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Que reforma y adiciona los artículos 151 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que el gasto por confinamiento de residuos peligrosos sea a cargo de quienes los generan, presentada por el diputado Héctor Colio Galindo, del grupo parlamentario del PPS, en la sesion del martes 5 de junio de 1990

Señor Presidente; honorable asamblea: "Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En uso de la facultad que nos otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, viene a proponer a esta soberanía una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los fundamentos de nuestra iniciativa son los siguientes:

Hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es, en opinión del Partido Popular Socialista, ocasión propicia para proponer modificaciones y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que fuera aprobada en 1988, pues aun cuando es una ley magnífica en sus aspectos enunciativos, sin duda una de las más necesarias para nuestro pueblo y nuestra patria, es casi nula en su aplicación práctica, pues tiene muchas limitaciones, como son la falta de sanciones y la carencia de los medios de control precisos y estrictos relativos a la prevención de la contaminación por parte de las empresas industriales, así como la carencia de un sistema científico y técnico con capacidad y recursos suficientes para afrontar los diversos problemas de carácter ecológico.

El Partido Popular Socialista, convencido de que el trabajo colectivo en las comisiones de Cámara respectivas, enriqueciéndolo, ya sea por medio de foros y audiencias públicas para resolver cuestiones que tocan al ámbito de responsabilidad de las mismas, a través de consultas a expertos y especialistas de esas áreas o a funcionarios encargados de ellas o finalmente en trabajo intenso entre los miembros de esas comisiones, considera que esta Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, quizá como ninguna otra, tanto por lo basto de los ámbitos que toca, como por su elevada importancia derivada del hecho de que trata de la prevención del entorno ecológico que permita la existencia de la vida, desde la de los organismos unicelulares vegetales y animales, hasta la de los mamíferos más desarrollados, incluido el hombre mismo, así como de la conservación de las obras creadas por éste que se dañan notoriamente cuando el entorno ecológico no se cuida de manera escrupulosa, debe ser motivo de estudio cuidadoso a efecto de enriquecerla y dotarla de todos los medios posibles para que, al aplicarla, sus beneficios se reflejen en directo beneficio de aquéllos a quienes se trata de proteger.

La fecha es propicia, entonces, para proponer algunas modificaciones y adiciones a esta ley, que aun cuando consideramos la enriquecen, están muy lejos de cubrirlas todas, particularmente las que se refieren a sanciones, incluidas las económicas, que tan necesarias son para su rica aplicación práctica, y parte de cuyo monto podría ser destinado de manera específica a la investigación en materia ecológica que tanto requiere nuestro país. Además, la celebración de este día, instituido por las Naciones Unidas como el Día Mundial del Medio Ambiente, permiten al Partido Popular Socialista insistir en sus viejas proposiciones, muchas de ellas recogidas en el texto de la propia ley y otras, por las autoridades, como son las de un día sin auto, en las grandes ciudades del país y la de desarrollar y fortalecer la conciencia ecológica de todos los mexicanos, desde los primeros años de su educación hasta la formación de profesionales y especialistas en materia ecológica, ya que la primera de ellas, está tratando de ser limitada a la temporada invernal, con el argumento que es la época en que se corre riesgo de presentarse el fenómeno de la inversión térmica, sin percatarse de que los beneficios para los habitantes del área metropolitana son múltiples y válidos en cualquier etapa del año. Esta medida del día sin auto, ha demostrado la necesidad de que esta ley sea coercitiva, pues sólo de esa manera se ha logrado mantenerla, aunque no del todo eficazmente, pues los empresarios y comerciantes lo burlan con el simple expediente de adquirir un automóvil más.

De la segunda, la referente a la conciencia ecológica, proporcionada a través de la educación y de los medios masivos de comunicación, demandamos que este sistema sea mejorado y depurado, ya que en muchos casos, por ignorancia o mala fe, se le rodea de un ambiente místico y anticientífico que pretende hacer creer que la humanidad sólo puede vivir en un ambiente ecológico adecuado si liquida las conquistas de la ciencia y la tecnología y el mundo torna a las primeras etapas de su existencia evolutiva.

Es por ello que el Partido Popular Socialista renueva sus planteamientos en esta ocasión:

Reforestar toda la República, ocupando en esta impostergable tarea a los millones de jóvenes del Servicio Militar Nacional; convertir todos los edificios que en el Distrito Federal se dañaron con los terremotos de 1985 en zonas verdes; lavar los ríos, que es tarea de gigantes que tendremos que afrontar por haber permitido que se contaminen; desarrollar verticalmente centros habitacionales de renta baja como el San Jerónimo, tal como el Programa de Renovación Habitacional para evitar que crezcan desmesuradamente tanto la marcha urbana como el nefasto latifundismo urbano; gestionar, mediante convenios con diversos países y organismos internacionales, la transferencia de la tecnología más adecuada que le permita a México incorporar las modalidades más económicas y avanzadas que se proponen y recomiendan para la preservación del medio ambiente; impedir que México en su proceso llamado de reconversión o modernización industrial, se convierta en receptor de tecnologías obsoletas, que ya han sido desechadas por el mundo desarrollado por razones de sus efectos negativos en el medio ambiente; ordenar los asentamientos humanos; planificar los establecimientos industriales, regulando sus descargas; establecer recargas acuíferas e incorporar sistemas de tratamiento y reutilización del agua; conservar el patrimonio genético de nuestro país, estableciendo bancos de semillas, para preservar los vegetales y para preservar y desarrollar las selvas tropicales, y en el caso de las especies animales, para que la pérdida de especies que ya es alarmante no sea definitiva; adoptar medidas enérgicas para evitar la tala y explotación irracional, quema y destrucción de bosques y selvas; impulsar, ampliar y fortalecer la participación de México en todos los foros internacionales para que, al amparo de los principios de cooperación y colaboración internacionales, se consoliden convenios bilaterales o regionales sobre los problemas de contaminación de los cuerpos de agua y mar y de deterioro de los grandes pulmones del mundo, como el Golfo de México o el Mar de Cortés, en el primer caso, y de nuestras selvas tropicales en el segundo; evitar, mediante convenios, que el gobierno y monopolios de los Estados Unidos contaminen el Golfo de México y el Mar de Cortés; prohibir el envío de residuos industriales a México, por parte del gobierno o industriales particulares de Estados Unidos de América vía la frontera norte de México; exigir al gobierno norteamericano elimine el depósito de desechos radiactivos que se encuentran en la frontera de nuestro país; actualizar, en función de los requerimientos de crecimiento de las grandes y medianas ciudades, la Ley Federal de Asentamientos Humanos, a efecto de que realmente contribuya a regular y ordenar dicho crecimiento; crear la Secretaría de la Vivienda, que aglutine a todos los organismos que hasta hoy se han encargado de esa tarea, que aplique programas únicos a nivel nacional, estatal y regional.

Un aspecto no tocado de manera suficiente en la ley vigente, es el que se refiere a los residuos industriales peligrosos.

Estimativamente, podemos afirmar que la generación de residuos industriales es de 75 millones de toneladas al año, y de éstas, 66 millones son de residuos de la industria minera, no peligrosos por necesidad; 9 millones de toneladas de residuos son producidos por el resto de la actividad industrial y de éstas, 5 millones son calificadas como peligrosas.

Se clasifican los residuos industriales en peligroso, corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables, sin contar con los residuos radiactivos, cuyo manejo es regulado por la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Nuclear.

El nivel de peligrosidad de los residuos industriales, depende de dos factores esenciales: el tiempo de exposición y la concentración de la sustancia, a la cual se verán expuestos los seres vivos. Esta clasificación es de carácter internacional y obedece a estimaciones de igual manera internacionales.

En México, lamentablemente, tanto la cuantificación como el control de los residuos industriales es muy reciente; por ejemplo, el primer confinamiento de residuos industriales no peligrosos se construyó en Ciudad Sahagún e inició su operación con los residuos que generaban las empresas paraestatales de esta ciudad industrial, lo cual muestra una vez más cómo es el Estado, y no la iniciativa privada, el que ha actuado con previsión respecto a los intereses nacionales, y, desde 1983, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ha autorizado 10 confinamientos más que, de acuerdo con su estimación, cumplieron con los requisitos técnicos establecidos (estudios geohidrológicos, topográficos, climatológicos y de impacto ambiental).

Estos confinamientos deben ser supervisados de manera permanente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Sin embargo, en opinión del Partido Popular Socialista, este servicio de confinamiento de residuos industriales, sobre todo aquellos que son tóxicos, debería ser prestado fundamentalmente por el Estado, pues es amarga la experiencia en México acerca de la prestación de diversos servicios por parte de la iniciativa privada en cuanto a su desinterés e irresponsabilidad, que obedece a su afán de lucro que la lleva a colocar sus intereses por encima de los superiores de la colectividad; más todavía, tratándose de algo tan importante que afecta de manera directa la vida de los mexicanos.

Sólo de esta forma se puede alcanzar una óptima disposición de los residuos industriales y evitar, incluso con sanciones severas, la acción de quienes, argumentando que estos confinamientos no existen, los arrojan en los lotes baldíos o a los cuerpos de agua, aumentando considerablemente la contaminación del entorno ecológico, con secuelas ya catastróficas, como son los casos del Lago de Chapala, del Río Papaloapan, del Río Coatzacoalcos, del Lago de Pátzcuaro, del Río Lerma, del Río Atoyac, del Lago de Xochimilco.

Es pues impostergable la implantación de nuevas tecnologías no contaminantes para reducir de manera importante la generación de residuos, y, en los casos de tecnologías contaminantes, hacer uso del reciclaje de estos residuos, para lo cual el Estado debe instalar las empresas recicladoras necesarias, lo cual permitirá aprovechar los residuos y reducir su volumen para finalmente tratarlos y confinar los que sean peligrosos y no puedan ser transformados a sustancias de uso útil.

Es particularmente grave la contaminación de los suelos y cuerpos de agua por residuos industriales peligrosos en la frontera con los Estado Unidos de América pues han sido detectados contaminantes en aire y aguas residuales que son arrojados a nuestro país, sin entender que la contaminación ambiental es un problema que no respeta frontera alguna y aun cuando no de manera inmediata, a la larga, este país con el cual tenemos 3 mil kilómetros de frontera, se verá también seriamente afectado por los actos delictuosos que comete al arrojar los residuos industriales a nuestro territorio.

Se conocen varios casos en los que la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos de América, ha propuesto exportar a nuestro país cientos de toneladas de residuos. La mayoría de estas propuestas recibieron respuesta negativa y no se autorizó la entrada a dichas toneladas de residuos por ser de alto riesgo tanto para la población como para el entorno ecológico. Fueron devueltos asimismo cerca de 400 tambores de 200 litros de capacidad cada uno, que contenían solventes y otros compuestos químicos por haber sido introducidos a nuestro país de manera ilegal.

Sin embargo, desafortunadamente, no se conocen todos los casos de introducción a nuestro país de este tipo de residuos peligrosos y por tanto deben aplicarse con extremo rigor tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el decreto relativo a la importación y exportación de residuos peligrosos, sancionando no sólo económicamente, sino hasta con cárcel, a quienes consciente o inconscientemente, violan todo tipo de leyes o normas por mirar más al interés personal que al daño que se causará al entorno ecológico y a los seres humanos.

Este problema, que amenaza con agudizarse, nos hace ver que resulta ya necesario un acuerdo de México con Estados Unidos de América para evitar la introducción ilegal de residuos que en sí constituyen una forma de agresión a la nación mexicana.

Existen ya el reglamento, las normas y mecanismo para el manejo, calificación y confinamiento de los residuos industriales, de tal manera que lo único que falta es hacerlos respetar rigurosamente tanto por parte de las autoridades como por la de los industriales, mirando al interés superior de nuestro compatriotas, quienes, finalmente son los que resultan gravemente afectados aun cuando, la mayoría de ellos, ni siquiera conoce de estos asuntos ni mucho menos de los graves riegos y peligros que acechan su salud y la de sus familias.

Es importante, pues, la creación de confinamientos para todo tipo de residuos, particularmente los que son sumamente tóxicos, siempre y cuando se reúnan las máximas condiciones de seguridad que determinen los expertos en la materia.

Las ciudades industriales son las generadoras de millones de toneladas de residuos y así tenemos que Monterrey aporta la quinta parte de estos desechos. Por tanto, el Partido Popular Socialista demandó siempre, que en cada una de estas ciudades fuera construido un confinamiento de residuos industriales, de acuerdo a las más rígidas normas de seguridad, para evitar el alto riesgo que representan para las poblaciones vecinas, ya que contaminan la atmósfera, el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos y todo tipo de cuerpos de agua.

Por otra parte, el confinamiento de los residuos es sólo una de las opciones, también se pueden desarrollar sistemas de tratamiento físico y biológico que nos permitan estabilizarlos y disminuir su peligrosidad; pueden ser incinerados, lo cual representa la mejor opción, aun cuando es sumamente costosa y es posible el reciclaje, ya que esto nos permite recuperar materiales en cantidades considerables.

Existen actualmente confinamientos de residuos industriales en Ciudad Sahagún, San Luis Potosí, Mexicali, Matamoros, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Tijuana, Monterrey y comienza a operar uno en Texcoco, pero lamentablemente, la gran mayoría de estas plantas son propiedad de particulares y, lo que es peor todavía, en asociación con empresas transnacionales, pues conociendo del afán de lucro y deshonestidad con la que trabajan, consideramos que en materia de vital importancia como es ésta, el servicio debe ser prestado exclusivamente por el Estado, utilizando todas las tecnologías a nuestro alcance, para evitar a tiempo una catástrofe ecológica que podría desencadenarse si este tipo de residuos no son debidamente confinados o tratados.

Señoras y señores diputados:

México está obligado, al igual que los demás países del mundo, a contribuir a la permanencia y al mantenimiento del equilibrio ecológico de la Tierra.

Nuestro planeta está ya considerablemente dañado en su ozonósfera, dos grandes hoyos, uno en cada polo, darle protección indiscriminada de los compuestos flúor - cloro - carbonados, y también lo está en sus inmensos océanos, convertidos hoy en basureros de residuos radiactivos tóxicos o no peligrosos, arrojados voluntariamente o por falta de previsión como el caso de los hidrocarburos; y en general en su atmósfera por las emisiones de las plantas eléctricas cuyos desechos son la causas principal del efecto de invernadero.

Y qué mejor forma de hacerlo que en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, iniciemos un nuevo paso a fin de perfeccionar la legislación respectiva para que nuestro país se ubique entre aquellos que están en vanguardia en la protección de las condiciones en que han de vivir las futuras generaciones de mexicanos y de ciudadanos del mundo del tercer milenio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Partido Popular Socialista propone las adiciones y modificaciones a los artículos 151 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la forma siguiente:

Artículo 151. La instalación de residuos peligrosos, corresponde al Estado, con cargo a quienes los generan.

Artículos 153. Bajo ningún concepto se permitirá la importación de materiales o residuos industriales peligrosos para el equilibrio ecológico, ya sea a pretexto de reciclarlos, reusarlos o incinerarlos o para su disposición final, almacenamiento o confinamiento.

Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de junio de 1990.

Grupo parlamentario del Partido Socialista: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gustavo Ríos Morales, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.

(Tunada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Junio 5 de 1990.)