Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 7 de febrero de 2017

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Junta, con cambios en comisiones; de diputadas y de diputados con retiro de iniciativas y de proposiciones; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; de la Sedesol, del Ifetel, y de la Secretaría de Salud, con informes; del Congreso de Quintana Roo, con iniciativas;

Iniciativas

Recibidas y turnadas a comisiones

Rosalinda Muñoz Sánchez, PRI

Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena

Karla Karina Osuna Carranco, PAN

Isaura Ivanova Pool Pech, PRD

Jorge Álvarez Máynez, PMC

Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA

Norma Edith Martínez Guzmán, PES

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Independiente

Declaratoria de reforma constitucional, en materia de justicia laboral

Reconocimiento a la diputada Jacqueline Nava Mouett, por su campeonato mundial de box

Dictámenes

Por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fundamentación

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

Votación en lo general y lo particular

Por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, fundamentación

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

Votación en lo particular y lo general

Proposiciones con punto de acuerdo

Emilio Enrique Salazar Farías, PVEM, que exhorta al Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias con el gobierno norteamericano, para fortalecer la economía de los países centroamericanos

María Antonia Cárdenas Mariscal, Morena, que exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP de Jalisco, para que fortalezcan los programas y acciones para combatir la violencia de género

Iniciativas

Evelio Plata Inzunza, PRI

Arlette Ivette Muñoz Cervantes, PAN

Agustín Francisco Basave Benítez, PRD

Araceli Damián González, Morena

Mirza Flores Gómez, PMC

Angélica Reyes Ávila, PNA

Hugo Eric Flores Cervantes, PES

Acuerdo de la Conferencia, con calendario legislativo para el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio

Acuerdo de la Junta, relativo a los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera

Declaratoria de Publicidad de dictámenes

Oficio del coordinador del GPPRD, con incorporación de diputado a su grupo

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen previamente 280 diputadas y diputados. Hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:56 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes en comisiones ordinarias y especiales que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de los diputados María Elena Orantes López, Jonadab Martínez García, Alejandro González Murillo, Gerardo Salas Díaz, Kathia María Bolio Pinelo y María Eloísa Talavera Hernández, oficios por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas dependencias once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Secretaría de Desarrollo Social con el que se remite el análisis y valoración de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas EO16- Generación, y articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y U008- Subsidios a Programas para  Jóvenes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones de Desarrollo Social y de Juventud, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el que remite el Plan Anual de Trabajo Correspondiente al Ejercicio 2017.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Salud con el que remite Informe Anual de Resultaos del Sistema de Protección Social en Salud 2016 que incluye el informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Pensión Presupuestal.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: El Congreso del Estado de Quintana Roo remite las siguientes iniciativas:

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 2o., y 2o A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º., y décimo primero transitorio y se deroga el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y se reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen, y a la Comisión de Energía para opinión.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió del diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil. Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 237A de la Ley del Seguro Social.

La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Buenas tardes a todos los que nos acompañan.

Es para mí un gran honor estar nuevamente en esta tribuna representando a mi distrito y a mi estado, pero, sobre todo, representando el trabajo y el compromiso y la voz de los mexicanos. El desarrollo social debe de ser la prioridad en un México incluyente, muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos donde las oportunidades son muy escasas. El 46.2 por ciento de la población vive en pobreza y el 10.4 vive en pobreza extrema.

Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso. La violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a los servicios de salud representan una barrera importante para la productividad y el crecimiento económico del país.

Existe un amplio sector que por diversos motivos se mantienen al margen de la economía formal en sectores donde no se invierte tecnológica, donde hay poca o nula inversión en capital humano, donde no hay capacitación, nos da una productividad limitada.

La agricultura en México es una base importante para el desarrollo de nuestro país, y es considerada como una de las actividades más importantes para México, ya que genera una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo, le da alimentación a millones de personas.

De esta forma, quiero comentar que representa un millón 799 mil 6 jornaleros y peones agrícolas en el país. Desafortunadamente, los trabajadores del campo son víctimas a su violación de sus derechos, y viven en condiciones inaceptables, tal es el caso de aquellos jornaleros que trabajan en el Programa Temporal México-Canadá. Ya que no se ha logrado garantizar la protección de sus derechos humanos y laborales, lo que arroja no sólo una falta en sus derechos, sino también una falta legislativa y reglamentaria.

Casos como aquellos, donde se rescataron a más de 200 indígenas tarahumaras, que laboraban en condiciones de explotación en Baja California Sur; o los 49 indígenas mixtecos del estado de Colima, que realizaban su jornada laboral en condiciones infrahumanas.

Esto, compañero, es o que no debemos permitir que siga sucediendo. Tlaxcala, por ejemplo, es un estado que basa gran parte de su economía en la agricultura y desafortunadamente se ha vuelto un sector sumamente muy vulnerable, ya que sólo se práctica en mi estado esta actividad y además migran a otros estados en busca de condiciones mejores.

Según datos de la Unicef, 300 mil niños y niñas acompañan a sus padres jornaleros en busca de mejores oportunidades migrando hacia otros estados y que desgraciadamente cuando llegan a estos estados no lo conocen. Esta situación nos obliga a reforzar su protección porque, si bien no podemos detener el flujo de migración, sí podemos luchar y legislar para que sus derechos sean respetados.

En el Diario Oficial de la Federación, del día 29 de abril de 2005, se publicó el decreto de reformas a la Ley del Seguro Social, a afectos de precisar las modalidades en materia de guarderías para los trabajadores del campo. Esto generó un gran logro. Sin embargo, es necesario enfatizar la importancia de la calidad en esta prestación no sólo en mi estado, sino en todo el país. Por eso debemos enfrentar el reto de proteger y ayudar a distancia a todos estos pequeños para que tengan una calidad en su infancia y su tranquilidad de los padres.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, los invito a sumar esfuerzos y sobre todo los invito a que no olvidemos que gracias a este sector tan vulnerable nosotros comemos. Hagamos que se ejecute el beneficio de prestaciones de ley para los campesinos con la calidad que ellos se merecen.

Por lo anterior expuesto someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme el artículo 237 A de la ley del Seguro Social, para garantizar los servicios de calidad en el ramo de las guarderías.

Insisto, trabajemos con una ruta hacia un espacio de trabajo con dignidad para nuestros campesinos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rosalinda Muñoz.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos.

La iniciativa de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, compañera presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el aumento de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos, obliga a plantear la necesidad de garantizar constitucionalmente su seguridad y su protección integral.

La relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, la impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a procurar justicia, son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo.

Así lo externaron periodistas y activistas invitados al foro El Estado mexicano en las agresiones a periodistas, organizado por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, una opinión prácticamente idéntica a la que han manifestado distintas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como artículo 19, en cuyo informe 2016 señala que en el 41 por ciento de los casos de agresiones a periodistas se presume la implicación de funcionarios públicos. Ante esta terrible situación la respuesta de las autoridades ha sido totalmente deficiente.

En un informe reciente, la Organización de Comunicación e Información de la Mujer ha señalado la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, en forma principal en lo que corresponde a la garantía de justicia para los periodistas ante la ausencia de una eficaz política de perspectiva de género y su estructura y operación.

De igual forma, organismos internacionales de derechos humanos han emitido una serie de recomendaciones al Estado mexicano, debido a las grandes violaciones a los derechos humanos.

Algo que recordó claramente Michel Forts, experto independiente en la materia y relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos y los periodistas, en su reciente visita a México, del 16 al 24 de este año.

Forts subrayó que las periodistas y los periodistas que mantienen posiciones críticas o disidentes frecuentemente enfrentan intimidaciones y amenazas. Asimismo señaló que el establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión ha sido un paso muy positivo; sin embargo, la sociedad civil ha criticado a la Oficina del fiscal especial, por no lograr avances significativos en las investigaciones.

El panorama que actualmente vivimos en lo que toca a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos evidencia que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión no ha cumplido con su tarea. Los motivos de semejante incumplimiento son diversos, entre ellos se encuentran la ausencia de suficientes facultades para realizar investigaciones exhaustivas que terminen en procesamientos; el hecho de carecer de perspectiva de género y la falta de autonomía para atender en su justa dimensión las agresiones. En un gran número provienen de las propias instituciones del Estado.

El Estado mexicano debe ser consecuente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobados en los últimos años, con la finalidad de fortalecer nuestra incipiente democracia, que año tras año se debilita ante los sistemáticos ataques contra medios de comunicación.

A partir de las experiencias narradas por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la función de la mencionada Fiscalía Especial y con base en testimonios, estadísticas e investigaciones realizados por organismos de aprobada competencia en la materia, se propone dotar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de reconocimiento constitucional y autonomía de gestión y organización interna, con el objetivo de frenar y poner solución a la impunidad que persiste en la totalidad de las agresiones contra periodistas y personas de derechos humanos defensores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Muteb Saleh Al-Mutoteh, embajador extraordinario plenipotenciario del Estado de Kuwait en México, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Kuwait, que preside la diputada Verónica Delgadillo García. Sea usted muy bienvenido a esta Cámara de Diputados.

Deseamos que este grupo de amistad sea un nuevo espacio para estrechar las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. Muy bienvenido, señor embajador.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el subsidio en nuestro país es uno de los problemas de salud públicas más graves que tenemos, es por ello que propongo una reforma a los artículos 109 y 110 de la ley de los niños, niñas y adolescentes.

El subsidio es todo acto por el que un individuo se causa así mismo una lesión o un daño grave con una variable de tener una intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. En el mundo cada año más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo.

En 2012 el suicidio fue la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes de 15 a 29 años de edad. El suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas. En este caso como en el de otros problemas de salud pública las acciones preventivas son el punto nodal de su control y posible erradicación.

El 40.8 por ciento de los suicidios ocurren en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el cual la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil. Resulta evidente que estos jóvenes tuvieron que haber pasado por un proceso de ideación suicida no detectada por profesionales de salud.

De acuerdo con este Programa Nacional de Asistencia Social de 2014 a 2018, en lo que respecta a México es necesario reconocer que aun cuando se han realizado esfuerzos, aun no se cuenta con información a nivel mundial del total de la población infantil que vive en centros asistenciales, principalmente en las instituciones privadas.

Es necesario señalar que esos miles de niñas, niños y adolescentes son sujetos de asistencia social, lo que significa que son individuos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Es importante citar que el artículo 2 de la Ley General de Salud establece, entre otras finalidades, el derecho a la protección de la salud, el disfrute del servicio de salud y de asistencia social que satisfaga eficazmente y oportunamente las necesidades de la población.

Asimismo, establece que la asistencia social debe ser considerada como materia de salud general, lo que la convierte en materia insoslayable para el Estado mexicano.

La presente iniciativa tiene como objeto que el seguimiento psicológico que por mandato de la ley deben realizar los centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes incluya la detección de la idea suicida.

Asimismo, que sea realizado por personal especializado en atención en psicología. De esa manera se podrá proteger a esos miles de menores de edad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y, por tanto, completamente expuestos a ideas suicidas.

Es necesario señalar que, a pesar de que en el artículo 109 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de que los centros de asistencia social realicen el seguimiento psicológico, el artículo 110 de esta misma ley establece el personal mínimo con que deben contar dichos centros. No menciona al personal en materia de psicología.

La presente iniciativa propone resolver este espacio de vacío jurídico. Considero que la profesionalización de los centros de asistencia social y su enfoque hasta la detención de esta idea suicida contribuye de una manera efectiva al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de nuestros Niñas, Niños y Adolescentes, en cuanto a la protección física y psicológica de los menores de este país que son atendidos en centros de asistencia social. Asimismo, que podrá constituirse en medida efectiva para la prevención del suicidio en nuestros menores sujetos a asistencia social.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de este pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 109 y la fracción II al artículo 110. Ambas de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 109 y fracción II del artículo 110, ambas de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 109. Los servicios que presentan los centros de asistencia social estarán orientados a brindar el cumplimiento de sus derechos.

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde el servicio médico integral de atención a primeros auxilios, seguimiento social, psicológico, que incluya la detección de la idea suicida y jurídica, entre otros.

Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar con por lo menos el siguiente personal: personal especializado en proporcionar atención psicológica de actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud. Atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Karla Karina Osuna Carranco. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a vecinos de la Colonia Bellavista. Invitados por el compañero vicepresidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con su autorización, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a proponer la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 2o. y se reforma la fracción XII del artículo 58 de la Ley General de Turismo.

El panorama del crecimiento del sector turístico revela que es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos del país, tanto por su nivel de inversión por la participación en el empleo, la aportación de divisas como por su contribución al desarrollo regional, pues genera el 8.4 por ciento del producto interno bruto.

Por ello, la presente iniciativa establece la obligatoriedad respecto a la certificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la prestación de servicios. Esto con el objetivo de promover el desarrollo económico y social, el saneamiento de las finanzas públicas de los gobiernos locales, así como impedir la evasión de impuestos, ya que ésta en algunos casos supera el 600 por ciento, si se compara con la ocupación real de habitaciones que tiene cualquier zona turística.

La Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria, estima que existe una evasión de más de mil 500 millones de pesos por parte de empresas hoteleras bajo la modalidad, Todo incluido, ya que ha detectado su evasión en el pago del ISR y del IVA. Esta evasión fiscal realizada por diversos grupos hoteleros, sobre todo los establecidos en El Caribe mexicano, reduce la actividad económica regional y el desarrollo y el propio SAT ha señalado a esta como una práctica recurrente.

La transversalidad del turismo representa un motor natural de crecimiento, genera oportunidades para grandes, medianas y pequeñas empresas, pero si a ello se agrega una regulación adecuada, se propician sin duda encadenamientos productivos de mayor valor agregado, pertenencia y bienestar, así como la preservación de nuestra riqueza natural y cultural.

La Organización Mundial de Turismo ha señalado que hacia el año 2030 países como Turquía, Hong Kong, Japón y Rusia, captarán el 57 por ciento del sector de acuerdo a sus características de mercado, las cuales van marcando una tendencia hacia la diversificación de la oferta de destinos y productos, pues han abierto espacios para una mayor competencia e implementado una mejor regulación sobre el cumplimiento de la ley.

México sigue creciendo pero lo hace a menor ritmo que otras naciones y se ha ido rezagando no solo en cuanto a llegadas e ingresos recaudados, sino en la implementación de normas que garanticen el incremento de la capacidad recaudatoria del Estado.

En el índice de competitividad global, México se ubica en el número 53 de 144 países, lo que es un claro indicativo de que nos están aprovechando nuestras ventajas de manera eficiente y las nuevas inversiones no influyen en la calidad de vida de la población local.

De acuerdo a lo establecido a la Ley General de Turismo, se deben de establecer las bases para la planeación, la programación de la actividad turística en todo el territorio bajo criterios en beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado en los gobiernos estatales y municipios.

Por ello y, en ese orden de ideas, es imprescindible evitar la desviación y la disminución notable de recursos que ha sufrido nuestra economía debido a la participación de la renta turística que no se queda en nuestro país, principalmente porque no todos los servicios que se incluyen acreditan el pago de impuestos.

Una manera de incentivar a los prestadores de servicios turísticos es la realización de convenios de colaboración con proveedores nacionales, impedir que las empresas adopten esquemas mediante los cuales pudieran evadir el pago de impuestos y con ello puedan acceder a una certificación tanto de calidad como del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Esa certificación, por tanto, no debe de ser una opción como hasta ahora prevé la legislación. Debe convertirse en una obligación permanente que forme parte de un sistema mucho más efectivo que impulse la calidad, la competitividad, el desarrollo social y el cumplimiento de la legislación fiscal.

Hoy más que nunca es necesario aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, impulsar el ordenamiento y la transformación del sector, la innovación de la oferta, la competitividad, el mayor fluyo de inversiones y financiamiento, la promoción eficaz de todos nuestros destinos turísticos y el impulso de la sustentabilidad para que los ingresos generados por este sector sean fuente de bienestar social para todos los mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Pool Pech. Túrnese a la comisión de Turismo para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene e uso de la tribuna el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Presidencia da la bienvenida y saluda al grupo de invitados del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Bienvenidos.

El diputado Jorge Álvarez Máynez: La Constitución de la Ciudad de México ha sido a nivel institucional, el esfuerzo mejor logrado por rendirle tributo a los 100 años de nuestra Constitución, de la Constitución de 1917; se dieron avances muy importantes como la eliminación del fuero, como lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos a los seres humanos, y con el avance de la Ciudad de México a un proyecto de nación fincado en los derechos humanos.

También quedaron batallas pendientes. Una de ellas es la que traigo hoy a la discusión de esta soberanía, la reducción de la edad para votar de los 18 a los 16 años. El año pasado hubo una ola fascista en el mundo; su expresión más famosa, más cercana al pueblo de México y más conocida por todos nosotros, fue la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

En Austria hubo un candidato fascista que se quedó a unos cuantos puntos de ganar la elección Norbert Hofel, y no ganó frente al candidato Verde Ecologista, frente a Alexander Banvelet porque en Austria se aprobó hace algunos años que los jóvenes de 16 años pudieran votar.

Si nosotros aprobáramos esta misma reforma, nos vacunaríamos, desde hoy, contra esta ola de fascismo, de nacionalismo excluyente que se vive en el mundo. Si los jóvenes de entre 16 y 18 años en Estados Unidos hubieran podido votar, aún con el sistema electoral de Estados Unidos en el que no decide el voto popular, Donald Trump no sería hoy presidente de los Estados Unidos.

En México este es un derecho que le podríamos dar a cinco millones de jóvenes. Y hay quien dice, porque hemos platicado de esta iniciativa con la gente, que los jóvenes de 16 años no tienen la madurez suficiente para ejercer este derecho, pues nuestras leyes sí les dan la madurez para cobrarles impuesto, sí pueden ser contribuyentes sin la anuencia de sus padres, sí les dan la madurez suficiente para contraer matrimonio, e incluso en el nuevo sistema de justicia penal, pueden ser encarcelados.

Pero a pesar de que cumplen con estas obligaciones no creemos en ellos para que tengan el derecho a votar y ser votados. Otro ejemplo de política comparada es Escocia. En Escocia se permite el derecho al voto a los 16 años. En escocia el 75 por ciento de los jóvenes que podían votar en el referéndum de independencia de entre 16 y 18 años lo hicieron, pero atendamos el caso mexicano.

En el caso mexicano los jóvenes de entre 20 y 29 años en su mayoría no votan, el abstencionismo es de más de la mitad en promedio en los últimos 10 años que se presentan las elecciones en México, pero los primero votantes, los jóvenes de 18 y 19 años salen a votar en una mucho mayor proporción, votan 63 por ciento de los jóvenes que tienen 18 y 19 años en México.

Por eso nosotros creemos que esta cultura cívica que se demuestra con los primeros votantes hay que ampliarla a los jóvenes de entre 16 y 18 años, que además le daría una mayor fuente de legitimidad.

Hoy gobierna México no solamente un presidente que tiene el 12 de por ciento de aprobación, según la última encuesta de referencia nacional. Gobierna México un presidente que fue votado por menos del 20 por ciento de la población, y lo gobernó también un presidente que fue votado por el 15 por ciento de la población entre 2006 y 2012.  Si nosotros expandimos a este grupo de edad la posibilidad de votar, estaríamos teniendo un mucho mayor avance en legitimidad.

En 1969, hace 48 años, y en buena medida por la lucha de 1968 se redujo en México la edad para votar de 21 a 18 años. Hoy, casi 50 años después del 68, y unos años después del Movimiento Estudiantil Yo Soy 132 que sacudió a este país hace algunos años, la mejor manera que tendríamos de rendirle un homenaje a los jóvenes mexicanos es, concediéndoles el derecho a votar a los 16 años, esa es la iniciativa que presentamos el día de hoy, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Álvarez Maynez, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos. Michelle Bachelet.

Someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se busca reducir el tiempo máximo para la expedición de las órdenes de protección de emergencia y preventivas que se establecen en dicho precepto.

Durante siglos a las mujeres se nos ha enseñado a normalizar la violencia, se nos mostró que las relaciones de sumisión y dependencia de la mujer respecto al hombre eran lo normal, que la violencia masculina tenía una justificación, se toleraba por la sociedad e incluso por las propias mujeres que se encargaban de perpetuar estereotipos sexuales y roles de género.

La violencia de todo tipo contra las mujeres ha sido lo habitual durante demasiado tiempo en nuestra cultura. Afortunadamente las circunstancias están cambiando, pero para erradicar la violencia de género aún nos falta mucho. Por eso es necesario hacer consciencia de que cada mujer tiene el derecho a vivir plenamente, lo que significa, por supuesto, vivir libre de violencia.

Nuestra Constitución prohíbe todo tipo de discriminación por razones de género, a nivel internacional la violencia contra las mujeres como forma de discriminación y violación de los derechos humanos está igualmente prohibida en una diversidad de instrumentos. Ciertamente se ha hecho un esfuerzo importante para eliminar la violencia contra las mujeres, lamentablemente te las cifras nos muestran una dolorosa realidad.

Las estadísticas de ONU-Mujeres estiman que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental, o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental, en algún momento de su vida. En algunos países esta cifra llega hasta el 70 por ciento.

En México, según cifras del Inegi de 2005, un 32 por ciento de las mujeres han padecido violencia sexual. Más grave aún es el hecho de que en promedio durante 2013 y 2014 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. Esto no puede continuar, si bien existen disposiciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que pretenden coadyuvar a eliminar estas acciones, lo cierto es que la actuación de las autoridades no es lo suficientemente expedita, dejando a las víctimas de violencia indefensas ante sus agresores.

En algunos casos la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violación de un derecho exige una respuesta urgente. Es por ello que la presente iniciativa propone disminuir el tiempo de actuación de las autoridades a un tiempo máximo de cuatro horas, la mitad de lo que se establece en la ley vigente. Lo anterior para otorgar una protección más rápida y eficaz a las mujeres víctimas de violencia y contribuir de este modo a proteger su vida e integridad.

En Nueva  Alianza haremos todo cuando esté en nuestras manos para erradicar la violencia contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Saldívar Paz. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes para todos mis compañeros.

Creada desde hace más de 10 años, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil ha representado un parteaguas en la consideración y valoración de la sociedad civil organizada en el desarrollo del país. Pero, además, ella misma ha incidido en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como en el momento significativo y progresivo de la participación de las organizaciones no gubernamentales y, en específico, de las asociaciones de carácter civil en el rumbo de las políticas públicas, de la legislación y, en general, del Estado de derecho y democrático de este país.

En este marco histórico, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sufrido profundas modificaciones y, además, grandes replanteamientos, desde la miscelánea fiscal en el año de 1989, que dejó fuera el régimen de personas morales no lucrativas y que además despertó en ellas el descontento de este importantísimo sector, hasta el año 2004, cuando por fin se aprueba la ley a la que el presente decreto se referiría.

Esto ha sido solo el inicio, fue de inmediato el conocimiento para todos y el asomo imaginativo de los líderes de las organizaciones, el hecho de que el artículo 5o. de la ley comentada representaba el núcleo y la esencia del tema. El sujeto mismo de la ley y los temas por los que valía la pena reconocer, impulsar y proteger al sector vertebrador y vinculativo, no solamente no lucrativo como se manejaba anteriormente de la sociedad.

En efecto, en dicho artículo el objeto social de cualquier organización de la sociedad civil que aspirara a ser respaldada en sus actividades, lo cual por supuesto todavía sigue siendo una concepción incompleta, pues no son las actividades las que se deben de respaldar, sino las organizaciones a las que hay que fomentar. Este objeto es moldeado para privilegiar aquellos temas en los que más es esencial y necesaria la articulación y la coordinación entre el Estado y la sociedad civil organizada.

Temas como la asistencia social, la alimentación popular, la participación ciudadana, la asistencia jurídica, el desarrollo de los pueblos indígenas, temas como el de mujer, juventud, derechos humanos, son de forma acertadísima enunciados y, por tanto, privilegiados en el objeto social de miles de organizaciones en este artículo.

Ahora bien, cuando se crea esta ley en el 2004, en relación con el tema de investigación posterior la primera infancia y el desarrollo infantil temprano, se determinó, en su momento, que no se incluía, pero es a partir del año 95 a 2000 que grandes investigadores, grandes estudiosos como Heckman Meyer e instituciones como la UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo ponen el acento en este tema de primera infancia, comenzando a aparecer en el radar de algunos sectores vanguardistas lejanos a México, salvo por algunos investigadores, como serían Marco Delgado o Arcelia Martínez.

No es raro pues, que el tema haya tardado más de una década en aparecer en el radar de la legislación, por lo menos haciendo el intento por hacer presencia y más aún en las políticas públicas.

Gracias al impulso de organizaciones, como la Fundación Un Kilo de Ayuda, entre otras, no muchas a pesar de ser un tema fundamental, el tema comienza a ejercer la presión requerida para que aparezca al menos en iniciativas, dictámenes en opiniones presupuestales.

El reto ausente, pero próximo para todos nosotros, es su aparición finalmente en aquellas legislaciones que protegen al niño, pero que aún hoy, 15 años después de haberse logrado por ejemplo en España, no reconocen esta edad como una etapa de desarrollo que requiere su propio enfoque y especialización legislativa.

Es por ello que propongo, mediante la presente iniciativa, dar un paso intermedio que nos permita ir avanzando en el camino de reconocimiento, del empuje que necesita México en el tema de primera infancia, por el que sea la sociedad civil organizada la que dé ejemplo, impulsando este prioritario y valiosísimo tema, que a través de la Ley de Fomento el Estado motive e incentive el impulso a la primera infancia a través de las asociaciones civiles, fundaciones, organismos no gubernamentales, a fin de abrir camino y hacer visible en la sociedad, de forma más amplia y con más brazos, que lo que incluso posee el Estado, la realidad del desarrollo infantil temprano.

Con base en esto, la presente iniciativa pretende incluir en el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, una fracción XIX por la que se incluya entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento, la que se refiere a la defensa, promoción e impulso de la primera infancia y el desarrollo infantil temprano, así como de la educación infantil temprana, la atención de la salud materna infantil, la educación especial y la investigación sobre el desarrollo temprano del niño. Es esto lo que pongo a su consideración, un primer paso en un tema urgente que se ha descuidado en nuestro país y que hoy requiere, más que nunca, si no queremos más pruebas PISA tan terribles en resultados para México, que por fin se voltee a ver un tema esencial para nuestros niños. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. El derecho humano de participación política nos ha sido permanentemente regateado a los ciudadanos mexicanos en el México pos revolucionario, a pesar de estar contenido en el artículo 35 de nuestra Constitución.

La Corte y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos han sido claros y nos han dicho que el derecho humano a la participación política es un derecho humano de configuración legal.

La idea de regatear este derecho a los mexicanos es parte de la razón por la que en nuestro país no hemos podido consolidar nuestra democracia después ya de 100 años de la Constitución del 17. Y este regateo se ha dado de manera histórica a través de la legislación. Porque el legislado cree que puede regular este derecho a su antojo y olvida que al ser derecho humano, la libertad de configuración legal tiene límites y estos están acotados por el respeto a la hermenéutica jurídica de los derechos humanos.

Así, la propuesta de iniciativa que presento el día de hoy, compañeros, busca que el artículo 35 constitucional contenga los principios y criterios a los que debe someterse toda legislación electoral y apegarse, en nuestro país, a los principios que ha establecido el sistema Interamericano sobre Derechos Humanos, que entre otros nos destaca el test de proporcionalidad que busca evitar que se establezcan en la legislación electoral restricciones, requisitos y condiciones irrazonables y desproporcionadas.

Igualmente, esta propuesta, esta iniciativa busca que en los términos del ejercicio del derecho humano, es decir, votar y ser elegidos, debe apegarse siempre a los principios de derechos humanos, como lo es el principio pro persona. Este quiere decir que el derecho humano de participación política es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los partidos.

Los partidos lo ejercen como derecho del legado del ciudadano. Somos los ciudadanos los que tenemos el derecho de votar y ser elegidos, y lo podemos ejercer por la vía partidaria o por la vía independiente; es decir, sin partido.

El otro principio es el de no discriminación. En México actualmente la legislación electoral discrimina por género y discrimina por filiación política, entre otras.

Igualmente, de apegarse la legislación electoral al principio de certeza, este busca darle certidumbre al ciudadano, pero también prohibir la arbitrariedad a la autoridad.

Tenemos también el principio de equidad, que busca establecer un piso parejo con el objetivo de que todos tengamos la misma oportunidad en la participación electoral.

Tenemos igualmente establecido en el planteamiento de esta iniciativa el principio de progresividad, que nos habla de que los derechos humanos, y en este caso el derecho humano de participación política, deben ir a más, deben ampliarse y no restringirse o involucionar.

Finalmente, hablamos de la oportunidad efectiva como principio fundamental de los derechos humanos, que nos señala que no basta que se nos reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo.

No basta, pues, que esté contenido en la Constitución, sino que la legislación que regula debe dar la oportunidad real y efectiva de poder ejercer nuestro derecho. Porque, compañeros, la libertad y las decisiones de las mayorías en una sociedad democrática, especialmente a la hora de legislar, tienen siempre un límite y ese límite es el respeto irrestricto a los derechos humanos, y así debe ser la libertad de configuración legal que tiene el legislador para establecer el derecho de votar y ser elegido.

Así, pues, proponemos esta iniciativa con objeto de que queden contenidos estos principios que, además, ya los plantea el sistema interamericano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Clouthier Carrillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la Declaratoria de reforma constitucional en materia de justicia laboral.

Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a fin y a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En consecuencia del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 17 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Gracias.

Con motivo de esta Declaratoria de Reforma Constitucional, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión hago referencia a la declaratoria de reforma constitucional del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.

Una de las reformas más importantes que se aprobaron durante el primer periodo de este segundo año de la LXIII Legislatura fue sin duda la que se refiere a los artículos 107 y 123. De este modo, se pretende hacer que la justicia laboral sea más sencilla y expedita para los trabajadores y que deje de formar parte de las atribuciones de los Ejecutivos para pasarlas al Poder Judicial a nivel federal y estatal.

Como todos saben, uno de los principales objetivos de esta reforma radica en sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

También se favorece la resolución de los conflictos laborales mediante la conciliación, dado que en la reforma se plantea que antes de acudir a los tribunales laborales los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente.

En materia federal, esta función estará a cargo de un organismo descentralizado al que le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

La reforma precisa la forma de elección del titular del mencionado organismo, quien desempeñará el cargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Así, se establece que el Ejecutivo federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores que realizará la designación correspondiente.

A nivel estatal, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación que tendrán personalidad jurídica propia, plena, plena autonomía operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

La reforma también hace mención de los procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. Con esta reforma se busca respetar la representatividad de las organizaciones sindicales, la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Del mismo modo la reforma que hoy es una realidad, planea que el voto de los trabajadores sea personal, libre y secreto, para la resolución de conflictos entre sindicatos; la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes. Hoy damos vigencia a una reforma que facilitará la justicia para millones de trabajadores.

En Nueva Alianza estamos ciertos de que esta transformación será para mejorar la impartición de la llamada justicia cotidiana, y hacemos votos para que esto redunde en la calidad de vida de todos los trabajadores del país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidente; compañeras y compañeros diputados, la reforma laboral que hoy ha llegado a buen término, la reforma constitucional, sin duda es una reforma que ya hacía falta en este país, donde hace más de 100 años se estableció en la Constitución, la primera Constitución del mundo, como una Constitución con derechos sociales.

No se puede perder de vista que en el país la corrupción imperaba en las juntas de conciliación. El rezago en los juicios laborales tenían aproximadamente un promedio para que se resolviera un juicio, un caso de tres años, siempre en perjuicio sobre todo de los trabajadores. Y también podemos decir que las representaciones sindicales en realidad nunca defendieron a los derechos de los trabajadores, es decir, la función esencial que tenían las juntas de conciliación, el espíritu por el cual fueron creadas para que hubiera realmente una igualdad de los trabajadores frente al capital, frente al patrón, en la práctica se desvirtuó.

Lo que hoy podemos decir es que la democracia sindical en este país no existe, con sus honrosas excepciones, la democracia es una simulación en los sindicatos, esto es un grave perjuicio que tienen los trabajadores, pero por supuesto más perjudicial que la intervención de los ejecutivos locales y federal en la autonomía de los sindicatos en la misma intervención de las juntas locales fue lo que dio al traste con lo que en principio los constituyentes de 1917 habían plasmado como una de las grandes conquistas que tuvo la revolución que era que los derechos de los trabajadores estuvieran plasmados en la Constitución, porque recordemos que la revolución la hicieron enormemente en su mayoría los trabajadores de este país.

Por eso esta reforma debe buscar romper con esos paradigmas que siempre ha tenido la justicia laboral. Romper con la corrupción, romper con el rezago que tienen los juicios laborales.

Lo que hoy necesitamos también es que la normatividad que va a regular esta reforma del 123 y del 107 constitucionales, deba ser una normatividad que esté a la altura de las circunstancias que tiene este país, sobre todo que haya certeza jurídica, que los trabajadores hoy por primera vez después de 100 años realmente tengan justicia.

Necesitamos que efectivamente, en relación también con el 17 constitucional revisemos y fortalezcamos lo que son los poderes judiciales locales. En los poderes judiciales locales se centra lo que realmente se busca en esta reforma. Si perdemos de vista que en los poderes judiciales locales tenemos también graves problemas de corrupción, que no hay perfiles idóneos de jueces, que no hay un servicio civil de carrera y que en la realidad todavía hay muchos cacicazgos y que la autonomía de ése Poder Judicial local y federal deja mucho que desear, entonces esta reforma, desde hoy se los anunciamos, fracasará.

Por supuesto que también necesitamos que esta reforma fortalezca la democracia de los sindicatos. Los sindicatos necesitan ser verdaderos representantes de los trabajadores. Hoy necesitamos también que haya una verdadera transparencia de los sindicatos. Señores como Romero Deschamps y otros personajes que están ahí incrustados en la historia sindical, deben de pasar a la historia del país, ya no pueden existir en este país sindicatos charros, sindicatos antidemocráticos.

Nos da mucho gusto que en esta reforma constitucional se fortalezca la conciliación, que realmente muchos casos no lleguen a juicio, que puedan resolverse en mejores términos con la conciliación, y lo más importante que la justicia llegue a los trabajadores.

Sin perder de vista que la competitividad económica también necesita una nueva justicia laboral. Pero si en esta justicia, en este nuevo paradigma de justicia que estamos planteando no pasa por defender los derechos de los trabajadores y darle igualdad ante quienes siempre han tenido desigualdad, que es ante el patrón, ante el capital, entonces esta justicia habrá fracasado.

Los diputados ciudadanos vamos a seguir proponiendo iniciativas que vayan en ese sentido, defender los derechos de los trabajadores y que haya una justicia pronta y expedita en este país. Es cuanto, presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Sánchez Orozco. Tiene el uso de la tribuna el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifiesta su reconocimiento a las legislaturas de las entidades federativas que han manifestado su voto aprobatorio por la reforma constitucional que modifica la realidad en el mundo del trabajo.

Esta reforma llevará a que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial federal, a que la función conciliadora sea una instancia previa al proceso judicial. De esta manera, además de implementar la autocomposición social se evitará la sobresaturación del sistema judicial, pues únicamente en el caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo se acudirá ante los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, según el caso.

Las modificaciones constitucionales replantará el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales. Se crea el organismo descentralizado de la administración pública federal que, actuando bajo los más estrictos principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, tendrá la facultad de atender el registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así de todos los procesos administrativos inherentes.

Con la reforma se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes.

Nuestro grupo parlamentario en el pleno votamos a favor, ya que la reforma en materia de justicia laboral que hoy se vuelve ley suprema de toda la Unión, constituye una respuesta de avanzada a la forma en que los conflictos laborales son gestionados. En Encuentro Social estamos convencidos de las bondades de la reforma y estimamos que su implementación que traerá consigo importantes beneficios para el acceso a una justicia laboral más transparente, atractiva para la inversión y expedita por parte de la sociedad mexicana, será un ejemplo de él. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Abdies Pineda Morín. Tiene el uso de la tribuna el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenas tardes, diputadas, diputados. Una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos.

La estructura y proceso de la justicia laboral mexicana se ha mantenido intacta desde su fundación hasta fines de 1920, en consecuencia, el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad.

En un contexto de cambios en el modelo de crecimiento y en el mercado del trabajo, el rezago en la actualización de la ley respectiva tuvo como consecuencia una expansión indiscriminada de la simulación y la corrupción en los sindicatos para sostener este modelo de relaciones laborales, que hizo posible combinar salarios indignos, trabajos precarios, múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores y hasta fraudes millonarios, como en el caso de Pemex.

Desde mediados de los años noventa era evidente que la reforma al sistema de justicia laboral y la creación de un órgano autónomo para hacerse cargo del registro de los sindicatos y, por consiguiente, de los contratos colectivos, era una necesidad imperiosa. Sin embargo, la reforma laboral del 2012 no tocó este tema.

En respuesta a la inconformidad social que pone en tela de juicio el corporativismo y sus vicios, las exigencias internacionales nos demandan el compromiso del país con la democracia y el Estado de derecho.

El Ejecutivo realiza estudios, consultas, mesas de análisis que ponen de manifiesto la urgente necesidad de actualizar el sistema de impartición de justicia. Es bajo esta presión de las organizaciones sindicales democráticas que el Ejecutivo elaboró una iniciativa que presentó el 28 de abril de 2016 a la Cámara de Senadores, con el objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia, ya que con esto se atiende un reclamo social de primer orden frente a la innegable necesidad de modernización del sistema vigente.

Esta reforma propone tres premisas fundamentales:

1. La impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial federal local (Sic.), o según corresponda;

2. Replantear la función conciliatoria y centra este cometido en los Centros de Conciliación, donde se propone una sola etapa procesal en una sola audiencia obligatoria, de manera que resulte eficaz y satisfactoria para las partes;

3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación. Por lo que se propone crear un organismo descentralizado de la administración pública federal.

Ahora que concluyó este proceso de aprobación en las entidades federativas y se promulgue, el siguiente paso será elaborar y discutir las leyes reglamentarias de la misma. Es aquí donde tenemos que estar alertas, es aquí donde tenemos que estar atentos a lo que se vaya a legislar, a reglamentar.

Ya que se dio a conocer que hay una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que promueve la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de un sector de empresarios, que va en contra de todos los buenos propósitos que supone traería la reforma constitucional recién aprobada.

Morena alerta a los trabajadores y a los sindicatos, que con esta propuesta vuelven a revivir la discusión supuestamente ya salvada de reformas que trataron de imponer cuando la analizó la iniciativa que presentó Felipe Calderón, de reforma laboral.

Dentro de los temas que se replantean y que sería un retroceso a lo aprobado, está la promoción de nueva cuenta de contratos colectivos de protección personal, al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no tratarán de impedir que los trabajadores puedan cambiar al sindicato impuesto por la empresa, con todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica e incluso se les impone un doble recuento.

Se va a imposibilitar la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas que presentan la mayoría en este país y en las que con mayor frecuencia se violan derecho laborales de los trabajadores, al incluir requisitos que no se pueden cumplir debido a las mismas condiciones que tienen en ellas, como lo es la subcontratación, el no estar inscritos en el Seguro Social o donde ni siquiera se les da recibo de pago por su trabajo.

De nuevo se protege a las empresas de subcontratación outsourcing cuando se señala que deben de considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en el caso, cuando las personas morales no tengan empleados, cuando aún esto la ley vigente no debiera de existir. Repetidamente vuelven a la propuesta de impedir que los sindicatos gremiales puedan actuar en su profesión.

Lo más grave, de nueva cuenta, para los trabajadores y la ciudadanía en general, es que han sido excluidos de esta propuesta conforme a los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo.

Antes de establecerse nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe consultar a los actores o destinatarios afectados, máxime cuando esta reforma es esencial para el futuro del mundo laboral colectivo.

Concluyo. Es por esto que en Morena demandamos que este proyecto sea transparentado y se conozca públicamente y se debata de frente con las organizaciones sindicales, al igual que todas las propuestas que se tengan al respecto, y que se analicen y se discutan con un amplio sector del ramo laboral.

Exigimos que en esta Cámara asumamos la responsabilidad de llevar la legalidad, transparencia e imparcialidad, como la rendición de cuentas y en general la justicia al mundo del trabajo. Hacer lo contrario, es caer en simulación y por consiguiente, de nueva cuenta, traicionar a los trabajadores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juárez Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputado presidente. Y con la atención de diputadas y diputados. Hoy no es un día cualquiera, tenemos mucho, mucho por qué celebrar. Ha sido una bandera que la izquierda por muchos años trajo, y que en lo particular el PRD siempre luchó para llegar a este momento.

No es suficiente, pero después de tres décadas tenemos un avance, el avance se tiene que reflejar en beneficio de toda la clase trabajadora, de mexicanas y mexicanos.

En el PRD nos queda claro, no estamos dando un cheque en blanco al Poder Judicial. Estaremos atentos, vigilantes para que estos beneficios que hoy logramos se reflejen en bondades a las trabajadoras y trabajadores mexicanos.

La reforma de justicia laboral aprobada por este Congreso y avalada por 17 congresos locales, desde luego que estamos a punto ya de poderla promulgar.

El artículo 107 y 123 de la Constitución Política plantea que los conflictos entre los trabajadores y patrones estarán a cargo de tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Se acabó el tema que tanto nos aquejaba. Yo sí les pido, amigos diputados y diputadas, tomemos en cuenta que en este momento la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registra un total de 459 mil asuntos y solo están ejecución el 30 por ciento, lo que significa que un 70 por ciento no están siendo atendidas y eso es la parte que engorda el embudo que no da solución a los trabajadores.

El Grupo Parlamentario del PRD celebra la promulgación de dicha reforma, porque dará certidumbre y justicia a los trabajadores mexicanos. Además de que con estos mecanismos atendemos las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

No cabe duda de que estas disposiciones servirán para pasar de un régimen contencioso a uno conciliador y eficiente. Ahora estaremos vigilando los trabajos de las leyes secundarias para robustecer el nuevo mecanismo. Y aún más, ahora la responsabilidad del Poder Judicial deberá hacer efectivo el respeto y el cumplimiento a todos los derechos laborales de esta clase trabajadora mexicana.

Además, se crea un organismo federal descentralizado de conciliación con autonomía de gestión y presupuesto propio, con sus facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales.

Aún más, se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus líderes sindicales. La resolución de conflictos entre sindicato y la sociedad, de celebración de un contrato colectivo de trabajo. Y aún más, diputadas y diputados, hoy todas las fracciones que le hemos dado el voto y que vamos en ese sentido tenemos que estar al pendiente de que no dimos un cheque en blanco al Poder Judicial.

En esta lucha que el PRD ha tenido por años hoy vemos con mucho júbilo que se concreta un logro que después de tres décadas no había habido señales. Estamos en el camino correcto, aún falta pero hoy tenemos un avance que mucho había demando hombres y mujeres que aportan mucho a esta nación con el sudor de su frente, con su trabajo diario y con su esmero y empeño para llevar el sustento a la familia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados, por su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Saldaña Morán. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

El diputado Ulises Ramírez Núñez: Con su venia, diputado presidente. Actualmente nuestro país atraviesa una época de desafíos y cambios constantes, dicho contexto nos obliga a reflexionar de manera crítica en nuestro marco legislativo y tomar las decisiones que puedan resultar más pertinentes para enfrentarlos.

Es necesario que los ciudadanos se sientan en completa confianza con sus autoridades, donde uno de los pilares de nuestra sociedad, como lo son los trabajadores y empleadores, se encuentren en una relación sólida logrando diálogos y confianza entre ambas partes, que las transformaciones estructurales por las que estamos luchando día con día sean en beneficio de todos y no solo para una de las partes.

Estamos en un momento que requiere solidaridad, unión y apoyo. Ante la reforma constitucional en materia laboral, 17 estados de la República han aprobado la reforma de justicia cotidiana en materia laboral, presentada por el Ejecutivo. Con dicha aprobación, el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de las entidades, serán los encargados de solucionar los conflictos que lleguen a incurrir entre patrón y trabajador con procedimientos más explícitos, más expeditos, personal capacitado y sobre todo la justicia por la que tanto hemos luchado.

Dicho cambio resulta necesario a efecto de dotar a la justicia laboral de criterios de imparcialidad, objetividad y con mayores estándares de sensibilidad social. Por tal razón, el Partido Acción Nacional celebra la Declaratoria de mayoría lograda en los Congresos estatales, a efecto de que pueda entrar en vigor de inmediato esta reforma.  Por nuestra parte, observaremos con mucho cuidado y detenimiento la forma en que habrá de implementarse esta importante reforma a favor de los trabajadores de nuestro país.

El Partido Acción Nacional votó a favor de la presente reforma, por todos los beneficios que conlleva, sobre todo pensamos en todos los trabajadores que día con día dan lo mejor de ellos para un mejor país y que se merecen una justicia laboral efectiva, pronta y expedita. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ulises Ramírez Núñez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Son 100 años que se cumplen ya de nuestra Constitución Política en momentos en los que vivimos una época de cambios políticos y sociales jamás vistos, cambios que transforman nuestras actuales instituciones y herramientas jurídicas y sociales.

Gracias a la visión del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha visualizado un México moderno a partir de un sinnúmero de reformas estructurales, hoy se amplían oportunidades y se acotan desigualdades en materia de justicia laboral. Estos cambios buscan el beneficio de México y de cada mexicano, llámese trabajador o empresario, quienes a partir de esta declaratoria de reforma constitucional tendrán la posibilidad de acceder a una justicia pronta, a una justicia que les proteja y que les dote de certeza jurídica.

Con la conmemoración de un siglo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, este pleno es testigo de la declaratoria constitucional de una de las más relevantes y ambiciosas reformas que busca la justicia cotidiana, la justicia laboral en este caso; que surja para ubicarse como una justicia laboral expedita, cercana, objetiva, imparcial y eficiente, que tenderá sin duda a construir un sistema de justicia laboral moderno a la altura de las demandas de los mexicanos y a la altura de las demandas de las causas justas.

En 17 Congresos plurales así lo han visto, así lo han considerado, y por lo mismo han expresado su beneplácito por una reforma constitucional que transforma y moderniza el sistema de justicia laboral. Una reforma constitucional que llega con el enorme desafío, con el enorme reto de acelerar la transición para hacer frente a un nuevo paradigma que delinea la justicia del siglo XXI.

Es el constituyente permanente hoy como lo fue hace 100 años, quien vuelve a marcar la pauta para hacer frente a los grandes desafíos de las transformaciones que hoy nos imponen, con reformas que se traducirán en mejores derechos de materia laboral, en mejores leyes y en mejores instituciones.

Para nadie es ajeno que la justicia laboral era obsoleta, compleja e ineficaz. De ahí que bajo un enfoque constructivo con enorme valor político y distingos, bajo un proceso plural y participativo de diálogo democrático y de acuerdos políticos, el constituyente permanente aprobó una reforma que edifica un cambio, que redefine a los órganos de justicia laboral para volverlos órganos jurisdiccionales, rescatando la función fundamental y conciliadora.

Como lo hemos aquí expresado en su oportunidad, la reforma pretende acabar con todos los vicios, espacios susceptibles de tutelar inercias y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica en perjuicio de los actores involucrados.

Con nuevos tribunales laborales enmarcados en el Poder Judicial de la Federación y en los estados, dejamos atrás un modelo ineficiente e insolvente para dar lugar a un nuevo modelo que tendrá como premisa suprema fundamental la equidad y el verdadero acceso para todos a la justicia.

Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del PRI es fundamental seguir dotando a las instituciones para que contribuyan en el desarrollo del país y fortalecer los derechos de los trabajadores en nuestro país.

Consideramos que con esta reforma de la que hoy se emite su declaratoria constitucional, estamos respondiendo a las exigencias de todos y cada uno de los mexicanos para abonar en aras de un mejor país. Es precisamente en ese contexto que el constituyente permanente está dotando a los mexicanos de herramientas para que la justicia laboral mejores y mejore sustantivamente, acorde al dinamismo de la actual sociedad.

Con la visión del presidente Enrique Peña Nieto, que apuesta a mejores instituciones y refrenda su solidaridad con los trabajadores y el sector productivo, México lo vale. Nuestra próxima tarea será trabajar la legislación secundaria en la que consideramos todos los actores deberán de cumplir por un mejor país. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Amigas y amigos legisladores, esta Presidencia, a nombre de las compañeras y compañeros diputados, desea felicitar a nuestra compañera diputada Jacqueline Nava Mouett, por haber obtenido el campeonato internacional súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 4 de febrero.

Sin duda este campeonato es producto de la constancia, la disciplina, el empeño y el compromiso de nuestra compañera diputada y hacemos votos porque su desempeño en esta Cámara se refleje en pro del deporte mexicano. Enhorabuena, compañera diputada, y si nos acompaña para entregarle un reconocimiento a nombre de la Cámara de Diputados.

(Entrega de reconocimiento)

Muchas felicidades diputada Nava Mouett.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados.

Con el permiso de la Presidencia, el suscrito diputado Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara, vengo a nombre y por cuenta de los integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, que preside el diputado Oswaldo Cházaro, para presentar y posicionar a favor el dictamen recaído a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 11, 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994 en México sucede un fenómeno interesante para los productores lecheros, y aquí en esta soberanía hay muchos que conocen porque provienen de esas zonas lecheras, empieza a haber un auge muy importante de la importación de leche en polvo que llegó a rebasar casi las 40 mil toneladas libres del pago de arancel.

Las y los diputados que provienen de las cuencas lecheras saben perfectamente a lo que me refiero, porque para ellos –para los productores, sobre todo para los pequeños productores– fue una desventaja durante muchos años. Muchos de los productores lecheros que hoy existen son aquellos que venían desde hace 20 años y que desgraciadamente no han podido crecer su acto ganadero.

Hoy si bien el precio del dólar para este país y para nuestros productores de la leche es un incentivo, ya que hoy no es tan rentable la importación de la leche en polvo, la crisis de la cadena productiva nacional, motivadamente sobre todo por la sobreproducción lechera internacional a precios de mercado muy por debajo de los que tenemos nosotros, llevó a que nuestros productores no pudieran crecer y que tuvieran siempre unas ganancias muy, muy marginales.

En México hay alrededor de 240 mil unidades de producción para la producción de leche, donde la mayoría son pequeños productores de nivel rural que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como fundamento la planeación y la organización de la producción agropecuaria, su industrialización y su comercialización, así como los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes primero a elevar la calidad de vida de las personas que viven en estas zonas rurales.

Esta ley, en su artículo 3o., establece que la soberanía alimentaria estará basada fundamentalmente en la producción nacional, por lo cual el artículo 79 dice lo siguiente:

El gobierno federal otorgará, de acuerdo con su disponibilidad y con los compromisos internacionales adquiridos por el país, apoyos para compensar las desigualdades de los productores nacionales respecto de los productores de los otros países con los que existan tratados internacionales.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende fortalecer a los productores lecheros, a los pequeños productores lecheros. Hoy vemos cómo nuestro país vecino del norte, su presidente está protegiendo sus propios productores, y reza el dicho que cuando a tu vecino veas las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Hoy tenemos la gran oportunidad de nosotros proteger a nuestros connacionales, a nuestros pequeños productores en este tipo de cuestiones, y más a nuestros productores lecheros. México recibe casi 40 mil toneladas de fórmulas lácteas o de leche en polvo.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de estas Comisiones Unidas, Desarrollo Rural, y Ganadería de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de ustedes, de este honorable pleno, el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 111, 154 y 178, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como sigue.

Artículo 110. El Ejecutivo federal aplicará las medidas que los comités sistema-producto específico le propongan  a través de la Comisión Intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección y fortalecimiento de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país, con los países con los que se sostienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguarda, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

Artículo 111. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá qué productos son elegibles de apoyo, que enfrenten dificultades de su comercialización, que afecten el ingreso de los productores agropecuarios nacionales, creando estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las empresas consumidoras a la zona de producción.

Artículo 154. Para implementar dichos programas de alimentación, el Ejecutivo federal aplicará criterios basados en las disposiciones establecidas en los artículos 111 y 178 de esta ley.

Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimento y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas que aplique el Ejecutivo federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solamente quiero agradecer a los compañeros de las distintas fracciones parlamentarias que integran ambas comisiones de Ganadería y de Desarrollo Rural, por la disposición a atender esta iniciativa para los productores de leche, para los productores rurales que bien necesitan, hoy más que nunca, apoyo de nosotros, de los legisladores, para que sientan el compromiso de esta soberanía por los productores que menos tienen, menos pueden y menos saben. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Erandi Bermúdez Méndez.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno: La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Elio Bocanegra Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, para quienes integramos la fracción parlamentaria de Encuentro Social, resulta de la mayor importancia trabajar en procurar el desarrollo sustentable de nuestro sector agropecuario, con la finalidad de elevar la producción y competitividad del mismo, garantizando así la soberanía alimentaria del país.

La coyuntura que vive hoy nuestro país, exige el fortalecimiento de nuestro mercado interno, la reactivación de la industria nacional y, desde luego, el impulso de nuestro sector agropecuario.

En tal sentido, hoy más que nunca es fundamental contribuir al desarrollo agrario, rural y ganadero nacional, pues fomentando el crecimiento y desarrollo de nuestro sector primario será posible, en el mediano plazo, acercarnos a la soberanía alimentaria.

Con la finalidad de abonar a lo anteriormente señalado, el dictamen que nos encontramos discutiendo busca reformar los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Sustentable.

Con la reforma en cuestión se pretende generar beneficios al sector agropecuario, al establecer que el Ejecutivo federal deberá aplicar las medidas que los diferentes comités sistema-producto propongan, a través de la Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Producción Nacional, con el propósito de incidir en el equilibrio de las políticas públicas y agropecuarias y comerciales de México, con los países de los cuales somos socios comerciales.

Asimismo, acusa gran pertinencia el incluir, dentro de la ley, la nación de agropecuarios nacionales, con la finalidad de favorecer la promoción y apoyo extraordinario de los productores del país en el fortalecimiento de nuestro sector primario.

De igual manera, es muy atinada la implementación de programas de alimentación vinculados al bienestar social y la atención prioritaria a las zonas de marginación, obligando, con esta reforma, al Ejecutivo federal a dar prioridad en la adquisición de los productos requeridos para la atención de los programas sociales, a los productores agropecuarios nacionales, con la intención de apoyar, de manera efectiva, el adelanto del sector.

Por último, el dictamen aporta al desarrollo rural de México al establecer las medidas de abasto de alimentos a la población, priorizando el consumo de la producción nacional. En vista de lo anterior, la fracción parlamentaria de Encuentro Social votará a favor de las reformas propuestas a la Ley de Desarrollo Sustentable, mismas que consideramos urgentes y necesarias para estimular de forma directa el crecimiento de la producción y comercialización de la producción agropecuaria nacional, con la única finalidad de procurar el adelanto social de todo el sector rural del país, generar riqueza en nuestro campo y salvaguardar la soberanía alimentaria de nuestro país, cuya sociedad nos demanda el mejor de los encuentros, el encuentro social. Es cuanto y muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Garzón Canchola. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy busca reformar los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ello con la finalidad de proteger efectivamente a los productores agropecuarios del país.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros acuerdos internacionales en este rubro, el sector primario de la economía nacional se vio forzado en una competencia inusitada, para la cual tuvo que incrementar su productividad y competitividad.

En dichas circunstancias se hizo muy evidente la asimetría entre las condiciones con que se produce un segmento altamente competitivo que cuenta con toda la infraestructura para producir y exportar sus productos, y un grupo de productores pequeños que requieren una estrategia integral para mejorar su producción en condiciones más justas.

En este contexto es una realidad que nuestros productores de leche enfrentan una crisis en la cadena productiva que se debe a la sobreproducción lechera a nivel internacional, la cual disminuye los precios de mercado por debajo de los costos de producción.

Esta circunstancia hace más atractiva la importación excesiva de leche en polvo, lo cual distorsiona el mercado nacional de la leche y amenaza la forma de vida de nuestros productores.

Ahora bien, durante 2015 el Ejecutivo federal anunció el fortalecimiento del Programa de Adquisición de Leche Nacional, operado por Liconsa, cuyo titular señaló que en 2015 se lograron alcanzar los 878 millones de litros de compra de leche a productores mexicanos, lo cual se traduce en un incremento de 200 millones de litros más que en 2011, y significó una reducción importante en las importaciones.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera esta materia como de interés público, misma que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, así como todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

En Nueva Alianza estamos decididos a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Precisamente, con eso en mente hemos decidido dar nuestra anuencia a la propuesta contenida en este dictamen, ya que busca fortalecer las disposiciones, programas y políticas públicas para favorecer a los productores nacionales.

De este modo, entre otras cosas, se incluye en el texto del artículo 111 de la ley que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en la comercialización que afecten el ingreso agropecuario nacional.

Lo anterior es trascendente, toda vez que el texto vigente únicamente se refiere a los productores, dejando en desventaja a la producción nacional. Del mismo modo, se estipula en el artículo 178 que para cubrir la demanda que requieren los programas que aplica el Ejecutivo federal, el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos para la promoción, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.

Para las diputadas y los diputados aliancistas, proteger y priorizar la producción nacional, se ha convertido no solo en una necesidad fundamental para el desarrollo sino la mejor herramienta para fortalecer la economía nacional. Es el momento de México y por ello estamos con sus productores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora: Con la venia de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respecto del dictamen que tiene como objetivo establecer en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que en repetidas ocasiones mediante sendos puntos de acuerdo le hemos solicitado al Ejecutivo federal.

Cuántas veces desde esta misma tribuna hemos clamado por proteger y fortalecer el mercado interno, por proteger a nuestros pequeños productores. Cuántas veces hemos querido proteger a los productores nacionales mediante el consumo de alimentos producidos en México de excelente calidad, garantizar el abasto de alimentos y productos básicos que nutran a nuestra niñez y alimenten a la población en general.

El pasado primero de febrero, el titular del Ejecutivo federal llevó a cabo el relanzamiento de la marca Hecho en México, expresó y citó: “Lo hecho en el país es sinónimo de calidad y un motivo de orgullo para todos, porque llevando bien puesta la camiseta de México sigamos trabajando juntos e impulsando un país de talento único y de calidad mundial”. Cierro cita.

Sin embargo, es urgente pasar del discurso a los hechos. Festejo el motivo de este dictamen, pero debe ser iniciativa del Ejecutivo federal a través de sus diferentes secretarías, encaminar acciones que protejan a nuestros productores de activar el mercado interno y garantizar la alimentación de millones de mexicanos.

Afortunadamente el entorno internacional ha despertado el interés del gobierno mexicano en lo hecho en México. Ojalá y no volvamos a enterarnos de las compras de leche extranjera a sobre precio, mientras nuestros productores nacionales no encuentran estímulos en el proceso final que es la comercialización de su producto; producto –insisto– que no le pide nada al producto extranjero.

Por supuesto que el voto de mi grupo parlamentario será a favor del presente dictamen y esperamos que el Ejecutivo demuestre con hechos que es prioridad para su administración fortalecer el mercado interno y promover y estimular el consumo de lo bien hecho en México, y publique a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación estas reformas tan oportunas para combatir el proteccionismo de nuestro vecino del norte.

Deseo que estas reformas sean un exhorto y un estímulo también para todos los productores nacionales en todos los ramos y nos reforcemos y nos estimulemos para ofrecer los mejores productos de calidad a los mexicanos.

Concluyo manifestando que son estas reformas lo que demanda este país. Este es un ejemplo de lo mucho que como legisladores podemos hacer para defender a México. Qué bueno que se hagan llamados a la unidad y defender a México de los ataques al extranjero, pero es mejor que con acciones concretas se defienda al campo mexicano, a nuestra ganadería, a nuestra industria alimenticia y de paso garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, asegurar la nutrición de nuestros niños y el alimento de millones de mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Zamora Zamora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Jesús Serrano Lora: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen que hoy se somete a discusión.

Nosotros coincidimos con el proponente en cuanto a que la apertura comercial le permite a México traer leche de prácticamente cualquier lugar del mundo aminorando competitividad de este sector. Asimismo, los problemas a los que se enfrentan los ganaderos mexicanos debido a los cambios en el entorno global y volatilidad de precios los dejan en desventaja frente a otros países.

Hasta la fecha ni el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; ni el director de Liconsa, se han dado cuenta que al inicio de la actual administración de Peña Nieto, el dólar estaba en 12 pesos con 90 centavos, y hoy estamos comprando leche a productores de otros países con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. El costo de producción de leche se ha vuelto más caro debido a que el alimento para ganado se cotiza en dólares; a eso se suma la falta de ordenamiento del mercado, costos de transporte, insumos básicos para la alimentación como el forraje, el acceso al agua, y que aquí hay que mencionarlo que la poca que tenemos, la contamina el ecocida de Germán Larrea, sin que ninguna autoridad le ponga un hasta aquí.

Por eso hemos señalado en el informe de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre el mercado agroalimentario. A todo ello hay que agregar los efectos del cambio climático, y para el caso de nuestro país, han traído largas rechas de sequía que limitan el acceso al agua y a forrajes de calidad, lo que ha generado pérdidas considerables en el hato ganadero a nivel nacional.

El mismo estudio de la Cofece señala prácticamente en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria que existen condiciones desfavorables para la competencia económica que terminan afectando a productores primarios como a los consumidores finales, tal es el caso del acopio y procesamiento de comercialización.

En el caso de la leche, se observa un control oligopólico de grandes empresas de que no por ser nacionales dejan de generar distorsión en el mercado al acaparar prácticamente el 75 por ciento, tal es el caso de los grupos Lala y Alpura, y que pocos mexicanos pueden comprar esa leche; sólo los de alto poder como los diputados, los senadores, los grandes magistrados, y no los de bajos recursos, que son la mayoría, que tienen que inclinarse sobre Liconsa.

Asimismo en cuanto a la distribución final del producto, las grandes cadenas de tiendas departamentales y franquicias de tiendas de conveniencia, han generado que el consumidor final carezca de opciones de compra.

Cabe destacar que si bien ha crecido la producción de leche, esto es mínimo; y ganaderos de diversos estados han manifestado que al día se desperdician miles de litros porque Liconsa cierra las puertas a los lecheros, llegando a los depósitos, y porque las plantas de secado, enfriado y pasteurización son escasos en el territorio nacional, o están en manos de coyotes que es lo que priva en este país, que vuelven prácticamente imposible para que los productores manejar su producción.

Tan solo en 2016 Liconsa dejó de comprar 220 millones de litros en la región de la Laguna afectando a más de 11 ml productores al dejarlos a expensas de que las grandes empresas quieran pagar, misma suerte tienen los ganaderos del sureste mexicano de Guerrero, del noreste y prácticamente de todo México.

La intención de la iniciativa de dirigir adecuadamente políticas públicas para garantizar el acceso a los alimentos lo aplaudimos. Por ello votaremos a favor del presente dictamen, pero para que se cumpla lo que realmente necesitamos es que haya voluntad política y que no hablen de dientes para afuera que están hablando de que en este país debemos de trabajar en la unidad. Ojalá así se haga por el bien de este país. Es todo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias diputado Serrano Lora. Tiene el uso de la tribuna la diputada la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Me permite un segundo, diputada. Esta Presidencia saluda y le da la más cordial bienvenida al señor José Crespo Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario del estado plurinacional de Bolivia en México, quien viene acompañado de su señora esposa Mabel Severich, del licenciado Jorge Caballero Barrera, ministro consejero, de la licencia Peggy Maldonado Riss, primera secretaria y del ingeniero Ricardo Aguirre Olmos, encargado de Asuntos Consulares, asistiendo junto con la diputada Rocío Nahle y la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, a la instalación del Grupo de Amistad de México con Bolivia. Hacemos votos porque a través de este grupo podamos fortalecer la relación con este país hermano de Bolivia. Muy bienvenidos, muchas gracias. Adelante, diputada.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza: Con la venia de su presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Ganadería, tiene como origen una preocupación que constantemente han venido manifestando los productores de leche, fundamentalmente los pequeños y los medianos.

Recordemos que en la Comisión de Ganadería tuvimos durante el año pasado reuniones con productores afectados por la crisis y derivados de esos trabajos se aprobaron sendos puntos de acuerdo, uno suscrito por los integrantes de la propia comisión y dos más promovidos por una servidora y por nuestro compañero, el diputado Gerardo Federico Salas.

El objeto de dichas proposiciones no fue otro más que establecer mecanismos que otorgaran certidumbre a los productores de leche en el país, que se fortaleciera la comercialización de su producto, se garantizara la suficiencia presupuestal para Liconsa, que se publicara oportunamente el padrón de proveedores lecheros y se implementaran campañas efectivas de promoción al consumo de leche de origen mexicano.

La convergencia en dichas propuestas demuestra que hay sensibilidad por parte del Poder Legislativo respecto a esta necesidad de encontrar medidas eficaces que alivien las difíciles condiciones en que se desarrolla la ganadería en nuestro país, que es sin duda alguna el más importante rubro de la economía nacional y que representa la única fuente de ingresos para muchas familias mexicanas.

Es claro que uno de los sectores más perjudicados con la ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido el que se dedica a la producción lechera, la excesiva importación de leche de polvo de origen extranjero, así como la sobreproducción de leche en ciertos tiempos del año, y hace que los precios de la leche se muevan constantemente y ponga en situación de vulnerabilidad a todos los pequeños productores en las principales cuencas del país.

Lo anterior afecta principalmente a los más pequeños, como ya lo decía, quienes tienen un serio rezago frente a los productores de otros países y han visto cómo se elevan por diversas circunstancias sus costos de producción, haciéndose prácticamente imposible contender con los preciso que ofrecen sus competidores.

En este sentido, y tomando en cuenta la coyuntura político-económica por la cual atravesamos, resulta urgente e imprescindible adoptar políticas públicas que apoyen, protejan y defiendan a los productores nacionales, en este caso los ganaderos productores de leche, fortaleciendo las cadenas de valor, generando crecimiento económico y ofreciendo mejores oportunidades de prosperar para los trabajadores del campo al tiempo de hacer llegar productos de mayor calidad a la mesa de los consumidores mexicanos.

Es de destacar que el decreto que se pone a consideración enfatiza el interés del promovente, el cual compartimos ampliamente en nuestro grupo parlamentario, por apoyar a los productores lecheros a través de la compra preferente de su producto para el abasto de los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares con que cuenta el Ejecutivo federal.

Por todo lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen, porque consideramos que las modificaciones propuestas darán mayor apoyo y certidumbre comercial al sector lechero del país, para que éste pueda ser más competitivo, mantenga los empleos que genera y seguir contribuyendo al progreso del campo mexicano. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Flores Carranza. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Elio Bocanegra Ruiz.

El diputado Elio Bocanegra Ruiz: Con el permiso de la Presidencia.  Compañeras y compañeros diputados, la discusión de este dictamen de Comisiones Unidas de Desarrollo  Rural, y Ganadería, para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y promover el fortalecimiento de los productores nacionales de leche, se encuentra muy a tono con el debate que realiza actualmente el país para  la renegociación del Tratado  de Libre Comercio de América del Norte.

En nuestra opinión, en el presente dictamen no se trata únicamente de interés de los productores pecuarios, sino también de un asunto de interés nacional, pues tratarse de un producto básico y estratégico implica una discusión más de fondo relacionado con el problema de la soberanía alimentaria de los mexicanos puesta en riesgo por las cláusulas onerosas para México que contiene el Tratado de Libre Comercio.

En los últimos años, ciertamente el sector lechero, al igual que otros sectores productores del campo, han venido enfrentando múltiples dificultades relacionadas con el precio de la leche, al grado que los meses de mayor producción en algunas ocasiones los ganaderos han preferido tirar el producto que venderlo al precio de mercado, y es que dicho precio se establece de manera desleal, por debajo de los costos de producción, Como resultado de los grandes volúmenes de leche en polvo subsidiada e importada principalmente de los Estados Unidos.

Es importante que anualmente en promedio de 3 mil millones de litros de leche que equivalen al 20 por ciento del total de la demanda del mercado, siendo la paraestatal Liconsa la principal empresa compradora de este producto importado.

El problema original que plantea la iniciativa de ley en discusión era para resolver la demanda del mercado de la leche con producto nacional, garantizando la adquisición a productores locales hasta en un 90 por ciento, como compromiso del Estado, a través de Liconsa.

En este dictamen de las comisiones unidas este planteamiento fue modificado con el argumento de que contraviene las disposiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio, en el apartado 4, donde se plantean las consideraciones del dictamen, las comisiones unidas señalan las modificaciones propuestas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al establecer la obligación a Liconsa de adquirir preferentemente a productores locales, constituye una barrera al comercio en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 1006 de ese tratado, relativo a la prohibición de condiciones compensatorias especiales.

Son precisamente este tipo de cláusulas del Tratado de Libre Comercio las que no solo dejaron desprotegidos a los productores agropecuarios nacionales, sino que también ponen en grave riesgo la soberanía alimentaria de los mexicanos, pues no debemos olvidar que además de leche en polvo importamos 11 millones de toneladas de maíz, 2.5 de trigo, 120 mil toneladas de frijol, 80 mil toneladas de arroz y más del 80 por ciento de las oleaginosas, todo lo cual equivale a importar más del 40 por ciento de los alimentos que necesita nuestra población.

Estos son algunos de los motivos por los cuales en su momento el PRD condenó las condiciones bajo las cuales se firmó el Tratado de Libre Comercio: la situación de abandono por la que atraviesan los productores del campo y la vulnerabilidad en que se encuentra hoy nuestra nación ante el vecino del norte. Lamentablemente viene a demostrar que teníamos la razón.

Por todo ello, votaremos a favor del presente dictamen, al mismo tiempo que demandamos que en la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio se ponga en primer plano el carácter de interés público, que de acuerdo con nuestra Constitución tiene la producción agropecuaria, su industrialización y su comercialización.

Asimismo que en dicha negociación participen los tres Poderes de la Unión, los diversos sectores productivos, sociales y centros de investigaciones y no únicamente la iniciativa privada, como lo ha propuesto el Ejecutivo. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Bocanegra Ruiz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, el día de hoy venimos a proponer modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que exista certeza para nuestros productores agropecuarios en tres temas fundamentales. Garantizar la soberanía alimentaria, cuya base fundamental es el apoyo a la producción agropecuaria nacional. Proteger a los productores nacionales ante el riesgo en el contexto internacional, no debemos permitir prácticas desleales del exterior. Y los programas de abasto, a cargo del Ejecutivo Federal, deben dar prioridad de compra a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren.

Por estos motivos, ponemos a la consideración de esta soberanía, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Ganadería, que reforma los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo fundamento de la misma es la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y comercialización, y todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural.

Nuestros productores agropecuarios nacionales deben ser prioridad nacional, el Estado mexicano debe proteger, fortalecer y generar condiciones de crecimiento a las cadenas agropecuarias nacionales y esto debe quedar firmemente especificado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Hoy debemos ser sensibles ante la situación actual que atraviesa el campo mexicano, el problema del campo es de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor.

Este dictamen proviene de una iniciativa con gran sentir ciudadano y que hoy, con el apoyo de todos ustedes, contribuirá al fortalecimiento del mercado interno y en la calidad de vida de la población que más lo necesita.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece diversas políticas públicas, estímulos y apoyos para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales de nuestro país frente a otros países, pero no establece con claridad que no sólo se trata de proteger a nuestros productores nacionales, sino también de fortalecerlos para beneficiar su ingreso y condiciones de producción.

Por ejemplo, cuando se decide comprar leche en polvo de otros países en perjuicio de nuestros productores nacionales.

México exige acciones que abonen a una buena relación entre los sectores productivo y gubernamental, donde se aproveche el potencial de nuestros productores agropecuarios nacionales en favor de mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Por lo que estamos seguros que este dictamen al aplicarse a cabalidad por el gobierno federal significará un beneficio en el ingreso y producción del sector primario, principalmente de los pequeños y medianos productores.

Con esta reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se propone cubrir la demanda que requieren los programas alimentarios que instrumenta el gobierno federal a través de la compra a nuestros productores agropecuarios nacionales como medida de protección y fortalecimiento.

Esta adición contribuye a que el Estado mexicano cumpla con la prioridad de apoyar a los productores nacionales en el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, particularmente hacia los grupos sociales menos favorecidos.

Esta reforma responde también a recomendaciones que nos han hecho diversas instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales de que nuestro país debe fortalecer su mercado interno para hacer frente a las crisis internacionales y mejorar el crecimiento nacional, por lo que exhorto a las diputadas y diputados presentes en este pleno a votar a favor de este dictamen, el cual no solo beneficiará de forma directa a nuestros productores agropecuarios nacionales y a sus familias, sino que también contribuirá en materia a la seguridad y soberanía alimentaria y a lograr un país más incluyente y productivo. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Salas Díaz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Oswaldo Cházaro Montalvo.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la agricultura es una actividad económica de la cual dependemos todos. Tal como lo dijera el granjero y defensor del campo, Wendell Berry, comer es un acto agrícola.

En ese sentido, el sector agropecuario es sinónimo de vida y debe seguir siendo más que un sector productivo y económico, debe seguir siendo el corazón de México.

En el PRI queremos un campo que impulse el bienestar de la población rural y, con ello, el bienestar de los mexicanos.

Por eso, en nuestra plataforma nos comprometimos a trabajar para generar una legislación moderna, dinámica, que permita alcanzar la seguridad alimentaria. Así, elevar la productividad del campo mediante el fomento a los programas de tecnificación y capacitación para el agro mexicano. Es menester ampliar el financiamiento y generar los apoyos a este sector.

El presidente Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su gestión, señaló: “Hoy hay que consumir lo mexicano, no tan solo porque lo sea, sino porque son productos de calidad que compiten en los mercados y son la mejor opción para elegir”.

Comprometidos así con fortalecer al campo y a la producción mexicana, durante esta administración se ha generado el mayor ingreso de divisas a nuestro país en el sector agroalimentario. De hecho, tan solo en 2016 nuestras exportaciones en la materia fueron de 29 mil millones de dólares, ubicándose por encima del petróleo, las remesas y el turismo. El año pasado nuestras exportaciones del mismo sector fueron 14 por ciento más que las registradas en 2014.

Por otro lado, esta administración ha logrado que por primera vez en los últimos 20 años México obtuviera un superávit en su balanza comercial agroalimentaria. Nuestro país percibe más recursos hoy por los alimentos que vende al mundo que por los gastos que hace para importar de otros países.

Productores y gobierno han consolidado a México como primero, segundo y tercer lugar de exportación en diversos productos, como el aguacate, la cerveza y otros más que hoy son proveedores importantes de los mercados internacionales.

Es de destacar el caso de la carne de bovino, donde se exportaron el año pasado alrededor de 2 mil millones de dólares y se ubican en el segundo lugar de las exportaciones agroalimentarias, después de la cerveza.

Sumados a este esfuerzo para robustecer el sector agropecuario mexicano, esta Cámara aprobó un Presupuesto de Egresos para este año que busca conservar la inversión en el Programa Especial Concurrente. De hecho, se rescató este programa, así como otorgar incentivos a productores con base en la productividad, incrementar lo previsto en el desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola. Nos corresponde ahora seguir robusteciendo al campo para impulsar más la producción alimentaria.

Nuestra Constitución en el artículo 27 establece que el Estado promoverá las condiciones paras el desarrollo rural. A su vez, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, objeto hoy de estas reformas, tiene como propósito promover el desarrollo incluyendo la planeación y sobre todo garantizando la comercialización de los productos mexicanos.

Actualmente, el sector primario de la economía enfrenta retos comerciales sumamente importantes, como ya se ejemplificó aquí con el sector lechero.

Por ello, votaremos a favor del presente dictamen para promover el fortalecimiento de la producción nacional y garantizar su protección, estableciendo que mediante la reforma en los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Ejecutivo federal deberá adquirir preferentemente a productores agropecuarios mexicanos, los insumos necesarios para cubrir la demanda que requieren los programas que implemente, desde luego, cuidando los principios de ordenamientos de la libre competencia y además del comercio internacional.

Así como en el campo lo más importante es conocer el momento para sembrar, en la política lo más importante es tener la sensibilidad de legislar en beneficio del interés superior de la nación, tal como hoy lo estamos haciendo en esta Cámara. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cházaro Montalvo. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Estamos aquí para comentar que sin duda alguna estamos a favor de esta iniciativa; sin embargo, queremos hacer algunos pronunciamientos que podrían abonar al debate sobre cómo llevar nuestra economía en las actuales circunstancias.

Coincidimos con el proponente, de que es necesario, en este caso, hablando de los productores nacionales de leche, llevar a cabo legislación que permita fortalecer las actividades primarias. Sin embargo, en este panorama adverso de la actual política económica llevada a cabo por las políticas neoliberales y respaldadas por los últimos presidentes de la República, nos ha llevado a esta crisis y a la entrega de gran parte de nuestras empresas nacionales y, por lo tanto, el debilitamiento de nuestra economía.

Es por eso que tenemos que apostarle a recuperar la soberanía alimentaria y la soberanía económica. No podemos seguir respaldando a través de políticas como la del Tratado de Libre Comercio y seguirnos sometiendo a los intereses del extranjero. Necesitamos recuperar todos los bienes nacionales para que impulsemos de verdad una economía fuerte.

En este caso, ante los embates de la política neoliberal, ha podido sobrevivir Liconsa que a pesar de las limitaciones, del intento de sabotearlo, ha permanecido. Es importante seguir apostándole a que logremos revertir esta política.  Necesitamos regresar a apoyar a los productores, necesitamos nuevamente nacionalizar la producción en México y sobre todo recuperar nuestra soberanía alimentaria.

Ese es el planteamiento de Morena y por eso estamos a favor de esta iniciativa, porque estamos con todos los productores nacionales y respaldamos a todos aquellos que le apuestan a recuperar nuestros bienes de la nación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Castro Vázquez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a ayudantes municipales y líderes de Yautepec y de Cuernavaca, Morelos. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o diputada que haga falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 413 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 413 diputados presentes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos. Unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.

Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la tribuna el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, hasta por cinco minutos.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, me presento ante ustedes para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal.

Nada daña más la gobernabilidad democrática de un país que la acción deshonesta de un servidor público, pues ello debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ello, con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro marco jurídico e institucional, en la Comisión de Justicia aprobamos las reformas contenidas en el dictamen que ahora está a su consideración.

Dichas propuestas son inhabilitar hasta por 20 años al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado; y asimismo al funcionario que, perteneciendo a alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, forme parte de una asociación delictuosa.

Se trata de castigar con mayor decisión a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos y desprestigian la imagen de las instituciones gubernamentales. Nada ni nadie por encima de la ley.

Estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México muestran la urgente necesidad que tenemos para recobrar la confianza ciudadana, la cual de manera general nos supera el 50 por ciento respecto de nuestras instituciones, salvo algunos casos cuando se trata de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, se hace imperativo en este Congreso que redoblemos esfuerzos para sancionar a aquellos servidores públicos o funcionarios que lastimen la relación del gobierno con los ciudadanos.

No hay duda, amigas y amigos, compañeros diputados, que estas reformas contribuyen a la construcción de un México sin corrupción, de un México sin impunidad, de un México de ciudadanos empoderados. Es por ello que solicito a todas las fuerzas políticas representadas en este pleno que apoyemos decididamente este dictamen, votando a favor del mismo.

No permitamos más que malos servidores públicos dañen la fuerza de nuestro sistema democrático. Demos a México un instrumento legislativo que fortalezca la gobernabilidad y el Estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Ibarra Hinojosa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Alberto  Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, y la diputada  Edna Iliana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la corrupción es un flagelo que aniquila la confianza en las instituciones, su combate es un justo reclamo de la sociedad, un reto para México y un compromiso insoslayable para Nueva Alianza.

En este sentido, nuestro grupo parlamentario apoyó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, sumado a que hemos presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo para castigar la corrupción de funcionarios públicos.

Congruentes con este principio, manifestamos nuestro respaldo al presente dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, a fin de aumentar la sanción de inhabilitación de un funcionario público que ayude y favorezca la evasión de un reo. Actualmente dicha norma establece una sanción de cinco años, lo que se busca es incrementar dicha pena hasta 20 años a fin de inhibir la comisión de ese delito, que mina y vulnera la confianza de la ciudadanía.

La fuga de reos deja al descubierto, no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia mexicana, por lo que resulta necesario y conveniente fortalecerlo.

En Nueva Alianza consideramos que para lograr seguridad jurídica y combatir la corrupción en esta materia, es insoslayable modificar la normatividad, pues entendemos que la corrupción, la poca confianza en las instituciones de gobierno y nuestros servidores públicos vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impide el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa. Por su atención y su apoyo, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano. Desde su curul me ha solicitado hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, con su venia. Los diputados ciudadanos estamos de acuerdo en esta propuesta de iniciativa en la reforma, por supuesto que hay que combatir la corrupción y se debe combatir la corrupción precisamente de los agentes policiales o los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Evidentemente quienes ayudan a evadir a un preso, por supuesto que están traicionando la confianza de los mexicanos y de las mexicanas. Por supuesto que combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos. Pero sí queremos decir que el nuevo sistema de justicia penal no va en dirección de incrementar penas, incrementar penas implica ir en contra y contrario a lo que se ha establecido en el nuevo sistema de justicia penal. No buscamos que se incrementen penas, lo que buscamos es tener un sistema de justicia penal que sea eficaz.

En ese mismo sentido, volvemos a hacer un llamado para que esta legislatura entre a fondo a revisar el modelo policial que tenemos en México.

Los diputados ciudadanos hemos presentado recientemente una iniciativa donde planteamos que haya una contrarreforma al 123 constitucional y donde se establezcan derechos para que los buenos policías no caigan en corrupción. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señora presidenta. Primero quiero hacer énfasis que la Comisión de Justicia, la verdad, en los procedimientos de estudio y discusión de los dictámenes se están llevando de una manera muy al vapor.

Incluso, como nosotros somos integrantes, no formamos parte de la Mesa Directiva, se están votando en bloque y no en lo individual cada uno de los dictámenes que se nos someten a consideración. Por lo cual, consideramos que hay una violación de forma al procedimiento y a la técnica legislativa.

Y por otro lado quiero comentar, creo que estamos abusando en las reformas, en esta legislatura, al Código Penal Federal. Si mal no recuerdo, el pasado 17 de noviembre del año próximo pasado, se reformaron los artículos 153 y 154 y se derogó el 151 del ordenamiento penal federal, ya invocado.

En tales reformas se aprobó, incluso por esta soberanía, por 392 votos, donde se ponía una pena de 8 a 12 años de prisión para aquellos funcionarios y cuerpos policiacos que ayudaran y que fueran parte o cómplices de los ilícitos de evasión de presos.

Después, no pasan ni tres semanas, cuando el pasado 16 de diciembre de 2016, se nos presenta el dictamen que hoy se va, en un momento dado, a someter a votación, donde se reforma el 150 y 164 del mismo ordenamiento penal federal.

Es decir, primero lo reformamos para incrementar de 8 a 12 años, y hoy con esta iniciativa que se está presentando se incrementa a 20 años, como que vemos que en esta legislatura o concretamente en la Comisión de Justicia, creemos que con el incremento de las penas a los delitos se va a disuadir la comisión de los mismos, y tenemos por experiencia y la historia en el país nos dice todo lo contrario. Es decir, no porque incrementes la pena quiere decir que vas a erradicar la comisión de los delitos.

Es decir, creemos, en Morena, que no es la solución en este sentido del incremento de penas. Cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en algunas entidades federativas se implementó un programa muy bueno que se llevaba a cabo en las escuelas y que se decía, se llamaba este programa, Educar al niño para no castigar al hombre.

Es decir, yo creo que el problema que radica realmente en la impunidad y en la corrupción, que en los últimos años y en este sexenio de Peña Nieto se han incrementado bastante, es porque se están aplicando las políticas criminales a la inversa. No se está atacando de fondo, por ejemplo, la capacitación y la educación de los cuerpos policiacos ni de los custodios que se encargan de velar por el internamiento de los reos.

Debemos de atacar de ahí porque incluso en este sexenio, en el 2014, creemos que los índices de inseguridad y de internos en las cárceles del país fueron alarmantes. Tuvimos 2 mil 459 incidentes en los diversos centros reclusorios del país, donde participaron más de mil 789 reos y lo más que se cometieron de por medio fueron riñas, motines e intento de evasión de presos, lesiones y homicidios y suicidios.

Es decir, yo creo que si no atacamos de fondo y no atacamos la impunidad y la corrupción jamás podremos disuadir la comisión del delito compañeros. Y mientras sigamos incrementando las penas, yo creo que es hasta como un reto y a la inversa, se viene, en consecuencia, más bien el incremento de la comisión de delitos, que en Morena creemos que no es la solución. Sin embargo, y en apoyo a la población y en apoyo al pueblo de México vamos a avalar y vamos a apoyar y vamos a votar en favor de este dictamen. Es cuanto, señores compañeros diputados. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo...

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidenta, nada más para pedir que quede en el Diario de los Debates que este dictamen que se está discutiendo violó el procedimiento en comisiones. Por ello Morena en comisión se abstuvo. Y es importante señalarlo para que no se cree un precedente y se haga costumbre en las demás comisiones. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Quedan registradas sus apreciaciones, diputada. Adelante, diputado Couttolenc.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Gracias, presidenta. Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros, la atribución del Poder Judicial para privar de la libertad a quien haya sido sentenciado por un crimen se entiende como la acción necesaria para la impartición de justicia. Por supuesto, en su justa dimensión conforme al daño causado sin que ello se traduzca en un acto de venganza.

En la historia de nuestro país son muchos los escapes que se registran en nuestras cárceles y esto ha permitido la evasión de la pena a personas que por la gravedad de sus delitos fueron detenidos, procesados y recluidos.

En noviembre pasado esta soberanía aprobó reformas al Código Penal Federal relacionadas con el delito de evasión de reo, cuyo objeto fue contemplar una sanción para todos aquellos casos en que se viera la participación en la consumación de la fuga.

Del mismo modo, se realizaron modificaciones para dejar de considerar como un atenuante que la evasión se hubiera realizado sin violencia, pues esto constituía un incentivo para los intentos de fuga de los centros penitenciarios.

Hoy estaríamos cerrando el círculo de esas reformas, pues en el fondo lo que está de por medio es que se haga o no se haga justicia. No podemos soslayar que la sentencia de prisión se deriva de un proceso orientado a mantener el Estado de derecho en nuestro país.

Por otro lado, hay que resaltar que el sistema penal de nuestro país se encuentra en un proceso de renovación consistente con el esfuerzo que realiza el gobierno de la república para combatir los actos de corrupción en la administración pública, incluyendo aquellos que se presenten en los centros penitenciarios.

En este sentido, los funcionarios públicos que participen en el escape del sentenciado deberán ser sujetos a un proceso que implique no solo la imposición de una pena privativa de la libertad, sino también la inhabilitación de los mismos para ocupar cargos públicos hasta por un periodo de 20 años.

Consideramos que el presente dictamen cumple con la intención del legislador de fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código Penal Federal.

La sociedad mexicana en general es respetuosa del debido proceso, pero ya está harta de la impunidad. Por ello, es necesario remover todos aquellos obstáculos que impiden que en nuestro país se haga justicia. Por ejemplo, el hecho de que los delincuentes se aprovechen de estos vacíos legales para escapar de las sanciones impuestas y que en su intento sean auxiliados por servidores públicos.

La poca confianza en las instituciones de gobierno y en nuestros servidores públicos vulnera la condición ciudadana de los mexicanos e impide la consolidación de una sociedad libre, justa y equitativa. Necesitamos recuperar esa confianza, ya que solo así podremos propiciar la participación de la población en la construcción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Es por lo anterior, que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, apoyaremos la aprobación del presente decreto, un decreto que busca fortalecer los mecanismos de impartición de justicia para así poder garantizar que existan sanciones suficientes para quien decida traicionar a la sociedad y dejarse corromper por los criminales. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, por cinco minutos.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su venia, diputada presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoyará el presente dictamen. No obstante, tenemos observaciones que hacer, porque consideramos que el incremento de las penas, como lo dice la doctrina del derecho penal debe ser la última ratio.

Inhabilitar por 20 años, después que está establecido de cinco años la inhabilitación actualmente en el Código Penal, nos parece un acto de verdadero populismo penal. Creo que como lo han dicho algunos compañeros, compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, debemos de cuidar esta manera de dictaminar en la comisión. Nosotros –reitero– lo votamos a favor, lo acompañamos.

Estamos convencidos de fortalecer las instituciones penitenciarias de nuestro país, sin embargo, sí considero, y consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se ha incurrido en un abuso sistemático en este tipo de reformas, que partieron de un escenario coyuntural.

Partieron del escenario coyuntural de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán que por cierto, al ser recapturado se olvidaron de cuestiones trascendentales para este país, se olvidaron de darle continuidad a la investigación para llegar hasta el fondo y definir y procesar a quienes verdaderamente fueron culpables. Y hablo de los altos funcionarios del sistema penitenciario en este país, que por mucho tiempo el PRD ha sostenido que no puede un secretario –en este caso el secretario de Gobernación– estar cargando con los problemas de política interna del país y a su vez estar cargando con los temas policiales y penitenciarios de nuestra nación.

Creo que es ahí en donde debemos nosotros de darle hincapié para efectos de crear, desvincular ese tipo de actividades de un solo secretario y crear por cuerdas separadas un verdadero sistema penitenciario, un verdadero sistema carcelario que le dé la opción a México de crear verdaderos sistemas de prevención de estas fugas.

Debemos promover un verdadero servicio civil de carrera en el sistema penitenciario. Debemos promover formas y reformas que garanticen el modus vivendi de estos funcionarios y funcionarias que día con día trabajan en este sistema, para precisamente evitar que se sigan reiterando y que se sigan dando esas fugas en nuestro país, estas evasiones de presos en nuestro país, tal y como sucedió en la última fuga de este narcotraficante, que por cierto ya está en los Estados Unidos.

A lo que invitamos en el Grupo Parlamentario del PRD, pese a que vamos a acompañar el dictamen, es a revisar estas propuestas que están pendientes para fortalecer el servicio civil de carrera, pero a su vez fortalecer un verdadero sistema de prevención de evasión de presos en nuestro país, y que no estemos coyunturalmente fijando parches al Código Penal para tratar de evitar que se den estas fugas de una manera –desde mi punto de vista– ineficiente.

Es cuanto, diputada presidenta. Reitero, acompañaremos el dictamen con estas observaciones por parte del Partido de la Revolución Democrática. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cinco minutos.

El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. Desde hace ya varios años el pueblo de México ha visto el paso de la impunidad y de la corrupción de personas ligadas a la vida pública como si fuera algo natural y cotidiano.

Todos los días, y en fechas más recientes, se han visto escenas o se dan noticias de corrupción e impunidad. Las cifras del INEGI, del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de organizaciones no gubernamentales, dan cuenta de ello.

A los mexicanos nos genera angustia e indignación que la delincuencia y la injusticia llegue a la esfera privada; pero el hecho delictivo daña aún más si el que lo comete o participa en su comisión es un servidor público. Es el servidor público el que tiene el deber de servir a la nación y a sus nacionales. Esta tradición y honor de servir al pueblo pareciera que en México se ha diluido y para muchos hoy en día no representa más que ganar un salario, y en la inmensa mayoría, lo es todo, menos digno.

Por ejemplo, por años se ha exigido de nuestros cuerpos policiacos que cumplan y sean los que arriesguen subida para que los demás vivamos seguros. Sin embargo nadie habla de las jornadas laborales extenuantes, del salario digno y homologado, de condiciones de trabajo adecuadas o al menos suficientes para enfrentar los retos de lidiar a los criminales que tienen rifles de alto poder, granadas y capacidad para secuestrar incluso de manera completa a las policías.

Los diputaos integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vemos favorable que se impongan sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley. Se deben buscar mecanismos para disminuir al punto de la extinción los incentivos que orillan a delinquir a los servidores públicos.

La iniciativa que hoy se vota no resuelve el problema de los incentivos criminales pero sí contribuye a dar un paso al señalamiento de que se debe hacer más para erradicar la estela de impunidad que permea en la sociedad mexicana.

Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Acción Nacional anuncia su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado Cortés. Tiene el uso de la palabra la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI, por cinco minutos.

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo: Con su permiso, señora presidente. Compañeros diputados, es un honor para mí presentar ante ustedes este dictamen para reformar el Código Penal Federal, propuesta por nuestra amiga Guadalupe Oyervides.

Escribió Vicente Espinel en el siglo XV que la traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que poseen quienes son honestos. Hoy, como servidores públicos, ése tesoro es la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros y que no sólo debemos procurar, sino garantizar.

Recientes estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México como el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía concluyen que, el nivel de confianza de los ciudadanos hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados. Además la confianza de los encuestados en los partidos políticos y los diputados, está por debajo del 20 por ciento.

Por otro lado, las sanciones a los servidores públicos que colaboren con, o formen parte de una asociación delictuosa, los inhabilita por un período que únicamente oscila entre uno y cinco años; por lo que no se trata de un castigo ejemplar ni proporcional al daño que cometieron, violar la confianza de los mexicanos.

Conscientes de lo que exigen los ciudadanos en nuestra plataforma electoral, los priistas nos comprometemos a acabar con la impunidad mediante acciones eficientes de justicia, nadie debe estar por encima de la ley.

Combatir la corrupción entre servidores públicos, impulsar acuerdos entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y la sociedad organizada para combatir la violencia, la corrupción y la impunidad.

Decidido a hacer más pública la vida púbica, así como a combatir la corrupción para generar confianza con los ciudadanos, la administración de nuestro presidente Enrique Peña Nieto está procesando penalmente a funcionarios y ex gobernadores acusados de corrupción para que nadie quede impune, ha impulsado la colaboración entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan recuperarse con mayor eficacia los recursos desviados.

Además, ha destinado más de 5 mil millones de pesos a la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017, para garantizar su implementación en todo el país.

Los priistas hemos hecho profesión de fe por la transparencia y la rendición de cuentas para abatir la corrupción, facilitando que los ciudadanos vigilen y los mandatarios sean vigilados.

Por eso, desde la Cámara de Diputados, aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que vela por el sometimiento de todos a la ley, empezando por las autoridades, y ya contribuye a abatir la corrupción a la par de estrechar la relación entre ciudadanos y gobiernos, en suma, certifica que el aparato público cubre mayor eficiencia y fortalece la confianza entre ciudadanía y gobernantes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 22 que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La propia Constitución, en su artículo 108, señala como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y los empleados; y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Así, los servidores públicos son ciudadanos dotados de confianza para servir y dar resultados a los mexicanos, por tanto la traición a dicha confianza debe ser castigada de manera ejemplar.

Votaremos a favor del presente dictamen para que, tratándose de servidores públicos, independientemente de la pena privativa de libertad, se les destituya de su empleo e inhabilite hasta por 20 años para obtener otro cuando propicien la evasión de algún detenido procesado o sentenciado, sean o hayan sido miembros de alguna corporación policial o de la Fuerzas Armadas mexicanas y participen en una asociación delictuosa.

México necesita la voluntad de cada uno de nosotros, servidores públicos, de compartir la responsabilidad para velar por el interés superior de la nación. Debemos seguir fortaleciendo el Estado de derecho y garantizar que nada ni nadie esté por encima de la ley. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Suficientemente discutido en lo general.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En virtud y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, por lo que se pide a la Secretaría ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 406 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 406 votos, unanimidad de los diputados presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día son las proposiciones con punto de acuerdo solicitadas como de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias con el gobierno norteamericano, para fortalecer la economía de los países centroamericanos, así como al Senado de la República, para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al gobierno estadounidense, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Señores, buenas tardes. Qué bueno que estás presente, don Jorge Carlos. A mis compañeros presentes y también a aquellos que nos están viendo en el restaurante desde el Canal del Congreso o en sus celulares, para todos, porque cada tema es importante y en cada tema deberíamos de estar todos presentes.

El Tratado de Libre Comercio hace varios años empezó con grandes críticas, porque nadie tenía la visión que tuvo el gobierno en su momento de cómo iba a cambiar la economía de este país.

Fue el presidente Carlos Salinas –muchas veces vilipendiado– quien lo inició y los efectos positivos del tratado hoy los estamos defendiendo, pues no queremos que esto cambie.

–Iba bien y seguimos bien.

El tratado de libre comercio se trata de que podamos intercambiar bienes, donde obtengamos ventaja comercial. Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos de América contra este tratado, hoy tenemos que buscar defensa ante estas amenazas. La amenaza no es el muro, la amenaza es nuestra economía, la amenaza es que no obtengamos lo que el país necesita, porque ya de por sí las condiciones de vida están difíciles.

¿Qué requerimos? Y por eso hacemos el exhorto: requerimos visión de futuro para ver que necesitamos ampliar nuestros mercados; necesitamos hacer acuerdos comerciales con otros países.

¿Qué otra cosa requerimos? Requerimos que se apoye a los países centroamericanos, para que su economía florezca. Mientras eso no pase, más allá de muros, todos van a intentar cruzar encima del muro, sobre el muro, o como sea.

¿Cuál es el exhorto que hacemos en el Verde y lo hacemos respetuosamente? Exhortamos al gobierno federal a realizar las gestiones necesarias con el gobierno de Estados Unidos de América para fortalecer la economía de los países centroamericanos. También exhortamos al Senado, para que dentro de sus facultades en materia de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados diferentes al norteamericano.

Nos guste o no nos guste Trump, fue elegido democráticamente, lo que tenemos que ver es que sus decisiones tengan el menor efecto en nosotros, porque en dos años, gane quien gane la Presidencia, debe encontrar las mejores condiciones económicas para llevar a cabo su proyecto. Esto no es de partidos, es de mexicanos que buscan el mejor futuro.

Celebro por último, señor presidente, si me lo permite, la austeridad que se ha declarado en esta Cámara. Nadie debe viajar, mucho menos en primera y a ningún lado, si no es estrictamente necesario. Hoy los recursos de todos en la Cámara deben ser manejados de manera transparente. Me uno a eso, porque jamás he pedido un viaje de ellos ni lo haré, vine a legislar y no a viajar y hacer turismo parlamentario.

Vamos entonces contra Trump, vamos entonces a buscar lo mejor para México y vamos a fortalecer nuestra economía. Muchísimas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Salazar Farías.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera el punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido, por lo que le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo solicitado como de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, para que de manera coordinada fortalezcan los programas y acciones para combatir la violencia de género. Adelante, diputada.

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados aquí presentes, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ha sido reafirmada en el sistema internacional de los derechos humanos.

La jurisprudencia internacional ha establecido el deber de los Estados a actuar con debida diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

En América Latina y el Caribe, los principios de igualdad, no discriminación, forman en el núcleo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que obliga a los países a garantizar todos los derechos y libertades sin discriminación por razón de sexo.

De acuerdo con lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el tenor dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho y deberes consagrados a esta Declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni... alguna.

La Convención de Belén Do Pará, el instrumento con mayor número de ratificación del sistema interamericano es particularmente relevante, pues refleja la preocupación de diversos países, incluido México, por atender la discriminación que las mujeres han sufrido históricamente, la violencia de que han sido objeto y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, sancionar y erradicar estos problemas alarmantes y preponderantes.

Por otro lado, la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto en 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, en Beijín representan también el inicio de una nueva generación de estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres de México.

La materia de niñez se afirmó en Naciones Unidas en 1998. La Convención sobre los Derechos de los Niños que representó un importante avance para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro de ello, los derechos a la protección contra cualquier forma de violencia, enunciando en su artículo 19 que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño y a la niña contra la forma de perjuicio y abuso físico o mental, descuido o trata y negligencia.

En México se han impulsado también diversas asociaciones de los distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover y hacer efectiva la igualdad de género y la discriminación contra las mujeres en 2001.

Se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, creando el Inmujeres, encargado de impulsar y dirigir las políticas nacionales hacia la igualdad de género.

En 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, exigiendo el establecimiento del sistema y Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En 2007, tras un largo proceso legislativo, se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya importancia jurídica radica justamente en el derecho de las mujeres a no ser violentadas de ninguna forma.

En 2009 la norma oficial mexicana estableció los criterios de prevención y atención de violencia familiar y sexual contra la mujer. En 2014 la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En Jalisco se aprobó la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Se creó el Subcomité Especial Transversal para la Igualdad de Género. Entre otras cosas, se cuenta con el Programa Igualdad de Género, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de los actores intelectuales, sociales, orientada a atender desigualdad de género.

También se aprobó en 2003 la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Aunque en Jalisco se ha avanzado en el tema, falta mucho por hacer para lograr erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, pues hoy en día el estado ocupa el tercer lugar en violencia de género en el país.

Amigos, esto ya no lo podemos permitir, señores diputados. La violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra los adolescentes es cada vez más alta. Por favor reflexionemos sobre este punto de acuerdo para que se haga algo contra esas personas violentadas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cárdenas Mariscal. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente u obvia resolución. No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido, por lo que le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 Bis, 85, 376 Bis y 377 del Código  Penal Federal.

El diputado Evelio Plata Inzunza: Muy buenas tardes, familia. Con el permiso de la Mesa Directiva; con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que me permito someter a la atenta consideración de ustedes, propone adiciones diversas al Código Penal Federal, de tal suerte que el robo de motores marinos fuera de borda, así como de embarcaciones menores esté contenido como figura delictiva en este ordenamiento.

Se busca que la reforma a la ley constituya un mecanismo disuasivo y castigador para la ilícita práctica de la cual son responsables delincuentes simples, pero también amigos de la delincuencia organizada. Es ilógico que a pesar de que estos equipos sean la herramienta de trabajo, representen uno de los mayores activos productivos del sector pesquero. No estén contenidos en el Código Penal Federal, referencia alguna a la comisión del delito de robo de los mismos.

La iniciativa tiene un claro sentido planteamiento del sector social pesquero integrado por aproximadamente 270 mil pescadores. Este sector dispone para su actividad 110 mil motores marinos fuera de borda, igual número de embarcaciones, quienes revelan que la incidencia acumulada en los últimos años recientes, el robo de motores marinos y embarcaciones, motores y pangas, representan una suma de dos mil 100 unidades cuyo valor unitario es de 250 mil pesos considerando el motor marino y la panga o la embarcación menor y eso arroja pérdidas al sector pesquero por el orden de 525 millones de pesos.

La propuesta tiene como objetivo aprobar una reforma cuya finalidad sea garantizar mayor protección legal al patrimonio de miles de pescadores que gracias a su esfuerzo diario buscan el sustento de sus familias y a contribuir con su trabajo a la producción de alimentos a los mexicanos y, en consecuencia, generar empleo en sus comunidades pesqueras.

Es una medida que procura brindar seguridad jurídica para los bienes de trabajo que significan la subsistencia de miles de pescadores, de miles de familias humildes en los campos de todo el país.

Creo que es muy doloroso cuando una familia, un ciudadano, una ciudadana pierde su medio de transporte, su medio de transportar, de comunicar, de llevar a sus familias. Imagínense lo doloroso para una familia pesquera perder su herramienta de trabajo. Ahí no hay Uber, ahí no hay camiones, ahí no hay trolis. No tienen otra alternativa para buscar el sustento familiar.

Por eso, amigas y amigos, es el apoyo que humildemente se les pide para que esta iniciativa sea aprobada. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Plata Inzunza. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Con su venia, diputado presidente. “No soy diplomático, vengo a aprender”. Este, diputadas y diputados, es nuestro canciller quien al día de hoy su aprendizaje ya nos está pasando facturas.

Los 21 mil millones de dólares en los que se calcula la fortuna del Chapo Guzmán, están a punto de quedarse en poder de nuestro vecino del norte y todo aquello porque no ha existido por parte del gobierno federal una postura clara al respecto.

Es por lo anterior que como legisladores estamos obligados a generar acciones que no permitan sucesos tan desafortunados como el descrito, y toda vez que la ley, objeto de la presente reforma, tiene como finalidad regular cuáles son los pasos a seguir por el Estado mexicano en el procedimiento de extradición, además de señalar las autoridades responsables y la metodología de dicho procedimiento. Es ahí donde estableceremos un candado.

La Ley de Extradición Internacional se funda en el principio irrestricto de respetar y garantizar los derechos humanos de aquellas personas que cometieron delitos, garantizando la defensa y el acceso a los recursos legales para su correcta defensa.

Si bien es cierto que en la ley en comento están contempladas todas aquellas aristas legales relacionadas a la defensa del acusado, las condiciones que se llevará a cabo el traslado y los requisitos por los que el Estado mexicano dará su consentimiento para que se conceda la extradición; en este último punto es menester remarcar que no se encuentra contemplado ningún aspecto relacionado al manejo de los recursos de la procedencia ilícita.

Durante los últimos días de enero de 2017, funcionarios de gobierno de Estados Unidos señalaron que una posibilidad de financiamiento del muro entre la frontera que separa a México de este país, podría proveerse del dinero incautado a los narcotraficantes mexicanos.

Haciendo a un lado el tema del muro del que propone el presidente de los Estados Unidos, el Estado mexicano tiene derecho a captar los recursos de procedencia ilícita que han amasado los cárteles del narcotráfico y más aún, cuando nuestro país está accediendo a trasladar a sus connacionales a que pugnen una condena en otro país.

En el moderno paradigma de prevención y combate al crimen organizado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, diversos tratados internacionales y los expertos en la materia, señalan que ahora no es suficiente el enfrentar dicho fenómeno persiguiendo a los presuntos delincuentes. De semejante o mayor importancia es el de desarrollar acciones tendentes a propiciar la recuperación de activos del crimen organizado.

En esta virtud es que se han desarrollado diversos instrumentos tanto a nivel internacional como domésticos, y es en estos últimos donde se debe de realizar los ajustes necesarios en materia de recuperación binacional de activos.

Ahora bien, y personalizando a los actores involucrados, en este tipo de actividades criminales calculan los fiscales que los ingresos de Joaquín Guzmán Loera oscilan en los 21 mil millones de dólares.

El poder económico de este narcotraficante mexicano fue de tal magnitud que en repetidas ocasiones apareció en la lista de la revistas como Forbes dentro de las personas más ricas del planeta.

Así como El Chapo Guzmán, un sinnúmero de narcotraficantes han realizado operaciones tanto en Estados Unidos como en México, a los cuales se les han incautado bienes y recursos en aquél país. Sin embargo, ignoramos si a México le fueron entregados parte de los recursos incautados en Estados Unidos a estos delincuentes.

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta en este contexto de cooperación internacional los recursos que son confiscados a estos delincuentes se distribuyan de manera equitativa entre los países con los que se signen los acuerdos de extradición.

Es por lo anterior que los diputados de Acción Nacional, mis compañeros, el diputado Federico Döring, el diputado Jorge Ramos y la de la voz, proponemos modificar la Ley de Extradición Internacional a fin de establecer a fin de establecer que se concederá la extradición a cambio de que cuando menos, el 50 por ciento del valor total de los recursos confiscados, incautados o entregados por los delincuentes dentro del proceso que se le efectúe en otro país, le sean entregados al Estado mexicano.

Es justo que nuestro país haga exigible la entrega de estos recursos para futuras extradiciones, pues mientras en Estados Unidos con las extradiciones este gobierno capta cantidades millonarias de dinero, aquí en México se lucha contra el narcotráfico ofreciendo la vida de los funcionarios mexicanos.

Diputadas y diputados, nos encontramos en un escenario de política exterior sumamente complejo y confuso. Han quedado atrás todas aquellas buenas prácticas diplomáticas con nuestro vecino del norte, y lo único que vemos constantemente son embates políticos y económicos hacia nuestra nación.

Es sumamente necesario generar acciones concretas que permitan a nuestro México contener dichos embates, pero además que nos den la oportunidad de obtener esto. Un tema de nacionalismo democrático debe ser un tema de acciones que defiendan nuestra dignidad nacional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 de la Ley de Nacionalidad.

El diputado Agustín Francisco Basave Benítez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, hoy en México los mexicanos por nacimiento tenemos derecho a la doble nacionalidad, pero los mexicanos por naturalización no lo tienen. Esto genera tres problemas:

El primero es una violación a los derechos humanos, es discriminatorio, hay mexicanos de primera y de segunda, eso no tiene justificación porque en términos culturales este país, la cultura mexicana, se ha enriquecido por múltiples culturas, la cultura de nuestros pueblos originarios desde luego, la de los inmigrantes españoles y de otras partes de Europa, y las de muchos otros inmigrantes que no tienen por qué renunciar a sus raíces.

En segundo lugar es una ficción jurídica, es el ejemplo clásico del abismo que hay en muchas de las normas mexicanas, entre la ley y la realidad, porque si bien a un extranjero que se le otorga la nacionalidad mexicana, se le obliga en la Secretaría de Relaciones Exteriores a que firme una carta renunciando a su nacionalidad, el país de origen lo sigue considerando como su nacional, la nacionalidad es irrenunciable en la mayor parte de los países del mundo.

Los mismos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores le dicen al extranjero que se está naturalizando: mira, no uses tu pasaporte o el pasaporte de tu país de origen en México, pero no lo tires, cuídalo, cuando viajes úsalo afuera.

Es decir, hay una simulación de la que o a la que los mexicanos somos tan proclives, pero en tercer lugar, en la era Trump es importante facilitar que los ciudadanos estadounidenses, por ejemplo de tercera generación, de origen mexicano, vengan a obtener su nacionalidad mexicana sin perder la estadounidense, y muchos de ellos, yo he platicado con varios, no lo hace porque dicen: Me van a hacer firmar una carta en donde yo renuncio a mi nacionalidad estadounidense.

Lo que necesitamos en estos momentos en México es lo contrario, es  atraer a que tengan doble nacionalidad los méxico-americanos, que tengan también la nacionalidad mexicana y por qué no, también algunos otros ciudadanos norteamericanos o estadounidenses de origen latinoamericano que por diversas razones tienen cercanía con nuestro país.

Si queremos entonces combatir la discriminación y la violación a los derechos humanos, si queremos combatir ese mexicanísimo vicio del abismo entre la norma y la realidad y en este caso concreto acercar la ley a la realidad, y si queremos facilitar a los ciudadanos estadounidenses que por cualquier razón, sea por razones de herencia de sangre, sea por razones de afinidad cultural, quieran y puedan tener también la nacionalidad mexicana, tenemos que hacer una reforma al artículo 37 constitucional y algunas otras reformas a la Ley de Nacionalidad.

Eso es lo que propone mi iniciativa. Lo que propone es que al extranjero que se naturaliza mexicano también se le permita, como debe ser, como a los otros mexicanos, a quienes somos mexicanos por nacimiento, tener más de una nacionalidad y que no por ello se les discrimine.

Hay una provisión también que está en nuestra norma, que dice que hay causales de pérdida de nacionalidad, pero solo para los naturalizados, y una de ellas es vivir cinco años fuera de México. ¿Por qué se va a perder la nacionalidad por vivir cinco años fuera de México? Un mexicano por nacimiento puede vivir toda su vida en el extranjero, puede ni siquiera hablar español y llegar a México a una edad avanzada y ser hasta presidente de la República.

¿Por qué aún naturalizado se le va a exigir que permanezca en México todo el tiempo y que no salga y que no pueda vivir fuera del país por cinco años, porque pierde su nacionalidad? No tiene sentido, tenemos que enmendar este error, primero por lo primero, por las razones más importantes, las razones de derechos humanos y de no discriminación, y después también para combatir esa distancia entre norma y realidad, y finalmente, por razones políticas, porque nos conviene a los mexicanos, porque le conviene a México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Agustín Basave Benítez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Paola Félix Díaz, por favor.

La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir permiso al diputado Agustín Basave, suscribir esta importante iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Agustín Basave está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para el trámite correspondiente.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Juan Blanco. Adelante, diputado.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Igual, diputado presidente, para pedirle al diputado Basave que nos permita adherirnos a esta propuesta. Creo que tiene mucho sentido, es una acción que ya no tiene por qué existir en nuestro sistema jurídico. Pedirle que nos permita pasar a firmar.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juan Blanco.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Alejandra Reynoso, adelante.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Gracias, presidente. También para felicitar al diputado Basave, por esta iniciativa, porque me parece que es actuar en congruencia con lo que pedimos para nuestros mexicanos que residen en cualquier otra parte del mundo, respetando la nacionalidad mexicana. Felicitarlo y, por supuesto, adherirme a esta iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Reynoso.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, también solicitando al diputado Basave, me permita adherirme. Principalmente felicitarlo, porque las condiciones que nuestro país está atravesando actualmente requieren que el buen juez por su casa empiece y empecemos nosotros limpiando la casa y protegiendo los derechos de los mexicanos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Manuel Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Gracias, presidente. Básicamente lo mismo, suscribir la iniciativa que propone el diputado Basave, para que empecemos de alguna forma a cerrar esa brecha de que hemos creado dos tipos de mexicanos, los mexicanos de primera y los mexicanos de segunda, y no es el único concepto en el que se ha hecho, sino también en muchos otros que tendremos que ir cerrando esa brecha. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Clouthier.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Cristina Jiménez. Adelante.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. También con el deseo de felicitar al diputado Basave, y también establecer que en calidad de presidente del Grupo de Amistad Estados Unidos de América-México, va muy de la mano con los trabajos, creo que es muy acertada su propuesta, tenemos que seguir impulsando esta defensa y esta protección a los mexicanos que están en el extranjero. Entonces, lo felicito y con la posibilidad de solicitar también adherirme.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Francisco Xavier Nava.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido y como integrante también del Grupo de Amistad con Estados Unidos, viendo la circunstancia actual y sabiendo que como órgano Legislativo y como representantes populares tenemos que estar a la altura, y esta es una de las medidas, una de las muchas que tendríamos que estar haciendo como cuerpo legislativo para hacer frente a una realidad que tenemos encima.

Los mexicanos, como ya se dijo en el discurso, no podemos tener distinciones entre unos y otros y esto es uno de los instrumentos legales que hará fortalecer a nuestros ciudadanos, tanto en México como en el exterior. Muchas gracias, Agustín por esa propuesta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Felicitar al diputado por la iniciativa. Creo que en el contexto que está viviendo nuestro país y el mundo entero, este tipo de iniciativas permiten estrategias claras para poder establecer lazos profundos de ciudadanos que necesitan estas dobles nacionalidades. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Baltazar Martínez.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Gracias, presidente. También en primer término, para felicitar al diputado Agustín Basave por su iniciativa y que nos permita suscribirnos en ello, ya que consideramos que hay muchos mexicanos que quieren tener la doble nacionalidad, que nacieron en Estados Unidos, pero también hay otras personas con nacionalidad estadounidense o cualquier otra que se les permita sumarse. En estos momentos donde algunos o una persona quieren construir muros, nosotros debemos construir puentes, tender puentes, tender manos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Todas las expresiones de los diputados que se han manifestado quedarán registradas en el Diario de los Debates. Y el diputado Agustín Basave ya dio su venia para que pueda ser signada su iniciativa aquí en la mesa de la Secretaría.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, suscrita también por el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González: Gracias, presidente. El 5 de junio de 2009, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, en Hermosillo, Sonora 49 niñas y niños murieron y más de 100 resultaron quemados con heridas graves por el incendio de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS.

Mientras que el gobierno decía que este incendio fue provocado por un accidente, dentro de una bodega adjunta, David Smith, consultor estadounidense, independiente, dijo en su peritaje que el siniestro pudo ser provocado.

Entre 1993 y 2005, 500 mujeres desaparecieron en Ciudad Juárez y fueron víctimas de feminicidio. La negligencia en las investigaciones, la falta de peritaje, la falta de pruebas hicieron que la sociedad, las madres de esas mujeres desaparecidas se organizaran y solicitaran la asistencia técnica para exhumar 60 cuerpos de mujeres víctimas de ese delito. Para ello se requirió la participación del equipo argentino de antropología forense.

Y el caso más emblemático de la necesidad de peritajes independientes corresponde a lo sucedido con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La mentira histórica de Murillo Karam fue destrozada por los peritos independientes del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por el grupo de peritos forenses argentinos.

Hay falta de interés por parte de las autoridades de esclarecer esos delitos, pero un problema grave que está señalado en las recomendaciones del GIEI, es la falta de independencia de los peritos en nuestro país.

Nosotros tenemos una ley de víctimas que acaba de ser reformada y se promulgó el 3 de enero de este año. En esta ley se aprovecharon los partidos mayoritarios para introducir una reforma a la ley que impide la contratación de peritos independientes, ya sea nacionales o extranjeros, pero particularmente los extranjeros, a menos de que no haya las especialidades en nuestro país.

El argumento es que necesitamos promover la capacitación y el trabajo de nuestros peritos independientes. Lo que necesitamos es reformar la Procuraduría General de la República para hacer el área de peritaje independiente, como lo señaló el propio GIEI. Pero haber aprobado en la Ley de Víctimas el que no se pueda contratar peritos independientes, y menos extranjeros, a menos de que no haya las especialidades, es no querer volver a sufrir el señalamiento nacional e internacional que nos ha permitido conocer la falta de cuidado en las investigaciones y cómo nos mienten cuando hay un delito tras otro y tras otro.

El gobierno de Peña Nieto y todos los que están aquí, partidos que apoyan a ese gobierno, el PAN, el PRI, el Verde, el PES, Nueva Alianza; todos ellos votaron porque en esta ley se introdujera la imposibilidad de contratar peritos independientes.

Por eso es que estamos proponiendo reformar los artículos 7o., 12, 15, 21 y 23 de la Ley de Víctimas. Basta de simulaciones, si en verdad están por el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, les ruego que apoyen esta iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Araceli Damián. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputada. No veía a mi compañera diputada, por el cartel. Sonido en su curul, por favor. Ese. Adelante, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Pedirle a la diputada Araceli Damián que nos permita suscribirnos a su iniciativa a todo del Grupo Parlamentario de Morena.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición para que la suscriban aquí en la mesa de la Secretaría. Adelante, diputada.

La diputada Mirza Flores Gómez: Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Quedamos ya pocos, verdad, aun y que el presidente no ha tocado la campana diciendo que ya se acabó la sesión. Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada.

La diputada Mirza Flores Gómez: Esta tarde vengo a presentar ante ustedes para poner a su consideración, una iniciativa para que podamos estar en condiciones de generar una masa crítica dentro de esta institución. Y lo digo porque la historia nos ha enseñado que cuando las instituciones pierden su credibilidad carecen de eficacia, y lejos de realizar los fines para los que fueron creadas, se convierten en instrumentos de control por parte de quien ostenta el poder y la idea de democracia como sistema político se ve diluida.

El establecimiento, en principio, de las garantías individuales, hoy llamadas derechos humanos por el Constituyente de 1917, generó unas bases sumamente firmes, como el derecho a la educación, al debido proceso, la división de Poderes y el federalismo como formas de gobierno, esto para consolidar lo que ellos decían un Proyecto de nueva nación.

A cien años de la promulgación de la Constitución Mexicana nuestro país atraviesa por una crisis de las más graves, en términos sociales e institucionales, comenzando por la falta de credibilidad y de respeto y aceptación al Poder Ejecutivo de la nación, el escenario se vuelve complicado.

Fue el propio Constituyente de 1917 que facultó tres Poderes de la nación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, se establecía la independencia de cada uno de ellos.

Por eso, pues como digo, el buen juez por su casa empieza. Por ello, todos los que tenemos un espacio aquí de representación que es el órgano máximo de voz del pueblo, pues debemos de tener, debemos de ser y tener la consciencia de ser un verdadero contrapeso de las decisiones del Ejecutivo y poner el ejemplo de buen gobierno, pero sobre todo de buenas decisiones basadas en conocimiento científico.

Es aquí donde solicito, no solamente su atención, sino su respaldo para reivindicar el quehacer político de esta Honorable Cámara de Diputados.

Actualmente operan cinco centros de estudio en la Cámara de Diputados. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Centro de Estudios de Investigaciones Parlamentarias, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.

Estos centros de estudio, el espíritu principal de que estén y de que existan, es que sirvan de apoyo para los trabajos legislativos que nosotros hacemos, y hay un grave problema de politización en estos espacios con el objetivo de buscar soluciones a través del cambio en los procesos de selección de los directores generales y de los investigadores, para que éstos se fundamenten en criterios profesionales, académicos y éticos y dejen de ser cuotas partidistas.

En los centros de estudio de la Cámara de Diputados, su fin principal es que sirvan como órganos de apoyo para nuestro trabajo legislativo y esto en la práctica, lejos de cumplir con los objetivos, son espacios para prebendas políticas y seguramente más de alguno para premio de consolación.

En la actual Legislatura la estructura orgánica de los comités es de la siguiente forma. Hay un presidente del comité por cada centro de investigación, tres secretarías y 11 integrantes sumando un total de 15 diputadas y diputados por cada comité. Estos están repartidos por la Junta de Coordinación Política, tres para el PRI y dos para el PAN.

Y ya si nos vamos a detalle, los directores generales de cada uno de esos centros, pues basta con ver sus curriculas y sus currículas muestran claramente la procedencia de su actividad anterior, antes de llegar a ser directores de centros de investigación.

Lo que yo les solicito es que se tenga un mínimo de requisitos para que un director general dirija un centro de estudios dentro de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles pueden ser requisitos mínimos?

Uno. Contar con título de doctorado o por lo menos de maestría, tener amplia y probada experiencia en el campo de la investigación, pertenecer –de preferencia– al sistema nacional de investigadores; no haber sido registrado o haber sido candidato a cargo alguno de elección popular, dirigente nacional, estatal, municipal o delegacional del partido político o agrupación política alguna en los cinco años inmediatos anteriores a la toma de posesión, y no pertenecer, por supuesto, a ningún Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

Estas adecuaciones legales deben de plasmarse en el artículo 49, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, propiciando con ello el desarrollo de los valores inherentes a la naturaleza jurídica de los centros de estudio, honestidad, transparencia e imparcialidad. Esto no es ocioso; debemos de comenzar a tomar con mucha seriedad las instituciones que forman parte de la Cámara de Diputados, porque debemos de tener mucha seriedad de nuestro trabajo legislativo, y el apoyo que este tiene cuando solicitamos por parte de los centros de estudios cierta información.

Si esta información que solicitamos nos la brindan cueros académicos con un rigor y una metodología de investigación científica, seguramente tendremos mejores elementos y herramientas para tomar decisiones en esta Cámara de Diputados, y no que lo que nos entreguen sea resultado de investigaciones que hagan de lo que se encuentra en internet, porque no tienen experiencia en el campo de la investigación ni tienen rigor de científicos ni de metodología para poder arrojarnos a los diputados las herramientas que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo.

Lo pongo a su consideración y quien quiera adherirse a la iniciativa, va a ser más que bienvenido. Necesitaos herramientas para poder hacer de mucha calidad nuestro trabajo legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mirza Flores. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código Penal Federal.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Lo que los pederastas pierden de vista a un grado devastador, es que sus víctimas son personas que sufrirán por siempre, por el resto de su vida, de los abusos perpetrados en ellos.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, les saludo con respeto. No hay peor crimen que el que se comete en contra de un ser indefenso y vulnerable como lo son las y los niños y adolescentes. Nada duele más que el abuso a un menor. El abuso sexual infantil, es una forma de violencia que nos lacera como sociedad al vulnerar el principio de la dignidad humana y atentar contra todos los derechos de los menores.

En el abuso existe una relación desigual determinada por la edad, madurez o poder entre el agresor y la víctima. Constituye una experiencia traumática que produce un profundo daño en las niñas y niños que la viven, quienes se ven brutalmente agredidos en su integridad física y psicológica, en muchas ocasiones por las personas en quien más confían y que más deberían de protegerlos.

Son muchos los casos en que los menores son amenazados para no denunciar este crimen, y es hasta muchos años después cuando por fin logran vencer el miedo y acudir a las instancias a solicitar justicia, la cual se les niega debido a la prescripción del delito.

Dicha situación nos muestra que además de haber fallado en nuestra responsabilidad de cuidarlos y protegerlos como sociedad, como gobierno o como sus representantes, no hemos sido capaces de garantizarles el pleno acceso y respeto de sus derechos fundamentales.

En Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de propiciar y salvaguardar el respeto a los derechos de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por ello, hoy presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 205 bis del Código Penal Federal.

El objetivo consiste en establecer en la norma que el delito de pederastia sea imprescriptible, por cual se garantiza el derecho de denunciar e iniciar el proceso penal correspondiente en cualquier momento en que la víctima lo decida, pues el dolor y el daño ocasionado no está sujeto a una medida de tiempo, sino que es una herida permanente que determine el desarrollo y posterior actuar de la persona, ya que los adultos que han sufrido abuso en la infancia, corren mayor riesgo de presentar problemas conductuales, emocionales y mentales que retrasan su desarrollo social, laboral y familiar.

Es por ello que ante este aberrante crimen tenemos que tomar acciones y asumir el compromiso de mejorar, reforzar y hacer perfectibles las leyes que les permitan ejercer sus derechos. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Angélica Reyes Ávila, túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene palabra, por cinco minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Daniela de los Santos. Diputada, adelante.

La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): Gracias, presidente. Felicitar a la diputada Angélica y preguntarle si me permite suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La Compañera diputada da su aceptación. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría. Muchas gracias. Adelante, diputado.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Honorable asamblea, la Carta Magna, nuestra ley fundamental, la Constitución general de la república reconoce que somos una nación pluriétnica y pluricultural. Sin embargo, estas etnias de las que de manera muy común decimos sentirnos orgullosos, cuando reclamamos para nosotros nuestro gran pasado indígena, han sido sometidas de manera autoritaria, casi tiránica, a las tiranías de las mayorías.

No hemos podido encontrar una representación indígena real en los cuerpos legislativos ni en los Congresos locales ni en esta Cámara de Diputados, y mucho menos en el Senado de la República. Son pocas, muy honradas las excepciones de indígenas que han llegado a ocupar un espacio en este Poder Legislativo.

No me cabe la menor duda de que, si de verdad decimos estar orgullosos de nuestro pasado indígena, la representación es uno de los grandes déficits que tiene nuestra democracia. Hay un déficit democrático con las comunidades indígenas, con los liderazgos indígenas de nuestro país.

Si de verdad queremos vivir en una democracia representativa no tenemos de otra, es justo, es lo real, es lo que se necesita, tener representación indígena de acuerdo al número de distritos electorales donde hay mayoría indígena.

Hoy no solamente es Oaxaca, no solamente es Chiapas, no solamente es Guerrero, hay otros estados donde hay una gran representación indígena; y, si nos reconocemos a nosotros mismos como una nación pluriétnica, tendrían que estar aquí muchísimos indígenas representando a las comunidades, a las realidades de los pueblos indígenas el día de hoy.

La iniciativa que está presentando el Partido Encuentro Social a través de mi conducto tiene que ver con esto, con dar una real representación a las comunidades y a los pueblos indígenas en esta Cámara de Diputados. Queremos reformar el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos estemos obligados a presentar candidatos 100 por ciento indígenas en los distritos donde hay mayoría indígena.

Es decir, en la próxima legislatura, de aprobarse esta iniciativa, tendríamos representación de 28 indígenas. No importa qué partido, lo importante es que se alcance una representación de los pueblos indígenas en esta soberanía.  Por eso la propuesta que traemos de modificación, es modificar el numeral 4o del artículo 232, para quedar como sigue:

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la participación política y representación indígena en la designación de candidatos a los cargos de elección popular, postulando de forma obligada a candidatos pertenecientes a la población indígena en los 28 distritos electorales con mayoría de esta población.

Ha llegado el momento de hacerle justicia a nuestra historia y ha llegado también el momento que aquí, en la Cámara de Diputados, haya una real representación indígena a través de la postulación obligada de todos los partidos políticos, a mexicanos pertenecientes a las etnias nacionales. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Flores Cervantes. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Se recibió de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año, Día Nacional de las Enfermedades Raras. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentra disponible en el monitor de sus curules, el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos  Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que informe a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en Estados Unidos y que motivaron su extradición.

En votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:

1. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas;

2. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil y 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio del diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica la integración del diputado Diego Valente Valera Fuentes a ese grupo parlamentario.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 9 de febrero de 2017, a las 11 horas.

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