Con proyecto de decreto para prohibir al Ejecutivo federal, incurra en la contratación de nuevos créditos, o renegociación de los actuales pasivos que impliquen acumulación de intereses, o por cualquier vía un incremento de los compromisos en materia de deuda externa, en las condiciones de usura e inmoral y desmedido saqueo económico, presentada por el diputado Héctor Morquecho Rivas, del grupo parlamentario del PPS

«H. Cámara de Diputados:

Haciendo uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Partido Popular Socialista, proponemos una iniciativa de decreto para prohibir de manera expresa al Ejecutivo incurra en la contratación de nuevos créditos, o renegociación de los actuales pasivos que impliquen acumulación de intereses, o por cualquier vía un incremento de los compromisos en materia de deuda externa, en las condiciones de usura e inmoral y desmedido saqueo económico que desde hace tiempo vienen imponiendo a nuestro país el Fondo Monetario Internacional y la banca privada internacional.

El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para "dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismo empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional".

Al ejercer esa facultad, el Congreso asume la responsabilidad de verificar que los empréstitos se den en condiciones tales que no signifiquen perjuicio para la economía nacional ni pongan en peligro la soberanía. Salta a la vista que así como puede dar bases y aprobar empréstitos, también puede retirar bases, rechazar y prohibir la celebración de estos convenios en caso de que a su juicio entrañen alguna amenaza a los intereses superiores de la nación.

La experiencia demuestra que los créditos de origen externo sólo son útiles cuando reúnen las siguientes condiciones.

1) Deben concertarse sin más garantía que el crédito de la nación.

2) No deben obligar a adquirir bienes o elementos en determinado país o mercado para la realización, de obras, cuando se trate de créditos con ese objetivo, ni a venderle los productos resultado de las inversiones.

3) No deben concertase a corto plazo.

4) No deben pactarse a tasas de interés excesivas, ni deben aceptarse el que, durante la vigencia del adeudo, las tasas puedan ser elevadas sin que medie el consentimiento expreso del deudor.

5) No deben excederse de la capacidad de pago de la nación en perjuicio de su desarrollo independiente.

6) Por ningún concepto debe aceptarse, de manera abierta ni encubierta, condición, alguna relativa a la vida financiera, económica, política o social de la nación que limite - aunque sea bajo la apariencia de autolimitación - la libre y soberana capacidad de decisión del pueblo mexicano.

En los últimos meses se ha actuado con extrema ligereza en materia de deuda externa, por parte del Gobierno mexicano. Los créditos contratados en el exterior, sobre todo a partir de 1981, han violado con frecuencia varios de los requisitos señalados, convirtiéndose en negativos por sus perjudiciales resultados para los intereses de la nación y del pueblo.

El Cuarto Informe del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, señala que en política de deuda pública externa se continuará con la misma tónica y finalidad, argumentándose en el cuarto informe que la deuda externa ha sido complementaria, que es complemento de las finanzas internas para el desarrollo, pero la experiencia ha demostrado que dicho endeudamiento es una palanca del imperialismo para dominar y entrampar el desarrollo económico de nuestro país.

El crecimiento acelerado de nuestra economía se sustentó sobre bases insanas y propósitos negativos pero en favor del uso y aplicación del marco teórico económico y social de la burguesía reaccionaria, de la iniciativa de los empresarios desnacionalizados, del partido de la derecha y de sus aliados, los ideólogos del imperialismo norteamericano.

Hasta hoy, de manera ingenua pero profundamente mañosa se reconoce por el gabinete económico neoporfirista del gobierno, que la elevación de tasas de interés de la banca internacional y la baja del precio del petróleo en el mercado mundial, junto a la recesión de los países capitalistas desarrollados propiciaron nuevos juicios y criterios en política de deuda pública externa, de tal suerte que en el Cuarto Informe Presidencial se plantea contratar deuda externa sólo por el monto estrictamente necesario en base a su complementariedad, requerimiento de divisa, uso racional y perspectiva de crecimiento moderado.

No obstante que será durante el proceso legislativo de esta Cámara que se discutirá el presupuesto de ingresos y de egresos para aplicarse en 1987, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista considera, de manera clara, que es muy preocupante que se insista en la política de endeudamiento externo pues con los acuerdos y renegociación que el Gobierno ha realizado, la deuda externa de México ascenderá a 108 mil millones de dólares, con lo cual le quitamos el nada envidiable primer lugar que hasta hoy todavía ocupa la República del Brasil en materia de deuda externa.

Por otro lado, la renegociación multicitada sienta las bases para hipotecar el futuro económico, pues se sostiene la misma estructura de apoyar con calor y recursos crediticios del exterior a la iniciativa privada y a las empresas transnacionales, pagándoles, a estas últimas, sólo para 1986, la cantidad de 3 mil millones de dólares por uso de tecnologías y patentes extranjeras.

Es demostrativo el hecho de que el coeficiente del volumen de los ingresos de divisas por exportaciones, comparado con el monto del servicio de la deuda pública, se duplicó en solamente tres años, de 1976 a 1979, al pasar de . 30 a . 62.

Se concertaron créditos a corto plazo en muy elevado volumen.

Solamente en 1981, los créditos contratados a plazo menor de una año ascendieron a 10, 756 millones de dólares, o sea más del 20 por ciento del saldo total para ese mismo año.

En varias ocasiones los empréstitos han incluido la obligación de adquirir bienes específicos en determinado país.

Se ha aceptado pagar tasas de interés excesivas, así como los mecanismos de flotación que, presionados por los acreedores, han elevado de manera unilateral y desmesurada la carga, hasta volverla inmanejable. Forzado el Estado mexicano a entablar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional - sin cuyo aval no habría, ni habrá, nuevos prestamos - los negociadores representantes de nuestro gobierno no solamente han aceptado importaciones de tipo diverso económico, político y social que vulneran la soberanía de la nación, sino que, con la mayor desfachatez, asumen públicamente la responsabilidad de haber ofrecido como nacidas de ellos las condiciones leoninas y antinacionales que forman parte de la filosofía y de la política tradicional del Fondo Monetario Internacional, con lo que estos funcionarios se convierten además en instrumento de descargo al servicio de la propaganda del Fondo Monetario Internacional.

La conducta ligera que se siguió en materia de concertación de créditos en el exterior de manera muy acentuada en el sexenio pasado, que triplicó en seis años el total acumulado en el pasado histórico de México, en gran parte se debió a una concepción equivocada respecto al rumbo que debe seguir el futuro de la nación. Han predominado los funcionario imbuidos de las tesis neoliberales, que pretenden sustentar el crecimiento económico esencialmente sobre la base de la empresa privada, ignorando o fingiendo ignorar que esa es una vía históricamente imposible para nuestro país, o cualquier otro de los que fueron convertidos en semicolonias económicas por el imperialismo.

Esos funcionarios han combatido con diversos argumentos la vía de desarrollo propia de nuestro país, surgida de la Revolución de 1910, que es la de la creciente intervención del Estado en la economía, y han insistido en la política de estímulos transferencias y apoyos a los negociantes privados y estos se han aprovechado de la situación para acrecentar sus fortunas personales, a costa de los intereses de la nación.

Los datos que aporta el VI Informe de Gobierno de José López Portillo son dramáticos y aleccionadores. Según estos datos solamente dos propósitos claramente especulativos consumieron, en manos de la burguesía privada, el 43. 26% del endeudamiento neto contraído durante el sexenio. Estos propósitos fueron los depósitos de divisas efectuados en bancos extranjeros y los pagos realizados por la adquisición de bienes inmuebles en el exterior y que llegaron en conjunto a la suma de 22 mil 500 millones de dólares, de un total aproximado de 52 mil millones de endeudamiento externo. La conducta imprudente o cómplice que se ha seguido en materia de deuda externa ha coincidido con la coyuntura durante la cual, en las condiciones de la presente etapa de lucha interimperialista, se dieron situaciones sin precedentes de flujo y reflujo de capitales en préstamo.

En efecto, varios factores de carácter externo sentaron las premisas para la anemia financiera que se dio en México, como en muchos otros países económicamente dependientes o semidependientes del mundo. Entre estos factores sobresalen:

Establecidas las condiciones de anemia financiera, las instituciones financieras estatales y multiestatales, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y otros, redujeron de manera sustancial su participación en la oferta de recursos crediticios, con lo que establecieron las condiciones adecuadas para que la banca privada lucrara con las necesidades de capitales para la inversión y el crecimiento económico por parte de países dependientes y semidependientes.

Sobre la base de tasas pasivas unilateralmente móviles, la banca privada internacional ofreció inicialmente recursos abundantes, los que, en su momento restringiría, al mismo tiempo que se elevaban las tasas en acelerado proceso, obedeciendo todo esto a razones de lucro y especulación económica, pero también y de manera fundamental a razones de estrategia y táctica política convenientes al imperialismo mundial y particularmente al norteamericano, guiado por su afán de predominio hegemónico y saqueo económico.

Así, en lo adelante, sumidos nuestros países ya no en la anemia sino la asfixia financiera, sólo habría nuevos recursos - dinero fresco - y en cantidades muy limitadas, por cierto, a quienes aceptarán condiciones económicas y políticas relativas a múltiples rubros no estrictamente financieros, sino que afectan diversas cuestiones de la competencia de la soberanía nacional. Tales medidas se han relacionado en nuestro caso, por ejemplo, con la distribución de la renta nacional entre las clases sociales, renglón en el que el Fondo Monetario Internacional ha exigido y logrado que se acentúe su carácter de iniquidad, que se empobrezca más a los pobres y se enriquezca más a los opulentos, al interior del país, retrotrayendo en tres años lo que se había avanzado en décadas de lucha dolorosa. También han afectado el rumbo esencial del desarrollo económico de México al exigir e imponer que el Estado abandone - así sea hasta ahora sólo parcialmente - la vía de las nacionalizaciones, surgida de nuestra Revolución de 1910, para regresar a la vía neoporfirista del estímulo a la inversión privada y de grandes concesiones y facilidades a las inversiones extranjeras.

Las exigencias del imperialismo no se satisfacen con las múltiples concesiones que han arrancado, ni con las desviaciones graves que han impuesto a la vía nacional revolucionaria de desarrollo sino que cada vez exigen más.

Allí están, a la vista, los cínicos planteamientos formulados y las prepotentes amenazas externadas por el señor Baker, secretario del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Declara que su gobierno estará dispuesto a apoyar el que México consiga menos crédito a condición de que se den nuevas vueltas a las mismas tuercas que nos han ido sumiendo en la miseria y que nos han ido mermando la soberanía: más facilidades a las inversiones extranjeras, menos intervención del Estado, mayor reprivatización, mayores vínculos de sujeción y supeditación a la economía de los Estados Unidos, mayor empobrecimiento de las masas trabajadoras por la vía de los topes a los salarios y la liberación de los precios, mayor concentración y centralización del capital en manos privadas, para que este, finalmente siga fluyendo hacia el exterior.

Lo cierto es que en el mercado financiero mundial hace varios años imperan condiciones usurarias, inmorales y depredadoras; que en las cuales circunstancias, contratar créditos equivale a estampar la huella en los vales de las tiendas de raya, como hacían nuestros peones semiesclavizados por los señores de las viejas haciendas, con lo que contraían deudas inmorales e injustas, que jamás podían pagar y que, al heredarlas a sus hijos y nietos, los condenaban en su ignorancia a una perpetua esclavitud.

Para las fuerzas progresistas y revolucionarias de nuestro país está clara la inviabilidad del financiamiento externo directo o indirecto, en las actuales condiciones, como camino para el crecimiento económico de México.

Las tasas de interés, imperantes son excesivas, además de fluctuantes, sin que pueda influir nuestro país en el sentido ni la magnitud de sus cambios. La banca internacional exige el aval del Fondo Monetario Internacional, ya sea para otorgar nuevos créditos o para realizar reestructuraciones, y es obvio que el fondo no otorga su aval si no es al precio de concesiones políticas que lesionan la soberanía y la dignidad de la Nación Mexicana.

Por las razones expuestas, los suscritos, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, en ejercicio de las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II, 73, fracción VIII y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta representación popular el siguiente.

Único. Se prohíbe de manera expresa al Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por cualquier otra vía, contrate o ejerza créditos de origen externo que vengan a incrementar el monto ya excesivo de la deuda, en tanto no cambien radicalmente las actuales condiciones usurarias y profundamente inmorales que imperan en el mercado financiero mundial. De igual manera se prohíbe expresamente al Ejecutivo Federal que lleva a cabo pláticas o negociaciones con la banca internacional, o con el fondo Monetario Internacional, dado que las exigencias políticas de esas corporaciones son lesivas a la soberanía de la nación y ofenden la dignidad del pueblo.

Sólo podrá el Ejecutivo Federal recurrir a créditos internos en los términos de la Ley General de la Deuda Pública y ajustándose a los lineamientos y bases que fije la Ley de Ingresos.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de octubre de 1986.

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Indalecio Sayago Herrera, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Hildebrando Gaytán Márquez, Martín Tavira Urióstegui, Víctor M. Jiménez O., Adner Pérez de la Cruz, Gabriela Guerrero Oliveros, Héctor Morquecho Rivera, Vicente Calvo Vázquez, Francisco Hernández Juárez, Manuel Fernández Flores.»