Comunicaciones
Proposiciones con punto de acuerdo
Iniciativas
Araceli Guerrero Esquivel, PRI
María Elena Castro Terrazas, PAN
Blanca Margarita Cuata Domínguez, Morena
Jesús Rafael Méndez Salas, PNA
Gianni Raúl Ramírez Ocampo, PRI
Jaime Mauricio Rojas Silva, PAN
Erick Arturo Figueroa Ovando, PRD
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
El presidente diputado Edgar Romo García (12:51 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
El presidente diputado Edgar Romo García: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a esta asamblea, si es de aprobarse.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada el acta.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con las Comunicaciones.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se recibió solicitud de retiro de iniciativa de la diputada Guadalupe González Suástegui, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se recibió de Instituto Nacional de Estadística y Geografía el informe de actividades 2017.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes remite el segundo informe semestral 2017 sobre acciones relevantes.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones y de Transporte, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se recibieron de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítanse a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Educación Pública y Servicios, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se recibió del Congreso estado de Guanajuato iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se recibió del Congreso del estado de Sonora iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción XXI del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se concede licencia por tiempo indefinido, a la diputada Rosalina Mazari Espín, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el cuarto distrito electoral del estado de Morelos, a partir del 28 de marzo del año en curso.
Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: En votación económica, se pregunta si es de aprobarse. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sirvan manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquese y llámense a los suplentes. Quisiera hacer aquí un reconocimiento al diputado Baltazar Hinojosa y desearle mucho éxito en su próximo destino. Un reconocimiento amplio aquí de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Adriana del Pilar Ortiz... Diputado Jesús Zambrano, desde su curul.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Gracias, presidente. Como legislador, y desde luego como integrante del Estado mexicano, para manifestar nuestro rechazo absoluto y desde luego dejar muy claro que es inaceptable que el gobierno de Trump, con él a la cabeza, esté asumiendo una actitud de abierta conflictividad y de confrontación con el pueblo y el Estado mexicano, con su amenaza de la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México.
Nos parece que el gobierno y nosotros como Poder Legislativo, estamos obligados a expresar nuestro tajante rechazo, lo inaceptable que es una actitud de esta entre vecinos y de socios comerciales y de socios en muchos asuntos de la vida humana y de las relaciones entre países, para que quede claro que no debemos permitir que se dé un trato entre países vecinos.
Sugiero respetuosamente, presidente, que pueda hacerse eco en usted, como presidente de la Mesa Directiva, a efecto de que manifestemos una posición muy clara y tajante a este respecto por parte de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates, tomamos nota de su petición para generar algún pronunciamiento por parte de esta Cámara respecto al tema que usted ha referido. Tiene el uso de la voz la diputada Candelaria Ochoa Avalos, desde su curul.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, quisiera desde esta curul conminar, pero sobre todo exhortar a que las iniciativas de la Comisión de Igualdad se dictaminen, que no se dejen morir. Son muy importantes las iniciativas que tenemos ahí y como integrante de la misma solicito que sean dictaminadas. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputada, sus expresiones quedarán registradas en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la voz la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática, desde su curul, que se encuentra registrada.
La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva y del pleno de esta honorable Cámara, que en 2016, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Chiapas, donde se requiere al gobierno del estado implementar acciones necesarias para garantizar a las mujeres, niñas chiapanecas, el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Es por ello que he presentado un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Manuel Velasco y a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, que refuercen las medidas de seguridad y hagan público el ejercicio de los recursos en cumplimiento a la declaratoria.
En los últimos años, el 48 por ciento de las chiapanecas han sufrido algún tipo de violencia. Es por ello que presento este punto de acuerdo. Las mujeres chiapanecas ya no aguantan más, el gobernador de Chiapas debe ponerse a trabajar y dejar de pensar en el próximo proceso electoral. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la voz la diputada Claudia Sofía Corichi, desde su curul.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidente. Además de sumarme a lo dicho por el diputado Zambrano, creo que hay otro tema en la agenda fundamental, el tema de los feminicidios que se han presentado en los últimos días en nuestro país, el tema de Guanajuato, el tema de Tamaulipas, el tema de Graciela y su hija en la Ciudad de México, el tema del estado de México, que no son simples temas, son nombres aislados.
Aquí, siendo presidente de la Mesa Directiva el ex diputado, el diputado con licencia, Carlos Marín, ofreció y se comprometió a que se revisarían y saldrían todas estas iniciativas que hemos intentado que salgan las mujeres sobre los temas de violencia de género y feminicidios y no ha habido ningún resultado. Se instruyó a la Secretaría de la Mesa Directiva.
Yo le pido que haga de esta palabra que dio el diputado, con licencia, Marín y que lo dijo aquí, en el pleno, el día contra la violencia hacia las mujeres, que se haga una realidad. No podemos cerrar este periodo sin que esas iniciativas pasen por este pleno.
Estamos viendo todos los días cómo se masacra a las mujeres en este país, los feminicidios han sido brutales, no se puede permitir uno más y solamente si tomamos medidas urgentes es que va a pasar algo diferente.
Le pido que retomen esto y que la siguiente sesión se dé cuenta de cómo van los resultados y los avances de esto que se quedó verdaderamente en el aire. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muy bien, diputada. Amén de que esta Presidencia coincide con su manifestación y se hará lo propio ante la comisión, sus manifestaciones también quedarán integradas en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Pasamos ahora a los puntos de proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución y para ello tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los daños a la salud humana y al medio ambiente, causados por las emisiones de gases generados por la Central Termoeléctrica de Lerma, en el estado de Campeche.
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable asamblea, acudo a esta tribuna en representación de los 8 mil habitantes del poblado de Lerma, Campeche, así como de 4 mil alumnos y maestros que diariamente acuden de varios puntos del estado a 15 instituciones educativas.
Lerma es un poblado a la orilla de la costa, que está junto a la ciudad de Campeche, vengo a exponer lo que la señora Conchita, la señora Juana, Cecilia, Carlos, Armando, Natalia y muchos más padecen desde hace 42 años y que podemos resumir en una alta incidencia de enfermedades y padecimientos, la reducción de la pesca ribereña y las nulas posibilidades para el desarrollo del turismo. Todo lo anterior ocasionado por la densa nube que de manera permanente emana de las chimeneas de la central termoeléctrica que hoy es materia de esta propuesta.
La central termoeléctrica denominada de tipo convencional, de Lerma, Campeche, se instaló en 1976 con la finalidad de abastecer de energía suficiente a los estados de Campeche y Quintana Roo.
En su momento cumplió con la función para la que fue creada, pero con el paso de los años no solo perdió la capacidad para generar electricidad sino que fue quedando obsoleta.
Se le clasificó como altamente contaminante, ya que funciona con combustibles fósiles, en específico combustóleo. Así quedó determinado en un estudio realizado por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, cuyo fin, entre otros, es evaluar las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera.
En dicho estudio se determinó que los niveles de emisión del dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxidos de nitrógeno de la central termoeléctrica de Lerma son considerablemente más altos que los estándares normales, destacando el dióxido de azufre, que es tres veces mayor al rango permitido.
Lo anterior no solo tiene efectos graves al medio ambiente, como son la lluvia ácida y la erosión y salinización de la zona costera. En el caso de la salud, las afectaciones han sido inflamación de vías respiratorias, edema pulmonar, colapso circulatorio, bajo rendimiento mental, afectaciones cardiacas, daño en la retina, solo por citar algunos de los más de 20 padecimientos, que todos han sido perfectamente documentados.
Tal es el impacto que fue considerada por la Secretaría de Energía del gobierno federal como parte de las centrales termoeléctricas del país que debían de cerrar desde el año 2015.
Por lo anterior es que presento ante esta soberanía esta proposición con punto de acuerdo para lograr:
Primero. Que la Comisión Federal de Electricidad tome las medidas necesarias para mitigar la emisión de gases y retome el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, todo ello salvaguardando los derechos de los trabajadores pertenecientes a la misma.
Segundo. Que la Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboren un estudio para determinar el grado de afectación a la salud humana y al medio ambiente, implementando programas para el cuidado y la protección de los habitantes, estudiantes, pescadores y demás personas que realizan sus actividades en el poblado de Lerma y zonas aledañas.
Apreciadas compañeras, estimados compañeros, a nombre de miles de campechanos pido su apoyo para este punto de acuerdo. Lo que aquí se reflejará es si estamos a favor del derecho a la salud y una vida plena de los pobladores de Lerma. Yo les pregunto. ¿Hay algo por encima de esto? Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se considera de urgente resolución y procederemos a desahogar, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, para discusión de la proposición hasta tres minutos a diversos diputados que han registrado los grupos parlamentarios, siendo turno para el primero de ellos, el diputado Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social.
Aprovechamos para saldar a la familia y vecinos del municipio de Naucalpan, estado de México, del diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, que se encuentra en la galería.
El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, ocupo el espacio del orden del día de la sesión de hoy para fijar la postura de nuestro grupo parlamentario con respecto a la proposición de urgente u obvia resolución que eleva a esta máxima tribuna de la nación el Partido Revolucionario Institucional, relativa a la posible contaminación al medio ambiente y riesgos a la salud por la central termoeléctrica de los habitantes de Lerma, Campeche.
Es procedente lo que nos propone el Revolucionario Institucional, en función de la Ley de Energía Geotérmica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, para solicitar la intervención de otras dependencias, identidades competentes, para la regulación de la industria geotérmica eléctrica en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente.
Ley de Energía Geotérmica. Prevé que la Secretaría de Energía puede declarar el rescate cuando los trabajos impliquen un riesgo a la población, como es el caso que se expone cuando se trata de evitar un daño irreparable al medio ambiente o a los recursos naturales, o preservar el equilibrio ecológico y cuando no se trate de causa atribuible al concesionario.
La normatividad aplicable establece que, en caso de que sean permisionarios o concesionarios los administradores, deberán de ejecutar las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico derivados de los trabajos de exploración o explotación de las áreas geotérmicas que realicen y estarán obligados a sufragar los costos respectivos en términos de la legislación aplicable.
El artículo 50 de la Ley de Energía Geotérmica señala que la Secretaría de Energía se coordinará con otras dependencias e instancias competentes en materia ambiental, sea observada a efecto de que esta normatividad sea observada y evitar daños o deterioros al medio ambiente derivados de las actividades de exploración y explotación de recursos geotérmicos.
Por ello, respetuosamente se sugiere a la proponente que se sume a la Secretaría de Energía a coordinar las medidas necesarias para el cuidado y protección de los habitantes, estudiantes, pescadores y demás personas que realizan sus actividades en el poblado de Lerma y zonas aledañas, así como las correspondientes para la protección y recuperación del ecosistema en la región aledaña a la central geotérmica.
Es importante señalar que los permisos y las concesiones se podrán revocar a juicio de la Secretaría de Energía, por dejar de observar de cumplir con las disposiciones en materia ambiental, de seguridad social, protección civil y demás que resulten aplicables.
Nuestra bancada hace un extrañamiento a las autoridades federales, ya que como señala el punto de acuerdo a la fecha, la Planta Termoeléctrica de Lerma, Campeche, siga generando emisiones dañinas a pesar de que se ha ordenado su retiro desde el año 2015.
Encuentro Social se manifiesta a favor de las propuestas que garanticen la salud de las personas y la conservación del medio ambiente. Sin embargo, advierte que no se deberá de dar uso electorero a la atención de la salud de los habitantes que viven alrededor de esta termoeléctrica. Encuentro Social dice no al fuero. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es turno para el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, a fin de emitir su posicionamiento en torno a este punto de acuerdo.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. El caso que hoy nos ocupa es el típico asunto de ahogado el niño tapen el pozo, que hemos visto por muchos años en este país y en muchas empresas también que son propiedad del Estado.
Durante cuatro décadas la termoeléctrica sirvió a los intereses de un gobierno que primero nos vendió la idea de que su construcción llevaría progreso al estado, al país y sobre todo a los pobladores de la región. Ofreció que con ella competiríamos a nivel internacional incluso en la generación propia de la energía.
Después, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en la gestora de toda la riqueza que la termoeléctrica generaba. Eso sí, sin compartir los beneficios con los campechanos, y aquí ya lo dijeron.
Cuando comenzaron a ser evidentes las afectaciones que la planta causaba al suelo, al agua, al ecosistema e incluso a la economía de la propia región, la Comisión Federal de Electricidad no hizo nada para frenar los daños. El gobierno federal pecó de omisión, y los reclamos de las familias afectadas –como también aquí ya lo dijeron– se perdieron en el aire y en el sistema burocrático del Poder Ejecutivo.
Hoy, cuando la termoeléctrica está en su fase final, en tiempo de ser cerrada, los mismos que la mantuvieron en operación por más tiempo del reglamentario que violentaron durante años las leyes mexicanas y los tratados internacionales sobre el cuidado del medio ambiente, vienen a hacer llamados de que ahora sí, ya muerto el ecosistema, se tapen los daños con más acciones burocráticas.
Este es el modus operandi de un sistema que mientras explota las riquezas nacionales y se sirve con la cuchara grande los beneficios, no le importa que resulten perjudicados los mexicanos y sus bienes naturales, materiales, incluso la propia salud.
Ya desde el año 2010 la Profepa había emitido la opinión de que era necesario que la planta se retirara del Lerma y se ubicara en otro sitio, por el daño que causaba al encontrarse en un área altamente poblada, mientras que desde el año 2012 era presumible la clausura definitiva de la termoeléctrica.
Sin embargo seis años después de la afectación medioambiental y a la salud de los habitantes, sigue latente, demostrando solamente que la termoeléctrica de Campeche no es más que un caso más de corrupción en nuestro país.
En Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este punto de acuerdo, no sin antes recalcar que este punto de acuerdo queda chico.
No se necesita trabajo en conjunto entre la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Electricidad para la realización de más estudios sobre la afectación, se necesita cerrar de manera definitiva esa termoeléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad se jacta de ser una empresa de clase mundial y de alta tecnología, pero esto que aquí hoy se discute, es el ejemplo de todo lo contrario.
¿Cuántas más plantas de Comisión Federal hay en el país que hoy resultan obsoletas y en las que solamente se desperdicia el erario público? ¿Cuántas hay? Mantener esta planta abierta resulta un alto costo y de cero beneficios para los mexicanos.
Estamos manteniendo una planta que ya concluyó su ciclo de vida, ya ha sobrepasado su vida útil. Tendríamos que hablar de desmantelarla, no de mantenerla.
Este tema no sólo cuesta al Estado el mantenimiento de la planta, sino también la salud de los pobladores y la mitigación del daño ecológico que ha generado.
¿Hasta cuándo en este país el interés de unos cuantos se dará por encima del bienestar de los mexicanos?
Mientras sigamos ignorando la realidad de las comunidades, sólo tiraremos más recursos, causaremos más afectaciones a la salud y mantendremos una industria que les cuesta a los mexicanos miles de millones de pesos y resulta totalmente inoperante. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Llamamos a la diputada Daniela García Treviño, del Partido Verde Ecologista de México, para que participe y posicione a su partido en relación a este tema.
La diputada Daniela García Treviño: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la importancia de contar con fuentes de energía es elemental para el adecuado funcionamiento de la mayoría de las actividades que realizamos cotidianamente.
Desde la existencia de la humanidad la energía ha sido uno de los elementos clave para su progreso y crecimiento. Es gracias a ella que los humanos pudimos desarrollar actividades como la agricultura, el transporte y la tecnología.
El sector energético se ha convertido en una condición fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de los países. Asimismo, el incremento en el nivel de vida de la población ha generado un aumento constante de la demanda energética, lo que ha obligado a buscar una mayor eficiencia en la producción y uso de energías.
Bajo este contexto, el uso de energías renovables se coloca como una herramienta básica que contribuye a aumentar la seguridad energética de los países, así como de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y las graves consecuencias del cambio climático provenientes del uso de combustibles fósiles.
Con respecto a lo antes mencionado, el pasado 9 de septiembre de 1976, fue instalada en el poblado de Lerma, en el estado de Campeche, una central termoeléctrica con el objetivo fundamental de proveer de energía suficiente a las entidades de Campeche y Quintana Roo, logrando posicionar a México como un país en vías de desarrollo con el uso de tecnologías avanzadas para la generación de energía eléctrica.
Sin embargo, con el paso de los años, dicha escenario ha cambiado drásticamente, ya que de ser considerada un detonante de crecimiento y desarrollo económico para las regiones cercanas, se convirtió en un foco central de agentes contaminantes que afectan directamente tanto a la salud y actividades de los pobladores, como a los ecosistemas cercanos y la especies que los habitan.
Se ha documentado que las tasas de emisión de dióxido de carbono y dióxido de azufre de la central termoeléctrica de Lerma, son considerablemente más altas respecto a los estándares normales a nivel mundial, trayendo como consecuencia efectos adversos en la salud de la población y el medio ambiente.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hemos trabajado incansablemente a fin de promover el uso eficiente de la energía limpia, así como el aprovechamiento de fuentes de energía renovable mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de prácticas más amigables con el medio ambiente.
Es por ello que consideramos de vital importancia exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que tome medidas correspondientes a fin de mitigar las emisiones de gases por la generación de energía eléctrica de la central termoeléctrica de Lerma.
Asimismo, derivado del impacto negativo que se ha generado en la población y el medio ambiente, creemos que es necesaria la intervención de la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementen las acciones necesarias para el cuidado y protección de los habitantes del poblado de Lerma y zonas aledañas, así como lo correspondiente para la protección y recuperación de los ecosistemas cercanos a la región. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. En seguida tiene el uso de la voz el diputado Mario David Mex Albornoz, de Morena, hasta por cinco minutos también para posición su partido en ese tema.
El diputado Mario David Mex Albornoz: Buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva.
La tecnología ha dado grandes pasos, de manera que no es necesario cerrar plantas termoeléctricas. En ese sentido, la Comisión Federal de Electricidad ya ha iniciado la reconversión de algunas plantas termoeléctricas, con resultados exitosos.
Por ejemplo, la instalación del sistema de control de emisiones contaminantes de combustóleo en la termoeléctrica José Aceves Pozos, en Mazatlán, Sinaloa, es un parteaguas porque tiene que ver con la eficiencia del sector con el cumplimiento de compromisos medioambientales nacionales e internacionales.
Para las centrales más contaminantes, la Comisión Federal de Electricidad tiene opciones para elegir tecnologías y combustibles, pensando en economías y eficiencia energéticas que le permita cumplir con compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental, y que también nos lleve a un mix tecnológico que nos garantice la seguridad y la independencia energéticas.
Cuando se moderniza, aumenta la producción, mejora la eficiencia en las termoeléctricas de 30 a 40 por ciento, a un 50 o 60 por ciento y se recude en 40 por ciento las emisiones de CO2. Cuando se hacen mejoras, la eficiencia de las plantas de gas hay una reducción de emisiones hasta del 33 por ciento. La modernización o reconversión de las plantas permite que las instalaciones cumplan con la norma NOM-085, referente a la contaminación atmosférica desde fuentes fijas.
El problema ambiental de Campeche no es la termoeléctrica Lerma. En el estado hay una zona industrial constituida por embotelladoras, un ingenio, el frigorífico de Campeche, congeladoras, procesadoras, empacadoras y purificadoras de agua, entre otras actividades. Además, por supuesto, toda la actividad petrolera, que ha caracterizado a esa región del país.
El estado tiene un mínimo de alcantarillado y no cuenta con plantas de tratamiento. Así, el agua después de ser usada en la satisfacción de todas las necesidades, agua potable, servicios e industrias, es descargada al acuífero a través de fosas o bien, al mar.
Toda la actividad industrial y de servicios, entre otras actividades, más la falta de infraestructura y normas ambientales propias para Campeche, lo han ubicado en uno de los estados con las playas más contaminadas. En estas condiciones, Morena votará en contra del cierre de la termoeléctrica Lerma.
Como ya lo señalamos, hay opciones tecnológicas para reducir de manera importante las emisiones, por lo que no se justifica que se cierre y sí, hay otros sectores y condiciones que son fuentes de alta contaminación que deben ser revisados. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es el turno para el diputado Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, para que intervenga por cinco minutos en el posicionamiento de su grupo parlamentario.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputada presidenta. Con el permiso de diputadas y diputados presentes. Pero, sobre todo, al gran auditorio mexicano que nos ve por el Canal del Congreso. Hoy, una vez más, vamos a seguir defendiendo el patrimonio de los mexicanos.
Sería deseable llamar a las cosas por su nombre. Sería deseable entonces que los promotores del mismo dejen de utilizar como pretexto la salud de los campechanos y pongan sobre la mesa el interés que se esconde tras esta proposición, que no es otra cosa que el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es, no es otra cosa.
Sería entonces más honesto que el punto de acuerdo lo denominaran de acuerdo a su verdadero objetivo, el cual es intensificar y consolidar el proceso de la privatización del sistema eléctrico en esa región del país.
Seamos claros, ¿quién puede estar en contra del uso de tecnologías de combustibles limpios para la generación de energía eléctrica? Absolutamente nadie en su pleno juicio. Si algo hemos pugnado en el PRD es que se acelere el proceso de transición energética de manera tal que los esfuerzos de inversión se concentren en expandir la oferta y la demanda de energía proveniente de fuentes limpias.
Específicamente lo que se pretende, pero no se dice, es consolidar la presencia de la empresa TransAlta, de capital canadiense, y posibilitar la entrada de la empresa española Iberdrola, que en la región operan bajo las razones sociales ya mencionadas.
Lo que menos importa aquí es el medio ambiente, pero como señuelo es un buen engaño. Veamos si no, TransAlta opera en Campeche desde 2003 y a TransAlta le urge que la planta de Comisión Federal en Campeche desaparezca. Está muy preocupada porque ese es su negocio, no es la salud ni el medio ambiente, si eso lo fuera desde luego que estaríamos a favor.
Hoy... ¿Son cinco minutos, diputada presidenta?
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sí, señor.
El diputado Julio Saldaña Morán: Porque se pusieron tres nada más en el tablero.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: No, le pusieron cinco y ya están concluyendo.
El diputado Julio Saldaña Morán: Okey. Ahora, no solo vengo a hablar en nombre del Grupo del PRD a decir que vamos en contra y eso me quedó claro, vamos en contra. También hago una propuesta, si lo que de verdad les importa es la salud y el medio ambiente, se debe dejar de castigar financieramente a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, para que las empresas del Estado puedan llevar a cabo por sí mismas la reconversión tecnológicas para el empleo de energías absolutamente limpias.
La termoeléctrica puede sustituir el combustóleo por gas natural y así dejar de contaminar. Pongo un ejemplo, un vehículo híbrido puede consumir gasolina o puede consumir energía eléctrica.
Hoy una vez más, a todos los miles de mexicanos que nos ven por el canal del Congreso, no es la salud, es seguir privatizando empresas del Estado mexicano. Vamos en contra, desde luego que sí. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es el turno para la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del Partido Acción Nacional.
El Reglamento señala que el término para este tipo de discusiones son tres minutos, y efectivamente, tres minutos es el que se le ha dado a todos los oradores, con la flexibilidad de parte de la Presidencia. Adelante, diputada.
La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, el día de hoy se nos presenta este punto de acuerdo que habla sobre un problema que no es nuevo y que tampoco es exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad. Hablamos de lo que ocurre con la Central Termoeléctrica de Lerma, en el estado de Campeche.
Como bien se detalla en los considerandos de la propuesta, las malas condiciones en que se encuentra esta central productora de electricidad están provocando la emisión de gases y sustancias contaminantes al medio ambiente. Lo peor es que se está ante un problema serio de impacto a la salud de las poblaciones aledañas.
¿Por qué señalar que no se trata de un problema exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad? Porque durante este sexenio varias instalaciones de Pemex también han tenido problemas de este tipo por la falta de mantenimiento y renovación de sus instalaciones.
En diversas ocasiones, desde esta tribuna hemos denunciado las nubes amarillas, espesas, con contenidos de azufre que emanan de la refinería de Salamanca, en Guanajuato.
En esta tribuna y en conjunto con las autoridades locales solicitamos la pronta intervención de las autoridades federales sin que tuviéramos respuesta alguna, por lo que seguimos insistiendo al respecto.
En el caso de la termoeléctrica de Lerma, Campeche, efectivamente, es necesario contar con una planta sustentada en energías limpias, cómo representaría la construcción de un proyecto de ciclo combinado que llevaría a reducir las emisiones contaminantes y hacer más eficiente la producción de electricidad.
Existen diversos proyectos sustentables en el estado sobre la transición de esta termoeléctrica que también permitirían instalar ductos para tratar el gas sucio y limpiarlo, con lo cual se mejoraría el ambiente y la salud pública que tanto está afectando en mi estado. Sin embargo, debemos agregar un resolutivo más a este punto de acuerdo para solicitar que en el proceso de transición de la termoeléctrica, a partir de energías limpias, no se afecten los empleos de los trabajadores y sean considerados en un nuevo proyecto.
Los mexicanos necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad continúe generando electricidad, pero lo tiene que hacer de una manera responsable y que cuide todos los problemas ambientales y de salud que estamos teniendo en esta población de Lerma Campeche. Y que proteja las fuentes de ingreso y de empleo de sus trabajadores.
Necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa de vanguardia por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de las personas y que siga siendo un impulso en la actividad económica local. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Antes de consultar a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido, saludamos a los invitados del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, un grupo de invitados especiales entre los que entiendo se encuentra su familia.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Suficientemente discutido. Consulte consecuentemente a la asamblea, en votación económica, si se aprueba dicho acuerdo.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación para desahogar otro punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, se le concede la palabra por cinco minutos, al diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para la presentación de ese punto de acuerdo en el que exhorta a diversas autoridades para que se hagan públicas las medidas tomadas, a fin de investigar y sancionar las irregularidades encontradas en la empresa Exportadora de Sal SA de CV, así como las condiciones de venta de sal de dicha empresa. Adelante, diputado.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros. “Algo huele mal en Baja California”, como hubiera dicho Shakespeare. Algo huele mal en una empresa denominada Exportadora de Sal, Sociedad Anónima, que es una de esas instituciones surrealistas que pueblan el ámbito público de México y cuyo origen nadie entiende y cuya actualidad es difícil de explicar.
Es una empresa creada en los años cincuenta, de la cual el gobierno federal posee el 51 por ciento de las acciones y una empresa japonesa de nombre Mitsubishi tiene el 49 por ciento, pero esta empresa japonesa tiene el monopolio de la venta de sal de esta institución, que es una de las salinas más grandes del mundo y tiene la facultad además de fijar el precio y de distribuir el producto en todo el mundo, de tal manera que se ha constituido en un gigantesco monopolio.
Por décadas ha saqueado a través de este procedimiento al patrimonio de los mexicanos. Se vende la sal mexicana a un precio menor del mercado a esta empresa japonesa y esta la revende con gigantescas utilidades que nadie conoce, porque nunca se han rendido cuentas.
Hace un par de años en este mismos tema envié un oficio al embajador de Japón pidiendo alguna explicación, pidiendo que se investigara Mitsubishi allá por la eventual convivencia con funcionarios mexicanos en actos de corrupción, y nunca recibí respuesta. De tal manera que siento que, en este ocaso de la LXIII Legislatura, sería muy importante que los diputados aquí presentes hagamos algo por el patrimonio de los mexicanos.
Aprobemos este punto de acuerdo para que las instituciones involucradas en su investigación, la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, Secretaría de Función Pública, la Comisión Federal de Competencia y la PGR actúen y nos informen de lo que está pasando. Ha habido muchas denuncias. Ya hay auditorías que denuncian el monopolio y el precio adverso a los intereses de los mexicanos en que se vende la sal. Ya hay procedimientos y todavía no hay resultados.
Me dicen por ahí que hay algún procesado, que ya hay consecuencias de derecho, pero yo pregunto ¿y cuántos no hay procesados, cuántos no hay investigados, cuántas omisiones se han hecho?
De tal manera que los invito a votar a favor para que se investigue a la empresa Exportadora de Sal, Sociedad Anónima y también para la Secretaría de Economía, a la que está sectorizada, corrija su procedimiento y esta institución sirva auténticamente a los mexicanos. Les pido por lo tanto su voto a favor. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. En razón de no haberse inscrito oradores para el posicionamiento en este punto de acuerdo, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se considera de urgente resolución. Queda aprobado el punto de acuerdo de urgente resolución. Consecuentemente pregunte ahora la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo propuesto.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que desarrolle e implemente programas y acciones donde se promuevan talleres de vocación profesional desde la educación básica, en específico a nivel secundaria, que es suscrito este punto por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto.
En Nueva Alianza somos los principales promotores de la educación de calidad, con equidad, ya que entendemos que es el factor fundamental de movilidad social y constituye un motor para la productividad de los trabajadores y del desarrollo económico de las naciones.
Por ese motivo incluimos como uno de los objetivos de nuestra agenda legislativa, eliminar la brecha existente entre el sector laboral y el educativo, mediante la promoción de talleres de vocación profesional, desde la educación secundaria.
Ciertamente se han realizado esfuerzos para elevar el nivel educativo. Sin embargo esto no ha conducido necesariamente a un mejor nivel de vida de la población. El aumento de matrícula en la educación media y superior, ha generado que existan más aspirantes a los puestos de trabajo que los que puede absorber el mercado.
De este modo quienes han alcanzado su objetivo académico, no logran encontrar una oportunidad de empleo acorde con sus estudios. Dicha situación conlleva a una enorme frustración ya que quienes egresan de la educación media y superior, se conforman con empleos que no están vinculados con su profesión, o empiezan a formar parte de la fila de desempleados en México.
Las y los diputados de Nueva Alianza estamos decididos a cambiar esta circunstancia, sabemos que es posible vincular la educación con la vida laboral. Por ello es necesario que nos adaptemos al contexto actual e impulsar todas las acciones destinadas a otorgar a las y los jóvenes del país, oportunidades para su pleno desarrollo en igualdad de condiciones.
Estamos inmersos en la implementación de un nuevo modelo educativo cuya finalidad es que las y los alumnos aprendan a aprender, que busca transformar a las escuelas en comunidades de aprendizaje, lograr una mejor y continua formación de los maestros, tener mayor equidad e inclusión, así como una coordinación de todas las autoridades educativas. Todo ello con el objetivo de lograr una vida mejor para las nuevas generaciones.
En aras de lo anterior presentamos el presente punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Educación Pública desarrolle e implemente programas y acciones donde se promuevan talleres de vocación profesional desde la educación básica. Lo anterior para terminar con la brecha entre el sector educativo y laboral.
En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de que la formación y la profesionalización de las y los mexicanos, es el mejor camino para lograr el desarrollo económico de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. En virtud de no haberse registrado oradores a discusión, pida la Secretaría a la asamblea, si autoriza que se considere de urgente u obvia resolución este punto.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se considera de urgente resolución. Consecuentemente ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado, comuníquese. Esta Mesa Directiva celebra la presencia de un grupo de niños de la charrería –de nuestro deporte nacional, la charrería– del estado de Hidalgo y de la reinita de esta asociación, a quienes les damos una cordial bienvenida, igual que a sus familiares. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación procedemos al capítulo de iniciativas, y concedemos la palabra por cinco minutos a la diputada Araceli Guerrero Esquivel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 141 de la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta por cinco minutos, diputada.
La diputada Araceli Guerrero Esquivel: Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, muy buenas tardes.
En el contexto de la globalización en la que México se encuentra inmerso, existe un conjunto de desafíos sociales que es importante estudiar y analizar para impulsar alternativas de solución que permitan mejorar las condiciones de vida de sectores de la población mexicana que se encuentran en situación vulnerable.
En el mundo, actualmente muere un niño cada 3 segundos a causa de la pobreza, lo que significa que fallecen unos 30 mil infantes diariamente. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha dicho que los objetivos más inteligentes que puede trazar una sociedad moderna de cara a las próximas décadas, está en invertir más para la intención y atención de las niñas y los niños.
En México, la carencia que más sufren nuestra niñez es la relacionada con la ausencia efectiva de seguridad social que afecta aproximadamente al 50 por ciento de la población infantil. A lo anterior se le agrega un problema adicional; el fenómeno conocido como niños en situación de calle.
En estos momentos, en las calles de las ciudades de la república, miles de niñas y niños, adolescentes son obligados a trabajar o pedir limosnas. Esta situación los coloca en un alto riesgo de sufrir agresiones, agresiones físicas, verbales o abusos sexuales, negligencia y explotación.
Los infantes en situación de calle se ven obligados a valerse por sí mismos, sufriendo abandono, hambre, pobreza y, además, son víctimas de estigmas y prejuicios.
Este sector vulnerable de la población, integrado por niñas y niños indefensos, se colocan en condiciones de alto riesgo como el consumo de drogas, violencia y delincuencia.
Señoras diputadas, señores diputados, en este momento miles de niñas y niños y adolescentes se encuentran en situación de calle, pero necesitamos definir renovadas políticas públicas para brindarles atención especializada y profesional.
A lo largo de la LXIII Legislatura hemos estado trabajando en favor de la niñez mexicana. Hoy es una obligación ética y moral del Poder Legislativo federal continuar esta misión a cabalidad.
Los especialistas nos indican que no hay datos que nos precisen el número exacto de la cantidad de niñas y niños que se encuentran en situación de calle. Algunos estudiosos nos hablan de que más de 100 mil niños se encuentran en este país.
Recientemente el Gobierno –el cual lo felicito– de la Ciudad de México hizo un censo de la población de los niños en situación de calle, en los que encontró más de cuatro mil personas viviendo en las vías públicas y más de dos mil 400 en diferentes albergues.
Por esto, la iniciativa que presento a esta asamblea tiene como objetivo establecer que el sistema nacional de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realice un censo nacional de esta población vulnerable que se ubica en situación de calle. Asimismo esta iniciativa de ley establece los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como también de demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para alcanzar los fines aquí planteados.
De la misma forma, se concreta el compromiso de la definición de políticas públicas de carácter transversal entre las dependencias que integran el sistema nacional de protección a niñas, niños y adolescentes, a efecto de sentar las bases para conquistar una más sólida inclusión social, un adecuado desarrollo integral y sobre todo la mejora de condiciones de vida de la infancia.
Señoras y señores diputados, aprobar esta iniciativa de ley implica el compromiso de esta legislatura para ofrecer un mejor futuro a las niñas y niños y adolescentes de este país, de nuestro México, porque ver un niño feliz es tener un país feliz. Muchísimas gracias.
Es una iniciativa que creo tiene rostro humano y que todos debemos aprobarla. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Gobernación, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación para presentar dos iniciativas en una sola intervención tiene la palabra, hasta por diez minutos por tratarse una de ellas de reforma constitucional, la diputada María Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la iniciativa con proyecto de decreto adiciona, su propuesta, el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Elena Castro Terrazas: Compañeras y compañeros diputados, el PAN, congruente con su vocación democrática, a lo largo de su historia ha realizado e impulsado diversas iniciativas para establecer nuevas formas de participación y presentación ciudadana, hoy no es la excepción.
La primera iniciativa que presento es una reforma para reconocer en la Constitución a la participación ciudadana como un derecho humano. México ha avanzado en incorporar la participación ciudadana en diversos aspectos de la vida institucional de nuestro país, esto se puede notar en las diversas reformas a las leyes en la materia, que se busca garantizar que los ciudadanos participen en la vida democrática del país, en forma directa y tener injerencia en las decisiones de ciertos asuntos públicos.
Las leyes de participación ciudadana, en las entidades federativas, son muestra de que se busca proteger este derecho mediante la modernización, incorporación de nuevas formas de garantizar que los ciudadanos participen en asuntos públicos mediante figuras como la consulta ciudadana, los observatorios ciudadanos y los comités vecinales, por mencionar algunos.
La participación ciudadana debe ser reconocida como un derecho humano, un derecho inherente a todos los ciudadanos, participar en la esfera de lo público. La participación de todos es la base de la democracia.
Cualquier Estado que se haga llamar democrático debe proteger este derecho. Hemos tenido avances importantes en la materia, sin embargo, considero que debe quedar claramente estipulado en nuestra Carta Magna.
Debemos proteger y fortalecer este derecho, el que tenemos todos los ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos, de participar en la vida pública de nuestro país.
Aún falta mucho para lograr una participación ciudadana plena. Sin embargo, al estimularlo de manera expresa, plena y sesgada y no sesgada, podemos ayudar a que este ejercicio democrático se dé de la forma más ágil, eficaz posible.
Por ello, propongo que se adicione un párrafo tercero al artículo 9 de la Constitución, para que de esta manera quede expresamente reconocido este derecho en nuestra Carta Magna.
La segunda iniciativa que propongo tiene que ver también con el tema de la participación de un sector muy específico, el de la pesca y acuacultura. ¿A qué me refiero? A que en estas decisiones de política pública y cuidado de los recursos en esta materia se deberían de tomar en cuenta no solo a quienes integran la administración pública sino el sector pesquero, que tiene mucho que aportar en este tema.
Considero necesario que la pesca en México cambie sus esquemas actuales de verticalidad y discrecionalidad para proporcionar una mayor participación social en la toma de decisiones.
Como parte de los mecanismos de participación de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos pesqueros, acuícolas, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable prevé la integración del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura.
El Consejo Nacional, por ley es la instancia de consulta y asesoría de Ejecutivo federal en materia pesquera y acuícola, que debe proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional pesquera.
Sin embargo, en la realidad es un órgano poco trascendente que no se ha reunido en los últimos años, sin que aporte ni delibere cuando lo hace. Es la ley, en la ley no existen disposiciones que establezcan los principios de pluralidad y equidad en su composición y la representatividad más inclusiva de los sectores públicos, social y privado del sector pesquero nacional. Ni planteamientos claros y específicos sobre su integración.
En tal virtud es que hoy propongo ante el pleno esta iniciativa, para fortalecer la figura del Consejo Nacional mediante una integración amplia y participativa del sector pesquero, a fin de que se constituyan las instancias donde se presenten y discutan las propuestas para enriquecer y mejorar las políticas públicas en materia de pesca y acuacultura.
Necesitamos que los pescadores tengan mayor participación en las decisiones sobre la actividad. Amigos y amigas, la participación ciudadana es un principio toral de todo proceso democrático. Nuestro país lleva ya algunas décadas transitando por ese camino.
Hoy se requiere que en la toma de decisiones de los asuntos públicos se tome en cuenta la participación de un mayor número de actores. Se necesita que los esquemas de representación tengan una base de pluralidad, la experiencia, el conocimiento de un mayor número de actores sobre los temas de interés público.
No podemos seguir dejando que unos pocos tomen las decisiones más importantes. La sociedad mexicana necesita estar más presente, no solo en lo electoral, no solo pidiendo cuentas a la autoridad sino tomando en sus manos el destino y las riendas de nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. De la iniciativa presentada para reformar el artículo 9o. constitucional se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y la relativa a modificación de los artículos 2o., 22 y 23 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se turna para dictamen a la Comisión de Pesca.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene el uso de la voz el diputado Rafael Hernández Soriano, desde su curul.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a la proponente Araceli Guerrero, por la iniciativa que presentó hace algunos minutos. Sin duda la niñez en situación de calle son los olvidados, dentro de los olvidados que tiene nuestra sociedad y el planteamiento de que se sepa exactamente en dónde están y en qué condiciones, pero sobre todo que se les atienda, es fundamental.
Y solicitarle, desde luego, que me permita suscribir conjuntamente con usted tan noble iniciativa y sirva para hacer el llamado en el mes de los niños, al gobierno federal para que haga los ajustes, porque los niños en situación de calle, lo están muchos porque los centros de asistencia social son insuficientes, hace falta presupuesto...
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Le autoriza, diputada?
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): ...hace falta también. Y lo cual, felicitarla y reiterarle mi felicitación. Y desde luego pedirle la venia para la firma.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. ¿Le autoriza, diputada Araceli Guerrero?
La diputada Araceli Guerrero Esquivel (desde la curul): Sí, adelante.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Quedará dispuesta en la Secretaría para la suscripción.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Sergio López Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Una vez más acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa cuyo objetivo central de la misma es fortalecer las finanzas de los municipios en nuestro país.
Desde el inicio de esta legislatura hemos insistido en reformar el marco jurídico del gobierno municipal, sobre todo en materia fiscal y hacendaria, pues hoy el gran centralismo en la asignación y distribución de los recursos de la federación hacia estados y municipios ocasiona una dependencia y un límite a las posibilidades de desarrollo, y desde nuestro punto de vista, contraviene el espíritu federalista de la Constitución.
Recordemos que cada año en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados recibimos a muchas autoridades municipales que piden ampliar su presupuesto para infraestructura. Este esquema tiene que cambiar desde la misma formulación de distribución de los recursos. La gran tarea pendiente en las agendas de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos municipales es el tema financiero.
Con las reformas al artículo 115, los municipios han recibido mayores facultades, pero en cuanto a recursos la gran mayoría siguen dependiendo de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que provoca dependencia política y hacendaria.
Para ello, hoy presento a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en la que proponemos elevar el porcentaje presupuestal del 20 al 25 por ciento en lo que respecta a la asignación del fondo general de participaciones a estados y municipios establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de fortalecer los gobiernos locales mediante el federalismo hacendario.
El fondo general de participaciones es el monto de recursos conformado con el 20 por ciento de la recaudación federal participable. Nosotros planteamos que este fondo deberá constituirse de un 20 a un 25 por ciento para aumentar los recursos destinados a los municipios.
El aumento de las transferencias y aportaciones federales, es considerado para el Grupo Parlamentario del PRD un asunto relevante en la discusión de los grandes temas de la agenda nacional, pero es también un tema sobre el que es preciso reconocer que existen muy pocos acuerdos debido fundamentalmente al desequilibrio persistente de las finanzas públicas y a pesar de algunos esfuerzos aislados de descentralización del gasto público, todavía se requiere dar cierta certidumbre a las entidades federativas y a los municipios a través del otorgamiento de aportaciones y transferencias.
La importancia de mejorar la calidad de los gobiernos municipales radica no solamente en que este orden de gobierno es el que menor desarrollo institucional presenta, sino es el que está más cerca a la población.
Las necesidades más sentidas de la gente sobre todo en zonas de alta marginación, tienen que ver precisamente con los servicios básicos como el agua potable, electrificaciones, pavimentación, drenaje, salud y seguridad pública. Son temas que justamente les toca atender a los gobiernos municipales, los cuales no cuentan con los recursos necesarios para su satisfacción.
Con el incremento al fondo general de participaciones bajo un principio de progresividad para adecuar el porcentaje a una realidad social cambiante y que existe en cada uno de los estados y municipios, implicaría un verdadero fortalecimiento de las finanzas públicas locales a efecto de que en un corto, mediano y largo plazo se encuentren en posibilidades de cumplir las asignaturas pendientes y fundamentales.
Con esta propuesta las y los legisladores estaremos enviando un mensaje claro de apoyo a nuestros estados y municipios. Veremos quién realmente está comprometido con su entidad, al tiempo que generamos las condiciones de un verdadero fortalecimiento nacional desde lo local. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 380 y 406 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, hasta por cinco minutos, diputada.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, diputada presidenta. El 21 de abril de 2016, presenté a esta soberanía un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de la Función Pública y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a revisar y poner al corriente a esta institución respecto del pago retroactivo de los trabajadores jubilados y pensionados.
Desde el ejercicio del 2008 (época calderonista) a la fecha (tiempo peñista), ya ven que son iguales ¿verdad? Aquí se nota. Bueno, los conceptos de los que les hablo, no se han actualizado. Esos conceptos denominados bonos de despensa y previsión social múltiple, y de igual manera exhorté al secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se destinaran de manera inmediata recursos de los remanentes de operación del Banco de México para pagar el retroactivo correspondiente.
Es lamentable que el abandono a los trabajadores del Estado haya sido por un secretario de Hacienda que hoy se dice paladín de la honestidad y la transparencia, pero no se dice paladín de las transas del Ejecutivo.
Como es la inversión del dinero de los trabajadores del Estado, en un aeropuerto. Les pregunto: ¿De verdad Pensionissste es la única Afore que invirtió? Entonces ¿por qué no pagarles a los trabajadores sus adeudos?
La respuesta es sencilla: porque primero son los negocios entre cuates, y así lo dije en su momento.
Que les quede claro, se les debe de pagar a los trabajadores pensionados y jubilados lo que en derecho les corresponde, pues ellos son el pilar de las instituciones, y que gracias a ellos existen, gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Ya lo trabajaron ¿por qué no les pagan?
Es de hacer notar que dicho punto de acuerdo, como muchos que hemos presentado los integrantes de la bancada de Morena, se precluyó por las comisiones que tiene en su custodia el partido en el poder. No quisieron entrarle a los temas incómodos para sus ahora candidatos.
Por eso hoy, a nombre de miles de pensionados del Pensionissste, exijo se les pague lo que se les debe. Con respecto a la iniciativa, diputada presidenta, con la reforma a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, se desvincula a este como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones o supuestos que se establecen en leyes federales y estatales.
Es así que con fecha 27 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización UMA.
Lo anterior, para estar en posibilidades de realizar la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones etcétera, con la finalidad de poder recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo.
De igual manera, el transitorio cuarto del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se confiere la obligación al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones que corresponden a las leyes u ordenamientos de su competencia.
Con base en lo anterior, es que se hace necesario legislar para eliminar las referencias de salario mínimo a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no solo por una cuestión de concordancia con dicha reforma, sino para dar certeza jurídica a la ciudadanía, máxime cuando se trata de sancionar a las personas que otorgan garantías mediante prenda sin transmisión de la posición o a los que otorguen garantías a través de fideicomisos de garantías que trasmita, grabe o afecte la propiedad o posesión de los mismos.
En conclusión, se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que no solo implica el cambio de referencia del salario mínimo a la UMA, sino representa certeza jurídica para el gobernado, además de ser un pendiente legislativo de esta Cámara de Diputados, del cual debemos legislar de manera inmediata. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, esta iniciativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, tiene el uso de la voz el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana.
El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con la anuencia de la diputada presidenta.
El Seminario de Cultura Mexicana es una institución al servicio de la cultura del país, pionera en la creación, investigación y difusión de las formas culturales originadas o relacionadas con la realidad mexicana.
En 1942, el general Ávila Camacho constituyó el Seminario convocando a distinguidos mexicanos al servicio de la cultura nacional, como Frida Kahlo, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, Carlos Bracho, Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, Esperanza Cruz de Vasconcelos, Fanny Anitúa y Francisco Díaz de León, quienes tuvieron la misión de construir un espíritu renaciente postrevolucionario y con identidad a los nuevos valores nacionales.
La promoción y el intercambio cultural que el Seminario realizó en todo el territorio nacional estrechó los vínculos de los mexicanos que habitaban en las regiones más apartadas del país, y dio una imagen de progreso a nivel internacional.
En 1949 se aprueba y publica la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, institucionalizando así el fomento y desarrollo de la cultura en sus diversas formas, como deber del gobierno de la República Mexicana.
La visión de hace 69 años se retoma hasta 2009, cuando México eleva a rango constitucional el derecho de toda persona al acceso a la cultura y seis años después se crea la Secretaría de Cultura para conducir la política nacional en esa materia.
Por su parte, en 2017, se publica la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, aprobada por esta legislatura, para regular y garantizar los derechos culturales de los mexicanos, así como establecer las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los sectores social y privado que presten servicios culturales, con el fin de contribuir al desarrollo cultural del país.
En Nueva Alianza sabemos que la gran riqueza de México está en sus costumbres, en sus tradiciones, en su cultura, en sus niñas, niños y jóvenes. Por ello, en reconocimiento a toda la labor y experiencia que el Seminario de Cultura Mexicana tiene en la materia, se propone que este se sume al nuevo andamiaje jurídico organizacional y colabore para fortalecer el reconocimiento y respeto de todas las expresiones y manifestaciones culturales, como factor de identidad y cohesión social. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por diez minutos, por tratarse de reforma constitucional, el diputado Abel Cruz Hernández, quien presenta proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y viene suscrita por él y por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer que la salud preventiva y la educación para la salud serán siempre prioridad del Estado mexicano.
La medicina preventiva se define como las medidas médicas que están diseñadas para prevenir y sobre todo evitar enfermedades. Es decir, tiene un enfoque preventivo para la atención del paciente.
Esta parte de la medicina se centra en la salud de los individuos, las comunidades y las poblaciones, su objetivo es proteger, promover y mantener la salud y el bienestar, al mismo tiempo que prevenir la enfermedad, discapacidad, complicaciones y muerte.
De la misma manera, un área importante dentro de la salud pública implica el conocimiento nutricional y terapéutico de la alimentación mediante la educación comunitaria, que nos permita enseñar, y esto es importantísimo, enseñar a la gente los valores nutricionales de los alimentos que se consumen, pero además los riesgos que conlleva la alimentación habitual con excesos de calorías, lo que propicia –y que lo tenemos en nuestro país, somos el primer país a nivel mundial de obesos tanto en adultos como en niños– sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades vasculares y últimamente, como lo ha dicho ya la Secretaría de Salud, un riesgo mayor de enfermedades, como cáncer y procesos reumáticos, que están minando la salud de todo México y sobre todo la parte económica de cada hogar.
En cada hogar se gasta de manera independiente el 30 por ciento de todos los ingresos de ese hogar en el tratamiento directo con el médico y aun así no se cura. Con esta área de prevención se disminuiría un porcentaje amplísimo a las complicaciones de estos padecimientos y que van a generarle millones de ahorro al gobierno federal.
Por lo tanto, es necesario que la salud preventiva y la educación para la salud sean prioritarias para el sistema sanitario mexicano, ya que la salud es un elemento esencial para mejorar el nivel de vida de la población. Es también una de las bases para el desarrollo general de nuestro país.
En este sentido, la medicina preventiva tiene como finalidad principal el fomento, la protección y la conservación de la salud, de ahí que las políticas nacionales le concedan prioridad dentro del proceso de la medicina integral.
En cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo que se precie de tener una buena salud, un altísimo porcentaje de su presupuesto tiene que ir encaminado a la prevención. En toda acción de salud es indispensable la medicina preventiva y resulta impostergable su inclusión en cualquier sector en que se labore dentro del área médica.
Su beneficio, como factor básico en el cuidado de la salud es indiscutible, porque evitar la enfermedad es más sensible que limitarse a curarla, lo cual es un error. Y porque ahora su factibilidad es mayor con los avances de la tecnología y el mejor conocimiento de las causas y la forma de desarrollo de la enfermedad.
Sobre todo, algo importantísimo que se nos está pasando muy por alto, los factores sociales que están desencadenando que tengamos un pésimo sistema de salud nacional.
Se deben detectar algunos padecimientos importantes como cáncer, diabetes, hipertensión arterial con un cuidado sistemático en las personas que se atienden y evitar problemas y complicaciones antes de que las enfermedades se manifiesten para detener su evolución y evitar sus complicaciones y secuelas con un tratamiento oportuno, adecuado, sobre todo una vigilancia y seguimiento meticuloso, cuestión que no se está haciendo y por eso estamos como estamos.
Actualmente el sistema de salud mexicano se enfrenta a una población que supera los 120 millones de habitantes y solo la mitad cuenta con un seguro de alguna institución pública, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Fuerzas Armadas, Pemex.
A su vez, la Secretaría de Salud atiende principalmente a gente de escasos recursos del campo y de la ciudad. Ha afiliado a 34 millones de personas al Seguro Popular y sin embargo, sin embargo, alrededor de 20 millones, yo creo que es un poquito más, no cuentan con ningún tipo de seguro médico. Y la parte más importante es que es el área más pobre de nuestro país.
Lo anterior resulta en un gasto de gran magnitud para el gobierno mexicano, que se genera principalmente por padecimientos que se complican y requieren atención especializada y constante.
El costo insostenible de la atención médica ha llevado a las autoridades a concluir que la prevención es la prioridad. Es decir, la responsabilidad no solamente es del sistema de salud mexicano sino también se debe de fomentar en los hogares, en las familias mediante la promoción de hábitos y estilo de vida mucho más saludables.
De la misma manera, la prevención se debe de hacer extensiva a los centros de trabajo, ya que en México solamente el 5 por ciento de las empresas lleva a cabo programas integrales de prevención de la salud entre los empleados que promueven actividades de ejercicio y alimentación adecuada. Asimismo, acciones para contar con personal sano y comprometido con su labor, ya que mucho de este personal está obeso y son los encargados de llevar a cabo este tipo de acciones.
Otro aspecto a considerar es la prevención secundaria, es decir, la detección temprana y tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas, puesto que esta no se provee de una manera adecuada.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición elaborada por el Inegi muestra que de aquellos que padecen hipertensión, que es el asesino silencioso, el 47.3 no sabía que padecía de esta condición.
Se habla de que el 25 por ciento de la población México es hipertensa, y de esos 25 por ciento que tienen hipertensión 24 no saben que lo son. Y por eso precisamente son los infartos, accidentes vasculares cerebrales y otros padecimientos que están minando a la población en las etapas de mayor productividad.
Del mismo modo, de aquellos que se saben diabéticos casi un millón de mexicanos o más, más o menos se calcula entre 7 y 12 millones, no habían visto a un doctor para una revisión rutinaria de su condición el último año.
Por lo anterior, el sistema de salud debe renovar su enfoque hacia la prevención y el fortalecimiento de la atención primaria. Consolidar y ampliar la base de ingresos para el cuidado de la salud que, por cierto, en este año es el más bajo de todos los últimos 16 años. El más bajo, y la población aumentó 7 millones de personas.
Consolidar y ampliar la base de ingresos para el cuidado de la salud y mejorar la contratación, los arreglos de compra. Que se optimicen el acceso, calidad y eficiencia de los mismos. Además, la importancia de la formación de recursos humanos en medicina preventiva es innegable.
El modelo actual de medicina curativa resulta cada vez más costoso y menos eficiente, por ello, debe plantearse un cambio en el paradigma dominante de atención médica especializada hacia un modelo de atención primaria de la salud, en el que las personas contribuyan con la adopción de responsabilidades para el cuidado de la salud, en que los servicios sanitarios –y que quede bien claro, esa es la propuesta más importante que hacemos en Encuentro Social–, sean promotores y guías para que los individuos adquieran habilidades personales y comunitarias para modificar sus condiciones de vida.
La parte más importante de la vida de los seres humanos es la salud, si no luchamos por ella desde esta tribuna, México se va a ver envuelto en una epidemia mundial que no tenemos idea de las consecuencias. Encuentro Social dice no al fuero. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: La diputada Margarita Cuata ha solicitado el uso de la voz para adherirse a esta iniciativa. Sonido.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Por favor, doctor, nos permita a varios compañeros, entre ellas la diputada Laura Esquivel, adherirnos a su interesante iniciativa. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Está usted de acuerdo, diputado?
El diputado Abel Cruz Hernández (desde la curul): Sí, adelante.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muy bien, quedará a disposición de la diputada Cuata y quienes así lo desean para suscribir esta iniciativa en la Secretaría de esta Mesa.
Saludamos la presencia de los ciudadanos Emilio Gómez Ayala y Marcos Morales García, jóvenes habitantes de la comunidad de Temacapulin, que han sido invitados por la diputada Candelaria Ochoa Avalos. Sean bienvenidos a este recinto parlamentario.
Igual hemos advertido que, quizá por la época de asueto estudiantil, muchos niños en este salón de plenos y lo celebramos vengan y se den cuenta de la ardua jornada de trabajo de sus padres y de sus señoras mamás legisladores. Muy bienvenidos.
Turnamos la iniciativa del diputado Abel Cruz Hernández, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Ahora pasamos a la segunda ronda de iniciativas y tendrá, hasta por cinco minutos el uso de la voz, el diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 250 del Código Penal Federal.
El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeras de los medios de comunicación. Amigas y amigos diputados. No es ético ni jurídicamente permitido atribuirse el carácter de profesionista o exigir con algún grado académico sin tenerlo formalmente.
Atribuirse el carácter, este interfiere que tengamos ante una persona sin escrúpulos, deshonesta y profundamente dañina para una sociedad, máxime si se trata de un servidor público.
En mi casa aprendí con mis padres que para obtener un grado académico se requiere de esfuerzo y mucha dedicación. Jamás podríamos admitir que alguien pretenda engañar a la sociedad y obtener beneficios por ostentarse con un grado académico que no le corresponde.
La usurpación de profesión es un delito que se persigue de oficio. Es un agravio a la sociedad, y la usurpación de profesión, si es dada por un servidor público, resulta una ofensa para toda la sociedad en su conjunto. Por eso, debemos sancionar esta conducta delictiva con vigor porque no podemos admitir farsantes que denigren la vida pública.
Una condición indispensable para acceder a la justica lo es contar con profesionistas dotados de suficiente preparación para investigar la comisión del delito, formular acusaciones, juzgar hechos y defender imputados.
La referida reforma penal de 2008 justamente apunta hacia la mejora de la presentación de servicios profesionales, ya que obliga a los jueces a permanecer durante el desarrollo de las audiencias mientras que se sujeta a los defensores y fiscales a exponer de viva voz sus argumentos, lo que provoca que sus habilidades sean evaluadas públicamente en vez de escudarse tras sus escritos, tal como ocurría en el antiguo proceso penal a efecto de prevenir la proliferación de falsos profesionales desde sus décadas, insisto, en el Código Penal la usurpación de profesión.
Resulta grave que una persona se ostente como profesionista sin serlo dadas las condiciones que esto tiene en la esfera de los derechos de las personas, pero igualmente resulta grave que dicha ostentación se realice a efecto de obtener un cargo público o que esta se realice con la finalidad de forjarse un prestigio del cual se carece.
Esto último se afirma, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizado en los respectivos medios electrónicos el directorio de todos los servidores públicos a partir del nivel de jefe de departamento, del cual deberá incluir al menos el nombre, cargo, nivel de puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, números telefónicos, domicilios para recibir correspondencias y dirección del correo electrónico oficial, siendo el caso que muchas dependencias también incluyen de dicho directorio la trayectoria del servidor público del que se trata.
Aunado a lo anterior en el artículo 76, fracción XVII y XVIII, dispone que además de lo señalado en el mencionado artículo 70, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociaciones civiles creadas por ciudadanos, deberán poner a disposición del público y actualizar todo currículum con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatas a cargos de elección popular.
Resulta entonces congruente sancionar con mayor severidad a quienes proporcionen información curricular falsa, a efecto de acreditar solvencia profesional del cual carecen.
Es por ello que propongo a través de esta presente iniciativa, adicionar el artículo 250 del Código Penal Federal a efecto de establecer que en el caso de que cualquier o alguien se atribuya el carácter de profesionista sin tener un título profesional expedido por autoridades u órganos legalmente capacitados para ello, conforme a lo dispuesto de las reglamentaciones del artículo 5 constitucional, la pena se aumentará a más de la mitad por lo ya establecido, porque es una agravante que no debemos de pasar por alto. Cuando el falsario lo haga con la intención de ascender a un cargo público o satisfacer las obligaciones de transparencia a que le refiere la ley, de aplicables en la materia.
De aprobarse esta iniciativa habremos dado un paso importante en el fortalecimiento del servicio público, en la consolidación de nuestra democracia, pues así evitaremos que personas carentes de escrúpulos ejerzan cargos públicos sin tener derecho a ello, pero también una mayor honorabilidad en el desempeño de las funciones de cada uno de nosotros., partidistas y legislativas, pero sobre todo en un momento en el que nuestro sistema político padece de graves cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna su propuesta a la Comisión de Justicia para dictamen.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: La diputada Tania Arguijo para qué objeto.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para pedirle al diputado Ramírez, me permita adherirme, felicitarlo por esta iniciativa, porque hace mucha falta en el país. Primero porque estamos en una legislatura que le hace falta escolaridad, y entonces muchos aprovechan y se ponen un cargo que no va. Que no les de pena que nada más fueron a la primaria, pero que lo digan bien. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Qué dice el diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo al tema?
El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (desde la curul): De acuerdo.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Está de acuerdo y quedará en la Secretaría para la suscripción de quienes así lo consideren.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Concedemos el uso de la voz, al diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia del maltrato animal.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva: Con su permiso, señora presidenta. La no violencia lleva las más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes. Thomas Alva Edison.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el maltrato y la crueldad hacia los animales es una realidad lacerante y dolorosa que está presente en nuestra sociedad todos los días.
Es necesario que tomemos conciencia de este problema grave si aspiramos como país a ser más democráticos, más civilizados y más prósperos tanto en lo económico como en o social.
México es catalogado con un promedio de esfuerzo mínimo por la Asociación World Animal Protection. Dicha asociación está dedicada a la concientización sobre las condiciones sociales, políticas y jurídicas del tema de la protección animal, reconocimiento jurídico de los derechos, sanciones contra el maltrato animal protección de animal de granja, de animales en cautiverio, de compañía, de recreación, los protegidos para la investigación científica y los salvajes.
De acuerdo a diversos estudios, cerca del 70 por ciento de los perros de nuestro país viven en la calle o fueron abandonados. Asimismo, día a día, sea en la prensa o a través de redes sociales, es notorio el aumento de la violencia contra los animales, condición que inclusive amenaza a la sociedad, pues diversos estudios apuntan a que la condición psíquica de una persona que atenta contra un ser indefenso la hace susceptible de hacerlo con un ser humano.
México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato. No resulta especialmente importante tampoco el establecimiento de metas o puntos para alcanzar el bienestar animal.
En la Declaración Universal de los Derechos de los Animales se garantizan los derechos fundamentales de los animales. A saber, derecho a la existencia e igualdad, derecho al respeto, prohibición de ejercer derecho de exterminio, derecho a la protección, atención y cuidado, derecho a la longevidad natural, derecho a la muerte indolora y asistida en caso de ser necesaria, derecho a la definición jurídica de la protección animal.
Como se puede apreciar, la codificación internacional se contrapone a los mínimos esfuerzos en materia de protección en nuestro país, por lo que consideramos como punto de partida el castigo irrestricto a prácticas dolosas que se presentan cotidianamente en toro el territorio nacional.
La motivación principal para la presentación de esta iniciativa contra el maltrato y crueldad hacia los animales responde a que en nuestro marco jurídico secundario la protección animal está orientada de forma genérica, dispersa y es más heterogénea, lo que la hace insuficiente.
En materia de maltrato animal, la legislación federal es muy laxa, pues únicamente existen disposiciones ambiguas y variadas en la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Además, el castigo hacia los actos de crueldad, cada vez más comunes en la sociedad, permanecen como facultades relegadas para las entidades federativas, por considerarse un asunto local.
Aunado a lo anterior, el Código Penal Federal no contiene disposiciones que sancionen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes. Por ello, se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos del orden federal.
La presente iniciativa tiene como objetivo principal hace valer el derecho de los animales consagrados universalmente a través de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, misma que reúne las disposiciones mínimas de respeto y protección a la vida animal.
Proteger en sentido amplio supone no solo garantizar los derechos sustantivos de todos los animales, sino sancionar a quienes contravienen tales garantías.
Resulta trascendental y prioritario orientar el debate hacia el castigo de forma pertinente y necesaria a las personas que cometen actos de crueldad, tortura, mutilación, maltrato y otras formas dañinas hacia los animales. A partir de este propósito es que la propuesta concreta de esta iniciativa es entrar en adicionar el maltrato animal como un subtítulo dentro del título de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Con lo anterior, el maltrato animal en sus diversas modalidades será un delito del orden federal, de tal forma que la protección hacia los animales se hará mucho más efectiva y extensa.
Diputadas y diputados, como lo dijo el gran filósofo alemán Immanuel Kant: Podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en la que trata a los animales. Hagamos pues lo que nos corresponde. Es cuanto, señora presidenta, compañeros legisladores, audiencia del Canal del Congreso y, sobre todo, grupos ambientalistas que día a día hacen una gran labor a favor de los animales. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Erick Arturo Figueroa Ovando, a nombre del diputado Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal.
El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando: Gracias, presidenta. Saludo con afecto y cariño a las y los costeños de mi estado, el estado de Chiapas, que nos siguen a través del Canal del Congreso y las redes sociales, desde Arriaga hasta Villa de Comaltitlán, distrito al que represento con pasión y orgullo en esta máxima tribuna de la nación.
Honorable asamblea, presento una iniciativa junto a mi compañero Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del PRD, que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal. De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta de corrupción y buen gobierno, realizada en 2001 por Transparencia Mexicana, en México, se pagan 214 millones de pesos en sobornos, 214 millones de pesos en sobornos, ¿representan estas cifras los costos de la corrupción? La respuesta no es tan clara, el problema consiste en que lo que se está viviendo y el monto pagado por concepto de soborno no necesariamente representa el costo social del acto de corrupción.
En palabras de Luigi Ferrajoli, el poder o los poderes, sean estos públicos o privados, tiende en efecto, ineludiblemente, a acumularse en forma absoluta y a liberarse del derecho, por ello desafío con el que se encuentra un Estado garantista como el mexicano, que es precursor en fomentar y salvaguardar derechos sociales en su norma fundamental, es generar, procurar y mejorar los medios, mecanismos e instituciones que hagan valer el verdadero derecho como garantías de los más débiles frente a los más poderosos.
La corrupción es un fenómeno complejo, con características propias que lo diferencian de otros delitos y cuyas consecuencias impactan en el bienestar general del país y de nuestra sociedad. Al respecto, académicos, organismos internacionales y gobiernos han tratado de desarrollar marcos de análisis y de combate a la corrupción.
El abuso del poder y la impunidad que siempre acompaña a la corrupción se mantiene en un alarmante 95 por ciento, referido a los delitos cometidos pero no castigados, particularmente durante los trámites realizados por los ciudadanos.
Tristemente México es uno de los países más corruptos del mundo y el peor posicionado entre aquellos que integran la OCDE, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional.
Por este motivo se impulsó la reforma constitucional por el que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2015, así como las reformas secundarias del 18 de julio de 2016, con el fin de destituir el avance más importante para combatir, prevenir y erradicar la corrupción y la impunidad de nuestro país, de conformidad con los lineamientos establecidos en nuestra Carta Magna.
En tal virtud, tenemos la imprescindible misión de generar, establecer, fomentar y emprender las acciones que proporcionen al sistema nacional anticorrupción las herramientas que concuerden con nuestra norma fundamental, el régimen jurídico, la norma moral y las buenas costumbres que garanticen eficientemente la disciplina, legalidad, objetividad de los servidores públicos en la más honrosa labor de servirle a nuestro pueblo.
La presente iniciativa pretende complementar el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2016, estableciendo los delitos por hechos de corrupción entre los más graves e infames de nuestro ordenamiento jurídico, con sanciones eficaces y contundentes como medios de prevención.
Esta iniciativa añade a los tipos penales establecidos en el Título Décimo, delitos hechos por corrupción, del Libro Segundo del Código Penal Federal, la figura de decomiso de bienes en beneficio de la sociedad o con destino a causa de utilidad pública,
La privación de las propiedades de los bienes, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar, y la suspensión, hasta por 30 años, de los derechos políticos contemplados en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, así como la ampliación de los plazos para la proscripción del ejercicio de la acción penal se duplicarán, incluso, hasta se triplicarán atendiendo al daño ocasionado a la administración pública o a los montos de lucro o beneficio obtenido.
Estas son las iniciativas que el pueblo quiere ver, porque son iniciativas que vienen a poner orden en el combate a la corrupción, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 76, 89, 102 y el decimosexto, decimoctavo y decimonoveno transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México está actualmente sumido en una grave situación de corrupción e inseguridad pública, por lo que es apremiante actuar y atender en conciencia todas las causas que generan esos problemas y proponer soluciones.
El Estado mexicano en sus tres ámbitos de gobierno tiene para con sus gobernados como principal obligación garantizar la seguridad pública, y como parte fundamental de esta obligación el Constituyente formuló el artículo 21 constitucional, donde estableció la institución del Ministerio Público, quien en su ámbito federal o estatal deberá coordinarse con los otros niveles de gobierno para cumplir con los objetivos de su investigación y persecución de delitos.
Para cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad pública, se hicieron reformas constitucionales importantes. La primera, en 1994, en el sentido de que el nombramiento del procurador general de la República que hiciera el titular del Poder Ejecutivo tendría que ser ratificado por el Senado.
Este es el primer antecedente de pesos y contrapesos para que el perfil de un verdadero procurador de la República fuera imparcial, objetivo, eficiente y, sin embargo, a varias décadas de esa reforma constitucional los resultados no fueron los esperados. Al contrario, estamos igual que en 94 de índices criminales.
La segunda reforma fue en 2008, significó un paradigma en el sistema de justicia penal. Y la tercera reforma de 2014 es con relación a la creación de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, nombramiento, remoción y sustitución del fiscal general y sus fiscalías especializadas.
La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 con el que se crea el sistema penal acusatorio adversarial y eminentemente oral contempla, a su vez, mecanismos alternativos de solución de conflictos como salidas que despresuricen el proceso y ejecución de la pena. Todo en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Fue realizada en razón de la crisis que viene enfrentando nuestro país en materia de procuración e impartición de justicia, así como para evitar la discrecionalidad en el procedimiento penal y garantizar el mayor respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales en materia de justicia penal.
A más de 9 años de su publicación, sin dejar de observar que esta reforma por su impacto y trascendencia entró gradualmente en los estados de la República y obligatoriamente en todos los estados a partir del 18 de junio de 2016 y que en el ejercicio de su obligatoriedad ya han transcurrido 1 año 8 meses y días, evidentemente no se ha logrado lo esperado, no ha mejorado la procuración de justicia ni la seguridad pública. No hay resultados tangibles a favor y, por el contrario, crece incesantemente la criminalidad en México.
El Inegi diseñó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia e integral del tema de seguridad pública, la cual cuenta con una periodicidad bimestral. Entre sus datos esta que durante junio de 2017, 74.9 por ciento de la población de 18 años y más, consideró que vivir en ciudad es inseguro.
Por otra parte, de acuerdo con la información de Transparencia Internacional y transparencia Mexicana, en cuanto a la percepción de corrupción en el sector público de 180 países en el mundo, México cayó 1 punto en el índice de percepción de la corrupción 2017, la calificación de México empeoró por 1 punto, pasando de 30 a 29. Esto ubica a México en la posición 135 de 180 países evaluados en materia de anticorrupción.
Transparencia Internacional refiere que a nivel regional, México se encuentra entre los peores posiciones de América Latina y El Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. De la región latinoamericana solo Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela están peor que México.
Transparencia Internacional afirma que México junto a Rusia, es el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE.
No puede dejarse de mencionar lo trascendental de tener una fiscalía que esté al servicio de la legalidad y la justicia, no como acontece al servicio de intereses ajenos, a la procuración e impartición de justicia encaminados a la impunidad. Por ello debemos poner atención especial en equilibrar los pesos y contrapesos para su real autonomía y en la elección de su titular, ya que este último tendrá entre sus responsabilidades dirigir y resolver satisfactoriamente los asuntos de la Fiscalía General de la República.
Entre los que están pendientes de resolver: Ayotzinapa, Tlatlaya, La matanza de Allende, y otros en los que están involucrados funcionarios públicos como los denunciados recientemente por la Auditoría Superior de la Federación.
Mencionarlos aquí sería interminable, por eso mencionamos los más icónicos o representativos para que lo que hoy argumentamos quede de evidencia que México necesita un cambio de timón en materia de justicia. No se puede seguir haciendo lo que se está haciendo hasta hoy.
Los datos son innegables y las reformas, incluso las más recientes, las que ya mencionábamos como la del 2008 que ha sido paradigmática, la de 2014 que aún no termina de concretizarse de la autonomía de la fiscalía, la del sistema nacional anticorrupción, entre otras, no han podido aterrizar para que México sea un país seguro, un país donde la impunidad no siga reinando.
La realidad es que México hoy está peor que hace décadas. En una década tenemos 250 mil homicidios. En esa década también contabilizamos más de 30 mil desaparecidos. El sufrimiento y la incertidumbre de miles de familias de mexicanos no parecen parar.
Por eso hoy, esta esta iniciativa que presentamos es para darle realmente una autonomía a la Fiscalía General de la República. Esta autonomía de la que mucho se ha hablado en la que han participado académicos expertos, es importante como un eje fundamental donde debe gravitar la democracia de este país y un verdadero estado de derecho.
Por eso, lo primero que proponemos es que el perfil del fiscal tenga que ser un perfil idóneo, y que eso también se replique a todas las fiscalías o procuradurías del país donde se lleva el 80 por ciento de los casos criminales.
Dos. Que ese perfil pase no solamente por un abogado de experiencia, sino que sea un abogado que tenga experiencia en el ámbito de procuración de justicia.
Tres. Que no haya pertenecido a un partido político o haya tenido un cargo público. Necesitamos realmente perfiles idóneos con experiencia pero alejados de los intereses políticos.
Cuatro. Es importante también que haya un presupuesto para las fiscalías. Un presupuesto constitucional, un presupuesto que no pueda estar como parte de la coacción de grupos de interés.
También es importante que la participación ciudadana encamine este perfil y este nombramiento. La rendición de cuentas es importantísimo. Ya no puede quedarse al arbitrio solamente de los grupos políticos, de la partidocracia el nombramiento del fiscal general, porque eso ya lo hemos tenido.
Desde 1994 tenemos la posibilidad de que el Senado ratifique al procurador de la República, y sin embargo estamos peor que en 1994. Hoy tenemos más homicidios y más desaparecidos.
Esta rendición de cuentas implica la supervisión dentro de un consejo de la sociedad civil organizada para que permanentemente esté siendo evaluada, que cada dos años el fiscal general de la República pueda estar siendo ratificado por el Senado, y que el nombramiento pase por una elección transparente completamente donde participe, por supuesto, el Senado y el presidente de la República, pero también la sociedad civil organizada.
No podemos permitir que algo tan importante como el nombramiento de un fiscal quede en manos de políticos. Hoy la sociedad tiene que estar volcada a observar el nombramiento del fiscal.
Es importante también que estos pesos y contrapesos se den para que pueda haber justicia en este país, de otra manera seguir con estos procesos oscuros de nombramientos de funcionarios, seguir queriendo imponer funcionarios afines a grupos políticos o de poder o grupos fácticos, va a seguir trayendo los resultados terribles.
México no puede seguir viviendo con miedo, en un estado de terror. México no puede seguir al nivel de democracias de corrupción, de incertidumbre y de impunidad, como países que han tenido guerras civiles como: Siria, como Irak y como ese tipo de países. México tiene una grandeza y en esa grandeza debe de estar la altura de miras para nombrar al fiscal que los mismos partidos políticos.
No más fiscales carnales, no más fiscales políticos. Sí a una fiscalía que sierva, sí a un México sin miedo y en paz. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: En seguida tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Salud.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los compromisos de Nueva Alianza en su agenda legislativa, consiste en exigir que las condiciones básicas de bienestar lleguen a toda la población en las diversas regiones del país.
Una de ellas es, por supuesto, la salud. La Constitución establece en su artículo 4o., que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios.
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Salud establece en su artículo 61, fracción II, que la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras acciones, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna.
A pesar de lo anterior, y de que la ley señala que la atención materno-infantil es una materia de salubridad general en el capítulo denominado: Atención Materno-Infantil, no se hace referencia a la promoción de la vacunación de la mujer embarazada, medida fundamental para generar su inmunización.
En este sentido existe la posibilidad de suministrar preparados destinados a generar inmunidad en la mujer durante la gestación, y de este modo proteger a la madre y a su hijo contra enfermedades infecciosas susceptibles de prevención.
Si bien es cierto que la mencionada ley establece en su artículo 157 Bis 1 que, toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir vacunas contenidas en el programa de vacunación universal de manera gratuita, dicho precepto no hace el énfasis requerido en la inmunización de las mujeres embarazadas.
A mayor abundamiento, de acuerdo con la guía de referencia rápida de vacunación para embarazadas, elaborada por el IMSS, es recomendable vacunar a las embarazadas en el segundo y tercer trimestre del embarazo contra la difteria, tosferina y tétanos.
En este contexto las y los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de que es preciso que la revisión del estado de inmunización de las mujeres se considere parte de las acciones de atención materno-infantil previstas en el artículo 61.
Es imperativo que las acciones de prevención distingan a nuestro sistema de salud. La vacunación en México es modelo a nivel mundial, sin embargo, un grupo sumamente importante de la población no está mencionado de manera específica en la ley.
Tenemos los medios para proteger a las mujeres durante la gestación. Hagamos que la vacunación durante el embarazo sea una obligación plasmándolo en la ley. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación se le concede el uso de la voz, hasta por diez minutos, al diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidenta. Esta iniciativa ya la presentamos nosotros en la Comisión Permanente que sucedió al primer periodo ordinario de sesiones, y la han presentado prácticamente todos los grupos parlamentarios. Es una demanda social el tema del fuero, como se le conoce comúnmente, o acotar la figura de la inmunidad parlamentaria.
De hecho, en esta Cámara de Diputados incluso hay un dictamen en comisiones aprobado, de pasadas legislaturas, en la materia. Y lo que nosotros queremos hacer aquí es algo muy simple, que esta iniciativa prácticamente se lea sin nombre.
José Antonio Meade dijo que él iba a ser el primer presidente sin fuero, que se comprometía a ese tema y que teníamos hasta el 30 de abril. Marko Cortés se comprometió como Presidente de la Junta de Coordinación Política, a que podíamos ver el tema del fuero antes del 30 de abril.
morena, López Obrador han retomado el tema del fuero y han dicho que va a ser una de sus principales prioridades quitar este instrumento, este pasaporte a la impunidad que aquí mismo no hemos podido quitarle a los cómplices de Javier Duarte, por ejemplo. Y en Movimiento Ciudadano hemos tenido este tema desde hace años en los Congresos locales, desde 2011, y desde que inició esta legislatura fue una de nuestras banderas, otras organizaciones.
Yo creo que es muy penoso para la sociedad que estemos con este asunto de que las causas que les importan, las causas que ellos ven como fundamentales, nos las estemos disputando como banderas de campaña y la gente dice: Bueno, si el PRI está de acuerdo, si Morena está de acuerdo, si el Frente está de acuerdo, ¿por qué no lo aprueban?
Démosle tantita dignidad a nuestra palabra, debatámoslo en serio, hay posturas muy diversas sobre el tema del fuero, sobre hasta qué punto hay que limitar esta inmunidad parlamentaria, sobre qué tanto protege a los opositores, sobre qué figuras lo deberían de tener o no. En nuestra iniciativa va desde el presidente de la República hasta el regidor, que se le debería de eliminar.
Debatamos eso, pero hay disposición también de la Comisión de Puntos Constitucionales y digamos que fue gracias a Meade o que fue gracias a López Obrador o que fue gracias a Anaya, pero demos una muestra de elemental dignidad, de elemental congruencia.
Hay muchos temas en los que los candidatos están de acuerdo, que aquí hay iniciativas que están en las comisiones y que simple y sencillamente no se revisan. Si hay un compromiso para cambiar el régimen sí se podría hacer por encima de una visión electoral, sí se podría hacer por encima de un cálculo.
Si no empujamos este tema ninguno de los actores políticos, ninguno de los partidos vamos a tener credibilidad para decirle a la sociedad que lo vamos a hacer a partir del 1 de julio.
Así no se cambian las sociedades, las sociedades no se cambian en campaña y aunque para muchos de nosotros ya sea una prioridad estar pensando en el cargo que sigue, en los próximos tres años, en los próximos seis años, la sociedad no cambia con elecciones, la sociedad cambia cuando la gente que tiene la confianza de la gente se toma en serio su mandato popular y lo representa con dignidad.
Nosotros insistimos en que este tema es un asunto de voluntad política que se puede eliminar el fuero en los términos en los que hoy existe en la Constitución, que debería de ser una iniciativa de consenso y exhortamos a que la Comisión de Puntos Constitucionales encabece este tema. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponda y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte correspondiente para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Margarita Huerta García, Jovita Ortiz Benítez, José María Arroyo Juárez, Justina del Carmen Luna Pérez y Luis Jorge Mayorga Godínez, para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputados federales.
Se designa en comisión para que les acompañen al acto de rendir la protesta a las siguientes diputadas y diputados: diputado Salomón Majul González, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputado Nicolás Toledo Soto, diputado Jorge Tello López, diputada María Chávez García, diputado Ángel Santis Espinoza y diputado Abel Cruz Hernández. Procedan a cumplir con la encomienda.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Ciudadanos Margarita Huerta García, Jovita Ortiz Benítez, José María Arroyo Juárez, Justina del Carmen Luna Pérez y Luis Jorge Mayorga Godínez, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Las ciudadanas Margarita Huerta García, Justina del Carmen Luna Pérez y Jovita Ortiz Benítez, y los ciudadanos José María Arroyo Juárez y Luis Jorge Mayorga Godínez: Sí protesto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Enhorabuena. Bienvenidos. Pueden tomar asiento.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, para su fundamentación.
El diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que presento para aprobación de esta honorable asamblea busca reformar la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para avanzar en la estructuración de un marco jurídico que garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Este dictamen considera que los avances que ha tenido nuestro país en los ámbitos jurídico e institucional, en cumplimiento con los compromisos internacionales adquiridos a partir de la adopción de múltiples instrumentos internacionales que promueven la equidad de género, uno de ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer afirma que la máxima participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.
Es por lo anterior que las reformas en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres no han sido ajenas a la legislación militar, donde hace varios años se han concretado modificaciones de gran trascendencia y se han puesto en marcha políticas públicas que inciden en el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres militares.
Es por eso que desde hace más de diez años en la campaña de difusión para el ingreso al sistema educativo militar se incluyó la participación del personal femenino, a fin de que puedan realizar estudios en diversos planteles militares.
Con esta medida se incrementó la participación de las mujeres mexicanas en el sistema educativo militar al ingresar en planteles otrora exclusivos para el personal masculino, como el Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Aviación y la Escuela Militar de Ingenieros, entre otros.
Así también, a partir de esta fecha y de acuerdo con su especialidad, las mujeres militares tienen la opción de ingresar a otros planteles del sistema educativo militar, como son la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios y el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, entre otros.
Asimismo, se emitieron directivas para que en las áreas donde labora personal de uno y otro sexo se otorguen las mismas oportunidades para que quienes reúnan los requisitos correspondientes desempeñen cargos en igualdad de condiciones, sin importar el género.
Como resultado de las medidas antes mencionadas se incrementó en más del 49 por ciento el personal femenino en las dos fuerzas armadas que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, contando a la fecha con 18 mil 238 mujeres.
Además de lo anterior, en el ámbito legislativo se ha reformado la ley para precisar que militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo que representa un gran avance, toda vez que el concepto de militar era atribuido generalmente a los hombres.
Es por eso que estas reformas al marco jurídico militar, así como la que presento ante ustedes, buscan brindar apoyo incondicional a las mujeres y hombres integrantes de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de que la educación que imparte la Secretaría de la Defensa Nacional orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y al arte militar, así como otros afines a las necesidades respectivas, sea aplicable en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
Finalmente, la Comisión de Defensa Nacional pone a consideración el presente dictamen para continuar brindando el importante respaldo a las mujeres y hombres que integran nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, solo se ha registrado para fijar posición por su grupo parlamentario el proponente de dicha iniciativa, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Partido de Nueva Alianza, a quien se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, debemos señalar que en las últimas dos décadas se han realizado cambios importantes para mejorar la situación de las mujeres mexicanas.
No obstante, aún falta bastante por hacer a fin de lograr una verdadera igualdad sustantiva que se refleje de manera tangible en la vida de millones de mujeres que enfrentan discriminación y violencia en este país.
Es de resaltar que hoy contribuimos a cerrar una de las brechas existentes, particularmente en un espacio que antaño era tradicionalmente considerado exclusivo para varones. Me refiero a la educación militar que con la aprobación de esta minuta contará con un marco jurídico en donde se garantice la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en la formación castrense que imparta la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo sus procesos de admisión a las instituciones de educación militar.
Como grupo parlamentario, Nueva Alianza reconoce las acciones emprendidas por nuestras Fuerzas Armadas y de Defensa Nacional para armonizar sus políticas y acciones institucionales con lo dispuesto en materia de igualdad, tanto en los instrumentos internacionales como en nuestra norma suprema y diversas leyes reglamentarias.
Quisiera hoy subrayar que Nueva Alianza propuso este cambio legislativo ante la necesidad de que, al igual que en el sistema educativo nacional, la educación militar incorpore, fortalezca y consolide la perspectiva de género, tanto en su acceso como en todos sus procesos.
De este modo Nueva Alianza refrenda su compromiso con la sociedad mexicana, de impulsar cambios legislativos congruentes con las transformaciones normativas que en materia de derechos humanos y, en específico, de igualdad de oportunidades se han concretado en los últimos años.
La educación militar es un proceso de transformación física, mental y cultural de mujeres y hombres para lograr que convencidos y comprometidos entreguen al país y a sus instituciones su lealtad, capacidad e inteligencia, en el cumplimiento de los deberes que impone el servicio de las armas y que constituye uno de los elementos fundamentales de nuestro Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Con la aprobación de esta propuesta nacida de Nueva Alianza, avanzamos en la obtención de más y mejores espacios para las mujeres, combatiendo estereotipos que han limitado su adelanto en diversos ámbitos. El concerniente a la educación militar orientada al desarrollo de los conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior en beneficio de las Fuerzas Armadas de nuestra nación ya no es uno de ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Consecuentemente se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 114, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales (15:37 horas): Distinguida asamblea, en cumplimiento a lo que establece el numeral 3 del artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Presidencia declara un receso por 15 minutos para la verificación del quórum, por lo que se instruye permanezca abierto el sistema electrónico.
(Receso)
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales (15:53 horas): Compañeras, compañeros, en virtud de no haberse alcanzado el quórum con 248 votos en el tablero más uno de viva voz, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 5 de abril del 2018 a las 11 horas, en la inteligencia de que esta votación será el primer punto con el que se reinicie el orden del día. Buenas tardes.
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