funciones de fiscalización, si existen conflictos de interés en los mismos términos de la Ley General de Responsabilidades, con lo cual se evitan anomalías y favoritismos.
También tendremos una mejor fiscalización, porque esta función ha quedado delimitada adecuadamente y además será evaluada de forma sistemática conforme a indicadores objetivos por parte de la Cámara de Diputados.
Por lo que hace a las participaciones, estas serán fiscalizadas como mandata el artículo 79, fracción I de la Constitución por la Auditoría Superior de la Federación y por las entidades locales, y siempre queda a salvo que la Auditoría Superior de la Federación pueda ejercer esa facultad de manera directa, como se establece en la adenda que acordaron hace un momento los grupos parlamentarios.
El PRD señala y advierte que no obstante que en este periodo extraordinario se está avanzando y cumpliendo con la agenda de transparencia y anticorrupción, queda un gran reto y un obstáculo enorme para acabar con la corrupción: el fuero de los altos funcionarios. Mientras el fuero no sea reformado de forma sustantiva y no se permita que los procedimientos penales inicien de inmediato, los malos funcionarios se esconderán tras ese manto y se van a mantener impunes.
La nueva y necesaria batalla es para cancelar el fuero constitucional, para que todos asumamos la responsabilidad de nuestros actos y las consecuencias jurídicas de una eventual conducta de corrupción.
Emplazo a todos los grupos parlamentarios a que fijen postura y se pronuncien; ya es momento de saber quiénes quieren mantener los fueros y los privilegios, y quiénes quieren que la justicia sea igual para todos.
Quiero reconocer a los diputados integrantes del grupo de trabajo que se conformó por mandato de la Junta de Coordinación Política, para acercar las posiciones de las fracciones parlamentarias, y de igual modo a todos los integrantes de esta comisión dictaminadora que a partir de este documento han generado el proyecto de dictamen.
De forma muy merecida debo reconocer al diputado Luis Maldonado, y a todos los integrantes del grupo de trabajo; a mi compañero Omar Ortega, por la presentación de una de las iniciativas sobre el tema.
Diputados y diputadas, hoy se está dando un mensaje positivo como Cámara de Diputados. Aquí se presentaron propuestas de las fracciones parlamentarias; aquí hubo debate y aportaciones técnicas, aquí se reconocieron y acercaron posturas de las bancadas para construir acuerdos.
El Partido de la Revolución Democrática participó y trabajó de igual forma que los demás grupos parlamentarios, y entre todos estamos presentando en el pleno de la Cámara de Diputados, un buen proyecto de dictamen, donde aún resta que se presenten y procesen las reservas correspondientes. Enhorabuena y los invito a respaldar en lo general el dictamen relativo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Partido Acción Nacional tiene un profundo compromiso con el combate a la corrupción, y en un esfuerzo por acabar con aquellas conductas que tanto lastiman a la sociedad mexicana y a nuestras instituciones, es que hemos presentado diversas propuestas de trascendencia como lo fue en su momento aquella mediante la cual se reformó nuestra Norma Fundamental para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este marco de referencia, nuestro Grupo Parlamentario tanto en esta Cámara como en nuestra Colegisladora, presentamos diversas iniciativas que tenían por objeto expedir la legislación secundaria que ponga en funcionamiento dicho sistema, y que ahora, con su aprobación se permitirá que las instituciones que tienen a su cargo el control interno y externo de la Función Pública y de la Vigilancia de los Recursos Públicos cumplan a cabalidad con su responsabilidad de vigilancia para que aquellas personas que actúen en contra de la Función Pública, sean debidamente sancionadas.
A través de esta ley, se actualizan y se regulan las nuevas atribuciones que la reforma constitucional señalada le confirió a la Auditoría Superior de la Federación en su calidad de órgano vigilante de la correcta aplicación de los recursos públicos federales.
Con la participación de los grupos parlamentarios que colaboraron activamente en el grupo de trabajo creado para revisar las iniciativas presentadas, entre ellas, la del Partido Acción Nacional, así como la de las organizaciones de la sociedad civil, el día de hoy expedimos un ordenamiento que contempla un mejor diseño institucional de los órganos que participan en la tarea de fiscalización de los recursos públicos para poder garantizar la coordinación y, en consecuencia, el fortalecimiento del desarrollo adecuado de nuestra democracia, siendo un factor fundamental para evitar que la corrupción siga lastimando el desarrollo político, económico y social de nuestro país.
Se establecen supuestos objetivos a partir de los cuales la Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar directamente las participaciones federales, así como los temas que como mínimo deberán prever los lineamientos técnicos que expedirá para homologar y hacer eficiente y eficaz la fiscalización de las participaciones que ejerzan las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
De igual forma se contempla el nuevo modelo de promoción de responsabilidades, por lo que investigará las responsabilidades administrativas graves, consignándolas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y/o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones correspondientes a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y a los particulares cuando corresponda.
Se establece un nuevo esquema de participación con las organizaciones de la sociedad civil o académica, pues con esta ley podrán participar como observadores del proceso de integración de la terna con la cual esta Cámara nombrará al titular de la Unidad de Evaluación y Control que forma parte de la Comisión de Vigilancia.
Compañeras y compañeros, en Acción Nacional estamos convencidos en que estas modificaciones le permitirán a la Auditoría Superior de la Federación realizar penamente su función de fiscalización de los recursos públicos, pero además se convertirá en pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es por ello que el Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, con la firma convicción del necesario y urgente fortalecimiento de la máxima autoridad responsable de la fiscalización final de los recursos públicos federales, como un instrumento indispensable para evitar que, como hasta ahora, los peces gordos de la corrupción sigan nadando en total libertad y ofrecer a México un futuro libre de corrupción. Muchas gracias. Es cuanto, señor diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Marrón. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, diputado presidente. Una nueva forma de fiscalizar, una nueva manera de dar seguimiento en todo momento a los recursos públicos, con la novedad de poder ahora fiscalizar las participaciones federales de estados, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Revisar también los empréstitos que cuentan con garantía federal y fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos de investigación y control, así como un nuevo modelo de promoción de responsabilidades.
El Presupuesto, ese Presupuesto que todos los mexicanos construimos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo y que esta soberanía año con año aprueba, tiene siempre un carácter de público y esto significa que los mexicanos deben saber en todo momento cómo se ejerce el gasto público.
Es por ello que esta reforma también moderniza el modelo de fiscalización para ajustarlo al Sistema Nacional Anticorrupción. Se busca fortalecer nuestro andamiaje para alcanzar mayor transparencia en el gasto público y que la Auditoría pueda apoyarnos en nuestra tarea de una mejor manera.
Es por esto que para darle un correcto seguimiento al gasto también los formatos se les está dando un carácter de máxima publicidad. Así, la Auditoría en todo momento podrá proporcionar a los ciudadanos, igual que a los diputados, la información pertinente sobre el ejercicio del gasto.
Esto sin duda, aunado a todas las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, logrará que un alcalde, un gobernador o cualquier servidor público que tenga malas prácticas sea fiscalizado y sea sancionado, pues no se trata únicamente de revisar y encontrar malos manejos o errores en el recurso; se trata de evitar y de sancionar severamente a quien cae en estas malas prácticas.
Estamos armonizando también con nuestro voto el día de hoy en este dictamen, diversas disposiciones que tienen que adecuarse con la Ley de Contabilidad Gubernamental, ya que revisar los ingresos, los egresos, los fideicomisos, los fondos y aportaciones apegándonos al registro gubernamental, es muy importante para realizar una revisión más pulcra financieramente, del conjunto de entidades que manejan el presupuesto.
Las herramientas que el día de hoy nos estamos dando, sin duda que nos fortalece y nos comprometen a seguir haciendo bien nuestro trabajo. La participación ciudadana es parte activa de esta nueva ley, ya que las organizaciones de la sociedad civil o cualquier ciudadano en lo particular pueden participar en las solicitudes de fiscalización y esto habla de la conciencia plena de esta soberanía de que el poder es de la gente y que estamos aquí gracias a ellos y para servirles.
Quiero reconocer la aportación de todos los grupos parlamentarios para alcanzar este trabajo final, supimos escucharnos, supimos construir en equipo, sin descalificarnos, entendiendo que esta responsabilidad común no permite eludirnos ni regatear nada que sea por el bien de nuestros representados.
En especial reconozco el esfuerzo tan grande del Grupo Parlamentario del PRI para consensar todas estas opiniones, de mi compañero Pedro Luis Noble, de todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de nuestro coordinador César Camacho, de todos los integrantes. De verdad, estos grupos parlamentarios que construyeron, que aportaron, que participaron anteponiendo a México antes de cualquier interés.
En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de esta nueva Ley de Fiscalización, entendiendo que es lo mejor para México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Anaya.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Daremos curso ahora a las intervenciones, en la fase de discusión, después del posicionamiento de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, en pro.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, presidente. La grave situación económica y social, que vive el país desde hace décadas, ha sido reprobada por la ciudadanía en varias ocasiones. Los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio patentan esa inconformidad, dejando claro que la corrupción constituye uno de los elementos que más daño causan a la sociedad y a su desarrollo.
Morena siempre ha manifestado y se ha manifestado en contra de esa maquinaria y ha denunciado al sistema que perpetúa esas prácticas.
El dictamen que presenta la Comisión de Transparencia, si bien avanza en el combate a la corrupción, no lo hace lo suficiente. En consecuencia, Morena presentó a este pleno un voto particular, en donde propone medidas que previenen y combaten a la corrupción de una manera más franca y de frente.
El objeto de esta iniciativa es fortalecer la fiscalización que sobre el ejercicio de los recursos públicos ejerce la Cámara de Diputados como uno de los instrumentos principales de equilibrio entre los poderes de la federación y, en consecuencia, como medio fundamental para combatir la corrupción.
Morena considera necesario, para crear un real sistema de fiscalización, que todo ente que ejerza recursos públicos sea sujeto de fiscalización. En este conjunto se encuentran, desde luego, fideicomisos, mandatos, empresas productivas del Estado y sus filiales, asociaciones público o privadas, proyectos de prestación de servicio, administradores integrales de las zonas económicas especiales, las haciendas de las entidades federativas, alcaldías de la Ciudad de México y municipios, conformadas regularmente por alrededor de 90 por ciento de participaciones federales, así como la deuda garantizada de entidades federativas y municipios.
Resulta imprescindible que el acto de fiscalización incluya la deuda financiada o garantizada por participaciones federales. Una más de las propuestas destacadas de esta iniciativa es la creación del Órgano de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación, debido a la obvia necesidad de que la auditoría cuente con una entidad que realice las funciones de control interno.
Cabe señalar, que esta propuesta avanza en el mismo sentido que la minuta del Senado, relativa a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece que sólo los órganos de control interno tendrán las unidades de investigación y sustanciación que llevarán a cabo los procesos relacionados a la promoción de responsabilidades administrativas.
Establece un mecanismo por el cual el Comité de Participación Ciudadana, ya sea vía denuncia o por solicitud, requiera que se fiscalice algún ente público, incorpora la realización de auditorías excepcionales solicitadas por los diputados.
Se establece que adicional a la información que ya se proporciona, el papel de fiscalización debe estar respaldado por una mayor calidad de la información que ofrece en la cuenta de la Hacienda pública federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel de partida, para un mejor análisis del desempeño. También en materia de ingresos y deuda debe contener mayores detalles. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Tiene ahora la palabra la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, gracias a la reforma que crea el sistema nacional anticorrupción, hoy tenemos la oportunidad de establecer mecanismos efectivos para la fiscalización y rendición de cuentas.
La ampliación de facultades a la Auditoría Superior de la Federación permitirá investigar y sancionar con más eficacia los actos irregulares, tanto de los servidores públicos como de los particulares que cometan faltas administrativas o actos de corrupción considerados graves, como el cohecho, peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, enriquecimiento, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia, entre otros.
La finalidad de la iniciativa es fortalecer, perfeccionar y actualizar el sistema integral de fiscalización para asegurar la transparencia, rendición de cuentas y ética pública que permita, conforme a las nuevas disposiciones constitucionales, maximizar la eficacia y eficiencia de las acciones de gobierno en todos los ámbitos y órdenes jurídicos del Estado mexicano.
Con ello se determinará de manera inmediata si existen conductas que encuadren en la comisión de algún delito y puedan ser sancionadas a través del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los recursos federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados.
Igualmente, podrá supervisar en que se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales.
De este modo se consolida como el máximo órgano de fiscalización al tener la capacidad de auditar la totalidad del gasto público federal y las participaciones federales.
La iniciativa prevé la obligación para los órganos de control interno de homologar procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas en materia de auditoría y fiscalización. Con ello se crea un innovador y moderno esquema de justicia administrativa donde tendrá la obligación de emitir informes anuales y recomendaciones.
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo la fiscalización superior del ejercicio del erario público. Asimismo, contará con plena autonomía para asegurar la certeza jurídica y para que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier otro tipo.
También se amplía a nivel constitucional de tres a siete años la prescripción de actos de corrupción y faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal.
El combate a la corrupción en el servicio público permitirá garantizar que quienes son servidores públicos cumplan con su cargo, ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz.
Dicho lo anterior, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expreso nuestro respaldo al dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pues consideramos fundamental fortalecer y mejorar los marcos normativos creados para combatir la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaxiola. Tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Por supuesto que para hablar de rendición de cuentas, de fiscalización de transparencia, forzosamente hablar de fuero. Y a nosotros, como Partido de Encuentro Social, nos parece un imperativo porque no nos sentimos emplazados; toda vez que el partido propuso una iniciativa en periodo anterior para que se quite el fuero, para que no existan privilegios, para que no exista desigualdad. Que todos seamos iguales ante la ley, ese es un principal objetivo y creo que tiene que ver mucho con el tema de transparencia, de fiscalización y rendición de cuentas.
Tan importante el día de hoy, compañeros diputados, que si la columna vertebral, si la espina dorsal de un país –que es lo que significan la Ley de Fiscalización y el sistema anticorrupción– no tienen la armonía en su marco jurídico, en su marco normativo, no pueden caminar. Estamos imposibilitados. Y toda vez que la democracia no es un sistema de gobierno que garantiza por sí el desarrollo de los pueblos.
La democracia es un sistema de gobierno que garantiza el desarrollo de los pueblos cuando existen mecanismos de transparencia de rendición de cuentas y que no hay privilegios para nadie. Nadie por encima de la ley es un imperativo, es un dogma, es un principio elemental del Partido Encuentro Social, por eso hoy vamos a favor.
Es muy importante destacar que existe una avance, no partir del principio de anualidad, no partir del principio de posterioridad, darle a la Auditoría Superior de la Federación atribuciones que le permitan fiscalizar en el momento de que exista una denuncia, un ejercicio fiscal en proceso, es decir, durante el ejercicio fiscal una denuncia, la Auditoría Superior puede intervenir y puede fiscalizar.
De tal surte, que también celebramos que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación tengan que ver con el control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluso en sus tres niveles de gobierno, creo que ahí está la oportunidad.
Nosotros tenemos que privilegiar la transparencia para que no se convierta precisamente la Auditoría y la Secretaría de la Función Pública en órganos internos de control, sino que sean órganos de control internos, que es muy diferente en términos de administración. Por eso vamos a favor, porque es generosa, porque le estamos dando una vocación de sanción, estamos robusteciendo el marco jurídico en materia de fiscalización a los órganos que se dedican o las dependencias y entidades que se dedican no solamente a posteriori sino también a priori la rendición de cuentas que es muy importante para nosotros. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Y por último tiene la palabra, el diputado Luis Maldonado Venegas, quien es al mismo tiempo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y con cuya opinión de esta comisión también se integró el dictamen que estamos discutiendo.
El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su venia, señor presidente. Me dirijo con profundo aprecio y reconocimiento a todos los grupos parlamentarios representados en esta soberanía, a sus coordinadores e integrantes. El dictamen que hoy se presenta forma parte de un conjunto de leyes que implicarán un cambio profundo en la forma de gobernar y principalmente de ejercer los recursos públicos y rendir cuentas a los ciudadanos.
Este dictamen forma parte del entramado jurídico que le dará vida al sistema nacional anticorrupción y al sistema nacional de fiscalización y rendición de cuentas como piezas fundamentales de las reformas que están siendo aprobadas en este periodo extraordinario.
Se trata de una de las facultades exclusivas y originarias de esta Cámara de Diputados, y debo afirmar con contundencia que desde la Contaduría Mayor de Hacienda, creada en el seno de esta Cámara en el siglo XIX hasta la reforma que dio origen en el 2000 a la Auditoría Superior de la Federación, esta es la más profunda y trascendente reforma en el marco de la fiscalización que es responsabilidad de esta Cámara de Diputados.
Cabe destacar que la idea de generar un sistema con instituciones que combatan coordinadamente la corrupción surgió como una demanda de la sociedad civil. Así, el 27 de mayo de 2015 se reformó nuestra Carta Magna en materia de combate a la corrupción facultando al Congreso de la Unión para, expedir entre otras, las leyes que regulan la organización y las facultades de la Auditoría Superior de la Federación.
Es de destacarse que en su última sesión del pasado periodo ordinario, el día 28 de abril de 2016, este pleno aprobó que se creara por acuerdo de la Junta de Coordinación Política una mesa técnica de trabajo en materia de fiscalización integrada por un legislador de cada grupo parlamentario, teniendo como mandato el promover los acercamientos de las distintas iniciativas y enfoques que se habían presentado en la materia y que tuve el honor de copresidir junto con el representante del Grupo Parlamentario de Morena.
Al respecto quiero agradecer, reconocer, a cada una de mis compañeras diputadas y diputados integrantes de dicho grupo de trabajo, desde luego a la Junta de Coordinación Política por la confianza que depositaron en nosotros, y que derivó en un ejercicio ejemplar que ha permitido alcanzar el máximo consenso posible en este proyecto.
Reconozco la participación de sus integrantes, el diputado Edgar Romo García, la diputada María Guadalupe Cecilia Romero, la diputada Sharon María Teresa Cuenca, el diputado Rogerio Castro, la diputada María Candelaria Ochoa, el diputado Francisco Javier Pinto,, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos; las aportaciones que de ese grupo de trabajo realizaron los diputados Vidal Llerenas, Minerva Hernández, Luis Gilberto Marrón, Mayra Angélica Enríquez, Ruth Noemí Tiscareño, Pedro Luis Robles, y el diputado Omar Ortega, y por supuesto, reconozco a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que afinaron y llegaron a la conclusión a partir de este documento de trabajo, de los resultados que hoy se presentan a la consideración de este pleno.
Ya ha sido expuesto por quienes me antecedieron en el uso de la palabra los contenidos y alcances de esta ley. Sólo me resta señalar que el camino es todavía largo, con excepción del conjunto de leyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, se abre una etapa de grandes retos, principalmente en su instrumentación.
Esta iniciativa que se presenta a la consideración de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, es como las gestas antiguas: no tiene autor preciso, es producto de la voluntad de todos ustedes, de la voluntad de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía.
Felicito su visión, su determinación de sobreponer las diferencias a las coincidencias, para poder dar respuesta a una sociedad ávida de rendición de cuentas, pero sobre todo de cuentas transparentes y claras. Muchas gracias por el esfuerzo y el trabajo de todos ustedes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Maldonado. Como lo había anunciado en la fundamentación el diputado Rogerio Castro, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se estuvo procesando durante los minutos que nos antecedieron, una adenda de consenso entre los integrantes de la comisión de la junta directiva, pido a la Secretaría dé cuenta de ello a la asamblea, aun cuando ya se encuentra publicada y está disponible para que la puedan consultar en los monitores de sus respectivas curules.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Artículo 51, fracción IV, segundo párrafo. Debe decir: la Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo de manera directa las auditorías que correspondan, independientemente de los convenios que hubiere celebrado con las entidades fiscalizadoras locales cuando la entidad local de fiscalización haya solventado sin sustento o en contravención a los lineamientos mencionados, observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las participaciones federales durante dos años consecutivos.
Debe de decir, en el artículo tercero transitorio: se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo del 2009, conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente ley.
Artículo cuarto transitorio debe decir: los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la cuenta de Hacienda Pública Federal del año 2015.
Quinto. Debe decir: las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas en la presente ley, entrarán en vigor a partir de la cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2016.
Sexto. Debe decir: las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios anteriores, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto.
Séptimo. Debe decir: la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta ley en un plazo no mayor de 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Octavo. Debe decir: La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretario. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Rogelio Castro a nombre de la comisión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). La mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se aceptan y se integran al cuerpo del dictamen.
Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra el dictamen suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). La mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Suficientemente discutido en lo general.
Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su disposición un conjunto de artículos en lo particular y le pido a la Secretaría que dé cuenta de los mismos a la asamblea.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Artículos 4o, 6o, 7o, 8o, 10º, 11 Bis, 12, 17, 18, 44, 46, 47, 68, 84, 89 y 93. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema, pueden votar. El sistema electrónico sigue abierto. Pueden votar los diputados que falten, sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 459 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Aprobado en lo general, y en lo particular los artículos no reservados, por 459 votos.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido Morena, para presentar su propuesta de modificación a los artículos 4o, 6o, 8o, 17 y 93. Seremos tolerantes con el proponente, ya que presentará seis propuestas.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso de la diputada presidenta. Las propuestas de reserva que estamos presentando, son temas que pusimos sobre la mesa en la discusión del dictamen, que insisto, nos parece que pudo haber ido mucho más allá, en términos de la función que puede cumplir la Auditoría para auxiliar a esta Cámara y para fiscalizar el gasto público.
Una propuesta que hemos hecho es el artículo 17, en su fracción VI, en donde pedimos practicar auditorías de desempeño de obra pública realizada para verificar su pertinencia y utilidad social, con la comparación de los análisis de costo-beneficio ex ante y ex post.
Esto ha sido una demanda de organizaciones sociales y evidente, en el sentido de que la obra pública en México en el momento que se concreta, se concreta en tiempos mucho mayores, con costos mucho mayores y no tenemos una evaluación clara de cómo hacemos obra pública en el país; entonces, seguimos haciendo obra pública mucho más cara, en tiempos más extendidos y la Auditoría no está en este momento realizando auditorías de desempeño en obra pública, que nos parecerían muy importantes.
Consideramos también el que debemos ampliar el tema de que pudiera haber auditorías excepcionales a solicitud de diputados. Creemos que sí al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción se le da ya una facultad para poder solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la posibilidad de que se haga una auditoría y la Auditoría la considera con base a su autonomía técnica y de gestión, ¿por qué no podríamos los diputados, como pasa en otros Congresos del mundo, también poder hacer esta solicitud?
Propongo agregar un párrafo al artículo 6o., para que diga: sin prejuicios a su autonomía técnica y de gestión, el titular de la Auditoría Superior de la Federación podrá considerar la realización de auditorías excepcionales a solicitud de 25 por ciento de los diputados o del Comité de Participación Ciudadana, por atracción directa de la Auditoría Superior de la Federación.
Nos parece que estamos renunciando a la posibilidad de que por mandato de la propia Cámara, la Auditoría, en el ámbito de su competencia y de su autonomía pueda actuar de manera concreta.
Una tercera reserva es el artículo 8o., donde nos parece que hay una falta grave en esta ley y tiene que ver con quién la interpreta. Normalmente este tipo de piezas de legislación que se aplican en la administración pública tienen a alguien que sea interpretado, y nosotros consideramos que la interpretación de las disposiciones contenidas en esta ley debe recaer en la propia Auditoría Superior de la Federación.
Esto es, cuando no es claro algo se remite al Reglamento y quien interpreta la ley sea la propia auditoría. Esto daría mucho mayor fortaleza, para que cualquier duda con respecto a la misma sea la propia auditoría la que interprete esta pieza de legislación.
Es algo común en otro tipo de leyes, por ejemplo, la propia Secretaría de Hacienda es la que interpreta la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, aquí estamos quitando un instrumento que sería muy valioso para la Auditoría Superior de la Federación.
Consideramos también, como había mencionado hace un momento, que a esta Cámara le hace falta un informe de la propia auditoría sobre la Cuenta Pública del año anterior en el momento en que se discute el presupuesto el año siguiente.
Me explico. Este año vamos a discutir el presupuesto del año que entra, conoceremos la Cuenta Pública del año 2015, pero no conoceremos ningún análisis de ingreso y de gasto que haga la propia auditoría.
En general, los análisis de ingreso-gasto de la auditoría tienen un enorme valor para poder conocer a detalle los ingresos públicos y el gasto, y no hay razón por la que esta Cámara se prive de un instrumento de esta naturaleza.
Al mismo tiempo consideramos que el documento que debe comentar la Auditoría Superior de la Federación no es el informe de avance, que es un informe simplemente de flujos de ingreso y de gasto, sino el informe trimestral que nos da muchos mayores elementos para poder actuar.
Consideramos que estas reservas pueden tener una mejora muy importante en la ley y de verdad pudiera permitirnos tener una pieza, la legislación de una ley que vaya mucho más lejos de simplemente plasmar lo que viene en las leyes que vamos a discutir, en la de responsabilidades, en la del sistema y en la propia Constitución, y ser mucho más proactivos para que la Auditoría Superior tenga mucho mayor fortaleza y sea capaz de proveer a la Cámara de Diputados de más elementos.
Considero que en el tema de las finanzas públicas y del desglose de las mismas y de la información oportuna de las mismas, estamos renunciando a que la Auditoría Superior de la Federación los dé con mayores elementos.
Y es por eso que cuando viene la discusión presupuestal, la discusión de ingresos, esta Cámara no se encuentra preparada con los elementos necesarios porque sus órganos técnicos no están teniendo los plazos adecuados de la información.
Tenemos que atrevernos a dar nuevos pasos de verdad. Tenemos que atrevernos a que este Congreso sí se convierta en el mecanismo de rendición de cuentas en el Ejecutivo.
No perdamos la oportunidad que tenemos en una Ley de Fiscalización de hacer de la Auditoría Superior de la Federación un contrapeso auténtico que nos permita a los diputados hacer mejor nuestro trabajo. Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a la discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. Presidenta, perdón.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Ahora tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar su propuesta de modificación a los artículos 4 y 11. Adelante, por favor.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, diputada presidenta. Apreciadas diputadas y diputados, cada año en la discusión del paquete económico enfrentamos el significativo reto de analizar la información que envía el Ejecutivo federal en un periodo muy breve y sin contar con insumos propios del Legislativo.
Esto implica, como lo mencionaba el diputado Vidal Llerenas, una evidente desigualdad entre la amplia capacidad técnica que ostenta el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y los esfuerzos que se realizan en este órgano a través, por ejemplo, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para proveer a los legisladores de análisis objetivos e imparciales sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública, que sean útiles en el proceso de toma de decisiones.
Esta desmedida asimetría entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la información financiera presupuestal, necesaria para debatir a cabalidad el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, disminuye nuestra capacidad, como Poder Legislativo, para alcanzar el papel de contrapeso del Ejecutivo federal que constitucionalmente corresponde.
De poco sirve que esta Cámara de Diputados tenga la facultad exclusiva de aprobar anualmente un presupuesto cuando el examen previo, la discusión, la modificación prevista en la Constitución se limita a considerar las variaciones del precio del petróleo y la paridad del peso contra el dólar.
Esto debido a que los integrantes de esta soberanía no contamos con información presupuestaria y de finanzas públicas distinta a la que presenta el Ejecutivo federal para sustentar el paquete económico. Ni tampoco se contengan observaciones y consideraciones sobre la realidad económica que sean diversas de las apreciadas por la propia Secretaría de Hacienda.
Es por esto que resulta necesario establecer que la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de esta Cámara de Diputados, analice y evalué el contenido del segundo informe trimestral que elabore la Secretaría de Hacienda respecto de la situación económica, las finanzas y la deuda pública para así entregar a esta soberanía, a más tardar el 1 de septiembre de cada año un resumen ejecutivo en el que se identifiquen los factores de riesgo que pudieran impedir el cumplimiento de las estimaciones señaladas en los criterios generales de política económica del ejercicio correspondiente.
También que se expliquen las variaciones observadas entre las estimaciones de dichos criterios generales y el segundo informe trimestral mencionado.
Por tanto, se propone adicionar una fracción XIX Bis al artículo 4o., así como un artículo 11 Bis al proyecto de decreto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación contenido en el dictamen cuya discusión y aprobación nos ocupa.
Esta medida permitirá a las y los diputados contar con información relevante, imparcial y objetiva que será de gran utilidad y apoyo para fijar las posiciones de los grupos parlamentarios en las discusiones relativas al paquete económico. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). La mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene la palabra también por tres minutos, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, para presentar su propuesta de modificación a los artículos 4 y 68 del proyecto de decreto que expiden y reforman la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Adelante, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la reserva que les presento es al artículo 4 y lo que estamos proponiendo es que no renunciemos a nuestra potestad de solicitar auditorías excepcionales.
La atribución que tenemos como diputadas y diputados es muy importante y es de gran responsabilidad para que el recurso público sea fiscalizado. La Auditoría tendrá la última palabra. La Auditoría podrá decidir si procede o no por los argumentos que le estamos dando. Pero es muy importante que no renunciemos a esto y que los elementos de irregularidad, en todo caso los descubra la Auditoría Superior. Todas y todos tenemos la responsabilidad de cuidar el recurso público que es asignado y mucho más si el Ejecutivo hace un mal uso de ello.
Y respecto al artículo 68, tengo que decir que es una reserva que nos presenta la Asociación Civil Fundar y que tiene que ver con, de cómo resarcir el daño de la malversación de este recurso.
Y la propuesta es que el artículo 68 diga lo siguiente: la promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo anterior, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimados en dinero que se hayan causado a la comunidad o población, hacienda pública o, en su caso, el patrimonio de los entes públicos. Es muy importante que quien se roba el dinero tenga una responsabilidad, pero sobre todo que tenga la responsabilidad de resarcir el daño.
Y creo que esta reserva que nos ha presentado la Asociación Civil Fundar es muy importante porque responde a algo que no hemos podido hacerlo en este sistema anticorrupción. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene la palabra también por tres minutos, del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Sergio López Sánchez, para presentar propuesta de modificación a los artículos 7, 12, 18 y 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El diputado Sergio López Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110, someto a consideración del pleno de esta soberanía las presentes reservas a las consistentes en propuesta de modificación a los artículos 7, 12, 18 y 84 del dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con relación a las diversas iniciativas con proyecto de decreto que expiden y reforman la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental al tenor de las siguientes consideraciones.
El ejercicio de gobierno implica que de manera necesaria las entidades de la administración pública federal realicen una labor de aplicación del marco normativo que de manera requiere de cierto grado de interpretación de las leyes, reglamentos, circulares y manuales de procedimiento.
Es preciso señalar que de ninguna manera esta labor interpretativa es contraria a la función de control constitucional de la Corte. Por el contrario, se trata de la materialización del ejercicio de la función gubernamental que forzosamente requiere de un profundo conocimiento de facultades y obligaciones a las que todo servidor público se encuentra constreñido.
Por ello un valioso aporte que vendría a dotar de mayor certeza en el ejercicio práctico y actuación del sistema nacional de fiscalización es la posibilidad de que en la aplicación del marco normativo de naturaleza supletoria en casos donde a falta de disposición expresa se remite a otras normas, se faculte a la Auditoría Superior de la Federación de la facultad de consultar a las dependencias de la administración pública federal, con el objeto de contar con mayor precisión normativa, y que en la aplicación de estos ordenamientos y que con ello se cumplan los principios de legalidad y certeza jurídica.
Cabe señalar que dicha consulta u opinión será de naturaleza no vinculante, y únicamente para fines de formarse un criterio mucho más sólido en la aplicación de la norma supletoria.
Por lo anterior propongo que se modifique el artículo 7o., del dictamen que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para añadir el siguiente párrafo:
“Con el objeto de contar con mayor precisión normativa y que la aplicación de estos ordenamientos se cumpla con los principios de legalidad y certeza jurídica, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar opinión no vinculante a las autoridades encargadas de la aplicación de las antes citadas normas”.
Por otro lado, para la autoridad encargada de la fiscalización en México, uno de los elementos más importantes es el Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual debido a sus contenidos le permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción, de necesidades que de manera previa y anual han sido planteados por parte del ente ejecutor del gasto. Dicho informe considera el grado de avance con respecto a lo proyectado y programado a fin de contar con una objetiva referencia del actuar de la autoridad encargada de la ejecución del gasto o de la aplicación de la política pública de la generación, análisis y evaluación de este valioso instrumento técnico legal.
La entidad fiscalizadora se allega de información que rija su criterio revisor; debido a su carácter de informe parcial, su análisis implica la posibilidad de realizar acciones correctivas y preventivas que permitan evitar posibles daños a la hacienda pública o a la obtención de metas programadas.
Uno de los elementos que contiene, es el de informar acerca del comportamiento del flujo contable de ingresos y egresos con fecha límite al 30 de junio del año de ejercicio presupuestal. Por ello propongo que se añada el siguiente párrafo al artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas:
“En caso de que este informe presente elementos que presuman alguna irregularidad, podrán ser fiscalizados en el mismo ejercicio fiscal en que se presenten”.
Al mismo tiempo estamos proponiendo una modificación a la fracción I del artículo 84, para que en la convocatoria para la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación se establezcan las bases para que la comisión pueda consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime pertinentes a fin de postular a los candidatos idóneos para ocupar el cargo. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene la palabra también, por tres minutos, la diputada Margarita Alemán Olvera, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Muy buenas tardes, con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes amigas y amigos diputados, hoy estamos haciendo historia en esta Cámara, porque estamos tocando un tema que fue tema de campaña para todos, la transparencia. Sin embargo, creo que es importante que de todo lo que hoy se ha estudiado hagamos un análisis respecto a uno de los artículos, que es el que queremos proponer, se modifique.
Conforme a la experiencia desarrollada durante estos últimos años, las autoridades en general no han mostrado una eficiente actitud de culturización para con sus funcionarios, en donde no se desprende como una práctica cotidiana que se de la entrega de la información pública cuando se solicita o se ponga a la vista de todo lo que está sucediendo en cada dependencia.
La opacidad y las malas prácticas al respecto, han sido herramienta fuerte para seguir alimentando la corrupción y los órganos garantes del derecho humano de acceso a la información.
En muchas ocasiones no son vistos con seriedad las solicitudes, tampoco se han dado una verdadera coordinación entre garantes y fiscalizadores. Hoy estamos ante la oportunidad histórica de lograr que verdaderamente se cumpla con las leyes tendientes a acabar con la corrupción y a ponderar la integridad de servidor público y enaltecerla como eso precisamente, como un servidor.
Por ello, la propuesta es que a mayor responsabilidad de abrir las puertas a la sociedad, mayor sea la sanción a quien se haga merecedor de quien no entiende de esta nueva dinámica, sólo así se entenderá que vamos en serio por la transparencia.
Con acciones preventivas previamente establecidas tendremos que ir de la mano a endurecer las consecuencias por no acatar las nuevas condiciones. Queremos proponer, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos sugiriendo aumentar las multas y sanciones contempladas en el artículo 10 en contra de aquellos servidores públicos, personas físicas y morales, públicas, privadas, que no atiendan los requerimientos de información. La propuesta es que quede de la siguiente manera:
Artículo 10. La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas conforme a lo siguiente:
Artículo 1. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no entiendan los requerimientos a que se refiere el artículo precedente –que es de información–, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se lo impida o por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Por decir algunos datos específicos, hoy la multa es de cerca de 10 mil pesos, la propuesta es que suba y quede cerca de 50 mil. Sé que habrá incluso gobernadores que cualquier cantidad prefieren pagar a exhibir la información, por eso estamos proponiendo que se duplique la sanción. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra por tres minutos, del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Maricela Contreras Julián para presentar su propuesta de modificación a los artículos 44, 46 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Las reservas que presento tienen que ver con dos temas relacionados con la responsabilidad y el papel que tenemos como Cámara de Diputados y que, hay que decirlo, estamos incumpliendo una y otra vez.
La fiscalización en el sector público, como principio de un ejercicio democrático de gobierno, la concebimos como un instrumento que permite recobrar la confianza y legitimidad del Estado en medio de una crisis institucional que vivimos en nuestro país.
¿Pero cómo recobrar esa confianza, sin esta Cámara de Diputados somos los primeros en incumplir las leyes? Les pongo un ejemplo. A la fecha tenemos ocho cuentas públicas pendientes de dictaminar, que corresponden a los ejercicios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 11, 12 y 13. Es decir, ocho años de incumplimiento de la ley.
Esto es muy grave, pues de existir irregularidades en el ejercicio del gasto, desvió de recursos o responsabilidades de las y los funcionarios públicos, estamos contribuyendo a la impunidad y opacidad al no dictaminar la correspondiente cuenta pública. Por ello proponemos un procedimiento específico que fije plazos y fechas límites donde esta Cámara de Diputados cumpla con la dictaminación de la cuenta pública y no deje durmiendo el sueño de los justos con una clara intención de cubrir las posibles irregularidades en el manejo del Presupuesto.
En este sentido planteamos que en este proceso de dictaminación participe de manera conjunta la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo anterior se sustenta en que justo es la Comisión de Vigilancia la que proporciona los elementos técnicos para dictaminar la cuenta pública y actualmente se excluyen de este proceso sin ninguna razón.
Con la reserva que proponemos tendremos fechas límites para dictaminar la cuenta pública, el 30 de septiembre de cada año para que las comisiones presenten el dictamen, y como lo marca la Constitución, el 31 de octubre para que este pleno apruebe la cuenta pública correspondiente.
Una reserva más que tiene que ver con el establecimiento de un medio de control legislativo, pues se otorga la facultad a la Comisión de Vigilancia para solicitar información sobre la aplicación del programa anual de auditorías y formular observaciones a la Auditoría Superior de la Federación, respetando en todo momento su autonomía técnica y de gestión, así como las facultades de su titular.
El Grupo Parlamentario del PRD está convencido que las labores de fiscalización del sector público propician mejores condiciones para que todas las instancias que conforman el gobierno desempeñen una función eficaz, eficiente y ética, de acuerdo a las obligaciones que a cada uno corresponde.
Debemos poner el ejemplo y no dejar para luego la dictaminación de la Cuenta Pública, dando verdaderas licencias de impunidad para que los servidores públicos cometan irregularidades en el ejercicio del gasto y no pase nada. Debemos ser los primeros en cumplir la ley que nosotros mismos aprobamos. Es cuanto, diputado presidente. Diputada presidente.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Ahora tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar su propuesta de modificación al artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
No estando la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, se reserva la propuesta de modificación al artículo 47 para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se pide ahora a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 44, 46, 47, 68, 84, 89 y 93 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en los términos del dictamen modificado.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por la Presidencia, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema. Las diputadas y los diputados que falten de votar pueden hacerlo, sigue abierto el sistema electrónico. Sí, diputada, está abierto el sistema, adelante, diputado Monroy. Si alguna diputada o diputado falta de emitir su voto lo puede hacer. Está abierto el sistema electrónico. Estamos a punto de cerrar pero sigue abierto el sistema. Sí, diputada, adelante, está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 349 votos a favor, 101 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen, con las modificaciones aceptadas por la asamblea por la asamblea por 349 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Y en virtud de que se ha cumplido con dicho requisito, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). La mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se autoriza.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y, en consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Tiene la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen por parte de la comisión.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes. El dictamen que se presenta de la minuta contiene tres leyes que van en el tema de la corrupción. El primero es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; el segundo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y el tercero, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
En el primero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el objeto es establecer las bases de coordinación entre la federación para el funcionamiento del sistema nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución. Este sistema estará integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales.
El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer la coordinación entre los integrantes del sistema nacional y tendrá bajo su responsabilidad el diseño de políticas públicas de combate a la corrupción. Este comité estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana. ¿Quién lo presidirá? El titular de la Auditoría Superior de la Federación y el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, la presidenta o el presidente del Inai y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este comité durará un año. Esta Presidencia será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana, así mismo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses.
El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar en términos de esta ley al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia del sistema nacional.
Estará integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y se rotarán anualmente la representación ante el comité coordinador.
La comisión ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el comité coordinador realice sus funciones. El funcionamiento de los sistemas locales dependerá de las leyes de las entidades federativas que deberán armonizarse con este nuevo ordenamiento.
Quisiera pedirle al presidente a ver si nos da un poco más de tiempo porque son tres leyes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Rogerio Castro.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: En cuanto a la Ley General de Responsabilidades, esta ley tiene por objeto contribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Sus obligaciones, las sanciones aplicables para los actos u omisiones en que estos incurran.
En esta reglamentación se encuentra establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.
Establecer las sanciones también por la comisión de faltas de particulares. Son sujetos de esta ley los servidores públicos, aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere esta ley, las personas físicas y morales a que se refiere el artículo 32 y los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
Las autoridades facultadas para aplicar esta ley serán las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas; los tribunales, y, tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales serán competentes la Suprema Corte de Justicia y el Conejo de la Judicatura Federal, también las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.
La Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción llevará el Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses y Declaración Fiscal, a través de una plataforma digital.
Están obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial de Interés, los servidores públicos, las personas físicas y morales, las personas físicas que presten sus servicios; y en los casos que la Declaración de Situación Patrimonial del declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable, las secretarías y los órganos internos solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.
Se encuentra entre las faltas administrativas que se consideran graves: el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.
En el caso de los particulares se consideran faltas graves: el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias y la utilización de información falsa.
Se establecen también sanciones administrativas no graves, en este caso serán: amonestación pública o privada, suspensión del empleo, destitución del empleo e inhabilitación temporal.
En las graves se considera: suspensión del empleo, destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal, la cual podrá ser hasta por 10 años. Esto es en el tema de la Ley de Responsabilidades.
En la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se establece la organización del tribunal; los primeros 18 rubros contemplan: el conflicto de interés y las 15 causas por las cuales los funcionarios serán impedidos para conocer de estos asuntos. Son aproximadamente 74 artículos, y en este último, por ejemplo, se contempla el proceso para sistematizar, organizar, compilar y crear precedentes, tesis y jurisprudencia, así como el órgano competente para realizar estas tareas y el procedimiento respectivo.
Estas son las tres leyes que envía el Senado para su discusión, y vamos a proceder ahora al análisis de cada una de ellas; ya tendrán sus reservas. Nosotros queremos decir de manera clara en este asunto, vamos siempre a pedir que se vaya al fondo en la corrupción política y en la corrupción administrativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. En virtud de que se estaban fundamentando tres leyes correspondientes a este dictamen, al inicio se planteó la flexibilidad en el uso del tiempo, por eso, entendiendo el reclamo de allá abajo, de allá de la asamblea, se le dio esta posibilidad de alargamiento en el uso del tiempo en la exposición.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión en lo general, pero antes de entrar propiamente a la discusión en lo general, tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de moción suspensiva, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, sé que es incómodo que se haya interrumpido el receso que existe entre un período ordinario y el otro, porque tendrían un plazo muy largo para descansar de abril, el último día de abril al último día de agosto, un período extraordinario para tocar temas trascendentales para los mexicanos; para los mexicanos que están preocupados por la situación de nuestro país.
Esta es copia del dictamen que discutió ayer el Senado, son 800 páginas que nos dan cuenta de la reforma de tres leyes fundamentales en el llamado Sistema Nacional Anticorrupción.
Nosotros apelamos en un sistema democrático al voto informado. No es posible que esta Cámara, o cada uno de ustedes, esté informado de la publicidad de esta minuta que envió el Senado y que fue confirmada por la Comisión de Transparencia.
Necesitamos seriedad ante la reforma trascendente. Esta reforma no responde en varias preguntas quiénes pueden reclamar o denunciar actos de corrupción. ¿Qué garantías tienen quien denuncia a los actos de corrupción? ¿Qué medidas cautelares se adoptan para defender, proteger y resarcir a quienes son víctimas de la corrupción?
La corrupción en la compra de medicamentos afecta a los ciudadanos porque no acceden al medicamento que le prescribe el médico, no asiste a la diálisis que le prescribe el médico porque no hay recursos derivado de un acto de corrupción; víctimas de violaciones, de secuestro, no son asistidas porque un acto de corrupción en la impartición de justicia los deja en estado de indefensión y en estado vulnerable.
Esta ley, estas tres leyes deberían garantizar estas situaciones. Situaciones que no garantizamos como legisladores, puesto que no informamos nuestro voto, muchos menos razonamos nuestro posicionamiento, porque si bien hay una propuesta que envía el Senado no hay ningún comentario que lleve a perfeccionar leyes. Nuestro país necesita buenas leyes.
La complacencia, el trámite que realiza esta Cámara de Diputados, con ser simplemente una ventanilla de trámite, porque en este momento se le está dando publicidad a esta minuta, ahora decreto presentado por la Comisión de Transparencia, no nos hace y tampoco nos excluye de la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía.
La corrupción es cáncer en nuestro país, que con estos actos de complicidad en la complacencia política por atender un plazo constitucional, que agotamos injustificadamente, afectamos a miles de ciudadanas y de ciudadanos que exigen un trabajo más serio de este Poder Legislativo y en particular de 500 diputados que hoy van a votar estas leyes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se toma de inmediato en consideración la moción suspensiva propuesta.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto se desecha.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y como parte de la discusión en lo general ya tenemos integrada una lista de diputadas y de diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Y, por lo tanto, tiene la palabra el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo en primer término, diputado independiente.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Compañeros diputados, al Congreso de la Unión, es decir a las dos Cámaras, llámese ésta y la de Senadores, es obvio que le falta seriedad. La sociedad, mis amigos, nos reprocha que legislemos al vapor, nos reprocha comportarnos como preparatorianos haciendo el trabajo final el último día.
El trabajo legislativo merece respeto, la sociedad merece respeto y nosotros mismos merecemos respeto, y la pregunta primaria que deberíamos de estarnos haciendo yo en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción es, ¿queremos combatir la corrupción o sólo simular?
Esta es la pregunta esencial. Si queremos combatir la corrupción sabemos de antemano que lo que se está proponiendo no ayuda para ello. Y me explico. Seré preciso al respecto.
Yo no soy abogado, pero sé leer, señores, sé leer y el tema es muy simple. Empiezo con el artículo 5o de la Ley precisamente del Sistema. Nos habla de los principios rectores que deben regir el servicio púbico y nos dice legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por méritos. Omite rendición de cuentas, amigos.
No es principio rector del servicio público, de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, la rendición de cuentas. Ya empezamos mal. Y continúo.
Soy un convencido que este sistema que se plantea y su ley por consecuencia, es un proyecto que genera burocracia. ¿Alguien sabe lo que va a costar el chistecito éste?, porque va a costar, va a crear toda una burocracia en el país y no tenemos idea de lo que va a costar el chistecito para efectos de determinar su costo-beneficio ante la simulación.
En mi opinión, el proyecto coopta a la sociedad civil a través de venderle participación en algo que no es más que atole con el dedo, y permítanme explicarles. El artículo 9o. de esta ley, señala que el comité coordinador tendrá las siguientes facultades, y precisamente en la fracción IX dice: con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, gua, gua, gua, gua, guau, así como mejorar el desempeño del control interno, el comité coordinador emitirá recomendaciones no vinculantes.
En otras palabras, estamos creando una burocracia que dirigirá de hecho, presidirá un comité ciudadano, que sus recomendaciones serán no vinculantes. ¿Qué significa eso? Que van a recomendar para que no pase nada.
Continúo con los ejemplos de simulación. Ya decíamos, las recomendaciones no son vinculantes. El artículo 11 de esta ley señala, fíjense nada más: para el adecuado funcionamiento del sistema nacional, la Presidencia del comité coordinador durará, señores, un año, dice la ley.
Oigan, pues vamos extrapolando esta propuesta para que la Presidencia para el mejor funcionamiento, pero me refiero a la de la República, dure también un año, ¿qué les parece?
Esto, insisto, ¿qué se va a poder hacer en un año en una Presidencia rotativa? Nada, no hay continuidad, es para alimentar egos este proyecto.
Pero repito, las denuncias... ah, perdón, el Comité de Participación Ciudadana no está obligado a presentar su 3 de 3 y tampoco establece la ley las incompatibilidades.
No recibe denuncias este Comité de Participación Ciudadana y el artículo 21 de este señala, precisamente en la fracción XV: Proponer al comité coordinador, a través de su participación en la comisión ejecutiva la emisión de recomendaciones no vinculantes.
Otra vez, el Comité de Participación Ciudadana recomendará, pero no tendrá ninguna obligatoriedad lo que recomiende. Y así nos vamos, compañeros, así nos vamos en esta simulación.
La parte positiva, hay que decirlo, es el sistema nacional de fiscalización. Pero creo que esto necesita revisarse adecuadamente, por eso hago la pregunta sustancial, ¿queremos combatir la corrupción? Por lo tanto, si queremos combatir la corrupción, esto no puede ser lo que aprobemos, tenemos que estudiarlo con seriedad. Si nada más queremos simular, mejor les propongo a ustedes, a esta soberanía, que creemos urgente el sistema nacional antisimulación. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Tiene ahora la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Las participaciones para fijar los posicionamientos son hasta por cinco minutos.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, vengo a posicionar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema no completo, cojo.
También venimos a posicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, otra vez todo va a quedar en sanciones administrativas. Y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, que otra vez no es la que va a revisar y a decidir y dar resoluciones con aquellos funcionarios públicos que infrinjan la ley por actos de corrupción.
En concreto, a pesar de que podemos ver avances, que hoy está más que claro que el clamor de la ciudadanía, que el clamor de la gente que nos trajo a ocupar estos espacios es luchar abiertamente contra la corrupción, pues hoy desafortunadamente tenemos que aceptar que esta reforma para combatir la corrupción nació muerta.
Nació muerta, porque desde el principio no le quisieron dar las instituciones, la infraestructura institucional que permitiera que aquí hubiese un real equilibrio de poderes. Donde este Congreso, donde esta Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior, fuera la responsable de fiscalizar, de manera contundente, todas las acciones del Ejecutivo federal y que lo pasara también después a los otros niveles de gobierno.
Se está reviviendo a la Secretaría de la Función Pública, una secretaría que ya había dejado de ser, una secretaría que ya no tenía otra función más que el buen gobierno al interior de la administración pública, para que sean ellos otra vez los que fiscalicen a los servidores públicos que los pusieron en el cargo.
Hoy venimos a debatir un Sistema Nacional Anticorrupción, pero todos en esta soberanía sabemos que no hay infraestructura institucional que le dé peso y contrapeso a esto.
Y esto es en lo que se debería de convertir el Congreso mexicano, en el fiscalizador del Poder Ejecutivo, y otra vez estamos dejando que sea el Poder Ejecutivo quien se fiscalice a sí mismo.
Podemos seguir hablando ya en concreto de lo que nos está ofreciendo este proyecto. Y bueno, pues empezamos con el tema de sanciones. Hacen falta más sanciones. Vamos a llevar esto definitivamente al tema penal. No pueden quedar en sanciones administrativas, y mucho menos, que sea la propia Secretaría de la Función Pública la que revise y la que pueda determinar si un funcionario es sujeto o no de sanción.
Eso lo tienen que hacer los tribunales. Eso no lo puede seguir haciendo una propia área del Poder Ejecutivo. Por eso insistimos, esto desafortunadamente nació muerto.
Autonomía a la Fiscalía Anticorrupción. Claro que sí. Hay algunos visos muy claros de avances respecto a la Fiscalía Anticorrupción. Todo mundo estamos de acuerdo que hay una Fiscalía Anticorrupción, pero qué pasaría si el origen del nombramiento del fiscal anticorrupción no fuera el propio Poder Ejecutivo o no fuera el Congreso, en este caso, el Senado de la República.
Hoy tendríamos que darle esa autonomía desde el origen, desde el nombramiento. Por qué, porque si no va a terminar sirviendo a aquellos que lo nombraron y no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de la creación de una institución política en este país, que de verdad persigue a los funcionarios corruptos.
Por eso volvemos a insistir, esto desafortunadamente nació muerto, porque no va a haber una autonomía para la Fiscalía.
He de informar que nosotros vemos algunos avances como la inclusión de la ciudadanía, de la sociedad civil. Vemos desde luego que avances, y esto está claro, qué bueno que todos los que usan recursos públicos también hagan sus declaraciones.
Esto era necesario porque desafortunadamente se han amasado riquezas increíbles en este país por la propia iniciativa privada. Lo aplaudimos, tenemos que aplaudir, desde luego, este precepto que obligue a todo el mundo a presentar declaraciones.
Pero ojalá las declaraciones que se vayan a presentar no vayan a ser llenados solo formatos. No vaya solamente a simular, ahora de manera legalizada, el patrimonio de los funcionarios públicos. Quisiéramos que esto fuera más, y más a fondo.
Hemos de anunciar y he de decir que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social desde luego que votará a favor de este proyecto, porque hay algún avance y porque se ha puesto el tema; pero no podemos considerar que este tema está acabado.
Volvemos a insistir: esto, desafortunadamente nació muerto porque desde la anterior reforma, desde la constitucional no se puso una infraestructura institucional que de manera real combatiera a la corrupción. Esa va a ser la gran tarea de este Congreso.
Ahora con este sistema ¿qué vamos a hacer para verdaderamente hacerlo operar y que esto no vaya a terminar otra vez en solamente seguir creando más y más burocracia? Ha llegado el momento en que acabemos con esa máxima de que el que no tranza no avanza.
Ha llegado el momento en que de estos funcionarios públicos nosotros los diputados empecemos poniendo el ejemplo: hay que quitarnos el fuero todos nosotros. Porque estamos aquí no para robar recursos públicos, sino para representar a los ciudadanos. Empecemos por ahí y entonces este sistema nacional anticorrupción empezará de manera correcta dándole un mensaje a la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: La creación del sistema nacional de combate a la corrupción debe ser el inicio de una transformación en el ejercicio del gobierno. Con su permiso, presidente.
Compañeras y compañeros diputados, este es probablemente el tema más trascendente que hemos discutido en la presente legislatura. La creación y la aprobación del marco normativo que dará forma al sistema nacional anticorrupción son una demanda y una deuda que tenemos con el pueblo de México.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con el combate a la corrupción. Así lo hemos manifestado en nuestra agenda y en nuestros principios doctrinarios. El sistema nacional anticorrupción se construye con base en el artículo 113 constitucional que lo instituye como la instancia de coordinación entre las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
La corrupción cuesta demasiado a México. De acuerdo con el estudio México, Anatomía de la Corrupción, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económica, la inversión se reduce hasta en un cinco por ciento, el mismo porcentaje de ventas se pierden anualmente sin contar con 480 mil empleos caídos por causa de la piratería. La corrupción nos cuesta, compañeras y compañeros, entre el dos y el 10 por ciento del producto interno bruto de nuestro país.
El dictamen que nos ocupa es el resultado de un trabajo conjunto de la sociedad civil participativa y propositiva, es una sociedad en particular a esa sociedad, a los 634 mil personas que firmaron la Iniciativa Ciudadana, conocida como la Ley Tres de Tres y a las instituciones que ayudaron a construir este esfuerzo a quienes debemos reconocer que estas acciones son contundentes y en favor de la patria.
Para Nueva Alianza éste es un inicio, no podemos caer en el triunfalismo, mucho menos en la ingenuidad, aún falta mucho para consolidar este sistema nacional anticorrupción, pero hemos dado el primero paso para resarcir nuestra deuda con la sociedad. De acuerdo con lo estipulado por la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, éste se integrará por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas a través de sus representantes.
El Comité Coordinador establecerá los mecanismos de coordinación y tendrá bajo su encargo el diseño, la promoción y la evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción. Mención especial merece la creación del Comité de Participación Ciudadana, que se constituye como una pieza fundamental del nuevo sistema, ya que contribuirá al cumplimiento de sus objetivos y fungirá como el vínculo entre las organizaciones sociales y académicas. El Comité Coordinador será presidido por un integrante del Comité de Participación Ciudadana, lo que significa que en el centro del sistema está presente la ciudadanía. En cuanto al sistema nacional de fiscalización, éste establecerá acciones y mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas, experiencias para una mejor fiscalización de recursos públicos.
Quiero destacar la creación de la plataforma digital nacional, que contará con la información sobre los diversos sistemas que se crean con la ley tales como la evolución patrimonial, la declaración de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal o el sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, entre otros.
Por lo que se refiere a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que se pretende es distribuir las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran incluyendo a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Establece también los mecanismos, los procedimientos para su aplicación y la prevención de los actos de corrupción.
Esta ley se ha visto en el centro del debate debido a que se incluye la obligación de los servidores públicos para hacer precisamente públicas las declaraciones patrimonial y de interés.
En este sentido el artículo 29 señala que las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas, salvo los casos cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por nuestra Constitución. De este modo se busca privilegiar el principio de máxima publicidad y fomentar la transparencia en la actuación del servicio público.
Finalmente, compañeras y compañeros, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del tribunal y formará parte importante del sistema nacional anticorrupción.
Se amplían las competencias del tribunal y se incorpora una sala que será competente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y se crean –algo muy importante– salas especializadas en materia de responsabilidades.
En Nueva Alianza estamos convencidos que estos ordenamientos para crear el sistema nacional anticorrupción nos pondrán en el camino correcto para lograr y México más confiable, más libre y más transparente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Ya con la porra de la diputada Ochoa, con más enjundia; con esos tiene.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma integral en materia de responsabilidades de los servidores públicos es, sin duda alguna, una de las discusiones más trascendentales que ha tenido nuestra incipiente vida democrática. ¿Por qué? Porque representa una oportunidad histórica para combatir uno de los problemas más graves de la nación, mediante la reconstrucción y el rediseño de nuestras instituciones públicas.
No exageramos si decimos que esta reforma representa justamente una oportunidad para romper con el pasado que instauró un régimen de corrupción, de privilegios, de complicidad, que tanto daño le ha hecho al país y que tanto indigna a todos y a todas las mexicanas.
Desafortunadamente, aunque con esta reforma se han dado pasos innegables en la mejora al marco normativo, por ejemplo la redefinición de las faltas graves cometidas por los servidores públicos como son los pasos para ciudadanizar el Sistema Nacional Anticorrupción, como son los mecanismos de coordinación entre las distintas instancias de fiscalización, como es la inclusión del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones Públicas; como son las sanciones a los moches y gestiones de obra pública, entre otros, hoy tenemos que ser conscientes del gran vacío y la gran deuda que este Poder Legislativo le está dejando al pueblo de México.
A lo largo de esta discusión todos sabíamos lo que se debía hacer, todos sabíamos que lo correcto, entre otras cosas, era aprobar una Ley 3de3 que presentaron las organizaciones de la sociedad civil; que lo correcto era aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción de gran calado; que lo correcto era cerrar cualquier paso de la opacidad a la discrecionalidad y a la corrupción; que lo correcto era realizar una reingeniería institucional, radical, sí, pero al mismo tiempo eficaz; que lo correcto era escuchar y recoger la voz de los millones de mexicanos que exigen declaración 3 de 3 obligatoria, completa y pública.
El problema es que aunque todos sabían lo que era correcto, los partidos de siempre encabezados por el PRI, por el Verde, y desafortunadamente con la simulación de muchos senadores que se dicen de oposición, no quisieron renunciar a sus privilegios y aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Lo digo con responsabilidad y refiriéndome específicamente a la Ley 3 de 3.
Los partidos de siempre demuestran que no son capaces de procesar la demandas y las exigencias legítimas de los ciudadanos, y ni siquiera las de aquellas que se organizan y reúnen el apoyo de más de 630 mil ciudadanos para presentar una iniciativa ciudadana histórica, que sin lugar a dudas, ha sido uno de los retos más importantes que la sociedad civil le ha puesto a la clase política mexicana y que se basa en un principio fundamental, cerrarle el paso a la corrupción mediante el escrutinio ciudadano, mediante la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, mediante mecanismos que permitan evidenciar quiénes se sirven del poder público.
Desde un principio, Movimiento Ciudadano respaldó la iniciativa tres de tres, y señaló también que la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción no podía inscribirse en la lógica de las negociaciones partidistas, porque en este tema no se podía subestimar la creciente y legítima intolerancia de los ciudadanos hacia la corrupción, ni su justificable desconfianza hacia la clase política y mucho menos, podía soslayarse la presentación de una iniciativa ciudadana histórica.
Este rechazo a la iniciativa tres de tres, y la sistemática oposición a presentar declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales públicas completas y obligatorias, será la gran deuda de esta legislatura con los ciudadanos.
Hoy, el Poder Legislativo le está fallando a los mexicanos en un aspecto central. Le está fallando al no escucharlos, al no ser capaces de entender que la gran demanda ciudadana, es una ley tres de tres obligatoria y transparente.
Para Movimiento Ciudadano esto es una realidad innegable, y no estamos dispuestos a traicionar esta exigencia ciudadana. No estamos dispuestos a dejar en el archivo esta iniciativa ciudadana histórica.
Por ello, el día de hoy, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hará un voto razonado y diferenciado en torno a las leyes anticorrupción. Votaremos a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por el avance en materia de reingeniería institucional que representa, y votaremos también a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque satisface en lo general un esquema de rendición de cuentas adecuado.
Sin embargo, votaremos en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y presentaremos diversas reservas dado que representa el rechazo a una iniciativa ciudadana histórica y niega la posibilidad de construir un nuevo esquema de rendición de cuentas de una nueva relación entre las autoridades y los ciudadanos, para combatir y contener la corrupción.
Finalmente, y con esto concluyo. Hoy debe quedar claro que esta reforma en materia de combate a la corrupción es un termómetro para medir. La vergüenza de la clase política mexicana, la sistemática oposición, a un 3 de 3 obligatorio y público son cosas que no demuestran otra cosa más que los verdaderos intereses de quienes son mayoría.
Por ello, hoy no vamos a señalar a quienes se oponen al 3 de 3 como incongruentes, porque justamente lo que han demostrado es que son capaces de mantener una congruencia absoluta con su pasado: con el pasado de opacidad, de complicidad y de corrupción. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda. Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros, con estas leyes el Congreso de la Unión finalmente cumple con su obligación de expedir las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Con retraso y con prisas para esta Cámara hoy analizamos en un día aquello que el Senado examinó durante muchos meses.
Para nosotros es un avance la expedición de las leyes, sin embargo contienen insuficiencias que deben ser subsanadas a efecto de transformarlo en instrumento real y efectivo para la prevención y combate a la corrupción.
Se desatendió buena parte de los reclamos ciudadanos y se desaprovechó una oportunidad con un mecanismo de Estado que rompiera con la inercia de un país copado por la corrupción.
Para nosotros la minuta del Senado contiene un modelo burocrático y minimalista del Sistema Nacional Anticorrupción, carece de instrumentos efectivos para prevenirla y combatirla, reproduce los mismos errores, no cambia el terreno ni las reglas del juego que no solo permiten, sino que generan la corrupción.
Compañeras y compañeros, la corrupción es uno de los principales problemas que impide el desarrollo democrático y equitativo de nuestro país, corroe los cimientos del régimen político, aunque en nuestro caso la corrupción es el mismo régimen político.
Erradicarla es una condición que nos ha impuesto la sociedad para volver a confiar en las instituciones y para crear un clima de convivencia civilizada. Para México la corrupción adquiere dimensiones catastróficas. Todo el espacio público, privado y social ocupado por la corrupción. Es esta lo que la moviliza o detiene todo. Los ejemplos y las evidencias abundan, fortunas, propiedades, posiciones políticas, privilegios y cargos públicos se han obtenido a su amparo.
La corrupción es el distintivo del Estado autoritario para el que la rendición de cuentas le fue ajena. Es la herencia negra que nuestra incipiente democracia está obligada a erradicar como condición de sobrevivencia. Es un agravio cotidiano para los ciudadanos porque alimenta la desigualdad y la injusticia.
Vamos con esta ley porque es peor no tener nada, pero es difícil creer que con este conjunto de leyes van a terminar con los negocios empresariales del equipo gobernante, que van a juzgar la colusión de Peña Nieto con OHL, tal y como lo muestran los audios divulgados el día de hoy, donde aparece el ex director de Pemex, tanto Fox como Calderón, los desvíos de Yunes, los moches de sus legisladores siguen impunes y así seguirán. Por más y más discursos purificadores del PAN, que en 12 años de gobierno no sólo no combatió y castigó la corrupción del PRI, sino la mantuvo y se benefició de ella.
¿Será el instrumento adecuado esto que se va a aprobar el día de hoy, para evitar más escándalos como el de la Casa Blanca del presidente de la República y su esposa? ¿Evitará que sean nombramos amigos del presidente como Virgilio Andrade, para investigar el conflicto de interés en que incurrió? ¿Impedirá la existencia de empresas consentidas del régimen, como el Grupo Higa o los protagonistas de los papeles de Panamá con sus paraísos fiscales?
¿Evitará que Luis Videgaray vuelva a recibir un préstamo preferencial del dueño de esta empresa? ¿Combatirá la proliferación de empresas fantasma como las creadas durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa, en Veracruz? ¿Castigará los conflictos de interés de los altos funcionarios de Pemex y de CFE, con las grandes empresas como OHL? ¿Erradicará las prácticas más corruptas de uso de recursos públicos y programas sociales observadas en los procesos electorales, para favorecer a candidatos y partidos? ¿Eliminará la compra de votos? Claro que no.
Requerimos ir mucho más allá, por eso en Morena propusimos reformar el artículo 108 constitucional, para crear una Comisión de la Verdad, misma que tiene antecedentes exitosos en ejemplos como en Argentina o Guatemala. Buscamos que esta Comisión de la Verdad esté facultada para investigar los verdaderos actos de corrupción que son del presidente, en los procesos de desincorporación, privatización y liberalización de empresas públicas.
Los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante su administración, igual de los ex presidentes, así como del análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los mandatarios y sus familias.
Si queremos combatir la corrupción, vamos a fondo, modifiquemos el artículo 108 para que esta comisión de la verdad llegue a la verdadera razón de la corrupción.
Para Morena el problema es ir al fondo. Tenemos que extirpar, de una vez por todas, la corrupción y evitar simulaciones, el mensaje de la sociedad es claro y Morena asume la responsabilidad de luchar porque la corrupción sea extirpada de raíz, con medidas que vayan al origen del problema, sin desconocer que este puede tener múltiples dimensiones.
Morena adquiere desde esta tribuna el compromiso ético que demanda una sociedad agraviada, se compromete a luchar día a día contra la corrupción. Este paquete que hoy se aprobará es un granito de arena para combatir un océano de corrupción, pero a fin de cuentas es un granito de arena.
El principal motivo del trabajo de Morena, día a día, casa por casa, será la erradicación de la corrupción. En eso que no le quepa duda al pueblo de México que vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Tiene ahora la palabra la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La corrupción es un mal que deja una estela de conductas que daña a las instituciones, trasgrede derechos y condiciona el crecimiento económico, social y político.
La corrupción es sistémica, pone en constante riesgo al Estado de derecho, corrompe los valores y principios del servicio público, valores como legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y la integridad.
Como consecuencia, tenemos malos gobiernos, desconfianza y una ruptura entre los servidores públicos y los ciudadanos, creando así una crisis social y disminuyendo la calidad de vida de las personas.
Esta realidad alcanza proporciones preocupantes en nuestro país y no hay negociación ante ello, sino una actuación puntual por parte del gobierno federal, legisladores, académicos y sociedad civil.
En este sentido, la construcción de instituciones y mecanismos contra la corrupción no debe tomarse como una bandera de oportunismo político, sino como una acción integral y conjunta de la sociedad, gobierno y legisladores.
Es en este contexto que la reforma constitucional de mayo de 2015 estableció las bases para crear este Sistema Nacional Anticorrupción, y para su efectiva operación se contempló crear leyes que dan vida a instituciones democráticas y procedimientos con principios apegados a las mejores prácticas de ética en el servicio público.
Estas tres leyes que están en este dictamen, que ya se han referido, serían, son, primero, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en esta ley tenemos las bases, se detallan y se establecen con claridad las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno, donde se deben de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
A través de esta coordinación, el sistema deberá combatir la corrupción a través de políticas públicas de prevención, detección, control y sanción. Hacer eficiente la prestación del servicio público con bases y principios que fomenten la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público, garantizando la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y el control de recursos.
Estas acciones estarán en todo momento acompañadas de la participación de la sociedad civil, y esto es un reflejo del cambio del paradigma en el actual del servidor público y su relación con el ciudadano.
La segunda ley contemplada en esta minuta, es la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es el eje principal de este Sistema Nacional Anticorrupción, porque incluye una iniciativa ciudadana, lo cual refleja una renovada cultura democrática en nuestro país.
Y también, porque además se establece la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, que reestructuran las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las obligaciones en el desempeño del servicio público, las sanciones por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones y que estuvieran vinculadas con particulares, y los procedimientos para su aplicación.
Esta es una ley muy amplia que contiene toda la regulación en el tema de las responsabilidades administrativas con sus respectivas sanciones, y es lamentable que se reduzca solamente a la famosa Ley Tres de Tres, que es una parte muy importante pero no lo es todo, la ley va mucho más allá.
Podríamos estar o no de acuerdo, pero la realidad es que se tomó en cuenta a la sociedad civil, se escuchó en el Senado, en el proceso legislativo, a todas las voces que se tenían que escuchar, y así es como fue aprobada en la Cámara de origen.
Ahora bien, para dar certeza jurídica al funcionamiento de este sistema nacional y a los procedimientos de actos u omisiones de los servidores públicos y particulares vinculados a las conductas de corrupción, debe haber sanciones para todo aquel que viole la ley, y es ese tenor que se expide la tercera ley que forma parte de esta minuta, que es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que este tribunal actualmente existe, solamente se transforma para estar en congruencia con este Sistema Nacional Anticorrupción.
Se conserva su competencia actual en la materia fiscal y administrativa, se adiciona una nueva competencia en la materia de imposición de sanciones a las responsabilidades administrativas graves, a servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, así como a particulares involucrados en faltas administrativas graves.
Esta ley contempla, como su nombre lo dice, es una ley orgánica, contempla todo su posicionamiento, la estructura, competencias y atribuciones, las salas ordinarias, auxiliares, especializadas, mixtas, todos los requisitos para ser magistrados, entre otros.
Es así que su trabajo será relevante, toda vez que va a imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas consideradas como graves y a los particulares que participen en actos vinculados en dichas responsabilidades.
También tiene la facultad de fincar responsabilidades en el pago de indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos federales.
Señores legisladores, es evidente que tenemos en nuestras manos un producto legislativo construido con mucho debate, pero también con muchas coincidencias.
Es por ello que en el grupo parlamentario del Partido Verde vamos a votar a favor de este dictamen para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.
Estamos a favor de la cultura de la legalidad, de la imparcialidad y de la honradez. Por tal motivo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia. Sin duda todas y todos los mexicanos que nos están observando desde allá afuera tienen claro que la corrupción es el peor cáncer público que tiene nuestro país. Se consumen en ella según datos de especialistas, el 9 por ciento del producto interno bruto, casi el 20 por ciento del Presupuesto de Egresos que aprobamos en esta Cámara cada año.
Por ello es que el día de hoy es histórico y es importante, porque después de más de 10 meses de discusiones en diferentes foros, incluido el Senado de la República, desde luego, estamos ya discutiendo un paquete legislativo compuesto por tres leyes que parten de un reconocimiento generalizado, precisamente, a la grave crisis institucional por la que atraviesa nuestro país, y cuya expresión más evidente es, precisamente, la corrupción generalizada. Y hay que subrayarlo, también la impunidad.
Un país, compañeras y compañeros legisladores, que no es capaz de sancionar estos actos que sangran el erario público, es un país destinado a promover más y más corrupción, y desde luego también la delincuencia.
En este contexto, la eficacia de este primer producto que retoma gran parte de los planteamientos de la sociedad civil en lo que toca a la Ley General de Responsabilidades Administrativas estará sujeto a su implementación, a su observancia por parte de las diversas dependencias, a la atención de todas y todos los ciudadanos. Es por ello que tenemos la posibilidad y la ciudadanía tiene la posibilidad de vigilar con estos instrumentos el ejercicio de la administración pública en todos sus órdenes de gobierno.
Y aquí permitámonos destacar un hecho. Mediante estas leyes hemos logrado vencer importantes inercias y una de ellas, quizá la más trascendente, es que todas las políticas públicas con los instrumentos que estamos aprobando estarán al escrutinio ciudadano.
Por primera vez también se están proponiendo pesos y contrapesos en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Por primera vez nos estamos proponiendo investigar las causas y no solamente dar cuenta de sus consecuencias.
Por ello, nos congratulamos por el avance que esto significa; sin embargo, hay pendientes y esperamos que en las reservas que estamos por analizar se hagan las consideraciones pertinentes y justas, en respeto a la exigencia ciudadana, de más de 635 mil firmas que respaldan que todos los funcionarios y representantes populares presentemos nuestras declaraciones, las llamadas y conocidas como Tres de Tres. Tenemos que hacerlo realidad.
No podemos pedirles a las empresas, a las personas físicas y morales que ellos sí las cumplan y nosotros, quienes estamos aprobando todo este sistema que pretende atacar la corrupción, nos estamos negando.
No podemos permitir que como se han resuelto en el Senado de la República dos artículos de la Ley de Responsabilidades, el 29 y el 32 manchen todo este avance histórico en materia de combate a la corrupción, eso no lo podemos permitir. Esperemos que la mayoría legislativa que en el Senado impidió que las propuestas ciudadanas pasarán, nuestros compañeros del PRI, del Verde y los andresmanuelistas del PT y Morena, recapaciten y que ahora podamos poner en igualdad de circunstancias a la ciudadanía, a los empresarios y nosotros nos pongamos por enfrente con el ejemplo.
Hay desde luego otros temas pendientes en estos instrumentos, debemos de legislar, compañeras y compañeros, para retirarnos el fuero, para que no sea un halo de protección de funcionarios públicos ni de legisladores y podamos, sí investigar todos los actos que cotidianamente se presentan en la administración pública. Debemos también pugnar por la autonomía de la fiscalía general, porque no es suficiente con darle una supuesta autonomía a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Compañeras y compañeros, el grupo parlamentario al que pertenezco está en pro de las propuestas que significan estos tres instrumentos legislativos. Estaremos en pro de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y desde luego también de la Ley Orgánica del Tribunal. Nos reservamos nuestra posición en lo particular, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Creemos y los invitamos a que con ello podamos responder a lo que la gente de a pie, a lo que los de allá afuera nos piden, que ya no utilicemos la corrupción o no se utilice la corrupción para pagar casas de los funcionarios, que ya no se utilice la corrupción para subsidiar los lujos de los que nos decimos representantes del pueblo. Esperemos estar a la altura de esa exigencia. Esa es nuestra apuesta. Gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra, la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El tema de la corrupción es lo de hoy. Desgraciadamente se ha hecho costumbre que en todas partes se hable de ello y por supuesto es lo que pasa todos los días y a todas horas.
El asunto de la corrupción, ya lo hemos escuchado en todos los discursos que me antecedieron, es un modo de hacer las cosas, de conseguir negocios, prebendas, poder, y tiene un fruto. El fruto es la impunidad. Además de la pobreza, de la desigualdad, de la ignominia, la corrupción es el origen de los males que padece este país.
Pero compañeros, dejemos de hablar de corrupción y empecemos a hablar de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Por qué no se ha podido terminar con la corrupción en México? ¿Por qué este sistema que está lubricado por el dinero, por el poder, por el intercambio de favores de todo tipo no ha podido terminar? Pues porque es precisamente un sistema, una forma en que las cosas se han venido dando en México y que desgraciadamente impulsa a muchos a seguir en este círculo vicioso, porque de otra manera no tendrían solución sus posibilidades de obtener un préstamo, un beneficio bien habido, un aumento en el trabajo, una mejor posición laboral. Es un sistema corruptor.
¿Qué es lo que puede cambiar al sistema corruptor? Un sistema anticorruptor. Parece una verdad de Perogrullo y lo es; un sistema, un círculo vicioso en el que hemos estado metidos durante muchos años los mexicanos –señores del PRI– solamente puede cambiarse convirtiendo en virtuoso ese círculo en el que estamos metidos.
Por eso yo creo en la política y por eso yo soy optimista, si no, no estaría aquí. Por eso tengo la convicción de que es posible que salgamos de esta situación con un sistema nacional anticorrupción que hoy terminaremos de aprobar en esta Cámara de Diputados.
No podemos ya tener ordenamientos aislados ni mucho menos discursos incendiarios ni quejas todos los días respecto a lo que pasa con la corrupción.
Necesitamos una serie concatenada de leyes que nos permita caminar desde la prevención, la disuasión, la fiscalización, la investigación y la sanción. Este Sistema Nacional Anticorrupción sí permitirá que lleguen a la cárcel los corruptos, porque es una cadena de siete leyes que al final tiene precisamente el enfoque de la sanción.
Sí se pueden hacer las cosas, compañeros diputados. No es una varita mágica, no es agua bendita; no, pero es, es perfectible, tiene defectos, pero podemos partir de algo. Y bueno, saben qué, hay una forma en que en esta Cámara de Diputados podemos seguir haciendo política como la hemos hecho durante este casi un año que tenemos de estar estudiando estos documentos de anticorrupción, porque los hemos conocido, compañeros, los hemos analizado y los hemos revisado. Lo podemos hacer cambiando las cosas.
Reivindiquemos el papel de diputados que tenemos, asumamos la responsabilidad y crezcámonos ante ese clamor de todo el día de hoy y hagamos posible la política cambiando el dictamen que nos manda la Cámara de Senadores.
¿Para qué entonces somos un Congreso bicameral? Para reconocer que el clamor de la sociedad, desde alá afuera, nos está exigiendo modificaciones para que este sistema nazca un poco mejor.
Yo sí creo en el valor de la política y sí creo que tenemos la obligación de generar esperanza y sí creo que esta sería una señal fundamental de que realmente queremos que las cosas pasen. Ahora tenemos que partir a la ejecución del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y yo hago votos, compañeros, y los hago de todo corazón, porque realmente el final de todo este proceso que constituye el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, sea el inicio de un camino muy largo que tenemos de modificación de leyes diversas, que nos permitirán que la política sea generadora de esperanza.
No la matemos, amigos, porque así sea débilmente, hoy tenemos la posibilidad con este sistema, de hacer que las cosas pasen. Por eso votaremos a favor del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI.
Se informa a la asamblea que, al concluir esta intervención, también concluye el plazo para la presentación de reservas de este dictamen que tenemos a discusión.
El diputado Edgar Romo García: Con su permiso, diputado Presidente. Hoy vengo a hacer uso de esta tribuna para manifestar a mi partido, el Revolucionario Institucional, a favor del presente dictamen que contiene tres ordenamientos fundamentales para la definición de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción.
El día de hoy no solamente estamos dando cumplimiento a la obligación constitucional de integrar un Sistema Nacional Anticorrupción, sino con que esta acción estamos logrando un avance decidido frente al combate al cáncer más peligroso de nuestro sistema público, y lo que genera mayores obstáculos para un mejor desarrollo de nuestro país, a la corrupción.
Este sistema anticorrupción que hoy se diseña no se trata solamente de una ley, se trata de un combate frontal, de adeveras a este cáncer que ha invadido a todos los niveles de la política, desde el más bajo, hasta el más alto, y que se llama corrupción, y corrupción es un fenómeno complejo provocado por muchos factores, que inhibe principalmente, el correcto funcionamiento de las instituciones que afecta el desarrollo social, que impide el crecimiento económico y genera inestabilidad política estimulando la desconfianza de la ciudadanía.
Este fenómeno representa la falta de valores y de respeto a la legalidad, es un modo de vida y de cultura que ha deteriorado muchos ámbitos a la sociedad mexicana y que ha sido alimentado principalmente por la falta de sensibilidad y de responsabilidad política. Han pasado colores de todo tipo, administraciones de todo tipo y no habían concluido con este combate frontal a la corrupción. Hoy lo estamos haciendo de frente y de cara a todos los mexicanos.
Por ello, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional hemos manifestado permanentemente nuestro acuerdo con una legislación que combata a la corrupción, que fortalezca la transparencia y a la rendición de cuentas, y que promueva sanciones reales como siempre lo hemos pugnado, y como siempre lo hemos planteado, que sea de forma integral; es decir, con un esquema en el que entramado jurídico considere y determine un adecuado modelo institucional para su implementación y ejecución de real, no solamente de papel. Eso se llama compromiso, compañeros legisladores. Eso se llama responsabilidad y es a lo que siempre le apostamos en mi partido, en el PRI.
Compromiso para asumir la obligación de escuchar, para sumir la obligación de entender, de discutir para lograr, de proponer para generar, y responsabilidad para hacer todo lo anterior en base al estudio y la preparación, considerando a los especialistas y a los ciudadanos, apegándonos a la legalidad y proporcionando herramientas para hacerlo posible.
Quizás estos nuevos ordenamientos tardaron, pero sí hay que preservar por un trabajo responsable. Se debe preservar porque la gente no espera disensos, no espera desencuentros. Esperan acuerdos por el bien de México. Y eso es lo que hemos promovido en todo momento.
Hoy teneos un gran acuerdo en un Sistema Nacional Anticorrupción que comprende más de 700 artículos, distribuidos en 7 leyes y que posiblemente exista el disenso en algunos de ellos. Hablando claro, en uno en específico, que por cierto está hoy, va a ser vigente la declaración 3 de 3 con esta propuesta que se propone al pleno y que viene del Senado.
Hoy va a estar vigente la obligación inexcusable que tenemos todos los servidores públicos para presentar tres declaraciones y para hacerlas públicas. Y no solo eso, va a estar enriquecida la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3, que no contemplaba formatos de ninguna clase y que hoy en este sistema que se plantea no solamente los contempla, sino que se los otorga al ciudadano para que él los proponga y nosotros lo acatemos.
Hoy tenemos una Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para aprobar. Hoy tenemos para aprobar una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hoy tenemos una Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Debemos advertirlos, compañeros legisladores, vamos a decirle no al bullying legislativo, debemos advertir esta gran victoria lograda por todos nosotros, esta gran victoria lograda y dimensionada en un enorme avance legislativo que está planteado el día de hoy, y que es exigido y abanderado por los ciudadanos a los que nos debemos.
Hoy, por ejemplo, se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción, que será presidido, como en ningún otro país, por ciudadanos. Hoy los gobernantes no podrán ser otra vez juez y parte en las investigaciones de acusaciones por corrupción. Hoy un tribunal independiente y autónomo tendrá capacidad para investigar y sancionar prácticas de corrupción y fomentar la integridad en el servicio público. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá sancionar a los servidores públicos y también a los particulares.
Una plataforma digital permitirá a los ciudadanos acceder a toda la información de licitaciones y de contratos, desde el momento en que se adjudican y dar seguimiento a cada uno de ellos. En dicha plataforma también se podrá consultar la evolución patrimonial, la declaración de intereses, la constancia de cumplimientos de obligaciones fiscales de todos nosotros los servidores públicos.
El Sistema Nacional Anticorrupción va mucho más allá de una iniciativa, va mucho más allá que un solo artículo. Diría yo, va más allá de la presentación de tres declaraciones que hoy serán obligación. Se trata de un sistema integral para prevenir, para combatir y para erradicar la corrupción; pero aún más importante, para evitar la impunidad.
Gran parte de esos ordenamientos emanan de un notable esfuerzo de la ciudadanía, cuyas exigencias deben ser línea de acción principal de nuestra representación popular, y es en esa sintonía que hoy han hecho eco y resonancia en el Congreso de la Unión.
Por primera vez en la historia una iniciativa ciudadana será aprobada por el Poder Legislativo en prácticamente todos sus términos. Con esta normativa se identifican claramente los principios y actuaciones que deben de regir en el servicio público y se establece una destacada regulación en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre la situación patrimonial y de intereses de cada servidor público.
En este punto debo hacer de nueva cuenta mención de las modificaciones realizadas al artículo 29. Lo digo fuerte y claro, el PRI está a favor de la rendición de cuentas y está a favor de que las cosas se hagan bien, que sean los responsables de operar ese sistema, es decir los ciudadanos, quienes establezcan la metodología a seguir, quienes propongan los formatos y los requisitos a cumplir, para que el funcionamiento de las disposiciones de rendición de cuentas sea real. Este es un impulso del PRI a la participación ciudadana para evitar que se limite negativamente el actuar de los ciudadanos.
Compañeros y compañeras, ya concluyo. El progreso de México depende en buena medida de que logremos mermar el daño que provocan la falta de responsabilidad en el servicio público y la corrupción. En ese sentido el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del presente dictamen que contiene esas tres nuevas leyes, porque estamos convencidos que la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción es precisa e indispensable, además de obligatoria para dar atención y buscar solución a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana.
Votar a favor de este dictamen es un acto de responsabilidad, es un acto de congruencia, de ética y, principalmente, de sensibilidad ante el reclamo y las exigencias de quienes nos tienen aquí, los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general diversas diputadas y diputados de los grupos parlamentarios que integran esta asamblea.
Por lo tanto, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, para hablar en contra del dictamen, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros diputados, las compañeras diputadas presentes en esta sesión. Lo primero que vengo a decir a esta tribuna es que el momento que vive el Poder Legislativo mexicano, que el momento que vive la vida pública nacional, es un momento histórico, es un momento de definiciones.
Quiero referirme a las senadoras, a los senadores que no tomaron postura, porque les dolía la cabeza o porque tenían que ir al baño, o porque inventaron un sinfín de pretextos entre ellos, que no sabían si su voto era definitorio para un 3 de 3 público, un 3 de 3 obligatorio y un 3 de 3 completo, a ellos les quiero decir: no tomar postura también es una postura, y es una postura que le hace el juego a quienes han enterrado en el Senado la posibilidad de que la Ley 3 de 3, tal y como la propusieron las ciudadanas y los ciudadanos que avalaron con su firma esta iniciativa fuera una realidad.
Si fuera una simulación, como muchos han dicho esta iniciativa, no tendría enfrente al PRI. Si esta ley fuera una simulación, no estaría siendo combatida por los poderes fácticos.
Se podrá decir que Movimiento Ciudadano tiene esta postura, porque es oposición y no tiene nada que perder, pero hemos demostrado y acreditado que actuamos con congruencia.
Somos la única bancada que presentó, en la totalidad de sus integrantes, su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de intereses, con los formatos que las organizaciones ciudadanas propusieron. Y el gobierno de Guadalajara es el primer gobierno en el país, en el que mandos medios y directivos presentaron su Tres de Tres completo, público y obligatorio.
También quiero decir a quienes se oponen al Tres de Tres, público, completo y obligatorio, que no están luchando contra nosotros, ni siquiera están luchando contra la causa de la transparencia y la rendición de cuentas, su lucha es contra el tiempo y están destinados al fracaso.
Decían los revolucionarios del siglo XVIII, en Francia, que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Yo les quiero decir a quienes se opongan a la máxima publicidad en el Tres de Tres, que se podrán esconder, que podrán votar en contra de la máxima publicidad, pero ahí donde vayan va a haber ciudadanos vigilando y exigiendo sus derechos, y va a haber ciudadanos descubriendo casas blancas, va a haber ciudadanos descubriendo fraudes y va a haber ciudadanos descubriendo lo que la clase política quiere ocultarle a los mexicanos.
Finalmente y a propósito del bullying legislativo, quiero aclararles a quienes han dicho que hay una distorsión, que hay una mentira sobre el Tres de Tres, particularmente al senador Emilio Gamboa.
Yo sé que a muchos les da urticaria las redes sociales –no, no, le dieron tres minutos de más al diputado que me antecedió, al del bullying legislativo, yo voy a ocupar la mitad–, les voy a mostrar un twitter del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es una de las organizaciones que apoya esta Ley Tres de Tres, dice: “Lo que se aprobó ayer no es la Ley Tres de Tres, que firmamos más de 630 mil mexicanos, ganó la mezquindad”. Juan Pardinas, declaración a Denise Maerker, en Atando cabos. Muchos no la vieron, para los que no alcanzaron a leer traemos otra versión.
Compañeras y compañeros, es un momento histórico y es un momento de definiciones, hoy los mexicanos van a saber de qué lado está cada uno de nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, el presidente Enrique Peña Nieto envió, en 2012, la iniciativa de reforma constitucional para crear el sistema nacional anticorrupción, siendo ésta parte de la agenda transformadora que su gobierno ha impulsado para combatir frontalmente a la corrupción.
Desde el año 2000, hace 16 años, no se había presentado una iniciativa similar. Se ha sumado la sociedad civil. Se han sumado los partidos políticos, y en mayo de 2015 se promulgó con el voto a favor de los integrantes de todos los partidos políticos.
El sistema nacional anticorrupción establece que los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción no solamente sean sancionados sino obligados a resarcir los daños.
Cuenta con facultades de fiscalización y control de recursos públicos, y vela porque el desempeño de los funcionarios se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad y parcialidad y eficiencia.
La reforma es respuesta a una sentida demanda social que concreta no una ley, no es solo una ley sino todo un sistema, el sistema nacional anticorrupción. Éste se edifica a partir de siete pilares, no es nada más la Ley Tres de Tres. La Ley General de Responsabilidades Administrativas que algunos quieren votar en contra. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que algunos minimizan.
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que algunos señalan que no sirve. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adecuaciones al Código Penal, sí, Penal. Y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Estamos frente a un auténtico cambio de paradigma. Es cierto, es un momento histórico; no lo habían hecho antes. Esto va a cambiar todo el sistema para la consecución de dos importantes objetivos: el primero, obligar a todos los Poderes y órdenes del Estado mexicano a ser más transparentes en su diario actuar. Y dos, crear mecanismos que establezcan el control sobre el ejercicio del gasto público.
Asimismo, las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República permitirán la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Corrupción.
Una moneda siempre tiene dos lados: lo mismo sucede en actos de corrupción, siempre hay dos partes. No podemos combatir la corrupción con leyes que influyan solamente a una parte. Dentro del sistema nacional anticorrupción no solo se podrá fiscalizar a los funcionarios públicos sino a cualquier persona física o moral que reciba, ejerza o celebre contratos con alguna entidad pública en donde se utilicen recursos públicos.
A partir de la promulgación que haga el Ejecutivo de este conjunto de leyes, todos, no solo los funcionarios públicos, podemos ser fiscalizados y en un mal uso de recursos, sancionados también. Esto nos incluye a todos, difiriendo de las voces críticas que han tratado de minimizar este avance para nuestro país.
Enfatizo que el objetivo de este paquete de reformas es garantizar la legalidad y justicia que a diario reclama la sociedad. Hoy en este gobierno por fin estamos por aprobar en los próximos momentos la conformación del sistema nacional anticorrupción. Es un avance firme hacia la construcción de la confianza ciudadana, que es la columna de cualquier sistema democrático.
Compañeras, compañeros, no demos pasos atrás durante este debate. Es todo, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaxiola. Tiene ahora la palabra la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su venia, señor presidente. Posicionamiento de Morena sobre las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción.
Diputadas, diputados, la corrupción es un fenómeno de enormes consecuencias negativas para las sociedades que la padecen. En nuestro país su práctica extendida ha sido posible gracias a los altos índices de impunidad.
Para Morena, el sistema nacional anticorrupción y las leyes que se desprenden de la reforma constitucional que le dio vida, deben convertirse en un nuevo paradigma que ponga en el centro la vigilancia ciudadana y que ésta sea capaz de prevenir, perseguir y castigar ejemplarmente los hechos de corrupción.
Para Morena, sin embargo, este paquete de leyes es apenas el inicio de un verdadero sistema independiente contra la impunidad y la corrupción. La impunidad en México, es decir, la falta de castigo a los delitos cometidos es muy alta. Según investigaciones recientes nuestro país tiene tasas de castigo muy bajas, lo que evidencia la ineficacia de las instituciones encargadas de investigar, perseguir y de castigar los delitos.
Morena, votará a favor del proyecto que ahora conocemos, se mantendrá vigilante de que cierren con estas leyes los canales de impunidad y se reestablezcan el estado de derecho en franjas importantes de la administración pública, empezando por las altas esferas de gobierno. No obstante, Morena, quiere señalar algunas dudas razonables sobre el contenido de las leyes a discusión.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción puede convertirse en un entramado burocrático en donde el Comité Ciudadano corre el riesgo de quedar neutralizado por la secretaría ejecutiva, cuya figura dominante es el secretario técnico, que sin estar considerado en la Constitución, adquiere un peso decisivo en todo el sistema.
A nuestro juicio, no existen mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción, tampoco se plasman en la ley procedimientos mediante los cuales se reciban y canalicen las denuncias de la sociedad civil.
Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades, uno de los aspectos fundamentales de esta ley, como es la publicidad de la declaración patrimonial, se resuelve de manera absolutamente insatisfactoria al introducir una versión pública y cuya divulgación completa queda a voluntad de los servidores públicos.
Para Morena, en la interpretación sobre el alcance de los derechos de información pública a la vida privada y a la protección de datos personales, el Senado se equivoca al colocar al interés público que implica conocer la declaración patrimonial completa de los servidores públicos por debajo de una decisión personal de estos mismos servidores.
Diputadas, diputados, para Morena llegó la hora de acabar con la corrupción y la impunidad. Ello exige acciones de distinta naturaleza. El combate a la corrupción estructural rebasa la sola acción burocrática de las oficinas de gobiernos, de instancias de coordinación inofensivas y trasciende a las decisiones políticas de los centros de poder.
Solo así iniciaremos el fin de un largo ciclo de corrupción permitido y alentado desde las esferas estatales por quienes se han beneficiado con el uso privado del poder público que detentan. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados. Hoy les decimos a las y los mexicanos que vamos a hacer lo correcto. Hoy les decimos que no podemos dejar de señalar que la clase política queda a deberles. Queda a deberles un sistema anticorrupción que se merecen y que exigen. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos cuestionando y que hoy nos podemos dar la oportunidad de reconstruir lo que el Senado no hizo.
El Partido Verde y el PRI demostraron que todavía no son capaces de procesar las demandas y exigencias de los ciudadanos, ni siquiera la de aquellos que se organizan. La llamada ley 3de3, sin duda ha sido uno de los retos más importantes que le ha puesto la sociedad civil a la clase política y que se basaba en un principio fundamental: Cerrarle el paso a la corrupción.
Pero pateamos el bote y dijimos: Los otros sí y nosotros no. Hoy es la oportunidad de que digamos: Nosotros también; que ahorita cuando votemos la iniciativa de ley digamos: Sí, también nos vamos a responsabilizar. Pueden decir aquí que es un artículo. Sí, pero es un artículo fundamental para combatir la corrupción.
Sostuvimos como un principio irreductible la obligatoriedad y la transparencia de las declaraciones 3de3. No sólo eso, sino que suscribimos la iniciativa todos los y las diputadas ciudadanas, y no porque creyéramos que nos íbamos a esperar a que nos obligaran por ley, sino porque lo creemos como un principio ético.
Pero en esta reforma, el Poder Legislativo le está fallando a las mexicanas y a los mexicanos, les está fallando al no escucharlos y al no ser capaces de entender que la gran demanda ciudadana es una Ley 3de3 obligatoria.
No queremos más Casas Blancas, no queremos más créditos ponderados, no queremos más facilidades porque en el sistema de la corrupción hay dos: el que ofrece y el que recibe, y la corrupción tiene que ver con eso.
Es decir, sometemos a la consideración de esta Cámara la iniciativa 3de3 íntegra, y es nuestra oportunidad de reivindicarnos. No queremos negociaciones partidistas, no queremos manoseos políticos; por ello entonces pongamos la muestra.
Esta asamblea puede todavía revertir esa decisión que tomó el Senado, y en nuestras manos está. Esta es la oportunidad para reivindicar y dignificar la política, y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido de la Revolución Democrática tiene muy claro el compromiso con los flagelos que dañan al país: la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la opacidad. Son temas que laceran de manera clara el Estado mexicano. Por ello no podemos ir en contra del Sistema Nacional anticorrupción; pero tendríamos que ser muy claros. Esta minuta presenta tres artículos y tres leyes importantes a conocer. Presenta la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto que iremos a favor de esta ley. Presenta la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por supuesto que vamos a ir a favor de esta.
Pero presenta una tercera ley, que es la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual contempla un sentido reclamo ciudadano, donde se presentó una iniciativa de ley con la facultad que le permite la Constitución y la Ley Orgánica y el Reglamento a todos los ciudadanos de presentar esa iniciativa, más de 640 mil firmantes firmaron la ley tres de tres.
Y hoy, vemos con sorpresa, que en este dictamen aparece una ley dos que tres, y no sólo eso, sino también viene un artículo 32 en la misma, que señala que los sujetos obligados para presentar su declaración patrimonial y su conflicto de intereses, no solamente son las personas físicas o morales que tienen que ver con recursos públicos del Estado, sino también los empleados de estas personas físicas o morales, es decir, los meseros, los barrenderos, cualquier persona que tenga que ver con un servicio a los empleadores, o que reciba una remuneración, es sujeto de la ley dos que tres, pero los funcionarios públicos, los obligados por el Estado, son únicos que no quieren formar parte de esta ley tres de tres.
Por eso, somos muy claros en el tema, compañeros legisladores, vamos a favor de un Sistema Nacional Anticorrupción que dé transparencia, rendición de cuentas y nos permita con toda claridad, evitar la opacidad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general.
Concluida la etapa procesal de la discusión en lo general, esta Presidencia informa que ha recibido la solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios para que las votaciones en lo general, y la etapa de la discusión y votación en lo particular, puedan realizarse separando cada una de las leyes que conforman el decreto que está a discusión.
De esta manera, y en virtud de que la discusión en lo general de las tres leyes que conforman el decreto a discusión ya se produjo con esta última intervención, procederemos a votar del siguiente modo:
Uno. Votaremos primero en lo general la Ley Orgánica del Tribunal Federal, señalando los artículos reservados. Acto seguido desahogaremos las reservas que ya se hubieran presentado a esta ley, cosa que ya también se recibieron para cada una de las tres leyes las reservas acá en la Mesa Directiva; y, al concluir la discusión de las reservas, se votará en lo particular.
Dos. Posteriormente procederemos de manera directa a votar en lo general la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Tras ello desahogaremos las reservas que se hubieran presentado a esta ley y, al concluir, la votaremos en lo particular.
Tres. Finalmente procederemos a votar en lo general la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Desahogaremos las reservas que ya se han presentado y al final llevaremos a cabo la votación en lo particular.
Debo señalar que para el desahogo de las reservas a esta ley, es decir, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los grupos parlamentarios se encuentran valorando acuerdos que de concretarse serán puestos a consideración de la asamblea ya de la manera específica en cómo se desahogaría la votación. Hay allí algunas consideraciones que se siguen todavía valorando, discutiendo.
Al finalizar las votaciones esta Mesa Directiva reintegrará el proyecto de decreto para la remisión que corresponda, porque es un solo dictamen sólo que el consenso, y nos parece a nosotros que es lo aconsejable, lo pertinente, es que procedamos a desahogar las votaciones en los términos en los que se ha referido, pero por lo anterior le solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si autoriza que esta Presidencia conduzca la discusión conforme a esta propuesta que se ha dado a conocer y que está a su consideración.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza a la Presidencia a actuar en consecuencia, como lo explicó el mismo presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado y procederemos en consecuencia. Gracias.
Se pide a la Secretaría... Perdón. Se informa que se han reservado para el primero de los artículos, correspondiente, el artículo 3o de la Ley Orgánica y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los artículos 1, 16 y 43.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y por lo tanto se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados, del artículo 3o de instrucción del proyecto de decreto por el que se deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
Diputadas, diputados, sigue abierto el sistema electrónico. Si alguien falta de emitir su voto lo puede hacer, sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, diputados, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no se ve nadie desaforadamente yendo a su curul.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 456 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del Artículo Tercero de instrucción del proyecto de decreto por el que se deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 456 votos. Unanimidad de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para entrar a la discusión en lo particular ya, tiene ahora la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a este artículo 3o., al artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para que quede expresamente claro, el artículo 1o.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Buenas tardes nuevamente. La reserva que presento a continuación es del artículo 1, en el que se especifica cómo va a funcionar el tribunal en cuestiones presupuestales y en cuestiones de manejo de los recursos públicos de este esquema que se va a manejar a partir de la reforma a la ley orgánica.
Entre los cambios que se proponen, una de las modificaciones es que uno de los párrafos se integre con otro párrafo que quedaría de la siguiente forma: el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia.
Estos dos, eficiencia y eficacia estaban en el párrafo que seguía, pero se modifica la última estrofa que dice: dicho ejercicio estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.
También se le agrega al siguiente párrafo, donde dice: conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el tribunal se sujetará a las siguientes reglas. Y se agrega un numeral que dice: aprobará su proyecto de presupuesto con sujeción a los criterios generales de la política económica y de los techos globales de gasto, establecidos en el Ejecutivo federal.
Lo que se trata es de que haya un control específico de los recursos, cuando es de nuestro conocimiento o al menos sabemos que en muchos de estos tribunales que se manejan de manera autónoma hay mucho dispendio, mucho gasto. Los magistrados ganan muchísimo dinero, entonces debe haber un control del gasto de este Tribunal, al mismo tiempo que pedimos que en todo el sistema judicial también exista de esta forma.
Ésa es la reserva que presento a consideración, y lo pongo a consideración de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 16.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeros, para Morena los principios rectores que rige el servicio público son la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Situación que no prevalecerá en el pleno general del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que el artículo 16 en su fracción XI señala que cada cinco años el pleno general presentará el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción por conducto de su secretariado ejecutivo, a efecto de que el citado Comité emita recomendaciones sobre la creación o supresión de salas especializadas en la materia.
No olvidemos que de conformidad con el artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana durará en su encargo cinco años, por lo que resulta absurdo que el término para enviar dichos informes sea de cinco años.
En razón de lo anterior, la reserva propuesta señala que dicho informe debe ser remitido a la secretaria ejecutiva cada tres años, con el fin de robustecer y hacer más eficaz el sistema nacional anticorrupción y así contribuir a que el Comité de Participación Ciudadana pueda recibir en tiempo y forma, de manera paulatina, constante y actualizada, dicha información; por lo que podrá emitir sus recomendaciones de manera fundada y motivada. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Reflexionen su voto, compañeros. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 43.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, venimos a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a presentar ante esta soberanía la reserva que busca modificar el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según el contenido en el artículo 3o. del dictamen con proyecto de decreto.
Dice el artículo 43: Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes del Senado, presentes en el momento en que se presente esta ratificación, o en sus recesos, por la Comisión Permanente. Sin embargo, para los magistrados de la Sala Regional solamente establece que por mayoría pueden ser ratificados.
Creemos que es importante que un alto funcionario como son los magistrados de la Salas Regionales también deben ser ratificados por las dos terceras partes del Senado. Pero no nada más eso, también estamos pidiendo en esta solicitud a ustedes para que se modifique este artículo que hoy que está en boga poner en alto lo que es el trabajo de las mujeres, pues no debe pasar desapercibido que también en estos altos cargos se tomen en cuenta las mujeres profesionales en la justicia, y más tratando del sistema nacional anticorrupción. Por ello creemos que debe adicionársele a este artículo 43, un párrafo donde diga: en la designación de los magistrados, a que se refiere el presente artículo, se procurará la paridad de género. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen, y son los tres artículos que se habían reservado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 1, 16 y 43 en términos del dictamen.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados en términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico. Adelante, diputado. Si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto, está abierto el sistema por unos segundos más. Sigue abierto el sistema electrónico, puede votar quien falte de hacerlo. Está a punto de cerrarse el sistema. Adelante, diputado, que Tabasco queda fuera de la votación.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En 17 segundos lo vamos a cerrar. Ya no se ve más movimiento intempestivo. Ya no se ve movimiento en el tablero.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 392 votos a favor y 55 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 392 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le pido a la Secretaría dé cuenta a la asamblea de los artículos reservados correspondientes a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Artículos reservados: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 48, 49, 51, 56, 57 y 59. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Unos cuantitos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del artículo 1o de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico. Adelante, diputado. Sigue abierto el sistema electrónico. Adelante, diputado Gaeta. Si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto lo puede hacer en este momento. El sistema se encuentra abierto, está a punto de cerrarse, si falta alguien de votar lo puede hacer.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más estamos esperando a la diputada Corichi.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Parece que...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no se mueve el tablero.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Muy bien. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 448 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del artículo primero de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Tiene que ver con la votación?
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): A favor, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Cañedo a favor. Regístrese.
Entonces serían 449 votos. Bien. Aprobados en lo general, y en lo particular los artículos no reservados, del artículo 1o de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por 449 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26 y 27. 14 artículos en total, por lo que le pido a quien está a cargo del reloj electrónico que en acuerdo con él mismo, le demos hasta siete minutos para su participación para la presentación de propuestas a estos 14 artículos. Adelante, diputado Romero.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Si esta propuesta de Ley del Sistema Nacional Anticorrupción pasara por el tamiz de la congruencia y de la responsabilidad para atacar la corrupción como columna vertebral del sistema político nacional, simplemente no pasa la prueba. Es un diseño institucional deficiente, un diseño que no tiene pesos y contrapesos que determinen un sistema eficiente para acabar con la corrupción y más allá, yo hablaría de un derecho a una vida libre de corrupción, que es algo más, con una reflexión más a fondo.
Si ese sistema garantizara el derecho a una vida libre de corrupción desaparecerían los problemas que tiene nuestro país. Dice un dicho que México es tan fuerte que los mexicanos no han podido destruirlo, y es esta situación de la corrupción la que medra, la que acaba con la dignidad de todos los mexicanos.
Solicito a la Mesa Directiva que las reservas que presento se integren a la versión estenográfica o al Diario de Debates, para que se conozca que no son propuestas simplemente para presentar y ocupar un espacio en esta tribuna.
Ese sistema nacional anticorrupción se integra, lo dice el artículo 7, por los integrantes del comité coordinador, el comité de participación ciudadana, el comité rector del sistema nacional de fiscalización y los sistemas locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.
Ese sistema nacional anticorrupción únicamente es una acumulación de órganos que atienden algunos aspectos de la corrupción. No existen procedimientos, no existen responsabilidades ni instrumentos que ataquen a la corrupción como un acto de desvío de recursos económicos, como un acto de desvío de recursos de funciones públicas y además como un acto que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos.
Es un sistema que no tiene una articulación, que permite enfrentar en forma transparente, abierta y con una rendición de cuentas a la corrupción.
Cito un ejemplo. Se habla de que se empodera a los ciudadanos a través de un comité de participación. Ese comité de participación tiene como objeto y lo señala el artículo 15, coadyuvar en los términos de la ley al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador. Ese es su objetivo.
Aquí el ciudadano no se empodera, participa en un comité que está desdibujado, no es como aquellos consejeros ciudadanos que empezaron a impulsar un órgano autónomo en el proceso electoral que tenían atribuciones de vigilancia. Ese comité únicamente coadyuva con la coordinación de este sistema nacional y tiene funciones menores, no se empodera a los ciudadanos, a los ciudadanos que participan en este sistema no se les da los instrumentos legales, procesales, de vigilancia, de auditoría, que permitieran recuperar la confianza en el sistema de administración pública.
Ese comité llega al absurdo de decir que los ciudadanos no serán servidores públicos, serán contratados a través del servicio de honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno. Por lo tanto, no quedan sujetos a la revisión de los propios órganos de control internos.
Este comité de participación ciudadana se contradice, porque a su vez los sujeta como servidores públicos, en función del artículo 108 constitucional. Son ciudadanos que van a participar y van a ser electos por el Senado, pero únicamente van a participar en cuestiones secundarias.
Ellos no inciden en un sistema de recepción de denuncias, no inciden en diseños de políticas públicas que sean obligatorias para los tres niveles de gobierno, únicamente es una pantalla que engaña el compromiso de tomar en cuenta a los ciudadanos, como un sector que pondría equilibrio a un sistema anticorrupción. Son estas deficiencias las que se proponen recuperar a través de las reservas que se presentan, y de nueva cuenta incurrimos en la simulación.
El sistema corre por vías paralelas que no se integran, que no se complementan, se respetan las atribuciones que tienen los órganos internos de control y los órganos de auditoría estatales, siguen su propio camino, no hay una interrelación, no hay una cooperación y coordinación para acabar con la corrupción.
Se excluyen áreas de responsabilidad que quedan fuera de este sistema, como son los contratos de servicios públicos, las concesiones, esto queda fuera de este sistema de corrupción.
Por tanto, tenemos un sistema que simula y proponemos, si se retomaran las modificaciones que presentamos, recuperar, por lo menos, el espacio de la participación ciudadana como un factor de equilibrio que vendría a darle fuerza a este Sistema Nacional Anticorrupción, dotándola de procedimientos que les permitan, efectivamente, vigilar y atacar todo acto de corrupción, no solamente el desvío de recursos económicos, sino también la calidad del servicio público, la responsabilidad de servidores públicos en el ejercicio de las atribuciones que le da la propia ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Insértese en el Diario de los Debates los textos que fundamentan las propuestas de modificación presentadas por el diputado Romero, tal como él lo ha solicitado.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 3, 12, 13, 16, 21, 23, 28, 29, 30, 31 y 32, 11, propuestas de modificación en total, y acordado con el mismo diputado proponente tiene hasta cinco minutos para presentar, un poquito más, seis minutos para presentar sus propuestas de modificación.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. La reserva que presento a continuación tiene la intención de dotar de un verdadero peso ciudadano al sistema nacional anticorrupción.
Hemos escuchado desde hace ya varios meses cómo la colegisladora ha intentado engañar a los representantes de la sociedad civil que se involucraron en el ejercicio de propuesta, análisis y discusión de lo que ahora tenemos como dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Durante meses, la bancada del PRI en el Senado se ha esmerado en generar un falso debate sobre si este nuevo sistema nacional de anticorrupción y las leyes involucradas en el mismo quedan dotados de las herramientas para verdaderamente combatir la corrupción, y si además la participación será trascendente en la lucha contra el cáncer del sistema político y de gobierno en nuestro país.
No solo se ha negado a dotar estas nuevas herramientas de los dientes necesarios, sino que además, tal cual tenemos hoy el dictamen, solo simula la participación ciudadana, y lo que en realidad hace es generar una superestructura burocrática que casi queda a la par de una nueva secretaría de Estado.
La minuta estableció que el comité coordinador sería la instancia responsable de la coordinación del sistema nacional para su funcionamiento. Para ello se pone a su disposición la Secretaría Ejecutiva, que no es otra cosa que un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, es decir, se crea un órgano de gobierno como lo establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Para el funcionamiento de esta Secretaría Ejecutiva será apoyado por una figura llamada secretario técnico.
Durante toda la discusión hemos escuchado reiteradamente que la ciudadanía, a través del Comité de Participación Ciudadana recibirá al Comité Coordinador, es decir, éste coordinaría el gran sistema nacional anticorrupción, situación que colocaba a la ciudadanía en el rango más alto de una reforma constitucional impulsada por la sociedad civil.
Para Morena es de suma importancia informar a toda la ciudadanía, a la sociedad civil y a todos los sectores de la población, que hasta ahora han estado pendientes de esta gran reforma, que el papel que se le otorgó al Comité de Participación Ciudadana es una farsa. El presidente del sistema, que es uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, solo será un interlocutor entre la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y todo el sistema mexicano.
El papel de ciudadano de probidad y prestigio que participa en el comité coordinador no hace otra cosa que coadyuvar con el secretario técnico. Es al secretario técnico al que se le dota no solo de atribuciones específicas para el funcionamiento del sistema nacional de anticorrupción, se le dan las facultades y obligaciones conferidas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Es decir, nos engañan argumentando que será solo un secretario técnico. Sin embargo, tiene el carácter de un director general de una paraestatal. En otras palabras, no es un secretario técnico, es casi un secretario de Estado.
Legisladores, legisladoras, no nos engañemos. No engañemos a la sociedad diciendo que la ciudadanía será la que presida el sistema nacional anticorrupción. Las reservas que hoy presento pretenden darle un verdadero papel al Comité de Participación Ciudadana, es dotarlo de las atribuciones que le fueron conferidas en el dictamen del secretario técnico.
Se busca eliminar la figura de secretario técnico y que verdaderamente tome las decisiones el Comité de Participación Ciudadana. Dotar de estas atribuciones a este comité es mostrar a la ciudadanía que verdaderamente hay voluntad política, y creemos sinceramente que los ciudadanos marcarán un auténtico cambio en nuestro país.
Ya basta de simulaciones, diputadas y diputados. Basta de engordar la burocracia para favorecer el sembrado de amigos y recomendaciones por parte del gobierno en turno. Basta de generar nuevos cotos de control de daños para los casos que se ventilen de corrupción.
No necesitamos un nuevo Virgilio Andrade en la figura de un súper secretario técnico. Necesitamos el ojo crítico y serio de la ciudadanía informada para combatir de la mano todo acto de corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Molina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, que tenía apartados, reservados los artículos 2, 6, 9 y 14, declina su presentación. Y por lo tanto tiene ahora la palabra, el diputado Ángel II Alanís Pedraza del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 3.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su venia, señor presidente. Amigos y amigas diputadas, en mi opinión el artículo 3, fracción X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular el artículo 32, incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no pueden prosperar. Bueno, no pueden prosperar en la forma en que se encuentran redactados.
Mi aseveración encuentra en su consistencia jurídica y legislativa en las siguientes razones. En lo que se refiere a los artículos 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el 3, fracción X, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debo decirles que se excluye al Poder Ejecutivo como ente público por los efectos de dichas leyes, a pesar de que en la parte final de esas fracciones se menciona a los tres órdenes de gobierno. Por lo que considero que en la parte inicial de estos apartados, de estas fracciones, debe incluirse claramente a los tres poderes. Es decir, debe catalogarse con claridad como entes públicos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial y no solamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
Esto es así por la característica que tienen las normas legales de heteronomía, pero además, señor presidente, coordinadores de los diferentes partidos políticos, para todos los efectos legales, políticos y legislativos a que hubiera lugar, propongo a esta soberanía lo siguiente.
Debe modificarse, debe adecuarse a la realidad social lo dispuesto en particular por su trascendencia y por su importancia lo que establece el artículo 32, incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por lo siguiente.
La inclusión de último momento de las disposiciones contempladas en dichos incisos sin ningún diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente, donde se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a todas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entres públicos, además de aquellas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que tengan tratos con el gobierno.
Una disposición legal de esta naturaleza implica que por ejemplo aquellos estudiantes que reciban becas del Conacyt o los beneficiarios de programas que benefician a los adultos mayores tendrían que presentar obligadamente esas tres declaraciones.
Por lo tanto, consideramos que esas disposiciones contienen un contrasentido. El gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente sobre los ciudadanos y por el mandato de sus funcionarios y representantes, y por lo tanto es el gobierno quien debe rendir cuentas al pueblo y no a la inversa.
Por lo tanto, consideramos que estas disposiciones carecen de viabilidad técnica, obstaculizan el buen funcionamiento del sistema nacional anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, quiero pedirles que a ver si en esta ocasión podemos coincidir en el sentido de que estos numerales deben ser adecuados y que no deben pasar con la redacción que actualmente tienen. Por mi parte es todo, muchas gracias amigos y amigas diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Alanís. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 36, 49, 51 y 56. Dieciocho artículos en total, y se pide que le establezcamos cinco minutos para exponer sus propuestas de modificación. Adelante, diputada Godoy.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, con su venia. Proponemos este conjunto de reservas por lo siguiente:
Porque la minuta del Senado contiene un modelo burocrático y minimalista del Sistema Nacional Anticorrupción;
Carece de instrumentos efectivos para prevenir y combatir la corrupción;
Acota el sistema a ser un espacio de coordinación entre las autoridades y renuncia a regular compras gubernamentales, el uso y aprovechamiento de los bienes nacionales, la corrupción empresarial, política y sindical;
No ciudadaniza verdaderamente la rectoría del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que acota de forma extrema la figura del presidente y las atribuciones específicas del Comité de Participación Ciudadana;
Crea la figura del secretario técnico que concentra todas las atribuciones legales administrativas y sustantivas a cargo de los diversos órganos que forman parte del sistema;
El presidente ciudadano tendrá atribuciones únicamente, prácticamente para coordinar las reuniones del comité. No tendrá mayores facultades. Será un presidente de papel a lado de un secretario técnico con poderes casi ilimitados.
La elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana el Senado se la transfiere a una comisión de selección, es decir, queda fuera del ámbito de responsabilidades de ese órgano legislativo.
Establece requisitos muy laxos en cuanto a la independencia de los poderes y los partidos; y para acreditar trayectoria y experiencia en la lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción de las y los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana.
Para ello, para apartar a los ciudadanos, crea un órgano descentralizado de la administración pública federal, es decir, bajo la esfera de competencia del presidente de la República, que será responsable de realizar todas las actividades sustantivas que le corresponden al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dicho órgano auxiliar del Ejecutivo federal detentará todas las atribuciones operativas y sustantivas de un sistema integrado por órganos autónomos, poderes y ciudadanos, con atribuciones para regular todos los poderes y ámbitos de gobierno del país. Por la puerta de la ley reglamentaria se deja bajo el control del presidente de la República la conducción real del sistema.
Por ello proponemos las reservas a los artículos señalados, a efecto de lo siguiente:
Ciudadanizar la conducción del Sistema Nacional Anticorrupción, otorgando a la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, quien será el responsable de coordinar y dirigir a todas las instancias que se crean en esta ley, con facultades plenas para ello. Se le otorga a la Cámara de Diputados la atribución de nombrar a este órgano ciudadano mediante un proceso público, abierto y objetivo en todas y cada una de sus etapas.
Proponemos que se establezcan como requisitos acreditar al menos 10 años de experiencia en la lucha contra la corrupción en la transparencia y 5 años de no haberse desempeñado en ningún cargo público partidario. La minuta solo establece 1 año.
Proponemos crear un instituto como órgano técnico del Sistema Nacional Anticorrupción bajo la dirección del Comité Ciudadano, quien fungirá como órgano de gobierno del instituto.
Proponemos establecer un sistema de recomendaciones basándose en los resultados de las evaluaciones y en los indicadores fijados en la estrategia nacional, estatal, municipal o sectorial contra la corrupción.
Proponemos otorgar la tarea expresa al Comité Coordinador para diseñar un modelo para combatir y prevenir la corrupción política, empresarial y sindical, con base en diagnósticos precisos e indicadores de seguimiento y medición.
Proponemos establecer un sistema de seguimiento, evaluación y observación de las licitaciones, contrataciones y concesiones. Con base en ello publicar tabuladores máximos de precios para establecer términos de referencia pública que eviten la corrupción y el desvió en las compras gubernamentales.
Solicito al presidente de la Mesa que el texto de las reservas sean incorporados íntegramente al Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Tal y como lo ha solicitado la diputada proponente, insértese el texto íntegro de sus propuestas en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 17, 34 y 41.
Me precisa la diputada Mirza Flores que solamente presentará propuesta de modificación a los artículos 17 y 34, para efectos del Diario de los Debates. Adelante, diputada, por favor.
La diputada Mirza Flores Gómez: Muy buenas tardes. Presidente, con su venia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes.
El día de hoy vengo con un par de reservas que tienen que ver con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé la creación del comité de participación ciudadana, el cual tiene como objetivo coadyuvar en términos de esta ley al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia del sistema nacional.
De acuerdo con la normatividad del comité de participación, estará éste integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Aquí viene la parte medular e importante. El artículo 17, en su párrafo establece que en la conformación del comité de participación ciudadana se procurará que se prevalezca la equidad de género.
Entonces, compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a que no caigamos en esta trampa de estos verbos de futuro incierto. Procurará no significa nada, no obliga, procurará, pues si no se procuró no pasa nada; es como fomentar, se fomentará, si no se fomentó no pasa nada; es como decir se facultará, si no se facultó no pasa nada.
En términos del eje del Plan Nacional de Desarrollo de un México incluyente debemos de comprometernos y transversalizar todas y cada una de las normas y entonces deberá decir: será obligatorio que se prevalezca la paridad de género.
Ya no estamos hablando de igualdad o de equidad, estamos hablando de una participación igualitaria de mujeres y de hombres en todos los órganos, consejos y cualquier tema en donde debamos tomar decisiones.
Las mexicanas y los mexicanos debemos ser puntuales con lo que estamos solicitando, si no, pues la paridad pretende repartir equitativamente el poder entre hombres y mujeres. Para ello, para cumplimentar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es necesario que realicemos acciones afirmativas para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Por otra parte, en el artículo 34, fracción X, de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el espíritu de este artículo, en la fracción X, tiene como propósito alcanzar la idoneidad en la elección de este cargo público e impedir así el ejercicio de funciones públicas.
Aquí lo importante es incluir también en este ramo, no solamente a los funcionarios mencionados, ya que podrían tener intereses respecto de los asuntos que se les confieren. Por lo tanto, es de gran importancia que ningún funcionario, incluyendo diputadas, diputados, senadores o cualquier funcionario que tengan o haya tenido un puesto de elección popular, se encuentren involucrados dentro de los asuntos que requiera por todos los mexicanos sean atendidos de forma necesaria y expedita conforme a derecho.
–No me apuren, ya terminé. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 17.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeros, les voy a leer mi cartel para los que no alcanzan a ver, con mucho cariño: reflexionen las reservas antes de emitir su voto. Gracias. Con su venia, diputado presidente.
Para Morena, la violación constante de las leyes laborales, desde las grandes cúpulas oligárquicas del poder, se ha dejado sentir con más fuerza en los últimos años, consecuencia de ello es la mal llamada reforma laboral, que al día de hoy ha traído más hambre y sed de justicia para la base trabajadora del país, como es el caso del magisterio mexicano.
Resulta por demás atroz, que el dictamen que hoy nos ocupa en su artículo 17 se señale que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en razón de su relación con la Secretaría Ejecutiva, carezcan de la relación laboral a que se refiere el artículo 123, Apartado B, de nuestra Carta Magna, y se señale que el vínculo legal será a través de contratos de prestación de servicios por honorarios y además que no gozarán de prestaciones.
Contradiciéndose en tal sólo dos párrafos posteriores del mismo artículo, ya que se señala que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidad del artículo 108 constitucional, definido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está por votarse en su artículo 3o., fracción XXV, como servidores públicos.
Por lo anterior, queda claro que dicho artículo es violatorio de nuestra Constitución, de las leyes que de ella emanan en materia laboral, así como de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es momento de reivindicar en la ley que estamos por aprobar, las relaciones laborales. No podemos dejar las obligaciones a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y quitarle sus prestaciones laborales constitucionalmente establecidas. Máxime cuando en el mismo artículo, materia de la reserva, se señala que no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
En razón de lo anterior se propone una armonización con el artículo 123, apartado B, fracción XIV constitucional, señalando de igual manera que dicha relación no será un obstáculo, limitación o restricción para el desempeño de sus funciones y/o método de subordinación, coerción en sus decisiones por motivo de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Y tiene ahora la palabra el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 18.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputado presidente. Hoy presento ante esta soberanía la reserva al artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Señoras y señores diputados, para el Grupo Parlamentario de Morena el fenómeno de la corrupción tiene un impacto directo en su desarrollo, en la calidad de su incipiente democracia y en el bienestar colectivo. Afecta el ejercicio de los derechos humanos y específicamente el derecho de acceso a una impartición pronta, expedita e imparcial de la justicia.
La corrupción alienta la impunidad y la comisión de delitos en la esfera gubernamental y en las actividades privadas. Provoca un daño gubernamental en la relación de los ciudadanos con las instituciones, socaba la legitimidad del gobierno, obstruye el imperio de la ley y hace inalcanzable el Estado de derecho, por lo que es preciso ponerle fin.
Es, según lo han reconocido diversos actores y la sociedad entera, el problema más importante de nuestro país. El Congreso está en deuda con la sociedad, porque no ha se encargado con la determinación que se requiere desde los ámbitos político y legislativo.
El fenómeno de la corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la sufren con mayor agudeza. La corrupción es un problema de carácter sistemático que permea a casi la totalidad del cuerpo político en México. Para constatarlo basta recordar que nuestra nación aparece como uno de los países más corruptos entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación Económica.
En materia de corrupción, México se encuentra por debajo de países como Mali, Surinam, Perú, China y Brasil. De acuerdo con el conteo de la transparencia internacional, se mantiene el mismo puntaje respecto de 2014.
A pesar de ser uno de los problemas que más laceran al país, el combate a la corrupción como tema de la agenda nacional cobró relevancias solo a raíz del escandaloso asunto de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Antes de ese suceso, el propio gobierno se había encargado de casi extinguir a la Secretaría de la Función Pública y había bloqueado la reforma constitucional para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
El detonante del sistema nacional anticorrupción elevado a rango constitucional y que ahora se busca desarrollar en legislación secundaria no fue una preocupación genuina del presidente y su partido por atender el cáncer, sino una manera de atemperar la crisis de su gobierno, desatada por el evidente conflicto de interés en que incurrió el titular del Ejecutivo.
El reto que tiene el Legislativo ahora es evitar desde la ley que se produzcan hechos protagonizados por altos funcionarios del actual gobierno y que nadie resulte culpable. Ustedes tomen el tiempo que quieran, compañeros. Les pido respeto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe...
El diputado Jorge Tello López: Duele. Yo sé que duele...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y avance hacia la conclusión.
El diputado Jorge Tello López: ... pero calma, por favor. El paquete de leyes que ahora se discute es insuficiente en particular. No estamos de acuerdo en que el Senado de la República constituya la comisión de selección que se encargará de todo el procedimiento para elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como lo propone el artículo 18 de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. La importancia del comité en todo el sistema es fundamental, su titular lo va a presidir y será la pieza central de su funcionamiento.
Por ello, Morena, propone que sea la Cámara de Diputados la que constituya la comisión de selección, porque en ella recae la máxima representación popular y se expresa con mayor nitidez la pluralidad política del país. Una decisión de esta naturaleza debe estar en manos de las y los diputados de la nación por ser el vínculo directo con los ciudadanos.
Morena, está por empoderar a los ciudadanos, porque nosotros somos sus representantes legítimos. Llegó la hora de acabar con la corrupción, la impunidad que lacera al país y la Cámara de Diputados debe jugar un papel activo y comprometido. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 26.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor a la patria.
La reserva que hago al artículo 26 –como sé lo que son, no espero que la aprueben porque ya lo tienen negociado y pactado, porque si algo ha caracterizado a esta Legislatura son los acuerdos en lo oscurito, acordando con el titiritero mayor–, el régimen laboral que debe regir en las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos autónomos descentralizados y desconcentrados depende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, Apartado A) o B) de las leyes reglamentarias del mismo.
Esos regímenes laborales fueron materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces y autoridades laborales que generaron serias contradicciones conceptuales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es el contenido en el Apartado A) o B9 del 123 constitucional.
Sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en ese sentido al establecer mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al no emanar del Poder Ejecutivo, deben regirse por el apartado A) del artículo 123 de nuestra Constitución, y determinó: Organismos descentralizados de carácter federal su inclusión en el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional.
Estableció que los organismos descentralizados no pertenecen al Poder Ejecutivo a pesar de que formen parte de la administración pública en su faceta paraestatal, pues además de contar con una estructura separada del aparato central tienen personalidad jurídica y patrimonio propios.
Partiendo de dicha premisa determinó que si bien las relaciones laborales de los Poderes de la Unión y sus trabajadores se encuentran reguladas por el Apartado B) del 123 de nuestra Constitución, esta circunstancia no resulta admisible tratándose de aquellas que se presenten entre los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores por no formar parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, construcción jurisprudencial que se ha hecho extensiva a los niveles estatal y municipal, según se advierte de los criterios sustentados tanto por el propio tribunal del pleno como por la segunda sala de nuestro máximo tribunal en la tesis siguiente. 25/98 y jurisprudencia 2ª/J.
Las facultades del Congreso de la Unión se extienden a expedir la legislación respectiva que, como es lógico –cállense y escuchen por favor–, no deben contradecir aquellos fundamentos de la Carta Magna porque incurriría en inconstitucionalidad como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal del Trabajo, que sujeta al régimen laboral burocrático, no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados, que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo federal.
Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del Apartado B del artículo 123 constitucional. Si no les gusta, pueden retirarse.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver diputado. Permítame, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: El dictamen que hoy está a discusión, establece una secretaría ejecutiva del Sistema Nacional...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Juárez. Diputado Juárez, permítame. Le pido a la asamblea respeten la intervención del orador y le pido al orador que avance hacia la conclusión de su intervención.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No se espanten, no les voy a tirar...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No se espanten. El dictamen que hoy está a discusión establece una secretaría ejecutiva del sistema nacional como organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con auténtica autonomía técnica y de gestión que fungirá como apoyo, como órgano de apoyo técnico del Comité Organizador del Sistema Nacional para el Desempeño de sus Atribuciones y como tal, sus trabajadores deben regirse por el artículo 123 constitucional Apartado A, que es el cambio que estamos solicitando con la reserva al artículo 26 en el capítulo cuarto, sección I.
A estos trabajadores se les tiene que garantizar igual que a los de Telecom, Caminos y Puentes Federales si esas u otros organismos descentralizados, sus derechos fundamentales, laborales como el de negociación colectiva y de huelga, derechos que les son negados en ese Apartado B. Es un acto por demás inconstitucional, se quieren reducir los derechos de los trabajadores, pues considerarlos en este apartado a pesar de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa también para ellos la disminución de sus pensiones, jubilaciones y otros derechos en materia de seguridad social.
No podemos seguir violentando la estabilidad en el trabajo ni los derechos colectivos que son preceptos establecidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales que México ha firmado y ratificado. En Morena defenderemos a los trabajadores de esta Secretaría para que sus derechos laborales y sindicales les sean reconocidos, trabajadores mexicanos. Va a quedar de manifiesto quiénes son los verdaderos traidores y los que siempre han lesionado su derecho a gozar de la Constitución y de la propia Ley Federal de Trabajo que es protectora y garante todavía de esa libertad sindical y de ése derecho a tener un pensión y un retiro digno, lo contrario es lo que van a hacer ahorita, van a planchar a partir de que el capataz, el patrón que está aquí enfrente levanta el dedito o lo baje. A esas personas...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Son las que ustedes eligieron como legisladores y vean el papel tan lamentable que están haciendo, porque son unos traidores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y se pide a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo particular de los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 48, 49, 51, 56, 57 y 59, 38 en total, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos referidos por el presidente en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema, compañeros.
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 384 votos a favor, 4 abstenciones y 63 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en términos del dictamen, por 384 votos. Pasaremos ahora a lo correspondiente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pido a la Secretaría dé cuenta de los artículos reservados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Artículo 3, 32, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 24, 25, 29, 50, 54, 57, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 88, 117, 119, 123, 124, 125, 128, 132, 208, 210, 222, 4, 32, 33, 223, 17, 27, 88, 89, 27, 30, 31, 46, 29, 50, 78, 41, 61, 64, 91, 38, 74, 124, 200. Adición de un transitorio. Es cuanto.
l Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del artículo segundo de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de los artículos transitorios del proyecto de decreto en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no hay movimientos en el tablero electrónico, no se ve a nadie que entre corriendo a su curul a votar. Por ahí acaba de votar alguien más. Pregunte y ya.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sigue abierto por unos cuantos segundos. Diputada Ortega, córrale, ándele, ándele, arriba, arriba. Ahora sí parece que ya.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 338 votos a favor, 0 abstenciones, 110 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del artículo segundo de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de los artículos transitorios del proyecto de decreto en conjunto, por 338 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y pasamos ahora a la discusión en lo particular, de los artículos reservados. Y tiene la palabra el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación a los artículos 3 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Buenas tardes, nuevamente con su venia, señor presidente. Amigos y amigas, diputados y diputadas, hace un momento externé una reflexión, vuelvo a insistir en ese punto. Me parece muy importante y por esa razón insisto.
El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no puede coexistir, no puede prosperar legislativamente hablando. Es necesario que su redacción sea revisada puntualmente.
En particular, las fracciones B y C obligan a los gobernados a rendir sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses. Eso no me parece aceptable, y por ese motivo es que nuevamente reitero que debe modificarse la redacción, y hasta en tanto no se modifique esa redacción, la redacción en la que está planteado, no puede ser aprobado por esta honorable asamblea.
Lo anterior encuentra su consistencia jurídica en lo que ya expuse hace un momento. Hasta los estudiantes que reciban una beca del Conacyt tendrían que rendir sus tres declaraciones, su Tres de Tres.
Los adultos mayores que reciban un apoyo del gobierno federal también estarían obligados. Y los campesinos, inclusive, que reciban apoyos del gobierno federal, también tendrían la obligación de rendir sus declaraciones patrimoniales, la fiscal y la de intereses.
Por eso motivo insisto nuevamente, amigos y amigas legisladoras, creo que es el momento de coincidir, creo que es el momento de que veamos que se puede causar un daño mayor al esperado. Además, la propuesta que les hago es concordante con los reclamos que se están haciendo allá afuera. La sociedad es la que nos está pidiendo que tengamos cuidado con esa redacción.
Yo termino mi intervención pidiéndoles, como lo han hecho algunos compañeros, que reflexionen estas reservas. Por su atención, muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Alanís. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, le pido que repita la votación, porque reclaman; que hay duda. Repítala en votación económica, diputada, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora sí está evidente la mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, para presentar propuesta de modificación a 30 artículos: 7, 8, 10, 13, 20, 24, 25, 29, 50, 54, 57, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 88, 117, 119, 123, 124, 125, 128, 132, 208, 210 y 222. Tiene el uso de la palabra hasta por seis minutos para presentarlas en una sola intervención. Adelante, diputada Godoy.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, la minuta que se pretende aprobar es el mejor reflejo del desaseo que imperó en el presente proceso legislativo para aprobar el conjunto de leyes que forman el sistema nacional anticorrupción.
La desidia que privo en la Cámara de Senadores para discutir, analizar y aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, refleja graves errores de fondo y de forma. Dentro de los errores de fondo que contiene la citada ley es el establecimiento de un régimen de excepción que otorga privilegios y que incluso incentiva los actos de corrupción y la impunidad.
Lo anterior es así porque el artículo 5 de la ley excluye de dicho régimen a los consejeros independientes de los órganos de gobierno, de las empresas productivas del Estado, de los entes públicos y de las entidades de la administración pública federal que realicen actividades comerciales, creando en los hechos un régimen de excepción que no se encuentra previsto en el artículo 108 constitucional, y ello definitivamente contraviene nuestra Carta Magna, puesto que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción del año pasado jamás previó regímenes de excepción como ahora erróneamente lo establece la Ley General de Responsabilidades, contraviniendo con ello en una ley inferior a nuestra Carta Magna. Incluso ha pasado por desapercibido, que con la presente ley la burocracia crecerá al establecer la creación de distintas autoridades como las denominadas Investigadoras, substanciadoras, resolutoras y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal.
Por otra parte, no pasa desapercibido que la minuta del Senado por la que se crea la ley a discusión pudo haber sido discutida con la oportunidad y la diligencia necesaria, sin embargo su negligencia evidencia su falta de cuidado al legislar. Así, la minuta considera en los artículos que se reservan, la posibilidad de que las alcaldías previstas en el 122 constitucional tengan una hacienda pública cuando es sabido que de conformidad con la reforma política de la Ciudad de México aprobada en enero de este año, fue el propio Congreso de la Unión como integrante del Constituyente Permanente quien le negó la posibilidad de ello, incluso le negó la autonomía financiera.
De igual forma, la minuta remitida por el Senado otorga atribuciones a lo que le ha denominado Autoridades resolutoras, cuando en realidad de acuerdo con el propio ordenamiento, dichas atribuciones corresponden a las autoridades sustanciadoras tratando de faltas no graves. Además de lo anterior, resulta conveniente mencionar que algunos de los artículos de la citada ley remiten a otros preceptos legales de la misma, pero que nada tiene que ver entre ambas, es un descuido legislativo imperdonable. Manifestamos como Morena en esta ley que estamos por la máxima publicidad de todo lo que tiene que ver con nuestras declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Por dichas razones pongo a consideración del pleno las reservas a los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, como sé que no las van a aprobar –va a entrar la aplanadora–, solicito desde este momento a Servicios Parlamentarios que una vez aprobada y antes de enviar al Ejecutivo para su promulgación, realice una revisión minuciosa para evitar vergüenzas y conflictos normativos.
También solicito a la Mesa que el texto de las reservas sea incorporado íntegramente al Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Godoy. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. El principal problema que hoy enfrenta nuestro país es la corrupción. Lo hemos dicho este día una y otra y otra y otra vez. Corrupción, corrupción, corrupción. Y es por los hechos de corrupción que existe inseguridad en las calles, se pervierte la vocación del servicio público, se desván recursos públicos de todo el pueblo a manos de los mismos servidores y de particulares.
La Ley de Responsabilidades Administrativas carece de la definición del concepto hechos de corrupción, siendo la definición toral de la totalidad de este paquete de reformas para combatir la corrupción.
En Morena durante la discusión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada el periodo pasado, manifestamos la necesidad de incorporar este importante concepto a dicha ley. Lo que se nos contestó fue que no era materia de esa ley, que para eso tendríamos la Ley del Sistema Anticorrupción, y ¿dónde está?
El ordenamiento más pertinente para incluir este concepto, es precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por el contrario, y en congruencia con lo que acabo de decir, parece ocioso que la definición de magistrado, si se encuentra definida, siendo que esta ley no es la específica de esta materia.
Por otro lado, acabamos de atravesar por un proceso electoral, y como en todos, las malas prácticas de muchos partidos salieron a relucir, es lamentable ver que candidatos en vez de hacer compromisos con el pueblo de México, lo hacen con empresarios, con criminales, con los poderes fácticos, y al pueblo lo más que le toca son promesas.
Si bien, los candidatos a puestos de elección popular no son servidores públicos como tal, sí reciben presupuesto público, y deberían, sólo por ese hecho, hacer declaraciones patrimoniales, aunado a los controles de fiscalización que la Ley Electoral prevé.
En México, la gente busca empleo, alimento, educación, una cobertura integral y de calidad de los servicios de salud, y desgraciadamente la administración pública no ha logrado satisfacer estas apremiantes necesidades básicas.
¿Y por qué? Por la corrupción, señores. Pero eso sí, van a tener toda una maquinaria puesta en funcionamiento para simular que trabajan para combatir la corrupción con recursos que deberían beneficiar directamente a la población.
Dada esta situación no podemos más que ofrecerle al pueblo un sistema lo más completo y eficaz posible, y esto incluye ser precisos en los términos que utiliza la legislación. No apresuremos la discusión de esta minuta, el pueblo no se merece que un paquete de leyes que se discutieron todo un año en el Senado, sean discutidas en esta Cámara en solo unas horas, si se va a invertir recursos de todo tipo, no sólo es necesario, sino imperativo perfeccionar la minuta.
Por lo anterior expuesto, es que pongo a consideración de esta asamblea la inclusión de los conceptos hechos de corrupción y de candidato en el artículo 3, además de la supresión de concepto de magistrado en el mismo artículo, así como la adición de un artículo tercero transitorio para hacer las adecuaciones pertinentes en materia electoral. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, para referirse a la reserva del artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El diputado Jesús Serrano Lora: Muy buenas noches. Con su venia, señor presidente. Vengo a someter a consideración de este pleno la reserva al artículo 4o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que los candidatos a elección popular sean también sujetos obligados para el acuerdo a las siguientes consideraciones.
México aparece como uno de los países más corruptos, escúchese bien, más corruptos, entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con la lista publicada por Transparencia Internacional.
En el Índice de Percepciones sobre Corrupción 2015 México obtiene un puntaje de 35 en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio. En materia de corrupción se encuentra por debajo de países como Mali, Surinam, Perú y el Brasil, de acuerdo con el conteo de Transparencia Internacional, y mantiene el mismo puntaje respecto del 2014.
La organización recomendó en un comunicado prestar atención especial a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedores del Estado. Acuérdense de Higa.
Los candidatos son sujetos cuya pretensión es el acceso a ejercer la función pública, por tal motivo tienen la responsabilidad de transparentar su declaración patrimonial. En las recientes elecciones a cargos populares en México solo 12 de 76 hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de interés, evadiendo toda responsabilidad de transparencia y honradez.
Es claro que quien ve en la función pública un interés económico, un modelo de vida enriquecerse ilícitamente a costa del pueblo, comúnmente se ve y se entiende la política desde la óptica de quienes han venido mal gobernando este país, evadirá la responsabilidad de presentar su declaración patrimonial para así evitar que rindan cuentas claras en esta Ley Federal de Responsabilidad.
Es claro que aquí en México se premia a la corrupción y a la impunidad, como es el caso concreto del ex gobernador de Coahuila, ex flamante presidente del PRI, quien destapó la candidatura presidencial del ahora habitante de la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto.
Ya no más corrupción, ya no más impunidad, póngase el saco a quien le quede. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Serrano. Consulte la Secretaría a la asamblea e votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas ya los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada María Guadalupe Munguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, quien hablará sobre los artículos 4, 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Nos solicita la proponente participar en un momento posterior. Con todo gusto.
Tiene el uso de la voz la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para argumentar el artículo 5o de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Morena votó en contra esta ley por los tantos desaciertos que tiene, y este artículo 5o es uno de ellos.
La ley debe ser pareja para todos, todos los funcionarios, y el artículo 5, dice el texto que no se consideran servidores públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado ni los entes públicos, en cuyas leyes de creación de prevea expresamente. Estas son de las divinidades que se aprobaron en la reforma energética.
¿Quiénes son los consejeros independientes en Pemex y en CFE? En Pemex está el maestro Alberto Tiburcio, que viene de Ernst & Young; está el doctor Octavio Francisco Pastrana, colombiano, un colombiano que es consejero de Pemex´, entérense ustedes; está el ingeniero Jorge José Borja Navarrete, procedente de ICA, y el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, un conocido catedrático del CIDE.
Ellos no van a entrar a esta ley, pueden disponer de Pemex, pueden vender o entregar Pajaritos, las refinerías o lo que sea y no hay problema. Es por eso que votamos en contra, es por eso que esta ley está acotada, eso es lo que nos hace mal aquí en el Congreso, nos vemos mal como diputados, nos quedamos cortos.
Nosotros estamos proponiendo que en el artículo 5 se modifique que son sujetos obligados de esta ley los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado.
En este mismo sentido van los consejeros de la CFE, quien es el doctor Luis de la Calle Pardo, conocido; el ingeniero Rubén Flores García, la licenciada Blanca Avelina Treviño de la Vega y el ingeniero Enrique Zambrano Benítez. Estas personas, que por cierto las designó el presidente de la República, son las que no van a tener que cumplir la Ley de Responsabilidades.
Creo que es un gran error, este y los demás artículos que nos estamos reservando. Son acuerdos que ustedes están haciendo, pero esta ley más temprano que tarde nos va a dar la razón de que esto está acotado. Les pido, de la manera más atenta, que tengan la voluntad para corregir pues lo que ustedes están haciendo mal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 5.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la reserva que presento a su consideración, consiste en reformar el artículo 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que considere como servidores públicos a los integrantes de los órganos de gobierno de las empresas productivas el Estado y a los consejeros independientes que integran los órganos de gobierno de entidades de la administración pública federal que realicen actividades comerciales.
De lo contrario, se estaría contraviniendo lo establecido por el artículo 108 de la Carta Magna, que considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el ámbito público.
Es inadmisible un Sistema Nacional Anticorrupción que contemple excepciones, sobre todo, en las entidades del sector energético del país, donde la corrupción es un lamentable rasgo distintivo. Ellos tomarán decisiones de trascendencia sin ninguna responsabilidad.
Respetuosamente, solicito aprobar esta propuesta, pues de lo contrario una vez más quedará demostrado que quienes se asumen como mayorías monolíticas e imperturbables rechazan todo aquello que atente contra el statu quo de sus intereses.
Las leyes que hoy discutimos obviamente no están a la altura de la sociedad mexicana para atender uno de sus problemas más graves, la corrupción. No se da una auténtica independencia entre vigilantes y vigilados, porque al final quienes vigilan serán designados por los propios vigilados.
Es igualmente inaceptable que no sea obligatorio para los servidores públicos hacer pública la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, la famosa Ley Tres de Tres.
El sistema de seguimiento y de evolución patrimonial es igualmente ineficaz al no entregarse a la plataforma digital nacional la información fiscal completa de los servidores públicos. No hay un procedimiento para tramitar y dar seguimiento a las denuncias públicas y a los ciudadanos por actos de corrupción de algún servidor público.
Hoy la privatización de bienes nacionales es para favorecer a los amigos y socios políticos y las concesiones estratégicas en vías de comunicación a empresas afines al régimen. Hemos perdido la posibilidad histórica de que la Cámara de Diputados muestre su estatura democrática y le dé a los ciudadanos razones para volver a creer en la buena política. Hoy pierde la ciudadanía y pierde la democracia participativa y ganan quienes no lo merecen. Se salen con la suya quienes proponen que en apariencia las cosas cambien para que todo siga igual.
Yo pregunto, qué razones se le darán a los más de 600 mil ciudadanos que presentaron una iniciativa que en el Congreso de la Unión se acabó diluyéndola hasta hacerla un sistema anticorrupción a modo, que en lugar de combatirla la disfraza.
Qué les diremos a las futuras generaciones cuando pregunte qué aportamos al país cuando acudimos a hacerlo, justo cuando la corrupción gangrenaba los tres niveles de gobierno. ¿Acaso queremos un México en el que día a día aparezcan más Casas Blancas? Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuestas de modificación a los artículos 7 y 223. Va a presentar, como lo dije, propuestas de modificación a dos artículos y le pido que lo haga en un término de hasta seis minutos, para que no entorpezcamos el desarrollo de la asamblea.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Entonces, pido que queden inscritas en el Diario de los Debates todas las reservas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Perdón?
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Que queden inscritas en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y desde luego nos está solicitando que queden inscritas en el Diario de los Debates, tal cual las trae elaboradas. Por lo tanto, de antemano instruyo que así sea, que se integren íntegras en el Diario de los Debates. Adelante, diputado. Adelante.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Y luego piden respeto, y no se aguantan.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Luego están de chillones. Reserva al artículo 233, una de las principales. Es una chulada, ¿eh? Una de las principales atribuciones que tiene el Estado es la potestad disciplinaria que ejerce sobre los servidores públicos. Esta potestad se materializa en la instrumentación del procedimiento de responsabilidades administrativas.
La conducta de los servidores públicos está ampliamente regulada en diversas disposiciones jurídicas, que tienen como finalidad el adecuado cumplimiento de la función pública. Su comportamiento debe ser orientado a observar los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público.
En este sentido, se le imponen obligaciones y ante su incumplimiento el Estado hará uso de su derecho a sancionar. Una modalidad de ese derecho del Estado es el procedimiento de responsabilidades administrativas, a través del cual se investigan conductas infractoras y se sanciona administrativamente a un servidor público que realice conductas contrarias a dichos principios, determinando la existencia de una responsabilidad administrativa.
Los principios de este sistema, reitero, de responsabilidades administrativas consisten en legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, mismos que rigen al servicio público.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley y que violentan los principios del servicio público, dan origen a la responsabilidad administrativa, la cual se determinará mediante el procedimiento de responsabilidades de investigación disciplinario o sanción que deberá instrumentar el órgano interno de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Actualmente la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que el titular de la dependencia correspondiente será el encargado de ejecutar la suspensión y destitución del cargo a servidores públicos de base conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación del trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.
Esta reserva al artículo 223, establece que en caso de cese, suspensión o rescisión del contrato de servidores públicos de base, el titular del ente público debe de tomar en cuenta todos los procedimientos previstos en la legislación aplicable y no como se está haciendo actualmente, como en el caso del magisterio, que están siendo despedidos por el sargento de la SEP e incluso ahora hasta encarcelados sin tomar en cuenta su derecho al debido proceso que tiene que contemplar las formalidades que garantizan una defensa adecuada. O díganme ustedes, diputadas, diputados, ¿a qué maestro se le ha otorgado el derecho formal de poder ser escuchado y de poder ofrecer pruebas para su legítima defensa?
Tenemos el caso también de miles de servidores públicos que fueron amenazados con el despido en periodo de elecciones por no votar por el partido del gobierno en turno, fueran del PRI, PAN o PRD, o de cualquier otro partido, e incluso varios de ellos fueron despedidos por negarse a ello y por su militancia en Morena. No queremos que esta laguna legal que se deja sea la forma jurídica a modo para que sin más ni más se continúe con el despido masivo de los trabajadores, ya sea de Pemex, del magisterio, de la salud o de cualquier otro instituto u órgano federal.
La siguiente que presento es la reserva a las fracciones III y VII del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para dar un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. Es indispensable que cada uno de los servidores públicos se comporte bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Dentro de estas funciones se les imponen obligaciones que tienen que ser cumplidas. En caso contrario el Estado puede hacer uso de su derecho a sancionar.
Algunas de las más importantes obligaciones de los servidores públicos son el cumplimiento del servicio por el cual fue encomendado de la mejor forma posible con apego a las leyes y formas que determinan el manejo de recursos económicos públicos, desempeñar su cargo sin cobro de beneficios adicionales y proporcionar en tiempo y forma la comprobación de la aplicación de los recursos financieros a su cargo.
Esta reserva define la obligación de los servidores públicos de anteponer el interés colectivo al personal, siempre con apego a las funciones encomendadas de acuerdo con el manual de organización de la dependencia a la que está adscrito.
En la fracción VII del mismo artículo se establece la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución, a lo que agregamos también los derechos humanos que se contemplan en los acuerdos internacionales suscritos por México.
Queremos que esto quede establecido en esta ley, pues es muy común que cuando se habla de violación de derechos humanos y laborales no se toman en cuenta estos acuerdos internacionales.
Voy a referir un caso del ámbito sindical donde el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo se amparó ante la Suprema Corte de Justicia, pues el artículo 68 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado establece que en cada dependencia solo habrá un sindicato y esto va en contra del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al derecho de sindicalización. La sentencia de la Corte fue a favor del sindicato y es muy trascendente, pues rompió con el cor5porativismo sindical de este sector.
La lucha por defender este derecho en el país a través del Convenio 87 dio también como resultado que la Federación Democrática de Sindicatos y Servidores Públicos fuera registrada y reconocida en el mismo plano de igualdad jurídica que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a pesar de que la Ley de los Trabajadores establecía que exigía de una sola federación reconocida por el Estado.
Concluyo. Les recuerdo también que los tratados son un compromiso del Estado Mexicano. De lo anteriormente está lo pactado que obliga en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 que claramente establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Un principio toral universal del derecho internacional es que todas las normas y obligaciones internacionales deben cumplirse de buena fe. Morena hace esta reserva para contribuir precisamente a cumplir el objetivo de nuestras obligaciones en esta Cámara. Ver, escuchar y legislar a favor del pueblo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen y tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 15.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Seré muy concreta y muy enfática ya que vengo a proponer, pero más que nada a exhibir las graves deficiencias que contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el artículo 15 se le permite a la Secretaría y a los órganos internos de control, considerando sus funciones, que podrá, podrá, si quiere, si le da su gana, podrá en su momento implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Qué significa esto para todos, los 500 letrados que integramos esta Cámara? Que es como una llamada a misa, que al que le dé su gana lo hará, y al que no le dé su gana se la pasará por el arco del triunfo, como lo estamos haciendo con esta maravillosa Ley Anticorrupción que lo único que está es hecha a modo para seguir afectando al pueblo de México, para seguir enriqueciendo corruptos y para seguir lacerando la necesidad de los mexicanos que nos trajeron aquí, con mucho cariño y con mucho entusiasmo nos regalaron su voto, y nos vale sorbete, y les volteamos la cara, y no estamos aquí para hacer nuestro trabajo, y lo que es peor, nos burlamos de ellos una y otra vez, maquillando una presumible Ley Nacional Anticorrupción que lo único que es, es una cachetada para todos los mexicanos que nos mantienen. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 17.
La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es la encargada de determinar las obligaciones de los funcionarios públicos con fin de salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y autoridades para aplicarlas.
Por ello, desde esta tribuna, a nombre de quienes integramos la bancada de los ciudadanos, hoy vengo a proponer modificaciones a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala que los órganos internos de control al interior de las dependencias y entes públicos deberán establecer acciones tendientes a la prevención y orientación de los servidores públicos en su desempeño ante las disposiciones que rija el accionar del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo anterior lo consideramos necesario, ya que muchas veces los servidores públicos necesitan de directrices, de guías para hacer su trabajo cada vez mejor y con mayor calidad. Por este motivo nosotros planteamos ante ustedes, compañeros, que todas las acciones de mejora que observen, detecten y diseñen los órganos internos de control deberán ser tendientes a mejorar la gestión pública en cada uno de esos ámbitos de actuación.
Pero observamos que será necesario que se establezcan plazos para que esas acciones de mejora sean del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, por lo que estamos proponiendo como fecha límite de esta actividad sea el 31 de marzo del siguiente año al cual se efectúe esas acciones de mejora, dado que el texto vigente en discusión se encuentra abierto y no propone una fecha exacta para un cierre, lo que antecede provoca una laguna sin poder ser atendida, ya que la ley de ser aprobada en sus términos permitiría continuar con esta opacidad.
Nuestra propuesta permitirá a esta secretaría no sólo su conocimiento, sino también establecer mejores y mayores alcances de la misma y en su caso permitirá establecer medidas para su mejoramiento continuo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mercado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 27, 29, 88 y 89, en una sola intervención. Le vamos a dar, en virtud de que va a presentar propuesta de modificación a cuatro artículos, hasta cinco minutos para el manejo del tablero electrónico. Adelante, diputada Delgadillo.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con su venia, diputado presidente. Señoras y señores, compañeras y compañeros, es necesario insistir que el día de hoy nos encontramos en un momento claro de definiciones. Un momento en el que cada uno de nosotros debe demostrar del lado que está; un momento donde cada uno de nosotros va a decidir qué historia quiere construir.
El primer error fue darle la espalda al 3 de 3, a una iniciativa ciudadana que presentaron más de 600 mil mexicanos. Un mal comienzo para un sistema que tendría que combatir de manera frontal y directa la corrupción en nuestro país. De esto ya no hay marcha atrás, las diputadas, los diputados, los senadores que tomaron esa lamentable decisión pagarán el costo de frente a los ciudadanos.
El segundo error es tratar de evitar que las declaraciones sean públicas. La declaración fiscal, patrimonial y de intereses debe ser completamente pública, sin ningún espacio para la discrecionalidad ni la opacidad. Un 3 de 3 como lo pretenden aprobar los partidos de siempre es solo una simulación, es un intento más de verle la cara a los ciudadanos. Y compañeros, la época de la impunidad ya terminó.
Limitar la publicidad de las declaraciones 3 de 3 es un nuevo conflicto de intereses, porque serán al final de cuentas los partidos políticos los encargados de rendir cuentas, los que decidan qué es información reservada y qué información se puede publicar. Esto no ayuda a combatir la corrupción ni tampoco elimina la impunidad.
Insisto, no puede haber un solo dato que los ciudadanos no puedan conocer y no puedan consultar en todo momento, esto debe ser el compromiso y la obligación de cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular, que aspire a representar a los ciudadanos.
Los diputados ciudadanos ya lo dijimos y lo volvemos a decir, no vamos a aceptar regateos en la transparencia ni en la rendición de cuentas. Basta ya compañeros, basta de simulaciones, un 3 de 3 que no es completo, que no es público y que no es obligatorio, no le sirve a México, no le sirve a los ciudadanos.
Señores del PRI, señores del Verde y de otros partidos, hoy podrán aprobar esta iniciativa descafeinada, pero no podrán aligerar el peso de la historia, hoy la realidad del país en donde vivimos, la corrupción amenaza a nuestras instituciones públicas. En la realidad que hoy vivimos ustedes decidieron cerrarle la puerta nuevamente a la transparencia.
Hoy votarán en contra de la publicidad total de las declaraciones 3 de 3, pero no podrán lavarse la cara ni ignorar una vez más su responsabilidad. Podrán esconderse detrás de sus declaraciones, pero no podrán ocultarse del juicio de los ciudadanos ni del juicio de la historia.
Por la trascendencia que implica la votación de esta reserva, le pido de la manera más respetuosa a la Presidencia, que lo someta a consideración a través del tablero electrónico, para que le quede muy claro a los ciudadanos quiénes están realmente a favor de la transparencia y quiénes quieren seguir alimentándola a nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es evidente la votación, a vista de la propia Presidencia, además de suscribir lo que ha dicho la Secretaría.
Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 27, 29, 30, 31 y 40, hasta por cuatro minutos para presentar propuesta de modificación a cinco artículos, por favor, adelante.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Sí, son varios artículos los que están reservados, pero son sólo dos temas a los que me voy a referir. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Verónica Delgadillo y que ya se dijo en el Senado, en el artículo 29 está la clave de la trampa que se hizo al Tres de Tres, pero no exclusivamente ahí, el Tres de Tres ha sido saboteado también desde uno de sus instrumentos más importantes, que es el sistema de evolución patrimonial y desde una de sus patas estratégicas que es la declaración fiscal.
De qué les sirve a los ciudadanos el sistema de evolución patrimonial, si cuando entren a ver la declaración fiscal de los servidores públicos van a ver solamente una carátula de que sí la presentaron.
El chiste del sistema de evolución patrimonial es que año por año los ciudadanos pudieran ver cuánto ganó un servidor público, cuánto declaró y eso cómo impactó en su patrimonio y en su declaración patrimonial, y estar contrastando esa evolución año por año.
Si nada más ven una carátula en la que les dicen que se presentó su declaración fiscal, el ciudadano no puede cotejar, no puede comparar y no puede utilizar ese sistema de evolución patrimonial para conocer cómo evolucionó el patrimonio de un servidor público. Por eso, lo que proponemos es que además de la carátula de la declaración fiscal, se puedan incluir los montos.
Hay otro concepto, otra trampa peligrosa, que es otra de las reservas, en el artículo 29 que no ha sido discutida en el Senado, que se refiere al tema de la vida privada. Estamos de acuerdo en el tema de la protección de los datos personales, pero la máxima publicidad, acotada por la vida privada, cuando menos tendría que seguir los criterios que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí pueda haber publicidad de hechos que tengan que ver con la vida privada de los servidores públicos cuando estos sean de interés público.
Si el hecho del que se está hablando tiene un impacto en la función pública o es de interés público, uno no puede argumentar que por la vida privada no va a dar la información que le esté requiriendo un ciudadano, o en este caso un instrumento de rendición de cuentas.
Nosotros solamente le proponemos agregar un párrafo al artículo 29 que diga: sí se podrán conocer hechos que tengan qué ver con la vida privada de los servidores públicos, siempre y cuando sean de interés público, que es un párrafo acorde a los criterios que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin declaración fiscal completa, pública y que permita a los ciudadanos conocer la evolución patrimonial no hay un Tres de Tres completo y lo que tenemos es una versión light, descafeinada y que contradice el espíritu de lo que 630 mil ciudadanos pidieron con su firma a las legisladoras y los legisladores de esta Cámara y de la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Repita la votación económica, por favor. A juicio de la Presidencia está clara, pero ante el reclamo de algunos diputados, por favor. Tranquilos, serenos, no se me aceleren.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, miren, tranquilos, serenos. Tenemos a continuación, sabiendo que el tema, el artículo en particular que ha generado la mayor polémica desde antes de este debate aquí mismo, y durante el debate es el artículo 29, pero que hasta hoy, debo decirlo así, han sido presentadas propuestas en paquete junto con otros artículos, por diversas compañeras y compañeros legisladores.
Bájeme la mano, diputada Delgadillo, ya la vi que está ahí con la manita en alto, pero me inquieta su mano en alto.
Entonces, tengo enseguida, se los voy a decir con toda precisión y claridad. Una lista de 5 compañeras y compañeros se inscribieron reservando el artículo 29 y están estrictamente en fila, para presentar solamente propuesta de modificación al artículo 29.
Entonces, yo les propongo respetuosamente que, a juicio de la Presidencia, la votación es mayoritariamente ahorita en el sentido de no aceptar las 5 propuestas que presentó el diputado Álvarez Maynez, pero que entonces escuchemos a los 5 oradores que están enlistados estrictamente para el 29.
Y luego también, espero que no haya objeción en que para evitar dudas sobre el resultado de la votación, si se admite a discusión o se admiten a discusión las propuestas de modificación del 29, abramos el tablero electrónico para votar estrictamente el 29. Bien, entonces lo haremos así y gracias por su confianza y comprensión.
Tiene ahora entonces la palabra el diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar propuesta de modificación al artículo 29.
El diputado César Flores Sosa: Con permiso de la Presidencia. El día de hoy queremos mandar un mensaje muy claro a la sociedad mexicana. Acción Nacional está a favor de que todo ciudadano tenga acceso pleno a la información pública de carácter patrimonial, fiscal y de interés de los servidores públicos.
En el PAN hicimos nuestra la exigencia de la sociedad civil para impulsar una iniciativa de Tres de Tres como pieza fundamental del sistema nacional anticorrupción. En congruencia, nuestros compañeros senadores del PAN defendieron a capa y espada esta iniciativa y hoy nos corresponde a nosotros hacer lo propio en esta tribuna.
Sin embargo lo voy a decir con todas sus letras, hay un grupo mayoritario de senadores y diputados, que le han dado la espalda al ciudadano, un grupo de legisladores que han desconocido la iniciativa suscrita por más de 630 mil ciudadanos que hoy la rechazan con la forma tramposa en nombre del derecho a la privacidad. Es un insulto para el pueblo de México que la primera iniciativa ciudadana propuesta por una sociedad civil organizada en la historia de nuestro país, sea ignorada por el Congreso de la Unión.
Queremos dejar plena constancia de esta gran atrocidad pactada por el PRI y el Verde Ecologista, con la complicidad clara del gobierno federal, para continuar solapando la corrupción a la que ha sido objeto esta administración.
En el PAN propusimos el sistema anticorrupción para acabar con este grave lastre que algunos han calificado como un problema cultural. Impulsamos medidas anticorrupción porque queremos que el ciudadano recobre la confianza en sus gobernantes, en sus servidores públicos, en la democracia. Impulsamos este conjunto de leyes y reformas porque estamos contra la corrupción, la corrupción como una forma de gobierno, porque estamos en contra de que tienen la obligación de servir y solo sirven para servirse sus intereses y su beneficio propio.
En el PAN, estamos convencidos que la iniciativa Tres de Tres es muy valiosa y muy útil para investigar e indagar presuntos actos de corrupción. La iniciativa Tres de Tres tiene el propósito de ayudar a transparentar la gestión pública y el ejercicio de gobierno para disuadir a los servidores públicos a cometer actos ilícitos. Es por ello que el PAN presenta estas reservas al artículo 29, porque rechazamos una Ley Tres de Tres descafeinada, porque rechazamos que el Senado nos haya enviado una reforma que no recoge el espíritu de la iniciativa ciudadana...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.
El diputado Cesar Flores Sosa: Señoras y señores diputados. Acción Nacional trabajará hasta el límite de sus fuerzas y capacidades para que México cuente con un sistema anticorrupción robusto, fuerte y eficaz para prevenir –aunque les duela– y combatir el problema social de la corrupción.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.
El diputado Cesar Flores Sosa: Acción Nacional dice que no. No, señores, no a la simulación del PRI y del Verde. Vamos con todo, vamos con todo a aprobar la iniciativa 3de3, pero como la propusieron las organizaciones civiles y el resto de la ciudadanía.
En el PAN estamos del lado de los ciudadanos. En el PAN estamos a favor de un México sin corrupción. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD. Les pido que hagamos el esfuerzo de respetar los tiempos acordados y establecidos.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que el proyecto de dictamen a discusión contiene en su artículo 29 una serie de perversos candados que obstaculizan el proceso para que se conozca la situación patrimonial de los servidores públicos, al establecer un registro restringido al escrutinio ciudadano con versiones censuradas y limitadas sobre la información patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.
Nosotros consideramos que el dictamen como se presenta no satisface las expectativas ciudadanas que exigen transparencia a sus gobernantes. El registro debe ser público a efecto de reflejar y hacer visible a la ciudadanía la situación patrimonial, la manifestación de sus intereses, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, las responsabilidades derivadas de sus actos y omisiones. Todo esto debe reflejarse en los formatos originales de la iniciativa ciudadana y estar sujetos a la máxima publicidad.
Quienes defienden la opacidad en este tema tienen nombre, tienen apellido y tienen partido. Y escudándose en la posible afectación de la vida privada de los servidores públicos atrofiaron la esencia de la ley 3de3.
Vida privada como concepto establecido en el artículo 29 es sumamente ambiguo y no aporta claridad y certeza en el objeto de la ley, lo cual incrementa el riesgo de litigio y la impredictibilidad de las sentencias.
Incontables argumentos fueron esgrimidos por algunos en el Senado que sólo demuestran la falta de voluntad para realmente combatir a la corrupción. Fue absurdo lo que vimos en el Senado.
Es obligado tener un registro adecuadamente diseñado que sirva como herramienta eficaz para sancionar faltas administrativas, fiscalizar el ejercicio de recursos públicos y detectar y desarticular redes de corrupción.
En los términos que propone el dictamen, este registro se queda corto, cortísimo al perseguir tales objetivos. Seamos sinceros, no estamos ante una imposibilidad jurídica, técnica o económica, lo que desfiguró la iniciativa tres de tres, es el temor de que el pueblo sepa lo mucho que tienen unos pocos y que lo han hecho desde el poder y eso los atemoriza.
Nosotros pretendemos recoger el espíritu original de la propuesta presentada por las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos más de 634 mil ciudadanos en este ejercicio histórico, y repito, histórico de participación política. Nosotros sí seguiremos dando la batalla.
Por eso, es indignante que se justifiquen en unos supuestos impedimentos de ley en materia de transparencia, no se las compramos. Es inconcebible que estas sean las cuentas que rindamos a la sociedad, pero que cada quien asuma esas consecuencias.
No cabe duda que no entienden, que no entienden. El sistema de complicidades y corrupción con ustedes o sin ustedes tiene sus horas contadas. Nunca podrán decir que aprobaron la tres de tres, lo que hicieron fue proteger sus fueros y privilegios en el un, dos, tres, por mí y todos sus compañeros. Una vez más de no considerar su postura, le habrán fallado al país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nava.
Tiene ahora la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar propuesta de modificación también al artículo 29. Adelante, diputada, luego lo felicita o se felicitan mutuamente.
La diputada Maricela Contreras Julián: Presidente, compañeros, estos días hemos discutido mucho y hemos hablado mucho sobre combatir la corrupción, sobre no permitir la impunidad, abonar a la transparencia y la rendición de cuentas, pro al final a la hora de tomar las decisiones todo se queda en palabras y se rehúye al concretarlo en las obligaciones para todas las personas que ejercemos cargo público. Se ha adelgazado, casi desaparecido, lo que fue la propuesta original de las sociedades civil 3 de 3 y a la que muchos diputados, aunque somos la minoría, nos hemos atenido a ella.
No se trata de empecinarnos en un tema particular, como es la obligación de las y los servidores públicos de poner a disposición de la sociedad nuestras declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses. Se trata de dar el ejemplo de ser los primeros en decirle a la sociedad que no tenemos nada que ocultar; que ejercemos nuestra actividad con base a los valores de la honestidad, la ética, el profesionalismo, y sobre todo alejados de cualquier conducta ilícita.
¿A qué le tememos, compañeras y compañeros? El cambiar el espíritu de la iniciativa ciudadana que se presentó en el Congreso de la Unión, la primera de hecho en este tipo, tan solo representa el menosprecio a la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones, no que hablamos de un Congreso abierto, representa un verdadero miedo a que la ciudadanía participe con nosotros en los esquemas institucionales donde se define el rumbo de las políticas y de las leyes.
Hay un doble discurso por parte de las legisladoras y de los legisladores que se oponen a hacer públicas las tres declaraciones: pues por un lado dicen estar dispuestos con el combate a la corrupción y la transparencia, y por el otro escatiman en la máxima publicidad de las declaraciones o bien ni siquiera tienen el mínimo interés de presentar sus 3 de 3. Esta es la realidad.
De 500 diputados y diputadas tan solo 127 lo hemos hecho, mientas que de 128 senadores y senadoras han sido 23, solo 12 gobernadores de 32; además 222 funcionarios de los gobiernos estatales, 28 presidentes municipales, 61 diputados locales y solo un integrante del gobierno federal. Tan sólo 474 personas que tienen una función pública y esa es la triste realidad.
¿Con qué cara entonces van a votar, con qué cara se van a oponer? Este Congreso de la Unión está desperdiciando la oportunidad de dar un claro mensaje para atacar los enriquecimientos ilícitos, el desvió de recursos, no solapar corruptelas, no fomentar la impunidad y ser un claro ejemplo de combatir la corrupción.
De manera lamentable esto no se entiende y se sigue manteniendo en la Ley General de Responsabilidad Administrativa esquemas de impunidad y discrecionalidad. El colmo de los colmos es que mientras se niegan a hacer públicas las tres declaraciones, se les faculta a los titulares de los órganos internos de control para indultar de manera discrecional a los servidores públicos que hayan cometido faltas graves, sin ningún criterio...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vaya concluyendo, diputada, por favor.
La diputada Maricela Contreras Julián: Ya se han dicho en esta tribuna, hay que ser congruentes, sin embargo no se puede esperar mucho si la corrupción, la impunidad y esa tradición de abusar del erario público es parte de la formación política de la clase en el poder.
Para terminar. Por ello presentamos esta reserva al artículo 29 que rescata el espíritu de la iniciativa ciudadana y propone hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, serán públicas salvo los datos que sean estrictamente personales protegidos por la Constitución. No votaremos por esta ley si no incluye esta reforma. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras.
Tiene ahora la palabra el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 29. Y les insistimos en que se ciñan en los tiempos que hemos acodado. Adelante, diputado.
El diputado Sergio López Sánchez: Gracias, presidente. Con su permiso, diputado presidente y compañeras y compañeros diputados. Hoy presento ante esta soberanía la reserva al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La corrupción se volvió un uso y costumbre en la práctica del ejercicio público en los distintos niveles de gobierno y en sus más diversas acepciones. Para la sociedad ver en vivo la decadente y tibia respuesta gubernamental frente a evidentes y sonoros casos de corrupción, además de generar preocupación despertó indignación que en los hechos se transformó en acción organizada.
Es así que, como consecuencia del trabajo de la propia sociedad civil organizada y de la mano de quienes creemos en la transparencia, surge la denominada Ley 3 de 3, una propuesta valiosa de la sociedad, donde exige que sus gobernantes y funcionarios publiquen y hagan transparente el ejercicio de su patrimonio. Una verdadera llamada de atención del colectivo social indignado por las innumerables e inmensas fortunas que se han amasado por cuenta del erario.
Las y los mexicanos ya estamos hartos de ver cómo la clase gobernante ha hecho de la corrupción un modo de vida. La corrupción en México es un mal tan antiguo; sin embargo, rechazamos la versión de que es genética o cultural, sabemos que sus raíces son profundas, lo que le ha vuelto un fenómeno en extremo resistente y, por ello, difícil de vencer. Esta es la razón por la que ante un problema radical es preciso implementar soluciones radicales.
La Ley 3 de 3 es eso, el inicio de un nuevo pacto social entre lo público y lo privado, es saldar una deuda de años con nuestro representado. Establecer este nuevo pacto social a partir de la aceptación total y absoluta de la propuesta ciudadana, enarbolada por más de 600 mil ciudadanos, que promovieron la Ley 3 de 3, implica que no podemos escatimar ni limitar su derecho a conocer del ejercicio y comportamiento en sus bienes y en el de quienes así sean familiares, se presten para ocultar y manipular la información del servidor público en un caso de enriquecimiento ilícito, como consecuencia del ejercicio abusivo de facultades.
Es por ello que insistimos en declaraciones completas, tanto patrimonial, de intereses y fiscal, públicas y sin escatimar o buscar bajo el argumento de la protección constitucional de datos, que cierta información deberá ser ocultada a una sociedad que ya es inmune a pretextos y artilugios legales.
Una sociedad harta e intolerante a la corrupción merece que no nos ocultemos detrás de las cortinas de la Constitución, poniendo candados y protecciones para proteger a los inocentes funcionarios que robaron poquito o robaron mucho, pero que robaron.
En el sistema nacional anticorrupción los privilegios deben ser para los ciudadanos y no para los funcionarios. Debemos entender el mensaje de la ciudadanía, que está harta del diseño institucional y legal de Estado de excepción, lo ideal es que la gente sepa que cada peso, cada centavo y cada bien de un funcionario, lo posee porque se lo ganó y no porque se lo quedó.
Compañeras y compañeros diputados, en esta Cámara estamos aún a tiempo de corregir la plana a los senadores que votaron en contra de la máxima publicidad de las tres declaraciones, seamos conscientes del momento histórico en que vivimos y atendamos el clamor ciudadano que nos dio su voto de confianza para legislar en contra de la corrupción. Vayamos por un 3 de 3 completo y en los términos de la iniciativa ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos la modificación para quedar como sigue: Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses serán públicas, para tal efecto el comité coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López.
Tiene ahora la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, quien debo decirlo había solicitado, había hecho reservas a los artículos 29, 50 y 78, pero en aras de contribuir al debate, de centrarnos en el artículo 29 lo hará sólo refiriéndose a ese y declinará la presentación de propuestas a los artículos 50 y 78. Adelante, diputada Torres.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, Encuentro Social es un partido de ciudadanos, que pretende ser la voz de los que no la tienen, buscamos conciliar la actividad política con los principios y valores éticos. Es por ello, que el Partido Encuentro Social reservará el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de que sea el Comité de Participación Ciudadana el que envíe al comité coordinador los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés.
Por lo tanto, se propone la siguiente redacción del artículo 29, las declaraciones patrimoniales y de intereses serán publicadas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales, protegidos por la Constitución.
Para tal efecto, el Comité de Participación Ciudadana enviará al comité coordinador los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
Al señalar que se envía, no se deja al arbitrio del comité coordinador su definición, sino será la ciudadanía la que lo haga, al eliminar la referencia a propuesta. Si los ciudadanos quieren sumar trabajo y esfuerzo, debemos abrirles ese espacio.
Los diputados de mi grupo parlamentario somos los primeros interesados en que se avance en materia de rendición de cuentas y con esta propuesta se dará la claridad y transparencia que la sociedad hoy nos demanda.
Esta generación de legisladores estamos convocados estar a la altura de la expectativa de la gente que sigue confiando en la política. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres.
Tiene ahora, por último, la palabra en este rubro de presentación de propuestas al artículo 29, el diputado Herminio Corral Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Herminio Corral Estrada: Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las y los diputados. Sin lugar a dudas, amigas, amigos, el sistema nacional anticorrupción y todo este andamiaje legal constituye un gran avance en la lucha contra este cáncer de la corrupción y la búsqueda también de un país más ciudadano, más democrático, más justo, más transparente, un México de rendición de cuentas.
Durante muchos días, muchos meses y hoy durante muchas horas hemos escuchado en cada discurso, en cada participación, con diferentes tonos y con diferentes colores la palabra corrupción.
Todos aceptamos que México tiene un problema grave, tiene un problema fuerte que se llama corrupción.
Sin embargo, amigas y amigos, pareciera que aquí no logramos dar ese estoconazo final. Pareciera que no escuchamos la voz de cientos de miles de mexicanos que nos han expresado, que nos han gritado, que nos han reclamado que quieren un México, que quieren legisladores, que quieren servidores que puedan mirar de frente a los mexicanos.
Esto es necesario traducir estos discursos en hechos. Esto es necesario escuchar a la gente, a los ciudadanos y a la sociedad organizada que nos dice que no quieren más México de corrupción, que no quieren más México, más funcionarios que simulan. Y hoy por eso a ti mexicano te lo decimos, en el PAN y en esta máxima tribuna: estamos de tu lado, estamos en esta lucha. Y hoy quiero llamar justamente a todos quienes están en pro de los mexicanos, para no poner oídos sordos a ese grito de hartazgo que no quiere más políticos que roban el dinero de los mexicanos y que se pasean cínicamente por las calle, o bien, se van a otros países.
Por eso, amigas y amigos, presentamos esta reserva al artículo 29, para que sin ninguna excusa, sin ningún candado, sin ninguna condición, sin ninguna trampa, sin ninguna maña, sin ninguna cláusula pueda darse esta declaración pública Tres de Tres, incluyendo por supuesto la declaración fiscal en los términos que la población nos demanda.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.
El diputado Herminio Corral Estrada: Amigas y amigos, es el momento de la verdad. Es el momento de que esta votación se lleve a las calles, que la ciudadanía nos vea y nos vea de frente. Que la ciudadanía señale a quienes ponen trabas para ver ese México transparente y ese México justo.
Los invito de verdad a darle respuesta a esta demanda, no de ustedes, no nuestra, sino de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Corral.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría instruir para que se abra el sistema electrónico para recoger la votación de la asamblea sobre su decisión de si se admite a discusión las propuestas de modificaciones presentadas al artículo 29, por diversos participantes. Por tres minutos, por tres minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal, si se considera...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Si se acepta a discusión lo referente al artículo 29, en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 209 votos a favor, cero abstenciones, en contra 228 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. Tiene ahora la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación al artículo 27.
Antes, diputada Gissel García, sonido en la curul del diputado Murillo. ¿Con qué propósito, diputado?
El diputado Alejandro González Murillo (desde la curul). Señor presidente, si nos da permiso todavía de votar –estábamos en una reunión–, si nos autoriza la votación del Partido Encuentro Social.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya se cantó la votación. Se registra de todas maneras para efectos del Diario de los Debates pero la votación ya está decidida. Adelante, diputada García, por favor. Les pido calma, tranquilidad, sosiego. Ya vamos a entrar a la recta final de esta larga sesión. Se entiende que estén los ánimos caldeados, pero no los caldeemos más. Adelante por favor, diputada. Continúe, diputada; adelante por favor.
La diputada Cynthia Gissel Soberanes García: Con su venia, señor presidente. Hoy logramos establecer lineamientos precisos para que México transforme su lado gris, se elimine la corrupción, la opacidad y la mala gestión gubernamental.
Vaya, vaya, vaya que tienen un gran dolor. Vaya, pero ni siquiera me dejaron concluir.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le pido a la asamblea que respeten a la oradora en turno, la escuchemos con atención, y que se desahoguen las pasiones políticas de otra manera o en otro momento. Adelante, diputada, por favor.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Puedo volver a empezar.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputada, por favor.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Hoy logramos establecer lineamientos precisos para que México transforme su lado gris, se elimine la corrupción, la opacidad y la mala gestión gubernamental.
La ciudadanía expresó su voluntad de que nuestros servidores públicos y todos aquellos que manejen recursos públicos, sean transparentes y rindan cuentas. En eso se centró la esencia de la ley tres de tres aunque no se haya incorporado en su esencia.
En un afán de fortalecer esa transparencia, vengo a esta tribuna a proponer una reserva para lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en un punto muy concreto y preciso como lo es la declaración anual de impuestos.
Propongo que en lo relativo a la declaración anual de impuestos, se especifique que sea la del ejercicio fiscal que antecede al cumplimiento de esta obligación, ya que no lo precisa en la redacción propuesta por el proyecto de decreto y considero debe puntualizarse.
Estoy convencida que si somos específicos en lo que corresponde a las obligaciones de los servidores públicos y su compromiso en la rendición de cuentas, abonaremos a que la transparencia sea eso, claridad en la gestión de gobierno para que en un corto tiempo hablemos en esta Cámara de Diputados de mejores resultados para México, que se logre transformar la mala imagen que damos al exterior y fortalezcamos al interior su accionar.
Hoy, la meta no es solo oír experiencias que soñamos o deseamos, sino estar listos para aprender de ellas y diseñar políticas públicas útiles para México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputados y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Por la negativa –perdón. Negativa perdón.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, vuelva otra vez a decir cuál fue el resultado de la votación para evitar malas interpretaciones.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Yo sé que el secretario tenía ganas de que se acepte alguna cosa a discusión, pero bueno.
Tiene ahora la palabra –taca, taca, taca, tan, aquí está– la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar propuesta de modificación al artículo 32.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. A ver, mire, diputada, nada más, hace varios minutos estaba en turno la diputada Murguía y pidió que esperáramos unos momentos porque estaba haciendo allí posibles propuestas de conciliación y desde que estábamos ya en la discusión del artículo 29 me hizo del conocimiento de que ya estaba lista y entonces entramos aquí.
De cualquier manera después de que ella participe, como hay dos oradores, entre ellos usted, la diputada Damián y el diputado Castro, en el sentido también del artículo 32, les voy a dar la palabra consecutivamente, como lo hicimos con el 29; y luego consultaremos si se admiten a discusión propuestas de modificación al artículo 32, para que tengamos piso parejo para todos. Adelante, diputada Murguía, por favor.
La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿cuál es el objeto del 3 de 3? Mejorar los instrumentos de rendición de cuentas para combatir la corrupción en la impunidad.
Y la corrupción es un problema tan grande en México que 630 mil personas presentaron la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, la llamada iniciativa 3 de 3. Acción Nacional la hizo suya, la aprobó y la impulsó.
Hoy Acción Nacional formula reserva del artículo 32, incisos B y C; y del último párrafo de este; y del artículo 33, inciso B de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por considerar que provocan incertidumbre y confusión.
Las disposiciones que hoy se reservan tienen como objetivo obligar a los particulares, personas físicas o morales a presentar declaración patrimonial y de intereses como si fueran funcionarios públicos cuando reciben y ejerzan recursos públicos, o bien cuando celebren contratos de cualquier tipo con la Federación, los estados y los municipios.
Aún y cuando el reclamo social busca la transparencia y la rendición de cuentas, tanto para servidores públicos como para particulares, consideramos que estas reformas son improcedentes por lo siguiente.
Primero. La reforma se introduce en la Ley de Responsabilidades que regula a los servidores públicos. Estas personas no tienen tal carácter.
La redacción es tan deficiente y ambigua que en sus términos quedarían obligados a presentar declaraciones patrimonial y de intereses cualquier trabajador en lo general, sin distinguir ni nivel ni rango jerárquico, directivos, funcionarios, albañiles, personal de limpieza, subcontratistas, electricistas y aún más, incluso becarios, adultos mayores, prestadores de servicio social, beneficiarios de programas sociales.
Esta imprecisión por absurda abre la puerta a medios jurídicos de impugnación que dejarían sin efecto y hacen inoperante el propósito de la reforma.
Incluso el artículo 33, apartado B, llega al extremo de que los particulares tengan que presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses para cada contratación que lleven a cabo, al inicio y al final.
Es por ello que la fracción parlamentaria de Acción Nacional presenta la reserva de estos artículos con el propósito de implementar de manera eficiente la aplicación del sistema nacional anticorrupción, que es nuestra convicción, nuestro compromiso con la sociedad y con México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Murguía.
Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al mismo artículo 32, como ya lo habíamos anunciado.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, señor presidente. Detrás de un gran corrupto hay un gran corruptor, y ése está entre los privados y las empresas.
Les digo a los empresarios: si quieren erradicar la corrupción, dejen ustedes de promoverla, dejen ustedes de apoyar a candidatos que saben son corruptos. Muchos de los que están sentados aquí recibieron recursos ilícitos, con la promesa de que los apoyarían a conseguir negocios jugosos. Ahora les piden ser honrados y transparentes.
Si la sociedad está harta de los corruptos, la invito a no apoyar a los partidos que han mostrado serlo.
Estas ONG, académicos, periodistas, corifeos del poder, ahora le piden al gobierno y funcionarios que no sean corruptos, cuando callaron ante actos de corrupción en elecciones, como el haiga sido como haiga sido, así como el presidente de Televisa.
Sí se requiere que los privados muestren que sus recursos no son ilícitos y que declaren, pero está mal planteado el artículo 32, por lo que propongo su reforma a los incisos b) y c).
Como está redactado, los pobres, los realmente pobres adultos mayores que reciben dádivas del Oportunidades, del programa de 65 y Más, 580 pesos al mes por parte del gobierno, tendrían que realizar su declaración patrimonial, ¿qué declararían? Cacharros viejos, ropa usada de segunda mano y un techo de lámina regalado a cambio de su voto en la última elección.
Morena es el único partido con políticas y políticos honestos. No solo la pobreza... –Silencio, estoy hablando–. No solo la pobreza, también una buena proporción de la violencia en este país se debe a la corrupción.
Les invito a los empresarios a que presenten su 3 de 3. El primer punto es buenos salarios y prestaciones justas; el segundo punto es el pago de impuestos correspondiente y sin que estén las devoluciones indebidas, cero pago de moches y, por último, que se comprometan a conservar el medio ambiente a través de sus empresas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián.
Tiene ahora la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar igualmente propuestas sobre el artículo 32.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: La reserva que quiero presentarles va para agregar un inciso d) en el mismo artículo 32, para que los candidatos para un puesto de elección popular estén obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses antes de iniciar sus campañas.
Esta reserva va enfocada para que aquel que quiera ir por un puesto de elección popular o representar a los ciudadanos en algún cargo de elección popular, estén obligados a rendir cuentas antes de iniciar su campaña.
Imagínense qué importante sería, seguramente los ciudadanos nos podrán decir, que podamos saber que el gobierno pueda investigar a un candidato que se le encuentran casas en Nueva York, Miami o en cualquier lugar, imagínense qué importante sería y que, sobre todo, no las haya presentado de manera legal, imagínense qué importante sería para los ciudadanos para tomar una decisión sobre qué político es honesto, es austero y que le rinde cuentas a los ciudadanos.
Entonces, esta reserva va enfocada a que podamos saber que los candidatos de elección popular antes de iniciar sus campañas puedan presentar su declaración patrimonial. En nuestro caso no tenemos ningún problema porque esta reserva vaya en sentido positivo, pues porque nosotros no tenemos más que un bien, que es primero nuestra forma de pensar y también lo que honradamente nos ganamos representando a los ciudadanos, y que además, nosotros en Morena renunciamos a la mitad de ese salario.
Entonces, yo les pido que como representantes populares pongamos el ejemplo de austeridad y además, de decir la verdad a los ciudadanos. Ya no queremos más simulaciones, los ciudadanos quieren ir al fondo de la corrupción. Sabemos que con esta ley no se va al fondo de la corrupción política sino nada más es un maquillaje para un poco remediar la corrupción administrativa de funcionarios menores.
Vamos al fondo en el tema de la corrupción política y eso lo vamos a ver con el mandato de los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación al artículo 32.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Evidente la votación. La Presidencia respalda la percepción y lectura de la Secretaría, y por lo tanto se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá para presentar propuesta de modificación al artículo 61.
El diputado José Guadalupe Hernández Alcalá: Buenas noches. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario está comprometido en impulsar a fondo el rediseño de nuestro marco institucional en materia de rendición de cuentas, de fiscalización, de transparencia y de combate a la corrupción.
Por ello, consideramos fundamental que con el propósito de que se cuente con un diseño más completo de las disposiciones que estamos discutiendo sobre la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular del artículo 61 que tiene una relación directa con el tráfico de influencias, consideramos que se deben incluir otros supuestos jurídicos en los que puede incurrir cualquier servidor público, como son los siguientes: los grados de parentesco del servidor público, de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.
Que el servidor público reciba, acepte bienes inmuebles o muebles, valiéndose de operaciones ventajosas o que obtenga beneficios producto de la celebración de contratos de obras públicas, de adquisiciones, de arrendamientos o de cualquier prestación de servicios.
Estas modificaciones deben ser consideradas, toda vez que perfeccionarían con toda precisión los casos concretos en los que cualquier servidor público puede incurrir en tráfico de influencias; lo cual es uno de los más graves problemas de corrupción que han dañado la imagen pública del actual gobierno que, como todos sabemos, se ha vinculado en el ramo de la construcción a empresas como OHL, o las numerosas propiedades de muchos funcionarios federales de primerísimo nivel que se identifican claramente como pago generoso por servicios prestados.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, los exhorto a que dignifiquemos la política. Que esta soberanía hoy en día nos ayude apoyando estas modificaciones que propongo de cara a las y los mexicanos, para que tengamos mayor credibilidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Angie Dennise Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 64 y 91.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Muy buenas noches. Reiteradamente las autoridades responsables de la prevención e investigación de las faltas administrativas y delitos justifican la impunidad, trasladando la ineficacia de las instituciones al culpar a los ciudadanos por falta de denuncia.
Reiteradamente se invita a la ciudadanía a denunciar. Sin embargo en materia penal los ciudadanos refieren su temor a denunciar porque consideran que los delincuentes se encuentran coludidos con autoridades o con las policías investigadoras.
De manera similar en materia administrativa, los servidores públicos insertos en un sistema jerárquico burocrático que hace en los hechos que su permanencia y desarrollo dependa más de sus méritos que de sus relaciones con los jefes en turno. Temen que al denunciar una falta administrativa del superior jerárquico, obtengan, como consecuencia, no el reconocimiento por cumplir con su deber de informar la conducta irregular sino que obtengan el cese o el despido de su trabajo.
Establecer medidas de prevención a testigos y denunciantes es querer dar viabilidad al sistema nacional anticorrupción y su Ley General de Responsabilidades, es dar muestras de confianza y de otorgar medidas de seguridad a los denunciantes que se atreven a señalar las conductas indebidas, los abusos de funciones, las invitaciones restringidas a modo, las elaboraciones de base de licitaciones, el nepotismo, el cohecho, el conflicto de intereses.
La iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades que todos conocemos como Ley Tres de Tres, estableció dos artículos para la protección de testigos y denunciantes de los que hoy el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano retomamos para incorporarlos y con ellos fortalecer el marco legislativo que está dando nacimiento al sistema nacional anticorrupción.
Con esta reserva proponemos modificar los artículos 64 y 91 para quienes denuncien actos de corrupción o sean testigos de los mismos. Estos sean protegidos en sus datos personales y familiares, se resguarde su integridad física, personal y familiar, reciban medidas de atención prioritaria y sea protegida su fuente de empleo o trabajo. Esperamos que esta reserva sea aprobada para fortalecer el sistema nacional anticorrupción y darle viabilidad y sobre todo para proteger a quienes denuncian la corrupción y desean cambiar este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hauffen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 38 y 74.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con su venia, señor presiente. Buenas noches. Decía don Emilio Portes Gil, exgobernador de Tamaulipas, expresidente de la República y fundador de partidos, que en este país cada sexenio salen del gobierno comaladas de millonarios. Así lo dijo una vez don Emilio; algo habrá visto.
Ha pasado el tiempo, se han agotado los sexenios, hemos tenido ya el advenimiento a la democracia. Ha habido alternancia en el poder y siguen en cada sexenio flotando comaladas de millonarios tanto del gobierno federal como del gobierno de cada una de las 32 entidades federativas, y agregaría yo: Cada tres años de los gobiernos municipales.
No voy a redundar en los cuestionamientos a esta reforma que sigo pensando que es tibia, hay que mejorarla en lo que todavía se puede. Tampoco voy a expresar una vez más mi preocupación por la falta de cumplimiento a las leyes.
Simplemente, compañeros, quiero presentarles con mucho respeto a nombre propio y de la fracción a la que tengo el honor de pertenecer dos propuestas de reforma, dos propuestas que hemos reservado para mejorar todavía el entorno jurídico.
Una de ellas es del artículo 38 de esta Ley de Responsabilidades a través del cual pretendemos que en vez de que solo el titular de cada secretaría pueda pedir la información patrimonial de los funcionarios, lo deba hacer el titular de la unidad de control. Pensamos que es más adecuado. El secretario de alguna manera es parte, a favor o en contra, así que abonaríamos a la imparcialidad del sistema y a una mayor justicia si dejamos la facultad de pedir información en manos de los titulares de las unidades de control.
La segunda propuesta es muy importante, es sobre el 74 de la ley. La verdad el tiempo de prescripción es muy estrecho. Acuérdense, compañeros, el dinero del pueblo es sagrado, nadie lo debe tocar en su beneficio, y aquí se está perdonando con una prescripción de tres años y de siete a los delito son graves y a los graves.
De tal manera que los diputados de Movimiento Ciudadano –insisto– con respeto y con sensatez y apelando a su sensatez proponemos que se eleve el máximo de prescripción a cinco y a siete años para que cada quien reciba su merecido.
Aprobando esta propuesta lograremos que en este país cada sexenio haya menos millonarios brotados de los fondos públicos y tengamos al mismo tiempo, cada vez más ciudadanos satisfechos. Es cuanto tengo que decir, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Tamez. Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario del Morena, para presenta propuesta de modificación al artículo 124.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estimen contrarios a derechos, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos.
En la propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas, se establece que podrán ser decretadas como medidas cautelares en el inciso 2o) del artículo 124 de la citada ley, la exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa, y creemos que es fundamental señalar que la exhibición no es una medida cautelar. Y repito, no es la exhibición una medida cautelar. Por lo que nuestra reserva dicta el resguardo de los documentos, el resguardo de los documentos, en razón de que podría el servidor público seguir cometiendo ilícito si sólo exhibe dicha documentación, por lo que la autoridad debe resguardarla, ello para no dejar en estado de indefensión a la parte.
El diccionario jurídico Espasa, define a las medidas como aquellas actuaciones judiciales a practicar o a adoptar preventivamente en determinados casos previstos en la ley; y a las cautelares aquellas que se pueden adoptar preventivamente por los tribunales, y estarán en vigor hasta que recaiga la sentencia firme, por lo que el supuesto de exhibición es erróneo y no figura en esta cuestión jurídica.
Por lo que esta reserva al artículo 124 precisa que la exhibición de documentos no implica que estos no sigan siendo utilizados, lo ideal y correcto jurídicamente es que sean resguardados con la finalidad de que la medida cautelar en esencia debe responder al peligro de daño que teme el solicitante, de que no se satisfaga su derecho o que este resulte infructuoso como consecuencia del tiempo que deberá esperar para obtener la tutela judicial definitiva, es decir, la mera sentencia que dicte la autoridad.
En Morena creemos que la corrupción se propaga en México principalmente por la impunidad, la discrecionalidad con la que se aplican las sanciones, la falta de transparencia que falta en este país y la ausencia de órganos con la vocación, la autonomía y las herramientas legales necesarias para combatirla.
Por ello es que para dar certeza jurídica a esta modificación solicitamos se acepte la reserva. Pero, compañeros, hemos observado que los partidos de la derecha nunca quieren dialogar, nunca quieren escuchar, y quieren salirse del tema. Para ellos, para ustedes todo está todo discutido; pero ustedes no se deben a una figura del presidente de la República, ustedes se deben al pueblo que votó por ustedes.
No se deben a un presidente de la República que enarbola la bandera de la corrupción. Corrupción que es avalada y protegida desde este recinto legislativo y que sirve como una oficina de trámite por los partidos del régimen que aprueban las reformas simuladoras llenas de complicidad en la protección de los intereses de los gobernantes corruptos que tenemos.
Qué descaro que al ser exhibidos, como la Casa Blanca y otras propiedades, desfalcos, deudas públicas en Chihuahua,...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Concluyo, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, por favor.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Concluyo, ya falta poquito. Que sacan ustedes a las fuerzas públicas para reprimir con el tolete a la sociedad que reclama justicia. ¿Saben qué significa eso? Significa miedo al pueblo. Pero en el 2018 las cosas van a cambiar.
Yo entiendo muy bien, compañero, entiendo muy bien. Si usted tiene prisa se puede salir, con todo respeto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No haga diálogos, diputado. Concluya por favor.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Termino y que tengan muy buena noche todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora por último, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación del artículo 200.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeros, agradecería infinitamente aprobaran esta reserva para combatir el mal humor que perdura en nuestra sociedad. Alguien ya lo había dicho antes.
Para el Grupo Parlamentario de Morena el paquete de leyes secundarias en materia de combate a la corrupción debería ser un claro ejemplo del empoderamiento de la sociedad civil como consecuencia de la aprobación de las mismas. Como representante de la sociedad en este Parlamento, entiendo y estoy obligada a representar no sólo a aquellas personas que favorecieron con su voto a Morena, sino a la sociedad en general. Por eso no podemos pasar por desapercibido que la naturaleza de la ley que estamos por aprobar deviene de una iniciativa ciudadana, y mucho menos que el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa el pasado 29 de marzo en una reforma constitucional para que, tanto el español como las lenguas de los pueblos indígenas sean consideradas nacionales.
Por eso la reserva que se presenta se realiza en el sentido de adicionar un párrafo al artículo 200 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que las instancias substanciadoras cuenten con personal certificado para realizar traducciones de escritos y documentos representados en dialectos o lenguas nacionales o de escritos presentados en lengua extranjera, toda vez que el texto de la ley que se menciona, que los escritos se podrán presentar en español o en alguna de las lenguas nacionales. Pero en la Constitución Política no se alude cuáles son las lenguas nacionales, siendo que la Ley de Derechos Lingüísticos establece que las lenguas que se hablan en nuestro país al igual que el español son nacionales.
Como ejemplo, quisiera saber qué sucedería si un hermano zapoteco entrega una queja en su lengua y el órgano interno de control tenga que darle cause a la demanda ciudadana.
¿Qué acaso no se le dará trámite? ¿O será causa de dilación o desechamiento por falta de traducción?
Lo que nos lleva a prever que la Secretaría del ramo tenga claro que por esta circunstancia está obligada a traducir.
Es así que se propone la presente reserva, para que por falta de traducción no queden impedidas las instancias substanciadoras de dar trámite a los asuntos que les son turnados y así cumplir con un derecho de todo mexicano: comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cuales quiera otras. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata.
Consulta la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). La mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo particular de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 46, 50, 54, 57, 61, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 88, 89, 91, 117, 119, 123, 124, 125, 128, 132, 200, 208, 210, 222 y 223, 47 en total, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados, en términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico por si algún diputado o diputada falta de emitir su voto, está a punto de cerrar.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 241 votos a favor y 212 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados ordena que antes de que se remita al decreto del Ejecutivo federal se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por el pleno.
Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes de la Comisión de Justicia.
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Acuerdo.
Primero. Los órganos colegiados no dictaminadores creados mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituyen las comisiones especiales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, estarán conformados hasta por 15 integrantes, distribuidos en la siguiente proporción: PRI, 5; PAN, 3; PRD, 2; Partido Verde, 1; Morena, 1; MC, 1; Nueva Alianza, 1; PES, 1.
Segundo. Cada comisión especial contará con tres secretarías, una por cada uno de los tres grupos parlamentarios con mayor número de legisladores. No obstante lo anterior, la Junta de Coordinación Política podrá acordar que cualquiera de los otros grupos parlamentarios cuenten con una adicional.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de junio de 2016. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pregunte si se aprueba.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (22:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 17 de junio a las 11 horas. Buena noche.
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