Comunicaciones
Iniciativas
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, PAN
Lucía Virginia Meza Guzmán, PRD
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de artículos 13, 22, 24 y 50, en términos del dictamen
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 404 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla (13:02 horas): Se abre la sesión.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se dispensa la lectura.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta. Antes, permítame, secretaria. Nos ha solicitado el uso de la voz en su curul el diputado Macedonio Tamez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidenta... a que las sesiones comiencen con puntualidad, es lo menos que se merecen los mexicanos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se toma en consideración y se registra en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Comunicaciones oficiales. De la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y grupos de amistad, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de los diputados Ana Georgina Zapata Lucero, Claudia Edith Anaya Mota y Jesús Sesma Suárez solicitudes de retiro de iniciativas y proposiciones que se encuentran publicadas en la en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: El Servicio de Administración Tributaria remite el reporte de bienes no transferibles al SAE, destinado en el mes de marzo de 2917, de acuerdo a lo informado por las autoridades aduaneras.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo segundo de las disposiciones transitorias del artículo tercero del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul el diputado Óscar Valencia García. Sonido en la curul del diputado Óscar Valencia, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Oscar Valencia García (desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Quiero mencionar que el Congreso de la Unión ha declarado el Día Nacional del Tequio el 19 de abril, por primera vez para México. Para esto, quiero agradecerle al coordinador César Camacho Quiroz; al vicecoordinador, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. También muy especial para la Comisión de Gobernación y sus integrantes aprobaron por unanimidad los votos para que este día se conmemorara el Día Nacional del Tequio.
El día de ayer un compañero me preguntaba, ¿pues qué es el tequio? Si nos vamos a nuestros orígenes desde la época prehispánica, nuestros antepasados se unían de manera humanitaria, sin distingos de partidos políticos, sin distingos de credos, por sus necesidades se juntaban y resolvían sus problemas para resolver alguna obra social como son la construcción de escuelas, clínicas, pavimentación de calles, de los que vivimos en provincia, de los que vivimos en los municipios marginados, los estados marginados, de esta manera cooperamos para ayudarnos mutuamente, ése es el tequio.
Pero para los que viven en las ciudades en donde ya hay hospitales, ya hay escuelas, pavimentos, luz eléctrica, pues la verdad por eso desconocemos el tequio. Pero el tequio es una figura noble de nuestros antepasados, una figura de bien común en muchos estados se conoce el tequio con otro nombre, pero viene siendo el mismo significado. Por ejemplo, se dice mano vuelta, se dice tequimil en Guerrero, en la Ciudad de México, faena, etcétera.
Por eso también quiero felicitar a todos los municipios en donde se está realizando actualmente el tequio, un saludo para ellos a nivel nacional porque solamente así podremos ayudar a nuestra gente. Invito también a las diputadas, a los diputados, pues que vayamos un día de tequio para México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones, diputado, en el Diario de los Debates.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Gracias, presidenta. Denunciamos desde esta importante institución, las acciones ilegales y reiteradas del fiscal general del estado de Jalisco para liberar literalmente delincuentes que han sido detenidos por los diversos municipios que integran el estado de Jalisco.
Por poner un ejemplo, el ayuntamiento de Guadalajara, por medio de su comisario, de 2016, del mes de junio a la fecha, detuvieron algo así como más de mil 300 personas que se les imputa un delito y el 80 por ciento de esas personas fueron liberadas ilegalmente por la Fiscalía General del estado de Jalisco.
Estas acciones, entre otras del fiscal general del estado, el señor Eduardo Almaguer, se suma un patrón de conducta que solamente ha abonado a la impunidad y que se incremente la violencia en estado; muy similar a lo que pasó en el vecino estado de Nayarit. No podemos permitir que el fiscal general del estado entorpezca y politice un tema tan importante como lo es la seguridad de los ciudadanos y la justicia.
En reiteradas ocasiones se han señalado los vínculos que tiene el fiscal general del estado con posibles grupos de la delincuencia organizada y a la fecha no ha sido investigado debidamente por la PGR. ¿Estará esperando la PGR que el gobierno norteamericano haga el trabajo que debiera hacer la Procuraduría General de la República?
Por eso, presidenta, exigimos que le fiscal general del estado de Jalisco presente su renuncia a la brevedad porque ha demostrado una seria incompetencia para estar al frente de la Fiscalía General del estado de Jalisco. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul el diputado Agustín Basave Benítez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta, por la expectativa que despertó en la sociedad el sistema nacional anticorrupción, debería de preocuparnos y ocuparnos a todos.
Una de las deficiencias del sistema, una de las deficiencias en su diseño es la absoluta subordinación del fiscal anticorrupción al próximo Fiscal General de la República. Para subsanar un error –por llamarlo de manera generosa– que se cometió en el transitorio para dar pase automático al procurador para que en el momento en que se emita la ley secundaria se convierta en fiscal, y por la presión social que se ejerció, el presidente mandó una iniciativa al Senado precisamente para cancelar ese pase automático.
Esa iniciativa no se ha dictaminado, no se ha votado en el Senado. Se dice que lo van a hacer antes de que termine este periodo de sesiones y que nos la van a mandar. Habría que exhortar a la colegisladora a ver los tiempos, para que nosotros podamos procesar a tiempo, antes de que termine el periodo de sesiones ese tema tan importante, y para que ya no se dé esa transformación automática del procurador en fiscal. Es un asunto de vital importancia, y de no darse esto, de dársele más largas, quedará esa iniciativa en una farsa, en un engaño del Ejecutivo. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Basave. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, y ya los grupos parlamentarios han escuchado el posicionamiento y procederemos como corresponde a la Mesa Directiva.
Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Con el objeto de que quede constancia ante el pleno y ante el pueblo en general, de que los diputados del PRI y del Verde se han encargado de encubrir al gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, e impedir la solución a la crisis de salud. Esto lo menciono porque los dos puntos de acuerdo que ya habían sido aprobados por la Comisión de Salud, nuevamente no fueron puestos en el orden del día, siendo vetados de manera ilegal y violando la Constitución y violando el proceso parlamentario.
Así como también mencionar que hoy en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción los diputados del PRI y del Verde se opusieron a que se continuara con acciones de transparencia para el gobierno de Chiapas.
Quiero mencionar esto, y mencionarles a mis compañeros diputados, porque ahora todo mundo se anda apartando de Javier Duarte y andan diciendo que nunca estuvieron con él. Y decirles: no se equivoquen, Javier Duarte y Manuel Velasco Coello son lo mismo, son iguales: corruptos, represores y cínicos. Y en este momento los siguen encubriendo, así que después cuando ya quieran agarrarlos de chivos expiatorios, por favor no se deslinden, y asumen que ustedes los están encubriendo y ustedes están siendo parte de este grave problema de corrupción.
Es cuanto, señora presidenta, y nada más le pediría aquí al pleno de que luego no se den golpes de pecho, porque ellos mismos han impedido por todas las vías legales, por todas las vías institucionales, que los problemas se puedan solucionar. Gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registrada su participación, diputado. Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de la Federación de Unión de Trabajadores del Volante del Estado de Hidalgo, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene el uso de la palabra, desde su curul el diputado Juan Romero Tenorio. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Gracias, presidenta. Conforme al artículo 20 del Reglamento, inciso f), la Mesa Directiva responsable de cuidar la integración del orden del día.
En el orden del día que se aprobó se contempla el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente que se empezó a abordar en la sesión del 6 de abril. Ése día se suspendió la sesión por falta de quórum, es para aclaración.
El mismo 6 de abril se publicó una modificación propuesta por la comisión correspondiente. El día de hoy, en la Gaceta se publica el dictamen que se había publicado con anterioridad el 6 de abril, la pregunta y la aclaración que solicito es: en el punto del orden del día relativo a dictámenes en el anexo 3, ¿cuál va a ser el documento final que se pondrá a consideración de este pleno? ¿El que se publica de nueva cuenta el día de hoy? ¿El publicado con modificaciones el 6 de abril? O, ¿hay un nuevo documento, puesto que el día de ayer sesionó la Comisión de Medio Ambiente con el objeto de analizar el dictamen de proyecto que se comenta? Solicito a la Mesa Directiva precise qué documento se va a votar.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Romero Tenorio, el momento procesal oportuno de la revisión de los dictámenes, aún no hemos llegado a ése capítulo, pero aún sin embargo, la manifestación que esta Mesa Directiva hace del pleno es de que ahorita están reunidos precisamente, los grupos parlamentarios para tomar una determinación al respecto, toda vez de que en efecto existe publicado, como última versión, el que recibieron hoy a través de Gaceta Parlamentaria. Les mantendremos informados a través de sus coordinadores parlamentarios.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, desde su curul, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Sí, presidenta, gracias. Con el objeto de subrayar la importancia del tema que plantea el diputado Víctor Sánchez Orozco respecto al Fiscal General de Jalisco, el señor Eduardo Almaguer.
Tenemos un caso muy fresco en el estado vecino de Nayarit, en donde el fiscal fue señalado por varios años por el uso de la violencia, la vinculación con el narcotráfico y otros grupos delincuenciales en esa entidad, y resulta después que el gobernador de esa entidad dijo: pues yo no sabía, no lo vi, etcétera.
Está pasando algo idéntico si no muy similar en el estado de Jalisco, el señor Eduardo Almaguer no solamente ha dejado registro en la prensa local y nacional de los vínculos, por lo menos con un capo del crimen organizado, y debería ya el procurador general de la República encender los focos de alerta, porque seguramente cuando el río suena agua lleva.
Y, por otro lado, hay un uso registrado, objetivo, de la fuerza de la policía estatal por parte del fiscal para agredir a cuerpos policiacos municipales. Hemos recibido esta semana a diversos presidentes municipales de la zona conurbada de Guadalajara y han venido con nosotros a denunciarlo. Desde luego que es urgente que este fiscal no solamente sea investigado, sino que presente su renuncia al cargo.
Y también aprovecho, presidenta, para hacer un llamado al Congreso del Estado de Jalisco, quien es el que tiene las facultades de ratificación, de que no se equivoque. No solamente no piensen en ratificarlo, sino que desde ahorita también se sumen a la exigencia para solicitar su renuncia en pos de que se garantice mayor seguridad a la población de la entidad de Jalisco. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado Hernández Soriano. Tiene el uso de la palabra desde su curul el diputado José Luis Orozco Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (desde la curul): Bueno, primeramente gracias por el uso de la palabra, diputada. Primero, en base a lo que señala el diputado Víctor Sánchez, expresarle que no compartimos lo que expresa aquí y evidentemente quienes violentaron la ley y a quienes hay que pedirle la renuncia es al comisario de Guadalajara.
No podemos nosotros aquí venir, igual le expreso al diputado del PRD que hace uso de la voz, a hablar y señalar de manera irresponsable sin tener documentos que acrediten su dicho. Exhortaría más que nada al alcalde de Guadalajara a que se ponga a trabajar, porque hoy la seguridad en Guadalajara está peor que nunca. Y el fiscal general de Jalisco ha hecho una gran labor en favor de la seguridad del estado. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Orozco Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Para llamar la atención de las fuerzas políticas que conformamos esta Cámara de Diputados sobre el caso Nayarit. Como ustedes conocen, fue detenido el fiscal Édgar Veytia por las autoridades norteamericanas y está hoy procesado en nueva York por delitos de narcotráfico.
El problema es muy grave en dos sentidos: en que todos los demás colaboradores de Édgar Veytia siguen en sus cargos.
Parece que son partidarios de la teoría del fiscal solitario, que no había tenido relación con nadie, que él era el único que conocía de estos delitos y por esta razón a todos los demás se les protege, pero aunado a esto el gobernador del estado ha lanzado una solicitud al Congreso, y éste ha emitido una convocatoria, Congreso con mayoría priista, para nombrar a un nuevo fiscal por nueve años, cuando le falta un mes para las elecciones.
Esto es una insensatez, que el gobernador que puso a Edgar Veytia como procurador, como fiscal y hoy está detenido en Estados Unidos, quiera dejar como herencia un nuevo fiscal de nueve años. Es un absurdo.
La oposición está pidiendo que se suspenda esta convocatoria, que se intervenga y se garanticen los filtros de confianza y de seguridad y no se permita que el mismo gobernador que puso a este fiscal, deje uno heredero de nueve años. Parece que quiere dejar a alguien que le proteja las espaldas. Es un gravísimo error.
Compañeros de la bancada del PRI, luego no digan que no sabían tampoco, que no conocían. Como dice el gobernador: yo a ese señor ni lo conocía. Nada más tenía nueve años de funcionario con él, pero ni lo conocía. Ahora ustedes no permitan que el gobernador deje a un nuevo fiscal, probablemente ligado también al narcotráfico, por nueve años. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado Acosta Naranjo, y proseguiremos con el capítulo de iniciativas.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada... Compañeros, creo que hemos escuchado ya las participaciones de cada uno de ustedes en torno a un tema inminentemente local, que lógicamente tiene resonancia nacional, pero no vamos a abrir un debate de un tema que no está en el orden del día, porque no lo está.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se recibió del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley de Migración. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
La diputada Susana Corella Platt: Muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros. Con su venia, señora presidenta diputada. Amigos todos, hoy vengo muy contenta porque voy a hablar sobre Guaymas, Sonora, la cabecera de mi distrito, que representa uno de los 39 municipios del estado de Sonora. Los saludo a todos con mucho afecto.
La historia de México se nutre de grandes acontecimientos forjados por hombres y mujeres que con esfuerzo y su vida han construido lo que hoy llamamos patria. El decoro de nuestra nación solo se entiende por el heroísmo de los mexicanos que a través de los siglos han respondido al urgente reclamo de defender nuestro territorio, nuestros cielos y nuestra libertad.
Entre los ríos Bravo al Usumacinta y de las costas del Atlántico al Pacífico, sabemos de los ciudadanos y pueblos que con sus acciones han dado lustre a las páginas más gloriosas de la historia nacional.
Hoy quiero referirme, con mucho gusto, a uno de ellos, la Batalla del 13 de julio de 1854, en Guaymas, Sonora, donde un pueblo entero se unió a nuestras Fuerzas Armadas en defensa del territorio mexicano. El fortalecimiento de México, como hoy lo concebimos con toda su grandeza, sin duda ha de valorar el referido hecho de armas que derivó en una gran victoria que enarboló el estandarte de nuestra dignidad como mexicanos.
Bajo estos argumentos, la presente iniciativa tiene como objeto adicionar al inciso a), del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha 13 de julio de 1854, como el Día de la Defensa del Heroico Puerto de Guaymas, Sonora.
La Batalla del 13 de julio tiene una gran relevancia histórica, al significar el mayor triunfo contra el filibusterismo en México, al tiempo que demostró que la unidad patriótica entre ciudadanos y Ejército Nacional derivan en una fuerza invencible ante las agresiones extranjeras. Hablamos de un ejempla heroísmo de mujeres y hombres, que con entereza se enfrentaron a hordas extranjeras, en su mayoría francesas, que pretendían arrancar a Sonora de la soberanía y territorios mexicanos, en el contexto de los tempestuosos acontecimientos del siglo XIX.
Hombres y mujeres cuyos nombres y presencia aún retumban en el más profundo orgullo de guaimenses y sonorenses, que al invocarlos fortalecen su pertenencia de mexicanos comprometidos con la patria.
Sonora, es reconocida por la riqueza de sus recursos naturales, por la vastedad de sus tierras preñadas de minerales, de sus extensos como fértiles valles y de la dimensión de sus costas con gran potencial pesquero.
Su línea fronteriza, debemos de tenerlo presente, era desde entonces un dique de contención luego de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, precisamente, siete años antes de la Batalla de 1854.
Todo ello, aunado a los conflictos internos que sacudían a la nación, propició la ambición de extranjeros de conquistar a Sonora, tomando su principal puerto como cabeza de playa para sus aviesas intenciones.
Comandados por el conde Gaston Raousset Boulbon más de 400 mercenarios y filibusteros, en su mayoría franceses y de otros países, partieron a San Francisco, California, para apoderarse de Guaymas a sangre y fuego, dicha agresión se estrelló con la férrea resistencia de nuestras Fuerzas Armadas y de ciudadanos guaimenses, llamados urbanos, como Wenceslao Iberri, Cayetano Navarro y Crisanto Liera, entre otros muchos que a costa de sus vidas defendieron la plaza bajo el mando del ilustre general José María Yáñez.
Como buenas mexicanas las mujeres, siempre presentes, sonorenses tienen un profundo sentido de patriotismo y en Guaymas lo demostraron, como la señora Loreto Encinas de Avilés y otras ciudadanas comprometidas con sus familias y su comunidad.
Igual de importante, es destacar en la Batalla del 13 de julio la participación de guerreros de las tribus yaquis, encabezados por el legendario comandante José María Leyva, mejor conocido como el indio Cajeme.
El citado hecho de armas que se prolongó durante varias horas con el estruendo de cañones, miles de disparos de fusiles y la sangre de los guaimenses, que ofrendaron su vida por la patria, debe de ser honrado en la gloriosa memoria de la historia nacional.
Compañeras, compañeros diputados, consignar la Batalla del 13 de julio en las conmemoraciones oficiales, es agregar riqueza a la historia de México y al reconocimiento de aquellos mexicanos y mexicanas que con su heroísmo victorioso dan fortaleza y orgullo a nuestro presente como nación. Porque en Guaymas también se hizo patria, es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias a todos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Corella Platt. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General de Salud.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señora presidenta. Estimados compañeros, la división de poderes existe para hacer contrapeso entre los mismos, para que ninguno de ellos abuse de su poder y para que en caso de ser necesario un poder corrija el rumbo equivocado al otro.
Particularmente, en esta iniciativa que hoy presento ante ustedes se hace urgente que hagamos uso de esta atribución que tenemos para legislar. Y al legislar corregir una práctica que se ha vuelto nociva para los mexicanos. Ésa es nuestra responsabilidad, pero además, si no lo hacemos se volverá cuestión de vida o muerte para muchos mexicanos, para la salud de nuestro país.
Por eso, hemos llevado el llamado a esta iniciativa, curar a México. La iniciativa curar a México surge de la conjunción del trabajo ciudadano y organizado de red y acceso, organización que promueve el derecho a los presidentes para... el acceso al mejor tratamiento en tiempo y forma. Y de nosotros, los diputados de Acción Nacional y de diversos grupos parlamentarios, que en los últimos dos años hemos luchado para que el Presupuesto de Egresos en lo referente a la función salud no sufra las reducciones que el propio gobierno federal ha propuesto en su proyecto de presupuesto de egresos. Lucha que lamentablemente hemos perdido.
¿Qué está haciendo el gobierno de la República cada vez que propone bajar el presupuesto para salud o cada vez que haciendo uso de su facultad discrecional determina una reducción adicional al presupuesto aprobado?
En primer lugar está atentando contra un derecho humano, el cual el Estado mexicano debe garantizar que no se limite o contraiga. Inclusive, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano es firmante, establece que los derechos humanos deben reforzarse por medidas progresivas y los recortes presupuestales en materia de salud pública no solo significan el desdén del Estado para atender a su población, sino que además evidencian una política de violación sistemática de derechos humanos.
Algo sumamente lamentable es que los recortes han tenido como principal afectado al Seguro Popular, que es el programa que atiende a la población con mayor vulnerabilidad social y económica. Y esta decisión es contradictoria con el propio Plan Nacional de Desarrollo, que en el eje de México Incluyente tiene como uno de sus principales objetivos el de brindar apoyo a la población con mayor vulnerabilidad.
Compañeros, es de su conocimiento que el presupuesto aprobado para 2017 es ligeramente menor en términos nominales al que se aprobó en 2013, por lo cual en términos reales es catastrófico. Así es, señores, a pesar de devaluaciones e inflaciones, el gobierno de la república ha decidido que nuestro país puede sostener su débil sistema de salud con menos recursos que hace cuatro años.
A pesar de que somos el país que ocupa el último lugar de la OCDE en cuanto a gasto en salud como porcentaje del PIB. A pesar de que la brecha de la esperanza de vida entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado de cuatro a seis años. A pesar de la transición epidemiológica que vivimos y que hoy por hoy nos tiene en una emergencia epidemiológica por una enfermedad no transmisible. A pesar de tener primeros lugares en muchas enfermedades. Y muy importante, a pesar de que se ha demostrado que la inversión en salud significa una inversión para la prosperidad económica a través de múltiples vías: educación, productividad e inversión.
No podemos permitirnos la ignorancia de tratar a la salud como cualquier otro segmento del Presupuesto de Egresos. Es asesino argumentar que faltan suficientes ingresos o que la estabilidad financiera justifica que se ajuste el presupuesto de salud al igual que otros recortes. Es por eso que se hace prioritario blindar el presupuesto de salud.
Fundar lo dice claramente: tenemos un enorme déficit en atender los eventos de salud que afectan a la población, para lo cual se requieren insumos, medicamentos, instrumental médico, servicios quirúrgicos y recursos humanos sensibilizados y capacitados; infraestructura en salud que fortalezca las redes de atención. Todo ello sin que signifique un desembolso de dinero de la población.
Así, la propuesta para curar a México tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que el presupuesto para salud que se apruebe por esta Cámara no pueda ser menor en términos reales al año fiscal anterior y que se incremente cuando menos en la misma proporción del PIB; y dos, que se prohíba que pueda reducirse discrecionalmente por el Ejecutivo, una vez ya aprobada. Está en nuestras manos poner una parte muy importante de lo necesario para curar a México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Lizárraga Figueroa.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Elías Octavio Íñiguez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Muchas gracias, diputada. Para adherirme y preguntarle a la autora de la iniciativa, si ve a bien que me adhiera y felicitarla, a la diputada Tere Lizárraga, porque esperemos que en el 2018 votemos realmente un presupuesto acorde a las necesidades de los mexicanos, pero más importante, que curemos a México y que no sigamos afectando los bolsillos de los mexicanos. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Lizárraga, ha solicitado el diputado Íñiguez, la adhesión. ¿La acepta?
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Sí, adelante.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La adhesión ha sido aceptada, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa para la suscripción correspondiente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar dos iniciativas, en una sola intervención, una relacionada con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social; y una segunda, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para antes, diputada, permítame un segundo. Nos ha solicitado el uso de la palabra, el diputado Cándido Coheto. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Para felicitar a todos los indígenas de México y reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando y luchando por el respeto a sus derechos. En 1940, siendo presidente de México el general Lázaro Cárdenas, convocó al Primer Congreso Interamericano del cual se derivó la creación del Instituto Interamericano Indigenista y se acordó que el 19 de abril se celebre el Día Interamericano del Indio.
Por ese motivo, vaya pues para todas mis hermanas y hermanos indígenas, mi felicitación en este gran día. Gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Continúe, por favor, diputada Virginia Meza Guzmán.
La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán: Con su permiso, diputada presidenta. Distinguidos compañeros legisladores. Vengo a presentar iniciativa por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social y de la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Para el derecho, la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos y circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.
Parte fundamental de la labor legislativa constituye la actualización de normas jurídicas, acción fundamental para que en el marco legal se encuentre vigente y surta plena aplicación aunque posiblemente para las críticas negativas la armonización representa un asunto irrelevante.
Sin embargo, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la correcta aplicación del ordenamiento legal que ese trate, recordando que la imperfección de la ley pudiese constituir que en esta no se pudiese aplicar, que las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión.
La primera iniciativa que someto a consideración de ustedes precisamente es la que reforma el artículo 51 y la cual obedece únicamente a homologar la denominación de la antes Secretaría de la Reforma Agraria por la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en virtud del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de enero de 2013.
Es por ello que considero importante armonizar nuestra Ley General de Desarrollo Social con la denominación antes referida, en razón de que las leyes deben de ser precisas evitando equívocas imprecisiones de su contenido integral generando certeza jurídica a los gobernados.
La segunda iniciativa es la que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello en virtud de que el 17 de enero de 200’6 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativa presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que conjuga los anteriores elementos.
Se señalan como días de descanso obligatorios nueve echas, de las cuales en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo, anterior o posterior de la fecha que se trate. Es decir, se crean los fines de semana largos.
Sin embargo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se ha llevado a cabo esta armonización con el precepto federal, por lo que sigue contemplando los días de descanso o inhábiles los contemplados antes de la citada reforma, situación que genera confusión en los funcionarios y exfuncionarios públicos a los que va dirigido dicho ordenamiento, así como a las autoridades encargadas de su aplicación, en virtud de que algunos días festivos contarían doble al estar contemplados en dicha ley, materia de la presente iniciativa y en la Ley Federal del Trabajo.
Por tales motivos y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el país y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta asamblea las iniciativas que armonizan las citadas leyes, y así dar congruencia a nuestros actos legislativos. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Meza Guzmán. En lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen. Y en lo inherente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado ponente y los integrantes de su grupo parlamentario.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Todos hemos escuchado alguna vez que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos o a las próximas generaciones, es una buena educación. Si bien esto es cierto, también es un hecho que brindar esta educación superior a los jóvenes es una labor que implica retos cada vez más complejos.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco, una de las diferencias más importantes de contar con una educación superior, es el sueldo que percibe este profesionista graduado en comparación con una persona sin tal grado educativo.
El salario promedio en México de una persona con bachillerato es de aproximadamente 6 mil pesos; mientras que un profesionista titulado alcanza un poco más de 10 mil 500 pesos en promedio de salario mensual. Es decir, entre ambos existe aproximadamente una diferencia de hasta un 77 por ciento de salario más, por tener un título profesional.
Además de esto, el costo en la educación superior va desde los 30 mil pesos en una escuela de educación superior pública al año, y en una de educación privada es de más de 600 mil pesos anuales; esto es una cuantiosa diferencia. Es por eso que resultan tan bajos los porcentajes de población de mexicanos y de mexicanas que no cuentan con educación superior.
Para reducir tal brecha entre la población, la presente iniciativa busca contribuir a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores mexicanos quienes expresaron que sus prioridades son las relacionadas primero, al patrimonio; segundo, a la educación de sus hijos y, tercero a un retiro digno. Esto, en base a la encuesta realizada por el Infonavit para la elaboración de su plan financiero 2016-2022.
Como bien sabemos, el Infonavit históricamente ha tenido como primer mandato institucional el de proveer financiamiento para la adquisición de vivienda, y recientemente lo ha fortalecido mediante la oferta de soluciones integrales.
Asimismo, en respuesta a los cambios en la demanda de vivienda a partir del año 2013, se ha puesto mayor énfasis en el fortalecimiento del segundo mandato que tiene esta institución, que es vinculado con la administración de los recursos de los trabajadores.
De esta forma, ante una demanda estimada de vivienda sin crecimiento para los próximos cinco años, aunado al incremento de los saldos y de los rendimientos del portafolio de inversiones, el Instituto ha centrado sus esfuerzos en impulsar una transformación institucional que beneficia a los trabajadores al momento de su retiro.
En este sentido, cabe recordar que recientemente se incorporó a la Ley del Infonavit la posibilidad de que los trabajadores que no hagan uso de saldo de su subcuenta de vivienda, puedan recuperarlo y trasladarlo a su subcuenta de ahorro para el retiro, con lo que se espera contribuir a un incremento de las tasas de reemplazo de hasta un 35 por ciento por ciento con respecto al modelo que tenemos actualmente.
El caso anterior, es una muestra de cómo los recursos que administra el principal Instituto de Vivienda de nuestro país, pueden ser ocupados en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos en distintos fines.
Sin embargo, hay otro tipo de necesidad que aún no ha sido atendido por este Instituto, y es la necesidad de garantizar la educación de nuestros hijos, misma que según la encuesta del año 2015 que hizo el Infonavit, es la segunda prioridad que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos.
Esta necesidad es justamente la que pretendemos atender con esta iniciativa que hoy presento, contribuir a la flexibilización del mandato de los dos principales institutos de vivienda en México y brindar la posibilidad a los trabajadores de elegir entre distintas opciones para hacer uso de sus ahorros.
Proponemos modificar las leyes del Infonavit y del ISSSTE, con el objeto de que los derechohabientes que así lo deseen puedan elegir entre ocupar los recursos de su subcuenta de vivienda para el financiamiento de su vivienda o, bien, y éste es el cambio que estamos proponiendo, usar esos recursos para el financiamiento de la educación de sus hijas y de sus hijos.
Estamos convencidos de que la presente iniciativa refrenda nuestro compromiso con la educación de las y de los mexicanos, y que además va a contribuir a brindar más opciones para que los jóvenes cuenten con una educación superior que les brinde todas las herramientas para un buen desarrollo de su vida y por supuesto de nuestro México. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar tres iniciativas en una sola intervención. La primera con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o. y 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Una segunda inherente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una tercera, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Adelante, diputada.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. En esta oportunidad presento tres iniciativas:
La primera con la intención de reformar los artículos 1o., 2o. y 6o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a efecto de que la Ciudad de México sea reconocida como una entidad federativa capaz de celebrar acuerdos interinstitucionales internacionales. Lo anterior derivado de la aún incompleta reforma política de la Ciudad de México.
La segunda iniciativa, relacionada con la adición del artículo 45 Bis a la Ley de Economía Social y Solidaria, que tiene la intención de establecer nuevas obligaciones a cargo del Estado en materia de fomento a la economía social.
La tercera y no menos importante, tiene la intención de incorporar la definición de violencia política de género en las definiciones que se estipulan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lo anterior encuentra su fundamento en los constantes actos de misoginia, discriminación, ofensas y arbitrariedades que sufrimos las mujeres en nuestra vida política. Vivimos en una sociedad con enraizados patrones machistas que imposibilitan a las mujeres a ejercer plenamente sus derechos político-electorales.
Para muestra basta recordar que a inicios de mes, Felipe Calderón con fuertes tintes misóginos y de profunda ignorancia, se burló de la candidata a la gubernatura del estado de México, por Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez. De igual manera, expresiones de Ricardo Anaya, Enrique Ochoa y Alfredo del Mazo, donde infieren de manera despectiva que la candidata de Morena no habla en nombre propio al presentar sus propuestas, como si ser mujer le impidiera tener presencia y personalidad propia.
Al parecer el tiempo no ha transcurrido en la clase política de siempre; ideas machistas, retrógradas y sobre todo irracionales, no permiten que las mujeres participen en la vida política en igualdad de condiciones. Las relegan, agreden, menosprecian y sobre todo denigran no solo violentando sus derechos, sino dejando muestras claras de imposibilidad de comprender que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres.
Estas actitudes de tremenda ignorancia y prejuicios debieron ser erradicadas a través de procesos educativos llevados a cabo en la familia y en la escuela, sin embargo, con el transcurso del tiempo se aprecia que en el ámbito político estas actitudes misóginas están lejos de desaparecer. Baste recordar la agresión del secretario de Desarrollo Social, que propinó también a nuestra diputada de Morena, Araceli Damián.
Es notoria una clara tendencia de ataques directos hacia las mujeres, y particularmente hacia la que militamos en Morena, sin que la autoridad ejercite el aparato estatal debido a que en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se carece de una definición que permita entender las violaciones a derechos humanos que se realizan a través de la violencia política.
Derivado de lo anterior y dadas las pocas muestras de voluntad política para erradicar este arraigado problema, se considera necesario que la ley establezca una definición puntual, donde se estipulen qué acciones y omisiones pueden y deben ser consideradas como violencia política.
Lo anterior, a efecto de que se puedan implementar las medidas que la propia ley establece, a efecto de suspender, erradicar y prevenir la violencia política, que va en detrimento de la actividad que llevan a cabo millones de mujeres a lo largo del país.
Bien es cierto que tanto la Constitución como diversos ordenamientos legales refieren la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Sin embargo, en materia de violencia política contra las mujeres el reconocimiento legal es incierto, se requiere el reconocimiento de un problema que padecen muchas mujeres que se dedican a las actividades políticas; se requiere la protección de sus derechos; se requiere la equidad e igualdad en su participación. Pero, sobre todo, se requiere el respeto a nuestra dignidad.
Vivimos en una sociedad tremendamente asechada por conflictos de diversa índole, requerimos sensibilizarnos y luchar por conseguir una mejor sociedad para todas y para todos; requerimos el establecimiento de figuras jurídicas que garanticen nuestros derechos y, sobre todo, que nos conminen a vernos como iguales, sin importar el campo en el que nos desarrollamos.
Esta iniciativa tiene como fin primordial que ninguna mujer tenga que ver disminuida su dignidad y sus derechos, como consecuencia de la irracional forma de pensar de algunos que hacen política a través del menosprecio de las mujeres.
Por cierto, expreso mi solidaridad y mi apoyo a la compañera académica y jefa delegacional Claudia Sheinbaum. Por todas las mujeres, todos los derechos y todos los días. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Colín. En lo que respecta a la primera de las iniciativas, que reforma el artículo 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
La segunda solicitud o propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 45 Bis a la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.
La tercera, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.
El diputado René Cervera García: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los delfinarios desde ayer y hoy están en boga en esta Cámara. En México son un negocio.
Una industria que opera teniendo al cautiverio de delfines, con fines comerciales, como eje rector, situando como oferta de mercado actividades de nado y contacto físico con esas especies.
En la década de los setenta aparecieron los primeros delfinarios aquí, todos, todos y cada uno de ellos, con una naturaleza comercial y de lucro, negocios cobijados bajo la inexistencia de normas jurídicas que les regulasen en ese momento y actualmente favorecidos por la negligencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas.
Desde entonces, la conservación de mamíferos marinos es vulnerada por la industria de delfinarios, afectando su lugar en la biodiversidad del país. Sin duda, el rezago de la justicia ambiental se refleja en el sistema jurídico vigente, mismo que obstaculiza e impide la efectiva protección de estas especies.
La concepción normativa para la conservación, el objeto científico y el aprovechamiento no resulta articulada ni precisa, ocasionando incertidumbre y ambigüedad al menos en la procuración y administración de la justicia, características estas que son aprovechadas por el comercio y el mercado para lucrar legalmente, entre comillas, con estas especies supuestamente protegidas por el Estado mexicano.
Tan sólo al revisar el actual marco jurídico y legislativo mexicano e internacional, desde la NOM 135 de la Semarnat, el Programa de nado con delfines, el Convenio sobre la diversidad biológica, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, los delfinarios son una industria que resulta en una antinomia o contradicción legal auspiciada por la negligencia o complicidad de las autoridades ambientales del país.
Y hoy, además de una reforma que se quiere votar el día de hoy y que pretende al menos que este estado de cosas se mantenga durante las próximas dos o tres décadas.
Esa reforma que se plantea discutir más adelante es una reforma ambivalente y falaz, como lo demostraremos en su momento.
Basta señalar sobre este tema que estamos hablando ahora, el artículo 420, que mientras la Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre expide permisos y licencias de captura y cautiverio de mamíferos marinos, el Código Penal establece en ese momento, en su artículo 420, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de multa a quien ilícitamente:
1. Capture, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tortura o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.
Sin embargo, para actualizar y clarificar mejor la norma estamos proponiendo a su consideración la siguiente reforma al artículo del Código Penal Federal en su fracción primera, para quedar como sigue:
Artículo 420. Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de multa a quien dañe, comercie, prive de la vida o del hábitat silvestre algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, lucre de cualquier forma con el cautiverio de estas especies. Dome, explote o realice cualquier conducta en contra de su naturaleza silvestre. A quien físicamente capture algún ejemplar de estas especies, recolecte o almacene en cualquier forma sus productos o subproductos. Muchas gracias, es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cervera García. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de la Ley de Extradición Internacional.
Para efectos de fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Armando Luna Canales.
El diputado Armando Luna Canales: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30 por ciento de los encuestados coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente.
Quiero repetir lo anterior: la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población de un riesgo inminente, para el 30 por ciento de los mexicanos.
Otro 31 por ciento de los encuestados señaló que la tortura ni le va ni le viene, no están ni a favor ni en contra. Y el 29 por ciento restante señala no estar de acuerdo, pero dentro de este grupo solamente un 5 por ciento señala estar completamente en desacuerdo con la tortura.
Similar resultado arroja el estudio de Amnistía Internacional, donde el 36 por ciento de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía.
Estos datos son alarmantes y por sí mismos justificarían tomar una medida legislativa al respecto. Es por eso que hoy se presenta a su aprobación este dictamen y su adenda por parte de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia.
Un significativo porcentaje de la población mexicana justifica la utilización de la tortura, y con ello, de la violencia. Pero este no es el país que queremos, no queremos un país de violencia, queremos un país de paz. Por eso tenemos que aprobar la ley que se propone el día de hoy.
Resulta igualmente alarmante que un porcentaje de la población considere indispensable, para hacer frente a la delincuencia organizada, el violar los derechos de las personas y la utilización de medios violentos para combatir la propia violencia.
Si lo anterior no fuera suficiente, es impostergable también atender los múltiples señalamientos y compromisos que el Estado mexicano tiene frente a la comunidad internacional, distintos organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos nos han señalado esta necesidad.
Como es de su conocimiento durante los últimos años nuestro país ha mantenido una postura apertura al escrutinio de la comunidad internacional respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, de ello dan cuenta múltiples visitas, reportes y evaluaciones que han realizado relatores especiales tanto del sistema universal como del sistema interamericano.
Entre estas recomendaciones formuladas por estos sistemas, se encuentra la relativa a una emisión de una nueva legislación en materia de tortura, a fin de homologar la tipificación de este delito y sus sanciones en todo el país. Nos piden en el mundo una nueva ley con arreglo a los más altos estándares internacionales y que contemple controles necesarios y suficientes para prevenir, eliminar y sancionar este delito.
Sobre el particular, se ha pronunciado también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su pasado informe el presidente de este organismo señaló en forma clara la imperiosa necesidad de emitir una nueva ley en la materia.
El dictamen que hoy se pone a consideración y su adenda, son producto de un año de trabajo, son e incluyen las conclusiones y recomendaciones formuladas por diversos organismos especialistas en la materia. En su construcción participaron la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU, a quienes agradecemos muy sinceramente sus aportaciones y el esfuerzo realizado, así como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes con su participación y sus recomendaciones hacen de éste un proyecto sólido, pero sobre todo refrendan el compromiso que tienen para la eliminación y la prevención de la tortura.
La iniciativa del presidente de la República ha sido enriquecida aportando importantes avances entre los cuales destaco la prohibición absoluta de la validez de las pruebas obtenidas mediante tortura. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá estar exento de responsabilidad, porque se sanciona a los superiores jerárquicos, a los cómplices y a los colaboradores. Basta de decir que la pena es mucho más grave cuando se comete por servidores públicos o por funcionarios del Estado; además, se hace imprescriptible el delito para garantizar la justicia a las víctimas y a sus familiares.
En el nuevo ordenamiento se dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumenten hasta una mitad cuando la víctima sea un niño, una niña, un adolescente, una mujer, un migrante, un adulto mayor, una persona indígena, una persona con discapacidad o haya sido sometido a algún tipo de abuso sexual.
De igual manera, mediante la creación del mecanismo nacional de prevención y la puesta en marcha del programa nacional de trabajo interinstitucional, se pondrán mayores candados y controles a la eventual comisión de este delito.
La fórmula de esta política nacional es muy sencilla. Todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos con un solo objetivo, que es combatir, erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país.
Es indispensable cumplir con nuestra obligación de legislar en la materia y hoy ejercemos responsablemente nuestra función como Cámara revisora. El día de hoy sometemos a su consideración tanto este dictamen que se aprobó en el mes de diciembre por las comisiones unidas, así como la propuesta de adenda suscrita por las juntas directivas de ambas comisiones.
Esta es, sin lugar a dudas –y no exagero–, una de las leyes más importantes que votaremos en la actual Legislatura, pero ante todo es un compromiso serio y responsable del Poder Legislativo ante la comunidad internacional.
Les pido su voto a favor porque la ley que se pone a su consideración no solo son normas jurídicas, es ante todo un claro mensaje de ya no más. No más violencia, no más tortura. Es un mensaje que dibuja el país que queremos en el futuro. Una ruta para dejar atrás lo que ya no queremos.
Les pido su voto a favor porque es un mensaje a la comunidad internacional de que México está en el camino del respeto de los derechos humanos. Les pido su voto a favor porque las autoridades necesitan un mensaje claro de que el México del futuro es un país donde no habrá cabida para la tortura.
Les pido su voto a favor porque las víctimas de este delito exigen justicia y la solidaridad de toda la nación. Les pido su voto a favor porque ese 30 por ciento de mexicanos que estamos en contra tenemos que convencer al 30 por ciento de mexicanos que no están ni en contra ni a favor, para poder hacer un trabajo y convencer y que cambie de mentalidad el 30 por ciento de mexicanos que están a favor de que existan prácticas de tortura.
Les pido su voto a favor porque esta ley que se pone a su consideración es lo que México y los mexicanos necesitamos. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Luna Canales. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión en lo general el presente dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
Con fundamento en lo que se señala el artículo 104, numeral 1, fracción, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se han registrado para fijar las posturas de los diferentes grupos parlamentarios, las diputadas y diputados, iniciando con la señora diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Muchas gracias, diputada presidenta. Honorable asamblea, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, un régimen democrático descansa sobre los cimientos del respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas a propósito del Día de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de derechos humanos registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
El derecho a no ser sometido a la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, forma parte del Catálogo de Derechos Humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho que todas las personas tenemos a ser protegidas contra tales tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se encuentra protegido en diversos instrumentos internacionales a los que el Estado mexicano se ha adherido, como por ejemplo el Protocolo de Estambul; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura, y otros Tratos y/o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El artículo 29 de nuestra Carta Magna es armónico y congruente en el artículo 1o., al establecer que en México no puede expedir ningún decreto que suspenda la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y la servidumbre; de este modo para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, toda propuesta dirigida a hacer efectiva la defensa de los derechos humanos, es de vital importancia, y el dictamen que hoy se presenta a discusión, precisamente avanza en ese sentido, toda vez que contribuye a resolver un agravio que como país hemos presenciado y que en los últimos años se ha exacerbado; me refiero a la tortura, los tratos inhumanos y degradantes.
Entre los aciertos más luminosos de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes destaca que se defina a la tortura conforme a los demás altos estándares internacionales cuando dispone:
Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no cause dolor o sufrimiento; realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
Asimismo, ordena que la tortura deba ser investigada y perseguida de oficio, y prevé que se le castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión; también prevé que la pena podrá aumentarse hasta la mitad cuando las víctimas sean niñas o niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, entre otras personas en condición de vulnerabilidad, y no podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador; además, el delito será imprescriptible.
Son muchas las luces y virtudes del histórico dictamen; comprometidos con la historia y con México, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, saludamos y respaldamos su contenido y votaremos a favor por un México sin tortura que es posible, hagámoslo nosotros. Es todo, y es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Garzón Canchola. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: La tortura está prohibida, pero en dos tercios de los países del mundo todavía se está cometiendo en secreto. Peter Benenson. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, uno de los principales y principios fundamentales de Nueva Alianza es promover la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas.
Somos un partido firmemente comprometido con impulsar, propiciar, defender y salvaguardar los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Nuestra convicción es proteger a los más vulnerables y, congruentes con ello, coincidimos con el dictamen a discusión, pues la tortura es un acto que vulnera la integridad y dignidad humana.
Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sus sanciones, el régimen de distribución, de competencias, así como la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos señalados en esta norma.
De igual manera prevé también medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas. Todo ello bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, acceso a la información pública.
Es de reconocer que con esta ley la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio; y que tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad.
Otro de los aportes de la ley que hoy aprobaremos consiste en incorporar el tipo penal del delito de tortura en grado de tentativa. Asimismo, es importante destacar que la nueva norma establece la obligación para todas las entidades federativas de crear fiscalías especiales con autonomía técnica y operativa; que conozcan, investiguen y persigan el delito de tortura.
De igual manera consideramos conveniente que se atiendan las recomendaciones internacionales al prever la creación de un Registro Nacional del Delito de Tortura, como una herramienta de investigación e información estadística que permita conocer los niveles del delito a fin de generar políticas públicas y acciones específicas, como lo señala la adenda.
Sin duda el espíritu de esta ley es proteger los derechos de las personas que son víctimas de este delito, pero también el de prevenirlos. En este sentido, en Nueva Alianza celebramos que establezcan obligaciones para las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de capacitación, formación, actualización y profesionalización, así como la elaboración de un programa de prevención del delito de tortura.
Compañeras y compañeros legisladores, lo que se pretende es crear un ordenamiento jurídico acorde a las disposiciones internacionales, pero sobre todo garante de los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Sánchez Ruiz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. La impunidad en este país es una de las tareas más importantes que tenemos como sociedad.
En el común de los ilícitos la impunidad es vergonzante, se habla incuso de un 99 por ciento, pero en el caso de los delitos de tortura podríamos señalar que ese porcentaje es todavía mayor. Por eso el hecho que hoy estemos aprobando una ley como esta es un avance histórico para el país.
Hoy podemos señalar como algo también muy relevante, que se haya podido acordar con las fracciones parlamentarias, que se hicieran cambios importantes de acuerdo a las observaciones que hizo el relator para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para México, con respecto a la minuta que hoy estamos discutiendo. Eso quiero reconocerlo porque sin ello hubiéramos jugado a la simulación.
Hay que señalar que reformas a esta ley no había desde 1994. Las formas de comisión de este delito eran muchas y muy variadas por diversos órdenes de gobierno. El hecho que haya habido cambios importantes y que hasta ahora se haya podido concretizar una reforma, habla de la voluntad política que se tiene en este pleno.
Hay que resaltar que en esta ley de hoy en adelante los delitos de tortura y los tipos penales que prevé esta nueva ley serán perseguidos de oficio, pero lo más relevante es que serán imprescriptibles. Esto ayudará que con los cambios de gobierno, que muchas veces se encubren a los autores de algún crimen, permitirá que aun cuando haya esos cambios de gobierno puedan perseguirse por el tiempo que sea necesario, hasta que se lleve a los responsables ante la justicia.
Existe un nuevo principio que incorpora esta ley, que es la prohibición absoluta de la tortura. Hoy también el nuevo dictamen contempla dos tipos penales: el delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión.
Al igual, algo que también es relevante resaltar es que los superiores jerárquicos también serán considerados como autores del delito, porque en la actualidad existía por supuesto encubrimiento por parte de los mismos superiores jerárquicos y que en muchas ocasiones se llevaba a la justicia, cuando así era, en muy pocas ocasiones, solo a los bajos niveles que cometían este tipo de ilícitos.
Es importante también establecer que existirán medidas cautelares para que no interfieran en la investigación quienes sean señalados o quienes estén investigados en algún momento, algún servidor público por el delito de tortura para que no interfieran en la investigación, como hoy ocurre.
La obligación y la competencia para que la federación sea la encargada de investigar, perseguir y sancionar el delito de tortura y, por otro lado, también que se puedan aumentar las sanciones hasta una mitad cuando las víctimas sean niños, adolescentes, una mujer gestante, cuando sea una persona con discapacidad, un adulto mayor, o sea sometida a violencia sexual, sea un migrante, sea un periodista, o la tortura se cometa por causas de género o cuando se pretenda ocultar información al cometer una tortura.
Vemos que es un gran avance todos estos rasgos que han quedado y, sobre todo, los tipos penales que han quedado incluidos en este nuevo dictamen. Ahora lo importante es que no quede como una buena ley, como ocurre en este país. Tenemos muy buenas leyes, pero que nunca se aplican.
Lo que vemos más importante, también, es que se han atendido las recomendaciones de organismos internacionales con respecto a cómo poder legislar en favor de un mejor Estado de derecho, y eso es muy importante. Es importante también señalar que se crea el mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Y por otro lado, hoy los indicadores de los delitos de tortura no son confiables en todo el país, porque evidentemente quien comete estos delitos son los mismos servidores públicos.
Por eso, el que hoy se pueda crear con esta ley un registro nacional de los derechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ayuda en mucho a que la cifra negra se pueda conocer, y se pueda conocer en realidad cuál es el gran problema que enfrentamos con los problemas y los delitos que se cometen por delitos de tortura y otros crueles.
Creemos que es un avance importante, ahora la cancha estará para que se discuta en otra parte y esperemos que se asuma con toda responsabilidad. Es cuanto, presidenta. Concluir, nada más que los diputados de Movimiento Ciudadano apoyamos este dictamen y votaremos a favor.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Sánchez Orozco. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Ernestina Godoy Ramos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, presidenta, con su venia. Diputadas y diputados, el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia que se somete a consideración de este pleno, relacionado con el tema de tortura, representa un gran avance en nuestra legislación, parte de reconocer nuestra realidad y atiende las observaciones formuladas por organismos defensores de los derechos humanos.
En México todos torturan, los municipales, los ministeriales, los federales, los marinos, los militares, los criminales, todos usan la tortura y la inmensa mayoría, según la ONU, el 99.6 por ciento quedan resguardados en la impunidad.
La tortura se encuentra instalada en el país y en sus instituciones. Es método de investigación policial e insumo principal en mucho de los asuntos que son presentados ante los jueces. Es instrumento de represión y contención social, Atenco con Peña Nieto y Fox, es uno de los muchos casos que ilustran con claridad un modo de actuación de gobernantes, mandos e integrantes de las fuerzas de seguridad. En algunos sectores influyentes en la opinión pública se defiende y se justifica la tortura.
Frente a ello, nuestra legislación nacional está o estaba rezagada e incumple con lo establecido en los instrumentos internacionales relacionados con la materia.
Específicamente, la actual legislación no cumple con los estándares de la Convención contra la Tortura y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Nuestro Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, porque mejora en mucho la legislación actual y mejora también la minuta enviada por el Senado.
Es de reconocer la incorporación de las recomendaciones planteadas por la oficina del relator de Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se busca con esta ley acabar con el ciclo de impunidad que la valida y la fomenta. De acabar con la idea de que la tortura combate la criminalidad y ayuda a la justicia. Se trata de investigar, de dar instrumentos para sancionar una práctica que se extiende por todo el país y en todos los niveles de gobierno.
Buscamos que la tortura y los malos tratos dejen de ser generalizados en México, que se erradique el uso de la violencia sexual como forma de tortura. Tratándose de mujeres detenidas es generalizada. Además, que deje de focalizarse en las personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.
Que se garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas de torturas y malos tratos. Y sobre todo, que estos dejen de ser cometidos por funcionarios federales, estatales, por fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
Por ello, con el presente conjunto de leyes que se someten a discusión se da un gran paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales. Puedo afirmar que es una de las leyes más importantes que se votará en esta legislatura.
Resulta indudable que no solo en el plano normativo es donde hace falta avanzar, es en la realidad donde se debe manifestar dicho avance.
Es necesario que las normas nacionales e internacionales, estas últimas más garantistas que las primeras, sean normativas por la circunstancia de que exista concordancia entre la legislación, que tiene por objeto prevenir y sancionar la tortura, con la realidad. Es decir, que exista una efectiva protección de la integridad de las personas, que se eliminen los hechos, los actos de tortura y los tratos crueles e inhumanos.
La creación de normas e instituciones nacionales, así como la adopción de la normatividad internacional en nada servirá mientras exista impunidad; pues resulta paradójico que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad e integridad de las personas, como son las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, sean los principales sujetos activos de la tortura.
Morena presentará algunas reservas buscando hacer más preciso este dictamen, mejorarlo y acercarnos aún más a los estándares internacionales en la materia. Felicidades a las comisiones por haber sido sensibles a las observaciones que se hicieron desde la ONU. Muchísimas gracias y es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Godoy Ramos. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Lia Limón García.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. Coincido con la diputada Ernestina, este dictamen es un paso muy relevante en materia de derechos humanos y justicia. Implica un avance trascendente que debemos destacar en esta tribuna, no solo porque se están atendiendo una serie de recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano en distintos momentos, algunas de ellas desde 2009 en el examen periódico universal de Naciones Unidas.
También se atienden sentencias del Estado mexicano y, por supuesto, además esta iniciativa, esta ley incluye y atiende los estándares internacionales más altos que forman parte de tratados internacionales, de los que México ha firmado y de los que somos parte, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además, la adenda hecha a este dictamen toma en cuenta importantes observaciones hechas tanto por organizaciones de la sociedad civil, como por Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a temas específicos que causaban controversias de la minuta que venía del Senado y que fueron aquí atendidos con sensibilidad y me permito reconocer, en ese sentido, hecho por los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.
Con esta Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a la que ahora me referiré como la ley contra la tortura, derivada de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República, se busca contribuir a la erradicación de un delito y de una violación grave a los derechos humanos que en los últimos 15 años ha generado un número importante de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por eso coincido también en decir que, qué bueno que hoy estamos legislando en este tema, pero que también será indispensable verificar la implementación de esta ley a fin de que su implementación sea una realidad y se reduzcan el número de casos de tortura que han existido en nuestro país.
Ése ha sido el compromiso del presidente Peña Nieto durante su mandato, la construcción de un marco jurídico y administrativo sólido que garantice y salvaguarde los derechos humanos y el fortalecimiento institucional con el mismo fin, y con el voto del Partido Verde Ecologista de México a favor de este dictamen suscribimos y reiteramos nuestro compromiso a favor de los derechos fundamentales.
Me permito destacar, ya lo han hecho aquí mis compañeros, pero muy brevemente algunos de los aspectos más relevantes de esta nueva ley. Primero decir, que el tipo penal se establece de manera clara y se incluye además en la tipificación otras conductas como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante y no solo la tortura per sé.
Se establecen agravantes de las conductas para reforzar la tutela a grupos vulnerables, justamente a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, adultos mayores y personas con discapacidad.
También implica un importante avance en la inclusión de los particulares como sujetos activos de este delito. Se incluye el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico, y este es un tema muy importante, ya que se establece que no constituyen causas de exclusión de la comisión de este delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico.
Se establece la imprescriptibilidad de este delito a fin de evitar la impunidad, se crean además fiscalías especializadas en la investigación de este delito tanto en el ámbito local como a nivel federal.
Se crea –este es un tema importantísimo– un registro nacional que cuente con información estadística actualizada. A la fecha –este es un tema lamentable– somos incapaces de tener datos concretos de cuántos casos de tortura hay denunciados y eso es por la falta de construcción de un registro nacional.
Esta ley establece y prevé que exista un registro nacional al que tanto las procuradurías como las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas aporten datos que permitan construir este registro.
Se establecen las disposiciones necesarias para la realización de los registros adecuados que den certeza del lugar y forma en que se lleva a cabo una detención y que arrojen los datos sobre la cantidad e identidad de los detenidos, su paradero y condiciones de detención, cadena y custodia.
Para garantizar de manera integral además la prevención de la tortura, se crea el mecanismo nacional de prevención como un instrumento encargado de la supervisión permanente de los lugares de privación de la libertad, y este mecanismo estará a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una participación importante de su Consejo Consultivo, así como de la sociedad civil y otros actores que podrán estar presentes en sesiones donde sesione este mecanismo.
Se establece que las autoridades deben proceder de oficio y de inmediato para realizar investigaciones de casos de tortura y también que serán excluidas o declaradas nulas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas bajo tortura.
Se señala que toda investigación de tortura es competencia de autoridades civiles –este es otro dato muy importante– y se atiende a la importancia de que los dictámenes periciales tienen que observar los más altos estándares internacionales, y en particular las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul. También se señala la importancia de que haya peritos calificados, así como la posibilidad de que los dictámenes puedan ser hechos por peritos independientes o por organismos públicos de protección a los derecho humanos, sin que por ello se pierda el valor probatorio de los mismos, y esto a petición de las víctimas; y las víctimas además también tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y/o psicólogos de su elección.
Y muy importante, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, los dictámenes se harán respetando la legislación en la materia.
Además se incluyó de que en caso de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia médica sea proporcionada por un médico especializado en ginecología, de sexo femenino o del sexo que la víctima decida. Y se establece la obligación de quien haga el reconocimiento, de expedir de inmediato el certificado médico.
Estos son los puntos que me parece importante destacar de esta reforma, y por todos estos elementos señalados y porque la relevancia que tiene este esfuerzo que hoy se está concluyendo aquí en esta Cámara, en el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen. Es cuanto.
EL Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lia Limón. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, para el Partido de la Revolución Democrática esta discusión tiene un valor genuino y trascendental. Claramente estamos a favor de este dictamen y de la adenda que se presenta porque expiden una legislación general destinada a prevenir y sancionar la tortura, así como otros tratos crueles o penas degradantes en consonancia con los derechos humanos.
Debe de destacarse un factor fundamental: esta norma general es indispensable para defender a las víctimas y respetar el Estado de derecho; pero también para prevenir estos delitos y combatir la impunidad.
Para dimensionar el horror vivido en México y el daño sufrido por las víctimas, les pido sopesemos lo señalado en la Convención contra la Tortura, que en su artículo 1o., dice: “para los efectos de esta Convención se entenderá por el término tortura, a todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones pública a instigación suya o con su conocimiento o aquiescencia”.
¿Por qué razón se hizo necesario firmar esa convención y ahora desarrollarla en este marco jurídico nacional? Porque durante décadas en México y en otras partes del mundo ha sido común que servidores públicos o individuos mandados por ellos, causaran dolor y sufrimiento a las personas con la intención retorcida de obtener diversas confesiones e informaciones.
Aunque existen disposiciones estatales, federales e incluso constitucionales, al ser sus conceptos imprecisos e insuficientes, generaban resquicios en los que no se combatía a fondo la tortura. Eso, afortunadamente ha cambiado.
A partir de julio de 2015, con la reforma constitucional que facultó al Congreso a expedir la normatividad general, y es también en 2016 que esta Cámara recibió la minuta correspondiente por parte del Senado, casi a un año de cumplirse esta fecha, y tras escuchar las voces de los organismos internacionales finalmente se presenta este tema a esta soberanía.
¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la norma que ya han comentado algunos de mis compañeros? En un principio al ser una ley general, se establece coordinación y competencia entre los tres órdenes de gobierno evitándose así omisiones o imprecisiones; se establece también que la investigación y persecución del delito de tortura es de oficio, además de por denuncia o vista de la autoridad judicial, y que su sanción es imprescriptible.
Ahora también es posible la investigación del delito de tortura y que se separe cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia. Las personas que hayan cometido ése delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía.
Otro tema importante es que la pena de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares, se puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.
Siempre la investigación, procesamiento y sanción de lo relativo a la tortura será por jurisdicción civil, de manera que excluye la jurisdicción militar.
Ésta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es una ley que pretende establecer las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos de tortura bajo los principios del respeto a la dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, además del acceso a la información pública.
Hoy avanzamos de manera decisiva para que en México se combata y se erradique la tortura. Se asumirán plenamente nuestras obligaciones como nación democrática y respetuosa de la legalidad, cumpliendo las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano.
Hoy se supera la visión anacrónica de convivencia institucional con la tortura. Si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de justicia.
Cuando los resultados de las torturas se asumen en la sanción penal, su base serán hechos probablemente falsos y que el torturado acepta para no sufrir más, pero que realmente no servirán para conocer la verdad ni para resolver el delito.
Les convoco, compañeras y compañeros diputados, a aprobar esta reforma. Saludamos que la adenda, redactada por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, puso fin a diversas intenciones regresivas que pretendían limitar la acción del Estado en esta materia.
Debemos señalar que la minuta que envió el Senado contaba con el aval de la sociedad civil, de la academia y específicamente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Y el texto con la adenda propuesta es aún mejor, garantizando el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos.
En el Grupo Parlamentario del PRD expresamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con las víctimas a través del voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gaytán Hernández. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Ema Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, con el dictamen que hoy presentamos las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, saldaremos un pendiente fundamental que no es exagerado calificar de histórico. Con este dictamen, el Poder Legislativo proscribe de manera definitiva y categórica la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en nuestra nación.
Durante décadas nuestro país tuvo como la probanza fundamental en materia penal la confesional, y aquello tuvo efectos devastadores en todo el sistema de justicia. Se crearon los incentivos necesarios para que toda investigación criminalística se hiciera a un lado, ya que bastaba con la tortura como forma de obtener confesiones y sentencias condenatorias.
La tortura se convirtió en mal endémico y en conductas pseudo investigativa, que carcomió a todo el sistema de justicia, y esto derivó en cantidades inimaginables de encarcelamientos injustos y de un contexto masivo de violaciones a derechos humanos en nuestro país, incluso en los últimos años.
Seguimos atestiguando casos de tortura, tanto a nivel local como federal. Hace apenas un mes aproximadamente, un grupo de diputadas invitadas por la diputada Corichi, visitamos la diputada Maricela y otras diputadas, visitamos la cárcel de mujeres que está en el estado de Morelos. Ahí entrevistamos por lo menos de manera personal a tres mujeres, jóvenes de 25, 19 y de 49 años, todas detenidas bajo tortura. Violadas, golpeas y amenazadas con sus hijos para que pudieran ellas firmar que eran culpables.
Fueron casos verdaderamente tristes. Por eso hoy califico como un gran éxito el que hayamos podido lograr que esta ley hoy pueda tener un fin, porque no podemos seguir permitiendo que la tortura sea un elemento para poder sentenciar incluso.
Ante dicha persistencia, los tribunales han tenido que ser consecuentes y se han visto obligados a absolver o a anular sentencias condenatorias derivadas de confesiones obtenidas únicamente bajo tortura. Por tal razón la aprobación de esta ley debe verse como una airado llamado de atención a todos los cuerpos de seguridad, de investigación y Ministerios Públicos, para que se entienda de una vez y para siempre que el trabajo de las autoridades debe ser impecable, profesional y respetuoso al 100 por ciento de los derechos humanos.
Nos tardamos, sí, pero hoy contamos con este producto legislativo que vendrá a fortalecer las instituciones de nuestro país y el entramado de derechos humanos al que aspiramos como nación.
La legislación que hoy aprobamos conjugada con la reforma constitucional de 2008, que instituye un nuevo sistema de justicia penal, la del 2011 en materia de derechos humanos y el Código Nacional Procesal, nos ponen como sociedad ante la posibilidad de llegar a una nueva etapa en materia de seguridad y justicia.
Decimos como posibilidad, porque sabemos que sin la existencia de una real voluntad y compromiso de los operadores del sistema, las mejores leyes se vuelven engañosas. De la misma manera que las leyes de su tipo, esta ley general contiene disposiciones sustantivas relativas al tipo penal de tortura y conductas conexas, disposiciones adjetivas referente a los procesos de investigación, mecanismos, protocolos y lineamientos de tipo orgánico. En sí misma esta es una ley, o es un código anti tortura.
Ya han mencionado algunos aspectos de la iniciativa, mencionaré otra vez unas tres nada más: prohíbe de manera absoluta toda prueba obtenida mediante la tortura u otras violaciones a derechos humanos; excluye la posibilidad del indulto, amnistía, inmunidad u otra figura análoga; contempla la posibilidad de imponer medidas cautelares, administrativas e incluso la suspensión de los servidores públicos que sean investigados por delito de tortura.
Algo muy importante, que fue lo que vimos con las jovencitas que nosotros cuestionamos y que estuvimos con ellas en la cárcel.
Contempla la aplicación del Protocolo de Estambul, en la realización de cualquier dictamen médico psicológico, así como la posibilidad de que las víctimas soliciten peritos independientes.
Adicionalmente, el dictamen contiene una serie de reformas a la legislación correspondiente, como el Código Penal Federal, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la de Extradición Internacional.
Dichas enmiendas tienen como objetivo armonizar y adecuar la normatividad para el correcto funcionamiento de la ley general.
Compañeras y compañeros, con el voto a favor de este dictamen el Grupo Parlamentario del PAN refrenda su raíz humanista, promotora de los derechos humanos que rige su filosofía política.
Votaremos en pro, anunciando que realizaremos de manera muy puntual todas las acciones de control parlamentario para edificar un cumplimiento cabal de esta ley. Porque hoy exigimos un país, un México sin tortura. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Margarita Alemán Olvera. Tiene el uso de la tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI y hasta por tres minutos, el diputado Carlos Iriarte Mercado.
Se informa a la asamblea, que una vez que concluya esta intervención concluirá también el plazo para presentar reservas al dictamen que estamos discutiendo. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Iriarte Mercado: Con permiso de la Presidencia. La tortura es un atentado contra la humanidad de las personas y es un acto de injusticia en toda su expresión, como dijo Martin Luther King.
La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. La tortura es una grave violación a las personas, está condenada en el artículo 5o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cito aquí a John F. Kennedy: Los derechos humanos de todos los hombres son disminuidos cuando los derechos de un hombre son amenazados.
Es por ende nuestra responsabilidad, como seres humanos, como mexicanos, como mexicanas, como legisladoras y como legisladores, garantizar que los derechos humanos se respeten y se protejan.
Pongo unos datos a su consideración. De acuerdo con Amnistía Internacional en 2016, entre 2003 y 2013 se incrementó el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en un 600 por ciento, y en los primeros cuatro años de esta década se recibieron 7 mil 741 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En abril de 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado sólo registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
Ante esta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en el país debemos afrontar y superar los episodios de tortura con toda determinación. Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad.
Firme con ese compromiso, el gobierno del presidente Peña ha impulsado acciones y transformaciones institucionales, cuyos resultados han mostrado lo siguiente.
Una disminución del 46 por ciento en el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a autoridades de la administración de la pública federal.
Destinar más de mil 500 millones de pesos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas del delito y de violaciones de sus derechos.
Y concretar la reforma a la fracción del artículo 73 constitucional que facultó al Congreso de la Unión a emitir leyes generales en materia de tortura y malos tratos. Ahora, a nosotros nos corresponde legislar para garantizar un país sin tortura.
Si bien nuestro país cuenta con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido autorizada desde 1994, como aquí ya se enunció, por lo que resulta insuficiente para combatir el delito eficazmente.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, porque prohíbe de manera absoluta, estricta, completa, incondicional e imperativa cualquier tipo de tortura o trato o pena cruel inhumana o degradante.
Distribuye competencias claras y fortalece la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Define con base en estándares internacionales, los tipos penales y determina sus sanciones, previendo medidas cautelares, incluida la suspensión del cargo e imponiendo de 10 a 20 años de prisión tratándose de servidores públicos o de 6 a 12 años en el caso de particulares.
Flexibiliza la investigación y persecución del delito y puede originarse por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.
Prevé que la investigación y persecución de la tortura serán imprescriptibles. Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especiales que investiguen los delitos relacionados con la tortura, al tiempo que robustece la competencia de la federación.
Precisa que las declaraciones o entrevistas de las víctimas deberán registrarse por cualquier medio, brindado certeza respecto de las personas que intervinieron en los cuestionamientos.
Implementa el Registro Nacional de Información, lo que permitirá contar con datos y estadísticas sobre los casos de tortura y otros tratos crueles.
Regula el mecanismo nacional de prevención como la instancia encargada de supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, dotándolo de autonomía presupuestaria e incorporando un procedimiento específico, transparente y con perspectiva de género para la elección de sus integrantes.
Y finalmente, robustece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la emisión de dictámenes médicos, psicológicos con motivo de quejas interpuestas ante dicha instancia.
En suma, se dota al Estado mexicano de una herramienta eficaz y novedosa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, otros tratos crueles e inhumanos y armoniza nuestro marco jurídico para darle operatividad a la misma.
Aunado a lo anterior, fueron escuchadas, dialogadas y atendidas las peticiones de organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema.
Asimismo, es importante destacar que el dictamen que votaremos a favor recupera recomendaciones emitidas por el informe del relator especial sobre la tortura, de la Organización de las Naciones Unidas, en 2014, entre ellas expedir una ley general en materia que tipifique la tortura en toda la república; consagrar el principio expreso de la prohibición absoluta de la tortura; garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral; asegurar que la tortura y malos tratos sean investigados prontamente, y prever la suspensión administrativa de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos.
Concluyo. El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó que nadie puede disfrutar la seguridad sin desarrollo y del desarrollo sin seguridad, y sin el respeto por los derechos humanos. Por lo que en nuestro Estado constitucional de derecho, como el nuestro, garantizar los derechos humanos significa apostar por un México democrático, próspero, justo y en paz. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Iriarte Mercado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ha concluido el plazo para la presentación de las reservas al dictamen, entramos a la etapa de la discusión. Se informa que se han inscrito para hablar en pro la diputada Claudia Sofía Corichi García, el diputado Alfredo Basurto Román y la diputada Maricela Contreras Julián.
Tiene la el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su venia, presidente. Compañeras, compañeros diputados, ciudadanos y ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, quiero antes de hacer algunas reflexiones de números, comentar la historia de una de tantas víctimas de tortura en nuestro país. Su nombre es Verónica Razo.
Como comentó Emma Margarita Alemán, fuimos a verla a la cárcel. Pero es un tema que nos ha inspirado desde hace mucho tiempo. Verónica Razo tenía 30 años, dos hijos, cuando fue llevada de manera ilegal.
Caminaba por la calle, fue abusada, violada tumultuariamente por sus aprehensores y lleva seis años, seis años en la cárcel sin una sentencia. La PGR ha dado como positivo el Protocolo de Estambul para su caso, donde reconoce que vivió tortura sexual.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dictaminado ya que se trata de un abuso y se han empezado a caer las pruebas en su contra, tiene reconocidos plenamente a tres de sus agresores sexuales, mientras ella lleva seis años en prisión sin sentencia, alejada de sus hijos, violada, sus agresores están en la libertad absoluta, ninguno de ellos ha sido condenado, ninguno está siendo investigado al día de hoy por la PGR:
Por eso, por muchas otras razones más, hemos pedido su liberación y hemos pedido y pido desde esta tribuna, que la PGR, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos con esa recomendación y la Secretaría de Gobernación, pongan a Verónica Razo en libertad, ella significa solamente uno de los 100 casos denunciados por Amnistía Internacional de Tortura Sexual en nuestro país hace un año, pero muchas otras mujeres, muchos otros hombres, pero sobre todo mujeres, han sido víctimas de tortura sexual en nuestro país. Ahí están ellas y están las mujeres de Atenco que exigen y reclaman atención y por supuesto que se acabe con la impunidad. Es por ellas, es por todos los que han vivido este delito, que hoy estoy aquí a favor de este dictamen.
El uso de la tortura se ha vuelto una práctica violatoria de los derechos humanos. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2006, al 31 de diciembre de 2015 se recibieron cuatro mil 404 quejas sobre trato cruel o degradante, la Sedena desafortunadamente, la autoridad con el mayor número de denuncias. El relator de la ONU tuvo conocimiento que se denuncian solo siete de cada 100 delitos, y claro que sí, imagínense el miedo de quien ha vivido esta práctica.
Y según información del Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. Con información de la PGR sabemos que en 2013 las denuncias de tortura a nivel federal fueron de mil 165 y pasaron a dos mil 403 en 2014. Hasta abril de 2015, como lo señaló ya algún compañero diputado, la misma institución contaba con dos mil 450 investigaciones en trámites sobre tortura, pero solamente 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal, entre 2006 y 2015, nueve años, 15 nada más. Es por eso que no podemos seguir permitiendo que esto suceda.
Es muy difícil conocer el número real de casos y es por eso que destaco la importancia en este ley de la creación del registro nacional del delito de tortura como una herramienta fundamental de investigación e información estadística, sobre todo en los casos en que se denuncie o se investiguen hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También destaco la obligación de aplicar el Protocolo de Estambul en la realización de cualquier dictamen médico-sicológico, así como la posibilidad de solicitar peritos independientes y que esto sea válido. Es decir acreditados, pero independientes, y las reglas de observar dentro del dictamen que se practique la víctima, estén apegados a este Protocolo de Estambul.
Sé que con la aprobación de esta ley daremos un paso muy importante a la defensa de muchas mujeres y hombres que han sufrido estas torturas, estas penas crueles degradantes; estas que no se merece nadie.
Algunos me han dicho en algún momento: Algunos cometieron delito. Puede ser que sí, pero nadie se merece esto. Y muchos otros no lo han cometido y han vivido la tortura de manera sistemática y para sacarles declaraciones bajo este sistema.
Por eso nos felicito a esta Legislatura por este paso. Los derechos humanos no son negociables. No más tortura. También justicia para todas las mujeres, para las mujeres de Atenco, las mujeres víctimas de violencia sexual que ha declarado amnistía internacional. Justicia, justicia y más justicia.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sofía Corichi García. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes. Con su permiso, presidente. En estos momentos cuántos casos no en el país estarán sucediendo y cuántos ciudadanos estarán siendo torturados. Cómo olvidar los casos en centros penitenciarios en los últimos días de cómo se vejaban los derechos de los internos y cómo eran exhibidos públicamente.
En Morena creemos, compañeros, que este dictamen, esta adenda, representa desde nuestro punto de vista el dictamen yo creo que de más trascendencia y de más importancia de este periodo legislativo.
Después de bastantes observaciones y recomendaciones de organismos públicos internacionales donde en México desafortunadamente teníamos un honroso quinto lugar, de los primeros lugares en impunidad y falta de aplicación de la ley. Para ello simplemente cito un dato de la PGR del 2015, que de 2 mil 450 carpetas de investigación que tenía sobre investigación de casos de tortura, únicamente, compañeros, llegaron a dictarse sentencias en cinco casos. Es decir, más del 90 por ciento quedó en la impunidad.
Por eso en Morena vemos bien y vemos positivamente como un acuerdo de Estado, que por fin este órgano legislativo, hay que decirlo, en su totalidad debemos levantar la mano y decir por última vez: cero tortura en México, como proceso de investigación en los procesos judiciales, compañeros.
Yo creo que es un logro de todas las fracciones, sobre todo de la Comisión de Justicia que es donde nos tocó dictaminar, y ver muchos aspectos. Pero desafortunadamente, compañeros, hay que decirlo, para que eso sucediera tuvo que haber la intervención del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para que se diera esta adenda que hoy se presenta, y por fin quede en absoluto prohibida la tortura como medio de convicción para una investigación.
Por otro lado también es importante que el anterior dictamen, la ley, la iniciativa, no preveía que los superiores jerárquicos fueran investigados. Con esa adenda, compañeros, estas modificaciones, los superiores jerárquicos también deben de ser investigados por el delito de tortura; o se diga en los cuerpos policiacos que desafortunadamente quedaron investidos de los tres niveles de policías y las Fuerzas Armadas que quedaron investidas de este tipo de imputaciones.
Para aquellos servidores públicos que estén involucrados en los casos de tortura, deben de operar y también lo vemos positivo, las medidas cautelares para que sean separados de su cargo y en su momento no sean juez o parte y que la investigación sea lo más apegado a la ley, más imparcial y objetiva.
Se dan facultades a la federación para que también intervenga en casos, incluso de manera oficiosa, sobre investigación de los estados y los municipios. Es decir, la federación va a tener una amplia competencia para investigar en los casos de tortura.
Por fin también se elimina, y era muy común en México, para obtener los medios de convicción, los medios de prueba, que estos eran obtenidos a través de los diversos medios de intimidación, de tortura, de presión psicológica, cuando se compruebe o siendo indicio de que alguna prueba es obtenida por medios de tortura, carece de legalidad, es decir, esa prueba es nula, compañeros. Con esta modificación también queda subsanado esa laguna legal que venía existiendo.
Por eso en Morena vemos positivo esa adenda, ése dictamen, esas modificaciones y lo vemos como un gran acuerdo de estado, compañeros. Por eso en Morena felicitamos y vamos en favor de ese dictamen, compañeros. Es cuanto, presidente. No más torturas en México.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basurto Román. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos para hablar en pro.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, presidente. El PRD votará a favor de este dictamen. Votaremos a favor porque se logró corregir el retraso legislativo mañoso que quería imponerse en un tema tan urgente y de una gravedad que merece toda nuestra atención.
La tortura en México es persistente y está fuera del control. El abuso sexual, las vejaciones, el maltrato físico y psicológico son algunas de las escenas que se repiten contra mujeres y hombres en prácticamente todas las entidades federativas por integrantes de corporaciones policiacas y militares.
Esta realidad es la que no se quiere ver. Se negaban a proteger a las personas y de manera cínica pretendían otorgar patentes de impunidad a los torturadores.
¿A quiénes se tortura en México? Por supuesto a los más pobres, a las clases marginadas, a las mujeres, a los militantes de la izquierda y de la oposición, en suma a los opositores al gobierno; se usa también la tortura para fabricar culpables.
Los que se oponían a una ley contra la tortura, son los mismos que pertenecen a la clase política que ha utilizado la tortura para reprimir y mantenerse en el poder. Son los mismos que de manera penosa cargan sobre su espalda historias de gobierno represores desde la década de los setentas y los sesentas y se negaban a tener una Ley de Tortura para no reconocer que es una práctica cotidiana en México.
¿Quiénes torturan en México? Es muy sencillo, sus policías, sus militares, sus agentes federales, estatales y municipales; en resumen, el propio gobierno. Eso es lo que no se quería reconocer. Hay una urgencia de legislar en este tema y no seguir incumpliendo nuestras obligaciones para respetar los derechos humanos.
La minuta, que nos envió el Senado de la República, fue producto de un trabajo de acercamiento con organismos internacionales, en materia de derechos humanos, con organizaciones sociales, instancias académicas y muchas personas interesadas en el tema. Para eso trabajó el PRD, sin embargo el texto con la adenda propuesta se mejora: garantiza el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos. Es importante decirlo.
Celebramos que se haya reconocido el error que se pretendía imponer a través de modificaciones que no se habían consultado con nadie. Era una argucia mañosa, un mecanismo tramposo para que no tuviéramos una legislación contra la tortura que respetara los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Nuestra oposición no era un capricho, sino un llamado de atención contra un posible retroceso. Sin embargo ganó la cordura y se dio paso a la razón, y se han logrado cambios significativos que dieron fin a esta tentación regresiva.
Con el texto de la ley y la adenda propuesta se contará con un marco para que se castigue a los servidores públicos señalados de cometer tortura, se fortalece la competencia de la federación para reconocer de este delito, y se disponen procedimientos para investigar y sancionar la tortura para asentar las bases del fin de la impunidad en estos casos.
No se quería hacer un registro de los casos. Ahora se registrarán las denuncias de tortura y no sólo los hechos que tengan sentencia. Que no se le tenga miedo a los números ni a las estadísticas, no puede ocultarse la realidad.
El PRD está a favor de las modificaciones y luchó para que se incorporaran aquellas que realmente sean en beneficio de las personas. Por ejemplo, eliminar cualquier posibilidad para que las pruebas obtenidas mediante tortura no sean valoradas y no sean tomadas en cuenta por el juzgador bajo ningún motivo.
Esta ley será un gran avance, pero el reto es que se aterrice en la realidad. No debemos hacerle sombra ni minimizar los hechos, se ubican como aislados y se niega la dimensión del problema.
Para finalizar quiero decir que esta legislación no es un logro del Poder Legislativo, no debemos colgarnos medallas que no nos corresponden. Esta ley es gracias a la lucha de familiares de desaparecidos, de víctimas, de gente que aún está presa de manera injusta, de sobrevivientes, de todas las organizaciones sociales que han denunciado la tortura por décadas, como la compañera Rosario Ibarra de Piedra, que buscó a los hijos. Algunas mujeres tuvieron suerte y los encontraron con vida para relatar los horrores de la tortura.
Esta ley es de ellos, el PRD quiere agradecerles a todas esas personas que incluso con su vida han obligado a que estemos legislando contra la tortura. No los olvidemos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Antes, permítame diputada. Sonido en de la diputada Cecilia Soto. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Diputado presidente, con el objeto de hacer notar que esta ley que seguro aprobaremos en la próxima votación, no solamente es a favor de las víctimas. Quiero hablar a favor de los victimarios.
El torturador se animaliza, se destruye como ser humano y al salir del cuarto de tortura probablemente también es un hombre o una mujer violentos en su casa y en la calle. De tal manera que al endurecer el castigo a la tortura también hablamos por aquellos funcionarios públicos del Ministerio Público, de la Procuraduría, de las policías, que son obligados a torturar.
Entonces, de esta manera me parece que hacemos un doble bien: defendemos a la víctima e impedimos que se sigan formando victimarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Adelante, diputada secretaria, por favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el artículo 13, la adición de un párrafo y dos incisos; artículo 22, la adición de una fracción V; del 24, adición de una fracción III. Todos ellos por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, así como el diputado Juan Romero Tenorio ha reservado el artículo 22, las fracciones III y IV y la adición de una fracción V, la diputada Ernestina Godoy Ramos, una moción sobre el artículo 24, y la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, el artículo 50, en el párrafo primero y la propuesta de eliminar el párrafo segundo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder al registro en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación aceptada por la asamblea.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea.
(Votación)...
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 417 votos a favor.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 417 votos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, para presentar reservas y modificaciones a los artículos 13, adición de un párrafo en dos incisos, 22, adición de una fracción V y 24, fracción III.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, presidenta. En el dictamen que acabamos de votar junto con la adenda presentada por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, existen tres elementos importantes, que aunque están contemplados, a mi consideración es importante que pudiéramos dejarlos mucho más definidos.
Me refiero al artículo 13, que habla, por ejemplo, de la responsabilidad de los superiores jerárquicos. En un de los dictámenes, en una de las propuestas hechas en el dictamen de la Cámara de Senadores se habla también de lo relativo a las personas con alguna discapacidad y a la necesaria intervención del Estado para garantizar que no se realicen procedimientos médicos o científicos a estas personas.
La propuesta que estamos presentando, la reserva, agrega un párrafo en el artículo 24, en donde señala que no solamente se realicen procedimientos médicos o científicos, que esté prohibido realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, sino que profundiza que no se realicen esos procedimientos sin el consentimiento libre e informado, y que no se garantice la capacidad plena, los límites a la sustitución de la voluntad y los apoyos efectivos con los que las personas con discapacidad deben contar.
Sabemos que el marco jurídico que tenemos en el país cubre muchas de estas necesidades, pero abundar particularmente en el tema de las personas con discapacidad nos parece fundamental.
En cuanto al artículo 22. Si bien se establece en esta ley la capacidad de atracción, nos parece fundamental que se señale cuáles son estas posibilidades de que se atraiga una investigación. Y se señala en este artículo diciendo que la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la Ley para Prevenir la Tortura estarán a cargo de las autoridades federales, cuando nosotros agregamos un párrafo quinto que dice:
El Ministerio Público de la Federación, de oficio solicita a la fiscalía especial de la entidad federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, y le remita la investigación correspondiente atendiendo a que la fiscalía especial de la entidad federativa, que debiera conocer el asunto, no inicie de inmediato la investigación, existiendo elementos para ello.
b) Existan indicios suficientes de que la investigación que se lleva a cabo por parte de la entidad federativa no es pronta, imparcial, exhaustiva y diligente.
c) Las condiciones para la investigación requieran las capacidades técnicas especializadas cuya falta pueda convertirse en un obstáculo para que se dé una exitosa realización.
d) Lo solicite la fiscalía especial.
e) El hecho constitutivo trascienda el ámbito de una o más entidades federativas o, finalmente, existan razones para presumir que los delitos fueron cometidos por el personal adscrito a la procuraduría o fiscalía general de la entidad federativa a la que compete la investigación.
Estas reservas y estos agregados que estamos proponiendo han sido también sugeridos y propuestos por la propia Oficina de las Naciones Unidas y han sido consultado con diversos organismos especializados en materia de derechos humanos.
Si bien, como lo hemos señalado ya, la ley general que acabamos de votar es un esfuerzo y es un resultado importante en materia de garantizar los derechos humanos, abundar en estos temas y ser más específicos no afectaría absolutamente nada. Por el contrario, atenderíamos recomendaciones internacionales, tratados y convenciones suscritos por nuestro país, armonizando así esta nueva norma con los compromisos internacionales que tenemos como mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Gaytán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 22, fracciones III, IV y adición de una fracción V.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Esperemos que esta ley que aprueba esta Cámara de Diputados sea ratificada por la colegisladora y nos permita contar con el marco jurídico necesario, para hacer posible que México no esté clasificado dentro de los países donde la tortura es una práctica cotidiana.
Es una buena ley, ha pasado por el tamiz de organismos internacionales y de la sociedad civil, ha pasado por el consenso de los grupos parlamentarios. Solamente una precisión, estamos haciendo una modificación al artículo 22, agregando una fracción V, en donde proponemos que el Ministerio Público federal pueda traer la investigación en caso de tortura, cuando exista una recomendación pronunciada por organismos internacionales, por actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
¿Por qué esta adición? Porque organismos internacionales también hacen recomendaciones, tenemos el caso concreto de Ayotzinapa. El Grupo de Expertos Internacionales hizo recomendaciones respecto a investigar la parte de tortura en el proceso de investigación, estas recomendaciones son suficientes para motivar la atracción por parte del Ministerio Público federal en el delito de tortura, atraer del fuero común la tortura para ser investigado por la autoridad federal, porque hay una recomendación de un organismo internacional.
Si bien en la fracción III se establece que el Ministerio Público podrá ejercer la atracción, a partir de una resolución de un órgano internacional, faltaría esta parte en donde no existe una resolución, pero sí una recomendación. Con esto complementamos un marco de garantías para las víctimas en aquellos casos donde haya elementos de organismos internacionales que hacen recomendaciones es causa suficiente para atraer este delito por parte del Ministerio Público federal, sacarlo del fuero común y despolitizar la investigación que esté llevando a cabo.
Esa es la propuesta que hacemos, una adición en la fracción V del artículo 22. Esperamos contar con su apoyo para efectos de que esta norma esté lo más completa posible. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Romero Tenorio.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuetas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ernestina Godoy Ramos, para presentar reserva al artículo 24.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, presidente. La reserva que se realiza al artículo 24 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, tiene por objeto establecer que el tipo del delito de tortura pueda ser cometido por cualquier persona y no solo por servidores públicos, o por particulares que lo cometan por contar con autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, ampliando con ello la posibilidad de castigar a quienes provoquen a otra persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos.
Debo decir que en la Convención para la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y la Convención Interamericana, normativas internacionales de las que México es parte, establecen que el delito de tortura puede ser cometido por cualquier persona y no solo por los servidores públicos.
De ahí que la reserva propuesta tiene por objeto ampliar los sujetos activos que pueden cometer ese delito, haciendo responsable de la comisión del mismo, en concordancia con la legislación internacional.
Resulta oportuno señalar que el relator especial sobre la tortura y otros tratos de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe el 29 de diciembre de 2014, y la Comisión Interamericana en su informe del 31 de diciembre de 2015 respecto a la situación de los derechos humanos, concluyeron con la conveniencia de que la tipificación del delito de tortura en México se ajustará a los estándares internacionales. Sugerían segur la definición señalada en el artículo 2 de la Convención Interamericana. El especie determina la posibilidad de que cualquier persona pueda ser acusada de cometer dicho delito, no siendo necesario para ello tener una calidad determinada, como ocurre en el dictamen propuesto.
La definición que hace del delito de tortura, prácticamente se apega a todo lo establecido por la Convención y la Comisión Interamericana, pero siguen dejando que solamente los servidores públicos o los particulares que tengan autorización, apoyo o asistencia de un servidor público.
La reserva que presentamos tiene por objeto únicamente decir que “comete el delito de tortura la persona –sin poner si es un servidor público– que con el fin de obtener...” Toda la demás definición. Entonces eso es lo que estamos proponiendo como reserva y espero sea aceptada, y entonces ahí sí estaremos apegados totalmente a la legislación internacional. Es cuanto.
EL Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Ernestina Godoy Ramos.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Godoy. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Para presentar reserva al artículo 50, párrafo primero y eliminar el párrafo segundo, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establecen prohibición expresa en materia de validez a las pruebas obtenidas bajo tortura o relacionadas con cualquier otra violación a los derechos humanos.
Por su parte, el Comité contra la Tortura manifestó que el Estado mexicano debe adoptar las medidas legales necesarias para garantizar que las pruebas obtenidas mediante actos de tortura bajo argumento alguno sean utilizadas en los procedimientos legales.
El artículo 50 establece que sólo podrán ser excluidas o declaradas nulas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y cualquier otra violación. Sin embargo, su redacción deja abierta la posibilidad de otorgar valor a pruebas que hayan sido obtenidas de manera indirecta a través de estos atroces medios.
Esta excepción a la regla internacional se convierte en un incentivo para recurrir a la tortura, delito que se pretende erradicar con la creación de la ley. La regla de exclusión de pruebas indebidas tiene la función de desalentar la tortura bajo cualquier circunstancia, por lo que la redacción actual del artículo se contrapone al espíritu de la norma y de la normatividad internacional en la materia. No dejemos ningún resquicio para que esta tortura vuelva de manera indirecta, se cometa en la frecuencia que actualmente se comete.
Como sustento de lo anterior, baste recordar que la relatoría especial contra la tortura recomendó que los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba respecto de la cual existan razones para creer que haya sido obtenida bajo tortura.
De igual manera diversos tratados o instrumentos en materia de derechos humanos han establecido que la regla de exclusión conlleva a la prohibición absoluta de la práctica de actos ilegales, por lo cual es de carácter absoluto e inderogable; sin embargo, tales criterios son soslayados ya por el citado artículo.
No siendo poco lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura constituye una medida efectiva para cesar la consecuencia de una violación a las garantías judiciales, dado que la tortura no sólo afecta a la víctima de la misma, sino a la parte actora en los procedimientos jurisdiccionales, lo que en sí mismo representa una violación adicional al derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional.
En México existe una versión pervertida sobre la impartición de justicia. El caso paradigmático es el del doctor Mireles, donde son claras las violaciones procedimentales y violaciones a sus derechos humanos desde su ingreso, que fue ingresado y detenido con golpes, al interior hasta en el interior del Centro Penitenciario, en donde se le mantiene cautivo como un preso político.
Debemos entender que la impartición de justicia debe atender a reglas procedimentales establecidas en la Constitución y en los Códigos. Y debemos erradicar la idea de que para hacer justicia se puede pasar por encima de los derechos humanos de las personas.
El quehacer del aparato jurisdiccional tiene la obligación de evitar cualquier acto que violente en debido proceso y que atente contra la dignidad de las personas, mucho más si se tiene encarcelado injustamente.
Por lo anterior, someto a su consideración la modificación del artículo 50, a afecto de que se declare sin valor las pruebas obtenidas de manera directa e indirecta a través de tortura o algunas violaciones de derechos humanos. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 13, 22, 24 y 50, en términos del dictamen modificado.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada, sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 315 votos a favor y 97 votos en contra.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se aprobaron los artículos reservados en los términos del dictamen modificado por 315 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y se reforman, adicionan derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E) del artículo 72.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 20 de abril de 2017 a las 11 horas. Que tengan una excelente tarde.
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