Por el que se prohíbe al Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por cualquier otra vía, contrate o ejerza créditos de origen externo que incrementen el monto de la deuda, presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del PPS
«Proyecto de decreto por el cual se prohíbe expresamente al Ejecutivo la contratación de nuevos volúmenes de deuda externa en condiciones usuarias.
H. Cámara de Diputado: Haciendo uso de las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Partido Popular Socialista, proponemos una iniciativa de decreto para prohibir de manera expresa al Ejecutivo incurra en la contratación de nuevos créditos, o renegociación de los actuales pasivos que impliquen acumulación de intereses, o por cualquier vía un incremento de los compromisos en materia de deuda externa, en las condiciones de usura e inmoral y desmedido saqueo económico que desde hace tiempo vienen imponiendo el Fondo Monetario Internacional y la banca privada internacional.
Exposición de Motivos
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculto al Congreso de la Unión para "dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, y para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
Al ejercer esa facultad, el Congreso asume la responsabilidad de verificar que los empréstitos se den en condiciones tales que no signifiquen perjuicio para la economía nacional ni pongan en peligro la soberanía. Salta a la vista que, así como puede dar bases y probar empréstitos, también puede retirar bases, rechazar y prohibir la celebración de esos convenios en caso de que a su juicio entrañen alguna amenaza a los intereses superiores de la Nación.
La experiencia demuestra que los créditos de origen externo sólo son útiles cuando reúnen las siguientes condiciones:
1) Deben concertarse sin más garantía que el crédito de la Nación.
2) No deben de obligar a adquirir bienes o elementos en determinado país o mercado para la realización de obras, cuando se trate de créditos con ese objetivo, ni a venderle los productos resultado de las inversiones.
3) No deben de concertarse a corto plazo.
4) No deben pactarse a tasas de interés excesivas, ni debe aceptarse el que, durante la vigencia del adeudo, las tasas puedan ser elevadas sin que medie el consentimiento expreso del deudor.
5) No deben de excederse de la capacidad de pago de la Nación en perjuicio de su desarrollo independiente.
6) Por ningún concepto debe aceptarse, de manera abierta ni encubierta condición alguna, relativa a la vida financiera, económica, política o social de la Nación que limite - aunque sea bajo la apariencia de autolimitación- la libre y soberana capacidad de decisión del pueblo mexicano.
En los años recientes se ha actuado con extrema ligereza en materia de deuda externa, por parte del gobierno mexicano. Los créditos contratados en el exterior, sobre todo a partir de 1977 y de manera más acentuada aun a partir de 1981, han violado con frecuencia varios de los requisitos señalados, convirtiéndose en negativos por sus perjudiciales resultados para los intereses de la Nación y del pueblo.
Así, por ejemplo, ocurrió que:
1) El monto de la deuda externa excedió la capacidad de pago de la Nación en perjuicio de su desarrollo independiente.
Es demostrativo el hecho de que el coeficiente del volumen de los ingresos de divisas por exportaciones, comparado con el monto del servicio de la deuda pública, se duplicó en solamente tres años, de 1976 a 1979, al pasar de 30 a 62.
2) Se concertaron créditos a corto plazo en muy elevado volumen. Solamente en 1981, los créditos contratados a plazo menor de un año ascendieron a 10 mil 756 millones de dólares, o sea más del 20 por ciento del saldo total para ese mismo año.
3) En varias ocasiones los empréstitos han incluido la obligación de adquirir bienes específicos en determinado país.
4) Se ha aceptado pagar tasas de interés excesivas, así como los mecanismos de flotación que, que presionados por los acreedores, han elevado de una manera unilateral y desmesurada la carga, hasta volverla inmanejable.
5) Forzado por el Estado mexicano a entablar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional - sin cuyo aval no habría, ni habrá, nuevos préstamos - los negociadores representantes de nuestro gobierno no solamente han aceptado imposiciones de tipo diverso - económico, político y social- que vulneran la soberanía de la Nación, sino que con la mayor desfachatez asumen públicamente la responsabilidad de haber ofrecido como nacidas de ellos las condiciones leoninas y antinacionales que forman parte de la filosofía y de la política tradicional del Fondo Monetario Internacional, con lo que estos funcionarios se convierten además en instrumento de descargo al servicio de la propaganda del FMI.
La conducta ligera que se siguió en materia de concertación de créditos en el exterior de manera muy acentuada en el sexenio pasado, que triplicó en seis años el total acumulado en el pasado histórico de México, en gran parte se debió a una concepción equivocada respecto al rumbo que debe seguir el futuro de la Nación. Han predominado los funcionarios imbuidos de las tesis neoliberales, que pretenden sustentar el crecimiento económico esencial sobre la base de la empresa privada, ignorando - o fingiendo ignorar- que esa es una vía históricamente imposible para nuestro país, o cualquier otro de los que fueron convertidos en semicolonias económicas por el imperialismo.
Esos funcionarios han combatido con diversos argumentos la vía de desarrollo propia de nuestro país, surgida de la Revolución de 1910, que es la de la creciente intervención del Estado en la economía, y han insistido en la política de estímulos, transferencias y apoyos a los negociantes privados y éstos se han aprovechado de la situación para acrecentar sus fortunas personales, a costa de los intereses de la Nación.
Los datos que aporta el sexto informe de Gobierno de José López Portillo son dramáticos y aleccionadores. Según estos datos solamente dos propósitos claramente especulativos consumieron, en manos de la burguesía privada, el 43.26 por ciento del endeudamiento neto contraído durante el sexenio. Estos propósitos fueron los depósitos de divisas efectuados en bancos extranjeros y los pagos realizados por la adquisición de bienes inmuebles en el exterior y que llegaron en conjunto a la suma de 22,500 millones de dólares, de un total aproximado de 52 mil millones de endeudamiento externo.
Es decir, el gobierno transfirió - por acción u omisión- casi la mitad de lo que concertó de empréstitos sobre el crédito de la Nación, a favor de un grupo de negociantes privados dueños de grandes fortunas con el dramático resultado de que esa elevada parte de la deuda lejos de servir para impulsar nuestro desarrollo económico, vino a ser factor fundamental de la crisis.
Sumamente vino a ser que, después del viraje en la orientación de la política financiera y económica que lograron imponer las fuerzas democráticas y patrióticas durante los últimos 90 días del sexenio anterior período en el que se retomó la vía de desarrollo surgida de la Revolución Mexicana, el grupo de funcionarios que tomó el control de la política económica a partir del primero de diciembre de 1982, al tiempo que satanizaba con demagogia lo realizado durante el período de rectificación revolucionaria, restauró de nueva cuenta la vieja política neocolonial, privatista y pronorteamericana, situación que se mantiene hasta hoy.
La conducta imprudente o cómplice que se ha conseguido en materia de deuda externa ha coincidido con la coyuntura durante la cual, en las condiciones de la presente etapa de lucha interimperialista, se dieron situaciones sin precedentes de flujo y reflujo de capitales en préstamo.
En efecto, varios factores de carácter externo sentaron las premisas para la anemia financiera que se dio en México, como en muchos otros países económicamente dependientes o semidependientes del mundo. Entre estos factores sobresalen:
a) Las cada vez más inequitativas relaciones de precios de materias primas y productos manufacturados que imponen los países de alto desarrollo económico capitalista y que ahondan la histórica desventaja de los países dependientes y semidependientes en el intercambio externo, contribuyendo a su descapitalización permanente.
b) Las remisiones de utilidades y regalías que realizan las sucursales de los consorcios transnacionales desde nuestros países hacia sus matrices y que constituyen otra fuente importante de descapitalización.
c) El enorme volumen presupuestal dedicado por el gobierno norteamericano a la industria bélica, que ha provocado crónicos y gigantescos déficits fiscales en aquel país, lo que vino a presionar sobre el capital financiero creando una enorme y artificial demanda.
d) La inusitada elevación de las tasas activas de interés por parte de la banca internacional - sobre todo la norteamericana- en busca de recursos suficientes para atender las peticiones de financiamiento del gran deficitario, gobierno estadounidense, que promovieron una incontrolada fuga de capitales, sobre todo desde los países dependientes y semidependientes, entre ellos el nuestro.
Establecidas las condiciones de anemia financiera, las instituciones financieras estatales y multiestatales, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y otros, redujeron de manera sustancial su participación en la oferta de recursos crediticios, con lo que establecieron las condiciones adecuadas para que la banca privada lucrara con las necesidades de capitales para la inversión y el crecimiento económico por parte de países dependientes y semidependientes.
Sobre la base de tasas pasivas unilateralmente móviles, la banca privada internacional ofreció inicialmente recursos abundantes, los que en su momento, restringiría, al mismo tiempo que se elevan las tasas en acelerado proceso, obedeciendo todo esto a razones de lucro y especulación económica, pero también y en manera fundamental a razones de estrategia y táctica política convenientes al imperialismo mundial particularmente al norteamericano, guiado por su afán de predominio hegemónico y saqueo económico.
Así, en adelante, sumidos nuestros países ya no en la anemia, sino en la asfixia financiera, sólo habría nuevos recursos - dinero fresco- y en cantidades muy limitadas, por cierto, a quienes aceptaron condiciones económicas y políticas relativas a múltiples rubros no estrictamente financieros, sino que afectan diversas cuestiones de la competencia de la soberanía nacional. Tales medidas se han relacionado en nuestro caso, por ejemplo, con la distribución de la renta nacional entre las clases sociales, renglón en el que el Fondo Monetario Internacional ha exigido y logrado que se acentúe su carácter de enequidad, que se empobrezca más a los pobres y se enriquezca más a los opulentos al interior del país, retrotrayendo entre tres años en lo que se había avanzado en décadas de lucha dolorosa. También han efectuado el rumbo esencial del desarrollo económico de México al exigir e imponer el Estado abandone - así sea hasta ahora solo parcialmente la vía de las nacionalizaciones, surgida de nuestra Revolución de 1910 para regresar a la vía neoporfirista del estímulo a la inversión privada y de grandes concesiones y facilidades a las inversiones extranjeras.
Las exigencias del imperialismo no se satisfacen con las múltiples concesiones que han arrancado, ni con las desviaciones graves que han impuesto a la vía nacional revolucionaria de desarrollo, sino que cada vez exigen más. Allí están a la vista, los cínicos planteamientos formulados en Seúl, y las prepotentes amenazas externadas por el señor Baker, secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. México no podrá sobrevivir sin dinero fresco, dice, y declara que su Gobierno estará dispuesto a apoyar el que se le consiga a condición de que se den nuevas vueltas a las, mismas tuercas que nos han ido sumiendo en la miseria y que nos han ido mermando la soberanía: más facilidades a las inversiones extranjeras, menos intervención del Estado, mayor reprivatización, mayores vínculos de sujeción y supeditación a la economía de los Estados Unidos, mayor empobrecimiento de las masas trabajadoras por la vía de los topes a los salarios y la liberación de los precios, mayor concentración y centralización del capital en manos privadas para que éste, finalmente siga fluyendo hacia el exterior.
Lo cierto es que en el mercado financiero mundial hace varios años imperan condiciones usurarias, inmorales y depredadoras; que en las actuales circunstancias, contratar créditos equivale a estampar la huella en los vales de las tiendas de raya, como hacían nuestros peones semiesclavizados por los señores de las viejas haciendas, con lo que contraían deudas, inmorales e injustas, que jamás podían pagar, y que, al heredarlas a sus hijos y nietos, los condenaban en su ignorancia a una perpetua esclavitud.
Para las fuerzas progresistas y revolucionarias de nuestro país está clara la inviabilidad del financiamiento externo directo o indirecto, en las actuales condiciones, como camino para el crecimiento económico de México.
Las tasas de interés imperantes son excesivas, además de fluctuantes, sin que pueda influir nuestro país en el sentido ni la magnitud de sus cambios. La banca internacional exige el aval del Fondo Monetario Internacional, ya sea para otorgar nuevos créditos o para realizar restructuraciones y es obvio que el fondo no otorga su aval si no es al precio de concesiones políticas que lesionan la soberanía y la dignidad de la Nación mexicana, además de perjudicar de manera inmediata, directa y concreta a las grandes mayorías de nuestro pueblo e hipotecar su futuro. Es claro, además, que se hacen presiones y chantaje desde exterior para tratar de obligarnos aplicar las acciones de política económica y financiera que convienen al imperialismo.
En estas condiciones, un Estado libre, digno y soberano, no negocia.
Por las razones expuestas, los suscritos, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, en ejercicio de las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II; 73, fracción VIII y además relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta representación popular el siguiente
Proyecto de Decreto
Único. Se prohíbe de manera expresa al Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por cualquier otra vía, contrate o ejerza créditos de origen externo que vengan a incrementar el monto ya excesivo de la deuda, en tanto no cambien radicalmente las actuales condiciones usuarias y profundamente inmorales que imperan en el mercado financiero mundial.
De igual manera se prohíbe expresamente al Ejecutivo Federal que lleve a cabo pláticas o negociaciones con la banca internacional, o con el Fondo Monetario Internacional, dado que las exigencias políticas de esas corporaciones son lesivas a la soberanía de la Nación y ofenden la dignidad del pueblo. Se prohíbe expresamente al Ejecutivo Federal trabajar en torno a la formulación de una nueva Carta de Intención o hacia la firma de un nuevo Convenio de Facilidad Ampliada.
Sólo podrá el Ejecutivo Federal recurrir a créditos internos en los términos de la Ley General de la Deuda Pública y ajustándose a los lineamientos y bases que fije la Ley de Ingresos.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 1985.
La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Indalecio Sayago Herrera, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Hildebrando Gaytán Márquez, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Martín Tavira Urióstegui, Gabriel Guerrero Oliveros, Adner Pérez de la Cruz, Vicente Calvo Vázquez, Héctor Morquecho Rivera, Manuel Fernández Flores, Francisco Hernández Juárez.»
Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen.