Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 1 de marzo de 2016

Apertura

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De diputada, con retiro de iniciativa; de la Segob, con informe; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; de la Secretaría de Hacienda, con informe; del Consejo Nacional de Administración Contable; de la Cámara de Senadores, con pronunciamiento y devolución de minutas; solicitud de licencia; y del Congreso de Veracruz, con iniciativa

Iniciativas

Yulma Rocha Aguilar, PRI

Luis Gilberto Marrón Agustín, PAN

Julio Saldaña Morán, PRD

Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM

Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena

María Elena Orantes López, PMC

María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA

José Alfredo Ferreiro Velazco, PES

Liborio Vidal Aguilar, PRI

Claudia Sánchez Juárez, PAN

Arturo Santana Alfaro, PRD

Ignacio Avendaño Bermúdez, PVEM

Concepción Villa González, Morena

María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC

Francisco Javier Pinto Torres, PNA

Evelio Plata Inzunza, PRI

Kathia María Bolio Pinelo, PAN

Natalia Karina Barón Ortiz, PRD

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena

Refugio Trinidad Garzón Canchola, PMC

Dictámenes

Declaratoria de publicidad

Por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración; y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, fundamentación

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

Votación del dictamen por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración

Votación del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Migración

Proposición

Rafael Yerena Zambrano, PRI, que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que formule el proyecto de norma oficial mexicana, relativa al estrés laboral

Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA, que exhorta a la SEP a invitar a un representante de los trabajadores a participar en los grupos de trabajo relacionados con el Fondo de Aportaciones Múltiples

Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones

Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 319 diputadas y diputados, por tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:36 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes, diputada secretaria, sonido en la curul del diputado Zamora, por favor. Sí, diputado, con qué objeto.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de que si usted lo considera prudente se incluya en el orden del día un punto de acuerdo para revisar lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, tomado el día de ayer por ejidatarios de los ejidos del Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, en el municipio de Zúñiga, para que se les indemnicen las tierras que están ocupadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Con todo respeto, diputado Zamora, yo le sugeriría atentamente que pudiera usted dirigirse a la Junta de Coordinación Política para que con apego a lo que se señala en el Reglamento nuestro en el artículo 65, numeral 2, pueda, de así considerarlo la Junta, incorporarlo en el orden del día. Es un tema desde luego importante. Gracias.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul de nueva cuenta, la curul del diputado Zamora, por favor. Ahí está.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Sí, señor presidente, muchas gracias por la recomendación. Lo haré de esa manera y a través de nuestro coordinador del grupo parlamentario vamos a hacer válida su recomendación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió oficio de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, por el que se solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 31 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada el 8 de octubre de 2015.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-diciembre de 2015.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de diversas autoridades 12 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento y a los promoventes.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite el informe sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, correspondiente al segundo semestre de 2015.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Competitividad y de Economía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio del Consejo Nacional de Armonización Contable, con el que remite el Informe Anual de la Armonización Contable en México 2015, en el que se incluyen las recomendaciones pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite pronunciamiento en conmemoración del Día de la Bandera.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron 4 oficios de la Cámara de Senadores, con los que se devuelven para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional las siguientes minutas.

1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo.

2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

4. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnense a la Comisión de Energía, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió solicitud de licencia del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se devuelve minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio del Congreso del estado de Veracruz, con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de presentación de iniciativas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54 y 59 de la Ley General de Educación.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de esta Presidencia. La educación en México se encuentra garantizada en nuestra Carta Magna. El reconocimiento de todo individuo a recibir una educación de calidad por parte del Estado.

En el rubro de la educación en México, los particulares también tienen la posibilidad de impartir educación en todos sus tipos y modalidades que la autoridad responsable le otorgue a través de autorizaciones o del reconocimiento de validez oficial de estudios en los planteles particulares.

Y es el reconocimiento de validez oficial de estudios el que se otorga a las escuelas particulares para ofrecer planes y programas de estudios registrados ante la autoridad y se otorga mediante solicitud y cumplimiento de los requisitos mínimos indispensables que marca la ley en cuanto a profesorado, instalaciones, planes y programas.

El derecho positivo regulado hasta este momento, considero, es perfectible. La norma se ha vuelto laxa en este rubro y actualmente se les permita a los particulares comenzar a operar y a trabajar sin el reconocimiento de validez oficial antes mencionado, limitándose el particular solamente a mencionarlo en su publicidad o en su documentación.

Así pues, el particular, con el solo hecho de mencionar que su registro está en trámite, inspira la confianza del educando para ingresar a dicho plantel educativo y a cursar determinado nivel. El hecho de estar en trámite dicho reconocimiento no garantiza que éste se va a otorgar, ya que esto depende del cumplimiento mínimo de los requisitos que marca la ley.

Ante esto se carece de la posibilidad de obtener por ejemplo su título o cédula profesional y es más grave para el caso de los estudios relacionados con profesiones que requieren cédula profesional para su ejercicio, además de que se carece de la posibilidad de obtener una equivalencia de estudios que les permita continuar en otra institución.

Esto es un crimen contra los jóvenes y contra sus familias que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en su preparación académica, y que ven truncados sus sueños y sus planes de vida. La educación particular es muy importante en nuestro país, y ayuda al Estado a su obligación en la prestación de los servicios educativos, y hay grandes ejemplos de éxito de ello en nuestro país.

Sin embargo, también las hay de escuelas basadas en el engaño, donde no hay compromiso educativo ni tampoco calidad, donde sus principales fines son de tipo lucrativo y ahora más recientemente fraudes educativos con fines políticos y electorales. Ahí es donde consideramos debe intervenir y actuar la autoridad educativa para hacer valer y defender el derecho a la educación.

Por lo antes expuesto, considero que es lo loable una adición al tercer párrafo del artículo 54 de la Ley General de Educación, que establezca la obligatoriedad del reconocimiento de validez oficial como requisito sine qua non para el funcionamiento de las escuelas particulares, sin que medie la posibilidad de funcionamiento por encontrarse en proceso o en trámite dicho reconocimiento.

Asimismo también se propone la derogación del primer párrafo del artículo 59 de la misma ley, que es la que alienta a los particulares a prestar los servicios educativos sin el reconocimiento de validez oficial. Espero contar con el apoyo y el respaldo de la mayoría de los integrantes de esta Cámara, para evitar sigan sucediendo fraudes educativos que truncan la preparación académica de miles de estudiantes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rocha. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente. Efectivamente, con la ponente de la iniciativa, Morena está a favor de la educación, y aprovecho para hacer un exhorto a la Secretaría de Educación Pública a que se ponga a trabajar y emita los permisos correspondientes a todas las universidades que lo han solicitado para sumar en la educación a México y darle la oportunidad a todos los jóvenes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. Y tiene la palabra por...

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Bañuelos, por favor, aquí al frente, Soralla Bañuelos.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Sí, señor presidente, para felicitar a la diputada Yulma Rocha por su iniciativa y pedirle su anuencia para que nos podamos sumar a la iniciativa que presentó.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí. Entonces, manifiesta su aquiescencia y por lo tanto está a disposición para quienes la quieran suscribir aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas y abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente.

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre de las diputadas y de los diputados de Acción Nacional presento la siguiente iniciativa.

La situación que presenta actualmente la fiscalización en nuestro país muestra graves deficiencias en su diseño institucional, que permiten que la corrupción se haya establecido como un estilo de vida y, por lo tanto, una inadecuada recuperación de recursos y su consecuente desvío.

Dentro del marco de la concertación del Sistema Nacional Anticorrupción se prevé, como uno de los cuatro principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales, el principio de la fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos, a partir de las entidades de fiscalización superior de los órganos legislativos la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y las entidades de fiscalización superior de las legislaturas de los estados y de la hoy Ciudad de México.

Durante casi 15 años de existencia la Auditoría Superior de la Federación ha presentado un total de 582 denuncias de hechos, de las cuales solo han sido consignadas 21 de ellas; es decir, solo han tenido una procedencia del 3.6 por ciento de las denuncias que ha promovido.

Un total de 12 se resolvieron con el no ejercicio de la acción penal y las 548 restantes, es decir el 94.3 por ciento, se encuentran en averiguación previa o causa penal por parte de las instancias correspondientes.

Por qué insistir en este tema. Por una sencilla pero lamentable razón. México es el país más corrupto entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ocupa el lugar 95 de 168 países de acuerdo con el Índice de Percepciones sobre Corrupción 2015, el cual fue publicado días pasados por Transparencia Internacional.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto principal la creación de una nueva Ley de Fiscalización para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en su capacidad para analizar la cuenta pública, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan a la Cámara de Diputados y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas graves. Todo ello en el referente que será el Sistema Nacional Anticorrupción y las nuevas conductas que junto con sus sanciones serán establecidas en la ley en la materia.

Entre otras propuestas, esta iniciativa busca fortalecer la actividad fiscalizadora y reconocer y ratificar la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Se establece como ejes reguladores de la función de fiscalización los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo,  se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar o realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, en donde además podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta la información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión.

Lo anterior con el objeto de asegurar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o al ejercicio fiscal en curso, no queden impunes.

En pocas palabras, se trata de darles dientes afilados a la Auditoría Superior de la Federación, para que realmente pueda contribuir al combate a la corrupción, porque hasta ahora, como ya se ha documentado, los peces gordos de la corrupción siguen nadando con libertad y porque México no merece ocupar los primeros lugares en corrupción en el mundo.

Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que el desempeño en el servicio público debe invariablemente guiarse por una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, en todo lo cual resulta indispensable el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación para una fiscalización correcta, eficiente y eficaz de los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Marrón. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Julio Saldaña Morán: Gracias y con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, espero que una gran mayoría nos ponga atención. Sin duda la desigualdad es el mayor problema que enfrentamos en México y una de las mayores manifestaciones más evidentes en la pobreza.

El desarrollo social requiere que los mexicanos gocemos que el Estado dé las garantías para el goce de los siguientes derechos: la educación, la salud, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y la no discriminación. Así lo establece la Ley General de Desarrollo Social aprobada por el Congreso en el 2003 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.

La búsqueda del consenso implicó intensas negociaciones en las que hubo que aplazar para otros momentos la inclusión de algunas propuestas, pero puso de manifiesto la voluntad política de todos los grupos representados en el Congreso, para dotar al Estado mexicano de una política de desarrollo social y de una norma que establece los mínimos de la obligación social del Estado y que proporciona los lineamientos generales para las políticas públicas de los diferentes gobiernos.

La ley crea también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y mandata a este organismo las tareas de definir, identificar y medir la pobreza.

El artículo 36 establece que la medición de la pobreza será multidimensional y deberá de considerar al menos los siguientes indicadores. Ingreso corriente per cápita. Rezago educativo promedio en el hogar. El acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacio a la vivienda, oportunidad de los servicios básicos, y desde luego, a la alimentación. El grado de cohesión social. Más tarde, en el 2013 el Congreso de la Unión aprobó la adhesión de una fracción IX a este artículo, que le doy lectura: grado de accesibilidad a la carretera pavimentada.

Ha llegado el momento de reconocer que el tiempo es una categoría económica que junto con los ingresos, los conocimientos y las habilidades de las personas es un indicador más para determinar el bienestar o pobreza de la gente, por lo que es necesario incluirlo entre los indicadores para la medición de la pobreza.

La iniciativa que hoy propongo ante ustedes, a su consideración, adiciona una fracción X al artículo 36 de la ley, que introduce un indicador más: el tiempo libre, así como el disponible para el ocio educativo y el trabajo doméstico.

Las personas en condición de pobreza, y aún quienes no están en esa condición, destinan más tiempo al trabajo remunerado, con la finalidad de allegarse de mayores ingresos. Al decir mayor tiempo al trabajo remunerado fuera de casa y al incorporar a más miembros de la familia a este tipo de actividad se sacrifica el tiempo de lo que hoy estoy hablando, que se destina a conseguir satisfactores como el acarreo de agua o leña para el consumo en zonas rurales y aisladas, así como el tiempo que se destina a los procesos de producción que se generan en el hogar como la transformación y preparación de los alimentos considerados en la canasta básica y el lavado y preparado de la ropa.

En la búsqueda de mayores ingresos no es raro encontrar que el tiempo que se tiene que destinar al trabajo de la casa o a los centros de trabajo representa, en muchos casos, el 50 o el 75 por ciento de la jornada laboral efectiva. Es decir, jornadas integradas de 12 a 14 horas diarias, además del dinero que se destina al pago de los servicios de transportación.

Así es, y si eso no fuera suficiente, dedicar más personas que contribuyan al ingreso familiar o que atiendan la necesidad de ocuparse del trabajo doméstico, la cantidad de tiempo que se podría dedicar al estudio que desarrollen los conocimientos y las habilidades de las personas o al trabajo doméstico, o al entretenimiento y esparcimiento, se reduce o se cancela por completo alimentando el círculo vicioso que reduce la condición de pobreza de una generación a otra.

Es esa parte, en el sentido que propongo, que el tiempo libre se incluya hoy en la Ley General Social como sucedió ya en años pasados. Pido la consideración de diputados y diputadas que pudiéramos tener un indicador más. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de la escuela primaria Doctor Ángel María Garibay, de la Ciudad de México, invitados por la diputada María Elena Orantes López. Igualmente saludamos la presencia de alumnos provenientes de la preparatoria Hidalgo, con sede en el municipio de Hidalgo del estado de Michoacán, invitados por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. No le metan zancadilla, déjenlo que llegue con bien a la tribuna. Después los saluda. Ándele, estamos esperándolo.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el objetivo de esta iniciativa que estamos presentando ante ustedes tiene como objetivo apoyar a uno de los sectores productivos del país, que son los pequeños y medianos ganaderos productores de leche.

Siempre dicen: “Vamos a apoyar a los ganaderos”. Pero en la letra o en la normativa solamente se promueven los apoyos. Tenemos que garantizar el apoyo a estos grandes trabajadores del país y hay que hacerlo en la normativa.

Miren, estoy presentando una reforma para que se incluyan como proveedores preferentes, para que puedan vender la leche a los desayunos escolares a los pequeños y medianos productores de leche.

Para ello, presento ante ustedes una reforma al artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal con el único objetivo de que, ya sea mediante la vía de los medianos y pequeños productores de leche o ya sea por la vía de Liconsa, puedan venderle este producto a la federación, al Estado y a los municipios en el Programa de Desayunos Escolares. Si nosotros logramos en su momento aprobar esta reforma, le vamos a ayudar a este gran sector productivo del país.

Tengo algunos datos importantes. Miren, cabe precisar que el Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de asistencia social, que es el que integra el Programa de Desayunos Escolares para este año 2016, tiene una asignación presupuestal de más de 9 mil 92 millones de pesos, equivalentes al 46 por ciento del Fondo de Aportaciones Múltiples. Con una parte de dichos recursos se podría impulsar de manera eficaz a Liconsa para la compra de leche nacional de forma directa para fortalecer al sector ganadero.

En cuanto a lo que deben contener los desayunos escolares, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM-043-SSA2-2012, establece los criterios de calidad nutrimental generales para todo programa de apoyo alimenticio, destacando dentro de los tres grupos de alimentación, la leche, prescribiéndola como un alimento esencial en el conjunto del desayuno.

Por consiguiente, la leche al considerarse como un producto indispensable en los desayunos escolares, le abre una ventana de oportunidad para la colocación de excedentes lecheros nacionales, sin que ello implique un impacto presupuestal.

Por ello, la reforma al artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal que se plantea, solucionaría el fondo del problema cíclico que viven los productores de leche cada año, mandatando a los operadores del multicitado fondo a que ejerzan el recurso conforme a la ley, solo se requiere abastecer un programa social con un mecanismo dual que cumpla con el fin del programa y que se dé preferencia hacia los productores de leche del país.

Es una propuesta que en su momento pasará a comisiones y algunos integrantes de la Comisión de Ganadería al cual saludo con mucho respeto y afecto a mi presidente Oswaldo Cházaro, pues analizaremos en su momento y le enriqueceremos.

Lo que queremos, y la intención de esto, es apoyar decididamente a los pequeños y medianos productores de leche del país. Con eso les vamos a ayudar y con eso vamos a apoyar a un sector que ahora es vulnerable, pero después que nosotros aprobemos esta ley será indispensable, y fortaleceremos la economía de nuestro país.

Es cuanto, señor presidente. Agradezco a mi bancada del Partido Verde Ecologista por darme esta oportunidad. Gracias, coordinador Jesús Sesma.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada María Elena Orantes, por favor.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidente, solamente si me permite el proponente adherirme a esta importante propuesta que ayuda a uno de los gremios más abandonados y que generan mayor calidad en su producto y creo que ayudaría muchísimo que desayunos escolares pudieran contar con una calidad como la tiene la leche de la ganadería mexicana, señor diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le preguntan al diputado.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Todas y todos los legisladores que les quieran echar la mano a los lecheros del país, está abierto para que se suscriban. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, no está usted dando la palabra y ya terminó su intervención. Muchas gracias.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Gracias, presidente, no se me enoje.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, al contrario, estoy invitándolo a que continuemos en orden. Sonido en la curul del diputado Exaltación González, por favor.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Señor presidente, de la misma manera, preguntarle al diputado Vale si nos permite adherirnos a su iniciativa. La bancada del Partido Acción Nacional ha establecido en diferentes ocasiones su disposición para apoyar al gran sector lechero de este país y sobre todo su gran preocupación para que se brinden las herramientas para que este sector salga adelante. Diputado Vale, si nos permite. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido también la curul del diputado Elio Bocanegra, por favor.

El diputado Elio Bocanegra Ruiz (desde la curul): De igual manera, presidente, solicitarle al diputado Bernardino si me permite adherirme a su propuesta, ya que como parte de la Comisión de Ganadería tenemos la misma inquietud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Julián Nazar, por favor.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Presidente, yo nada más para pedirles a todos los compañeros que se adhieran con los ganaderos sociales, con los productores de leche, y el día que se apruebe el Presupuesto hay que ponerle recurso a Diconsa –porque esto se maneja con dinero– para poderles garantizar a los millones de mexicanos una mejor atención y un mejor servicio, tiene que pasar primeramente por un buen presupuesto para que Diconsa o Liconsa puedan hacer sus trabajos de adquirir el producto nacional para el servicio de los consumidores del país. Esa sería mi aportación, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahí cuando se esté discutiendo ya, se le agregue, si así lo acepta la comisión primero y la asamblea después, lo que usted sugiere. Sonido en la curul del diputado Enrique Zamora, por favor.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Salvador Zamora, presidente. Muchas gracias. Solamente para comentarles, hace algunos días que se votó aquí un punto de acuerdo en los mismos términos para pedirle a Liconsa que le compre la leche a los pequeños productores, la iniciativa que hoy presenta el diputado del Partido Verde, me parece muy pertinente.

Esta iniciativa debió haberse presentado hace 10 años y que no sea a través de exhortos como se tome este tipo de decisiones, sino que sean obligatorios a través de la ley, por lo cual también le solicito al diputado proponente, me permita suscribir la presente iniciativa. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Salvador Zamora. En virtud de que el diputado proponente ha manifestado su aquiescencia para que pueda ser suscrita por quienes así lo estimen pertinente, está a disposición la iniciativa en comento, aquí en la secretaría de la Mesa Directiva. Parece que va a tener una buena aceptación. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrita también por la diputada María Chávez García, ambas del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias a la diputada María Chávez por todas las aportaciones a esta iniciativa.

Sin duda, por razones económicas, sociales y culturales, el maíz es el cultivo más importante de nuestro país, con más de 300 variedades nativas con características diferentes. Este cultivo se adapta a los diferentes ambientes de la República, de esta manera lo encontramos en zonas de intenso calor como Sinaloa o regiones totalmente distintas como el Estado de México y cada uno de sus maíces tienen cualidades propias.

La enorme capacidad del maíz para adaptarse tiene que ver con las características fisiológicas de la planta, pero más con las características y el trabajo de domesticación y el conocimiento de los campesinos, siendo el resultado de miles de años de experimentación por parte de los agricultores proceso que afortunadamente hoy sigue practicándose.

El agricultor mexicano ha mantenido y mejorado las poblaciones de maíz con base en un minucioso proceso de selección de semilla, que frecuentemente incluye el intercambio de las mismas con productores de su región e incluso de sitios distantes.

Pese al éxito que ha sido la domesticación y mejora que se ha logrado por métodos tradicionales actualmente, y bajo el argumento de que se requiere aumentar la producción a un menor precio, se insiste en la supuesta necesidad de sembrar maíz genéticamente modificado. Hasta el momento solo se han autorizado sembradíos experimentales de maíz transgénico. Ya existen 89 casos que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha detectado en 6 estados del país con contaminación genética de maíces nativos.

Cabe señalar que bajo los preceptos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados ninguno de estos casos, ninguno, se debería haber presentado. La contaminación transgénica del maíz no es un problema que carezca de importancia. Al contrario, al introducirse transgenes a variedades nativas de maíz estas sufren una descompensación genética y fisiológica.

Además, científicos mexicanos opinan que si se llega a la siembra comercial del maíz genéticamente modificado la contaminación genética, que es inevitable, nos llevaría a perder razas y variedades de maíces nativos, desarrolladas a lo largo de miles de años de cultivo.

Los inconvenientes de introducir en nuestros campos maíz transgénico no termina ahí, de entrada –como lo ha reconocido la Sagarpa ante el Tribunal Unitario en materia civil y administrativa del primer circuito– el maíz genéticamente modificado no necesariamente incrementa sustancialmente la producción de este grano. En cambio, ante el mismo juzgado se ha dejado en claro que sí se observa un aumento considerable en el precio de estas semillas; por ejemplo, de 66 dólares en 1998 a 215 dólares en 2011.

Si nuestros productores ya padecen de altos costos de fertilizantes y semillas, ¿qué ventaja les traería pagar más por semillas transgénicas que producirían la misma cantidad de grano?

En cuanto a la salud humana, científicos de la Universidad Autónoma de México nos advierten que el maíz transgénico eleva el riesgo de padecer cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. Por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, instancia dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en un informe de reciente publicación ha dejado en claro que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas en humanos. También causa daño al ADN en los cromosomas de las células humanas.

Para los efectos de esta iniciativa es de destacar que el herbicida más usado del mundo para los cultivos transgénicos, entre ellos el maíz, es el glifosato

En lo referente a los efectos en el ambiente, hasta el momento no se ha realizado una evaluación de riesgo ambiental integral que contemple todas las variables biológicas, ecológicas, sociales, económicas y culturales. Se tienen indicios de consideraciones en el sentido que este puede sufrir graves daños con la siembra de transgénicos.

Suponiendo sin conceder que las pruebas científicas no sean concluyentes en cuanto a los efectos nocivos que para la salud humana y el ambiente que provocarían los transgénicos o los productos que estas semillas requieren para producir una buena cosecha, es importante pedir se aplique el principio precautorio.

Es decir, son las empresas que buscan poder sembrar maíz genéticamente modificado en México quienes que tienen que demostrar sin dejar duda, que sus semillas e insumos que éstas ocupan como pesticidas, fertilizantes, son inocuas para la salud humana.

Son varias las razones por las que debemos evitar la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país. Solicitamos que apoyen la protección a la salud de nuestra población, a la conservación de nuestra biodiversidad, al derecho de nuestros campesinos de sembrar maíz libre transgénico e intercambiar sus semillas y a proteger nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Sin maíz no hay país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o., 47 y 49 de la Ley General de Educación.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito, diputada Orantes, por favor. Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez, por favor,

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Buenos días. Nada más para solicitarle a nuestra compañera diputada Xochitl, que nos permita integrarnos a su iniciativa, que nos parece muy interesante porque toca un sector también muy lastimado, que son nuestros campesinos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Hernández, le piden su aceptación. Ella manifiesta que sí está de acuerdo en que lo suscriban; entonces, está a disposición aquí la iniciativa, en la Mesa Directiva, para quienes quieran suscribirla. Gracias. Ahora sí, perdón, diputada Orantes, adelante.

La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, en nombre de la fracción parlamentaria queremos exponer los siguientes motivos hacia los problemas más importantes que enfrenta nuestra generación, como los altos registros de homicidios relacionados con las actividades de la delincuencia organizada, la impunidad, la explotación irracional de nuestros recursos naturales, los niveles bajos de ahorro, incluso entre los sectores sociales con ingresos suficientes la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Asimismo la corrupción, la proliferación de ilegalismos y el deterioro del tejido social tienen en común por lo menos dos problemas históricos: el pensamiento a corto plazo y la corrupción.

Ambos elementos se aprenden, se retroalimentan, se heredan, inhiben el desarrollo de capital humano y a su vez erosionan la vida democrática y se encuentran ampliamente arraigados en nuestra sociedad.

Al respecto, Transparencia Internacional indica que la corrupción se encuentra ligada a la violencia. Esto es, según el índice de la percepción de la corrupción 20015.

En el mismo sentido, los estudios de los centros de investigación del CIDE, del Banco Mundial o del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ubican a nuestro país como uno de los ejemplos donde la corrupción prolifera, pero, peor aún, que también se tolera.

Al desarrollar estas aptitudes se considera o se pasan por alto factores como el deterioro causado en el entorno en el que probablemente se pretenda disfrutar de las ganancias. No se valoran los estragos sociales que pueden generar la selección de un material de bajo costo en la obra pública, con la posibilidad de que el mismo delincuente, eventualmente, sea víctima de algún delito.

La rendición de cuentas y la construcción de una sociedad intolerante ante la corrupción, es una tarea estratégica para el Estado mexicano. Si con transformaciones leves en los planes y programas de estudio se ayudó a cambiar la percepción generacional sobre los Estados Unidos de América, y se ha perfilado el desarrollo de la industria maquiladora, por qué no ahora, compañeras y compañeros, abonamos a la transformación de nuestro país, con cambios pequeños, pero específicos, en la orientación de nuestros planes de estudios, la lucha de la anticorrupción desde el sistema educativo y la instrucción que reciben los niños y los jóvenes mexicanos.

No permitamos que la falta de visión y los valores minoritarios continúe afectando el desarrollo del conjunto social el que la mayoría es de gente honrada y trabajadora. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforman los artículos 8, 47 y 49 de la Ley General de Educación para quedar como sigue. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, así como toda la educación preescolar, primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de los particulares para que impartan, que se pueda basar en resultados del progreso científico luchará contra la ignorancia sus causas y efectos, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos y la discriminación, y lo más importante, la violencia especialmente que se ejerce contra las mujeres, contra las niñas y contra los niños.

La corrupción y su impacto en el entorno social, debiendo implementar políticas públicas de Estado, orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudios, y los planes de estudios deberán establecer en los contenidos de educación para todos los niveles materiales y conceptos orientados a rechazar la corrupción y fortalecer el artículo de planeación en los estudiantes.

Al mismo tiempo, el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia, instituciones públicas y privadas, y de igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles, y se procurará la enseñanza de herramientas para desarrollar en los estudiantes la capacidad de planeación y análisis prospectivo. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Orantes. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la escuela secundaria Luis Pasteur, del turno matutino, municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Sean ustedes bienvenidos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, una ciudadanía participativa es el mejor instrumento para la protección de nuestros recursos naturales. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a ustedes en esta ocasión para poner a consideración de la asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 34 y 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Dicha propuesta tiene la finalidad de promover y hacer efectiva la participación ciudadana cuando se afecta el medio ambiente.

El artículo 4 de nuestra Carta Magna establece en su párrafo quinto que el Estado garantizará el respeto al derecho de contar con un medio ambiente sano.

De igual forma señala el daño y deterioro ambiental que generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.

A pesar de lo anterior somos testigos de manera cotidiana de violaciones a dicho precepto que tienen consecuencias devastadoras e irreparables para nuestro medio ambiente.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo sustentable del país. Por este motivo es uno de los principales ejes de nuestra agenda legislativa. Esto es indispensable para mantener la viabilidad de nuestro país. No es en modo alguno un tema pasajero o de mera coyuntura, es algo fundamental.

La preservación de nuestro medio ambiente, la diversidad ecológica y la explotación racional de los recursos naturales son una responsabilidad global, y por ello es imperativo abordar con seriedad dicha problemática.

Queremos enfocar nuestro trabajo legislativo en fortalecer el marco jurídico para que el desarrollo sustentable sea una política de Estado que articule el trabajo de los tres órdenes de gobierno, para preservar nuestros recursos naturales y que se contribuya a mantener nuestra biodiversidad.

En Nueva Alianza queremos darle voz a la ciudadanía y que su opinión tenga validez cuando existan obras o actividades que impacten su entorno ambiental. Fue a través de las denuncias ciudadanas que nos enteramos, muy tarde, de lo que ocurrió en el manglar de Tajamar. La historia de la autorización para realizar obras de urbanización en el manglar empieza en 2003, sin embargo, los ciudadanos se enteraron de esta situación a mediados de 2015, y fue cuando comenzó la defensa de ese importante espacio.

Retomamos el caso como ejemplo para resaltar la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en la defensa de su entorno y medio ambiente. El artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente señala que, una vez que la secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental, se integre al expediente a que se refiere el artículo 35. Pondrá esa disposición al público con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

Dicho precepto señala en su fracción III que cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, la secretaría podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de la que se trate.

Lo que pretendemos con la presente iniciativa es darles a los ciudadanos una herramienta de participación que les permita formar parte en la toma de decisiones referente al impacto al medio ambiente de su comunidad. Eso significa que la participación de la ciudadanía será potestativa, si no imperativa, para el desarrollo de proyectos que puedan afectar al medio ambiente.

Nuestro país ha sufrido diversos acuerdos internacionales en materia de protección ambiental que derivan de compromisos a observar por parte del Estado. Por ejemplo, en la Convención de Ramsar de 1971 se señala en el artículo 4o., numeral 1: “Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado.

En el caso específico de Tajamar se destinaron 57 hectáreas de mangle para la construcción de un desarrollo inmobiliario, lo cual es una clara violación al precepto referido. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, tan solo en 2014 el costo económico de daños ambientales fue de 910 mil 906 millones de pesos.

En Nueva Alianza estamos decididos a detener el daño ambiental que todos los días se incrementa, y que sabemos que la mejor forma de hacerlo es incorporar la participación de la sociedad en la protección de su entorno natural. Nos corresponde tomar las medidas para impedir que continúe la devastación de nuestro país.

En Nueva Alianza no desistiremos en nuestro intento, sabemos que las y los ciudadanos serán nuestros aliados. Ustedes, compañeros diputados y diputadas, nos ayudarán a cambiar las cosas y a garantizar que tengamos un ambiente sano y sobre todo que no tenga alteraciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es que el otro día me regañó el diputado Ferreiro, porque dice que no pronuncié correctamente su apellido.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Sí, señor presidente. Con la venia. A la mejor fue un exceso de mi parte haberle dicho.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, hombre. Adelante.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: En Encuentro Social queremos gobiernos de leyes y más que de hombres. La iniciativa que con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy se presenta, responde a la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, en materia de anticorrupción. Esta tiene como finalidad facultar a la Secretaría de la Función Pública, hoy control interno del Ejecutivo federal, a dar cumplimiento a las obligaciones sugeridas del Sistema Nacional Anticorrupción y otras leyes afines.

Como saben, la Secretaría de la Función Pública ha venido ejerciendo sus facultades en base a un artículo transitorio, que estableció que la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a ordenamientos vigentes al momento de la expedición de aquel decreto.

Si bien es cierto, a la fecha no se ha completado el proceso para que se perfeccione el Sistema de Anticorrupción, también lo es que es necesario que dicho sistema sea perfeccionado con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que se otorguen facultades que correspondan a la Secretaría de la Función Pública.

Considerando que el sistema nacional anticorrupción eleva a rango constitucional a los denominados órganos internos de control, se justifica la necesidad de reintegrar las facultades a la Secretaría de la Función Pública para hacer posible que cumpla las funciones que la referida reforma otorga dentro del sistema de combate a la corrupción.

Las nuevas facultades a la Secretaría de la Función Pública a raíz de la creación de dicho sistema serán las siguientes.

Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental inspeccionando el ejercicio al gasto público federal y la congruencia de éste con los Presupuestos de Egresos, así como coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la evaluación que permita conocer los resultados a la aplicación de los recursos públicos federales –algo muy importante– y validar los indicadores de gestión.

Además, vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización coordinando, asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por otra parte deberá establecer las bases generales para la realización de auditorías a dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar auditorías que se requieran en las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control, para lo que se tendrá que coordinar con la Auditoría Superior de la Federación con el fin de establecer los procedimientos necesarios para que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades evitando con ello la duplicidad.

En coordinación con la Auditoría Superior de la Federación informará qué dependencias y entidades han sido objeto de fiscalización, además de avisar de las recomendaciones, acciones que la propia auditoría haya hecho.

También recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal ante la secretaría o ante los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración.

Conocerá de las conductas de los funcionarios públicos que puedan constituir delitos, responsabilidades administrativas o hechos de corrupción, aplicando las sanciones que corresponda y, en su caso –ahí lo importante–, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A su vez, habrá de conducir la política general en la administración pública federal, a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Igualmente tendrá potestad de recurrir, en su caso, a la determinación de la fiscalía especializada en combate a la corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo formará parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tomando en cuenta todo lo que se ha expresado en esta iniciativa de decreto, es importante para Encuentro Social que este sistema quede bien terminado, y sobre todo cumplir una demanda ciudadana de combatir enérgicamente la corrupción.

En Encuentro Social anhelamos y queremos un país de leyes, queremos un país de instituciones fuertes. Queremos un país que cometa un delito o una infracción, pague su culpa.

Queremos un gobierno fuerte y decidido, representado realmente por la identidad nacional y por todos los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado Liborio Vidal Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como todos bien sabemos, las empresas en México, particularmente las Pymes constituyen la columna vertebral de la economía nacional, por su alto impacto en la generación de empleos y la producción de nuestra riqueza.

De acuerdo con datos del Inegi, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales las Pymes generan el 52 por ciento del producto interno bruto, y el 72 por ciento del empleo en el país.

Cuando hablamos de las Pymes, no sólo estamos hablando de empleos y generación de riqueza, también estamos hablando de cohesión social y progreso familiar. Recordemos que el 65 por ciento de las Pymes en México son de carácter familiar y 1 de cada 3 son administradas por mujeres. Estos datos son contundentes y nos hablan de una realidad ineludible. El motor del crecimiento económico del país y del desarrollo de nuestras familias se encuentra en gran parte en nuestras empresas.

A pesar del enorme potencial con el que cuentan, las Pymes en México también enfrentan una serie de obstáculos para su real consolidación. Nuestras Pymes requieren un entorno económico que les permite reinvertir sus utilidades para mejorar su equipo y sus técnicas de producción contratar personal especializado, con salarios competitivos, aumentar su calidad de producción y mejorar la calidad de la atención a sus clientes.

La administración del presidente Peña Nieto ha sido particularmente sensible y consciente de la necesidad de las Pymes en nuestro país. En esta administración se han generado importantes esfuerzos para el fortalecimiento de nuestras empresas, como el Fondo Nacional Emprendedor, la reforma en telecomunicaciones y la reforma energética, por mencionar algunas.

A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno federal por promover la competitividad empresarial en nuestro país, tenemos que ser conscientes de que vivimos un entorno internacional complicado. Como consecuencia de la volatilidad internacional estamos sufriendo los efectos de la caída en los precios del petróleo y la depreciación del tipo de cambio.

Este escenario de incertidumbre económica que viven prácticamente todas las naciones del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, ha impactado el desarrollo de nuestras empresas.

Una de las grandes ventajas de las Pymes es su capacidad de ofrecer ventas a crédito, las ventas a plazo representan una fuente importante de recursos y una estrategia comercial que permite a los consumidores acceder con mayor facilidad a los productos y servicios del mercado.

Sin embargo, el tratamiento fiscal vigente en la Ley del Impuesto sobre la Renta impide que las empresas capitalicen adecuadamente estos ingresos. Por ejemplo, actualmente las empresas que se encuentran en el Régimen de Personas Morales y que realizan operaciones a crédito solo pueden reportar como ingresos acumulables aquellos que son facturados, independientemente de que sean efectivamente cobrados.

En un entorno de presiones económicas internacionales esta disposición vigente en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta está generando mucha presión en el flujo de las empresas que realizan ventas a crédito, sobre todo si adicionalmente se considera la probabilidad de incumplimiento de pago de algunos clientes en su cartera.

Por lo anterior someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, que tiene como objetivo, sin perjudicar la base recaudatoria del impuesto sobre la renta, otorgar un pequeño espacio de flexibilidad fiscal para las personas morales que realizan ventas a plazo y enfrentar así en mejores condiciones un entorno económico internacional complicado.

Por la importancia que reviste el sector empresarial en nuestro país es fundamental que asumamos la responsabilidad que nos compete, e impulsemos acciones para el fortalecimiento directo de nuestras empresas. Los marcos normativos deben transformarse en las herramientas que permitan el desarrollo y generen las bases de legalidad que nos hagan más competitivos y profesionales.

Apoyemos a todos esos hombres y mujeres que día con día luchan por abrir y mantener sus negocios, por crecer, por generar empleos y trabajar honradamente para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente.  Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Vidal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludamos la presencia de ciudadanos provenientes del estado de Tlaxcala, invitados por la diputada Juana Corral Mier. Igualmente saludamos la presencia de integrantes de la Organización Red de Jóvenes por México, del municipio de Zempoala, Hidalgo, invitados por la diputada María Gloria Hernández Madrid. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Aprovechamos también para felicitar a la diputada Cristina Jiménez por su cumpleaños, que anda recibiendo abrazos múltiples en su equis número de cumpleaños.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, diputado presidente. La defensa de la patria se ha inscrito como uno de los baluartes más grandes de nuestra historia como nación independiente, en donde grandes hombres y mujeres han dedicado su vida e ideales al resguardo de la soberanía nacional.

Compañeros y compañeras diputadas, debemos ser sensibles y solidarios con nuestro Ejército mexicano y Fuerzas Armadas, quienes día a día resguardan y arriesgan su vida por nuestro país. Es por eso que esta soberanía no debe ser indiferente con las familias de nuestros elementos castrenses.

En términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25.1; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11.1, al cual México está adherido, así como los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 4o. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los elementos necesarios al fin de alcanzar dichos objetivos.

Asimismo, el artículo 123, en la fracción XIII, dice: El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

En el ámbito castrense, las disposiciones constitucionales en cita se cumplen a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con el fondo de vivienda militar, que es una prestación económica que tiene como finalidad atender las necesidades de habitación del militar y se integra con las aportaciones que hace el gobierno federal del 5 por ciento de los haberes y asignaciones que se tiene.

La vivienda es un derecho fundamental dentro del marco de las garantías individuales, nacionales e internacionales, además de ser una manifestación de las prerrogativas del sistema democrático y el respeto a la inminente dignidad del ser humano, al establecer que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, como se desprende de la fracción IV del numeral 108 de la Ley del ISSFAM, solo pueden otorgar créditos mancomunadamente bajo la hipótesis de que ambos cónyuges sean militares, lo que limita el derecho de utilizar créditos del cónyuge que no pertenece a la milicia; es decir, si los créditos devienen del Fovissste, Infonavit o Conavi, esta prestación no aplica para los trabajadores.

Lo anterior, da como resultado que los elementos castrenses no tengan acceso, de manera eficiente, a un crédito que les permita incrementar su patrimonio de una más ágil y amplia posible.

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 reconoce que se requiere un replanteamiento de los instrumentos de política, para atender de forma integral las necesidades de vivienda que existen en el país, incluyendo a la familia militar.

Así pues, en el numeral 5 de dicho programa, se establece fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la política nacional de vivienda.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Artículo único. Se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue.

Artículo 108. Para otorgar y fijar los créditos a los militares en activo se tomará en cuenta:

Fracción IV. En el caso de cónyuges militares que sean beneficiarios de esta ley, se podrá otorgar individual o mancomunadamente. También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan al Ejército o a las Fuerzas Armadas, y que por su actividad laboral sean beneficiarios con crédito de Fovissste, Infonavit, Conavi y/o cualquier otra institución de seguridad social que otorgue esta prestación al cónyuge del o la militar, para adquirir una vivienda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, diputado presidente, por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 27, y adiciona un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. Ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hacía un llamado al Congreso de la Unión para que se sometiera a discusión y debate el tema del mando único en todo el país, derivado de la iniciativa que presentó en el mes de diciembre de 2014.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que el asunto del mando único no es o no constituye la panacea para crear un sistema de seguridad pública, y por ende una política de seguridad pública para este país, porque es un tema aislado.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos que la discusión de la seguridad pública en el país tiene que ser un tema integral.

Por eso el día de hoy presentamos ante la máxima tribuna de la nación reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Consideramos nosotros que fue un error el hecho de haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública Federal porque era la entidad encargada de controlar y administrar lo que es el mando único, pero no solamente el mando único, compañeros y compañeras, también importantes proyectos en materia de información para todo el país en coordinación con la federación, los estados y los municipios, y me refiero al asunto de Plataforma México.

En la LXI Legislatura, a finales, los grupos parlamentarios, todos, asignamos un recurso mayor a los 6 mil millones de pesos para dotar a este sistema de información de los recursos que le hacían falta para completar su operación en todo el país. Pero con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Plataforma México fue totalmente sustituida por lo que hoy conocemos nosotros como el Cisen.

Pero no solamente es el tema de la información para la creación de una política de seguridad pública integral. También es necesario que en esta conformación de esta política de seguridad pública se ataque el tema de los reclusorios y de los centros penitenciarios de todo el país, incluidos los federales y los locales e incluidos también los sistemas penitenciarios de alta seguridad en el país para que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables, como lo fue la fuga del Chapo Guzmán en el centro de reclusión del Altiplano. Por eso, el día de hoy venimos a presentar esta iniciativa y la sometemos a su consideración.

Creemos que la Secretaría de Gobernación debe dedicarse para lo que el espíritu de su conformación le dio el marco jurídico vigente, que es esencialmente el control de la política interna de este país.

Creemos que las funciones exclusivas de seguridad pública deben trasladarse como estaban en años anteriores, a una Secretaría de Seguridad Pública federal. Reitero, para que se encargue no solamente del mando único como un asunto aislado que va a resolver los problemas de seguridad pública en este país, sino que vuelva a echar a andar el esquema de seguridad en coordinación con los estados y los municipios denominados Plataforma México. Pero también para que haya y se empuje una reforma integral en materia del sistema penitenciario federal, incluidos los de máxima seguridad en todo nuestro país.

Creemos que con esta iniciativa que el día de hoy estamos presentando podemos retomar por buen camino el esquema de seguridad pública en México, pero además también con ello la conformación de una verdadera política en materia de combate contra la delincuencia en nuestro país.

Ojalá, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, que podamos hacer una reflexión y podamos apoyar esta iniciativa, y no solamente presentar al aire propuestas que van aisladas, como es el caso del mando único que, reitero, será un tema que tengamos que discutir y debatir en las próximas sesiones. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ignacio Avendaño Bermúdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, amigas diputadas y amigos diputados, hoy vendo a presentar esta iniciativa con el único objeto e interés de procurar cuidar nuestro medio ambiente. Todos sabemos que la base para el desarrollo de la humanidad se ha fundamentado en el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentren disponibles para satisfacer las necesidades de la sociedad y de los individuos que la conforman.

En esta tesitura, la teoría económica tradicional define tres factores de producción necesarios para cubrir los requerimientos de la relación oferta y demanda, trabajo, capital y recursos naturales. Esta relación dual aumenta su nivel de complejidad en la medida que las comunidades humanas han crecido y se han expandido en los espacios geográficos, consumiendo cada vez más recursos.

En un contexto mundial donde los recursos naturales son cada vez más escasos y su valor aumenta, la relación entre crecimiento acelerado de la población y la producción de alimentos, se ha convertido en un tema de constante preocupación tanto para la administración pública como para los estudiosos de las ciencias sociales.

Ejemplo de lo anterior, fue el ensayo elaborado por el economista inglés Robert Malthus, quien sostiene que el crecimiento demográfico es mayor que el de los medios para subsistir, dado que la población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos lo hace en una progresión aritmética.

Considerado este postulado, existe la inevitable necesidad de utilizar agua como un elemento primario de la cadena de producción alimenticia. Podemos decir, que la satisfacción del derecho a la alimentación se encuentra directamente relacionado con la cantidad de recursos hidráulicos con los que cada país cuenta, dado que el agua es el elemento vital que permite el surgimiento de cualquier producto animal o vegetal destinado al consumo humano, tal como lo considera el concepto del agua virtual, el cual vincula toda la cadena de producción de alimentos dentro de una concepción integral.

El concepto mencionado se encuentra ligado a otro indicador conocido como Huella hídrica, el cual nos permite calcular el volumen de agua que utilizamos en nuestra vida diaria en diversos ámbitos, tanto para producir nuestra comida, la cantidad utilizada en los procesos industriales, la generación de energía, así como la que ensuciamos y contaminamos a través de nuestras actividades de nuestra vida cotidiana.

Si bien el impacto ambiental generado por la industria, que generan los productos alimentarios como la ganadería, es considerado como un factor preponderante en el deterioro de los ecosistemas a nivel mundial. Pero no podemos negar la necesidad de la población por consumir alimentos ricos en proteínas que en su mayoría nos refieren a productos cárnicos.

En nuestro país el sector ganadero aporta grandes beneficios para la sociedad en general y en particular para las familias cuyo sustento depende de esta industria, por lo cual consideramos necesario generar condiciones que alienten el uso de técnicas amigables con el medio ambiente, al tiempo que se dé continuidad al apoyo a los productores.

Como muestra de interés para impulsar acciones que permitan la convergencia entre necesidades sociales y el cuidado del medio ambiente, la presente iniciativa pretende incentivar la integración de métodos tendientes a disminuir el impacto ecológico provocado por la actividad ganadera sin que ello presente un obstáculo para el apoyo que se destina a los productores pecuarios.

Las modificaciones propuestas no pretenden construir un impedimento para que los ganaderos puedan acceder a programas que implementa el gobierno federal, sino que al incluir el cuidado del medio ambiente como un elemento a considerar dentro de la norma, se creará una oportunidad para que los propios productores se integren gradualmente a una dinámica que beneficiará tanto a los productores como a la sociedad y a la misma naturaleza.

En este sentido, podemos adecuar el marco normativo referente al desarrollo del sector pecuario a fin de promover el cuidado del agua e impulsar medidas que fomenten su uso moderado con el objeto de apoyar a los ganaderos que utilicen técnicas y tecnologías de producción que privilegien el cuidado del medio ambiente.

Esto, amigas y amigos, es de vital importancia. Pongo un ejemplo y reconozco a los productores que ya están entrando a esta dinámica, como por ejemplo el uso de sistema silvopastoril, que es una opción de producción pecuaria en la cual las plantas leñosas o los árboles interactúen con los componentes tradicionales como animales y plantas forrajeras bajo un sistema de manejo integral.

Para que un sistema ganadero sea considerado silvopastoril no es requisito que los árboles o arbustos cumplan con un propósito forrajero. Los árboles pueden estar presentes cumpliendo otras funciones y aunque no constituyan un recurso alimenticio, el sistema seguirá siendo silvopastoril. Con esto queremos mejorar la calidad del suelo, que la tierra retenga más agua en sus mantos freáticos, mejor calidad y volumen del forraje.

Quiero pedirles que nos apoyen, que nos ayuden porque nuestro ecosistema no espera más. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Avendaño. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Concepción Villa González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Irma Rebeca López López y Mariana Trejo Flores, todas ellas del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Concepción Villa González: Muchas gracias, señor diputado. Diputadas y diputados, la iniciativa que estamos presentando hoy, incluye en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la modalidad de violencia en el noviazgo.

El noviazgo se considera la etapa ideal para conocerse, detectar afinidades, valores, planes de vida, pero también es un período de riesgo en la conducta de actos violentos.

Recordemos, es en la adolescencia cuando se aprenden las pautas de interacción que luego se extienden a la edad adulta, de aquí que si un adolescente sólo vive relaciones violentas, las naturalizará y serán las únicas que tendrá en toda su vida.

La violencia en las relaciones de noviazgo se definen como cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar, dominar, someter, controlar o paralizar a su pareja, ejerciendo el poder.

Esta violencia casi siempre está oculta, es casi invisible y los signos de maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de los jóvenes, quienes confunden con muestras de afecto, conductas controladoras sustentadas en la desigualdad entre los sexos.

Por ello, quienes viven una relación violenta, se les dificulta darse cuenta de ello. La violencia en el noviazgo tiene formas muy sutiles que son justo las más peligrosas para la dificultad para detectarlas.

Esta ceguera se da porque, la agresión durante el noviazgo tiene un alto contenido afectivo y emocional que hace que se disfrace y pase desapercibida, sumando a la educación costumbrista que algunas personas podrían detener y conceptos como el machismo.

Así, el noviazgo puede convertirse en la etapa ideal para las actitudes violentas dirigidas, sobre todo, hacia las mujeres. Según datos del Inegi, de las mujeres de 15 años o más un 46.1 por ciento han sufrido alguna incidencia de violencia en parejas en su actual o última relación, un 42.2 por ciento de estas mujeres dijo haber recibido agresiones emocionales y el 24.5 declaró que en algún momento de su relación su pareja intentó controlar la forma en que gasta su dinero.

La violencia física se vio reflejada en 13.5 por ciento de este grupo y la violencia sexual la sufrió el 7.3 por ciento, quien dijo haber sido intimidada o dominada para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La violencia en el noviazgo se puede prevenir, legislando, informando, concientizando y con buena voluntad de diputadas y de diputados para detener desde este ámbito interpersonal esa violencia que puede terminar en una situación irreparable.

En Morena, con esta iniciativa, queremos generar alternativas que promuevan actitudes propositivas en el noviazgo, para favorecer el respeto, tolerancia y diálogo, para prevenir y eliminar la violencia desde el noviazgo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Villa. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

El diputado   Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí, por favor, en la curul del diputado Cancino.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Sí. Es para adherirme a la iniciativa a favor de una vida libre de violencia para las mujeres.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada Villa, le solicitan...

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Toda la bancada de Morena propone adherirse a esta iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. La diputada proponente ha manifestado su disposición a ello. Y, por lo tanto, está a disposición también aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva, para quienes quieran suscribirla lo hagan.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido aquí en la curul dela diputada Lizárraga, por favor.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): A nombre mío y por la preocupación de que en Sonora hay una gran violencia en el noviazgo, le solicitamos la diputada Kathia Bolio y yo que nos permita suscribirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada paisana. Entonces, ya ella ha manifestado su disposición para que así pueda hacerse. Sonido en la curul del diputado Moctezuma. Diputado Moctezuma, adelante.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para solicitar respetuosamente la posibilidad que me diera la diputada de adherirme como hidalguense y de la fracción del PRI, a esta iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada proponente manifiesta que no tiene inconveniente y por lo tanto está, como lo dije, aquí a disposición para que pueda ser firmada por quienes así lo consideren.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 36, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Gracias, presidente. Las niñas y los niños no son el futuro, son el presente de México. Compañeras, compañeros diputados, la iniciativa que presento es con proyecto de decreto que reforma los artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, para incluir correctamente el principio de la igualdad sustantiva, porque la igualdad no es un hecho sino un valor establecido precisamente ante el reconocimiento de la diversidad.

La igualdad sustantiva de acceso a los derechos debe arrojar necesariamente una igualdad de resultados, de otra forma este derecho está vacío, sin contenido. Se trata de visibilizar las diferencias y diversificar las condiciones para que las mujeres alcancen en igualdad de condiciones el acceso y ejercicio de sus derechos.

Es decir, luchar por la igualdad de género implica hacer valer las diferencias de género. Esto se presta a contradicción pero a la luz de los derechos humanos no lo es. De ahí su nombre igualdad sustantiva. La igualdad debe tener contenido y sustancia.

Hay una relación estrecha entre el principio de igualdad y la no discriminación. Muchas veces se ha discriminado a las mujeres de ciertos trabajos con la intensión mal entendida de protegerla, como excluirla del servicio militar, de trabajos nocturnos o el caso de legislaciones que aceptaban que el sujeto que cometía estupro se casara con la víctima y se salvara de la penalidad, o el caso de los requisitos que la legislación penal tiene para que las mujeres acusadas del delito de aborto alcancen penalidad mínima, siempre y cuando demuestren no contar con mala fama.

Cuando se le margina de oportunidades de ascensos por la maternidad o porque tiene que responsabilizarse de regresar temprano a casa para cuidar de sus hijos, o cuando se propone que las mujeres trabajen menos para que entonces utilicen más su tiempo en el cuidado y crianza de los hijos.

La igualdad sustantiva reconoce las diferencias biológicas que en la sociedad y en la sociedad y en la aplicación de la ley pueden producir desigualdad o desventajas para las mujeres, porque debido al androcentrismo la mayoría de las leyes y políticas funcionan con un estándar basado en el sexo masculino. De tal suerte que las condiciones socioeconómicas dadas suelen exigir a las personas laboralmente activas no soportar las responsabilidades de familia o domésticas para acceder a oportunidades académicas y laborales.

Por ello, Alda Facio apunta que hay desigualdades de orden social debido al género que resultan en desventaja o desigualdad para las mujeres, por ejemplo las generadas por la doble o triple jornada.

Por eso creemos que es muy importante que la ley y las políticas públicas no sean entendidas como neutras, sino precisamente debe revisarse como pueden encerrar discriminación en la aplicación para la esfera de las mujeres.

Porque tradicionalmente lo neutro significa esquemas androcentristas. Parten de un estándar masculino de accionar del Estado. D ahí que en la legislación se debe especificar la igualdad sustantiva.

La ley debe distinguir entre igualdad, como similitud o semejanza a la igualdad sustantiva, que se refiere particularmente a la igualdad de trato, que no parta de un modelo masculino o pretendidamente no se refiera al trato idéntico, sino al trato diferenciado para lograr que las niñas y mujeres puedan lograr el ejercicio efectivo de sus derechos.

Por ello proponemos y ponemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 4o. y el artículo 36 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue: Igualdad sustantiva. El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, o en su caso, buscando igualdad de resultados. Es necesario que niñas, niños y adolescentes reciban un trato diferenciado que tome en cuenta las características biológicas y de género, a fin de que estas no sean determinantes o limitantes en el ejercicio y goce de sus derechos.

Y en el artículo 36 proponemos la adición siguiente. El Estado adoptará las medidas necesarias para brindar un trato diferenciado, para que las disparidades biológicas o de género no limiten el acceso a los derechos, o que existiendo igualdad de condiciones el resultado afecte al goce de los mismos para las niñas. Las niñas y los niños merecen nuestra atención. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Y saludamos la presencia de alumnos de la escuela preparatoria Naciones Unidas, procedentes de Atizapán de Zaragoza, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Y también a amigos de la casa hogar El Recobro, de Ecatepec, Morelos, estado de México, invitados por el diputado Alejandro Armenta Mier.

Y también a integrantes de la Fundación Antiviolencia Escolar, A. C., invitados por el mismo diputado Alejandro Armenta Mier. Y también saludamos la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por la diputada Fabiola Guerrero Aguilar. Sean todas y todos ustedes, bienvenidos.

Ah, perdón, la diputada nos solicita que pueda ser turnada también la iniciativa presentada, la diputada proponente lo sugiere así, lo solicita así, que pueda ser también turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Bien. Tomamos nota y con la debida responsabilidad, por supuesto, y muy en consideración su petición, diputada, y se los daremos a conocer, así como a la misma asamblea en su momento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Gracias, presidente. El servicio público es un honor, por ello debe contar con las y los mejores en este país. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a ustedes para poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de establecer requisitos mínimos de elegibilidad para los secretarios y subsecretarios de despacho.

Con esta propuesta se busca establecer un sistema de designación basado en la idoneidad, profesionalización y preparación de los servidores públicos. En Nueva Alianza sabemos que la sociedad está decepcionada de la política y los políticos. Por ese motivo uno de nuestros principales objetivos ha sido restituir la dignidad del servicio público.

En su artículo 91 nuestra Carta Magna establece los requisitos que deben cumplir para ser secretario de despacho. A saber, ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal refiere que corresponde a las secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. Sin embargo, a pesar de las enormes responsabilidades que tienen que desempeñar sus titulares no se abunda en los requisitos que un secretario o subsecretario de Estado necesita para cumplir con tal labor.

Eso es lo que pretendemos cambiar en la presente iniciativa. En Nueva Alianza somos conscientes de que el ejercicio del servicio público debe exigir el mayor nivel de preparación, experiencia, capacidad y sobre todo, honestidad. Sabemos que en este espacio se ha avanzado pero aun falta mucho por hacer.

Para ser designado como secretario de despacho, según nuestra Carta Magna los requisitos son mínimos, ninguno de ellos se basa en la preparación, la capacidad o los conocimientos. Por ejemplo, basta mencionar que a los delegados de las dependencias y entidades de la administración pública federal que desempeñan sus funciones en las entidades federativas la Ley Orgánica les exige que tengan por lo menos estudios académicos en materias afines a sus atribuciones. Haber desempeñado cargos de alto nivel cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencias en materia administrativa, y no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Nada de ello se requiere para encabezar una secretaría de Estado. Es un hecho que la sociedad mexicana no confía en sus políticos ni en sus instituciones, por eso es preciso escuchar su voz e implementar los cambios necesarios. La administración pública federal debería ser el ejemplo y la pauta para que los procesos de modernización del sector público a nivel nacional se den.

En circunstancias económicas adversas, como las que aquejan al país, es indispensable contar con titulares que puedan hacer un uso adecuado y racional del presupuesto, así como ser capaces de llevar a cabo un ejercicio eficiente de los planes y programas gubernamentales. Y, sobre todo, de administrar con absoluta probidad los recursos humanos y financieros del cargo.

Ejercer la titularidad de una dependencia de la administración pública federal debe ser un privilegio de los más preparados y los más honestos. Las cifras de desconfianza de la ciudadanía hablan por sí solas.

De acuerdo con los datos de la empresa GEA-ISA, en su Encuentro Nacional de Opinión Ciudadana 2015, solo 41 por ciento de los encuestados aprobó la gestión del gabinete de la actual administración. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en una cifra de la empresa Buendía y Laredo, 63 por ciento de los mexicanos piensa que su país va en la dirección equivocada, cifra que representa el doble del porcentaje de personas que percibían lo anterior en los primeros meses de la actual administración.

Los ciudadanos están decepcionados de la política y de los políticos y manifiestan un justo hartazgo de la cultura de la dádiva y el compadrazgo. En Nueva Alianza estamos determinados a actuar para revertir el desprestigio que abate al servicio público, empezando por quienes encabezan las dependencias de la administración pública federal.

Compañeras y compañeros, lo que hoy estamos proponiendo y que esperamos contar con su apoyo, es de que sean justamente lo que está exigiendo la ciudadanía a lo que le demos respuesta. Seamos audaces, cambiemos las cosas hoy. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, el diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI, quien presentará tres iniciativas en una intervención.

La primera iniciativa. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La segunda iniciativa. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud. Y la tercera iniciativa. Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Evelio Plata Inzunza: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La primera de un conjunto de tres iniciativas, que me permito someter a consideración de ustedes, propone modificar diferentes artículos de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE.

Ello, con el propósito de aprobar así una medida legislativa que contribuya a abatir el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales públicos. Los motivos que dan sustento a la presente iniciativa, no pretenden sin embargo, poner autoridad alguna en el banquillo de los acusados, sino por el contrario, atender una sentida queja de la población derechohabiente de los servicios de atención médica a cargo de la Secretaria de Salud, del IMSS y del ISSSTE.

La iniciativa plantea así, adiciones a los artículos 27, 29 y 77 de la Ley General de Salud. Propone modificar también, los artículos 90, de la Ley del Seguro Social y 28 de la Ley del ISSSTE.

Esta propuesta procura en lo general determinar que en la acreditación de la calidad de los servicios prestados a la población derechohabiente deberá considerarse, entre otros aspectos, la prescripción suficiente, el surtimiento puntual de los medicamentos.

La segunda iniciativa propone una adición al artículo 119 de la Ley General de Salud para preceptuar que la secretaría del Ramo y las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, dispongan de información actualizada que permita prevenir contingencias e implantar medida de auxilio a la población afectada por los efectos del cambio climático.

Está claro que disponer de información oportuna acerca del cambio climático contribuirá a reducir los efectos derivados del fenómeno e instaurar medidas de protección a toda la población.

Este panorama llevó a que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la asamblea mundial de la misma, aprobara un nuevo plan de trabajo en materia de cambio climático y de salud. Este plan establece como necesidad fundamental, entre otras disposiciones, proporcionar, difundir información sobre las amenazas que plantea el cambio climático para la salud humana y las oportunidades de fomentar la salud reduciendo las emisiones de carbono. De ahí que el propósito de esta segunda iniciativa sea armonizar el plan aprobado por la Organización Mundial de la Salud y la Ley General de Salud de nuestro país.

La tercera de ese paquete propone que a los productores agrícolas, acuícolas, se les exima del pago de los derechos que correspondan a los usuarios de aguas nacionales de zona federal y de las descargas de aguas residuales, al igual que ocurre para las actividades agrícolas, pecuarias y de uso doméstico.

Contenido en la legislación correspondiente, se propone así reformar los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, máxime que derivado de esta situación y dado que no existe propiamente infraestructura gubernamental instalada para utilizar el agua del mar, son los propios productores acuícolas quienes con sus propios recursos han financiado las inversiones que este gasto les representa.

Es decir, aparte del pago de derechos por concepto en referencia, los acuicultores se han visto obligados a invertir en obras de infraestructura para el aprovechamiento y descarga de las aguas, lo cual no alienta la competitividad de la actividad acuícola. Por su atención y apoyo a estas propuestas, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Plata Inzunza. La primera iniciativa que se refiere a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se turna a las Comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social para Dictamen.

La segunda iniciativa, referida a la Ley General de Salud, se turna a la Comisión de Salud, para dictamen. Y la tercera iniciativa, referida a la Ley Federal de Derechos, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, se trata de un excelente nivelador social que permite de manera real y concreta, disminuir la brecha entre los estratos económicos y por lo mismo, ayuda a atenuar la desigualdad.

En caso de la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, destacando la que es permanente, requiere de una atención especial y particular, muchas veces no pueden trabajar a la par y al mismo ritmo los niños con alguna discapacidad que el resto de sus compañeros, sobre todo cuando se trata de una discapacidad neurológica y necesitan de toda la comunidad educativa y a veces de un apoyo extraordinario que pueda brindarle una persona preparada para ser un acompañante de la persona en cuestión.

Lo que hoy busco con esta iniciativa es la inclusión de las personas con discapacidad a la educación pública y privada. Hablo de inclusión porque hoy el artículo 41 de la Ley General de Educación habla de integración y no se trata de un simple juego de palabras o cambiar una por otra a capricho, ambas palabras tienen connotaciones diferentes. Incluir e integrar tiene significados muy parecidos, lo que hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente.

Sin embargo, en los movimientos sociales inclusión e integración representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos aparentemente iguales, que es: la inserción de las personas con discapacidad a la sociedad.

La diferencia entre incluir e integrar puede resultar sutil para algunos, pero es esencial para las personas que han adquirido o nacieron con alguna discapacidad. Existen dos maneras de comprender el desempeño de una persona con discapacidad en su comunidad escolar, como integración o como inclusión.

Organismos internacionales, como la Unesco y el Comité de los Derechos de los Niños, ambos pertenecientes a la ONU, están más a favor del término educación inclusiva o inclusión educativa. Creo firmemente que esta es la visión adecuada para nuestra realidad y nuestros tiempos, pues implica voltear la óptica de la situación y trabajar para cambiar la cultura de las personas sin discapacidad y las instituciones.

Cuando desde pequeños o a temprana edad los niños sin discapacidad conviven o estudian con los niños con discapacidad su sensibilidad, paciencia, comprensión, amor, apoyo y solidaridad crecen exponencialmente, permitiendo un mundo y un entorno inclusivo y generoso.

Defiendo lo anterior porque en la integración los niños se preparan en escuelas especiales para poder ingresar en algún momento a escuelas regulares. Las instituciones hacen cambios con el foco en las personas con discapacidad, las personas con discapacidad deben adaptarse a los sistemas que ya existen.

Las transformaciones muchas veces son meramente superficiales, y muchas veces de momento, solo se inserta al sistema a las personas que se consideran aptas y se piensa que el grupo de personas con determinada discapacidad son iguales y no se respeta su individualidad; y, finalmente, se disfrazan las limitaciones para aumentar posibilidades de inserción. En cambio cuando hablamos de inclusión e inclusión educativa, los niños no necesitan prepararse para una escuela regular, simplemente asisten a la escuela.

Los cambios benefician a todos, la sociedad se adapta para atender las necesidades de una persona con discapacidad, la sociedad se vuelve más atenta a las necesidades de todos. Se defienden los derechos de todas las personas. Se promueve y participan grupos que antes estaban excluidos. Se transforman sistemas para que sean de calidad para todos.

Se reconoce y no se disfrazan las limitaciones porque éstas son reales. Se reconoce que todos somos diferentes, todos somos personas y no hay necesidad de separar personas sin discapacidad de personas especiales o personas excepcionales.

De igual forma, propongo la aplicación de modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada e indebida para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

De la misma manera, es necesario plantear el uso de ayuda humana, de personal preparado y técnicas a través de dispositivos tecnológicos y materiales que permitan rehabilitar o compensar una o más limitaciones de los niños con discapacidad o jóvenes con discapacidad, a sus limitaciones funcionales, motrices, sensoriales, intelectuales de las personas con alguna discapacidad.

Compañeras y compañeros, hoy en el Día Internacional contra la Discriminación, dar el paso de integración a inclusión de una persona con alguna discapacidad significa velar por el bien superior de las personas y de los derechos humanos.

Para ello es que someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto para que la legislación mexicana garantice la inclusión de las personas con discapacidad a la educación pública y privada. Muchas gracias por su atención.  Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bolio. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Sonido en la curul del diputado Sergio Cancino, por favor.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Es para solicitar adherirme a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, pero aquí me gustaría agregar algo, no sé si sea el caso pero lo voy a mencionar, que la atención se pone particularmente en relación con la población estudiantil.

En el ámbito del sector educativo había que considerar también lo correspondiente al personal trabajador de cualquier categoría, que también está en condiciones de discapacidad. A ver si esto puede ser tomado en cuenta. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Esto ya sería parte, a la hora que se entra el proceso de dictaminación, en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

El diputado Sergio René Cancino Barffurson (desde la curul): A la otra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo pronto, entiendo que está usted solicitando adherirse en los términos en que está. Ya después podrá venir lo otro, ¿verdad? La diputada Bolio manifiesta su aceptación para que pueda suscribirse. Está a disposición de quienes así lo quieran hacer. Gracias, diputado Cancino.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita también por el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, ambos del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputada.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, la iniciativa que vengo a proponer ante esta honorable soberanía es algo sencillo, pero sumamente indispensable para poner remedio a los subejercicios en el gasto público, una práctica nociva que se ha vuelto recurrente en la administración pública federal y en los estados, sin que se apliquen las medidas correctivas pertinentes.

Los subejercicios en un gobierno o dependencia son sinónimo de incompetencia, de mala planeación, o de plano resultado de una conducta ilícita de los servidores públicos para beneficio personal.

En cualquier caso se afecta gravemente los objetivos y las metas del Estado mexicano, así como a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente cuando ocurren en programas sociales o productivos de carácter prioritario.

El no ejercicio del gasto público de manera transparente o el no ejercicio de los recursos en los programas para los que fueron etiquetados, o su entrega fuera de los tiempos programados son sin duda hechos muy graves en una administración.

Y lo es ante todo para el sector agropecuario, porque aquí las actividades productivas dependen de fechas precisas vinculadas a las temporadas de lluvia y, sin embargo, vemos cómo año con año los recursos para el campo se están entregando fuera de los tiempos programados, sin que se aplique ninguna sanción a las y los servidores públicos responsables.

¿De qué sirve entregar los apoyos para paquetes tecnológicos de fertilizantes o semillas, cuando el ciclo de lluvias ya ha terminado? Para el campo, la entrega de los apoyos de manera extemporánea es fatal, pues se rompe con la oportunidad el ciclo productivo, se encarece el crédito y los insumos, haciendo inútil es el esfuerzo de la sociedad por incentivar la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

En la teoría, supuestamente, tenemos un conjunto de medidas de control del gasto para que su ejercicio se realice con eficiencia y eficacia, como lo ordena nuestra Constitución en el artículo 134.

Tenemos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los calendarios de ministración con mandato de ley, para que se respeten de manera estricta. Existen también varios sistemas informáticos contables al interior de las dependencias, para el seguimiento y vigilancia continua del gasto.

En la realidad nada de esto funciona. El gasto presupuestal continúa caracterizándose por la opacidad y la discrecionalidad, sin que se proceda fincar las responsabilidades correspondientes, como lo observamos precisamente en el inicio de la actual administración, cuando el primer semestre de 2013 no se ejercieron más de 100 mil millones de pesos, y en 2014 cuando entre 167 programas y proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se gastó un peso del presupuesto asignado a varios programas en los primeros seis meses.

Sin embargo, nadie fue sancionado ni siquiera se le dio a la sociedad una explicación al respecto, simplemente pareciera que los subejercicios nunca existieron. Ciertamente hoy estamos en tiempos difíciles y de incertidumbre en las finanzas públicas, se cayó el precio del petróleo y se ha devaluado nuestra moneda.

El desorden financiero de esta administración no es nuevo, pero ahora parece incrementarse, y como sabemos, ya estamos amenazados por la Secretaría de Hacienda para nuevos y más profundos recortes al gasto durante 2016 y 2017.

En estos momentos de volatilidad e incertidumbre financiera, la sociedad demanda más compromiso con el servicio público y apego a la transparencia y a la legalidad. Se demanda mayor disciplina y responsabilidad institucional de las dependencias y los funcionarios ejecutores del gasto.

Es así que quienes ocupan un empleo, cargo o comisión en la administración pública deben responder administrativamente y ante la sociedad de sus actos u omisiones que afecten los fines del erario público.

Por ello, la iniciativa que proponemos, y para la cual pido el apoyo de los grupos parlamentarios que integran esta soberanía, considera la reforma del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a efecto de que los actos u omisiones de servidores públicos que causen la suspensión o deficiencia de un servicio público puedan ser considerados como una infracción administrativa grave.

Asimismo, proponemos reformar la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incorporar la sanción de los subejercicios por incumplimiento de los calendarios presupuestales, ya sea que esto ocurra por negligencia o de manera deliberada, como se presume muchas de las veces. Gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción. Y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Amnistía en una sola intervención.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias. Con su venia, presidente. Compañeros, compañeras diputados y diputadas, presento ante este pleno una iniciativa para reformar el artículo 73 en su fracción XII, al igual para presentar una Ley General de Amnistía en favor de los Presos Políticos y de Conciencia, ya que es un tema fundamental para terminar con las injusticias y el dolor que vive nuestro pueblo y que viven muchos dirigentes que lo único que han hecho es luchar por su gente y por su patrimonio.

En un México desgarrado por la violencia y la exclusión social, por la incertidumbre que viven las grandes mayorías que están en pobreza y en desigualdad, y por la impunidad sistemática que tanto complace a los criminales y corruptos, la liberación de presos políticos y de conciencia constituye una tarea ética impostergable.

Cuando esto no es posible a través de las vías judiciales ordinarias debido al dolo e indolencia de las autoridades competentes, es imperativo que los legisladores, en nuestra calidad de garantes de los principios que cimienta nuestra nación y Constitución, recurramos al recurso de la amnistía.

En nuestro país la historia registra varios momentos en que el Estado ha concedido amnistías para salvaguardar el orden social y reparar los daños cometidos contra quienes, enarbolando causas justas, han recurrido al cuestionamiento o confrontación directa; sea contra el sistema político mexicano en su conjunto o con órganos específicos de su gobierno.

Basta recordar la amnistía presentada en 1976, que facilitó la liberación de presos políticos vinculados al movimiento estudiantil de 68. O la de 1968, que permitió extinguir la acción penal imputada contra responsables de supuestos actos de sedición durante la llamada Guerra Sucia.

Sin embargo, pese al profundo carácter histórico de estos actos, la persecución por motivos políticos continua siendo un rasgo incomprensible de la postura del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos locales.

Frente a la exigencia y emergencia de expresiones de crítica, resistencia y movilización social, la experiencia de las virtudes de una apuesta por el diálogo y la concordia ha sido incapaz de sobreponerse a la necedad de emplear una política punitiva en la materia.

Hoy es cada vez más obvio que nuestro sistema penal ha permitido que existan personas que, agravándose su situación por su capacidad económica, origen étnico, género y carencia para el acceso a buenos sistemas de defensoría legal, han sido recluidos con base en expedientes conformados por delitos prefabricados a causa de sus actividades políticas.

Un caso emblemático de esta clase de procesos judiciales marcados por el dolo institucional y la persecución política es el de Nestora Salgado, jefa de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Mujer indígena que fue apresada solo por el hecho de defender a su comunidad del crimen organizado, fabricándole delitos inexistentes. Mujer que luchó ante la falta de respuesta del Estado mexicano para garantizar la seguridad de su comunidad. Mujer que sigue presa hoy injustamente. Mujer que es inocente.

En este caso, como en la mayoría de los casos, los inculpados han sido arrastrados a la cárcel mediante procesos judiciales plagados de anomalías y contradicciones. Envueltos en cuestionamientos por parte de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios independientes, especialistas en derecho penal, intelectuales y sociedad civil en general, quienes a su vez denunciaban públicamente la trasgresión del debido proceso.

Se han girado ejecutados cientos de órdenes de aprehensión en contra de personas responsables, solo de exigir frente a los constantes abusos de organizaciones del crimen organizado o de autoridades públicas un alto.

Sobre el asunto diversas organizaciones abocadas a la defensa y promoción de los derechos humanos han denunciado la existencia de cientos de presos políticos y de conciencia en las cárceles federales y estatales de México.

De acuerdo con un estudio publicado en 2010 por el Comité Cerezo México, de 2002 a 2008, mil 373 personas fueron detenidas por motivos políticos. De estos, mil 320 fueron catalogados como presos de conciencia, 44 como injustamente asociados a motivos políticos y nueve como presos políticos.

En el mismo estudio se hace mención, que las entidades con mayor número de presos eran Oaxaca, estado de México, Chiapas, Michoacán y Guerrero, concentrando que es el 78 por ciento de los presos políticos en el país.

Ante esta inadmisible realidad política y penitenciaria, propongo a este pleno se reforme la fracción XII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar facultades al Congreso de la Unión para otorgar amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca, tanto a tribunales de la federación como del fuero común.

Sobre la base de tal modificación propongo también, se expida la Ley General de Amnistía en favor de presos políticos y de conciencia. Frente a las contradicciones que en el discurso de un gobierno que dice pugnar por la concordia, el desarrollo del país, y en los hechos demuestra lo contrario.

Tenemos que dar la esperanza para los afectados, que se les permita recuperar la dignidad de sus vidas. Una acción de estas características constituiría un acto de valor simbólico, pues además de comenzar a reparar el deterioro en el tejido social, provocado por conflictos en donde el Estado mexicano también ha estado involucrado y también es responsable, mostraría indicios de un cambio sustancial en la estrategia ampliada para dar solución a las distintas manifestaciones de crítica y resistencia al aparato institucional.

Distanciándonos de la política punitiva hasta hoy aplicada, para dar paso a una basada en el amplio respeto a los derechos humanos.

Por sus características, esta amnistía exhorta a esta Cámara a la comprensión de la natural desesperanza que, habiéndose producido ante el flagelo de las situaciones injustas, inequitativas e indignas, explica el desarrollo de conductas fuera del marco de la ley.

Si está soberanía está auténticamente comprometida con la salvaguarda de los derechos humanos debemos, primero, reconocer la existencia la presos políticos y de conciencia en México para entonces comprender su condición de víctimas de procesos judiciales a menudo colmados de irregularidades, los cuales han sido desahogados aprovechándose de su desigualdad económica, social y cultural y obedeciendo a una persecución política que los criminaliza sin fundamento justo.

Sabemos que presos políticos como Nestora Salgado, han recurrido a prácticamente todas las instancias legales para resolver sus casos padeciendo una y otra vez la negligencia de las autoridades competentes, quienes les han obstaculizado e impedido el acceso a su libertad y que por tanto la única salida posible para dar solución a estos agravios debe ser el resultado de una decisión política emanada de esta representación.

Debemos ser conscientes de que para resolver cualquier conflicto es indispensable propiciar condiciones de paz y seguridad. Una política que apueste por remediar las exigencias enarboladas por movimientos...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, diputado Santiago. Nada más les recuerdo que está presentando dos iniciativas en una sola intervención, por eso estamos siendo flexibles con el uso del tiempo. Adelante, diputado.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Continúo. Debemos ser conscientes de que para resolver cualquier conflicto es indispensable propiciar condiciones de paz y certeza jurídica para los involucrados.

Una política que apueste por remediar las exigencias enarboladas por los movimientos sociales mediante la persecución y encarcelamiento sistemático de quienes frente a la crudeza de las circunstancias han decidido exponer sus vidas para defender su patrimonio, sus derechos y sus seres queridos; no solo es un absurdo, sino constituye una cruel injusticia.

Un total despropósito penalizar y castigar, así sea un examen crítico de la situación presente, solo perpetua la ignorancia respecto a las causas originarias de las problemáticas que sufre el país.

Que cese la persecución de quienes luchan por un país más justo. Que el reclamo popular sea escuchado y jamás hecho preso. Libertad para los presos políticos, libertad para Nestora Salgado. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Túrnese la primera de las iniciativas referidas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y la segunda, referida a la Ley General de Amnistía, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez, por favor.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Sólo para pedirle al diputado Santiago que nos deje suscribir su iniciativa, toda la fracción de Morena, y a las dos iniciativas, claro. Y acompañarlo en su justa demanda por la libertad de Nestora Salgado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Santiago manifiesta su aquiescencia y entonces está a disposición para que la suscriban quienes así lo consideren.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola –quien ya está acá en la tribuna– del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en México la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria ha sido una actividad lamentablemente precaria y desatendida por parte de las instituciones oficiales de salud, recayendo esta exigencia y servicio principalmente en organizaciones de asistencia social no gubernamentales, como: la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Comisión Nacional de Emergencias y el personal voluntario, entre otros. Lo anterior propicia vacíos en la cobertura de dichos servicios, además de desperdicio de recursos y en ocasiones que se agrave o se complique la situación original del paciente.

En muchas ocasiones se han intentado unificar los criterios en materia de la atención prehospitalaria, probablemente el ejemplo más claro es la formación de técnicos en urgencias médicas, actividad desempeñada principalmente por universidades tecnológicas y algunas otras instituciones educativas.

El día de hoy se propone la reforma en sentido de no acotar el derecho a la superación profesional de quienes aspiran a tener un título profesional en materia de atención prehospitalaria. Además debemos recalcar la importancia de la implementación de programas y entrenamientos de carácter profesional en la materia, ya que estamos hablando de la profesionalización de quienes representan el primer contacto de atención médica con el paciente en caso de emergencia. Los objetivos de la presente reforma son:

1. Incrementar la calidad de la atención pre-hospitalaria de las urgencias médicas, mediante la acreditación académica universitaria de todas aquellas personas que se dediquen a prestar esta clase de servicios, logrando con ello abatir considerablemente los índices de muerte por mal manejo o negligencia hacia los pacientes.

2. Que la actividad se oficialice ante la Secretaría de Salud, bajo el nombre de TSU, Técnico Superior Universitario Paramédico, y que se integre al organigrama de la institución a nivel nacional. De esta forma los profesionistas prestadores de servicios de atención médica prehospitalaria obtendrán su merecido reconocimiento y por consiguiente incrementar su remuneración salarial.

3. Que todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, ofrezcan un área específica de entrenamiento y prácticas para los estudiantes de la carrera técnico superior universitario paramédico.

Dichas actividades deberán ser prestadas previamente a la titulación por un periodo de cuatro a seis meses en el área de urgencias, y serán reconocidas como servicio social, mismo que a su término deberá ser el primer contacto de atención médica con el paciente... Perdón, mismas que será evaluado por la institución que se prestó el servicio.

4. Que se cuente como mínimo con un paramédico profesional dentro de las instituciones de salud, empresas, industrias, compañías mineras, instituciones educativas públicas y privadas, guarderías y eventos públicos con gran afluencia de personas, garantizando con ello el correcto y competente manejo de un ser humano en una situación crítica de emergencia.

Compañeros, agradeceré contar con su apoyo a esta iniciativa, que además de regular y mejorar la calidad de la atención pre hospitalaria propiciará la profesionalización del personal y unificará los criterios en el manejo de estos servicios en las instituciones que los otorgan. Muchas gracias por su apoyo y atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Continúe la Secretaría. Perdón, antes allá con la diputada Norma Edith Martínez, por favor.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Sólo con el tema de solicitar a la diputada Garzón me permita suscribir su iniciativa. El tema de salud es un tema profundamente importante para nuestra población y es importante que se tome justamente la atención que merece. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Garzón, en la lucha combatiente. Le solicitan autorización para adherirse a su iniciativa, la diputada Norma Edith Martínez. Manifiesta que sí, entonces está a disposición aquí para quienes la quieran firmar. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora sí continúe, por favor, la Secretaría con las declaratorias de publicidad.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.

1. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52, de la Ley de Migración.

2. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

3. De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que declara el año 2016 Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán.

4. De la Comisión de Gobernación, proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero, Aniversario del Nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826, al inciso a) y 22 de mayo, Aniversario de la Muerte de Mariano Escobedo, en 1902, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

5. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

6. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

7. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

8. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que se ha cumplido con dicho requisito de declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se autoriza. En consecuencia, están a discusión los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, el primero con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración y el segundo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Se informa a la asamblea que la fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento respectivo de los grupos parlamentarios. De tal manera tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gonzalo Guízar Valladares, para fundamentar ambos dictámenes, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputado presidente. Agradeciendo a los grupos parlamentarios que integran o que integramos la Comisión de Asuntos Migratorios, hoy venimos a fundamentar dos dictámenes en esta misma participación.

El primero es el decreto que reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración. Es un proyecto que suscribe la comisión y que fue turnado para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto para reformar esos artículos referentes, de aumentar de 3 a 10 días el permiso de estancia en territorio nacional que otorga la tarjeta de visitante regional.

¿Qué significa esto, amigas diputadas y diputados? Que actualmente la ley vigente autoriza hasta 3 días la tarjeta de visitante regional. Lo que solicita el ponente, asunto del dictamen, que se aumente a 10 días. La comisión optó en este caso, para tener como unidad de medida de estar aquí en este país, sobre todo la frontera sur sureste, llámese Guatemala, Belice, de 3 días a 7 días, esa es la ampliación del término, digamos, de la vigencia de la tarjeta de visitante regional.

Hay que reconocer que es un tema tan esencial para nosotros. Para que tengamos una idea, en el 2014 más de un millón 10 mil 330 personas usaron esa tarjeta. En el 2015 más de 792 mil personas, Guatemala, Belice, para visitar y tener permiso en el perímetro de la frontera sur-sureste, sea Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Esto tendrá sin duda un efecto económico y un efecto en materia de seguridad y de ordenamiento en el tema migración. Hay una derrama económica, sin duda, de permitirle a los visitantes regionales que estén hasta una semana para visitar estos estados, este perímetro del país, en la frontera sur-sureste sería para el sector comercio, servicios para los que viven precisamente, la generación de servicios y bienes sería una detonación económica y por tanto, consideramos esencial su apoyo, su autorización para que se convierta en una ley vigente.

El segundo dictamen consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Migración, el artículo 2, primer párrafo, el artículo 148, así como el artículo 17, el artículo 37, el 86 entre otras disposiciones, y toda vez que ya está publicado en Gaceta el dictamen, los pongo a su consideración.

Es darle fortaleza a la autoridad migratoria, darle certeza jurídica para que ninguna otra autoridad del país tenga que solicitar a los migrantes, a los hermanos migrantes su condición migratoria. Que sea solo la autoridad migratoria la correspondiente a solicitar la información que represente en ese momento a los hermanos migrantes, y que por ningún motivo, como lo dice la ley, se confirma en este texto se considere el ser migrante, ser ilegal o ser criminal o delincuente.

Creo que eso consiste esencialmente una de las reformas en el segundo dictamen. Y con respecto a, en este contexto a la visa de tránsito, creo una parte del ponente que solicitaba reformar y adicionar el artículo 40, le decimos lo siguiente en el dictamen que fue el consenso de la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

Para crear la visa de tránsito, artículo 40, que se contiene en las dos iniciativas que se dictaminan, si bien la comisión comparte el sentido de las mismas, considera que por su alcance e implicaciones en términos de seguridad requieren un estudio más detallado y debe ser objeto de una iniciativa aparte que afecte la Ley de Migración pero también otros ordenamientos.

En acuerdo con los proponentes se retiraron estas proposiciones con el objeto de ser desarrolladas en otra iniciativa que se presentará con el apoyo de esta comisión.

La Comisión de Asuntos Migratorios considera que es urgente implementar medidas específicas para personas que tengan la intención de internarse en territorio nacional con fines de tránsito, que permitan un flujo migratorio mejor regulado, más seguro y en lo posible abatir condiciones de vulnerabilidad.

En suma, amigas diputadas y amigos diputados, este segundo dictamen tiene que ver mucho para evitar las extorsiones, para darles certeza jurídica a los visitantes. Solo un ejemplo de esta reforma: alguien que viene y nos usa como país intermedio, que va a un tercer país, que no se le pida en su estancia hasta por 24 horas su situación migratoria. Que no se le pueda detener.

En dado caso en que la autoridad migratoria del instituto decida hacer lo conducente por diversas razones, que esta actuación se fundamente como lo establece el artículo 16 de nuestra Constitución. Es decir, que sea fundada, motivada y se le entregue una copia a ese migrante que por esas condiciones vía aérea usa a nuestro país como un país en tránsito hasta por 24 horas.

Es una de las disposiciones que estamos reformando y que considero que esto, sin duda, va a combatir las extorsiones. Nadie debe solicitarles a los amigos que vienen aquí en un periodo no mayor de 24 horas vía aérea ser molestados por su condición regulatoria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Están a discusión en lo general y en lo particular los dictámenes y ya tenemos una lista de diputadas y diputados para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos, para ambos dictámenes.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Honorable Mesa Directiva, estimados diputados. Hoy, por mi conducto, el Partido Encuentro Social habla a favor de los dictámenes en discusión.

El primero, con el propósito de impulsar la seguridad en la frontera sur-sureste; incentivar el desarrollo económico de las entidades de esa región de nuestro país permitiendo que los ciudadanos de Guatemala y Belice puedan permanecer legalmente en territorio nacional hasta por 10 días como visitantes, en lugar a los 3 días que hoy la normatividad permite a los usuarios de la tarjeta visitante regional, transitando libremente en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo sin autorización para realizar trabajo remunerado.

Esta modalidad ha ido en aumento desde su implementación generando importantes beneficios para la actividad económica de la zona en diferentes sectores, comercio, el sector gastronómico, el turismo, entre otros que se tramitan en puntos fronterizos de internación en dichos estados, así como en módulos itinerantes en Guatemala y Belice.

A la vez, el Instituto Nacional de Migración lleva un registro de visitas, que permiten tener un mejor control de las entradas y salidas de las personas a territorio nacional. Además, se tiene la posibilidad de potenciar las bondades que otorga esta modalidad si se amplía la permanencia en nuestro país de tres a 10 días, obteniendo beneficios para todos porque se fomenta el turismo, se desarrolla el comercio en la región fronteriza y además se mejora la seguridad para la ciudadanía.

Es por ello que estamos a favor de incentivar el desarrollo regional de nuestras fronteras, con orden, de manera segura y visualizar la migración como una oportunidad con la figura de visitante regional.

Por otro lado, es de destacar que hoy la economía nacional ha aumentado su dependencia de las remesas de las personas migrantes a más de 24 mil millones de pesos, por encima de los ingresos petroleros, sin que su generación signifique ninguna erogación al gobierno que este año destina para la atención de los migrantes mexicanos y sus familias, apenas 300 millones de pesos.

El asunto migratorio ya es de atención prioritaria en todo el país. Adecuar la Ley de Migración al marco jurídico constitucional actual de los derechos humanos. Prohibir y sancionar las detenciones de que son objeto los migrantes por parte de las diferentes policías e inclusive a veces de las Fuerzas Armadas. Evitar que autoridades migratorias en aeropuertos soliciten indebidamente visa de internación a pasajeros en tránsito con conexiones aéreas dentro de las 24 horas siguientes. Atacar el grave problema del tráfico de personas migrantes, sobre todo obligar de manera expresa que toda actuación y resolución de autoridades migratorias estén debidamente documentadas, fundadas y motivadas en los términos que establece el artículo 16 de nuestra Constitución.

Estos son algunos de los pendientes legislativos que hoy vemos plasmados en los dictámenes en comento y que votaremos, la fracción del Partido Encuentro Social, a favor, porque presupone justamente una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos con oportunidades para todos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Y tiene ahora la palabra, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Es incongruente exigir que se respeten los derechos humanos de nuestros compatriotas en la frontera norte y no hacer lo propio en el sur del país.

Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza es uno de los principales promotores del respeto a los derechos humanos, la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas.

Por este motivo estamos a favor de los dictámenes que la Comisión de Asuntos Migratorios somete a la consideración de este pleno y por los que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, con el fin de facilitar la estancia de quienes ingresan a nuestro país.

El artículo 1o. de nuestra Constitución es muy claro al establecer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, entendiendo la protección a los derechos humanos de la manera más amplia.

Lamentablemente todos conocemos las terribles condiciones a las que se enfrentan miles de personas que buscan un mejor futuro y condiciones de vida para sus familias, viéndose forzados a salir de sus lugares de origen.

México se ha convertido en un país de tránsito y por esta razón es preciso adecuar la ley vigente a fin de proveer de un marco jurídico acorde a la realidad que enfrentan miles de personas, cuya estancia en nuestro país se dificulta debido a que los periodos de tiempo que se especifican en la ley son sumamente breves.

Una de las propuestas que estaremos aprobando el día de hoy pretende que a los visitantes regionales, a los que se refiere la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración, se les permita permanecer en el país por un máximo de siete días a fin de que los usuarios de la tarjeta de visitante regional puedan contar con el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades que requieran en nuestro país. Además es importante subrayar que la presencia de estos visitantes constituye un significativo estímulo económico en las entidades federativas que los reciben.

Por otra parte, se pretende adecuar la ley para implementar acciones que protejan aquellas personas que ingresan en territorio nacional con fines de tránsito, a fin de facilitar un flujo migratorio mejor regulado, más seguro, y tratar de reducir los factores de vulnerabilidad a los que estas personas enfrentan.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2014, se realizaron 130 mil 723 detenciones de extranjeros por su entrada o estancia irregular en el país, de las cuales 91 por ciento de ellas correspondieron a ciudadanos de origen centroamericano.

Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 67.4 de los ilícitos cometidos contra migrantes, sucedieron en el sureste del país, principalmente en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

En este sentido la reforma pretende hacer más claros los derechos de los migrantes y establecer condiciones más precisas. Un ejemplo de lo anterior, es el caso de la reforma al párrafo tercero del artículo segundo de la ley, en el cual se especificará que en ningún caso, una situación migratoria irregular preconfigurará ni configurará por sí misma, en ningún supuesto, la comisión de un delito.

Cumplir con los preceptos que se establecen en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales es una obligación de todos. Por ese motivo, en Nueva Alianza estamos a favor de las reformas propuestas, ya que constituyen una oportunidad para reducir la vulnerabilidad de los migrantes en materia de derechos humanos; es primordial que dejemos el discurso y pasemos a los hechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputados, en esta ocasión me permito tomar la palabra para exponerle el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano respecto a los proyectos de decreto presentados por la Comisión de Asuntos Migratorios, por cuanto hace la reforma al artículo 52 en su fracción III y a demás disposiciones de la Ley de Migración.

Movimiento Ciudadano y sus diputados se encuentran comprometidos profundamente con México. Es por ello que, al momento de analizar cualesquier reforma, siempre vemos por el interés de la nación y lo que más nos beneficie a sus habitantes sin distingos de sexo, de raza, de religión, ideología o partido político que represente una propuesta, por lo que hace a la extensión de tres a siete días de internación al país en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche, respecto de las personas que vivan permanentemente en Guatemala y Belice. Nuestros vecinos y amigos de la frontera sur sureste, por conducto de la Tarjeta de Visitante Regional sin autorización de realizar trabajo remunerado, nos pronunciamos a favor.

Es de todos sabidos que desde que se implementó dicha tarjeta ha ido incrementándose el uso y la solicitud de la misma, por lo que en el año próximo y el pasado se utilizó por más de un millón de visitantes.

De igual forma, tal afluencia de personas ha generado una derrama económica importante en la zona al haber impulsado y consolidado sectores comerciales gastronómicos, turísticos, de hotelería y de transporte. Por ello, consideramos indispensable el aumento de la estancia por razones de seguridad nacional. Resulta conveniente que se amplíe a siete días.

Igualmente consideramos que los artículos 2o., 17, 19 Bis, 19, 21 Bis, 37 de la fracción III, inciso g), y además relativos que se proponen, deben ser aprobados por el pleno de esta Cámara de Diputados al resultar acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que nuestro país ha signado, y dada la tradición y protección del pueblo amigo que siempre ha defendido, enarbolado Movimiento Ciudadano.

Con estas reformas se impulsan modificaciones orientadas a fortalecer la perspectiva de derechos humanos de nuestra legislación en materia de migración y se adecúan al adendo por los diversos artículos 1o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

Por ello, con los diputados de Movimiento Ciudadano, conjuntamente votaremos a favor de los dictámenes ya señalados y estaremos muy pendientes de su correcta implementación por parte de todas las autoridades de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Saludamos la presencia de amigos de Acción Juvenil y estudiantes del estado de Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Reynoso Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos ustedes aquí al recinto parlamentario de San Lázaro. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Miguel Alva y Alva: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, Morena está a favor del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los migrantes, mismos que se ven reflejados en los dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, donde nuestro Grupo Parlamentario participó con una iniciativa que tiene que ver con la visa de tránsito y que al respecto me permito compartir con ustedes una serie de reflexiones.

La Organización Internacional de Migración nos señala que desde el año 2000 más de 40 mil personas fallecieron al tratar de cruzas fronteras selladas, y en lo que respecta a 2014 han muerto más de 4 mil personas.

Por lo que concierne a México, la travesía se ha convertido en la más letal, ya que en los últimos seis años dicha Organización estima que entre 40 mil y 70 migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos, fallecieron en el país. Los niños están incluidos en estas cifras, ya que entre enero y mayo de 2014 la patrulla fronteriza detuvo a más de 47 mil menores de edad migrantes, quienes no eran acompañados por ningún adulto.

De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, en 2010 habían muerto 213.9 millones de migrantes internacionales en el mundo, del total de migrantes internacionales el 51 por ciento son hombres y 49 por ciento son mujeres, por lo que expertos en la materia señalan que el fenómeno se ha feminizado y cerca de 80 por ciento de los migrantes provienen de los países en desarrollo.

La mayoría de los grupos de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos están compuestos por personas de entre 20 y 39 años y esto representa alrededor del 73 por ciento de la población migrante.

Es importante destacar que en este apartado, que 30 por ciento de los migrantes connacionales que residen en Estados Unidos viven en situación de pobreza. En los Estados Unidos las leyes y políticas en contra de este sector los criminaliza.

Es oportuno destacar que el crimen organizado ha emprendido una embestida en contra de los migrantes, donde obtienen ganancias por casi 7 mil millones de dólares anuales, según reveló el presentante regional de las Naciones Unidas contra Drogas y el Delito, por lo que aseguró: México solo nunca podrá brindar la protección y la asistencia a los miles de migrantes que transitan por su territorio.

Es por ello que la asignatura pendiente y foco rojo en el tema migratorio es el desempeño del Instituto Nacional de Migración, ya que se ha documentado en diversas denuncias por actos de corrupción y delitos, entre los que destacan secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios, robo de órganos, etcétera.

Por mencionar un ejemplo, los agentes del Instituto llaman a los migrantes cubanos en los Estados Unidos, haciéndoles creer que se encuentran en territorio estadounidense y que están secuestrados o que deben costear un oficio de salida para abandonar el centro de detención. Además de que 750 funcionarios dados de baja por no pasar las pruebas de control de confianza. Aunado a ello, 440 fueron inhabilitados por presuntos delitos contra migrantes.

En el 2003, el titular del instituto, Aurelio Vargas Fosado, declaró en el Senado de la República: he tenido la tentación de demoler, de meterle dinamita al Instituto Nacional de Migración. –Quiero decirles que técnicamente es lo que estamos haciendo–.

En 2015, Estados Unidos denunció a través de la WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que la corrupción se ha infiltrado en las instituciones migratorias e instó al gobierno federal a atacar los abusos de funcionarios.

La Comisión de Derechos Humanos ha documentado que el 74 por ciento de los ilícitos sucedieron en el sureste del país, en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Además del flujo de centroamericanos mencionados, se disparó en 2014 debido a la agudización de la violencia e inseguridad y pobreza en la región.

En 2013, fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración 86 mil 298 extranjeros, 34 mil 110 hondureños, 31 mil 188 guatemaltecos, 14 mil 610 salvadoreños y 792 nicaragüenses, entre otros.

En 2014, en cambio, fueron llevados a estaciones del Instituto 127 mil 149 extranjeros. Destaca el aumento de guatemaltecos, al grado de ponerse prácticamente a la par del grupo de hondureños; 47 mil 794 y 47 mil 521 casos respectivamente. Del Salvador fueron 23 mil 131 y de Nicaragua mil 180.

El porcentaje de repatriación es alto, en 2013 fueron devueltos 80 mil 902; en 2014, mil 107 mil 814, la mayoría de ellos de nacionalidades que ahora estudia la Secretaría de Gobernación.

Los migrantes son víctimas de una multiplicidad o concurso de delitos por parte, no sólo del crimen organizado, sino también de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de policías de cualquier orden de gobierno, e inclusive, de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que lacera gravemente nuestra institución, lo que vuelve al sueño americano una verdadera pesadilla y abre una página de verdaderas atrocidades en nuestro país.

En suma, la implementación de la visa de tránsito podría ser una alternativa administrativa eficaz para regular ordenadamente y dotar de seguridad a los migrantes que cruzan por México.

Falta aún más camino por recorrer, para poder brindar los derechos fundamentales de este sector, y en el Grupo Parlamentario de Morena legislaremos siempre para combatir las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y garantizar su tránsito por nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Alva. Y tiene ahora la palabra el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

El diputado Enrique Zamora Morlet: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, no cabe duda que México es un país con características y fortalezas únicas, esto debido a su posición geográfica, en donde encontramos hermosos litorales y extensas fronteras.

La frontera norte de nuestro país desde años ha acaparado la atención del gobierno, lo anterior se puede explicar en gran parte gracias al poder que tiene nuestro vecino del norte en los ámbitos económico, político y militar.

Por otro lado, nuestra frontera sur ha recibido un trato vago y escaso, debido en gran parte a que los países de ese espacio geográfico están en vías de desarrollo. Esta dicotomía ha originado uno de los flujos migratorios más importantes a nivel mundial, en el que se ven involucrados miles de migrantes centroamericanos, los cuales en su afán de buscar mejores condiciones de vida arriesgan su integridad personal con el fin de llegar a los Estados Unidos.

Los estados mexicanos que constituyen la frontera sur, son Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Este último es el Estado mexicano de mayor colindancia internacional dado que en su territorio se encuentra casi el 70 por ciento de la frontera sur mexicana.

Y es que la frontera sur tiene su propia dinámica, la cual es compleja y cambiante, ya que incluye el cruce de visitantes locales y trabajadores trasfronterizos, así como el tránsito de migrantes cuyo destino final son los Estados Unidos.

En lo referente a los visitantes locales, las personas guatemaltecas tienen la posibilidad de tramitar directamente los puntos de internación, la tarjeta de visitante regional, la cual permite visitar, hasta por tres días, los municipios de los estados fronterizos.

Las bondades de la implementación y utilización de la tarjeta visitante regional son remarcables, ya que permite el ingreso ilimitado a la frontera sur de México de forma fácil y segura. No tiene costo alguno. Tiene una vigencia de cinco años y contribuye al establecimiento de una frontera más segura permitiendo un mayor control de las entradas y salidas en nuestro país.

Asimismo, beneficia enormemente a la economía de estados como el de Chiapas, el cual cuenta con la mayoría de los puntos de internación en la frontera sur. Y es que de los 200 mil extranjeros que llegaron a Chiapas durante enero y febrero del año 2013, 140 mil lo hicieron con la tarjeta visitante regional.

En lo que respecta al otro dictamen, reconocemos que nuestro país, en los últimos años, se ha visto envuelto en una crisis en materia de seguridad pública, lo cual ha afectado sensiblemente los derechos humanos de migrantes irregulares.

Estos hechos son a toda vista condenables, sobre todo porque dichas personas, las cuales transitan en territorio nacional, gozan de los derechos que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales signados y ratificados por nuestro país.

Asimismo hemos observado otro problema que afecta los derechos humanos de los migrantes, y es que se ha detectado en diversas ocasiones que los agentes migratorios asignados en los aeropuertos suelen solicitar indebidamente visa de internación de los pasajeros de los vuelos internacionales en tránsito a un tercer país, y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada, como una manera para extorsionarlos, si se niegan los amenazan con deportarlos a sus países de origen.

Por lo anterior mencionado, el Partido Verde respaldará el dictamen que buscar reformar la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración, el cual pretende que la tarjeta de visitante regional permita a su poseedor transitar o visitar, hasta por siete días a la población de los estados mexicanos en la frontera sur.

Consecuentemente apoyaremos el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, con el cual se intenta evitar la discriminación y promover la protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por nuestro país.

Un ejemplo de lo anterior es la directriz que busca establecer que los extranjeros no necesitarán visa cuando estén en tránsito aéreo hacia un tercer país y cuya conexión no exceda de un término de 24 horas.

La protección de los migrantes debe constituir una tarea prioritaria y permanente de las autoridades federales. No olvidemos que una buena parte de nuestra población migra todos los días hacia Estados Unidos. Seamos respetuosos de los migrantes de otros países para exigir reciprocidad para con los nuestros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora la palabra el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Felipe Reyes Álvarez: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, saludo con agrado el presente dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios por la importancia que le reviste. Es necesario señalar que las y los migrantes son personas vulnerables, individuos trabajadores y valientes que fueron forzados a abandonar su tierra y poner en riesgo su persona.

Aunque en principio todos los Estados aceptan la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, esto no se aplica y las violaciones de sus derechos no solo son frecuentes sino que van en aumento.

En el PRD compartimos la necesidad de impulsar la seguridad en la frontera sur-sureste e impulsar el desarrollo económico de las entidades de esta región. Suscribimos que un primer paso es incrementar el tiempo de permanencia de los vecinos de países como Belice y Guatemala, entre otros, lo cual se lograría con incrementar la tarjeta de visitante regional de tres a siete días. Con ello se busca que se genere una frontera sur más segura y con flujos migratorios mejor regulados.

Lo anterior nace de la preocupación por el incremento exponencial de la migración de personas en tránsito por territorio nacional, sobre todo, centroamericanos rumbo a Estados Unidos. A la par, crecen las cifras en denuncias por violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos contra migrantes.

El objetivo del presente dictamen es armonizar el andamiaje legal, evitar lagunas jurídicas y que se reconozca el carácter integral de estos derechos a efecto de que prevalezca sobre otras, sin entrar en conflicto.

Por ello es necesario establecer en la Ley de Migración que queda prohibida toda discriminación de las personas migrantes, apegándonos a lo establecido en nuestra Carta Magna. Asimismo, es imperante garantizar que ningún elemento ajeno a autoridad migratoria podrá solicitar o detener a los migrantes en nuestro país.

Tal facultad solamente le queda subrayada, en el artículo 17 de la ley a los agentes migratorios de nuestro país.

Tan solo el año pasado, el número de deportaciones de México superó a la de Estados Unidos de Norteamérica, al expulsar a 118 mil centroamericanos contra 55 mil de Estados Unidos. De igual manera, es fundamental establecer medidas precautorias en contra de todo servidor público, que sin mediar causa justificada, niegue a las y los migrantes el respeto a sus derechos, lo cual queda asentado con las sanciones convenidas en el artículo 148 de la Ley de Migración.

La autoridad migratoria debe garantizar el correcto procedimiento administrativo, con lo cual se abonará a neutralizar todo acto que incremente las diversas formas de extorsión. De esta forma, se establecen como facultades exclusivas de las autoridades migratorias, solicitar documentación, detener personas en situación irregular con la finalidad de eliminar las acciones arbitrarias que ejercen autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Medidas de políticas migratorias como la que hoy se propone aprobar, buscan garantizar el máximo cumplimiento de los derechos fundamentales de la población migrante. Las presentes modificaciones abonarán a regular adecuadamente el flujo migratorio con los países vecinos del sur, favoreciendo el intercambio comercial, turístico y cultural en beneficio de la seguridad regional y contribuyendo a reducir los impactos perversos del crimen organizado sobre la población migrante.

De esta manera contribuimos a que México vuelva a ser una nación hospitalaria y abierta a la migración. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Luisa Sánchez Meza: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores. Si bien es cierto que la migración se traduce como la manifestación del ser humano de tener una vida mejor, también se inscribe como un fenómeno que sufre medidas restrictivas y violentas que atentan directamente en contra de la dignidad del ser humano.

En este sentido, el apego al debido proceso debe de ser una constante y no una excepción al momento de velar por una eficiente procuración e impartición de justicia que les permita a los miembros de la comunidad migrante una mejor defensa de sus derechos y de consolidarlos como un estado fuerte y congruente a los ojos de la comunidad internacional.

Por otro lado, la evolución de los esquemas de cooperación obligan a las naciones a actualizar sus marcos normativos con el objetivo de posicionarse como actores comprometidos con el fenómeno de la interdependencia como el eje rector que determina el éxito de las relaciones internacionales.

Por tanto, resulta altamente benéfico el atraer e impulsar mecanismos que faciliten el acercamiento entre las naciones, con la finalidad de fomentar estrategias de inversión que se traduzcan en la creación de empleos y en consecuencia fomenten el desarrollo económico de nuestro país, sin que ello comprometa nuestra seguridad fronteriza, hecho que solo puede ser exitoso en la medida en que se respete la dignidad inherente del ser humano dentro de nuestro marco jurídico.

Es decir, la defensa de los derechos humanos de la comunidad migrante y del acercamiento entre las naciones representa una poderosa sinergia entre términos de posicionamientos como Estado confiable y seguro, a efecto de lograr un desarrollo y crecimiento de nuestro país.

Señoras y señores legisladores, no lo podemos negar. Nuestro país enfrenta un déficit importante en materia de respeto a los derechos de la comunidad migrante, en total incongruencia con aquello que pedimos a los gobiernos extranjeros en términos del respeto hacia nuestros y nuestras connacionales en el exterior.

Lo anterior demanda una actualización de nuestro marco jurídico a efecto de evitar la comunidad migrante se vea criminalizada de manera fáctica en nuestro país por autoridades corruptas o por hechos que nos alejan de nuestro ideal como nación encaminada a fomentar siempre y en todo momento el apego al principio propersona, y por otro, que permita fomentar la cercanía y el buen entendimiento entre nuestros estados vecinos, lo que sin lugar a dudas refuerza la esencia misma del principio de la legalidad encaminado a defender el bien común.

Es por lo anterior expuesto que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de estos dos dictámenes, con el fin de abatir las condiciones de vulnerabilidad que sufre la comunidad migrante en nuestro país, y con la finalidad de fomentar lazos de cooperación que se traduzcan en beneficios para el desarrollo de nuestra sociedad mediante apego absoluto al principio de legalidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Por último tiene la palabra el diputado Álvaro Rafael Rubio, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Álvaro Rafael Rubio: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de los compañeros diputados y diputadas, voy a hacer un esfuerzo de hablar el español, porque yo sé de lengua indígena, mazateco.

Garantizar un diálogo político de alto nivel que asegure la interlocución de México con todos y cada uno de los países de la región, así como el ejercicio de un liderazgo constructivo, es un coactivo que en el PRI nos impusimos.

Los cambios que registra el país son vertiginosos. Hemos transitado a un país con plena apertura en todos los ámbitos de sus relaciones internacionales.

Se ha observado un aumento de la migración en México provenientes de los países del sur, ya sea migrantes que van de tránsito hacia los Estados Unidos o migrante que permanece en México.

El fenómeno migratorio representa un reto de creciente importancia para el Estado mexicano. La importancia económica, la vinculación social y cultural, y la transcendencia demográfica de los flujos, desde y hacia México, tienen un peso cada vez mayor para la vida nacional.

La política pública debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como: la diversificación al interior del flujo, los lugares de origen y destino, los perfiles migratorios, las estrategias de cruce e internación, inseguridad y los derechos humanos.

Por ello, es urgente el diseño e implementación de políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno aporten con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades.

En este tema, la perspectiva de género adquiere una importancia mayor, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres migrantes.

También se ha generado un nuevo fenómeno de migración de niñas, niños, adolescentes que no viajan acompañados. Al año son secuestrados miles de migrantes en México, quienes son sometidos a extorsión, abusos sexuales, actos de tortura, mutilación, extracción de órganos, trata de personas, esclavitud y homicidio por parte de los grupos del crimen organizado.

Este nuevo contexto nacional obliga a que la legislación del ámbito federal, como aquella que norma a los gobiernos estatales y municipales, deben actualizarse a la nueva realidad nacional.

No podemos hoy hacer caso omiso a la norma internacional que hemos suscrito y que estamos obligados a cumplir. Es claro que no hay soluciones fáciles ni caminos cortos para resolver los problemas de la humanidad. Los cambios positivos y duraderos que necesita el mundo actual sólo se pueden lograr con responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto.

En todos los continentes, en todas las latitudes, los migrantes viven historias de riesgo, de rechazos, de discriminación y abusos. Estas condiciones se agravan cuando por ignorancia, mala fe, racismo o mero oportunismo político los migrantes y sus hijos son estigmatizados y responsabilizados de las dificultades propias de los países de destino.

No permitamos que continúen estas injusticias, no permitamos que se pretenda despojar a las democracias del mundo de su espíritu plural e incluyente. Debemos sumar esfuerzos para crear un esquema mundial de protección a los derechos de migrantes, a la cultura de los desafíos que estamos viviendo.

El Partido Revolucionario Institucional reconoce la construcción de la sociedad que queremos y debemos reconocer la problemática existente como un punto de partida para el cambio. Por ello aplaudimos y aprobamos el puntual interés social que manifiestan los dictámenes que hoy presenta la Comisión de Asuntos Migratorios, uno relativo a ampliar la duración de la tarjeta de visitante regional, y el otro para respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes en nuestro país.

Como ya lo ha expuesto nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, necesitamos un México que construya puentes que acerquen a la sociedad, no muros que la dividan. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rafael. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Vamos a pasar a la votación de los dos dictámenes de manera consecutiva, individualmente, para que tomen sus debidas previsiones y no voten y se nos vayan del salón de plenos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

(Votación)

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Espérese, están aquí llegando, un diputado remiso, en la votación. Todavía está abierto. Adelante. Parece que ahora sí. Todavía.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tengan compasión, los remisos, la mayoría de las diputadas y diputados. Ahora sí ya.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 433 votos a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular, por 433 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y de inmediato se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

(Votación)

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 426 votos a favor y ningún voto en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá, acá. A ver, permítame. Acá hay un... Entró, okey. Nadie se nos quedó sin votar, están en el salón. Bien, entonces, aprobado en lo general y en lo particular por 426 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y de inmediato pasamos al siguiente punto, que es el referido a un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rafael Yerena Zambrano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que formule el proyecto de Norma Oficial Mexicana para factores de riesgo psicosocial, suscrito también por el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, ambos del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Dónde anda?

El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, tengo en esta ocasión el alto honor de hacer uso de esta tribuna para venir a tocar un tema de la más alta importancia para el país y para los trabajadores, me refiero al tema de la salud y seguridad en el trabajo.

Lo que está aconteciendo en el ámbito laboral en nuestro país es preocupante, ya que de acuerdo con cifras publicadas en el año pasado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, México ocupa el primer lugar en estrés laboral a nivel mundial.

Se ha precisado que las causas particulares del estrés laboral son exceso de trabajo, horarios estrictos e inseguridad laboral, malas relaciones con los compañeros, cambios constantes de jefes, tal como sucede con el outsourcing y sobre todo a la disponibilidad que de facto se someten los trabajadores a recibir instrucciones y regaños en horarios fuera de su jornada laboral.

En este sentido, el estrés en el trabajo ha repercutido negativamente en la salud de los trabajadores, ya que debido a él se originan padecimientos fisiológicos como trastornos digestivos, aumento en la tensión arterial, dolor de cabeza que a la postre provoca enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales. Asimismo, en lo que toca a la salud mental, también se generar daños como momentos de angustia y debilidad, confusión, cansancio, depresión intranquilidad e insomnio, lo que viene a dar como resultado el ausentismo laboral.

En estrés, el acoso, el malestar físico y síquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo que no atiende las recomendaciones para mantener un buen ambiente social en el centro de trabajo.

Recientemente se ha reconocido a estos factores sicosociales, entre ellos el estrés y la violencia laboral, como las principales complicaciones para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las unidades económicas para las que trabajan.

Afortunadamente y con gran tino, el gobierno federal ha emprendido acciones para enfrentar esta problemática en los centros de trabajo como la expedición del nuevo reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, en donde se defiende y se definen a los factores de riesgo sicosocial en los que figura la violencia laboral y el estrés grave.

No obstante, de reconocer la preocupación de las autoridades laborales, calificamos de urgente necesidad que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita la norma oficial en la materia, para así pasar de la recomendación a la observancia general de las disposiciones jurídicas que permitan imponer medidas correctivas a los empleadores para tener una mejor organización y prevenir los riesgos de trabajo.

Concluyo. Como perteneciente al sector obrero y al revolucionario institucional, es un deber ético por la lucha histórica que nos identifica, impulsar los instrumentos legales que brinden un mejor desarrollo sicosocial para la clase trabajadora a la cual le debemos el gran desarrollo de nuestra nación.

Por ello exhortamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que emita la norma oficial para atender los factores de riesgo sicosocial lo más pronto posible. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Yerena. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución, y para hablar sobre el tema ya tenemos la designación de los respectivos grupos parlamentarios y, en consecuencia tiene la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la salud mental es el fundamento del bienestar individual, es la mejor manera para trabajar de forma productiva y de contribuir a nuestra comunidad.

En Nueva Alianza reconocemos que salud y trabajo son dos aspectos que están estrechamente relacionados, ya que un buen estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral.

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Con preocupación nos enteramos que nuestro país se encuentra en los primeros lugares de trabajadores que presentan estrés laboral, lo que afecta de manera importante la salud de las personas, de las organizaciones y de la economía nacional.

Por ello votaremos a favor de este punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emitir una norma oficial mexicana para la atención de los riesgos psicosociales que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Los riesgos psicosociales se definen como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad y de estrés grave. La Organización Mundial de la Salud define el estrés laboral como un patrón de reacciones psicológicas, cognitivas y conductuales que se dan cuando los trabajadores enfrentan exigencias ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, destrezas o habilidades.

Una persona con estrés laboral presenta agotamiento crónico, así como falta de motivación y confianza en sus propias capacidades, lo que consecuentemente se traduce en un bajo rendimiento y escasa productividad que deriva, invariablemente, en pérdida de competitividad.

No es un tema menor, nos referimos a afectaciones de la salud mental que de manera directa ocasionan la aparición de otras reacciones fisiológicas en los individuos, que impactan de manera negativa en el desempeño de sus funciones laborales y en su interacción familiar y social.

Para Nueva Alianza es clara la necesidad de establecer en los centros de trabajo las acciones para identificar, prevenir y dar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial que puedan afectar la salud de los trabajadores. Propiciar ambientes laborales sanos para el bienestar personal de los trabajadores es un reto, y los retos de México son nuestro impulso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, señor presidente, compañeros. Hace unos momentos que de mi fracción me pidieron hablar sobre este tema. Me vino a la memoria una novela que leí hace muchos años, una obra del novelista francés Gilbert Cesbron, un autor de entreguerras, que escribió un libro intitulado Los Santos van al Infierno.

Y esa novela narra dramáticamente las vicisitudes, problemas a los que se veían sometidos los trabajadores de la industria en la Francia de ese periodo de la historia; un verdadero infierno era el que vivían, con presiones físicas, presiones mentales, y enfermedades físicas y mentales como consecuencia, ¿no?

De tal manera que debo decirles que, aunque esa novela es muy explícita y habla de muchas realidades, en México la realidad supera la ficción. Tenemos todavía una serie de injusticias laborales que combatir y tenemos muchas condiciones de trabajo que mejorar conjuntamente.

Yo mismo cité aquí hace unos meses, en noviembre, que tuve la oportunidad de subir y hablar en esta tribuna sobre el Presupuesto de Egresos, eran las 7:00 de la mañana, habíamos trabajado aquí todo el día y toda la noche, y sin ser esto un infierno sí hablé de la disfunción cognoscitiva que el ser humano adquiere después de muchas horas de trabajo. Una disfunción cognoscitiva que no solo afecta su salud física y mental, sino que lo lleva a cometer errores en su diario laboral.

De tal manera que saludo, así como mi fracción saluda también con beneplácito, esta propuesta. Tan convenido estoy de ella que hace apenas unas semanas presenté aquí ante la Comisión de Salud una propuesta similar para mejorar las condiciones de los médicos residentes e internos de pregrado que están también sometidos a condiciones laborales muy adversas, una propuesta que coincide con la que hoy se ha presentado y la que apoyamos totalmente.

Creo que debemos exhortar a la Secretaría del Trabajo a que emita esta Norma Oficial Mexicana para tomar en cuenta los factores psicosociales que afectan a nuestros trabajadores, y tratar de mejorar las condiciones, tanto por justicia como por mejorar las condiciones y mejorar los resultados de su trabajo.

Creo que el trabajo de los hombres es sagrado, hay que cuidarlo y esta Norma Oficial Mexicana viene en forma muy oportuna. Muchas gracias. Buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Diputado presidente, diputadas, diputados, buenas tardes. Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas sobre los procesos laborales y el diseño de trabajos son de carácter socio-demográfico, económico, político y tecnológico. Estos cambios han originado nuevos riesgos psicosociales en el trabajo que afectan a la salud y la calidad de vida laboral, pues incrementan los niveles de estrés de los trabajadores, repercutiendo negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores.

Los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, del ciclo del sueño y de estrés grave y de adaptación. Todo esto derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y a la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado o por los salarios insuficientes.

Podemos clasificar a los factores de riesgo como las nuevas formas de contratación laboral, que se caracterizan por la aparición de contratos de trabajo a prueba, de capacitación  y los muy lamentables outsourcing. Dichos contratos son todavía más precarios junto con la tendencia a la producción ajustadas, que demanda horas extras y ampliación de los horarios, rotación de personal. Todo esto aunado a la inseguridad en el puesto de trabajo.

Los trabajadores con contratos precarios suelen realizar tareas más peligrosas, en peores condiciones y recibir menos capacitación. La falta de estabilidad laboral y contractual puede aumentar los niveles de estrés y de ansiedad del trabajador. El envejecimiento de la población laboral activa y el retraso en la edad de jubilación, que la hace más vulnerable a la carga mental y emocional. La intensificación del trabajo con cargas de trabajo cada vez mayores y bajo una mayor presión en el ámbito laboral demanda alta responsabilidad y requieren mayor concentración y atención por periodos prolongados.

Está en riesgo sobre todo en los campos muy competitivos, en los que los trabajadores pueden temer que su eficiencia y su rendimiento se evalúen con mayor detenimiento y por ello tienden a trabajar más horas para finalizar con sus tareas.

Las fuertes exigencias emocionales en el trabajo, el sometimiento a situaciones hostiles o acosantes por parte del patrón, con un incremento al acoso psicológico y de la violencia laboral. Como ejemplo tenemos hoy la mal llamada reforma educativa, que sirve de pretexto al secretario de Educación, Aurelio Nuño, para acosar laboralmente y amenazar con despedir a 3 mil maestros que están padeciendo estas afectaciones, no solo económicas, sino psicosociales, desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, debido a la falta de ajuste entre las condiciones de trabajo.

Hace un año, en febrero de 2015, se incluyó en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo la medición de los factores psicosociales. El Instituto Mexicano del Seguro Social incorporó a la lista de enfermedades laborales los trastornos mentales derivados del estrés, en concordancia con la Organización Internacional del Trabajo, debido a que durante los últimos cinco años se ha visto un incremento en los padecimientos mentales asociados al estrés laboral.

Hay que señalar que siempre han existido riesgos sociales en el trabajo, lo que ha cambiado es la percepción social que existe sobre ellos.

Los cambios sociales ocurridos, como el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo del salario, la reforma a la ley laboral nefasta que flexibilizó el trabajo, así como los cambios en los sectores ocupacionales han contribuido al incremento de este tipo de riesgos, hasta el punto de constituir un problema que por el número de bajas laborales en las que están implicados y las consecuencias que tienen sobre éxito de esta organización, merecen ser considerados y tratados por las autoridades que regulan el mundo del trabajo y la salud, pero de una manera seria y responsable.

En ese sentido y solo así, Morena está a favor para que en realidad se vele por la seguridad psicológica de los trabajadores y que sea para bien y que esta norma no se traduzca en un perjuicio, sino en un beneficio. Solo así Morena está a favor de esta iniciativa que se pretende presentar. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Ahora tiene la palabra el diputado Cesario Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su permiso, presidente. El factor trabajo, es decir, las y los trabajadores, son el elemento más importante para la producción y la generación de riqueza.

En este sentido, representan un motor insustituible para el crecimiento económico y la prosperidad de una nación, por este motivo resulta esencial proteger los derechos laborales, los cuales en el caso de nuestro país se encuentran consagrados en la Carta Magna y en otros tantos ordenamientos relativos a la materia.

No obstante, que en México existe una sólida estructura jurídica e institucional que promueve los derechos de los trabajadores y vigila que estos sean respetados, en la práctica existen factores internos y externos, propios de las nuevas dinámicas en el mundo del trabajo, que pueden llegar a afectar la vida social y la salud de la clase trabajadora.

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de seguridad y la salud en el trabajo, ya que estos afectan de manera sensible la estabilidad de las personas, de las organizaciones e incluso de las economías nacionales.

Los riesgos psicosociales tienen su origen en las deficiencias en cuanto al diseño, la organización y la gestión del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento, la ansiedad o la depresión.

Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores que su capacidad para hacerles frente. Además de los problemas de salud mental, los trabajadores sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar problemas graves de salud física, como enfermedades cardiovasculares o problemas musculoesqueléticos.

Los efectos negativos de los riesgos psicosociales del trabajo se traducen tarde o temprano en un mal rendimiento de las organizaciones, pues aumentan el ausentismo y crecen los índices de accidentes y lesiones.

Las bajas por trastornos psicosociales tienden a ser más prolongadas que las derivadas de otras causas, y el estrés relacionado con el trabajo puede contribuir a un aumento en los índices de jubilación anticipada.

De esta manera, el impacto económico que acarrean los riesgos psicosociales del trabajo a las empresas y a la sociedad es cuantioso y se calcula en miles de millones de pesos a nivel nacional.

Si bien el estrés laboral es un problema que afecta a países de todo el mundo, México mantiene índices alarmantes de este trastorno psicológico, ya que según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75 por ciento de los mexicanos que trabajan padecen estrés laboral, colocando a nuestro país en el primer lugar global, siguiéndole China con el 73 punto por ciento y Estados Unidos con un 59 por ciento.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud asegura que el estrés laboral provoca el 25 por ciento de los infartos registrados anualmente en México. Los altos índices de estrés laboral lo convierten en un problema de salud pública que merece toda la atención por parte del gobierno y también del sector privado, pues se tiene la urgencia de poner en marcha acciones y estrategias que combatan los factores de riesgo psicológico a los cuales los trabajadores están expuestos.

Algunas medidas propuestas por la Organización Internacional del Trabajo respecto a la disminución del estrés laboral son la modificación de exigencias laborales, así como asegurarse que los trabajadores tengan o puedan adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz. Para lo cual, sin duda alguna, es indispensable la expedición de una norma oficial en la materia.

La salud mental es un elemento de vital importancia en lo que respecta al bienestar personal y al desarrollo social. Una persona que goza de buena salud mental está en equilibrio consigo misma. Es capaz de establecer relaciones sanas con su entorno y desempeñar de mejor manera el rol que le corresponde jugar en la sociedad, con lo cual puede contribuir mayoritariamente al desarrollo de la misma.

Un entorno psicosocial favorable fomenta el buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del trabajador. Por ese motivo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Márquez. Tiene ahora la palabra el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo los factores psicosociales son las interacciones entre el trabajo, sus condiciones y el medio ambiente con las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones personales que pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencias.

En México se definen los riesgos del trabajo como los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social en México editó una guía para la evaluación de factores psicosociales en el trabajo, entendiendo los fenómenos o eventos cuya presencia o ausencia pueden conducir daño en la salud mental del individuo. Trabajadores que se exponen sobre todo en las minas, hombres valientes que desde luego sufren estas consecuencias. Los que andan arriba en las plataformas en altamar o los trabajadores de Comisión Federal que arriesgan su vida muy cerca de la alta tensión.

En México se ha avanzado poco en materia de riesgo de factores psicosociales y los efectos son múltiples en los diferentes ámbitos del trabajo.

El Grupo Parlamentario del PRD vemos en este punto de acuerdo una petición muy pertinente. Como siempre, el PRD ha estado cerca de los trabajadores, de los hombres y mujeres que siempre están luchando por llevar el sustento a sus familias, ya que, al no haber normas, lo que existe es un escenario donde todos pierden.

Los empleados sufren desánimo, cansancio, ansiedad, estrés, pérdida de ingresos e inclusive el desempleo y en quedar marcado por el padecimiento de una posible enfermedad mental. Para los empleadores los costos se traducen en baja productividad, disminución de los beneficios, altas tasas de rotación de plantillas y mayores costos de selección y formación de personal sustituto.

Por los gobiernos, los costos incluyen gastos de atención médica, pagos por seguros y merma de la producción a nivel nacional. Sin embargo, el mayor costo es para los trabajadores, pues se manifiestan no solo en su propia salud física y mental, sino que afecta todo el ámbito familiar.

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras, son resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares.

Actualmente los riesgos psicosociales son una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales, razón por la cual la evaluación de riesgo, es un paso necesario para detectar, prevenir y, en su caso, corregir las posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales.

Para ello, es necesario la coordinación de esfuerzos institucionales para la elaboración de las normas que regulan los factores de riesgo laboral.

En ese sentido, proponemos que además de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para participar en la formulación de la norma oficial mexicana en la materia debido a que en gran medida los costos derivados de los accidentes o enfermedades producidas en el trabajo, recaen en esta institución.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la posición de punto de acuerdo para que se formule el proyecto de norma oficial para factores de riesgo psicosociales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Tiene ahora la palabra, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, en Acción Nacional sostenemos que el trabajo es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.

Hoy la población necesita mejores empleos, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Para lograr estos objetivos, las y los trabajadores deben tener garantizado su derecho a la salud y ello incluye a la salud mental.

Estudios recientes han encontrado una tendencia a la alza en la cantidad de trabajadores que padecen estrés laboral. Esta condición es muy preocupante porque afecta la productividad de las personas y porque además puede ser preámbulo de otras reacciones fisiológicas, algunas graves.

Para ser un país productivo necesitamos concentrar esfuerzos institucionales que doten a los trabajadores de capacidades y condiciones óptimas para su desarrollo profesional. Ello implica generar políticas acordes a las nuevas realidades laborales.

Si actualmente nuestro país se encuentra en los primeros lugares de estrés laboral, es imperativo que se emitan líneas de acción para crear ambientes de trabajo saludables y fomentar estilos de vida que no deterioren de manera sistemática la salud mental de los trabajadores.

Acción Nacional considera fundamental generar herramientas jurídicas para asociar estrechamente el derecho a la salud y el derecho a un trabajo digno. Por ello en el Grupo Parlamentario del PAN nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que formule el proyecto de norma oficial mexicana para factores de riesgo sicosocial. De esta forma se podrán trazar líneas claras para prevenir el estrés laboral y se abonará al ejercicio del derecho a la salud.

Si queremos un país productivo necesitamos una sociedad sana, y para ello debemos tener una visión integral del bienestar de las personas. Si efectivamente queremos generar empleos dignos debemos considerar las distintas aristas que el cumplimiento de este objetivo implica. Una de ellas es procurar la salud mental de los trabajadores a través de mejores condiciones laborales.

Así podremos avanzar en el largo camino del crecimiento económico y del desarrollo integral de todos y cada uno de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Lizárraga. Por último tiene la palabra el diputado David Aguilar Robles, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado David Aguilar Robles: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respalda este exhorto a la Secretaría del Trabajo y previsión Social para emitir la Norma Oficial Mexicana que permita prevenir y atender el estrés y la violencia laboral, ya que estos factores de riesgo psicosociales presentes en los centros laborales, vienen a descomponer el ambiente de trabajo y con ello perjuicios no sólo en la productividad de las empresas, sino también en la salud de las y los trabajadores.

Salud y trabajo correlación necesaria en el desarrollo de cualquier país. Históricamente el Partido Revolucionario Institucional siempre ha estado a lado de las causas de la clase trabajadora, por ser un instituto, precisamente, que viene de un movimiento social primordialmente de trabajadoras y trabajadores.

Hoy es el caso que apoyamos esta propuesta y con ello seguimos impulsando el bienestar laboral para seguir contribuyendo al desarrollo de este gran país, procurando que las y los empleadores, así como las y los trabajadores se organicen de una mejor manera en donde la norma sea la directriz para que las empresas que ofrecen bienes y servicios, puedan seguir creciendo y dar mayor bienestar social.

Por último, no omitimos mencionar que el gobierno de la República ha puesto en marcha el programa de bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo, lo cual demuestra su preocupación en este tema de los factores de riesgo psicosociales, pero que aún con estas acciones, compartimos la preocupación que es una norma oficial y que atenderá de forma más eficaz esta problemática. Es cuanto, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguilar. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a invitar a un representante de los trabajadores al servicio de la educación para que participe en los grupos de trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que fueron suscritos por las entidades federativas.

Está larguito el nombre de lo que quiere sacar adelante, pero pues así lo hizo; así que vamos para adelante.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en Nueva Alianza consideramos como un eje fundamental de nuestra agenda legislativa la educación como factor de movilidad social que transformará las necesidades del siglo XXI.

Estamos convencidos de que un aspecto esencial para fortalecer la equidad educativa tiene que ver con la calidad de la infraestructura escolar, la cual promoverá de manera particular que todas y que todos tengan las mismas oportunidades para incorporarse en el sistema educativo, con el fin de que se garantice el derecho humano a una educación de calidad.

Por esa razón Nueva Alianza reitera su postura de intensificar que existan escuelas de calidad con mayor y mejor infraestructura en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente establece que el Estado Garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Para Nueva Alianza la infraestructura escolar es un tema medular para asegurar un mejor aprovechamiento en los alumnos y se garanticen óptimas condiciones para el trabajo docente. La renovación de infraestructura escolar es el mecanismo que garantizará la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes.

Bajo este contexto hemos dado puntual seguimiento al Programa Escuelas al Cien, que tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura física, educativa, de planteles de tipo básico, medio superior y superior con cargo a los recursos obtenidos por la potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM.

En consecuencia, el 19 de octubre de 2015 se firmó el convenio de colaboración con 32 entidades federativas. Por su parte, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa emitió, el 19 de noviembre de 2015, la normatividad operativa del Programa Escuelas al Cien y finalmente, el 4 de diciembre del año pasado, la Bolsa Mexicana de Valores llevó a cabo la primera emisión de certificados de infraestructura escolar nacional.

Cabe destacar que el Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, realizado por el INEGI, permitió identificar el rezago físico de las escuelas, revelando que el 26 por ciento de los inmuebles escolares de educación pública en el país no se construyeron con fines educativos, y el 2 por ciento de los inmuebles están construidos con materiales ligeros y precarios.

A la fecha ya se tienen determinados los planteles educativos que habrán de ser beneficiados por el Programa durante los siguientes tres años, por lo que para Nueva Alianza es fundamental cuidar la correcta ejecución y aplicación de los recursos.

En tal sentido, cabe mencionar que el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples prevé la creación de un grupo de trabajo para el cumplimiento del convenio, en lo relativo a la distribución de los recursos.

La integración del grupo de trabajo será por cinco servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública y establece la posibilidad de invitar a representantes que tengan amplios conocimientos relacionados con las acciones de coordinación que plantea el convenio y que permite auxiliar al grupo en la toma de decisiones.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de la importancia de la educación, así como de la profesionalización de los docentes. Sin embargo, el esfuerzo que se haga en esta materia resulta inocuo, si no va acompañado de una infraestructura de calidad que permita detonar el desarrollo educativo de todos los mexicanos.

Por lo anterior, proponemos el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con el objeto de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a invitar a participar en el grupo de trabajo que se constituya al amparo de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, a un representante de los trabajadores al servicio de la educación.

Convoco a mis compañeros legisladores a votar a favor del presente punto de acuerdo y de la educación por México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Para referirse al tema tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. Con el permiso de los integrantes del pleno. Yo verdaderamente creo que el punto de acuerdo que acaba de presentar aquí Nueva Alianza, pone en el centro de la discusión el debate que deberíamos de estar teniendo, a nivel nacional, sobre la implementación de la reforma educativa.

Creo que por una parte está lo que ha sido el discurso de la Secretaría de Educación Pública, y por otra parte, muy diferente, está ocurriendo la implementación real de la reforma educativa.

Las siete prioridades que ha mencionado el secretario de Educación en su discurso, los programas y políticas públicas que ha anunciado básicamente en lo que va de los últimos meses, han sido Escuelas al 100, que es específicamente al que hace referencia el punto de acuerdo, y Escuelas al Centro y toda la parte del discurso público que ha arropado esta política pública.

Se dice, por ejemplo, en el discurso, que la solución es la comunidad educativa, que la comunidad educativa es el ingrediente principal para que la reforma educativa tenga éxito.

Y por qué en Escuelas al 100 no están incorporando a una parte esencial de la comunidad educativa que son los maestros, y yo diría, también los padres de familia.

Por qué las evaluaciones y el censo que dice la Constitución que el Instituto Nacional de Evaluación para la educación va a ser el que haga la rectoría de la política educativa, por qué no se contrastan esas evaluaciones y por qué no se contrasta el censo que ya se hizo de las escuelas, para la implementación de estos programas.

Están pensando en la foto, en la Secretaría de Educación Pública. Va a las escuelas, el secretario, que no tienen problemas de infraestructura. No va a esa gran cantidad de escuelas que no tienen drenaje, que no tienen luz, que no tienen las condiciones mínimas.

En Escuelas al Centro no entra una sola escuela de multigrado, no entra una sola escuela rural, no entra una sola escuela de niños de jornaleros agrícolas, que son las que tienen el verdadero problema de atraso de la calidad educativa.

Por eso necesitamos a los maestros en la toma de decisiones, a los padres de familia y a los alumnos. Por eso Movimiento Ciudadano acompaña esta demanda de los representantes del Magisterio en esta Cámara, de que los maestros jueguen un papel protagónico en la implementación de la reforma educativa, sólo así lograríamos que el discurso se convierta y se traduzca en acciones. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Álvarez. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas tardes a todos los compañeros diputados, hoy debatimos acerca de este punto de acuerdo presentado por el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Partido Nueva Alianza, en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública de incluir un representante de los trabajadores al servicio de la educación para participar en los grupos de trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, que fueron suscritos por las entidades federativas para mejorar la infraestructura educativa.

Nosotros, en Morena, estamos convencidos de la necesidad de superar los rezagos de la infraestructura educativa en nuestro país.

Uno de los múltiples campos de la atención a las necesidades sociales en el que nuestro país no ha avanzado como el pueblo de México, es decir, en vez de ir para adelante vamos para atrás.

Por eso también nos preocupa el esquema que se promueve para cumplir con las metas de escuelas al cien, porque son esquemas que en apariencia buscan atender un problema, pero que en realidad buscan un impacto mediático al desarrollar nuevos esquemas de negocios.

Cierto, urge atender el rezago acumulado por años en el mantenimiento y construcción de infraestructura educativa en nuestro país. Es inaceptable que cientos de miles de niños mexicanos sigan asistiendo a escuelas que no tienen techo ni servicios sanitarios. Y ahora resulta que los funcionarios que debieron atender esta problemática por la vía del uso de los recursos públicos, y en su caso la promoción de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, encontraron que pueden superar esos rezagos con ingeniosos esquemas financieros.

Esta propuesta busca financiar el mantenimiento y la construcción de infraestructura educativa con la colocación de bonos de infraestructura educativa que buscarán obtener en los próximos tres años recursos hasta por 50 mil millones de pesos, los cuales se pagarían con los recursos del FAM y otros más que ya se promueven por parte de Hacienda y de la SEP.

El esquema se ha promocionado como una forma de potencial o recursos del fondo que en realidad se basa en la colocación de deuda con garantía de pago basada en los recursos futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples, que en 2016 ascienden a cerca de 20 mil millones de pesos.

Como se observa, hay una gran cantidad de recursos que bien administrados y orientados deberían reducir los rezagos en un breve tiempo. Pero parece que el objetivo no es la atención a los rezagos sino a abrir espacios a los negocios y lograr un impacto mediático, el riesgo es que no sea más que eso.

El punto de acuerdo que se debate no cuestiona la forma en la que se pretende empeñar los recursos futuros del PAN, sino que busca incorporar integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los grupos de trabajo que orientarán el destino de las inversiones.

En Morena estaríamos de acuerdo con una propuesta que promoviera la participación de directores, docentes, sociedad de padres de familia, que no necesariamente estén afiliados al sindicato; porque realmente son ellos, la comunidad escolar, quienes conocen la realidad y la necesidad de las instituciones y son quienes pueden desempeñar las funciones de fiscalización social sobre el uso y aplicación de estos recursos, que pretenden utilizarse con toda discrecionalidad.

Sentimos que el despido de los 3 mil 660 maestros que ayer fue anunciado es una forma que, lejos de mejorar la situación de nuestro país en la educación, lo único que hacen es castigar y es lacerar a nuestros docentes. Por ello también nos pronunciamos en contra en Morena. Este punto de acuerdo no parece buscar esos objetivos, por ello los de Morena nos abstendremos ante esta propuesta. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gómez. Tiene ahora la palabra la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias. Con la venia de la Presidencia. La educación en nuestro país se ha mantenido como un tema de relevancia no solo en los últimos años, sino que se trata de un asunto que preocupa y ocupa a la administración pública federal desde hace tiempo, siendo en este sexenio donde se han realizado las modificaciones de mayor impacto en el sistema educativo nacional, lo cual no sucedía desde hace décadas.

Las posiciones que en jerarquía desempeñaban alumnos, profesores y elementos auxiliares que participan en los diferentes modelos educativos se han modificado constantemente, ocupando diversos niveles de importancia en el diseño de las estructuras pedagógicas.

Con las medidas emprendidas por el gobierno federal, se trabaja para concretar un modelo de carácter horizontal que permita la participación de autoridades, trabajadores de la educación, padres de familia y especialistas que participen en la construcción de una educación de calidad, y así dar cumplimiento a la obligación impuesta al Estado en materia educativa plasmada en el artículo 3o. de nuestra Constitución Política, en el cual se establece la garantía en cuanto a servicios de educación obligatoria, de calidad, por medio de materiales, métodos, organización escolar, estructura física, así como docentes y directivos idóneos para el servicio magisterial.

Consideramos que las actividades que realizan los integrantes de la comunidad educativa son imprescindibles para el fortalecimiento de los trabajos encaminados a elevar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, quienes representan el activo de mayor valía con el que contamos para desarrollarnos como país y en congruencia debemos considera la permanencia del trabajo en el aula y la preparación de los docentes.

Participar en un proceso de renovación, venciendo miedos y superando vicios no es un acto fácil y solo es posible lograrlo mediante una planeación adecuada que permita la inclusión de diversos actores que se integren al proceso, respetando los ámbitos de actuación de cada uno, de manera que cada quien aporte al logro de un objetivo que en este caso es asegurar la educación de calidad para los alumnos de los niveles básico al medio superior.

No nos oponemos a la participación proactiva del profesorado, se hace un llamado para que los docentes le dediquen tiempo a las actividades dispuestas en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

En ese sentido, el Partido Verde Ecologista está a favor del punto de acuerdo que se presenta en este sentido, para continuar con los convenios de coordinación y colaboración. Esto, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaxiola. Tiene ahora la palabra, la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas, el punto de acuerdo presentado por el Partido Nueva Alianza, propone que la Cámara de Diputados realice exhorto a la Secretaría de Educación Pública a invitar a un representante de los trabajadores al Servicio de la Educación SNTE, para participar en los grupos de trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples suscritos por las entidades federativas.

Como se observa en la propuesta enunciada, el beneficiario de este exhorto es el SNTE, que como es de sobra conocido, esta organización sindical es un importante aportante de afiliados y votantes del Partido Nueva Alianza, con lo cual de aprobarse el punto de acuerdo estaría dándosele un respaldo político a este instituto para incidir en la designación de los recursos del fondo de aportaciones múltiples.

Si bien en la exposición de motivos de este punto de acuerdo se presenta un amplio panorama sobre la problemática que presenta la infraestructura educativa del país, así como los mecanismos presupuestales diseñados por el Ejecutivo federal, en el particular el fondo de aportaciones múltiples y su mecanismo colegiado para determinar la distribución de recursos a fin de disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, no hay por otra parte una sólida argumentación que justifique que sea un representante del SNTE quien se incorpore al grupo de trabajo para determinar la distribución de recursos del fondo de aportaciones múltiples.

Así, la propuesta de punto de acuerdo pretende beneficiar a un grupo específico y no a atender un problema, necesidad o reclamo social que debe ser el propósito de este instrumento legislativo, por lo que consideramos votar en contra de definir este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución y, en su caso, votar en contra de su aprobación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Beltrán. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Carlos Ruiz García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El principal objetivo de la reforma constitucional en materia de reforma educativa era precisamente lograr la calidad en la educación. La calidad educativa se logrará cuando existan maestros bien preparados, con vocación de enseñanza y formación. Cuando haya planes de estudio bien estructurados y cuando exista una mayor inversión en infraestructura educativa.

También hay que decirlo, no podemos hablar de calidad educativa en tanto las estrategias para llevar a cabo este objeto no cuenten con el concurso de un mayor número de actores en la toma de decisión.

La educación no puede estar únicamente al arbitrio de las autoridades en la materia. Es necesario que se escuche la voz de expertos, de la sociedad civil, y en especial, quienes conocen de primera mano las dificultades que enfrentan la educación en México, los padres de familia y, por supuesto, el magisterio.

La autoridad debe facilitar las condiciones óptimas para que esto suceda. Con ello estaremos dando pasos importantes hacia la democratización educativa en este país. En Acción Nacional no podemos negar la posibilidad de que en los espacios de decisión se escuchen las voces diversas y expertas. Sin embargo también debemos ser puntuales en un asunto.

Así como hoy se propone que haya un representante del magisterio con derecho a voz en el grupo de trabajo del Fondo de Aportaciones Múltiples para la asignación de recursos para infraestructura educativa en las entidades de la República, nos gustaría que el magisterio participara de forma más decidida en mejorar sus capacidades de enseñanza. Es decir, sería deseable que el magisterio mexicano participara de forma más intensa en términos de su propio desarrollo y de los contenidos educativos junto con otros actores sociales, y no sólo en las decisiones que tienen que ver con la distribución de los recursos.

Para Acción Nacional el despido de los primeros 3 mil 360 maestros que no se presentaron a la evaluación, sólo refleja el desinterés de algunos docentes en mejorar sus conocimientos y su contribución para elevar la calidad de la educación en México.

Lo digo porque la participación magisterial es esencial no sólo como instructores o transmisores de enseñanza, sino como formadores de los ciudadanos a quienes tocará en breve plazo de maduración de una generación, consolidar nuestra vida democrática haciendo de nuestro país un lugar de oportunidades para todas y para todos, con el propósito de elevar el nivel de vida de las familias y reducir lo más pronto posible la injusta distribución de la riqueza que ha dado lugar a que más del 50 por ciento de nuestra población se encuentre en situación de pobreza.

En Acción Nacional siempre hemos puesto muy en alto el mérito del trabajo magisterial porque de él y del esfuerzo de cada uno de los maestros depende el futuro de México para construir una sociedad más democrática, más humanista, más justa y equitativa.

Es importante señalar que con base en los resultados obtenidos por muchos de los maestros, en la más reciente evaluación docente, donde se expone todavía que muchos de ellos requieren de mayor capacitación para acreditar y mejorar todos sus conocimientos, como sus habilidades en el aula.

El magisterio debiera ante todo privilegiar su desempeño como profesores tanto en conocimiento, así como su actualización didáctica para tener más herramientas y así demandar un espacio de participación de los grupos de trabajo sobre el Fondo de Aportaciones Múltiples para la educación.

Por ello es que votaremos a favor de este punto de acuerdo, bajo la perspectiva de que haya una mejor toma de decisiones en materia de infraestructura educativa y que esto contribuya a los propósitos de la reforma en pro de la calidad educativa en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ruiz. Y tiene por último la palabra la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Con su venia, señor presidente. Sin duda alguna hoy estamos discutiendo quizá, hay que decirlo, uno de los programas más importantes que en materia de infraestructura educativa se han hecho en los últimos años.

Decir que la infraestructura educativa es una necesidad urgente de atención habla sin duda del compromiso de todos los grupos parlamentarios por atender esta importante e imperiosa necesidad.

Cuando hace algunos años hablábamos y atendíamos el tema de la infraestructura, de las necesidades, se hablaba con los docentes, se hablaba con los padres de familia, se hablaba con los alumnos, se hablaba con las autoridades educativas; y se escuchaba a todas y cada una de las voces que manifestaban su preocupación por atender, y atender de manera adecuada, y bien, el tema del rezago en la infraestructura educativa.

En el PRI estamos convencidos de que el programa Escuelas al 100 es sin duda la respuesta que México esperaba. La respuesta que los padres de familia, los alumnos, los docentes y toda la sociedad quería. La respuesta que atiende y resuelve las demandas añejas de todos los grupos involucrados en la educación.

Me parece que el Programa Escuelas al Cien no se puede decir que no ha escuchado y que en su diseño no escuchó estas necesidades. Participaron los docentes y participaron los padres de familia. En ese sentido, debemos de seguir conservando esa línea de atención a todos y cada uno quienes participan en el proceso educativo.

Me parece y hay que decirlo, y hay que decirlo de esa forma, que sin duda el Programa Escuelas al Cien no, como se ha dicho aquí, sino al contrario, es el programa mejor implementado, mejor diseñado y con una amplia esfera de transparencia que está cubriendo cada uno de los aspectos que están vinculados al mismo.

Debemos sentirnos orgullosos de que hace tres años, en esta misma Cámara se aprobó apoyar la reforma educativa, una reforma educativa que transformaría a México. Una reforma educativa que hoy está dando resultados y está dando resultados amplios y resultados sobre todo en beneficio de los niños y las niñas que están en nuestras escuelas.

Por eso en el Partido Revolucionario Institucional estaos de acuerdo en privilegiar la educación, estamos de acuerdo en reconocer la suma de esfuerzos y la participación de todos los actores. Estamos de acuerdo en que se escuchen las voces y estamos de acuerdo en votar a favor de este punto, que sin duda alguna contribuirá a continuar consolidando esa educación de calidad tan anhelada para nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ortiz. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Campo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).  Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (16:33 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 3 de marzo de 2016, a las 11 horas.

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