Comunicaciones
Iniciativas
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, PRI
Oficio del Congreso de Michoacán, con iniciativa
Kathia María Bolio Pinelo, PAN
María Elida Castelán Mondragón, PRD
Mario Ariel Juárez Rodríguez, Morena
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, PMC
José Hernán Cortés Berumen, PAN
Carlos Hernández Mirón, Morena
Luis Manuel Hernández León, PNA
Dictámenes a discusión
Luis Ernesto Munguía González, PMC
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Por el que se adiciona un artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Oficio de la Junta, con cambios en comisiones
Comunicación de la Cámara de Senadores, con minuta
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Haga, por favor la Secretaría, del conocimiento de esta Presidencia el resultado el cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 288 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:12 horas): Y por lo tanto se abre la sesión, secretaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El orden del día con los asuntos correspondientes está publicado en la Gaceta. También está publicado en sus monitores.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta. Consulte si es de aprobarse. Tengo entendido que tenemos observaciones al acta. Tiene la palabra la diputada Rocío Nahle, para hacer observaciones al acta.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente diputado. Es para solicitar que se instale en el acta, no solo en el Diario de los Debates, la participación que tuve referente a la disculpa que se emitió desde la curul el día de la discusión del Presupuesto, el jueves, viernes en la madrugada, sobre la disculpa que el Grupo Parlamentario de Morena emitió aquí en el pleno por el asunto que se refería al coordinador del PRI.
También comentarle, que respecto a esto es lamentable la situación que se ha conducido aquí en la Cámara, sobre las expresiones homofóbicas que hicieron las diputadas del PRI.
Hoy llevamos un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la diputada Alma Lilia Luna Munguía, que es del distrito XXXII de México, para que Arlet Mólgora Glover, de Quintana Roo, del PRI; Jasmine María Bugarín Rodríguez, de Nayarit, del PRI; la diputada Rocío Díaz Montoya, de México, del PRI; la diputada Gloria Himelda Félix, de Sinaloa, del PRI, y la diputada Carolina Monroy, le pidan una disculpa al pueblo de México por las expresiones homofóbicas que se virtieron en la discusión.
Pero también dentro del Código de Ética es necesario señalar que no nada más fue en el momento en que hicieron el grito con este sentido discriminatorio, sino que desde antes estuvieron insultando a la diputada Sara Paola Félix, antes de que subiera a tribuna.
También, como Mesa Directiva, en el Código de Ética está establecido que no se pueden tomar bebidas alcohólicas durante la sesión y es claro, vimos, observamos, que varios diputados durante la discusión estuvieron tomando bebidas etílicas.
Las expresiones elitistas, clasistas que han estado haciendo, no son de ahora. Hace un año, nos dijeron que éramos los diputados del barrio, y sí es cierto, somos del barrio y el barrio nos respalda. Hoy, una diputada dice que no se debe permitir que personas como el diputado Ariel lleguen a la Cámara.
No es posible que en esta Cámara de Diputados, que somos los representantes de 120 millones de personas, en esta pluralidad en el contexto mexicano, se limiten por querer representar solamente una elite.
Sí pido que el Código de Ética se aplique efectivamente y que de acuerdo a la solicitud del punto de acuerdo estas diputadas le den una disculpa pública a todo el pueblo de México. Está Cámara de Diputados es para todos, aquí entramos todos, representamos a todos y podremos tener un debate álgido y podremos tener un debate a la altura, con señalamientos, pero nunca discriminatorios, homofóbicos.
Por ello le solicito a usted, que de acuerdo al Código de Ética se les castigue o reprenda con lo que marca dicho reglamento. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Esta Mesa Directiva tomará las siguientes determinaciones:
En cuanto a la solicitud de la diputada Rocío Nahle, referente al acta, insértese íntegra, de conformidad a la grabación correspondiente, su participación en la sesión pasada.
En relación al punto de acuerdo, el punto de acuerdo es de la Junta de Coordinación Política y esta Mesa Directiva le dará el trámite que corresponda, de acuerdo a lo que haya solicitado la Junta de Coordinación Política.
En relación al Código de Ética, una y otra vez esta Mesa Directiva ha hecho llamados a quienes hacen uso de la tribuna y a quienes lo escuchan, a comportarse de la manera que el Código prevé debe de comportarse un parlamentario.
En la pasada sesión quizá fue más notoria la descalificación de un coordinador, pero no pasa desapercibida la descalificación peyorativa a una legisladora. Ambas cosas son imperdonables, ambas cosas tienen que tener una reflexión de los señores legisladores, la Mesa Directiva asume, como lo ha solicitado la diputada Nahle, revisar la conducta de quiénes participaron en estos hechos y, por supuesto, hacer las recomendaciones necesarias.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con la instrucción ordenada por la Mesa Directiva.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la instrucción ordenada por la Mesa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria.
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me pide la palabra la diputada Adriana Ortiz Lanz, ¿con qué objeto, distinguida diputada?
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (desde la curul): Muchas gracias, presidente. En efecto, es con relación al punto que usted antes mencionó, decirle que, efectivamente, yo creo que esto es un llamado de reflexión a todos quienes integramos esta legislatura, para comportarnos con el decoro, con el respeto que se merece la investidura en la que estamos.
Pero sobre todo, quiero hacerle una aclaración a la diputada Rocío Nahle, yo pediría que revise muy bien los nombres que menciona, porque en esos nombres me puso a mí en una lista en la que no estuve y en la que no participé, y lo que no voy a permitir es que nadie haga mención de mi nombre o use mi nombre para un fin que no es. Que revisen bien antes de emitir acusaciones. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registran ambas intervenciones y quedan anotadas. Diputada Nahle, le recuerdo, muy respetuosamente, que conforme hemos establecido desde el principio, las intervenciones fuera del orden del día tienen un turno y un turno sucesivamente y después continuamos con el orden del día.
Si hay aclaraciones respecto a lo que dijo la diputada Ortiz Lanz, con mucho gusto esta Mesa las registrará aquí mismo, sin ningún problema. Para ambas diputadas es mi solicitud.
El diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Antonio Ixtláhuac, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidente. De manera muy respetuosa hacer un llamado al gobierno del estado de Michoacán, sin ánimo de politizar, para que atiende con respeto a las garantías individuales a la legalidad y al Estado de derecho, la crisis en la que se encuentra el Estado por problemas sindicales y magisteriales.
No es con la violencia, señor presidente, como se arreglan los problemas que tiene Michoacán en estos momentos, y hago un llamado muy respetuoso al gobernador del estado de Michoacán para que respete los derechos humanos, las garantías individuales de las proclamas y manifestaciones sociales que ha dado el pueblo de Michoacán. Gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.
El diputado Antonio Amaro Cancino (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Amaro.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo diputado Amaro. Diputada Nahle, ¿con qué objeto?
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Es con respecto a lo que mencionó la diputada. Solicito nada más que se revise el video y, de ser así, en caso de que ella no esté que se retire, y una disculpa, en caso de que no esté.
Nosotros tenemos aquí unas fotografías, está el video, pero si no está lo vamos a hacer.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Mesa Directiva ya ha dictado el trámite y el tratamiento que se dará al punto en cuestión.
Recuerdo a los señores legisladores que cuando se trata de puntos fuera del orden del día es un minuto y un minuto consecutivo y el punto termina, a menos que soliciten se inscriba en el orden del día. Diputado Amaro.
El diputado Antonio Amaro Cancino (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quisiera, en este momento, hacer una denuncia pública de un problema que está sucediendo en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, que preside el señor Fernando Bautista Dávila, utilizando recursos del Ramo 33, del fondo tres para aplicar programas de mejoras a la vivienda, en la que supuestamente pretenden ayudar a la comunidad y haciendo cobros de hasta 750 pesos como fondo de recuperación, sin que tenga un destino bancarizado o a las cuentas municipales.
Ante esta denuncia solicito, señor presidente, para que la Auditoría Superior de la Federación intervenga y la autoridad municipal realice las aclaraciones pertinentes al respecto, y de encontrar anomalías pueda llevarse esto hasta el fondo para que pueda haber claridad en los recursos de la federación. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Suplicamos atentamente a la Junta de Coordinación Política tome nota, a efecto de que en su caso genere las acciones correspondientes. Gracias, diputado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Mesa Directiva comunica que se realizó modificación de turno a diversas iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos y se actualizan los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, por el que solicita el retiro de su iniciativa que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Secretaría de Gobernación remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Comisión Federal de Electricidad remite el informe sobre el uso del endeudamiento correspondiente al primer semestre de 2017.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral remite el informe de resultados respecto de la solicitud de iniciativa ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios.
La presidenta diputada María Ávila Serna: De enterado.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios, presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron del Congreso del Estado de Jalisco las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 3. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 4. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde y a la Comisión de Gobernación la parte que le corresponde, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de Iniciativas, por el cual tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Compañeras y compañeros legisladores, en un mundo donde se trabaja de manera conjunta para proteger los recursos naturales, el desdén de un país es contra la historia y contra el planeta.
La tarea fundamental de México como nación es suscribir todos los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y avanzar en el ámbito legislativo para posibilitar mejores mecanismos y procedimientos que garanticen la protección de nuestros recursos naturales.
El tema de las áreas naturales protegidas de México cobra especial relevancia para preservar la inmensa riqueza en flora y fauna con la que cuenta nuestro país. Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y todas sus actividades están reguladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
En su reglamento y en los programas de manejo establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actualmente existen 177 áreas naturales protegidas que tienen la categoría de reservas de la biósfera. Sin embargo, se presenta una problemática que debemos resolver a través de una reforma puntual y precisa, frente a la omisión de formular, publicar y actualizar los programas de manejo, debemos garantizar sanciones a la autoridad responsable.
Frente a la dilación de la elaboración de los programas de manejo debemos establecer periodos que garanticen su cumplimiento y frente a la reticencia de la autoridad responsable para publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen de programa de manejo, debemos garantizar un periodo obligatorio para su cumplimiento.
Una recomendación general emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa a la falta de actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas, estima que de las 177 áreas naturales protegidas en el país 55 no contaban con el plan de manejo y 20 de ellas, a pesar de disponer de un programa ya elaborado, no se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Pongo un ejemplo muy claro de la Sierra de Álvarez del estado de San Luis Potosí, que a pesar de ser considerada área natural protegida de flora y fauna desde el año 2000, hoy, en el 2017, sigue careciendo de un plan de manejo para el uso, conservación y administración adecuada.
En 17 años se han permitido diversas actividades que atentan contra los recursos naturales y ecosistemas y acuíferos, al que se suman los problemas generados por una empresa canadiense con una concesión para la explotación por más de 167 años que expertos y ambientalistas coinciden en la desmedida devastación de su capa forestal, consecuencia de la extracción de minerales.
Por esta razón, hoy nos sumamos a la demanda de nuestra población potosina y del país, a fin de garantizar que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un plan de manejo y, en todo caso, sancionar a las autoridades que omitan su elaboración.
En este sentido, se propone que una vez publicado el decreto respectivo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para su cumplimiento, además de un plazo de 30 días para publicar un resumen de dicho programa incluyendo el plano de localización.
Compañeras y compañeros legisladores, la protección y preservación de nuestras áreas naturales debe tener como referente una legislación avanzada que determine plazos y establezca expresamente sanciones.
Hoy está en juego el futuro de nuestras próximas generaciones. Luchemos por garantizar la protección de sus derechos y por garantizar la protección de nuestros derechos naturales. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Ruth Noemí Tiscareño por su excelente iniciativa. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Se recibió del Congreso del Estado de Michoacán la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el incido d), fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual será turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra –por cinco minutos– la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Asimismo la diputada presentará también otra iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Adelante, diputada.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la discriminación en cualquiera de sus vertientes o modalidades, es un lastre de la humanidad que debemos erradicar en los diversos frentes posibles.
La discriminación es producto de la ignorancia, de la sinrazón y de los prejuicios. Todo ello es un caldo de cultivo para los discursos de odio y para justificar –incluso– la exterminación o asesinato vil de seres humanos por la única razón de ser diferentes.
Ejemplos de este tipo de atrocidades en contra de las minorías o grupos humanos distintos al resto de la sociedad, nos los da la historia de forma abundante.
Nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación en su artículo 1o. Sin embargo muchas mexicanas y mexicanos enfrentan la discriminación de muchas maneras. Este problema grave que desafortunadamente crece cada día más en nuestro país sin que ninguna autoridad ponga un alto al respecto.
La discriminación en México se sufre a cualquier edad, en cualquier lugar, en las calles, en la escuela, en el hogar, en el trabajo y en los lugares públicos. Debemos sensibilizar a todo el país para no fomentar la discriminación de ningún tipo No es tarea fácil pero tenemos que iniciar ahora, dar ese paso a tener un México libre de discriminación, ya que afecta y daña a todos los mexicanos.
Existen creencias falsas a temerle o a rechazar a los que se consideran diferentes. No obstante, debemos de estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales, es que todos tenemos los mismos derechos humanos.
Las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, mujeres, jóvenes, personas indígenas, con VIH, con preferencia sexuales diversas y diferentes y con identidad de género distinta a la de su nacimiento, entre otras, son mucho más propensos a vivir algún acto de discriminación en este país.
Por esas razones he decidido presentar el día de hoy dos iniciativas de ley para combatir en nuestro país la discriminación. La primera, para reformar el artículo 149 del Código Penal Federal.
Si bien, la discriminación no es considerada en la ley como un delito grave, sí son graves las consecuencias para quienes son víctimas de este delito. Necesitamos leyes y sanciones más drásticas, pero también necesitamos autoridades que sepan y hagan valer esas sanciones.
En el contenido de esta iniciativa también propongo que el delito de discriminación no se persiga por querella, como está establecido actualmente en la ley, sino que se persiga de oficio o a petición de un tercero involucrado.
Es decir, que cualquier ciudadano pueda denunciar, aunque no sea el directamente afectado, lo que obligaría a la autoridad a realizar investigaciones correspondientes si así lo amerita poner las sanciones que la ley marque.
La segunda iniciativa que presento, es para reformar diversas disposiciones y adicionar artículos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta propuesta es una acción concreta a favor de la igualdad entre los mexicanos, y es muestra del compromiso de Acción Nacional que tenemos para actuar contra la discriminación en cualquiera de sus formas, por motivos de sexo, origen étnico, religión, discapacidad, género, preferencia sexual, filiación política o cualquier otra diferencia que origine la exclusión de una o un grupo de personas.
Con esta iniciativa se propiciará la armonización legislativa, a través de la cual se ve reflejado en materia de no discriminación en nuestras leyes como normatividad interna y también poner en sintonía las leyes estatales.
Diputadas y diputados, legislemos hoy por tener un México libre de discriminación, donde todos tengamos el igual derecho a ser diferentes. Digamos no a la discriminación. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Kathia María Bolio. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión Especial sobre la no Discriminación, para opinión. Y la segunda iniciativa a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Acudo a esta tribuna a presentar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, a propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 y 115 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La propuesta que hoy pongo a su consideración, en la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, tiene como propósito fomentar la participación activa de los legisladores en el desahogo del orden del día a través de la introducción de un nuevo tipo de moción, cuyo objeto primordial es la alteración inmediata del orden del día, adelantando la discusión de un asunto.
Con esta reforma se fortalece la discusión de los dictámenes que estén enlistados a discusión en el orden del día, dando como consecuencia la permisión de la prelación de discusión o votación de la materia por agotar en la conducción de una sesión.
Nosotros, como legisladores, debemos buscar el fortalecimiento del Reglamento por medio de mejoras legislativas.
Existen parlamentos sudamericanos, Argentina y Paraguay, que ya contemplan la figura jurídica de moción de preferencia. Los tiempos exigen que nosotros como operadores del sistema jurídico mexicano seamos cercanos al modelo de legislador racional, donde impere la vehemencia, la elocuencia y el ideario de cada legislador.
No hay mejor manera de resaltar el centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que enaltecerla por medio de reforzar al Reglamento de la Cámara de Diputados, que favorezcan el diálogo constructivo y la discusión abierta de los temas que por su importancia y trascendencia afectan a todas y todos quienes habitamos en este país.
Por ello, me permito traer a esta tribuna la máxima que Venustiano Carranza encomendó a los constituyentes de 1916. “Toca ahora a vosotros coronar la obra a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y guarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas”. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada María Elida Castelán. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra por diez minutos, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera de ellas por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La segunda de ellas, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Presento iniciativa para poder suscribir en nuestro Muro de Honor de esta honorable Cámara de Diputados los nombres del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con letras de oro.
A partir de que México fue el primer país que brindó naturaleza constitucional a la seguridad social desde la formulación de la Constitución de 1917, en su artículo 123, dando con ello garantía jurídica a los aspectos económicos, políticos y sociales del trabajo, otorgando rango constitucional a los derechos de los trabajadores.
A partir de este acontecimiento y en beneficio de los trabajadores mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social nace oficialmente el 19 de enero de 1943 e inicia operaciones el 1 de enero de 1944.
Forma parte de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la cual preside actualmente.
Asimismo es una de las instituciones con mayor presencia en la atención a la salud y la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943. Para ello, combina la investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados.
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política, en el cual se señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades, de accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Su misión es ser el instrumento básico de seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y sus familias.
Por su parte, el artículo 2 y 4 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, que en caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
Conforme al artículo 5 de la propia Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la noble misión de organizar y administrar este seguro social, en el mejor interés de todos los trabajadores. El instituto se constituye como un organismo público descentralizado.
A 73 años de su creación, el IMSS es responsable de la seguridad y salud de cerca de 62 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del programa IMSS-Oportunidades, por ello la importancia de que pueda estar esta institución en el Muro de Honor de este recinto legislativo, con letras de oro.
Por su parte el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como entidad encargada de dar la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus orígenes en la reforma de 1960 al artículo 123 constitucional, en ella se estableció la clasificación de asalariados en Apartados A y B, este último es exclusivo de los empleados gubernamentales.
En ese mismo año entró en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el régimen inicial de seguridad social del Instituto del ISSSTE se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio, 2 seguros para proporcionar servicios de salud, 5 seguros de carácter pensionario, 3 prestaciones relacionadas con vivienda y préstamos a corto plazo, y 3 de servicios sociales.
En sus inicios el ISSSTE aseguró a casi 130 mil trabajadores, 12 mil pensionistas y 346 mil familiares, lo que sumaba un total de 488 mil derechohabientes. De acuerdo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección en salud.
Si bien es cierto que en México existen diversas instituciones médicas, como son las instituciones de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, las instituciones de Petróleos Mexicanos, así como el sistema implementado, es importante destacar que las instituciones con mayor población son el IMSS y el ISSSTE.
Así también, instituciones escolares, diversas entre ellas, estudiantes de la UNAM, trabajadores y académicos, cubre la asistencia médica de los mismos que están inscritos en el Apartado B, del artículo 123 constitucional.
Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a su consideración la obligación de enaltecer estas dos grandes instituciones públicas que han estado al servicio del pueblo y de los trabajadores del Estado por tantos años, sin descanso y siempre buscando mejorar y superarse ellas mismas, por lo que pido se inscriban sus nombres en el Muro de Honor con letras de oro, de esta honorable Cámara de Diputados.
La siguiente iniciativa que reforma a la Constitución Política, es para que se siga utilizando el salario mínimo como base de prestaciones sociales. Después de largas discusiones que duraron años, se llegó al acuerdo de que era necesario desligar el salario mínimo, desindexarlo para crear la Unidad de Medida y Actualización como instrumento que sustituiría todo lo que tiene que ver con impuestos y pagos de servicios, de esta manera poder aumentar el salario mínimo.
Esto último deriva de un hecho fundamental al saber que esta desindexación establece que debe de utilizarse, dejar de utilizarse el salario como una unidad de referencia para fines ajenos a los de su naturaleza, que es de prestaciones sociales.
Como se argumenta, tanto pensiones como becas, son prestaciones de naturaleza salarial, las cuales sustituyen en determinadas circunstancias a los ingresos vinculados a las rentas de trabajo.
Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales del ser humano se inscribe la seguridad social como derecho humano, la cual tiene como propósito proteger a la ciudadanía frente a riesgos y privaciones económicas a causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y otros. En México la seguridad social ha contribuido de manera importante, desde su origen, a la estabilidad social y económica.
En nuestro país, el aparato público de seguridad social se encuentra dividido en varios organismos que en su mayoría otorgan pensiones, en particular el IMSS y el Issste son, por número de derechohabientes, las principales instituciones públicas de seguridad social.
Actualmente, solamente el 25 por ciento de los adultos mayores cuenta con una pensión. Solo 2 de cada 10 personas mayores pueden solventar sus gastos, los 8 restantes viven en situación de pobreza. También, el 75 por ciento de ellos trabaja porque las pensiones son pocas e insuficientes para sufragar sus gastos.
El deprimido poder adquisitivo de las pensiones en México amerita la adopción de medidas conducentes a garantizar incrementos significativos en el monto de las jubilaciones. Basta señalar que México, según datos de la OCDE, se encuentra entre los países latinoamericanos con pensiones más precarias e insuficientes.
En el caso de las pensiones, esta brecha entre la UMA y el salario mínimo tenderá a ser cada vez más amplia, lo que generará un perjuicio ascendente en el poder adquisitivo de las mismas, sin embargo, estamos conscientes de que la situación de vulnerabilidad y fragilidad que enfrentan las finanzas de las principales instituciones mexicanas de seguridad social exige la implementación de políticas y medidas conducentes a garantizar la viabilidad a largo plazo.
Por eso, aplicar la UMA en este campo es una medida contraproducente y lesiva que deteriora la capacidad recaudatoria de los institutos y coadyuva a perjudicar su consolidación financiera.
Hay que subrayar que otros sectores sociales, no solo jubilados y pensionados, están siendo ilegítimamente afectados por la aplicación de las unidades de medida y actualización al cálculo de sus respectivas prestaciones.
Hoy, las becas oficiales, cuyos montos se referenciaban antes en salarios mínimos, ahora se calculan en base de unidades de medida y actualización. Una beca a nivel de doctorado del Conacyt, por ejemplo, está remunerada con aproximadamente 13 mil 800 pesos mensuales. Este cálculo es el resultado de la aplicación de 6 unidades de medida y actualización, porque si se hubiera aplicado el salario mínimo como base, la beca sería de más de 14 mil 400 pesos. Es decir, casi 800 pesos de diferencia.
En este caso las becas, al igual que las pensiones, son prestaciones cuyos fines son similares a las del salario. En ningún caso debe considerarse que pensiones, jubilaciones o becas son rentas ajenas a la naturaleza del salario. Esto resulta claro porque cuando una pensión no es más que un salario en diferido se destina a satisfacer el rol del ingreso, una vez que el trabajador se enfrenta a determinados avatares como la vejez, la enfermedad o la invalidez, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta que se formula de reforma constitucional propone esclarecer y concretar los fines consagrados en la desindexación aprobada en 2015, siendo totalmente respetuosa y congruente con sus propósitos originarios.
En este aspecto, se propone excluir la aplicación de la unidad de medida y actualización, la llamada UMA, al campo de la seguridad social –concluyo– o sobre cualquier otra prestación que por su propia naturaleza sea análoga a la del salario.
Se reitera que esta finalidad estaba ya presente en la redacción y en el sentido de la reforma original, aunque su aplicación de forma incoherente haya sido divergente. Esta iniciativa de Morena propone concretar y limitar el alcance de la reforma constitucional de desindexación del salario, con lo que eliminamos la laguna legal que está permitiendo que algunas instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el Conacyt utilicen de manera ilegítima e indebidamente la unidad de medida y actualización, en lugar de utilizar como índice de referencia los salarios mínimos.
Morena seguirá pugnando por el debido cálculo de las prestaciones sociales de la ciudadanía. Y agradecer el tiempo, diputada presidenta, y señalarles que seguiré respetando al pueblo de México. Y lamento mucho, péjele a quien le peje. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Mario Ariel Juárez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Y a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, respectivamente.
A continuación...
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: ¿Sí? Sonido en la curul del diputado, por favor. Del diputado García, Cuitláhuac García. Adelante, diputado.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para solicitarle...
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sí, dígame.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): ...al diputado Ariel si nos permite suscribir sus iniciativas.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Mario Ariel, pregunta el diputado si se puede suscribir a su iniciativa.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, adelante.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado. Gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y por el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados. Desde hace más de 10 años los países más avanzados del mundo ya empezaron a ver la necesidad de legislar en materia de ciberseguridad. Muchos de ellos, por ejemplo Australia, vieron desde la década de los setenta que tenían que proteger a sus ciudadanos a través de leyes que salvaguardaran las herramientas de trabajo usadas día a día, de la posibilidad de un acceso ilícito, así nace su Ley de Telecomunicaciones de 1976.
También la Unión Europea empezó lo propio desde los noventa, así dio como resultado el Convenio de Budapest de 2001, este con el objetivo de buscar un ambiente de cooperación y de equidad entre los países de la Unión Europea y/o países invitados para proteger la soberanía económica, comercial y más importante aún, los derechos humanos de los usuarios de la red.
En México tenemos la increíble fortuna de poder aprender de estos países y legislar de una forma muy inteligente para poder proteger a nuestros ciudadanos de las actividades ilícitas que dentro del dominio digital cada vez se vuelven más comunes. Basta ver por ejemplo que en 2014, cerca de 10 millones de mexicanos fueron víctimas de un ciberdelito y en 2016 esta cifra había aumentado a 22.4 millones de personas.
El costo de oportunidad de no legislar en este tema es muy alto. El costo del cibercrimen este año alcanzó los 5 mil 500 millones de pesos, esto es equivalente más o menos a lo que el gobierno de Estados Unidos pidió al Congreso para la reconstrucción de Puerto Rico después del paso del huracán María.
Si pensamos que hoy en día en nuestro país existen 81 millones de usuarios de celular, más o menos 60.6 millones de estos usan un teléfono inteligente y 60.5 millones de mexicanos de menos de 6 años utilizan Internet, el campo de acción a la comisión de actos criminales es enorme.
Cuando los niños suben a sus cuartos no están solos en sus cuartos. Cuando los niños suben a sus cuartos y prenden sus computadoras entran a un mundo lleno de gente desconocida, lleno de millones de gentes desconocidas. Sin una buena educación y sin una buena higiene digital los padres no van a poder estar seguros de con quién hablan sus hijos en línea y esto puede llevar por ejemplo a grooming sin que los padres o los propios niños sepan qué está pasando. Hay que enseñarles a los niños y a los padres a hacer uso de Internet como nos enseñaron a nosotros a cruzar la calle.
Los padres de familia y las escuelas no pueden hacer el trabajo solos. Los gobernantes y los legisladores tenemos también la obligación de proteger a nuestros ciudadanos desde los niños pequeños hasta los adultos mayores para poder utilizar de manera bien estas herramientas. Es por ello que el día de hoy vengo a presentar esta importantísima iniciativa que marcará un parteaguas para el México del siglo XXI.
Como parte del catálogo de delitos que buscamos incorporar al Código Penal se encuentran los siguientes. La intercepción ilícita en la transmisión de datos de comunicación, la alteración o supresión de datos informáticos relacionados con actividades financieras, el abuso de dispositivos, la falsificación informático, el fraude informático y la usurpación de identidad.
Además, vamos a reformar los delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y también el delito de pornografía de menores de 18 años que no tienen capacidad para comprender el hecho de resistirlo, con la finalidad de adecuar sus tipos penales conforme a los mejores estándares internacionales. Esto es porque la ONU el año pasado dijo que México es el país número uno en pornografía infantil en la red. Esto es muy importante.
Adicionalmente, en materia procesal se va a crear una sección séptima dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que incluirá los actos de investigación necesarios para la obtención de videncias digitales y de cooperación internacional.
Por todo lo anterior, teniendo siempre como punto central de esto los derechos humanos de nuestros ciudadanos y de los usuarios de la red, se busca que esta iniciativa proteja a los mexicanos y que les sirva para navegar con la certeza de que sus datos personales y sus familiares están siendo protegidos por un marco legal sólido.
Los invito a todos a sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Sofía González Torres. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario...
El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Perdón. Por favor sonido para la curul del diputado. La curul del diputado Cortés, por favor.
El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Gracias. Para solicitar a través de su conducto a ver si es posible preguntarle a la diputada Sofía si me permite suscribir su iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: ¿Diputada?
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Con gusto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sí, diputado, adelante. Aquí está a su disposición. Sonido en la curul de la diputada Daniela de los Santos, por favor.
La diputada Daniela de los Santos Torres (desde la curul): De igual manera, presidenta, felicitar a la diputada Sofía y preguntarle si me permite suscribirla.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Continuamos con la iniciativa que va a presentar el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la cual es con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez: Buenas tardes, gracias. Con su venia, presidenta. Compañeros, cada vez y con mayor frecuencia escuchamos en los medios de comunicación y en las pláticas familiares los términos tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad y malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, colusión privada, alteraciones fraudulentas del mercado, especulación financiera con fondos públicos, puerta giratoria penal, clientelismo, nepotismo, compra de votos. Las anteriores son actividades que se relacionan con la idea de la corrupción.
Si pudiéramos definir de manera sencilla a la corrupción, podríamos decir que es siempre un acto ilegal o moralmente reprobable. Pero especialmente –como los delitos sexuales– en la oscuridad, intentando no dejar testigos del acto corrupto cometido.
La corrupción se incrementa porque no se castiga. Es por eso que tenemos gran corrupción. Es la hija de la impunidad.
México debería de tener cifras oficiales sobre corrupción, para dar voz a las innumerables quejas –sin duda– sobre corrupción y otros temas de interés nacional.
Los legisladores federales le podemos dar eco haciendo uso de la herramienta legislativa denominada punto de acuerdo. A través de estos puntos de acuerdo que nos permiten a los legisladores documentar la necesidad ciudadana y solicitar su atención a lo demando.
Deseo dejar en claro que no sólo para los analistas políticos, sino también para las organizaciones sociales involucradas en temas de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito legislativo han denominado a ese instrumento como llamadas a misa.
¿Por qué? La respuesta es simple. Porque no se obliga a la dependencia ni a los servidores públicos a una respuesta oportuna. Por ejemplo, para ejemplificar lo anterior, les compartiré un dato duro: en esta Legislatura, a la fecha, se han ingresado 3 mil 331 puntos de acuerdo, mil 437 se han desechado. Están pendientes de dictaminación 656, se han aprobado 741, solo se han atendido 340. Estas cifras son reveladoras, los puntos de acuerdo constituyen una herramienta legislativa útil. Los puntos de acuerdo sirven de contrapeso. Hágalos valer, señor presidente, Se los pide el Congreso mexicano.
La bancada de diputados ciudadanos hemos cumplido con nuestro compromiso de dar voz a cada una de las expresiones que recogemos en los ciudadanos libres. Hemos utilizado este instrumento e incorporado esas demandas ciudadanas. Las hemos materializado y convertidas en puntos de acuerdo que llevan el sentir ciudadano en cada letra y expresión.
Compañeras y compañeros, propongo efectuar modificación a nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados para incluir la fracción VIII al artículo 79 para quedar como sigue:
Artículo 79, numeral 2. Las proposiciones con puntos de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:
Fracción VIII. Las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno del ámbito federal, estatal y municipal, órganos autónomos, fideicomisos públicos y toda aquella figura gubernamental deberán dar atención a las proposiciones de punto de acuerdo.
Si después de 30 días naturales no se recibe respuesta por escrito al punto de acuerdo, será la Secretaría General quien elaborará y remitirá un extrañamiento por la falta de atención correspondiente.
Solicito su apoyo por considerar esta propuesta y aprobarla, así fortalecer el derecho de petición de los ciudadanos ya que el día de hoy no es suficiente con solo levantar la voz. Urge respuesta y atención para este ejercicio de rendición de cuentas. Apoyo a Tamaulipas en la inseguridad, urge apoyo. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias diputado Gustavo Adolfo Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Compañeras y compañeros diputados, promover la igualdad, la libertad y la dignidad de los individuos es un principio fundamental para Nueva Alianza. Desde nuestra conformación, asumimos el compromiso de propiciar acciones afirmativas tendientes a salvaguardar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, principalmente de los grupos vulnerables.
El respeto y la no discriminación constituyen los principales derechos que tenemos tanto hombres como mujeres, y se encuentran claramente consagrados en nuestra Constitución. No obstante de ello existe un sector de nuestra sociedad que de forma continua ha sido señalado y marginado por su preferencia sexual, identidad o expresión de género, lo que le ha impedido gozar del ejercicio pleno de sus libertades fundamentales.
Desafortunadamente la vida de estas personas está permeada por la discriminación y la intolerancia, pese a que las leyes y acuerdos de protección de derechos humanos la proscriben. Si bien las reformas constitucionales de 2011 expresan un avance significativo en contra de las prácticas discriminatorias por motivos de preferencia sexual, aún las leyes son las que no contienen esta importante especificación.
Nueva Alianza es un partido liberal, pero sobre todo comprometido con el respeto y la defensa de los derechos de cada individuo. En diversas ocasiones y a través de diferentes instrumentos hemos reafirmado que defenderemos el derecho de las personas a manifestar y vivir su preferencia sexual sin que nadie las excluya. Hoy refrendamos dicho compromiso mediante una iniciativa que pretende armonizar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de derechos y no discriminación.
A pesar de que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud del país un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, no contempla específicamente la discriminación por preferencias sexuales, omisión que la presente iniciativa propone solventar mediante dos reformas al artículo 2o de la Ley, con el propósito de poder incorporar el concepto de preferencias sexuales, y la frase atente contra su dignidad humana, que hasta el momento aún no se han contemplado.
Con estas reformas estaremos armonizando la referida ley con la Constitución, los ordenamientos legales y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, además de propiciar la obligación de respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos de los jóvenes.
Recordemos que la discriminación trae consigo la negación de libertades, de derechos y de oportunidades a las personas que son víctimas de ellos. Necesitamos hoy por hoy transitar a un Estado de derecho garante de nuestros derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea. Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Abdies Pineda Morín: Esta soberanía y mi grupo parlamentario ya se han manifestado solidariamente por quienes perdieron algún familiar durante los sismos del 7 y el 19 de septiembre del presente año. En nuestra bancada no queremos dejarlo en simples declaraciones.
Me sumo a quienes preguntan a los demás partidos políticos, cuándo y cuánto van a poner de su financiamiento a disposición del Estado, para que lo incorpore a los fondos y programas de apoyos a los damnificados.
Presentamos esta iniciativa para que se considere conducta grave el desvío de recursos financieros y materiales con fines de atender a damnificados por siniestros naturales. El almacenamiento de donaciones en evento contingente, el retardo de la entrega de bienes a damnificados, la venta de bienes donados para ellos, los robos, fraudes y desvíos y otras conductas que afectan la confianza de las personas para donar a damnificados.
Sus donaciones no tienen la certeza de a manos de quién van a parar. Los artículos recolectados por la gente, pero nunca donados. En vez de eso, en varias ocasiones son almacenados y repartidos después en eventos sociales, partidarios o electorales.
Revisemos el motivo de la desconfianza, vámonos al azar. Quien era gobernador del estado de Chiapas cuando sucedieron los desastres naturales provocados por Manuel e Ingrid, fue encarcelado por el ejercicio indebido del servicio público, ya que se le acusó de no utilizar mil 800 millones de pesos en la reconstrucción de las zonas afectadas.
En julio de 2017, se reportó en Tampico, Tamaulipas, una bodega con apoyos supuestamente para ser entregados a damnificados de noviembre de 2016. Se presume que estos seguramente fueron utilizados para hacer campaña de reelección municipal.
Recientemente, en Morelos, el gobernador Graco Ramírez demora, por conducto de la Dirección del DIF, la ayuda proveniente de otros estados de la República. Pretendía almacenarla en una bodega, a lo que los ciudadanos de inmediato repudiaron y decidieron manifestar su indignación. La población se congregó para impedir el almacenamiento de dicha ayuda. Eso es inaceptable.
Como se ha visto, el meollo es que la ayuda solidaria hacia los damnificados está ahora acompañada por una desconfianza fundada en la corrupción en todas las esferas sociales y políticas, desconfianza que se alimenta de sospechas de que las ayudas terminaron alimentando las campañas electorales y algunos partidos políticos desviaron esos recursos a sus campañas.
Se dice que la tragedia saca lo mejor y lo peor de las personas. Varios políticos y gobiernos han mostrado lo peor de ellos. Los delincuentes han interceptado las donaciones, en los accidentes de las unidades que llevan los apoyos han sido saqueados por la propia gente.
Encuentro Social con esta iniciativa busca mejorar el marco jurídico de protección civil y se pronuncia porque se considere conducta grave el desvío de recursos financieros, el almacenamiento injustificado de donaciones, el retardo de la entrega de bienes a damnificados, la venta de bienes donados por ellos y el uso indebido de estos bienes. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Abdies Pineda Morín. Túrnese a la Comisión de Protección Civil para dictamen.
Nos visita la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada María Elena Orantes López, los cuales se encuentran aquí, me gustaría que les brindáramos, por favor, un fuerte aplauso. Gracias por su asistencia y bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación pasamos a la segunda ronda de iniciativas y tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Iveth Bernal Casique, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La diputada Iveth Bernal Casique: Gracias, con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Iveth Bernal Casique: Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas, personas que nos siguen a través del Canal del Congreso y diversos medios de comunicación.
Hoy me dirijo a todos ustedes, para exponer la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Agraria en materia de derecho y obligaciones de los posesionarios.
La presente iniciativa tiene como objeto primordial otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los productores sociales, buscando contribuir al fortalecimiento del patrimonio de cada uno de ellos.
Los posesionarios como sujetos agrarios tuvieron origen en el año de 92, con las reformas al artículo 27 y la expedición de la Ley Agraria. En este tenor, la legislación en lo que refiere a los posesionarios únicamente ha abordado lo relativo a la obtención de dicha calidad, siendo omisa en algunas disposiciones que precisen sus derechos y/u obligaciones.
Ahora bien, es de conocimiento general que la expedición de la Ley Agraria tiene como propósito fundamental el otorgar certeza jurídica en el campo, para colaborar con su desarrollo y productividad a partir de premisas de justicia y libertad.
Cabe resaltar, que es del más alto interés del gobierno de la República y de nuestro presidente, Enrique peña Nieto, cumplir con los principios rectores del artículo 27 constitucional, llevando al campo los instrumentos que permitan garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal.
Es por ello que los posesionarios tienen que contar con un instrumento adecuado para la correcta aplicación de la Ley Agraria, ya que el ejido bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a su voluntad de seguir sobre el destino y delimitación de las tierras parceladas y de uso común, la regulación y certificación de los derechos ejidales, así como la delimitación de tierras para asentamiento humano, puede o no considerar a los posesionarios como parte del ejido, viéndose amenazados en su patrimonio, máxime que la única disposición normativa que le otorga certeza jurídica es una circular de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Por dicha razón se propone adicionar a la Ley Agraria una sección cuarta que regule los derechos y obligaciones de los posesionarios en los siguientes términos:
Que se adquiera el carácter de posesionario por reconocimiento, por resolución judicial y/o por adscripción de derechos parcelarios.
Que para la expedición de los certificados se deberá expedir uno para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el posesionario, y que una vez expedido el certificado correspondiente el posesionario tendrá los siguientes derechos:
De uso y disfrute sobre sus parcelas; de dar en garantía el usufructo; de recibir indemnización por causa de expropiación; de suceder sus derechos; de enajenarlos; de asumir el dominio pleno una vez que la asamblea de ejidatarios hubiera autorizado a adoptar dicho dominio y los demás que le confieran esta y otras leyes, así como por el reglamento interno del ejido.
También adquirirá las siguientes obligaciones:
Enajenar los excedentes, de notificar el derecho del tanto y los demás que establezcan esta y otras leyes, así como el reglamento interno del ejido.
La asamblea de los ejidatarios podrá regularizar la tenencia de las tierras de posesionarios, únicamente reconociéndoles derecho de uso y disfrute de las parcelas, así como derechos adicionales que no impliquen la calidad de ejidatario. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada Iveth Bernal Casique. Y túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.
Esta Presidencia amplía el turno de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales que presentó la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México, y túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra por diez minutos el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia y con la venia de la Presidencia. No es un secreto que México adolece de una incalculable economía oculta, generada con recursos de procedencia ilícita. A México le urge entrar a fondo al combate al crimen organizado a través del debilitamiento de estructuras financieras que actualmente permiten a estas organizaciones continuar delinquiendo.
El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los que se determina la obligación de los Estados parte para instrumentar procedimientos encaminados a la privación con carácter de definitivo de algún bien de origen ilícito, situación que hoy, lamentablemente, el Estado mexicano ha realizado sin efectividad.
En los últimos años, con la emisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se pretendió dar el andamiaje legal para combatir dicho fenómeno. Sin embargo, la incidencia de este género de conductas, sus delitos precedentes y conexos siguen impactando de manera seria al país con deficiencias importantes.
El gobierno federal dio a conocer los resultados del Grupo de Acción Financiera –Gafi, por sus siglas–, así como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, que en su última reunión realizada en Argentina aprobaron las medidas que ha adoptado el país en el combate al lavado de dinero. Pero de igual forma, a través de esos resultados se detectaron áreas de oportunidad. En otras palabras, deficiencias dentro del sistema mexicano para hacer frente a este problema.
¿Cuáles son ellas? Detectaron áreas de oportunidad, o bien, deficiencias en: uno, en procuración de justicia. Dos, en supervisión de actividades vulnerables. Tres, en la identificación de los beneficiarios finales de activos de procedencia ilícita. Lo que significa que prácticamente están detectando deficiencias en todo el proceso, desde la prevención, detección hasta poder identificar quiénes son los beneficiarios y, en su caso, poder retener ese tipo de recursos.
Así podemos verificarlo también, que en el segundo informe de la revisión de la Cuenta Pública 2016 que realizó la Auditoría Superior de la Federación respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público arrojó los siguientes resultados.
Se detectó prácticamente 138 mil operaciones inusuales, de las cuales se determinaron mil 120 personas como de alto riesgo. De ellas, solamente se presentaron 112 denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio Público se abocó solamente a 5 y de esas 5 se ejercitó acción penal solamente en 2.
De ese tamaño es el problema, de 138 mil operaciones inusuales detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, solo 2 en el 2016 fueron pertinentes para poder ejercitar la acción penal y eso agregándole que en el V Informe de Gobierno, de las decenas de miles de millones de dólares que se presume se mueven en el crimen organizado, el último año solo se aseguraron 543 millones de pesos y 11.4 millones de dólares sin reportar un solo decomiso.
Si bien las cifras que aporta la Auditoría Superior nos hablan de un atraso, también es cierto que esta Cámara de Diputados requiere de manera urgente la información relacionada con los parámetros de ejercicio de dicha facultad, es decir, es importante verificar cuántos casos de probable lavado de dinero detectó la UIF contra la cantidad final de casos denunciados. No hay que olvidar que las denuncias del delito de lavado de dinero realizadas en el Sistema Financiero Mexicano implica una facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda.
Por todo lo anterior, la iniciativa que hoy presento al pleno tiene la finalidad de delinear por primera vez en el país una política nacional de combate al lavado de dinero, por ello es necesario entrar en una revisión profunda del tipo penal, verificar cuáles son todas las conductas que están ya determinadas en los tratados internacionales para poderlo incorporar aquí en nuestra legislación, y es increíble hoy en día identificar que hay estados de la República Mexicana que todavía no tienen tipificado en el fuero común este delito y que tampoco existen unidades de inteligencia patrimonial y económica en en todas las entidades federativas, y que incluso la figura de extinción de dominio ni siquiera ha dado fruto en ninguno de los asuntos que pudieran estar verificando.
Ello encuentra sentido porque hoy en día lo que se tiene es una ley federal, pero no se tiene una ley general que pueda articular todos los esfuerzos que se hagan a nivel estatal con los esfuerzos que está realizando la Secretaría de Hacienda en la detección de este tipo de fenómenos.
Es por todo esto que esta iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para emitir la legislación general que establezca las bases de esta compleja y urgente asignatura, que abarque integralmente el fenómeno criminal de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tanto a nivel federal como local, así como los pisos mínimos para la operación de interconexiones entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y los estados, obligando, ahora sí, a estos últimos a echar a andar de manera inmediata sus unidades de inteligencia, patrimonial estatal con la finalidad de concretar un sistema que cierre las puertas y que impida fallas.
Es, pues, esta reforma constitucional el inicio de un gran camino que nuestro país deberá recorrer para robustecer el andamiaje jurídico que permita a México eliminar de su economía diaria recursos de procedencia ilícita, y a su vez golpear eficazmente a las estructuras financieras del crimen organizado. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado José Hernán Cortés. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar dos iniciativas, la primera de ellas con proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Perdón; permítame tantito, diputado. Sonido en la curul de la diputada Sofía González, por favor.
La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para pedirle por favor al diputado Cortés si me deja suscribir la iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputado Cortés, pregunta la diputada Sofía González. Adelante, diputada, puede suscribirla. Los demás diputados que deseen suscribirse a la misma, estará aquí a disposición. Adelante, diputado.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, diputada presidenta. Con el permiso de diputadas y diputados. El día de hoy vengo a presentar dos iniciativas que son de carácter social, que buscan mejorar la calidad de vida de niñas y niños y –desde luego– trabajadoras y trabajadores mexicanos, dos sectores de la población que hoy necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestro respaldo para poder darle fortaleza a sus derechos y que puedan ser reconocidos ampliamente.
La primera iniciativa que hoy les comparto propone reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con el fin de otorgar a los trabajadores certezas y evitar simulación o defraudación, como ya suele suceder en algunos sectores laborales.
De manera muy concreta, al redefinir el régimen de subcontratación, se busca que los patrones acrediten su responsabilidad y cumplimiento con las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Ese es el espíritu, esa es una parte del mismo.
Con esto ¿qué buscamos? Buscamos que con esto se eliminen los vacíos legales que muchas veces los patrones aprovechan para no cumplir con la generación de contratos, capacitación, y sobre todo, la debida remuneración de los trabajadores. Es algo que debemos de ponerle atención en este Congreso para poder ayudar y respaldar a que la subcontratación pueda brindarles todos los derechos a los trabajadores.
Aquí mismo en el Congreso ya hemos visto que hay anomalías y que poco hemos podido hacer por ellos y por muchos otros más.
Por otro lado, la segunda propuesta que presento, es para que las niñas y los niños cuenten con energía eléctrica dentro de los centros escolares, toda vez que las altas temperaturas que imperan en el país obligan a mantener climas dentro de las escuelas, pero muchas veces no pueden debido a la falta de la liquidez económica de los padres de familia.
La educación es un derecho consagrado en la Constitución, pero este derecho no puede entenderse si el Estado no prevé las condiciones para la enseñanza, operación y funcionamiento de las diferentes escuelas.
Sin embargo la educación no debe considerarse como una obligación del Estado, sino como una actividad principal para acceder al nivel de desarrollo y bienestar para todo el país.
Para que dicha educación sea eficaz es necesario que cuente con la infraestructura necesaria, en este caso son los servicios de energía eléctrica.
Pido a diputadas y a diputados que puedan respaldar esta iniciativa. Hay escuelas hoy en día a lo largo y ancho del país que carecen de tener un clima, por una razón. No todas las escuelas tienen el beneficio de tener una energía eléctrica subsidiada por el Estado. Muchas escuelas no lo tienen y los padres de familia tienen que organizarse para poder cubrir ese gasto.
Es por ello que hoy pido a las autoridades federales, estatales, que deben de ser responsables del suministro de la energía eléctrica y el pago de este servicio básico que forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas.
En el Grupo Parlamentario del PRD, lo hemos demandado y lo hemos pedido, hoy me toca decirle de frente a cada una de ustedes. Les pido, por favor, por favor, ya lo dije, que pudiéramos sumar en esta iniciativa el esfuerzo y el respaldo de todas y cada uno de ustedes. Hay muchas escuelas, no solo en el estado de Veracruz sino en diferentes estados, no pueden a veces realizarse las actividades educativas o las altas temperaturas que hoy demandan un bienestar y un mayor desarrollo como es tener un clima en el aula.
Demando a su buena voluntad que pudiéramos ayudar ayudando a niñas y a niños que tengan una mejor calidad de vida a través de una mejor educación. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Julio Saldaña. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen, y a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen, respectivamente.
Saludamos con mucho gusto a un grupo de integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, invitadas por mi amiga, la diputada Martha Hilda González Calderón, vicepresidenta de la Mesa Directiva. Sean ustedes bienvenidas a este salón de sesiones.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna el día de hoy con la intención de plantear una iniciativa de proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona un párrafo al artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguros.
Déjenme entrar en materia, compañeras y compañeros legisladores, lo planteo de la siguiente manera debido a que una de las enfermedades que más está creciendo en el país son las enfermedades mentales.
Y no tiene que ver específicamente con una situación agravada demencial, sino tiene que ver con mayor estrés, ansiedad, depresión y angustia en la población mexicana. Y que no solamente se limita a hombres y mujeres adultos, sino que también afecta de manera grave a niñas y niños, a jóvenes, a estudiantes. Y que desafortunadamente las familias que tienen la posibilidad de contratar un seguro no se incluyen la atención psicológica ni psiquiátrica.
Y podemos retomarlo de la siguiente manera el mismo tema, compañeras y compañeros legisladores, después de los sismos del pasado mes de septiembre en distintas entidades federativas de nuestro país hay personas que hasta el día de hoy han sido afectadas en su salud psicoemocional y que desafortunadamente no tiene la posibilidad de ser atendidas en el servicio de salud público y que aparte, si contrataron un seguro privado, tampoco son atendidas ni con médicos ni mucho menos con medicamento.
Déjenme darle lectura de manera textual a lo que define la OMS con respecto a la salud mental. Y la define que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontarla tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
Hoy en distintos municipios y en distintas entidades federativas hay ciudadanas y ciudadanos que no pueden llevar a cabo una vida normal por la afectación emocional que se vivió con los sismos que ya he comentado.
Hay niños y jóvenes que no tienen la intención de salir de su casa por la afectación que se ha llevado a cabo de manera emocional. No están asistiendo a la primaria, a la secundaria, al nivel medio y medio superior. No están llevando a cabo su actividad de manera normal.
Por eso consideramos en el Grupo Parlamentario de Morena, hacer esta propuesta que tenga que ver específicamente con lo siguiente: modificar el artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en donde las aseguradoras que el particular ha contratado un seguro, tenga la posibilidad de que aporten apoyo médico, medicamento, psicológico y psiquiátrico a las personas que hoy tienen una afectación en su estado psico-emocional.
Además, el seguro comprenderá la atención psicológica para el asegurado, a efecto de restablecer de manera adecuada la salud emocional después de un evento de esta naturaleza, como también atenderlo de manera psiquiátrica y obviamente en aquellas personas que se haya puesto en riesgo su vida o su estado físico.
Es importante, compañeras y compañeros legisladores, que nosotros desde el Poder Legislativo podamos modificar una ley, que se pueda sentir la fuerza del Congreso para que miles de personas que han sido afectadas en su estado psico-emocional puedan tener la atención necesaria, puedan tener la atención médica y también de medicamentos para atender la problemática que viven en sus comunidades.
Es una asignatura que no podemos dejar pasar. Oaxaca, Guerrero, en la Ciudad de México y muchos estados de la República Mexicana tienen esta gran necesidad de ser atendidos en este problema que tiene que ver con problemas mentales hoy, principalmente psicológicos y psiquiátricos. Les agradezco mucho su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y suscrita además por todos los integrantes de dicho Grupo Parlamentario.
Damos una cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Anáhuac, de las carreras de derecho y administración, invitados por el diputado Felipe Cervera Hernández y diputados integrantes de la diputación federal por el estado de Yucatán. Sean todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con el permiso de la señora presidenta. Nuestro país ha avanzado en legislar desde una perspectiva de derechos humanos en diversos temas. Desde esta tribuna he impulsado varios temas en pro del respeto de los derechos humanos y la última iniciativa fue votada en días pasados en este pleno en favor de los migrantes.
Hoy, una vez más, vengo a proponerles otra iniciativa que se refiere a los derechos humanos, partiendo del artículo 18 constitucional, conforme al cual el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Requerimos legislar para cubrir un vacío legal de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que la misma no prevé que el personal que labore en los centros de reclusión penitenciaria cuente con vocación de servicio y aptitud de ayuda humanitaria, como requisitos que deben prevalecer para garantizar el respeto al derecho de una vida digna, buen trato y a la reinserción social de los sentenciados.
A este respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido de que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal no considera el perfil que debe satisfacer el personal penitenciario y que, por lo tanto, estamos dejando a los reclusos en manos de personas sin la preparación adecuada.
Compañeros, para que toda persona privada de la libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, es necesario que los hombres y mujeres que trabajen en las prisiones sean cuidadosamente elegidos, para garantizar que tengan las cualidades personales y una formación educativa especializada. Es necesario capacitarlos en los principios sobre los que debe basarse su trabajo y en las aptitudes humanas y técnicas requeridas.
Es por ello que mediante la iniciativa que hoy propongo a su consideración, indico el que debemos armonizar nuestro marco jurídico con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, pues la selección y formación de los servidores públicos que conforman el sistema penitenciario, es un tema que se ha considerado desde 1955 y que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal no regula, por lo que resulta de especial importancia establecer y homologar, en este ordenamiento legal, el perfil civil y profesional que debe tener el personal del sistema penitenciario del país. Además es necesario que reciba capacitación constante sobre temas como el uso racional de la fuerza, manejo de conflictos, técnicas y tácticas penitenciarias.
En términos de lo expuesto, la iniciativa que hoy presento tiene por objeto que los centros penitenciarios cuenten con suficiente personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia, previa selección y capacitación en los términos que disponga la Ley Nacional de Ejecución penal.
Para lograr lo anterior propongo una reforma mínima, pero con importantes efectos en la administración cotidiana de los 379 centros penitenciarios que existen en el país, la cual consiste en reformar el artículo 6o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que el personal del sistema penitenciario sea cuidadosamente seleccionado y que realice el servicio público de manera profesional, con pleno respeto a los derechos humanos de los internos y que sea capacitado permanentemente.
Con esta reforma estaremos atendiendo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Mandela.
Con esta reforma estamos atendiendo una problemática a nivel nacional, pues es una realidad que los centros penitenciarios del país no cuentan con personal suficiente y el que tienen probablemente no es apto para las funciones de seguridad penitenciaria, lo que hace que aumente el riesgo de perder el control de los establecimientos penitenciarios y se propicia la evasión de presos o motines al interior de los mismos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, compañera diputada Lorena Corona. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por diez minutos la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Con la autorización de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias. Me permito, primeramente, darles a ustedes un cordial saludo y decirles que nos regalen un aplauso para la diputada Vero, que estuvo de cumpleaños y que no la felicité porque no estábamos aquí.
El día de hoy vengo a proponerles la modificación de un artículo constitucional, de un artículo que ha pasado de ser un parteaguas a totalmente ignorado, es el artículo 62 de nuestra Carta Magna, el que tiene a bien tratar de blindar la representatividad popular que cada uno de nosotros estamos obligados a dignificar por esos ciudadanos que nos dieron la oportunidad de su voto.
La representatividad popular tiene su origen en la división de poderes establecida como contrapeso a los otros poderes. Si nosotros lo significáramos y lo analizáramos nos daríamos cuenta que si no tuviéramos esa división de poderes estaríamos hablando de una monarquía.
Para autores como Humberto Quiroga Lavie, la representación popular permite expresar el sentido común, la voluntad colectiva de un pueblo a los efectos de gobernarlo, es decir, se convierte en la conciencia de un pueblo ante actos del Ejecutivo, que pueden caer en el despotismo absoluto parecido al de los monarcas medievales. O bien, quedar en manos de gobernantes que han perdido la sensibilidad ante las necesidades y requerimientos de la población. He ahí el valor que tenemos todos nosotros como representantes del pueblo de México.
En ese sentido pongo a su consideración, ante esta soberanía, la modificación al artículo 62 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que diputados y senadores no tengan ninguna otra actividad ni desempeño profesional remunerativo, para que sean única y exclusivamente representantes populares, y así se dediquen de tiempo completo a servir a la sociedad mexicana que les dio la oportunidad de venir a representarlos.
Es tiempo, compañeros, de que algunos representantes populares desarrollen sus funciones, no como un cuerpo complaciente de comparsa y de amigos del Poder Ejecutivo. Que nos encarguemos cada uno de nosotros de dar trámites a las iniciativas, pero no a cambio de dádivas o promesas malentendidas o de sacar provechos malsanos que vienen a beneficiar en forma individual a los aquí presentes.
En ese sentido, considero necesario replantear este funcionamiento para que cada representante popular en este Poder Legislativo se convierta en un verdadero líder, que sea un real contrapeso a las decisiones del Ejecutivo.
En resumen, compañeros, propongo que el artículo 62 se modifique de tal forma que nos obligue a desempeñar nuestro trabajo de tiempo completo en favor de los mexicanos, para lo cual me permitiré leerles la redacción:
Los diputados y senadores propietarios ante el periodo de su encargo no desempeñarán ninguna otra comisión, encargo o empleo en cualquier figura organizativa de tipo gubernamental, a fin de conservar la independencia mental y la actuación que su cargo les confiere.
Podrán aceptar cargos honorarios en la iniciativa privada que no interfieran con sus horarios y actividades legislativas. En caso contrario, podrán solicitar licencia a la Cámara respectiva, a fin de separarse de sus funciones.
Esto significa, compañeras y compañeros, que al no tener ningún otro nexo con autoridad gubernamental o privada, nuestro empeño y nuestra coordinación y nuestros quehaceres físicos y mentales estarán encaminados a defender a los mexicanos.
Al día de hoy quienes disfrutan de comisiones para representar otro tipo de cargos tienen que dividirse y tienen que estar sirviéndoles a dos amos. Y hay un dicho muy común que dice que el que a dos amos sirve con alguno queda mal. Esta es la razón de pretender la autonomía de todos estos diputados y diputadas que tenemos el encargo de representar única y exclusivamente al pueblo de México.
Estoy segura que el Frente Ciudadano abandera esta causa, porque vamos en pro de servirles a los ciudadanos, de ratificar el compromiso de representarlos con dignidad y con entrega, sin tener que dividir nuestras simpatías o nuestras preferencias entre una actividad equis y la actividad de diputado o diputada.
Por lo anterior expuesto, compañeros y compañeras, con esta iniciativa dejo en claro que si algún representante tiene el interés de desempeñarse de manera alternativa en otra función que no fuera la de legislar, solicite licencia al cargo, teniendo el derecho de elegir la que más le convenga, dejando la oportunidad a aquel que con esmero y entrega busque servir al pueblo de México.
Concluyo diciendo que es momento que el Poder Legislativo retome el peso que tiene en esa división de Poderes. Es momento que como representantes ciudadanos le demos su lugar a los que hacen posible que devenguemos un sueldo.
Es momento que la dignidad del pueblo de México se vea representada en la oportunidad de resolver lo que viene a beneficiar a los mexicanos, no lo que le conviene al Ejecutivo.
Por eso concluyo diciendo: en este país requerimos de representantes que con gallardía y entrega se dediquen a hacer lo que se les contrató o para lo que se les eligió en esta soberanía, que se dediquen a velar por el interés de la nación, más allá de enriquecerse o buscar favores especiales que únicamente le reditúen a los que aquí están presentes. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Rosa Alba Ramírez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Decía José Vasconcelos, que la cultura engendra progreso y que si no hay cultura poco se le puede exigir a los ciudadanos de un país. La cultura identifica a una nación. La cultura es todo lo que ha hecho el hombre, el conocimiento, valores, costumbres, lo que caracteriza a un pueblo en una nación en una época determinada.
Por ello, la cultura también cuenta nuestra historia y es un legado que sirve de base a nuestra sociedad. En los últimos años se ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo, al ser un importante factor de cohesión social. Las distintas manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, son forma de exteriorizar nuestra tradición y es a través de ellas que se ha comenzado a hablar sobre importantes temas como la misma diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades marginadas, entre otras.
Es por ello que las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras, así como las reformas sociales, deben tomar en cuenta esta perspectiva cultural que permita atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad en su conjunto.
Es fundamental reconocer que la cultura es una gran influencia en el desarrollo social mediante el fortalecimiento del bienestar y las libertades a que aspiramos todos los seres humanos, toda vez que de una u otra forma envuelven nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones determinando en gran medida nuestra identidad individual y colectiva.
Por ello, resulta por demás pertinente la iniciativa que pongo a su consideración para incorporar a la Ley General de Desarrollo Social a la cultura como un derecho. El objetivo es humanizar el desarrollo cultural para que la persona de cada pueblo pueda informarse, aprender y comunicar sus experiencias culturales a todos los demás, pues si bien el desarrollo social es un proceso cuyo objeto consiste en conducir el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en los diferentes ámbitos, también debe de proporcionar equidad en dicho crecimiento a fin de coadyuvar a la democratización política, social, y cultural de la nación.
En este sentido, propiciar un acercamiento de las expresiones artísticas a la comunidad es una tarea fundamental para garantizar un verdadero desarrollo social.
Por el apoyo que brinden a esta iniciativa, señoras y señores legisladores, y por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Luis Manuel Hernández. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Honorable asamblea. En representación de los integrantes de la Comisión de Economía que me honro en presidir, presento ante esta soberanía el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Es importante resaltar que el dictamen fue aprobado por unanimidad en nuestra comisión. El dictamen de la minuta proveniente del Senado, tiene por objeto fortalecer los derechos de los consumidores y otorgar mayores facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para generar mayor certidumbre jurídica en las relaciones de consumo.
La minuta surgió de diversas iniciativas provenientes de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Senadores y en su formulación se tomó en cuenta la opinión de diversas organizaciones de la sociedad civil así como cámaras y organismos empresariales.
Es importante subrayar que la minuta que hoy discutimos también fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República.
Ya en esta Cámara de Diputados la Comisión de Economía consultó de nueva cuenta a todas las fracciones parlamentarias y a los diversos sectores implicados, logrando consensos que se reflejaron en la unanimidad con la que se aprobó el documento que hoy presento ante esta soberanía.
Este documento constituye un esfuerzo sin comparación en los últimos años para generar –sobre todo– una mayor certidumbre jurídica en las relaciones de consumo.
Dentro de la minuta se establece que los proveedores no podrán incrementar los precios de bienes y servicios por fenómenos naturales, fenómenos meteorológicos o contingencias sanitarias, y tampoco aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente.
Asimismo se prohíbe incluir información o publicidad engañosa en la comercialización de un producto o servicio.
Con relación al comercio electrónico, se contempla que el proveedor que ofrezca o venda productos o servicios utilizando medios electrónicos, deberá cumplir con la norma mexicana expedida por la Secretaría de Economía.
También se reforzarán las facultades de la Profeco en su labor de defensa de los consumidores, otorgándole nuevas herramientas para su actuación, por ejemplo: alertas dirigidas a los consumidores.
En caso de que se presenten multas que imponga la Profeco, se podrán considerar como créditos fiscales y podrán ser cubiertos a través de medios electrónicos, lo cual fortalece la transparencia en su cobro y así generar confianza en el mercado y certidumbre jurídica tanto para los proveedores como para los consumidores y las autoridades correspondientes.
También se establece un plazo de 10 días para el retiro de los sellos de suspensión o advertencia en caso de que sean colocados en los establecimientos como una medida precautoria. Al día de hoy la ley no contempla un plazo perentorio para que la autoridad retire los sellos a los empresarios que ya cumplieron con lo señalado por la Procuraduría.
Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que presentamos busca proteger y promover efectivamente los derechos de los consumidores fortaleciendo la supervisión y robusteciendo la acción de las autoridades para contribuir a un mejor funcionamiento del mercado, y con esto, mejorar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo.
Es por eso que el día de hoy, a nombre de la Comisión de Economía solicito a todos ustedes compañeras diputadas y compañeros, el voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Jorge Enrique Dávila.
La presidenta diputada María Ávila Serna: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra, por cinco minutos cada uno de ellos.
Por el Partido Encuentro Social, la diputada Nancy López Ruiz; por el Partido Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García; por el Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Luis Ernesto Munguía González; por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Lorena Corona Valdés; por el Partido Morena, el diputado Alejandro Armenta Mier; por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Lluvia Flores Sonduk; por el Partido Acción Nacional, diputado Miguel Ángel Salim Alle; y, por el Partido Revolucionario Institucional, el Fernando Uriarte Zazueta.
Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Nancy López Ruiz.
La diputada Nancy López Ruiz: Buenas tardes. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Nancy López Ruiz: Honorable asamblea, la aprobación del dictamen que hoy nos ocupa conlleva una reforma integral y robusta para actualizar la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda vez que atiende no solo las iniciativas de los diversos grupos parlamentarios del Senado, sino también las inquietudes del Poder Judicial y de diversos diputados federales, entre los que podemos referir al diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El precipitado legislador en abril pasado presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de actualización de sanciones. Con la publicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor en 1976 México fue la segunda nación de América Latina en contar con una ley en la materia, que encuentra sus sustento en el artículo 28 constitucional. En dicho precepto se reconocen los derechos de los consumidores, reenvía a la ley secundaria el cuidado de sus intereses y a la Procuraduría Federal del Consumidor las facultades al afecto.
La Profeco, como organismo público descentralizado, nació para promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo responsable e inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Entre las principales luces del dictamen de mérito se destacan:
La garantía que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.
El establecimiento de sanciones por obstaculizar o impedir visitas de verificación.
La emisión de alertas dirigidas a consumidores de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad. Su retiro, destrucción, reparación y sustitución. La prohibición de publicidad que indique que un producto es avalado por asociaciones profesionales cuando no se cuente con soporte fehaciente y científico.
La obligación de guiarse por las normas mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía para el ofrecimiento y comercialización de productos o servicios por medios electrónicos.
Asimismo, en el dictamen se contienen aspectos tales como las ventas a domicilio o fuera del establecimiento mercantil, contratos de adhesión e incremento en la temporalidad de uno a tres años para que se configure la reincidencia.
En Encuentro Social estamos comprometidos con la construcción de una cultura de consumo responsable e inteligente, a fin de que los consumidores tengan la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo y los derechos que le asisten.
Conscientes de esta necesidad, hemos presentado diversas iniciativas que, cabe señalar, han sido desechadas o precluidas. Estamos seguros que el consumo inteligente como facilitador de mejores condiciones económicas hace referencia a la adquisición racional de bienes y servicios, sin llegar a elevados niveles de consumo que sean insostenibles para la economía del consumidor.
Para ello, es necesario contar con información clara y suficiente para adquirir la capacidad de elegir los bienes y servicios que satisfagan realmente las necesidades del consumidor, sin que afecten su economía familiar. Por todo lo expuesto, en conciencia y con congruencia votaremos a favor.
Un México en que el consumo responsable e inteligente sea para todos es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Nancy López Ruiz.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza. Por cinco minutos, diputado.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy hago referencia al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya finalidad es actualizar la ley para defender de una forma más eficaz a los consumidores del país.
Es importante destacar que la presente reforma es fruto de meses de trabajo, en los que se analizaron a fondo las propuestas y se reunieron opiniones y puntos de vista de los diversos sectores involucrados para atender las inquietudes de los consumidores.
La reforma que se encuentra a consideración de la asamblea es sumamente amplia y pretende, entre otras cosas, establecer las bases mínimas para la operación del comercio electrónico, procurando ante todo el bienestar del consumidor y fomentando la competencia.
También se precisa la prohibición de los proveedores de incrementar injustificadamente precios debido a fenómenos naturales, meteorológicos, o contingencias sanitarias. De igual manera se incrementan las atribuciones de la Profeco, incluyendo la de emitir alertas dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas en el abastecimiento de bienes, productos o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad.
Asimismo se faculta a la Profeco para retirar del mercado los bienes o productos cuando se haya determinado que ponen en riesgo la vida o la salud del consumidor y, en su caso, ordenar la destrucción de los mismos, a fin de evitar su comercialización.
Una de las reformas que conviene destacar es la prohibición de incluir en la información o publicidad de un producto o servicio, toda leyenda que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, si no se cuenta con la documentación que soporte con evidencia científica las cualidades o propiedades de producto o servicio. Esto es una manera de poner un alto a la publicidad y comercialización de los llamados productos milagro.
En Nueva Alianza estamos de lado de los consumidores, es por ello que coincidimos con lo antes planteado, ya que es una forma de contribuir a salvaguardar los derechos de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado Luis Ernesto Munguía González: Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La agenda de defensa de los consumidores, es una agenda eminentemente ciudadana.
En la relación entre consumidores y empresas podemos observar abusos y atropellos, que reflejan una falta de Estado de derecho y una ausencia de reglas claras. En este sentido, es nuestra responsabilidad incidir en cualquier espacio donde podamos defender a los ciudadanos.
Desde el principio de la legislatura, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la agenda de defensa y protección de los consumidores ha sido una prioridad, por ello hemos impulsado temas que ya han salido adelante, como la defensa de los usuarios de aerolíneas y servicios de telefonía móvil, así como otros rubros que continúan en esta Cámara, como la protección de usuarios de seguros, de servicios financieros, de espectáculos públicos y recientemente la agenda de derechos digitales.
El día de hoy discutimos un dictamen que plantea diversas modificaciones en materia de protección a los consumidores, particularmente castigar el alza injustificada de los precios durante fenómenos naturales, fortalecer las visitas de verificación, empoderar a la Procuraduría Federal del Consumidor, revisar la publicidad de los proveedores y regular las ventas a domicilio o fuera de los establecimientos mercantiles.
La defensa de los consumidores debe ser entendida como un espacio fundamental de acción, para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana.
Por ello, en Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen y nos sumamos a todos los esfuerzos que promuevan la defensa de los consumidores, porque esta es una vía para fortalecer nuestras instituciones y la economía mexicana, con los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Luis Ernesto Munguía.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lorena Corona Valdés: Compañeros legisladores, el dictamen que está a discusión constituye una amplia reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual es producto de un largo proceso de discusión entre el sector empresarial, la sociedad civil y los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cabe destacar que las reformas que se proponen en esta ley incorporan las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, lo que permitirá que contemos con mejores prácticas globales en la defensa del poder adquisitivo y la economía familiar, siendo México uno de los referentes en América Latina en la defensa de los derechos de los consumidores.
Esta minuta busca fortalecer la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Se basa en cuatro ejes temáticos:
Uno. La protección de la vida, salud y seguridad de los consumidores.
Dos. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios.
Tres. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva.
Y cuatro. El derecho de acceso a productos que no sean peligrosos.
De conformidad con lo anterior, la calidad y seguridad de los productos o servicios que se comercializan en el mercado son los retos que tienen las empresas frente a nosotros los consumidores.
La intención de esta reforma legal es impedir el empleo de prácticas que perjudiquen a los consumidores, garantizando a su vez que los fabricantes, los distribuidores y cuantos participen en la provisión de bienes y servicios respeten nuestros derechos.
Además, las reformas que hoy se someten a consideración del pleno permitirán alentar las buenas prácticas comerciales entre proveedores y fomentarán una competencia leal y afectiva, lo que incentivará que nosotros los consumidores tengamos la posibilidad de elegir productos y servicios dentro de un mayor surtido y a precios mucho más bajos.
En materia de fortalecimiento de los derechos, se reconoce el derecho del consumidor de revocar su consentimiento en un periodo de cinco días, aumenta el plazo de garantía de 60 a 90 días. En el caso de reposición del producto, este deberá ser nuevo.
En materia de comercio electrónico se regula la comercialización de productos o servicios cuando se utilicen medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, estableciendo que se guiarán por por las disposiciones de la norma mexicana que expida la Secretaría de Economía.
Por otra parte, se prohíben prácticas comerciales abusivas, ya que establece que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales meteorológicos o contingencias sanitarias.
En resumen, este dictamen recoge las propuestas de actores relevantes para la economía nacional y productores de bienes y servicios de alta especialización, como lo son la emisión de alertas y llamados a revisión, así como la reposición de productos. Asimismo, se incorpora el concepto de venta fuera del establecimiento mercantil y de ventas a domicilio.
Compañeros, en el del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México estamos convencidos de que estas reformas resultan fundamentales, pues fortalecen el marco jurídico que regula las relaciones de consumo, dan mayor certeza a los consumidores respecto de las condiciones reales de los bienes o servicios para tomar decisiones inteligentes en la compra de los productos y abren camino a una legislación vanguardista que garantiza la defensa de los consumidores.
Por lo expuesto, los invito, al igual que lo haremos en mi grupo parlamentario, a votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Lorena Corona.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Armenta Mier: Amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores diputados. En el siglo XX surgieron las primeras manifestaciones de los consumidores en contra de la especulación y de abuso de los proveedores.
En México los consumidores están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que reconoce como principios básicos de las relaciones del consumo a la protección de la seguridad, la vida y la salud del consumidor. Desde luego el derecho a la educación y divulgación, el derecho a la efectiva prevención, reparación de daño, el acceso a los órganos administrativos, el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor.
El dictamen integrado por la Comisión de Economía, a partir de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta ley, presentó varios avances que fueron analizados por los diputados de Morena que participaron en estas comisiones.
Entre ellos destacan las disposiciones más claras, a fin de que los proveedores mantengan mejor informados a los consumidores. La protección implícita al consumidor de cargos que no hayan contenido ni consentido. La obligación de los proveedores de justificar cualquier incremento en los precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, así como la configuración de infracciones al hecho de que los proveedores impidan las visitas de verificación y el procedimiento administrativo que ordena la Profeco. Todos estos aspectos desde luego que han sido analizados.
Morena siempre está a favor de la población y de los consumidores que con gran sacrificio lucha por salir adelante con su familia y sus necesidades básicas. Nuestro partido impulsa la economía nacional y a los empresarios locales que respetan a la salud alimentaria y desde luego con honestidad cumplen con su función en el mercado interno y en la economía. Defender al pueblo de México, darle voz a los reclamos sociales, es nuestra obligación elemental de los diputados que integramos esta Cámara.
En Morena, los diputados federales entendemos con claridad las necesidades sociales y la protección que debemos de dar a los consumidores en México ante los abusos y excesos que la población reclama.
El Grupo Parlamentario de Morena, se manifiesta a favor en lo general de este dictamen. Presidenta, le regreso dos minutos que en otras ocasiones me he excedido. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, por cinco minutos.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Buenas tardes, compañeros y compañeras. Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Gracias. El dictamen que la Comisión de Economía nos presenta para su discusión incluye algunas modificaciones al proyecto original contenido en la minuta del Senado, que dan precisión a los actos contenidos en las mismas y que fueron consultadas por organismos y algunas otras dependencias.
En todo caso, el proyecto en su conjunto ofrece un marco adecuado para robustecer la capacidad de la Procuraduría Federal del Consumidor de actuar a favor de los derechos del consumidor, producto de diversas iniciativas propuestas por todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Senadores.
Tiene el mérito de establecer una serie de precisiones que aseguran de mejor manera los derechos de los consumidores y sustantivamente incluye la capacidad de parte de la procuraduría para ejecutar sus resoluciones. Además permite que sus órganos de difusión amplíen sus servicios incluyendo referencias de otras dependencias y alertas a los consumidores sobre riesgos a la salud.
Destaca el amplio espectro de actuación que se deriva de la reforma a la ley, con lo que la procuraduría estará para atender las formas de comercio en el marco de las nuevas tecnologías de la información y de los servicios de acceso a dichas tecnologías, así como la prohibición de ocultar o incrementar los precios de forma especulativa en situaciones de vulnerabilidad social después de acontecimientos meteorológicos graves y otros desastres. Esta reforma defiende los derechos del consumidor, de la población. No se puede seguir golpeando a un pueblo que ha sido golpeado.
Si bien el proyecto en comento representa un avance sustantivo queda claro, conforme las prácticas comerciales evolucionen, será necesario no olvidar que como consumidores nuestros derechos deben estar salvaguardados por la ley.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, a favor del derecho de los consumidores y a favor del pueblo de México. Gracias. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Lluvia Flores.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, presidenta. Compañeros diputados, desde el inicio de esta Legislatura para Acción Nacional ha sido un compromiso proteger y promover los derechos de los consumidores a través de la presentación de diversas propuestas que den certeza y seguridad jurídica a la relación entre proveedores y consumidores, por lo que votaremos a favor del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y votaremos a favor porque consideramos que para fomentar el consumo inteligente y procurar la seguridad jurídica y la equidad entre proveedores y consumidores, tenemos que dotar de mayores atribuciones a la Profeco.
Por eso celebramos la aprobación de esta minuta que establece –entre otras cosas– que los proveedores deberán informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezcan al consumidor.
La minuta también establece que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente sus precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.
Asimismo se reconocerá el derecho del consumidor de revocar su consentimiento bajo un periodo de reflexión de cinco días para productos o servicios como tiempos compartidos, internet o ventas a domicilio.
De la misma forma dotamos de mayores atribuciones a la Profeco con las siguientes disposiciones:
Primero. La posibilidad de emitir alertas dirigidas a los consumidores y a otras autoridades para dar a conocer productos, bienes o servicios defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad, la economía del consumidor, y así como ordenar su reparación o sustitución.
Segundo. La prohibición de incluir en la información o publicidad de los productos o servicios toda leyenda que indique que han sido avalados o recomendados por sociedades o asociaciones profesionales cuando estas carezcan de la documentación apropiada y la evidencia científica que lo soporte. Por ejemplo, en este caso podemos decir: no más productos milagros que dañan la salud de los usuarios.
En esta legislatura hemos realizado esfuerzos valiosos aprobando reformas que permitan a los consumidores estar mejor orientados y mejor protegidos. Aprovecho esta ocasión para informar a esta asamblea y a los ciudadanos que nos siguen a través del Canal del Congreso que otro de estos esfuerzos a favor de los consumidores fue la aprobación del dictamen de los derechos de los usuarios de las líneas aéreas.
Aquí quiero hacer una felicitación a todos los diputados por la aprobación de esta ley que entró en vigor el pasado 8 de noviembre. Con esta reforma ahora los pasajeros tienen la oportunidad de conocer en tiempo real, a través de medios electrónicos las causas por las que sus vuelos se encuentran demorados, y en su caso, exigir las compensaciones establecidas por las líneas aéreas, todo esto en favor de los usuarios y los consumidores.
Amigas y amigos, estas reformas que ahora son una realidad así como el dictamen que estamos discutiendo, son un claro ejemplo que las autoridades y el sector privado sí pueden ponerse de acuerdo a favor de los consumidores, a favor de las empresas y a favor de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Salim.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta: Con su venia, señora presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta: Compañeros y compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario del PRI va a apoyar este importante dictamen porque va en consonancia con nuestros propósitos de procurar la mayor protección en todos los órdenes, para todos los mexicanos, porque el documento plantea como objetivo central la protección, el fortalecimiento de los derechos de los consumidores, que somos todos, el derecho a tener productos seguros, el derecho a elegir, el derecho a ser informado, el derecho a ser escuchado. Este es un muy importante dictamen porque va a proteger a los mexicanos.
El dictamen que hoy votamos fue el resultado de una inclusión en su análisis de siete iniciativas presentadas por diferentes legisladores y que tuvo la discusión más amplia, tuvo el consenso final porque hubo un trabajo previo con las organizaciones, con las Cámaras, con todos los involucrados en este tema.
Y, aunque se aprobó por unanimidad en el seno de la Comisión de Economía, a cuyos integrantes por supuesto felicito, muy en especial a su presidente por la templanza y la pluralidad con la que llevó y con la que se llevó el debate, no estuvo exento de discusión. Se hizo un debate rico, sano y productivo.
Sobre las medidas que contienen estas reformas ya se ha comentado inextenso por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Señalaré solamente algunas cuantas que me parecen relevantes:
El prohibir las prácticas comerciales abusivas, como incrementar los precios de manera injustificada cuando hay desastres naturales o contingencias sanitarias. Este es un tema que está muy vigente, que está muy en boga, y que creo que viene esta ley, esta reformas con toda oportunidad.
El pasar de 60 a 90 días las garantías que se ofrecen por un producto, lo cual es un tiempo necesario para poder observar el funcionamiento y la calidad del mismo.
Esta ley va a regular el comercio electrónico, que ha crecido de manera meteórica en estos últimos años. Y le va a dar certeza a aquellas personas que quieran realizar sus operaciones en línea, lo cual nos va a situar dentro de las mejores prácticas internacionales, dentro de las mejores prácticas globales.
Este dictamen va dirigido a fortalecer, a robustecer a las instituciones en beneficio de los mexicanos. Y es el resultado de hacer política, de hacer alta política, la que se discute para llegar y para establecer acuerdos, donde hay debates parlamentarios ríspidos, sí, pero siempre para llegar a confeccionar buenas piezas legislativas, que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas.
Esta es una ley que cumple con el propósito fundamental, que va a desembocar en políticas públicas que incidan positivamente en las personas, porque esta es la esencia de la política.
Lo que va a hacer esta ley es proteger y cuidar a los mexicanos. Esta ley va a impactar favorablemente porque va a cuidar los bolsillos de los mexicanos. Esta ley va a impactar favorablemente porque va a permitir un mejor aprovechamiento del tiempo de los mexicanos y sobre todo algo más importante, porque va a impactar en la confianza de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Uriarte. Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, en virtud que de conformidad con el artículo 109, no hay artículos reservados en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para votar el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores diputados, me permito informar a la asamblea que nos acompañan y son testigos de esta votación, estudiantes de la Universidad Anáhuac, invitados del diputado Felipe Cervera Hernández, que espero se lleven la mejor de las impresiones de esta Cámara de Diputados. Bienvenidos. Uno de ellos es sobrino de Sara Latife. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera diputada o diputado que falte de emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está llegando a votar el diputado Amaro, la diputada Soto.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 384 votos, 0 abstención, 0 en contra, de un total de presentes 384. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 384 votos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado, de Chihuahua, Alex Le Baron González, para fundamentar el dictamen, gracias, Alex.
El diputado Alex Le Baron González: Con su permiso, diputada presidenta. A nombre de la Comisión de Cambio Climático, con el permiso de los compañeros y compañeras diputados. México ha sido uno de los países más activos para impulsar acuerdos que buscan combatir y reducir los efectos de cambio climático, como muestra nuestro país fue el segundo que promulgó una ley general en materia de cambio climático y en lo que establece compromisos y acciones que deben adoptar todos los niveles de gobierno.
Fuimos el primer país en desarrollo, en presentar nuestra contribución nacionalmente terminada, en la cual planteamos metas, la mitigación y adaptación al cambio climático, pero también la vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático es sumamente alta.
El 15 por ciento del territorio, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento de la economía, es vulnerable a los efectos de este fenómeno que cada año nos azota con huracanes, sequías e inundaciones más intensas.
Por ello, el cambio climático es una asignatura que compete a todos los niveles de gobierno y de ahí la Ley General de Cambio Climático asigna atribuciones a la federación, a los estados y a los municipios, y ordena la creación de un fondo con recursos federales.
De igual forma, el Acuerdo de París, acuerdo ratificado prácticamente por todos los países del mundo, considera la importancia de que todos los niveles de gobierno y diversos actores asuman compromisos para mitigar los efectos y adaptarlos de una forma contundente a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, en el caso de nuestro país, al hacer una revisión de las identidades con legislación en materia del cambio climático, es evidente que no ha sido una prioridad para incorporar en diversas entidades federativas y más aún, la preocupante irregularidad en cuanto a la formulación de programas que plasmen objetivos y metas en relación a las acciones de mitigación al cambio climático.
La reforma que se propone y se pone a consideración de la asamblea el día de hoy busca promover en los gobiernos locales la generación de políticas en materia de cambio climático, enfocadas en las necesidades de cada lugar, políticas que van, desde instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos de nuestro país, monitoreo de la calidad del aire en las zonas urbanas y metropolitanas, mejorar la seguridad alimentaria, desarrollo rural, infraestructura, educación, ordenamiento territorial, residuos, protección civil e inclusive, prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático.
Porque una cosa nos queda clara a la Comisión de Infraestructura y a todos nosotros, en el momento en que las autoridades estatales y municipales consideren, entre sus prioridades, una política de cambio climático, estas autoridades diseñarán instrumentos y proveerán los recursos necesarios para implementarlos.
Por ello, el dictamen que presentamos el día de hoy busca modificar la Ley General de Cambio Climático para que los municipios tengan las siguientes atribuciones: gestionar, asignar y administrar recursos que el día de hoy quedan en manos de la federación. Y ejecutar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
Por otra parte, se establece que además de la federación y las entidades federativas, los municipios, circunscribiéndose, por supuesto, estrictamente al ámbito de las respectivas competencias de lo que establece la ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, participen en el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático.
Esperamos contar con su apoyo de parte de la Comisión de Cambio Climático. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Alex Le Baron González.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario el diputado proponente de la iniciativa que da origen al dictamen que hoy está a discusión. Le cedo el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Con su permiso, diputada presidente. La Tierra no es del hombre, el hombre es de la Tierra. Si bien la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna el mayor premio, no el que podemos darle sino el que podemos darnos, es cuidarla.
El cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos para nuestro futuro, por lo tanto es uno de los mayores desafíos y retos que como humanidad hoy enfrentamos. Las tareas a realizar con la finalidad de inhibir los efectos nocivos del aumento de la temperatura a nivel global son inmensas para todos los integrantes de las sociedades contemporáneas.
A nivel internacional se han venido realizando una gran cantidad de acciones con la finalidad de encontrar rutas de solución a dicho fenómeno, por ejemplo el Acuerdo de París, que establece la importancia de que todos los niveles de gobierno y diversos actores asumamos el compromiso específico para la asignación de recursos y conformación de fondos respecto a la mitigación de los efectos del cambio climático, cuyo principal objetivo es contener el nivel de incremento de la temperatura en dos grados Celsius.
La agenda es transversal, es necesario invertir en energías limpias, en reforestación, en potabilización del agua, en transporte y en prevención de desastres naturales. La ONU estima que para lograr un desarrollo sostenible se necesitan invertir entre 5 y 7 billones de dólares anuales, y buena parte de ese dinero debe servir para financiar la transición a una economía mundial baja en carbono y también resiliente.
El cambio climático es una asignatura que compete a todos los niveles de gobierno, siendo la ley general en la materia la que asigna las atribuciones a la federación, estados y municipios y ordena la creación de un fondo únicamente con recursos federales.
El ejercicio de recursos para el combate al cambio climático debe contar con otras alternativas que puedan enfocarse en las problemáticas de cada región. Demos soluciones regionales a los retos nacionales.
El presente decreto reforma la Ley General de Cambio Climático y propone que las entidades federativas tengan también atribuciones para destinar parte de sus recursos para ejercerlos en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Con esta propuesta las entidades federativas deberán programas flujos directos y propios de recursos para hacer frente a sus necesidades específicas, lo cual favorece su autonomía presupuestal y fortalece también su capacidad de prevención y atención a problemáticas locales relacionadas con el cambio climático.
Compañeros, somos la primera generación de mexicanos que resiente la fuerza y la magnitud de este fenómeno, y quizá también seamos la última generación que tenga la oportunidad de hacer algo. Por ello reitero, no hay esfuerzo menor al reto mayor que como sociedad actualmente enfrentamos, cerrarle el paso al cambio climático.
En nuestras manos, en nuestras acciones, en nuestras respuestas frente a este reto está la posibilidad de que nuestros hijos sigan disfrutando del gran tesoro de la naturaleza, de México y de nuestro planeta. En nuestras manos está impulsar en nuestros hijos una nueva generación y una nueva consciencia que los convierta en ciudadanos responsables no solo de México, sino en ciudadanos responsables del mundo.
Amigas y amigos, votaremos a favor del presente dictamen para combatir el cambio climático y sus efectos negativos en el nivel de bienestar de la población. Dichas acciones requieren del respaldo de recursos económicos accesibles, oportunos y constantes.
No le demos la espalda a este hecho, la respuesta está en todos y juntos podemos lograr un mundo mejor para nuestros hijos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Tomás Montoya Díaz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras se recaba la votación, quiero saludar con mucho cariño a amigos del municipio de Pachuca del estado de Hidalgo, invitados por nuestra querida compañera Liliana Oropeza. Sean ustedes muy bienvenidos.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se consulta a la asamblea si queda alguna diputada o diputado por emitir su voto. Continúa abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 9o., y 91 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Permítanme abrir un paréntesis porque para esta honorable asamblea el año 2017 representó la oportunidad de que el Canal del Congreso impulsara diversas series y contenidos para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esas producciones destaca la serie Nuestra Carta Magna Memorias de un Siglo, la cual fue seleccionada por la Fundación José Pagés Llergo para recibir el galardón del mismo nombre en la categoría Documentales.
Esta serie de cuatro documentales históricos de 30 minutos de duración cada uno, nos remite a los inicios del constitucionalismo mexicano al proceso de conformación del Constituyente, y a la elaboración de la Constitución del 17, así como sus cambios y reformas hasta la actualidad.
El premio será entregado el día de mañana, por lo que esta Mesa Directiva expresa su más sincera felicitación a la directora del Canal del Congreso, maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, y a todas las trabajadoras y trabajadores técnicos del Canal del Congreso por este merecidísimo reconocimiento. Muchas, muchas felicidades.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Población con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.
Se le concede el uso de la palabra, de conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción IV del Reglamento de esta Cámara, se le concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Mota Hernández, para fundamentar dicho dictamen, su tiempo es de cinco minutos, diputado, muchas gracias.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, presidenta. Hace apenas unas sesiones en este mismo Congreso, en esta legislatura, se abordaba el tema de repatriados en el aspecto educativo, un tema neurálgico y vital que con los tiempos que vive nuestra nación, con el vecino país del norte, tomó una enorme importancia, sobre todo para aquellos que con justa preocupación al reingresar a nuestro país, no tenían la certeza de revalidación de planes de estudios y de estudios en sí mismo, una mejora al sistema educativo a hacerlo más sensible, enfocada definitivamente a la niñez.
Por eso, esta iniciativa que ingresó a la Comisión de Población, encontró inmediatamente unanimidad en sus miembros, y fue dictaminado a favor. Esta reforma al artículo 83 de la Ley General de Población ha sensibilizado prácticamente a todos los miembros de la Comisión de Población por ser el tema de repatriados un tema que no es, sino que va siendo en su conjunto, que va formulando ideas conforme se van dando los tiempos y que exigen de los legisladores que la atención al mismo sea de forma integral.
El gobierno federal ha venido modernizando poco a poco los sistemas y mecanismos, creando lo mismo una procuraduría que mejorando la atención de los derechos humanos y generando programas como el de Somos Mexicanos.
Desde la Cámara, nosotros, los legisladores, hemos fortalecido en diversos numerales el tema de migración y facultado a jefes de oficinas consulares para expedir actas del Registro Civil en favor de mexicanos con domicilio fuera del territorio nacional.
La Procuraduría Federal de Defensa de los Migrantes, sanciona a quienes en su cargo de servidores públicos nieguen a los migrantes la prestación de servicios o el ejercicio de sus derechos y garantizar una inclusión, como lo decía antes, en el sistema educativo.
Ahora, con esta mejora a la Ley General de Población, esta reforma al artículo 83 provee a la Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de ver este tema que, como decía, va siendo, va generando condiciones y exigencias a nuestro país para verlo de manera integral.
¿Qué quiero decir con esto? Que la Secretaría de Gobernación pueda coordinar –con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales– programas que brinden, a los repatriados, orientación en materia de salud, educación y vivienda. Faciliten la acreditación de su nacionalidad, su regularización migratoria y la revalidación de estudios. Impulsen su inserción en el mercado laboral o en actividades productivas. Promuevan su reinserción social a fin de que su regreso sea digno, productivo y benéfico para México y para el propio repatriado.
En suma, se trata de garantizar los derechos de los mexicanos repatriados a través de una atención integral. Por eso es que creo que ha generado consenso y no mayor debate. Y le pone el énfasis a lo que la Comisión de Población ha venido diciendo una y otra vez en la expresión de sus integrantes, que nos interesa este tema sobre manera, que la Ley General de Población que ha venido sufriendo consideraciones o reformas someras a lo largo de los años, hoy se actualice, esté atenta al tema de repatriados.
Y quienes nos sintonicen en el Canal del Congreso, y tengan esta preocupación, puedan mirar en este dictamen la sensibilidad del Congreso mexicano para quienes regresan a nuestro país encuentren no solamente las puertas abiertas como una manera de actitud, sino también los artículos y las condiciones legales necesarias para que encuentren en nuestro país un regreso integral en lo educativo, en lo social, en la salud, en sí mismo, en la sensibilidad del legislador de generar las condiciones para que encuentren empleo, mejor a sus familias y encuentren en su país el regreso que merecen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Adolfo Mota Hernández.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de esta Cámara, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien también es el proponente de la iniciativa que da origen a este dictamen. Adelante, diputado. Su tiempo es de cinco minutos.
El diputado Ulises Ramírez Núñez: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Primero quiero agradecer a la Comisión de Población, al presidente y a todos sus integrantes, por haber votado por unanimidad esta modificación al artículo 83 de la Ley General de Población, y lo hago pensando en los millones de mexicanos que viven con preocupación en Estados Unidos, producto de las más agresivas políticas migratorias en aquel país.
Quién no tiene cerca a un conocido, a un vecino, a un familiar que le preocupa algo que es muy importante, que sus familiares puedan ser repatriados y que cuando lleguen a México no encuentren las condiciones suficientes para poder sacar adelante su familia. Justamente por esto, pensando justo en esto es que presentamos a nombre del Partido Acción Nacional algo que es prioridad para nosotros, la seguridad, la integridad y el respeto a la dignidad de todos los migrantes, paisanos nuestros, que se encuentran en Estados Unidos.
Por ello, más allá de los programas que ya señaló el presidente de la Comisión de Población, que ya existen en el gobierno federal, estamos tratando de plantear ahora una política transversal que no sea solamente temporal o de algún gobierno, sino que esta política transversal obligue a los tres órdenes de gobierno a coordinarse de manera estratégica y prioritaria, para dotar a esos migrantes de algo que necesitan. Necesitan información inmediata y apoyo en tema de salud, en temas de vivienda y, por supuesto, en temas de educación.
Algo que es prioridad para nosotros es que aquellos jóvenes, aquellos estudiantes que no pudieron concluir sus estudios en Estados Unidos y sean repatriados, puedan ser validados sus estudios en nuestro país.
También estamos planteando que a través de esta coordinación se puedan establecer programas específicos para dotar de empleo a las familias que sean repatriadas y, por supuesto, dotar a nuestros compatriotas de las mejores condiciones de vida, una vez que se vean afectados por las políticas migratorias en Estados Unidos.
Por eso quiero invitarlos a todos ustedes, al tiempo que agradezco a todos los partidos que integran la Comisión de Población, por haber aprobado esta iniciativa al artículo 83 de la Ley General de Población.
A nombre de la Cámara y particularmente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, queremos decirles y alzar la voz a todos nuestros compatriotas que están sufriendo o padeciendo por esta política migratoria en Estados Unidos: Estamos con ustedes, estamos de la mano con ustedes, estamos preocupados por ustedes y estamos actuando en consecuencia a favor de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Ulises Ramírez Núñez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras se recaba la votación, esta Presidencia le desea muy feliz cumpleaños a nuestra diputada secretaria Verónica Delgadillo. Muchas felicidades, diputada.
De igual manera queremos saludar a los presidentes municipales del estado de Chihuahua presentes en esta sesión, quienes fueron invitados por el diputado Germán Ralis Cumplido. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este pleno.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? El tablero sigue abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 385 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 385 diputados presentes.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
En consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Escobar Manjarrez, quien por la Comisión pasa a fundamentar dicho dictamen.
El diputado Germán Escobar Manjarrez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a fundamentar el dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego que me honro en presidir, y donde por unanimidad de todas las fuerzas políticas se adiciona el artículo 47 K de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
El pasado 18 de noviembre del 2015, el senador Gerardo Flores Ramírez presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 K de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
El 26 de abril de 2016 el Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal en cuestión, y remitido a esta Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 29 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, que contiene el proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal para su dictamen correspondiente.
El dictamen que se somete a la consideración de ustedes el día de hoy tiene por objeto implementar un sistema de minimización de riesgo de contaminación, a través de la recolección de envases vacíos de plaguicidas, –los cuales en ocasiones son reutilizados–con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas agrícolas, prevenir los riesgos de daño en la salud de los consumidores de vegetales y de quienes se involucran en el manejo de plaguicidas, así como reducir perjuicios en los recursos naturales y el desarrollo ambiental.
Con la finalidad de salvaguardar la fuerza rural que se dedica a la actividad agrícola para la obtención de alimentos, se hace necesario realizar buenas prácticas agrícolas, hacer buen uso de agroquímicos, realizar un adecuado manejo de envases vacíos de plaguicidas para evitar todo tipo de riego sanitario y daño ambiental.
Frente al escenario antes descrito, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, Senasica, lleva a cabo el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, el cual tiene por objeto establecer el manejo adecuado e integral de los envases de agroquímicos que se utilizan en la producción primaria en el territorio nacional.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, los envases de plaguicidas que se han manejado incorrectamente son peligrosos para los seres humanos y para el medio ambiente, puesto que existe el peligro de que los envases vacíos puedan ser utilizados para almacenar agua y alimentos, lo que podría provocar envenenamiento por plaguicida. De igual manera, los envases abandonados en la naturaleza pueden generar contaminación en los suelos y en afluentes subterráneas del agua.
Ante la complejidad de ese escenario, la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria suscribió un convenio para la elaboración conjunta del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, interviniendo también la Sagarpa, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Es de destacar que para el año 2014 Senasica, a través del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, conocido como Conservemos un Campo Limpio, contribuyó a la recolección de 3 mil 11 toneladas de envases vacíos y que para el año 2015, logrando para 2016 arriba de 2 mil 500 toneladas de envases de plaguicidas de uso agrícola, los cuales son considerados como residuos que dejan de contaminar el ambiente.
Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valoración y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos, urbanos y de manejo especial, para lo cual distribuye competencias a los tres niveles de gobierno y establece mecanismos de coordinación, instrumentos administrativos y medidas de control, seguridad, infracciones y sanciones.
Por lo que esta reforma fortalece el Título bis respecto a los sistemas de reducción de riego de contaminación a la producción primaria de los vegetales de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Por lo anteriormente expuesto y en aras de consolidar la instrumentación de buenas prácticas agrícolas en los campos que benefician nuestro suelo, mantos acuíferos y repercuta favorablemente a nuestro medio ambiente y al cambio climático, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego que me honro en presidir, solicitamos del aval del pleno de esta Cámara para seguir dotando de mejores instrumentos legales al sector agropecuario, que permitan modernizar las actividades de todos los eslabones de la cadena productiva con la finalidad de producir alimentos más inocuos para los mexicanos. Por su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Germán Escobar Manjarrez.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien además es el proponente de la iniciativa que da origen a este dictamen. Cinco minutos, diputado.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes a quienes nos siguen desde el Canal del Congreso.
En el Verde hemos buscado el desarrollo y la aplicación de sustancias para combatir una gran variedad de plagas insectívoras y herbáceas, que de no utilizarse de esa manera disminuirían el volumen y la calidad de los productos alimentarios. Claro, siempre y cuando que estos herbicidas no sean dañinos para la salud del ser humano.
En los lugares donde se practica el monocultivo intensivo, los plaguicidas constituyen el método habitual de lucha contra la plaga, No obstante, los adelantos aportados por la química han ido acompañados también de una serie de perjuicios, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza real para la supervivencia a largo plazo de importantes ecosistemas, que incluso estos plaguicidas podrían propiciar impactos negativos a la salud humana, además de resaltar los efectos adversos en el ambiente que se da sobre diversas formas de vida, las cuales dependen del grado de sensibilidad de los organismos y el tipo de plaguicida utilizado.
En este sentido, cabe señalar que la problemática de la reutilización de los contenedores de plaguicidas, los cuales en ocasiones son tirados en canales de riego, en ríos, en arroyos, en barrancas, al campo abierto o en otras ocasiones simplemente son quemados o enterrados, es que se generar focos de contaminación al medio ambiente, situación que representa un riesgo para la salud de las personas, de la flora y de la fauna.
De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas y para la Organización Mundial de la Salud, los envases de plaguicidas que sean manejados incorrectamente se califican como peligrosos para los seres humanos y para todo el medio ambiente.
Según el programa nacional de recolección de envases vacíos de agroquímicos en nuestro país, se generan aproximadamente 50 millones de envases de plaguicidas por año, lo que equivale a más de 6 mil toneladas de envases anuales.
Ante tal escenario la Sagarpa, a través del Senasica, que es el sistema nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, implementó el programa conservemos un campo limpio, el cual tiene como objetivo establecer el manejo adecuado e integral de los envases de agroquímicos que ya fueron utilizados.
En este sentido, como ya se dijo aquí en tribuna, para el año 2014 y 2015 el programa al que hice referencia contribuyó a la recolección de aproximadamente 3 mil toneladas de envases vacíos de plaguicida, con lo cual se dejó de representar un riesgo de contaminación para el ambiente con estos residuos, sin embargo, si hacemos cuentas, solo se está recolectando el 50 por ciento aproximadamente de lo que se utiliza de envases con plaguicidas al año. Mi pregunta es ¿dónde está quedando el otro 50 por ciento de esas 3 mil toneladas de envases de plaguicidas?
Así entonces, los envases de plaguicidas se identifican como residuos peligrosos por haber contenido sustancias tóxicas derivadas de su misma composición química. Ante este problema, con la promoción de un sistema de reducción de riesgos por medio de la recolección de envases que contuvieron plaguicidas, se protegen los recursos naturales, se protege también la salud de los involucrados en el manejo de los mismos y además estaríamos protegiendo de manera integral a todos los que somos consumidores.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la reutilización de los contenedores vacíos de plaguicidas constituye un factor de riesgo que silenciosamente puede afectar la salud, la vida de las personas y el medio ambiente, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebramos la aprobación de este dictamen que fue o viene de una minuta del Senado, con la cual vamos a fortalecer la normatividad ambiental de nuestro país, y además vamos a contribuir a garantizar el derecho humano a la salud y a un medio ambiente más sano. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 366 votos, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y lo particular por 366 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47 K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Armando Luna Canales, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos fundamento ante ustedes un dictamen que en términos generales lo que propone es realizar distintas adecuaciones nominativas respecto a las menciones que se hace de la extinta Secretaría de Seguridad Pública en la Ley de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, el contenido del dictamen que hoy se presenta a su consideración no reviste menor importancia, ya que todo cambio o actualización que tienda a optimizar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente a su mecanismo de protección, tendrá una repercusión positiva dentro de nuestro sistema democrático, ya que como se ha señalado por diversos organismos protectores de derechos humanos, la importancia fundamental de la libertad de expresión y la labor de los defensores de derechos humanos, constituyen herramientas esenciales para la defensa de todos los demás derechos y se erigen como elementos centrales de la democracia y el avance de los objetivos de desarrollo.
Por lo anterior, toda mejora de este mecanismo de protección de periodistas y defensores, será bienvenida, a fin de evitar que la violencia y otros delitos contra quienes ejercen sus derechos de libertad de expresión, incluidos periodistas, actores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos, tengan un efecto disuasivo para el libre flujo de información de las ideas en la sociedad.
Tengamos presente que los ataques perpetrados contra ambos gremios no solo representan ataques a su persona, sino que constituyen verdaderas agresiones contra la sociedad en su conjunto, ya que con ello se vulnera la libertad de expresión y el derecho de todas las personas a obtener y recibir información e ideas.
Por lo anterior, en la Comisión de Derechos Humanos estamos convencidos de que los periodistas y los defensores de derechos humanos merecen toda nuestra atención no solo por sus actos heroicos ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan, máxime cuando su labor es un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.
Volviendo a la reforma que nos ocupa, y como es del conocimiento público, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 fueron reformadas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Mediante ella se dispuso la extinción de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, previendo que la Secretaría de Gobernación asumiría los asuntos correspondientes a dicha institución.
Sin embargo, pese a lo anterior –y como bien lo hace notar el legislador proponente, Alejandro González Murillo–, la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha mantenido diversas referencias a la extinta Secretaría de Seguridad Pública, previendo así que se siga contemplando a un represente de la Secretaría extinta como integrante permanente de la Junta de Gobierno del mecanismo; segundo, que se contemple aún pese a no existir que un represente de la citada Secretaría sea integrante de la unidad de recepción de casos y la reacción rápida del citado mecanismo; y, finalmente que la citada Secretaría cuente con un represente en el Comité Técnico del fondo del mecanismo.
Como se puede apreciar, las alusiones a la Secretaría de Seguridad Pública contenidas en la ley que se propone reformar tienen como consecuencia que exista un vacío tanto en la conformación como en el funcionamiento de distintos órganos clave del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por contemplarse precisamente a representantes de una Secretaría que actualmente no existe.
Por lo anterior, tras haber realizado una consulta directa ante el organismo responsable de la ejecución de la ley en comento, es decir, el propio mecanismo, se llegó a la conclusión de que es viable modificar las alusiones que se hace de la extinta Secretaría de Seguridad Pública para que en su lugar se haga mención a la Comisión Nacional de Seguridad.
Lo anterior debido a que en la operatividad diaria del mecanismo de protección dicha instancia es quien le presta apoyo y colaboración peramente en materia de seguridad. Asimismo, hoy en día es el comisionado nacional de Seguridad en quien recaen las atribuciones que en otro momento desempeñaba la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
Por otra parte, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en su calidad de invitado permanente de la Junta de Gobierno del mecanismo, ha atestiguado la colaboración que en todo momento el comisionado nacional de Seguridad presta a las labores de dicho mecanismo, por lo que en este sentido se considera viable incluirlo formalmente como representante en la Junta de Gobierno, en la Unidad de Recepción de Casos y ante el Comité Técnico del Fondo de dicha institución, sustrayendo las referencia que hasta el día de hoy se hacen a la Secretaría de Seguridad.
Adicionalmente, la adecuación que en esta ocasión se somete a su consideración son congruentes con la reforma realizada a la Ley Orgánica en 2003, la cual contempla de su régimen transitorio que las menciones contenidas a la Secretaría serán ejecutadas por la Comisión Nacional de Seguridad.
Compañeras y compañeros, como pueden apreciar la reforma que hoy se propone es en esencia sencilla, sin embargo no menos importante. Tengamos presente que como legisladores tenemos el deber de armonizar los distintos dispositivos legales a fin de contribuir con la debida coherencia y consistencia que debe prevalecer en nuestro ordenamiento jurídico.
Es por lo anterior que a nombre de la Comisión de Derechos Humanos les solicito su respaldo al proyecto de decreto que en esta ocasión sometemos a su consideración. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Armando Luna. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Continúa abierto el sistema, diputado. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 354 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular, por 354 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Mario Ariel Juárez.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para comentar que hace un rato que subí mi iniciativa de modificación, que reforma el primer párrafo de la fracción VI del apartado A del 123, referente al salario mínimo y la sumas para la cuestión de prestaciones de índole social, omití mencionar que esta iniciativa no es únicamente mía, sino está presentada y trabajada por mi compañero Virgilio Dante, Araceli Damián, Roberto Cañedo y Rodrigo Abdala. Solamente es para que obre en el Diario de Debates que omití señalar que esta iniciativa la subimos en conjunto estos cuatro diputados y un servidor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría tome nota de la actualización que nos hace el diputado Ariel Juárez.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicaciones por las que propone la modificación en la integración de comisiones y que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicaciones por las que propone la modificación en la integración de comisiones y que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobadas. Comuníquense. Adelante, señora secretaria.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió de la Cámara de Senadores, minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Cambio Climático.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (16:03 horas): Agradeciendo a todas y a todos ustedes su atención, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 16 de noviembre del año 2017 a las 11:00 horas.
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