Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 7 de diciembre de 2017

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De diputados, con retiro de iniciativas; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; del Tribunal Superior Agrario, con designación de magistrada; de La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional con integración; de la Cámara de Senadores con aprobación de dictamen y minutas; de los Congresos de Durango y de Oaxaca, con iniciativas; de la Cámara de Diputados, con respuesta a la organización Change.org.

Iniciativas

Ricardo Taja Ramírez, PRI

Patricia Sánchez Carrillo, PAN

Blanca Margarita Cuata Domínguez, Morena

José Antonio Estefan Garfias, PRD

Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM

Adán Pérez Utrera, PMC

Luis Manuel Hernández León, PNA

Cynthia Gissel García Soberanes, PES

Brenda Borunda Espinoza, PRI

María Olimpia Zapata Padilla, PAN

José Santiago López, PRD

Araceli Damián González, Morena

Verónica Delgadillo García, PMC

Carmen Victoria Campa Almaral, PNA

Norma Edith Martínez Guzmán, PES

Dictámenes a discusión

Declaratoria de publicidad

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, fundamentación

Nancy López Ruiz, PES

Angélica Reyes Ávila, PNA

Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC

Uberly López Roblero, PVEM

Vidal Llerenas Morales, Morena

José Antonio Estefan Garfias, PRD

José Teodoro Barraza López, PAN

Olga María Esquivel Hernández, PRI

Discusión en lo general

Votación en lo general

Presentación de reservas

Votación de los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 12, 14, 16, 17, 18, 21, 21 Ter, 24, 27, 42, 44, cuarto transitorio, en términos del dictamen

Efeméride

Relativa al Día Internacional Contra la Corrupción

Ana Guadalupe Perea Santos, PES

Francisco Javier Pinto Torres, PNA

María Candelaria Ochoa Avalos; PMC

Daniela de los Santos Torres, PVEM

Rogerio Castro Vázquez, Morena

Rafael Hernández Soriano, PRD

María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, PAN

Víctor Manuel Silva Tejeda, PRI

Declaratoria de publicidad

Comunicados de la Junta, con cambios en comisiones

Acuerdo de la Junta, con exhorto a la Profepa para que diseñe e implemente un Programa Nacional para la Inspección a Comercializadores de Espacios de Fauna Silvestre

Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Abrimos la sesión, estimados diputados y diputadas. Por favor, señora secretaria, denos la cuenta de diputados y diputadas asistentes.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados; por lo tanto hay quórum, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:50 horas): Y por lo tanto abrimos esta sesión.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Informando a los señores diputados que el orden del día está publicado en la Gaceta y está disponible en los monitores.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El acta está publicada en la Gaceta y también está disponible, así es que pregunte usted si se aprueba el acta.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada secretaria.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de comunicaciones. Entiendo que algunos diputados me iban a solicitar el uso de la palabra. Algunos diputado tigres y algunos diputados rayados.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada. Si se ponen junto a la diputada Mirna se los agradeceré.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Hoy, los diputados federales por el estado de Nuevo León damos un mensaje a todo México para promover un fútbol sin violencia. Un fútbol en donde gane la fiesta, la convivencia familiar, en donde todos podamos vivir en paz un episodio histórico para nuestro estado, para quienes les gusta el fútbol, para la historia del fútbol en México.

Así es que la mejor afición de México hoy dará un ejemplo a todo México de cómo podemos vivir esta fiesta en paz sin violencia. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a la diputada Mirna Saldívar, a los señores diputados que han venido hoy representando a Nuevo León. Sus manifestaciones quedan redactadas en el Diario de los Debates, donde quedará constancia de ellas.

Por supuesto esta Mesa Directiva se une al llamado que ustedes hacen a hacer de esta justa deportiva exactamente una fiesta donde todos, sobre todo las familias de Nuevo León, puedan participar y puedan divertirse. Con dolor de águila los felicito y les deseo lo mejor para el partido de hoy. Muchas gracias, diputados. Adelante con las comunicaciones.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de los diputados Erik Juárez Blanquet y Omar Ortega Álvarez, solicitudes de retiro de sus iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la comisión Permanente, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítanse a las comisiones correspondientes y al promovente, para su conocimiento.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: El Tribunal Superior Agrario comunica la designación de la doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza como magistrada presidente por el periodo comprendido del 28 de noviembre de 2017 al 24 de noviembre de 2020.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado, y enviamos también nuestras felicitaciones a la magistrada presidenta Odilisa Gutiérrez Mendoza, seguros de que se desempeñará con gran solvencia, como acostumbra. Adelante.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional comunica su integración para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: La Cámara de Senadores comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se declaraba al año 2013 como el Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Se remite a la comisión de Gobernación, para su conocimiento.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: La Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de las leyes: de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: El Congreso del Estado de Durango remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 211 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: El Congreso del Estado de Oaxaca remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Señores diputados y diputadas, como ustedes saben, la organización Change.org hizo llegar a esta Cámara de Diputados una petición titulada “Canalizar recursos de partidos políticos a la reconstrucción de zonas afectadas”.

Esta Cámara de Diputados dará, por mi conducto, la respuesta institucional a la petición ciudadana presentada por esta organización a través del siguiente texto:

La Presidencia y la Mesa Directiva en su conjunto, con fundamento en los artículos 22, numerales 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente pronunciamiento respecto a la petición ciudadana Canalizar recursos de los partidos políticos a la reconstrucción de zonas afectadas, presentada en la plataforma digital Change.org a todas y todos los firmantes.

A nombre de los ochos grupos parlamentarios que integramos la Cámara de Diputados, manifestamos a ustedes nuestro genuino interés por encontrar vías de diálogo transparentes y horizontales que respondan a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

En los más de un millón 800 mil personas que firmaron la petición sobre la asignación de recursos para la reconstrucción tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre, reconocemos una sociedad mexicana solidaria participativa y con el mejor ánimo de ayudar a los compatriotas afectados.

Es por ello que respondemos a su petición informando sobre las decisiones que se tomaron durante la aprobación del presupuesto en materia de reconstrucción, relacionadas con la solicitud que ustedes han hecho a esta Cámara de Diputados.

Se asignaron recursos adicionales al Fondo de Desastres Naturales por 18 mil millones de pesos para alcanzar un cifra histórica de 24.6 mil millones de pesos. Creamos un fondo adicional por 2 mil 500 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, el cual podrá aumentarse por las propias entidades federativas hasta llegar a 10 mil millones de pesos.

Por último, y con miras hacia el futuro, aumentamos los recursos para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales hasta alcanzar su máximo histórico de 350 millones de pesos.

La energía que cubrió a nuestro país tras los sismos pasó de aflicción a fortaleza para atender esta emergencia. Es momento de aprovechar esa energía para la reconstrucción tanto de viviendas como de la relación entre ciudadanos y gobierno.

Estamos seguros que los partidos, sus dirigencias, las instituciones involucradas realizarán el mayor de los esfuerzos por atender conforme a sus atribuciones y competencias la petición en cuestión.

Agradecemos, a la plataforma Change.org en México, facilitar la comunicación entre ciudadanía y diputados. Así como a María Begoña Hernaiz Arce, directora de ECCA de México, AC, quien en representación de más de 1 millón 800 mil personas que firmaron la petición, nos permite acercarnos y propiciar una comunicación abierta y recíproca.

Es así como esta Cámara de Diputados responde a la petición ciudadana presentada por la plataforma digital, en la plataforma digital Change.org.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. Bueno, más bien, vamos a darle la palabra por tres minutos al diputado Ricardo Taja Ramírez. El diputado Taja es del Grupo Parlamentario del PRI. Va a presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 2 y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y 390 del Código Penal Federal. Diputado Taja, adelante.

El diputado Ricardo Taja Ramírez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, mi intervención ante esta tribuna atiende a un reclamo social de todo el país. Al recorrer las colonias de mi municipio, tristemente me encontré con negocios cerrados, empresarios que se han llevado su inversión por falta de seguridad y acapulqueños que han perdido su empleo.

He conocido personas que con mucho esfuerzo emprendieron negocios que apenas les permite el sustento a diario. Ahora son objeto de extorciones, lo que les ha obligado a cerrar y, en el peor de los casos, al negarse a pagar la cuota, han perdido la vida.

No más pago de piso y no más extorsiones en nuestro país. A partir de 2006 el delito de extorsión se ha incrementado de manera exponencial en el país, ocupando el segundo lugar en estadísticas de criminalidad con más de 7 millones de casos anuales, ocasionando un terrible impacto económico en el patrimonio de las familias mexicanas.

En algunos municipios nos encontramos que más del 50 por ciento de los negocios han sido alcanzados y las cifras son preocupantes, ya que muchos de ellos cierran sus puertas para nunca más abrirlas.

La delincuencia organizada ha cambiado su actividad preponderante a la de extorsión. Células delictivas han encontrado en esta una forma lucrativa de financiar sus operaciones ilícitas, tienen secuestradas nuestras ciudades, tienen secuestradas a nuestra gente.  La delincuencia no distingue clase social ni posición económica, todos podemos ser blanco de ella.

Cabe señalar que no existe la cultura de la denuncia, por lo que las estadísticas reflejan apenas una mínima parte de esta realidad. Por lo anterior, y con el propósito de frenar la extorsión, presento ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley que reforma, primero el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada mediante la adición de una fracción XI, reformando también el primer párrafo del artículo 3o, con el objeto de contemplar el delito de extorsión como un acto de la delincuencia organizada.

Segundo. Se modifica el artículo 390 del Código Penal Federal, aumentando la sanción a fin de inhibir este delito.

La propuesta de esta iniciativa busca atender los grandes reclamos de una sociedad que se siente vulnerable ante el crimen organizado. No más pago de piso y no más extorsiones en nuestro país. Hago un llamado a todos, diputadas y diputados, para que sin importar colores, así como nos hemos unido en las tragedias, sumemos hoy esfuerzos para garantizar un México en que la gente pueda vivir tranquila y trabajar en paz. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado, por su valiente intervención.

Pido a los patrocinadores del diputado Taja, la próxima vez le sugieran que venga con corbata. Gracias, diputado Taja, con todo cariño, usted lo sabe.

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, la iniciativa que acaba de presentar el diputado don Ricardo Taja Ramírez.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Patricia Sánchez Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 123 del Código Penal Federal.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados la corrupción es un verdadero lastre para el desarrollo y una afrenta para los mexicanos de bien. Lamentablemente hay que reconocer que la corrupción gubernamental es una práctica que ha venido creciendo en los últimos años, debido entre muchas otras cosas a la impunidad y falta de inversión en materia de justicia y seguridad.

Es un problema muy serio que está afectando, no solo el crecimiento del país, sino también el nivel de vida de millones de mexicanos y mexicanas. Hay datos de sobra que dan cuenta de la magnitud de la corrupción en México.

De acuerdo con el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el costo de la corrupción en nuestro país equivale al 10 por ciento del producto bruto. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción.

Esta situación ha colocado a México como la nación más corrupta entre los 34 que componen el OCDE y, peor aún, según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad solo el 2 por ciento de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción terminan en la cárcel.

Por esa razón el día de hoy vengo a presentar, ante esta tribuna, una iniciativa que adiciona dos fracciones del Código Penal Federal, para incluir los actos de corrupción y el lucro personal en desastres naturales en la lista de delitos, previstos en el artículo 123 de dicho Código.

Concretamente propongo que los corruptos sean considerados como lo que son, traidores a la patria y se les castigue como tales, así de simple. Es necesario que la corrupción y el núcleo personal en desastres naturales formen parte de los delitos cometidos por la traición a la patria, para que sean sancionados con prisión de 5 a 40 años y se inhiba esa conducta por demás nociva para el país y todos los habitantes.

¿Por qué hay que equiparar la corrupción con los delitos de traición a la patria? Porque al asumir un cargo público los funcionarios protestan y se comprometen a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, lo cual es evidente no sucede cuando traicionan la confianza de sus electores o sus jefes, por avaricia y ambición, cometiendo actos de corrupción. Además del daño, estos actos ocasionados son incalculables por todo lo que se deja de hacer, obra pública, asistencia social, educación, salud, apoyos al campo, etcétera.

No basta con que estos regresen el dinero que se llevaron, porque eso no regresa el tiempo. ¿Quién regresa las vidas de los que a muchos les han costado, como el caso del famoso socavón o paso exprés?

Con estas dos nuevas fracciones, el artículo 123 del Código Penal se fortalecería el artículo 109 constitucional, que prevé las sanciones para los servidores públicos y los particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado.

Diputadas y diputados, es tiempo de tomar al toro por los cuernos y legislar responsablemente llamando las cosas por su nombre, y si la corrupción es uno de los graves problemas del país, las penas para este delito deben de ser ejemplares...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo: ...equiparándolas al daño que produce, porque atenta contra nuestros derechos humanos y garantías individuales al afectar el desarrollo económico del país y el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más desposeídos y marginados.

No podemos permitir que los costos de la corrupción sigan afectando la economía y el desarrollo del país. Condenamos a los que hoy  lucran con el dolor humano para su propio beneficio.

Los funcionarios públicos corruptos deben de terminar en la cárcel, no merecen ninguna consideración y deben pagar por los delitos que cometen, ya que son traidores a la patria. Es todo. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Patricia Sánchez Carrillo. Querida paisana. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen. Diputado.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Buenos días. Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Blanco.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Buenos días, presidente. Para pedirle a la diputada si nos puede hacer el favor de permitirnos suscribir su iniciativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le ha hecho un majestuoso gesto de que sí.

Entonces, ruego a los señores oradores, en primer lugar, que se ajusten al tiempo y los diputados que van a adherirse a sus proposiciones simplemente pasen a esta Mesa Directiva, a la Secretaría correspondiente, a sumar con su firma su opinión.

La iniciativa de la diputada se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen y su otra iniciativa a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada, doña Blanca Margarita Cuata Domínguez. Presenta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Diputada doña Blanca Margarita, tiene usted el uso de la tribuna, tres minutos. Pero siempre somos flexibles con usted.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: “Morena es un movimiento que ha sido es y será pacífico”. Andrés Manuel López Obrador.

Con su venia, diputado presidente. Con fecha 29 de abril del 2016 esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario y a la Cofepris, ambas dependientes de la Secretaría de Salud, para que permitan conocer a la opinión pública y a la cadena productiva de plantas para tés, infusiones, aceites vegetales, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios.

Las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas, las que impiden su comercialización a través de los operativos de fármaco-vigilancia y hasta en tanto, se abstengan de realizar dichos operativos en perjuicio del sector.

Lo anterior, ya que dejan en estado de indefensión a los ciudadanos que son verificados por Cofepris de cumplir con las normas establecidas para la comercialización y venta de plantas medicinales.

Es el caso que no habíamos tenido respuesta a dicho punto de acuerdo, sin embargo, derivado de que se comentó en la comparecencia del secretario de Salud, dicha respuesta apareció por arte de magia. Pero más allá de eso, es preocupante que de ella se desprenda esta cita textual:

“Cofepris, si bien tiene competencia sobre el tema que nos ocupa, lo cierto es que los informes que contengan las bases científicas, documentos de toxicología y estadística de los efectos nocivos de las plantas establecidas en el acuerdo, no obran en los archivos de esta Comisión Federal”, Termina la cita.

Por lo anterior, es necesario resaltar que es obligación del Estado el asegurar el acceso efectivo a los servicios de Salud, pero también debe generar una normatividad moderna y eficaz que promueva el desarrollo de la herbolaria mexicana y la medicina tradicional, con reglas claras en beneficio de la sociedad, incentivando que el marco legal de las plantas medicinales pueda ser evaluado de manera sistemática y asimétrica con los medicamentos farmacéuticos, para verificar el impacto positivo o negativo que tienen en la sociedad. Así como desarrollar las bases para la realización de una fármaco-vigilancia efectiva y legal de productos naturales usados en tratamientos terapéuticos.

Por consiguiente y ante la falta de seguridad jurídica del gobernado ante el Estado, y ante la violación constante de Cofepris de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, por no fundar ni motivar de manera precisa sus actuaciones, es que debemos legislar en la materia para que eso no continúe sucediendo.

Por tal motivo, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Salud, con el fin de que haya un aprovechamiento de la medicina tradicional, proponiendo que se agregue la definición de remedio herbolario, que no se encuentra contemplada en la Ley General de Salud sino que, paradójicamente, se encuentra en el artículo 88del Reglamento de Insumos para la Salud.

Asimismo se propone adecuar la norma a las necesidades actuales del sector herbolario en razón de que la misma se encuentra desfasada de la realidad que vive el país, en cuanto a que está perdiendo la obligación del Estado en asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud aprovechando la medicina tradicional, de tal manera que se contradice la norma de salud con la propia Constitución.

Por otro lado, se propone hacer la adecuación de la ley vigente...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un momentito, diputada.

La diputada Cuata pidió a esta Mesa que se le diera una extensión de tiempo, y se la hemos concedido. Adelante, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Gracias, presidente.

Por otro lado, se propone hacer la adecuación de la ley vigente con el fin de adaptarla a la realidad de la cadena productiva del sector, mismo que se encuentra en desventaja con respecto a la infraestructura de las grandes empresas farmacéuticas, así como con las exigencias para la que fue creada la ley en mención, dejando sin oportunidad de subsistir y en algunos casos eliminando por completo las expectativas de desarrollo y crecimiento del sector herbolario naturista, teniendo como consecuencia de ello que sea menos competitivo ante las dichas empresas.

Debiendo mencionar que con la aprobación de esta reforma...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:... se busca abonar en gran medida al reconocimiento en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, que muestra a México como nación pluricultural que garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, asegurando el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional. Gracias, presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Margarita Cuata. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

La iniciativa de la diputada Patricia Sánchez Carrillo, se turna a la Comisión de Justicia también para dictamen.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por tres minutos, el diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Partidos Políticos. También presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

El diputado José Antonio Estefan Garfias: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Estefan Garfias: Compañeras y compañeros diputados. Comparezco ante el pleno de esta soberanía para presentar las siguientes dos iniciativas de ley en mejoramiento de la legislación mexicana.

La primera consiste en la modificación de diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social dado el régimen constitucional del sistema jurídico mexicano. Debemos recordar que la seguridad social es un derecho fundamental que rige bajo los principios del estado social de derecho, dignidad humana y solidaridad.

Corresponde a las instituciones de gobierno el garantizar el acceso a los servicios públicos ofrecidos por el Estado para mejorar el nivel de la vida de la población y asistir a todos aquellos que se encuentren en estado de necesidad y situación vulnerable.

Respecto al objeto de seguridad social, en la presente ley no se mencionan las características prácticas con las que deben contar los servicios de salud y atención médica con las que el Estado, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, está obligado a prestar a la población en general.

La medida restrictiva del artículo 134 de la Ley del Seguro Social no cumple con los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. En consecuencia representa una restricción al derecho a la seguridad social y a la pensión por orfandad de manera legítima y resulta una medida inconstitucional violatoria de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior es que propongo la modificación de los artículos 2, 41 y 134 de la Ley del Seguro Social, para brindar una mayor protección a la población en servicios médicos y laborales que garanticen mejores condiciones sociales para el debido cumplimiento de todas aquellas disposiciones establecidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como segunda iniciativa propongo la modificación de diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos que a continuación describo:

Los constantes escándalos de corrupción, el abstencionismo en las jornadas electorales, las manifestaciones en contra de la clase política y el uso indiscriminado de recursos públicos para financiar campas electorales, ha generado que los partidos políticos carezcan de credibilidad frente a los electores.

Ante la problemática social a la que nos enfrentamos hoy en día, y con la grave crisis presupuestal y económica que presenta el país, es necesario replantearnos el tema del financiamiento de recursos públicos que reciben los partidos políticos.

En materia de transparencia se deben realizar modificaciones a la Ley General de Partido Políticos, con el objeto de facilitar la rendición de cuentas en el uso de recursos utilizados por los mismos dentro de sus operaciones como organización política.

Es necesario que los ciudadanos exijan a los partidos políticos un buen uso de los recursos públicos y que efectivamente cumplan con los objetivos planteados en la propia ley que los regula.

Además como parte de las obligaciones que deben realizar los partidos para mantener su registro, es necesario mantengan su ideología política para la cual fueron creados y no se presten a manipulaciones personales que desvirtúen la esencia del propio partido.

Para cumplir con lo establecido en nuestra Constitución, es necesaria la modificación de los artículos 3, 25, 93, y adicionar el artículo 21 Bis de la Ley General de Partidos Políticos, y recuperar la confianza de la población, en general, para poder establecer vínculos de participación y comunicación social entre los representantes populares y sus electores, generando las mejores condiciones de colaboración y planes de desarrollo para toda la población. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

Gracias, diputado José Antonio Estefan. Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Partidos Políticos, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, por tres minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 6o., 7o., y 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Cesáreo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. La basura es el mayor problema ambiental que enfrenta nuestro país, ya que por día se generan alrededor de 86 mil toneladas diarias de residuos, que en su mayoría no se manejan de manera adecuada.

Los rellenos sanitarios solo cubren el 13 por ciento del problema, aún así no generan gran cambio, ya que solo hay montones de basura que no se degrada porque está almacenada en bolsas de plástico, un material que tarda aproximadamente 400 años en ser asimilado.

Esta basura acumulada, aunque esté bajo tierra, genera gases tóxicos, fauna nociva, ruidos, movimientos de la tierra y olores fétidos. En similar situación se encuentran las principales ciudades del país.

Ambientalistas advierten que la acumulación de residuos sólidos en los terrenos baldíos es uno de los principales problemas que afecta no solo a la Ciudad de México, sino a todo el país. Dada la importancia de que el servicio público de limpia ingrese a predios particulares, la imposibilidad de que el servicio público de limpieza acceda a predio particulares para recoger la basura, así como la falta de mantenimiento de estos terrenos por parte de sus propietarios, los problemas de contaminación y propagación de fauna nociva, se vuelven significativos y afectan la salud de la población.

Autor de dos libros sobre el problema de la basura, Padilla Massieu, señala que si bien el destino de los residuos es un problema mundial en muchos países, sobre todo en Europa, ya se han logrado avances extraordinarios bajo una sencilla fórmula, quien genera basura paga, desde el individuo hasta las empresas.

Hasta hace solo 30 años, la producción de desechos sólidos por habitante en América Latina y El Caribe era de 200 a 500 gramos diarios. Hoy puede alcanzar hasta 1.2 kilos por promedio regional de 920 gramos en toda esta zona. Esto lo reveló un reciente estudio de la Organización de Naciones Unidas.

En México hace 10 años un habitante producía 700 gramos de basura al día. Hoy produce alrededor de 1.600 gramos diarios, así es el triple de lo que genera un ciudadano europeo.

Héctor Castillo Berthier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en entrevista con Notimex que el problema de la basura no se limita a encontrar un nuevo tiradero. El asunto en la capital mexicana, como en otras ciudades del país, es que no existe una cultura de responsabilidad de desechos.

Muchas personas creen tener derecho a tirarlos en las calles porque dicen pagar impuestos, mientras que la mayoría de los empresarios no se hacen cargo del destino final de sus empaques, por ejemplo. Tampoco hay una ley para regular esta actividad.

Todos los desperdicios de comidas y restos de poda se pueden compostar, el papel y el plástico se pueden reciclar en su gran mayoría; sin embargo, muchos investigadores han encontrado que la participación en el reciclaje depende en gran medida de la ayuda estructural e institucional, como el suministro de contenedores de reciclaje en la acera y los contenedores de reciclaje en los hogares, cuando el objetivo es la gestión de la basura doméstica como punto de intervención, la necesidad de una amplia gama de enfoques que deben adoptarse incluyendo proporcionar contendores de reciclaje, proporcionando incentivos para desviar los residuos de los vertederos, el fomento de una norma social de compostaje mediante avisos en el punto de acción para aumentar la clasificación adecuada y muchos más, en México se separa diariamente apenas el 11 por ciento de la basura recolectada y solo 46 de cada 100 hogares hace un esfuerzo para separar la basura.

Derivado de lo anterior, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y VII del artículo 2o.; el artículo 6o.; la fracción XII del artículo 7o. y la fracción I del artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de establecer que tanto la federación como los gobiernos de las entidades federativas y los municipios se coordinen para promover la separación y el reciclaje de residuos. Es todo. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado don Cesáreo Jorge Márquez Alvarado. Quiero aprovechar este momento para pedir a esta asamblea le demos una cálida recepción a quienes hoy nos hacen el honor de participar de esta asamblea.

Nos acompañan, invitados por la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, representada por su presidente, maestro Raúl Martínez Hernández. Y, a él y a las 25 rectoras y rectores de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país, les damos un caluroso aplauso y les damos la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados.

Bienvenidos a nuestra Cámara. Gracias por visitarnos y dar fe de nuestro trabajo. Les deseamos la mejor de las suertes en la encomienda que ustedes tienen. Y les reiteramos, como siempre, que pueden contar con los diputados y con las diputadas para seguir luchando por el presupuesto de la educación del país. Muchas gracias, estimados rectores y rectoras. Gracias.

La iniciativa del diputado Márquez Alvarado se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y se le concede la palabra por tres minutos al diputado Adán Pérez Utrera, para que nos dé cuenta de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante el diputado Pérez Utrera.

El diputado Adán Pérez Utrera: Con permiso de la Presidencia. El federalismo mexicano es resultado de un proceso histórico definido en nuestro proyecto de nación, y no obstante ser una forma política originada en otros países, es totalmente acorde con nuestro mosaico regional y nuestra condición pluriétnica y pluricultural.

La historia no miente, nuestro país encontró en la forma de Estado federal la vía para la unión nacional, esta se impuso no sin retrocesos o estancamientos, a la visión centralista. No obstante, lo mismo que en el porfiriato que en el sistema postrevolucionario y principalmente con el partido hegemónico se intentó reducirlo para darle fortaleza política al sistema presidencialista.

El proceso de democratización que experimenta nuestro país desde los años 70 del siglo pasado no alcanzó a permear del todo al federalismo postrevolucionario, pese a que la ruta del cambio democrático partió de las regiones hacia el centro, pues fue en los municipios y luego en los estados donde se experimentaron las primeras alternancias y poco a poco el debilitamiento del sistema hegemónico.

El federalismo ha sido de las pocas instituciones políticas que no ha sufrido cambios fundamentales durante este proceso de transición democrática. Los artículos que estipulan facultades de primer orden al municipio y a los estados en materia política, económica y tributaria permanecen casi intactos.

Bien escribió don Daniel Cosío Villegas cuando señaló, que si el sistema federal se considera mayor que el central, es que el poder general y el local se limitan y contienen mutuamente. Desde 2013, Movimiento Ciudadano ha insistido en impulsar el fortalecimiento del federalismo al proponer que los gobiernos estatales y municipales dispongan no solo de mayores recursos para cumplir con sus obligaciones, sino que se liberen de las presiones políticas que desde el centro les impone.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, surgido en los años 80 del siglo pasado, llevó a que las entidades federativas y los municipios subsistieran con las participaciones federales convertidas en instrumentos de presión política, en una relación de control, tanto por la Secretaría de Hacienda como por las secretarías de Finanzas estatales.

No se puede seguir con esta lógica perversa y mezquina, que solo ahonda en un centralismo de facto. Por eso presento a esta soberanía una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que el Fondo General de Participaciones no se constituya ya con el 20 por ciento de los recursos de la federación, sino que sea Hacienda al 30 por ciento distribuido en un 20 para las entidades federativas y 10 por ciento para los municipios.

Los cambios al artículo 6o. plantean que las participaciones federales que reciban los municipios, incluyendo sus incrementos, nunca sean inferiores a este 10 por ciento. Dichos montos establecidos en los artículos 2 y 6 del Fondo General se aplicarían para el ejercicio fiscal de 2019.

Compañeras y compañeros diputados, es impostergable volver la mirada a los gobiernos locales y municipales como ejes de cohesiones sociales y articuladoras de la nación. Las entidades federativas deben retomar su función política y económica como parte fundamental de un todo.

Solo la fuerza de las regiones puede hacer fuerte al codo. Los municipios deben volver a su función básica de intermediarios directos entre la ciudadanía y su gobierno. Una reforma normativa deseable en tal sentido sería aquella que reconstruya las relaciones del gobierno y los ciudadanos y, sobre todo, sobre esto versa la presente iniciativa, que espero la aprueben en sus términos. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, la iniciativa del diputado Adán Pérez Utrera.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, por tres minutos, el licenciado y diputado Luis Manuel Hernández León, quien propone decreto que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Luis Manuel Hernández León: Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual se plantea una nueva forma de otorgar los créditos hipotecarios del Fovissste. El planteamiento consiste en que estos créditos se establezcan en pesos y que a la par de las deudas de los trabajadores por este concepto sean más fáciles de cubrir.

De acuerdo a la Ley, cuando el Fovissste otorga un crédito a una determinada cantidad, se establece una equivalencia del monto prestado en números de veces del salario mínimo vigente, lo anterior perjudica de alguna manera a los trabajadores, ya que la actualización del saldo de crédito se aplica en la misma proporción en la que cada año se ajusta el aumento al salario mínimo mensual de la Ciudad de México, independientemente de la tasa de interés sobre saldos insolutos que determina la Junta Directiva del propio instituto. Por lo tanto, el trabajador termina desconociendo en la práctica el monto exacto del crédito a pagar, así como el saldo insoluto.

Debo decirles, compañeras y compañeros legisladores, que el Fovissste a través de los años ha hecho un gran esfuerzo por cumplir su misión para con los trabajadores derechohabientes.

Hemos hecho mucho y, sin embargo, todavía hace falta redoblar esfuerzos, por eso consideramos que esta medida va a ayudar en mucho a que cubramos la totalidad de solicitudes de créditos del Fovissste en mejores condiciones, ya que también hay una nueva competencia con la banca privada que ha ido bajando las tasas de interés, esto ayudará a fortalecer las finanzas del Fovissste y estoy seguro que le dará credibilidad y confianzas en las instituciones del Estado mexicano a los trabajadores derechohabientes.

Por este motivo, en Nueva Alianza consideramos fundamental que los créditos hipotecarios se otorguen en pesos y que además se establezca una tasa de interés ordinaria, fija durante toda la vida del crédito.

Es necesario también mencionar, que el Infonavit como institución de seguridad social también del Estado mexicano ya ha dado pasos en esta dirección y es visible que ha logrado niveles de aceptación en los trabajadores por la claridad en que plantea, tanto el crédito como los intereses, como lo saldos insolutos.

Colocar al Fovissste en esta nueva dinámica lo va a colocar verdaderamente para que cumpla la misión de mejor calidad de vida con los trabajadores.

Tener una vivienda, todos los que venimos del sector laboral sabemos la importancia que tiene en la vida del trabajador y de sus familias, y entendemos perfectamente bien que esto ayuda a que el entorno personal, familiar y de nuestra sociedad adquiera mejores niveles en cuanto a su calidad.

Por último, quisiera llamarles a todos y cada uno de ustedes para que respalden esta iniciativa. Es en bien de los trabajadores derechohabientes del Fovissste. Es en bien del fortalecimiento de las finanzas. Es en bien de la credibilidad y confianza en las instituciones del Estado mexicano.

En Nueva Alianza buscamos transparentar y flexibilizar el actual sistema de cobro de intereses para los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste. Fortalecer el régimen de derecho de los trabajadores al servicio del Estado y sobre todo, proteger el salario y su poder adquisitivo.

Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con el bienestar de los trabajadores derechohabientes del ISSSTE, y particularmente del Fovissste. Por su atención y por el apoyo y respaldo que den a esta iniciativa agradecemos su atención.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado don Manuel Hernández León. Su iniciativa se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para dictamen.

La diputada Marisol Vargas Bárcena (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada. La diputada Vargas, por favor, sonido en su curul. Adelante.

La diputada Marisol Vargas Bárcena (desde la curul): Gracias, diputado. Buenas tardes. Nada más para precisar que es muy importante la iniciativa que ha presentado hoy el diputado, y también comentar que ya tuve la oportunidad la semana pasada y está en turno una iniciativa que yo presenté respecto a ese tema.

Entonces, pedir a las comisiones lo consideren. Me parece que es algo muy importante para todos los trabajadores de Fovissste, y en mi caso también lo ingresé para Infonavit y me parece que es algo que podríamos hacer en esta Cámara de Diputados un beneficio muy grande para todos los trabajadores. Y felicidades, diputado. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrada su intervención, diputada.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, adelante. Diputado Torres. Sonido a la curul del diputado. Adelante, Javier Pinto.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Sí, gracias, presidente. De igual manera, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitarle a nuestro compañero, primero, que nos permita adherirnos a dicha iniciativa, que sin lugar a dudas esta legislatura tiene la oportunidad y el momento histórico de hacer más por la clase trabajadora.

Así que de igual manera invito a las demás bancadas a que nos sumemos en este esfuerzo y les demos buenos resultados a los mexicanos, y que verdaderamente demostremos que estamos aquí para el bien de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Javier Pinto. Queda registrada su intervención.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora escucharemos por tres minutos a la diputada Cynthia García Soberanes, para presentar iniciativa que reforma el artículo tercero de la Ley General de Turismo.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Honorable asamblea, es un privilegio legislar en y para México, país pluricultural de profunda riqueza en que conviven diversas costumbres y tradiciones, las que han ido cobrando relevancia en las diferentes regiones geográficas, y que en las fiestas y tradiciones persisten y se arraigan aún más con el paso del tiempo.

Ejemplo, la tradición y fervor religioso en la celebración del 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, nuestra Guadalupana, que se congrega a cerca de 8 millones de devotos que acuden a la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Por ello lamentable confusión de algunos, entre militancia y feligresía. Tal celebración, según estimaciones de la Secretaría de Turismo local, dejó en 2016 una derrama de más de mil millones de pesos para la Ciudad de México.

El Día de Muertos, que se celebra con la puesta de altares en cada hogar para recordar a sus seres queridos, también es característica de nuestra cultura y hasta la fecha se han salvado de oportunismos políticos.

En específico en el estado de Hidalgo en fechas recientes se montó el altar más grande del mundo, ocupando una superficie final de 846.48 metros cuadrados, datos homologado por Records Guinness.

De la misma manera, es pertinente referirnos a Xantolo, la festividad dentro del mismo marco de la celebración para adornar a los muertos, más importante en la huasteca hidalguense, veracruzana, tamaulipeca, potosina y queretana. Estas tradiciones han colocado en particular al estado de Hidalgo, en el quinto sitio de interdestinos turísticos y playas, y en el décimo tercero en todo el país.

La derrama económica estimada para el presente año fue entre 250 y 300 millones de pesos, al atraer a más de un millón de turistas y visitantes. Todas estas actividades, tradiciones y costumbres deben ser promocionadas por todos los niveles de gobierno en nuestro país a través de diversas estrategias encaminadas a preservar valores, el patrimonio cultural, natural simultáneo, al turismo.

Lo anterior desde una perspectiva que garantice su respeto y conservación a través de un mayor conocimiento entre los turistas nacionales y extranjeros para intercambios interculturales fructíferos entre huéspedes y viajeros que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.

De acuerdo con la Carta de Turismo Cultural de Icomos, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios históricos y artísticos que ejerce un efecto realmente positivo, sobre estos en tanto y en cuanto contribuye para satisfacer sus propios fines a su mantenimiento y protección.

De esta forma el turismo justifica que los hechos, los esfuerzos de tal mantenimiento y protección exigen que la comunidad humana, debido a los beneficios socioculturales y económicos, se comparta para toda la población implicada.

A nombre del diputado coordinador de mi bancada Alejandro González Murillo, se propone a través de la iniciativa que ahora sometemos a consideración a la asamblea, incorporar dentro de la Ley General de Turismo, el concepto de turismo cultural. Con ello, desde la experiencia hidalguense, pero con visión de país, buscamos impulsar un mayor crecimiento económico en las regiones de donde provienen las manifestaciones culturales promoviendo el turismo cultural.

En México en que la cultura y turismo detonen el crecimiento nacional para que las próximas generaciones vivan mejor. Es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Cynthia García Soberanes. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por tres minutos, la diputada Brenda Borunda Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI. Va a presentar iniciativa que reforma los artículos 47 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Brenda Borunda Espinoza: Compañeras y compañeros diputados. En nuestro país hemos sido testigos de la vulnerabilidad en que vivimos las mujeres. Los asesinatos de la fiscal de Delitos Sexuales en Veracruz, de una conductora de Uber y el trato indigno y violento de un juez a su hermana en mi estado, Chihuahua, entre otros tantos casos que conocemos, es indignante.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor el primero de febrero de 2007 en respuesta a la alarmante situación en México en contra de las mujeres sin importar edad, profesión, escolaridad, estado civil, o si vivimos en zona rural o urbana.

Todavía el año pasado, 2016, el porcentaje de mujeres que fueron violentadas fue de 66.1 por ciento. Nos siguen haciendo daño, nos siguen desapareciendo, nos siguen matando.

Por eso, el día de hoy vengo ante ustedes a presentarles una iniciativa que busca la creación y difusión de protocolos que atiendan de manera expedita los casos de violencia contra las mujeres en todas sus formas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde la Procuraduría General de la República y las entidades federativas sean las encargadas de aplicarlo.

Si bien es cierto que la ley antes mencionada estipula creación de protocolos para atender inmediatamente la desaparición, la discriminación, el feminicidio, la trata, es necesario extender estas acciones a los demás tipos de violencia contra nosotras, y atender de la misma manera la violencia sicológica, física, patrimonial, económica, docente y laboral contra niñas y mujeres.

Un alto porcentaje de víctimas de violencia admitió no haber acudido ante una autoridad porque no creen que se pueda hacer algo y no confían en ellas, pues después de denunciar un delito siguen sintiéndose vulnerables. Esto es inaceptable. Se crean leyes y se firman tratados internacionales para brindar protección a nuestras mujeres y niñas, y no estamos obteniendo los resultados anhelados.

Tenemos que facilitar la denuncia y acelerar la atención. Tenemos que hacer algo para cambiar esta situación.

Es absurda nuestra realidad, ridículo que se registren cuatro feminicidios en promedio al día. Les pido que piensen si esta es la realidad que les gustaría para nuestras hijas y para todas nuestras mujeres, si esta es la realidad que queremos para nuestro país.

Reflexionemos sobre la urgencia de proteger a nuestras niñas y a nuestras mujeres, y que vayamos más allá de las buenas intenciones, que realmente seamos el cambio. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Borunda. Su iniciativa se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Diputada Jiménez, adelante.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Con el interés de adherirme, si lo permite la diputada, a esta iniciativa. Coincido completamente en dos puntos:

Uno, la violencia en contra de las mujeres en el estado, que ha sido además una condición de muchas décadas, no nueva, y esa condición pues la estamos tratando de mejorar desde muchas perspectivas, muchas personas con voces y plataformas públicas.

Por otro lado la agresión en contra de los choferes Uber, protegidos por gobierno federal en contra de ciudadanos concretamente, y avalados por la CTM. Creo que es un tema que tenemos forzosamente que ponerle una atención al estado de Chihuahua. Entonces me gustaría adherirme y sumarme a esta iniciativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se registra su intervención.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por tres minutos la diputada María Olimpia Zapata Padilla, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La diputada María Olimpia Zapata Padilla: Con su permiso, presidente. La iniciativa que les presento hoy responde a la preocupación ciudadana ante la falta de transparencia del ejercicio de los recursos que se destinan a atender desastres naturales.

Como todos sabemos, septiembre fue un me negro para México, resultado de fenómenos naturales que azotaron al país y dejaron cifras mortales.

A lo anterior debemos sumar miles de heridas y damnificados patrimoniales. Es cierto que el gobierno de la nación cuenta con instrumentos financieros de gestión de riesgos para mitigar las consecuencias de estos fenómenos, como el ya conocido Fonden.

A la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara, le toca fiscalizar la aplicación de estos recursos, reciben informes individuales de las auditorías que practique desde el comienzo año siguiente a aquél en que se utilizaron, si se ejercieron con honradez y eficiencia, y pedir que se castigue con sanciones del orden administrativo, penal y político a los responsables de dichos recursos  que los hubieren aplicado, violando las leyes, reglamentos, reglas de operación, montos convenidos y demás normas relacionadas con su ejercicio.

Si como es de esperarse el manejo de los recursos del Fonden destinados a reparar en parte el patrimonio de los afectados en septiembre, estos tendrían que rendirse a mediados de junio del 2018, es decir, 9 meses después de que se aplicaron, y además los recursos que se ejerzan a inicio de año, tendrán que ser a mediados del año del 2019, a menos que se presenten denuncias por desvío de recursos, anomalías en contrataciones.

En situaciones tan difíciles como las que le he venido relatando, la sociedad exige rapidez en la rendición de cuentas sobre la forma en que se están aprovechando las porciones del erario destinadas a reparar la infraestructura común y las edificaciones.

Compañeras y compañeros, atendiendo lo expuesto propongo reformar la Ley General de Protección Civil y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para darle a las y los ciudadanos, la oportunidad de crear entidades federativas donde deban ejercerse recursos del Fonden o instrumentos similares, comisiones que sean integradas por ellos mismos, que tengan el poder de requerir a las instancias responsables de la aplicación de dichos recursos, los documentos que respalden su actuación o un resumen de su contenido.

Con la información obtenida, las inspecciones que realicen estas comisiones habiendo informar trimestralmente a la población, a través de internet y la prensa cotidiana, los avances que se han seguido.

La propuesta en turno reconoce en la ciudadanía la capacidad de exigir un lugar en primera línea en el tratamiento de los asuntos que más interesan a su bienestar y, en consecuencia les otorga un derecho.

El integrar organismos de toda su confianza, eficiente para cuidar el uso de la ayuda dirigida a disminuir por lo menos en parte, los daños resultados de los acontecimientos extrahumanos que entendemos, pero nunca estará en nuestras manos evitar. Es cuanto, señor presidente.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada María Olimpia Zapata Padilla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palara por cinco minutos el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y le suplico prepararse a la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.

El diputado José Santiago López: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos en contra del modelo económico impuesto y puesto en marcha desde hace más de 30 años en el país. Modelo que se basa en socializar las pérdidas y privatizar la riqueza en unas cuantas manos.

Al día de hoy prácticamente todos los bienes nacionales están privatizados. Ahora toca trasladar esa visión errada a los recursos naturales, como el agua. No olvidemos que en el año 2015 en esta Cámara se intentó presentar un proyecto de dictamen que expedía la Ley General de Aguas, misma que fue pospuesta y mandada a la congeladora legislativa por la presión de organizaciones sociales, civiles y partidos de izquierda.

Dicho proyecto tenía por objeto lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal. Es decir, la privatización en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de generación, distribución y cobro del agua era –para ponerlo en términos sencillos– la versión hídrica de la reforma energética o la segunda parte del despojo de los recursos naturales del país, lo cual es inaceptable.

Al uso del agua para fines domésticos o personales, tal y como lo han establecido los tribunales federales en diversos criterios, debe dársele prioridad antes que algún fin lucrativo o pretensión comercial.

Por eso, el día de hoy someto a la consideración de esta asamblea una propuesta de modificación al texto constitucional del artículo 6o., a fin de que el derecho humano al agua y al saneamiento sea garantizado por el Estado como bien de dominio público para la nación mexicana. Eso por un lado, y por el otro, para que el consumo personal y doméstico de ese recurso natural sea prioritario en relación con cualquier otro uso como sería el comercial.

El vital líquido es un recurso natural limitado, pero de él depende la población para que pueda vivir dignamente y además es condición indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, como la salud, la alimentación y la vida misma, por mencionar algunos. Así lo ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, así como los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por estas razones, el también llamado oro azul debe ser considerado un bien de dominio público, se trata de apelar a la premisa del bienestar de toda la población sustentado por los principios de solidaridad, igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, políticas, económicas o culturales.

El Estado mexicano, de acuerdo al nuevo marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos, está obligado a proporcionar las condiciones que permitan la realización progresiva del derecho humano al agua, al agua potable y al saneamiento, hasta lograr una cobertura universal y para lo cual es ineludible priorizar el suministro de agua para usos personales y domésticos por encima de cualquier otro uso.

Es cuanto, señora presidenta. Espero que esta propuesta se apruebe en sus términos. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le agradezco, diputado Santiago López, y se turna su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por tres minutos la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar... Corrijo, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada presentará cinco iniciativas en una sola intervención.

La primera es con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. También iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores; de la Ley General de Víctimas, el artículo 93 de la Constitución Política, el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. Adelante, diputada.

La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputada presidenta. Las dos primeras iniciativas, las que reforman diferentes disposiciones a la Ley del IMSS y del ISSSTE surgen de esta necesidad de reconocer los derechos humanos de una manera amplia.

Estos ordenamientos que han servido para darles protección de seguridad social a las y los trabajadores en México se hicieron con una visión de familia tradicional y esta ha evolucionado con el tiempo.

Hay diversos elementos discriminatorios, por ejemplo, en contra de los hombres, quienes para tener acceso a las guarderías deben contar con la patria potestad de sus hijos, o bien ser viudos, mientras que los que no tienen esta característica, no tienen derecho, por ejemplo, a guarderías. Esto discrimina en última instancia a los niños, no a los trabajadores.

La otra cuestión, por ejemplo, para pensión de viudez, tienen que demostrar que son dependientes o que fueron dependientes de sus esposas, cuestión que las mujeres no tenemos necesidad de hacerlo.

También se presentan diversas restricciones para los derechos de las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, estamos presentando una reforma sin menoscabo a la que ya se encuentra detenida en la Comisión de Trabajo, que no ha sido dictaminada. Estas propuestas son muchísimo más amplias y comprensivas y recogen la experiencia que he tenido en la Presidencia de la Comisión de Seguridad Social.

Otra, que me parece fundamental en materia de seguridad social, es la que reforma el artículo 51 del IMSS en particular. Se trata de quitar la exigencia de las y los trabajadores que ya tienen las semanas acumuladas para tener el derecho a jubilarse y que se retiran del mercado laboral sin hacer el procedimiento de jubilación por más de tres años.

Actualmente la ley les pide volver a cotizar al menos un año, para recuperar el derecho a jubilarse, un derecho que ya tienen, que ya acumularon y que, sin embargo, se enfrentan con esta situación en una edad avanzada y que es muy difícil que consigan un empleo y que muchas veces se hace de manera ilegal, otros empresarios, amigos, conocidos los dan de alta y entonces les permiten recuperar sus derechos y para quienes no tienen acceso a ese tipo de ligas, pues simple y sencillamente el Estado mexicano les roba su dinero, les roba a las trabajadoras y trabajadores que no hicieron su trámite con tiempo.

La otra iniciativa tiene que ver con la Ley de Víctimas y en particular me preocupa que en esta se exija que para poder contratar peritos independientes, internacionales solamente se puede hacer en los casos en donde no haya esos peritos independientes en México.

El problema no es el trabajo de los peritos independientes, digo, los peritos aquí en México si existen o no existen, es que los que existen muchas veces en la mayoría de los casos no son independientes y por lo tanto lo que pasó, por ejemplo, la experiencia del GIEI, va a ser muy difícil que logremos tener otra experiencia en donde se haga una investigación tan independiente y con tanta claridad y sin ningún compromiso con el gobierno, de ningún tipo. Por eso es que estoy proponiendo esta reforma.

Y finalmente, la reforma al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene que ver con las comisiones de investigación que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, que en verdad entre tenerlas y no tenerlas da exactamente lo mismo. Es ampliar sus atribuciones, sus capacidades para investigar y para llamar no solamente a funcionarios públicos, a secretarios de Estado, sino a cualquier privado que haga uso de bienes que son bienes colectivos, como por ejemplo, las bandas de televisión o la telefonía. En fin, que se considere un problema de interés público y que podamos hacer una investigación en casos de fraudes, en casos de abuso, por ejemplo, con las mineras y la destrucción del medio ambiente, podamos hacer una investigación desde el Congreso y llamar a estos.

Y antes de terminar, diputada presidenta, quiero decirle que en la Gaceta aparece en el turno 21 las reformas que presento a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quiero solicitarle que la turne a la Comisión de Seguridad Social, porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social no tiene nada qué ver con esa ley, es en la Comisión de Seguridad Social donde atendemos esos asuntos y se lo agradecería rectificar el turno.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Esta Presidencia toma nota de su observación y por supuesto lo estaremos analizando en la Mesa Directiva.

Por lo pronto, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

Y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

Y aquella que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

La iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

Y quisiera hacer un reconocimiento a la diputada Araceli Damián González por su esfuerzo de síntesis para poder presentar estas cinco iniciativas.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para solicitarle la adhesión de varios diputados de Morena a las iniciativas de la diputada Araceli.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: La diputada expresa su consentimiento. Las iniciativas están a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto, por favor.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, presidenta. En el mismo sentido. Yo creo que es una iniciativa de gran trascendencia. Miles y miles de trabajadores mexicanos están en esos supuestos, y como la diputada bien lo explicó, después, para poder rehacer nuevamente su relación laboral, les exige la autoridad administrativa mínimo un año para poder volver a tener la antigüedad que venían cotizando. Incluso, es triste decirlo, que muchos trabajadores ya no pueden hacerlo porque desgraciadamente fallecen en ese lapso.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. También están a sus órdenes las iniciativas que la diputada ha presentado, y seguramente su acompañamiento en el trabajo de comisiones será muy importante.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por la propia diputada Delgadillo García, el diputado Jorge Álvarez Maynez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Pido que se prepare la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, señoras y señores, México es un país en el que a 55 millones de personas no les alcanza para vivir de manera digna. En el que 55 millones de personas viven por debajo de la línea de bienestar.

Lamentablemente, la frialdad de estas cifras no reflejan la angustia, el miedo y la desesperación de lo que es levantarse todos los días sabiendo que, sin importar que se haga lo que se haga, hay familias que no tendrán qué comer ni tendrán mecanismos para garantizar el bienestar de su familia.

Y mientras que esta es la realidad de México, El PRI se sigue encargando de que en este país la corrupción y aquellos que le han robado el dinero a la gente sean premiados. Mientras que aquellos que viven en pobreza son condenados, son castigados e incluso son criminalizados.

Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, existe la peor generación de gobernantes que ha tenido la historia de nuestro país, todos del PRI, los cuales se señala que han desviado cerca de 357 mil millones de pesos, robándole el futuro a muchísimos mexicanos.

O también la famosa estafa maestra, que tuvo un desvío de más de 7 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Esa secretaría, que es la encargada de combatir la pobreza, ha estado también involucrada en otros programas que no le han servido a México, como es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que de cruzada no tiene nada y que tampoco lucha en contra del hambre.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, hay duplicidad de programas en esta secretaría y tiene una serie de deficiencias en el diseño de sus programas. También ha quedado claro que no han atendido las necesidades de 55 millones de pobres en nuestro país.

Es importante también señalar aquí que no podemos olvidar quién fue secretario en el tiempo en el que se llevó a cabo la estafa maestra o en el que se han desarrollado pésimos programas para luchar en contra de la desigualdad. Pero, bueno, ese será otro momento para señalar quién ha encabezado este tipo de acciones.

Por otro lado, vemos casos como el de Ana María, una mujer que vive en pobreza, que por necesidad trató de tomar dos charolas de carne para alimentar a su familia y fue condenada a seis meses de prisión.

El robo por hambre es un grave problema que vive nuestro país y que nos enseña uno de los lados más salvajes y crueles del sistema que el PRI ha construido, que está basado en el abandono y la falta de oportunidades para que millones de mexicanos puedan salir adelante.

Se estima que en México hay más de siete mil personas que están recluidas en las cárceles y que pagan una condena de hasta 10 años por haber robado una mantequilla, un yogurt, un pan o un frasco de leche. Además, las mulas por estos casos son de alrededor de 13 mil pesos.

Esto es indignante, realmente indignante, si lo comparamos, por ejemplo, con los tres años que recibió de cárcel, un colaborador de César Duarte, que formó parte de su red de corrupción e impunidad y que le ayudó a desviar miles y miles de millones de pesos.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

La diputada Verónica Delgadillo García: De este tamaño es la injusticia en nuestro país. De este tamaño. Diez años de cárcel por robar un pan y solo tres aquellos corruptos.

Por eso, para concluir, Movimiento Ciudadano estamos empujando la intención de cambiar la realidad de nuestro país y por eso venimos hoy a tribuna para modificar el Código Penal Federal y diferenciar el robo por hambre, de este y otros delitos. Para que las personas que han robado por hambre puedan llegar a un acuerdo y evitar sanciones excesivas que las hunden en mayor desigualdad.

Tenemos que dejar claro que este sistema al que la clase política se aferra, solo produce pobreza y se sirve de ella. Por eso los diputados ciudadanos tenemos muy claro que la justicia tiene que dejar de ser una palabra que solo adorna los discursos de los políticos. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por tres minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Población.

Pido que se prepare la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Adelante, diputada.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo ante esta asamblea, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 3o. de la Ley General de Población, cuya finalidad es incluir en el texto de la misma, la facultad de la Secretaría de Gobernación para fomentar la plena integración de los repatriados al desarrollo nacional.

La migración es un fenómeno mundial que se da por diversas causas políticas, económicas, sociales o inclusive por la misma inseguridad. La pobreza y la falta de empleos dignos que permiten acceder a una mejor calidad de vida son las principales razones que empujan a las personas a alejarse de su lugar de origen en busca de mejores empleos, con la esperanza de poder brindar a sus seres queridos una vida mejor. El destino natural de quienes toman esta decisión, es por supuesto el país más cercano: Estados Unidos.

A lo largo de la historia se han ido modificando los grupos migratorios entre México y los Estados Unidos, pasando de ser habituales y tolerados a convertirse en un motor de campaña de xenofobia que contribuyó a llevar al Partido Republicano a ganar la Presidencia de aquel país. Ante este escenario, la vida cotidiana de millones de mexicanos que se vieron en la necesidad de abandonar su país se ha vuelto cada día más difícil.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, desde el mes de enero hasta la fecha del presente año, han sido repatriados algo así como 59 mil mexicanos que viene siendo ante este panorama una necesidad de que nuestro país constituya nuevas políticas públicas enfocadas a la migración. Entre ellas la implementación de nuevas fuentes de empleo para la población que retorna junto con sus familias, así también como la creación de programas de vinculación económica y de integración social.

La Ley General de Población tiene por objeto regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional con el fin de lograr que se participe de una manera justa y equitativa de los beneficios de desarrollo económico y social.

Dicho ordenamiento establece en su artículo 3o. la obligación de la Secretaría de Gobernación para dictar o ejecutar medidas relacionadas con el bienestar de la población. Sin embargo no incluye acciones afirmativas en favor de la población que es repatriada.

En Nueva Alianza consideramos, por lo tanto, que resulta imperativo impulsar los cambios que requiere una sociedad que se enfrenta a un reto mayúsculo debido al retorno de la población migrante. Así lo firmamos en nuestra agenda legislativa.

Es por eso que hoy proponemos reformar la Ley General de Población adicionando una fracción XIV al artículo 3o, a fin de establecer estrategias y políticas públicas para atender específicamente la situación por la que atraviesan los migrantes que regresan a nuestro país.

En Nueva Alianza asumimos un compromiso de brindar a los migrantes el retorno a las herramientas que contribuyen a facilitar la reinserción en sus comunidades y ofrecerles de manera...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, concluya, por favor.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: ...oportunidades de desarrollo. Que nuestros compatriotas vivan en Estados Unidos y que sepan que no están solos, ese es un mensaje del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Carmen Victoria Campa Almaral. Su iniciativa se turna a la Comisión de Población, para dictamen.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 64 Bis, 1 de la Ley General de Salud, y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Adelante, diputada, por favor.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. A pesar del considerable progreso que se ha hecho en la reducción de la mortalidad infantil, solamente en el 2015, con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles y que están relacionadas con el embarazo y el parto.

Una de las problemáticas que enfrentamos como país en materia de atención materno infantil, es cuando se presenta una emergencia obstétrica. Es precisamente la falta de respuesta pronta lo que ha evidenciado que tenemos déficit en recursos humanos capacitados, administrativos, económicos también, que respondan a este tipo de problemáticas, sobre todo que tengan la capacidad de responder a una emergencia justamente especializada en los temas obstétricos.

La falta de atención pronta y expedita es un indicador del grado de desarrollo social en el cual se refleja el nivel de injusticia y de inequidad al interior de la sociedad.

Por tanto y debido a los problemas de funcionamiento que se han detectado en los diferentes niveles de atención en establecimientos de salud, particularmente cuando se trata de las áreas de urgencias, la presente iniciativa tiene como objetivo que se capacite al personal que brinda esta atención a la salud para que atiendan con prontitud, con calidad, sin violencia y sin discriminación, a las mujeres embarazadas, brindándoles de manera adecuada un trato digno y la capacitación inmediata de resolución del sistema de salud, especialmente, insisto, cuando estamos hablando de alguna circunstancia que incluye una emergencia obstétrica.

Ellas, las mujeres, cuando hablamos en sus comunidades, nos refieren que a veces son objeto o de falta de atención, no se les escucha en relación a cómo se están sintiendo, y más aún cuando incluso ya tienen experiencia en labores de parto previas, y cómo inclusive, a veces, pues tenemos casos de mujeres que han tenido que tener a su bebé en un lugar ajeno a la propia clínica o al centro de salud.

El trato irrespetuoso e inclusive a veces, ofensivo, que se les da durante el parte en estos centros de salud, se refiere justo como un maltrato físico y psicológico real que están sufriendo nuestras mujeres. Viven, incluso, a veces, humillación y estos hechos no se deben de solapar, estamos hablando de dos temas que son importantes.

Por un lado el trato digno, sin faltas de respeto, sin trato que las disminuye en su dignidad, pero al mismo tiempo el tener la capacidad de responder a las emergencias obstétricas, son dos capacitaciones que estamos solicitando a partir de esta iniciativa.

Por ello, el manejo de complicaciones obstétricas debe considerarse como una prioridad para los servicios de salud, más aun cuando de esto se trata, que podamos prevenir algún tipo de discapacidad que disminuyamos los costos que implican una mala atención inicial que luego derivará en otros temas de atención, e inclusive a veces la muerte de la madre o del niño.

Compañeros legisladores, todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye ese derecho en atención digna, respetuosa, siempre, particularmente durante el embarazo y el parto. Ese derecho a no sufrir violencia ni discriminación tiene que ver con nuestra capacidad de involucrarnos con una situación que es real y que tiene detenerse.  Hagámoslo nosotros. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputada Norma Edith Martínez Guzmán. Agradezco que se haya ceñido al tiempo correspondiente, y su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género, para dictamen.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, secretaría.  Continuamos con la Declaratoria de Publicidad.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:

1. De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 42, recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación.

3. De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

4. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal.

5. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

6. De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

7. De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.

8. De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

9. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

10. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

11. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

12. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

13. De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

14. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

15. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Federal Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País.

16. De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 20 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

17. De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

18. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la Norma Oficial Mexicana sobre residuos sólidos urbanos.

19. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

20. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 417 y 444 del Código Civil Federal, y el artículo 323 del Código Penal Federal.

21. De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de reforma integral.

22. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

23. De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 111, 113 y 114 de la Ley Agraria.

24. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, y

25. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado secretario. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad, y se recuerda a las señoras y señores diputados que dichos dictámenes están ya publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus respectivas curules.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos: Con la venia de la Mesa Directiva.

A nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de su presidente, el diputado Jorge Estefan Chidiac, me permito poner a consideración del pleno de esta honorable asamblea el dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, correspondiente a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre del año en curso.

La Ley de Planeación es un ordenamiento fundamental para que el Estado dé cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 25 de nuestra Carta Magna y garantizar que el desarrollo de nuestro país sea integral, sustentable y que permita, entre otros fines, fortalecer nuestro régimen democrático, así como fomentar el crecimiento económico.

Sin embargo, esta ley fue expedida el 5 de enero de 1983 y han transcurrido casi 35 años sin que se haya hecho una reforma de fondo, lo que la ha convertido en un instrumento jurídico anacrónico en relación con los retos que México tiene que afrontar, en un mundo tan dinámico y que vivimos el día de hoy.

Sin embargo, el dictamen que hoy se somete a su consideración y aprobación tiene por objeto dotar al Estado mexicano de herramientas necesarias para implementar los elementos estratégicos que permitan una planeación nacional de desarrollo, con un enfoque orientado a los resultados y una perspectiva de largo plazo, que permita consolidar un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus fines y que además sea acorde con la visión y los principios plasmados en nuestra Constitución Política, así como aquellos adoptados mediante los tratados internacionales a los que México forma parte.

Ejemplo de lo anterior es la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para lo cual los estados miembros, entre los cuales se encuentra nuestro país, se han comprometido a realizar acciones para el logro de un desarrollo universal sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental y permitir que los seres humanos convivan en un mundo sin pobreza, hambre, enfermedad ni privaciones, un mundo sin violencia, en el que la alfabetización sea universal y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación sean lo común y lo cotidiano para todos.

La aprobación de este dictamen que hoy sometemos a la consideración suma esfuerzos a los ya realizados por nuestro país, ya que prevé la potestad para que las siguientes dos administraciones consideren en los planes nacionales de desarrollo, que habrán de aprobar esta honorable Cámara de Diputados, las estrategias necesarias para el logro de objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la agenda y con ello se institucionaliza, a través de esta ley, que el desarrollo de nuestro país pueda alinearse con los objetivos de la comunidad internacional, comprometidos a alcanzar los logros de sus fines.

Por otra parte, se ha detectado una laguna jurídica en la Ley de Planeación que ha obstaculizado la uniformidad, congruencia y seguimiento en la planeación nacional del desarrollo a lo largo de cinco sexenios desde su entrada en vigor, y es la falta de regulación respecto a los elementos de criterios mínimos que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, regionales e instrumentos, situación que además de lo anterior genera una gran discrecionalidad por parte del Ejecutivo federal, para determinar el contenido de cada uno de estos instrumentos e incluso cómo deben ejecutarse y darles seguimiento.

Por ello se considera necesario establecer la Ley de Planeación, los elementos mínimos que el plan de desarrollo y sus programas deben contener, para brindar certidumbre jurídica y estabilidad en los criterios que cada administración deberá cumplir en la elaboración, ejecución y seguimiento de los instrumentos de la planeación nacional del desarrollo.

Finalmente y no menos importante, se destacan las reformas relacionadas a la atribución exclusiva conferida en el artículo 74, fracción VII, de la Constitución Política de nuestra República, a esta honorable Cámara de Diputados, para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

En este sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propuso precisar el alcance de la atribución de la Cámara de Diputados en relación a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que envía el Ejecutivo federal, lo cual deberá enfocarse en la verificación de que dichos instrumentos incluyan los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de nuestro país.

Compañeras y compañeros, quiero reconocer ante el pleno de esta Cámara la voluntad y el consenso de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para aprobar el dictamen conforme a lo antes expuesto, pues se logró sumar esfuerzos viendo más allá de los principios y posturas de nuestras afiliaciones políticas, con gran visión para legislar por y para beneficio de México, por y para el desarrollo de nuestro país, por y para el bienestar de todos los mexicanos.

Y de manera muy respetuosa, los invito para que el ejercicio de democracia y unidad que logramos realizar en el seno de la comisión se replique en este salón, aprobando el presente dictamen que se somete a su consideración, anteponiendo y pensando siempre en el beneficio de México. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Héctor Ulíses Cristopulos Ríos, quien habla a nombre de la Comisión para fundamentar el dictamen.

Las propuestas... Adelante, diputado. Las propuestas de modificación al dictamen por parte de la Comisión, se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, previa lectura, si son de aceptarse.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Propuesta de modificación. Debe decir en transitorios: segundo. La reforma al artículo sexto entrará en vigor el 1 de abril de 2018. Asimismo, la reforma al primer párrafo del artículo 21 entrará en vigor el 1 de octubre de 2024, por lo que el presidente de la República que comience su mandato el 1 de diciembre de 2018 enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su aprobación, a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará, en caso de ser necesario, a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para que esta apruebe dicho plan en un plazo máximo de dos meses, contado a partir de que haya recibido el referido plan por parte del Ejecutivo federal.

En votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen en lo general con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por esta asamblea.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado las y los siguientes diputados y diputadas, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

Por parte del Partido Encuentro Social la diputada Nancy López Ruiz. Por parte del Partido Nueva Alianza, la diputada Angélica Reyes Ávila. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Uberly López Roblero. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado José Antonio Estefan Garfias. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado José Teodoro Barraza López. Y por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Olga María Esquivel Hernández.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene el uso de la palabra, reitero, por cinco minutos, la diputada Nancy López Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, suplicando que se prepare la diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza.

La diputada Nancy López Ruiz: Buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social el bienestar material de la sociedad tiene su origen en la libertad económica de sus integrantes. Sabemos que el mercado es el mejor mecanismo para distribuir los escasos recursos hacia las diversas e ilimitadas necesidades que tenemos. Sin embargo, también reconocemos las fallas que generan los mercados y, por consiguiente, la necesidad de intervención por parte del Estado para corregirlas.

Estos principios están claramente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al delegar al Estado la rectoría del desarrollo nacional para que este sea integral y sustentable, capaz de fortalecer la soberanía, la democracia, el crecimiento económico y la justa distribución de la riqueza.

Finalmente, se armonizan las disposiciones de la Ley de Planeación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las diputadas y diputados de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que de ser aprobada esta reforma, brindará al Ejecutivo federal facilidades para que elabore planes de desarrollo con miras de largo plazo que fortalezcan la vida democrática en el ámbito político, social y cultural, así como la competitividad y el crecimiento de la economía nacional. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le agradezco a la diputada Nancy López Ruíz. Y antes de cederle el uso de la palabra a la diputada Angélica Reyes Ávila, permítanme por favor saludar la presencia del presidente municipal del municipio de Santa Inés Ahuatempan, del estado de Puebla. Invitado por nuestra compañera diputada Edith Villa Trujillo. Bienvenido, ingeniero Rolando Artero Mendoza.

De igual manera, quiero dar la más cordial bienvenida al Campeón Mundial del Título Plata del Consejo Mundial de Boxeo, Julio Pollito Ceja, quien ha sido invitado por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Sean bienvenido y le reconocemos sus triunfos, campeón.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto. Quisiera comenzar señalando, que en Nueva Alianza estamos convenidos que con esta reforma a la Ley de Planeación, estamos dando cumplimiento a nuestra responsabilidad como legisladores.

El dictamen que hoy se presenta llega un poco tarde, toda vez que hasta antes de esta reforma se incluían figuras obsoletas, como la ya extinta Secretaría de la Contraloría de la Federación, hoy Secretaria de la Función Pública.

Además con esta reforma se actualiza y armoniza la Ley de Planeación acorde a las nuevas circunstancias que demandan los procesos de planeación en la administración pública federal y aquellos entes que reciban recursos públicos mediante convenios por parte de los órganos autónomos y de los gobiernos de las entidades federativas.

Se actualiza porque incorpora dentro del Plan Nacional de Desarrollo, los principios de derechos humanos, mediano ambiente sano, inclusión con perspectiva de interculturalidad y de género, la no discriminación y la participación de las personas con discapacidad. Principios que como sabemos ya están establecidos en otras normas jurídicas, comenzando por nuestra propia Constitución.

Esta es una reforma de fondo, que si bien puede ser perfectible, nos marca un camino hacia mejores prácticas de planeación entre los programas, las dependencias y el quehacer del Estado a través del plan nacional de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

El plan nacional de desarrollo es el gran instrumento que le permite al gobierno trazar los ejes prioritarios que marcan el rumbo del país en el futuro inmediato. Será remitido por el Ejecutivo a esta Cámara de Diputados para ser aprobado, lo cual permitirá la injerencia directa de este poder.

Sin duda alguna la planeación debe ser un mecanismo de evaluación, control y seguimiento que brinde información del desarrollo y el alcance de los programas del gobierno federal y, con ello, que nos permita observar sus fortalezas y sus debilidades.

Solo a través de los diversos indicadores que nos arrojen los programas, podremos saber la eficacia de los mismos. Así sabremos qué programas deben fortalecerse y cuáles deben replantearse.

Si bien la Secretaría de Hacienda dará el seguimiento a los programas, también implica un trabajo de corresponsabilidad entre las fuerzas políticas y la ciudadanía de estar atentos y vigilantes en cuanto a la correcta ejecución de las acciones encaminadas a conseguir los objetivos gubernamentales a fin de cerrar las brechas de desigualdad social que impulsen el crecimiento y desarrollo económico, que eleven la calidad de la educación y en general que nos lleven al México próspero que todos aspiramos.

Por tal motivo, también es una reforma que cruza los ejes de la transparencia y rendición de cuentas, ejes fundamentales para el desarrollo democrático de nuestro país. En Nueva Alianza nos gusta sumar.

Como lo dije anteriormente, todas las normas son perfectibles. Hoy tenemos esta oportunidad y sabremos que esta reforma a la Ley de Planeación constituye un paso más hacia mejores prácticas en la administración pública federal, y por parte de aquellos entes que reciben recursos públicos en el marco del plan nacional de desarrollo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, presidente.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Le suplico que el diputado Uberly López Roblero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se prepare por favor.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señora presidenta. El dictamen que se presenta para reformar la Ley de Planeación, es muy importante. Se percibe que las propuestas se encaminan a reactivar uno de los principales instrumentos para la conducción económica, social y hasta política del país.

Movimiento Ciudadano reconoce el importante papel que la planeación debe tener. Sin embargo lamentamos que tantas propuestas de modificación signifiquen que la planeación se haya convertido en un instrumento de legitimación, porque a todas luces el Plan Nacional no pasa una prueba de ácido entre los hechos y los alcances definidos.

La bancada ciudadana votará a favor de reactivar este instrumento. No obstante estamos convencidos de que se requiere mayor consenso y otro mecanismo de diálogo e intercambio para las modificaciones de fondo.

No se trata de aprobar pesos y contrapesos al gobierno siguiente, se trata de recuperar el papel activo de la planeación por el bien de todos los mexicanos, no solamente de unos cuantos.

Se trata de revertir las malas prácticas de separarse de las metas planeadas, se trata de generar nuevos consensos que devuelvan la confianza y la credibilidad mermada hacia las acciones de gobierno, se trata que la planeación contribuya al acercamiento de la ciudadanía con su gobierno, se trata de poner la resilencia como criterio en la política de planeación nacional, en donde mi compañera Mirza Flores presentará reservas sobre este importante tema que está fuera del dictamen.

Ampliar la participación de la sociedad en la consulta ciudadana para la elaboración del Plan Nacional con foros presenciales y virtuales, que incorporen herramientas tecnológicas de discusión y recepción de propuestas.

Hemos propuesto el seguimiento trimestral de los avances y alcances de la acción gubernamental con indicadores establecidos que observen el vínculo de los hechos de gobierno con los diagnósticos plasmados en el propio Plan.

Así como también hemos planteado dejar muy claros los tiempos para los que la Cámara de Diputados emita sus opiniones sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, así como los tiempos para la respuesta federal y los días para someter a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

Los consensos de reformas que regresen el papel que debe tener la planeación en México, deben incluir medidas importantes para asegurar y vigilar el tiempo y forma del ejercicio presupuestario.

Caso relevante es el tiempo del ejercicio de manera tal que igual se debe de incluir en el Plan Nacional la ruta crítica anual del presupuesto para lograr un eficaz vínculo con las metas y objetivos nacionales. Hablamos de una reforma consensuada en el artículo 27 de esta Ley de Planeación.

Otro consenso requerido es llevar el alcance de transparencia de la propia planeación a un nivel que no se limite a los portales de internet de las dependencias federales, aunque reconocemos la facultad que se le otorga al Congreso en esta reforma, la participación de Hacienda debe de ser facilitador en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, y posteriormente asumir un compromiso honesto y eficaz para el seguimiento participativo y la evaluación de resultados anuales del Plan Nacional con el establecimiento de controles presupuestales sobre el ejercicio fiscal y su apego a los alcances periódicos de las metas y objetivos, esto como carácter de urgente. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Y se le concede el uso de la palabra, como ya había sido anunciado, al diputado Uberly López Roblero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Suplico al diputado Vidal Llerenas Morales, prepare también su intervención.

Antes de que inicie la intervención del diputado Uberly López, quiero saludar a estudiantes de la universidades Educem y Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río, así como de la Unión de Ejidos de Emiliano Zapata, del municipio de Querétaro, invitados por nuestro querido compañero Hugo Cabrera. Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas. Adelante, diputado.

El diputado Uberly López Roblero: Muchas gracias, presidenta. La iniciativa que da origen el presente dictamen, fue remitida en la Cámara de Diputados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre de 2017, y tiene como objetivo principal establecer las normas y principios básicos con los que habrá de realizarse la Planeación Nacional de Desarrollo.

En los artículos 2, 4, 9, 21 se prevén modificaciones sobre los principios que deben considerarse en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales  estableciendo que este deberá contemplar precisiones para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, mismo que está previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También establece que se habrán de garantizar los principios de equidad, inclusión, no discriminación y la obligación del Estado para promover, respetar y garantizar no sólo los derechos humanos reconocidos por la Constitución, sino también aquellos previstos por los tratados internacionales de los que México es parte.

En el artículo 21 del presente dictamen se incorpora la ley, que si bien el Plan Nacional de Desarrollo no puede tener la temporalidad mayor al del periodo constitucional del presidente de la República que lo emite, deberá contener al menos consideraciones y proyecciones para los próximos 20 años, tomando como base los objetivos generales establecidos en los tratados internacionales y las leyes federales.

Con esta reforma se acortan los tiempos de presentación, aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan Nacional de Desarrollo para las próximas administraciones a partir del 1o. de diciembre de 2024.

En cuanto al contenido del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma plantea que este contempla al menos un diagnóstico general sobre la situación de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional y los objetivos específicos que hagan referencia al impacto positivo de los temas prioritarios.

Celebramos también los cambios al artículo 9o., en el que se le otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad para dar seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el logro de sus objetivos y metas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Dado lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos a favor del presente dictamen, dado que representa un avance significativo en cuanto hace a la planeación del desarrollo nacional con acciones, como la obligación de evaluarla bajo un enfoque basado en resultados y darle seguimiento a los avances con mayor transparencia.

Estamos convencidos que con su aprobación estaremos dando pasos firmes para que la planeación del desarrollo en nuestro país trascienda la actual visión de corto plazo y se enfoque en delinear acciones y políticas públicas necesarias para resolver los grandes problemas nacionales, muchos de los cuales requieren soluciones transexenales para que sean realmente efectivas. No se trata de puntos de vista políticos, sino de puntos de vista de Estado. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Uberly López Roblero.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, al diputado Vidal Llerenas Morales por cinco minutos. Y, por favor, prepárese el diputado José Antonio Estefan Garfias.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con permiso de la diputada presidente. Bueno, la pieza de legislación que vamos a votar el día de hoy es parte de reglamentar algo establecido en la Constitución, que es que el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, en realidad opine sobre el Plan Nacional de Desarrollo. No es un proceso propiamente de aprobación, porque no hay una sanción, no es vinculante la opinión. Entonces en realidad será un mecanismo de sanción política del Plan, en donde la Cámara opinará sobre el mismo.

Será pues un proceso democrático en donde esta Cámara tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

Se modifican algunas otras cuestiones que tienen que ver con el proceso de planeación, con el proceso presupuestario, que en realidad nos deberían llevar en el futuro cercano a una nueva Ley de Planeación. Tendríamos que aceptar que el proceso de planeación que hoy tenemos no es el proceso adecuado y que esta ley es una ley de hace muchos años, no es la que necesitamos y que los intentos por incorporar elementos de resultados indicadores en la presupuestación y en la planeación, han fallado en este país.

Hemos tenido avances en ciertos temas de evaluación de política pública, pero que no tienen reflejo en las revisiones presupuestales ni de política pública, además de este debate que hemos dado en esta Cámara en el sentido de que no hay los suficientes controles en términos de transparencia y de monitoreo de las finanzas públicas.

Son temas pendientes. En varios de esos temas haremos varias reservas. Nuestro voto será a favor en virtud de lo positivo que resulta que la Cámara se exprese en este sentido y del mandato constitucional para hacerlo.

En realidad el país sí tiene un problema de planeación en general del desarrollo y de la economía. Si uno analiza lo que ha pasado en los dos últimos sexenios de este país, es importante analizar los dos últimos sexenios juntos, porque fíjense que ahora para ser candidato del PRI es requisito indispensable haber formado parte del gobierno de Felipe Calderón. Es el nuevo requisito ya establecido y por lo tanto lo interesante es comparar ambas administraciones.

Por ejemplo, en estas administraciones el crecimiento económico fue solamente de 2 por ciento, o en las dos anteriores había sido de 2.6 por ciento. Esto demuestra cómo esta falta de planeación ha llevado a un mal resultado económico de este país.

Los requerimientos financieros del sector público, la deuda, pasaron como de 30 por ciento del PIB a más del 50 por ciento. Es decir, tampoco tuvimos un mecanismo para poder plantear y poder planear el endeudamiento. ¿O cómo fue que pudimos doblar la deuda pública sin proyectos de inversión de largo plazo? El endeudamiento es también el resultado de que no tenemos un proceso de planeación adecuado.

Si nos vamos a la pobreza, pues la pobreza de patrimonio pasó del 43 por ciento al 53 por ciento de la población, y también de la extrema, hay como nueve millones de pobres extremos más en el país. Es decir, lo que tenemos es un país con más deuda, con menos crecimiento económico y con más pobreza. En ese sentido, hay una responsabilidad de quienes tomaron las decisiones de política económica en estos años.

Lo que hoy está en juego, lo que hoy está en discusión en la palestra política nacional es la necesidad de cambiar el rumbo, es la necesidad de sí tener buenos resultados en este país.

El ingreso promedio de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos también en este periodo cayó 14 por ciento. Es decir, se generan empleos de mala calidad y, en general, la masa salarial del país ha caído.

¿Qué tenemos y qué creo que no se resuelve con esta Ley de Planeación? Buenos resultados de la política económica y buenos resultados del gobierno. Lo que se requiere es un cambio de rumbo del país, con una visión distinta, con una visión que le pueda dar al Estado la responsabilidad de cambiar la desigualdad, de generar riqueza y de generar desarrollo, y eso va a suceder si cambiamos las agendas y las personas de este país.

Lo que le urge a México y lo que es importante si estamos hablando de planeación del desarrollo es la que la economía crezca, que los salarios sean adecuados, que el país no se endeuda. Absolutamente lo opuesto de lo que sucedió en las administraciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos la única alternativa política real en este país es proponer cambios en la política económica a que nos lleven a tener resultados distintos.

Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos con las mismas políticas económicas, si siguen las mismas personas tomando estas decisiones de política económica, el resultado será el mismo: más pobreza, bajo crecimiento y más endeudamiento. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Vidal Llerenas Morales.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Suplico al diputado José Teodoro Barraza López, prepare su intervención.

El diputado José Antonio Estefan Garfias: Con su anuencia, señora presidenta. Diputadas y diputados, esta aprobación del dictamen relativo a la planeación en México no ofrece en sí mismo mejorar los números, superar la pobreza, darle transparencia a la opacidad o garantizar que de la noche a la mañana con este simple cambio tendremos un México distinto al que hemos visto en los últimos tres sexenios.

Lo que sí es claro es que este esfuerzo que hicimos en la comisión, permite hoy de mejor manera darle las facultades al Congreso para opinar y aprobar una Ley de Planeación que aspiramos cada día sea mejor, porque tiene espacios que todavía son muy perfectibles.

Con un sentido de responsabilidad, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo con las reformas y adiciones como yo decía, a diversas disposiciones de la Ley de Planeación, contenidas en este dictamen a discusión, ello es así debido a que son congruentes con el mandato establecido en el artículo 74, fracción VII de la Constitución que a la letra dice: aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley.

En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el plan se entenderá aprobado. Así con las disposiciones contenidas en la Ley de Planeación queda clara la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo a esta Cámara de Diputados. Esto es un gran cambio.

La Cámara de Diputados deja de ser entonces un acompañante de la planeación y se convierte en una autoridad que aprueba, no a lo que proponga el Ejecutivo, lo que corresponde en legislación secundaria es desarrollar la operación de esta nueva facultad.

Esto no es un asunto menor ni de semántica, como ya lo decía, es cuidar y hacer ver la facultad que la Constitución establece para la Cámara de Diputados. Queda claro y así se señalará con precisión, que no habrá intervención del Senado más allá de lo establecido en la Constitución. Y que no habrá adecuaciones al Plan Nacional de Desarrollo para darle fuerza, relevancia y sentido sin que esto suceda sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

Simplemente deseo expresar leyendo lo que el artículo 21 dice: el presidente de la República enviará un Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan de Desarrollo dentro del plazo de dos meses, contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el presidente de la República.

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquella para su aprobación en un plazo máximo de 30 días.

Por estas razones y entendiendo que se trata de una ley todos los días perfectible a favor de la sociedad mexicana, mi bancada, la bancada del PRD en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ha aprobado en lo general este dictamen y anunciamos una reserva presentada, que presentará la diputada Cecilia Soto en términos de la inclusión de la denominación de pluriculturalidad dentro de los aspectos que corresponden a la materia de planeación.

Muchísimas gracias. Gracias por su anuencia, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado José Teodoro Barraza López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y suplico se prepare la diputada Olga María Esquivel Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.

El diputado José Teodoro Barraza López: Con su venia, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, el día de hoy estamos dando un paso verdaderamente significativo para el fortalecimiento de las instituciones de la República. Con la aprobación del presente dictamen de la Comisión de Presupuesto Cuenta Pública, estamos ante un asunto que desde ya hace varios años se había propuesto y que no había sido valorado en forma debida por el Congreso de la Unión.

Se trata en función de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, de la regulación de su contenido, así como el establecimiento de las bases de coordinación del titular del Ejecutivo federal con la administración pública federal, para su elaboración.

Asimismo, se precisa la función de control parlamentario que ejercerá la Cámara de Diputados en cuanto al contenido, presentación, revisión y, en su caso, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Es, sin duda, un paso enorme en lo que se refiere a la división de Poderes y al sistema de pesos y contrapesos sobre los que se debe sostener la República.

Hemos visto desde hace varios años que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha visto mermada por la situación política del país. La ceremonia del Informe de Gobierno, que era un espacio en el que los actores políticos de ambos Poderes, de todos los colores e ideologías, dábamos nuestra visión sobre el estado que guarda la nación, ya no se lleva a cabo. En una suerte de exclusión del diálogo, de una división, no de Poderes sino de ideas y agendas políticas.

Hoy la forma en que el Legislativo hace valer su poder ante el presidencialismo es muy reducida y se concreta solamente a los espacios marcados para comparecencias, preguntas parlamentarias y la aprobación del paquete económico año con año.

No obstante, la Cámara de Diputados no participa en nada en términos de la planeación programática de los asuntos más importantes que competen al país durante todo un sexenio.

Con la posibilidad de que los diputados podamos analizar y, en su caso, aprobar el  Plan Nacional de Desarrollo, estaremos en aptitud de contribuir a que el desarrollo nacional integre no sola la visión del Ejecutivo, sino también de la pluralidad que da vista a esta asamblea legislativa.

A los legisladores del PAN nos importa mucho que la planeación programática nacional se lleve a cabo en un ejercicio profundo de diálogo y consenso, que el Plan Nacional de Desarrollo surja del consenso y no de la imposición. También estaremos ante planes de desarrollo que puedan ser revisados en cuanto a su nivel de cumplimiento y auditados en términos del impacto social que están generando.

Diputadas y diputados, con la aprobación de este dictamen dejaremos atrás la práctica del dedazo en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, para hacer de su proceso de aprobación una práctica más democrática y deliberativa. En Acción Nacional estamos ciertos de que la participación de un mayor número de actores en la deliberación del plan, hará que tengamos una perspectiva común sobre lo que como país tenemos que hacer para nuestro presente y ver por un mejor futuro.

Estamos seguros que una planeación por consenso y no por imposición nos llevará a sentirnos más parte a todos los mexicanos de los proyectos de desarrollo del país que hoy vemos tan alejados de nuestra realidad.

Por estas razones, compañeras y compañeros, Acción Nacional votará a favor de este dictamen. Votaremos a favor de presupuestos mejor estructurados. Votaremos a favor de la eficacia gubernamental. Votaremos por una efectiva división de Poderes, por instituciones republicanas más sólidas y más democráticas. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga María Esquivel Hernández, del Grupo Parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional.

Se informa a la asamblea, que al concluir esta intervención terminan temas y termina también el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Adelante, diputada.

La diputada Olga María Esquivel Hernández: Con su venia, señora presidenta. La Ley de Planeación es sin duda alguna un instrumento fundamental del Estado para la definición e implementación de las políticas públicas que deben orientar la actividad pública.

Como diputados del Grupo Parlamentario del PRI y como mexicanos buscamos hacer posible el futuro, planear por el futuro que deseamos, y en este sentido obtener una planeación orientada a resultados a través de fortalecer los programas presupuestarios que se contemplan en cada Presupuesto de Egresos de la Federación para que las dependencias y entidades puedan alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la administración pública en el logro de los objetivos y las metas de dichos instrumentos, publicando dicha información en el portal de transparencia presupuestaria, como ya se hace en esta administración encabezada por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Contar con un marco jurídico que permita prever e implementar los elementos estratégicos necesarios. Permitir que los organismos constitucionales autónomos participen en la elaboración y ejecución del plan nacional de desarrollo.

Establecer que la Cámara de Diputados deberá verificar que el plan nacional de desarrollo incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.

Garantizar que el informe sobre el estado general que guarda la administración pública federal haga mención expresa a las acciones y resultados obtenidos, relacionados con la ejecución del plan nacional de desarrollo y en su caso a los programas sectoriales, así como armonizar las disposiciones de la Ley de Planeación con las relativas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta ley tiene por objeto definir las bases, los principios y los procedimientos para la organización y el funcionamiento del sistema nacional de planeación democrática previsto por el artículo 26, apartado A de nuestra Carta Magna, así como los criterios necesarios para que la planeación sea un medio eficaz que permita al Estado cumplir con su responsabilidad sobre el desarrollo integral y sustentable del país y que garantice la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, económicos y contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, con la aprobación de este dictamen habremos de orientar la planeación del desarrollo con un enfoque orientado a resultados y una perspectiva de largo plazo, pues aunque la vigencia del plan nacional de desarrollo seguirá siendo sexenal, el Ejecutivo federal deberá contemplar en su elaboración proyecciones de por lo menos 20 años.

Con esta reforma, el plan nacional de desarrollo y sus programas, con independencia del partido político que ostente la titularidad del Ejecutivo federal, deberán elaborarse previendo que estos contengan por lo menos un diagnóstico general sobre la situación de los temas prioritarios o la problemática que habrán de atender.

La regulación de los aspectos anteriores representa la oportunidad para que la planeación nacional se oriente con el establecimiento sistemático de indicadores y de metas. Con la aprobación de esta iniciativa estaremos subsanando una laguna jurídica que generaba gran heterogeneidad sobre la forma que debían definirse y darle seguimiento a los instrumentos de la planeación nacional de desarrollo.

Por todo lo anterior las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, pues estamos convencidos de que esta reforma representa la oportunidad de actualizar el marco jurídico para que el país cuente con mejores instrumentos de planeación y lograr el nivel de desarrollo y bienestar al que aspiramos las mexicanas y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Olga María Esquivel, Olguita María Esquivel Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y por tres minutos, los siguientes diputados: diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada María de la Paz Quiñonez Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado Alejandro Armenta Mier, por tres minutos.

El diputado Alejandro Armenta Mier: Con el permiso de la Mesa, presidenta, muchas gracias. Diputadas y diputados, en Morena estamos a favor de gobiernos que acompañados por los ciudadanos como condición básica de legitimidad respondan de manera eficiente y eficaz a las necesidades del desarrollo de nuestro país, como lo establece la Ley de Planeación, pero que en la ejecución los gobiernos de los tres órdenes hacen poco caso.

Sin una consulta amplia e informada, ningún grupo debe ni puede tomar decisiones para transferir la riqueza nacional. Ese es el problema, la distribución de la riqueza, la deshonestidad y la corrupción.

Actualmente los privilegios de unos cuantos contrastan con las necesidades de una mayoría ajena a la distribución de la riqueza y desde luego del Presupuesto federal.

Los planes de desarrollo son letra muerta para los gobernantes, lo mismo en el ámbito municipal, estatal y federal, quienes lejos de generar políticas de Estado, derrochan el dinero del pueblo en ocurrencias y caprichos, beneficiando con negocios a sus amigos y entregando a inversionistas privados los activos públicos con procedimientos plagados de corrupción.

En Puebla, la capital de la corrupción, por ejemplo, se ha entregado el agua a empresas privadas, y hoy, hoy pretenden cobrar 100 pesos por cada alumno inscrito en el sector educativo, barbarie que solo justifica el apetito de los que han saqueado a la entidad.

La deuda nacional y la deuda de los estados pone en evidencia el fracaso del sistema de planeación democrática, por eso Morena está a favor de que en esta Cámara se discuta, se analice la importancia de la planeación, pero sobre todo, la verificación de que los recursos materialicen estos programas operativos anuales, los objetivos y metas que buscan el verdadero desarrollo humano en todo el país de manera integral.

Es muy claro, es muy simple. El sistema de planeación mandata cuáles deben de ser la prioridades en el país. En el sector económico sin dividir el sector primario del secundario y el terciario, porque cuando se clasifica al sector primario de la producción, lo único que se está haciendo es dejarlo fuera de la distribución del presupuesto.

Ejemplos tenemos muchos en el país, de cómo la planeación ha sido un fracaso. Les voy a dar uno, el museo más caro del mundo, y por eso refiero a Puebla. No es posible que en el país haya pocos recursos para el campo y se inviertan 15 mil millones de pesos en un museo. No es posible que en el país tengamos familias en las comunidades indígenas abandonadas, y se destinen recursos para obras de ornato.

Por eso, para el Grupo Parlamentario de Morena es fundamental que esta ley al discutirse y al aprobarse en esta Cámara, logremos su validación. Con esta reforma, y por eso vamos a favor, con esta reforma la ley es un paso lento contra las ocurrencias gubernamentales.

Esta reforma es un pequeño paso contra las corazonadas de los gobernantes que dictan políticas públicas porque no conocen las políticas de Estado.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

El diputado Alejandro Armenta Mier: Esta reforma –concluyo–. Esta reforma es sin duda un avance frente a los intentos patrimonialistas aristocráticos de los que hacen del dinero público su derroche privado. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada María de la Paz Quiñonez Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por tres minutos.

La diputada María de la Paz Quiñonez Cornejo: ¿Cómo están? Con su permiso, diputada presidenta. Diputados, diputadas y ciudadanos, como dijera Piter F. Drucker, lo que se mide mejora. Un plan de desarrollo medible y con objetivos claros no proyectará inexorablemente un mejor devenir.

México cuenta hoy con un importante instrumento de política pública, como lo es la planeación nacional del desarrollo, a través de la cual se logra y consolida el proyecto de nación consagrado en nuestra Constitución.

El Sistema Nacional de Planeación se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo, que presenta el Ejecutivo federal cada seis años y donde se señalan los grandes objetivos nacionales orientados al logro del proyecto de país que señala la Constitución e imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y el objetivo de bienestar social.

La Ley de Planeación que hoy nos ocupa reglamenta los artículos 25 y 26, como se ha mencionado anteriormente. Son constitucionales estos artículos y fundamentan la potestad del Estado mexicano sobre la rectoría del Estado, y regula la facultad del Ejecutivo en materia de participación y consulta de la sociedad en el Sistema Nacional de Planeación, así como fijar los criterios para formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas a los que debe sujetarse la administración pública federal.

Durante los últimos años nuestro país está inmerso en una constante transformación, lo que exige la actualización de la Ley de Planeación para que esta norma jurídica esté acorde a los nuevos tiempos y enfrente los retos comunes que demandan acciones coordinadas entre las naciones, como son la desigualdad en y entre los países y regiones, la desigualdad entre hombres y mujeres, el cambio climático y la imperiosa necesidad de vivir en un planeta limpio.

Al respecto, en septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece un plan de acción basado en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tal resolución adoptada por miembros de esta organización también fue tomada por México. De ahí la necesidad de actualizar la Ley de Planeación para ampliar la consulta social en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Al respecto, la reforma prevé la participación de las personas con discapacidad en la planeación nacional, otorgándoles todas las herramientas necesarias para tal propósito, así como para contemplar la perspectiva de interculturalidad y de género e incluir los planeamientos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Esta reforma amplía la participación de las entidades y dependencias de la administración pública a los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los particulares, para contar con un desarrollo equitativo, incluyente e integral, sustentable y sostenible, además de considerar los objetivos ambientales y realizar las adecuaciones para incluir a las futuras alcaldías y delegaciones de la Ciudad de México.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Si me permiten un segundo, estoy por concluir.

Se contempla también la incorporación de indicadores del desempeño que permitan conocer el diagnóstico e impacto de los programas en los grupos de población a beneficiar y distinguiéndolos por origen étnico, género, edad y condición.

El cambio que se propone precisa que el Ejecutivo federal enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados a más tardar el último de febrero del año siguiente a su toma de posesión, para que dentro de los dos meses posteriores se tenga la respuesta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Sí, presidenta. Concluyo. El quehacer de lo público no solo se trata de lo que haga o deje de hacer el gobierno, por ello son bienvenidas las acciones relativas a la transparencia, rendición de cuentas y justicia con la participación de todas las instancias del Estado y de la sociedad. Es decir, además del Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo.

La reforma que hoy se propone a la Ley de Planeación fortalecerá el sistema nacional de planeación como instrumento de desarrollo económico y social, por lo cual nuestro partido, PRI, votará a favor.

Señores, la transparencia en la planeación no tiene tiempo. Gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Paz Quiñones.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular 25 artículos y se han registrado nueve oradores.

Le suplico a la Secretaría dar cuenta de los artículos reservados.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Artículo 1, artículo 2, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 21 Ter, 24, 27, 42, 44 y Cuarto transitorio, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada secretaria.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del dictamen modificado.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 331 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 331 votos.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su propuesta de modificación al artículo 1o., adelante, diputado.

El diputado Rene Cervera García: Con su permiso, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La planeación debe ser un instrumento que, entre otras cosas, exprese el consenso ciudadano en torno a la acción del gobierno, a la mejor manera de articularla y a la mejor manera de conseguir los propósitos que se plantee.

El ciudadano tiene la capacidad para manifestar sus diferentes necesidades, pero también hay necesidades que por su naturaleza son necesidades sentidas, sentidas por la población.

Las reservas que presento tienen que ver primero con aumentar la participación ciudadana no solo en la elaboración y ejecución del Plan como lo propone el dictamen en su artículo 1, fracción VI, donde por cierto, al referirse a lo que yo considero que son los ciudadanos, habla de los particulares. Me parece que ese es un error no solo de construcción semántica sino es un error de concepción política. Que la autoridad del Ejecutivo federal se relaciona no solo con particulares sino particularmente se relaciona con ciudadanos, por eso estamos haciendo esa reserva.

Pero además, estamos proponiendo que en el dictamen se agregue, además del control y la planeación de las acciones y resultados del Plan y los programas a que se refiere esta ley.

Otra de mis reservas propone que se determinen las bases y criterios para informar física y financieramente a la ciudadanía del proyecto o la acción que se realizará hasta su conclusión, particularmente a la población que será la beneficiaria de las acciones del gobierno. Esto debiera ser obligatorio en nuestro punto de vista para cada proyecto.

Hace falta llevar el concepto de transparencia a un sitio cercano a la gente. La transparencia del dictamen se enfoca mucho a unos cuantos instrumentos tecnológicos, como el Internet y las páginas web.

La transparencia que la planeación nacional necesita para ser efectiva debe bajar a la colonia, debe mostrar cada proyecto o acción pública para que cada persona beneficiada o interesada esté enterada a detalle de la naturaleza del beneficio que obtendrá, de las reglas para tener acceso a él, y de los presupuestos y los resultados en tiempo y forma. Lo contrario sería una legitimación gubernamental.

Una observación más en forma de reserva tiene que ver con el rumbo sustantivo del Plan. Contrariamente a lo que se plantea en el dictamen, se deben tomar en cuenta prioritariamente los problemas y las propuestas de resolución que deriven de la opinión de los habitantes expresados en la consulta ciudadana, incluyendo los planteamientos de pueblos y comunidades indígenas.

Concluyo. Las opiniones de las dependencias y entidades de la administración federal y en su caso, de los órganos constitucionales, autónomos y de los gobiernos de las entidades federativas deben ser solo su parte complementaria. Es cuanto, presidenta diputada.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, por cinco minutos. El diputado ha reservado 10 artículos.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, diputada presidenta. Nos preocupan un conjunto de temas que quiero poner a su consideración, para poder ser modificados en esta ley. Uno, tiene que ver con el tema de empresas productivas del Estado.

En distintas ocasiones, y recordemos lo que recientemente sucedió en el pleno del INAI, donde a raíz de todo este tema ahora tan famoso de Pemex, tan mediático de estos videos que ahora sacan, hay un contrato que tiene que ver con una empresa de Pemex que, en virtud de que no se consideraba como parte de la administración pública por ser una empresa productiva del Estado, no se proporcionó la información. Eso de alguna forma demostró que este argumento, en el sentido de haber hecho a las empresas de tipo Pemex con esta figura, fue una pérdida en términos de transparencia y de la posibilidad de que los ciudadanos pudiéramos conocer más lo que ahí sucede.

A nosotros nos interesaría –y para esto estamos teniendo distintas propuestas– dejar en claro que el plan incluye a Petróleos Mexicanos, a la CFE y a las entidades de control directo, así como a las empresas productivas.

Es decir, existe la posibilidad porque no está marcado de manera expresa y porque en otras ocasiones no ha sido así, que las empresas productivas del Estado no formen parte del Plan Nacional de Desarrollo, y eso sí sería una pérdida muy importante en términos de instrumentos de política pública que puede tener la administración. Nos preocupa y es importante que quede claro en esta ley.

El segundo es que la ley tiene una virtud, me parece que es que tiene un mandato de que en la cuenta de la hacienda pública federal se informe sobre la ejecución del Plan de Desarrollo. Esto es correcto porque la Cuenta Pública no solamente tendría que ser una cuenta del presupuesto, sino también una cuenta del Plan Nacional que se va cumpliendo.

Nosotros insistimos, y ahí sí no entendemos bien por qué esta propuesta no es aceptada, que los informes trimestrales que también forman parte del mecanismo de reducción de cuentas de la Cuenta Pública, también tuvieran la información de los indicadores de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, esto os permitiría tener la información de manera oportuna.

Es verdad que estos indicadores pueden ser bianuales, pueden ser trianuales, pueden ser anuales, pero si en cuanto se tiene el indicador se publica en el informe trimestral, habría una ganancia importante en términos de la oportunidad de información y por lo tanto el sistema de rendición de cuentas sería mejor.

Los planteamientos que hemos hecho van básicamente en ese sentido, de que nos aseguremos y para esto hemos pedido modificar varias partes de la ley donde esto se señala, que por un lado sí sea expreso que las empresas productivas del Estado sean parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y segundo, que en todo mecanismo de rendición de cuentas, no solo en la Cuenta Pública se informe del Plan Nacional de Desarrollo.

Creo que esto abonaría de manera importante a que el plan sea mejor y que el seguimiento del plan también sea más arriba. Gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Vidal Llerenas Morales. Reconozco su capacidad de síntesis para explicarnos estas 10 reservas.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ha reservado el artículo 6o. y quien tiene tres minutos para exponer su planteamiento.

El diputado Alejandro Armenta Mier: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La reserva que presento al artículo 6o. tiene por objeto informar a la ciudadanía sobre el estado general que guarda la administración y sobre la ejecución del plan nacional de desarrollo, los programas sectoriales y especiales, así como lo concerniente al artículo 2o. constitucional, para reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía.

El propósito es adicionar en estos informes trimestrales que ha comentado mi compañero diputado Llerenas, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente los informes de gasto, déficit y deuda, los cuales se ponen a disposición de la sociedad en el portal de transparencia.

Eso es muy importante porque en esta Cámara, y los mexicanos hoy sabemos, que después de tres años de obtener recursos extraordinarios el país, 1.8 billones de pesos se han destinado de manera discrecional a fideicomisos públicos. Fideicomisos donde los mexicanos no sabemos con qué propósito ese dinero, que es del pueblo, llega a estos fideicomisos. El gran problema es el hecho de que no hay ni transparencia ni acceso.

Sabemos también que muchos de estos excedentes que dan soporte a los recursos destinados a los fideicomisos no permiten, porque se reservan por 20, 30 o 25 años, como sucede en el estado de Puebla, para que nadie pueda hacer ningún tipo de investigación y sobre todo no se sepa a dónde quedaron los recursos del pueblo.

Por eso es necesario que con estas maniobras, con estos ejemplos, la sociedad tenga la posibilidad de saber cómo se está ejecutando el recurso que vía impuestos el gobierno obtiene.

El gobierno debería de atender con eficacia los Protocolos de París y el Protocolo de Kioto que hoy definen las razones más viables de desarrollo para el mundo, aportando criterios fundamentales para el desarrollo.

Pero bueno, el plan nacional de desarrollo, los programas operativos anuales y los planes estatales de desarrollo y los planes municipales no tienen vinculación, por lo tanto los esfuerzos para combatir pobreza y marginación son esfuerzos aislados. La federación por un lado, los estados por otro y los municipios en un carril diferente a lo que debería de promover el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Por ello es que pongo como referencia en esta reserva lo que Bonnin, el padre de la administración pública definía: la administración es el gobierno de la sociedad, el gobierno cuya preocupación es el bienestar general de la sociedad, no el particular. Y por eso en Morena afirmamos lo que afirma el pueblo: sólo con un cambio de régimen en nuestro país, esto podrá ser realidad.

Pensé que le iba a dejar unos minutos de tiempo aire para la próxima, pero muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Qu8ero informar a ustedes que la diputada Mirza Flores Gómez, sube para presentar su modificación al artículo 2o. del dictamen, retirando dos de los artículos 14 y 21. En consecuencia se le conceden tres minutos.

La diputada Mirza Flores Gómez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presidenta, con su venia. El presente dictamen pretende ser un avance al incorporar un enfoque en la obtención de resultados y brindar transparencia, así como incorporar la Agenda Internacional 20-30, por lo que solicito y apelo no solamente a su atención, sino a su sensibilidad.

Estoy proponiendo, como parte de mi reserva, que se adhiera el concepto de resilencia dentro del artículo 2. La bancada de los ciudadanos estamos a favor del presente dictamen por el que se presentan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para promover la consolidación de un Estado democrático, a través de la participación de la ciudadanía en la elaboración de este Plan de Desarrollo. Claro que estamos a favor.

Pero en este particular artículo, yo quiero apelar a su sensibilidad porque el hecho de agregar a que deben de ser sostenibles, sustentables y resilientes. La palabra resiliente debe de quedar contenida de forma transversal e incluyente en un Plan Nacional de Desarrollo no solo como protección civil, porque no es un asunto de cuando sucede el evento catastrófico, ya sea por la mano de hombre o por la naturaleza cuando debe de entrar en acción la política pública nacional.

La política transversal de la resiliencia debe de ser un conjunto de ordenamientos y disposiciones de prevención que estemos acostumbrados a que visionemos nuestro país desde el modelo de la prevención. No vivimos en el mismo planeta de hace 30 años, ni de hace 50 años, el planeta en el que vivimos se está calentando, y esto provoca una serie de eventos de la naturaleza, que cuando tocan las ciudades se convierten en desastre. Estos desastres solamente los vamos a poder evitar o reducir su impacto si somos resilientes.

El año pasado hubo un encuentro de las naciones, no es cierto, este presente año, perdón, corrijo. Este presente año hubo un encuentro de las naciones en donde México fue anfitrión y fue en Cancún, la COP 13.  En esta COP el tema principal fue resiliencia y reducción de riesgos para caso de desastre.

No podemos estar en condiciones de reducir los riesgos para caso de desastre si no lo tenemos contemplado como una política pública transversal. No es un asunto –y lo repito– solo que atañe a la protección civil, debemos de invertirlo en ciencia y tecnología e innovación para que haya investigación en este país en materia de resiliencia.

Debemos de invertirlo en materia de cambio climático, debemos de invertirlo como una política pública de planeación, pero sobre todo, que reduzca los riesgos, no es un asunto solo de protección civil.

Y aparte, quiero hacer una mención. Nuestro país gastó 42 mil millones de pesos para que se llevara este evento acabo, y fue para capacitar a las naciones en materia de resiliencia y reducción de riesgo de desastre, y no estamos aplicando lo que tanto promulgamos en esa COP.

Muchísimas gracias, presidenta, y solicito al pleno de esta cámara que tenga la sensibilidad para que podamos analizar este tema. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Gracias, presidenta. Estimados colegas, estimadas y estimados colegas, público del Canal del Congreso, lo que no se nombra no existe. Por eso tenía toda la razón la diputada que me precedió en el uso de la palabra al plantear la necesidad de que se incluyera el término de resiliencia.

Primero quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Presupuesto que hayan aceptado dos propuestas mías para que se incluyera los términos de interculturalidad y género en los artículos 2 y 9o. de la ley que espero aprobemos.

Esta perspectiva es fundamental porque son lentes transversales que modifican toda la visión de la planeación. Lo que estoy proponiendo es una modificación al artículo 14, que plantea que se tienen que tener instrumentos de verificación de que el plan se está cumpliendo. Y este instrumento de planificación que planteo es el índice de interculturalidad.

Está reconocido en nuestra Constitución y en diversas leyes secundarias que somos un país pluricultural y multiétnico. Pero ese término pluricultural, multicultural o multiétnico, es un término estático. Es un término que reconoce que hay diversidad, pero no hace nada para trabajar positivamente con esa diversidad.

Es por eso que especialmente en el Consejo de Europa se ha acuñado el término intercultural, interculturalidad que quiere decir que los países y las ciudades toman medidas específicas para que el roce entre las diversas partes de esa nación se convierta en colaboración positiva para que no simplemente se conviva, no solamente se tolere, sino que haya un proceso de integración, de reconocimiento de la diferencia y las ciudades y los países modifiquen señalamientos, lenguaje, normas a fin de preparar entonces una mejor convivencia nacional.

En el artículo 14, que plantea la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico de impacto de los programas, diferenciando los grupos por origen técnico, género, edad, yo planteo la necesidad de contar con un índice nacional de interculturalidad que nos sirva año con año para ver cómo vamos avanzando en ese proceso de interculturalidad.

Lo mismo en el artículo 21, donde se habla de los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, planteo que además de la perspectiva equitativa, incluyente, sustentable y sostenible del país, se incluya con perspectiva intercultural y de género.

La reciente polarización que vive el país puede cambiar precisamente con los instrumentos de la interculturalidad, que permite reconocer cómo el otro nos enriquece y cómo, sin perder diferencias, sin hacernos una masa informe, sino por el contrario una masa con diferencias bien claras, estas diferencias contribuyen a enriquecer el país. Muchas gracias y espero el voto positivo.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Cecilia Soto González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Cecilia Soto González.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena, quien presenta reservas al artículo 17 del dictamen. Por tres minutos.

El diputado Miguel Alva y Alva: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas y diputados.

Aunque parezca reiterativo entre las reservas que hoy presentamos a la Ley de Planeación, se incluye esta que se refiere a la necesidad de incorporar a esta Ley de Planeación los cambios que ustedes aprobaron en la reforma energética entorno a la figura legal de nuestras empresas emblemáticas: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

Nosotros no estamos de acuerdo con esa reforma regresiva. Sin embargo, no podemos dejar que los cambios que ustedes hicieron no se incorporen al marco normativo que al menos permitan vigilar que hacen sus administraciones con los activos estratégicos que deben seguir siendo de todos los mexicanos.

Por esa razón, en esta reserva que proponemos para reformar el párrafo y la fracción II del artículo 17 del dictamen que reforma la Ley de Planeación y que hasta ahora se refiere a las entidades paraestatales, así como si ustedes no hubieran hecho algo grave en los cambios legislativos.

Proponemos que en el primer párrafo, entre los entes obligatorios se explicite: las entidades de control directo y las empresas productivas del Estado. Para que no exista duda de que esas importantes empresas públicas deben ser parte del Plan Nacional de Desarrollo.

No debemos dejar pasar esta gravísima omisión.

Adicionalmente, en este párrafo segundo, proponemos señalar que las entidades paraestatales, en los términos de la Ley de Planeación y de la Ley Federal de las entidades paraestatales. Pero, también en los términos de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, deberán elaborar sus respectivos programas institucionales.

No debemos ignorar que ustedes aprobaron cambios que pueden repercutir en los términos en los que estas dos importantes empresas públicas fundamentales se relacionan con la administración pública federal.

Nosotros no queremos dejar dudas, las empresas productivas del Estado son empresas públicas y siguen ejerciendo recursos presupuestales y por eso mismo deben incorporarse específicamente a la Ley de Planeación.

No corramos el riesgo de que alguien quiera excluirlas de la planeación nacional. Se argumenta que no caben en la definición de paraestatales, como está actualmente la ley. Superemos esta omisión, seamos responsables. Pido su voto a favor. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Miguel Alva y Alva.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien ha reservado el artículo 18 del dictamen.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, presidenta. Hoy el dictamen que estamos discutiendo es muy importante y de exigencia ciudadana.

Quién no ha oído la falta de limpieza en la gestión gubernamental que denuncias las organizaciones ligadas a temas de transparencia, sin duda alguna todos lo hemos oído, pero muy pocos lo hemos escuchado.

Anualmente la Auditoría Superior de la Federación, en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública, emite recomendaciones que muchas de ellas están ligadas a la mejora del control interno y mitigación de riesgo de las actividades y acciones que ejecutan las dependencias, entidades federativas y municipios, pero estas muy pocos lo saben y también muy pocos las atienden.

Pero les digo que después de leer estos informes de la Auditoría, que no se atienden porque año con año las mismas observaciones y cada vez de mayor gravedad. Estas son documentadas en dicha entidad de fiscalización superior.

En lo que respecto a recomendaciones al desempeño tienen el mismo curso, nadie sabe si se atienden y el impacto que la atención tuvo para mejorar la gestión gubernamental.

Por ello, compañeras y compañeros, subo a esta máxima tribuna a proponer la modificación al artículo 18, que se incluye en este dictamen con proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

¿Por qué o para qué? Es muy simple, para hacer hincapié que lo que se requiere plantear en dicha ley son actividades de control preventivo, las que sean necesarias a fin de mitigar el riesgo de la operación gubernamental que se trate y que al hablar de evaluación se refiera a su evaluación periódica, de preferencia anual, y que a la par las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación se tomen en consideración para la mejora gubernamental.

Es tiempo que se norme este trabajo de la Auditoría, que este sea útil en las labores gubernamentales y que el gasto de todos los mexicanos pagados en labores de fiscalización, mismo que asciende a más de 2 mil millones de pesos anuales, se refleje e impacte en la mejora de procesos en el gobierno mexicano, los estados y los municipios.

Al menos la bancada de los diputados ciudadanos sí estamos preocupados por este gasto tan oneroso.

Compañeras y compañeros, soy mexiquense en el estado de México y es muy necesario que desde ya se tome en serio la mejora de procesos de la vía de planeación, porque muchos de los mexiquenses no estamos de acuerdo en el dejar hacer, dejar pasar gobiernos que solo nos endeudan y que prometen muchas cosas rosas y nada llega a los que menos tienen.

Gracias por su consideración y pido su voto a favor de esta propuesta. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Angie Dennisse Hauffen Torres.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Quiero informar a esta honorable asamblea que la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y que había reservado el artículo 27, declina su participación y suplico se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates.

Se le concede el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ha reservado el artículo 21 Ter.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: ¿Lozoya estás aquí? Felicito al colectivo El quinto elemento, laboratorio de investigación e innovación periodística, AC, por su investigación del caso Odebrecht- Emilio Lozoya, o Emilio Lozoya-Odebrecht. Con su venia, presidenta.

Exigimos justicia no solo en el caso Odebrecht, exigimos que la impunidad que impera en el país acabe. No es posible que estemos aprobando reformas a la ley que planea el desarrollo de la nación, que pone las bases para elaborar un supuesto México próspero y ni siquiera tenemos procurador, no tenemos procurador general de la República y mucho menos fiscal anticorrupción. Tampoco tenemos buenos resultados del gobierno.

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Asimismo, el artículo 26 constitucional mandata al Estado mexicano a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y encomienda al Ejecutivo federal diseñar, previa consulta popular, el Plan Nacional de Desarrollo.

Este plan se encontrará de acuerdo con los principios y objetivos de la propia Constitución y será elemento fundamental del sistema de planeación democrática. Adicionalmente, la administración pública estará sujeta de manera obligatoria a dicho Plan Nacional de Desarrollo.

Dada la importancia del Plan Nacional de Desarrollo, el Grupo Parlamentario de Morena considera necesario que en el artículo 21 del dictamen que nos ocupa se adicione que el Plan Nacional de Desarrollo deberá contener la estructura programática que el Ejecutivo federal seguirá durante toda su administración y no exclusivamente de manera anual en cada Presupuesto de Egresos de la Federación, como dispone el artículo 42, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Esta disposición permitiría que la planeación en nuestro país diera un paso hacia adelante al considerar una estructura programática plurianual, lo que permitirá una planeación obligatoria de mediano plazo, una mayor transparencia en el cumplimiento y supervisión de los objetivos y metas de los programas nacionales, y la obligación del Ejecutivo de presentar de manera pública la información correspondiente a nivel sexenal y anual.

Lo anterior permitiría que, tanto el Congreso de la Unión como la sociedad, directamente pudieran actuar en esa información y supervisión. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Margarita Cuata Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado secretario. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen modificado, tomando en cuenta que los artículos que fueron reservados fueron el 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 12, 14, 16, 17, 18, 21, 21 Ter, 24, 27, 42, 44, cuarto transitorio.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados señalados por la Presidencia, en términos del dictamen.

(Votación)

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? El sistema sigue abierto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sigue abierto el sistema.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 267 votos a favor, 53 en contra, con 2 abstenciones de 323 diputados presentes, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado secretario. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 267 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de remitir el proyecto de decreto se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por el pleno.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

Se ha registrado por parte del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos; de Nueva Alianza, Francisco Javier Pinto Torres; de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Avalos; del Partido Verde Ecologista de México, Daniela de los Santos Torres; del Grupo Parlamentario de Morena, Rogerio Castro Vázquez; del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Rafael Hernández Soriano; del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Cecilia Romero Castillo y del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, Víctor Manuel Silva Tejeda. Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea. El 9 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional Contra la Corrupción.

Hoy, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en el marco de esta conmemoración hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad, a los tres poderes y órdenes de gobierno para erradicar, por el bien de nuestra nación y de sus futuras generaciones, este mal que tanto aqueja a nuestro país.

El fenómeno de la corrupción –que no por habitual deja de ser brutalmente nocivo– es no solo un impedimento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, sino que constituye un delito grave que impide el desarrollo social y económico de múltiples países, y el nuestro no es inmune. Es más, pareciera que es propenso.

La corrupción afecta también a la democracia. Al modificar los procesos electorales erosiona a las instituciones gubernamentales, genera inestabilidad política e incide en la desigualdad y la injusticia al pervertir al Estado de derecho mediante fallos corruptos que fomentan la impunidad, castigan inocentes y abandonan a las víctimas de delitos.

De acuerdo con las cifras referidas por Naciones Unidas, cada año se paga 1 billón de dólares en sobornos, y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del PIB mundial.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor que la que se dedica a la asistencia oficial para el desarrollo.

Este año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, han unido fuerzas en la Campaña Internacional contra la Corrupción, centrándose en su impacto en la educación, sanidad, justicia, democracia, prosperidad y el desarrollo.

El Grupo Parlamentario de Encuentro Social, fue el primero en esta Legislatura en poner en el centro de la agenda nacional la erradicación del fuero, figura injusta y desigual que niega la igualdad de todos ante la ley.

En Encuentro Social estamos convencidos que un Estado de derecho en el que impere el respeto por nuestro marco jurídico, es posible.

Además de la eliminación del fuero propusimos la supresión total del financiamiento público a los partidos políticos, el fortalecimiento de la figura del testigo social y el reforzamiento de diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, entre otras.

En palabras de Ban Ki-moon, diplomático surcoreano, quien fuera secretario general de las Naciones Unidas, en este Día Internacional contra la Corrupción: Hay que comprometernos a hacer la parte que nos corresponde, tomando medidas enérgicas contra la corrupción, avergonzando a quienes la practican y engendrando una cultura que valore el comportamiento ético.

En razón de lo anterior hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos, quien también nos honra siendo la diputada secretaria de esta Mesa Directiva.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores.

Desgraciadamente y tristemente la corrupción ha tomado un papel preponderante en los últimos años. Hoy es más común escuchar dichos como el de “no hay general que aguante un cañonazo de 50 mil”. “En arca abierta, hasta el justo peca”. “En todos lados se cuecen habas”. “Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. “Es el año de hidalgo y chin, chin el que deje algo”. “Cuando se mueve un alcalde, no se mueve de balde”. “El que no tranza, no avanza”. Y, “el que siempre borrego, nunca pastor”.

Desgraciadamente la dimensión de este problema es tal que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción, misma que entró en vigor en el 2005.

En ese tenor, y con la finalidad de crear conciencia contra este flagelo, así como difundir el contenido de la convención para la lucha contra ella y prevenirla, se designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.

Este año, la campaña internacional se enfoca en reflexionar sobre cómo la corrupción constituye uno de los mayores impedimentos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Lamentablemente México se ha convertido en una de las naciones con mayores índices de corrupción en el mundo. De acuerdo con Transparencia Internacional nuestro país ocupa el nada envidiable primer lugar en el rubro del mayor porcentaje de la población que ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público. Todos sabemos cómo funciona la corrupción, pero pocos entienden el enorme costo que genera, y sobre todo el gran lastre que representa para el desarrollo.

Compañeras y compañeros diputados, ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso, es por ello que el día de hoy nos corresponde hacer un análisis de la forma en que cada uno de nosotros puede colaborar para acabar con este mal.

Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de que mediante una mejor educación será posible terminar con la corrupción. Por ello hicimos de este uno de los temas de los ejes transversales de nuestra labor legislativa, lo que nos llevó a contribuir en la creación de Sistema Nacional Anticorrupción, pieza fundamental para abatir esta problemática.

Terminar con la corrupción es una condición indispensable para crear una sociedad equitativa, para consolidar los objetivos de desarrollo y, sobre todo, para erradicar la pobreza y la desigualdad.

Empecemos, compañeras y compañeros, por ser ejemplo de integridad en nuestros hogares y comunidades, porque un México libre de corrupción es posible con el compromiso de inicio de todos los que estamos aquí presentes. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Francisco Javier Pinto Torres.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra por cinco minutos a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Subir a esta tribuna con la efeméride de anticorrupción es un reto para este Poder Legislativo, ya que es aquí en donde aprobamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que –entre otras cosas– se propuso retomar la iniciativa ciudadana 3 de 3, en donde la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario es de alguna manera obligatorio, solo que aún se opusieron a que fuera pública.

Esta ley también se propuso crear mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima, actos como: el soborno, el desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión y el uso ilegal de información falsa o confidencial, el nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

También se proponen sanciones para servidores públicos que cometan actos de corrupción. La corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos al año, lo que significa el 9 por ciento del producto interno bruto nacional. Y, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, en 2015, Transparencia Internacional dice que el país ocupa el lugar 95 de 168 países.

Debemos entender que la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social de todas las sociedades. Así como el derecho a la información se ha considerado un derecho humano, también debería ser un derecho humano vivir en un país sin corrupción, que debería traducirse en un gobierno de paz que garantice todos los derechos humanos.

La corrupción es un delito de tres fases, en donde la impunidad y la falta de justicia lo completan. Hoy somos una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desaparición, de asesinatos que no se investigan, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la impunidad en la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia los migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.

Parte de la corrupción es que el sistema de justicia arroja estadísticas que muestran que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver, por impunidad, corrupción y el nulo acceso a la justicia. La anticorrupción debe enfocarse en retomar la vigencia de los derechos humanos. Hoy tenemos un régimen que cree que con una Ley de Seguridad Interior se va a combatir el crimen, pero que implica riesgos para la sociedad y que además contempla encriptar la información que tiene que ver con esta ley y la intervención en actos que propone.

Miles de mexicanas y mexicanos no tienen acceso a la seguridad y a la justicia ante un gobierno omiso en sus responsabilidades, aquellas que viven en la pobreza, desempleo, la desigualdad social y económica. En este país el acceso irrestricto a los servicios sociales y a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos son mera retórica y las graves violaciones a estos son consecuencia de un sistema corrupto, y esto no sería posible sin el contubernio y/o disimulo de una clase política gobernante que, manteniendo un supuesto Estado de derecho, es un Estado fallido, carcomido por la corrupción, que propicia la impunidad para sancionarla.

Dice Edgardo Buscaglia, que México se enfrenta a un tsunami de corrupción política descontrolada. Estamos seguros que las y los diputados que estamos aquí deberíamos ser portavoces de quienes votaron por nosotros y no las voces del presidente. Somos parte del Estado mexicano y nos toca buena parte de responsabilidad. Somos corresponsables de promover y exigir que las leyes que aprobamos en materia de transparencia y anticorrupción tengan cabal cumplimiento, que de manera frontal se combata la impunidad y que garanticemos el total goce de vivir en un país en donde no prevalezca el moche.

Basta ya de corrupción, impunidad e injusticia. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Candelaria Ochoa Ávalos.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Daniela de los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Daniela de los Santos Torres: Con la venia de la Presidencia. La lucha contra la corrupción parte de una premisa ética, esto es la búsqueda constante de una moral pública. Al ser el hombre un ser social por naturaleza, la felicidad del individuo está unida a la felicidad del cuerpo social al que pertenece. Por eso, como señala Aristóteles, la ética y la política deben estar unidas.

En el primer año de ejercicio le tocó a esta sexagésima tercera legislatura terminar de dar forma al sistema nacional anticorrupción, proyectado en la reforma constitucional como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, para desterrar nuestro país de este grave mal que frena el desarrollo económico y social de la nación.

Este gran esfuerzo legislativo incluyó la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado e implicó la creación de tres nuevas leyes, así como la modificación de cinco ordenamientos ya existentes. Sin embargo, debemos reconocerlo, todos esos esfuerzos no han sido suficientes, ya que la situación de la corrupción en México sigue siendo un obstáculo, tanto para el desarrollo como para el ejercicio pleno de los derechos.

En el análisis correspondiente a 2016, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 95 en 368 países del índice de percepción de corrupción a nivel mundial, y en el sitio 11 de entre los 22 países en América Latina.

El índice da al país tan solo 35 de 100 puntos en lo relacionado a combate de esta práctica, lo mismo que obtuvo en 2014 y tan solo un punto por arriba de lo registrado en 2012 y 2013. Con ello México se mantiene muy por detrás de las economías más consolidadas, además nuestro país se colocó en el último puesto entre los países que conforman la OCDE, 34 de 34 y nos separan 86 y 79 lugares, respectivamente, de nuestros principales socios comerciales Canadá y Estados Unidos.

Ciertamente la magnitud del problema de la corrupción a nivel internacional es enorme ni un solo país en ningún lugar del mundo está libre de este tipo de prácticas, señala la OCDE, pero ello no nos puede servir de consuelo, especialmente cuando se sabe que debido a la corrupción en países como México se pierde una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

En nuestro grupo parlamentario creemos firmemente que la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, establecida en 2003 por la ONU, debe servir para crear una auténtica conciencia respecto al impacto de este fenómeno, en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo, así como la importancia de prevenirlo, denunciarlo, perseguirlo y, sobre todo, castigarlo.

En ese sentido, consideramos importante recuperar los valores fundamentales de la democracia, los cuales deben ser estimulados desde la etapa escolar como parte de la estrategia para la prevención de la corrupción y otras conductas reprobables que atenten contra el interés general de la sociedad.

Igualmente consideramos fundamental aprovechar esta conmemoración para hacer un verdadero compromiso en aras de complementar el Sistema Nacional Anticorrupción y lograr los consensos que sean necesarios para la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que tanto necesita este país.

La corrupción se ha convertido en el gran malestar de la sociedad contemporánea, en un fenómeno a temporal y omnipresente que obstaculiza el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones.

Por ello, hoy reafirmamos firmemente nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción como deber de todo ciudadano que quiere un país mejor y un futuro más alentador. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Daniela de los Santos Torres.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes. La corrupción podemos definirla de una forma específica, como un tipo de dominación política, social que se sostiene en el poder estructural donde predomina el abuso, la impunidad y sobre todo la apropiación indebida de los recursos de los ciudadanos.

En este sentido el abuso del poder es un tema central para explicar la impunidad. Desde este punto de vista los principales elementos de los cuales la corrupción se alimenta son los altos índices de impunidad, la opacidad y la exclusión de los ciudadanos en las decisiones de los asuntos públicos.

El próximo sábado 9 de diciembre se va a conmemorar el Día internacional contra la corrupción, la cual se propuso para todos los países que hicieron el compromiso de asumir el combate a la corrupción a nivel internacional. Se propuso con la idea de evaluar cómo van los compromisos del combate a la corrupción. Por eso es muy importante que el día de hoy reflexionemos sobre cómo se está construyendo la política anticorrupción.

La corrupción también ha sido el sello del régimen político en los últimos años. Podemos ver cómo ha tocado a las instituciones de la República, cómo se han manchado todos los poderes de la República.

Vemos, por ejemplo, la corrupción en las entidades federativas, la corrupción en la obra pública, la corrupción en las contrataciones que lleva a cabo el gobierno.

Vemos también en las empresas productivas del Estado manchas de corrupción y vergonzosas, porque a nivel internacional se nos está exhibiendo como un país donde existe la corrupción y no se aplica la justicia contra aquellos que saquean la nación. Podemos ver también en las entidades federativas cómo muchos representantes han también manchado de corrupción los estados.

Ya basta de impunidad. Día a día nuestro país vive las consecuencias de todos esos actos de corrupción y se deterioran cada día los servicios públicos, aumenta la inseguridad y la violencia, y no crece la economía del país.

Hace unos días, por ejemplo, la directora de la Red por la Rendición de Cuentas, la cual agrupa 80 organizaciones de la sociedad civil, hablaba de un boicot desde el gobierno para que no avance el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso el pueblo está cansado de la simulación en la lucha contra la corrupción.

Morena considera que es importante seguir fortaleciendo al sistema, pero también es muy importante construir y cambiar la manera en cómo se ve este problema. Hacemos un llamado para trabajar para que se acabe la corrupción y que pongamos en el centro el fortalecimiento de la democracia. Si no tenemos pesos y contrapesos en nuestro sistema republicano, difícilmente las políticas anticorrupción van a poder avanzar.

Por eso necesitamos democracia en el país y que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de las políticas públicas y activamente en el combate a la corrupción.

México quiere que se acabe la corrupción. El pueblo tiene en sus manos desterrarla del país y será un referéndum esa decisión y puede ser: o que se quede la corrupción o expulsarla ya de una vez de las instituciones. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Rogerio Castro Vázquez.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Muy buenas tardes a todas y todos. Con la venia de la presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputado.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Este Día mundial contra la Corrupción, el Grupo Parlamentario del PRD manifiesta a todos ustedes, a la nación, que consideramos que es de la más alta prioridad nacional el combate a la corrupción y a la impunidad, ya que vulnera a las instituciones públicas y es una enfermedad terminal del sistema político mexicano que se resiste en su conjunto a desaparecer, y por el contrario, hay actitudes que la robustecen, que la multiplican, que la elevan a niveles exponenciales en los más altos círculos del poder.

Que la corrupción no se vuelva una tácita costumbre social, como dijo el presidente José Mujica, de Uruguay: “debemos impedir que sea un modelo social a seguir, con un Estado débil, con una autoridad ilegítima, con leyes omisas o ineficaces. Estamos o se está propiciando que se reproduzca y crezca la corrupción en el país”.

Por eso en este día, en el que celebramos el Día Internacional del combate a la corrupción, recordamos que ya contamos con bases constitucionales ilegales que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción y también al Sistema Nacional de Transparencia. Esto sin duda es un avance significativo que atiende solamente en la etapa primaria a este flagelo que es la corrupción.

Por ello consideramos que hay formas muy sencillas de comportamiento para corregir comportamientos que pueden ayudar a combatirla. Esto es que haya mayor transparencia, que nos exijamos y exijamos al Poder una mejor rendición de cuentas y para eso hay que desaparecer figuras que a veces ayudan a esconder la corrupción que está en el sistema, y una de estas es el fuero.

Hay que buscar que el fuero proteja a la envestidura y no a las personas, que ya no haya más diputados federales como aquí algunos compañeros de esta Legislatura que se han venido a escudar con el fuero por actos de corrupción, por investigaciones que están en transcurso en sus entidades.

También debemos de despojar del fuero al presidente de la República. Que el fuero proteja la investidura y no las personas como se ha utilizado en el caso de la casa blanca, en Odebrecht. Tenemos pendiente y tiene pendiente el PRI que de verdad dé muestras de que quieren combatir la corrupción permitiendo que la PGR investigue esos actos que se presentaron en el proceso electoral de 2012 y que se siguen, y bajo el argumento de que se respetan las leyes y que hay que seguir los procedimientos se siguen encubriendo desde el poder, desde las altas esferas del poder.

Por otro lado, es importante que para darle herramientas al sector público que se encarga de combatir la corrupción se cree el servicio civil de carrera. Esta Cámara tiene muchas tareas que hacer y dentro de esas, esta que señalamos, pero también tenemos pendiente el nombramiento de titulares de tres órganos internos de control. El de Cofece, Ifetel y el INAI. Hay que hacer la tarea.

Hay que hacer la tarea también revisando las leyes de obras y licitaciones que son un gran socavón de corrupción de nuestro país. Por ahí se va, de acuerdo a organismos, de acuerdo a cifras oficiales, por cierto, más del 17 por ciento del Presupuesto en la obra pública en México. Hay que atenderlo.

Hay que dejar de escudarse en los vericuetos legales para de verdad den muestras –me refiero al partido del gobierno y el propio gobierno federal– de que tienen voluntad de combatir la corrupción.

Debemos conminar también a la Cámara de Senadores a que realice los nombramientos de fiscales especiales anticorrupción y el fiscal para los delitos electorales, también de los magistrados especializados en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Le recomendamos que lo revise minuciosamente, porque los perfiles de estos personajes, mujeres u hombres, deben ser autonomía, imparcialidad. Que no obedezcan ni al poder político ni al poder económico y desde luego a ningún interés partidista.

Termino, presidenta, y compañeras y compañeros, señalando que el Grupo Parlamentario del PRD advierte, desde esta tribuna, que vamos a actuar con firmeza, que vamos a empujar y a consolidar la agenda anticorrupción y en el proceso electoral venidero estaremos siendo muy acuciosos vigilantes y críticos contra la corrupción venga de donde venga. Que este compromiso lo asumimos con la sociedad civil y con las fuerzas políticas que de verdad estén dispuestas a trabajar en el combate a la corrupción.

En este Día Mundial contra la Corrupción, hacemos el compromiso no solamente de dar este discurso, sino de trabajar con ustedes, con la sociedad, con quien esté dispuesto, en los próximos años. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cinco minutos.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Buenas tardes. Ay, hay bien poquitos. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Una verdadera democracia se construye sobre los parámetros de transparencia y honestidad de los servidores públicos en el desempeño de sus responsabilidades institucionales.

Desafortunadamente dichos atributos no han sido los que caracterizan a las instituciones en nuestro país. El estudio Las Personas y la Corrupción América Latina y el Caribe ha colocado a México como el país con mayor corrupción en nuestra región. Ya se ha dicho varias veces por quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero vale la pena repetirlo.

De acuerdo con Transparencia Internacional, hemos caído 28 posiciones en el índice de percepción de la corrupción en el sector público, ocupando el sitio 123 en 376 países analizados.

Aunado a esto también se ha señalado que entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se ubica en el último lugar.

Sin lugar a dudas estos datos son alarmantes y si a ello sumamos los casos de corrupción que han salido a la luz pública durante este sexenio, que no voy a repetir, pues lo que nos espera es más inestabilidad, mayor impunidad, desconfianza del ciudadano hacia las instituciones públicas, menor respeto a los derechos humanos, y lo que es más grave, compañeros, desigualdad social, producto de la corrupción.

Por ello, debemos redoblar los esfuerzos para observar los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos internacionales que hemos suscrito como los de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otras instituciones como la Organización Internacional de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC, por sus siglas en inglés.

En este marco es oportuno que en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción refrendemos los compromisos que hemos establecido en la campaña Corrupción: un impedimento para los objetivos del desarrollo sostenible.

En estos compromisos las autoridades gubernamentales se comprometen a fortalecer la democracia, a generar confianza y estabilidad, a promover la justicia sancionando los casos de corrupción y a salvaguardar el desarrollo cumpliendo lo que se estipula en la convención mencionada con respecto al gobierno y a sus funcionarios.

También debemos enfocar nuestros esfuerzos en algo muy importante que corresponde a esta Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión, revisemos las iniciativas para modificar al Sistema Nacional Anticorrupción y perfeccionarlo, eso nos toca hacerlo a los diputados.


Hemos hablado sobre una serie importante de posibilidades de mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos hablado de la importancia de premiar y de sancionar respectivamente a quienes denuncian la corrupción y a quienes caen en actos de corrupción.

Dejemos de estar diciendo lo que otros deben hacer y hagamos también lo que nos toca hacer como legisladores. Esto es un llamado para que podamos sacar adelante los pendientes que tenemos en el tema de transparencia y anticorrupción en esta Cámara de Diputados.

Desde Acción Nacional insistimos y urgimos la necesidad del nombramiento de los que hacen falta, de las salas especializadas en materia de corrupción en el Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas y, por supuesto, la Fiscalía Especializada en materia de hechos de corrupción.

Compañeros y compañeras, para conmemorar el Día Internacional en contra de la Corrupción no hay más que los hechos. Es tiempo de que Alberto Elías Beltrán actúe en el caso Odebrecht, con la información que ha sido puesta a los ojos de todo el mundo, es más que suficiente para vincular a proceso a las personas responsables conforme lo mandata nuestro texto constitucional. Todo el país y los expertos internacionales tenemos la mirada puesta en Elías.

El ex procurador Cervantes al renunciar anunció que la acción de la justicia estaba lista, no hay justificación para la demora. No hay tiempo de continuar manteniendo la impunidad, en este caso tan delicado, cuyas pruebas han sido expuestas ante la sociedad mexicana e internacional por diversos medios.

Compañeros, obras son amores, no buenas razones. Conmemoremos el Día Internacional contra la Corrupción haciendo cosas para servir a México y dejándonos de quejar. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Cecilia Romero Castillo.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Finalmente se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, sí, la honestidad da luz a la vida de las personas. Se trata de una cualidad que debe predominar en el actuar de quienes servimos a la nación, una luz que permita visibilizar la gestión fiscal al convertirla en un bien público, abierto permanentemente al escrutinio de todos, hacer de los bolsillos de los gobernantes cajas de cristal, forjar una política más efectiva y legítima, pues no hay mejor política que la honestidad e iluminar donde permeé la opacidad a fin de revelar todo acto que atente en contra de un buen actuar.

Sensible ante la exigencia de no pocos ciudadanos que han hecho para que se prevenga y castigue la corrupción, así como comprometido con la legalidad, el gobierno encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está procesando penalmente a distintos funcionarios públicos y a seis ex gobernadores acusados de corrupción, de diferentes colores y sin distingos de partido, para que nadie quede impune.

Ha impulsado la colaboración entre los órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública, las cuales han realizado más de mil 900 actos de fiscalización a las dependencias y entidades de la administración pública federal, recuperando más de 9 mil millones de pesos para el erario.

Ha atendido más de mil 400 procedimientos de responsabilidad en contra de servidores públicos estatales y municipales, e impulsó la reforma política-electoral que dará vida a la Fiscalía General de la República, órgano autónomo e independiente encargado de procuración de justicia, así como de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dependerá de este primero.

Con estas acciones el gobierno de la República ha demostrado que todo aquel que viole la ley será sancionado, no habrá protección política ni jurídica para nadie. Los priistas hemos hecho de la profesión de fe por la transparencia y la rendición de cuentas causa de vida institucional en aras de combatir la corrupción.

En este sentido, los diputados del PRI aprobamos la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública para garantizar plenamente el derecho humano de acceso a la información, aumentar  el número de sujetos obligados de 245 a más de 850, incluyendo a partidos políticos y sindicatos, y robustecer la observación ciudadana sobre las actividades de dichos sujetos obligados.

Por otro lado, convencidos de que actuar con rectitud es un principio que debe regir a todos los servidores públicos, expedimos el Código de Ética de la Cámara de Diputados, que norma nuestra conducta para que el buen actuar sea, más que un propósito, una obligación.

Por ello, muy destacable es la aprobación de la ley secundaria que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado, que vela por el sometimiento de todos a la ley, empezando por las autoridades que ya contribuyen a abatir la corrupción, a la par de estrechar la relación entre ciudadanos y gobernantes.

Presidido por una ciudadana, el sistema obligará a todos los servidores públicos a presentar nuestra declaración patrimonial y de intereses, así como ya la que hacemos en la declaración fiscal y las hará públicas en los términos que indique el comité coordinador.

A fin de asegurar su correcta implementación a lo largo y a lo ancho de nuestra nación, el gobierno de la República le ha destinado tan solo en 2017, más de cinco mil millones de pesos.

De la misma manera, 30 entidades federativas ya modificaron su Constitución para armonizarla y 29 de ellas ya cuentan con leyes locales anticorrupción.

El sistema nacional anticorrupción representa, en suma, un escudo a favor de la legalidad, que ya contribuye a certificar que el aparato público cobre mayor eficiencia y, sobre todo, a fortalecer la confianza entre ciudadanos y gobernantes.

Compañeras y compañeros, combatir la corrupción significa defender la democracia, pues implica reforzar uno de sus valores más importantes, la confianza entre representados, que son los ciudadanos quienes mandan y representantes, que somos y debemos obedecer.

Por eso nosotros, a nosotros corresponde garantizar la honestidad en los asuntos públicos, sea siempre más un deseo y debe ser siempre mucho más una realidad. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Víctor Manuel Silva Tejeda.

Con la intervención del diputado cerramos los posicionamientos conmemorativos al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:

1. De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático;

2. De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, por favor, con los comunicados de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones y que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.

En votación económica, se consulta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobados. Comuníquense.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se informa a la asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el marco de sus atribuciones diseñe e implemente un Programa Nacional para la Inspección a Comercializadores de Espacios de Fauna Silvestre. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado. Comuníquese.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (16:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de diciembre de 2017, a las 10 horas. Muchas gracias. Buenas tardes.

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