Comunicaciones
Iniciativas
Monserrat Alicia Arcos Velázquez, PRI
Lorena del Carmen Alfaro García, PAN
Andrés Fernández del Valle Laisequilla, PVEM
Rogerio Castro Vázquez, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Carlos Federico Quinto Guillén, PRI
Marco Antonio Gama Basarte, PAN
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
María Elena Orantes López, PMC
Juana Aurora Cavazos Cavazos, PRI
Arlette Ivette Muñoz Cervantes, PAN
Emilio Enrique Salazar Farías, PVEM
Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Morena
Claudia Sofía Corichi García, PMC
Francisco Xavier Nava Palacios, PRD
Miguel Ángel Sulub Caamal, PRI
Santiago Torreblanca Engell, PAN
Cristina Ismene Gaytán Hernández, PRD
Sara Paola Galico Félix Díaz, PVEM
Vidal Llerenas Morales, Morena
Vitalico Cándido Coheto Martínez, PRI
Tanía Victoria Arguijo Herrera, PRD
Claudia Sofía Corichi García, PMC
María Bárbara Botello Santibáñez, PRI
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 310 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:47 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación): Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaria a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con el capítulo de Comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron los siguientes oficios: Del diputado Javier Octavio Herrera, por el que solicita retiro de la iniciativa que reforma el artículo 5o., de la Ley de Seguridad Nacional, presentada el 3 de diciembre de 2015.
Del diputado Alejandro González Murillo, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en lo referente al sector social de la economía, presentada el 15 de diciembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió oficio de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esas fechas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron contestaciones a punto de acuerdo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Gobierno del estado de Puebla, aprobados por la Comisión Permanente y la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase al promovente y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos ahora con el capítulo de presentación de Iniciativas.
Y por lo tanto, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Monserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, el objetivo principal de la presente iniciativa es impulsar la práctica de la cultura física y del deporte en todos los sectores de la sociedad, especialmente en los niños, en los jóvenes, e incluso en las personas que se encuentra recluidas en algún centro penitenciario del país.
El deporte no distingue géneros ni generaciones, tampoco contextos ni circunstancias. Todos aquí podríamos coincidir en que el deporte une, a pesar de ser altamente competitivo.
Hemos avanzando en áreas estratégicas que forman parte del proyecto de nación que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto, pero debemos reforzar el aspecto social a través del deporte.
En México, como en otras partes del mundo, tenemos que reconocer la importancia de la actividad física y el deporte, no sólo para mejorar la calidad de vida, sino para prevenir el delito y para coadyuvar en la reintegración social.
Es por ello que propongo establecer los mecanismos para promover la cultura física y el deporte desde las instituciones que forman parte del sistema educativo nacional, especialmente en las zonas y en los grupos de población considerados como altamente vulnerables, incluyendo al sistema penitenciario federal y estatal.
La práctica del deporte tiene que darse desde la infancia como una medida de prevención a muchos de los problemas que enfrentan actualmente los niños y los jóvenes, como: enfermedades, adicciones, bajo rendimiento escolar y falta de motivación.
Si para los niños y la juventud el deporte es prevención y vida, que para los reclusos sea un elemento que contribuya eficazmente a su readaptación. En el deporte nadie debe quedar excluido, debemos intensificar los esfuerzos y trabajar en promover el deporte en las escuelas. Así como impulsamos el deporte popular y el de alto rendimiento también debemos fomentar la actividad física en los centros que integran el sistema penitenciario del país.
Es vital consolidar el deporte como una política de Estado, pero si no avanzamos en la integración de los diferentes sectores de la población, tomando en cuenta las problemáticas y las necesidades que demanda nuestra comunidad, especialmente los jóvenes, todos los esfuerzos quedarán en solo buenas intenciones.
Por lo anterior, esta iniciativa pretende integrar, unificar y hacer del deporte una actividad incluyente, que fortalezca la reconstrucción del tejido social en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arcos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Deporte y de Seguridad Pública, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 187, 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Bien. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia. La seguridad de las personas es un clamor de todos los mexicanos y es obligación primordial del Estado procurarla. Nuestra integridad física, así como la de nuestras familias, y patrimonial es la principal preocupación de quienes habitamos en este país.
Esta responsabilidad descansa en el trabajo fundamental de las instancias de seguridad, de procuración y administración de justicia cuyo objetivo fundamental consiste en mantener el orden social y hacer justicia pronta y expedita, por tanto se convierte en un debe incansable que debemos atender de forma puntual aquellas necesidades que demanda nuestra sociedad, y una de las necesidades imperantes radica en dar solución a la problemática de las conductas delictivas menores.
Para atender esta situación de forma íntegra se pone de manifiesto la necesidad de la revisión de los antecedentes de la persona denunciada, por la reincidencia de los delitos menores que hoy en día azotan a colonias enteras, mermando con ello la estabilidad, paz y tranquilidad de los ciudadanos.
Es decir, cuando una persona cometa un delito y sea denunciado, si es procedente se recurrirá a la suscripción de un convenio reparatorio. La siguiente vez que sea denunciado por delitos de la misma naturaleza ya no debe ser opción recurrir a uno de estos convenios. No sólo se trata de la reparación del daño para no proceder a la acción penal o de la suscripción de un acuerdo que puede no ser cumplido; se trata de que aquellas personas que viven de lo ajeno no sólo paguen el daño causado a un particular, sino que resarzan dicho daño a la comunidad entera.
Compañeros y compañeras legisladores, las familias mexicanas exigen soluciones ante la problemática de seguridad. Quienes conformamos el Poder Legislativo tenemos una gran responsabilidad frente al esquema de procuración e impartición de justicia de cara a la era de los derechos humanos, sin denostar o lacerar el derecho de terceros.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a valoración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, a fin de llevar a cabo el desarrollo absoluto e irrestricto de la procuración y administración de justicia, en donde la eficiencia se mida en términos de resolver los asuntos de tipo penal de manera expedita, eficaz, transparente y sencilla, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se permita aplicar las penas alternativas que lleven a los delincuentes a reformarse y hacer un servicio por la comunidad a la que dañan con sus actos.
Estoy segura que con estas acciones se contribuirá a la consolidación del Estado de derecho a favor de la ciudadanía.
Quiero llamar la atención de los integrantes de la Comisión de Justicia, que en este momento, en el seno de esta comisión están haciendo el análisis de la miscelánea penal, para que tomen en consideración esta iniciativa que, insisto, es una demanda ciudadana, porque hoy los delincuentes que cometen delitos menores entran a la cárcel y a las pocas horas están en la calle, en el mejor de los casos cuando entran a la cárcel, y cuando no es así, simple y sencillamente, a través de convenios reparatorios están de vuelta en la cárcel reincidiendo en estos delitos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alfaro. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Saludamos la presencia de amigas y amigos del Colegio Olinca, plantel Altavista, cuarto de primaria. También a estudiantes de la escuela primaria General Ignacio Zaragoza, de Atizapán, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Bienvenidas, bienvenidos a este Palacio Legislativo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputado presidente. El virus del Zika se transmite a las personas a través de la picadura del mosquito infectado del género aedes aegypti y, sobre todo, en aquellas zonas tropicales. Este mosquito es el mismo que transmite el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.
La ausencia previa de esta enfermedad en nuestro país nos hace susceptibles a una virulencia elevada si no se atiende eficazmente. A esto hay que añadir que una parte de los casos son asintomáticos o con síntomas semejantes a los de otras enfermedades comunes en nuestro territorio. Lo anterior, complica la detección oportuna y favorece la posibilidad de que se incremente el número de mosquitos con capacidad de adquirir el virus a partir de los individuos infectados y haciéndose así un caldo de cultivo para una epidemia considerable de rápida diseminación.
El virus del zika es relativamente nuevo en los países latinoamericanos y consecuentemente en nuestro país, las autoridades tendrán que recibir la educación sobre la enfermedad y alertar oportunamente a la población sobre su forma de transmisión, tomando medidas necesarias para su prevención.
Los brotes del virus del zika podrían ocasionar una carga adicional en todos los niveles de atención sanitaria, por lo que es necesario desarrollar e implementar protocolos y planes bien establecidos de tamizaje y atención a los pacientes, más aún por el hecho de que se desconocen los alcances orgánicos y teratogénicos de esta enfermedad.
El día 5 de marzo de este año, la Secretaría de Salud confirmó 136 casos de zika en el país, siendo 95 de mujeres y 41 de hombres. Los estados con mayor incidencia son Chiapas con 65 casos y Oaxaca con 55 casos.
Es importante convocar a las mexicanas y mexicanos a realizar acciones de prevención, como la eliminación de sitios de anidación del mosco transmisor. Se trata de una endemia de los lugares tropicales, sin embargo, con el cambio climático el mosquito puede vivir alturas de mil 800 metros y es por ello que ya lo tenemos en otros lugares fuera del sureste de México.
El periodo de incubación de la enfermedad por el virus del zika es de pocos días. Los síntomas son similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas el dengue, y consisten en fiebre, erupciones maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, artralgias, malestar general y cefaleas. Estos suelen durar entre dos y siete días.
En Brasil se han notificado potenciales complicaciones neurológicas y autoinmunes de la enfermedad por el virus del zika. Recientemente, en ese mismo país, las autoridades sanitarias locales han observado un aumento de las infecciones por este virus en la población general, así como un aumento de los recién nacidos con microcefalia en el nordeste del país.
Pero aun se encuentra en investigación la relación entre la infección por el virus del zika y la microcefalia.
El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud informó recientemente sobre los conglomerados de casos de microcefalia y de síndrome de guillain-barré, que se han asociado temporalmente con la transmisión del virus del zika en algunos entornos.
Por lo que este mismo Comité destaca la importancia de tomar medidas enérgicas, a fin de reducir el número de casos de infección por el virus del zika, en particular en las embarazadas y en las mujeres en edad fértil.
México, a través del Ejecutivo federal ha enfrentado su compromiso por trabajar como un actor con responsabilidad global de manera conjunta con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias a nivel global, por continuar compartiendo la notificación oportuna y el intercambio rápido de información relevante.
Sin embargo, pensamos que desde el ámbito del Poder Legislativo es importante contribuir con las reformas necesarias a nuestras leyes para el control y abatimiento de esta enfermedad. Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable Cámara de Diputados la reforma al artículo 134 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles: fiebre amarilla, dengue, zika y otras enfermedades virales transmitidas por dípteros y artrópodos.
Transitorio
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los 16 días del mes de marzo del año 2016. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Madrigal. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen. Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil número 153 de la delegación Coyoacán, de la Ciudad de México, invitados por el ciudadano Jesús Almanza Ontiveros, quien es secretario general del Sindicato de esta Cámara de Diputados. Bienvenidos y que aprovechen su estancia aquí en la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 17 de la Ley General de Turismo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados. México tiene una vocación turística incuestionable gracias a su riqueza natural y cultural. El país tiene altas posibilidades de consolidarse como una potencia turística internacional.
La actividad turística debe seguir siendo un motor de crecimiento, así como una alternativa para alcanzar la prosperidad anhelada en distintas regiones del país. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, en 2014 México volvió a colocarse entre los 10 países más visitados del mundo, cuando hace apenas unos años ocupábamos el lugar décimo quinto.
En 2015 se registró un nuevo récord en la llegada de visitantes internacionales, superando los 32 millones, lo cual es 2 veces superior al promedio registrado a nivel mundial. El turismo en el mundo creció alrededor de 4.5 por ciento, mientras que en nuestro país la tasa de crecimiento es prácticamente del doble.
La Organización Mundial del Turismo piensa que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio u otros motivos.
El concepto de turismo religioso puede definirse como la actividad turística que comprende la visita a espacios reconocidos como lugares sagrados, santuarios y mausoleos; así como la asistencia a peregrinaciones y celebraciones religiosas.
El turismo religioso es un segmento de negocio que se distingue de cualquier otro tipo de turismo cultural, porque el turista es movido por un acto de fe. El turismo de fe se extiende por todo el mundo y abarca las distintas denominaciones religiosas.
De acuerdo a la Asociación Mundial de Turismo Religioso, el turismo de fe mueve al año a más de 300 millones de personas, representando una derrama económica de más de 18 mil millones de dólares. Se estima que este tipo de turismo representa el 30 por ciento del total de los turistas del mundo.
Es preciso valorar el gran potencial que el turismo de motivación religiosa representa para México, pues se calcula que anualmente 30 millones de personas en nuestro país realizan visitas a lugares de culto, fundamentalmente católicas, siendo la Basílica de Guadalupe la máxima expresión del mismo al concentrar casi la mitad de los visitantes, hablando casi de 15 millones de personas.
Destaca igualmente, la manifestación reiterada de espiritualidad en los rituales de equinoccio, siendo los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país: Teotihuacán, Tajín y Chichen Itzá, lugares que han sido recreativos y han sido reactivados por el turismo religioso, en su mayoría procedente de los centros urbanos para volverlos a convertir en centros ceremoniales vivos.
Por su parte, la Secretaría de Turismo establece que el turismo religioso debe ser desarrollado para aprovecharse como herramienta en aras de generar progreso económico. Igualmente, debe de dotar de infraestructura a los sitios en los cuales tiene lugar del mismo modo que debe de contribuir al rescate y promoción del patrimonio cultural de nuestro país.
Consideramos que con la finalidad de que lo anterior sea posible, se requiere reconocer la existencia del concepto de turismo religioso en la ley y sentar con ello la base para una estrategia concertada entre las instancias de gobierno federal, estatales y locales para la promoción de este tipo de turismo, que permita mejorar las condiciones de estos lugares y la gestión de los mismos. Evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los visitantes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández del Valle. Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el inscribe el Apotegma: La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia. En el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, diputados y diputadas. La iniciativa que presentamos tiene dos circunstancias o contextos que quiero comunicar. El primero, tiene que ver con la historia. La historia nos sirve mucho para dar o informar a la gente de los acontecimientos políticos de nuestro país. La historia forma a los ciudadanos de cómo se debe hacer política en este país.
En este sentido José María Morelos es un ejemplo muy importante, fundamental para conocer los acontecimientos históricos de nuestro país, sobre todo en aquel documento tan memorable como fue los Sentimientos de la nación.
Esta iniciativa retoma parte de ese documento, una frase importantísima para la época en la que dominaban una minoría que eran todos los nacidos en España, los peninsulares; dominaban toda la parte política y económica mientras el pueblo estaba sumergido en la pobreza y en la ignorancia. Entonces esta frase es revolucionaria de la época independista y esta frase es –o la que nosotros estamos proponiendo– La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia.
En ese sentido esa es la parte histórica. Hay que recordar que la organización fue la parte más importante del Movimiento de Independencia porque no solamente se lograron triunfos militares importantes, sino que también se configuró la independencia política al régimen colonial.
Se trajeron temas como la soberanía, la división de poderes, la abolición de la esclavitud, temas fundamentales para nuestro país y que han conformado la estructura constitucional de nuestro país. Esa es la parte histórica.
Pero en la parte política ¿por qué proponemos que esta frase simbolice a este Congreso? Tenemos que hacer una reflexión en cuanto a los privilegios, no solamente de los funcionarios, sino de todos aquellos que están vinculados al poder. Estamos en una época no tan bélica pero sí políticamente coincidente con la época colonial. Hay un grupo que tiene privilegios y eso es lo que queremos hoy manifestar y que quede escrito en este Congreso de la Unión. Ese es el tema de nuestra iniciativa, que aquí pueda ser esta frase un importante elemento ético por el cual podamos llevar a cabo nuestras actividades legislativas.
También haciendo un paréntesis de esta iniciativa, quiero manifestar que se encuentran en estos días en la ciudad de México, artesanos de Teotihuacán y de Chichen Itzá, que quieren ser reubicados y que ya empezaron en los medios de información de Yucatán, una campaña para decir que estos artesanos nada más le dan mala imagen a Chichen Itzá y que deberían de ser reubicados.
Entonces yo quiero pedir que si existe un diálogo con los artesanos, debemos de llevarlo a cabo de manera abierta, que se haga una mesa de diálogo con los artesanos de Yucatán y con los artesanos de Teotihuacán con el gobierno federal y con el gobierno estatal, para que pueda llegarse a soluciones en este tema, que creemos que es importante; no hay que hacer una campaña contra ellos como ya lo hicieron con los maestros. Hay que sentarse a dialogar, es importante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado...
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Y por último, quiero terminar; esta frase queremos que esté aquí en el recinto legislativo, ojalá lo puedan tomar en cuenta y queremos seguir insistiendo: abajo los privilegios. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en curul del diputado René Cancino, por favor.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Buenas tardes. Solicitamos a diputado Rogerio, el Grupo Parlamentario de Morena, adherirnos a su propuesta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Castro.
El diputado Rogerio Castro Vázquez (desde la curul): Adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado manifiesta su aceptación, entonces está a disposición para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Saludamos la presencia de amigas y amigos del Centro Universitario Tlacaélel, Derecho, del municipio de Chimalhuacán, estado de México. Bienvenidos a este recinto legislativo, amigas y amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el secuestro es un delito que cada día crece y afecta a más familias, ya que actualmente ni siquiera es necesario contar con gran riqueza para convertirte en el objetivo de un secuestrador.
El Consejo para la Ley de los Derechos Humanos indica que durante el 2013 se registraron 74 casos de secuestro cas 24 horas, cifra que para el 2014 se incrementó a 88 y en el 2015 se mantuvo. Desafortunadamente para las víctimas no sólo los secuestros han aumentado, sino también la violencia con la que se llevan a cabo.
En 2008 se ejecutaban a tres de cada diez víctimas, y en la actualidad se ejecutan a seis de cada diez. La parte aún más preocupante es que en los secuestros se ha encontrado una participación directa de policías en un 75 por ciento de los casos.
Tal es la problemática que se sabe de la existencia de cárteles de policías secuestradores, como el cártel de La Charola, que está integrado por más de 6 mil 500 policías, los cuales tienen una influencia en todo el país.
Tener a tantos policías involucrados en casos de secuestro, ocasiona que las víctimas no se atrevan a denunciar por el temor a represalias, lo que genera impunidad para los secuestradores y les otorga la libertad para delinquir, lo cual contribuye a que sólo uno de 43 secuestros sean denunciados. En 2005 participaban miembros de la policía en 2 de cada 10 secuestros, en el 2015 participaron 8 de cada 10.
La intervención criminal de las fuerzas del orden en los secuestros ha generado que los secuestradores tengan un alto grado de conocimientos para el manejo de sus víctimas, puedan reducir evidencias, complicar la identificación y hasta la propia captura.
Y el problema aún continúa, ya que las prisiones se han convertido en las oficinas de los secuestradores, pues desde adentro los reos que pugnan una sentencia por secuestro u otros delitos se encargan de planear y de llevar a cabo secuestros de perfil medio con apoyo de personas en el exterior, hasta de los propios custodios, los cuales les facilitan el acceso a la tecnología, teléfonos celulares, información de las víctimas, que generalmente son familias dedicadas al comercio o a pequeñas empresas.
Desafortunadamente para la ciudadanía queda claro que la rehabilitación de estos reos en muchas ocasiones es nula. Los miembros de las corporaciones policiacas de nuestro país son capacitados para proteger a los ciudadanos, pero la realidad es que existen elementos que utilizan estos conocimientos para delinquir y agredir a una ciudadanía altamente expuesta y en desventaja.
Además tiene la oportunidad de vigilar a la familia antes, durante y después del secuestro, con la finalidad de asegurar que desistan de cualquier investigación o denuncia. Por lo que propongo cambiar el primer párrafo del artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar que cualquier servidor público de las fuerzas policiacas que haya participado en un secuestro y haya sido sentenciado por esta causa pueda volver a pertenecer a las fuerzas policiales.
No podemos seguir proporcionando entrenamiento y armas a los secuestradores. Debemos tomar medidas para evitar sentirnos inseguros ante nuestras fuerzas de seguridad. Debemos implementar controles más confiables que logren diferenciar entre los buenos policías y los que solo usan a la institución para delinquir.
Se deben tomar las medidas necesarias para que las víctimas de malos elementos de la policía no se vuelvan a sentir vulnerables ante ellos, y que tengan la certeza de que estos no podrán pertenecer en ningún momento más a ninguna fuerza policial o de seguridad.
Necesitamos generar confiabilidad en las fuerzas policiales en todos los niveles, y tener la certeza que los elementos que la integren estén capacitados y comprometidos con la tarea de cuidar y proteger al ciudadano en todos los niveles. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Federico Quinto Guillén: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy me referiré a una riqueza cuya presencia se da en las cuencas oceánicas de gran profundidad, pues ahí se tienen las condiciones para su desarrollo.
Es por ello que la falla geológica ubicada entre la isla Clarión y la isla Clipperton, que se extiende desde el mar internacional y se interna a la zona económica de nuestra zona económica exclusiva, ahí existe esta riqueza natural que aún no ha sido explotada por nuestro país.
Este recurso marino estratégico son los nódulos polimetálicos, las tierras raras y los metales pesados, también denominados como el oro gris, en donde se destaca la importancia de las tierras raras. Éstas últimas son un grupo de 17 elementos o metales lantánidos, como el lantano o el iterbio entre otros, pero los dos más fáciles de encontrar son el cerio y el itrio, 17 elementos fundamentales para la economía mundial basada en la tecnología más moderna, por lo que a veces se les denomina como el oro del siglo XXI, que conlleva connotaciones geopolíticas por ser consideradas como un patrimonio común.
Las tierras raras de una u otra forma están en la vida de todos nosotros, ya que posibilitaron la miniaturización de los avances tecnológicos, por lo que están en nuestros celulares, en auriculares, en aparatos de resonancia magnética, en diversos dispositivos ópticos, en la industria aeroespacial, en misiles guiados por láser y en computadoras. Pero su uso principal está en los discos duros, en los aerogeneradores y en las baterías de los vehículos eléctricos o híbridos.
México es firmante de los ordenamientos internacionales que sustentan la explotación y uso comercial de estos nódulos, como el Reglamento sobre Prospección y Exploración de Nódulos Polimetálicos en la Zona Internacional, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Comité Especial de los Fondos Marinos y la Declaración de Principios que Regula los Fondos Marinos.
Sin embargo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no está considerado este importante recurso de carácter estratégico.
Es de observar que la autoridad internacional de los fondos marinos como institución reguladora, ha concedido ya la asignación de espacios en el fondo del océano Pacífico a diversos Estados nación que lo han tramitado para la exploración de los nódulos polimetálicos que se encuentran en la zona Clipperton Clarion, en el mar internacional, pero próximo a nuestra zona económica exclusiva.
En este empeño se encuentran países de diversos continentes, por ejemplo Cuba, Alemania y China, entre muchos otros.
La iniciativa que presento ante ustedes tiene como finalidad que una vez abrigados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este patrimonio pueda ser amparado por la legislación secundaria respectiva, enriqueciéndose el potencial marítimo de nuestro país, en tanto estos recursos puedan ser extraídos, procesados y utilizados en beneficio del poder económico de nuestro querido México.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, someto a su consideración el siguiente decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en betas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides, utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los nódulos polimetálicos, tierras raras y metales pesados, utilizados en la industria avanzada.
Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Quinto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Saludamos la presencia de...
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, sonido en la curul de la diputada Cecilia Soto, por favor.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente, Quisiera pedir se ampliara para opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, a ver, perdón, es que no se escucha ahí, no sé, hay alguna falla ahí.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Que se ampliara para opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se toma nota de su petición y le responderemos luego que se haga el análisis correspondiente, para ver si es procedente, esperemos que así suceda, pero para que haya una decisión con mucha responsabilidad, diputada. Gracias.
Saludamos la presencia de alumnos de secundaria del Colegio Americano de Cuernavaca, e igualmente de alumnos de la Escuela Superior de Turismo, del Instituto Politécnico Nacional. Sean todas y todos ustedes bienvenidos aquí a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Échele ganas ya que le están aplaudiendo allá abajo.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al tenor de las siguientes consideraciones.
Actualmente, los servicios de atención a llamadas de emergencia deben ser operados bajo estrictos estándares de eficiencia y eficacia que permitan a las autoridades planear e implementar asistencia inmediata y coordinada, a fin de disminuir cualquier riesgo potencial para las personas que solicitan el auxilio.
El Estado debe poner a disposición de la sociedad los medios idóneos para hacer efectivo el actuar de los cuerpos de emergencia si así lo requiere.
En nuestro país existe una multiplicidad de números telefónicos de emergencia destinados a diversas funciones. Entre ellos existen códigos de servicios especiales asignados a la policía local, el 060, a la policía judicial estatal y del Distrito Federal, 061, a la Cruz Roja, 065, al Sistema nacional de atención de emergencias de la ciudadanía, 066, al Cuerpo de Bomberos, 068, y para seguridad y emergencia, 080.
Lo anterior, lejos de proveer un mecanismo certero para la recepción de llamadas de auxilio y denuncias ciudadanas crea confusión en la población debido a la diversidad de números.
Además, se ignoran factores de suma importancia, como es el nivel de estrés en que puede encontrarse una persona al momento de solicitar auxilio. Mismo que puede configurar un panorama que dificulte o incluso imposibilite recordar el número del servicio deseado.
El objetivo principal del Sistema de atención de emergencias se mantiene en riesgo si permanece la multiplicidad de códigos telefónicos. Por ello, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, así como en los ramos autónomos, se han realizado valiosos esfuerzos por establecer un número único que de manera coordinada atienda este problema de seguridad pública.
Lo que pretende la presente iniciativa que hoy doy a conocer es elevar a rango legal la sanción establecida en el acuerdo publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al incluirla de manera expresa en el catálogo de sanciones que enumera la ley especializada en la materia y armonizarla de esta forma con sus disposiciones.
Con ello se busca evitar la propagación de números diversos de emergencia y de denuncia anónima.
Consolidar al número único ya definido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como fortalecer la coordinación de los cuerpos de rescate.
Asimismo, otorgar con esto fundamento legal a cualquier acto que emane del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones en caso de violaciones que hagan los autorizados en relación a la prestación y promoción de los servicios a través de números distintos a los definidos por las autoridades competentes, que en este momento quedaron definidos de la siguiente forma: el 911 para la recepción de llamadas de emergencia y el 089 para los servicios de denuncia anónima.
Asimismo, es objetivo principal de esta iniciativa abonar a la concepción de un panorama que refuerce los protocolos de seguridad pública y con ello beneficiar directamente a la población. Promover vías de atención a solicitudes de auxilio y denuncia mediante procedimientos ágiles y eficaces que puedan ser atendidos por las autoridades de manera inmediata y ordenada.
En una democracia consolidada como a la que aspira ser México, la eficiencia, la efectividad y la calidad de excelencia con que se deben prestar los servicios públicos también son objetivos a alcanzar en aras de garantizar a las mexicanas y a los mexicanos el derecho fundamental a la seguridad de su persona, de su integridad física, moral y psicológica. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gama. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias, diputado presidente. La presente iniciativa es motivada en virtud de que en el programa para democratizar la productividad 2013-2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, se enuncia que la eficiencia de la economía ha seguido cayendo a lo largo de las últimas décadas.
La nueva estadística oficial sobre productividad presentada por el Inegi en agosto de 2013 muestra que la productividad total de los factores en 2011 fue de 8.2 por ciento, menos a la que existía en 1990, una contracción anual de 0.4%, en promedio. EI único subperiodo en el que la productividad creció fue entre 1996 y el año 2000, a medida que la economía se recuperaba de la crisis financiera, impulsada por la expansión de las exportaciones y la creciente integración con América del Norte.
En contraste, en la última década la productividad ha caído, no obstante la consolidación de una gestión macroeconómica responsable. Sin duda, la economía mexicana se vio afectada por choques externos que incidieron en la productividad, como la recesión de los Estados Unidos en el año 2001, el surgimiento de China en los mercados internacionales o la gran recesión mundial que inicio en 2008.
Sin embargo, como se explica a continuación, las principales causas de la poca expansión de la productividad son de carácter interno.
Como se puede apreciar de lo antes enunciado desde el año 2013, compañeras y compañeros legisladores, la actual administración estaba consciente de que la situación de la economía mexicana era por diversos factores. Pero la causa principal del poco crecimiento o expansión de la productividad era y sigue siendo el carácter interno.
Es por ello que se propone incluir el fomento del incremento sostenido de la productividad, como uno de los anexos trasversales de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En su libro Creando una Sociedad del Conocimiento, el Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, señala que desde 1957, Roberto Solow, demostró que el crecimiento económico se debe al incremento de la productividad, al progreso tecnológico y no a la acumulación de factores de producción como hasta entonces se creía.
En el caso de México, es conocido el bajo nivel tanto de productividad e innovación que permea a nuestra economía, lo que se torna más preocupante en la actual coyuntura económica mundial, a grado tal que el Fondo Monetario Internacional en su actualización de las perspectivas de la economía mundial para el 2016 señala lo siguiente: como el repunte proyectado del crecimiento nuevamente es más bajo que lo esperado y los riesgos siguen inclinándose a la baja, aumentar el producto efectivo y potencial combinado, el respaldo de la demanda y las reformas es una tarea que reviste aún más urgencia.
Es por lo anterior, que para elevar y democratizar la productividad se requerirá fortalecer el marco institucional para diseñar, instrumentar y evaluar las políticas públicas.
Esto implica una estrecha coordinación entre las dependencias de la administración pública federal, así como entre los tres niveles de gobierno. Asimismo se requiere un diálogo continuo con los actores de la sociedad como son trabajadores, productores agrícolas, académicos, empresarios para elaborar diagnósticos acorde a las necesidades específicas de las distintas regiones del país y sectores de la economía, así como respuestas de políticas públicas consecuentes.
Sin embargo y a pesar de que el día 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa para democratizar la productividad 2013-2018, a la fecha urgen acciones desde el sector público en materia de productividad.
Por ello se propone incluir a la productividad como uno de los anexos transversales de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
Informo que respecto de la petición que hizo la diputada Cecilia Soto en relación con la iniciativa presentada por el diputado Quinto Guillén, que le dimos turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, la opinión y, ya consultada con la propia diputada Soto, es que se le dé turno así como está y para opinión a la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces así quedaría el turno reglamentario correspondiente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Cándido Ochoa Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. Cuando una persona muere, por el solo hecho de su fallecimiento se genera una especie de ente moral que se denomina sucesión. La sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte.
En el derecho civil está perfectamente regulada esta figura que tiene dos rutas: la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. La primera es la voluntad del de jurius, del occiso; la segunda, es la interpretación que hace el juzgador que está previsto en la ley, de su voluntad, y el juez es el que dice quiénes son las personas que tienen derecho a heredar.
Consideré necesario hacer esta explicación porque el tema que planteo no tiene que ver con el derecho civil, sino va encaminado al derecho agrario. Estoy proponiendo la reforma de los artículos 17 y 18 de la Ley General Agraria porque contienen una disposición que conforme a este planteamiento es restrictiva y atenta contra los derechos fundamentales de los ejidatarios.
Sucede que en el ámbito agrario los ejidatarios sólo pueden designar a un heredero, a una sola persona; e incluso en la otra forma de heredar, a través de la disposición de la ley, también se señala que si no dejó un beneficiario, entonces sólo podrá haber un heredero, y en el orden que establecen, pero en un orden de prelación, es la esposa o el hijo o el concubino o concubina o el padre o la madre; pero no puede ser la esposa y el hijo o la esposa y los hijos o los hijos. Entonces sucede que por decir un ejemplo, un ejidatario que está casado y tiene por lo menos un hijo, tiene que decidir a quién le deja todos sus bienes, a la esposa o al hijo, o si no lo establece así, el juez podrá dictaminar que es a uno de los dos, pero no puede ser a los dos, y entonces se genera un conflicto hacia el interior de la familia. Esta disposición ahí está en la Ley Agraria y debe de estar conforme a las reglas del Código Civil, debe adecuarse.
Que además dicho sea de paso, es una intromisión de la Ley Agraria en el tema de las sucesiones, porque pertenecen a la materia civil. Sin embargo ahí está y hay que utilizarla, pero debe de ser más adecuada, debe ser acorde a los derechos de todos los ciudadanos porque finalmente la Constitución protege a todos los habitantes de México, no tiene por qué haber una distinción.
Hay un principio jurídico que establece que donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. Entonces propongo la modificación de estos dos artículos, 17 y 18 de la Ley General Agraria para que se adopten las reglas del Código Civil Federal y puedan así heredar todas las personas con derecho a ello, o bien la voluntad del autor de la sucesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, por su atención, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, diputadas, y en especial a nuestro querido pueblo de México.
Un abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. La autoridad, por su parte, es el poder, es la soberanía, el mando o la influencia de quien ejerce el gobierno.
De esta manera, podemos decir que el abuso de autoridad tiene lugar cuando un dirigente o un superior se aprovechan de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.
Una forma de abuso de autoridad sucede cuando la persona que accede a un cargo o a una función aprovecha el poder que se le otorga en beneficio propio, y no para desarrollar correctamente sus obligaciones.
Las fuerzas de seguridad, por su parte, incurren en el abuso de autoridad cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido de sus atribuciones. Para el derecho penal, el abuso de autoridad es aquel que realiza un sujeto que ha sido investido con las facultades públicas que el poder le otorga, y que mientras en el desarrollo de su gestión cumple con acciones opuestas a las obligaciones impuestas por ley, generando un daño moral o material a terceros. Lamentablemente, la idea de abuso de autoridad está asociada a la policía, a la violencia física, y a la corrupción del gobierno.
El ejercicio de dicha violencia ilegítima es un problema persistente de la mayoría de las fuerzas coercitivas, en particular las policiales, y la misma encuentra un contexto favorable para su sedimentación y fortaleza si es parte de una cultura policial y de prácticas políticas propias de sus regímenes autoritarios.
De aquí segregamos el abuso policial, que es un término general que puede abarcar distintas formas de mal comportamiento por parte de agentes policiales, donde ellos establecen pautas morales sobre quién debe ser castigado, realizando detenciones arbitrarias con prácticas discriminatorias del tipo de profiling, un término en inglés que describe el detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales por sus características raciales, sexuales, políticas, de clase, entre otras.
En el caso de México se han documentado en diferentes medios actos abusivos por parte de cuerpos policiales, es el pan de todos los días. Y los estudios que señalan la existencia de un posible contexto de abusos hacia personas detenidas o custodiadas por la policía; veamos Atenco, entre otras.
México requiere un mayor estudio de estas conductas porque los patrones de relación y de control, así como las prácticas abusivas de los cuerpos policiales han sido un componente constante de las relaciones entre el Estado y la población, tanto en lo individual como en lo colectivo, son conductas de difícil supervisión y control que se han enraizado ante la falta de participación en las instancias ciudadanas y la debilidad del monitoreo interno y externo de la actuación policial.
En este caso lo que nos conduce a la reforma que proponemos en Morena es el abuso hacia os comerciantes ambulantes. Sabemos que en todas partes del país suceden cosas lamentables en cuestión de abusos policiales que han aumentado exponencialmente. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad los policías detienen a vendedores ambulantes, en su mayoría indígenas, que no se saben defender, que no dominan el castellano, les tiran su mercancía, sus productos, los destruyen sin ninguna explicación cobardemente, demostrando su abuso de poder arruinando los pocos bienes con los que cuentan para subsistir y llevar el pan, el alimento, a sus familias.
Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración, compañeros, el siguiente decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215, fracción II, del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 215. Comenten el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes:
II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare. Además destruyendo injustificadamente las mercancías, productos artesanales, electrónicos y alimenticios, menoscabando el oficio o trabajo del cual dependa el individuo afectado para subsistir. Por su atención, muchas gracias y que pasen una excelente tarde.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, la legitimidad de los cambios económicos, políticos y en materia de seguridad que nuestro país ha realizado en los últimos 30 años descansa en la preocupación por ampliar la libertad del individuo y acercar a nuestra sociedad al ideal democrático.
En este sentido, hemos visto cómo se desarrollan nuestros marcos normativos en torno a salvaguardar los derechos y capacidades institucionales que nos pueden acercar a los contextos en los que tanto la libertad como el ideal democrático sean una realidad plena. Así, hoy contamos con un robusto cuerpo de leyes que estructuralmente rigen la autonomía entre poderes y fiscalizan el ejercicio de los recursos públicos, transparentan las decisiones y acciones de gobierno y estructuran mecanismos de rendición de cuentas.
No obstante este desarrollo jurídico, la realidad pone a prueba los cambios evidenciando nuevas necesidades o áreas de mejora constante. Bajo esta perspectiva, la libertad de expresión y la seguridad para la toma de decisiones en el ámbito público, en la iniciativa privada o en la sociedad civil organizada, ha encontrado mejoras sustanciales en los últimos 10 años, planteadas hoy por las tecnologías de la información.
Estas mejoras traducidas en reformas, han reconocido los adelantos tecnológicos en nuestro tiempo y han planteado un esquema de penas a quienes sean encontrados culpables por intervenir comunicaciones e ingresar ilegalmente a equipos de cómputo para copiar, modificar, destruir o propiciar la pérdida de información.
Por eso, ésta misma, limitada por las maneras en las que operan los delincuentes en este ámbito, únicamente si el individuo tiene indicios de intervención o violación de su privacidad, puede buscarse el castigo, pero la definición del mismo depende de una gran cantidad de variables como el tiempo, clave para poder rastrear y ubicar con oportunidad al responsable.
Aunado a lo anterior, a la privacidad de sus comunicaciones, las empresas de telecomunicaciones no cuentan con las facultades legales para respaldar a los usuarios, esta encuentra un obstáculo importante en la denuncia en el tiempo para poder encontrar indicios de responsabilidad.
Aunado a lo anterior, cuando la persona afectada lo encuentra, probablemente ya está siendo sometida a extorsiones.
En consecuencia, hemos podido encontrar que a pesar del marco legal la intrusión en cuentas de correo y la intervención en comunicaciones privadas, fijas o móviles, siguen constituyendo una vulnerabilidad para empresas, para instituciones, tomadores de decisiones, ciudadanas y ciudadanos, convirtiéndose en un riesgo para la democracia y una debilidad para nuestra economía.
Las consecuencias de esta situación las vemos en el espionaje industrial, en las acciones de la delincuencia organizada para eludir a las autoridades y en las campañas negras que bajo el velo de impunidad no derivan en rendición de cuentas de los involucrados, pero sí deterioran el debate democrático y el prestigio de nuestras instituciones.
En este sentido, con respecto al daño de la industria, especialistas nacionales y estudios de constructoras transnacionales han hecho públicas estimaciones que señalan ataques a muchos usuarios de internet entre el 2012 y el 2015 del impacto de espionaje del 26 por ciento.
La continuidad de esta alarmante situación propició que el secretario Guajardo Villarreal manifestara a la prensa, en diciembre de 2015, preocupaciones sobre las amenazas latentes.
Encontramos casos como los trabajadores de Pemex y CFE, que colaboran por miedo para la delincuencia organizada y que demuestran que existe un espacio en el que, tanto la delincuencia como los delincuentes violentan su privacidad.
Si bien el Código Penal, en sus artículos 210, 211 y 211 Bis 7 penalizan la participación directa en los delitos relacionados con el acceso ilícito a los sistemas y equipos de informática, no plantean en un supuesto la información directa y la observación de este tipo de delitos.
De este modo, la propuesta que presento ante la soberanía plantea establecer temas para propiciar que cuando las empresas encuentren elementos y se esté realizando una intervención ilícita a comunicaciones privadas, se notifiquen a la autoridad y avisen al usuario titular, afectando el caso que este solicita información al respecto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos este decreto para poder reformar y adicionar artículos, del artículo 173 para aplicar a 3 por ciento 80 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y no se considere loable ni debidamente los padres, o abran o ingresan a las cuentas de correo electrónico de sus hijos menores de edad, a los tutores respecto a personas que dependan bajo esa responsabilidad.
Al mismo tiempo, la infraestructura, telecomunicaciones en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles, o cualquier otro inmueble. Por todo lo anterior, solicitamos que la telefonía, tanto fija como móvil, se informe al usuario sujeto de una intervención con orden de autoridad judicial que pueda ser. Gracias, señor presidente. Y entrego completo el texto para ser incluido en el texto de los debates. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Orantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Radio y Televisión, para dictamen. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Diputada promovente, pregunta la diputada Bárbara Botello, vicepresidenta de esta Mesa Directiva si es posible su adhesión a la iniciativa presentada.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Sí acepto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada acepta la adhesión, queda a su disposición en la Secretaría de esta Presidencia.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos: Buenos días, compañeros. Con el permiso de la Mesa Directiva. Amigos y compañeros legisladores, acudo a esta máxima tribuna con el fin de poner a su consideración un tema sensible, una iniciativa para evitar que cotidianamente y al margen de la ley se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Una de las prioridades del presidente Enrique Peña Nieto, plasmada en la iniciativa preferente de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se aprobó y se promulgó en la legislatura pasada, ha sido incluir en la agenda nacional adecuaciones legales con el fin de contribuir a la erradicación del trabajo infantil.
Sin embargo, existen algunas excepciones a tal disposición, como son los trabajos realizados dentro del círculo familiar o las actividades productivas de autoconsumo o en las que no se afecte la salud, seguridad, moralidad o el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de los menores de edad.
Desafortunadamente, la realidad supera a la regulación y a diario encontramos trabajos infantiles en los que no se garantiza ni su desarrollo integral ni el ejercicio de los derechos humanos.
En caso específico lo encontramos con los denominados niños artistas, quienes realizan actividades de modelaje, actuación, interpretación, baile, canto, danza, doblaje y otros de naturaleza similar sin que exista un marco jurídico que establezca las condiciones mínimas bajo las cuales dichas actividades deban realizarse.
Hasta el momento no hay regulación en nuestro país que considere los esfuerzos físicos a los que son sometidos los niños artistas por las amplias jornadas de trabajo que realizan o la incompatibilidad de sus horarios laborales con los de descanso, esparcimiento y estudio.
Tampoco se contemplan los trastornos que puede sufrir su salud mental por el desarrollo de determinados roles no aptos para su edad y madurez emocional, o las afectaciones de carácter social y estigmatización que pueden enfrentar por el manejo de su imagen o interpretación.
Garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un tema de la agenda nacional e internacional. Por ello, mi propuesta retoma algunas de las mejores prácticas en la materia establecidas en países como España, Estados Unidos, Argentina y otros más.
Contribuye al cumplimiento del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empelo que obliga a México a emitir la regulación necesaria para que los trabajos de carácter artístico y similares sean realizados bajo condiciones que aseguren el más completo desarrollo físico y mental de los menores.
Con esta iniciativa, compañeros, establecemos las bases mínimas para que las actividades de carácter artístico sean desarrolladas de manera segura y con respeto al interés superior de la niñez, incorporando desde nuestra Carta Magna la posibilidad de que los menores de edad realicen trabajos y actividades artísticas en las que se garantice su integridad física y mental, se preserve el interés superior de la niñez y sea salvaguardado el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.
Además, con modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se clarifica cuáles son las actividades de carácter artístico y las obligaciones de los patrones que empleen a menores para estas actividades, entre las que destacan asegurar una justa remuneración y el contribuir a un fideicomiso con al menos el 30 por ciento de la retribución que obtenga el menor, para que en un futuro pueda disfrutar del producto de su trabajo.
Además, propongo una adición a la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes para incluir un catálogo de derechos y garantías que se deberán asegurar en las actividades de carácter artístico entre las que se encuentran el derecho a recibir la prestación de servicios de atención médica oportuna en el lugar donde lleven a cabo sus actividades. Recibir el apoyo y orientación psicológica que les permita enfrentar situaciones de estrés distintas a las normales a su edad. Recibir tutoría educativa para no afectar su rendimiento y desempeño escolar, laborar en un entorno afectivo y comprensivo, libre de violencia o maltrato y el acceso efectivo a la protección de sus datos personales, a ser consultados sobre la difusión de esta información.
Compañeros, les pido se sumen a trabajar en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país, específicamente en esta materia, privilegiando precisamente el derecho a su educación, a la recreación, al descanso, a la libertad de opinión, a la intimidad y a la protección de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes artistas.
Por ello, los invito a sumarse a la presente iniciativa y terminar con lagunas legales que han puesto en riesgo y peligro su integridad física y mental. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para opinión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo fundamental es garantizar la equidad salarial entre hombres y mujeres.
En un afán de alcanzar una sociedad mucho más justa y equilibrada, es menester precisar que la violencia en contra de las mujeres comprende todo acto de discriminación por su condición de género, que tiene como resultado afectaciones en planos distintos que van desde lo físico, sexual, psicológico, hasta lo económico, laboral y patrimonial.
Frente a ello, se asoma un paradigma esencial del desarrollo humano, que constantemente queda relegado a un segundo plano. La libertad, como el derecho fundamental que las personas poseen para explotar sus capacidades y elegir la mejor ruta para alcanzar su vida digna y plena.
Sin embargo, cuando en el ejercicio de estas capacidades se erigen barreras sociales, culturales y económicas por cuestiones de género, lo que se produce es un atentado contra esta libertad y un impacto negativo que repercute directamente en las posibilidades de las mujeres de acceder a mejores condiciones de vida.
La brecha por ingreso es una de esas barreras que además de impedir el desarrollo económico y que el crecimiento de las personas hace visible la desigualdad de género que prevalece en el ámbito laboral, cuando por la realización de un mismo trabajo se percibe un salario distinto, la mayoría de las veces inferior.
A pesar de que en nuestro país se han logrado avances significativos en el marco jurídico correspondiente, así como en las implementaciones de programas y políticas públicas para la consolidación de la igualdad de género, la realidad refleja que la equidad salarial aún no se refleja de manera íntegra en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas y se encuentra lejos de ser un factor de equilibrio al interior de nuestra sociedad.
En el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2014, elaborado por el Foro Económico Mundial, expresa con alarma esta situación, pues sitúa a nuestro país en el lugar 80 en cuanto a igualdad salarial entre hombres y mujeres se refiere, de 142 países evaluados en los cinco continentes.
Lo que vemos frente a nosotros es la necesidad de ir hacia adelante en aras de reducir la brecha salarial en México y promover desde todos los espacios condiciones equitativas de ingreso, acompañados de más y mejores esquemas de inclusiones laborales.
Al no cumplirse la igualdad sustantiva de género en este terreno, no solo se vulneran y violentan sistemáticamente sus derechos económicos, sino que coloca a las mujeres en una línea de riesgo frente a la pobreza de la tercera edad, porque sus pensiones serán sustancialmente inferiores.
Es por ello que contar con recursos propios y suficientes, tener acceso pleno a las mismas posibilidades de crecimiento e incrementar el crecimiento de las mujeres sobre sus derechos laborales, son elementos fundamentales para tener acceso a una vida libre de violencia en este terreno, pero sobre todo para tener acceso a una vida donde coexistan la dignidad y la plenitud.
Compañeros, la presente iniciativa pretende sumarse a los esfuerzos de nuestra sociedad y de las instituciones del Estado mexicano, para promover una efectiva igualdad entre mujeres y hombres, que trascienda vías, Legislatura, diferencias partidistas, que reduzca la brecha salarial que ha colocado a las mujeres mexicanas en una situación de desigualdad laboral y que promueva su independencia económica como factor clave de su bienestar.
La iniciativa que hoy presento propone reformar la fracción IV del artículo 6 de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir dentro de la definición de violencia económica aquellos hechos y omisiones que corrompan el principio de igualdad de remuneración económica entre hombres y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo o por la realización de trabajos que generen el mismo valor.
Reformar el artículo 11 para incluir dentro de los elementos que generan la definición de violencia laboral la percepción de un salario menor por un trabajo de igual valor por razón de género.
Por último, adicionar una nueva fracción II al artículo 14 de la ley para que las entidades federativas generen y diseñen programas que aseguren la igualdad salarial entre mujeres y hombres, a fin de eliminar las brechas salariales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Muñoz. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mónica Rodríguez, por favor.
La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (desde la curul): Presidente, para pedirle a la diputada Arlette Muñoz si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Diputada Muñoz? Que sí acepta. Acá está a disposición, para quienes quieran suscribirla, en la Secretaría de la Mesa Directiva.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido, para decirle a la diputada si me permitía suscribirla. Compartimos la agenda. Hace un tiempo presentamos una iniciativa muy similar y es momento de construir en pro de todas las mexicanas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Anda por allá muy felicitada. La diputada Delgadillo también le solicita, entonces aquí está a disposición. Ahora no amaneció tan risueña la diputada Delgadillo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Nava Palacios, para presentar iniciativa con proyecto... Parece que lo agarramos fuera de base, no sé si esté listo. Nos pide unos minutos el diputado Nava.
Entonces le vamos a dar la palabra por cinco minutos al diputado Emilio Enrique Salazar Farías –quien sí está listo– para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 Bis 10 al Código de Comercio, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Compañeros, buenas tardes. Compañeros presentes, buenas tardes, por qué hoy me aceleraron porque ni el orador estaba presente.
¿Qué les vengo a presentar? Les vengo a presentar una iniciativa destinada a aquellos mayores de 65 años que tengan una vivienda y no tengan una pensión. Pareciera que el término viejo es despectivo; nos referimos a los viejos como alguien que ya no tiene valor en la sociedad, sin embargo todos aspiramos a vivir una larga vida y vivirla con decoro, vivirla con la suficiente independencia económica.
¿De qué se trata esta iniciativa? De poder insertar en el Código de Comercio la figura de hipoteca inversa. ¿Cómo funciona esta hipoteca? Funciona cuando un mayor de 65 años dispone de un bien patrimonial y puede con ello, a través de una institución financiera garantizar una renta vitalicia para vivir como debe, con independencia, con autonomía, y tristemente para poder ser independiente y no representar lo que malamente llamamos una carga para su familia.
Es esta propuesta una propuesta absolutamente social, absolutamente válida; se inserta en el hecho de que no tenemos recursos pero esto no requiere ningún recurso presupuestal, sólo requiere el ánimo de todos para impulsarla.
Insisto, ayúdenme a impulsar el hecho de que aprobemos la hipoteca inversa; es la manera que tenemos de garantizar una vejez digna, una vejez correcta, una vejez con independencia para todos.
Por lo cual les solicito pudiésemos incluir el artículo 32 Bis 10 en el Código de Comercio. Reitero, lo hacemos insertos en la proyección de ser responsables y comprometidos con las causas sociales. Requerimos en México instrumentos novedosos, instrumentos como este, que hay que hacerlo por México, por Chiapas y por todos, y con la súplica de que podamos estar más presentes en este pleno donde se tratan temas importantes, tan necesarios y fundamentales para todos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salazar. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, y Mario Ariel Juárez Rodríguez, todos ellos del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, el pasado 8 de septiembre, el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto presentó un paquete de 20 iniciativas, con el propósito de crear la Secretaría de Cultura.
Dentro de las iniciativas se incluyen tres ordenamientos:
1. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la que señalan las obligaciones de las asociaciones a las que se refiere ese ordenamiento para que la Secretaría de Cultura registre los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, propiedad de la nación.
2. La Ley General de Bienes Nacionales en donde se señala que la Secretaría de Cultura es competente para realizar acciones a través de los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, relacionadas con los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Y, en tercer lugar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se establecen las competencias de la nueva dependencia entre las que podemos mencionar: conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, patrimonio cultural de la nación, y de manera muy específica se señala ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Llama la atención que en el paquete de iniciativas que se presentaron para crear la Secretaría de Cultura, no se haya contemplado la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, sobre todo porque en las tres iniciativas antes mencionadas, se señalan competencias que en la Ley de Monumentos le confieren a la Secretaría de Educación Pública, a través de los institutos de Antropología e Historia y Bellas Artes.
La Fracción Parlamentaria de Morena cuestionó en un principio de la creación de la Secretaría por la falta de una ley en la materia. Sin embargo, un criterio que modificó esta postura inicial fue la opinión de la comunidad artística y cultural que se manifestó en esta Cámara de Diputados en pro de la Secretaría.
También nos pronunciamos a favor al tomar el conocimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política el 15 de diciembre, por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos culturales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o constitucional, y que establece la creación de un consejo técnico integrado por diputados y representantes de diversos organismos con el propósito de crear los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos, necesarios para que la Secretaría de Cultura cumpla con sus objetivos, sin embargo detectamos que hay inconsistencias entre las reformas que dieron pie a la creación de la Secretaría y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sobre todo con relación a las declaratorias de monumentos artísticos, que no son por monumentos nacionales por determinación de la ley.
Con el ánimo de evitar confusiones y lagunas que provoquen un vacío legal presentamos esta iniciativa que alinea este ordenamiento con las leyes ya mencionadas, en donde se le otorgan las facultades en materia de monumentos nacionales a la Secretaría de Cultura por conducto de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y Bellas Artes, instituciones reconocidas en el mundo por el cumplimiento de sus objetivos para la conservación y preservación del patrimonio cultural de México. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ah, antes, diputada Corichi, perdón, nada más, sonido en la curul de la diputada Arzaluz, por favor.
La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (desde la curul): Gracias, señor presidente. Por este medio quiero solicitarle un exhorto para que mañana todos los diputados nos traslademos en transporte público para reducir el número de emisiones. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Registrada la invitación para quien deseé y guste aceptarla. Ahora sí, perdón, diputada Corichi. Adelante, por favor.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, para muchos la experiencia de haber visto algún familiar, alguna amiga, algún amigo, algún conocido enfermo de cáncer nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo esta enfermedad junto con la diabetes se han convertido en una sentencia de muerte, pero también cómo ha ido creciendo esta problemática en nuestro país.
El cáncer es un padecimiento en franco crecimiento en nuestro país, de acuerdo a estadísticas del Inegi. El número absoluto de defunciones por cáncer se ha incrementado de 2004 a 2015 en casi un 24 por ciento, hablamos de casi 1 millón de personas en nuestro país que han perdido la vida a casusa de este mal, poniendo en crisis incluso el sistema de salud en México.
Esta tendencia se confirma con lo señalado por el Reporte Mundial de Cáncer realizado por la Organización Mundial de la Salud, en el que se estima que los casos de cáncer aumentarán en 57 por ciento en el mundo en los próximos 20 años. Estamos hablando de un estimado de 22 millones de personas anualmente en las siguientes dos décadas que tendrán este mal.
La transformación de los patrones de consumo, sobre todo el alimentario, en este caso han tenido una estrecha correlación con el crecimiento de las ciudades, con la apropiación nuestra y creo que de todos, de conductas que privilegian lo inmediato, lo práctico incluso sobre lo saludable o lo natural, que se han convertido también en una industria y no en un cambio de paradigma, son los que afectan.
En este esquema es común que en la sociedad mexicana el consumo de embutidos esté arraigado desde hace varias décadas en nuestra dieta diaria. Hablar de un sándwich siempre está vinculado generalmente, por ejemplo al jamón. La practicidad de estos productos para los cada vez más demandantes estilos de vida en las ciudades, no sólo los han hecho un producto de consumo básico en todos los niveles sociales, sino que forman parte de la dieta de millones de niños y de niñas en todos los días, en todos lados de nuestro país.
La Profeco señala que en el país se comen alrededor de 24 mil toneladas de carne procesada al año y uno de cada tres mexicanos se nutre con salchichas al menos tres veces por semana, incluidos un 70 por ciento de niños y adolescentes. La tendencia es reforzada por una publicidad que, disfrazada de empoderamiento, habla de las tradiciones, estereotipos en los que una madre moderna es buena por darle comida práctica a sus hijos, ablando de esto, de practicidad, como si ello conllevara también a la salud.
La idea no sólo es arcaica, sino que en efecto lo único que ha generado es que el consumo de embutidos no sea cuestionado dentro de las conductas alimenticias o a veces no sepamos ni siquiera lo que estamos comiendo.
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la OMS, difundió el 26 de octubre del año pasado un estudio de una alerta sobre la propiedad cancerígena de la carne procesada para los humanos. Creo que todos escuchamos en algún momento de esto.
Uno de los conservadores más utilizados en la fabricación de estos embutidos es el nitrito de sodio, el cual se utiliza como conservador y para que los embutidos luzcan más frescos, en mejor estado. Estos alimentos fabricados con retazos y sobras de animales ricos en grasas, se les atribuye el aumento en los riesgos de padecer cáncer de estómago y otros tipos de cáncer.
Quiero resaltar sobre esto, que la propia Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud ha señalado que los costos por el cáncer gástrico en México podrían llegar a los 570 millones de pesos en 2020, si no existe una campaña de prevención desde ahora y tomamos medidas.
El nitrito de sodio es una de las sustancias más tóxicas, porque al entrar al organismo humano se transforma en nitrosaminas, una de las sustancias más cancerígenas, según diversos organismos internacionales, para causar daño en el núcleo de las células.
Hasta hora diversos estudios aseguran que el consumo diario de embutidos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en un 21 por ciento, a tal punto que se compara con los riesgos del tabaquismo.
Fíjense nada más, unos temas que tenemos enfrente y que hoy tenemos que poner en el centro de la atención.
En 2013, un estudio del Centro de Investigación Europea, Perspectiva sobre cáncer y nutrición, señaló que el consumo de carnes procesadas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, diabetes, obesidad y muertes tempranas.
Ante esto, países como España, siguiendo las recomendaciones planteadas desde la Unión Europea y la OMS, en julio de 2012 materializaron un acuerdo entre las agencias españolas de seguridad alimentaria y las cámaras de comercio y de productores de carne, así como las de fabricantes de aditivos y complementos alimentarios para reducir el contenido de sal y grasa en los embutidos.
Mi propuesta en este caso está en tomar acciones concretas, como ya se ha hecho en el caso de refrescos y tabacos, productos altamente nocivos para la salud. La iniciativa propone, en resumen, el hacer uso del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), toda vez que los productos gravados por este son en su mayoría nocivos o al menos no indispensables para la alimentación o el consumo básico.
Destaco que este gravamen ha demostrado un ligero impacto en la economía de los consumidores y una buena manera de recadar impuestos ahora que está de moda.
Hablamos de un cambio real en la materia de esto que hoy nos atribuye y en la manera que nos alimentamos, en la manera en que producimos. Pero, sobre todo, estaríamos eliminando una de las principales causas de cáncer en México y también haciendo un llamado a que los productores tengan más atención y puedan disminuir estos riesgos.
Estamos hablando de un tema de salud, estamos hablando, sin duda, de un tema de prevención, de un tema de responsabilidad y también –ahora que tan de moda está– de un tema de recaudación.
Por eso les pido, compañeras y compañeros diputados, sumarse a esta iniciativa que, en efecto, solo es un ganar-ganar, para las y los mexicanos y que tenemos que empezar a poner en la palestra, aunque evidentemente no es un tema fácil hablar de un nuevo impuesto, pero hablar de este tema sí es hablar de la salud, sí es empezar a tomar medidas desde esta Cámara para mejorar las condiciones de lo que será la vida de muchos niños, de niñas, incluso de muchos de nosotros en este país. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Saludamos la presencia en este salón de sesiones del comisionado Iván Velásquez Gómez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien impartió la conferencia magistral: La correcta implementación de un sistema nacional anticorrupción, el caso de éxito de Guatemala, organizada por la diputada Cecilia Romero Castillo. Sea usted bienvenido, comisionado Velásquez, a este recinto parlamentario de San Lázaro. Acá lo tenemos enfrenten, no lo ven, pero pues si se para seguro lo van a ver. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra ahora por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Las comunidades y pueblos indígenas somos parte fundamental del origen e historia de México, somos las raíces de nuestra nación. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas la población indígena mundial se compone de más de 370 millones de personas, integrados en más de 5 mil grupos étnicos.
Las y los indígenas representamos el 5 por ciento de la población mundial, en México habitamos más de 11 millones 132 mil indígenas en alrededor de 68 pueblos y comunidades.
Al ser pueblos ancestrales, los indígenas somos herederos y guardianes de un rico patrimonio cultural y natural que constituye nuestra identidad y refleja nuestra cosmovisión.
Los conocimientos y prácticas de nuestras comunidades indígenas han sido muy valiosos como fuente para el desarrollo de productos en el campo farmacéutico industrial y alimenticio.
No obstante, la falta de protección jurídica ha permitido que históricamente las grandes industrias se apropien de esos conocimientos y los patenten como suyos, despojando y marginando a las comunidades originarias, quienes, incluso, hemos tenido que pagar grandes sumas por consumir algo que por derecho nos pertenece.
En Nueva Alianza vemos con preocupación que ahora los pueblos indígenas ven amenazado también su patrimonio cultural y su riqueza artesanal. Extranjeros han utilizado y comercializado diseños basados en artesanías de pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, obteniendo beneficios económicos sin que por ello proporcionaran alguna retribución monetaria a la comunidad indígena de quien tomaron el modelo.
Este hecho constituye un despojo más al patrimonio de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Y el hecho que personas ajenas hayan intentado presentar como suyos los diseños y modelos del traje tradicional mije nos revela la urgente necesidad de legislar para proteger ese patrimonio.
En este sentido someto a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa que adiciona una fracción IX al numeral a) del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación, protección, control, explotación y desarrollo de la propiedad intelectual sobre su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
El Estado, conjuntamente con los pueblos indígenas, adoptará en la ley medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
El patrimonio cultural de las comunidades indígenas incluye todas las expresiones de la relación entre el pueblo, su tierra y otros seres vivos y espíritus que comparten esa tierra. Y es la base para mantener sus relaciones sociales, económicas y diplomáticas con otros pueblos, es decir, los diseños, las artesanías y en general todas las expresiones artísticas de las comunidades indígenas son mucho más que formas, que diseños, bailes o canciones, son la representación de la idiosincrasia y la esencia misma de nuestras comunidades originarias.
Soy indígena y desde mis primeros años sé la importancia que significa para la sobrevivencia de nuestros pueblos el conservar, proteger y transmitir ese patrimonio cultural.
En Nueva Alianza no estamos dispuestos a permitir que personas o empresas se adjudiquen como suyas creaciones que ancestralmente han hecho y utilizado los indígenas mexicanos.
Es el momento de establecer una norma que proteja desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de los pueblos indígenas para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación, protección, control, explotación y desarrollo de la propiedad intelectual sobre su patrimonio cultural.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que con esta reforma propiciaremos el respeto y reconocimiento, no solo nacional sino internacional de los derechos de los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural.
De esta manera, ninguna persona o empresa podrá usurpar las tradiciones y cultura de las y los indígenas mexicanos para su propio beneficio. Sabemos que tenemos una deuda histórica con nuestros indígenas y no estamos dispuestos a permitir que se siga perpetuando el abuso y despojo de sus conocimientos, recursos y riqueza natural.
Entendemos que nuestra responsabilidad como legisladores es propiciar su bienestar y su desarrollo impidiendo el robo de su patrimonio cultural, que es el sustento de nuestra historia.
Compañeras y compañeros legisladores, démosle a las y a los indígenas la certeza jurídica de que nadie podrá arrebatarles lo que es suyo. Los invito a sumarse a esta iniciativa. Cambiemos las cosas, está en nuestras manos. Recordemos que la comunidad es primero. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita también por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo; todos ellos del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. A nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo y el diputado Javier García Chávez, presento la siguiente iniciativa.
El derecho a vivir y el hecho de vivir son aspectos indisolubles en el pensamiento occidental. Vivir es un derecho humano, el más fundamental. Vivir, vivir sin permiso de nadie. Pero este hecho solo tiene sentido si las personas se vuelven dueñas de sí mismas, si son capaces de tomar decisiones, asumir responsabilidades, enfrentar consecuencias sobre sus actos, sobre sus pensamientos y sobre sus cuerpos.
Este principio, que parece lógico y sencillo, se encuentra condicionado por construcciones de diversa índole, que no necesariamente responden a una condición de dignidad humana. Nuestra vida es nuestra en cada persona. Este principio, en el que se fundan los derechos humanos, así como todo principio de responsabilidad por los actos propios y del Estado sobre las personas, solo pueden tener sentido si las personas deciden todos los aspectos de la vida, de su propia vida.
Aclaro, decidir sobre la vida y terminar con ella se expresa como una decisión consciente, voluntaria, éticamente correcta y personalmente justa, en condiciones donde la vida no puede continuar sin un mínimo de dignidad y responsabilidad. Así es, no debemos confundir el desorden conductual que provoca el suicidio, la ausencia de voluntad por inducción al suicidio u otras conductas que atentan contra la vida sin que exista la clara vocación voluntaria de quien la posee.
En este sentido, me refiero a la imposibilidad de continuar la vida ante enfermedades terminales, cuando sobrevivir representa sufrimiento, dolor o indignidad.
En síntesis, me refiero cuando la vida deja de ser la maravillosa experiencia humana y se convierte en la dolorosa agonía del final. En estas condiciones podemos prohibir que las personas decidan terminar con su vida, pero es una práctica ilusoria, las personas encontrarán los caminos para resolver estas vicisitudes demostrando la injusticia del orden jurídico que las condena, pero también dejando sin efectividad los ordenamientos del Estado.
Las consecuencias de una vida que termina en medio del sufrimiento se deben añadir la incapacidad del Estado de ofrecer un final digno y de un orden jurídico injusto que los condena a perpetuar la agonía. No se puede amar la vida fuera de la dignidad y la libertad. Es insoportable el sufrimiento que produce un final agónico, no solo para quien padece alguna enfermedad terminal, sino para quienes lo rodean.
En este sentido, la iniciativa que se presenta contiene una serie de ordenamientos y de modificaciones a la Ley de Salud y del Código Penal con la finalidad de corregir esta deuda que el Estado tiene con la dignidad humana. Reconociendo en complitud el derecho a la vida de las personas.
Esta iniciativa plantea reformar como he señalado, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, con el objeto de despenalizar la práctica de la eutanasia activa y establecer el procedimiento legal a través del cual el paciente en fase terminal puede presentar su solicitud para que ésta le sea practicada por un médico especialista.
También, se establece un periodo de tiempo considerable para que el paciente pueda refrendar su decisión, de tal forma que exista la garantía de que se trata de una decisión personal, serena y razonada, para que de esta manera el médico pueda tener la certeza de que no existen presiones externas a la voluntad del paciente ni se trata de una decisión precipitada, fruto de una efímera situación emocional.
En esta propuesta se contempla la posibilidad de la objeción de conciencia de parte del médico que considere que practicar la eutanasia activa es contraria a sus creencias religiosas o morales, garantizando su sustitución por otro que no tenga ese impedimento.
Una vida que puede ser vivida en libertad, sin persecuciones, donde la dignidad de vivir esté por encima de dogmas y atributos doctrinarios que solo prolongan el dolor y el sufrimiento, es el fin último de esta iniciativa.
Es por ello que al tomar esta tribuna manifiesto que el amor por la vida y la alegría de vivir son aspectos centrales en nuestra agenda en materia de derechos humanos y que siendo consecuentes con este planteamiento, hoy presentamos esta iniciativa que despenaliza la eutanasia activa y otorga las garantías de protección del Estado a una vida digna.
Amar la vida es aceptar que su belleza está en su finitud. Que podemos aspirar a nacer y morir con dignidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nava. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia para dictamen.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Corichi, por favor.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para preguntarle al diputado si acepta que me pueda adherir a su iniciativa. Creo que es un tema muy importante y que vale la pena que varios podamos adherirnos a ella.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Nava, ¿manifiesta su aquiescencia para que eso pueda hacerse? Por lo tanto está a disposición, de quienes quieran suscribirla, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva
La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (desde la curul: Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Laura Esquivel, por favor.
La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (desde la curul). Es en el mismo sentido. Me gustaría adherirme a la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera su asentimiento, entonces acá está en la Secretaría de la Mesa Directiva. Saludamos la presencia de amigos de la Ciudad de México, invitados por la diputada Mirza Flores Gómez. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal: Con su permiso, diputado presidente; integrantes de la Mesa Directiva; apreciadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados; representantes de los medios de comunicación; ciudadanos que dan seguimiento a las labores de esta Cámara a través del Canal del Congreso, agradezco la confianza de los diputados César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Vallejo Barragán y Jorge Enrique Dávila Flores, para exponer desde esta tribuna las iniciativas suscritas de forma conjunta.
Los extraordinarios avances y aportes que se tienen de la tecnología, han hecho evolucionar a diversas áreas y actividades de la vida diaria como la comunicación y la salud. Hoy en día, por ejemplo, el uso de la telefonía móvil permite mantener comunicación ágil y permanente desde cualquier punto y momento, y el sistema de salud moderno se caracteriza por el uso de la tecnología médica.
Los centros de salud en general como: consultorios o ambulatorios médicos, clínicas y hospitales, contienen en mayor o menor medida equipos que muchas veces utilizan ondas electromagnéticas para su funcionamiento y la telefonía móvil, al operar, emite microondas que producen campos de radiofrecuencia.
Diversos estudios han determinado que la interferencia electromagnética de teléfonos móviles pueden crear anomalías en el funcionamiento de dispositivos médicos; en algunos casos los dispositivos podrían dejar de funcionar, cambiar su modo de operación o simplemente cambiar una lectura sobre una demostración o diagnóstico. Esta circunstancia genera la necesidad de implementar una política hospitalaria para prevenir los riesgos en los pacientes que pudieran ser ocasionados por interferencias electromagnéticas. Dicha política motivaría a elaborar instructivos para el personal médico, las personas hospitalizadas y las visitas, regulando el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos hospitalarios para maximizar la seguridad, principalmente en las áreas donde este tipo de eventos pudieran ocasionar efectos dañinos al equipo médico y, en consecuencia, afectar no solamente la salud, sino también la vida del paciente.
Los pacientes esperan que sus tratamientos sean seguros, exitosos, eficientes y respetuosos con el entorno donde se encuentran. Por tal motivo, junto con los diputados César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, consideramos oportuno proponer la adición del artículo 125 Bis, al Capítulo Cuarto de la Ley General de Salud denominado “Efectos del ambiente en la salud”, para facultar a la Secretaría de Salud a elaborar, publicar y difundir instructivos que regulen el uso de telefonía móvil dentro de los recintos hospitalarios a fin de crear una política preventiva sobre seguridad hospitalaria en materia de interferencias electromagnéticas tanto para el personal médico como para pacientes y visitas.
En otro orden de ideas, considerando que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía nacional al constituir el 99. 8 por ciento del sector formal y generar el 52 por ciento del producto interno bruto, así como el 72 por ciento del empleo formal en nuestro país, que por tal motivo las Mipymes representan el eslabón fundamental para el crecimiento y desarrollo sostenido al incentivar la producción, presencia y consumo de productos mexicanos dentro y fuera de la nación, es así que conjuntamente también con el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, proponemos a esta soberanía instituya y declare el 18 de noviembre como el Día Nacional de las Mipymes mexicanas para reconocer el esfuerzo, compromiso y desempeño preponderante en la economía nacional, pero también de estas empresas y emprendedores de México para que coincidentemente con la emisión anual del programa el Buen Fin, como política pública se motive a la población a considerar la realización preferente de sus compras y consumos en los establecimientos de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas para así en un magnífico ejemplo de cooperación de todos los sectores de la sociedad abonemos al fortalecimiento de la economía 100 por ciento mexicana.
Compañeras y compañeros integrantes de esta honorable asamblea, la salud y la economía son dos temas centrales en la actividad del Estado mexicano, una regulación que afiance las condiciones de seguridad hospitalaria con el uso responsable de la tecnología y el reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, son propósitos que alientan las iniciativas que hoy presentamos.
Es la hora de demostrar que nuestra vida en sociedad es perfectible, que el espíritu de la ley alienta la transformación nacional y estará presente en toda decisión que favorezca la vida de los mexicanos. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sulub. Y, como se dieron cuenta, fueron dos iniciativas en una sola intervención. Túrnese la primera de ellas, referida a modificaciones a la Ley General de Salud, a la Comisión de Salud, para dictamen. Y la segunda, referida a las Mipymes mexicanas, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados; e igualmente para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como también para presentar una tercera iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Gracias, presidente. A ver. La primera iniciativa a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General. Urge que esta Cámara de Diputados cuente con una Comisión de Asuntos Político-Electorales.
Si ustedes ubican todas las legislaturas de los estados y los Congresos locales cuentan con una comisión de la materia. Aquí sorprendentemente no y la Mesa Directiva a veces lo turna a Gobernación, a veces a Comisiones Unidas de Gobernación con otra adicional, cuando tiene que ver con la Constitución, a Puntos Constitucionales, etcétera.
No hay ordenamientos jurídicos con más reformas en este país, que los ordenamientos relacionados con los procesos electorales, y tienen toda la razón, aquí en este órgano es donde las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los mejores mecanismos para garantizar el voto activo, pasivo, la transparencia de los procesos y que verdaderamente haya mecanismos de acceso a poder, ya sea por la vía de los partidos políticos, ya sea por la vía de los independientes.
A ver, no nos hagamos tontos. Aquí hay varias comisiones que no sirven para nada, mejor queremos una que sí sirva para algo que nos interesa a todos los ciudadanos.
La segunda iniciativa tiene que ver con los dictámenes. Miren, no sé si les, si les ha pasado a ustedes, pero yo lo confieso, yo he votado aquí en las sesiones, dictámenes que no he leído. Lo confieso, y estoy seguro que el 100 por ciento de ustedes también lo han hecho y no porque sean flojos o desinteresados, sino porque el marco jurídico no permite conocer los dictámenes bien. Actualmente conocemos los dictámenes por la Gaceta Parlamentaria en la noche anterior de la sesión.
Perdón, o no dormiríamos en lo absoluto para estudiarlos a fondo y poder presentar las reservas, o tenemos que confiar en lo que nuestros compañeros diputados de nuestros grupos parlamentarios que integran las comisiones de las cuales emanó el dictamen, nos cuentan. Pero ojo, el diablo está en los detalles.
Nuestros compañeros diputados que integran esas comisiones nos podrán narrar el contenido del dictamen, nos podrán decir que es muy bueno, pero uno no conoce la redacción.
Simplemente como anécdota. En la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en la última o penúltima sesión estábamos votando una minuta del Senado en la cual se creaba una Unidad Técnica de Igualdad de Género. Si uno le platica la iniciativa suena maravillosa, sin embargo cuando uno analizaba la redacción parecía hecha por un niño de primaria, de los burros. Ahí la importancia que contemos con el tiempo necesario para conocer los dictámenes que vamos a votar.
Por lo anterior, lo que estoy proponiendo es que una vez que una comisión haya aprobado un dictamen se circule a los 500 diputados, ya sea en vía electrónica, ya sea en vía física, para que estemos en aptitud de conocerlos a fondo y el día que votemos aquí en el pleno un dictamen sea porque lo conocemos, y en su caso si no estamos de acuerdo con un punto, podamos presentar la reserva con la oportunidad. Es de volvernos responsables.
Finalmente la siguiente reforma que propongo es con relación a las reservas. No sé si recuerden, porque lo tenemos fresco todavía, en la discusión del paquete económico cómo había muchísimos diputados que con la excusa de subir una reserva realmente se subían aquí a hacer un posicionamiento de cualquier otro tema, a decir un discurso político o únicamente a establecer una práctica dilatoria para cansar a los diputados y tener una presión por una vía incorrecta.
Por lo cual, estoy proponiendo que necesariamente se tenga que dar lectura a la reserva que se va a subir para evitar este tipo de prácticas. La redacción que propongo es la siguiente:
Artículo 110. Las reservas se discutirán de la siguiente forma:
I. El proponente hará uso de la palabra hasta por cinco minutos para exponer las razones que la sustenten y la redacción de él o los artículos a reservar, sin lo cual no podrá discutirse.
Hay que evitar abusos de diputados irresponsables, que creen que esta tribuna es únicamente para hacer pronunciamientos que no tienen que ver con el tema y hay que profesionalizar la labor de este órgano legislativo. Creo que si nos esmeramos puede ser uno de los mejores del mundo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torreblanca. Túrnense las tres iniciativas a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente. En el ejercicio de los derechos culturales, consagrados en nuestra Constitución, se establece el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Sin embargo, al igual que los muchos de nuestros derechos consagrados, la realidad insensible, voraz y neoliberal se impone y la falta de políticas públicas responsables, o por lo menos objetivas, terminan contradiciendo lo que por derecho nos corresponde.
En este sentido, el acceso a la educación y la cultura y el gasto que ello implica parece pasar a un segundo lugar, ante una política económica errada que no repara siquiera en satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación que deberían de tener todos los mexicanos. Prueba de ello son los más de 55 millones de mexicanos en pobreza y más de 11 millones en pobreza extrema.
Así, para aquellos que aún ante esas adversidades desean acudir a espacios de educación arte y creación, como lo son los museos, se impone un modelo lejano de promover el acceso, y por el contrario, tendiente a desalentar la actividad cultural en nuestro país.
Es por eso que hoy presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 288 A-1 de la Ley Federal de Derechos, a fin de revertir las excesivas alzas en las tarifas para el acceso a los museos, publicadas para el año 2016, y por el contrario, establecer que estas se vaya ajustando gradualmente tal y como lo señala el penúltimo párrafo del artículo 288 A-1.
El objetivo es proteger y garantizar que la población puede ejercer su derecho humano de acceder a la cultura y disfrutar de los bienes y servicios que el Estado proporciona, a cambio de tarifas que no impactan de manera negativa en la línea mínima de bienestar de la población.
El día 8 de diciembre de 2015 se turnó a esta Cámara la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
La exposición de motivos de la iniciativa antes enunciada, con respecto al tema en comento, únicamente señala: considera que existe una imperiosa necesidad de realizar una reclasificación del tipo de recintos, así como una homologación de cuotas de acceso a los mismos.
La aprobación de esta iniciativa enviada por el presidente de la república nos llevó, entre otras cosas, a un alza desmedida a las cuotas de acceso gracias a la homologación. Por ejemplo, el museo Rufino Tamayo aumentó su tarifa en 188.46 por ciento, ya que antes se pagaban 20 pesos con 88 centavos y ahora se deben pagar 60.
El museo de arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil aumentó su tarifa en 116.34, ya que antes se pagaban 20 pesos con 88 centavos y ahora se deben pagar 45.
Y el caso emblemático de esa sesuda iniciativa, es la del Museo Nacional de la Estampa, que aumentó su tarifa en 223.27 por ciento, ya que antes se pagaban 13 pesos con 92 centavos y ahora se pagan 45.
Cabe mencionar, que en los ejercicios fiscales anteriores, el incremento al acceso de los museos variaba entre uno o dos pesos. Iniciativas como estas, sin duda, nos obliga necesariamente a referirnos al tema del salario mínimo, el cual desde el año 2000 al 2016 ha incrementado en promedio anual 2.52 pesos, destacando el mayor aumento en 15 años, del 2015 al 2016, ya que se incrementó 6.97 pesos.
Si lo comparamos con el tema de los museos, de 2015 a 2016, mientras que el salario mínimo aumento 4.76, las tarifas de los museos se incrementaron arriba del 200 por ciento.
En el tercer trimestre de 2015 el ingreso laboral per cápita fue de mil 220 59, y este fue tan bajo que aun si se hubiera destinado todo para adquirir la canasta básica no hubiese alcanzado. Porque es necesario señalar que en el mismo periodo se ubica la canasta básica con un valor de mil 315.
Según la Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales en 2010, realizada por la entonces Conaculta, señala que en nuestro país el 45 por ciento de la población no ha accedido a un museo, señalando como las tres principales causas la falta de tiempo, la falta de dinero y el que no contempla siquiera destinar recurso para la cultura.
Es decir, cuando no se cuenta con los ingresos suficientes para poder adquirir productos alimentarios como tortillas, frijoles, huevo entre otros, mucho menos contarán con ingresos para la adquisición de bienes no alimentarios como la cultura.
Y si a ello se incluye el factor de alza de tarifas de acceso a los museos que ya se señaló, resulta obvio que las y los mexicanos no podrán ejercer ese acceso a la cultura.
¿La imperiosa necesidad señalada para reclasificar y homologar las cuotas de acceso a los mismos se elaboró conociendo esta información?
Una información que es pública, que es incluso oficial y debiera de ser obligatoria a la hora de elaborar iniciativas y políticas públicas.
¿No es más imperiosa la necesidad de contar con una política cultura en nuestro país? ¿No es más imperiosa la necesidad de favorecer el acceso, disfrute y proveer de los bienes culturales a las y los mexicanos de lograr más y mejores públicos y visitantes, implementando políticas públicas exitosas? ¿No es más imperiosa la revisión del salario mínimo, el acceso a la canasta básica y al ejercicio de nuestros derechos culturales?
Es por eso, compañeras y compañeros diputados que les pido, lo imperioso es actuar con congruencia y en atención a las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. Es por ello que les pido se sumen a esta iniciativa. Por lo tanto solicito, señor presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa sea inscrito en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaytán. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal cual lo ha solicitado la diputada proponente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Paola Félix Díaz, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con la venia de la Presidencia. Saludo a todas las personas que nos ven del Canal del Congreso. Esta iniciativa tiene como objetivo el reconocimiento al valor.
Compañeras y compañeros, la mayoría de los países cuenta con un sistema de recompensas para los integrantes de las fuerzas armadas, cuya función principal es la de conceder estímulos a los militares que han actuado con honor, gallardía y valentía en el cumplimiento de su deber. Con ello se busca gratificarlos por los valiosos servicios prestados a la patria.
El primer sistema de medallas militares organizado fue creado por los romanos, quienes desarrollaron una jerarquía de honores que iban desde coronas para los oficiales veteranos, hasta los discos metálicos con la imagen del emperador. Estos discos son los ancestros de las modernas medallas militares.
A pesar del paso del tiempo, las medallas y condecoraciones continúan teniendo vigencia. Su importancia radica en la capacidad que tienen para mostrar con un pequeño objeto los logros y méritos conseguidos en un evento o a lo largo de toda su vida.
Todos sabemos que a los militares mexicanos se les otorgan reconocimientos y medallas dentro de la propia institución, en función de las hazañas realizadas en su trabajo diario. Sin embargo, no reciben un reconocimiento de la sociedad civil, tal como sucede en otras partes del mundo. Por eso creemos que debemos llenar este vacío para que cada año se les otorgue una medalla, proveniente de la ciudadanía, a quienes se lo merecen.
Debemos reconocer, que en la época moderna no hemos sido del todo justos con nuestros soldados y marinos, y hemos dejado de reconocer la gran valía que día a día muestran todos ellos. Por eso es que debemos incentivarlos a continuar con su labor de protección de nuestra sociedad y qué mejor que sea a través de esta medalla.
En este sentido es que presentamos esta iniciativa, para que la sociedad representada en la Cámara de Diputados, entregue un reconocimiento con la gratitud a la entrega, abnegación y heroísmo mostrada por los miembros más destacados de nuestras Fuerzas Armadas.
Esta presea se entregaría a aquellos elementos que realicen actos desempeñados con valentía, más allá del deber en auxilio del pueblo o en combate contra los enemigos del Estado mexicano. Dicha medalla llevaría el nombre de José Azueta y sería entrega en sesión solemne el día 21 de abril en la Cámara de Diputados.
José Azueta, fue un cadete mexicano que participó heroicamente en la defensa del puerto de Veracruz ante la invasión norteamericana, precisamente el 21 de abril de 1914. Por sus grandes acciones y sacrificio, se le otorgó el grado de Capitán Segundo Táctico de Artillería, así como una medalla de oro especial y la Cruz de Tercera Clase del Mérito Militar.
Ante ello, consideramos que debemos exaltar el legado de este gran soldado, que al mismo tiempo representa lo mejor del valor y la virtud que caracteriza la labor militar.
No olvidemos que el soldado es el que debe sufrir y soportar las más profundas heridas y cicatrices de la guerra, por lo que este esfuerzo para reconocerle su disciplina y generosidad y lealtad, será un merecido premio al honor con el que diario se desempeñan frente a su país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Félix Díaz. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino Vargas, por favor.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Preguntarle a la diputada. Primero felicitarla por esta iniciativa de reconocer el valor y pedirle si me permite suscribirme a esta iniciativa.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada da su consentimiento y está a su disposición para usted y para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales en materia de desindexación del salario mínimo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. La reforma constitucional para desindexar al salario mínimo, es decir para que el salario mínimo nos sirva como referencia del incremento a la inflación, es un primer paso –yo diría bastante pequeño– para lograr algo que sí queremos, que es que se incremente el salario mínimo.
Nosotros revisamos 292 ordenamientos legales y estamos proponiendo su modificación para que en lugar de salario mínimo se utilice la unidad de cuentas. Es decir, el segundo paso es –ya que se hizo el cambio constitucional– cambiar todos los ordenamientos en donde se hace referencia al salario mínimo como unidad de cuenta
Hay aquí una excepción que vamos a hacer y que es importante dejar en claro en el contexto de la discusión del salario mínimo, que es que las pensiones serán establecidas en salarios mínimos. Es decir, todo lo referente a las pensiones no será la unidad de cuenta con la inflación de los años subsecuentes, sino que se tendrán que incrementar cuando se incremente el salario mínimo en proporciones mayores a la inflación.
Creo que es uno de los puntos que deben de quedar en claro para que el incremento que vamos a tener de manera sustancial de salario –en caso que se dé–, sea un incremento que se refleje también en las pensiones que reciben los mexicanos.
Si nosotros tomamos como referencia el año de 1980, si ese fuera el 100 por ciento, el salario mínimo hoy en día –si eso fueran 100 pesos, si el salario mínimo de 1980 fueran 100 pesos– serían 15 pesos. Así ha cambiado y así de radical ha sido la caída de poder de compra de nuestro salario mínimo. El salario mínimo de hoy es 15 por ciento del salario mínimo de 1980.
Esto ha estado acompañado también de una caída en todos los demás salarios. El salario medio de hoy es el 65 por ciento del salario medio de 1980. Es decir, la caída en el salario mínimo ha ido acompañada de una caída de todos los salarios.
De hecho la caía en la masa salarial, el deterioro del empleo es el principal problema de la economía mexicana y la principal causa de desigualdad. Por ejemplo, del 2008 a la fecha, el empleo formal ha crecido en 10 por ciento; pero el salario promedio ha decrecido en 10 por ciento, y la masa salarial, es decir, el número de trabajadores por lo que ganan, ha caído en 20 por ciento. Es decir, México tiene en la última década una caída en la masa salarial de sus trabajadores.
A mí me parece el punto central de la economía mexicana en este momento. Tenemos una economía en la que el poco crecimiento no se convierte en más ingresos para los trabajadores, sino en menos ingresos para los trabajadores.
Si tomáramos en cuenta cuánto eran las remuneraciones salariales con respecto al PIB en 1980, era el 80 por ciento, el 80 por ciento de toda la masa salarial era igual al 80 por ciento. Hoy es 27 por ciento. Es decir, el salario es mucho menos importante en relación al tamaño de la economía, la economía ha crecido mucho más de lo que ha crecido el salario en el país. Y esto implica que hoy tengamos 55 millones de personas en la pobreza.
Lo que nos debe quedar claro es que la discusión del salario mínimo nos tiene que llevar a un incremento importante en el mismo que nos pueda acercar a los niveles de salario mínimo de los años 80. Eso implica multiplicar varias veces el salario actual que tenemos. Es algo que ha sucedido; países de América Latina y hoy los Estados Unidos, están experimentando incrementos importantes de este salario que no se están traduciendo y no se tradujeron ni en mayor inflación ni en caía de productividad ni en caída en el empleo.
Es posible regular el mercado laboral y lograr que la gente menos productiva, la que gana el salario mínimo, gane al menos lo mínimo para subsistir, y esta caída que hemos visto en el salario mínimo, en las últimas cuatro décadas, también ha sido una caída de los salarios reales de los trabajadores, y eso se explica por las políticas neoliberales que hemos tomado y porque no hemos tenido ni una regulación salarial ni un sindicalismo capaz de realmente representar a los trabajadores e impedir la caída en el salario, porque sin representación auténtica, sin salario mínimo y sin un gobierno interesado en incrementar el salario, lo que tenemos es hoy más pobreza y cada vez menos ingreso para los trabajadores mexicanos. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Damos la bienvenida a un grupo de ciudadanos de distintos estados, participantes en el proyecto de Incubadora de Legisladores 2016, invitados por la diputada Cecilia Romero Castillo. Bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Constitución nos confiere la responsabilidad de determinar cuánto, en qué y cómo se van a gastar los dineros del pueblo.
No obstante, el Ejecutivo federal mediante las llamadas reglas de operación desvirtúa el mandato de esta soberanía. Se dice falazmente que tales reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, nada más alejado de la realidad.
Estas reglamentaciones son instrumentos inflexibles y evitan que los beneficiarios puedan acceder de manera pronta y sin obstáculos a los recursos que les corresponden. No cuentan con los suficientes elementos que garanticen su viabilidad y los llamados criterios de focalización, cobertura, demanda y de población objetivo son tan rígidos que no permiten resolver las diferentes problemáticas regionales.
Un ejemplo, el 16 de febrero del año en curso, esta Cámara aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a respetar en forma íntegra los montos aprobados por esta soberanía para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan directamente las entidades federativas.
Hubo necesidad de a un punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a cumplir y respetar lo establecido en esta Cámara, porque muy hábilmente pretendía modificar los montos asignados.
Parece que las reglas de operación son un mecanismo inventado por la tecnocracia para modificar el resultado del debate de razones y posiciones frente a los problemas nacionales que fija esta soberanía, y convertir recursos cuantiosos en subejercicios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posteriormente destina sin autorización a otros rubros.
Así, la burocracia asigna los recursos discrecionalmente como si fueran de su propiedad y lo que fue destinado a subsanar desigualdades de los sectores más vulnerables o para alcanzar metas de crecimiento, desarrollo, pleno empleo se quedan en una suma de buenas intenciones.
Las cosas no pueden seguir así, es necesario un marco jurídico en el que se establezcan los lineamientos que eviten tales despropósitos y permitan reglas de operación destinadas a facilitar el acceso de los recursos para sus beneficiarios, con enfoques que tomen en cuenta la diversidad regional a fin de integrar el desarrollo económico social y cultural del país.
Por eso el propósito de esta iniciativa es que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, tenga la facultad de expedir leyes generales en materia de reglas de operación de los programas gubernamentales. De esta manera las disposiciones jurídicas que emanen de estos ordenamientos jurídicos serán vinculatorias para todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Esta propuesta no tiene ningún trasfondo ideológico ni partidario. La idea es que si la Cámara de Diputados decide el destino de los recursos en el Presupuesto de Egresos entonces sea la que determine los instrumentos que permitan acceder a dichos recursos de manera pronta, fácil y con eficiencia, y que ello se vea reflejado en el bienestar de la población.
La organización Gestión Social y Cooperación, que evalúa los programas gubernamentales, a través del Índice de Calidad, en el 2009 indicó que solo el 40 por ciento de los programas sujetos a reglas de operación aprobaba las evaluaciones del diseño. Es claro que las reglas de operación, tal como so diseñadas, conceden más importancia al estricto cumplimiento de normas y procedimientos sin importar los resultados que deben beneficiar a los ciudadanos.
Solicito en consecuencia, compañeras y compañeros legisladores, su voto favorable a esta propuesta. Rescatemos la dignidad y autoridad de esta Cámara y cumplamos como representantes populares, garantizando que los recursos del pueblo sean para ellos y no queden a disposición de orientaciones tecnocráticas sin vocación total. Es cuanto, compañero presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía tiene por objeto elevar a rango constitucional el reconocimiento como lenguas nacionales, los 68 idiomas indígenas que se hablan en México.
La histórica lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos hizo posible que en 2001 se reformara el artículo 2º constitucional, reconociéndose que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, base histórica de nuestra identidad.
Las lenguas indígenas son factor fundamental de cohesión y pertenencia comunitaria que ante las prácticas de explotación y sometimiento que han padecido históricamente los pueblos originarios, han sido también instrumento de lucha y sobrevivencia.
Plenamente convencido de que las lenguas indígenas deben tener la mayor cobertura legal y política, someto a la amable consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 2o. constitucional, para establecer que las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y el español, son lenguas nacionales con idéntico valor jurídico y social.
México no puede quedarse atrás de otros países de América Latina, donde ya se les da pleno reconocimiento a sus lenguas indígenas, como es el caso de Bolivia, que en el artículo 5o. de su Constitución se establece que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Por su parte, Paraguay reconoce en el artículo 140 de su Carta Magna que son idiomas oficiales el castellano y el guaraní.
Resulta relevante que seis de cada 10 mexicanos mayores de cinco años hablan una lengua materia diferente al español, pues en casa diálogo que se realiza usando lenguas indígenas se fortalece nuestra identidad.
Cierto es que ya existen ordenamientos legales, principalmente en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en los que se han incorporado disposiciones enfocadas a proteger y enriquecer las lenguas indígenas, así como en materia educativa para garantizar el acceso a una educación indígena bilingüe intercultural.
De igual manera, ya se cuenta con disposiciones legales en materia de acceso a la jurisdicción del Estado y en los renglones de procuración e impartición de justicia, brindando a los indígenas la asistencia de traductores e intérpretes conocedores de sus lenguas y culturas.
Pese a tales avances, resulta imperativo reformar la Constitución para el pleno reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, porque solo de esa forma podrá hacerse exigible que en todas las dependencias, entidades e instituciones públicas incorporen las lenguas indígenas en sus políticas y en sus comunicaciones oficiales.
Con esta reforma, las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional serán reconocidas como lenguas de uso habitual legítimo y con idéntico valor jurídico y social, que el español.
Compañeras y compañeros diputados, desde la conquista hasta nuestros días las lenguas indígenas han estado sujetas a una permanente política de exterminio. Sin embargo, nuestros pueblos han refrendado a través de los siglos su voluntad de preservarlas y enriquecerlas.
Los resabios del colonialismo continúan considerándolas como dialectos y existe resistencia a otorgarles la categoría de idiomas, a pesar de que fueron las primeras que se hablaron en este territorio y aquí nacieron.
Con el respaldo de esta honorable Cámara de Diputados, con el voto que brinden a esta iniciativa lograremos que las 68 lenguas indígenas se reconozcan en nuestra Constitución como lenguas nacionales, para reivindicar de esta manera el principal elemento de lucha e identidad que tienen nuestros hermanos indígenas.
Con su voto a favor les devolveremos a los idiomas indígenas la categoría y la dignidad que el colonialismo les negó. Los idiomas son la síntesis de las culturas, borrarlos es borrar nuestra historia.
Por ello, invito a todas y a todos ustedes a proteger lo que es nuestro, el rico patrimonio lingüístico de México. Luchemos pues, por las lenguas indígenas de México. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Coheto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y tiene ahora la palabra por...
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Gaytán, por favor, ahí está.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle al diputado promovente de esta iniciativa que nos permita adherirnos al Grupo Parlamentario del PRD, y también aprovechando la voz a la compañera diputada Laura Esquivel.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Coheto, diputado Coheto, míreme bien, yo lo estoy viendo, la diputada Gaytán y la bancada del PRD, dice ella, así como la diputada Laura Esquivel, le solicitan suscribir su iniciativa. Sí, y también de la bancada del PRI, de Hidalgo, de Nueva Alianza también, acá la diputada Karina Sánchez.
La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido acá en la curul de la diputada, por favor.
La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): Presidente, también si me permite, por favor, Yolanda López de Oaxaca, pedirle al diputado Cándido si nos permite adherirnos a esta importante iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, ha manifestado la aquiescencia el diputado Coheto, para que puedan suscribirla quienes estén de acuerdo.
El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado Silva, por favor. Ahí está.
El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Solamente pedirle a la diputada Gaytán, el suscribirme también junto con ella.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido a la diputada Karina Barón, acá.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Para lo mismo, presidente, pedirle a mi paisano, al diputado Cándido, que nos permita también suscribir esta importante iniciativa que va a beneficiar, entre muchos, al estado de Oaxaca, obviamente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igualmente.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahí sonido en la curul de la diputada Eva Cruz.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidente, para lo mismo, para sumarnos a la iniciativa del profesor Cándido y estamos también dentro de su comisión y vamos a hacer todo lo que se pueda, ahora sí por todo el país y Oaxaca, principalmente, en los pueblos indígenas. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido acá en la curul de la diputada Modesta Fuentes.
La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle al diputado Cándido Coheto para que nos permita en esta iniciativa, por Morena en el estado de Oaxaca. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Coheto reitera su aquiescencia para que puedan suscribirla, y por lo que veo puede tener un amplio consenso aquí. Vamos a ver qué pasa en la comisión y qué tan rápido puede salir. Esperemos que en lo que resta de esta legislatura. Bien. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social. E igualmente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil Federal. Adelante, diputada.
La diputada María García Pérez: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. Cito el artículo 4o., párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
La asociación civil Reinserta un Mexicano, que preside Saskia Niño de Rivera, nombrada en octubre de 2015 por la revista Time como una de las próximas 6 líderes sociales a nivel mundial y nominada para el premio Nelson Mandela 2016, menciona que en México existen 377 niños menores de 6 años que viven con sus madres en los reclusorios de todo el país, que viven entre muros y rejas.
En esta tesitura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectuó visitas de supervisión a 77 de los 389 establecimientos penitenciarios existentes; 5 de ellos bajo la responsabilidad del gobierno federal y 72 estatales ubicados en los 32 estados de la república y en la Ciudad de México.
El estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades correspondientes para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional, con un enfoque de género.
Separar a las internas sentenciadas de las procesadas espacios que permitan el desarrollo infantil y propicio para el tratamiento de las mujeres, tanto para que ellas como para los niños que viven en reclusión con sus madres reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, de educación y sobre todo de capacitación, trabajo productivo y remunerado; así como actividades recreativas, entre otras.
El personal que realizó las visitas de supervisión observó la presencia de menores de edad en 51 centros de reclusión. Sin embargo, la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen, mientras sus madres se encuentras internas, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada centro penitenciario, oscila entre los seis meses y los seis años de edad. Aunque se tuvo conocimiento de que en los establecimientos de Acapulco y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los ocho y 12 años de edad, respectivamente.
Otro dato importante que arrojó el estudio, menciona que la mayoría de estos establecimientos penitenciarios carecen de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas.
Por lo anterior, se considera que la asistencia social debe brindarse también a las hijas e hijos de las mujeres reclusas que tuvieron que desprenderse de sus madres, debido a que cumplieron con el tiempo que la ley marca para poder permanecer en dicho centro y que no siempre cuentan con algún familiar cercano que se haga cargo de su cuidado.
Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, es imperante cumplir con las disposiciones en materia de asistencia social, garantizando la concurrencia y colaboración de la federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, y con este propósito se busca proteger a la clase más vulnerable y desprotegida de nuestro país, que son nuestras niñas y nuestros niños. Por lo anterior y en mi carácter de integrante de este Grupo Parlamentario de Acción Nacional, les solicito que apoyen esta iniciativa.
De la misma manera, también estoy presentando una iniciativa que tiene que ver con los adultos mayores. Y yo les pregunto, quién podría levantar la mano para negarse a proteger los derechos de los adultos mayores, que han sido nuestros tesoros vivientes, personas que han protagonizado y vivido buena parte de la memoria de nuestro país. Seres humanos que nos han dado la vida a nosotros, a nuestros padres. La respuesta debería ser: nadie.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, señala que la población adulta mayor está creciendo de manera acelerada. Se prevé que para el año 2050, las mujeres de 60 años y más representen el 23.3 por ciento del total de la población femenina y los hombres constituyen el 19.5 por ciento del total de la parte masculina en México.
Por lo antes mencionado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menciona que los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el cual establece: vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y sus requerimientos.
Si bien es cierto, es de conocimiento público que la mayor parte de nuestros adultos mayores tienen una pensión muy baja, en la mayoría de los casos es inferior al ingreso mínimo mensual, siendo éste el único ingreso que reciben. Esto conlleva a que no tengan alimentos diarios, asistencia a la salud, medicamentos, vestidos, artículos de primera necesidad, mantener sus hogares en buenas condiciones o simplemente a desarrollarse socialmente en el medio en el que viven.
Sus bajas pensiones son el motivo por el cual buscan nuestros adultos mayores en distintas instituciones bancarias, créditos para poder complementar sus pensiones y con esto vivir de manera digna, pero las diferentes instituciones bancarias no autorizan dichos créditos por su edad, ya que para ellos es un riesgo el pago de dicho crédito.
Por lo anterior y viendo la problemática que los adultos mayores atraviesan, propongo que se establezca una figura de hipoteca inversa.
Esto es crear un nuevo servicio al público a fin de dar la posibilidad a todos nuestros adultos mayores de hipotecar un inmueble de su propiedad. La hipoteca tendría por finalidad que pueda recibir el equivalente al valor comercial del inmueble en cuotas mensuales, mejorando así su pensión y nivel de vida del adulto mayor, o del matrimonio.
A su fallecimiento de cualquiera de los dos o ambos, los herederos podrían pagar el crédito o en caso contrario, dar la propiedad hipotecada a remate para liquidar a la institución financiera y al resto de los herederos –en caso de haberlos–, de tal suerte que los adultos mayores estarán dotados de un apoyo y figura jurídica que es la hipoteca reversible en el cual los adultos mayores que tengan una propiedad que hoy constituye su único patrimonio, que genere un provecho económico monetario en el cual nuestros adultos mayores puedan gastar para vivir dignamente y cubrir sus necesidades básicas y hasta su muerte.
Quiero poner algunos ejemplos de algunos países en el mundo donde se ha implementado esta hipoteca inversa y uno de ellos es Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, España y Canadá.
En esta tesitura pongo como ejemplo también el estado de México, el cual el 7 de mayo de 2013 se publicó en la Gaceta del gobierno del estado de México poner en marcha la figura de pensión hipotecaria o hipoteca inversa.
Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, les pido que apoyen esta iniciativa en beneficio de nuestros adultos mayores y que recordemos que si Dios nos presta vida, todos llegaremos a ser viejitos, y si tenemos hijos agradecidos estarán con nosotros y, si no, nos dejarán al abandono como a muchos otros, y hay que generar precisamente estas figuras jurídicas para proteger a toda nuestra gente, a todos nuestros adultos mayores. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Túrnese la primera de ellas, referida a la Ley de Asistencia Social, a la Comisión de Salud para dictamen.
La segunda, referida a la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil Federal, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia para dictamen; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión.
La diputada Karina Padilla Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Karina Padilla, por favor.
La diputada Karina Padilla Ávila (desde la curul). Gracias, presidente. Felicitar a la diputada por esta excelente iniciativa, y preguntarle también si nos permite adherirnos a la misma.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada García, le pregunta la diputada colega suya de la bancada del PAN.
La diputada María García Pérez (desde la curul): Sí, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta que sí, entonces está acá para quienes quieran suscribirla, a disposición de ustedes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Tanía Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Demasiado espacio para mirar hacia arriba y nosotros mirando hacia abajo. Con su venia, diputado presidente. Legisladoras y legisladores, y a la ciudadanía. Antes de empezar, veo un pleno con apenas 150 diputados adheridos a los 310 que pasaron lista. Quiero pensar que los que faltaron fue porque su coche no circuló el día de hoy o porque simplemente no quieren respirar el aire contaminado que tenemos ahorita.
Hace tiempo que se viene manifestando un cambio climático que parece no importarnos. Tan sólo hace unos días con vientos e incluso nevadas, pusieron de cabeza a varias ciudades del país; hasta fotos para presumir se subían a las redes sociales, pero ¿es normal? Claro que no. En el mundo podemos contaminar de manera diferente.
El día de hoy traigo a este pleno un tema tan relevante que también forma parte de este collage de contaminantes que atañen al medio ambiente, a la salud, a la economía, y por qué no, a perder la observación al cielo.
La contaminación lumínica, aquella que contamina por su exceso de luz en las luminarias, en los espectaculares e incluso de los faros automovilísticos, es una forma poco conocida de afectar el ecosistema, pero conlleva a grandes daños a la flora, fauna, incluso a los seres humanos.
La contaminación lumínica es un indicador del despilfarro de energía eléctrica en el alumbrado público y particular, lo que además lleva al aumento desmedido de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.
Si esa energía para el alumbrado se produce mediante combustibles fósiles; sus fuentes incluyen la construcción de iluminación exterior e interior, publicidad, propiedades comerciales, oficinas, fábricas, farolas, instalaciones deportivas y de iluminación.
El hecho es que mucha iluminación exterior utilizada en la noche es ineficiente, demasiado brillante, mal dirigida, protegida de manera deficiente y, en muchos casos, completamente innecesaria. Esta luz y la electricidad utilizada se está desperdiciando al ser dirigida hacia el cielo en lugar de centrarse en los objetos reales y las áreas que la gente quiere iluminadas.
La eficiencia y el ahorro energético constituyen objetivos prioritarios para toda economía, pudiéndose conseguir, sin afectar al dinamismo de su actividad y mejorando la competitividad de sus procesos productivos, reduciendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, como la factura energética.
Por dicho motivo, presento ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Contaminación Lumínica.
Quiero proponer impulsar una política adecuada para la recuperación de la transparencia del cielo, conlleva a la reducción importante hasta de un 50 por ciento del gasto para producir energía eléctrica que suministra el alumbrado público, reglamentando el uso de las luminarias adecuadas y, en consecuencia, se verá reflejada anualmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Celebro que el municipio de Ensenada, Baja California, tenga esta legislación desde el 2006, testigo del bajo consumo energético y económico, utilizando luz blanca de tecnología LED.
Entonces, los legisladores tenemos la responsabilidad de visualizar los retos que se avecinan a la humanidad y, en consecuencia, su impacto en nuestro país. Creemos que esto no nos afectará y somos indiferentes ante ello, ya que en gran parte de esa actitud yace una falta de cultura científica al abordar ciertos problemas nacionales, siendo el conocimiento científico el que aporta la información más confiable sobre riesgos de alterar los delicados equilibrios ambientales.
La ciudadanía es corresponsable también de esta problemática, y los invito a sumarse a esta iniciativa en todos los sentidos. Nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es conservar mediante leyes estrictas y estructuradas el equilibrio ecológico que nos permita vivir en este planeta, de no hacerlo, no habrá ley y no habrá presupuesto alguno que nos permita alimentarnos, abastecernos de agua e, incluso, de respirar.
Y para que se terminen de convencer, hago una invitación para el día martes 19 de abril aquí en las instalaciones de la Cámara, a las 9 de la mañana a un evento que lleva por nombre Contaminación Lumínica, para que con sus propios ojos puedan ser testigos de esta contaminación a través de una proyección de 10 minutos en un planetario móvil y telescopios a su alcance. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arguijo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen. Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García...
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes. Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, muy buenas tardes. Quiero preguntarle a la diputada Tania Arguijo que si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Arguijo.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (desde la curul): Sí, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ella manifiesta que sí.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces acá está a disposición para quienes quieran suscribirla. Gracias. A sus órdenes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, decía, por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación. Adelante, diputada.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. Bueno, quisiera que fuera por una deferencia que subí dos veces, pero realmente ante la escases de los integrantes presentes de nuestra legislatura desafortunadamente, y creo que es un tema –como la diputada anterior lo mencionó– a destacar, pero finalmente estamos aquí.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde el día que llegué a la Cámara uno de los temas que me ha parecido más importante, creo a muchas y a muchos de nosotros, es el tema de la salud.
Y por razones quizás hasta personales, pero también por razones de convicción, en el tema de la salud de niños y niñas me parece que tenemos mucho que hacer. Y por tal motivo es que hoy me presento también ante ustedes con un proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación.
Con esta iniciativa propongo incluir en los planes de estudio de nivel básico de educación en México el tema de la alimentación, de una alimentación sana que sirva para tener una mejor nutrición, que nos sirva en términos preventivos, sobre todo en todos los problemas que tenemos derivados de la mala nutrición.
Según la FAO casi el 30 por ciento de la población mundial sufre de alguna forma de malnutrición. Quienes no tienen una cantidad suficiente de energía o nutrientes fundamentales no pueden llevar una vida sana, activa y, por supuesto, en términos de aprendizaje es clara la desventaja.
El resultado son los efectos devastadores de la enfermedad y la muerte; así como perdidas incalculables de potencial humano, de desarrollo social; recursos ahí canalizados en términos de salud pública desperdiciados. Al mismo tiempo cientos de millones de personas sufren enfermedades debidas a una alimentación excesiva o desequilibrada.
Más de la mitad de la carga de enfermedades del mundo se pueden atribuir al hambre, la ingestión desequilibrada de energía o la deficiencia de vitaminas, minerales o una nutrición sana.
Los países en desarrollo están alcanzado con rapidez los niveles de los países que tienen que hacer frente a problemas graves de salud en ambos extremos del aspecto nutricional; unos por exceso de comida o mala alimentación, otros por falta de ella.
Más de 28 millones de mexicanos están viviendo en carencia alimentaria y más de 48 millones con sobrepeso u obesidad. El país sufre una de las mayores crisis alimentarias, creada por una falta de acceso a alimentos frescos y una invasión masiva de la comida chatarra y de muchos alimentos, como el que ya comenté en la iniciativa pasada.
El gobierno mexicano ha formulado políticas, sí importantes, pero aisladas y contradictorias en muchos sentidos para atender la demanda de alimentos y enfrentar la crisis de salud. La Secretaría de Desarrollo Social coordina la Cruzada Nacional contra el Hambre; la de Salud encabeza la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; la de Agricultura por su parte diseña una reforma para el campo, pero ninguna se enmarca en una política integral de alimentación y de nutrición que pretenda resolver de fondo el principal problema de México; la baja disponibilidad de acceso a alimentos saludables, como son verduras, frutas, frijoles y otras leguminosas, por supuesto cruzados por el tema económico y a propósito, un salario mínimo que por supuesto no sirve para nada, a la par de reducir el consumo creciente de alimentos ultra-procesados, como también ya lo comentamos.
Actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, el primer lugar mundial como muchos de nosotros lo sabemos; el segundo en obesidad de adultos, solamente después de Estados Unidos, problema que está presente no sólo en la infancia y en la adolescencia, sino también en la población de edad preescolar.
Durante un discurso en la inauguración del 34 periodo de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, realizada el 29 de febrero en nuestra Ciudad de México, el director general de la FAO destacó que la FAO seguirá apoyando firmemente a los países de la región en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, con especial énfasis en los tres que se refieren a la erradicación de la pobreza como el hambre, y a la necesidad de adaptarse al cambio climático, como aquí se ha comentado ya en diversas iniciativas, y llamó a los países a generar círculos virtuosos que concreten una agricultura sostenible con una mejor nutrición, enlazando los programas de alimentación escolar, de educación nutricional con la agricultura familiar mediante las compras públicas.
Por lo anterior es que, coincidiendo en esta necesidad, considero indispensable la necesidad de incorporar en los planes de estudio de todo el país programas y materias que aborden el tema de una mejor alimentación, de una mejor nutrición conjuntado por supuesto con el tema que ya tanto se ha discutido de bebederos, ojalá existieran en la realidad muchas de las escuelas, y con otras medidas para así tener toda la información que requieren niños y niñas, para que la formación sea integral en los adolescentes, en las niñas y en los niños, para combatir el grave problema de la mal nutrición y sus enfermedades.
Cambiar en este tema es un asunto de educación, sin duda de prevención y sus impactos en el sistema de salud pública podrán ser palpables en unos años, solamente si tomamos estos temas en nuestras manos, solamente si cambiamos, solamente si hacemos que quienes son más pequeños puedan ir cambiando también sus patrones de conducta y tomando consciencia sobre sus hábitos alimenticios.
Espero de verdad que temas como este puedan ser también importantes y enriquecidos por muchos otros, pero aprobados en las comisiones. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores que están aquí, gracias por la atención.
Aunque seamos pocos los que estamos aquí, creo que estamos conscientes de muchos de estos temas y estamos aquí también por la decisión de querer un mejor México, un mejor futuro para esos pequeños y pequeñas que hoy son parte importantísima de nuestro México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Pocos, pero de mucha calidad, así que no se preocupe, y otros andan por ahí, espero, en otras actividades legislativas. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.
La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el mejoramiento de la infraestructura urbana en los municipios del país es entendido como las acciones tendientes a reordenar o renovar las zonas de un centro de población en desarrollo deterioradas física o funcionalmente.
Uno de los graves problemas que enfrentan las entidades federativas y los municipios del país para realizar mejoras o una nueva infraestructura es la especulación de los predios, terrenos, suelo y construcciones y, en general, en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.
En la correcta valuación inmobiliaria se debe evitar que los dueños de propiedades especulen en su precio, cuando las autoridades estatales o municipales requieran adquirirlas para ampliar, mejorar o construir infraestructura urbana.
La gran demanda de las autoridades locales y estatales para realizar obra pública se centra en que haya precios más justos por concepto de afectaciones que sean menores al costo total de la obra misma.
El costo por afectaciones en obra pública suele ser más oneroso debido a que desde la divulgación de un proyecto de infraestructura, el mercado inmobiliario en torno así mismo comienza a especular sobre el valor del predio del terreno, suelo o construcción aledaño a dicho proyecto, de tal modo que cuando se inicia un proceso de afectación, la propia autoridad se enfrenta a la reacción de los propietarios.
Con la presente iniciativa se pretende otorgar mayor certeza a las autoridades municipales, modificando con ello los artículos 3o., 8o., y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Con esto, las autoridades municipales, en el ámbito de sus atribuciones en materia de ordenamiento territorial, sobre asientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, pueden prevenirse de una adecuada evaluación inmobiliaria, previo a realizar obras de mejoramiento en la infraestructura urbana que sean de utilidad pública.
Además, se propone que cada una de las entidades del país cuenten con su respectiva ley en materia de evaluación inmobiliaria, con el propósito de que los profesionales en los procesos de planeación, regulación y desarrollo urbano apliquen todos los mismos criterios, lineamientos y requisitos sin afectar las acciones de obra pública entre los centros de población, zonas conurbadas o entre un municipio y otro sin afectar la plusvalía o los precios inmobiliarios de una forma desordenada en los municipios.
Además, la correcta evaluación inmobiliaria implica cobrar de manera adecuada el impuesto predial ya que, como es sabido, debe ser la fuente de ingresos por excelencia más fuertes para todos los municipios del país.
Y en este sentido, es de considerarse que las acciones e intervenciones de obra pública que realizan las autoridades estatales y municipales valorizan la propiedad inmobiliaria, y por ende, benefician al conjunto de habitantes de los centros de población.
Finalmente, se propone que los municipios se abstengan de realizar la ejecución de obras públicas cuando el costo de las afectaciones sea superior al monto total de las acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
Es propósito de esta iniciativa evitar la especulación de predios, terrenos, suelo o construcciones. El desarrollo de los municipios requiere de infraestructura que brinde mejores servicios a sus habitantes. Es cuanto, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada vicepresidenta Botello. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen. Antes de que regrese acá a la Mesa vaya a que la saluden allá.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor, con qué propósito, diputada.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para reiterar la invitación que ayer vía postal dejé a todas mis compañeras y compañeros diputados en sus curules, reiterando la invitación para un punto de lectura que en un esfuerzo personal, pero invitando a todas y a todos, tanto sus colaboradores, asesores tengamos una hora a la semana, de cuatro treinta a cinco treinta, todos los miércoles, hasta que termine este periodo, de lectura ligera.
Que despejemos la mente y esto no solamente contribuya a un hábito de lectura sino a fortalecer lazos entre compañeros y a darle un tiempo al cerebro de descansar y pensar otros temas. Muchas gracias, presidente, quedan todos invitados todos los miércoles.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada, ahí está la invitación, entiendo que es de 4:30 a 5:30 p.m., ¿verdad? Sí, me dice que sí. Bien. Para que tenga más posibilidades de atención el asunto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:05 horas): Bien, pues se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 17 de marzo de 2016 a las 11 horas. Y feliz festejo para los que andan con mucha alegría.
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