Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Reconocimiento al Tecnológico Nacional de México por sus 70 años
Por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, fundamentación
Propuestas de moción suspensiva
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, PMC
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena
Dictámenes con puntos de acuerdo
Turno a comisiones de iniciativas y de proposiciones
El presidente diputado Edgar Romo García (12:15 horas) Se abre la sesión. Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 272 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
El presidente diputado Edgar Romo García: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada el acta.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con retiro de iniciativas.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de los diputados Timoteo Villa Ramírez y Evelio Plata Inzunza, solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El presiente diputado Edgar Romo García: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica la integración del diputado Luis Jorge Mayorga Godínez, a ese grupo parlamentario.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado, comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por el que comunica la integración del diputado Ricardo López Priego, a ese grupo parlamentario.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado, comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la modificación en la integración de la Junta de Coordinación Política para el tercer año del ejercicio de la LXIII Legislatura.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de diversas dependencias 15 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: La Agencia de Noticias del Estado mexicano remite su Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2017.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Gobernación, y a la Comisión de Radio y Televisión, para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del primer párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibieron oficios de los diputados Óscar García Barrón, Héctor Javier García Chávez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Ana Georgina Zapata Lucero, Salomón Fernando Rosales Reyes y Nora Liliana Oropeza Olguín, por los que se comunican la reincorporación a sus actividades legislativas.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado, comuníquese. Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yulma Rocha Aguilar, para separarse de sus funciones, como diputada federal electa por el distrito 9 electoral del estado de Guanajuato, a partir de esta fecha.
Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el tercer distrito electoral del estado de Hidalgo, a partir de esta fecha.
Tercero. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Cuarto. Se concede licencia por tiempo indefinido, a la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquense y llámese a los suplentes.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se encuentra a las puertas de este recinto los ciudadanos María Eugenia Rojas González, Ascensión Reyes Santiago y José Soto Medina, para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputados federales.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados. Diputado Timoteo Villa Ramírez, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, diputado Tomás Octaviano Félix y diputado Abel Cruz Hernández.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Edgar Romo García: Ciudadanos María Eugenia Rojas González, Ascención Reyes Santiago y José Soto Medina, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Las ciudadanas Ascención Reyes Santiago y María Eugenia Rojas González, y el ciudadano José Soto Medina: Sí protesto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados. Pueden tomar asiento.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con el oficio de la Junta de Coordinación Política.
El diputado Adán Pérez Utrera (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Antes, el diputado Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, desde su curul. Diputado, ¿con qué objeto es su intervención?
El diputado Adán Pérez Utrera (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero expresar que en Movimiento Ciudadano lamentamos mucho que la cultura del olvido prevalezca en esta Cámara de Diputados. Hoy es el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, héroe que se significó en la historia por abanderar una de las causas más justas y más nobles de México, la justicia a los hombres y a las mujeres del campo, la restitución de sus derechos, hoy por hoy en el olvido por el gobierno mexicano.
Es inaceptable que por medio de la cultura del olvido se pretenda borrar de la memoria del pueblo mexicano tan importante legado.
Bien lo dijo Epicuro: Pueblo que olvida las grandes hazañas de su pasado, es un pueblo viejo y moribundo. Tal es la situación del sistema político mexicano actual. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado, sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates.
El diputado Luis Manuel Hernández León (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la voz el diputado Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza, desde su curul. Adelante, diputado, ¿con qué objeto es?
El diputado Luis Manuel Hernández León (desde la curul): Para expresarle nuestra profunda preocupación e indignación y lo hago a nombre y con autorización de mi coordinador de toda la bancada de Nueva Alianza, por la creciente contratación de docentes con la figura de becarios en el estado de Guanajuato.
El actual titular de educación el ingeniero Eusebio Vega, va a pasar a la historia como el primer secretario de Educación en la entidad que vulneró los derechos sociales de los trabajadores de la educación.
Hoy en día hay más de 600 docentes de las diferentes modalidades educativas, que solamente se les paga un salario sin derecho a salud, sin derecho a antigüedad, sin derecho a ninguna prestación.
Por lo tanto, estamos haciendo este señalamiento para que las autoridades no violen ni argumenten con la actual Ley del Servicio Profesional Docente no vulnere los derechos ni la dignidad de los trabajadores de la educación. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, sus expresiones van a quedar sentadas en el Diario de los Debates. Ahora le pido a la Secretaría continúe con avisos de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la Junta de Coordinación Política, comunicaciones en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.
Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se declara vacante la fórmula de diputados al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, correspondiente a la segunda posición de la lista de la primera circunscripción plurinominal asignada al Partido Nueva Alianza.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Mesa Directiva acuerda:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, declara vacante la fórmula de diputados al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, correspondiente a la segunda posición de la lista de la primera circunscripción asignada al Partido Nueva Alianza, por el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral el 23 de agosto de 2015, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre del mismo año.
Segundo. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral, a efecto de que dicho órgano constitucional autónomo informe a esta soberanía de la fórmula de candidatos que siga en el orden de la lista regional respectiva, para efectos de que los miembros de dicha fórmula puedan ser llamados a ocupar el cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura.
Tercero. Comuníquese a las ciudadanas María Luisa Gutiérrez Santoyo y Carmen Victoria Campa Almaral.
Cuarto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2018. Firman los integrantes de la Mesa Directiva.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII del artículo 35, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
2. De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.
3. De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.
El presidente diputado Edgar Romo García: Quiero informarles, honorable asamblea, que el día de hoy se encuentra con nosotros el ciudadano Manuel Quintero, Quintero, director del Tecnológico Nacional de México. En este año se cumplen ya 60 años de la aparición de los primeros institutos tecnológicos en nuestro país, cuando se crearon en los estados de Durango y Chihuahua como instituciones de educación superior, de formación y transmisión de conocimiento y valores.
Setenta años, efectivamente, pero también, como institutos ligados a nuestro país, la evolución de un sistema educativo que fue dando presencia a la ciencia, la tecnología y la técnica en educación superior ha sido permanente.
Hoy se cuenta con un subsistema educativo de presencia nacional que coordina institutos tecnológicos descentralizados. El 23 de julio de 2014 se creó un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se creó el Tecnológico Nacional de México.
Este instituto, constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son institutos tecnológicos federales, 134 institutos tecnológicos descentralizados, 4 centros regionales de optimización y desarrollo en equipo, un centro interdisciplinario de investigación y docencia en educación, un centro nacional de investigación y desarrollo tecnológico.
Este sistema integral atiende a una población escolar de más de medio millón de estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México, y es uno de los sistemas educativos más sólidos con los que cuenta nuestro país.
Se trata de una verdadera puesta por la vinculación del conocimiento con desarrollo económico y científico del país, y una puesta por un modelo educativo de cara al siglo XXI.
Hoy, en el recuento de estos 70 años de incansable labor de todos los institutos, de los hombres y mujeres que han dado vida y permanencia a este proyecto de docentes y de investigadores, de autoridades y de grupos de la sociedad que han participado de esta red de educación tecnológica, hacemos un reconocimiento a la institución de educación superior tecnológica más grande de nuestro país y hacemos votos por que siga consolidando este modelo educativo.
Enhorabuena por estos primeros 70 años de educación superior tecnológica y por la creación del Tecnológico Nacional de México.
Procederemos a entregar el reconocimiento respectivo.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, ciudadano presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, como es del conocimiento de los integrantes de este pleno, en noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, a más tardar el próximo 30 de abril.
Dicha sentencia es de relevancia por sus alcances, los cuales han sido malinterpretados por algunos, pero que de fondo únicamente versan sobre la supremacía de la Constitución y el papel del Poder Judicial de la Federación. Una protección, necesariamente la omisión de la Legislatura que nos antecedió, pero que de ninguna manera otorga al Poder Judicial la atribución para legislar ni para decidir el contenido de la ley reglamentaria del multicitado párrafo octavo.
Por ello, con la valoración que la comisión hizo tanto de la sentencia que acelera el proceso legislativo de este tema, como de cada una de las iniciativas, estamos en posibilidad de presentar ante ustedes el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del pasado 15 de marzo mediante el cual se definieron las condiciones y procedimientos, y que fue aprobado en su momento por el pleno.
Una vez desahogados los trabajos, estamos ante ustedes con el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social que esta Comisión de Gobernación pone a su consideración haciendo las siguientes referencias.
Primero. Por mandato constitucional está a su consideración la creación de una ley general de un ordenamiento de interés nacional y observancia en toda la República, lo cual responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y por supuesto que prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano.
Segundo. El análisis realizado de las iniciativas nos da como coincidencias algunos argumentos y razonamientos de valoración, los cuales sustentan la determinación final y los términos puestos a su consideración con plena responsabilidad.
Tercero. Sin duda, un avance fundamental implica que hemos propuesto fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía, transparencia, tal y como lo prescribe el artículo 2o. de dictamen en cuestión, ello con el fin de evitar la improvisación y establecer mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social.
Para ello, la ley establece que han de presentarse programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública.
Es decir, la comunicación social de todas las entidades públicas en adelante habrá de someterse a una planeación más rigurosa. Deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos.
Estamos exigiendo con ello eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos, pero también en los objetivos manifiestos de la comunicación social para que exista congruencia entre el contenido de los mensajes y campañas, el objetivo de comunicación y la población a la que debe de llegar dicha comunicación.
Cuarto. Consideramos que los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, con los medios de comunicación a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación, tal y como lo prevé el capítulo octavo del proyecto.
Dejo constancia que en la parte final se aborda el capítulo referente a infracciones y sanciones. En este punto podemos dejar constancia que la violación o incumplimiento de las disposiciones serán acreedoras tanto a sanciones administrativas como a querellas de orden penal conforme a la legislación vigente.
En ese sentido, señoras y señores diputados, el proyecto de decreto a consideración de ustedes es, sin duda, un esfuerzo que retoma y abona al perfeccionamiento continuo de nuestro régimen.
Insisto, se trata de dar continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral y garantizar, al mismo tiempo, que el objetivo de toda comunicación gubernamental se realice con las mejores prácticas y los más estrictos criterios de utilidad pública.
Las y los mexicanos esperan, por supuesto, más apertura, demandan gobiernos abiertos y datos confiables sobre el ejercicio de la inversión pública en comunicación gubernamental.
Por lo anterior las y los integrantes de la comisión someten a su consideración el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se le informa a la asamblea que se han presentado, ante esta Mesa Directiva, tres mociones suspensivas, por lo tanto iniciaremos con la fundamentación de cada una de las tres mociones suspensivas por parte de los promoventes, para posteriormente votarlas en un bloque. En tanto tiene la palabra, hasta por tres minutos, para fundamentar la moción suspensiva, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, ¿por qué venimos aquí, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, a presentar una moción suspensiva del dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno soberano?
Porque a nuestro juicio, no es verdad, sino que es falso lo que aquí acabamos de escuchar en voz de la presidenta de la comisión dictaminadora, la de Gobernación, porque no es verdad que se esté queriendo cumplir con el contenido de esta reglamentación, de la sentencia de la Corte.
Incluso se dice, termina diciendo todavía, esta es la tercera generación de las reformas electorales, y resulta que lo que se propone en un transitorio es que, esta ley que se pretende sacar adelante entra en vigor hasta el 2019, es decir, después de que se lleva a cabo el proceso electoral más importante del México contemporáneo.
Miren, el 15 de noviembre de 2017 la Primera Sala de la Corte de la Nación notificó a esta Cámara la sentencia dictada, un amparo en revisión promovido por lo que conocemos como organización artículo 19 de la sociedad civil, para efectos de que nosotros diéramos cumplimiento a la obligación de expedir la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 en virtud del decreto del artículo tercero transitorio, a las reformas constitucionales publicado el 10 de febrero de 2014, y señaló como fecha perentoria para que diéramos cumplimiento a esta sentencia, precisamente el 30 de abril del 2017.
A efecto de dar cumplimiento a esta sentencia, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara y luego la propia Cámara votó un acuerdo para establecer el procedimiento para la discusión de las iniciativas, que eran varias iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios y que se pudieran entonces avanzar en dictaminar todas las iniciativas que se encontraran vigentes al momento del acuerdo, no una sola, la del PRI, que es lo que hace precisamente la Comisión de Gobernación, y que se escucharan además a expertos de la sociedad civil y organizaciones de la misma.
Bueno, nada de esto se hizo, ni siquiera los promoventes y ganadores de la sentencia del amparo de la Corte, dado por la Corte, ni siquiera a estas organizaciones, a esta organización se le quiso escuchar en la Comisión de Gobernación. Y desde luego que no se dictaminaron las demás iniciativas que se habían presentado.
Por lo tanto, miren. Hay que recordarlo, que la justicia de la nación amparó y protegió a esta organización Artículo 19, en contra de la omisión del Congreso de la Unión, de expedir la Ley Reglamentaria, como lo decíamos, y que por lo tanto se atendiera a lo que la propia Corte dijo señalando la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno, constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión prohibido por los artículos 7o de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y la 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Propicia, se decía en la sentencia de la Corte, que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno, y niegue el acceso a esos recursos a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno.
Es decir, la omisión de expedir la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artí9culo 134 constitucional viola el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de este derecho.
Entonces, todo esto que planteó en la sentencia de la Corte, a nuestro juicio no se atiende porque se saca una ley o se pretende sacar una Ley General de Medios de Comunicación que esta, como lo sabemos, reparte funciones entre la Federación, los estados y los municipios de manera obligatoria, una facultad concurrente, y lo que se plantea por la sentencia es precisamente la Ley Reglamentaria, que es aquella que desarrolla uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación.
Entonces, aquí la Corte nos dice una cosa y nosotros estamos queriendo a través de la Comisión o de la mayoría de la Comisión de Gobernación hacer otra.
Por lo tanto, entonces, concluyendo, nosotros planteamos que esta pretensión de legislar de la manera en que hoy se nos presenta es violatoria del cumplimiento de la sentencia de la Corte en esta materia.
Por esto estamos planteando que se declare se acepte la moción suspensiva, se regrese a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se haga un nuevo dictamen, corrigiendo desde luego el actual, elaborando con todo lo que se tenga que hacer, escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, se dictamine el conjunto de las iniciativas, como aquí lo habíamos acordado, y que no se simule cumplimiento de la sentencia, que es ante lo que estamos, es una pretensión de simulación, es una falsedad.
Nosotros sí queremos que se cumpla la sentencia de la Corte, no queremos la simulación, por eso estamos queriendo que se declare se acepte la moción suspensiva y se regrese a la Comisión de Gobernación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fundamentar su moción suspensiva.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por mi conducto viene a presentar esta moción suspensiva para evitar que se discuta y vote un dictamen cuyo proceso legislativo es violatorio a las normas que rigen la vida interna de esta Cámara y de este Congreso.
En primer lugar, el artículo 177, numeral 1, del Reglamento, dispone que todos los iniciantes deben ser convocados a comisión para ser oídos, para que puedan ellos ahondar en la información de las iniciativas que presentan.
Resulta ser que mi compañero, el diputado Jorge Triana, presentó una iniciativa y jamás fue llamado ni escuchado por los integrantes de la Comisión de Gobernación. No tuvo la oportunidad de llevar la voz del PAN a la Comisión para exponer los motivos de esa iniciativa, y tengo entendido que es el mismo caso con iniciantes de otros grupos parlamentarios. Eso es una violación al proceso legislativo.
Por otra parte, tampoco fueron llamados los promoventes del amparo que motivaron la resolución de la Corte, que nos tiene hoy aquí tan apresurados para poder aprobar este dictamen y eventualmente tener una ley que regule la publicidad oficial.
Hago énfasis en que se trata de una ley que regule la publicidad oficial, no se trata de emitir un simple papel para cumplir una sentencia de la Corte, eso sería materialmente un desacato.
La orden que tenemos del Constituyente Permanente, reiterado por los ministros de la Corte, es de publicar eventualmente una ley que tenga criterios objetivos y transparentes para que los gobiernos puedan contratar publicidad en los diferentes medios de comunicación.
El dictamen como se está presentando no lo hace. El dictamen no cumple con este propósito y los promoventes del amparo y las demás organizaciones de la sociedad civil que tienen como bandera la libertad de expresión tampoco fueron llamados a discutir este caso, a que conociéramos su opinión y eso es negar el trabajo legislativo. Nosotros somos la voz del pueblo y aquí caben todas las expresiones y precisamente en la comisión negamos ese derecho y esa oportunidad.
Finalmente y una cuestión adicional de forma, el artículo 167 del Reglamento dispone que las comisiones no pueden sesionar al mismo tiempo que lo hace el pleno y es el caso que la sesión de la Comisión de Gobernación, en la cual se aprobó este dictamen, se celebró al mismo tiempo al que se estaba llevando a cabo una sesión de la Cámara de Diputados en pleno.
Señoras y señores, por los motivos expuestos es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por mi conducto, solicita su voto para que sea suspendida la discusión y votación de este dictamen, para que podamos cumplir con los requisitos de ley, tener un documento que incluya todas las voces del país respecto de este tema tan trascendental para la vida democrática de México y en ese momento sí cumplamos con lo que mandata el Constituyente Permanente, la Suprema Corte y lo que esperan los ciudadanos de sus legisladores. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, para fundamentar su moción suspensiva, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Presidencia. Diputados, diputadas, pues tenemos de nueva cuenta un dictamen que carece de legitimidad y de legalidad en el procedimiento legislativo, es un dictamen fraudulento, es un dictamen que pretende burlar un mandato de un órgano jurisdiccional, un órgano que aun cuenta con instrumentos para que los quejosos hagan acatar su resolución.
Incurrimos, como ya han señalado los diputados precedentes, en el incumplimiento, en el desacato de una resolución judicial.
Es penoso reconocerlo, pero esta Legislatura ha sido omisa en un mandato constitucional para reglamentar la propaganda oficial determinada en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.
Nos encontramos reunidos hoy para un dictamen que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por el cumplimiento de nuestra obligación de legislar en la materia, hemos desperdiciado dos años y medio, retomamos tareas pendientes de la legislatura anterior y no cumplimos con ese mandato de legislar, derivado del tercero transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014.
Como ya lo han señalado, la Suprema Corte en su Primera Sala reconoce que hay omisión legislativa, que este órgano legislativo es responsable, no la legislatura anterior, es el Congreso de la Unión el que está fallando.
La Primera Sala entiende que la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social en las distintas instancias de gobierno constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión.
Quien haya leído el dictamen, quien haya leído el proyecto que hoy discutimos se dará cuenta que no hay reglas claras para la asignación, para el gasto del presupuesto en comunicación social.
De nueva cuenta, en una ley fraudulenta pretendemos suplir un mandato judicial. En dos artículos determinamos esta obligación que ordena la Primera Sala de la Corte, artículo 19 y artículo 20 del dictamen que se presenta.
Artículo 19. Las contrataciones de tiempos comerciales que realicen los entes públicos en los medios de comunicación se apegarán a la legislación y normatividad de los medios aplicable.
Artículo 20. Las secretarías administradoras, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo y en las leyes competentes en la materia emitirán anualmente los lineamientos que contengan las reglas relativas a la difusión de las campañas de carácter industrial, comercial, mercantil y de promociones y publicidad que promuevan la venta o servicios que generen ingresos para el Estado. Con esto pretendemos cumplir la resolución de la Corte.
Eso es falso. Simulamos crear una ley que no cumple mínimamente el mandato judicial. Simulamos una ley reglamentaria del párrafo octavo. No solamente es la distribución o el costo de la publicidad gubernamental, es también la propaganda oficial. Y, más aún, en estos tiempos electorales.
Es penoso decirlo, pero el reglamento que emite la Secretaría de Gobernación para regular las campañas de publicidad tiene más trabajo, tiene más detalle que esta iniciativa que se presenta.
También es penoso reconocer que los lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los estados tiene más trabajo que el dictamen que se presenta.
Estamos simulando con una ley cumplir una resolución judicial. Es falso. Dos años y medio en que esta Cámara de Diputados, como parte del Congreso de la Unión, no ha hecho su trabajo. Ahora pretendemos simular el acatamiento de una orden judicial. Estamos simulando, estamos incurriendo en desacato.
El quejoso tiene un incidente ante la Primera Sala para hacer que se garantice el cumplimiento de la resolución de la Corte. Será penoso volver a un periodo extraordinario y pretender resarcir lo que en este momento se puede componer.
Por ello les pido, diputadas y diputados, que devolvamos este dictamen a la comisión. Revisemos cada uno de los temas y cada uno de los puntos que resolvió la Corte, y atendamos los principios que contiene el párrafo octavo del artículo 134 constitucional para regular la propaganda oficial, más aún en procesos electorales y no simulemos.
La ciudadanía ya está harta de la simulación. La ciudadanía ya está harta de la ineficacia de los órganos del Estado, que no funcionan y que generan una incertidumbre, una estabilidad institucional y política.
Quizá en ustedes recae de nueva cuenta un dicho que se ha aplicado en la guerra sucia contra Andrés Manuel: al diablo las instituciones. Están mandando al diablo a la Corte con su resolución y una simulación de acatamiento a su sentencia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien. Concluidas las mociones suspensivas presentadas, le pido a Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva expresada.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta si se toma a consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Un momento, por favor. Un momento. Para dar claridad... Un momento, por favor, diputados. Voy a expresar mi decisión. Un momento.
Para dar claridad a la decisión de esta asamblea, de conformidad con lo que dispone el artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruyo a la Secretaría el cierre de la asistencia electrónica y abra el sistema para recoger la votación nominal, para consultar si se toma en consideración de inmediato para su discusión, haciendo la siguiente aclaración, en razón de la reciente reincorporación y la correspondiente toma de protesta de diversos diputados, se tomarán de viva voz a 9 diputados recién integrados, la votación para este asunto. Proceda a abrir a votación, hasta por cinco minutos.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
(Votación)
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado Macedonio, desde su curul. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Señor presidente, hay confusión en cuanto al sentido de la votación. ¿Es para ver si se aprueba la moción suspensiva o si se aprueba someter a votación el dictamen? Le suplico haga esa aclaración para todos.
El presidente diputado Edgar Romo García: Con mucho gusto, diputado. Lo que en este momento se está votando es si la asamblea admite discutir la moción suspensiva, al no admitirse se desecharía, al admitirse se procedería a abrir la discusión para después determinar el sentido de la solución.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: De viva voz, por favor, diputados.
El diputado Oscar García Barrón (desde la curul): En contra.
El diputado Héctor Javier García Chávez (desde la curul). A favor.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, (desde la curul): En contra.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): En contra.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): En contra.
La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): En contra.
La diputada María Eugenia Rojas González (desde la curul): En contra.
La diputada Ascensión Reyes Santiago (desde la curul): En contra.
El diputado José Soto Medina (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Algún compañero diputado o compañera diputada que falte de emitir su voto? ¿Falta alguien de emitir su voto? Adelante, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron, a favor 168 votos, en contra 194. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha en consecuencia.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, diversos diputados y diputados que harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno, iniciando con el uso de la voz el diputado Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social.
El diputado Abel Cruz Hernández: Honorable asamblea. Con su venia, diputado presidente. La bancada legislativa del Partido Encuentro Social se manifiesta a favor de que esta Cámara cumpla plenamente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1359-2015 que nos impone legislar en materia de propaganda gubernamental.
Sin embargo consideramos que las disposiciones que contiene la Ley General de Comunicación Social no satisfacen la intención del motivo de amparo. La Ley General de Comunicación Social no dictamina las iniciativas de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, Nueva Alianza, Morena, y del Congreso del Estado de Jalisco.
La ley sólo dictamina, en sus términos, la que presentaron los grupos parlamentarios del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, lo que muestra una clara falta de voluntad para expedir una ley consensada y con la suma de todos los grupos parlamentarios.
Otra situación que no vemos en el cuerpo del dictamen es el estudio del impacto presupuestario al que están obligadas las comisiones que dictaminan una ley, y como en este caso, crea una nueva norma.
Después de analizar la ley, en Encuentro Social observamos lo siguiente:
Primero. Los argumentos con los que se pretende motivar la expedición de la ley son insuficientes, ya que no hay sustancia en el contenido de la misma.
Segundo. La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandató emitir legislación en materia de publicidad oficial y no de comunicación social.
Tercero. La discrecionalidad para el Poder Ejecutivo se incrementa al otorgar la atribución de emitir los lineamientos y criterios de operación de esta actividad.
Cuarto. No se considera supletoria la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a los derechos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quinto. Duplica la normatividad vigente, disposiciones constitucionales como el 134 y 7o., el Presupuesto de Egresos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Protección Civil, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras.
Sexta. Atribuye a la Secretaría de la Función Pública a recibir los informes financieros por las erogaciones del gasto en comunicación social en vez del de Hacienda, y dota a la Secretaría de Gobernación a administrar el padrón de proveedores de medios y no a la Secretaría de la Función Pública que lleva estos registros.
Séptima. Las infracciones no tienen sanciones, y una infracción sin pena jamás será sanción. La entrada en vigor es el 1 de enero del 2019, para no afectar el actual proceso electoral.
Novena. No hay un porcentaje máximo de publicidad comercial, en el 2016, el 50 por ciento del presupuesto se le asignó a Televisa, el 28 a TV Azteca, el 6 por ciento a Excélsior y el 2 por ciento al Canal 40.
Décima. La ley es omisa en garantizar equidad de los medios comunitarios e indígenas en su participación del Presupuesto en materia.
En Encuentro Social, manifestamos nuestra disposición para legislar en materia de propaganda gubernamental y construir una ley que sirva para que el gasto del Estado mexicano sea transparente, legal, legítimo y socialmente útil.
Quiero aprovechar igual estos micrófonos para plantear algo que para mí es importante. Es importante un replanteamiento de la relación con nuestro vecino de norte. Ya sea con palabras más o menos altisonantes, mandan su guardia armada a nuestra frontera, importándoles un soberano cacahuate los tratados internacionales y sobre todo de la colaboración solo de parte de nuestro país, poniendo siempre por delante los intereses de ellos, convirtiéndonos en sus policías mal pagados y maltratados, y sobre todo faltándonos al respecto como una nación independiente.
Vemos cómo algunos secretarios gustosos se pasean en la frontera sur con sus pares militares, respetando una iniciativa que solo llama a una represión y absolutamente a ninguna solución. No estoy hablando de que haya una confrontación, sino de exigencia de respeto y eso solamente se gana con trabajo, honradez y amor a México.
No nos unamos a programas de odio, no enfrentemos esta agresión centenaria que tanto ha sufrido nuestro pueblo, incluido el robo de la mitad de nuestro territorio, divididos y fomentando una pérdida mayor. Unámonos voces y sobre todo que no sirva de distracción de lo que se ha y se está negociando en nuestro país, y quizá a espalda de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Bien, diputado.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúa con el uso de la tribuna la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, para fijar la posición de su Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la regulación de la comunicación social de todos los órganos y entes de gobierno es una necesidad que había sido reglamentada desde hace por lo menos cuatro años.
Sin embargo, por diferentes situaciones no se habían alcanzado los consensos necesarios para expedir tan importante legislación, cuya elaboración había sido obligada por los artículos transitorios de la reforma constitucional del año 2014.
En ese contexto, una organización de la sociedad civil interpuso un juicio de garantías, argumentando que la omisión legislativa que prevalecía vulneraba los derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión.
En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido juicio, concedió el amparo a la quejosa y resolvió que las Cámaras del Congreso de la Unión cumplieran con lo ordenado por el artículo transitorio del decreto de reformas constitucionales, en materia política, del año 2014 y expidiera la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 134 constitucional.
De tal forma, esta legislatura ha asumido, no solo sus responsabilidades constitucionales, sino también el cumplimiento a la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de legislar la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo al ordenamiento de la propaganda gubernamental en cualquier modalidad de comunicación social.
Ante nosotros se presenta un dictamen que contiene una norma que regula los aspectos generales de las campaña de comunicación social que deberán cumplir, no solo las dependencias y entidades del gobierno federal, sino también todos los entes que conforman el Estado mexicano, desde los otros dos Poderes de la Unión hasta los órganos constitucionales autónomos y los respectivos órganos de las entidades federativas.
Faculta a la Secretaría de Gobernación a implementar un padrón de medios, labor que de facto ya venía realizando, pero de forma limitada a las dependencias y entidades del gobierno de la República.
Con la ley que hoy discutimos ese padrón servirá de guía a todos los órganos para saber con qué medios de comunicación podrán contratar la difusión de sus respectivas campañas de comunicación social, evitando así la discrecionalidad y la simulación en las contrataciones de espacios y tiempos.
Este padrón se compondrá, tanto por medios impresos como electrónicos en sus diferentes modalidades y formas y tendrá un carácter público para que la sociedad se encuentre en posibilidades de conocer las personas físicas y morales con las que las entidades contratan sus campañas de comunicación social.
Hoy es momento de consensos, de acuerdos, que permitan transitar una parálisis legislativa que ha afectado los derechos fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión.
Contamos con una sociedad más participativa, más crítica y vigilante, medios de comunicación independientes y comprometidos con la sociedad y su labor informativa.
Tenemos el deber de regular un precepto constitucional, cuya reglamentación tenía que haber sido emitida años atrás, no sólo se trata de un mandato jurisdiccional, sino de una obligación constitucional, política y moral.
Sí hay críticas, sí hay inconformidades, pero también hay aciertos y la firme voluntad y compromiso de emitir una legislación, que en términos generales brinde certeza a todos aquellos involucrados en las materias de comunicación social y propaganda institucional.
El momento de la discrepancia y el rechazo sistemático debe quedar atrás. Sentar las bases legales para regular la propaganda gubernamental en cualquier modalidad de comunicación social en todos los niveles y órdenes de gobierno ha sido, es y será un compromiso de quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, con la libertad y con el derecho a la información. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna el diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Partido Movimiento Ciudadano, para fijar la postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señor presidente. Es una vergüenza, es una vergüenza que el Poder Judicial haya tenido que enmendarnos la plana al Poder Legislativo, a través de una sentencia de amparo.
Es una vergüenza, porque exhibe públicamente la crónica de tendencia que hay en este Poder Legislativo a la negligencia, al ausentismos, a la impuntualidad, a la falta de sesión de comisiones y a la manipulación de algunos presidentes de comisiones para sacar dictámenes a favor del sistema. Es verdaderamente vergonzoso.
Así que si bien por un lado festejo que los ciudadanos hayan descubierto esta veta de acción, que es recurrir al Poder Judicial cuando se violan sus derechos individuales, como en este caso lo hizo artículo 19 al considerar que la omisión del legislativo afectaba su derecho a la libertad de expresión y su derecho al acceso a la información, insisto, que es vergonzoso y debemos procurar que no se repita.
No es la primera vez que sucede, ya hubo otro amparo que nos obligó a trabajar cuando curiosamente en la misma Comisión de Gobernación, junto con la de Justicia se omitió integrar la Subcomisión de Examen Previo. Pero en fin, ahí está la realidad.
Pero si bien esta sentencia de amparo es una vergüenza, sería todavía más vergonzoso aprobar el dictamen como viene, un dictamen que fue aprobado aprovechándose la presión del Poder Judicial que señaló un signo fatal el 30 de abril para legislar, y aprovechándose de una negativa de la presidencia de esta Comisión a escuchar a los ciudadanos y a tomar en cuenta verdaderamente las iniciativas de otros partidos no oficialistas.
Hipócritamente, en el dictamen que se está votando hoy, dicen que se tomaron en cuenta y se mencionan las iniciativas de nosotros, Movimiento Ciudadano, de Morena, de PAN y PRD y no es cierto, se mencionan pero no fueron tomadas ninguna de sus argumentaciones ni ninguna de sus propuestas para el dictamen final. De tal manera que yo veo aquí algo verdaderamente atroz, algo inaceptable.
Y anuncio, por lo tanto, que los diputados de Movimiento Ciudadano vamos a votar en contra de esta atrocidad de dictamen.
Entre otras razones, además de la falla del procedimiento legislativo que ya está señalado aquí en tribuna repetidamente, a través de una malograda, o mejor dicho, de tres malogradas nociones que mis compañeros hicieron hace unos momentos, quiero señalar que a mí me parece verdaderamente peligrosa la atribución que este proyecto de dictamen otorga a Gobernación para controlar todo el sistema nacional de comunicación gubernamental.
Se pone, y vaya que a este dicho no le daré connotaciones religiosas, se pone la iglesia en manos de Lutero. Se deja a Gobernación como Secretaría administradora, así lo dice textualmente, dándole facultades para llevar el padrón, para registrar programas, para autorizar planes, para manejar presupuesto. De tal manera que es peor la omisión que la acción que se va a tomar autorizando esta atrocidad legal y política.
Por otro lado, es un dictamen que omite algo tan importante como el principio de veracidad. ¿De qué sirve que se reglamente la información que el gobierno debe dar a los ciudadanos si no se le exige que esta información sea veraz?
Se omiten las sanciones señalando únicamente y en forma muy precaria que se dará, en caso de alguna falta u omisión, aviso al superior jerárquico, imagínense lo que significa esto. Y por otro lado, no se sanciona a quien rebasa el tope de gastos en comunicación, como suele suceder en este país todos los años, en los tres niveles de gobierno, y lo cual constituye una queja de los principales, de los detractores de esta iniciativa.
De tal manera que insisto, insisto la vergüenza que deberíamos tener ante esta llamada de atención del Judicial. Insisto, la vergüenza que sería aprobar el dictamen como viene y señalo que la única manera de responder con dignidad es votarlo en contra y, en su caso, aprobando las reservas que varios de nosotros vamos a hacer a continuación. Gracias y buenas tardes.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tendrá el uso de la voz el diputado Samuel Rodríguez Torres, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Samuel Rodríguez Torres: Con la venia de la Presidencia. La rendición de cuentas ha sido una demanda constante por parte de la sociedad, a la que se ha respondido durante este sexenio por medio de la promoción de acciones de fomento a la participación ciudadana.
Es debido a ello que se atiende el llamado para generar una ley que regula el gasto público en el área de comunicación social, cuyo contenido permita contar con una serie de mecanismos desarrollados expresamente para que la propaganda gubernamental cumpla con el objetivo de comunicar a la sociedad las acciones realizadas por las instituciones de la administración pública.
Los tres niveles de gobierno cuentan con presupuestos para la difusión de sus tareas, por lo que es necesario un marco legal que señale los límites para el ejercicio del gasto. Pero también de los contenidos y espacios en los cuales será permitido que el gobierno publicite sus programas de acción.
Tomando como referencia los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, el presente dictamen, por el cual se expide la Ley General de Comunicación Social, nos dará un punto de inicio para la transformación del todo el aparato de publicidad gubernamental.
Nos encontramos ante un momento histórico para nuestro país, pues la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno ha aumentado gracias a las plataformas que ofrecen los avances de la tecnología de la información.
El flujo constante de datos y la participación en tiempo real de hombres y mujeres interesados en el crecimiento de nuestro país han generado la transformación de la relación entre gobierno y sus ciudadanos, de tal manera que el diseño de las políticas públicas desde su planeación hasta su evaluación, incluyendo el tema de ejercicio de recursos, pasan por el escrutinio público.
En este sentido, el marco jurídico que regulará los productos publicitarios gubernamentales señala expresamente a los sujetos obligados, lo cual evitará confusiones al momento de la rendición de cuentas, pues cada ente público será responsable de sus gastos en comunicación social.
Del mismo modo, se exige la presentación de informes detallados en donde será obligatorio detallar el cómo, cuánto y en qué se gasta el dinero público, señalando también la periodicidad para la presentación de estos documentos.
Cuidando también los límites de los contenidos, la propuesta de ley señala que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, no podrán ser utilizados para promover la imagen de ningún servidor público.
El anterior señalamiento pretende impedir el uso de recursos para que quienes laboran en instituciones gubernamentales construyan candidaturas, pues para esa actividad existen los espacios y canales oportunos.
En su conjunto, la Ley General de Comunicación social fortalecerá la cultura de la transparencia y el gobierno abierto, generando las condiciones para que la promoción de las acciones de gobierno no sea utilizada con fines políticos. Las campañas de comunicación social tienen la finalidad de informar a la población de todo aquello que se está realizando para su beneficio en materia de desarrollo económico y social, no así para la construcción de candidaturas o el uso de recursos para otras actividades.
Por lo anterior, la bancada del Partido Verde apoyará en lo general, el dictamen que fue analizado y votado en la Comisión de gobierno. De esta manera vamos a dotar una ley reglamentaria del párrafo octavo al artículo 134 constitucional y cumplir con la exigencia de la sociedad para definir los términos legales a los cuales deben sujetarse las campañas de comunicación social pagadas con recursos públicos.
Queridos compañeros, a todas luces con la aprobación de este dictamen tenemos un gran compromiso. Un compromiso con la transparencia. Un compromiso con la libertad de expresión. Un compromiso con la rendición de cuentas. Pero, sobre todo, un compromiso con la sociedad. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación es el turno para el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo de Morena.
Y aprovechamos para saludar a los alumnos de la Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario, Asociación Civil, del estado de México. Invitados por el propio diputado Virgilio Caballero. Y a los alumnos de 1o., 2o., y 3o. grado de la Escuela Primaria Margarita Morán, turno matutino, del municipio de Chalco, estado de México. Invitados de la diputada Dalila Rodríguez García. Bienvenidos.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en Morena estamos en contra del dictamen de esta ley. En nuestra propuesta planteamos que la regulación de la publicidad oficial debe proteger y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Evitar explícitamente la censura previa, directa y por medios indirectos, de conformidad con nuestra Constitución y con los tratados internacionales en la materia.
En los hechos, el dictamen legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales, reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha venido realizando hasta ahora.
Nuestra propuesta considera que es imperativo establecer los principios de la comunicación social y la publicidad oficial, las directrices de los contenidos que verdaderamente sean de interés público, así como prohibiciones explícitas a la promoción personalizada.
Es igualmente necesario colocar topes presupuestarios, prohibir la modificación del gasto y establecer límites a los porcentajes de asignación a cada medio o agencia de comunicación con el fin de garantizar la pluralidad y la diversidad de medios de comunicación.
Nos oponemos a que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir y evaluar la normatividad de la comunicación social. Proponemos la creación del consejo para la evaluación y seguimiento de la publicidad oficial con autonomía técnica y de gestión que se conformará por 15 personas de prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y radios comunitarias. Este consejo fungiría como un mecanismo de vigilancia social y como un verdadero contrapeso a los entes públicos.
Esta ley debe establecer directrices y límites de los sujetos obligados en materia de campañas publicitarias durante las campañas electorales. Es necesario señalar una vez más que en México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura, y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión.
Estas reprobables prácticas han atentado contra nuestra débil democracia y han contravenido el mandato de nuestra Constitución en sus artículos 6o. y 7o., así como lo establecido en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a plena censura previa. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones.
La simbiosis entre gobernantes y dueños de algunos medios de comunicación, curiosamente de los medios con mayor poder económico, ha sido de gran provecho político y económico para los gobernantes y partidos políticos del régimen, a costa del derecho a la información de la población.
Cabe recordar que el gobierno panista de Felipe Calderón, de acuerdo con datos oficiales, ejerció cerca de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial, cifra igualada en 2017 por la actual administración priísta de Enrique Peña Nieto, de quien se espera que al final de su sexenio habrá ejercido cerca de 60 mil millones de pesos, de acuerdo con datos y estimaciones de las organizaciones, artículo 19 y Fundar.
Señoras, señores, tenemos ante nosotros y por mandato de la Suprema Corte de Justicia, la oportunidad de legislar para el pueblo y no en función de los intereses partidistas. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación es el turno para el diputado Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de fijar postura por su partido.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Enviamos desde esta tribuna un reconocimiento al colectivo, Medios libres, por enmendar la plana del Congreso en esta grave omisión legislativa.
Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del PRD rechaza enérgicamente el contenido del presente dictamen, así como el proceso de elaboración por la Comisión de Gobernación de esta Cámara para expedir lo que hoy llaman Ley de Comunicación Social.
En primer término, expresamos nuestro voto en contra debido a que no cumple con el mandato judicial recientemente recibido por la misma.
En segundo término, porque no aporta nada a la relación perversa que se encuentra establecida entre los medios de comunicación y la Secretaría de Gobernación.
Celebramos que hoy bancadas, grupos parlamentarios como Morena, esté rectificando porque en la Comisión de Gobernación votaron a favor la propuesta del PRI, que a todas luces representa un desacato, un desaseo, una falta de respeto a las reglas de procesamiento legislativo que se deben seguir en esta Cámara.
La Suprema Corte mandató a que se modificara el estatus quo en materia de medios de comunicación, mandató a que se siguieran principios fundamentales en esta tarea, como eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La Suprema Corte señaló, es de lo que carece el sistema actual, y lo que nos están presentando el día de hoy es una copia de lo que ya existe como lineamientos en materia de comunicación social y que emite la Secretaría de Gobernación, que está vigente.
Lo que presentaron también en la sesión de la Comisión de Gobernación fue una calca d de la propuesta del PRI, Nueva Alianza, del Verde y que coincidió Morena en aquél momento con esta misma. Es decir, desacataron total y absolutamente el mandato de la Suprema Corte de Justicia.
Gracias al PRI, el Congreso de la Unión ha estado en falta constitucional desde el 2007. Gracias al PRI hoy seguimos en falta respecto al mandato del 2014, hoy tampoco se va a cumplir como determina la sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el presente dictamen se dejan de resolver varios temas, ya algunos fueron señalados. Me referiré a otros que consideramos relevantes.
Primero, la autonomía que debe tener el órgano regulador no se resuelve dándole más facultades a Gobernación, quien se encargaría de planificar, de ejecutar y de supervisarse a sí mismo, faltando al principio de economía, al principio de autonomía. Debe de crearse en su momento un órgano diferente, un instituto que cumpla con las condiciones de imparcialidad y profesionalismo adecuados.
El dictamen que nos presentan tampoco determina un límite claro y contundente al monto de los recursos públicos que se destinen a la propaganda gubernamental, mantiene la discrecionalidad no solamente para su manejo, asignación, sino también para su reasignación, incremento o decremento y queda solamente la facultad discrecional de Segob y también de la Secretaría de Hacienda. Es decir, reproduce el esquema actual.
No se reconoce tampoco en este dictamen el criterio de paridad en el uso de los tiempos oficiales del Estado, seguirá siendo el propio Ejecutivo federal quien lo regule. Es decir, seguirá siendo juez y parte.
No se establecen criterios tampoco en este dictamen, para los criterios de adjudicación de los contratos de publicidad, lo que deja la posibilidad de que se sigan contratando de manera discrecional y en una profunda opacidad.
Se ha señalado, compañeras y compañeros, por la presidenta de la Comisión de Gobernación hace unos minutos, que está ella proponiendo que se dé continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral. Qué falsedad, porque están proponiendo que entre en vigencia esta ley hasta 2019. Es decir, que se brinque del proceso electoral más importante en las últimas décadas en nuestro país, el 2018, para que continúen, sí, en cambio, con esa política perversa de beneficiar a los medios que estén cerca del príncipe y de asfixiar financieramente a quienes discrepen de ellos con la crítica.
Es decir, lo que propone la Comisión de Gobernación y la presidencia de esta Comisión, es institucionalizar la política del ominoso chayote en los medios de comunicación en nuestro país.
No está a discusión, como algunas bancadas pretenden ponerlo aquí, que se difiera en el debate legislativo, que se difiera como es sano en cualquier democracia, que tengamos diferentes puntos de opinión. Lo que está a discusión no es ese normal disenso...
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Le ruego concluya, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano:... lo que está a discusión es el ridículo al que están orillando a un Poder, por pretender imponer una simulación legislativa.
Por ello, compañeras y compañeros, es que el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del dictamen que se nos está poniendo a consideración, porque representa una simulación, atenta contra los principios constitucionales de la reforma del 134 e institucionaliza la política del chayote. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, se llama a la tribuna al diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para el posicionamiento por su partido.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Gobernación que estamos discutiendo y que estamos a punto de votar, no lo es tal. No es un dictamen serio emanado de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un copy page de la propuesta inicial que hizo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI gobierno, que a su vez es un copy page de los deficientes lineamientos generales para campañas de comunicación de las dependencias y entidades de la administración pública.
Lo que vamos a votar no guarda un sano equilibrio entre el legítimo derecho de una empresa particular a participar en un concurso de licitación para contratar con el gobierno y con la libertad de expresión y con la equidad que debe prevalecer en todas las acciones, desde la esfera pública.
Lo que vamos a votar el día de hoy, le da la espalda una vez más a las organizaciones no gubernamentales, le da la espalda una vez más a la sociedad civil y a los ciudadanos, agrupados en esta ocasión en más de 130 organizaciones en el colectivo, Medios libres.
Lo que vamos a votar en este momento no atiende un problema de comunicación gubernamental en nuestro país, no hay criterios claros para la asignación de recursos públicos emanados de los impuestos de la gente. La propuesta que nosotros hacíamos sí lo incluía.
Lo que vamos a votar no fomenta la pluralidad democrática en la participación en los medios de comunicación. La propuesta de Acción Nacional sí lo incluía.
Lo que vamos a votar en este momento no pone un porcentaje o un tope de límite para aprobar, en la Cámara de Diputados, como porcentaje de comunicación social para ejercer por el gobierno. La propuesta de Acción Nacional sí lo hacía.
Lo que vamos a votar el día de hoy concentra de manera perniciosa, en la Secretaría de Gobernación, la distribución de los tiempos y de estas asignaciones de comunicación social. La propuesta que nosotros hicimos, por supuesto, que lo hacía.
Por si fuera poco deja fuera las sanciones a los excesos en este ramo. Nosotros sí lo proponíamos, al igual que un calendario específico para la ejecución de este presupuesto.
No sólo eso, mantiene malas prácticas que atentan contra la libertad de expresión, incentiva el proselitismo del que se ha valido el gobierno actual, gastando recursos públicos por el orden de 40 mil millones de pesos en lo que va del sexenio, de los impuestos de los ciudadanos para promover su imagen, por cierto, sin mucho éxito.
Hoy día tenemos al presidente peor evaluado en la historia del país y paradójicamente el que más ha gastado en promover su imagen. Eso es un exceso que no debemos permitir.
Tampoco se entra de lleno, y este es el tema más importante para Acción Nacional, en el majadero sobrejercicio en el que ha incurrido la Secretaría de Hacienda en materia de presupuesto para publicidad gubernamental.
Por cada peso que aprobamos nosotros en la Cámara de Diputados para este rubro, el gobierno hace una transferencia, al borde de la ley de manera extra legal, del 70 por ciento, también de los impuestos de los ciudadanos.
No podemos prestarnos a aprobar un proyecto de dictamen con estas características, que independientemente de las formas que ya vinieron a darse cuenta aquí, que se convocó a manera de albazo, de cuartelazo, sin socializarse, sin tomarse en cuenta la opinión y lo contenido en las ocho iniciativas presentadas al respecto no atiende de fondo el tema. En términos coloquiales, compañeras y compañeros, le estamos dando el avión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una simulación lo que se pretende votar el día de hoy y Acción Nacional no será parte de esta simulación.
Las leyes, las leyes que nosotros aprobemos o modifiquemos deben ser con cargo al Estado, deben ser para ponerle límites al poder de la autoridad, límites al poder del gobierno, límites al poder del Estado. No está sucediendo esto, le estamos dando manga ancha al gobierno para sobre empoderarse, para sobre publicitarse. Y además, con pésimos resultados.
Concluyo con esto porque vale la pena mencionar lo que ha sucedido con el voto del partido Morena. Junto con el PRI y sus aliados votaron a favor y aquí vienen a posicionar en contra. No los entendemos. Morena se ha vuelto el partido Chimoltrufia, así como dicen una cosa dicen otra. Con esto concluyo, diputada. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene el uso de la voz el diputado Arturo Huicochea Alanís, del Partido Revolucionario Institucional. Y se informa a la asamblea que al concluir esta intervención termina el plazo reglamentario para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
El diputado Arturo Huicochea Alanís: Muchas gracias, presidente. Gobierno de las voces múltiples, la democracia es dialogar en libertad.
Hoy tenemos la oportunidad de aportar legalidad y transparencia al diálogo republicano y al diálogo entre la sociedad y el gobierno.
Legislamos a instancia de la Corte, es cierto. Pero sobre todo, legislamos a favor de los mexicanos, también es cierto.
Esta ley es de todos. La sociedad civil incluida. El colectivo agrupado y encabezado por la organización Artículo 19 formuló cinco planteamientos, los cinco están puntualmente satisfechos.
Asegura el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información en el artículo 5. Abate la autopromoción de los funcionarios públicos y normaliza la promoción de logros gubernamentales en el artículo 9.
Reduce el gasto en comunicación y transparenta la relación entre las autoridades y los medios de comunicación, en el artículo 18.
Asegura el control y vigilancia sobre contratación de gastos sin crear burocracia, en el artículo 33.
Prevé anticuerpos contra la censura, consolidando la confianza y la libertad de expresión, en el artículo 44.
Garantiza la libertad de los medios libres y hasta posibilita la posibilidad de su financiamiento público sin sacrificar libertad, en el artículo 5o.
También incluye propuestas derivadas de las ocho iniciativas presentadas por todos nosotros, por todos ustedes.
Que la Secretaría de Gobernación sea encargada de administrar los tiempos oficiales, como lo propusieron los grupos parlamentarios, particularmente el PAN.
Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los recursos destinados a la comunicación social de los Poderes Legislativo y Judicial, propuesta particularmente por el PRD.
Que los programas anuales de comunicación social de las autoridades sean aprobados anticipadamente, como lo planteó Panal.
Que haya una protección y garantía de la libertad de expresión, como lo exigió Morena.
Que haya sanciones para entes y servidores públicos que contravengan la ley, como lo propusieron Movimiento Ciudadano, Morena y el PAN.
Que haya límites temáticos en el contenido de la comunicación social, propuesto particularmente por Morena y por MC.
Que haya obligaciones de rendición de cuentas y transparencia, como lo propusimos prácticamente todos, donde coincidimos.
No deja fuera autoridad o recurso público alguno, fuera de control. Como todos hemos dicho: todo gobierno, todo recurso debe ser fiscalizado. Se trata de cumplir la resolución de la Corte y, sobre todo, afianzar la confianza entre gobernantes y gobernados.
Ciertamente no establece topes al gasto público, porque establecer el tope incentiva el agotamiento del recurso. El gobierno puede y debe gastar incluso menos que cualquier porcentaje que fijemos de manera rígida en la ley. Es mejor un régimen flexible, siempre a la baja.
Si hay sanciones, pues remite a la legislación respectiva. Sea la civil, sea la penal, la que se requiera. Como lo ha señalado el coordinador Carlos Iriarte, fortalezcamos la relación, de tal suerte que la sociedad y gobierno logremos alcanzar mayores objetivos de manera conjunta, por obligación y, sobre todo, por convicción. Los diputados del PRI votaremos a favor de esta ley.
Esta intervención es una invitación. Imputación a cumplir, a cumplir la ley, a honrar nuestras propuestas. Los invitamos a todos a honrar su propuesta, cumplir el mandato de la corte, evitar su desacato y, por encima de todo, servir a México y servirlo bien. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Saludamos la presencia de estudiantes y maestros de la licenciatura en Derecho, del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México y jóvenes del estado de Querétaro que los acompañan. Invitados por el diputado Arturo Bravo Guadarrama.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación procedemos a la discusión en lo general del dictamen en cuestión. Voy a proceder a dar lectura de los diputados que se han registrado en contra y los que se han registrado en pro.
En contra está registrado el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano. El diputado Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena. La diputada Ernestina Godoy Ramos, de Morena. Y el diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD. Y en pro, los diputados Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI. La diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México. Y la diputada Alma Carolina Viggiano Austria.
Por lo cual, tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidenta. Esta ley la ha bautizado la sociedad civil como la ley chayote. El chayote es una práctica, una de las múltiples prácticas que el PRI y en la cultura política que creo el PRI, se institucionalizó en el país.
El chayote es el dinero que se les entrega a los periodistas, a los medios de comunicación para influir en su opinión, para coartar la libertad de expresión y para hacer que se publique lo que al gobierno le interesa.
Es decir, es ir en contra del principio natural del periodismo. Cualquier persona que haya estudiado, que haya tenido una clase periodismo, sabe que el periodismo es publicar lo que al poder no le conviene que sea publicado. El chayote revierte esa naturaleza del periodismo y hace que se publique lo que al poder le conviene que sea publicado.
En la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso es lo que analizaron los ministros, y lo que nos mandataron a revertir de la discrecionalidad con la que se actúa en México.
Es una vergüenza lo que han dicho aquí los compañeros del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, de los aliados del PRI, porque lo que estamos haciendo es ignorar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e institucionalizar una práctica que además de todo le causa un daño gravísimo al patrimonio de la nación.
México gasta menos de 20 mil millones de pesos al año en becas en todo el país, y gasta prácticamente el 50 por ciento de esa cantidad en publicidad oficial. Podríamos incrementar en 50 por ciento el número de becados en este país si apostáramos por otra estrategia en lo que tiene que ver con publicidad oficial. Nosotros hemos planteado el .15 por ciento del gasto corriente para publicidad, pero también revertir la naturaleza pública.
¿Qué es lo que está pasando, y lo hemos dicho sostenidamente? Que estamos perdiendo la naturaleza de ser servidores públicos y estamos defendiendo los intereses privados, los intereses de poderes fácticos. Los 6 mil millones de pesos de Televisa, los 3 mil millones de pesos de TV Azteca, los mil millones de pesos de Excélsior, cuando no hay diputados luchando por Radio Educación, por ejemplo, que ha reducido su presupuesto. Radio Educación recibe la mitad del presupuesto de Excélsior. O por ejemplo recibe lo mismo de presupuesto el Instituto Mexicano de la Radio que tiene 18 radiodifusoras que Excélsior, porque eso contraviene la naturaleza pública.
Yo soy de Zacatecas. En Zacatecas la mitad de las escuelas son multigrado –la mitad de las escuelas–. Es decir, tienen un miso maestro para alumnos de primero a tercero de primaria, o para primero a sexto de primaria. Están perdidos. Por eso se inventó en este país el sistema de telesecundarias.
¿Cómo podríamos darle una educación de calidad al 50 por ciento de los alumnos que están en este tipo de escuelas en estados como Zacatecas? Con sistemas públicos de educación y televisión. De educación y televisión pública que llegaran a sus aulas y que les permitieran tener acceso a programas culturales, de historia, de civismo, de otra naturaleza.
Es el único medio por el que podríamos llegar a la inmensa mayoría del México excluido, apostando a Radio Educación, al Instituto Mexicano de la Radio, a los medios públicos, al Canal 11, al Canal 22, pero esos están olvidados, nunca los había castigado tanto un presidente como el presidente Peña Nieto.
Y hoy se quiere institucionalizar una de las prácticas más vergonzosas, no solamente de la historia política de México que es el chayote, sino del gobierno actual, del presidente de la República, que va a pasar a la historia, como el primer presidente que invierte más en armas que en cultura, como el primer presidente que desoye el mandato de este Congreso para invertir en publicado oficial, y que no ha podido darle la cara a quienes perdieron todo en la sierra de Oaxaca con los sismos, que no ha podido afrontar la reconstrucción del país, la reconstrucción de la ciudad, pero sí ha podido destinar recursos millonarios, caudales millonarios de dinero a publicidad oficial.
Esto es una vergüenza, compañeros, y me da gusto que por fin la oposición desde el fiscal carnal y desde otras batallas, hemos estado unidos plantándole cara a un régimen que afortunadamente ya se va.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Para hablar en pro, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional.
Aprovechamos para saludar, invitados por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, a estudiantes de la Universidad Mesoamericana de Puebla. Bienvenidos.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, presidenta. Unos hablan en esta tribuna de atrocidad, otros hablan de una ley parcial, otros hablan de promoción personalizada cuando ellos son los que tienen por años la promoción personalizada en las dirigencias de sus partidos, otros hablan de relación perversa, otros hablan de equilibrio, de equidad, de chayote, pero nosotros de lo que hablamos es de legalidad, de cumplir el mandato de la Corte, hablamos de responsabilidad para avanzar y no para retroceder, hablamos de respeto a la libertad de expresión, hablamos de lo nuevo , de aquello que es la creación de leyes, y no de omitir aquello que un poder distinto a este ha mandatado a partir de una resolución.
La comunicación social es el lexo inequívoco entre el ciudadano y el gobierno. Es la relación que siempre establecemos también las personas, porque a partir de la comunicación es como construimos mejores condiciones de vida entre las personas y mejores condiciones entre el gobierno y los ciudadanos.
Por eso los legisladores tenemos la obligación de crear un marco jurídico nuevo que permita establecer esa relación de orden personal y comunicacional entre el gobierno y los gobernados.
Esta ley debe de tener un beneficio claro para los mexicanos, transparenta las relaciones entre las autoridades y los medios de comunicación, engloba cualquier tipo de propaganda o información gubernamental bajo el lema o bajo la premisa de comunicación social a fin de que nadie la evada, asegura equidad en las contiendas electorales evitando que la comunicación social pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
Reduce el gasto en comunicación en el ámbito de gobierno, garantiza el respeto a la libertad de expresión, puede medir la eficiencia, el control y la idoneidad de los recursos públicos, establece las sanciones a los funcionarios públicos.
En suma, se busca establecer más controles sobre la contratación, mayor vigilancia sobre el gasto en comunicación social sin la necesidad de crear nuevos órganos, nueva burocracia para poder hacer esta revisión. Busca generar confianza entre la ciudadanía, busca la intervención clara del Poder Legislativo en los presupuestos, busca la intervención clara del Poder Legislativo en la auditoría, en la sanción. No necesitamos crear en cada dispositivo normativo un Código Penal nuevo, para eso están las disposiciones penales, para establecer las sanciones, para eso está la Auditoría Superior de la Federación para establecer las sanciones, y para eso estamos los legisladores, para revisar de manera puntual el plan de medios y el presupuesto de medios que esta Cámara de Diputados tendrá que aprobar en su tiempo y en su momento.
Por eso, el grupo parlamentario del PRI iremos a favor del dictamen de la Comisión de Gobernación porque México necesita una ley en este sentido. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Llamamos al diputado Alejando Ojeda Anguiano, de Morena, para que tenga su participación en contra, hasta por tres minutos.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Buenas tardes compañeras diputadas, diputados, ciudadanos que nos ven por los medios masivos de comunicación. Saludo y me dirijo a ustedes, un diputado que me antecedió, que su cultura es de Chespirito, que dice que la Chimoltrufia y no sé qué cosas, no tienen autoridad moral para venir a esta tribuna a criticar.
Les voy a recordar un dato, por eso quisimos sacar la ley aquí al pleno, donde se ve la votación seria, verdadera y no secuestrada en una comisión donde simplemente pretenden alargar los tiempos legislativos.
La Ley de Seguridad Interior, la votación del PAN. Cuando en la comisión se rasgaba las vestiduras y señalaban que era una ley inacabada, que se debía de perfeccionar, aquí tuvieron 14 votos a favor, 17 en contra, 48 abstenciones y 39 ausencias. Casualmente faltaron 39 diputados en una votación tan importante.
Entonces aquí no nos vengan a sorprender, no vengan a mentir. Nosotros desde el pasado 15 de noviembre del 2017 ingresamos una iniciativa, la cual la comisión nunca tomó en consideración, no se discutió, simplemente hasta el momento que llega el tiempo político para que se tome la decisión, que es antes del 30 de este mes.
Nosotros hicimos la propuesta, no se escuchó. En la Comisión de Gobernación del pasado 26 de marzo nosotros propusimos que no se discutiera, que se quitara del orden del día y que continuara con la discusión y escuchar a los grupos y a las asociaciones civiles y a la sociedad civil en su conjunto, no se quiso.
Esta vez nosotros decidimos traerla a esta tribuna para que podamos aquí legislar, que es nuestra tarea. No debemos de tenerle miedo a hacer modificaciones a la iniciativa que se presentó. Este es el momento, de frente a la nación, donde se tienen que hacer las decisiones y hacer las modificaciones que sean necesarias.
Nosotros en la Cámara de Diputados, ya sea por voz de muchos legisladores o a través de la Auditoría Superior de la Federación, han cuestionado desde hace años las razones por las cuales el Ejecutivo federal rebasa sistemáticamente el presupuesto autorizado por la propia Cámara año con año.
Tan solo en el 2017 esta soberanía aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, la cantidad de 3 mil 109 millones de pesos para ser ejercidos dentro del concepto 3600, para el gasto, servicios de comunicación social y publicidad. Sin embargo, el gobierno federal ejerce la cantidad de 7 mil 193 millones, o sea 4 mil 74 millones de pesos más.
Esta situación es por demás grave, porque no es solo el comportamiento de 2017, año con año la historia se repite y el gasto de la comunicación social, que poco tiene que ver con el beneficio a la sociedad es oneroso y excesivo.
El gasto de comunicación social no es para proporcionar información sobre el uso de recursos de programas y beneficios a la población, este gasto se utiliza eminentemente para promover la imagen del presidente de la República y sus funcionarios, con el único propósito de abatir, a como dé lugar, la mala percepción que casi todos tenemos de la administración pública que termina.
Es cuanto. Por eso el Grupo Parlamentario de Morena votará en contra de esta iniciativa y comentarles que el tiempo legislativo, diputados, no concluye, falta que el Senado también haga lo propio. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. A continuación cedemos el uso de la voz a la diputada Ernestina Godoy Ramos, del mismo grupo parlamentario que participará en contra. Hasta por tres minutos, compañera.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias, con su venia. Morena votará en contra de este dictamen por las siguientes razones:
Primero. Por congruencia política. Aunque vamos a gobernar, queremos una ley que proteja la libertad de expresión, el derecho a la información, la austeridad, la transparencia y acabe con el chayote como política de comunicación social.
Segundo. Porque no ajusta el mandato del artículo 134 de la Constitución, relativo a la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin influir en la equidad electoral, el carácter institucional informativo, educativo y de orientación social de la comunicación social y la publicidad gubernamental, y la prohibición absoluta al uso de nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos.
Tercero. Porque incumple los términos de la sentencia de la Corte, que concedió el amparo y protección de la justicia a la Campaña Global por la Libertad de Expresión, Artículo 19, Asociación Civil.
Debe decirse que la ley en cuestión, no sólo debe ser emitida por el Congreso de la Unión, sino la misma debe permitir a la quejosa investigar, analizar, enseñar y defender los derechos a la libertad de expresión, prensa e información, lo que no ocurre en la especie con el dictamen que se somete a discusión, pues este no establece mecanismos para que la quejosa cumpla con su objeto social, de ahí que la sola emisión de la ley no podrá ser considerara como un cumplimiento efectivo y eficaz de la sentencia de amparo, pudiendo dar origen a un defecto en el cumplimiento de la sentencia, de ahí que la aprobación de este dictamen, en los términos que se plantea, sea improcedente y debe modificarse.
Cuarto. Porque este dictamen convierte en ley el derroche del dinero público, el culto a la personalidad, el financiamiento discrecional a medios y locutores que repiten la narrativa oficial.
No estamos de acuerdo en mantener las cosas como están. Miren ustedes, según reportes oficiales de la Secretaría de la Función Pública, en 2017 el gasto servicios de comunicación social y publicidad del gobierno federal, pasó de 3 mil 759 millones de pesos en el presupuesto programado a 10 mil 941 millones al cierre del año, es decir, 7 mil millones adicionales para enaltecer a Peña Nieto, donde más de mil millones se fueron directo a televisa. Con poco éxito, por cierto.
Esto es simplemente inadmisible, proponemos limitar al mínimo indispensable el gasto de la propaganda y en publicidad en radio y televisión. Los tiempos oficiales y del Estado son más que suficientes para transmitir los mensajes gubernamentales.
De acuerdo al informe enviado por la Secretaría de Gobernación a esta Cámara, correspondiente al quinto bimestre del año pasado, relativo al uso de recursos, está claramente el aumento.
Este dictamen debe establecer que los informes, por disposición legal, deben presentar los servidores públicos y no podrán utilizarse para fines de promoción personal.
Votaremos en contra porque esta ley atenta contra la libertad de expresión, ya que se usa el dinero público para controlar la línea editorial de los medios que se financian y para castigar a aquellos medios que son críticos. Nos veremos el 1 de julio. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación, para hablar en pro tiene el uso de la voz la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta. Con la venia de esta Presidencia. El Estado mexicano se caracteriza por ser una nación democrática sustentada en la división de poderes. En este sentido, el Poder Judicial constituye un sistema de contrapeso respecto a la actuación de los actores públicos impartiendo justicia y velando por el cumplimiento al actuar de los mismos. En consecuencia, este dictamen responde a un llamado de nuestro máximo tribunal.
Sin embargo, este tema no solamente se trata de una sentencia judicial sino de una exigencia impostergable para solucionar un vacío jurídico que existía al no tener un marco normativo que regulara el actuar de las instituciones del Estado en materia de propaganda gubernamental.
Con este dictamen avanzamos en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, pues por medio de esta ley se establecen los lineamientos para el diseño y la ejecución de campañas en este rubro en donde se involucran recursos públicos.
En todo tema de trascendencia nacional es natural que existan diferencias entre las diferentes fuerzas políticas. Sin embargo, no podemos postergar por más tiempo la alta responsabilidad que tenemos para legislar en esta materia, argumentando que esta propuesta no es perfecta.
Nuestra labor como legisladores se centra en generar soluciones normativas acordes a la realidad social, lo cual no significa que lo que aquí se dispone tenga una permanencia definida.
Recordemos, compañeros, que toda ley es perfectible. Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor en lo general de este dictamen. Presentaremos reservas correspondientes y estaremos atentos a las propuestas de otras fuerzas políticas, esto en pro de enriquecer el marco normativo.
Hoy estamos aprobando una nueva ley que marcará la pauta para evitar que los recursos destinados a la promoción de las actividades del gobierno sean utilizadas para fines distintos, como por ejemplo, la promoción personal de servidores públicos o el clientelismo electoral.
Otro de los aciertos que contempla esta ley consiste en establecer diseños cuyos contenidos incluyan formatos accesibles para personas con discapacidad, y además trae adecuaciones necesarias para que los mensajes sean transmitidos en diferentes lenguas indígenas.
Como se observa en el contenido del dictamen, se atienden diversos temas referentes a la comunicación social. Esto desde la elaboración de contenidos que llegan a un mayor número de personas, hasta la rendición de cuentas, que son aspectos fundamentales para el ejercicio del servicio público.
El Partido Verde dará su voto a favor en lo general de este dictamen, dando así cumplimiento al compromiso con el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, obligando a las instituciones de gobierno a ejercer el gasto de comunicación social de manera íntegra y responsable. Pero sobre todo, con total imparcialidad y sin proselitismos políticos. Muchas gracias, compañeros.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz para hablar en contra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, presidenta. Precisamente uno de los principios de la reforma constitucional que tiene que ver con la eficiencia debiera estar valorando la bancada del PRI y del gobierno de la República.
No han tenido los mejores resultados, a pesar de que están invirtiendo alrededor de 10 mil millones de pesos por año en este sexenio. El presidente registra la mayor desacreditación, el mayor descrédito de los últimos sexenios. No tiene arriba del 20 por ciento de aceptación ciudadana y la eficiencia dice que si los recursos no garantizan cumplir objetivos, debiera modificarse.
Y en el fondo eso señala. Tenemos un gobierno ineficiente, que no da resultados y, sin embargo, gasta mucho en maquillaje. Gasta mucho en las revistas para difundir los patios de Los Pinos y gasta muy poco en lo que debe gastar para modificar las condiciones de este país.
Más de 80 mil millones de pesos han destinado al gasto de comunicación social el Ejecutivo federal y las dependencias federales en lo que va de este sexenio, cifra mucho más alta de lo que se ha destinado a la reconstrucción de escuelas y a la infraestructura escolar en este sexenio.
Solamente ha destinado alrededor de 3 mil millones para garantizar bebederos escolares en las instituciones de educación básica que son más de 250 mil. Vergüenza les debería de dar cuando se comparan estas cifras, y rectificar. Y no venir a esta tribuna a tratar de defender lo indefendible. A hablar con verdades a medias, con sofismas.
Ha venido a asegurar el representante del PRI aquí, que hay mecanismos de transparencia y evaluación, lo cual es falso. Por eso la corte mandató a que el Congreso legislara, porque se está reproduciendo en sí mismo la estación actual.
Señalarles que, aún falta. Que el procedimiento del amparo no se agota aquí. Son tantos los desatinos, el incumplimiento del Reglamento de esta Cámara, que cuando la Suprema Corte de vista a los quejosos, seguramente tendrán que revisar el fondo y probablemente le enmiende la plana de nueva cuenta a quienes pretenden mantener lo que ya existe, opacidad, falta de pluralidad, falta de cumplimiento y materialización a los derechos de la libertad de información y a los de la libertad de expresión.
Por eso venimos a reiterar nuestro voto en contra y a pedirle a la bancada que hace la mayoría en esta Cámara, que haga una evaluación objetiva, más allá de los sofismas legislativos en los que pretende envolvernos para mantener la política de comunicación social que priva actualmente en el gobierno federal, que es la del chayote y para que evite que este Congreso caiga en el socavón legislativo en el que nos quieren meter por esta simulación. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continua con el uso de la voz, el diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para posicionar en contra.
El diputado Tomás Octaviano Félix: Con su venia, diputado presidente. Saludo a los nuevos compañeros legisladores que se incorporan a estos trabajos. Saludo de igual forma a los representantes de los medios de comunicación, así como a los ciudadanos que nos acompañan y aquellos que nos siguen a través del Canal del Congreso de la Unión.
Déjenme decirles, compañeras y compañeros diputados, que mi capacidad de asombro es cada vez menor. Veo posiciones totalmente incongruentes, discursos discordantes, temas que se tratan de manera exprés, etcétera. Se entiende que varios estamos acompañando las campañas electorales y que los tiempos así lo requieren, pero no debe ser pretexto para hacer las cosas de esta manera.
El tema que nos ocupa es de gran relevancia, de gran trascendencia para la comunicación social del país. Ya varios compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra han dado los antecedentes para la expedición de la Ley General de Comunicación Social, por tanto omitiré esa parte.
De lo que sí quiero hablar es de cómo este dictamen no contiene las propuestas que mi Partido del PRD hizo llegar a la presidencia de la Comisión de Gobernación que no fueron atendidas y mucho menos incorporadas.
La comunicación social no sólo ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Debió ser parte de un gran debate para que su regulación brindara elementos que permitieran la vigilancia y la fiscalización del gasto en el ámbito de la propaganda gubernamental.
De igual forma, esta ley debió regular la asignación, la distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental, así como a las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno en los medios de comunicación, incluyendo prensa escrita, televisión, radio, salas de exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública.
Quiero comentar que también han sido excluidas las propuestas para incorporar restricciones a la propaganda gubernamental en términos de imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos, las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos. Mensajes partidistas, uso de colores patrios, mensajes que generen invitación a la violencia o a la violencia de género, o a la vulneración a los derechos humanos, o a la discriminación, o que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o que sean denigrantes para los ciudadanos.
En fin, una serie de elementos básicos que permitirían que la disparidad, inequidad y excesos que se cometen actualmente tengan un fin y que sobre todo beneficien a la sociedad.
A mí en lo personal, compañeras y compañeros diputados, me gustaría ver propaganda gubernamental en la que el presidente Enrique Peña Nieto explique a la nación sobre asuntos como la Casa Blanca, la casa de Luis Videgaray, de Malinalco, el asunto de Odebrecht, la estafa maestra, los desvíos de los Duartes, Borges, de cómo desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las muertes de Tlatlaya, de Nochistlán, y de cómo han fallado las reformas estructurales, del porqué de los gasolinazos, del porqué del crecimiento raquítico del país, del porqué del dólar a casi 20 pesos cuesta, tan sólo por comentar algunos errores que ha cometido este gobierno federal.
Pero, vemos propaganda que pretende hacerle creer a la sociedad enfadada de tanta mentira que vive cada vez mejor y que se ha avanzado en todas las materias, cuando todos sabemos que no es verdad y que este gobierno ha sido un fracaso totalmente...
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Concluya por favor, diputado.
El diputado Tomás Octaviano Félix: Esto, compañeras y compañeros, es lo que no beneficia para nada a nuestro país, y sí a las grandes empresas que se encargan de la difusión de la propaganda gubernamental.
Por ello mi voto y el de mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, votaremos en contra de este dictamen que no permite regular los gastos de la comunicación social del Estado mexicano. No a la ley del chayote. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Por último en pro tiene el uso de la voz la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y concluyendo ella se preguntará si está suficientemente discutido este dictamen.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, presidenta. Me parece que estamos ante una discusión barroca. Creo que hoy con la explosión de las redes sociales, no necesitamos estar limitando a nadie de lo que puede expresar en función de lo que quiere y piensa acerca de nuestro país, como sucede hoy en día.
Quiero decirles que tampoco es verdad que no hubo tiempo de abonar o de discutir la ley que hoy vamos a votar. Desde el 10 de febrero de 2014 empieza la cronología de esta ley. Evidentemente no cumplimos con el mandato de hacer la ley y por ello justamente una asociación civil acudió a solicitar el amparo de la justicia federal, que fue concedido, y que nos dio un plazo que se termina el último día de este mes para poderlo hacer.
Desde el año pasado, desde noviembre del 2017 hemos tenido ese mandato de la Corte para cumplir aquí, nosotros. También es importante decir que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún momento detalla, específica, describe o interpreta el contenido que debe tener dicha ley, puesto que es obligación nuestra determinar cuál será su contenido.
También es importante decir, ha habido ocho iniciativas al respecto, uno incluso de un Congreso local, y de todos los partidos y esas mismas han sido parte fundamental para crear esta ley que hoy estamos sometiendo a la discusión y votación.
Es importante también decirles que esta ley responde al mandato, tiene un plazo y que es importante determinarlo, y que hoy debe quedar satisfecho el mandato que la Corte nos ha establecido.
Estimados compañeros y compañeras, aquí hemos escuchado, con mi compañero que acaba de antecederme, que todo lo que este país ha discutido gracias a la libertad de los medios de comunicación.
Es importante también señalar, que esa ley, justamente, una de las cosas que privilegia, porque eso ha sido parte también de los avances que hemos tenido con todos los sectores públicos, que hoy primero que hay que agotar los tiempos oficiales para solicitar tiempos comerciales.
Y hoy, precisamente esta ley regula cuáles son las condiciones, regula la contratación y si alguien cae en alguna cuestión irregular o incluso un delito, están todas las leyes para poder ser aplicadas al respecto, y sobre la transparencia, el tema de los recursos públicos tanto en este asunto como en el resto donde existan, hoy están sometidos a la Auditoría Superior de la Federación como nunca antes, serán auditados no solo éstos, no hay una excepción, y por el contrario, creo que esa ley, creo que esos avances democráticos que hay que reconocer ha tenido nuestro país, justamente evitan lo que decían algunos compañeros aquí, que haya discrecionalidad en el gasto.
Justamente evitan que tengamos el que no haya reglas claras de cómo hacer uso del mismo. También hay que señalar otro factor importante. Hoy mismo tenemos ya regulado que no puede publicitarse de manera personal, sino institucional. Hoy mismo estamos ya en veda electoral, no podemos en este momento publicitar acciones de gobierno, con excepciones de los temas de salud, educación y protección civil.
No es algo nuevo, también es un avance que ya existe. Ojalá pudiéramos regular cómo evitamos que algún candidato tenga millones de spots en desventaja de otros contendientes. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se encuentra agotada la lista de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el presente dictamen en lo general.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 103 propuestas de modificación, 19 oradores, y 61 artículos reservados, a los cuales dará lectura la Secretaría.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Artículos reservados. 1, 2, 2 Bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Bis, 8 Ter, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17 Bis, 17 Ter, 17 Quáter, 17 Quintus, 17 Sextus, 18, 18 Bis, 19, 20, 20 B is, 20 Ter, 21, 21 Bis, 21 Ter, 22 Bis, 22 Ter, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Bis, 30 Ter, 30 Quáter, 30 Quintus, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38 Bis, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y Sexto transitorio.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Continúa abierto el sistema, diputado. Se les informa que las diputadas y diputados que se reincorporaron y tomaron protesta de ley en esta sesión, ya pueden registrar su voto en el sistema electrónico. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Continúa abierto el sistema, diputado. Diputado Soto Medina, de viva voz.
El diputado José Soto Medina (desde la curul): El tablero no me reconoce.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputado Soto Medina, su voto de viva voz, por favor.
El diputado José Soto Medina (desde la curul): Vamos en contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En contra, gracias. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Diputado Hernández Soriano, ¿el sentido de su voto?
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En contra. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron...
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): Presidente.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Perdón, diputado Vidal.
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: A favor. El sistema se encuentra ya cerrado. Se emitieron 205 votos a favor, 0 abstenciones, 168 votos en contra, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 205 votos a favor.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su reserva correspondiente.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Muchas gracias, presidente. Sabemos que existen muchas formas de restringir la libertad de expresión, desde la violencia extrema que atenta contra la vida de periodistas críticos hasta aquellos mecanismos indirectos que tienden a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones, como requiere la Convención Americana de Derechos Humanos.
Con este dictamen, el PRI, Panal y Verde pretenden legitimar la previa censura y los mecanismos indirectos que obstaculizan el derecho a la información de la población, como lo es el uso discriminatorio y arbitrario de la asignación de la publicidad oficial que ha mantenido el oligopolio televisivo y ha obligado a medios de comunicación críticos a modificar sus líneas editoriales o a cerrar incluso sus puertas.
En este paquete de reservas, que presento diversos artículos de los títulos primero y segundo de la propuesta de ley, propongo que el objeto de esta ley debe explícitamente prohibir la previa censura, establecer los principios rectores y las prohibiciones en los contenidos de la publicidad oficial.
Además de informar a la población sobre los trabajos del gobierno de formar clara y oportuna, deben transmitirse en formatos y versiones accesibles para las personas con discapacidad, deben difundirse en la lengua o lenguas correspondientes con las comunidades indígenas a las que se dirigen, se deben prohibir contenidos engañosos o presentar información noticiosa, como propaganda política, debe quedar prohibido explícitamente la publicidad en cubierta y bajo ninguna circunstancia la publicidad oficial debe promover logros de funcionarios o de gobernantes.
Asimismo, propongo la edición de un título sexto en el que se establecen la creación y las funciones del Consejo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial como un órgano de vigilancia social, autónomo, que permite el monitoreo exhaustivo de la asignación de esa publicidad y funcione como un verdadero contrapeso al poder del gobierno, en beneficio de los derechos de la población.
Les exhorto comedidamente a discutir y a aprobar las presentes reservas. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas a los artículos 1, 2, 2 Bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Bis, 8 Ter, 9, 10, 11 párrafo primero, 12, adición de un Título Sexto a los artículos 46, 47 y 48. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presente su propuesta de modificación el diputado Adán Pérez Utrera, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Las reservas que presento son a cuatro artículos pero haré todas en una sola exhibición.
La reserva al artículo 2 es para adicionar un segundo párrafo, a fin de evitar procedimientos consistentes en aprobar de manera unilateral por la Secretaría de Hacienda el incremento del presupuesto destinado a comunicación social, sin el conocimiento, y desde luego, sin la aprobación de esta Cámara de Diputados.
La reserva al artículo 7 es para que dicha ley sea aplicable a cualquier campaña de comunicación social con recursos públicos que sea transmitida en territorio nacional, toda vez que la redacción actual va más allá de la jurisdicción que el Estado mexicano contempla que se pueden hacer campañas en el extranjero.
La reserva al artículo 18 es para eliminar de su redacción que los entes públicos federales puedan destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales.
La reserva al artículo 45 es para adicionar un segundo párrafo a fin de otorgar mayor celeridad a la investigación de los posibles casos de violación a la presente ley, con el objetivo de avanzar de manera inmediata en el pronto esclarecimiento, además de contemplar el resarcimiento del daño y la rendición de cuentas.
Es lamentable que los principios que deben regir las políticas de comunicación social de los tres órdenes de gobierno que el carácter institucional, que debe animar a dicha comunicación social en contraposición al uso personal de la publicidad oficial, y que los fines informativos educativos en orientación social que se deben perseguir no se cumplan ni sean previstos en este ordenamiento.
En Movimiento Ciudadano estamos a favor de que se regule la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación, porque estamos ciertos de que es una necesidad apremiante para evitar el derroche de recursos públicos, que pueden ir destinados a atender a demandas más sentidas de la población y para evitar la inequidad en las contiendas electorales.
Basta señalar que tan solo en los primeros 4 años de su gobierno el presidente Peña Nieto gastó 36 mil millones de pesos en publicidad oficial, cifra que representa 71 por ciento más de lo que le aprobó esta Cámara de Diputados. Ya se olvidó de que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil millones para publicidad oficial.
A pesar de ello, el gobierno federal rebasó esa cifra por un monto de 15 mil millones de pesos adicionales. Se ha venido gastando aproximadamente 24 millones de pesos al día, es decir, más de un millón de pesos por hora en medios para expresar supuestos logros que en su mayoría no existen.
Es necesario dejar constancia de que nuestro grupo parlamentario presentó en tiempo y forma una iniciativa para limitar el gasto del gobierno en comunicación social, lo cual es lamentable que no se haya retomado estas propuestas sensibles e importantísimas, en este dictamen que se nos presenta hoy.
Movimiento Ciudadano propuso topes al gasto en comunicación social de los gobiernos federal, estatal y municipal, en función de sus respectivos presupuestos. Este dictamen no lo hace.
Movimiento Ciudadano planteó que ningún ente público pueda destinar más del 10 por ciento de su presupuesto en comunicación social en un solo medio de comunicación. Este dictamen no establece ninguna restricción o límite al respecto.
Movimiento Ciudadano propuso que una instancia colegiada y autónoma denominada Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental diera seguimiento al gasto en comunicación social. Esta propuesta de ley opta porque sea la Secretaría de Gobernación y sus símiles a nivel estatal las que administren y den seguimiento al gasto en comunicación social, para que así se influya en la definición de los medios de comunicación contratados. Como dijo mi coordinador, es la Iglesia en manos de Lutero.
Movimiento Ciudadano planteó sanciones que van desde la imposición de multas, pasando por la inhabilitación de los servidores públicos que infrinjan la ley, hasta llegar a la imputación del delito de peculado para que el servidor público que utilice recursos con fines de publicidad personalizada, este dictamen no establece esas sanciones.
Movimiento Ciudadano propuso no aumentar el gasto de comunicación social en año electoral. Esta propuesta tampoco lo contempla. Esta ley, solo propicia que la política de gasto en comunicación social, canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y restrinja a los medios críticos. Se trata de imponer un efecto silenciador.
El dictamen presenta una clara ausencia de vocación democrática. Asfixia los puntos de vista disidentes y no fomenta el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público.
Hoy se manda un mal mensaje desde esta Cámara. De nueva cuenta se le arrodilla a los chantajes de unas empresas que no solo ponen presidentes, gobernadores o legisladores, sino que son determinantes entre lo que se informa y lo que se oculta. Vivimos en el imperio de la mediocracia.
Por eso termino señalando y dejando constancia de que la libertad de expresión se verá afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas a los artículos 2, adición de un párrafo; 7, párrafo primero; 18, párrafo primero; 45, adición de un párrafo. Por el diputado Adán Pérez Utrera.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y en consecuencia se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna, para presentar su reserva, la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Someto a consideración del pleno, reservas al dictamen, a los artículos 3, 4, 14 y el 27.
La reforma constitucional en materia electoral publicada el 13 de noviembre de 2007, buscó generar condiciones de equidad en la competencia política y evitar que poderes económicos o gubernamentales interfirieran indebidamente en el proceso democrático, como ocurrió en la elección presidencial de 2006 donde PAN y PRI utilizaron a las instituciones del Estado para generar odio, sembrar miedo, evitar la manifestación libre de la voluntad popular. Eso que no se nos olvide.
Así fue que se estableció la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos son influir en la equidad de la competencia electoral el carácter informativo, educativo y cultural de la comunicación social. La prohibición absoluta al uso de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos y la obligación del Congreso de la Unión para adecuar las leyes secundarias en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación del decreto.
Sin embargo, se modificó el Código Electoral y lejos de fijar obligaciones precisas que eviten la afectación a la equidad en la competencia, garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la prohibición del uso de imagen de servidores públicos, estableció una excepción a este mandato constitucional, y dice: Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social no serán considerados como propaganda. Y ahí estuvo la puerta abierta.
Es decir, los servidores pueden contratar publicidad donde incluyan su imagen, se afecte la equidad y desvirtúen los fines de la publicidad establecidos en el 134 constitucional cuando se trate de su informe anual de gestiones.
Ello y la ausencia de regulación sobre publicidad, abrió las puertas y las ventanas a la utilización indiscriminada e inconstitucional del uso de recursos públicos para promocionar gobernadores, legisladores y al presidente de la República.
Este marco regulatorio posibilitó la intervención de Peña Nieto con la inyección de miles de millones de pesos al gobierno del estado de México en las televisoras. Esto permanece intacto. Al establecer este dictamen, la misma excepción, se continúa. Por ello proponemos en esta reserva que la difusión de informes sólo se podrá efectuar en los tiempos oficiales, es decir, no pueden erogarse recursos públicos para su promoción.
Dos. Establecer que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público como lo establece la Constitución, y
Tres. Que se fijen las cualidades de los informes de los servidores, los cuales estarán obligados a poner a disposición de las y los ciudadanos, información precisa y pormenorizada del cumplimiento de sus obligaciones legales en un lapso de tiempo determinado, relacionada con indicadores claros, públicos y datos abiertos.
Rendición de cuentas no es propaganda ni fotos de funcionarios. La propaganda gubernamental no es sinónimo de derecho a la información, todo lo contrario. Se engaña y se pretende construir ficciones mediáticas para cambiar la percepción de la realidad.
Para Peña Nieto y todos los gobernadores y alcaldes del PRIAN y sus rémoras, la propaganda es como el espejo de la bruja de Blanca Nieves, sólo sirve para crear una ficción efímera cuando se fomenta el culto a la personalidad.
Por eso queremos, proponemos a este pleno que se establezca de manera clara que en ningún caso, como lo marca el 134, debe haber inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público y mucho menos con recursos que son del pueblo. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas a los artículos 3, 4, fracciones II, VI, X y XIII, artículo 14, párrafo segundo, y adición de un párrafo tercero y recorrer los subsecuentes, artículo 27, 28 y 29, presentados por la diputada Ernestina Godoy Ramos.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Continúa con el uso de la tribuna, el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar sus reservas, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Está por terminar esta legislatura y revisamos lo que ha sido la práctica parlamentaria. Venimos aquí a discutir, a presentar reservas, dice: no, ya hubo tiempo suficiente para discutir, presentamos argumentos, propuestas, y el PRI sistemáticamente las vota en contra.
Los que se quedaron aquí, pues ya no van a ser candidatos. Muchos va a ser la última vez que sean diputados federales o legisladores federales, será una etapa de sus vidas que profesionalmente recuerden siempre. Y va a ser una vergüenza que le digan a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, que cuando fueron diputados federales nunca se les hizo que valía la pena cambiarle una coma a un dictamen –a algo de lo que votaban– que cuando se subía alguien aquí decía: oigan, es un exceso que se gasten 10 mil millones de pesos en publicidad oficial sin controles, sin un padrón de medios, que ninguna de esas cosas les movió la conciencia.
Que en todos decidieron votar igual que les pidió su coordinador, que en todo decidieron disciplinarse, que nunca pudieron tener un criterio propio para decir: oiga, coordinador, yo sí me quiero subir a presentar una reserva porque este es un tema que me duele, este es un tema que duele al estado donde yo nací. Eso es lo lamentable, eso es lo que va a llegar a su fin.
Por eso, a diferencia del 2006 van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores porque la gente les dejó de creer, porque los vieron hacer lo que hicieron con el gasolinazo, porque los vieron hacer lo que hicieron en cada cuestión importante que se debatió en esta Cámara y dijeron: esos no nos representan.
Si no se dan cuenta de eso, de nada habrá servido que hayan pasado por aquí. Miren, hay muchas cosas que están mal en la ley, un límite que tiene que haber para la cantidad de dinero que se invierte en publicidad oficial en el artículo 18.
En el artículo 18 también tiene que tener expresamente prohibido que se dedique más del 10 por ciento para uno de los medio de comunicación. No puede ser que se concentre el dinero público. Ustedes lo han sufrido, algunos han sido alcaldes, algunos han sido secretarios en sus estados.
Es increíble lo que le tienen que dar a los medios de comunicación para que hablen bien de ustedes. Están muchos casos, muchos han sufrido estas ofensivas mediáticas por no darle dinero a los medios de comunicación y es injusto porque saben ustedes que con ese dinero se podría hacer una escuela, se podría hacer un puente, se podría beneficiar a programas sociales.
También tendría que haber en la ley criterios. Bajo ¿qué lógica un gobierno decide asignar a un periódico sí y a otro no? Circulación, viraje, calidad, lectores, encuestas. Bueno, hay muchas prácticas internacionales bajo las que se deciden este tipo de decisiones.
Aquí es discrecionalidad, al que más pega, al que peor se porta. Yo he visto candidatos de todos los partidos sufrir la inclemencia de campañas mediáticas, de linchamientos en su contra por no estar regulados. Esto es lo que nos debería de unir para protegernos como servidores públicos entre todos, para proteger el oficio, para proteger a lo que nos decidamos, que es la profesión política, que es la salvaguarda de la esfera pública.
En lugar de eso nos comportamos como empleados de los poderes fácticos, como empleados de los presidentes de nuestros partidos o de los gobiernos que nos traen aquí, y no podemos generar un criterio que nos diga cómo regulamos este tema de la publicidad oficial, del despilfarro de recursos públicos que tanto ha lastimado a México. Y lo decía aquí el diputado Soriano, ni siquiera es efectivo.
Nuño canceló el programa de formación inicial que en la Comisión de Educación pedimos, exigimos 500 millones de pesos formar profesores, se lo metió a medios de comunicación y le dieron los medios una cobertura extraordinaria a Nuño y a Meade. De agosto a diciembre le dieron más de mil millones de pesos en notas, según los reportes, los estudios que ha publicado El Financiero, y prácticamente solo notas positivas a Nuño y a Meade.
Ahí están las encuestas, peleándose el cuarto lugar, la votación más baja en la historia. Porque eso no va a sustituir lo que están haciendo aquí, porque hoy hay redes sociales, como ya se dijo aquí, hay otros medios de información y porque hoy la ciudadanía está despertando.
Es una lástima que uno de los últimos legados que dejemos como Poder Legislativo sea la aprobación de esta ley. Ojalá hubiera la sensibilidad para dar una discusión que esté a la altura del puesto que representamos y de lo que juramos cumplir y hacer cumplir hace tres años que juramos ser diputados federales y representantes de la nación.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas a los artículos 3, 4, 9, 11, 14, 17, 17 Bis, 17 Ter, 17 Quáter, 17 Quintos, 17 Sextus, 18, 21 párrafo primero, 35, 26 y 37, presentadas por el diputado Jorge Álvarez Maynez.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, para presentar su reserva, por el Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, presidente. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, no estoy en contra de que se legisle en materia de publicidad gubernamental y a que se cumpla con la sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la expedición de una Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 134 de nuestra Carta Magna, estoy en contra de que su aprobación haya tenido que ser de esta forma, ya que la ausencia de legislación no fue por falta de voluntad política de nosotros, sino que el PRI tiene secuestradas las iniciativas que realmente valen la pena, las tiene secuestradas en las comisiones y este secuestro se debe a que siguen las órdenes del Ejecutivo federal.
Ustedes no conocen la separación de Poderes, al contrario, durante toda esta legislatura han sido sumisos al Poder Ejecutivo federal y se han aprobado leyes como esta, donde no quisieron escuchar a la sociedad civil ni sus opiniones.
Si bien es necesario legislar en la materia de comunicación social, lo cierto es que no debe ser en los términos que propone el PRI, por lo que presento reserva para modificar el artículo 17 del dictamen a discusión, con la finalidad de imponer el uso racional y proporcional de los recursos públicos que ejercerá el Estado para la contratación de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, mismo que se propone que sea el 0.15 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal correspondiente.
Asimismo, en dicho artículo, se propone distribuir la proporcionalidad del tiempo que ejercerá el Poder Ejecutivo federal respecto del Poder Judicial, ya que como se encuentra en el texto del dictamen, es de 40 por ciento para el Poder Ejecutivo contra el 10 por ciento del Poder Judicial, por lo que se propone quitarle un 5 por ciento al Poder Ejecutivo y transferirlo al Poder Judicial para que quede con un 15 por ciento que resulta proporcional al que ejercerá cada Cámara del Congreso de la Unión. Cabe destacar, que esta propuesta está estrictamente vinculada con el equilibrio de Poderes de la Unión, por lo que es constitucionalmente legal y correcto hacerlo.
Por otro lado, tan contradictorio es este dictamen que tiene errores de técnica legislativa, como lo es el manejar demarcaciones territoriales en lugar de alcaldías de la Ciudad de México.
Omitieron analizar que esta ley que están por aprobar entrará en vigor en el año 2019 y que la reforma política de la Ciudad de México será vigente para esa fecha, por lo que no tiene razón de ser el seguir llamando demarcaciones territoriales en esta legislación, tal y como hace en los artículos 4, 33 y 38 del dictamen a discusión, por lo que se propone su modificación para llamarlas alcaldías. Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas a los artículos 4, fracción III, párrafo tercero, 17, 33, párrafo III, y 38, párrafo segundo, presentadas por la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la voz la diputada Cecilia Soto, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva hasta por tres minutos.
Tenemos en el recinto la presencia de las personas del grupo Fuerza Morelense, invitados por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Estimados colegas y público que nos sigue a través del Canal del Congreso. Esta ley incumple, este dictamen incumple lo mandatado en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, que dice: el Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones tal y tal, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134, pues esta ley no reglamente, esta ley da manga ancha a la Secretaría de Gobernación para hacer y deshacer en materia de gasto y publicidad gubernamental.
Y ya tenemos dos ejemplos muy recientes, no de 2006, de 2018 y de 2016 en cuanto al mal uso de la propaganda gubernamental. Comienzo con el caso de las elecciones en Chihuahua, donde el gobernador, el ex gobernador prófugo, César duarte, pagó a Televisa, enemiga del actual gobernador, Javier Corral, pagó para incesantemente atacarlo a través de las pantallas de Televisa, pero no les valió.
Tenemos también el caso reciente del uso de la Procuraduría General de la República en contra del candidato Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y el uso de más de 27 planas en el periódico Universal para plantar esta calumnia en contra del candidato frentista.
Lo que propuso el Partido de la Revolución democrática en su iniciativa de ley, en sus observaciones al dictamen, era precisamente cumplir con lo que nos ordena el tercero transitorio, que es reglamentar.
Es por eso que proponemos una modificación de los artículos 4, fracción VII; 35, 36 y 37 con respecto al padrón. Además de plantear que el padrón no debe estar en manos de la Secretaría de Gobernación, porque eso es ser juez y parte, debe estar en la Auditoría Superior de la Federación.
Planteamos un reglamento que es exactamente lo que nos ordena la reforma constitucional. Por ejemplo, que el padrón nacional, los padrones de las entidades federativas deberán contener las tarifas bajo las cuales ofertarán sus servicios y que no se podrá contratar fuera de esas tarifas.
Que el padrón será de carácter totalmente público. Que las entidades federativas tendrán que acordar con la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de su padrón.
Que los contenidos de los padrones se mantendrán accesibles a todo ciudadano en el portal de Internet. Es decir, reglamentamos.
Después, en la adición al artículo 38 Bis, fortalecemos las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el ejercicio en materia de comunicación social y propaganda. En específico, recibir de las dependencias y entidades de la administración pública el contenido de sus proyectos de programa anual de trabajo, y emitir las observaciones conforme a los lineamientos.
No violar ese programa de trabajo, a menos que sea una cuestión de emergencia. No modificarlo porque llegó un candidato que no les gusta. Vigilar el estricto cumplimiento del programa anual y ordenar a los sujetos obligados a la modificación y el retiro, según corresponda, de la propaganda que no cumpla con las disposiciones de ley.
Promovimos también, como venía en nuestro proyecto original, la adición de los artículos 22 Bis y 3o.
Es muy importante plantear a las valientes organizaciones de la sociedad civil –porque a nosotros sí nos gusta la sociedad civil–, plantearles a estas organizaciones que no pudimos en nuestra iniciativa crear una institución con autonomía porque esto tiene que ser una modificación constitucional.
Es por ello que proponemos un Instituto de Comunicación y Publicidad Gubernamental como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. A partir del primero de septiembre, cuando haya una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, podremos proceder a reformas constitucionales que permitan crear un órgano autónomo.
Es por ello, compañeros diputados, que el Partido de la Revolución Democrática propone estas reservas para moderar la capacidad del Estado de influir y manipular usando recursos que no le corresponden, porque son recursos del pueblo, son recursos públicos. La opinión pública. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite a discusión las reservas presentadas de los artículos 4, fracción VII; 20 Bis, una adición; 20 Ter, una adición; 22 Bis, adición; y 22 Ter, adición.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la voz el diputado Rafael Hernández Soriano, para presentar su reserva, hasta por tres minutos, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con el permiso de la mesa. Las reservas que me traen a la tribuna las hemos agrupado en dos temas. El referente a las facultades para recibir planes anuales de las dependencias y entidades de la administración pública. Recibir del Ejecutivo federal el proyecto anual de presupuesto y también el integral de la administración pública federal. El vigilar el cumplimiento de estos dos programas y proyectos de presupuesto y vigilar que los sujetos obligados cumplan con sus contenidos.
Actualmente esas facultades las realiza en el ámbito de sus funciones, la súper Secretaría de Estado, que se llama Secretaría de Gobernación. Que no puede. No puede porque no vigila, no supervisa y no sanciona. Como no puede con otras tareas como la de seguridad pública y siguen sumándole facultades.
Por eso nosotros proponemos que sea la Auditoría Superior de la Federación, quien se encargue de estas tareas, de recibir, de registrar, de supervisar el cumplimiento y, en su caso, de aplicar sanciones. Es algo muy lógico que la propuesta minimalista del PRI no integra, aunque lo han venido a sostener aquí, no lo están integrando. Están manteniendo estas funciones en la Secretaría de Gobernación.
El otro tema que agrupamos en estas reservas es el referente al Presupuesto. El presupuesto no puede hacerse o no puede continuar acordándose en forma discrecional como se hace actualmente, tanto en su determinación por la mayoría legislativa como en su aplicación, modificación, como lo hace Gobernación y la Secretaría de Hacienda, con sus resultados facciosos que en la mayoría de las ocasiones solamente favorece al gobernante en turno. Esa ha sido la regla.
El Presupuesto que proponemos nosotros tiene característica que obedecen a principios constitucionales. Que sea acordado previamente, que tenga un tope máximo, que no pueda modificarse al infinito, que haya límites de contratación en los medios para que no se favorezca solamente a los afines al presidente de la República o al gobernante en turno, y también que se elimine todo vicio de interés, porque resulta que los funcionarios públicos, los presidentes municipales, los diputados federales, los locales, aparecen con medios de la noche a la mañana o algunos empresarios de los medios de comunicación reciben en contraprestación la contratación de los gobernantes en turno, candidaturas, entre otras.
Ese conflicto de interés debe de acabarse y es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo que se atienda a la resolución de la Corte que sí dio principios ordenadores, no como aquí ha venido a sostener la mayoría priista. Sí dio principios ordenadores y eso está en la Constitución y en las leyes, y tenemos que cumplirlos.
Dicen –termino con esto– que en la propuesta que están presentando, que a mi juicio es de minimalismo legislativo, obedece a principios legales y constitucionales. Nada más falso. Yo los conmino a que tan solo acepten una de las reservas que se están presentando aquí, si es que ustedes tuvieran razón y que es una propuesta de avanzada que es la vigencia.
No engañen al público pretendiendo que entre en vigencia hasta enero de 2019 viniendo a sostener a esta tribuna de que tiene muchas virtudes la misma. Desde luego no las tiene. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admites a discusión las reservas de los artículos: Adición del 30 Bis, adición del 30 Ter, adición del 30 Quáter, adición del 30 Quintus, 35, suprimir el 36, suprimir 37, la adición del 38 Bis, presentadas por el diputado Rafael Hernández Soriano. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos para presentar su propuesta de modificación.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Muy buenas tardes. El día de hoy estamos discutiendo justamente la Ley de Comunicación Social. Sesenta mil millones de pesos son los que ha gastado el presidente de la República en su imagen.
Aquí varios de mis compañeros han pasado a decir que debemos de darle cumplimiento al mandato de la Corte. Yo también les pediría a todos ustedes que le demos cumplimiento a la ciudadanía que está allá afuera esperando resultados de nosotros.
Sesenta mil millones de pesos que bien alcanzarían para 9 millones de viviendas básicas, 60 mil millones que alcanzarían para 10 millones de computadoras para estudiantes, 254 hospitales o el gasto corriente del municipio en donde vivo durante mil años.
Esto no lo van a decir los medios tradicionales porque obviamente al gobierno no le conviene. Durante los tres años de esta Legislatura sesionamos cada año aproximadamente entre seis y siete meses. Dentro de estos meses dos veces a la semana, escasamente, entre 5 y 6 horas en estos días.
Es decir que por ello no nos da tiempo de discutir todo este tipo de leyes, y no nos deberían de estar presionando otras instituciones, sino debimos de haber hecho una ley de acuerdo y a la altura que se merecen los ciudadanos.
Por ello es por lo que los diputados ciudadanos por supuesto que estamos a favor de darle cumplimiento, pero también estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas.
La legislatura está reprobada en productividad. No lo digo yo sino son datos duros y las cifras estadísticas que en base a su análisis nos refieren que no estamos trabajando en favor de la ciudadanía, pero sí de los intereses de unos cuantos.
Esta Legislatura será recordada como la que sirvió a la Presidencia y coadyuvó para no hacer lo correcto.
Hoy, se propone a discusión el dictamen a la Ley General de Comunicación Social, y como era de suponerse, por las prisas, se olvidan de esencias que dejan entre ver los intereses que esta esconde.
Para no irme larga en esta intervención, propongo la modificación al artículo 4o, fracción X, y artículo 20, en el sentido de que no puede existir ninguna entidad que afecte la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores del gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal y como reafirma la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, a esta propuesta de ley se le olvidó atender el artículo 3o. de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, segundo párrafo, que indica que, las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emita la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley y el Reglamento.
En el caso de los poderes legislativo y judicial, y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes. Como se puede apreciar en dicho texto, en ningún caso puede existir una entidad administradora del gasto de entidades y dependencias del ámbito federal, estatal o local.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no contiene estas atribuciones administradoras que se propone a la Secretaría de Gobernación, que dicho sea de paso, ha hecho muy poco en su labor en temas de seguridad pública
Mi propuesta es modificar el concepto de entidades administradoras por entidades facilitadoras que coadyuven en la regulación y administración del gasto en materia de comunicación social.
Finalmente, quiero expresar que la forma en la que actúan algunos de las y los legisladores de esta Cámara de Diputados, es reflejo que las leyes en México se arman para que se cumplan caprichos y no para que realmente atiendan necesidades que priocen al manejarse recursos públicos como lo son la transparencia y la rendición de cuentas.
Estas dos acciones que son continuamente incumplidas por el gobierno federal...
El presidente diputado Edgar Romo García: Concluya, diputada.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: ... y dependencias públicas. No se preocupen, ya vamos a terminar. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas a los artículos 4, fracción X y XX presentadas por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna para presentar su propuesta de modificación, la diputada Laura Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Gracias, presidente. Solicito a la Presidencia y a la Secretaria, al final de mi participación pueda someter a votación individual cada una de las reservas, ya que atienden temas diferentes.
Una servidora presenta para consideración del pleno nueve reservas a los siguientes artículos: artículos 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 31 y el artículo 43. La mayoría de ellos son en relación con temas que hemos defendido a lo largo de algunos años, y me refiero a que en esta Ley de Comunicación Social, la cual debemos regular como Cámara de Diputadas y Diputados, debe tener una visión transversal de los derechos humanos, y específicamente los derechos humanos de las mujeres.
Las diferentes reservas que una servidora somete a su consideración son relacionadas precisamente con visibilizar en dicha ley, en cada uno de sus diferentes artículos reservados, la importancia de los derechos humanos de las mujeres en dicha legislación, y también uno de ellos señala la obligación de que se atienda la salud pública en este tema de comunicación social, dado el compromiso que debe tener el Estado mexicano en garantizar mejores condiciones de salud, pero también derivado de los graves temas que se tienen en indicadores que afectan contra la salud de las mexicanas.
Otra de las reservas, en específico la reserva al artículo 8, habla de la obligación de las entidades o entes públicos que van a contar o que son sujetos obligados de esta ley, para que se promuevan campañas no solamente de educación y de turismo, sino que las campañas que se promuevan sean de derechos humanos de las mujeres, que contribuyan a la erradicación de la violencia contra ellas, pero también para la erradicación de la trata de personas.
Actualmente no existe una sola campaña a nivel nacional en medios públicos y en medios privados, que atienda la violencia contra las mujeres.
El tiempo oficial, el tiempo del Estado, no debe estar ajeno a esta problemática. Esa es la reserva o una de las nueve reservas que una servidora somete a su consideración y que me parece la más destacable, porque no podemos regatearle nada a las mujeres cuando se trata de derechos, porque no podemos decir que hoy sí estamos a favor de los derechos de las mujeres y que mañana no estamos a favor de que estos sean no incluidos, que sean respetados, porque los derechos no se otorgan, los derechos deben ser respetados.
En relación con el dictamen en comento, quiero hacer un reconocimiento público a cada una de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que han colaborado con diferentes grupos parlamentarios. Lamento mucho que su voz no sea escuchada por los representantes de la nación, lamento mucho que las organizaciones como Fundar, como Artículo 19, Medios Libres, Revista Proceso, Sin Embargo, México Evalúa y Borde Político, no hayan encontrado legisladores a la altura que esta nación demanda. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputada. Daremos continuación al desarrollo de la sesión, tal cual lo veníamos haciendo desde el inicio, en los mismos términos del procedimiento legislativo. Por favor, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas a los artículos 4, fracción X; 5, párrafo primero; 8, fracciones I y II; 9, fracción II; 10, 16, 17, 31, adición de un párrafo, y 43, párrafo primero, presentadas por la diputada Laura Plascencia Pacheco. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna, para presentar propuestas de modificación, el diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo David García Portilla: Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para presentar reserva a los artículos 4o., 7o., décimo octavo, vigésimo cuarto, número 41 y sexto transitorio, todos ellos de la ley que hoy discutimos, la Ley de Comunicación Social, que es un vínculo entre ciudadanía y gobierno, porque si la forma en que nos comunicamos determina la calidad de nuestras vidas, la comunicación social define la calidad de nuestra democracia, pues es el canal de información entre gobierno y ciudadano.
Por eso, en tanto legisladores tenemos la responsabilidad de dotar al país de un marco jurídico que establezca reglas más claras a la comunicación, subraye su utilidad social y garantice la equidad entre todos los actores públicos.
En suma, nos corresponde dar certeza a la ciudadanía sobre la contratación y gasto en esta materia, una demanda de esta Cámara, un compromiso frente a la ciudadanía y una responsabilidad que hoy acudimos. Es una ley para beneficio de los mexicanos.
Por ello, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI aprobaremos esta ley, que permitirá transparentar las relaciones entre autoridades y medios de comunicación en forma clara, englobar cualquier tipo de propaganda o información gubernamental oficial bajo el concepto de comunicación social, a fin de evitar que nadie, absolutamente nadie evada la ley. Asegurar que existe equidad en las contiendas electorales, evitando que la comunicación social puede influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos.
Reducir el gasto en comunicación social en todos los órdenes de gobierno. Garantizar el respeto a la libertad de expresión, tanto para la manifestación de las ideas como del derecho al acceso a la información. Medir la eficacia y eficiencia, control en el uso de los recursos públicos. Y establecer sanciones para todos aquellos servidores públicos que no acaten lo dispuesto por esta ley.
En suma, estableceremos más controles democráticos sobre la contratación y mejor vigilancia del gasto de comunicación social, sin necesidad de crear nuevos órganos que solo impliquen más burocracia y más gasto público. Por ello, será confianza entre ciudadano y gobierno lo que impulsaremos.
Compañeras y compañeros, conscientes de que la confianza genera confianza, los legisladores tenemos la responsabilidad de promoverla en cuanto a la comunicación oficial, asegurando que cumpla con su finalidad social y que con esa misma confianza se cree en un lazo más cercano entre las autoridades y una ciudadanía más y mejor informada.
Hoy cumpliremos con la nación, cumpliremos con el Estado de derecho y cumpliremos con las ciudadanas y los ciudadanos de este país. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas a los artículos 4, 7, 18, 24, 41 y sexto transitorio, por el diputado Ricardo David García Portilla. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se admite a discusión. No tenemos registrados oradores para la discusión de la propuesta de modificación, por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si acepta la modificación presentada por el diputado Ricardo David García Portilla.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación a los artículos 4, 7, 18, 24, 41 y sexto transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se acepta y se reserva para su votación en conjunto, con las modificaciones aceptadas. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su reserva.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. ¿Cómo creerles en la supuesta buena voluntad de respetar el derecho a la información? ¿Cómo creerles si vivimos en un país catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el derecho a la libertad de expresión?
¿Cómo creerles si en el gobierno panista de Felipe Calderón asesinaron a 48 periodistas, desaparecieron 15 más y se registraron mil 92 agresiones a reporteros?
¿Cómo creerles si en este sexenio priista de Peña Nieto van 41 periodistas asesinados, 4 desapariciones y mil 986 agresiones?
En el ejercicio del poder público comunicar es gobernar, pero en este gobierno la comunicación es sinónimo de negocio, opacidad y represión.
Es lamentable que discutamos una ley de suma importancia porque nos obliga una sentencia de la Suprema Corte y no por convicción, por conveniencia y por necesidad. No ha sido una cuestión de voluntad regular la publicidad gubernamental, por la serie de intereses que existen detrás y el uso discrecional que se hace de los mismos recursos.
Estamos frente a una simulación apurada por cumplir una sentencia de amparo. Eso debe quedar bien claro, no se nos debe olvidar que esta soberanía no ha cumplido su obligación de legislar en tiempo y forma esta ley, a pesar de haber iniciativas que fueron presentadas por integrantes de esta soberanía.
Se ignora en esta legislación los mínimos irreductibles, que no están considerados de manera adecuada y otros son ignorados completamente. No hay límites para el derroche del gasto en publicidad oficial, lo que se convierte en un verdadero negocio y sin criterios de transparencia.
No se cuenta con un enfoque de derechos en la comunicación del gobierno como obligaciones precisas para evitar mensajes discriminatorios, sexistas o que fomentan el odio.
Tampoco hay restricciones suficientes para evitar la promoción de servidores públicos y se deja a discreción hacerse propaganda. Es un dictamen para simular que estamos cumpliendo con una obligación que este Congreso de la Unión no ha sido capaz de hacer.
Al contrario, estamos legislando para permitir los excesos en gastos de publicidad que sin ningún recato se han venido realizando en los tres últimos sexenios del PRIAN. Ahí están las cifras. En el gobierno de Peña Nieto se han gastado 71 por ciento más del presupuesto autorizado por esta Cámara de Diputados.
Aquí decía en tribuna un diputado que para eso estamos. Claro, nos toca aprobar el presupuesto, pero el Ejecutivo lo cambia, como es en este caso que se aprueban 21 mil 900 millones de pesos por esta Cámara, pero se ejercen 36 mil 261 millones. Es decir, una diferencia de 15 mil millones de pesos.
Pero no es exclusivo este afán de derroche, ya que con Vicente Fox se destinaron 16 mil 324 millones, mientras con Felipe Calderón fueron 32 mil 867 millones de pesos. ¿Cómo creerles, entonces, que quieran legislar en gastos de publicidad del gobierno?
Por ello Morena propone con mucha claridad que el gasto de comunicación social de todo ente público, no puede exceder el equivalente del 5 por ciento de su presupuesto total y para evitar su abuso establecer que bajo ninguna circunstancia se realizarán modificaciones a los recursos aprobados en los Presupuestos de Egresos por los órganos legislativos para este rubro.
Debemos evitar ese derroche que no solo es un exceso, es un cinismo que ocupen esas cantidades de dinero cuando hay tanta pobreza, hambre y desempleo en este país que han gobernado y que muy pronto dejarán de hacerlo. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea, si se admite a discusión las reservas a los artículos 5, incisos h), i), adición de incisos j) y k) y suprimir párrafo segundo; y artículo 18, adición de un párrafo tercero y recorrer los subsecuentes. Presentados por la diputada Maricela Contreras Julián.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva hasta por cinco minutos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Amigos, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Hay que destacar los acuerdos y creo que si en algo estamos de acuerdo todos los presentes, es en los principios rectores que deben estar detrás de la comunicación social.
Y digo yo: de qué sirve establecer y fijar en la ley el respeto al derecho a la información. De qué sirve fijar el respeto a la libertad de expresión, si estos derechos no están regidos por un principio superior que guíe su camino. Es por eso que vengo muy respetuosamente a proponer que haya una adición al artículo 5 de la Ley de Comunicación Social, para que se agregue el principio de veracidad.
Es ocioso pretender que las autoridades publiquen y anuncien lo que hacen si no son apegadas a la verdad. Y en un México tan carente de verdades. En un México inundado de mentiras y simulaciones, creo que el mejor mensaje que podemos dar en esta tarde, independientemente de lo que ya se ha discutido, es agregando el principio de veracidad como un principio rector de todas las disposiciones de esta ley que estamos discutiendo. Lo propongo como un adendum al artículo 5. Gracias y buenas tardes.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva al artículo 5, adición del inciso j), presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, ¿puedo repetir, hubo una confusión?
Disculpen, asamblea, por favor. Voy a repetir la votación, estuvo muy confusa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, secretario. No habiendo oradores registrados, le pido que consulte a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, en forma económica.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 5, haciendo la adición del inciso j), presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se acepta y se reserva para la votación en conjunto con las modificaciones aceptadas. Informo a la asamblea que la diputada Daniela Judith Hernández Flores, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha declinado la reserva presentada, misma que se agregará sucesivamente al Diario de los Debates.
Continúa con el uso de la voz el diputado Abel Cruz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar su propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, presidente. Honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar reservas a los artículos 6, 12 y 18 del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
La primera de ellas, el artículo 6 propone incluir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, como disposiciones aplicables de manera supletoria.
En cuanto a la propuesta de modificación al artículo 12 se propone sustituir el término “capacidades diferentes” por “personas con discapacidad”, ya que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea “personas con discapacidad” o “personas en situación de discapacidad”. Por tanto su utilización se considera el único correcto a nivel mundial.
En consecuencia la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el año 2011, utiliza este concepto, y por lo tanto las demás leyes tienen que ser armónicas con el mismo.
Por otro lado para el artículo 18 del dictamen, se propone fijar que la contratación de tiempos comerciales no podrá exceder el 10 por ciento de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al año fiscal en ejercicio.
Lo anterior porque en Encuentro Social consideramos necesario poner topes a los gastos de propaganda gubernamental. Pues como se ha podido constatar desde hace años, el gasto público para este rubro se ejerce en forma excesiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria, e incluso la publicidad oficial llega a condicionar las relaciones entre medios y gobierno.
Ya dijimos que sin pena no hay sanción. Se propone que sean sujetos de amonestación pública al servidor que difunda campañas de comunicación social contrarias a los deberes que establece en el artículo 8 de la presente ley.
También se propone que se suspenda del empleo, cargo o comisión, hasta que se resuelva en definitiva que el asunto al servidor público que exceda de los límites autorizados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Y finalmente proponemos que las infracciones que procesen en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esperamos, si es que de verdad les interesa legislar en la materia de comunicación social, aprueben esta reserva que le dé un poco de seriedad a esta ley. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas a los artículos 6, párrafo primero; 12 párrafos primero y último, 18; 44, párrafo primero, y adición de un párrafo, presentadas por el diputado Abel Cruz Hernández. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su aprobación y votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Continúa con el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio, para presentar su propuesta de modificación por el Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Presidencia. Pero son 10 reservas, presidente, pero entiendo que llevan prisa los legisladores, trataré de ajustarme al tiempo de cinco minutos.
¿Por qué no aceptar este proyecto de decreto? Ya lo señalé, incumple el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más allá, limita las atribuciones de esta Cámara de Diputados y consecuentemente de la Cámara de Senadores, ya que entiendo, va a ratificar por la mayoría legislativa que tiene el bloque de diputados que aprueba este dictamen.
El mandato es muy claro. Tenemos que legislar el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. ¿Qué dice el párrafo octavo del 134 constitucional? Refiere que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es obligación de esta Cámara reglamentar este párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Y más aún, con el tercero transitorio de la reforma político-electoral de 2014, y entiendo que era parte de la negociación política, el Constituyente Permanente determinó qué condiciones debería de tener esta regulación del párrafo octavo: El Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134, adicionando algunas características; las normas a que deberán sujetarse los Poderes públicos, los órganos autónomos, etcétera.
Garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezca los Presupuestos de Egresos aprobados.
El tercero transitorio agrega algunos requisitos que debe cumplir la reglamentación a cargo del Congreso de la Unión. Con la propuesta que se presenta no se cumple en lo mínimo, porque este dictamen atiende una Ley General de Comunicación Social, el párrafo octavo refiere a propaganda gubernamental, propaganda de entidades autónomas, propaganda en la que se aplique recurso público, no una Ley de Comunicación Social. Nos quedamos mochos en el objetivo constitucional.
Ahora, esta ley tendría que observar principios que están inherentes en la propia Constitución. Artículo 1o, aplicación de derechos humanos progresivos en pro de la persona, universales. Artículo 4o, artículo 6o, transparencia, acceso a la información, son principios constitucionales que son aplicables a cualquier acto legislativo.
Esta Cámara de Diputados está siendo omisa en cumplir con esos principios constitucionales y con el mandato constitucional, y explicaré por qué.
El artículo 1o dice que reglamenta el párrafo octavo del 134, eso es falso. El artículo 2o determina que esta ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, etcétera. Eso también es falso.
La Constitución dice propaganda bajo cualquier modalidad, no comunicación social. Ahí nos quedamos cortos en la iniciativa, y en el artículo 3o señala algunos conceptos fundamentales, pero es omisa. No establece qué son los medios de comunicación públicos, también tienen propaganda gubernamental los medios de comunicación públicos, las entidades tienen canales de radio y televisión de los estados. Aquí no se regula esa parte de propaganda gubernamental.
No establece medios complementarios, vallas, bardas, pendones, que también se utilizan para la comunicación gubernamental, tampoco se regula. Medios emergentes. En un caso de emergencia el perifoneo tampoco se regula.
¿Cuáles son los medios de comunicación pública que deben estar regulados en esta ley? No se especifica y somos omisos.
Hay varias omisiones que se van presentando en este cuerpo legislativo, que se queda corto con la intención de los principios constitucionales. Sistema de sanciones, no existe. Si alguien violenta esta norma, no existe un procedimiento sancionatorio, generamos la impunidad y mantenemos el privilegio de contratación de medios de comunicación social, beneficiando a los mismos medios y perjudicando al gasto público, porque no hay transparencia, rendición de cuentas.
Esta contratación se hará en función del agotamiento del tiempo oficial. Aquí no hay memoria histórica, en 2002, Fox por decreto presidencial recortó el tiempo oficial que estaban obligados las radios y las televisiones a dar al Estado. Los recorta beneficiando a estas empresas, porque hay que comprarles tiempo comercial para dar publicidad gubernamental.
Esta ley se queda corta, esta ley debe ser revisada y reconocería que si Artículo 19 se va a través de una acción de incumplimiento, de un incidente de incumplimiento de la resolución de la Primera Sala, nos obligaría otra vez a sentarnos antes de que termine esta legislatura.
El periodo ordinario termina dentro de 20 días. En 20 días cada quien regresa a su distrito a hacer las actividades ordinarias, se acaba el fuero político y en agosto se termina esta legislatura.
Espero que la Corte revise el cumplimiento de su mandato. No reúne los criterios básicos establecidos en la Constitución para garantizar la regulación de la propaganda oficial, no los programas de comunicación social. Estamos siendo...
El presidente diputado Edgar Romo García: Concluya, diputado.
El diputado Juan Romero Tenorio: Estamos incumpliendo el mandato del Poder Judicial y aún más, estamos incumpliendo un mandato que se estableció en el 2014, en el Tercero transitorio. Ese es el tamaño de la obligación que no cumplimos, es el tamaño de nuestra irresponsabilidad. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas a los artículo 15, 16, 18, 18 Bis, 20, 23, 31, 32, 42 y 43, presentadas por el diputado Juan Romero Tenorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Continúa con el uso de la tribuna el diputado Arturo Álvarez Angli, para presentar su propuesta de modificación, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias. Con su venia, diputado presidente. La propuesta de adición al artículo 19 de la ley, tiene el propósito muy simple de mejorar el mecanismo de vigilancia de los recursos destinados a las áreas de comunicación social del gobierno en los siguientes términos.
Se propone que el artículo incorpore un segundo párrafo que dice: en cuanto a la validación de pauta, los entes públicos deberán monitorear la misma para verificar el cumplimiento de la totalidad de lo contratado, para tal efecto podrán contratar servicios de monitoreo de terceros, diversos a los proveedores o realizarlo por la propia dependencia contratante.
Tal adecuación busca permitir el monitoreo de la totalidad de los contenidos y espacios contratados por las autoridades, al tiempo que obligaría a los entes señalados en la ley, a considerar en su presupuesto de comunicación una partida para que se realice dicha actividad, con esto consideramos que va a reducirse la carga de trabajo para las autoridades que actualmente realizan actividades de monitoreo en los medios de comunicación, como por ejemplo, podemos tener al Instituto Nacional Electoral, además de generar un ahorro y evitar duplicidad en las funciones de monitoreo.
En el mismo sentido, se espera que el monitoreo deba considerarse dentro de la planificación en comunicación social, de manera que los recursos destinados a este rubro siempre se contempla en la contratación del monitoreo, sin que ello signifique un impacto presupuestal posterior.
Los entes públicos deberán hacerse responsables de la entrega total de los productos señalados en los contratos por medio de un monitoreo externo o interno y en el cual deberá existir la constancia de la entrega total de los productos entregados por los proveedores, lo cual cabe señalarse que servirá también para la justificación de los gastos de estas mismas dependencias ante las instancias de fiscalización.
Esta adición al artículo permitirá constatar que el gasto destinado a la propaganda gubernamental o comunicación social sea utilizado única y exclusivamente para los fines establecidos en la ley, evitando que se generen gastos extraordinarios por esta área.
La ley que analizamos tiene, por supuesto, hay que reconocerlo, un gran alcance, además de representar un paso más en la mejora de los mecanismos de gobierno abierto que tanto hemos exigido desde esta tribuna.
Pero consideramos que se puede mejorar con una actividad que ya se realiza y que al considerarse en ley tendrá un fundamento jurídico para que las instituciones de gobierno verifiquen el cumplimiento de los contratos.
Si bien se establece la rendición de cuentas por medio de informes entregados periódicamente y de carácter público, consideramos necesario reforzar el marco jurídico con la adición aquí propuesta.
En resumen, se trata de lograr que las actividades de monitoreo recaigan en el ente gubernamental que contrate publicidad. Lo anterior permitirá que tanto el gobierno como los ciudadanos tengan la certeza de que los recursos se utilicen únicamente en los productos señalados con anticipación en los contratos, combatiendo el desvío de recursos, pues se trata de comprobar que el pago corresponde a la entrega de la totalidad de toda la publicidad.
Es decir, en pocas palabras, estamos de acuerdo con lo que expresan, por ejemplo, en esta primera cartulina que tenemos de este lado, que buscamos una ley general de comunicación social en la que se propone un alto al dispendio y abuso de los recursos del erario y un dispendio y un abuso de los recursos del erario es justamente cuando hace falta claridad y podemos caer e incurrir en la duplicidad de funciones, en este caso, del monitoreo de todos los contratos que se llevan a cabo para espacios de radio y televisión. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite la reserva presentada al artículo 19, la adición de un párrafo, presentada por el diputado Arturo Álvarez Angli. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa (votación).
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Continúa con el uso de la tribuna el diputado Villafuerte García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Villafuerte García: Con el permiso de la Presidencia. La reserva que someto a su consideración consiste en reformar el primer párrafo del artículo 21 del dictamen.
Como todos sabemos, el proceso electoral no solo comprende la etapa de la campaña. Es un sinsentido que el Título II de este dictamen, en su Capítulo IV, denominado De la difusión de la comunicación social durante los procesos electorales, se llame así, cuando el artículo 21 solo habla de campañas electorales.
Por eso, propongo la reforma del primer párrafo de dicho artículo, para que no solo en las campañas electorales sino también en las precampañas, en el periodo de intercampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral se suspenda la difusión de toda campaña de comunicación social en los diferentes medios de comunicación.
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que la falta de reglas claras y transparentes en esta materia constituye un medio de restricción indirecta en la libertad de expresión, violentando así lo dispuesto por los artículos 7 de la Carta Magna y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero no solo eso, el uso irracional de las distintas instancias de gobierno para la comunicación social también es un agravio y una ofensa para la población, que ve cómo miles de millones se despilfarran en tratar de inflar logros o construir una imagen positiva cuando no hay elementos objetivos para ello. En lugar de ser destinados para educación, salud, vivienda y otros servicios públicos necesarios.
Este gobierno federal ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro en la historia del país, casi 2 mil millones de dólares en los últimos 5 años. Pero eso no es todo, el diario estadounidense The New York Times ha señalado que la marca presidencial es capaz de suprimir artículos de investigación, dirigir portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.
A pesar de lo anterior, esta ley que el día de hoy se propone y que será avalada por el PRI, el Verde y Nueva Alianza, no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, se trata de mera simulación porque propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno.
Peor aún, se le da más poder a la Secretaría de Gobernación y a sus homólogas en las entidades federativas para que mantengan un control poderoso sobre los medios de comunicación.
En el PRD estamos en contra del dictamen, porque este estado de cosas tiene un efecto disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de este derecho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 21, párrafo primero, por el diputado Eduardo Villafuerte García.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación, hasta por cinco minutos.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Con su venia, presidente. Estimadas diputadas y diputados, la presente reserva pretende adicionar los artículos 21 Bis y 21 Ter del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Social.
El dictamen que se discute es un retroceso institucionalizado, porque ahora pretende legalizar las campañas de promoción personalizada y se permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales.
Reglamentar el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial, la manipulación de la asignación de los contratos vulnera la libertad de expresión porque se convierte en una forma de un botín de negociación política para premiar o castigar a los medios que incumplan la línea editorial.
Morena ha propuesto cambios de fondo al dictamen, pero en ninguno de ellos ha sido escuchado. Actualmente no existen lineamientos para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, delimitar la propaganda gubernamental y establecer límites en la promoción y publicidad de los programas sociales.
La propaganda gubernamental, particularmente la que se realiza en tiempos electorales, atraviesa por un vacío normativo creado a modo, lo que permite que la actuación de las autoridades administrativas se rija con una actuación discrecional. A lo sumo acota por sentencias del Tribunal Electoral después de meses de investigación por parte de las autoridades electorales y de litigios interminables que hacen que cualquier intento de normarlos sea letra muerta.
El último intento por establecer criterios legislativos fue revisado por el Instituto Electoral Nacional al establecer lo que se llamó cancha pareja. Sin embargo fueron eliminados por el Tribunal Electoral con un celo pocas veces visto.
Para Morena resulta indispensable que esta ley termine con estos vacíos legales que son utilizados para violentar los principios de equidad en la contienda y, peor aún, forma de coacción del voto. Debemos garantizar imparcialidad en el uso de recursos públicos utilizados en la contratación de propaganda gubernamental.
Desde la Presidencia de la República hasta los gobernadores, jefes de gobierno, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como jefes delegacionales y todos los servidores públicos en general, no podrán asistir a eventos en días hábiles –a eventos públicos– para promover el voto a favor o en contra de partido o candidato alguno.
En el caso de informes de labores, no podrán realizarse durante las precampañas, campañas y mucho menos durante la jornada electoral. Además no podrán utilizarse para destacar la imagen de un funcionario.
Los beneficios de los programas sociales y la propaganda gubernamental, no podrán ser entregados en eventos masivos y debe establecerse la prohibición de uso de tarjetas promocionales o publicitarias que representan la promesa de un beneficio posterior.
Pero nada de eso lo contempla el dictamen que aquí se nos presenta. Nos quedamos cortos. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas a los artículos 21 Bis y 21 Ter, presentadas por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Continúa la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, de parte del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Muchas gracias, presidente. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar reservas a los artículos 29, 33 y 35 del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
La modificación que se propone en el artículo 29, consiste en incluir en las solicitudes de campaña, además de los recursos a erogar, el desglose por tipo de tiempo, para así hacer más completo y transparente el proceso y solicitud.
En cuanto al artículo 33 se plantea que la información de las erogaciones referidas al gasto en comunicación social, se registre en el Sistema Público a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de la Secretaría de la Función Pública. Esto por considerar que este organismo es el idóneo, pues es el que cuenta con toda la información presupuestaria y necesaria para el análisis de las erogaciones para el rubro.
Por último el artículo 35 se propone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la Secretaría de Gobernación ya que de acuerdo con la legislación vigente, le corresponde a la Secretaría de la Función Pública vigilar las actividades de los servidores públicos, así como la facultad de determinar la política de compras de la Federación, audite el gasto de recursos federales y coordina a los organismos internos de control en cada dependencia federal, entre otras funciones. Por su atención, muchas gracias y es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas a los artículos 29, fracción II; 33, párrafo primero; 35 párrafo primero, presentadas por la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Se informa a esta asamblea que el diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha declinado presentar su propuesta de modificación.
El presidente diputado Edgar Romo García: En consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos de dictamen, y de aquellos artículos reservados que han sido aceptados para su incorporación en el dictamen correspondiente.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen. Artículos: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, con las modificaciones o adiciones aceptadas por la asamblea a los artículos: 4, 5, 7, 18, 24, 41 y sexto transitorio.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Continúa abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 196 votos a favor, 0 abstenciones, 146 en contra.
El presidente diputado Edgar Romo García: Quedan aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen, y aquellos que fueron incorporados con modificaciones al mismo, por 196 votos a favor.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Notifíquense y remítanse las constancias documentales de esta sesión al Poder Judicial de la Federación, al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en relación con el juicio de amparo 940/2014, así como a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al amparo en revisión número 1359/2015.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban, reservando y separando el dictamen enlistado en el orden del día con el número 39.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se recibió solicitud de licencia del diputado Armando Soto Espino. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Único. Se concede licencia al diputado Armando Soto Espino, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el trigésimo primer distrito electoral del Estado de México, del 9 al 23 de abril del año en curso.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada. Comuníquese. Solicita el uso de la palabra, desde su curul, la diputada Cristina Gaytán, del Grupo Parlamentario del PRD. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Gracias, presidente. Para agradecer a mis compañeros, en particular a la Comisión de Relaciones Exteriores, la aprobación del punto de acuerdo que he presentado, relativo a la Ley SB04 del estado de Texas. Es una ley que atenta claramente contra los derechos humanos de nuestros connacionales en este estado. Agradezco mucho a la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo ha aprobado por unanimidad, y al pleno de esta Cámara de Diputados también el apoyo por aprobarla. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones quedarán registradas en el Diario de los Debates, diputada.
El presidente diputado Edgar Romo García: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Edgar Romo García (16:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 12 de abril de 2018, a las 11 horas.
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