Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados

Con proyecto de decreto de ampliación del decreto expropiatorio expedido por el Ejecutivo federal el 11 de octubre de 1985, presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez, del grupo parlamentario del PPS

«Honorable Cámara de Diputados:

Los suscritos diputados a la LIII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, en ejercicio de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los Artículos 4o.; 27, párrafo segundo y fracción VI de la propia Constitución, proponemos a la consideración de esta representación popular.

A juicio de la fracción parlamentaria del PPS, los decretos de expropiación de inmuebles, dictados por el Ejecutivo, hasta hoy, son insuficientes para resolver el problema de vivienda para los damnificados de los sismos del pasado 19 y 20 de septiembre y también son insuficientes para realizar una reforma urbana a fondo a la medida del problema de la vivienda popular en el Distrito Federal, por lo que presentamos el siguiente proyecto de decreto de ampliación del decreto expropiatorio expedido por el ejecutivo federal el 11 de octubre de 1985, expropiando por causa de utilidad pública diversos predios ubicados en el Distrito Federal.

Considerando

Que el decreto expedido por el Ejecutivo Federal el día 11 de octubre pasado se encuentra debidamente fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en otras leyes tales como la Ley de Expropiación, el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República en materia federal, la Ley Federal de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Distrito Federal y la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal:

Que se trata de un documento histórico en tanto que retoma la vía de desarrollo trazada por la Revolución Mexicana y que consiste en lo fundamental en la necesaria y creciente intervención del Estado en la economía con los propósitos de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas y elevar el nivel de vida del pueblo, distribuyendo el producto del trabajo de los mexicanos cada vez de una manera menos inequitativa, a la vez que busca avanzar hacia la conquista de la independencia plena de la Nación.

Que su carácter Histórico resalta sobre todo frente al hecho de que, desde la Nacionalización de la Banca - el 1o. de septiembre de 1982-, no se había dado un sólo paso que siguiera la vía nacional revolucionaria y, en cambio, se habían dado varios de carácter rectificador, reaccionario y contrarrevolucionario sobre todo en materia económica, como resultado de las presiones realizadas por fuerzas externas e internas contrarias al progreso independiente y democrático de México;

Que frente a esta medida justa y avanzada se ha levantado una feroz y demagógica campaña propagandística auspiciada por las fuerzas de la derecha patronal y sus amos imperialistas y secundada por el instrumento político- electoral de esas fuerzas, el Partido Acción Nacional. Que esas fuerzas han explotado de manera intensa el control que ejercen sobre diversos medios de la comunicación de masas, como el consorcio Televisa, para tratar de sembrar el desconcierto y la confusión;

Que frente a la conducta deshonesta de la derecha y sus patrocinadores se ha manifestado entusiasta y combativa la voluntad popular, respaldando la acción progresista desarrollada por el Ejecutivo y demandando su ampliación y profundización;

Que el decreto expropiatorio fue en extremo restringido, pues sólo afectó a poco más de 5 mil predios frente a la existencia de varios cientos de miles que reúnen condiciones por las que deben ser expropiados a efecto de ir más a fondo en la implicación de soluciones el viejo y acuciante problema de la vivienda y avanzar hacia la satisfacción de derecho social consagrado en el artículo 4o. de la Constitución;

Que ya la Cámara de Diputados hizo público su propósito- tomado por consenso- de avanzar en la instrumentación de una reforma urbana integral y de atacar a fondo el problema de la vivienda, en el que existe un enorme rezago histórico, por lo que, por razones de congruencia, debe dar pasos concretos hacia la satisfacción de esos propósitos;

Que en el decreto de 11 de octubre parecen haberse deslizado algunos errores - muy pocos, por cierto que afectan predios sino reúnen las condiciones jurídicas, económicas y sociales que sustentan el decreto en lo general, pero que como resultado de las Presiones de la derecha y de los terratenientes urbanos, se han impuesto al Ejecutivo acciones de retroceso en muchos otros casos en los que sí se justifica la expropiación;

Los suscritos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ponemos a la consideración de esta asamblea el siguiente.

Proyecto de Decreto

Artículo primero. Se amplía y se precisa el decreto presidencial del 11 de octubre pasado por el que se declara de utilidad pública, de orden público e interés social, la satisfacción de las necesidades colectivas originadas con motivo de los trastornos interiores recientemente acaecidos y se decreta la expropiación de diversos bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal e incorporados en una relación específica al cuerpo del propio decreto.

Artículo segundo. En virtud de lo expuesto en el artículo anterior, se declara de utilidad pública, de orden público y de interés social:

1o. Todos los predios baldíos de la zona urbana de la ciudad de México que hayan permanecido en esa calidad, con evidentes fines de especulación, durante un período de 10 años anteriores a la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial.

2o. Todos los predios ubicados en el Distrito Federal que incluyan construcciones dedicadas a vivienda en arrendamiento que haya sufrido daños serios que pongan en peligro su estabilidad y la seguridad de sus ocupantes, cuando el importe de la renta que pagan sus moradores sea inferior al 85% del salario mínimo general en vigor.

3o. Todas las viviendas en arrendamiento ubicadas en el Distrito Federal que presenten serias deficiencias de higiene y mantenimiento por responsabilidad de sus propietarios, y que no reúnan por lo tanto las características de dignidad y decoro que establece la Constitución.

4o. Todas las viviendas en arrendamiento clandestino ubicadas en el Distrito Federal, cuyos propietarios evaden sus responsabilidades de orden fiscal y de otros niveles jurídicos.

Artículo tercero. Se decreta la expropiación en favor del Departamento del Distrito Federal de los bienes inmuebles de propiedad privada caracterizados en el artículo anterior.

Artículo cuarto. Cualquier ciudadano podrá denunciar la existencia de inmuebles que se encuentren en cualquiera de los supuestos enunciados en el artículo segundo de este decreto para que, una vez comprobado el supuesto jurídico, el Departamento del Distrito Federal proceda a tomar posesión del inmueble en cuestión.

Artículo quinto. En todos los demás aspectos de su contenido se declara plenamente vigente y se ratifica el decreto del Ejecutivo Federal de referencia.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 1985.

La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Indalecio Sayago Herrera, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Martín Tavira Urióstegui, Manuel Fernández Flores, Gabriela Guerrero Oliveros, Francisco Hernández Juárez, Hildebrando Gaytán Márquez, Adner Pérez de la Cruz, Vicente Calvo Vázquez, Héctor Morquecho Rivera, Víctor Manuel Jiménez Osuna.»

Turnada a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y del Distrito Federal, para su análisis y dictamen.